Evaluación de las instituciones universitarias militares

argentinas: el riesgo endogámico*

Ricardo Biazzi

Docente-investigador Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

Posadas, Provincia de Misiones. República Argentina

ricardobiazzi@arnet.com.ar

Abstract. This work intends study the model of university education of the

Argentine Armed Forces developed during period 1990-2015. It tries to examine

the characteristics of the military university institutions from the moment of its

creation, to the light of the processes of institutional evaluation and of

accreditation of programs made specific by the Comisión Nacional de Evaluación

y Acreditación Universitaria (CONEAU) and how they impact on the military

autonomy, exerted by the Armed Forces in the control of the military education.

Resumen. Este trabajo tiene por objeto de estudio el modelo de educación

universitaria de las Fuerzas Armadas Argentinas desarrollado durante el periodo

1990-2015. Pretende examinar las características de las instituciones

universitarias militares desde el momento de su creación, a la luz de los procesos

de evaluación institucional y de acreditación de carreras concretados por la

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y de

qué modo ellos obraron impactando sobre la autonomía militar, ejercida por las

Fuerzas Armadas en el control de la educación castrense.

*Endogamia: Término utilizado en ciencias sociales en referencia a personas o instituciones que están o viven

encerradas en ellas mismas. Para la Real Academia Española, “Actitud social de rechazo a la incorporación de

miembros ajenos al propio grupo o institución”. Diccionario, 23°Edición (2014).

http://dle.rae.es/?id=FDj2R4z, consultado en línea el 14 de julio de 2016.

Introducción

En el contexto del proceso de transición a la democracia y a partir de la asunción del

Presidente Raúl Alfonsín (diciembre de 1983), se concibieron propuestas de educación

militar que permitieran cursar en el ámbito de las universidades nacionales carreras de

grado o materias de las mismas necesarias para el perfeccionamiento en disciplinas no

militares. Sin embargo, esas ideas primigenias fueron modificándose por la debilidad del

poder político civil a la hora de definir y sustentar sus políticas para el sector y por el

interés de cada Fuerza militar de tener su propia institución universitaria y asegurar, así,

una mayor injerencia en las políticas de formación de sus respectivos cuadros.

Fue así que en los inicios de la década de 1990, la conducción de las Fuerzas

Armadas Argentinas transitó por un proceso de redefinición de proyectos institucionales y

curriculares de sus academias de formación básica de oficiales (Colegio Militar de la

Nación, la Escuela Naval Militar y Escuela de Aviación Militar), incorporándolas como

unidades de los nuevos institutos universitarios castrenses que se crearon, a saber: el

Instituto de Estudios Superiores del Ejército, creado en 1990, y desde 2013 denominado

Instituto Universitario del Ejército; el Instituto de Estudios Navales y Marítimos, creado en

1991, y desde 1998 denominado Instituto Universitario Naval; y el Instituto Universitario

Aeronáutico, desde 1993 con esa denominación. A su vez, las reformas de la educación

superior llevadas a cabo en aquella primera década, habilitaron a dichas instituciones a

otorgar, además del grado militar correspondiente al egreso como subteniente (Ejército),

guardiamarina (Armada) y alférez (Fuerza Aérea), licenciaturas universitarias con

titulaciones de validez nacional.

Digamos aquí que desde su creación, y mas allá de los esfuerzos que pudieron estar

destinados a mejorar la calidad de la educación castrense, en estas instituciones se

produjeron múltiples problemas derivados de la relación Fuerzas Armadas-sociedad civil,

y Fuerzas Armadas-poder político aún no resueltos y que se reproducen o reflejan en la

vida de las mismas. Los análisis institucionales realizados por el órgano estatal de

evaluación y acreditación de las universidades del país, la Comisión Nacional de

Evaluación y Acreditación Universitaria (en adelante, la CONEAU), así como diversos

estudios realizados desde las ciencias sociales, especialmente en los últimos años, advierten

sobre no pocas de tales dificultades1.

Las líneas de investigación

Para el desarrollo de este trabajo, hemos asumido una perspectiva teórica y metodológica

heterodoxa, inscribiendo la investigación en la intersección de dos campos de estudio de las

ciencias sociales: por un lado los estudios de la defensa nacional, en especial de las

relaciones civiles-militares; y por el otro los estudios sobre educación superior, con énfasis

en los modelos organizacionales y los procesos evaluatorios de los mismos. Se trata de un

estudio de tipo explicativo con el que pretendemos identificar las características de la

educación universitaria militar en Argentina. Esto es, buscar relaciones causales,

relacionando variables (tipos de instituciones con características de la formación) que,

contrastadas con las unidades de análisis, nos permiten determinar los grados de autonomía

o heteronomía de las distintas instituciones universitarias militares y en los diferentes

momentos de su historia reciente. En consecuencia, tras el relevamiento previo de la

bibliografía, fue necesario organizar, en primer término, la lectura y análisis sistemático de

textos y autores de los dos corpus teóricos mencionados (relaciones civiles-militares y

políticas universitarias de evaluación). En cuanto a las unidades de análisis tomadas para el

trabajo (las tres instituciones universitarias militares de las Fuerzas Armadas), el

conocimiento sobre ellas surgió a partir de la información brindada por las propias

instituciones, así como de las evaluaciones institucionales realizadas por la CONEAU,

verificándose también las transformaciones que sufrieron a lo largo del tiempo. En la etapa

final del trabajo, intentamos vincular las tendencias relevantes identificadas en el desarrollo

conceptual con las registradas, a su vez, como producto del estudio de las instituciones

concretas tomadas como unidades de análisis.

1 Al cuadro descripto debemos sumarle la creación, en 2014, de la Universidad de la Defensa

Nacional que funciona en el ámbito del Ministerio de Defensa. Una construcción político-institucional inédita

en el país que importa, de hecho, una reconfiguración de los institutos preexistentes y su integración como

unidades académicas de aquella y que, lejos de resolver las cuestiones no resueltas del diseño institucional de

los establecimientos dedicados a la educación universitaria de los militares, pareciera haberlas dejado abiertas

sin perspectivas de una definitiva resolución.

Educación Militar: la formación universitaria de los oficiales de las Fuerzas

Armadas

La educación militar tuvo sus antecedentes modernos con la creación de las academias

militares a comienzos del siglo XIX en Europa y los Estados Unidos. Dichas instituciones

educativas dedicadas a la formación de oficiales no mantuvieron, en general, relaciones

con las universidades de sus países, pues se partía de la base que la educación de un

conductor militar no demandaba conocimientos teóricos y prácticos ofrecidos por los

modelos universitarios. Es más, la educación militar y la universitaria sólo tendieron a

converger en procesos intelectuales e institucionales comunes recién hacia fines del siglo

XX y principios del siglo XXI en la mayoría de los países occidentales (Soprano, 2014).

Precisamente, analizando el modo en que las categorías conceptuales y simbólicas

utilizadas por el Ejército argentino para definir públicamente su identidad institucional, se

fueron modificando a lo largo del siglo veinte, Máximo Badaró nos recuerda que la

ponderación positiva de los estudios universitarios como política de esa Fuerza es algo

reciente, pues los mismos “comenzaron a valorarse a la hora de los ascensos, a partir de la

década de 1950” (Badaró, 2009:197; 2013:141).

Pero aquella percepción fue mudando con el tiempo, a punto tal que a fines del siglo

XX se reconoce ya una marcada tendencia en distintos países occidentales a incorporar sus

tradicionales academias militares al sistema de educación general, haciéndose público el

interés por establecer algunos modos de relacionamiento entre la educación militar y

universitaria.

Como lo anticipáramos, en Argentina ese proceso se desarrolló desde los primeros

años de la década de 1990 con la creación de los Institutos Universitarios de las Fuerzas

Armadas, y luego en el marco de la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995. Esa

transformación direccionada hacia el sistema de educación superior nacional e impulsada

desde la propia conducción de las Fuerzas Armadas, mostró, así, la búsqueda de ese

estrechamiento de vínculos entre el mundo universitario y el mundo militar, pensado desde

una perspectiva de modernización, democratización y de apertura a la sociedad. La

propuesta trajo aparejada, a su vez, la posibilidad de ofrecer títulos de grado

correspondientes a las formaciones académicas y al desarrollo de las profesiones del ámbito

civil (Badaró, 2013: 146; Frederic y Soprano, 2010: 8).

Una modernización que, a nuestro entender, intentaba una reconversión en orden a

la representación social de los militares, tras la situación de desprestigio y la abrupta

pérdida del poder político que vivieron las Fuerzas Armadas hacia finales de la década de

1980 (dictadura militar y guerra de Malvinas). Pero que significaba, además, la posibilidad

de seguir manteniendo bajo el poder castrense el control de la profesionalización militar.

Recordemos que la institucionalización de los aprendizajes no solo estuvo en manos de las

Fuerzas Armadas, sino que, además, históricamente éstas evidenciaron resistencia a ceder

total o parcialmente ese espacio educacional al que se reforzaba, precisamente, a través la

naturaleza cerrada, disciplinaria y conservadora de la institución militar2.

Queda claro, entonces, que existieron y existen diferentes interpretaciones acerca

de los motivos que apuntalaron la decisión de creación de estos institutos dentro del ámbito

de las Fuerzas Armadas. Lo que sí resulta evidente, es que tal decisión excluyó, como bien

lo afirma Sabina Frederic, otras opciones como pudo haber sido el avanzar con los

convenios con universidades nacionales para que acreditaran las titulaciones universitarias

de las academias militares, o incluso para que los cadetes cursaran en ellas, como en el caso

español (Frederic, 2013).

Lo cierto es que, durante más de dos décadas, paralelamente a la subordinación al

gobierno civil que expresaban en el contexto del sistema democrático recuperado, las

Fuerzas Armadas mantuvieron amplios márgenes de autonomía para gestionar sus propios

asuntos. Y entre ellos, desde luego, los educativos. Esos grados de autonomía –derivados

de la sistemática delegación de la conducción y administración de la defensa nacional y los

temas militares a favor de las propias Fuerzas Armadas- son los que le permitieron tomar

decisiones como la de creación de las instituciones universitarias en el propio ámbito

militar. Es tal el cuadro descripto, que la CONEAU en su primer informe de evaluación

2 Se sostiene, en ese sentido, que la estrategia adoptada por las Fuerzas Armadas con la creación de sus

institutos fue, entonces, un camino deliberado que buscó, por una parte neutralizar los riesgos de

“contaminación” identitaria que podría implicar para los cadetes el contacto con un “afuera” universitario

civil, y mantener “control exclusivo sobre la socialización de sus reclutas”, por la otra (Pion Berlin, 1996: 23-

24).

externa del Instituto Universitario Naval llega a interpretar, incluso, que la propia creación

del mismo resulta un “esfuerzo realizado por la Armada” que “debe ser valorado

cuidadosamente, en tanto y en cuanto marca un cambio significativo en lo formativo

cuando se viene de una tradición marcada por el autismo al considerar que la institución,

cerrada sobre sí misma, podría brindar toda la educación que necesitaba un oficial”

(CONEAU, 2007:5).

Convengamos, llegados a este punto, que la subordinación de los militares a la

autoridad política no es, ni ha sido, un problema exclusivo de nuestro país ni de ese tiempo.

Por el contrario, es uno de los más viejos en torno a la gobernabilidad humana, y que

interroga acerca de cómo una sociedad controla a aquellos que detentan el poder último de

la coerción o la fuerza física (Donadio, 2003: 13).

La cuestión planteada hace al problema en sí de la legitimidad de las Fuerzas

Armadas en un estado democrático y está, como nos lo recuerda Andrés Fontana,

directamente vinculada a la subordinación a la autoridad civil la que, afirma, debiera ser

“sustantiva”, es decir que “además del reconocimiento formal de la misma por parte de las

fuerzas armadas, exista un control efectivo de las actividades militares por parte de esa

autoridad civil y una aceptación de la legitimidad y pertinencia de ese control por parte de

los miembros de las fuerzas armadas” (Fontana, 1991)3.

En síntesis, en el marco del sistema democrático, la subordinación militar al orden

constitucional constituye un requisito sine qua non, pero al que inexorablemente debe

sumársele voluntad política, capacidad y eficiencia desde el gobierno civil de los asuntos

inherentes a la defensa nacional y a su instrumento militar. La confluencia o no de ambos

componentes y el desempeño alcanzado en este terreno, dan cuenta de los éxitos o fracasos

en torno a la cuestión nodal de las relaciones civiles militares en nuestro país.

Procesos de evaluación y acreditación universitaria, llevados a cabo en las

instituciones universitarias militares

3 Estima Fontana que lo contrario lleva a una mera subordinación formal, a partir de la cual ellas “tienden

indefectiblemente a incrementar su autonomía y a expandir su rol y, como consecuencia, a caer en la

desprofesionalización y la ilegitimidad” (Ibídem).

Paradojalmente, la precedentemente señalada estrategia de las Fuerzas Armadas para el

manejo autónomo de la formación de sus recursos humanos, importó la necesidad de

someterse a un encuadramiento legal de simultánea configuración temporal (Ley de

Educación Superior N° 24521, año 1995)4.

En nuestro país, con la vigencia de la nueva ley y la puesta en marcha de la

CONEAU, se comenzó a exigir a todas las instituciones universitarias, la sujeción a

mecanismos de evaluación institucional, a políticas, procedimientos, criterios y estándares

que, en este caso, irrumpieron en la vida de los institutos universitarios militares como

condicionantes que morigeraron aquellos grados de autonomía iniciales y el escenario

propio de actuación, derivando en la incorporación, con diferentes resultados, de lógicas y

prácticas universitarias en la vida de las mismas. En la última década, a su vez, se suman a

lo antedicho, las orientaciones impartidas desde el gobierno civil del Ministerio de Defensa

que abrió una instancia de reformulación de planes de estudio, del régimen de internado, así

como de sus normas estatutarias, mediante una reforma que estuvo dirigida a avanzar en el

denominado proceso de “ciudadanización” y “profesionalización” de las Fuerzas Armadas.

Digamos, aquí, que el avance de las reformas y nuevas orientaciones mencionadas,

no estuvo ni está exento de contrariedades, especialmente evidenciadas en la permanencia

de concepciones y prácticas educativas tradicionales, fuertemente arraigadas en los

institutos militares encargados de la formación de los oficiales de las Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que, al igual que a las demás instituciones universitarias del país, la

evaluación institucional llegó a los institutos universitarios castrenses bajo el régimen legal

vigente para todas ellas. La Ley de Educación Superior establece, en ese sentido, que las

instituciones universitarias, deben asegurar el funcionamiento de instancias internas de

evaluación institucional con el objeto de analizar los logros y dificultades en el

cumplimiento de sus funciones y proveer medidas para el mejoramiento de las mismas5.

4 Situación, por otra parte, diferente a la de Brasil cuyos militares regulan su sistema de educación mediante

la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional N° 9394 (art. 83) y las respectivas leyes específicas

para cada Fuerza. 5 En función de ello, la Res. N° 382/11 de la CONEAU establece, en su Anexo II, las pautas para la

autoevaluación institucional la que, para que cumpla con su objetivo (mejora de la calidad), debe: asegurar la

participación de los miembros de la comunidad universitaria, abordar a la institución de manera integral,

teniendo en cuenta su perspectiva contextual e histórica; contener información cuantitativa y cualitativa que

Sobre la base de este análisis singular, respetuoso del proyecto institucional que la propia

institución determina para sí misma, y de la autoevaluación realizada, el proceso de

evaluación externa a cargo de la CONEAU concluye con la recomendación de cursos de

acción para el mejoramiento de la calidad (art. 44).

Es oportuno que señalemos también, que la tarea de la CONEAU tiene, sin

embargo, un límite infranqueable, pues no emite juicio sobre las razones que llevaron a la

creación de las instituciones que evalúa o sobre la conveniencia o no de seguir

preservándolas, pues su campo de acción se restringe a formular apreciaciones y

recomendaciones para superar debilidades detectadas, para resolver problemas e

insuficiencias en la ejecución del proyecto institucional respectivo.

Partiendo entonces de la sui generis arquitectura institucional, así como del modo

particular en que los institutos universitarios militares se incorporaron al ordenamiento de

la Ley de Educación Superior, veamos algunas de las cuestiones más significativas

destacadas en los informes de evaluación externa realizados por las comisiones de pares

evaluadores de la CONEAU:

La importante cuestión de la autonomía universitaria ha sido advertida en las

evaluaciones externas ya que la gestión y administración de instituciones universitarias

castrenses, tomando en cuenta su peculiar sistema de gobierno, tiene diferencias

sustanciales respecto a lo establecido en la Ley de Educación Superior con relación a las

instituciones universitarias convencionales. En esta norma, se define a las mismas como

entidades autónomas, es decir con capacidad para dictarse su propios estatutos, elegir sus

autoridades, designar a sus profesores, todo ello sin interferencia alguna de los poderes

constituidos que forman el gobierno del orden político, lo cual marca una diferencia

decisiva con estos institutos militares dado que ellos forman parte orgánica de sus

respectivas Fuerzas, tanto en los aspectos de la normativa que los rige, como en lo que

respecta a la dependencia funcional de sus autoridades. Y tales diferencias se deben a que el

artículo 77 de la Ley de Educación Superior dispone que las instituciones constituidas al

amparo de la ley de universidades provinciales, (ley de facto N° 17778) -tal el caso de los

permita una interpretación de la realidad institucional, analizar los logros y las dificultades e incluir

propuestas de mejoras.

establecimientos universitarios militares, equiparados a ellas- quedan por esa Ley de

Educación Superior categorizadas como “institutos universitarios”, y “establecerán su

sistema de gobierno conforme a sus propios regímenes institucionales, no siéndoles de

aplicación las normas sobre autonomía y sobre gobierno de las instituciones universitarias

nacionales que prevé la presente ley”. Otro tanto ocurre con el sistema de arancelamiento

que los Institutos Universitarios de las Fuerzas Armadas han implementado para sus

carreras de grado y posgrado.

Ambas cuestiones (pérdida de autonomía y arancelamiento de los estudios) son

graves en nuestra opinión, pues entran en contradicción manifiesta con la Constitución

Nacional que consagra principios en materia de autonomía, gratuidad y equidad y que

resultan ajenos al régimen institucional de los institutos universitarios militares.

Concretamente, pone en manos del Congreso la atribución de sancionar leyes “que

garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la

autonomía y autarquía de las universidades nacionales” (art. 75, inc.19).

Pero no es únicamente por las condiciones legales y organizativas apuntadas que los

institutos universitarios militares carecen de autonomía. A esto se le debe agregar el hecho

de que, en general, sus autoridades son militares de carrera en actividad y que los cargos

académicos guardan un paralelismo con los rangos castrenses. La verticalidad, establecida

desde los más altos niveles de decisión de la Fuerzas Armadas, se ejerce simultáneamente

desde el organigrama académico y desde el organigrama militar.

En lo relativo a la definición de las políticas educativas y los respectivos proyectos

institucionales, los institutos militares no los concretaron por sí solos. Por el contrario,

siempre fue competencia de los ámbitos jerárquicos de sus Fuerzas y de las autoridades de

la Defensa más recientemente, siendo allí donde se definen los perfiles pertinentes.

En lo académico, y en lo que respecta al manejo de los campos disciplinarios

específicos, la entidad evaluadora ha dejado sentado claramente desde sus primeros

informes, la posibilidad de estar frente a “cátedras cristalizadas en el tiempo, de profesores

adheridos a formas perimidas que denotarían la presencia de un currículo oculto y un

entorpecimiento indirecto a las políticas de cambio de planes de estudio”. En este sentido, y

en un esfuerzo de síntesis que compartimos y al que recurrimos, respecto a los contenidos

de las distintas evaluaciones externas realizadas a las instituciones universitarias militares,

Frederic y Soprano (2010:169) concluyeron señalando las más importantes

recomendaciones que emergieron de ellas y el énfasis puesto en la necesidad de que las

instituciones evaluadas pudieran, entre otros desafíos, alcanzar una planta docente

calificada, con saberes actualizados, con posgrados, con antecedentes de docencia e

investigación, mayor dedicación en la institución, accediendo por concursos a sus cargos

para facilitar una renovación competitiva de la planta docente y evitando, así, los riesgos

de su auto-reproducción; incorporar materias de contenido humanístico a los planes de

estudios, “facilitando a los cadetes mayor cantidad de tiempo destinado al estudio y que, en

lo posible, éstas materias puedan cursarse en el ámbito de universidades nacionales a fin de

evitar restringir las instancias de formación exclusivamente a los límites internos de la

academia militar”; así como promover una valorización positiva equivalente entre la

adquisición de saberes académicos generales y saberes y prácticas profesionales militares

específicos, evitando cualquier forma de ponderación diferencial de estos últimos sobre los

primeros.

En síntesis, podemos afirmar que durante veinticinco años de vida institucional los

Institutos Universitarios de las Fuerzas Armadas obraron, conjunta o individualmente, con

diferentes grados de autonomía según fueran las condiciones que incidieran sobre ellos en

las diferentes etapas político-institucionales por las que atravesó el país. Al presente, a su

vez, aún subsisten una serie de tensiones que derivan del intento de compaginar las lógicas

y prácticas universitarias con las relaciones en materia de educación y sociabilidad de los

cadetes de las escuelas militares. Tensiones que mostraron, en paralelo, claros esfuerzos

enderezados a resolverlas así como –en sentido contrario– núcleos de resistencia o

inmovilismo, renuentes a los cambios intentados.

Señalemos, finalmente, que la nueva institución creada, la Universidad de la

Defensa Nacional, genera no pocos interrogantes en torno a la viabilidad del diseño

institucional implementado. Por ello nos preguntamos si estamos frente a la apertura de una

perspectiva diferente en el proceso de incorporación de las academias militares al sistema

universitario general o, por el contrario, si no es más que la preservación o profundización

de las estrategias y sentido del camino escogido por los institutos preexistentes desde su

etapa fundacional.

Las definiciones que emergen de la Ley de su creación, así como del proyecto

institucional presentado y que diera pie al dictamen favorable de la CONEAU para la

puesta en marcha de la institución (Res. N°597/15), nos indican que seguimos en presencia

de las mismas unidades académicas autocontenidas (antes, los Institutos de cada Fuerza;

ahora, las Facultades de cada Fuerza), reproduciendo, en la estructura de gestión y

administración para el gobierno de toda la universidad, una matriz fragmentaria que lejos

de superarla, supone preservar la tendencia al funcionamiento de cada una de ellas en los

términos preexistentes y sobre la base de sus propias dinámicas, lógicas y objetivos

particulares, con serio riesgo de cristalizar lo que hacen, cómo lo hacen y quiénes están a

cargo de lo que se hace.

No podríamos finalizar este trabajo sin formular una reflexión específica acerca de

la evaluación de este tipo de instituciones universitarias militares. En efecto, resulta

oportuno destacar el valioso aprendizaje que trae aparejado la experiencia de los procesos

de evaluación y acreditación llevados a cabo en las instituciones universitarias castrenses.

A nuestro entender, ellos permitieron y permiten dimensionar con mayor claridad la

notoria diversificación de tipos institucionales que se registra en la educación superior;

tomar nota, en definitiva, del significado de la presencia de estas instituciones “singulares”,

con una “fisonomía particular”, frente a las tradicionalmente conocidas.

La CONEAU, en algunos casos dejó sentado que pudo advertir esa singularidad al

tiempo de interpelar una institución de esas características. Así lo reflejan los informes

finales de las evaluaciones externas respectivas. Pero ello no siempre ocurre y tampoco,

entendemos, es suficiente con advertirlo. Creemos que resulta imprescindible que, tanto

dicha Comisión en sus políticas de evaluación, como los comités de pares que se

constituyan y los equipos técnicos que intervengan, asuman la clara dimensión de la

heterogeneidad y complejidad del contexto general de la educación superior, así como la

especificidad institucional de los casos particulares, lo que obliga a todos ellos a calibrar

ajustadamente los propios parámetros de intervención con los que han de observarse y

evaluarse a este tipo de modelos universitarios menos convencionales, sin que ello implique

resignar, en modo alguno, el aseguramiento de los fines existenciales, así como las

funciones básicas que toda institución universitaria del país debe garantizar.

Conclusiones

Existe en la actualidad un notorio consenso sobre la importancia de la adecuada formación

universitaria de los cuadros militares. Ello es esencial en orden a la construcción de las

políticas de defensa de un estado, así como para el afianzamiento del propio sistema

democrático. Una cuestión que no es menor en ninguna nación del mundo, pero que cobra

aún mayor significación en países como el nuestro en el que sobreviven resabios de una

relación traumática entre sociedad civil y fuerzas armadas, especialmente luego de la última

y trágica experiencia militar (1976- 1983).

Sostenemos que, correctamente concebida, dicha formación debe posibilitar una

mejor integración a los principios que rigen la vida político-institucional de nuestra nación;

facilitar el perfeccionamiento de los cuadros militares, aumentando su profesionalización y

permitiendo una mejor interacción con la sociedad en su conjunto.

No obstante lo expresado precedentemente, y a poco de transcurrir más de tres

décadas desde la recuperación democrática argentina, podemos afirmar–a la luz de las

experiencias analizadas- que persiste una cierta y preocupante debilidad del poder político

civil a la hora de delinear criterios para el manejo de las Fuerzas Armadas, al menos sobre

temas como los aquí analizados. Y ello puede, de algún modo, seguir favoreciendo el

manejo castrense “autónomo” de decisiones políticas estructurales, como lo son las

inherentes a formación de sus recursos humanos. Podemos verificar, también, la

permanencia de las tensiones no resueltas hacia el interior de estas instituciones, entre la

disciplina y el orden que nutre el mundo castrense y el consustancial campo de libertad del

mundo universitario, tal como lo anticipaba la CONEAU, ya desde la primera evaluación

externa efectuada al Instituto Universitario Aeronáutico, indicando que en este tipo de

instituciones: “… convergen dos racionalidades o lógicas institucionales, no siempre

fácilmente armonizables. Por un lado, es una institución académica que debe estar regida

por los valores de búsqueda de la verdad, autonomía y libertad y en la que la participación

de todos los miembros es una condición para la construcción de un espíritu de indagación y

para la consolidación de un clima de contrastación de perspectivas y convergencia de

saberes. Por otro, forma parte de una institución de naturaleza jerárquica, que responde a la

verticalidad propia del campo militar, con objetivos centrales que no son los de la

generación, reproducción y transferencia de conocimientos”. (CONEAU, 2002b: 17).

En definitiva, con el modelo diseñado y en vigencia, creemos que la formación

universitaria del militar argentino, desarrollada en sus propios establecimientos educativos,

bajo sus peculiares reglas de organización institucional y curricular, favorece procesos

endogámicos y de aislamiento que obstruyen una adecuada integración con la sociedad

civil6.

Recordamos, en este aspecto, las expresiones vertidas por la CONEAU en el

informe de la primera evaluación externa realizada al Instituto Universitario del Ejército, en

el sentido que una de las principales debilidades de su política institucional la advierte en la

“tendencia de la casa de estudios a circunscribir al oficial dentro del sistema militar con la

existencia de una fuerza centrípeta predominante, reflejada en la decisión de la Institución

Ejército de generar instancias de formación universitaria dentro de sus propios límites antes

que apoyarse en el conjunto del sistema universitario” (CONEAU, 2002a: 52).

¿Cuáles son esas características que han profundizado un modelo, como hemos

visto, caracterizado por tal tendencia endogámica? En nuestra opinión, la propia creación

de este tipo de instituciones universitarias en el ámbito militar, es una de las principales

causas de la profundización de un modelo, sesgado por el encapsulamiento. Con la decisión

-originada más en razones esgrimidas por cada Fuerza que en políticas de Estado- de crear

estas instituciones de educación superior, se reprodujeron y se siguen reproduciendo

patrones de cierta segregación profesional, cultural y hasta espacial, ya vivenciados por los

militares en etapas previas de su formación y de la vida castrense, tales como los de los

colegios militares, barrios militares, instituciones deportivas militares, entre otros. Derivado

de ello, se genera un proceso que conlleva a vinculaciones y relacionamientos personales y

profesionales selectivos o de interacciones reducidas.

6 Digamos, sin embargo, que en todas las evaluaciones internas (autoevaluaciones), así como en las

publicaciones oficiales, las autoridades y miembros de estas instituciones reivindican la especificidad de su

modelo institucional y, desde luego, la decisión fundacional y la continuidad hasta el presente de las mismas.

Lo antes dicho pareciera demostrar que ni la vocación democrática que debe guiar

el funcionamiento de las instituciones castrenses, ni los esfuerzos por ubicar la educación

universitaria en un plano relevante para el desarrollo institucional y la vida de cada

miembro de las mismas, así como la voluntad expresada de llevar adelante un proyecto

educativo más amplio y flexible, parecieran suficientes para resolver las deficiencias

estructurales planteadas. En consecuencia, sigue flotando la idea de permanencia de un

modelo fuertemente impregnado por lo “militar” y marcadamente corporativo que se fue

nutriendo al amparo de las indefiniciones o complacencia del poder político civil. Y al que

hoy no debiera pensárselo solo en términos de optimización, sino de reformas estructurales

diseñadas y dispuestas por la autoridad civil, bajo cuya responsabilidad actúan y debieran

actuar inexcusablemente las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Hipótesis de

reformas entre las que no debe descartarse, la concreta y específica de disolución definitiva

de las actuales instituciones universitarias militares de nuestro país, tal como han sido

concebidas.

Finalizamos destacando que, tal como lo reseñamos, las evaluaciones internas y las

externas han sido las herramientas que el sistema universitario argentino ha puesto en

marcha desde hace veinte años, y es a ellas que debemos tanto el alumbramiento de una

mejor caracterización de las instituciones analizadas como el emerger de sus

vulnerabilidades, y a las que hemos dedicado nuestra particular perspectiva de análisis.

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