ASAMBLEA PRO FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL

RESEÑA DE LAS RELACIONES SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO EN

CHILE DURANTE LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA *

(Contribución a un debate)

Santiago, 27 de abril de 2002

* Adolfo Castillo, Historiador – Cientista Político. Director Revista Chilena del Tercer Sector“El Tercer Actor.”

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INDICE

Presentación

1. Desafíos para un Chile democrático y ciudadano

1.1. La construcción de un camino

2. Sociedad y estado en la transición democrática

2.1. Compromisos y expectativas

2.2. Carencia de voluntad y de propuesta

2.3. Una sociedad que emerge

3. Política de nuevo trato

3.1. Participación ciudadana en políticas y programas públicos

a) El Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana

b) Componente Participación Ciudadana en Políticas y Programas Públicos

3. 2 Fortalecimiento de la sociedad civil

a) Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Sociedad Civil

b) Plan para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil

4. Documentación de referencia

AnexoConclusiones Congreso ONGs 2000

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Presentación

Con motivo de la realización de la Primera Asamblea Pro Foro de la Sociedad Civil, el comitéorganizador ha estimado oportuno entregar a los asistentes un documento que pudiese aportarantecedentes relativos a la trayectoria de las relaciones entre organizaciones de la sociedadcivil y Estado en Chile acaecidas en los últimos años. Se trata de un documento que traza unbosquejo de esas relaciones, intentando capturar el contexto en que tuvieron lugar, a la vezque busca sintetizar los hitos más relevantes de ese proceso en la perspectiva de contribuiral desarrollo de un debate crítico y abierto a nuevas propuestas. Como los lectores podránapreciar no están recogidos todos los aportes y experiencias de los múltiples actores de lasociedad civil chilena, en parte, porque no es el sentido de este texto y porque el foco secentra en los factores políticos que fueron dando vida a un proceso complejo y aun endesarrollo. Por cierto que es imprescindible situar adecuadamente el rol de todos los actoressociales, desde las entidades del mundo vecinal, de las redes asociativas emergentes, de losgrupos de la diversidad, de los pueblos originarios, de las minorías, de las fundaciones ycorporaciones. Pero eso es otra tarea. Como todo texto interpretativo y de compilaciónestá abierto a la crítica y a los aportes, los cuales por cierto serán muy bienvenidos.

El fin de la década de los noventa ha terminado por configurar una nueva situación que exigeser analizada por la ciudadanía. El mundo ha cambiado velozmente en los últimos años ynada escapa a la fuerza de la globalización y a sus consecuencias. Un nuevo orden emergetras el fin de los escenarios de la guerra fría, pero nuevos muros se levantan muros quebuscan mantener privilegios a minorías insensibles a los anhelos de cambio que reclamanmillares de hombres y mujeres en Chile y el mundo.

Muchos creyeron que la transición a la democracia en Chile permitiría superar las heridas delpasado a través del imperio de la justicia, pero aun tenemos a los familiares de detenidosdesaparecidos buscando a sus seres queridos en cerros, cementerios y mares. Muchoscreyeron que la democracia traería consigo una revisión a los dogmáticos esquemaseconómicos imperantes, pero hemos visto su profundización. Muchos creyeron que lademocracia traería consigo más democracia, pero aun tenemos senadores designados y unsistema binominal que ha servido para mantener los privilegios de una pocos y torcer lavoluntad soberana del pueblo. Muchos creyeron que la democracia abriría las puertas a laparticipación, pero en verdad no ha existido voluntad política. El pacto de gobernabilidadurdido a fines la dictadura y que abrió paso a la transición, suscrito entre los partidos de laConcertación y las fuerzas del antiguo régimen, ha tenido efectos para el desarrollodemocrático y económico del país.

Quienes desde la sociedad civil hemos apoyado los esfuerzos por democratizar Chile, construirciudadanía, y avanzar a un país abierto al debate y los cambios, debemos asumir nuestracuota de responsabilidad ante los déficit observables. No se trata de llorar sobre la lechederramada, sino reconocer con honestidad que debimos haber puesto límites a nuestraadhesión a la vez que involucrarnos más decididamente en las demandas y anhelos delpueblo. De cara al bicentenario de Chile, nuestra responsabilidad exige de cada cualacrecentar la autonomía crítica, generando empoderamiento ciudadano a través de lacoordinación de pensamientos y acciones, construyendo acuerdos con todos aquellosactores sociales que buscan alcanzar un Chile incluyente, respetuoso de la diversidad,autónomo de los dictámenes de agencias transnacionales, un Chile humanista, que acoge asu gente, y cuyas instituciones están genuinamente al servicio de las personas.

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1. Desafíos para un chile democrático y ciudadano

Las relaciones entre organizaciones de la sociedad civil y Estado durante la última década sehan desarrollado en el marco de un nuevo escenario; en un mundo que ha cambiadodrásticamente. Los viejos mapas que sirvieron para dar orientación e interpretar el curso delas acciones se han vuelto obsoletos y las sociedades civiles nacionales se ven enfrentadas alos retos de la globalización y de la construcción de nuevos paradigmas. En ese aceleradocambio el movimiento ciudadano chileno, en tanto integrante de una corriente mundial queconcibe la construcción democrática y el desarrollo como un proceso en donde elprotagonismo de los actores sociales juega un rol crucial, deberá tomar decisionesestratégicas y descubrir nuevos espacios de acción a través de interpretaciones acordes a lasnuevas demandas que comienzas a constituirse en los espacios donde tiene lugar el debatey la acción de los movimientos ciudadanos.

De cara a las insuficiencias del presente, a los recientes y viejos malestares, valorando lasnuevas claves de construcción ciudadana que surgen por doquier, en medio de los gruposjuveniles, de las organizaciones culturales y ambientalistas, del movimiento vecinal, de lassensibilidades de la diversidad, se va abriendo paso la conversación social que buscafortalecer confianzas y construir nuevos y superiores niveles de coordinación.

Ante nosotros tenemos seductores y potentes desafíos al igual que los movimientosasociativos de inicios del siglo XX, cuando debieron enfrentar la naciente modernidad chilenay el peso del elitismo de los grupos de poder de entonces; se trata de una tarea – desafío dedimensiones político –culturales, cual es reencontrarnos con un nuevo civismo progresista,humanista y democrático que comienza a emerger, capaz de contrarrestar las actuales formasde exclusión y elitismo que han ido anidando en la mayoría de los grupos de poder, y quetienden a marginar a la sociedad de los grandes y determinantes debates sobre el Chile ysociedad que queremos. Nada más y nada menos.

Sin temor a equivocarnos debemos reconocer que una sociedad que ha ido perdiendodensidad propositiva, cuyos individuos aparecen fragmentados e incapaces de tender puentespara la coordinación, y que tienen dificultades para comunicarse, formar parte de unasociedad enferma. Más aun cuando existe una clima y un ambiente que busca suprimir ladiferencia y obstruir los derechos a la identidad de los viejos y nuevos actores sociales. Y todoesto acaece en medio de un gran dinamismo de las sociedades civiles del globo, que searticulan a través de redes en el ciberespacio, de movimientos que buscan alternativas alagobiante neoliberalismo que amenaza la libertad y parece devenir nuevo totalitarismo. El IIForo Social Mundial, efectuado en la ciudad brasileña de Porto Alegre ha señalado un caminoen esta rearticulación de la solidaridad global y de globalización del nuevo optimismociudadano que ha comenzado a emerger en el Chile del nuevo siglo.

Este proceso de reorganización social que tiene lugar en Chile es multifocal y polifacético. Esmultifocal porque son diversos los lugares en donde se construye ciudadanía.

En la última década, y tras el cambio en las formas en que las personas demandan y buscanrepresentar sus visiones, son múltiples los actores u organizaciones / instituciones los queintervienen en las esferas públicas, como son los movimientos de mujeres, de indígenas,minorías sexuales, las redes de organismos no gubernamentales, las agrupaciones vecinales,los consejos económicos y sociales comunales, las empresas sociales, las gruposambientalistas, las agrupaciones de discapacitados, de voluntarios, las nuevas fundaciones

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que promueven la responsabilidad social empresarial, son parte de la amplia red asociativaque emerge en el Chile del siglo XXI.

Es polifacético porque sus expresiones presentan temas y modalidades de acción muyvariadas y asentadas en nichos o espacios muy acotados. Así por ejemplo, encontramos ligasde defensores de derechos humanos, movimientos que reivindican el derecho a la identidado el respeto, los grupos que buscan un mercado transparente, equidad de género, no-discriminación, tolerancia o simplemente desean ayudar al desvalido o al niño abandonado oque ha sufrido abusos.

Los actores de esa nueva sociabilidad han permanecido en la mayor parte de los casosinvisibles a las cámaras de televisión, y a los reportajes de la prensa. Por cierto que se hanido ganando un espacio en las agendas públicas, pero no ha sido fácil debido a que la acciónciudadana no presenta los rasgos morbosos de la vilipendiada actividad política. Chiledemanda de sus líderes, hombres y mujeres, buscar los caminos de la unidad en ladiversidad en torno a objetivos que unen y que han estado en la base de nuestraconvivencia, valores fundados en la justicia social, la solidaridad, la libertad y la igualdad.

1.1. La construcción de un camino

El camino que estamos iniciando es el resultado de muchos esfuerzos, en los cuales losorganismos sociales, las organizaciones no gubernamentales y de la diversidad han cumplidoimportantes roles. Cada cual y desde su espacio de acción ha contribuido en esta tarea.

Existen antecedentes mediatos e inmediatos que dieron lugar a la convocatoria de la PrimeraAsamblea Pro Foro de la Sociedad Civil. Entre los primeros, desde hace años ha sidoseñalado por diversas organizaciones sociales la necesidad de constituir una expresiónsuperior de la sociedad civil, pues frente al poder del Estado y del sector privadoempresarial se requiere oponer el poder de los ciudadanos organizados, a través de un tipode organización que permita superar la fragmentación sobre la base de identificar puntos deunidad. Entre los antecedentes inmediatos o cercanos se encuentra un conjunto de procesosde diálogo entre actores e instituciones ciudadanas tendientes a materializar la voluntad deavanzar a fortalecer la unidad y la coordinación de las redes y expresiones múltiples de lasociedad civil.

Un momento culminante en este camino fue el 23 de enero de 2002, ocasión en que serealizó una reunión constituyente del Comité Pro Foro de la Sociedad Civil en la ciudad deSantiago, reunión a la que asistieron líderes y representantes de organizaciones sociales, nogubernamentales y de la diversidad. El encuentro tuvo por objeto analizar los escenarios en losque se desenvuelven actualmente las organizaciones de la sociedad civil, evaluar el rol quehan desempeñado en la transición y levantar preguntas sobre el estado organizativo de laciudadanía y sus desafíos, a la vez que debatir sobre las potencialidades que podría teneravanzar en un proceso de rearticulación estratégica de la ciudadanía organizada.

En la reunión se presentaron ideas y propuestas para conformar el Foro de la Sociedad Civilen Chile, señalándose que existirían condiciones para dar un paso superior en este proceso.Entre las ideas fuerza que podrían sustentar la propuesta se señaló que dicha entidaddebería ser un espacio integrador de la diversidad de expresiones presentes en nuestrasociedad, donde puedan participar activamente y en igualdad de condiciones organizacionesvecinales, funcionales, corporaciones y fundaciones, ONG de desarrollo, redes culturales,asociaciones juveniles, plataformas ciudadanas, agrupaciones de voluntarios, etc., que

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compartan los principios que se de Foro de la Sociedad Civil y contribuyan a su instalacióny proyección en regiones y comunas, a la vez que desplegar un programa de acción.

El Foro de la Sociedad Civil estaría llamado a cumplir una tarea prioritaria cual es aportar a lademocratización política, social y cultural del país, toda vez que se constatan fuertes déficit deprotagonismo ciudadano en amplios campos del desarrollo, en circunstancias que resultaimprescindible levantar propuestas en áreas muy sensibles a la sociedad, como en la salud,educación, seguridad y empleo. Junto a este componente democratizador, el Foro de laSociedad Civil tendría que levantar propuestas, generar iniciativas ciudadanas, intervenir enlas agendas públicas nacionales y locales, dialogar ante el Estado y el sector privadoempresarial, generando con ello al fortalecimiento y empoderamiento de la sociedad civil.

El Foro - se señaló - debería articularse nacionalmente con consejos regionales, yestructurado de forma que garantice una amplia participación de la sociedad civil chilena enlos debates y adopción de decisiones sin por ello perder ejecutividad y eficacia en suaccionar. La estructuración orgánica del Foro de la Sociedad Civil sería el resultado tanto deuna voluntad ciudadana constituyente como de un proceso de reflexión generador depropuestas que surjan de talleres de trabajo.

Cabe destacar que el Consejo Ciudadano,1 en su Informe Final señaló que resulta “urgenteiniciar un proceso que permita producir debates y acuerdos y generar interlocutores válidos,representativos de la amplia diversidad de organizaciones e instituciones que forman parte deella, hacia el Gobierno y los poderes de Estado. Dicho Foro podrá dar continuidad a laelaboración de propuestas estratégicas para la relación Estado – sociedad civil, analizar yproponer modificaciones en el ámbito legislativo, desarrollar, recoger y difundir lasmetodologías exitosas para producir esa concertación, fortaleciendo la autonomía de lasorganizaciones. Al mismo tiempo, podrá establecer canales de diálogo e interlocución y nuevasconfianzas entre el mundo asociativo y las organizaciones no gubernamentales, fundaciones ycorporaciones, y también construir acercamientos hacia la empresa privada”.

En la reunión los (las) participantes hicieron un propuestas y comentarios aportadores en lalínea de avanzar a la formación del Foro de la Sociedad Civil. Entre las ideas y reflexionesque surgieron se señaló que existen organizaciones con inserción nacional que puedencontribuir a difundir la iniciativa; que frente a la dispersión social existente se requiereunidad y coordinación por áreas; el Foro debe ser un referente que se para frente al Estado yestá llamado a intervenir frente a la toma de decisiones; es importante cuidar la autonomíade la sociedad civil y evitar el riesgo de la cooptación, garantizar la participación de diferentescomunidades; precisar roles de los participantes, entre otras.

1 El 4 de julio del año 2000 se constituyó el Consejo Ciudadano para el fortalecimiento de la sociedad civil, convocadopor el Presidente Ricardo Lagos - espacio donde confluyeron actores de la sociedad civil y el Estado - y cuyo objetivoprincipal fue levantar una propuesta con los principales tópicos de interés de la sociedad civil en la perspectiva deavanzar a una política de “nuevo trato”. Pese a su rasgo centralista y a la falta de debates abiertos, constituyó unaexpresión de síntesis de las relaciones entre ambos sectores.

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2. Sociedad y Estado en la transición democrática

Chile ha vivido una prolongada transición a la democracia desde tras 17 años de dictadura,proceso marcado por múltiples tensiones, entre ellas las cuestiones éticas derivadas de lasviolaciones a los derechos humanos, el tipo de desarrollo más apropiado para el país, el rolde las instituciones políticas en la consolidación de la democracia o los vínculos entreciudadanos, Estado y mercado. En gran medida las relaciones entre las organizaciones de lasociedad civil y el Estado durante más de una década expresan los anhelos, déficit ydesafíos para el Chile que queremos construir.

El escenario en el que ha tenido lugar este proceso está claramente señalado por el nuevo rolque comienza a desempeñar el Estado de la pos dictadura. En efecto, tras el debilitamientoexperimentado por el Estado de Chile durante el régimen militar, la matriz de articulaciónsociopolítica, o el modo en que se organizaban las personas e instituciones en el país, y quepermitió dar una fisonomía o un modo de ser, enfrentó fuertes modificaciones que entreotras cosas alteró las formas de representación social, hasta hace poco vinculados alsistema de partidos políticos; modificó los roles históricos de un Estado comprometido con laprotección social y la seguridad de las personas, lo desperfiló en su rol económico y latransformó en un ente con escasas facultades reguladoras de las fuerzas del mercado,destacando la perdida del sentido de proyección histórica que brindó a la sociedad a través deproyectos colectivos que movilizaron esperanzas y sueños de millares. Es posible que esteúltimo factor sea uno de los más trascendentes y explicativos del fenómeno de la desafecciónciudadana de la política realmente existente, con sus ritos, discursos e incapacidad parasintonizar con las demandas y sueños de la gente.

Como lo ha señalado el Consejo Ciudadano en su informe el desarrollo de la sociedad civil haestado íntimamente vinculado a la dinámica política, especialmente a partir de los años veinte.Los procesos económicos y sociales también han dejado su huella, reflejando la sociedad civillas profundas diferencias sociales existentes en el país. El golpe de Estado de 1973 y elgobierno militar que lo siguió por cerca de diecisiete años, tuvieron un fuerte impacto en ella,en el marco de transformaciones sociales, políticas y económicas que terminaron con la pautade desarrollo vigente durante los cuarenta años anteriores, que permitía la inclusión dediversos sectores sociales en un marco institucional y político compartido. La restricción de laslibertades individuales y de asociación y la proscripción de la actividad política, así como lasreformas legales y económicas minaron drásticamente el espacio público y las condiciones dedesarrollo de la sociedad civil”.2

Con todo ha ido emergiendo una frondosa red de asociaciones en Chile, estimada en más de80.000,3 compuesta de nuevos actores sociales y orientada por temas e intereses muyvariados, que van dando cuenta de una reestructuración profunda que impone desafíos alEstado chileno y que la falta de políticas públicas o la insensibilidad de las elites puedellevan a fenómenos como los que acaecen en la región.4 Este proceso se da en el marco deuna revalorización de la cuestión ciudadana y de la sociedad civil, en medio de una poca deglobalización donde la política tiende a hacerse mediática, imponiendo otra imagen de lopúblico; por otra parte, la fluidez de la circulación del dinero, de la información y deimágenes y símbolos diluyen la idea de nación y de fronteras,5 lo cual va alterando las 2 Informe Final, Consejo Ciudadano para el fortalecimiento de la sociedad civil. Santiago, diciembre 2000, p. 8.3 PNUD, Desarrollo Humano en Chile., 20004 Donatti, “La Crisis del Estado y el surgimiento del Tercer Sector”. Revista Mexicana de Sociología, 4/97; ActasI y II Encuentro de la Asociación Internacional de Investigadores del Tercer Sector, Brasil 1998, Chile 1999.5 Ottone, Ernesto y Hoppenhayn, Martín, “Ciudadanía e igualdad: la ecuación pendiente”, Cepal, 1999. Lo ocurrido enArgentina, Venezuela, Perú o Ecuador señala un cuadro crítico que emite señales a considerar.

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formas del ejercicio de la ciudadanía y se expanden los titulares y campos de los derechos,dando lugar a una reestructuración en la representación de demandas y exigencias dederechos ante el mercado y el estado.6

2.1. Compromisos y expectativas

Al iniciarse los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia uno de losprincipales desafíos que abordó la coalición fue lograr “crecimiento con equidad”, idea queordenó el esfuerzo de toda la política social de la década. La noción de crecimiento suponeconciliación entre crecimiento económico y desarrollo social, señala que la pobreza, más queun problema de ingresos, es un problema de falta de oportunidades y de integración. Auncuando se observan avances en diversas áreas del desarrollo, subsisten déficit que ponen enriesgo las posibilidades de consolidar lo avanzado.7

En el marco de las políticas sociales se fueron desplegando innumerables programas socialesorientados al logro de las metas sociales establecidas. Los campos y líneas de acción son deuna amplia heterogeneidad y en ellas han participado activamente las organizaciones del TercerSector.8 Una parte del Tercer Sector - las organizaciones no gubernamentales - han cumplidoun rol de gran significación para el despliegue de las políticas sociales públicas, sin embargosus aportes no siempre han sido valorados, prevaleciendo una enfoque más bieninstrumental de sus contribuciones. Ello ha significado en los hechos que el Estado hayadesaprovechado un capital social acumulado en años de intervención social. El agotamientoobservable y la crisis de los espacios de participación generados a través de políticaspúblicas se vincula a la existencia de mecanismos instrumentales y predefinidos en losprogramas licitados o contratados.

Durante los dos primeros gobiernos de la Concertación (1990 - 2000), se buscó generarpolíticas públicas destinadas a estimular la participación ciudadana y fortalecer la sociedadcivil, sin embargo no fue posible reconstruir los lazos entre Estado y sociedad. Por el contrario,se desactivó el movimiento social y al no reemplazarlo con formas participativas innovadoras,no se realizó la expectativa de amplia participación existente a partir de la concertación socialque permitió el retorno a la democracia.9 Por cierto que hubo lineamientos de política alrespecto y se crearon estructuras para procesar y hacer seguimiento de las relaciones entreEstado y organizaciones de la sociedad civil. En los primeros años esa labor radicó en laOficina de Enlace ONG - gobierno, de Mideplan, y en la División de Organizaciones Sociales,del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

En los primeros años de gobierno de la Concertación se priorizó la superación de la pobreza, através de vastos planes de focalización, lo que implicaría la eliminación de “ los sesgosclientelísticos y paternalistas del apoyo social de corte tradicional, por mecanismos másdemocráticos y participativos.”10 A la vez, se fueron contratando los servicios de lasorganizaciones no gubernamentales, las cuales paulatinamente comienzan a desaparecercomo resultado de la falta de recursos de la cooperación y a la ausencia de incentivos ypolíticas de apoyo por parte de las agencias públicas.

6 Castillo, A., “Ciudadanías de pos guerra fría y la reestructuración de las estrategias y modelos de exigibilidad yfiscalización de derechos”, Plataforma Sudamericana de DDHH. Nobiv, Santiago, enero de 1997.7 Ver el estudio de Hugo Fazio Crece la desigualdad. Otro mundo es posible., LOM, mayo , 2001.8 El Tercer Sector es el conjunto de organizaciones sociales sin fines de lucro y que finalidad pública.9 Informe Final, Consejo Ciudadano para el fortalecimiento de la sociedad civil. Santiago, diciembre 2000, pág. 910 CEPAL, Focalización y pobreza, 1995.

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Hacia la mitad de la década se fijaron los lineamientos que inspiraron la labor pública enesta materia, instalándose las ideas matrices: generación de un clima cultural favorable a laparticipación; modernización del Estado; impulso de la participación de los beneficiarios en laimplementación de las políticas públicas; profundización de los procesos de descentralizacióny regionalización y fortalecimiento de la sociedad civil.11 Entonces fue el Ministerio dePlanificación y Cooperación - MIDEPLAN, el ente coordinador del debate entre el sector públicoy el mundo privado a fin de avanzar en un diseño de política de Estado de Fortalecimiento delTercer Sector.12 De manera explícita se reconoció el aporte que habría cumplido la sociedadcivil y sus organizaciones en la política social, señalándose que la base del “reforzamiento dela sociedad civil radica en que el Estado reconozca la necesidad de desarrollar una explícita yconcreta política social en tal sentido”. Uno de los ejes de dicha política de Estado sería“facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de las políticassociales”.13 Tal reconocimiento debiera expresarse en la búsqueda de modos específicos departicipación de las organizaciones en las distintas dimensiones de formulación de las políticaspúblicas: diagnóstico, planeamiento, diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y control. Porotra parte buscó establecer la participación de las ONGs en programas sectoriales eintersectoriales relativos a sujetos de atención preferente.

Cabe destacar que a mediados de los años noventa, las plataformas de la sociedad civil nohabían logrado construir puentes cooperativos entre sí. Las ONGs con un discurso crítico haciael gobierno pero a la vez teniendo que enfrentar la sobrevivencia luego de la retirada de lacooperación internacional, entrando a disputar recursos públicos los cuales generalmenteestaban definidos centralmente, lo cual impedía la innovación, a la vez que teniendodificultades para entablar alianzas con el mundo social.14 Por otro lado, las organizaciones debase, a duras penas lograban superar las divisiones que trajo consigo la democracia, alpartidizar las elecciones, y generar dinámicas debilitadoras de sus aportes. En esos años nohubo acuerdos de cooperación entre ONGs y organizaciones sociales, hecho comenzó sólo aser revertido a fines de los años noventa, sin embargo los cambios han traído consigo unreordenamiento político ciudadano.15

En una línea argumental similar, el Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, señalóen 1996 que, “en la sociedad chilena actual existen las capacidades necesarias pare llevaradelante una exitosa acción contra la pobreza, que pueden ser movilizadas con un adecuadosistema de incentivos y con una flexibilidad en el uso de los recursos que permita a losciudadanos desarrollar por sí mismos iniciativas en las que pueden ser más eficientes que elEstado”.16 En este sentido la acción del Estado – apunta el Informe - “debe ser mucho másprecisa y asegurar el acceso de los más desaventajados a los recursos capacitantes,propendiendo al desarrollo de las propias capacidades y autonomía del individuo, de las 11 División de Organizaciones Sociales - MSGG., Participación social y Estado; 199412 MIDEPLAN., “Bases de una Política de Estado para el Tercer Sector”. MIDEPLAN, enero 20 de 199813 Idem., p. 1014 “Nuestra capacidad de construir lo que queremos es débil, y parte de nuestra debilidad la entendemos como faltade diálogo, de cooperacion, que se manifiesta en una insuficiente y deteriorada relación con organizaciones debase...”, Ana María Medioli, Congreso ONGs, nov. 2000.15 Las organizaciones sociales, ONGs y asociaciones de la diversidad participan en diversos espacios político –culturales. Existe Fureza Social que agrupa a colegios profesionales, estudiantes, ONGs, organismos sociales,sindicatos; el grupo de Porto Alegre, liderado entre otros por ATACC - Chile y CENDA; y redes sociales vinculadas agrupos indígenas, ambientalistas, y minorías sexuales, entre otras.16 La Pobreza en Chile. Un desafío de equidad e integración Social. Informe del Consejo Nacional para lasuperación de la Pobreza. Agosto 1996. P. 82. En agosto de 1998 el Consejo convocó el seminario: “El Estado y laSociedad Civil en las políticas sociales”, evento que profundiza estas temáticas. En esta línea el documento “Síntesis yrecomendaciones: Comité de Iniciativa para una filantropía ambiental proactiva” del Fondo de Las Américas, nov.1999, aporta pistas sugerentes.

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familias, de las comunidades y localidades más que a su asistencia o al alivio inmediato desus necesidades”. Y es precisamente el carácter diferenciado y específico de esas necesidadesel que admite un tratamiento en “forma mucho más eficaz por los actores de la sociedad civil,por las organizaciones filantrópicas y por los propios mecanismos del mercado, cuya flexibilidady sofisticación es mucho mayor que las estructuras públicas.17 El Informe es concluyente enseñalar que la “modernización implica relacionarse con la sociedad civil. Demasiado tiempo elEstado ha tendido a actuar de manera autoreferente, a priorizar sus exigencias internas, susprocedimientos y normas, perdiendo de vista que su misión es servir a la gente, a atender susnecesidades y problemas. La autoreferencia del Estado – señala el Informe – no solo lo aleja dela ciudadanía, sino que también impide la colaboración del sector privado, con lascomunidades y con los propios beneficiarios de la acción pública.”18

Tras la aprobación por el Comité de Ministros Sociales, del documento “Bases de una políticade Estado” - citado anteriormente - se organizó un amplio debate nacional para conocer laopinión de las ONGs y las organizaciones sociales respecto del Plan de Acción para elFortalecimiento de la Sociedad Civil.19 El Plan de Acción señaló que entre los rasgos quedebieran caracterizar una política dirigida al Tercer Sector se cuentan el “concebir lassituaciones de pobreza, marginalidad, discriminación e intolerancia como un déficit deciudadanía”, “resguardar la debida autonomía de las instituciones sociales”; “establecermecanismos de provisión adecuados, que garanticen la equidad, la transparencia y calidad delos proyectos e iniciativas de la sociedad civil” y “servir de herramienta articuladora depolíticas sociales sectoriales”.

Con el propósito de dar a conocer las propuesta de política emanada de un Comité Consultivode Políticas Sociales, en el cual participaron representantes de redes de ONGs, organizacionessociales, representantes del sector público vinculado, se desarrollaron 13 seminarios en lasregiones del país. Entre las principales conclusiones que arrojó este proceso destacan lapercepción de que se “financia con recursos públicos a consultorías funcionales a interesespolítico partidistas", existe una "trabajo con lógica de proyectos y no de programas, lo que nopermite proyección a largo plazo". Entre los factores obstaculizadores las organizaciones nogubernamentales perciben desde el Estado una "falta de política de gobierno", "falta decriterios comunes en materia de conceptualización", "inexistencia de coordinación de planes yde proyectos de los diferentes servicios públicos", "prejuicios del estado hacia las ONGs ". A lavez perciben como factores facilitadores el nuevo contexto democrático, la apertura por partedel gobierno hacia las organizaciones del Tercer Sector.20

17 Idem., p. 8518 Idem. p. 86.19 “Plan de acción para el fortalecimiento de la sociedad civil y de las organizaciones privadas sin fines de lucro y confines públicos”. MIDEPLAN, División Social, Santiago, diciembre de 1998.20 MIDEPLAN., "Comentarios y sugerencias de las regiones al documento: Bases de una política para el Tercer Sector",División Social, Santiago, marzo de 1999

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2.2. Carencia de voluntad y de propuestas

Como se puede apreciar, desde el retorno a la democracia en Chile, se han desarrollado unconjunto de iniciativas tanto desde las organizaciones de la sociedad civil como del Estado,orientadas a construir entendimientos y propuestas para enfrentar los actuales desafíos queChile demanda así como para establecer los términos de un nuevo contrato. Si se pudierahacer una revisión de esos esfuerzos se llegaría a la conclusión de que gran parte de elloshan sido vanos e inconducentes, sino estériles. Por una razón u otra, los gobiernos de laConcertación de partidos por la Democracia no han tenido buenos resultados en la generaciónde políticas de Estado orientadas a fortalecer actores y ciudadanía democrática ni tampoco sehan construido los instrumentos que permitan la participación de los (as) ciudadanos (as)en las tareas del desarrollo nacional, prevaleciendo generalmente los argumentos detecnócratas y elites políticas distantes de la población.

Con todo, debe señalarse que en los últimos dos años ha habido una voluntad políticagubernamental explícita por abordar los temas de la participación ciudadana como políticade Estado y de generar los mecanismos y condiciones para establecer las bases de unaconvivencia democrática en donde los ciudadanos puedan jugar un rol protagónico en laconstrucción del Chile que anhelan. Ha sido un proceso complejo no sólo por la magnitud deldesafío propuesto o las resistencias que la expansión de la democracia encuentra entre losgrupos de poder, e incluso por rivalidades presentes en no pocas organizaciones de lasociedad civil, sino que además, tales propuestas se llevan adelante en medio de intensosprocesos de cambio que afectan al conjunto de la sociedad chilena, resultantes de lamodificación en los patrones de relación históricos entre sus instituciones vertebradoras de lasociabilidad.

El compromiso de establecer un Nuevo Trato entre el Estado y la Sociedad Civil es una de lasmás relevantes iniciativas suscritas por los gobiernos de la Concertación. Tal Acuerdo fueratificado por el Presidente Ricardo Lagos como candidato presidencial, quién suscribió el 30 deagosto de 1999 el “Acuerdo por la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedadcivil”, el cual establecía, entre otras medidas, la destinación de recursos públicos para elfomento de las organizaciones sociales y reconocimiento de la participación ciudadana,creación y fortalecimiento de Fondos Públicos concursables destinados a financiar programasde las organizaciones del Tercer Sector, desarrollo de un marco legal que facilite la libreconstitución de la organización de la sociedad civil y establezca un registro público de estasorganizaciones, y establecimiento de una instancia gubernamental que norme y fiscalice lasorganizaciones de la sociedad civil, garantizando que las donaciones privadas y los recursospúblicos que reciban dichas organizaciones se utilicen para iniciativas sociales y culturales sinfines de lucro.

En el marco de esta iniciativa el Presidente Lagos convocó a un elenco de líderes de lasociedad civil a formular propuestas para la construcción de políticas sobre la materia. Trascinco meses de funcionamiento, el Consejo Ciudadano hizo públicas sus propuestas a travésde un Informe, donde señaló diversas medidas destinadas a la puesta en marcha depropuestas que buscan otorgar un nuevo status a las organizaciones de la sociedad civil en eldesarrollo nacional.21 En esta misma dirección, la puesta en vigencia del Instructivo de

21 Informe Final. Consejo Ciudadano. Para el Consejo “ no se alcanzará una plena democracia y un desarrolloverdaderamente sustentable y ciudadano, sin participación de una sociedad civil activa y responsable. Para ello esnecesaria una sociedad civil poderosa y diversa, organizada en diferentes modos y sectores, con capacidad de acuerdo,interlocución y resolución autónoma de conflictos, que infunda profundidad y permanencia a la democracia”, p. 20

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Participación Ciudadana por parte del Gobierno22 constituye un hito en el desarrollo del Estadode Derecho democrático. En efecto, el citado instrumento es un complemento a las propuestasformuladas por el Consejo Ciudadano, y busca entre otros objetivos “incorporar la participaciónciudadana como variable de análisis en las evaluaciones de las políticas y programas públicos,en especial en la evaluación de los destinatarios de las mismas, generar los mecanismos quegaranticen la respuesta pertinente y oportuna a las peticiones, reclamos y recursos quepresenten o interpongan las personas y desarrollar estrategias de fortalecimiento de lasorganizaciones de la sociedad civil de su sector, concordadas con éstas”.

2.3.Una sociedad que emergeLos estudios y análisis de la sociedad civil han utilizado diversas conceptualizaciones paradefinirla. El Consejo Ciudadano adoptó una concepción de “sociedad civil” en un sentido amplioy en uno restringido. En un sentido amplio, incluye a todos los/as ciudadanos/as y asociacionese instituciones susceptibles de ser considerados como agentes autónomos frente al Estado y almercado y corresponde a una variedad muy heterogénea de grupos y organizaciones socialesque se guían por valores, intereses y aspiraciones diversos. La visión más restringida alude alconjunto de organizaciones y asociaciones privadas sin fines de lucro que persiguen finessociales, de bienestar e interés público. En su acepción amplia, se trata de una realidaddiferenciada y fragmentada internamente, que no tiene una unidad de propósitos y proyectospolíticos. Es el campo de acción y construcción de la “ciudadanía”, tanto en su dimensión dederechos como de responsabilidades sociales.

Las organizaciones de la sociedad civil son asociaciones de personas creadas para realizardiversos objetivos de interés común y sin ánimo de lucro privado, encontrando en su interiororganizaciones sindicales, gremiales y de empresarios, instituciones de beneficencia o depromoción, organismos culturales, educacionales, organizaciones deportivas y de vida social,organizaciones estudiantiles y universitarias, múltiples organizaciones comunitarias (territoriales yfuncionales, comunidades cristianas católicas y evangélicas, de jóvenes, mujeres, adultosmayores, etc.), comunidades mapuche, organizaciones identitarias (indígenas, homosexuales,etc.), feministas, ecologistas, organizaciones no gubernamentales que abordan una gran variedadde temáticas y una amplia gama de entidades revestidas de una determinada individualidad legalo personalidad jurídica que les permite ejercer derechos y contraer obligaciones.

Algunas de ellas están reunidas en federaciones y confederaciones, otras en coordinaciones yredes, en el ámbito local, regional o nacional. Sus márgenes se han ensanchadoincorporándose fundaciones con fines sociales creadas por el mundo empresarial y susasociaciones gremiales, redes que reúnen a instituciones, organizaciones o movimientos queabordan temáticas específicas y el mundo académico se ha articulado más allá de lasuniversidades en centros de estudio independientes. En ellas priman la autonomía y lacomunidad de intereses, las creencias y aspiraciones de sus integrantes, pero representanintereses sociales muy diversos y a veces contrapuestos. Integran además la sociedad civilinnumerables grupos informales, que animan la vida comunitaria, siendo los más numerososlos de mujeres, jóvenes y de personas de la tercera edad.

Se expresa en organizaciones, como una red de redes sociales, y también en la accióncolectiva, más allá de las organizaciones; es la esfera en la cual se organizan los movimientossociales con sus reivindicaciones, sean estas gremiales o sociales. Las profundas desigualdadesy diferencias económicas y sociales existentes en el país se expresan en la sociedad civil y sus

22 Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana. , SEGEGOB. , Diciembre de 2000

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orientaciones. En virtud de todo ello se puede constituir como un poder ciudadano con fuerza yautonomía, capaz de participar activamente en la construcción del país.

El Consejo Ciudadano ha señalado que aun cuando se ha logrado mayores niveles de inclusiónsocioeconómica a través del consumo, se ha mantenido y profundizado la inequidad social,debilitándose, al mismo tiempo, los mecanismos de integración interna de los grupos sociales ygenerándose gran incertidumbre frente al futuro. Los relevantes logros sociales de la transiciónno se han traducido en pautas de integración y participación social estables y más bien se observaun fuerte debilitamiento de la sociabilidad.

Por otra parte, la democratización alcanzada no ha logrado involucrar la participación social, nidisminuir las desigualdades de poder existentes en la sociedad, todos ellos factores que limitanseveramente el desarrollo de la sociedad civil. Hoy día ésta se expresa de un modofragmentado y débil, no está articulada por proyectos sociopolíticos como en el pasado y sesepara crecientemente de la institucionalidad existente. La desarticulación social resultante seha expresado principalmente en el temor y la inseguridad, desafiliación política y debilitamiento delos lazos colectivos y comunitarios.23

Las organizaciones tradicionales han perdido su peso histórico, pero se ha fortalecido lapresencia del gran empresariado y su influencia en la sociedad civil a través de fundaciones sinfines de lucro, centros académicos y universidades, en actividades culturales, de investigación,comunicación y producción artística por la vía del financiamiento, la filantropía o lasdonaciones.

En el Chile actual, el espacio público ha tendido a privatizarse, rigiéndose principalmente porlos criterios de rentabilidad de los grandes conglomerados económicos. La acción del Estado,por su parte, tiende a copar, regular y normar los espacios que le corresponden a la sociedad,definiendo una agenda pública puramente estatal, dentro de marcos constitucionales nosancionados democráticamente y decidiendo, en forma vertical, qué servicios externaliza, quéfunciones delega, qué reconocimientos otorga.24 La relación establecida entre el aparato públicoy las organizaciones de la sociedad civil es eminentemente vertical e instrumental, donde estasúltimas se ven impelidas a jugar un rol de ejecutores y cooperadores de las políticas yprioridades gubernamentales en cuya gestación no han tomado parte. Las organizacionesciudadanas, y particularmente las organizaciones no gubernamentales, han sido miradas condesconfianza, con contadas excepciones.

El concepto de ciudadanía implícito en las políticas públicas, corresponde a lo que el Estadoentiende como participación, es decir, como inclusión dentro de la institucionalidad estatal, más

23 El Informe del PNUD - Chile Las paradojas de la modernización. Desarrollo humano en Chile 1998. Santiagode Chile, 1998, concluye que “la relación entre el Estado y la sociedad civil ha estado determinada por la preeminenciade un Estado activo y central en el desarrollo del país, aunque la reducción que sufrió en los años 70 y 80 y el cambiodesde una visión proteccionista y de bienestar hacia una perspectiva de subsidiaridad tuvieron como consecuencia undeterioro, e incluso la desatención de los requerimientos sociales de importantes sectores de la sociedad. Ello dio pie alsurgimiento y desarrollo de organizaciones no gubernamentales que buscaron atender las necesidades de los sectoresdesprotegidos”.24 Para examinar la relación existente hoy día entre el Estado y la sociedad civil es preciso formular y responder unconjunto de preguntas: ¿Quiénes son los actores legítimos y reconocidos en el espacio público? ¿Quién y cómo sedefinen sus roles y funciones? ¿Dónde, cómo y con quiénes se define la agenda pública y sus prioridades? ¿Cómo seorganiza la sociedad para llevar a cabo tareas de bien común? ¿Cómo se articulan las diferentes acciones y diversidadde actores? ¿Cuándo y cómo se analizan los resultados e impacto alcanzados?

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que como promoción de la autonomía de la sociedad civil, en cuanto creación de un espacio dedecisiones públicas distinto del Estado y del mercado.25

No obstante, las transformaciones económicas e institucionales - nacionales e internacionales-de los últimos años han redefinido crecientemente el papel de los Estados, en una medidaimportante por su debilitamiento. Es un hecho verificado que los gobiernos no logran atender ysolucionar la totalidad de las progresivas necesidades de los ciudadanos. En este contexto losgobiernos y los organismos internacionales recurren cada vez con mayor frecuencia a lasinstituciones y organizaciones de la sociedad civil quienes contribuyen con sus habilidades ymétodos a la solución de los problemas. A través de asociaciones con las organizaciones civiles,los gobiernos intentan ampliar sus capacidades para desarrollar las funciones públicas y cumplircon su rol social.

En este escenario resulta evidente que no es posible fortalecer la sociedad civil y suparticipación legítima y reconocida en asuntos públicos, sin cuestionar el rol del Estado y suespacio de acción, asumiendo que lo público y lo estatal no son sinónimos, sino más biencomplementarios. El fortalecimiento de la sociedad civil y la redefinición del rol del Estado estánintrínsecamente ligados. Como ha sido propuesto, reubicar el papel de la sociedad civil resitúael papel del Estado, 26 ante lo cual es preciso repensar el rol del Estado, su estructura yfuncionamiento, desarrollar nuevas estrategias de diseño y fiscalización de políticas públicas,acrecentando así el espacio público social. Como lo señaló el Consejo Ciudadano27 tras elretorno democrático se privilegió una alianza estratégica entre el Estado y el granempresariado – principalmente financiero y exportador- núcleo del crecimiento global delproducto, que estuvo en el centro del proyecto modernizador de la economía. La sociedad civily sus instituciones quedaron al margen de dicho proceso, desempeñando un rol netamentesecundario o ausente en la toma de decisiones. Ello se ha traducido en una modernizaciónincompleta y desequilibrada, con avances importantes en el área económica e institucional,pero que no ha contribuido a la consolidación de una democracia participativa ni alfortalecimiento de la ciudadanía.

Así como los años ochenta fueron considerados la década perdida para el desarrollo económicoen América Latina, la de los noventa puede ser identificada en nuestro país como la décadaperdida para la sociedad civil y la cooperación sociedad civil - Estado en las tareas deldesarrollo y la democracia. La reinstalación de la democracia constituyó una oportunidad únicapara involucrar a todos los sectores en el desarrollo del país, sin embargo, el gobierno abrióespacios para que los agentes privados económicos incidieran en los procesos de toma dedecisiones, no así las organizaciones de la sociedad civil. Cabe en este sentido indagar lasrazones que llevaron a las burocracias públicas y las elites políticas durante casi una décadaa desconsiderar algo que es tan obvio en un sistema democrático, que la participación y elrol activo de la sociedad civil es uno de los componentes que permiten el desarrollo del país,ahí está el valioso capital social, la asociatividad, el civismo y la confianza social que tantafalta hace en Chile.

25 Cabe destacar como una propuesta perfectible la ley medioambiental (N°19.300) que define espacios yprocedimientos formales de cooperación y participación, reforzados por un estilo de gestión pública que ha buscadocrear y ampliar espacios, como el Consejo de Desarrollo Sustentable, elegido democráticamente. Otros modelosinteresantes de incorporación ciudadana en las instancias directivas de organismos públicos han sido desvirtuados pormotivos políticos, como es el caso de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y el Directorio de Televisión Nacional.26 Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza - Fondo de las Américas, "Desarrollo con Ciudadanía yDemocracia Participativa: un nuevo trato entre el Estado y la sociedad civil", Santiago, abril 2000.27 Informe consejo ciudadano para el desarrollo de la sociedad civil. Informe final Santiago, diciembre de 2000.

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3. LA POLITICA DE NUEVO TRATO

Nuevo trato alude a una nueva relación, a una especie de avenimiento que se estableceluego de reconocer que ha existido un “viejo trato” reseñado en términos generales. En el“nuevo trato” diversos actores han jugado roles destacados, tanto desde el gobierno como dela sociedad civil, aun cuando en honor a la verdad histórica, es necesario señalar que estehecho se debe a la constante crítica de los actores sociales de las políticas públicas carentesde vitalidad ciudadana.

En la sociedad civil destacan los aportes realizados por las asociaciones gremiales deorganizaciones sociales, como la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales -ACCION A.G.; la Confederación de Uniones Comunales de Juntas Vecinales de Chile -CONFUCh, los Consejos Económicos y Sociales – CESCOS; las agrupaciones indígenas de losdiversos pueblos; las organizaciones de minorías sexuales, las redes de mujeres, lasagrupaciones ambientalistas, de discapacidad, etc. Todas han jugado roles de altasignificación en sus respectivos espacios de acción. Asimismo, cada una de estas institucioneshan desplegado sus propias plataformas programáticas a la hora de relacionarse con elgobierno, levantando propuestas específicas, acciones públicas, mediante congresos,consultivos, asambleas, etc. Sorprende que pese a la riqueza y diversidad presente en lasociedad chilena no se haya logrado articular un movimiento amplio y con propuestasincluyentes de la heterogeneidad social.

Por parte del gobierno, las reparticiones públicas responsables de la materia han sidovariadas lo que ha generado ciertas tensiones. En los primeros años la autoridad pública fuela División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, peroenfocada al trabajo con las organizaciones sociales funcionales y territoriales. Al mismotiempo en Mideplan se abordaba la relación con las ONGs, tarea que comenzó a serdesplegada en otras reparticiones dependientes como Fosis, Sernam y el INJ. Incluso la AGCIllegó a desempeñar un rol canalizador de la cooperación internacional, aunque sin muchoéxito dado que la Corporación de Cooperación Internacional – CCI – siguió operandoactivamente pese a que su finalidad fue cumplir un rol transitorio hasta la instalación deAGCI. Esta dinámica se mantuvo toda la década de los ochenta y sólo vino a cambiar con elgobierno del Presidente Lagos. Entonces, la División de Organizaciones Sociales comienza ajugar un papel más activo, al igual que el Proyecto de Reforma del Estado, responsable deestudiar la Ley de Participación Ciudadana y de implementar la modernización del Estadocon énfasis en la atención de los usuarios, a la vez que repensando el nuevo perfil de losciudadanos que ejercen crecientemente nuevos derechos.

La política de nuevo trato compromete principalmente el Estado, pero ciertamente sinciudadanos no es posible implementarla. Esta política se ha estado diseñando bajo dosgrandes ejes: participación ciudadana en políticas y programas públicos y fortalecimiento de lasociedad civil.

Para el gobierno, uno de los signos distintivos que ha querido dar a su gestión es dar “más ymejor participación ciudadana”. Para el gobierno “se requiere una relación fuerte y un diálogofranco entre el Estado y la sociedad civil. No se trata de una alianza estratégica sólo entre ungrupo de intereses y el gobierno. En una sociedad compleja y cambiante como la nuestra, lasociedad civil y sus organizaciones están llamadas a ser el estímulo y la base del poder social y,al mismo tiempo, promover y asegurar la riqueza que hay en la diversidad de los gruposhumanos”. El gobierno se ha comprometido con el fortalecimiento de la sociedad civil porqueno habrá democracia sólida sin una sociedad civil fuerte. Ella es garantía de una sintonía

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permanente entre las necesidades diversas y cambiantes de las múltiples realidades sociales yla misión del Estado de aportar al bien común. Una sociedad civil activa contribuirá a crear lascondiciones en las cuales la democracia y nuestro desarrollo son posibles.”28 Tal políticafacilitaría vínculos y confianzas sociales, creando disposiciones a la cooperación y alreconocimiento mutuo. La sociedad civil asegura además el equilibrio entre los deberes y losderechos ciudadanos, permitiendo así el sentido de reciprocidad que nos hace sentirnossolidarios de un todo común. La experiencia de otras naciones más desarrolladas – indica elgobierno – “nos ha enseñado que la sociedad civil también es una pieza clave en el desarrolloeconómico. A través del control ciudadano se perfeccionan y complementan las maneras conque el Estado regula las dinámicas del mercado en dirección a los intereses generales de lacomunidad”.

En esta línea el Consejo Ciudadano ha señalado que al iniciarse un nuevo siglo es necesarioestablecer una nueva relación -un “nuevo trato”- entre el Estado y la sociedad civil, que puedaampliarse hacia el Sector Privado empresarial, en los ámbitos que corresponda, que apunte a lacreación de un nuevo paradigma de la política y gestión públicas, mediante el rediseño de lainstitucionalidad estatal y social, junto a la práctica intensiva, sistemática y reflexiva del diálogopolítico-social y la cooperación público-privada en pos de un desarrollo sustentable y unademocracia participativa.

Se trata de construir nuevas ciudadanías arraigadas en el ámbito de lo público, entendiendoque éste no es patrimonio exclusivo del Estado ni se agota en la esfera gubernamental,debiendo ser entendido como aquello que es de todos, lo que nos pertenece como comunidadhumana y de lo cual todos somos responsables. Se trataría de “redefinir lo público como unámbito en el cual se procesan nuevos contratos para sustentar la acción del Estado y laciudadanía de manera legítima e innovadora, lo que implica ampliar y perfeccionar losmecanismos de participación ciudadana, establecer canales de expresión democrática directa yreconocer la facultad y los derechos que tienen las organizaciones ciudadanas para fiscalizar ypedir cuentas al gobierno en el cumplimiento de sus tareas, de sus compromisos y de susresultados.” No se puede entender la democracia sin ciudadanía; los ciudadanos constituyen elcentro de la función del Estado. Su fin último es el bienestar de los ciudadanos, a quienes sedebe y en quienes descansa su soberanía y legitimidad. Sólo así se entiende el mandatoconstitucional de estar al servicio de la persona humana y de promover el bien común, “para locual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de losintegrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible”. Laadministración del Estado no debe estar orientada hacia sí mismo y su reproducción. El Estadodebe asumir que su autoridad se origina en el mandato conferido por los miembros de lasociedad, según lo cual debe reconocer y garantizar su calidad de ciudadanos.

28 Plan para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, Ministerio Secretaria General de GobiernoDivisión de Organizaciones Sociales. Santiago, 2 de mayo del 2001

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3.1. Participación ciudadana en políticas y programas públicos. El año 2000 el gobiernotrabajo en el diseño de un Instructivo Presidencial que fija los compromisos mínimos de laadministración central en orden a incorporar el componente participativo en la labor de losservicios públicos el cual constituye un esfuerzo por acercar al Estado a las demandasciudadanas.

a) El Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana (7 de diciembre de 2000)Parael gobierno “la participación ciudadana es una dimensión fundamental de todo sistemademocrático, pues contribuye a que los derechos y deberes institucionalmente establecidossean efectivamente reconocidos y ejercidos. La participación requiere, por una parte, que elsector público tenga la apertura, genere la información y establezca espacios y mecanismosque acojan las preocupaciones, necesidades y propuestas provenientes de la ciudadanía. Porotra parte, la participación necesita de una ciudadanía que se involucre en las cuestionespúblicas, con organizaciones fuertes que representen toda su diversidad. Entendida así, laparticipación tiene la virtud de contribuir a generar una relación de colaboración y respetomutuo entre el Estado y la ciudadanía. Asimismo, favorece el fortalecimiento de la sociedadcivil y permite una mayor legitimidad de las políticas públicas”.

Sus principios orientadores son:

a) Buen trato, fundado en la dignidad de todas las personas y en el deber de servicio delsector público.

b) Transparencia en nuestra gestión, a través de la mayor información y apertura a laciudadanía.

c) Igualdad de oportunidades para la participación, generando condiciones de acceso para losmás vulnerables.

d) Respeto a la autonomía y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil, evitandotoda forma de discriminación e instrumentalización.

e) Orientación al ciudadano, priorizando la participación de los destinatarios finales de laspolíticas, programas y servicios, es decir, de los usuarios, consumidores, beneficiarios, etc.

Entre otras acciones, para el logro de este propósito los órganos del Estado deberán:

a) Otorgar la mayor información posible acerca de sus políticas y programas públicos, demanera integral y accesible a todos los ciudadanos.

b) Incorporar la participación ciudadana como variable de análisis en las evaluaciones de laspolíticas y programas públicos, en especial en la evaluación de los destinatarios de lasmismas.

c) Generar los mecanismos que garanticen la respuesta pertinente y oportuna a las peticiones,reclamos y recursos que presenten o interpongan las personas.

d) Desarrollar estrategias de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil de susector, concordadas con éstas.

e) Incorporar, en la Red de Capacitación del Sector Público, contenidos de formación enmateria de Participación Ciudadana en Políticas Públicas y de Relaciones Gubernamentalescon la Sociedad Civil.

f) Incorporar iniciativas de participación ciudadana en los compromisos que cada organismoasuma en virtud del Programa de Mejoramiento de la Gestión.

g) Establecer compromisos de participación ciudadana en sus políticas y programas públicos,como parte de la programación gubernamental que coordina el Ministerio SecretaríaGeneral de Gobierno.

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b) Componente Participación Ciudadana en Políticas y Programas Públicos. Através de un crédito suscrito entre el gobierno de Chile y el Banco Interamericano delDesarrollo - BID, denominado “Programa para fortalecer alianzas entre la sociedad civil y elEstado”, el Estado dispone de 14.5 millones de dólares para este fin. El componente“Participación Ciudadana en Políticas y Programas Públicos” del citado proyecto, es uno de loscentrales en el programa y tiene como objetivos principales fortalecer la capacidad del Estadopara incorporar la participación ciudadana en políticas y programas públicos e investir de mayorcapacidad a la ciudadanía respecto de las materias de interés público que la afecta.

Contempla entre otras acciones el diseño e implementación de un sistema de seguimiento yevaluación de la participación ciudadana en las políticas y programas públicos, diseño queconsidera entre otras las siguientes etapas: descripción y registro de instrumentos ymecanismos que se han utilizado con anterioridad a la puesta en marcha del sistema deseguimiento, construcción de una “línea de base” en materia de participación ciudadana paralas acciones o programas seleccionados en función de sus propósitos, grado de desarrollo yresultados, que permitirá, posteriormente, medir avances y logro; levantamiento de objetivosde participación con los que se ha operado con anterioridad al nuevo compromisogubernamental y previo a la puesta en marcha del sistema de seguimiento; descripción yregistro de instrumentos y mecanismos que se han utilizado con anterioridad a la puesta enmarcha del sistema de seguimiento, y levantamiento y sistematización de resultadosalcanzados en materia de participación ciudadana entre otras.

Una segunda iniciativa es la creación de un Observatorio Social, que consistirá en un sistemade seguimiento del proceso de participación por parte de los usuarios de programas y serviciospúblicos y su percepción respecto a la participación ciudadana en el diseño y ejecución de losmismos. Mediante el observatorio social se establecerán, en las comunas o localidadesparticipantes, mecanismos de auscultación para establecer cuál es la opinión, juicio yvaloración de los usuarios respecto de las formas y calidad de la participación ciudadana en laspolíticas, programas y acciones públicas y el tipo de vínculo ciudadano que éstas ofrecen.

Los avances

De acuerdo a informes de la División de Organizaciones Sociales, a enero del año 2002, seconsignan los siguientes reportes de avance:

1. El Ministerio del Interior ha implementado en 12 comunas piloto los denominados “Consejosde Seguridad Ciudadana”, como parte del Programa Comuna Segura. En ellos alcaldes, policíasy comunidad comparten un dialogo en función de una convivencia segura.

2. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia se encuentra diseñando una propuesta deley de Base de Participación Ciudadana para la discusión con representantes de la sociedadcivil.

3. El Ministerio de Educación conformó Consejos Regionales de Educación en todas las regionesdel país con el objetivo de detectar los principales problemas y coordinar esfuerzos en elmejoramiento de la educación. Dicho instancia la integran: el Intendente, SEREMI Educación,un Consejero Regional, Secretario Regional de Planificación y Cooperación, Director RegionalJUNJI, Director Regional JUNAEB, Presidente del capítulo Regional de la Asociación Chilena deMunicipios, representante de los sostenedores particulares, representantes de la AsociaciónGremial de docentes, representante de los centros de Padres, representante de las institucionesde educación superior autónomas, representante de sectores productivos y otros miembrosactivos según región.

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4. El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Para la instalación de 52proyectos – 4 por región del país – ha incorporado una metodología de participación. Junto conesto, esta constituyendo “mesas de trabajo”, por cada proyecto y/o región en el ámbitonacional para capacitar a sus equipos técnicos en gestión participativa. Asimilación progresivade una metodología de participación ciudadana en el ámbito nacional: Planes de participaciónpor proyecto del MOP.

5. El Servicio Nacional de la Mujer a Constituido 13 consejos consultivos regionales, convocadospor cada una de las direcciones regionales, como instancia permanente de asesoría y consultasobre los programas y políticas que SERNAM ejecuta. Además, esta realizando evaluacionesperiódicas de las usuarias/os del SERNAM acerca de la calidad de la oferta pública y grado desatisfacción del programa o servicio entregado. Las propuestas de mejoramiento serán dadas aconocer en la cuenta pública anual del Servicio en cada región. Representantes y/o líderes deopinión de organizaciones sociales, productivas, laborales, gremiales, sindicales, culturales,académicas, de organismos no gubernamentales, juveniles o étnicas, del nivel local o regional.

3. 2 Fortalecimiento de la sociedad civil

El segundo eje de la política de “nuevo trato”, se orienta a definir con claridad aquellosinstrumentos para el fortalecimiento de la sociedad civil. En esta materia, se consideróindispensable explicitar un gran acuerdo entre el gobierno y la sociedad civil a través de laformulación conjunta de una propuesta que permitiera remover los obstáculos históricos quehan impedido que el desarrollo de la sociedad civil acorde con los procesos de modernizaciónde otros sectores de la sociedad.

Para el gobierno, una vez definido los términos de trabajo y reconociendo y garantizando laciudadanía de todos, el juego político de la libertad deben jugarlo los ciudadanos y lasorganizaciones de la sociedad civil. El papel de la sociedad civil es promover y hacer posibles eldesarrollo y fortalecimiento de la ciudadanía activa y responsable de las decisiones que lesafecta. En ello se juega parte importante de la calidad de las organizaciones de la propiasociedad civil. Una sociedad civil protagónica normalmente habla desde la práctica social (ensus más variadas vertientes), lo que constituye uno de sus principales capitales. De este modose puede plantear ya no una competencia por fondos, sino un amplio campo de colaboración,donde las organizaciones de la sociedad civil pueden asumir la provisión de servicios sociales.Ampliar los espacios de participación de la sociedad civil organizada hace referencia no sólo a lagestión de las mismas, sino a buscar nuevas prácticas que garanticen la equidad e integraciónsocial.

El fortalecimiento de la sociedad civil se constituye en un tema central e inevitable para el Chileactual, ya que nuestra incompleta democracia puede “completarse” y “profundizarse” con elaccionar de la sociedad civil, la que en muchos ámbitos se encuentra todavía fragmentada ydebilitada. El fortalecimiento de la sociedad civil tiene que ver con la gobernabilidad de nuestroproceso de desarrollo, en un contexto de reducidos niveles de participación social y de evidentedesprestigio de la política. Asimismo, es la propia sociedad civil de donde surgen las energíasnecesarias para el respeto y valoración de los derechos ciudadanos, sin lo cual no es posiblepensar en la existencia de una democracia efectiva y participativa. La democracia requiere deuna ciudadanía activa, la existencia de personas capaces de ejercer derechos y deberes, laexistencia de gente capaz de preguntarse que tipo de gobierno quieren darse, que tipo derelaciones quieren establecer entre ellos, que tipo de sociedad y de cultura aspiran a construir.

El fortalecimiento de la sociedad civil se expresa a nivel de esta nueva política, mediante dosiniciativas complementarias:

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a) Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Sociedad Civil

Constituido el 5 de julio del año 2001, el Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la SociedadCivil estuvo integrado por 28 ciudadanos y ciudadanas, nombrados en atención a suconocimiento o trayectoria en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, los y lasSubsecretarios/as de los Ministerios Secretaría General de Gobierno, Secretaria General de laPresidencia, Ministerio de Hacienda, de Planificación y Cooperación Social y del Interior(Desarrollo Regional). El mandato de este Consejo fue presentar una propuesta específica enlas siguientes áreas: marco jurídico normativo de las organizaciones de la sociedad civil;instrumentos de financiamiento de estas organizaciones; fortalecimiento institucional; fomentoa la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el sector público, que hagantransparente su relación y mecanismos de evaluación de las acciones de gestión conjunta.Después de cinco meses de trabajo, dicho informe fue entregado el día catorce de Diciembredel año dos mil y el dos de Mayo del 2001 el Presidente de la República dio su respuesta.

En su Informe, el Consejo Ciudadano señaló que no se alcanzará una plena democracia y undesarrollo verdaderamente sustentable y ciudadano, sin participación de una sociedad civilactiva y responsable. Para ello es necesaria una sociedad civil poderosa y diversa, organizadaen diferentes modos y sectores, con capacidad de acuerdo, interlocución y resolución autónomade conflictos, que infunda profundidad y permanencia a la democracia.29 Las personas debenasumir su capacidad de ser libres y ejercer los derechos que les confiere su libertad.

b) Plan para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. En respuestaal Informe del Consejo Ciudadano, el gobierno señaló su compromiso de implementar accionespara el fortalecimiento de la Sociedad Civil, recogiendo y en algunos casos profundizandoproposiciones planteadas por el Consejo Ciudadano convocado para esta materia. El gobiernoseñaló entonces: “esta es una ocasión muy significativa para todos. Hoy damos otro pasoconcreto para materializar aquel acuerdo que se firmó en Agosto de 199930. Nos reconfortapoder cumplir lo acordado, pero más nos alegra saber que estamos afianzando una relaciónpermanente, cimentada en confianzas, objetivos compartidos y en una larga historia de luchacomún por la democracia y la participación de los ciudadanos. El Gobierno comparte que unaplena democracia y un desarrollo verdaderamente sostenible y ciudadano no se alcanzará sinparticipación de una sociedad civil activa y responsable. Sin duda que para ello es necesariauna sociedad civil poderosa y diversa, con capacidad de acuerdo, interlocución y resoluciónautónoma de conflictos que otorguen profundidad y permanencia a la democracia. Existe plenacoincidencia en que el fortalecimiento de la Sociedad Civil es un tema central e inevitable parael Chile actual, ya que nuestra democracia puede de modo importante “completarse yprofundizarse“ con el accionar de la Sociedad Civil, la que en muchos ámbitos se encuentratodavía fragmentada y debilitada. En efecto, la Sociedad Civil situada desde una culturasolidaria tiene una responsabilidad con los procesos de integración social que demanda lasociedad, y especialmente quienes viven la exclusión social y cultural”.31 A través de estarespuesta el Gobierno se comprometió sus esfuerzos para implementar acciones en ladirección de fortalecer la sociedad civil. Entre sus principales propuestas destacan:

29 Informe Consejo Ciudadano. págs. 20 – 2130 Respuesta del gobierno al Consejo Ciudadano, 2 de mayo del 2001.31 “Plan para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil ”Ministerio Secretaria General de GobiernoDivisión de Organizaciones Sociales. Santiago, 2 de mayo del 2001

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Medidas para el marco jurídico-normativoImplementar un marco jurídico que facilite el funcionamiento y desarrollo de las Organizacionesde la Sociedad Civil, garantizar el libre derecho de asociación en distintos niveles y aperfeccionar los procedimientos reglamentarios y administrativos para la constitución yfuncionamiento de dichas organizaciones, mejoramiento de los trámites de obtención depersonalidad jurídica y fortalecerá los mecanismos de fiscalización de las organizaciones sinfines de lucro; se considerará en las reformas legales instrumentos para fortalecer las redessociales de las OSCs de carácter territorial y funcional en el ámbito comunal, provincial,regional y nacional, revisión de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en orden ahacer más participativa la institucionalidad del Concejo Municipal y el Consejo Económico ySocial, como así mismo estudiar mecanismos que hagan más efectiva las Ordenanzas deParticipación Ciudadana, etc.

Medidas sobre FinanciamientoEl Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Hacienda tendrán laresponsabilidad de implementar un fondo especial de fortalecimiento a las organizaciones de lasociedad civil que tendrá las siguientes características: deberá estar constituido de maneramixta, considerando equilibradamente aporte público y aportes de privados. Consecuentementecon lo anterior, el Fondo señalado deberá tener una administración que garantice la mayorecuanimidad y transparencia en la asignación de recursos, para lo cual se ha propuesto que suadministración sea mixta, integrada por representantes del Gobierno, de los donantes y de laSociedad Civil. Además, el Fondo deberá contar con una secretaría técnica encargada deestablecer un sistema de concurso, evaluación y seguimiento de los recursos asignados.

El Gobierno se compromete a la revisión y perfeccionamiento del actual sistema de incentivos alas donaciones, e incentivos tributarios para el financiamiento privado de las OSCs. Con talobjeto, de manera paralela y complementaria al proceso de discusión de los ante proyectos quereúnen las iniciativas legales para fortalecer a las OSCs, se desarrollará otro similar y de lamisma envergadura, cuyo objetivo sea revisar y perfeccionar el actual sistema de incentivos alas donaciones, incluyendo la posibilidad de donaciones con fines sociales.

Propuestas para el Fortalecimiento Institucional de las Organizaciones de la SociedadCivilSe contempla la realización de un estudio nacional durante el presente año, sobre la demandaactual de capacitación y asistencia técnica de los distintos tipos de OSCs existentes hoy ennuestro país. En la realización de este Programa de Capacitación y Asistencia Técnica sebeneficiarán 5.000 organizaciones comunitarias y más de 400 organizaciones nogubernamentales, corporaciones y fundaciones que les permita adecuarse a las demandasactuales de gestión.

También se impulsará la creación de un portal ciudadano, administrado por la sociedad civil,que permita visibilizar y articular las diferentes y valiosas experiencias, generando más accesoa esta nueva tecnología.

Se incentivará y promoverá con la colaboración de diferentes instancias del Gobierno y laparticipación del sector privado y la sociedad civil, la creación de Infocentros Comunitarios queposibiliten el acceso de las personas de menores ingresos a las nuevas tecnologías deinformación y comunicación, disminuyendo así la brecha digital y entregando nuevas formasde comunicación de la ciudadanía en el ámbito local.

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A través del préstamo del BID, se financiaran consultorías para desarrollar las siguientesactividades: fortalecer acciones de promoción del trabajo voluntario y visibilizar lasexperiencias exitosas desarrolladas en el país; la creación de centros, cuya función principalsería intermediar la demanda y oferta de las personas e instituciones para desarrollar estaactividad; y entregar la capacitación necesaria a las instituciones que se benefician de serviciosde voluntariado y voluntarios.

Propuestas para la cooperación Estado - Sociedad CivilRespecto a la creación de espacios institucionalizados de diálogo y participación social en losprocesos de toma de decisiones del Estado, para formular, implementar y evaluar las políticasque afectan directamente a los ciudadanos, el gobierno ha manifestado su compromiso sobre eltema en los contenidos del Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana que ha hechollegar a Ministerios y servicios públicos. En este documento se instruye sobre la necesidad decrear instancias de participación en la difusión, diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación ycontrol de las políticas y programas públicos que se implementen. Para el logro de estosobjetivos es fundamental contar con la participación responsable de la sociedad civil comocontraparte en cada una de estas etapas. Establecer instancias internas de información ydiálogo respecto de las políticas y programas a su cargo, con el fin de generar compromisoinstitucional de sus funcionarios. Establecer mecanismos de participación formal de lostrabajadores des sector público en el proceso de reforma y modernización del Estado. Generarlos mecanismos para incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres ymujeres, a fin de garantizar la participación de las mujeres en las políticas y programaspúblicos.

Los avances

Durante el segundo semestre se creará un fondo orientado al fortalecimiento de la sociedadcivil. Dicho fondo deberá estar constituido de manera mixta, considerando equilibradamenteaporte público y aportes de privados. La composición del Fondo considerará dos programas: elprimero, de mayor magnitud, dirigido al fortalecimiento institucional de organizaciones de laSociedad Civil, mediante asignaciones plurianuales que den estabilidad a los beneficiarios ypermitan una evaluación más consistente de sus resultados; y el segundo, más pequeño,dirigido al fomento de la innovación, financiando iniciativas más específicas de menorduración. Otro compromiso asumido fue el de generar una política de promoción y fomento dela cultura solidaria en nuestro país, para esto se ha puesto en marcha la implementación de loscentros pilotos de voluntariado, en cuatro regiones de nuestro país, comprometiendo un aportede más de cinco millones de dólares.

Se han iniciado los estudios que permitirán implementar, el próximo año, un Programa deCapacitación y Asistencia Técnica destinado a 5.000 organizaciones comunitarias y más de 400organizaciones no gubernamentales, corporaciones y fundaciones que les permita adecuarse alas demandas actuales de gestión. Por otra parte, la Subsecretaría de Telecomunicaciones yaha puesto en marcha dos iniciativas: el Programa de Infocentros Comunitarios y el Fondo parael Desarrollo de las Telecomunicaciones. Estos buscan incentivar y promover, con lacolaboración de diferentes instancias del Gobierno y la participación del sector privado y lasociedad civil, la creación Infocentros Comunitarios que posibiliten el acceso de las personas demenores ingresos a las nuevas tecnologías de información y comunicación, disminuyendo así labrecha digital y entregando nuevas formas de comunicación de la ciudadanía en el ámbitolocal.

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4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 32

• “Síntesis y recomendaciones. Comité de iniciativa para una filantropía ambiental proactiva”FDLA – Fondo de Las AméricasNoviembre de 1999

• “Propuesta de “ACCIÓN” Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales -ACCIÓN,

Marzo del 2000

• “Preocupaciones inmediatas de los Organismos No Gubernamentales en su relación con elEstado”, Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales - ACCIÓN. Noviembre de1994

• “Tercer sector como parte integrante de la Sociedad Civil y régimen legal de las ONGD’s enChile”FORJA – Formación Jurídica para la Acción, 1999

• Proyecto de Ley sobre donaciones a entidades sin fines de lucro.Instituto Libertad y Desarrollo1999

• “El Asociacionismo en Chile. Diagnóstico. Proposiciones de políticas y formulación de unmarco normativo”, Ministerio Secretaría General de GobiernoDiciembre de 1998

• Plan de Acción para el fortalecimiento de la sociedad civil y de las organizaciones deprivadas sin fines de lucro y con fines públicos. Ministerio de Planificación NacionalDiciembre de 1998

• Bases de una política de Estado para el tercer sector y organizaciones privadas sin finesde lucro y con fines públicos.Ministerio de Planificación Nacional.Enero de 1998

• Seminario Taller Internacional: “Estado, sociedad civil y cooperación internacional”Agencia de Cooperación Internacional.Septiembre de 1998

• Informe del Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza. Agosto de 1996

• “Acuerdo por la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil”Suscrito entre representantes de organizaciones de la sociedad civil y el candidato a laPresidencia de la República, Ricardo Lagos (30/8/99)

• “Participación y Ciudadanía: Más poder para las personas. Propuesta de la ComisiónParticipación Ciudadana de la Macrocomisión Social. Area de Programa ComandoPresidencial de Ricardo Lagos (1999)

32 Esta lista de documentos no agota los textos existentes sobre la materia. Constituye, como lo señala el título, unareferencia.

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ANEXO

CONCLUSIONES CONGRESO DE ONGS NOVIEMBRE DE 2000

Con el Congreso se buscaba alcanzar dos objetivos centrales, el primero referido a lograrvisibilidad interna y externa de las ONGs: interna, entendida como espacio de encuentro yreconocimiento entre las organizaciones y externa, en el sentido de mostrar y relevar a lasONGs como un actor de la Sociedad Civil. Un segundo objetivo tendía a sentar las bases parauna acción colectiva de las ONGs a partir de objetivos globales y principios éticos comunes, enla perspectiva de proyectar una fuerza social con capacidad de aportar a la democratización ydesarrollo del país.

De acuerdo a los ejes temáticos estructurados inicialmente y al programa de trabajo realizado,es posible concluir de las discusiones y debates generados durante los tres días de Congreso, losiguiente:

Con relación a identidad, valores y principios de las ONGs de desarrollo:

• Promoción y defensa de los derechos humanos desde una perspectiva universal, esto esademás de los derechos jurídicos y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales.

• Promoción de una cultura de la paz, de la tolerancia y respetuosa de la diversidad.• Defensa, promoción y profundización de la democracia; esto implica fortalecimiento del

tejido social, de la ciudadanía activa con mayor capacidad de influencia, más fuerza yefectividad.

• Desarrollo con equidad social, igualdad de oportunidades y superación de las desigualdades,promoviendo un modelo de desarrollo sustentable.

• Fortalecimiento de las organizaciones –sean estas locales, regionales o nacionales-, paraque sean autónomas, creativas, solidarias, actoras de su propio desarrollo.

• Opción de trabajo que comprende que los cambios sociales implican procesos largos,sostenidos en el tiempo e integrales; y que privilegia la acción con los sectores popularesy/o discriminados.

• Acción encauzada a la promoción de la conciencia crítica de las personas.• Generación de espacios laborales de desarrollo profesional con compromiso social,

comprendiendo que el trabajo se ubica en el ámbito de lo público con autonomía.

Aportes para un Plan de Acción

Las propuestas para un Plan de Acción posterior al Congreso, se agrupan en tres lineamientos:

• Desafíos del conjunto de ONGs participantes en el Congreso:

- Fortalecer procesos articuladores de la acción de las ONGs, potenciar alianzas entre ellascomo forma de visibilizar sus aportes y legitimarse como actores sociales y políticos. Eneste sentido, el trabajo de las redes convocantes al Congreso, requiere ser fortalecido yenriquecido tanto en sus aspectos temáticos como regionales y locales.

- Profundizar la reflexión y el análisis crítico acerca de la acción de las ONGs.- Generar espacios de debate en torno a la necesidad de construir códigos de ética para

las ONGs.

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- Fortalecer una articulación efectiva con las diversas instancias del Estado, desarrollandocapacidades para el seguimiento de los compromisos adquiridos por éste.

- Fortalecer la articulación y promover la generación de alianzas con diversos sectores dela Sociedad Civil.

• Coordinación de acciones específicas:

- Dar seguimiento al documento del Consejo Ciudadano, monitorear su proyección, elcumplimiento de los compromisos asumidos por el Presidente de la República y fiscalizarla asignación de recursos.

- Generar debates e intervenciones públicas acerca del rol de las ONGs que permitanvisibilizar el trabajo que realizan y sus resultados.

- Crear un medio de comunicación accesible que difunda una imagen corporativa ágil. Eneste sentido se propone utilizar los portales ciudadanos para informar, articular víainternet y desarrollar seminarios virtuales.

- Crear comisiones temáticas para fortalecer capacidades de propuesta pública.

• El mandato para el Comité de Iniciativa Convocante:

- Se propone consolidar el Comité de Iniciativa y fortalecerlo para que, más allá de su rolcoordinador, tenga un rol de interlocutor con el Estado y otros actores de la SociedadCivil.

- Las ONGs participantes entregaron su confianza al Comité de Iniciativa y delegaron enesta coordinación la representación para liderar las acciones propuestas en el Congreso.

- Promover y fortalecer la coordinación con más asociaciones y más redes de ONGs, contareas específicas orientadas a lograr que las ONGs se consoliden como un actorprotagónico de la sociedad civil chilena.

- Se expresa la necesidad de organizarse regionalmente, solicitando al Comité deIniciativa que cumpla el rol de potenciador y facilitador de este proceso.

- Sistematizar y producir el documento final del Congreso.- A partir de la dinámica generada en estos tres días de intercambio, diálogo y análisis, el

Congreso se declara abierto y en un proceso de reflexión que permita dar continuidad aldebate iniciado.

El Comité de Iniciativa declaró su compromiso y voluntad de asumir el mandato y desafíossurgidos de este encuentro, expresando que para su éxito se requiere de la voluntad y eltrabajo de todas las organizaciones que conforman las redes convocantes al Congreso.