Sentencia Prf. Xiomara

Click here to load reader

  • date post

    22-Nov-2015
  • Category

    Documents

  • view

    28
  • download

    1

Embed Size (px)

Transcript of Sentencia Prf. Xiomara

SALA CONSTITUCIONALMagistrado-Ponente: Jess Eduardo Cabrera Romero.El 21 de agosto de 2001, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, admiti la demanda de derechos e intereses difusos o colectivos ejercida por el ciudadano Csar Antonio Balzarini Speranza, titular de la cdula de identidad N 3.858.009, en su carcter de Presidente de la Asociacin Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal (ASODEVIPRILARA), as como los ciudadanos Igor Garca y Juvenal Rodrguez Da Silva, titulares de las cdulas de identidad Ns. 7.347.579 y 3.317.522, respectivamente, actuando en sus propios nombres, asistidos por los abogados Gastn Miguel Saldivia Dger, Abraham Jos Saldivia Paredes y Jos Manuel Romano, inscritos en el Inpreabogado bajo los nmeros 2.153, 76.642 y 75.436, respectivamente, en contra de la Superintendencia de Bancos y Otros Instituciones Financieras, as como en contra del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educacin del Consumidor y el Usuario (INDECU), por la abstencin de los cumplimientos de sus actos y de los deberes que les imponen sus cargos, materializndose as la violacin de derechos y garantas constitucionales que ha posibilitado que numerossimos Bancos y Entidades de Ahorro y Prstamo C.A. el otorgamiento de crditos hipotecarios y comerciales, con reserva de dominio, o quirografarios, denominados: Crdito Mexicano Indexado al Salario.El 4 de octubre de 2001, tuvo lugar la audiencia preliminar a la cual comparecieron las partes en el presente proceso.El 11 de octubre de 2001, esta Sala dict auto mediante el cual se fijaron los hechos de la controversia, y comenz el lapso de promocin de pruebas.El 1 de noviembre de 2001, esta Sala dict auto mediante el cual se pronunci respecto a la admisibilidad de las pruebas promovidas tanto por las partes, como por los terceros coadyuvantes Ins Mercedes Silva de Legrburu y Jos A. Legrburu, y fij para la primera audiencia siguiente de la fecha en que finaliza el trmino para presentar la experticia a que se refera el Captulo VII de dicho auto, para que comience el debate oral. El 7 de noviembre de 2001, tuvo lugar el acto de juramentacin de los expertos promovidos por las partes, y del experto nombrado por esta Sala Constitucional, Economista Rafael Derett Garca. El 12 de diciembre de 2001, esta Sala acord diferir para el 15 de enero de 2002, el inicio del debate oral.El 15 de enero de 2002, tuvo lugar la audiencia pblica en la cual se juramentaron los ciudadanos Jos Alberto Ynes, Domingo Fontiveros, Carlos Fiorillo, Manuel Gutirrez, Carlos Jaramillo y Luis Lizardi, en su carcter de peritos testigos y, a su vez, los expertos nombrados por las partes y por la Sala, quienes son: Reinaldo Alfonso Silva Pacheco, Eduardo Jos Prez Filardo y Rafael Derett Garca, expusieron oralmente y consignaron el informe pericial con el resultado de la experticia contable financiera que les fuera asignada. De conformidad con el artculo 872 del Cdigo de Procedimiento Civil, las partes y esta Sala formularon interrogantes a los expertos, dejndose registro y grabacin de la audiencia por medio de equipos de reproduccin y grabacin. Respecto a los peritos testigos, la Sala acord la realizacin de nueva audiencia pblica para los das 17 y 22 de enero del ao en curso, en la cual, en la primera de ellas, se presentaran los peritos testigos nombrados por las partes, Jos Alberto Ynes, Domingo Fontiveros y Carlos Fiorillo, as como el nombrado por la Sala, Rafael Derett; y en la segunda, los peritos testigos Manuel Gutirrez, Carlos Jaramillo y Luis Lizardi.El 17 de enero de 2002, se llev a cabo la continuacin de la audiencia oral, de conformidad con el artculo 872 del Cdigo de Procedimiento Civil, respecto a los peritos testigos sealados en el acta del 15 de enero de 2002.El 22 de enero de 2002, tuvo lugar la deposicin de los peritos testigos designados para tal acto, concluyendo as el debate oral, por lo cual la Sala se retir a deliberar, y luego fue pronunciada oralmente la decisin por el Presidente, todo de conformidad con el artculo 876 del Cdigo de Procedimiento Civil.Efectuada la lectura individual del expediente, se pasa a dictar sentencia previas las siguientes consideraciones:IHechos y Fundamentos de la DemandaSealan los demandantes que el denominado Crdito Mejicano es aqul cuyas cuotas de pago mensual son indexadas al salario y se otorga por un valor que puede representar hasta el sesenta y cinco por ciento (65%) de la vivienda, ...o del aparato, o del vehculo que se pretende adquirir cuyo plazo mximo de pago es de VEINTE (20) aos. Este tipo de crdito, es tambin llamado segn sealan- Crditos Indexados o Crditos Flexibles, y se contienen en contratos de adhesin donde los Bancos y las Entidades de Ahorro y Prstamo C.A. estipulan unilateralmente sus condiciones y limitan al TREINTA POR CIENTO (30%) del Salario del Prestatario el monto destinado para el pago de las cuotas mensuales, y al no cubrirse el monto total de la cuota, el remanente es refinanciado automticamente y de inmediato pasa a engrosar el capital debido (ANATOCISMO), esto es: se capitalizan de inmediato los saldos de intereses no pagados en la cuota mensual respectiva.... Asimismo, alegan que:El remanente financiado pasa a constituir una cuenta o relacin paralela en ese mismo crdito, cuyos intereses son cancelados en primer orden y su capital es amortizado despus de satisfechos los intereses, que en razn de que la cuota de pago no excede al TREINTA POR CIENTO (30%) del ingreso del prestatario, o de su salario, se incorporan de inmediato y pasan a formar parte del prstamo capital siempre subyacente, lo cual constituye una situacin contraria a la prevista en las Garantas y Derechos Constitucionales anteriormente especificados y as el aumento del monto de crdito es en proporcin geomtrica es (sic) de tal magnitud que el prstamo inicial en vez de bajar a pesar de las amortizaciones extraordinarias efectuadas en el semestre previsto de cada ao para lo que denomina el prestamista cuota baln, sta aumenta sostenidamente, lo cual en definitiva hace impagable el capital cada da mayor de ese tipo de crdito (USURA). Indican los demandantes, que este tipo de mecanismo se estipula en las clusulas Tercera y Cuarta de los contratos de adhesin que celebra la entidad financiera Casa Propia Entidad de Ahorro y Prstamo C.A. con sus deudores. En el escrito contentivo de la demanda, realizan los demandantes una serie de ejemplos respecto al denominado Crdito Mejicano, en los cuales, entre otros, sealan -a manera de ilustracin- el caso de los esposos Csar Antonio Balsarini Speranza y Mara Luz Dora Aguilar de Balsarini, a quienes se les concedi el 14 de agosto de 1997, por parte de la entidad financiera antes sealada, un crdito para comprar un apartamento por catorce millones de bolvares (Bs. 14.000.000,00), de los cuales han pagado diecinueve millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y dos bolvares (Bs. 19.753.232,00) y todava, para la fecha de la demanda, adeudan la cantidad de veinte y dos millones cuatrocientos treinta mil bolvares (Bs. 22.430.000,00). La presente demanda la fundamentan los demandantes en los artculos 114, 115 y 117 de la Constitucin, en concordancia con el artculo 530 del Cdigo de Comercio, as como con el artculo 108 de la Ley de Proteccin al Consumidor y al Usuario, el artculo 1.350 del Cdigo Civil, artculos 161, numerales 3, 12, 14 y 15, y 141 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Asimismo, basados en el artculo 82 de la Constitucin, el cual consagra el derecho de tener una vivienda adecuada, el cual es una obligacin compartida entre los ciudadanos y el Estado, sealan que en Venezuela ...UN MILLN Y MEDIO (1.500.000) de familias, aproximadamente carecen de viviendas, y a todas luces es evidente que el ahorro nacional canalizado por medio de los Bancos y las Entidades de Ahorro y Prstamo C.A. hacia la construccin... omissis... para las familias venezolanas es una tarea que se inscribe en una necesidad nacional perentoria, y por ello debe existir una correspondencia entre lo que esos Bancos y Entidades de Ahorro y Prstamo C.A. pagan a sus depositantes por los depsitos que orientan hacia ese sector de la vivienda, y a su vez la rata de inters que cobran a quienes utilizan esos ahorros mediante los crditos que les conceden esos institutos de crdito.... As, consideran que jams ni nunca la forma de orientar esos crditos por el sistema denominado Crdito Mejicano permitir a la familia conservar sus viviendas, pues es evidente que no existe posibilidad real, verdadera, legtima y lcita de satisfacer el notoriamente desproporcionado beneficio que los Bancos y las Entidades de Ahorro y Prstamo C.A. perciben de sus prestatarios por viviendas. Igualmente, alegan que la presente demanda es un instrumento tutelar de los derechos fundamentales de la persona humana constitucionalmente consagrados al punto que permitido el control difuso de la constitucionalidad amparando tambin a los ciudadanos en situacin anloga a los agraviados, aunque no intervinientes en un proceso en particular, como en el presente caso, en el cual la abstencin en el cumplimiento de los actos que le imponen a esos Funcionarios Nacionales Agraviantes, como obligaciones sus leyes creativas de la Superintendencia de Bancos y Otros Institutos de Crdito, y la del Consejo Directivo del Instituto de Educacin y Defensa del Consumidor y del Usuario (INDECU) han permitido que los Bancos y Entidades de Ahorro y Prstamo C.A., hayan establecido el crdito mejicano indexado, violando las Garantas y Derechos Constitucionales antes sealados y especificados de los Prestatarios Usuarios atropellando esos Derechos y Garantas Constitucionales. Es con fundamento en lo anterior, que solicitan se obligue a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras el cumplimiento de los numerales 3, 12, 14 y 15 del artculo 161 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, los cuales sealan: Artculo