CVR

Defensores y DetractoresLa Comisión de la Verdad y Reconciliación: 5 años

después

Hablar de lo que nos pasó como nación entre 1980 y 2000 no ha sido tarea fácil, pero enfrentar este tema al inicio del proceso de retorno a la democracia, luego de muchos años de violencia y, posteriormente, autoritarismo, fue una tarea que el Estado se impuso a si mismo para comenzar a convivir de mejor manera entre los peruanos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue la institución que canalizó esta inquietud y, luego de dos años de trabajo entregó su informe final el 28 de agosto de 2003. Ni siquiera sus integrantes sabían las repercusiones que los nueve tomos y el debate sobre sus autores y algunas de sus ideas centrales tendrían en el Perú de hoy. Este es un intento de reconstruir esta historia de defensores y detractores puestos en torno a un documento polémico

pero clave para entender al Perú de antes y los problemas de hoy.

Por: José Alejandro Godoy Mejía

Jueves 28 de agosto de 2003. Pasado el mediodía y con la presencia de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presenta al Presidente de la República Alejandro Toledo y al país en general los frutos de más de dos años de trabajo por hallar una explicación a lo ocurrido en el país durante 1980 y 2000. En su discurso, Lerner expresa con extrema crudeza e interpelación ética al país la tragedia vivida durante 20 años, con un saldo de víctimas mortales mayor al que durante años se manejó y estableciendo responsabilidades severas hacia los actores armados, políticos y sociales del conflicto. Aunque se reconoce de modo explícito que el denominado Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso es el principal responsable de lo que la Comisión denominó como conflicto armado interno y que su proyecto político es incompatible con la vida democrática del país, no deja de señalarse el papel cumplido por los gobiernos de turno y las Fuerzas Armada en violaciones de los derechos humanos ocurridas durante las últimas dos décadas del siglo XX.

Culminado dicho discurso, las reacciones de diversos sectores no se hicieron esperar. Y durante los años que siguieron, voces a favor y en contra del Informe Final de la CVR aparecieron en el ambiente, a partir de determinadas coyunturas que fueron configurando una forma de debate acerca de los años de violencia en el Perú. En teoría, no se esperaba un debate tan fuerte, dado que, como incluso sus defensores han reconocido, la creación de la Comisión no fue producto de una demanda popular, sino el producto de dos gobiernos que entendieron como prioritario para el país el conocimiento de la verdad y la formulación de propuestas para la creación de un pacto social inclusivo y que tenga a la justicia en sentido amplio como base de lo ocurrido.

Es cierto que muchas de las críticas podían partir desde sentidos comunes o prejuicios establecidos por sectores reacios a aceptar el respeto de los derechos humanos como base esencial de la convivencia entre ciudadanos en el Perú, sea por real convicción o por evadir responsabilidades puntuales. Sin embargo, apuntan a aspectos del Informe Final o de la propia Comisión que abrieron flancos de discusión y de ataque frente a sus conclusiones. Más allá de los intentos de desprestigio, lo que en realidad se abre son “batallas por la memoria”, es decir, la lucha por ver cual de los

sentidos comunes en torno al conflicto más doloroso de nuestra historia republicana termina imponiéndose en la opinión pública. Y para ello, confrontamos a los críticos de la CVR con su ex presidente, el doctor Salomón Lerner Febres, quien nos concedió una entrevista para este reportaje, cuyas partes pertinentes son reproducidas a lo largo del mismo.

Esta es la historia de batallas por la memoria. De disputas por la verdad. Pero también es la muestra de un desencuentro permanente en torno a uno de los sucesos más importante de nuestra historia y que, hasta el día de hoy, no tiene cuando acabar.

¿UNA MIRADA DE ZURDOS?

LA REPUBLICA

ALFONSO BARRANTES: Líder de Izquierda Unida en los años ochenta. La CVR criticó a los partidos de izquierda por la carencia de deslinde con la lucha armada y sus vacilaciones frente al uso de la violencia. La división final de IU dejó

a amplios sectores sin representación, hasta el día de hoy.

Una de las primeras críticas que se hizo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación se encontró en su conformación. La presencia de personajes que pertenecieron en algún momento a partidos de izquierda hizo que, desde el inicio de su trabajo y, sobre todo, con posterioridad a la entrega del Informe Final, la CVR recibiera el mote de “zurda” o documento perteneciente a la llamada “izquierda caviar”, mote con el que se ha pretendido caricaturizar a quienes, provenientes de sectores sociales relativamente acomodados del país, han tenido entre sus preocupaciones los problemas sociales y la defensa de los derechos humanos.

Referencias ictiológicas al margen, lo cierto es que si había una presencia de personas vinculadas a la izquierda en años previos o durante el periodo de violencia analizado por la Comisión. Se encontraban presentes los ex senadores Enrique Bernales y Rolando Ames, el ex diputado Carlos Tapia García, el antropólogo Carlos Iván Degregori y el docente universitario Alberto Morote, quienes habían tenido una trayectoria destacada, pero su cercanía a una mirada zurda despertó las suspicacias de muchos, sobre todo, considerando que Sendero Luminoso y el MRTA eran grupos que partían del pensamiento marxista – leninista como parte de su ideología en base a la cual intentaban justificar sus acciones.

Así, no fueron pocos los que hicieron críticas en ese sentido a la CVR. Un breve ejemplo nos permitirá darnos cuenta que este elemento pesó de modo crucial en las críticas hechas al trabajo de la Comisión.

El silencio sobre la Revolución Peruana (1968-1980) se explica porque buena parte de los comisionados fueron funcionarios o simpatizantes de ese régimen. Algunos de ellos siguieron defendiéndolo inclusive luego de su desastroso final, aunque reciclándose imaginativamente como constitucionalistas o activistas de derechos humanos. En todo caso, resulta claro que nombrar a velasquistas para explicar el fenómeno terrorista equivalía a poner al gato de despensero.

Tan grave como la omisión del análisis de la Revolución Peruana es la mañosa imputación de responsabilidades ideológicas. Al achacarle responsabilidad al “marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo”, el Informe pretende sutilmente quitarle responsabilidad al marxismo a secas. Sin embargo, ocurre que el marxismo es la parte esencial de la ideología senderista, puesto que los otros componentes son sólo añadidos a la estrategia revolucionaria.(José Luis Sardón, “Perú y las medias verdades oficiales”, artículo para la agencia AIPE, 20 de septiembre de 2003)

El conocido abogado no fue el único en criticar esta conformación. En su editorial del 9 de septiembre de 2003, el diario Expreso indicó que Carlos Tapia, Carlos Iván Degregori y Alberto Morote “no debieron formar parte de la Comisión porque formaron parte del grupo de docentes que incubó la tesis de la lucha armada para acceder al poder” y los acusa de ser parte de un intento de la izquierda para, a partir de la Comisión de la Verdad, formar un partido político. Lo cierto es que los tres docentes enfrentaron a Abimael Guzmán en la propia Universidad San Cristóbal de Huamanga, donde comenzó a gestarse Sendero Luminoso y, con excepción de Carlos Tapia, ninguno de los comisionados ha retomado actividades políticas anteriores. El argumento dado por Expreso en el editorial antes reseñado se repetido a lo largo de los años por políticos, periodistas y hasta en los blogs.

El intento de ligazón entre Informe Final de la CVR y la supuesta mirada zurda de buena parte de sus comisionados llega a otro tipo de extremos. En ello, el diario La Razón, con cercanías claras al ex presidente Alberto Fujimori, se lleva las palmas. Basta para ello ver lo escrito en su editorial del 29 de agosto de 2007:

Nadie con dos dedos de frente –excepto, claro está aquellos que pertenecen a ese círculo "políticamente correcto" y a su cofradía mediática – podía tomar en serio un informe sesgado, preparado por personajes que ya tenían una opinión formada del tema desde antes de empezar su trabajo (labor de zapa, mejor dicho) y que puede resumirse en una simple frase: "militares malos, ‘guerrilleros’ buenos"

Esta postura va más allá de la emitida por Sardón, al tratar de vincular a la CVR con la izquierda, a ésta inmediatamente con la violencia y con un antimilitarismo bastante marcado, que supuestamente sesgó el informe. De hecho, en otro editorial de este mismo diario, correspondiente al 11 de octubre de 2005, se criticó la inclusión de los contenidos del Informe Final en estudios escolares, ya que “cientos de miles de niños y adolescentes serán adoctrinados con la Biblia del pensamiento 'caviar' según la cual hubo en el Perú

dos bandos en pugna: de un lado, los luchadores sociales del Partido Comunista del Perú-SL y el MRTA, nobles guerrilleros que en su afán de convertir al país en un paraíso cometieron algunos excesos; y del otro las malvadas fuerzas represivas sedientas de sangre, que se dedicaron sistemáticamente a asesinar, violar, desaparecer, quemar, torturar y todo lo malo que se les ocurra”.

Inquirido sobre este tema para este reportaje, el ex presidente de la Comisión, Salomón Lerner Febres nos recordó que la elección de los comisionados estuvo a cargo del propio Estado peruano, representado por sus gobiernos y que la misma se debió a la trayectoria profesional y ética de los nombrados, considerando su prestigio personal y no la representación de determinada tendencia.

Ampliando su respuesta, Lerner nos manifestó: “En lo que a mí corresponde, yo no he intervenido en ningún partido politico. No soy de izquierda ni de derecha. Está también el caso de Beatriz Alva Hart, que fue viceministra del gobierno de Fujimori y de quien se podría decir que tenía una postura de derecha. El general Arias Graziani estuvo allí por él y no por ser un miembro de las Fuerzas Armadas y lo mismo ocurría con los sacerdotes presentes, reconocidos por su labor pastoral y su mediación en conflictos sociales”.

Finalmente, el ex presidente de la CVR nos indicó que el Informe Final no dudó en condenar a dos organizaciones de izquierda radical como lo fueron Sendero Luminoso y el MRTA y que se criticó duramente a la izquierda por no deslindar a tiempo con la subversión.

Algunas conclusiones de la CVR sobre la izquierda durante el conflicto

108. La CVR hace notar, sin embargo, que un deslinde ideológico insuficiente y en muchos casos

tardío colocó a la mayoría de los partidos miembros de IU en una situación ambigua frente a las

acciones del PCP-SL y más aún del MRTA. Esta ambigüedad hizo difícil para sus líderes, y también

para las dirigencias sociales sobre las cuales IU tenía in-fluencia, dar la lucha ideológica contra las

concepciones violentistas del PCP-SL o del MRTA.

109. La CVR constata que la izquierda formuló denuncias de las violaciones de los derechos

humanos cometidos por el Estado. Sin embargo, no dio el mismo tratamiento a aquéllas cometidas

por los grupos subversivos, especialmente por el MRTA. Hubo dos agrupaciones que mantuvieron

hasta el final la posibilidad del recurso a la violencia para tomar el poder. Esto fue, en última

instancia, lo que produjo la división de la izquierda entre supuestos reformistas y revolucionarios.

113. La CVR deja constancia, además, de que numerosos miembros de IU, especialmente

militantes de base de provincias en períodos electorales, cayeron víctimas de las fuerzas del orden

que no distinguieron entre izquierdaunidistas y subversivos. Asimismo, queda claro para la CVR

que IU no fue nunca fachada legal del PCP-SL, ni de manera orgánica ni oficiosa. Conforme

avanzaba la década, IU denunció crecientemente la ideología y los métodos del PCP-SL, quien

asesinó un número significativo de dirigentes sociales de las filas de IU, algunos de ellos líderes de

importantes gremios nacionales.

¿ANTI MILITARES?

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

GENERAL EDWIN DONAYRE. En el año 2007 encargó a la Universidad Alas Peruanas, vinculada con las Fuerzas Armadas, la producción de una película sobre el conflicto armado interno. Actual

Comandante General del Ejército no colabora mucho con investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.

El tema del Informe Final de la CVR que mayor atención ha tenido en el debate público es la responsabilidad penal de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, sobre todo, en el caso de miembros del Ejército y de la Marina de Guerra.

Buena parte de los militares en retiro comprendidos en investigaciones por violaciones de derechos humanos han conformado la llamada Asociación Defensores de la Democracia Contra el Terrorismo (ADDCOT), cuyo objetivo central es la promoción del reconocimiento de la sociedad hacia las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa en la lucha contra el terrorismo en cumplimiento de su misión. Esta promoción, de lo que se puede ver en su página web (http://www.defensoresdelademocracia.org/), implica la publicación de una serie de artículos y libros en torno a la CVR y a su supuesto sesgo antimilitar.

Para muestra, un botón. En el documento denominado “La Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas”, escrito por el general EP Teodoro Hidalgo Morey en 2004, se indican supuestos rasgos del Informe Final que serían “antimilitaristas”:

El antimilitarismo de la CVR se expresa, principalmente, con un inocultable desprecio por la institución militar, como si quisiera separar claramente a los uniformados de los civiles. No hay otra forma de interpretar este párrafo del prefacio del indicado libro (p. 10): “De cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua (…) La CVR

no ha encontrado bases para afirmar, como alguna vez se ha hecho, que éste fue un conflicto étnico. Pero sí tiene fundamento para aseverar que estas dos décadas de destrucción y muerte no habrían sido posibles sin el profundo desprecio a la población más desposeída del país, evidenciado por miembros del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) y agentes del Estado por igual, ese desprecio que se encuentra entretejido en cada momento de la vida cotidiana de los peruanos”. Aquí también se pone en el mismo nivel moral a las FFOO y SL. Afirmar, además, que las FFOO sienten desprecio por los peruanos más desposeídos es desconocer que las FFAA están integradas en su inmensa mayoría (su tropa) por peruanos de ese nivel. Sepan los comisionados que firmaron el documento que analizamos, que en el Ejército una de las principales responsabilidades de los oficiales es velar por el bienestar de la tropa, porque los soldados sientan que el servicio militar es una agradable experiencia que enriquece su vida. Y sepan, también, que una vez licenciados los clases y soldados, la inmensa mayoría de ellos recuerda con cariño su vida en el cuartel y a sus oficiales, y que concurren masivamente a las invitaciones que les hace el Ejército en determinadas ocasiones.

No solo los militares comprendidos en estos crímenes piensan de esta manera. En ello han tenido como aliados a varios políticos, pero, por sobre todo, a los empresarios. En el comunicado institucional de la CONFIEP, el gremio de gremios de la empresa privada, en relación con el Informe Final, se indica que “No estamos de acuerdo en calificar el accionar de las Fuerzas Armadas y Policiales, como una sistemática y generalizada política de atentados contra los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Debe quedar claramente establecido que el papel de las Fuerzas Armadas y Policiales, es el de la defensa del Estado en cumplimiento de las disposiciones de los Gobiernos que, en cada período gubernativo, tienen a su cargo la responsabilidad de preservar la integridad de la Nación. En este empeño, miles de militares y policías, dejaron la vida o quedaron discapacitados por proteger al Estado y sus ciudadanos. La actuación individual de algún miembro de dichas fuerzas, violando las normas legales institucionales y penales, es responsabilidad de sus autores y debe ser sancionada de acuerdo a ley”.

Para otros críticos del Informe Final, la CVR también tuvo un sesgo a no utilizar los términos “terrorista” o al denominar al periodo como un “conflicto armado interno”. Raúl Gonzales, presentado como experto en temas de terrorismo, en una entrevista dada al diario Expreso en 2005 puso de manifiesto que la calificación de conflicto armado interno y el entendimiento de la violencia como de origen político llevaba a que se pudiera considerar a Sendero Luminoso como “actor armado legítimo”, al que pocas veces se califica de terrorista.

Frente a estas críticas, Salomón Lerner refirió que, “a estas alturas, con los descubrimientos hechos luego del Informe Final de la CVR, es difícil negar la existencia de violaciones de los derechos humanos” y que en el trabajo elaborado por el grupo de trabajo que encabezó se reconocieron actos de heroísmo y se elogió a las Fuerzas Armadas

cuando éstas cumplieron con el deber impuesto por la Constitución y dentro del marco legal vigente.

Lerner sostiene que la controversia real en torno a las Fuerzas Armadas está en la conclusión 54 del Informe Final, en la que se sostiene que, en algunos lugares y determinados momentos, miembros de los institutos armados cometieron violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos. De acuerdo con las investigaciones de la CVR, se llegó a dicha conclusión dado que muchos casos configuraban un patrón común.

En cuanto el uso o no de los términos “terrorismo” y “conflicto armado interno”, el ex presidente de la CVR nos indicó que se dio un amplio debate de la utilización de los términos a emplear en el Informe Final, dado que se buscaba describir en forma realmente fiel los hechos descritos. En torno al uso del término “terroristas”, se descartó su uso dado que la denominación era problemática y, en realidad, aludía a un método o una manera de combate destinada a causar terror en la población.

En cuanto a la caracterización del periodo como un conflicto armado interno, el ex comisionado puntualizó que el término guerra civil era bastante inexacto para describir la realidad que se vivió en el país entre 1980 y 2000, dado que hacía alusión a un país dividido en dos, en el que desarrollaba una lucha generalizada entre unos contra otros y en el que había una suerte de equivalencia de valores. Por el contrario, “en el Perú fue un puñado de gente persiguiendo una quimera la que se enfrentó al Estado para implantar un gobierno mundial de pesadilla. No todas las personas estuvieron involucradas en el conflicto de la misma manera, pasó desapercibido para las personas más cultas, a pesar que hubo crímenes premeditados, cometidos con nocturnidad y alevosía”.

Salomón Lerner culminó las conversaciones con nosotros en torno a este tópico indicándonos que un hecho que marca el carácter no sesgado de las investigaciones de la Comisión está vinculado con la responsabilidad que se encontró en las organizaciones subversivas. Entre las decisiones de la CVR más importantes está la de adoptar un concepto de derechos humanos que vaya más allá de lo estrictamente jurídico, de modo tal que no solo los agentes del Estado vulneran derechos humanos, sino que también lo hacen miembros de organizaciones no estatales, lo que es una tendencia que viene siendo adoptada a nivel internacional.

¿RESPONSABLES POLITICOS O PENALES? PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ALAN GARCIA. El actual Presidente de la República no fue encontrado responsable penal por la CVR, aunque varios grupos de derechos humanos aun reclaman su inclusión en procesos por matanzas

ocurridas en su gobierno.

El otro gran tema controvertido del Informe Final de la CVR y sobre el que recayeron otra buena parte de las críticas es el de la responsabilidad de la clase política durante el conflicto, en particular, en torno a los tres gobiernos que dirigieron el país en una situación bastante compleja para la democracia, sea por la acción de los grupos subversivos y la crisis económica, sea por las violaciones de los derechos humanos y, a partir de 1992, con la ruptura del orden constitucional.

En el caso de Fernando Belaúnde, quien falleció un año antes de la entrega del Informe Final – y conversó con los comisionados sobre lo que fue su gobierno – su labor de defensa estuvo a cargo de los dirigentes principales de Acción Popular. Resultó paradójico que el ex presidente Valentín Paniagua, bajo cuyo gobierno se constituyó la Comisión, fue especialmente crítico con el Informe Final, sobre todo, en lo que compete a las responsabilidades políticas del gobierno de AP, así como la calificación de partido político de Sendero Luminoso. Lo mismo señalaron otros miembros de su partido como el actual congresista Víctor Andrés García Belaúnde.

El caso del APRA resulta más paradójico aún, pues fue el único partido político que tuvo una posición clara frente al Informe Final. En lo que se refiere al tema de responsabilidades, el documento “El APRA y la Comisión de la Verdad” resalta los aspectos positivos que la CVR reconoció al primer gobierno de Alan García, así como el homenaje a las víctimas de este partido. Pero, por sobre todo, el actual partido de gobierno, resaltó que no se encontró

responsabilidad penal a García en los sucesos de los penales, enfatizando que la Comisión no se vio rebasada por quienes querían utilizar este tema con fines electorales. En cuanto a la responsabilidad política, ésta habría sido revertida por la alta votación que obtuvo García en las elecciones de 2001. Sin embargo, líderes del APRA como Mauricio Mulder discreparon abiertamente con la propia creación de la CVR.

El caso del fujimorismo es aún más nítido, dado que su líder es una de las personas que sale peor parada en el balance hecho por la Comisión, dado que es el único de los gobernantes a los que se encontró responsabilidad penal. Fujimori, desde su exilio voluntario en Japón, fustigó varias veces a la Comisión, lo mismo que sus voceros y parlamentarios en Lima. Para ellos, la CVR fue una institución que era parte del mecanismo de “venganza política” en contra de Fujimori y, además, intentaron enfatizar en una supuesta “persecución” a las Fuerzas Armadas a raíz de las investigaciones producidas a partir de las investigaciones de la Comisión. Con ello se insistía en la versión oficial producida por este grupo político en los noventa: si no fuera por Fujimori y las Fuerzas Armadas no se habría podido derrotar a Sendero Luminoso.

A la luz de los hechos, parece ser imposible que las personas que gobernaron en el país durante los años del conflicto dejen de tener algún tipo de responsabilidad sobre lo ocurrido. ¿Qué diferencia, entonces, a un gobierno de otro en cuanto a la asunción de culpas? Se lo preguntamos al ex presidente de la CVR, quien nos manifestó lo siguiente:

“La CVR presentó tres tipos de responsabilidades: éticas, políticas y penales. Las dos primeras recaen en los tres gobiernos analizados por la Comisión. En cuanto a la tercera, encontramos que solo corresponde a Fujimori, en los límites de lo que se pudo investigar. Ello no significa la exclusión total de la responsabilidad penal para los otros gobernantes, dado que se dejan indicios suficientes para que en una investigación judicial puedan aclararse las mismas”.

Pero además de los propios límites investigativos de la Comisión, Lerner nos remitió a otro tipo de criterios que permite delimitar responsabilidades: “Nosotros solo encontramos responsabilidad penal en aquellos casos donde el delito era cometido mediante una acción directa del Jefe de Estado, siendo el caso del grupo Colina el que comprende a Fujimori, quien junto al SIN y los militares establece este destacamento. En los otros dos casos, no se llega a concluir que hubo participación directa, pero, por omisión, son responsables políticos por abdicar en el control de las Fuerzas Armadas”.

Esta explicación implica, por tanto, que aún hay preguntas que quedan abiertas.

AL CALOR DE LAS CIFRAS RO

BERTO BUSTAMANTE

NUESTROS MUERTOS. Cifra de víctimas presentada por la Comisión de la Verdad y

Reconciliación como la más probable de muertos y desaparecidos. Dato que sigue alimentando la polémica.

En el discurso de presentación del Informe Final, Salomón Lerner Febres presentó una verdadera revelación: el número estimado de víctimas mortales del periodo de violencia era más del doble de la cifra que los medios de comunicación manejaron. De acuerdo a sus estimaciones, serían 69,280 personas las que murieron o desaparecieron durante el conflicto armado interno. Inmediatamente saltaron las preguntas: ¿de dónde salió esta cifra?

Las críticas en este campo estuvieron concentradas en dos flancos. De un lado, los mismos sectores que enfatizaron en los cuestionamientos anteriormente descritos esgrimieron la cifra como un error más de la CVR. Pero también hubo quienes desde el plano estadístico cuestionaron dichas cifras.

Los dos críticos principales de las cifras fueron el matemático Hugo Ñopo y el doctor Luis Bromley, este último, director del Instituto de Medicina Legal. Ambos señalaron que la metodología empleada – denominada “Estimación de Múltiples Sistemas” – no era la más adecuada, dado que era empleada para fines ecológicos y no para el establecimiento de víctimas de un conflicto, por lo que, en realidad, lo que se habría hecho es inflar la cifra de fallecidos. El periodista Raúl Wiener también lanzó sus críticas, pero a partir de una teoría

de la conspiración: en realidad, la cifra de víctimas presentadas sería menor a la real, pero los expertos traídos para convalidar los datos estadísticos habrían respondido a intereses norteamericanos.

En torno a estos cuestionamientos, Salomón Lerner respondió que, en el actual estado de cosas, con los estudios científicos realizados y los recientes hallazgos de restos humanos – como en el caso de Putis – la tesis de la CVR ha sido comprobada e, incluso, la cifra estimada podría ser rebalsada. La decisión de presentar una proyección se debió a que no se cubrieron todos los lugares en los que el conflicto tuvo repercusión o muchas personas callaron. Y, en torno a los estudios realizados, estos han sido validados por expertos que trabajaron en la CVR de Guatemala, por el entonces jefe del INEI – Farid Matuk – y por la Asociación de Estadística de Estados Unidos.

Algunas respuestas a los cuestionamientos de las cifras de la CVR:

“Cuando en el contexto del trabajo de la CVR se hace mención a la cifra 24,692, se entiende que son los registros de personas muertas o desaparecidas, con nombres y apellidos completos obtenidas del cruce de las bases de datos existentes. Lamentablemente (y creemos que esto es algo que nadie discute) ningún proyecto de de este tipo ha compilado una lista completa. Esto se hace evidente si notamos que todas estas listas incluyen individuos que las otras no ¿acaso hay alguna razón para creer que un proyecto adicional no adolecería del mismo problema?

La pregunta que se desprende inmediatamente es: ¿cuántos peruanos murieron en el conflicto armado interno y no fueron registrados? Para responderla la CVR aplicó un conjunto de técnicas estadísticas llamadas "Estimación de Múltiples Sistemas" (EMS) usando los datos de los que disponía y llegó a la conclusión de que la cifra total de peruanos muertos y desaparecidos se ubica alrededor de los 70000. El detalle técnico de esta proyección se encuentra en el anexo 3 del Informe Final.”

“(…)Para algunos las cifras de la CVR se han "inflado" para evitar decir que el Estado fue el principal responsable de las víctimas fatales ocurridas durante el conflicto. Para otros se "inflan" para que el Estado aparezca teniendo mayor responsabilidad de la que en realidad tuvo. Es cierto que el conflicto armado interno peruano es singular en relación a otros conflictos en la región (Guatemala, Chile, Argentina), en los que el Estado aparece claramente como el responsable de más del 90% de las víctimas fatales. La peculiaridad del caso peruano y de la letalidad de la acción de Sendero Luminoso está asociada a la política y estrategia de "guerra popular prolongada" que esta organización subversiva intentó poner en práctica en nuestro país y que se reconstruye con detalle en el Informe Final de la CVR”.

CINCO AÑOS DESPUES, ¿QUE QUEDA MAS ALLA DE LAS CRITICAS?

CVR

AUDIENCIAS PUBLICAS: La CVR fue la primera institución en su género que realizó audiencias públicas en América Latina, a fin de dar a conocer a la ciudadanía en general la magnitud del conflicto.

Estas convocatorias se realizaron alrededor de casos, temas y balance y perspectivas de los partidos políticos.

A pesar que sus conclusiones y recomendaciones no hayan sido suficientemente atendidas por los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha permanecido en el debate público durante cinco años, sea a través de diversas coyunturas en los que los temas de fondo tocados por este documento se han presentado, o debido al debate generado por las críticas que hemos presentado durante este reportaje.

Aunque, de modo particular, no negamos la importancia del Informe Final, sin duda, como toda obra humana tiene imperfecciones, así que no dejamos de preguntar al doctor Lerner sobre alguna posible falla o autocrítica a la labor realizada como miembro de la CVR. Estas fueron sus impresiones:

“Faltó una mayor difusión del Informe, para que no quede refundido en una biblioteca. Debió también sensibilizarse más a la población, pero también cabe recordar que nuestro mandato tenía un límite temporal.

En lo esencial de lo señalado por el Informe, creo que no nos equivocamos. Quizás si pudo haber errores menores de tipeo de nombres de algunas personas o de lugares. Las limitaciones de presupuesto y de personal hicieron que no se pudieran recoger todos los testimonios que hubiésemos querido ni llegar a varios lugares a los que hubiera sido necesario llegar.

También faltó sensibilizar más a la población. Sin duda, las audiencias públicas nos ayudaron mucho, pero se requería de una mayor comprensión y difusión por parte de los medios de comunicación sobre nuestra tarea, lo que se dio de modo parcial.

Finalmente, creo que nuestro trabajo fue realizado con honestidad y con el convencimiento de haber hecho lo correcto. No solo contamos la historia de 20 años de conflicto armado, sino que apuntamos a la historia del país y nuestros problemas estructurales”.

Más allá de las críticas y cuestionamientos – malintencionados o no -, lo cierto es que el valor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se encuentra en la presentación de una historia alternativa de la violencia, que discute sentidos comunes sobre la necesidad de una “mano dura” o de la interrupción democrática como camino para derrotar a la subversión, así como el diagnóstico que da sobre los problemas estructurales de un país que, a pesar del crecimiento económico aun tiene muchas tareas pendientes para consolidarse como un país de ciudadanos y no simplemente de habitantes.

Cinco años después, esta sigue siendo una historia que comienza hoy.