DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2012PRIMERA EDICIÓN 26

Argentina fue elegida el juevespara ocupar una banca en el

Consejo de Seguridad de la ONUpara el período 2013-2014, tras unavotación en la Asamblea Generalde Naciones Unidas en la que tam-bién fueron seleccionadas Aus-tralia y Ruanda.

Argentina consiguió 182 sufra-gios, mucho más de los dos terciosde los votos requeridos (129) entrelos 193 Estados miembros de laONU. Australia obtuvo 140 y Ruan-da 148, lo que les bastó para serelegidos también de manera au-tomática a partir de la primera vo-tación. De estos tres puestos, el úl-timo resultó polémico: un informereciente del organismo multilate-ral acusa al país africano de su-ministrar tropas, armas y asesoríaa grupos rebeldes en la Repúbli-ca Democrática del Congo, dondefuerzas de paz de la ONU se en-cuentran desplegadas. Ruandaniega las acusaciones y no huboninguna candidatura rival a la suyapara el puesto en el Consejo de Se-guridad.

Las otras dos bancas no perma-nentes que se renuevan -una paraEuropa Occidental y otros paísesy otra para Asia- eran objeto denuevas votaciones. Luxemburgo yFinlandia, de un lado, y Corea yCamboya, del otro, se perfilabancomo los favoritos.

Argentina, que se presentó parasuceder a Colombia en una de lasbancas tradicionalmente reserva-das a América Latina y el Caribe,no debió enfrentar a ningún paísde la región, por lo que su elecciónestaba prácticamente aseguradade antemano. A sus 182 votos seopusieron apenas un voto paraBarbados y otro para Cuba. Coneste resultado el país suramerica-no registró la cantidad más alta desufragios obtenida por cualquierade los candidatos. Será la novenavez que Argentina forme parte delConsejo de Seguridad: la primerade ellas había sido en 1948-1949 y laúltima en 2005-2006.

La llegada de Argentina al má-ximo órgano de la ONU tiene lugaren momentos en que la tensión con

Reino Unido sobre las Islas Mal-vinas, en manos británicas y cuyasoberanía reclama Buenos Aires,ha aumentado de manera consi-derable con el 30º aniversario dela guerra de 1982.

En ese sentido un día antes dela elección, el Gobierno argentinoinformó que la Presidencia delConsejo de Seguridad de las Na-ciones Unidas incorporó “como do-cumento oficial” y distribuyó entretodos sus miembros una carta deprotesta que el canciller argenti-no, Héctor Timerman, le enviaraal organismo el 5 octubre pasadopor la cuestión de las Islas Malvi-nas.

El documento oficial que reci-bió la sigla identificatoriaS/2012/763, denuncia “las activida-des militares unilaterales que llevaadelante el Reno Unido que in-cluye el lanzamiento de misilesdesde las islas en ejercicios pro-gramados entre los días 8 y 19 deoctubre”, informó la Cancillería.

“Con la realización de estos ejer-cicios militares señala la carta delcanciller distribuida por la Presi-dencia del Consejo de Seguridad-que se suceden a los efectuados enel mes de julio pasado, el ReinoUnido demuestra el constante de-sapego al llamamiento de la co-munidad internacional en su con-junto para poner fin de forma pací-fica y definitiva a la disputa de so-beranía que involucra a ambos paí-ses en la Cuestión de las Islas Mal-vinas, tal como lo establecen laspertinentes resoluciones de las Na-ciones Unidas”.

El nuevo documento recuerdala presentación argentina del 10de febrero pasado ante el Conse-jo de Seguridad, el Secretario Ge-neral de la ONU y el Presidentede la Asamblea General, alertan-do sobre la creciente militariza-ción británica en el Atlántico Sur.

En tanto y en su nuevo rol anteel Consejo, Argentina tiene porotra parte un interés particular enHaití, donde participa de la misiónde la ONU.

De su lado, Australia fue elegi-da por quinta vez para una de las

bancas de Europa Occidental yotros países (hasta ahora en manosde Alemania y Portugal), al conse-guir 140 votos en la primera vota-ción. Ruanda, en tanto, ocuparápor segunda vez el asiento que serenovaba de Africa (en manos deSudáfrica), tras recoger 148 sufra-gios. Los otros cinco miembros nopermanentes son Azerbaiyán, Gua-temala, Marruecos, Pakistán yTogo. Sus mandatos finalizarán en2013.

El Consejo de Seguridad de laONU, máximo órgano de decisión,tiene en total 15 miembros, cincode ellos permanentes con derechoa veto (Francia, Estados Unidos,Rusia, China y Gran Bretaña), enuna configuración que representael equilibrio de fuerzas surgidotras la Segunda Guerra Mundial(1939-1945).

El año pasado, la elección de Pa-kistán incrementó el temor de unconflicto en el seno del Consejo,por su larga historia de rivalidadcon India. Sin embargo, ambos paí-ses trabajaron juntos sin dificul-tad, e incluso votaron en bloquesobre temas como la situación enSiria.

Si las predicciones son correc-tas, las naciones emergentes oBRICS -Brasil, Rusia, India, Chinay Sudáfrica- perderán influenciaen el Consejo, con India y Sudá-frica a punto de irse.

Al hablar el mes pasado ante laAsamblea General, la presidentaCristina Kirchner había afirmadoque cuando Argentina ocupe labanca como miembro no perma-nente en el Consejo de Seguridaddeberán “sentirse representadosen él todos los países que aspirana la paz como un valor universal”.

“No puede haber paz en unmundo donde no se trate igual atodos los países, no puede haberpaz en un mundo donde haya cadavez más pobres”, afirmó CFK ensu discurso y destacó que “la paz,los derechos humanos, la igualdady la libertad”, son “valores uni-versales que deben ser respetadosen todas las latitudes y por todoslos gobiernos”.

El país sudamericano representará durante dos años al bloquede América Latina y Caribe en el órgano que “brega por la paz

mundial”.

Reservado

ENFOQUE AMERICANO

ARGENTINA OBTIENE BANCA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU PARA 2013-2014

El Senado uruguayo dio el miér-coles sanción definitiva a una

ley que legaliza el aborto duran-te las primeras doce semanas degestación y bajo ciertas condicio-nes, lo que convierte al país en elsegundo de Latinoamérica en per-mitir el aborto, después de Cuba.En el resto de la región, la inte-rrupción del embarazo es tambiénlegal sólo en Ciudad de México,Guyana y Puerto Rico.

La iniciativa, que despenalizala interrupción del embarazo du-rante las primeras 12 semanas degestación y cumpliendo ciertascondiciones previas, fue aproba-da con 17 votos de 31, con el res-paldo de los 16 legisladores del go-bernante Frente Amplio (FA, iz-quierda) y del senador Jorge Sa-ravia, exintegrante del FA y queactualmente milita en el opositorPartido Nacional.

“Es un día histórico para el Uru-guay”, dijo la senadora oficialista

Constanza Moreira, indicando queahora hay que hacer una campañapara que las mujeres conozcaneste derecho.

El proyecto ya había sido apro-bado el 25 de septiembre por laCámara de Diputados, por unaajustada mayoría de 50 votos afavor y 49 en contra, por lo queahora sólo resta que sea promul-gado por el Poder Ejecutivo.

Larga discusiónEl Parlamento puso así fin a dé-

cadas de debates sobre un temaque ha dividido a la sociedad uru-guaya, tras el fracaso de cerca deuna decena de proyectos de lega-lización del aborto desde 1978.

El más reciente fue en 2008,cuando el Parlamento habilitó lainterrupción del embarazo perola norma fue vetada por el enton-ces presidente Tabaré Vázquez -el primero de izquierda en el país-alegando “principios éticos”.

En cambio, su sucesor José Mu-jica ya anunció que no vetará estainiciativa.

El proyecto aprobado el miér-coles -que implicó una negocia-ción con el Partido Independien-te (PI) para lograr los votos en lacámara de Diputados- prevé entreotras cosas no penalizar la inte-rrupción del embarazo si la mujerque quiera hacerlo se entrevistacon un equipo interdisciplinarioque le informará sobre los riesgos,las alternativas, los programas deapoyo a la maternidad y los deadopción.

Como excepción -señala lanorma-, se autorizaría el abortocuando el embarazo implique ungrave riesgo para la salud de lamujer, cuando haya malformacio-nes incompatibles con la vida ex-trauterina o cuando el embarazosea producto de una violación, enese caso dentro de las catorce se-manas de gestación.

Si la mujer no cumple con lostrámites y se realiza un abortopodrá ser penalizada según los tér-minos de una ley vigente desde1938, que pena con tres a nuevemeses de prisión a la mujer quepermita la práctica y con seis a 24meses a quien colabore con el actoabortivo.

Frustración y temas pendientesEl debate enfrentó a quienes

defendieron el derecho del em-brión con quienes consideraronel proyecto una alternativa a laineficacia de la ley actual, vigentedesde 1938 y que pena con prisióna la mujer que consienta un abor-to y a quien colabore con elmismo.

“Esta ley está alineada con losconsensos sociales actuales enUruguay”, dijo el senador del FALuis Gallo, enfatizando que “la so-ciedad no considera que la mujerdelinque cuando aborta”. “Solo el

0,04% de los 30.000 abortos que sedice se realizan en Uruguay ter-minan en procesamientos”, enfa-tizó el legislador.

Al realizarse de forma clandes-tina, los abortos en Uruguay sondifíciles de contabilizar, perosegún datos de organizaciones nogubernamentales en este país de3,4 millones de habitantes se re-gistran más de 30.000 abortos poraño, frente a unos 47.000 naci-mientos.

Desde la oposición, el senadorAlfredo Solari, del Partido Colo-rado, cuestionó que “esta es unamala solución a un problema mé-dico social que tiene este país”,indicando que instaura un siste-ma “complejo y dificultoso” y queacceder a una entrevista con unequipo multidisciplinario será“prácticamente imposible” engran parte del interior del país.

A su vez, horas después de laaprobación el diputado naciona-lista, Pablo Abdala, anunció a unaradio local que en los próximosdías, junto a otros legisladores desu partido, lanzará una campañaque buscará firmas para alcanzarun referéndum que permita de-rogar la ley aprobada.

El texto finalmente aprobadoha sido cuestionado tanto por losgrupos “ProVida” como por la Co-ordinadora por el Aborto Legal,quienes dicen que no garantiza ala mujer a decidir libremente.

La sociedad civil que encabezóuna “larga lucha por lograr la au-tonomía de las mujeres sobre supropio cuerpo hoy siente un cier-to grado de insatisfacción”, admi-tió la senadora oficialista MónicaXavier, redactora de dos proyec-tos anteriores que quedaron porel camino.

María José Scaniello, integran-te de CLADEM-Uruguay, red fe-minista que defiende los derechosde la mujer, dijo a la agencia denoticias AFP que tiene “senti-mientos contradictorios” pero quees “un avance muy grande en elacceso de las mujeres a un abortoseguro”.

En tanto, desde el movimiento“Provida”, Sofía Reyes aseguróque “con ley o sin ley el trabajo vaa seguir siendo apoyar a la madrepara que pueda tener ese bebé”.

La organización Médicos delMundo consideró que la norma es“un antecedente positivo” para elreconocimiento de los derechosde las mujeres en la región.

ENFOQUE AMERICANO

Sentando precedentesURUGUAY SE CONVIERTE EN SEGUNDO PAÍS DE LATINOAMÉRICA EN LEGALIZAR EL ABORTO

La decisión del Senado “charrúa” de permitir el aborto en lasdoce primeras semanas de gestación convierte al país enpionero en la despenalización sin que la mujer tenga quealegar ningún supuesto.

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DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2012PRIMERA EDICIÓN 28

El Gobierno colombiano y la gue-rrilla marxista de las FuerzasArmadas Revolucionarias de

Colombia (FARC) abrieron este jue-ves en Noruega un proceso de pazque proseguirá a partir del 15 de no-viembre en La Habana, con la in-tención de poner fin a un conflictode casi medio siglo.

Ambas partes mostraron las pro-fundas diferencias que deberán zan-jar para firmar un acuerdo de paz,luego que, por ejemplo, el delega-do del Gobierno rechazara por com-pleto discutir el modelo de desa-rrollo económico del país comoplanteó la guerrilla en el inicio deldiálogo en Oslo.

Las conversaciones se trasla-darán a Cuba partir del 15 de no-viembre, donde se comenzará a tra-tar confidencialmente el capítuloagrario, el primero de la agendapactada en este nuevo intento porponer fin al sangriento conflicto decasi medio siglo que ha cobradomiles de vidas. A continuación loscinco temas que dominan la agen-da de la mesa de negociaciones:

El capítulo agrarioEl acuerdo preliminar “para la

terminación del conflicto y la cons-trucción de una paz estable y dura-dera”, suscrito por las FARC y el go-bierno colombiano el 26 de agostopasado en La Habana, tiene comoprimer punto de agenda el “desa-rrollo agrario integral”, que será eltema con el que arrancará el diálo-go.

Y es que, después de todo, el temade la tenencia de la tierra está enla base del conflicto armado co-lombiano: las mismas FARC nacie-ron a partir de un grupo de autode-fensa campesina constituido en1964, y el despojos masivo de tierrashan sido una de las constantes de

un conflicto que ha dejado casi cua-tro millones de desplazados.

Además, Colombia continúa sien-do uno de los países más desigua-les de todo el planeta en lo que a latenencia de la tierra se refiere, puessegún un reciente informe de Na-ciones Unidas el 52% de la gran pro-piedad está en manos de apenas el1,15% de sus habitantes.

Aunque ese es un problema yaha sido reconocido por el gobiernodel presidente Juan Manuel Santos.

“Hay un acuerdo en Colombia,entre muchos sectores -con excep-ción del latifundio tradicional- deque hay que cambiar el modelo”, ledijo a BBC Mundo Marco Romero,director de la Consultoría para losDerechos Humanos y el Desplaza-miento (COHDES).

Pero, según Romero, mientrasque el actual gobierno apuesta porun modelo agroindustrial que per-mita aprovechar las oportunidadesgeneradas por los tratados de librecomercio, la guerrilla reclama re-distribución de la tierra y apoyopara el campesinado.

Así las cosas, la paz en Colombia

requerirá de políticas de desarro-llo rural que puedan potenciar laagroindustria sin sacrificar la eco-nomía campesina y los proyectos dedesarrollo alternativos de las co-munidades que a menudo se sien-ten amenazas por las “locomotorasdel desarrollo” impulsadas por elgobierno de Juan Manuel Santos.

Y Romero considera que, aunquedifícil, un principio de acuerdosobre el tema es ciertamente viable.

Una indicación en ese sentidopodría ser la decisión del gobiernode congelar el proceso de aproba-ción de un proyecto de ley de De-sarrollo Rural.

El objetivo: poder eventualmen-te integrar a la propuesta lo que seacuerde en las conversaciones depaz.

Participación políticaEste es sin lugar a dudas el tema

más polémico de toda la agenda yel que más rechazo ha generadoentre los colombianos.

Según las encuestas, al menossiete de cada diez ciudadanos seoponen a la eventual participación

de los líderes de las FARC en futu-ros procesos electorales, aunque elpresidente Juan Manuel Santos yaadvirtió que en nombre de la pazhabrá que “tragarse algunos sapos”.

“No se les puede pedir a la FARCque se arrodillen, se rindan y en-treguen las armas. No lo harán.Debe existir una salida, y esta sali-da debe permitirles participar enla arena política”, dijo reciente-mente el mandatario.

En este tema, las primeras difi-cultades serán de tipo legal, pues lalegislación colombiana veta la en-trada en la arena política de quie-nes hayan sido requeridos por lajusticia.

Y si los obstáculos locales son su-perados a través de una amnistía oalgún otro acto legislativo, como lareglamentación del denominadoMarco para la Paz, los guerrillerostodavía podrían tener que hacerfrente a requerimientos interna-cionales.

Es por eso que el tema de la ex-tradición ya fue puesto en la mesapor los delegados rebeldes, quesaben que muchos de sus líderes

son pedidos por Estados Unidosbajo acusaciones de narcotráfico.

Y la cosa se complica más todavíacuando hay acusaciones de críme-nes de guerra y otros delitos graves.

“Uno supondría , por lo que estámás o menos dicho en el marcolegal, que habría algún mecanismode selección de los principales res-ponsables de las más graves viola-ciones a los derechos humanos y delDerecho Internacional Humanita-rio y alguna penalización”, le dijo aBBC Mundo María Victoria Llo-rente, directora de la fundaciónIdeas para la Paz.

“Pero, ¿cuál penalización? Conlos paramilitares la pena máximafue de cuatro a ocho años (de pri-sión). Pero ya el ELN y las FARChace poquito sacaron un comuni-cado diciendo que ni un día en lacárcel”, agregó.

La otra cara de la moneda es lanecesidad de garantías “para elejercicio de la oposición política engeneral, y en particular para losnuevos movimientos que surjanluego del Acuerdo Final”, que haceparte de la agenda.

El proceso que busca la paz para una guerra que ya lleva casi medio siglo continuaráel 15 de noviembre en La Habana. La agenda tiene cinco puntos principales en losque ambas partes muestras sus diferencias.

ENFOQUE AMERICANO

Diálogo

ARRANCÓ LA NEGOCIACIÓN DE PAZ ENTRE LAS FARC Y EL GOBIERNO COLOMBIANO

El equipo negociador de lasFARC, Luciano Arango, aliasIván Márquez, y HernándezSolarte, alias Jesús Santrich,y Rodrigo Granda, alias Ri-cardo Téllez.

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El acuerdo preliminar de La Ha-bana menciona específicamente eltema del acceso a los medios de co-municación.

Pero el problema arranca con lasamenazas a la integridad física queen Colombia siempre han sufridoquienes ondean banderas políticassimilares a las reivindicadas por laguerrilla, por lo que la capacidaddel gobierno para ofrecer verdade-ras garantías de seguridad será fun-damental.

DesmovilizaciónEl tercer tema del acuerdo preli-

minar refiere al “cese del fuego yhostilidades bilaterales y definiti-vo”, “la dejación de las armas” y lareincorporación de los combatien-tes de las FARC a la vida civil “deacuerdo a sus intereses”.

Y aunque muchos asumen queeste debería ser el último tema enser discutido -pues la desmoviliza-ción de los guerrilleros dependeráde los avances en los otros puntosde la agenda- las FARC ya hanhecho saber que intentarán acordarun cese del fuego desde el principiodel diálogo.

La posición del presidente JuanManuel Santos, por lo pronto, es quelas operaciones militares conti-nuarán hasta que un acuerdo defi-nitivo haya sido alcanzado.

Pero algunos analistas han lla-mado a buscar acuerdos específicosque permitan ir reduciendo paula-tinamente la intensidad del conflictoy sirvan para confirmar la buena vo-luntad de las partes.

Como parte de este tema, el acuer-do preliminar de La Habana tam-bién dice que el gobierno colom-biano “intensificará el combate paraacabar con las organizaciones cri-minales y sus redes de apoyo” y, enparticular “contra cualquier orga-nización responsable de homicidiosy masacres o que atente contra de-fensores de derechos humanos, mo-vimientos sociales o movimientospolíticos”.

Y no hay que descartar que antela amenaza de las bandas criminalesde origen paramilitar que operanen muchas partes de Colombia losrebeldes quieran comprometerse abajar las armas, pero no necesaria-mente a entregarlas.

“Yo no se si va a haber entrega dearmas. O si va a haber una desmo-vilización en distintas regiones delpaís”, le dijo a BBC Mundo Mauri-cio Romero, de la Fundación NuevoArcoiris y la Universidad Javeria-na.

“Por ejemplo, en Irlanda, el IRA(Ejército republicano Irlandés)nunca entregó las armas ni hubo ce-remonia de desmovilización. Lo quehubo fue una comisión internacio-nal que se cercioró de que estas nopudieran volver a utilizarse”, re-cordó.

Y aunque los negociadores de laguerrilla han dicho que no existendivisiones a lo interno del grupo in-surgente, tampoco se puede des-cartar que en caso de alcanzarse unacuerdo surjan facciones que se

rehúsen a reconocerlo o se consti-tuyan abiertamente en bandas de-dicadas exclusivamente al nar-cotráfico.

NarcotráficoEl cuarto punto de la agenda es

“la solución al problema de las dro-gas ilícitas”, que se han convertidoen una de las principales fuentesde financiamiento de las FARC.

Hace algunos años, el jefe de ladivisión antinarcóticos de la PolicíaColombiana, César Pinzón, afirmóque el grupo guerrillero se habíaconvertido “el gran cartel que con-trola los laboratorios en la selva ymaneja las rutas de salida de ladroga en el país”.

Las FARC, sin embargo, lo nie-gan, sosteniendo que se limitan acobrar “un impuesto en las áreasdonde se produce la coca” a los co-merciantes que “entran a vender ya comprar la coca ahí para la re-venta”.

“Pero la cuestión del tráfico, lascadenas de la producción, proce-samiento o exportación, no la te-nemos”, afirmó recientemente Ro-drigo Granda, uno de los delegadosrebeldes a la mesa de negociación.

En cualquier caso, el del tráficode drogas es un problema comple-jo que difícilmente encontrará susolución en las conversaciones depaz.

“En el tema del narcotráfico loque uno supone es que segura-mente habrá alguna declaracióngeneral sobre la (necesidad de una)revisión internacional de la lucha

contra las drogas, pero lo sustan-cioso seguramente va a estar en eltema de los cultivos ilícitos”, le dijoa BBC Mundo María Victoria Llo-rente, directora de la fundaciónIdeas para la Paz.

“Y eso lo lleva a uno al tema dedesarrollo alternativo, lo que estácompletamente atado con el temade desarrollo rural”, explicó la ana-lista, para quien esto es un ejem-plo de la estrecha relación de losdiferentes puntos de la agenda denegociación.

Lo mismo opina Mauricio Ro-mero, de la Universidad Javerianay la Fundación Nuevo Arcoiris,para quien un posible acuerdotendría que pasar por una reorga-nización de los denominados “pla-nes de consolidación”, con los quese busca garantizar la presencia delestado en las zonas de influenciade la guerrilla, pero empezandosiempre por el componente militar.

“Ahora tendrían la oportunidadrealmente de desplegarse en todasu potencialidad, de convertirse enun instrumento de construcción depaz”, le dijo Romero a BBC Mundo.

“Como ya no estaría el enemigoarmado para derrotar, todos esosrecursos se podrían canalizar haciaproyectos de inversión en infraes-tructura y proyectos productivos.Eso le daría una dimensión impor-tantísima ya no como lucha contrael narcotráfico sino de desarrolloregional”, explicó.

Más allá de posibles acuerdosformales, sin embrago, en la prác-tica el gran reto en buena medida

pasa por poder ofrecer a los invo-lucrados en el narcotráfico alter-nativas lo suficientemente atracti-vas como para renunciar a un ne-gocio que genera grandes ganan-cias.

Pero al menos las FARC y el pre-sidente Juan Manuel Santos ya handemostrado en los últimos tiemposque están de acuerdo en algo: enque la solución real al problemarequiere de una revisión de la ac-tual “guerra contra las drogas”.

VíctimasEl tema de los derechos de las víc-

timas del conflicto es el último delos cinco puntos de agenda acorda-da en La Habana.

“Resarcir a las víctimas está en elcentro del acuerdo Gobierno Na-cional -FARC-EP. En ese sentido setratarán: (1) Derechos humanos delas víctimas y (2) Verdad”, se lee enel texto original.

Pero es lo que no está menciona-do en el documento lo que hace queeste sea un tema tremendamente es-pinoso, estrechamente conectadocon otros puntos de la agenda comola participación política y el desa-rrollo rural. “Los derechos de lasvíctimas son el derecho a la verdad,la justicia, la reparación y la no re-petición. Este documento no hablaen ningún lado de reparación ni dejusticia”, le dijo a BBC Mundo Ra-fael Guarín, exviceministro de De-fensa de Colombia durante el go-bierno de Álvaro Uribe y expertoen temas de política y seguridad.

“Y no lo habla por lo siguiente:

porque las FARC evidentementequieren impunidad total (…) Y por-que la reparación, consideran, debehacerse con base en la Ley de Víc-timas, que garantiza la reparación(por parte del estado) aun cuandolas violaciones a los derechos hu-manos o al Derecho InternacionalHumanitario sean cometidas por lasFARC”.

Críticos del proceso, como Guarín,argumentan sin embargo que unapaz verdaderamente sostenible nopuede conseguirse a cambio de im-punidad.

Pero antes de llegar al tema de lajusticia el primer reto será lograrponerse de acuerdo sobre la verdad.

Muchos colombianos, por ejem-plo, reaccionaron indignados cuan-do, en el camino hacia Oslo lasFARC dijeron que ellas se conside-ran a sí mismas víctimas del con-flicto. Y según el ministro de Agri-cultura, Juan Camilo Restrepo, el38% de las demandas de restituciónde tierras hechas por víctimas delconflicto provienen de personas des-plazadas por la guerrilla, la que lehabría sacado partido a la situación.

El presidente Santos, sin embargo,ya advirtió que los predios usurpa-dos por las FARC también serán de-vueltos a sus legítimos propietariosen el marco de la Ley de Víctimas.

Y la gran pregunta es cómo lo-grará Colombia garantizar los dere-chos de las víctimas de atrocidadesy violaciones del Derecho Interna-cional Humanitario sin que eso seaun obstáculo infranqueable en el ca-mino a la paz.

Carlos de Cossio y Humber-to de la Calle, representan-tes de las FARC y el Gobiernode Colombia respectivamen-te, se dan la mano en Oslo.