Testimonio en la CVR de Guatemal y Perú

Revista Crtica de Cincias Sociais, 88, Maro 2010: 23-55

SiLViARODRGuEzMAESO

Polticadeltestimonioyreconocimientoenlascomisionesdelaverdadguatemaltecayperuana:Entornoalafiguradelindiosubversivo

este texto analiza la poltica del testimonio en las comisiones de la verdad guatemalteca (Comisin para el esclarecimiento Histrico CeH) y peruana (Comisin de la verdad y Reconciliacin CvR), y su reflejo en las narrativas de los respectivos informes finales. el reconocimiento a las vctimas se establece tomando en cuenta las narrativas instauradas para interpretar el proceso de violencia condicionando, de forma decisiva, la produccin de ideas y prcticas de ciudadana centrales en los discursos de ambas comisiones. en estas narrativas las representaciones ideolgicas del indio subversivo afectan directamente al estatus, como tales, de las principales vctimas/afectados por el conflicto (las poblaciones campesinoindgenas) y al lugar que la desigualdad tnicoracial y en particular el racismo, adquieren en la interpretacin que las comisiones ofrecen de los conflictos armados. As, el trabajo de ambas comisiones y las discusiones acadmicas que lo antecedieron revelan la compleja relacin con profundas races histricas entre indianidad y poltica.

Palabrasclave:comisiones de la verdad; guatemala; indio subversivo; Per; poblacin indgena; racismo; reconocimiento; testimonio; vctimas.

Palavras-chave: comisses de verdade e reconciliao; guatemala; ndios; Peru; populao indgena; racismo; reconhecimento; testemunho; vtimas.

En este texto presento un anlisis sobre cmo las Comisiones de la Verdad1 (CV) teniendo en cuenta los contextos polticos en los cuales surgen producen, desde la doctrina de los Derechos Humanos, un discurso y una prctica de reconocimiento hacia las vctimas de los procesos de violencia. De modo general, las CV que han tenido lugar en Amrica Latina han intentado dar cuenta, desde el Estado, de la violacin sistemtica de derechos

1 Sobre el trabajo y repercusin de las comisiones de la verdad en diferentes contextos vase, entre otros: Hayner (001); Minow (1998); Popkin y RohtArriaza (1995); Rotberg y Thompson (000); Steiner (1997).

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humanos perpetrada por el propio Estado mediante la investigacin de los hechos y las responsabilidades correspondientes. Las CV son procesos complejos donde un gran nmero de profesionales de diferentes campos y con diferentes perspectivas estn involucrados, y por lo tanto no deben ser consideradas como totalidades monolticas. Mi anlisis no pretende ofrecer una evaluacin del trabajo de las CV sino que tiene un carcter exploratorio encaminado a comprender determinados aspectos que han configurado la poltica del testimonio en cada contexto. En este sentido, este artculo aspira a abrir la discusin, a partir de los casos guatemalteco (Comisin para el Esclarecimiento Histrico CEH) y peruano (Comisin de la Verdad y Reconciliacin CVR), sobre la relacin entre agencia poltica y el reconocimiento a las vctimas de violaciones de derechos humanos; y ms concretamente, sobre el estatus de la discriminacin tnicoracial y del racismo dentro del marco de este tipo de procesos, considerando que en ambos casos, se ofrecieron interpretaciones sobre prcticas histricas de injusticia y discriminacin. As, es importante subrayar que en estos procesos el reconocimiento pblico hacia quienes fueron las principales vctimas y afectados de los conflictos armados las comunidades campesinoindgenas propone no tanto la restitucin como la produccin de ciudadana, enfatizando as la necesidad de refundar los principios y prcticas democrticas en cada comunidad poltica nacional.

En este contexto, los testimonios recogidos por las CV adems de proporcionar conocimiento sobre los hechos de violacin de derechos humanos, fueron considerados como un vehculo principal para el reconocimiento del derecho de las vctimas a contar su propia verdad y por tanto para restaurar su dignidad. Las CV se constituyen como un marco institucional, sancionado por el Estado, para que las vctimas cuenten su historia con sus propias palabras; un marco que adquiere as el estatus de espacio productorlegitimador de agencia poltica y ciudadana. El discurso ofrecido en Andahuaylas (departamento de Apurmac, Per), por el responsable de la oficina regional de la CVR en Ayacucho es paradigmtico en ese sentido:

Cada vez que recogemos los testimonios [] encontramos cosas horrorosas. Un nmero inmenso de fosas comunes que tienen denuncias mltiples que nunca fueron escuchadas a nivel de Estado, pero s desde las ONG defensoras de derechos humanos [] y algunas organizaciones de base. Entonces, la CVR no surge exclusivamente por un mandato legal que le da nacimiento, sino por una necesidad histrica de explicarnos por qu llegamos a ese nivel de barbarie, de violaciones de derechos entre peruanos, de negacin de ciudadana []. No tanto para explicar la verdad

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jurdica sino una verdad histrica, por eso la CVR tiene una de sus reas temticas: explicar las causas y procesos polticos para delimitar nuestras responsabilidades como partidos polticos, como organizaciones, como instituciones y como poblacin civil en general, y como fuerzas armadas y como polica nacional. (Centro de informacin para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, 00, Audio REG N 0100400100001)

Los testimonios se asumen como ese momento esencial que encapsula la verdad histrica contada desde la perspectiva de quienes sufrieron el horror, la barbarie, la negacin de ciudadana. Es desde esta perspectiva que las CV aqu analizadas, si bien se constituyeron como instituciones que ofreca a todos los actores involucrados la oportunidad de contar su experiencia en el conflicto armado, dieron un lugar central al relato de las vctimas:

Para el establecimiento de una verdad prctica, tal como se entiende en este Informe, era preciso, evidentemente, escuchar y procesar las voces de todos los participantes. La CVR ha puesto especial nfasis en esta dimensin de la verdad, y ha centrado por eso su trabajo en la organizacin de audiencias pblicas en todo el pas. Por razones estrictamente ticas, se ha privilegiado la escucha de las vctimas de la violencia, frente a las cuales el pas entero tiene una deuda de justicia y de solidaridad. (CVR, 003, tomo I, Introduccin: 33)

Los testimonios de las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos o hechos de violencia constituyeron la fuente primaria y ms relevante del trabajo de la Comisin. La propia CEH, por diversos medios de comunicacin, convoc a todas las vctimas y a sus familiares, sin distincin, para que concurrieran a contar lo sucedido. Sus testimonios, prestados bajo las normas establecidas por la CEH, han constituido una informacin indispensable para la investigacin de cada uno de los casos presentados y, en su conjunto, han significado un insumo cualitativo y estadstico de inestimable valor para el anlisis general de los temas contenidos en los captulos centrales y que condujo a las conclusiones del presente Informe. (CEH, 1999, Mandato y procedimiento de trabajo: 53)

Teniendo en cuenta estas circunstancias constitutivas de las CV, considero la poltica del testimonio como las relaciones de poder que participan en la configuracin del contexto de la denuncia; es decir, la propia narrativa del testimonio se produce dentro de las condiciones de posibilidad de negociacin entre el Estado y las vctimas y sus familiares. El reconocimiento a las vctimas se establece, por tanto, tomando en cuenta las


narrativas instauradas para interpretar el proceso de violencia (Rodrguez Maeso, 009), as como lo que queda fuera de stas, condicionando de forma decisiva la produccin de una idea y una prctica de ciudadana llevada a cabo por las CV. En estas producciones de sentido las formas de interpretar los procesos de lucha armada se interrelacionan con las representaciones ideolgicas histricamente producidas sobre los actores del conflicto (e.g. los actores subversivos, las comunidades campesinas) as como con determinados usos de las categoras de clase social y de etnicidad.

El texto est dividido en cinco secciones. En la primera describo brevemente cada una de las comisiones en trminos de su constitucin, modo de trabajo y principales resultados de su investigacin. En la segunda, me centro en una propuesta analtica para interpretar los modos de produccin de reconocimiento a las vctimas a partir de una comparacin entre la figura del detenidodesaparecido en los contextos del Cono Sur, siguiendo la formulacin de Gabriel Gatti (008) en forma de paradoja, y la del indio subversivo en los contextos guatemalteco y peruano. En las secciones tercera y cuarta considero dos aspectos, relacionados entre s, que condicionan el vnculo entre la poltica del testimonio y el reconocimiento a las vctimas en el discurso de las CV: uno se refiere a cmo la accin y militancias polticas afectan directamente al estatus, como tales, de las principales vctimas/afectados por el conflicto; el otro se centra en cmo la desigualdad tnicoracial y en particular el racismo, son introducidos en la interpretacin que los informes finales (IF) hacen de los conflictos armados. Finalmente, como seccin conclusiva, planteo una discusin en torno a la relacin entre indianidad3 y poltica, dentro del campo de los derechos humanos y del trabajo acadmico.

Me refiero principalmente al establecimiento, desde los inicios del conflicto armado, de determinadas narrativas para explicar el surgimiento y relativo xito de la lucha armada en las comunidades campesinas, donde se entrecruzan, entre otros, los relatos de autoridades locales, de vecinos de las comunidades, de representantes de las Fuerzas Armadas, de periodistas y de acadmicos. Los testimonios y relatos ofrecidos desde las comunidades campesinas han tenido que gestionar una relacin compleja con las autoridades del Estado, caracterizada en gran medida por la desconfianza y el miedo, y condicionada por su participacin a diferentes niveles en la lucha subversiva, sobre todo durante los primeros aos del conflicto. 3 Con la nocin de indianidad me refiero ms a una condicin que a una identidad, configurada histricamente mediante determinados trabajos de representacin ideolgica en cada contexto; esta condicin de indianidad coloca a determinadas poblaciones, definidas racialmente, como inferiores y fuera de la poltica.


1. Lascomisionesguatemaltecayperuana:unabrevecaracterizacin

LaComisinparaelEsclarecimientoHistrico(CEH,1997-1999)Esta comisin fue establecida en el marco de los Acuerdos de Paz (19911996) auspiciados por las Naciones Unidas.4 El compromiso para establecer la CEH se estableci en el Acuerdo de Oslo, el 3 de junio de 1994, con el objetivo de esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad, las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la poblacin guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado. Finalmente, en el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, firmado el 9 de diciembre de 1996, fruto de negociaciones entre el Estado, el gobierno guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), se dio el pistoletazo de salida a la CEH, que fue instalada formalmente e inici el perodo de sus trabajos el 31 de julio de 1997. El Secretario General de las Naciones Unidas design como coordinador de la CEH al jurista alemn Christian Tomuschat quien, a su vez, nomin a los dos comisionados de nacionalidad guatemalteca, Alfredo Balseis Tojo (jurista, ex miembro Tribunal Constitucional) y Otilia Lux de Cot (destacada lder del movimiento indgena Maya, fue Ministra de Cultura en el gobierno de Alfonso Portillo y en 007 fue elegida diputada por Encuentro por Guatemala). La ONU, mediando la cooperacin internacional, sostuvo el funcionamiento y la gestin financiera de la CEH y de todo su personal de apoyo, con Fernando Castan como Secretario Ejecutivo.

El perodo investigado por la CEH fue de 34 aos, entre 196 y 1996. Su trabajo se legitim en base a las categoras jurdicas propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; no obstante, defendi que adems de aplicar las categoras jurdicas, utilizara aquellas que son propias de disciplinas como la historia, la antropologa, la sociologa, la economa y la ciencia militar, lo cual permita desentraar complejos aspectos propios de la realidad guatemalteca, que es diferente a la de otros pases, incluso de la regin centroamericana (CEH, 1999: 5). Se recogieron 7 338 testimonios (individuales y colectivos), para lo cual la CEH convers con cerca de 0 000 personas y visit cerca de 000 comunidades. El nmero total de vctimas estimadas fue de 13 000 personas ejecutadas durante el perodo 19781996. Desde 1960, se estima una cifra de 160 000 ejecutados y 40 000 desparecidos.

4 Misin de Naciones Unidas para la Verificacin de los Derechos Humanos en Guatemala MINUGUA.


La distribucin del porcentaje de vctimas de violaciones de derechos humanos y hechos de violencia segn pertenencia tnica fue: el 83% pertenecan al grupo tnico Maya y el 16% eran ladinos.5 En cuanto a la distribucin geogrfica, el 46% de las vctimas se concentraron en el departamento de El Quich. Se contabilizaron 66 casos de masacres atribuibles al Ejrcito de Guatemala. Finalmente, la atribucin de responsabilidades por las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia fue la siguiente: el 93% de las violaciones fue atribuido a fuerzas del Estado (85% Ejrcito; 18% Patrullas de AutoDefensa Civil PAC; 11% Comisionados militares; 4% otras fuerzas de seguridad), el 3% a la Guerrilla6 y el 4% sin identificar.

LaComisindelaVerdadyReconciliacin(CVR,2001-2003)En diciembre de 001, durante el gobierno de transicin presidido por Valentn Paniagua, tras el colapso del rgimen de Alberto Fujimori y su huda a Japn, se estableci un Grupo de Trabajo Interinstitucional para proponer la creacin de una Comisin de la Verdad. Cuando Alejandro Toledo gan las siguientes elecciones presidenciales en 00, mediante un instrumento legal complementario (Decreto N 101001PCM) ratific y complement su designacin como Comisin de la Verdad y Reconciliacin. El Decretos Supremo 0652001PCM constituy la CVR con la finalidad de:

[] esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista7 y de la violacin a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, as como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos.

La CVR estuvo presidida por Salomn Lerner, filsofo y entonces rector de la Pontificia Universidad Catlica del Per (PUCP), y otros 11 comisionados entre los que se encontraban representantes del movimiento de

5 Mestizo, noindgena.6 Las principales fuerzas subversivas fueron cuatro: Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR); Organizacin del Pueblo en Armas (ORPA); Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y Ejrcito Guerrillero de los Pobres (EGP).7 En relacin al uso del trmino terrorista en el Informe Final de la CVR se seala que su utilizacin al cabo de un prolongado conflicto armado, est cargada de significados subjetivos que hacen difcil el anlisis de la conducta de quienes decidieron alzarse contra el Estado y en ese rumbo cometieron violentos crmenes. Por esta razn, la CVR ha distinguido entre los actos de subversin que tuvieron como objetivo aterrorizar a la poblacin civil y otros de distinta ndole, y ha buscado utilizar el concepto de terrorismo y terrorista con cautela y rigurosidad (CVR, 003, tomo I, Introduccin: 5).


derechos humanos (Sofa Macher; Enrique Bernales), acadmicos (el antroplogo, Carlos Ivn Degregori; el socilogo Rolando Ames; investigadores independientes, como el ingeniero Carlos Tapia; Alberto Morote, ex rector de la Universidad de Huamanga); representantes de las iglesias catlica (Padre Gastn Garatea) y evanglica (Humberto Lay); representantes de las Fuerzas Armadas (Luis Arias Grazziani, Teniente General de la Fuerza Area Peruana, retirado); y Beatriz Alva Hart8 (abogada, ex congresista con los movimientos polticos presididos por Alberto Fujimori).

La comisin se centr en la investigacin de los siguientes hechos: a) Asesinatos y secuestros; b) Desapariciones forzadas; c) Torturas y otras lesiones graves; d) Violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del pas; e) Otros crmenes y graves violaciones contra los derechos de las personas. Una de las principales dificultades a las cuales se enfrent la CVR y, en concreto, su equipo jurdico, fue la identificacin de las bases jurdicas ms adecuadas para tipificar los hechos delictivos atribuidos a las organizaciones subversivas. En el IF de la CVR se reconoce que jurdicamente, no se pueden imputar violaciones a los derechos humanos a actores no estatales, pues solamente los Estados estn vinculados en los tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos. Sin embargo, considera que el papel de la CVR debe ser no solamente jurdico, sino tambin tico, lo cual permitira calificar las acciones de los crmenes terroristas como violaciones de los derechos humanos (CVR, 003, tomo I, cap. 4: 01). La CVR tambin otorg un papel fundamental al trabajo de expertos en ciencias sociales y humanas, que aportara un anlisis de interpretacin de las causas de los hechos.

Se recogieron 16 917 testimonios (individuales y colectivos), dados por 18 17 declarantes, de los cuales el 61% eran familiares prximos de personas muertas o desaparecidas. A partir de estos testimonios la cifra registrada de peruanos muertos o desaparecidos fue de 3 969, mientras que la cifra de vctimas estimada estadsticamente fue de 69 80; el 74.9% tena el Quechua como lengua materna y el 79% viva en reas rurales. En el departamento de Ayacucho, regin andina situada en el centrosur del pas, se concentr el 40% de las vctimas reportadas. La atribucin de responsabilidades fue la siguiente: sobre la estimacin estadstica de vctimas, el 46% al Partido Comunista del Per Sendero Luminoso (PCPSL); el 30% a agentes del Estado; el 4% a otros agentes (rondas campesinas, comits

8 El nombramiento de Beatriz Alva Hart fue uno de los ms polmicos, por su vinculacin poltica con Alberto Fujimori, y fue duramente criticada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y por el Movimiento Amplio de Mujeres.


de autodefensa, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, grupos paramilitares, agentes no identificados o vctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado). Sobre las 3 969 vctimas reportadas a la CVR, el 53.68% fue atribuido al PCPSL y cerca del 33% a los agentes del Estado.

La narrativa central de ambas CV enfatiza que un porcentaje abrumadoramente mayoritario de las vctimas eran campesinos y campesinosindgenas, y que adems se concentraron geogrficamente en una regin del pas. Los expertos en ciencias sociales y humanas tuvieron un papel destacado (antroplogos, socilogos e historiadores) adems de los expertos en derecho que tradicionalmente haban dominado otras comisiones como las del Cono Sur. El protagonismo poltico del movimiento indgena favoreci el nfasis de la CEH en las violaciones a los derechos de existencia, integridad e identidad cultural del pueblo maya, as como la confirmacin de actos de genocidio de parte de las fuerzas del estado guatemalteco. No obstante, el anlisis de los actos de genocidio se circunscribi al perodo 1981839 durante el cual tuvieron lugar el 81% de las violaciones de derechos humanos y a lo acontecido en ciertas regiones del pas.

2. Violenciayciudadana: laparadojadeldetenido-desaparecidoy lafiguradelindiosubversivo

[] el proyecto de disciplinamiento de la poblacin desplegado en los setenta [en Uruguay y Argentina] tom como objeto a su propio producto, el individuo moderno y racional, y lo deshizo y esta maquinaria civilizatoria invertida tuvo efectos demoledores. (Gatti, 008: 13133)

A diferencia de los pases del Cono Sur, aqu [en Per] las vctimas no pertenecieron mayoritariamente a sectores urbanos, sean stos vinculados a las clases medias intelectuales o profesionales, sea a los trabajadores asalariados, sectores ambos con clara experiencia de ciudadana y conciencia previa de derechos. A semejanza de Guatemala, en el Per las vctimas fueron mayoritariamente campesinos pobres de las zonas andinas, un sector de la poblacin con menor conciencia de ciudadana y mucho menos voz y visibilidad dentro de la sociedad. Y no solo por su condicin rural o su pobreza, sino adems por ingredientes tnicos y culturales. (Basombro, 1999: 17)

9 Para un anlisis de cmo la CEH contabiliz las violaciones de los derechos humanos en el perodo 19601977, vase: Chapman y Ball (001: 3738).


El trabajo de Gabriel Gatti investiga los efectos del terror de estado en la dcada de 1970 sobre las formas de pensar y vivir la identidad en los contextos argentino y uruguayo. Como premisa tericoanaltica considera que la desaparicin forzada debe ser entendida en relacin directa con la forma peculiar como fue construida histricamente la identidad en esos territorios: la aplicacin obsesiva del proyecto moderno que tiene en el Estado a su ejecutor principal. A la luz de este proceso histrico, explora, a partir de trabajos historiogrficos (Blengino, 005), la idea del indgena como el desaparecido del siglo xix, siendo por tanto que el Estado pas de la accin sobre el Indio y el desierto a la actuacin sobre el subversivo y la subversin (Gatti, 008: 43). El autor advierte que la biopoltica civilizadora desarrollada en Amrica Latina fue llevada a la perfeccin en el Cono Sur por la va de la conquista y destruccin de las ciudades y poblaciones indgenas, mientras que en otros contextos, por ejemplo en la regin andina, su historia contempornea no puede ser contada sin la tradicin precolonial. Desde esta perspectiva establece lo que denomina como la paradoja del detenidodesaparecido que se define en base a dos aspectos centrales:

(1) la desaparicin forzada es parte de las herramientas de construccin y gestin de la poblacin propias del orden civilizatorio/moderno; () la desaparicin forzada se aplica a los productos ms acabados del orden civilizatorio/moderno. (ibid.: 13)

Esta mquina civilizatoria invertida aplic la desaparicin forzada sobre el individuo moderno/racional despedazndolo el desparecido deja un nombre sin un cuerpo y por tanto, aniquilndolo. Qu lugar tendra este cuadro analtico para pensar los conflictos armados y la lgica del terror de Estado en pases como Per y Guatemala donde las comunidades rurales y las poblaciones campesinoindgenas fueron las ms afectadas? Podemos pensar que la poltica de arrasamiento aplicada por las Fuerzas Armadas peruana y guatemalteca tuvo como objetivo el aniquilamiento del indio subversivo que en el caso argentino y uruguayo seran dos figuras el indio y el subversivo , pertenecientes a momentos histricos distintos. Si consideramos que la desaparicin tiene, en las estrategias de los estados latinoamericanos, una raz republicana poscolonial, pero que en el caso guatemalteco y peruano el ciudadano nunca lleg a sustituir al indgena, podemos destacar dos aspectos para ser analizados en los diferentes contextos: uno, pensar la vctima de violacin de derechos humanos como encarnacin de tipos diferentes (el individuo moderno, blanco, citadino por un lado, el comunero campesinoindgena, por otro) y dos, pensar en


la cualidad poltica que motiv el terror de Estado la subversin y cmo se relaciona con cada tipo de vctima. Tendramos as, por un lado, el individuo moderno, letrado, cuya unin a la subversin es interpretada en trminos de motivaciones y adhesiones ideolgicopolticas; y por otro lado, a la poblacin campesinoindgena, comunera, iletrada o con bajos niveles de educacin formal, cuya unin a la subversin es interpretada como una adhesin no estrictamente polticoideolgica, sino relacionada con intereses locales y familiares, y con la coaccin realizada por los militantes de estas organizaciones.

Individuo modernoInterpela directa-mente al Estado

Participa de la sub-versin por moti-vaciones ideolgicas

Terror de Estado: Mquina civilizatoria invertida

Poblacin/comunidades campesinoindgenas

En los mrgenes del Estado

Participa de la sub-versin por inte-reses y situaciones locales/familiares o es coaccionado

Terror de Estado: continuacin de la mquina civilizatoria de raz colonial

Siguiendo esta lgica entre tipos de vctima y su vinculacin con la subversin, la relacin entre Estado y vctimas es pensada, en el primer caso, en trminos de restitucin de esa identidad individual aniquilada, que pasa por la reconstruccin del vnculo ente el nombre y el cuerpo;10 en el segundo caso el campesinoindgena , la restitucin est teida por la necesidad de generar instituciones estatales que reconozcan en esas poblaciones su condicin de ciudadanos de pleno derecho, al tiempo que estos ciudadanos histricamente negados abren procesos intra e intercomunales que no transitan necesariamente por las estructuras del Estado. (Theidon, 004; 006)

Cmo podemos pensar la poltica del testimonio y el reconocimiento en la CVR y la CEH a partir de esta tipologa? Voy a considerar que la mquina civilizatoria de raz colonial actu a partir de una definicin ideolgica ambivalente de la poblacin campesinoindgena: fueron considerados ignorantes, analfabetos y, por tanto, ajenos a las ideologas subversivas pero, simultneamente, se pensaba que al ser poblaciones sumidas en condiciones de vida pauprrimas, resentidas con los ciudadanos blancos citadinos, fcilmente podan sucumbir a las promesas de los grupos subversivos

10 Esta es una de las posibles producciones de sentido, desde el punto de vista poltico y social, que fue la principal durante las primeras dcadas de lucha dentro del movimiento de derechos humanos, y ha marcado la poltica de Estado en la Argentina (Gatti, 008, cap. iiiiv).


y darles apoyo. Es desde esta ambivalencia que la figura del indio subversivo est presente, si bien de forma implcita, en las diferentes formas de representar los conflictos armados, as como en la narrativa central de los testimonios y de los informes de las CV. Y son precisamente determinadas formas de pensar y de relatar las relaciones entre las comunidades y el Estado y la participacin poltica de las poblaciones rurales en el conflicto armado, las que van a estructurar esas narrativas.

Rigoberta Mench Tum fue activista del movimiento campesino guatemalteco11 en los aos 19701980 y recibi el Premio Nobel de la Paz en 199. Fue candidata a la presidencia de Guatemala en las ltimas elecciones de 007 al frente del movimiento poltico indgena Winaq en alianza con el partido Encuentro por Guatemala. En 1983 se public su testimonio biogrfico Moi, Rigoberta Mench. Une vie et une voix. La Rvolution au Guatemala bajo la edicin de la etnloga Elisabeth Burgos, en base al material recopilado trs varias horas de conversacin grabadas en Pars con Mench. El testimonio de Rigoberta Mench denuncia la poltica contrasubversiva del gobierno y ejrcito guatemaltecos, principalmente el genocidio de la poblacin campesinoindgena en nombre de la lucha contra la expansin del comunismo, relatando la experiencia de su familia, sobre todo la muerte de su padre y de sus hermanos. En 1999 el antroplogo norteamericano David Stoll publica el libro Rigoberta Mench and the Story of All Poor Guatemalans donde denuncia que alguno de los hechos relatados por Mench son incorrectos y/o ella no fue testigo ocular. Aquello que pareca preocupar ms a David Stoll era la trascendencia poltica que Rigoberta Mench haba adquirido y su conversin en un icono de la subalternidad por una parte importante de la academia y por los que han simpatizado con los grupos armados insurgentes en Guatemala, los cuales no tenan, para Stoll, un gran apoyo de parte de los campesinos:

Quera confrontar ideas romnticas y preconcebidas respecto a los pueblos indgenas y la lucha de la guerrilla. Basndome en mis entrevistas con campesinos, yo no creo que fueran esa vanguardia revolucionaria como otros sostienen. (Stoll, 001: 68)1

Para Stoll, el hecho de que Rigoberta Mench fuera una militante del Ejrcito Guerrillero de los Pobres (EGP) crea en la ideologa y la us

11 Comit de Unidad Campesina (CUC), al cual perteneca tambin su padre, Vicente Mench.1 Todas las traducciones, salvo indicacin de lo contrario, son de la autora.


para estructurar la experiencia de su familia y de su pueblo (ibid.: 66) y por tanto, no una simple campesina indgena, ensombrece la validez de su testimonio como representante de la situacin de las poblaciones indgenas en Guatemala.

El 6 de enero de 1983 ocho periodistas, su gua y un comunero son asesinados por pobladores de la comunidad de Uchuraccay, ubicada en las alturas de la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho (Per). Los periodistas, en su mayora de diarios limeos, iban camino de una comunidad vecina, Huaychao, donde los pobladores de varias comunidades de la zona haban asesinado a siete senderistas el 1 de enero; los peridicos limeos queran saber si se estaba produciendo un levantamiento de los campesinos frente al PCPSL. El de febrero el presidente Fernando Belande constituy una Comisin Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, la cual present su informe un mes despus sealando como responsables de los asesinatos a los campesinos de Uchuraccay. Las conclusiones del Informe de la Comisin Vargas Llosa produjeron una inmediata polarizacin respecto a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y por tanto, del Estado y del gobierno de Belaunde controversia todava vigente en la actualidad en la masacre de los ocho periodistas. Los familiares de los periodistas y sectores vinculados a partidos de izquierda sostenan que los campesinos haban sido inducidos directamente por las Fuerzas Armadas y defendan la hiptesis de la presencia de miembros del ejrcito infiltrados en la comunidad que habran participado directamente en los hechos. Entre 1980 y 1984 murieron 135 comuneros, lo cual provoc el abandono de la comunidad por los supervivientes hasta que en 1993 varias familias retornaron (CVR, 003, tomo V, cap. : .4; Del Pino, 003).

Pasados dos aos de los sucesos de Uchuraccay, la revista Caretas publica el reportaje Sendero bajo la Lupa (Lima: 5 de febrero de 1985), donde recoge un debate entre cuatro acadmicos, dos norteamericanos Cynthia McClintock y David Scott Palmer un peruano Carlos Ivn Degregori y un francs Henri Favre , sobre la naturaleza de Sendero Luminoso, y su apoyo entre los sectores rurales y urbanos. Scott Palmer y McClintock defienden que el fenmeno del PCPSL debe calificarse como una rebelin campesina con escaso apoyo entre los sectores urbanos, mientras que Favre y Degregori desarrollan, de forma ms detallada, una diferenciacin entre los cuadros del PCPSL y la poblacin de las comunidades que los apoyan. Consideran que los cuadros se han nutrido de sectores jvenes descampesinizados, con niveles de instruccin medios y universitarios que, sin embargo, el Per moderno no ha integrado con xito; en cambio, el apoyo


en las comunidades est ntimamente relacionado con la realidad local y los conflictos intra e intercomunales.

Estos dos escenarios polmicos, en los contextos guatemalteco y peruano, muestran las controversias polticas y acadmicas en torno a la figura del indio subversivo y apuntan, en mi opinin, hacia cmo las diferentes y en algunos casos divergentes formas de interpretar la participacin de las poblaciones campesinoindgenas en la lucha armada han modelado la poltica del testimonio y del reconocimiento en ambos casos. Adems en estos contextos los hechos de violacin de los derechos humanos y la participacin poltica de estas poblaciones se entrecruzan con estructuras y situaciones de discriminacin tnicoracial. Desde esta perspectiva, Victoria Sanford (003: 0010) ha sealado, para el contexto guatemalteco, que debemos huir de interpretaciones que culpen a las comunidades y poblaciones Maya de la violencia del ejrcito por su vinculacin con la guerrilla, convirtiendo las masacres del ejrcito en una mera reaccin a una potencial violencia subversiva. En el contexto peruano, los trabajos de Kimberly Theidon (004; 006a; 006b) han planteado la necesidad de ir ms all de la visin de las poblaciones campesinas entre dos fuegos, entre las fuerzas del Estado y de los senderistas, para entender cmo ellos se involucraron en el conflicto y las consecuencias de las decisiones polticas que se tomaron, su lugar en la formacin del PCPSL y de los Comits de AutoDefensa (CAD). Creo que es desde este tipo de reflexiones que debemos entender los contextos de la denuncia que marcan la poltica del testimonio y el reconocimiento en ambas CV, as como los dos aspectos que desarrollo en las siguientes secciones: la consideracin de la militancia poltica de las vctimas y el lugar del racismo en la explicacin de ambos conflictos.

3. Despolitizacindelasvctimas:denunciaeinocenciaLa produccin de la condicin de vctima/afectado de los procesos de violencia (el conflicto armado y el terror de estado) es tanto constitutiva como amortiguadora de agencia poltica. A este respecto, debemos tener en cuenta que hay cierto patrn narrativo en los informes de las comisiones donde se aprecia la tendencia a neutralizar el discurso poltico de las vctimas favoreciendo un relato donde en cierto modo la violencia aparece externa a las motivaciones polticas de las vctimas y a la propia sociedad.13 Este aspecto es analizado por Emilio Crenzel (008) para el caso del

13 Para una interesante discusin en torno a las disputas por la recuperacin de la figura del militante revolucionario en tensin con un discurso humanista y ms despolitizado de los derechos humanos en el caso de Argentina, vase Lorenz (00).


informe Nunca Ms realizado por la Comisin Nacional sobre la Desaparicin de Personas (CONADEP) en Argentina y publicado en 1984:

El carcter heterogneo del conocimiento y el reconocimiento de la naturaleza de las desapariciones entre quienes las denunciaban discurri en paralelo a la configuracin de una creciente homogeneidad en el modo de denunciarlas. La clave revolucionaria con la cual haba sido denunciada la represin poltica y las propias desapariciones antes del golpe de 1976 fue paulatinamente desplazada por una narrativa humanitaria que convocaba, desde un imperativo moral, a la empata con la experiencia lmite sin historizar el crimen ni presentar vnculos entre el ejercicio del mal, sus perpetradores y sus vctimas. [] la denuncia en trminos histricopolticos de la violencia de estado y su relacin con el orden social o con los grupos de poder fue sustituida por la descripcin fctica y en detalle de los secuestros, las torturas padecidas, las caractersticas de los lugares de cautiverio, la precisin de lo nombres de los cautivos y de los responsables de las desapariciones. (Crenzel, 008: 4445)

El modo en que la denuncia en trminos histricopolticos es ms o menos amortiguada en las CV guatemalteca y peruana tiene que ver con la construccin de la imagen del indio subversivo y el lugar que la lucha armada ocupa en este imaginario, ms all del discurso humanista de violacin de los derechos humanos. Ms concretamente, los testimonios muestran diferentes modos de movilizar discursivamente la representacin ideolgica del campesino y del indgena como ignorante y como inocente, y por tanto, ajeno a lo poltico.

LuchaarmadayeldespertarparalapolticaenlaCEHLa narrativa estructurante de la CEH y de los testimonios que en ella son citados confirma los hechos de violencia contra la poblacin civil, en particular contra el pueblo Maya, as como los mecanismos de la guerrilla para ampliar sus bases de apoyo y ganar adeptos para su causa. Se enfatiza tambin por qu muchos dirigentes mayas vieron en el movimiento insurgente un canal para que avanzara la suya. Otros, por su parte, se incorporaron cuando sus intentos de cambio por otras vas no fructificaron o fueron reprimidos (CEH, 1999: 181). As, el hecho de apuntalar la nocin de una poblacin civil desarmada, vctima de las acciones de arrasamiento (las masacres) de las fuerzas del estado, no impide la presencia de discurso poltico de parte de esta poblacin campesinoindgena. Una serie de testimonios citados en el informe revelan motivaciones polticas, vinculadas con experiencias vitales especficas, para explicar la relacin entre la poblacin campesinoindgena y la lucha armada:


En 1960 estaba de moda la Accin Catlica ah en Santa Cruz, me fui desde la montaa de Zacualpa, desde all a Santa Cruz, para saber... nos hablaron un poco de la injusticia, nos enseaban el catecismo, las canciones y los rezos. Casi todos ramos pueblo maya, slo dos ladinos haban. Nosotros sabamos de pobreza, la hemos sufrido siempre nosotros los mayas, poco a poco los de Accin Catlica hablbamos a la comunidad de las injusticias, poco a poco fuimos despertando, entendiendo cmo son las cosas. (Testigo CEH, T.C. 76; CEH, 1999: 168)

Ellos, los lderes comunitarios, estaban promoviendo la revolucin para reclamar las tierras... una buena educacin, que se respetara la dignidad [pues] no [haba] derecho de platicar, libre organizacin, etc. (Testigo CEH, T.C. 61; CEH, 1999: 180)

Soy un campesino pobre... mi pap y mi mam es puramente campesino pobre y es puramente viajero en las costas. Yo tengo siete aos cuando empec a viajar como cuadrillero con mi pap en las costas. Estuve mucho tiempo en la costa porque no tenamos tierra para cultivar con mi pap... Cuando ya tena 19 aos... particip en una huelga salarial en la finca Pantalen de Escuintla... nos despidieron a la mayora de nosotros en el corte de caa y otros obreros del Ingenio Pantalen. Fue entonces la ltima vez que trabaj con los patrones en la costa... en el da 1 de diciembre del ao 1980 me alc con la guerrilla. (Testigo CEH, T.C.54: Extracto del documento entregado a la CEH por dicho informante, titulado: Relacin historial durante 16 aos de mi entrega personal en la lucha armada en el Frente Guerrillero HoChiMin (sic). CEH, 1999: 18118)

El discurso recurrente del campesino y del indgena ignorante es utilizado en muchos de los testimonios recogidos por la CEH para evidenciar que fue precisamente su participacin en las organizaciones subversivas, el momento de despertar y entrar en poltica para reclamar sus derechos. Se apunta as hacia la necesidad de evitar la negacin de agencia poltica en las vctimas, es decir, evitar construir una imagen de su identidad como meros tteres a la orden de dos actores principales, la guerrilla y el ejrcito. Los testimonios aqu reproducidos evidencian cmo ciertos discursos polticos y ciertos actores identificados como externos a las comunidades (i.e. Accin Catlica), son apropiados por las vctimas a partir de sus experiencias vitales y de sus conocimientos (i.e. ser campesino pobre; participar en una huelga). Arturo Arias ha analizado este aspecto a partir de los testimonios compilados en el libro editado por Ligia Pelez (008), Memorias rebeldes contra el olvido: paasantzila Txumbal Ti Sortebal Kul, que recoge los relatos de mujeres indgenas de los grupos tnicos Ixil y Kiche, ex combatientes en el departamento de El Quich. Arias trabaja a


partir de la palabra txitzin, trmino Ixil que aparece repetidamente en los testimonios y que intenta expresar la condicin innombrable de sobrevivir a un genocidio ms all del dolor fsico:

Sentir txitzin no precluye agenciamiento o gestin de poder. Por el contrario, es un prerrequisito para un agenciamiento significativo, uno capaz de contextualizar la lucha de estas mujeres y las constituye en sujetos comprensibles. La necesidad de hablar sobre el dolor profundo, nunca antes articulado discursivamente por ninguna de ellas, o bien por la gran mayora de mujeres mayas, fue seguida por la alegra de estar juntas de nuevo, por los recuerdos de sus aventuras y hazaas, de su valor y su capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas. Txitzin les permiti nombrar el pasado como mecanismo para hablar de futuro. (Arias, 009: )

El anlisis de Arias apunta hacia un aspecto fundamental de la relacin entre poblaciones campesinoindgenas, en este caso mayas, con la lucha armada que los diferentes grupos de la izquierda latinoamericana han emprendido desde los aos 1960: cmo entender proyectos polticos anclados en determinadas posiciones ideolgicas cuando integra a grupos cuyas formas de intervencin poltica en relacin con las estructuras del estado es y ha sido histricamente diferente? Responder a esta pregunta requiere reconocer que los mayasno fueron inocentes vctimas atrapados entre dos fuegos (ibdem: 9), y por tanto comprender la gestin del poder dentro de un proceso extremamente violento donde ellos participaron activamente, si bien con diferentes grados de compromiso.

Violenciasenderista,proselitismoideolgicoycampesinadoenlaCVRLa construccin de la idea de vctima inocente aparece de forma clara en muchos de los testimonios recogidos por la CVR. Se acenta as una narrativa sobre la violencia que debe dejar claro que los afectados no formaron parte al menos voluntariamente y por motivaciones ideolgicas de los partidos y movimientos subversivos, principalmente del PCPSL. Los dos ejemplos descritos a continuacin ilustran este aspecto:

a) Da. Julia Ramrez Orozco, dio su testimonio en una Audiencia Pblica en la ciudad costera de Trujillo en septiembre de 00; en su declaracin denunciaba su detencin arbitraria por miembros de la Polica Nacional de la comisara de Piura, el 13 de mayo de 1993. Fue sindicada como integrante de Socorro Popular del PCPSL,14 por un miembro

14 Socorro Popular fue creado dentro de la estructura del PCPSL para asumir lo concerniente a la salud y el apoyo legal a los militantes.


arrepentido del PCPSL y presentada ante los medios de comunicacin como integrante de Sendero. En la audiencia pblica declar: Pedimos una reparacin moral, digna, para vivir dignos, para poder nosotros estar tranquilos, no con ese dedo que nos sealaba, Huantinos, Ayacuchanos: terroristas.15

b) En una entrevista realizada en Lima, el presidente de la Asociacin de Familiares Afectados por la Violencia Poltica del Distrito de Accomarca16 (Departamento de Ayacucho) afirm que: gracias a la investigacin de la CVR, se demuestra que nosotros tenamos razn, y se demuestra que no haba Escuelas Populares17 en Accomarca (Entrevista de la autora, Lima: abril de 008).

Ambos ejemplos dan cuenta de la necesidad de desmarcarse, en el momento de la denuncia de crmenes de Estado, del estigma que supone haber tenido algn tipo de vinculacin con los grupos subversivos. Debemos entender, por tanto, cmo la narrativa que sustenta el IF de la CVR narrativa gestada desde el inicio del conflicto armado por diferentes actores y discursos, entre ellos los propios campesinos (Rodrguez Maeso, 009) y que aparece reiteradamente en los testimonios, enfatiza la idea del PCPSL como una suerte de poltica desconocida en las comunidades rurales, que tuvo cierta aceptacin en un primer momento, debido a la escasa institucionalidad del Estado en la regin y al proceso de fuerte escolarizacin que durante los 1960 y 1970 tuvieron las regiones andinas. Este relato est lleno de vacos y discontinuidades que se utilizan no tanto para negar la participacin de las comunidades en la lucha armada, sino ms bien para no explicitar sus motivaciones polticas, destacndose siempre el momento del disenso, de la ruptura con Sendero:

Entrevistador: Cmo llegan [miembros de Sendero Luminoso]?Declarante: Primero slo eran comentarios, en nuestro mismo lugar haban personas que comentaban diciendo: as vamos a hacer, vamos a cambiar nuestra vida, vamos a vestir igual, a comer igual, no va a haber gamonalismo, todos vamos a ser iguales, tampoco va a existir dinero, todos trabajaremos para el estado y el estado nos va a mantener, as comentaban.

15 URL: www.youtube.com/watch?v=nGdu1KL1How [accedido a: 1 de Febrero de 010].16 El caso de la masacre cometida por el ejrcito peruano en la comunidad de Accomarca fue investigado por la CVR (CVR, 003, tomo VII, cap. .15).17 Las Escuelas Populares era un proyecto educativo del PCPSL en las comunidades, donde maestros locales o con vnculos familiares en la comunidad, as como maestros y jvenes estudiantes forneos, enseaban y discutan la doctrina del partido, su proyecto poltico, y la necesidad de la lucha armada.


E: La gente de Mollebamba18 o los senderistas?D: La gente de la misma comunidad. De repente esa persona ya habra estado con ellos, esas personas comentaban en la asamblea.[] E: Para ustedes cmo era, les gustaba o no esa forma de poltica, igualdad, trabajar para el Estado?D: Bueno, a mi modo de parecer no era factible, actualmente estamos bien, tranquilos, yo le dije eso a las personas que hablaban, adems dije cul va a ser el medio o las cualidades, entonces me dijo: t ests en paales, no conoces la realidad, ests ignorando toda la realidad, ahora tenemos que cambiar nuestra vida, cambiar la situacin, por ejemplo, ahora no hay trabajo, cunto ganas, te dan dos o tres soles miserables y trabajas todo el da, en cambio con esta nueva vida vamos a florecer (Testimonio n 0105).

No creo que la gente conscientemente conociendo [...]. Ah no saban qu cosas era el Sendero en la realidad no? [...]. Entonces, aprovechando esos problemas, esa coyuntura problemtica que el pueblo viva, Sendero estaba ah [...] Seor vamos a levantarnos para reclamar nuestros derechos! Entonces quin deca que no? Unos cuantos de repente. Al que deca que no, no lo obligaban los Senderos, sino que llegaban a la parte dbil. (CVR, BDI Entrevista en profundidad P3. Grupo focal, Vicashuamn; CVR, 003, tomo V, cap. .1: 0)

En ambos testimonios se evidencia la circulacin de discursos polticos en las comunidades pero la participacin en la lucha armada es sealada y delimitada como el momento del desacuerdo de la comunidad con el PCPSL, o como un momento de debilidad, de desconocimiento o de un conocimiento no plenamente consciente. As, la interpretacin que se ofrece en el IF de la CVR apunta a la construccin del PCPSL como actor diferenciado de la comunidad, que acta sobre ella produciendo efectos devastadores, como se puede ver en el captulo titulado El PCPSL en el campo ayacuchano: los inicios del conflicto armado interno, donde abundan frases como: el PCPSL llegaba proclamando un discurso de igualdad entre ricos y pobres; el PCPSL iniciaba sus labores de proselitismo a travs de las escuelas, el PCPSL logr imponerse en las escuelas y luego activ la creacin comits populares (CVR, 003, tomo V, cap. .1: 1550, nfasis de la autora). Esta narrativa entronca con un anlisis del PCPSL y, de modo ms general, de los principales movimientos campesinos en las dcada de 19601970,

18 Comunidad de la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.


que se centra, por un lado, en cmo ciertos discursos conseguan enraizar entre la poblacin y en los lderes de las comunidades y, por otro lado, en dar cuenta de las razones que llevaron al fracaso de un discurso de clase que negaba la identidad cultural indgena y sus particularidades organizativas:

[] merecera la pena recordar que la izquierda peruana de los aos 1970 no invent la problemtica relacin entre los grupos polticos de oposicin en el Per y la cultura indgena e instituciones comunales en trminos generales, la cual ha existido a lo largo de todo el siglo XX. [] La izquierda peruana ha tenido una larga tradicin de desindianizacin a la cual apelar, y el discurso de los aos 1960, que enfatizaba la lucha de clases, la explotacin capitalista, y la proletarizacin, fue solamente uno en una larga cadena de intentos de crear una identidad popular notnica. No obstante esta ceguera, construida histricamente, respecto a las prcticas polticas y culturales indgenas, arruin la naturaleza inclusiva y democrtica de las movilizaciones de los aos 1960 y 1970. (Malln, 1998: 115)

Parece haber una suerte de consenso en considerar que la ceguera de la ideologa del PCPSL en relacin con los factores culturales de la identidad campesinoindgena se convertira, paulatinamente, en su taln de Aquiles, un aspecto destacado por uno de los comisionados en una de las reuniones de trabajo de la CVR:

uno de los puntos ciegos que llevan a la derrota de Sendero es ese, cuando yo deca no ver la especificidad cultural es no tener en cuenta la dimensin cultural en general, para ellos en bloque, todo era la superestructura feudal y no le dan importancia es un punto ciego tremendo. [] [en los documentos del PCPSL] no hay una sola palabra sobre la diversidad cultural, no hay una sola palabra sobre esa problemtica, y eso yo creo es una de las causas de su perdicin. (Archivo CVR, Audio: REG n: 050101001000001#1)

No obstante, si bien comparto algunos aspectos de esta entrada analtica, considero que ha fortalecido tambin un punto de ceguera en el anlisis sociolgico y poltico de estos procesos: al enfatizarse la dimensin ideolgica del PCPSL (Degregori, 007; Manrique, 007) y su naturaleza contraria a los intereses comunitarios, no se ha analizado, precisamente, el trabajo de reapropiacin de los discursos y prcticas polticas desde y por las comunidades. Esta ausencia es obviamente apuntalada por la necesidad poltica de las poblaciones ms afectadas por la violencia armada de reconstruir una memoria colectiva que enfatice su distancia con el PCPSL,


apelando a una representacin ideolgica del indio ignorante que desconoce de ideologas y que es, por lo tanto, engaado por aquellos que no pertenecen a su mundo.

4. EllugardelracismoenladenunciaUn segundo aspecto relacionado con la poltica del testimonio y vinculado directamente con el punto anterior, se refiere al lugar de la discriminacin tnicoracial dentro de las narrativas de la CEH y de la CVR, y ms especficamente al lugar del racismo. Este elemento es central en la narrativa de los IF de ambas comisiones a la hora de analizar el impacto diferenciado de la violencia en ambas sociedades: la inmensa mayora de las vctimas fueron campesinos, campesinoindgenas, y nativos.19 Adems, en ambos casos se defiende la validez de esos datos frente a las crticas que trataban de desvirtuarlos afirmando que, en el contexto guatemalteco, la gran mayora de las vctimas eran Mayas porque es la poblacin mayoritaria en el pas, y el contexto peruano, porque la poblacin campesina quechua es mayoritaria en las regiones donde el conflicto armado tuvo mayor incidencia. Para contrarrestar estas afirmaciones se compararon los datos censales con los datos producidos por las CV en relacin al nmero de vctimas. As, para el caso guatemalteco, segn el X Censo de Poblacin (1994), un 43% de poblacin era indgena (datos no oficiales lo elevan al 60%), mientras que el 83% de las vctimas reportadas a la CEH eran indgenas Mayas. Para el caso peruano, solamente el 0% de la poblacin tena lenguas nativas o el quechua como lengua materna segn el censo de 1993, mientras que el 75% de las vctimas reportadas a la CVR tenan estas caractersticas lingsticas. En ambos informes se insiste tambin en el racismo como estructurante de las relaciones sociales, polticas y econmicas de las sociedades nacionales y, sobre todo, como estructurante de la relacin entre Estado y sociedad. De modo ms concreto se enfatiza el racismo en las fuerzas armadas y cmo ste vertebra los planes estratgicos de accin (arrasamiento) contra las poblaciones campesinoindgenas.

19 Si bien no hay espacio en este texto para desarrollar este aspecto, es necesario precisar que el uso de categoras como las de campesino, nativo e indgena no tiene un significado completamente similar en los dos contextos nacionales. En el caso peruano, el Estado reconoce como poblaciones y comunidades nativas a aquellas que viven en la regin amaznica, mientras que el trmino campesino se utiliza para la denominacin de las poblaciones rurales andinas.


RacismoyagenciapolticaenlaCEH:entrelanegacinylaviolenciaarcaicaEl proceso de movilizacin indgena que tiene lugar desde los aos 1960 en Guatemala y el protagonismo, como ya destaqu la seccin anterior, del discurso poltico de partes importantes de la poblacin indgena en los testimonios recogidos por la CEH, pueden ser considerados factores que han favorecido una posicin central del racismo en la narrativa de esta comisin. De modo ms especfico, el racismo es tratado como un aspecto esencial en dos partes del informe: uno, en el captulo dedicado a las causas histricas del enfrentamiento armado interno (cap. I y II: 8694) y dos, en el anlisis de las masacres y, principalmente, en la tipificacin de actos de genocidio contra la poblacin indgena (cap. XX y XXI). El racismo es analizado como un elemento estructurante de la sociedad guatemalteca y en particular del ejrcito, con sus orgenes en el proceso de dominacin colonial:

En la mentalidad racista, cualquier movilizacin indgena trae a la mente la imagen atvica del levantamiento. En este sentido, puede considerarse que el racismo tambin estuvo presente en los momentos ms sangrientos del enfrentamiento armado, cuando se castig a la poblacin indgena como si fuese un enemigo a vencer. (CEH, 1999, cap. III: 93)

Por otra parte, el racismo alimenta la creencia, en el imaginario de un importante sector ladino, de que los indios van a bajar de la montaa a matar a los ladinos. Este temor existe porque algunos ladinos consideran que los indgenas sienten un rencor histrico hacia ellos, por las experiencias vividas durante la Colonia. De esta manera, el racismo favoreci, como elemento ideolgico de contexto, que el Ejrcito asimilara a los indgenas, una suerte de enemigo ancestral, con los insurgentes. Por otra parte, el racismo influa en alimentar un sentimiento hacia el indgena como distinto, inferior, casi menos que humano, ajeno al universo de obligaciones morales del hechor, que haca menos problemtica su eliminacin. (CEH, cap. IIXXI: 35)

Ambas citas del informe de la CEH se insertan en una de las definiciones ideolgicas de la poblacin campesinoindgena a la que ya he hecho referencia: el indio resentido histricamente con los ciudadanos noindgenas se ha transformado ahora en el indio subversivo que es necesario eliminar. Esta representacin ideolgica se refuerza por la visin paternalista del indio que debe ser ayudado, reconquistado por el Estado para evitar que caiga en manos de la guerrilla:

Naturalmente, si una operacin subversiva existe donde los indgenas estn involucrados con la guerrilla, los indgenas morirn. Sin embargo, no es la filosofa del


Ejrcito la de matar indgenas, pero s de reconquistarlos, de ayudarlos. (Efran Ros Montt, apud CEH, 1999, tomo III, XXI: 34)0

Dos caras de una misma moneda, una suerte de tensin semntica entre subversin y poblacin indgena que facilita, por un lado, la legitimidad de la operacin de arrasamiento de parte de las fuerzas del Estado cuando los dos significantes se convierten en equivalentes (indio = subversivo) y, por otro, la crtica dirigida, precisamente, contra esa equivalencia. El problema que se nos plantea aqu es el de introducir el racismo en el anlisis sin producir, parafraseando a Arias, la preclusin de agenciamiento o gestin de poder. Es en esta preocupacin que podemos ubicar el trabajo etnogrfico de Victoria Sanford (003) colaborando con un equipo forense en la exhumacin de fosas comunes en las comunidades rurales.1 Sanford recogi testimonios y relatos biogrficos de campesinos muchos comprometidos con organizaciones de base y con las organizaciones subversivas ofreciendo una nueva perspectiva para entender las historias de los supervivientes de las masacres y el modo en que la discriminacin tnicoracial vertebr tambin sus experiencias:

En mi pueblo, los hombres siempre diran, yo soy el hombre y yo puedo hacerlo todo. T no puedes hacer nada. Lo nico que puedes hacer es tener hijos. As que, en las montaas [con la guerrilla], todo era diferente porque todos saben que cada uno es capaz de hacer cualquier cosa que un hombre hace. Creo que esto supone un trabajo psicolgico para los hombres que ellos tienen que considerar a las compaeras como iguales, que no las pueden discriminar. Esta es una de las cosas que nosotros aprendemos que todos tienen igual valor, hombres y mujeres, indgenas y ladinos, que nadie est detrs de nadie. (Relato de Esperanza, se uni a la guerrilla con 15 aos, apud Sanford, 003: 19900)

Cuando deca mi nombre [en el ejrcito], ellos [sus compaeros soldados] se rean de m porque mi apellido es indgena. Incluso cambi mi nombre durante un tiempo, pero no signific ninguna diferencia, yo era indio por mis rasgos y porque eso es lo que soy, lo quiera o no. Esto supuso un gran conflicto para m y comenc a ver la divisin entre lo que es ladino y lo que es indgena. Fui tan humillado que comenc

0 Original en ingls, traduccin de la CEH: Naturally, if a subversive operation exists in which the Indians are involved with the guerrillas, the Indians are also going to die. However, the armys philosophy is not to kill the Indians, bun to win them back, to help them, Foreign Broadcast Information Service, Central America: Ros Montt Views on Peasant Killings, Communism ( de junio de 198).1 Concretamente, con la Fundacin de Antropologa Forense de Guatemala (FAFG), una ONG independiente desde 1997. Sanford sigui de cerca el trabajo de algunos de los investigadores de la CEH y colabor en el informe de la FAFG para la comisin.


a odiar a los ladinos. [] El ejrcito siempre reclutaba en el parque, en el cine, en cualquier lugar donde haba jvenes congregados. [] Comprob que el mundo estaba hecho de abusadores y abusados y no quera que abusaran ms de m. As que cuando tena 16 aos, dej que el ejrcito me captara, pero en verdad ellos no me capturaron porque yo decid que quera ser un soldado, no quera volver a ser abusado. [] Cuando fui reclutado, haba muchos indgenas reclutados tambin. Eran duramente golpeados y llamados indios estpidos por no saber hablar espaol. Los soldados que los golpeaban tambin eran indgenas. (Relato de Gaspar, reclutado para el ejrcito del cual desert, apud Sanford, 003: 183184)

En la mayor parte de los relatos biogrficos recogidos por Sanford el racismo est presente marcando las relaciones de poder dentro de las comunidades y de stas con el ejrcito, as como las relaciones de gnero. Y lo que es fundamental para mi argumento: muestran que la violencia no es solamente un proceso externo que afecta a quienes lo padecen, sino que es constitutivo de su identidad y agencia poltica. Esto es central para pensar la relacin entre Estado, guerrilla y poblacin civil. Generalmente, las justificaciones que ofrecen las fuerzas del Estado de su actuacin apuntan a la dificultad de saber quin es subversivo, pero el problema con el cual nos encontramos es, ms bien, la dificultad de establecer ntidamente a la poblacin civil que estara entre dos fuegos. Las ideologas racistas que inferiorizan a la poblacin indgena estn detrs de estas interpretaciones que conciben tanto la apariencia como la pertenencia poltica real de los Maya, como determinada por fuerzas externas (Sanford, 003: 08).

RacismoeidentidaddelasvctimasydelosvictimariosenlaCVREl anlisis estadstico del perfil sociodemogrfico de las vctimas (el captulo titulado Rostros y Perfiles de la Violencia) permiti a la CVR confirmar que la violencia estuvo concentrada en lo que podramos denominar los mrgenes de la sociedad, es decir, aquellas zonas y grupos menos integrados a los centros de poder econmico y poltico de la sociedad peruana (CVR, 003, tomo I, cap. 3: 155). El racismo es tratado principalmente en el captulo dedicado a los factores que posibilitaron el conflicto y, concretamente, a la vinculacin entre violencia y discriminacin racial y tnica (CVR, 003, tomo VIII, cap. : ..). En sus conclusiones la CVR destac que el conflicto armado reprodujo en gran medida las brechas tnicas y sociales caractersticas de la sociedad peruana y que si bien el conflicto no tuvo un carcter tnico explcito, estuvo cargado de elementos raciales, tnicos y regionales que actuaron entrelazadamente, acentuando la violencia (ibid.: 159). Quiero destacar dos aspectos de este anlisis: uno, la idea de


que el contexto rural andino fue propicio para la multiplicacin de la violencia desatada por Sendero Luminoso al ser una sociedad ubicada entre la desaparicin de un orden tradicional y la modernizacin:

[] la subsistencia de algunos elementos de la sociedad andina tradicional, tales como el autoritarismo, el paternalismo, la discriminacin tnica y el racismo, brind un contexto sociocultural que facilit cierta aceptacin de la convocatoria senderista entre el sector social de jvenes de origen provinciano ilustrados y desarraigados. Sufrir la experiencia de la discriminacin y el racismo, producto de una sociedad que a pesar de su modernizacin mantuvo rasgos tradicionales, gener entre muchos de estos jvenes una fuerte conciencia de los agravios y la exclusin. (CVR, 003, tomo VIII, cap. .:108)

Este anlisis privilegia una comprensin del racismo como remanente de estructuras ideolgicas tradicionales y por tanto, disminuye su relevancia como elemento constitutivo de la modernidad de las estructuras polticas peruanas y de su democracia. Esta perspectiva es clara en la observacin de la presencia de una ideologa racista antiindgena en las relaciones tanto entre las comunidades campesinas y el ejrcito, como entre stas y el PCPSL, que es considerada como proveniente de la sociedad andina tradicional. Desde este enfoque se analiza el trato racista y humillante en el uso denigrante de categoras como cholo, indio, indgena, acompaadas por adjetivos como sucia o ignorante, que servan para justificar la violencia de parte de las fuerzas del Estado (CVR, 003, tomo VIII, cap. .: 111). Segn este anlisis, las ideologas racistas favorecieron tambin la construccin de determinado perfil ideal del senderista:

[] vivir en un barrio popular, ser joven, estudiante y provinciano era considerado sospechoso. El origen social y tnico, evidenciado a travs de los rasgos fsicos, constitua la evidencia de la presunta pertenencia a Sendero Luminoso. (CVR, 003, tomo VIII, cap. .: 119)

En este sentido, un proceso importante sealado por la CVR fue la promulgacin de la ley 5880, que pretenda castigar a aquellos que valindose de su condicin de docente o profesor influye en sus alumnos haciendo apologa del terrorismo; esta ley propici el agravamiento de la estigmatizacin, ya existente, sobre los maestros:

Respecto a la compleja relacin entre raza, racismo, etnicidad y militancia poltica entre los maestros de comunidades andinas durante el conflicto armado, vase Wilson (007).


En primer lugar, los estereotipos tnicos mediante los cuales los rasgos indgenas equivalan a sospechoso de agente subversivo, ms aun en una sociedad en que el magisterio est constituido por gente de extraccin popular, en que tales rasgos raciales son comunes. (CVR, 003, tomo III, cap. 33.5.3.1.4: 593)

En el IF se seala cmo en los testimonios se utilizan determinadas imgenes raciales para describir la distancia entre los miembros del ejrcito, los mandos de Sendero Luminoso, y la poblacin campesina:

Muchos de los testimonios recogidos por la CVR refieren que entre los senderistas haba hombres y mujeres gringos y rubios. El color del cabello, de la piel y de los ojos, fue relacionado con otras caractersticas fenotpicas como el ser grandes o altos, y tambin con el hecho de ser extranjeros. [] Este tipo de identificacin tnica y social basada en los rasgos fsicos, no proviene solamente del asombro, la sorpresa o el temor de los testimoniantes, sino tambin de una realidad en la cual las diferencias tnicas entre blancos, mestizos e indios siempre estuvieron profundamente imbricadas con las diferencias de status, riqueza y poder. (CVR, 003, tomo VIII, cap. : .: 115116)

Kimberly Theidon (006a; 006b) ha sealado la exteriorizacin de Sendero Luminoso mediante caractersticas raciales y marcas corporales, as como a travs de la anonimia (los senderistas eran personas encapuchadas), como una estrategia para mantener distancia con la violencia y construir binarios morales caractersticos de un cdigo de conducta en tiempo de guerra (Theidon, 006b: 444), que separan a la comunidad de aquellos que introducen en ella la violencia. En este sentido, la poltica del testimonio en la CVR est en el medio de estas estrategias discursivas de resistencia y supervivencia de las comunidades. Es desde esta perspectiva que podemos entender que en la narrativa de la CVR predomine una interpretacin de la discriminacin tnicoracial como un factor en la constitucin de la condicin de vctima pero que no aparezca, con la misma relevancia, como constitutiva de agencia poltica. La narrativa hegemnica en torno a lo que fue el PCPSL no facilita que nos preguntemos hasta qu punto el racismo fue, adems de un aspecto que influy decisivamente en el modo en que se cometieron violaciones de los derechos humanos y su legitimacin, un motivo de lucha poltica de parte del campesinado. Al da de hoy, las formas en que este aspecto podra ser formulado de parte de las poblaciones campesinas son muy limitadas. En este sentido es interesante la relectura de una de las primeras investigaciones sobre el conflicto armado realizada por Roland Berg en la comunidad campesina de Pacucha (provincia de


Andahuaylas, Apurmac), cuyo trabajo de campo se llev a cabo en dos perodos (19818 y 1985); Berg describe la naturaleza del apoyo al PCPSL durante los primeros aos del conflicto as como su relacin con la posicin de poder de diversos actores en ese contexto regional:

[] en general, los simpatizantes crean que las guerrillas estaban luchando por justicia econmica y contra la gente de las ciudades, los campesinos ascendentes y los comerciantes en las comunidades, y contra las cooperativas. Haba tambin un enorme resentimiento, y miedo de la polica, quienes, desde le punto de vista de los campesinos, se comportaban incluso de modo ms cruel y arbitrario que las guerrillas. Cuando las guerrillas atacaban, lo hacan contra aquellos cuyos crmenes eran bien conocidos, o contra objetivos especficos tales como las cooperativas y o supuestos informadores. Por otro lado, la polica arrestara e interrogara ciegamente, y aquellos que han tenido familiares que han sido desaparecidos, estn extremadamente resentidos. Para agravar an ms la situacin, estaba un conflicto de base, de clase y tnico, entre los campesinos quechua hablantes de las alturas y las fuerzas policiales que despreciaban a los hablantes quechua y a los campesinos pobres. As, hacia 1985, la simpata por las guerrillas fue mayor que nunca. Una prueba de esto es el cambio en la terminologa usada por los campesinos cuando se refieren a los miembros de Sendero Luminoso. En 198 eran conocidos como terroristas, terros, terukuna, y a veces, sarcsticamente, como los universitarios. En 1985, eran generalmente llamados los compaeros. (Berg, 198687: 18889)

Lo que Berg describe nos indica la necesidad de pensar lo que fue el PCPSL desde otra ptica que ni demonice ni mitifique la lucha armada, lo cual permitira vislumbrar los procesos de identificacin poltica que se abrieron en los contextos locales y que en la mayor parte de los testimonios y anlisis de las ciencias sociales, aparecen para describir el momento en que las poblaciones campesinas pasaron de ser victimarios a ser vctimas en resistencia (Del Pino, 007: 6).

5. Consideracionesfinales.Racismo,reconocimientoydenunciadesdeelcampodelosderechoshumanosydelascienciassociales

El anlisis de los informes finales de las CV guatemalteca y peruana desde la poltica del testimonio que atraviesa estos procesos, as como en relacin con diversos trabajos acadmicos, revela la compleja relacin con profundas races histricas entre indianidad y poltica. A partir de la diferenciacin entre dos tipos de vctima del terror de Estado el individuo moderno y el campesinoindgena podemos apreciar que tanto el discurso y la doctrina de los derechos humanos, como el trabajo de las


ciencias sociales en las CV, se ubican en el lugar de determinadas representaciones ideolgicas de la poblacin campesinoindgena, de su relacin con el Estado y de su agencia poltica. Es en este sentido que el trabajo de las CV como productor de espacios legtimos para la denuncia de violaciones de los derechos humanos evidencia la relacin problemtica entre poder, representacin poltica y diferencia tnicoracial. El fundamento poltico y moral de las CV se ha centrado en su capacidad para ofrecer un reconocimiento hacia las vctimas que no es asegurado por la justicia legal, es decir, el reconocimiento pblico del sufrimiento inmerecido experimentado por las vctimas y ofrecerles un espacio legitimado por el Estado para contar su historia (Allen, 1999; Du Toit, 000). Parafraseando a Lyotard (1993), un proceso como las CV trata de reinsertar a la vctima en la comunidad de habla y por tanto de restituir su derecho a hablar y, sobre todo, a ser escuchado.3

Mi inters con este trabajo era mostrar qu ocurre cuando aquellos relegados a los mrgenes de la comunidad de ciudadanos, de hecho, hablan y, ms concretamente, cuando el problema se traslada de la verdad sobre lo que pas a la posesin de autoridad para narrar (Beverley, 001). Lo que ambas CV aqu analizadas muestran es que esta autoridad est siendo desestabilizada siempre que las vctimas dejan ese lugar entre dos fuegos, entre la guerrilla y el ejrcito. Esta desestabilizacin de la autoridad se muestra en la movilizacin discursiva de representaciones ideolgicas racistas del campesino y del indgena en los testimonios. Estas representaciones remiten no solamente a una definicin del indgena y del campesino como ignorante e inocente sino tambin como poblaciones inseridas en formas de accin poltica arcaicas, que pueden ser reactivadas por personas externas a las comunidades, aprovechndose, as, de ese supuesto resentimiento histrico de los campesinosindgenas hacia los blancos y los mestizos. Podemos entonces preguntarnos, qu espacio poltico queda para estas poblaciones cuando, a travs del testimonio, adquieren la condicin de vctimas? Es decir, la cuestin central aqu no es el debate sobre si los campesinosindgenas estuvieron o no con la guerrilla, sino ms bien sobre la delimitacin de su discurso poltico a una semntica humanista que como en otras comisiones, privilegia su identidad como vctimas inocentes.

3 Estas perspectivas entroncan con la idea pragmtica defendida por Richard Rorty (1993) que considera que cualquier avance en la difusin de una cultura de los derechos humanos se deber, sobre todo, a un progreso en la educacin sentimental de los ciudadanos, es decir, una educacin en la empata hacia los sufrimientos ajenos.


Aunque esta narrativa centrada en la experiencia de sufrimiento y en los hechos de violencia haya sido similar para las comisiones centradas en los desaparecidos por el terror de Estado en el Cono Sur (Crenzel, 008), las implicaciones adquieren otro tono cuando la vctima es el indio subversivo. Los aspectos analizados aqu de las CV guatemalteca y peruana y ms concretamente la poltica del testimonio en cada contexto, revelan diferentes modalidades de tratar la militancia poltica y la participacin de las comunidades campesinoindgenas en la lucha armada. As, la poltica del testimonio que ha vertebrado los procesos de estas comisiones muestra claramente que el testimonio de las vctimas y sus familiares no debe ser visto de una forma linear, como una transicin del silencio a la comunidad de habla ciudadana, desde la cual denunciar las violaciones de derechos y reclamar su restitucin. La poltica del testimonio nos habla ms de relaciones de poder que permiten determinadas subjetividades y formas narrativas (i.e. el discurso humanista) y amortiguan otras (i.e. la militancia poltica).

Regresando a la controversia en torno al testimonio biogrfico de Rigoberta Mench Tum y el trabajo del antroplogo David Stoll, Arturo Arias se refiere a como logr salir del silencio perifrico, al cual los Mayas han estado condenados debido al racismo (001: 4), lo cual requiri su reconocimiento como sujeto poltico, como lder de un movimiento a nivel nacional e internacional; sin embargo, para Stoll la agencia poltica de la poblacin Maya queda recluida a la reaccin frente al terror de Estado y a sufrir la presin de la guerrilla:

Cualquier muestra de testimonios de campesinos revelar que los secuestros perpetrados por el ejrcito, las masacres y tcticas de tierra arrasada, jugaron un papel central en construir apoyo para las guerrillas. Lo que es ms difcil de encontrar en los testimonios son desagravios anteriores a la guerra tales como conflictos con contratistas de mano de obra y propietarios de plantaciones que motivaran a los Ixil a acoger a las guerrillas como una solucin drstica y necesaria para sus propios problemas. Por esta razn creo que el movimiento guerrillero en el rea Ixil no creci debido a luchas sociales preexistentes tal como el EGP sostiene. (Stoll, 1997: 193)

En el caso peruano, el debate en torno a la naturaleza del PCPSL, como ya hemos apuntado, nos revela el status problemtico de lo poltico cuando se intenta referir a las poblaciones campesinas. Es en este sentido que entiendo el artculo publicado, en 1991, por Deborah Poole y Gerardo Renique criticando el anlisis de dos acadmicos norteamericanos,


Cynthia McClintock y David Scott Palmer, sobre el proceso de violencia.4 McClintock y Palmer se refieren a la existencia de una rebelin campesina, lo cual es extensamente criticado por Poole y Renique, aludiendo al modo en que estos anlisis se insertaban dentro de las teoras de modernizacin fallida en el Tercer Mundo y de la construccin del terrorismo como una amenaza para el Occidente democrtico, tal como eran sustentadas por la poltica externa norteamericana. Poole y Renique critican sobre todo el hecho de pensar en el PCPSL como una continuidad lgica cultural y polticamente de las movilizaciones campesinas en la regin andina y por tanto, defienden la necesidad de pensar en la relacin entre campesinado y este movimiento desde otra perspectiva:

No queremos negar el hecho de que Sendero tuvo y tiene el apoyo de determinados sectores del campesinado andino en el Per. Esto es particularmente cierto de Ayacucho, donde la comunidad de simpatizantes polticos y militantes de Sendero se ha extendido enormemente va las redes de parentesco, compadrazgo y paisanaje, as como mediante los mtodos de persuasin innegablemente autoritarios y violentos con los cuales influencian el voto y ganan apoyo. No obstante, la naturaleza del apoyo brindado a Sendero por actores con posiciones distintas dentro de estas redes no es ni uniforme ni consistentemente poltico. Esto es todava ms cierto del apoyo y la simpata ofrecida por los campesinos de las diferentes provincias de Ayacucho y de las diferentes regiones del Per. Las percepciones que estos campesinos tienen de la agenda militar y poltica de Sendero estn condicionadas por experiencias regionales y locales muy especficas. (Poole y Renique, 1991: 147)

Qu quieren decir exactamente los autores cuando se refieren a que la naturaleza del apoyo brindado a Sendero no es ni uniforme ni consistentemente poltico?; qu nos indica Stoll cuando defiende que es difcil encontrar testimonios donde las comunidades Ixil vincularan sus problemas polticos y socioeconmicos con su unin a la guerrilla? Nos encontramos ante dos cuestiones interrelacionadas: por un lado, la definicin del espacio de lo poltico y, por otro lado, la ubicacin de determinadas poblaciones como sujetas siempre a la influencia de agentes externos. En los casos aqu analizados las poblaciones campesinoindgenas tienen una historia de constante tensin con la administracin del Estado y, en cierto modo, podemos decir que han gestionado polticamente su marginalidad para mantener, en muchos casos, esa posicin ambivalente en relacin al Estado y salvaguardar

4 Vase entre otros: Palmer (1986) y McClintock (1984).


as cierta autonoma. Esta situacin ha facilitado visiones que sitan a estas poblaciones fuera de la poltica en el sentido de las formas de lucha poltica normalizadas a travs de la formacin del Estado nacional y de los diferentes procesos que tiene lugar en este espacio poltico revolucionarios o no o bien, en una situacin pendular donde las fuerzas del Estado y las fuerzas subversivas lucharan por obtener su adhesin.

Si partimos de la premisa de que en gran medida, los senderistas eran ellos mismos [la poblacin campesina] (Theidon, 004: 174) y que los mayasno fueron inocentes vctimas atrapadas entre dos fuegos (Arias, 009: 9), debemos entonces enfrentar el reto, tanto desde la lucha en defensa de los derechos humanos como desde el trabajo acadmico, de pensar y reconocer a las vctimas como sujetos polticos y por tanto, en los casos aqu expuestos, abordar la representacin de las luchas armadas y de los movimientos subversivos desde perspectivas que, como refiere Victoria Sanford para el caso guatemalteco, no pierdan de vista las distinciones entre culpabilidad, responsabilidad y representacin as como entre creencias y acciones polticas (003: 0). Creo que en este sentido el conflicto armado peruano y la forma de entender lo que fue el PCPSL se nos presentan como un gran desafo. Cmo entender la participacin poltica de los campesinos en el proceso de lucha armada sin idolatrar ni demonizar el senderismo, y por tanto, cmo pensar en la participacin de gran parte de la poblacin que ms sufri las consecuencias de la violencia no en trminos de inocente/culpable sino de responsabilidad poltica:

[] la generacin que ha pasado tendr que esperar unos diez aos para olvidar porque no sabemos reconocer nuestros errores, ese es el gran problema aqu en Santiago de Lucanamarca, a pesar que se ha visto, que est comprobado, seguimos insistiendo con yo soy inocente, no son capaces de reconocer, intencionalmente o sin intencin, o por desconocimiento, reconozco mi error y luego me rectifico y sigo trabajando (Entrevista a un poblador de San Martn de Tiopampa, Santiago de Lucanamarca5 en Falcon et al., 007: 169170)

5 Distrito de la provincia de Huancasancos, departamento de Ayacucho. El conflicto armado en esta comunidad fue investigado por la CVR: tomo V, cap. ..; tomo VII, cap. .6.


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