Sociedad Civil Dominicana -3

El Protocolo es una lista de 21 compromisos concretos que fue propuesta por Participación

Ciudadana a todos los candidatos a la Presidencia de la República Dominicana para que se comprometan con la transparencia y la lucha contra la corrupción en caso de ser elegidos el próximo 20 de Mayo.

En el marco de las Elecciones presidenciales 2012 los candidatos de los principales partidos políticos, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Eduardo Estrella, Max Puig y Guillermo Moreno firmaron dicho Protocolo, sirviendo como observadores Participación Ciudadana Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional, representada por su coordinador general el Sr. Francisco Álvarez, en adición participaron de la firma de estos acuerdos de compromiso una comitiva de la Sociedad Civil integrada por las organizaciones sociales que son parte del Observatorio a la Iniciativa Participativa Anticorrupción, a saber:

1. Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH).

2. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), EDUCA.

3. Instituto de Auditores Interno de la República Dominicana, PROJUVENTUD.

4. Ciudad Alternativa.

5. Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).

6. Asociación Dominicana de embotelladores de Agua Purificada (ADEGUA).

7. Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano.

Sociedad Civil Dominicana

Protocolo Por la Transparencia e Institucionalidad en la República Dominicana

Monitoreando la reforma de la administración pública y su impacto en la calidad de servicios públicos

Boletín No. 3Abril-julio 2012SCD

Este proyecto es llevado a cabo por: Este proyecto es llevado a cabo por: Este proyecto es llevado a cabo por: Este proyecto es llevado a cabo por: Este proyecto es llevado a cabo por: Este proyecto es llevado a cabo por:

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Este proyecto es financiado por la Unión Europea

7 Mesa de Expertos en Función Pública:

•SantoDomingo,“RetosyDesafíos en la Implementación de la Ley 41-08 en la República Dominicana”

•Santiago,“PorunapolíticaSalarial en la Administración Pública de la República Dominicana”

10 Feria Ciudadanía y Derechos

(Unión Europea en Santiago)

11 Foro de Monitoreo de la Reforma de la Administración Pública 19, 20 y 21 de julio del 2012

12 Artículo del Lic. Cándido Mercedes titulado:

“Deshojando Paradigmas”

Reinaldo Pared presidente del Senado, Sonia Vargas Miembro del Consejo de PC, Francisco Álvarez coordinador general PC, Danilo Medina Candidato presidencial PLD, Margarita Cedeño Candidata a la vice-presidencia PLD Javier Cabreja Director Ejecutivo PC.

2 Sociedad Civil Dominicana

Danilo Medina

1. ADOPTAR las acciones nece-sarias para aplicar la Convención lnteramericana Contra la Corrup-ción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, para asegurar que du-rante el período de gobierno que me toque presidir todas las recomenda-ciones contenidas en ellas se pongan en práctica.

2. ASUMIR los compromisos de la Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción, para dar continuidad a la Agenda Nacional y Regional Pro-transparencia y Anti-corrupción.

3. CONTINUAR los esfuerzos enca-minados a cumplir con las recomen-daciones del Comité de Expertos de OEA, emanadas de la Convención lnteramericana contra la Corrupción, así como con la adecuación del siste-ma legal a las disposiciones conteni-das en la misma.

4. CUMPLIR con las treinta reco-mendaciones surgidas de la Inicia-tiva Participativa Anticorrupción (IPAC), un espacio de reflexión y evaluación conjunta entre el Gobierno y la sociedad civil, con el apoyo de organismos internacio-nales, así como darle continuidad a este espacio con la finalidad de identificar nuevos objetivos a ejecutar.

5. ESTABLECER las condiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y garantizar que en los primeros ciento cin-cuenta (150) días de gestión sean estandarizadas todas las informa-ciones públicas en los portales electrónicos de las instituciones del gobierno, para que la ciudadanía pueda ser debidamente informada, de manera oportuna y veraz, sobre las actividades administrativas y sobre los resultados de la gestión pública.

6. GARANTIZAR, en los primeros ciento treinta (130) días de gobierno, la creación de la Cuenta Única del Tesoro, ordenando la centralización de los ingresos y los pagos del Go-bierno Central y de las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras.

7. AUSPICIAR la eliminación de la duplicidad existente en varios ór-ganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y procurando, cuando fuese necesario, el apoyo del Congreso Nacional para los cambios legislativos requeridos para consoli-dar órganos que cumplen funciones parecidas o superpuestas y de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción.

8. NOMBRAR, con el mismo ob-jetivo, únicamente los ministros y viceministros que estén previstos en

Continúa

En su calidad de candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la presi-dencia de la República Dominicana en las elecciones generales, celebradas el 20 de mayo del 2012 firmó el protocolo por la trasparencia el día 7 del mes de mayo del corriente 2012. En donde participó en compañía de la candidata vicepresidencial Margarita Cedeño de Fernández. Asimismo pactó por el cumplimiento de 23 puntos para el fortalecimiento de la administración pública, entre los que se destacan: la creación de la cuenta única del tesoro en un plazo de 130 días luego de obtener la presidencia de la República. A través de ésta se ordenaría la centralización de los ingresos y los pagos del Gobierno Central y de las Instituciones descentralizadas, en adición acordó que a los 30 días los funcionarios entran-tes y salientes deberán de presentar su declaración jurada de bienes y que en un plazo de 120 días los organismos competentes rindan un informe de verificación de los mismos.

“Conlafirmadelpresenteprotocoloporlatransparenciamecomprometoantelaciuda-danía, mi partido y mi conciencia a impulsar las siguientes medidas contra la corrupción, por la transparencia y la institucionalidad en caso de ser electo presidente de la repúbli-

ca dominicana”

A continuación destacamos los 21 puntos asumidosy firmados por el Lic. Danilo Medina:

las leyes orgánicas de los ministe-rios, y los asesores y asistentes del Poder Ejecutivo y demás funciona-rios que sean estrictamente necesa-rios para un desempeño eficiente de la función pública.

9. ASEGURAR, igualmente, que el servicio exterior de la República Dominicana transitará el camino de la profesionalización de las funcio-nes diplomática y consular. Consti-tuirá una prioridad apoyar la carrera diplomática y la racionalización de los nombramientos en el exterior.

10. GARANTIZAR la indepen-dencia funcional, presupuestaria y administrativa de la Procuraduría General de la República, del Conse-jo Superior del Ministerio Público y del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, como instancia especializada del Ministe-rio Público para la persecución de la corrupción.

11. VELAR, como Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, por el respeto absoluto a la Ley y el Derecho en el ejercicio de las fun-ciones de este órgano en la elección de los miembros de Altas Cortes y la evaluación de los mismos, como una forma efectiva de contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial y su mandato constitucional de juzgar con independencia la corrupción.

12. INSTRUIR para que en los treinta (30) días siguientes a su nombramiento todos los funcionarios designados, así como los salientes, realicen y publiquen su declaración jurada de patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, y soli-citar a los organismos competentes que en un plazo de ciento veinte (120) días rindan un informe de la verificación de las mismas.

13. ESTABLECER, por decreto, anticipando una ley integral de declaración jurada cuya aprobación promoveré, que el detalle de los bienes inmuebles y demás elemen-tos constitutivos del patrimonio, contemplado en el inventario patri-monial de los funcionarios, deberá

indicar su descripción física, datos que permitan su correcta identifi-cación, ubicación, la fecha de su adquisición, los datos del vendedor y el precio pagado por los mismos.

14. IMPULSAR la aprobación de una legislación que tipifique y casti-gue el enriquecimiento ilícito y que invierta el fardo de la prueba cuando se genera patrimonio cuyo origen lícito se desconoce.

15. VELAR de manera constante con acciones y políticas de preven-ción para evitar violaciones del régi-men ético de los servidores públicos, según lo indicado en la Ley 41-08 de Función Pública y en el régimen de incompatibilidades que establece la Ley de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06, para prevenir los conflictos de intereses y asegurar el cumplimiento de estas.

16. EMPRENDER en el país la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) que promueve Transparencia Interna-cional, la cual procura lograr la transparencia en los contratos de ex-ploración y explotación firmados por el Estado con empresas mineras y la rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos fiscales provenientes de ese sector.

17. TOMAR todas las medidas y acciones que permitan un ordena-

miento salarial en las instituciones del Estado, unificando y transpa-rentando toda remuneración directa o indirecta recibida por el funcio-nario público, así como creando un sistema remunerativo que asegure la compensación en base al mérito y características de la prestación del servicio.

18. PROMOVER que el tamaño y la estructura de los entes de la administración pública estará ajus-tada al principio de racionalidad en el uso de los recursos del Esta-do y de las necesidades reales de una administración pública eficaz y eficiente, evitando el personal excesivo.

19. ASEGURAR que el proyecto de presupuesto contenga una asig-nación equitativa del gasto público en el territorio y que la planifica-ción, programación, ejecución y evaluación del gasto público esté basado en los principios de subsi-diaridad, transparencia, prioridad y economía.

20. ERRADICAR el clientelismo en la provisión de los servicios públicos y la distribución de los beneficios en cualquier asistencia social.

21. ASEGURAR que la publicidad gubernamental se ajuste estricta-mente a los requerimientos de infor-mación que requiere la ciudadanía.

Boletín No. 3 - Abril-julio 3


Con esta firma, el Ing. Hipólito Mejía el día 18 del mes de abril del año dos mil doce

(2012) se comprometió a cumplir con las treinta recomendaciones surgidas de la Iniciativa Participativa Anti-corrupción (IPAC), establecer las condiciones necesarias para el cum-plimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, garantizar que en los primeros cien (100) días de gestión sean estan-darizadas todas las informaciones

públicas en los portales electrónicos de las instituciones del gobierno para que la ciudadanía pueda ser debida-mente informada, de manera oportuna y veraz, sobre las actividades admi-nistrativas y sobre los resultados de la gestión pública. Asimismo garantizar en los primeros cien días de gobierno la creación de la Cuenta Única del Tesoro, ordenando la centralización de los ingresos y los pagos del Go-bierno Central y de las instituciones descentralizadas y autónomas no

financieras. Mejía también pactó la eliminación de la duplicidad existen-te en varios órganos de la adminis-tración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y pro-curando, cuando fuese necesario, el apoyo del Congreso Nacional para los cambios legislativos requeridos para consolidar órganos que cumplen fun-ciones parecidas o superpuestas y de esta manera contribuir a la erradica-ción del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción, entre otras.

Hipólito se compromete a fortalecer transparencia frente a PC

Coordinador de PC Francisco Álvarez y Candidato del PRD Hipólito Mejía Firmando el Protocolo.

Representando a Participación Ciudadana la Sra. Mirian Cabral miembro de Consejo de PC, Sr. Francisco Álvarez coordinador general, Sr. Javier Cabreja Director Ejecutivo, Sr. José Manuel Paliza miembro del Consejo de PC. Por el PRD la Sra. Milagros Ortiz Bosch y el candidato presidencial Ing. Hipólito Mejía.


Eduardo Estrella firma protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de PC

El candidato presi-dencial del Partido Dominicanos por el

Cambio, Eduardo Estrella, firmó el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad elaborado por Participación Ciudadana y Trans-parencia Internacional el martes 17 de abril 2012. Con esta firma Eduardo Estrella se comprometió a cumplir 21 compromisos con-cretos a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción en caso de resultar electo el próximo 20 de mayo.

Dijo que adoptará medidas para incrementar los niveles de trans-parencia en la administración pública y advirtió que auditará todos los contratos que hayan pasado de los 100 millones de pesos en los últimos 10 años sin exclusión y sin vacas sagradas.

Cándido Mercedes Coordinador de la Comisión de Transparencia PC, Francisco Álvarez Coordinador General PC. Ing. Eduardo Estrella candidato presidencial DXC, Javier Cabreja Director Ejecutivo PC, José Manuel Paliza Miembro Consejo PC.

Francisco Álvarez Coordinador General PC. Y el Ing. Eduardo Estrella candidato presidencial por DXC.


Max Puig firma protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de PC

Guillermo Moreno durante la firma del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de PC prometió eliminar Secretarios sin Cartera

Transparencia Internacional asegura que este protocolo con-tribuye con la gobernabilidad

democrática y el bienestar del país. Con esta firma Puig se comprometió cumplir 21 compromisos concretos a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción en caso de resultar electo el próximo 20 de mayo.

Max Puig además acordó impulsar la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas institucio-nes sean excedentes de esta manera con-tribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción. Promover que el tamaño y la estructura de los entes de la administración pública estará ajustada al principio de racionali-dad en el uso de los recursos del Estado y de las necesidades reales de una administración pública eficaz y eficiente, evitando el personal excesivo.

El candidato presidencial del partido Alianza País, Guillermo Moreno, se comprometió a elimi-

narlosnombramientosdelos“Secretariossin Carteras”, alegando que los mismos se dedican en general al activismo político con rango, sueldos y recursos del Esta-do. Asimismo anunció que de llegar a ser Presidente someterá a la justicia a cualquier funcionario público que luego de culminar su gestión presente un incre-mento significativo de su patrimonio, para lo cual exigirá la presentación de la justi-ficación de dicho incremento. Guillermo Moreno explicó que para investigar estos tipos de casos levantará el secreto tributa-rio y bancario a favor de las autoridades.

Francisco Álvarez Coordinador General PC., Dr. Max Puig candidato presidencial por APD y Javier Cabreja Director Ejecutivo PC.

Lic. Ramón Ventura Camejo

Aprobación de un conjunto de leyes que son parte del texto constitucional, y que cierran el ciclo jurídico que sirven de complemento a la aplicación de Ley de Función Pública (Organización de la Administración Pública, Salarios, Sanitaria y de Procedimiento Administrativo).

Continuar incorporando a la Carrera Administrativa los enfoques de derechos ciudadanos, como garantía de que todos los desarrollos normativos y procesos de trabajo estarán dirigidos a gestionarla como un instrumento para la satisfacción de las necesidades y demandas de la gente, así como para su felicidad.

Lograr convertir el Sistema de Empleo Público y la Profesionalización en una Política de Estado, que permita continuidad más allá de la alternabilidad política, incluso mas allá de cambios de autoridades en las instituciones públicas.

Redoblar los esfuerzos en la realización de los concursos de oposición para el ingreso a cargos de carrera.

Aprobar los reglamentos de la Ley 41-08 faltantes, así como desarrollar todos los sistemas y procesos necesarios que permitan al MAP como órgano rector su aplicación plena (Carreras Especiales, Estatuto Simplificado, Registro y Control, EDI).

Conservar y profundizar los espacios que a nivel de las Administraciones Públicas internacionales se ha ganado, producto de su avance firme en los procesos de gestión pública.

Continuar e institucionalizar el proceso de formación y capacitación de servidores públicos, de todas las instituciones estatales y en todo el país.

Articular un adecuado sistema de evaluación, promoción y remuneración que le de sentido práctico a la Carrera Administrativa, como forma de que existan incentivos para pertenecer a ella, mas allá de la estabilidad entre otros.

La Mesa de Expertos en Función Pública

El 03 de julio a las 8:30am en el Salón Bonanza del Hotel Meliá, y con una

asistencia de 83 personas, tuvo lugarelencuentro-dialogo“RetosyDesafíos en la Implementación de la Ley 41-08 en la República Domini-cana”. Fungieron como panelistas los Señores Lic. Ramón Ventura Camejo, Ministro de Administración Pública y Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana.

Contexto actual:

Constitucionalizacion de la Función Pública

Función Pública en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Plan Estratégico MAP actualizado a 2016

Premio Nacional a la Calidad consolidado y revalidado internacionalmente

AVANCES

56,000 Servidores incorporados a la Carrera.

250,296 Servidores evaluados en el desempeño.

Sistema de Administración de Servi-dores Públicos (SASP) con 90 institu-ciones y 220,000 expedientes.

SISMAP monitoreando la aplicación de la Ley 41-08 (Al inicio, 32 insti-tuciones con mas del 50% y hoy 89 instituciones superan ese porcentaje).

Piloto Implementación de la Carrera Administrativa Municipal- 9 Ayunta-mientos.

Implementación Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Formación de Directivos.

39 Asociaciones de servidores públi-cos constituidas.

115 instituciones públicas aplicando el Marco Común de Evaluación (CAF).

RETOS Y DESAFÍOS

Continúa



En el marco de la Mesa de Expertos en Función Pública, el 18 de julio tuvo lugar en

Santiago de los caballeros, en el Salón Lee Fruman del Hotel Aloha Sol el Encuentro-Diálogo“PorunaPolíticaSalarial en la Administración Pública de la República Dominicana”.

Bases para una Ley de Salarios

El Lic. Ventura Camejo abordo el tema de la Ley general de salarios subrayando las simientes que sostienen dicha Ley:

-Necesidad de corregir la ruptura de la jerarquía salarial (cargo más alto recibe más salario).

-Necesidad de regular lo relativo a conflictos de interés y de incompatibi-lidades.

-Conveniencia de clarificar y transpa-rentar las retribuciones de los Altos Funcionarios.

-Establecer la separación entre la esfera política y el personal administrativo basado en el mérito.

Objetivo de la Ley

Establecer las disposiciones de carácter general con las cuales se efectúe un ordenamiento salarial en las institu-ciones del Estado, definiendo así los componentes del Sistema y una mayor

transparencia y control del gasto en servicios personales.

Contenido de la Ley

Jerarquía Salarial: Ningún funcionario del Poder Ejecutivo percibirá un salario mayor al establecido para el Presiden-te de la República, salvo autorización expresa del Presidente de la República. De igual manera ningún funcionario o servidor público devengará un salario mayor que el percibido por el Titular de la Institución de que se trate.

Incompatibilidad y Conflictos de Inte-reses: No podrán percibir ninguna otra remuneración con cargo al Presupuesto Público distinta a la propia de su puesto de trabajo.

No podrán ejercer otras funciones que conlleven el pago de prestaciones o remuneraciones de cualquier índole y de cualquier fuente de fondos, excepto las docentes, culturales, deportivas o de investigación.

Prohibiciones de carácter ético

Tener participación en empresas que tengan convenios o contratos de cual-quier naturaleza con el sector público, ni en empresas subcontratistas de éstas o que perciban ayuda pública.

Víctor Burgos, Director Regional CONARE, Ramón Ventura Camejo, Ministro de Administración Pública (MAP), Carlos Pimentel, Responsable del Área de Transparencia de PC.

Santiago

Publico asistente a la Mesa de Expertos en Función Pública.


Objetivo General

Conocer los niveles de dispari-dad salarial en las instituciones

públicas que permita fundamentar obje-tivamente la necesidad de la promulga-ción y aplicación de una Ley General de Salarios.

Objetivos específicos

1. Analizar y comparar la Retribu-ción de los Titulares de las entidades públicas dentro de un mismo tipo de institución.

2. Comparar las retribuciones de los altos funcionarios públicos con los salarios de otros cargos públicos de gran importancia social.

3. Valorar los niveles de proporcionali-dad de las remuneraciones recibidas por los funcionarios públicos.

Instrumentos y/o fuentes de recolección de los datos e informaciones

Solicitud de Información Pública (uso de la Ley 200-04).

Revisión de Documentos oficiales.

Revisión de los portales de las institu-ciones publicas.

Consulta de prensa escrita.

Conclusiones

Ausencia de una norma que regule la política salarial en la República Dominicana.

La falta de una norma que regule los sa-larios provoca que las instituciones que administran recursos públicos fijen sus salarios de manera discrecional e irracio-nal, es decir, sin atender a los principios de la administración científica.

En República Dominicana se observan importantes incongruencias o distor-siones en los salarios y/o beneficios complementarios de los cargos de la ad-ministración pública a todos los niveles.

Entre las incongruencias existentes se encuentran que para un mismo cargo, de Ministro por ejemplo, existen diferentes retribuciones en términos de salarios y beneficios adicionales (servicio de telefonía móvil, combustible, etc.).

Un número considerable de funcionarios públicos de diferentes instituciones devengan un salario superior, en algunos casos muy superiores, al del Presidente de la República.

Existen funcionarios públicos que por formar parte de un órgano colegiado, como un consejo, junta o comisión, re-ciben remuneraciones u otros beneficios adicionales a su cargo principal.

Observatorio Ciudadano a la implementación de la Ley de Función Pública No. 41-08

Informe Niveles de Disparidad en los salarios de la Administración Pública.

Público asistente Mesa de Expertos en Función Pública Santiago de los Caballeros.


Del 04 al 06 de Mayo en la Ciudad de Santiago de los Caballeros se celebro la Fe-

ria de Proyectos de la Unión Europea CIUDADANIA Y DERECHOS. En ocasión de la efeméride del Día de Europa (9 de mayo), la Delegación de la UE, con la colaboración del Ayuntamiento de Santiago de los Ca-balleros, dejó inaugurada dicha Feria,

dentro de la cual hubo talleres, teatro, cine-fórum, danza, pintura, música, deportes y mas. El evento, orientado a un público amplio y de todas las edades, incluyo la realización de numerosas actividades de comunica-ción y educación pública, entre ellas eventos culturales gratuitos, en torno al desarrollo local, la participación ciudadana y los derechos humanos.

Stand de Participación Ciudadana en la feria.

Feria Ciudadanía y Derechos (Unión Europea en Santiago)

Foro de Monitoreo de la Reforma de la Administración Pública 19, 20 y 21 de julio del 2012

Los procesos de acompa-ñamiento y fortalecimiento institucional que viene

empujando Participación Ciudada-na desde hace mas de 4 años, han implicado la integración de diversas estrategias, que han generado inte-resantes iniciativas e importantes acuerdos con entidades del Estado, para ayudar a la formación de las ca-pacidades técnicas de las organiza-ciones de base de la sociedad civil.

Estos procesos, han contribuido a crear espacios de articulación y convergencia de las organizaciones interesadas en los temas que impli-can transparencia y rendición de cuenta de la función pública

De ahí que la Mesa de Transpa-rencia y La Red Juvenil se han constituido en dos espacios de gran transcendencia a nivel nacional, colocados en la preocupación y vigi-lancia del buen funcionamiento de la administración pública. Es en tal sentido que Participación Ciudadada en el interés de seguir elevando el nivel de preparación de las organi-zaciones y ciudadanos que forman parte de estos espacios, convino realizar un acuerdo de trabajo con la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, para capacitar, orientar y acompañar a estas organizaciones en el monitoreo a los cabildos, de tal forma que se pueda determinar, si estos están cumpliendo con las normas que demandan transparencia en la gestión pública.

Por tal razón, se decidió realizar un Foro de Monitoreo de la Reforma de la Administración Pública, el cual recogería los elementos de mayor relevancia sobre los meca-nismos de participación y trans-parencia, así como las técnicas y

estrategias para lograr incidir en la implementación efectiva de la le-gislación pública dominicana. Este foro buscó dar respuesta a los pro-bables obstáculos que imposibilitan la implementación de instrumentos legales tan importante, como la Ley de Función Pública, Ley de Compra y Contrataciones, Ley del Distrito Nacional y Los Municipios, así como la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y de La Cámara de Cuentas.

En este foro se les enseño a los participantes a elaborar técnicas y estrategias efectivas para el Moni-toreo de la Gestión Pública, en esta parte un técnico de gran experiencia de Participación Ciudadana, como lo es el Lic. Carlos Pimentel, ayudo a guiar el programa. De igual forma se conocieron las herramientas que ofrecen la Ley del Distrito Nacional y los municipios, donde se estable-cen los mecanismos que permiten la participación de la ciudadanía. El evento se desarrollo durante dos noches y tres días, contando con una presencia de 35 personas, de las cuales 16 eran mujeres y 19 hombres.

Como parte integral de este foro, los participantes tenían como tarea elaborar un plan de Monitoreo, con el que pondrían en practica los co-nocimientos aprendidos y enfocarían su estrategia de intervención sobre elementos de cierta relevancia en el orden municipal, de tal forma que se alcancen los objetivos trazados en el marco de este importante evento de formación.

El evento concluyo con la presenta-ción en plenaria de las propuestas elaboradas por los participantes y la manifestación voluntaria de estos, de asumir el compromiso de enca-minar en sus respectivas comunida-des todas las acciones sugeridas en este foro.

Instituto de Formación Agraria y Sindical (INFAS)


Carlos Pimentel responsable del área de transparencia Participación Ciudadana y participantes en el foro de Monitoreo de la Reforma de la Administración Pública.


La sociedad civil “Elindividuosesometealasociedad y esta sumisión es la condición de su liberación.

Para el hombre, la liberación consis-te en independizarse de las fuerzas físicas e irracionales; lo consigue oponiéndoles la enorme e inteligente fuerza de la sociedad, bajo cuya pro-tección se ampara. Poniéndose bajo el ala de la sociedad se vuelve, en cierta medida, dependiente de ella. Pero se trata de una dependencia liberadora, no hay contradicción en ello. La liber-tad no puede obtenerse en contra de la sociedad”. (Emilio Durkheim)

Buscando la analogía más cerca de la realidad y de la necesaria conceptua-lización, que nos permita comprender el rol de la sociedad civil, en este caso, en la Profesionalización de la Función Pública, podríamos bosquejar diciendo, que así como la familia es a la sociedad, los partidos políticos a

la democracia occidental, la sociedad civil es a la democracia, su prolonga-ción, calidad y existencia. La sociedad civil, en el sentido más amplio, no puede anidarse y desarrollarse allí donde no hay democracia. Ella es el pez y la democracia, el agua.

La Sociedad Civil logra pues legitimar las acciones desde el Estado, en tanto entendemos como logro fundamen-tal, el consenso acerca de las reglas del juego. Ella permea el encuentro

verdadero de las acciones y decisiones de los distintos poderes públicos que tocan en los territorios a los ciudada-nos para bien o para mal.

La Sociedad Civil es por decirlo así, el soporte legitimador de los poderes públicos, pues hoy, más allá de lo legal, toda acción ha de tener legitimi-dad para que se convierta en un ente de autoridad, que es el reconocimiento de la base primordial del ejercicio del poder del Estado, lo que hace que trascienda el mero marco de la fuerza coercitiva, para dar paso al poder, que no es otra cosa que las leyes y normas de una sociedad. La Sociedad Civil, su rol fundamental en una sociedad democrática, es que la gobiernen bien. Que las cosas se hagan a la luz de las leyes, de las normas y disposicio-nes emanadas legalmente; así como eficientizar y lograr de manera efectiva y transparente las acciones y disposi-ciones desde el Estado.

La Sociedad Civil logra pues legitimar las acciones desde el Estado, en tanto en-tendemos como logro fundamental, el con-senso acerca de las reglas del juego.

“Deshojando Paradigma”

Publicado el 16 de julio del 2012 en el periódico digital acento.com.do

El Sr. Cándido Mercedes tiene Maestría en Alta Gerencia, Especialista en Gestión del Talento Humano, Sociología Organizacional y Desarrollo Organizacional y Gerencia Social, se desempeña como Consultor e Instructor Ge-rencial. Catedrático de las

Maestrías de Alta Gerencia y Gerencia Financiera, del INTEC, Coordinador de las Maestrías en Administración y Recursos Humanos, de la UCE, fue Consultor del PNUD. Coordinador de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana Publicó:

Artículo de Opinión de esta edición

Continúa

por Cándido Mercedes


Somos organizaciones sociales, cuyo objetivo es defender intereses y deman-das comunes, para bien de la colectivi-dad que representamos. Somos puente entre la sociedad y el Estado. ¿Por qué el amor y desamor entre Sociedad Civil y los Poderes Públicos, esto es, el Estado? Porque ambos luchamos en los mismos escenarios públicos para satis-facer las necesidades de los distintos actores de la sociedad. La definición de sociedad civil del sociólogo Wilfredo Lozano, nos ilustra gráficamente esta realidad. Para este ilustre intelectual, lasociedadcivil“eselcampodearticulación de intereses ciudadanos que al tomar posición sobre problemas centrales de la vida pública establecen una relación particular con el Estado que afectan las acciones propiamente políticas”.

Somos mediadores sociales con el Esta-do, que tratamos de influir en quienes gobiernan para cristalizar políticas públicas que coadyuven a favor de la ciudadanía y la razón fundamental, meridiana, nodal, de un Estado Social y Democrático de Derecho, es el conjun-to de sus ciudadanos, prerrequisito in-eludible hoy, para la legitimación como poder de la sociedad. Como señalan Cristina Purga, Jacqueline Peschard y TeresaCastro“ElEstadomodernoesuna forma de control social. Sin embar-go esta fuerza no puede ser arbitraria si quiere mantenerse; de ahí que el poder del Estado esté delimitado por un conjunto de normas y procedimientos que hacen que todos los integrantes de la sociedad reconozcan su obligación de someterse al control y ordenamiento legal que aquel representa”.

La Sociedad Civil al decir de Sergio de Piero“constituyeesferasdelasrela-ciones entre individuos, entre grupos y clases sociales que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracte-riza a las instituciones estatales”. Ellas, en consecuencia, deben empujar el ne-cesario vínculo, matrimonio que ha de existir entre lo legal y lo legítimo; entre lo abstracto y lo material. Cuando se da

un divorcio permanente, entonces, nos encontramos frente a una Sociedad Po-lítica en crisis de legitimidad y por esta vía se llega a una falta de la calidad de la democracia, a una antesala perma-nente de crisis de gobernabilidad; a lo que Don Juan Bosch llamaría, una permanente arritmia histórica.

La sociogénesis de la Sociedad Civil son los valores de la libertad y de la igualdad, como preámbulo de la sociedad moderna. Nosotros, desde la Sociedad Civil y concretamente desde Participación Ciudadana, aspiramos que el Capital Institucional que forma parte de los Indicadores de Goberna-bilidad y que abarca: la Efectividad Gubernamental, la Calidad Regulatoria del Estado; el Imperio de la Ley y el Control de la Corrupción, avancen ha-cia peldaños superiores para un mejor país, más inclusivo, con más justicia social y con menos inequidad y mayor transparencia; axioma de una mejor democracia.

Asumir la capacidad regulatoria del Estado y su efectividad gubernamen-tal, es evitar, neutralizar que nuestro Estado siga siendo un Ogro Filantró-pico del que nos hablaba Octavio Paz; sobre todo, después de la aprobación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010–2030 que tiene como viaje de transformación la visión país “LaRepúblicaDominicanaesunpaíspróspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz, con igualdad de opor-tunidades, en un marco de democracia participativa, ciudadanía responsable e inserción competitiva en la economía global, y que aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora y sostenible”.

Vista en esa perspectiva, en esa dimen-sión, la sociedad civil tiene que conver-tirse en el paraguas perfecto para coadyuvar a la profesionalización de la Función Pública, para que ésta sea cada día más pertinente, más eficiente, con más calidad, más efectiva, todo lo cual amerita de una BUROCRACIA PROFESIONAL, para dar mejor servi-

cio y se sientan orgullosos de ser servi-dores públicos, verdaderos funcionarios cuya lealtad esencial, entonces, sería al Estado, a la sociedad.

El rol de la sociedad civil en la profe-sionalización de la Función Pública, no es otro que hacer una alianza estratégi-ca con el Ministerio, para contribuir a desarrollar líneas, estrategias, activi-dades que fortalezcan dicho Ministerio como ente articulador de las mejores prácticas de la Carrera de la Función Pública. Ello quiere decir, que nuestro rol como sociedad civil es apoyar todas las prácticas de gestión que contri-buyan con el mejor desempeño de las políticas públicas desde el Estado; en este caso, desde el Ministerio. Monito-reo, seguimiento, control social, audito-ría social, para el logro de los objetivos comunes para la sociedad.

Hoy la veeduría se hace más llevadera a partir de nuestro nuevo ordenamien-to jurídico del Estado, promulgado el 26 de enero del 2010 y de la Ley No. 41-08 de Función Pública de enero del 2008. Esos dos importantes instru-mentos normativos, se convierten en las llaves, en las claves más viables y expeditas para, desde la sociedad civil, jugar un rol estelar en la profesionali-zación de la función pública.

El rol de la sociedad civil en la profesionalización de la Función Pública, no es otro que hacer una alianza estratégica con el Ministerio, para contribuir a de-sarrollar líneas, estrategias, ac-tividades que fortalezcan dicho Ministerio como ente articula-dor de las mejores prácticas de la Carrera de la Función Pública.

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La actual Constitución, constitucio-naliza la importancia de la Función Pública para el Estado y la sociedad. El conocimiento de sus diferentes articulados nos permitirá una mayor y mejor auditoría social, que conducirá obviamente a cristalizar la transparen-cia. La asunción de la Constitución con respecto a la Ley de Función Pública, propiciará al mismo tiempo un mejor enfoque para el monitoreo de la calidad de la prestación de servicios desde la Administración Pública. Nos ayuda como sociedad civil a un mayor faculta-miento, empoderamiento, en el conjun-to de responsabilidades en la gestión pública, para que ésta se lleve a cabo con objetividad y profesionalidad.

El Capítulo III de la Constitución de la República consigna los Artículos 138, 139, 140, 141, con énfasis en la Sección II, del Estatuto de la Función Pública, que abarca los Artículos 142, 143, 144, 145 y 146. Destaca al mismo tiempo la Sección III, de los Servicios Públicos, integrados por los artículos 147; y, por último, la Sección IV, rela-tivo a la Responsabilidad Civil de las entidades públicas, sus funcionarios o agentes, subrayado por el Artículo 148, concerniente a la Responsabilidad Civil.

Como vemos, la actual Constitución nos ampara con 11 artículos y nue-ve numerales. ¿Qué destacan esos

artículos? Veamos el 138: PRINCI-PIOS DE LA ADMINISTRACIÓN. La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de efica-cia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. La Ley regulará: 1) El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública con arreglo al mérito y capacidad de los candidatos, la forma-ción y capacitación especializada, el régimen de incompatibilidades de los funcionarios que aseguren su imparcia-lidad en el ejercicio de las funciones legalmente conferidas.

139: CONTROL DE LA LEGALI-DAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Los tribunales controla-rán la legalidad de la actuación de la Administración Pública. La ciudadanía puede requerir en control a través de los procedimientos establecidos por la Ley.

El Art. 142: FUNCIÓN PÚBLICA. El Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del des-empeño, permanencia y separación del servidor público de sus funciones.

El 145: PROTECCIÓN DE LA FUN-CIÓN PÚBLICA. La separación de servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al régimen de La Función Pública, será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la Ley.

Debemos destacar de manera diáfa-na, nítida y transparente el Art. 146: PROSCRIPCIÓN DE LA CORRUP-CIÓN. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado.

La finalidad de los servidores públicos, según reza el Art. 147, es los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo,

por lo tanto, el Estado garantiza el acceso a servicios públicos de cali-dad, directamente o por delegación; respondiendo a los principios de universalidad, accesibilidad, eficien-cia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.

Con este armazón normativo, con esta plataforma jurídica, la sociedad civil debe de exigir, influir y trabajar mancomunadamente con los ejecutivos del Ministerio de la Función Pública. Mientras más vinculamos la macroes-tructura jurídica con la realidad, más competencia logramos y el país logra mayor competitividad. Si exigimos el cumplimiento constitucional a la luz de los artículos esbozados, no cabe duda que nos pondremos a la altura del Siglo XXI, en una sociedad con Estado de Derecho y no con un estado autocráti-co, por su actuación, actualmente.

Lograríamos un Estado más ágil, más eficiente, menos costoso, más transpa-rente y menos clientelista; todo ello, la génesis y el preámbulo inexorable de un Estado más profesional, de cali-dad, que responde con velocidad a las necesidades y desafíos de sus usua-rios, de sus ciudadanos. La sociedad postulando la profesionalización de la Función Pública, anida de entrada, la posibilidad de la MERITOCRACIA, de la igualdad de oportunidades y de la ausencia de todo género de DIS-CRIMINACIÓN en cualquiera de sus modalidades. Se cumple así, con la frase lapidaria de Thomas Jefferson “Igualdaddeoportunidadesparatodos,privilegios especiales para nadie”.

Sociedad civil y función pública La profesionalidad de la Función Pú-blica y con ella, la Voluntad Política de la máxima instancia del Ejecutivo, ayudaría a evitar esa densa densidad ocupacional pública que hoy tenemos, lo cual propicia el parasitismo social, la política clientelar y con ello,

La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de efica-cia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con some-timiento pleno al ordena-miento jurídico del Estado.

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la corrupción desde el Estado mismo como fuente institucional. El rol de la sociedad en la profesionalización de la Función Pública, es como logra visualizar la necesidad de una mayor productividad de la Administración, que cree valor significativo para los ciudadanos.

Del año 2005 al 2012 la República Domini-cana realizó 6 reformas tributarias, lo que llevó a que los ingresos del Estado crecieran 125%; sin embargo, los gastos crecieron 150%. Cuando auscultamos la enormidad de los gastos, nos encontra-mos con un peso extraordinario de los GASTOS CORRIENTES y dentro de ello, todo lo relativo a NÓMINA. En los últimos 15 años la Nómina Pública se ha cuasi triplicado.

En los años 90 teníamos una nómina de 240,000 empleados. Hoy nos dicen que hay 542,000 en la Administración Pública Central; 142 en la Administra-ción Pública Descentralizada. Somos el segundo país de América Latina con la densidad pública ocupacional más alta, después de Venezuela. En cambio, Chile se lleva las palmas con la densi-dad menor: Un empleado público por cada 158 habitantes. Nosotros, tene-mos un empleado público por cada 23 habitantes y representan el 13% de la población económicamente activa. Hoy sabemos que el número de habitantes de un país que trabaja para el gobierno está directamente relacionado con la calidad de la democracia y la gober-nabilidad sostenible y cohesionada. A más empleados, menos transparencia y más costosa es la democracia para la sociedad.

La Ley No. 41–08 es una hermosa sombrilla donde ha de refugiarse la sociedad para que las actuaciones de los servidores públicos se lleven a cabo en el marco de la profesionalidad y la

dignificación. Su Artículo 3, con sus 7 numerales, nos permite conducir y exigir la profesionalización:

• Méritopersonal.

• IgualdaddeAccesoalaFunciónPública.

• EstabilidadenloscargosdeCarrera.

• EquidadRetributiva.

• Flexibilidadorganizacional

• Irrenunciabilidad.

• TutelaJudicial.

El Artículo 4, numeral 7: Carrera AdministrativaGeneral:“Sistemacuyafinalidad es promover la eficiencia y la eficacia de la Gestión Pública para cumplir los fines del Estado”. El Artículo 8, numeral 1 y 15: Propiciar y garantizar el más alto nivel de efectivi-dad, calidad y eficiencia de la Función Pública del Estado. Los artículos 23, 32 (Del ingreso al servicio público). El 33, numeral 4. El artículo 37, el 49.

Del Régimen Ético y Disciplinario. Asumirlo para poder construir ese ne-cesario puente que nos permita acercar

los cambios verdaderos, que solo se dan con las transformaciones

mentales y culturales.

Nosotros, la sociedad civil, en el rol de la misma en la profesionalización de la función pública, hemos construido un verdadero horizonte de esperanza y realidad con el actual Ministro Ventura Camejo y el concurso de la Unión

Europea y Oxfam:

• VariosdiplomadosenÉti-ca del Servidor Público.

• Proyectosyactividadesparala socialización de la Ley de Función Pública.

• ProyectoObservatorioCiudadano,seguimiento de la Función Pública.

• ProyectoAnálisisdelPresupuestopara la Reforma de la Administra-ción Pública.

• ProyectoBalanceImplementaciónCarta Iberoamericana de Partici-pación Ciudadana de la Gestión Pública.

• ProyectoparaInformedecom-probación de cumplimiento de la Recomendación MESA 2, de IPAC, Iniciativa Participativa Anticorrup-ción.

El Proyecto Global se denomina Sociedad Civil dominicana MONI-TOREANDO LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y su impacto en la Calidad de los Servicios Públicos. Estos proyectos mancomunados entre la sociedad civil y el Estado, a través del Ministerio de Administración Pública, tendrán como eje garantizar que se ofrezcan servicios públicos de calidad a la población y, por lo tanto, la reforma de la Administración Pública.

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Constituye la espina dorsal para la sociedad de cara a servicios más com-petitivos. Como decía Robert Reich, Exsecretario de trabajo de los Estados Unidos“Competitividadesaquelloqueuna organización hace en forma singular y la capacidad del personal de la organi-zación, es lo que lo singulariza”.

Este esfuerzo combinado, esta sinergia de solución, es lo que denominamos Ca-pital Social. Lo que estamos construyen-do con estos proyectos de Participación Ciudadana para el Ministerio, es un cau-dal de Capital Social y el Capital social positivo coadyuva y construye mejores actitudes, más confianza, cooperación, reciprocidad e integración social.

Cuando la sociedad civil asume su rol, genera un círculo virtuoso que tiende

a mejorar la eficiencia, la eficacia y la calidad de las distintas interaccio-nes entre los sujetos sociales, en la búsqueda de objetivos comunes. Ayuda y fortalece la necesaria Infraestructura Institucional. En el 2008, Barómetro de Las Américas, en Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana, nos señalaba que nuestro país en materia de Capital Social se encontraba en una posición interme-dia, 59.4; donde Canadá, con la mejor puntuación, nos llevaba 20 puntos por encima. La conclusión de esa impor-tante investigación fue que teníamos que“gestarmásCapitalSocial,eficien-cia gubernamental y legitimidad de las instituciones públicas”.

El rol de la sociedad civil en la pro-fesionalización de la Función Pública es mirar en el horizonte, en pers-pectiva, que como nos diría George Lorimer“Detrásdecadavidanoblehay principios que le han dado forma”. En esto de exigir la profesionaliza-ción, es premiar las buenas prácticas, señalarlas, difundirlas, socializarlas y criticar aquellas que no obedezcan a los objetivos comunes de la sociedad, tomando en cuenta la Constitución y la Ley de Función Pública. Es asumir principios y valores en proyectos com-partidos, vitalizando la cooperación como ventaja comparativa, para que los obstáculos sean menos visibles y poder asirnos cada día más con una esperan-za renovada, con profunda voluntad creativa; donde inteligencia y voluntad se nutran permanentemente; elementos

cruciales para la CREDIBILIDAD Y LA CONFIANZA.

El rol de la sociedad civil es la de mantener una actitud creativa que haga posible cada día más, generar la necesaria calidad, eficiencia, eficacia y transparencia; desde los poderes públicos, en la función pública; donde lenguaje, realidades y apariencias sean las mismas cosas. Esto es, donde realidad, reflejo, percepción e ima-gen, guarden una estrecha relación. Como nos decía Jabez L. M. Curry, Ex CongresistadelosEstadosUnidos“Unestado próspero se debe construir so-bre los cimientos de un carácter moral, y este carácter es el elemento principal de su fuerza y la única garantía de su permanencia y prosperidad”.

Asirnos, aferrarnos al carro del IMPE-RIO DE LA LEY y tener la valentía, el denuedo, la audacia, el ímpetu y el arrojo, sin desmayo ni deslizamientos ni atajos, para influir en su CUMPLI-MIENTO, es el desafío permanente del Rol de la Sociedad Civil en la Profe-sionalización de la Función Pública, tomando en cuenta que este año se lla-ma Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

¡El rol de la sociedad civil es PAR-TICIPAR, PARTICIPAR, PARTICI-PAR y seguir participando, aceptando espacios, abriendo otros, abrazando sueños y ceñirnos al horizonte de la so-lidaridad, como energía del amor, para lograr una mejor sociedad, con más democracia y mayor justicia social!

¡El rol de la sociedad civil es PARTICIPAR, PARTICIPAR, PARTICIPAR y seguir parti-cipando, aceptando espa-cios, abriendo otros, abra-zando sueños y ceñirnos al horizonte de la solidaridad, como energía del amor, para lograr una mejor so-ciedad, con más democra-cia y mayor justicia social!

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Comité coordinador del Boletín:

Sr. Javier CabrejaDirector Ejecutivo de PC

Sr. Carlos PimentelEnc. Área de transparencia PC

Sra. Patricia PeñaCoordinadora Proyecto Participación

de la Sociedad civil en la Gestión de Adm. Pública.

Srta. Lizzy SolanoAsistente Técnico

Sra. Érica EncarnaciónÁrea de Trasparencia

Alexandra DeschampsDiagramación

Editora Búho, S.R.L.Impresión, Santo Domingo, R.D.

Sociedad Civil Dominicana -3

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