2-5-2014

Anlisis de la situacin de jvenes en riesgo y en conflicto con la ley penal - Paraguay Informe final de relevamiento y anlisis

Rodrigo Pantoja CONSULTOR

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Captulo 1: Relevamiento de las condiciones de jvenes en conflicto con la ley penal en el Paraguay, incluyendo: la aplicacin del Cdigo de la Niez y la Adolescencia, la situacin en los centros de detencin, y la aplicacin de medidas alternativas a la privacin de la libertad.

Seccin 1.1: Cdigo de la Niez y Adolescencia. Normativa aplicable al proceso penal adolescente (autores de actos ilcitos entre 14 y 18 aos de edad).

La Ley N 1.680/01 de la Repblica del Paraguay define el Cdigo de la Niez y la Adolescencia (en adelante CNA), normativa que establece y regula los derechos, garantas y deberes del nio y del adolescente, de conformidad a la Constitucin, la Convencin Internacional de los Derechos del Nio (en adelante CIDN) y otros instrumentos legales vigentes en la Repblica, o de carcter internacional y ratificados por el pas (Artculo 1).

El Cdigo incluye garantas generales aplicables al proceso penal, entre las que destacan las siguientes:

1. La presuncin de la niez, adolescencia o adultez (Artculo 2): En caso de duda sobre la edad de una persona, se presumir siempre la condicin de menor edad. Es decir, entre nio o adolescente, se presume nio; entre adolescente y adulto, se presume adolescente. Las personas son adultas a contar de los 18 aos de edad1.

2. El principio del inters superior (Artculo 3): Toda medida adoptada respecto del nio o adolescente, estar fundada en su inters superior, dirigido a asegurar el desarrollo integral del nio o adolescente, as como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantas.

En cuanto al tratamiento de las infracciones a la ley penal, abordadas en el libro V del CNA, cabe destacar las siguientes disposiciones:

3. Un adolescente es penalmente responsable slo cuando al realizar el hecho tenga madurez psicosocial suficiente para conocer la antijuricidad del hecho realizado y para determinarse conforme a ese conocimiento (Artculo 194). Con el fin de prestar la proteccin y apoyo necesarios a un adolescente que en atencin al prrafo anterior no sea penalmente responsable, el Juez podr ordenar las medidas previstas en el Artculo 34 del CNA (relativo a medidas de proteccin y apoyo), es decir:

a. La advertencia al padre, a la madre, al tutor o responsable; b. La orientacin al nio o adolescente o a su grupo familiar; c. El acompaamiento temporario al nio o adolescente y a su grupo familiar; d. La incorporacin del nio en un establecimiento de educacin escolar bsica

y la obligacin de asistencia; e. El tratamiento mdico y psicolgico;

1 Esta norma es especialmente relevante, considerando que en Paraguay el 57% de los nios no han sido inscritos en el registro civil a un ao de haber nacido.

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f. En caso de emergencia, la provisin material para el sostenimiento del nio o adolescente;

g. El abrigo; h. La ubicacin del nio o adolescente en una familia sustituta; y, i. La ubicacin del nio o adolescente en un hogar.

4. Las medidas que puede adoptar el Juez en virtud del procedimiento se clasifican en socioeducativas, correccionales y privativas de libertad (Artculo 196).

5. En cuanto a las medidas socioeducativas, stas se definen como prohibiciones y mandatos que regulan la forma de vida del adolescente con el fin de asegurar y promover su desarrollo y educacin. Estas reglas de conducta no podrn exceder los lmites de la exigibilidad, conforme a la edad del adolescente (Artculo 200). El Juez podr ordenar:

a. Residir en determinados lugares; b. Vivir con una determinada familia o en un determinado hogar; c. Aceptar un determinado lugar de formacin o de trabajo; d. Realizar determinados trabajos; e. Someterse al apoyo y supervisin de una determinada persona; f. Asistir a programas educativos y de entrenamiento social; g. Reparar, dentro de un plazo determinado y de acuerdo con sus posibilidades,

los daos causados por el hecho punible; h. Tratar de reconciliarse con la vctima; i. Evitar la compaa de determinadas personas; j. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o lugares exclusivos para

mayores de edad; k. Asistir a cursos de conduccin; y, l. Someterse, con acuerdo del titular de la patria potestad o del tutor, en su

caso, a un tratamiento mdico social por un especialista o un programa de desintoxicacin.

6. Las medidas socioeducativas se ordenan por un tiempo determinado que no exceder los dos aos de duracin, pudiendo llegar por cambios o extensin de ellas hasta los tres aos (Artculo 201).

7. Se pueden incluir, adems, en las medidas socioeducativas, las medidas de proteccin y apoyo establecidas en el Artculo 34 del CNA.

8. En cuanto a las medidas correccionales, stas constituyen un serio e intenso llamado de atencin al adolescente acerca de la responsabilidad por su conducta. Son aplicables cuando no resulta apropiada una medida de privacin de libertad (Artculo 203).

9. Las medidas correccionales incluyen: a. La amonestacin (descrita en el Artculo 204). b. La imposicin de obligaciones (Artculo 205):

i. Reparar, dentro de un plazo determinado y de acuerdo con sus

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posibilidades, los daos causados por el hecho punible; ii. Pedir personalmente disculpas a la vctima;

iii. Realizar determinados trabajos; iv. Prestar servicios a la comunidad; y, v. Pagar una cantidad de dinero a una beneficencia.

10. La medida privativa de libertad es la de naturaleza ms severa y se aplica slo ante la inefectividad de las medidas socioeducativas o correccionales, o cuando la internacin sea recomendable por el grado de reprochabilidad de la conducta ilcita (Artculo 206). La duracin de la medida privativa de libertad va desde el mnimo de seis meses hasta el mximo de cuatro aos. En caso que el delito cometido est calificado como crimen por el derecho penal comn, la duracin mxima de la medida es de ocho aos (Artculo 207). La ejecucin de la medida privativa de libertad puede suspenderse bajo ciertas condiciones (Artculo 208).

Seccin 1.2 Cdigo de la Niez y Adolescencia. Normativa aplicable a casos inimputables

La lectura del CNA permite apreciar tres situaciones que dan origen a inimputabilidad:

1. El autor de la infraccin es menor de 14 aos: La edad lmite de responsabilidad penal en el Paraguay se ha fijado en los 14 aos de edad, motivo por el cual los casos de nios o nias que han cometido un acto de infraccin a la ley no son sujetos de responsabilidad penal. Frente a tales casos, la reaccin del Estado es aplicar el procedimiento de proteccin regular, que finalmente puede derivar en las medidas sealadas en el Artculo 34 del CNA.

2. El autor de la infraccin es mayor de 14 aos, pero no cuenta con la madurez psicosocial suficiente para enfrentar el proceso penal adolescente (Artculo 194). En estos casos, el Juez puede aplicar las medidas de proteccin y apoyo establecidas en el procedimiento de proteccin regular, detalladas en el Artculo 34 del CNA.

3. Otras situaciones atenuantes o eximentes de la responsabilidad penal, incluidas en el Cdigo Penal, Artculos 17 a 25. Es importante sealar que el Cdigo Penal se aplica en forma supletoria a los adolescentes, en todo lo que no est expresamente normado en el CNA.

Seccin 1.3 Antecedentes relativos a la efectividad de la normativa aplicable

Durante la misin de trabajo en el Paraguay, realizada entre el 07 y el 11 de abril de 2014, se logr entrevistar a profesionales del Ministerio de Interior, Juez Penal Adolescente, Equipo tcnico asesor del Juez Penal Adolescente, Comisarios de Polica y autoridades del sector Justicia.

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La informacin obtenida en estas diversas entrevistas, permiti indagar que:

1. Existen ciertas garantas y/o derechos de infancia y adolescencia que podran estarse afectando en el marco de la implementacin de medidas de prevencin del delito. Especficamente, se aprecia que la polica, en el contexto del control de seguridad en eventos deportivos masivos (especialmente partidos de ftbol) detiene en forma preventiva a adolescentes y jvenes que sean identificados como infractores de ley, aun cuando no hayan cometido un delito en particular que motive la detencin. Estas detenciones (denominadas demoras) duran hasta el trmino del evento deportivo que se pretende resguardar, y se registran como procedimientos policiales regulares, lo cual afecta la validez de las estadsticas, porque deja constancia de procedimientos de detencin aplicados a situaciones donde no hay delito.

2. En los casos efectivamente detenidos por delitos, se aplica una evaluacin de madurez psicosocial en el Juzgado Penal de Adolescencia. La evaluacin se orienta a determinar si los imputados cumplen o no el supuesto establecido por el Artculo 194 del CNA, y que constituye requisito para enfrentar el proceso penal. La evaluacin es aplicada antes de la audiencia de control por trabajadores sociales y psiclogos que, aunque cuentan con vasta experiencia, no utilizan ningn protocolo estandarizado para cumplir su cometido, lo cual puede afectar la validez de sus conclusiones. La literatura especializada en riesgo de reincidencia, perfiles y trayectorias delictuales, seala consistentemente que las evaluaciones de casos basadas slo en apreciaciones profesionales no estructuradas (juicio clnico) tiene niveles bajos de validez y confiabilidad.

3. Los jueces penales de adolescencia no cuentan con el apoyo de organismos del Poder Ejecutivo para la aplicacin de medidas socioeducativas de carcter especializado. Sin perjuicio de la existencia de escuelas y centros de salud, que constituyen soportes institucionales que permiten el cumplimiento de algunas medidas, los servicios que pueden otorgar a la poblacin infractora de ley infanto juvenil no difieren de los servicios que las mismas instituciones otorgan a la poblacin general no infractora. Esto constituye un problema, toda vez que la poblacin infractora de ley reviste particularidades propias que la hacen ms compleja de atender y requiere, por tanto, de equipos especializados, bien entrenados y adecuadamente provistos de recursos para obtener resultados. Lo mismo ocurre respecto a las medidas correccionales. Este problema ha obligado a jueces penales a dictar como medidas socioeducativas, por ejemplo, que los jvenes concurran a realizar servicios generales en el propio juzgado (mantencin, aseo, etc.), pues ello permite al Juez someter al imputado a una medida de beneficio comunitario, al tiempo que se hace posible controlar el cumplimiento.

4. Lo expuesto en el punto anterior deriva en que, finalmente, la nica medida especializada en poblacin infractora de ley que el Juez Penal de la Adolescencia puede aplicar, es la privacin de libertad. Esta medida se cumple en instalaciones denominadas centros educativos, donde el apoyo de programas sociales e

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intervencin psicolgica propia o externa es limitada y, segn distintos entrevistados, no se ajustara a la necesidades especiales de la poblacin que cumple condena en dichos centros. En consecuencia, si bien se trata de una medida que puede cumplirse de manera efectiva, no es posible suponer que sta resulte eficaz para lograr sus objetivos declarados de orden educativo y resocializador.

5. El esquema N 1 resume el flujo de un caso dentro del sistema de control social penal adolescente, desde la detencin hasta la condena. La revisin de este esquema permite puntualizar los diversos problemas que reducen la capacidad del sistema para lograr sus propsitos:

a. Casos infractores no detenidos, sea por problemas de capacidad o de probidad, generan un grupo de poblacin objetivo invisible para efectos de planificar la oferta de servicios que se debe crear en materia de prevencin social y reduccin de riesgo de reincidencia.

b. Derivacin de casos menores de 14 aos al sistema de proteccin resulta pertinente para mejorar el ejercicio de los derechos de nios y jvenes vctimas de vulneraciones, pero la oferta del sistema de proteccin no pone un nfasis explcito en el abordaje de conductas antisociales que ponen a los nios en riesgo de ser detenidos y procesados una vez que cumplan 14 aos de edad.

c. La falta de estandarizacin actuarial de la evaluacin de madurez psicosocial produce riesgo de falsos negativos en este proceso de valoracin, lo que puede ocasionar que casos infractores que deben tratarse desde una perspectiva de gestin del riesgo de reincidencia (para evitar mayor victimizacin y nuevas sanciones) terminen siendo tratados slo desde una perspectiva de promocin del ejercicio de derechos, que no ponga necesariamente nfasis en la conducta antisocial y que, eventualmente, ponga en peligro la integracin social futura de dichos casos (por sanciones privativas de libertad).

d. Finalmente, la falta de oferta de programas especializados en el mbito de las medidas socioeducativas y correccionales, aumenta la probabilidad de fracaso de las mismas. El efecto de dicho fracaso es aumentar la probabilidad de reincidencia, produciendo victimizacin y sanciones privativas de libertad para los jvenes procesados. A juicio del consultor que suscribe, la aplicacin de medidas privativas de libertad debera reducirse al mnimo posible por su alto costo para el Estado y por el severo y negativo impacto que produce la prisionizacin en las oportunidades de integracin social futura de los jvenes que pasan por los centros educativos.

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Esquema N 1: Resumen flujo de caso penal adolescente Paraguay

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Seccin 1.4: La situacin de los centros educativos (centros privativos de libertad para adolescentes)

Las medidas privativas de libertad que se aplican a poblacin adolescente infractora de ley por parte de los Jueces Penales de Adolescencia, se cumplen en instalaciones denominadas Centros Educativos.

En la actualidad, el Paraguay cuenta con seis Centros Educativos, con una cobertura total de 321 casos procesados2, la que se desglosa de la siguiente manera:

2 Al 27 de marzo de 2014, de acuerdo con el Memorndum N 16/14 de la Direccin (I) General de Establecimientos Penitenciarios y Ejecucin Penal.

Adolescentes procesados al 27 de marzo de 2014

Centros educativos

14 a 17 aos 18 a 20 aos 14 a 17 aos 18 a 20 aos

Asuncin

Centro Educativo "Virgen de Ftima"- - 4 1 5

Departamento Central

Centro Educativo Itagu139 20 - - 159

Departamento Central

Centro Educativo "La Esperanza"4 0 - - 4

Departamento de Concepcin

Centro Educativo Concepcin34 0 - - 34

Departamento del Guaira-Villarrica

Centro Educativo "Sembrador"37 3 - - 40

Departamento Alto Parana-Ciudad del Este

Centro Educativo Ciudad del Este49 6 - - 55

297

reas de menores en Penitenciaras Regionales

14 a 17 aos 18 a 20 aos 14 a 17 aos 18 a 20 aos

Departamento de Itapua

P. R. de Encarnacin12 4 - - 16

Departamento Alto Parana

C. M. Juana Mara de Lara- - 7 0 7

23

Penitenciara Regional

14 a 17 aos 18 a 20 aos 14 a 17 aos 18 a 20 aos

Departamento de Misiones

P. R. San Bautista Misiones1 0 - - 1

1

321

Subtotal reas de menores en Penitenciaras Regionales

Hombres Mujeres

Total

Subtotal Penitenciara Regional

Total casos vigentes

Hombres Mujeres

Total

Subtotal Centros Educativos

Hombres Mujeres

Total

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Aunque el documento de referencia slo incluye casos procesados y no casos condenados, cabe sealar que un documento distinto 3 emitido con solo una semana de diferencia, consigna que de un total general de 342 casos vigentes, slo 30 se encuentran condenados, lo que representa un 8,77%. En virtud de esta informacin, resulta plausible asumir que la cobertura total del sistema, incluyendo casos condenados al 27 de marzo de 2014, probablemente no sobrepasa los 350 casos, de los cuales menos del 4% sera poblacin femenina.

Si se tiene en consideracin que la poblacin penal adulta en Paraguay reportada al 27 de marzo de 2014 era de 9.794 casos, es posible sostener que la poblacin penal adolescente apenas alcanza al 3,5% de la poblacin penal total del pas (=adolescentes / (adultos + adolescentes)). Esta cifra no dista del 5% que representa la poblacin infantil y adolescente respecto al total de personas detenidas por actos ilcitos en Paraguay, incluyendo faltas, delitos y crmenes4.

En cuanto al hacinamiento de poblacin penal adolescente, se observa que la capacidad de los Centros Educativos y de las reas de Menores en Penitenciaras Regionales asciende, conjuntamente, a 272 plazas, dato que permite sealar que a la fecha reportada haba una ocupacin de 129% de la capacidad de las instalaciones, las que se explican principalmente por el uso del Centro Educativo Itagu, el que llega al 132,5% de su capacidad.

Dado que no se logr visitar Centros Educativos en el contexto de la misin de consultores BID en la ciudad de Asuncin, se debi consultar fuentes externas para obtener informacin que permitiera reportar detalles sobre el tema en comento. Los principales hallazgos en la literatura disponible son los siguientes:

1. Distintos documentos y estudios dan cuenta de un contexto de progresivo y sostenido incremento en la poblacin penal paraguaya (Dammert y Ziga, 2008; Carranza, 2009). Sin embargo, estos estudios se concentran en la poblacin penal masculina adulta, dedicando algunos espacios a la discusin sobre la situacin de las mujeres encarceladas y casi ningn anlisis sobre la poblacin penal adolescente.

2. La gestin de los Centros Educativos tiene como antecedente, en la historia reciente de Paraguay, la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como resultado del caso Instituto de Reeducacin del Menor Panchito Lpez Vs. Paraguay. El caso se desarrolla a partir de graves denuncias en contra del Estado, por la vulneracin sistemtica de los derechos de los internos de dicho centro, las que llegaron en casos extremos a la prdida de la vida de nios y adolescentes, debido a situaciones como incendios reiterados del recinto y heridas de bala atribuidas a funcionarios de la instalacin.

3. La gestin actual de los Centros Educativos ha adoptado gradualmente aprendizajes de errores anteriores, poniendo un mayor nfasis en la seguridad y condiciones

3 Parte diario rea judicial del 21 de marzo de 2014, Direccin General de Atencin al Adolescente Infractor. 4 Anuario de Estadsticas Policiales 2012.

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bsicas de habitabilidad. En el marco de la misin en Asuncin durante abril de 2014, se observ a diversos entrevistados manifestar que se ha logrado generar coordinaciones intersectoriales en beneficio de la poblacin adolescente privada de libertad. Ms especficamente, se menciona que hoy en da los internos de los Centros Educativos reciben educacin escolar formal, tienen acceso a prestaciones bsicas de salud, y reciben la atencin de profesionales de la Secretara Nacional de Deportes, institucin que se encarga de realizar al menos dos talleres deportivos a la semana.

4. Sin perjuicio de lo anterior, queda claro que la poblacin vigente en los Centros Educativos est recibiendo atencin desde la perspectiva del trato penitenciario, es decir, un aumento en la cobertura de prestacin mnimas que constituyen derechos bsicos; pero no necesariamente desde la perspectiva del tratamiento penitenciario, es decir, una oferta de servicios especializados en el mejoramiento de las oportunidades de reinsercin social que incluya la prevencin de la reincidencia.

5. En la actualidad existen mltiples medidas de tratamiento de tipo cognitivo conductual y basadas en el aprendizaje social, que permiten reducir de manera efectiva el riesgo de reincidencia de la poblacin penal adulta y adolescente (Wilson, Bouffard y Mackenzie, 2005). Este aspecto es clave, porque cualquier otra medida que promueva la integracin social, sea educativa, cultural o deportiva, est condenada a fracasar si los adolescentes siguen cometiendo delitos y, en consecuencia, siguen siendo privados de su libertad. No es posible apoyar procesos de integracin social efectivos si los adolescentes no pueden dejar de reingresar a los Centros Educativos o a las crceles, ya como adultos. Ninguna medida de tratamiento penitenciario de este tipo estara siendo aplicada en el Paraguay.

6. Pese a los avances, persisten problemas de gestin relevantes en relacin con aspectos bsicos de trato a la poblacin interna. La institucin Defensa de Nias y Nios Internacional, Seccin Paraguay, public el ao 2012 un reporte llamado Situacin de la Justicia Juvenil en Paraguay, documento severamente crtico respecto de las condiciones actuales de privacin de libertad que afectan a la poblacin penal adolescente. A continuacin algunos extractos:

a. El abuso de la privacin de libertad sigue siendo una de las prcticas que ms afecta a la poblacin de adolescentes.

b. El informe de la comisin interinstitucional de visita y monitoreo a centros de privacin de libertad de adolescentes, en la inspeccin que corresponde al ao 2010, declar que las condiciones de encierro por causas penales son, en muchos casos, inhumanas y violatorias de los estndares mnimos de proteccin de las personas en situacin de reclusin.

c. En el marco del estudio La violencia en los sistemas de justicia penal juvenil contra las personas en conflicto con la ley penal (n=350) el 35,8% de los encuestados acusa sufrir actos de violencia de parte de los funcionarios penitenciarios.

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Seccin 1.5 La aplicacin de medidas alternativas a la privacin de libertad

Como ya se ha indicado en secciones anteriores, el CNA contempla las medidas socioeducativas y correccionales como alternativas a la privacin de libertad.

Aun cuando resulta sumamente relevante conocer las cifras de casos que han terminado su proceso penal mediante el cumplimiento de medidas alternativas a la reclusin, no ha sido posible obtener tal informacin.

El boletn estadstico del Poder Judicial para el primer semestre del ao 2013 slo permite apreciar que para la Circunscripcin Capital, que cuenta con dos Juzgados Penales de Adolescentes, durante dicho perodo se dio trmino a 155 causas, de las cuales 33 terminaron en sentencia definitiva, 101 terminaron en auto interlocutorio, y 21 terminaron en recursos a instancias superiores. Sin embargo, esta cifra no corresponde necesariamente al flujo de causas ingresadas durante el mismo semestre.

A modo de complemento, el anuario estadstico 2012 de la Polica Nacional del Paraguay muestra un total de 3.095 procedimientos de detencin de menores de edad por hechos punibles, los que en un 87% de los casos fueron cometidos por varones de entre 14 y 17 aos de edad. Si bien ello permite suponer que se habra derivado al Ministerio Pblico alrededor de 2.700 actas de detenciones de adolescentes, no es posible sostener que tal cifra de casos lleg efectivamente a la justicia penal (por aplicacin de principio de oportunidad, entre otras salidas de procedimiento). Tampoco es posible hacer ningn anlisis sobre la reiteracin de las conductas delictuales, fenmeno importante porque una alta proporcin de los delitos suele ser cometida por una pequea proporcin de la poblacin infractora de ley. Precisamente ese pequeo grupo de infractores de ley persistentes son el segmento de mayor inters para las polticas de prevencin social, dado que la rehabilitacin efectiva de pocos casos de ese tipo puede producir efectos notorios en la victimizacin local, por su alta productividad delictual.

Dada la falta de informacin disponible, el principal antecedente que se puede entregar sobre las medidas alternativas a la privacin de libertad, es que stas existen en la ley, pero no en la prctica, ms all de acciones generales orientadas al control de los adolescentes o a facilitar su integracin social, escolar, laboral o comunitaria. Se ha indagado que en Paraguay no existen programas estructurados para la ejecucin de las medidas alternativas.

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Captulo 2: Relevamiento de la existencia de redes sociales y ONGs que estn interviniendo en la temtica (delincuencia juvenil) en las diversas etapas del proceso en el Paraguay.

Seccin 2.1 Panorama general de la accin de Organizaciones No Gubernamentales en Paraguay

El reconocimiento de la personera jurdica para asociaciones y ONG sin fines de lucro en Paraguay est a cargo del rea de Asesora Jurdica de la Oficina Central del Ministerio del Interior. Si bien el Ministerio cuenta con un registro o directorio oficial de personas jurdicas, ste no fue consultado durante la misin en Asuncin debido a las siguientes razones:

1. Conocer los detalles de la misin y actividades de cada persona jurdica obligara a revisar los Estatutos Sociales de cada institucin.

2. El Ministerio del Interior cobra una tasa de Gs. 317.000 por la tramitacin de modificaciones de estatutos o por la disolucin de fundaciones, asociaciones, ONG y otras entidades sin fines de lucro, lo cual puede operar como un desincentivo a que las ONG mantengan actualizado este registro.

Dadas las condiciones expuestas, se opt por revisar registros disponibles en la red internet para detectar ONG que estn interviniendo en la temtica delincuencia juvenil en Paraguay. Si bien este mtodo tiene el obvio sesgo de invisibilizar las instituciones que no tengan pginas web o que no estn inscritas en directorios virtuales, permite acotar la bsqueda a las instituciones que mantienen actividad en lnea.

A continuacin se presenta un listado sobre los directorios virtuales y ONG inscritos en ellos que se dedican a actividades relacionadas con temas relacionados a la infancia y adolescencia en general5, y/o delincuencia juvenil en particular6:

3. ONGinfo.com (ong.tupatrocinio.com/paraguay-p2.html): a. Asociacin para la investigacin y prevencin de adicciones (ASIPA) b. Fundacin Hijas de Sion Internacional Paraguay c. Juventud del Sur d. Asociacin Adonai e. Fundacin Nueva Generacin f. Convivencia y Ciudadana

5 Se incluyen instituciones que en su misin, visin, estatutos o actividades incluyen referencias al desarrollo social, la educacin, la promocin de los derechos humanos y la intervencin para reducir brechas de inequidad o vulnerabilidad social. 6 El presente listado no constituye una revisin exhaustiva de los organismos no gubernamentales que realizan operaciones en materias de infancia y adolescencia en el Paraguay, pues dicha revisin supera los objetivos de la consultora y requiere cumplir tareas de chequeo que exceden ampliamente el perodo de tiempo y los recursos disponibles.

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g. Centro Cristiano Asistencial Betel (CCAB) h. Fundacin Amor a la Vida i. Junior Achievement Paraguay j. Asociacin Mitaraity k. ONG Nueva Generacin l. Fundacin La Caridad m. Fundacin Auxilio de los Cristianos

4. ONG Europeas en Paraguay (www.red-redial.net/institucion-america-pais-paraguay.html)

a. FDCL - Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (Centro de investigacin y documentacin Chile Amrica Latina)

b. CI Cooperacin Internacional ONG c. Critas d. Ayuda en Accin e. UNICEF f. Solidarios g. SED Solidaridad Educacin y Desarrollo h. Proyde Promocin y Desarrollo i. Manos Unidas j. Intermn Oxfam k. FPSC Fundacin Promocin Social de la Cultura l. FISC Fundacin Internacional de Solidaridad Compaa de Mara m. Fundacin Entreculturas n. Asociacin por la Paz y el Desarrollo o. ICCO Organizacin Intereclesistica para la Cooperacin al Desarrollo p. CESAL q. CIDEAL Centro de Investigacin y Cooperacin para el Desarrollo r. SM Solidarit Mondiale s. Secours Catholique t. Juristes Solidarits u. France Liberts Fondation Danielle Mitterrand v. FAL France Amrique Latine

5. Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (www.cdia.org.py/espanol/miembros.php#miembro)

a. Tapea b. Good Neighbors Paraguay c. Fundacin Teletn d. Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales Paraguay

(ADRA) e. Enfoque Niez f. Fundacin Corazones por la Infancia g. Centro de Estudios en Derechos Humanos, Niez y Juventud (CENIJU) h. Fundacin Alda Paraguay i. Fundacin para la atencin a personas con discapacidad (APAMAP)

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j. Fundacin Vida Plena k. Global Infancia l. Grupo Luna Nueva m. Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales n. Paraguay Educa o. Rondas: construyendo en grupos perspectivas psicosociales p. Plan Paraguay q. Servicio Paz y Justicia (SERPAJ PY) r. Aldeas Infantiles SOS Paraguay s. Vincularte Asociacin Civil

6. Coordinadora Derechos Humanos Paraguay a. Base investigaciones sociales b. Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales c. Servicio Paz y Justicia (SERPAJ PY)

Seccin 2.2 Hallazgos de la misin en Paraguay relativos a la participacin de organizaciones no gubernamentales en el mbito de la delincuencia juvenil

Tanto la revisin de informacin disponible en los sitios web de las ONG detectadas en el relevamiento, como las entrevistas realizadas a profesionales y autoridades de los mbitos de Justicia, Seguridad y Proteccin de Infancia durante la misin realizada en Asuncin durante el mes de abril de 2014, permiten informar que:

1. Existe una amplia variedad de organismos no gubernamentales que operan en Paraguay, en materias relacionadas a la infancia y la adolescencia.

2. La gran mayora de estos organismos opera gracias a la ejecucin de fondos entregados por donantes privados, cooperacin internacional, o instituciones religiosas. La poca relevancia de los aportes financieros pblicos en las actividades de los organismos no gubernamentales, limita a su vez la capacidad del Estado para fiscalizar o controlar las actividades de estos organismos desde un punto de vista tcnico, elemento necesario para una gestin estratgica de la capacidad operativa de las ONG, as como para avanzar en la estandarizacin de procesos, implementacin de mejores prcticas, y replicacin de iniciativas exitosas.

3. Las materias en las que se concentran los esfuerzos de los organismos no gubernamentales, dentro del mbito infancia y adolescencia, se refieren en general a grandes problemas sociales que afectan a la poblacin nacional, tales como la vulnerabilidad social, la pobreza, la falta de integracin social, la educacin, el emprendimiento, entre otros. La amplitud con que se plantea la misin y las actividades de la mayora de las ONG amerita una serie de consideraciones relevantes:

a. Resulta comprensible y justificable que la mayora de las ONG asuman una misin y objetivos poco especficos. Esto se comprende en el contexto de un

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pas que enfrenta severos problemas sociales y cuyo Estado evidencia notorias restricciones operacionales por insuficiencia de presupuesto. La falta de recursos para una gestin pblica ms intensiva en el abordaje de problemas sociales que afectan a la poblacin infanto juvenil, deja un amplio espacio abierto para que las ONG se ocupen de funciones pblicas de asistencia social y educativa. Como en todo escenario de precariedad de recursos, parece resultar ms atractivo para las ONG el desarrollar iniciativas que priorizan la cobertura por sobre la intensidad (y eficacia) de las intervenciones.

b. La falta de especificidad en la definicin de los fenmenos que abordan las ONG deriva en el desarrollo de intervenciones de asistencia poco intensivas y especializadas. No se aprecia un trasfondo tcnico en las iniciativas mencionadas por las ONG que d cuenta de una teora de cambio clara, necesaria para producir un impacto efectivo sobre los problemas intervenidos.

4. Como ya se anticip a propsito de la discusin sobre la falta de programas para el cumplimiento de medidas socioeducativas y correccionales, no existe oferta de servicios especializados en delincuencia juvenil que puedan dar un contenido pertinente y eficaz a la ejecucin de dichas medidas. Esta falta de intervenciones especializadas se observa tanto en el Estado como en el tercer sector.

5. En consecuencia, el circuito de ONG locales presentara la misma falta de experiencia en intervenciones especializadas en delincuencia juvenil y prevencin de reincidencia que la observada en el Estado. Adicionalmente, el circuito de ONG locales podra presentar desventajas comparativas en relacin al Estado, como potencial operador de programas especializados en delincuencia juvenil:

a. Dado que todo el flujo del proceso de detencin, juicio y sancin penal adolescente es realizado por instituciones pblicas, es posible asumir que stas tendran mayor apertura a compartir informacin y referencias de casos hacia otras instituciones del Estado por encontrarse sujetas a los mismos marcos regulatorios en lo referente a la proteccin de los derechos de nios, nias y adolescentes (confidencialidad, proteccin de informacin privada, no estigmatizacin, entre otros).

b. La operacin de programas altamente especializados en delincuencia juvenil desde el Estado aumentara la probabilidad de que el subsecuente desarrollo de competencias profesionales y condiciones facilitadoras se queden dentro de la institucin y desde ah emanen hacia otros servicios pblicos o privados en la forma de trminos de referencia u orientaciones tcnicas. De esta forma, los aprendizajes obtenidos en el Estado tienen ms oportunidades de diseminarse y replicarse en nuevas experiencias de intervencin.

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Captulo 3: Relevamiento de los servicios de atencin a situaciones de drogo dependencia en el Paraguay

Es obligacin del Estado en Paraguay, por mandato del artculo 71 de la Constitucin Nacional, la represin de la produccin y trfico ilcito de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas, as como, de los actos destinados a la legitimacin del dinero proveniente de tales actividades; el combate al consumo ilcito de dichas drogas y la reglamentacin de su produccin y uso medicinal; y, el establecimiento de programas de educacin preventiva y de rehabilitacin de adictos.

La Secretara Nacional Antidrogas (SENAD), conforme a la Ley N 396/94, es la autoridad gubernamental encargada de ejecutar la poltica del Gobierno Nacional en la lucha contra el narcotrfico; la prevencin, recuperacin y control del lavado de dinero proveniente del trfico ilcito de estupefacientes; la drogadiccin; el control de sustancias peligrosas y su prevencin.

En el mbito de la reduccin de la oferta de drogas, la SENAD junto a la Polica Nacional trabajan en operativos de control dirigidos a la destruccin de plantaciones de marihuana y cocana, a incrementar los procedimientos policiales para la detencin de narcotraficantes y las cantidades de droga y dinero ilcito incautado.

En materia de reduccin de la demanda de drogas, la SENAD cuenta con un programa de prevencin integral orientado a brindar informacin a la poblacin respecto al problema y los riesgos asociados al consumo de drogas, y realiza capacitaciones a docentes, profesionales y estudiantes con el objeto de fortalecer el trabajo preventivo en contextos escolar y laboral.

Los servicios pblicos de atencin a situaciones de drogodependencias, por otra parte, estn concentrados en el Centro Nacional de Control de Adicciones. Este Centro tiene una capacidad de 28 camas de hospitalizacin breve para desintoxicacin a nivel nacional, de las cuales 15 son para adolescentes menores de 16 aos de edad. Adems, el Centro cuenta con capacidad de atencin psiquitrica, psicolgica y asesora jurdica a pacientes ambulatorios, dando continuidad al tratamiento tras el perodo de desintoxicacin.

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El ltimo estudio de prevalencia del consumo de drogas en poblacin escolarizada (Observatorio Paraguayo de Drogas, 2004) indica que la droga cuyo consumo es menos prevalente es el clorhidrato de cocana, con slo un 0,30% de la muestra de adolescentes entre 12 y 18 aos reportando consumo durante el ltimo mes.

Si se asume que el consumo reciente (ltimo mes) de la droga ms dura evaluada (clorhidrato de cocana) puede constituir un indicador de necesidad de tratamiento residencial del consumo de drogas, y se aplica su 0,3% de prevalencia a la poblacin proyectada en el tramo de edad 10 a 18 aos, la demanda de servicios de tratamiento residencial esperada superara los 4.000 casos.

Evidentemente, no es posible asumir que la prevalencia de consumo actual sea igual a la observada hace 10 aos, ni que la totalidad de los casos que han consumido cocana en el ltimo mes requieran desintoxicacin. Sin embargo, la brecha entre una proyeccin de casos que pueden considerarse clnicamente relevantes, y la capacidad de atencin del Centro Nacional de Control de Adicciones (CNCA), es muy significativa.

Adems del CNCA, existen mltiples organismos no gubernamentales que ofrecen servicios de prevencin y rehabilitacin del consumo de drogas, tanto en modalidad residencial como ambulatoria. Segn el ltimo censo de centros de tratamiento para usuarios de drogas, el 80% de la capacidad de atencin de estos usuarios est en manos de organizaciones privadas.

Junto a la limitada capacidad de atencin del CNCA, cabe sealar que dicho Centro, considerado el ms especializado en la red pblica del pas, no cuenta con guas ni protocolos clnicos estandarizados y actualizados. Por el momento slo se estn usando orientaciones provistas por CICAD del ao 2005, y se espera crear o actualizar protocolos clnicos en el transcurso del presente ao.

Personal tcnico del CNCA argumenta que las instituciones de la red pblica, y ms an las organizaciones privadas no gubernamentales, tienen peores condiciones de funcionamiento en cuanto a disponer de protocolos de intervencin psiquitrica, psicoteraputica y ocupacional. Es decir, sin perjuicio de la debilidad institucional pblica por falta de presupuesto y actualizacin, organismos del tercer sector tendran todava ms severas

Prevalencia de consumo de drogas

Poblacin escolarizada 12 a 18 aos

Ao 2004

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Cigarrillo 17.00 11.50 35.50 29.50

Alcohol 40.80 39.10 63.90 61.60

Tranquilizantes 5.70 7.00 12.20 17.40

Estimulantes 2.90 2.40 6.80 6.70

Marihuana 1.10 0.40 5.10 2.00

Cocana 0.30 0.30 1.20 0.70

Cualquier droga ilcita 2.80 1.90 10.00 6.40

Prevalencia mes Prevalencia vida

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dificultades para cumplir su cometido.

Captulo 4: Relevamiento de las condiciones sociales de la poblacin juvenil en conflicto con la ley penal

El carcter fundamentalmente emprico de la criminologa anglosajona moderna ha permitido que, durante los ltimos 40 aos, se hayan desarrollado mltiples estudios orientados a determinar qu variables personales, familiares y sociales estn asociadas con la conducta antisocial.

El estudio emprico de estas variables no slo permite una comprensin conceptual profunda del problema delictual, sino que tambin ofrece mltiples aplicaciones prcticas, tales como la prediccin de la conducta antisocial, y el desarrollo de mtodos eficaces para la prevencin y el tratamiento del riesgo delictual.

Mltiples investigaciones, en particular encuestas y estudios longitudinales, se han orientado a determinar qu factores de riesgo estn ms asociados con la aparicin de conductas antisociales. As, por ejemplo, una encuesta reciente aplicada en el Reino Unido (Wilson, Sharp y Patterson, 2006, en Brown y Campbell, 2010) muestra que los atributos ms fuertemente asociados a cometer un delito (offence) entre los 10 y los 25 aos de edad son: conducta antisocial previa, haber sido vctima de un delito (personal crime), haberse embriagado una vez al mes o ms, tener amigos/hermanos en problemas con la polica, y consumir drogas.

En la pgina siguiente, se incluye una tabla que resume los resultados del estudio Causes and correlates of crime and delinquency, un estudio longitudinal multi sitio, realizado en los Estados Unidos con una muestra total mayor a los 4,000 casos (1,527 en la ciudad de Denver; 1,517 en la ciudad de Pittsburg y 1,000 en Rochester). La investigacin comenz a tomar datos en el ao 1987 (salvo en Rochester, donde comienza el ao siguiente), a partir de muestras de familias vulnerables. El seguimiento de un amplio set de variables a travs del tiempo permiti no slo determinar qu factores estn ms relacionados con la conducta delictual, sino que tambin describir de manera precisa, al menos tres patrones de trayectorias delictuales.

A partir de este tipo de hallazgos, la psicologa forense ha desarrollado instrumentos actuariales para valorar en qu medida estn presentes los distintos factores de riesgo que estn asociados a la conducta delictual, lo que permite construir perfiles de riesgo para fines de gestin e intervencin de la probabilidad de reincidencia.

20

Tabla 1. Factores de riesgo y factores protectores en relacin a delincuencia juvenil

Factores de Riesgo Factores Protectores

Individual Infracciones en general

Uso de sustancias

Agresividad

Hiperactividad

Dificultad para concentrarse

Desarrollo de comportamiento antisocial

Exposicin a violencia televisiva

Violencia fsica

Problemas mdicos y fsicos

Bajo coeficiente intelectual

Creencias y actitudes antisociales

Deshonestidad (confianza)

Alto C.I.

Orientacin social positiva

Percepcin de consecuencias

Familia Bajo NSE

Padres ligados a situaciones delictuales

Pobre relacin padre-hijo(a)

Disciplina: Laxa, inconsistente o rgida

Separacin de los padres

Padres abusivos

Negligencia parental

Bajo monitoreo o supervisin al hijo

Relaciones clidas y de apoyo con padres u otro adulto significativo

Evaluacin positiva de los padres al grupo de amigos del NNA

Monitoreo parental

Colegio Bajo rendimiento

Fracasos acadmicos

Compromiso escolar

Reconocimiento de participar en actividades sociales, deportivas.

Grupo de Pares

Bajas amistades pro-sociales

Amigos con desarrollo de conductas antisociales

Amigos con comportamientos adecuados y apegados a la norma

Comunidad Trafico de drogas

Delitos en el vecindario

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A modo de ejemplo, el instrumento ASSET 7 analiza informacin de casos en 12 dimensiones distintas8:

Condiciones del hogar

Educacin, capacitacin y empleo

Estilo de vida

Salud fsica

Percepcin de s mismo y de otros

Actitudes hacia la infraccin / transgresin de la norma

Relaciones personales y familiares

Condiciones del barrio

Uso de sustancias

Salud mental y emocional

Pensamiento y comportamiento

Motivacin al cambio

De stas dimensiones, algunas muestran una asociacin ms fuerte que otras con la probabilidad de reincidencia futura, en tanto que ciertas dimensiones carecen de valor predictivo en modelos multivariantes, pero se incluyen de todas maneras por su valor terico y prctico, ya que recogen informacin valiosa para la planificacin de intervenciones. La siguiente tabla resume los resultados de un anlisis de regresin logstica del instrumento: Predictor (factores dinmicos) Coeficiente

regresin logstica Wald Significancia Odds ratio

Condiciones del hogar 0.10 5.17 0.02* 1.10

Relaciones personales y familiares

0.10 6.26 0.01* 1.10

Educacin, capacitacin y empleo

0.08 5.33 0.02* 1.08

Condiciones del barrio 0.07 3.56 0.06 1.08

Estilo de vida 0.20 24.91 0.00*** 1.22

Uso de sustancias 0.12 14.06 0.00*** 1.12

Salud fsica 0.09 2.23 0.14 1.10

Salud mental y emocional 0.00 0.01 0.94 1.00

Percepcin de s mismo y de los otros

0.00 0.00 0.95 1.00

Pensamiento y conducta 0.02 0.13 0.71 1.02

Actitudes hacia la infraccin 0.01 0.06 0.81 1.01

Motivacin al cambio 0.31 44.85 0.00*** 1.36

Constante -1.26 299.21 0.00 0.28

n=5,054 Asset Dynamic Model. Niveles de significancia *

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Otro instrumento destacado en el mercado internacional es el Youth Level of Service (YLS), versin para poblacin adolescente del conocido Level of Service Inventory Revised (LSI R). El instrumento YLS se compone por las siguientes dimensiones:

Delitos previos / Delito actual

Educacin

Abuso de sustancias

Familia

Personalidad / Conducta

Pares

Ocio / Recreacin

Actitudes / Orientacin

La inexistencia de aplicaciones previas de instrumentos actuariales de evaluacin de riesgo de reincidencia impide realizar un relevamiento estadstico de las condiciones sociales para identificar la participacin en hechos delictivos de la poblacin infanto juvenil en el Paraguay.

Sin perjuicio de lo anterior, el uso de herramientas como las descritas en el marco del programa de cooperacin entre el BID y el Ministerio del Interior del Paraguay puede generar importantes externalidades positivas:

1. Aportara a producir un cambio cultural en materia de evaluacin y anlisis de casos infractores de ley juveniles. Hoy en da, en Paraguay, los equipos tcnicos de los Juzgados Penales de Adolescencia realizan anlisis de la madurez psicosocial de los detenidos, con el propsito de indagar si tienen capacidad de enfrentar juicio, de acuerdo con lo estipulado en el CNA. Estos anlisis de madurez psicosocial no siguen un proceso estructurado y se hacen mediante el uso de tcnicas cualitativas tales como entrevistas, y aplicacin de pruebas psicolgicas grficas y proyectivas. Esta falta de estructura puede generar problemas de confiabilidad y validez, puesto que el proceso podra aplicarse de manera distinta en dos Juzgados distintos. En este contexto, el avance hacia procedimientos estandarizados de evaluacin contribuye a mejorar la calidad de servicio prestado por el sistema de justicia penal adolescente.

2. La aplicacin gradual de instrumentos estandarizados permitira levantar datos sobre la prevalencia e incidencia de factores de riesgo socio delictual en poblacin Paraguaya.

3. El uso de mtodos vlidos y confiables de evaluacin de riesgo puede aportar a la toma de decisiones judiciales (uso pre sentencial) y a la correcta planificacin de intervenciones para la prevencin de reincidencia y reinsercin social.

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Captulo 5: Relevamiento estadstico de las condiciones sociales para identificar la participacin en hechos delictivos de la poblacin menor de edad y joven9.

Los resultados de la encuesta permanente de hogares (EPH 2011) muestran que el 39% de la poblacin del Paraguay tiene entre 0 y 19 aos de edad. La Encuesta Nacional de Actividades de Nias, nios y adolescentes (EANA 2011) indica que en el pas viven 2.487.003 menores de edad, de los cuales 1.283.611 (51,6%) son varones. El 55% de la poblacin infanto juvenil es urbana, de la cual un 37% se concentra en los Departamentos Central y Asuncin.

Del total de poblacin infanto juvenil reportada por EANA 2011, slo hablan lengua Guaran un 39,3%, en tanto 36,6% habla Castellano y 20,4% hablan ambos idiomas.

En cuanto a la participacin en el mercado laboral, el 74,1% de los nios, nias y adolescentes reportan no haber realizado actividades econmicas durante los ltimos 12 meses, cifra que sube a 80,9% en el rea urbana. Sin perjuicio de lo anterior un 66,5% reporta haber participado en tareas domsticas en el perodo. El 26% de la poblacin slo estudia, en tanto un 46% slo estudia y realiza tareas domsticas. Ambas categoras suman un 72%. Esta cifra se complementa con un 16% de nios, nias y adolescentes que estudian, trabajan y realizan tareas domsticas.

Se estima que 22,4% de los nios, nias y adolescentes se encuentra en la categora de Trabajo Infantil (cifra que no coincide necesariamente con el porcentaje de casos que realizan actividad econmica), lo cual representa aproximadamente a 416.000 menores en todo el pas. Este trabajo es fundamentalmente rural (31,5%) y realizado por varones (30,2%). En las reas rurales, el trabajo infantil se concentra en los rubros agricultura, ganadera, caza y pesca; en tanto que en las reas urbanas el trabajo est fundamentalmente dedicado a comercio, restaurantes, hoteles y construccin. Al 54,5% de los nios, nias y adolescentes en la categora trabajo infantil le pagan en dinero, en tanto que al 42,6% no le pagan ni con dinero ni con especies.

En el mbito educativo, la tasa de analfabetismo al ao 2010 asciende a 5,3 en personas de 15 aos o ms, llegando al 3,5 en reas urbanas y 8,1 en reas rurales. Esto ubica a Paraguay entre los pases con mayores tasas de analfabetismo en Latinoamrica, pese a que sta se ha reducido en 12,9 puntos porcentuales en los ltimos 30 aos (DGEEC, 2013). La asistencia escolar (matrcula) en nios de 5 a 17 aos promedia 87,9%, y se desagrega en 93,7% para el tramo de 5 a 11 aos de edad, 92,3% para el tramo de 12 a 14 aos de edad, y de 71,1% para el tramo de 15 a 17 aos de edad.

9 Debido a la falta de datos y/o estudios que caractericen especficamente a la poblacin penal adolescente en el Paraguay, esta seccin resume indicadores generales relativos a la demografa, situacin educacional y social de la poblacin infanto juvenil en el pas.

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Un elevado porcentaje de nios y nias no estn matriculados en las instituciones educativas a la edad correspondiente y estn permaneciendo dentro del sistema educativo

de forma adecuada slo hasta los 12 aos aproximadamente. Esto lleva a inferir que un alto porcentaje de la poblacin est abandonando el sistema educativo con

aproximadamente 5 a 6 aos de escolarizacin (DGEEC, 2013)

En cuanto a la asistencia escolar, sta llega a slo 68,5% en nios de 5 aos, se mantiene sobre 93% en nios y nias de entre 6 y 13 aos de edad, y luego cae progresivamente, llegando al 65,3% en adolescentes de 17 aos de edad.

En el mbito social, un tercio de la poblacin general del Paraguay vive en la pobreza (34,7%), con una de cada cinco personas viviendo en condicin de pobreza extrema (19,4%). Sin embargo, estos problemas afectan de manera todava ms aguda a la poblacin infanto juvenil. La proporcin de nios y nias de 0 a 9 aos de edad que viven en la pobreza llega al 45,4% (pobreza extrema 26,9%), en tanto para el tramo de 10 a 19 aos de edad la proporcin de personas que viven en la pobreza asciende a 42,3% (pobreza extrema 24,5%). La distribucin del ingreso exhibe un coeficiente Gini total para el pas de 0,512 al ao 2010. El decil de ingresos ms bajo tiene una renta promedio mensual per cpita cercano a $ 100.000 Guaranes (USD $ 23 aproximadamente), en tanto que el decil de ingresos ms alto tiene una renta promedio mensual per cpita cercano a $ 3.656.000 Guaranes (USD $ 850 aproximadamente).

El ndice de Desarrollo Humano del Paraguay es de nivel medio, ocupando la penltima posicin en el concierto Sudamericano, slo por encima de Bolivia. Tiene la posicin 107 entre 187 pases con un valor de 0,665 pese a que el aumento experimentado en los ltimos 20 aos asciende a 19,4% (DGEEC, 2013).

En cuanto al respeto de derechos civiles fundamentales, UNICEF consigna que el 57% de los nios y nias en Paraguay no tienen inscripcin civil dentro de su primer ao de vida.

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Captulo 6: Lecciones aprendidas de la aplicacin del Programa Terapia Multisistmica en Chile. Requerimientos institucionales, de recursos humanos y presupuestarios.

Seccin 6.1 Antecedentes generales del Programa Terapia Multisistmica

Este innovador programa fue creado en Carolina del Sur en la dcada de los70s y poste-

riormente replicado en Estados Unidos y otros pases durante la dcada 90s para abordar

de manera integral el tratamiento de problemas severos de conducta incluyendo consumo de drogas y delincuencia en jvenes entre los 12 y 17 aos. El programa no solo ha teni-do gran impacto en el contexto norteamericano, encontrndose en ms de 30 estados del

pas, sino que tambin ha demostrado ser eficaz en pases como: Australia, Blgica, Cana-

d, Noruega, Inglaterra, Islandia, Irlanda del Norte, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega,

Escocia, Suecia y Suiza. Si bien se trata de pases industrializados, en ellos se ha aplicado

MST exitosamente a comunidades latinas que comparten caractersticas sociales y cultura-

les con la poblacin residente en pases de la regin Latino Americana y del Caribe.

La ventaja de este modelo de intervencin psico-social por sobre los dems es su alta inten-

sidad de tratamiento y el gran nivel de estructuracin del servicio, con estrictos estndares

de supervisin y aseguramiento de la calidad con que se atiende a las familias usuarias:

1. Cada terapeuta atiende un mximo de 5 a 6 familias en un periodo de 3 a 5 meses, lo cual constituye una baja carga de casos que brinda mayor disponibilidad horaria para

poder atender a las familias y al usuario en su domicilio. Toda la intervencin se

desarrolla en el entorno comunitario en que se desenvuelve cada caso, realizando en-

trevistas en la vivienda familiar, en lugares de recreacin locales, en la escuela, entre

otros.

2. Para desempear su labor, los profesionales tienen un horario de trabajo no tradicio-nal, es decir, cada profesional es contratado para trabajar 44 horas semanales, pero

esas horas las puede utilizar en rgimen 24/7, ajustndose a los horarios en que la

familia est disponible para ser atendida. Esto hace posible que los terapeutas puedan

ir al domicilio familiar en horario vespertino o el fin de semana, con el objeto de

cumplir las actividades de tratamiento.

3. Los terapeutas tienen como foco de atencin principalmente a los padres y/o figura significativa del joven, y la labor del terapeuta es entregarle habilidades parentales

para mejorar el estilo de crianza con su hijo, empoderando a las familias para cons-

truir un ambiente ms eficaz en la crianza y control de los nios.

Este programa apuesta por la calidad de la intervencin y sus resultados, los cuales se lo-

gran en un plazo de entre 3 y 5 meses por caso, tiempo muy inferior al que requiere el co-

mn de los programas que se aplican a jvenes infractores de ley en el entorno comunitario.

Entre los resultados de Terapia Multisistmica, se destacan (en comparacin con casos de

perfiles similares tratados con otros mtodos, o no tratados): 30% menos de reincidencia en

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delitos comunes (contra propiedad o personas, no delitos sexuales), 38% menos reinciden-

cia en delitos sexuales, 70% menos arrestos, 80% menos tiempo en centros de detencin,

10 semanas menos (promedio) de encarcelamiento y mayores tasas de abstinencia del con-

sumo de marihuana (55% versus 28%).

Los resultados ms destacados de Terapia Multisistmica (MST) se resean a continuacin:

4. Segn una revisin de 10 evaluaciones de MST, realizada por el Washington State

Institute for Public Policy, ste modelo de intervencin tiene un efecto promedio de

reduccin de 7,7% de la reincidencia, generando beneficios netos de USD$ 17.694

por participante en dlares de 2007 (Drake, Aos y Miller, 2009).

5. Un estudio clnico que evalo la eficacia de la Terapia Multisistmica (MST) ver-sus el programa tradicional de servicios sociales para agresores sexuales (terapia

individual y grupal de enfoque cognitivo conductual) en el tratamiento de 48 jve-

nes agresores con alto riesgo de cometer otros delitos graves, mostr que la MST es

ms efectiva en mejorar problemas con la familia, pares y escuela. Adems, en el

mismo estudio se hace una evaluacin de los jvenes a 8 aos de haber sido arres-

tados que mostr que los participantes de MST tenan menor porcentaje de reinci-

dencia que los participantes del tratamiento habitual para delitos sexuales (8% vs

46% respectivamente) y para los delitos no sexuales (29% vs 58%, respectivamen-

te); adems, los participantes de la MST tuvieron 70% menos de arrestos por cual-

quier tipo de delito y pasaron 80% menos de tiempo en centros de detencin. (Bor-

duin, Hieblum y Schaeffer, 2009).

6. Segn un estudio que compar la Terapia Multisistmica (MST) con el tratamiento habitual entregado por el Departamento de Servicios Juveniles de Carolina del Sur

en el tratamiento de 84 menores infractores de ley y sus familias calificadas como

multi problemticas, los jvenes con MST tuvieron menos detenciones y 10 se-manas promedio menos de encarcelamiento que los jvenes no tratados con MST.

Adems, las familias que participaron en MST reportaron un aumento de la cohe-

sin familiar y una disminucin de la agresividad en las relaciones del menor en

tratamiento, con sus pares. (Henggeler, Melton y Smith, 1992).

7. Segn un estudio experimental que compar el tratamiento recibido por grupos de jvenes infractores de ley que participaron de Terapia Multisistmica versus el tra-

tamiento habitual para jvenes infractores, la MST fue ms eficaz que la terapia in-

dividual en la prevencin de nuevas detenciones por delitos violentos durante el pe-

riodo de seguimiento. (Henggeler, Melton, Smith, Schoenwald y Hanley, 1993).

8. Varios estudios que compararon el tratamiento del consumo de alcohol y marihua-na (junto con otras drogas) de jvenes en tratamiento con Terapia Multisistmica

versus otros tratamientos, mostraron que aquellos tratados con MST disminuyeron

su frecuencia de consumo en relacin a los jvenes no tratados con MST. Adems,

cuatro aos despus del tratamiento, se encontraron mayores tasas de abstinencia

27

de marihuana entre los jvenes tratados por MST (55%) en comparacin con los

otros jvenes (28%, p

28

6. Flexible. Se descartaron programas con currculum de contenidos de intervencin estructurados, debido a que no se saba si los contenidos eran vlidos para la poblacin chilena. En cambio, Terapia Multisistmica tiene un proceso analtico estructurado, pero dentro de ese proceso tiene una alta flexibilidad en el diseo de la intervencin de cada caso y las tcnicas de tratamiento a utilizar. Esto facilita que cada proceso de tratamiento se ajuste a las necesidades del caso.

7. Cuenta con sistema de aseguramiento de calidad.

8. Institucin proveedora11 de asistencia tcnica cuenta con capacidades operativas para un rpido despliegue de la intervencin en Chile.

9. No requiere, como norma, de la disposicin de familias de acogida.

10. Tiende a evitar la institucionalizacin de casos, procurando mantener a los nios y adolescentes con sus familias de origen, en la escuela y en la comunidad.

11. Estructura de costos viable de recibir un financiamiento sustentable de parte de la Subsecretara de Prevencin del Delito.

Seccin 6.3 Proceso de instalacin de Terapia Multisistmica en Chile12

El equipo tcnico del Departamento de Reinsercin Social13 adopt una amplia serie de acciones orientadas a generar acuerdos con los municipios14, para facilitar la puesta en marcha de Terapia Multisistmica, a saber:

1. Se dise un presupuesto que tuvo en consideracin condiciones de implementacin ptimas, incluyendo rentas de profesionales superiores al mercado (pero adecuadas a la carga de trabajo), recursos para movilizacin, entre otros.

2. Un equipo de tres expertos de MST - S15 viaj a Santiago para conocer en terreno las oficinas municipales, recorrer barrios vulnerables y recibir informacin detallada sobre el contexto social y normativo.

3. Un equipo de tres profesionales chilenos viaj a la ciudad de Charleston para recibir instruccin en el 5-day orientation training, capacitacin estndar para terapeutas MST, con el objeto de valorar el ajuste entre las exigencias de dicha capacitacin y

11 Multisystemic Therapy Services, nico licenciatario para el desarrollo de nuevos programas MST en el mundo. 12 El contenido de esta seccin es un extracto de Terapia Multisistmica 10/14 (Pantoja, 2014), documento de trabajo de la Subsecretara de Prevencin del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pblica, Gobierno de Chile. 13 Subsecretara de Prevencin del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pblica. 14 Los municipios fueron seleccionados como unidades ejecutoras de Terapia Multisistmica en Chile. 15 Multisystemic Therapy Services, institucin proveedora de licenciamiento y asistencia tcnica.

29

los estndares locales de formacin. 4. Se elaboraron convenios de transferencia financiera a las municipalidades, con el

propsito de asumir prcticamente el 100% de los costos desde la Subsecretara de Prevencin del Delito (rgano rector y lder del proyecto). Los tems de gasto cubiertos por estas transferencias corresponden a los que se detallan en la seccin 6.5 del presente informe (personal, gastos operacionales como transporte y papelera, y activos no financieros como escritorios, computadoras, grabadoras porttiles de audio y telfonos mviles).

5. Se elabor un contrato con MST S, con el propsito que esta institucin aportara servicios de capacitacin, supervisin y aseguramiento de calidad a los equipos ejecutores en los municipios, de cargo de la Subsecretara de Prevencin del Delito.

6. Se realiz la traduccin al idioma espaol (castellano) de 100% de los materiales de capacitacin a utilizar por los equipos ejecutores chilenos, lo que permiti suprimir el requisito de fluidez en el idioma ingls para los postulantes a los cargos de terapeuta y supervisor clnico.

7. Se establecieron mltiples reuniones en cada comuna, con distintos actores locales relevantes en materias de infancia, familia, educacin, drogas, policas, entre otros, con fines de coordinacin y colaboracin.

8. Se establecieron coordinaciones operativas con tribunales de familia, para generar flujos de derivacin. Tambin se realizaron coordinaciones de alto nivel entre el Subsecretario de Prevencin del Delito y ministros de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

9. Se aplicaron en forma estricta los estndares de MST S para la seleccin del personal para los cargos de terapeuta y supervisor clnico. En los casos de supervisores clnicos, en las entrevistas de seleccin se cont con la participacin del Jefe del Departamento de Reinsercin Social, y con expertas de MST S, que escucharon las entrevistas y participaron formulando preguntas va telefnica desde Estados Unidos.

Seccin 6.4 Requerimientos institucionales I: Recursos humanos

En virtud de los aprendizajes obtenidos en la implementacin de Terapia Multisistmica en Chile, es posible sealar que la dotacin de personal que permiti una rplica exitosa del programa es la siguiente:

1. Liderazgo central: La unidad central a cargo de la ejecucin del Programa fue el Departamento de Reinsercin Social16. El Jefe del Departamento y responsable del Programa Terapia Multisistmica contaba con background tcnico en materias de

16 Subsecretara de Prevencin del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pblica.

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prevencin y reinsercin social basada en evidencia, experiencia en ejecucin directa, coordinacin y evaluacin de programas de prevencin y reinsercin social, y un conocimiento cabal de la red de instituciones relacionadas (servicios de proteccin de infancia, policas, juzgados de familia, entre otros). Adems de este perfil tcnico, el Jefe de Departamento se hizo cargo de la planificacin presupuestaria y operativa. Finalmente, el Jefe de Departamento tena acceso directo a la autoridad poltica responsable (Subsecretario de Prevencin del Delito), y a las gerencias internas en los mbitos administrativo y legal (Jefes de Divisin de Administracin y Finanzas, y de Divisin Jurdica). As, el responsable de liderar el programa contaba con antecedentes y formacin tcnica, experiencia operativa, capacidad de planificacin y gestin, y apoyo legal, administrativo y poltico para negociar condiciones de implementacin con todos los actores relacionados. Estos recursos permitieron a la Jefatura asumir la conduccin estratgica del programa.

2. Coordinadora de programa: Dentro de la unidad central a cargo de la ejecucin, se defini a una psicloga con experiencia en investigacin y ejecucin de programas de prevencin social basados en evidencia, como coordinadora del programa. El rol es de carcter tcnico y operativo, incluyendo la funcin de contraparte tcnica ante unidades ejecutoras y ante institucin proveedora de asistencia tcnica. Asume el liderazgo de la operacin del programa, con el apoyo directo del Jefe de Departamento en materias estratgicas y de desarrollo, y de un equipo de supervisin y control de gestin.

3. Equipo central de supervisin y control de gestin: El Departamento de Reinsercin Social form un equipo de cuatro profesionales para supervisar y controlar la ejecucin del programa. Se estima que un profesional en jornada completa puede controlar la operacin de tres a cuatro unidades ejecutoras (en el caso chileno, municipios). Las funciones incluyen cautelar la ejecucin de procesos de soporte (contratos, transferencias de recursos, adquisiciones, reclutamiento de operadores), coordinacin de implementacin (relacin directa con la contraparte tcnica municipal) y apoyo a la supervisin tcnica (anlisis de casos complejos con equipos clnicos, apoyo a equipos ejecutores en la relacin con instituciones de gobierno o tribunales de justicia).

4. Equipo de Evaluacin de Riesgo Socio Delictual: En cada unidad ejecutora (municipio) se contrat a dos profesionales (psiclogo y trabajador social) para realizas la funcin de detectar potenciales usuarios de Terapia Multisistmica a travs de la revisin del registro de menores de edad detenidos residentes en la comuna, y visita a las familias para aplicar evaluacin de riesgo. Para hacer la evaluacin, el equipo central de coordinacin y gestin les provey un instrumento actuarial de medicin de origen britnico, y la capacitacin necesaria para su correcto uso. Esto permite contar con un flujo de ingreso de casos a Terapia Multisistmica que evita la subutilizacin del programa, y tambin permite asegurar que los casos que reciben Terapia Multisistmica tiene perfiles de riesgo moderado a alto y, en consecuencia, efectivamente tienen necesidad de una intervencin intensiva para prevenir su reincidencia y eventual institucionalizacin.

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5. Equipo clnico Terapia Multisistmica: Cada unidad ejecutora (municipio) cont con un equipo clnico, el cual est conformado por un supervisor y cuatro terapeutas. Cada uno de los terapeutas atiende en promedio cinco casos por perodos de cuatro meses, lo que genera una capacidad de servicio de 60 casos atendidos por ao, en un ao de operacin regular. Esta performance no se alcanza en el primer ao de operacin, porque al inicio los terapeutas toman menos casos y reciben ms supervisin como parte del proceso de aseguramiento de la calidad. El perfil del equipo clnico est caracterizado por dos grandes elementos: experiencia comunitaria y formacin terica en los modelos clnicos usados en Terapia Multisistmica, fundamentalmente terapia cognitivo conductual, sistmica y estratgica breve.

Seccin 6.5 Requerimientos institucionales II: Financiamiento17

En Chile, la operacin anual del Programa por unidad ejecutora al ao 2014 es la siguiente (tipo de cambio USD $ 1 = CLP $ 550):

Componente 1: Equipo de evaluacin de riesgo socio delictual (EER)

Personal (2 evaluadores x 12 meses) USD $ 39,912.74 Gasto operacional (material de oficina) USD $ 859.31 Transporte18 USD $ 13,090.91 Activos no financieros USD $ 1,545.45

Subtotal componente 1 EER USD $ 55,408.51

Componente 2: Equipo clnico Terapia Multisistmica (MST)

Personal (12 meses) USD $ 151,797.60 Gasto operacional (material de oficina) USD $ 5,100.87 Transporte19 USD $ 0.00 Activos no financieros USD $ 4,772.73

Subtotal componente 2 MST USD $ 161,671.20

17 Esta seccin slo incluye detalles de los gastos por unidad ejecutora en Chile. No estn incluidos los gastos en licenciamiento, asistencia tcnica y aseguramiento de calidad provistos por MST Services, debido a que la gran magnitud del programa en Chile genera economas de escala que distorsionaran proyecciones aplicables a un pilotaje de pequea escala. Los detalles de proyecciones de costos en ste tem se detallan en el Captulo 7, en la propuesta de presupuesto para el pilotaje, ajustando las tasas de MST Services al tamao de los escenarios de pilotaje. 18 Transporte corresponde a gasto de operacin, pero se presenta por separado para apreciar el costo asociado al cumplimiento de funciones en terreno. 19 Transporte corresponde a gasto de operacin, pero en el caso del equipo clnico MST, se decidi incluir ese gasto en la remuneracin mensual del personal.

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Total anual Unidad Ejecutora USD $ 217,079.71

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Seccin 6.6 Resultados de la implementacin de Terapia Multisistmica en Chile

Al trmino del ao 2013, se haban implementado 14 unidades ejecutoras del programa, las que exhiben los siguientes resultados al trmino del ao:

1. Los EER evaluaron un total de 3,840 casos. 2. Los equipos clnicos MST atendieron a 759 familias. 3. El tiempo de tratamiento ms largo registrado para un caso MST fue de 141 das. 4. El 90% de los nios, nias y adolescentes tratados segua viviendo en su hogar, no

siendo ingresados a recintos de proteccin o crceles. 5. El 70% de los casos presentaba alguna actividad escolar o laboral estructurada. 6. El 70% de los casos no registr reincidencia, medida a partir de los datos de

ingresos a unidades policiales por arrestos / detenciones.

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Captulo 7: Anlisis de condiciones y posible aplicabilidad del Programa Terapia Multisistmica en el Ministerio del Interior del Paraguay.

Seccin 7.1 Condiciones de capacidad institucional I: Debilidades

Las diversas entrevistas realizadas durante la misin en la ciudad de Asuncin, as como la literatura revisada, dan cuenta de ciertas debilidades institucionales relevantes que deben considerarse y manejarse desde una perspectiva de gestin del riesgo, en beneficio del logro de los resultados esperados del programa de prstamo.

Entre las debilidades institucionales identificadas, cabe sealar las siguientes:

1. Ni las instituciones pblicas ni la red local de ONG tiene experiencia en la implementacin de programas especficamente diseados para la atencin de nios y adolescentes infractores de ley. Esta poblacin suele ser ms compleja que los casos de la poblacin general que se ven afectados por problemas macro como la vulnerabilidad social, la desercin escolar, el desempleo o la pobreza, entre otros. Su manejo efectivo requiere del desarrollo de habilidades y el aprendizaje de conocimientos que suelen ser ms especficos que los requeridos para el abordaje de otros problemas sociales. Por ello, la falta de experiencia es un problema relevante que afecta la capacidad del pas para ejecutar medidas especficamente orientadas a reducir la delincuencia juvenil.

2. La participacin de nios, nias y adolescentes en actos antisociales no es un fenmeno que est distribuido aleatoriamente en la poblacin. Existen ciertos grupos e individuos que, en virtud de una conjuncin de condiciones personales, familiares, comunitarias y sociales, se ven en mayor riesgo de participar en actos antisociales. Dentro del conjunto de la poblacin infractora, a su vez, es posible identificar segmentos de personas con distintos perfiles de riesgo, trayectorias delictuales y niveles de productividad delictual. Por ello, cualquier accin para el tratamiento de la delincuencia juvenil requiere de informacin detallada, desagregada, vlida, confiable y oportuna respecto a la deteccin de actos antisociales cometidos por nios, nias y adolescentes, las caractersticas del hecho, del autor, de la vctima, y los resultados de los procedimientos policiales y judiciales. La informacin disponible en Paraguay sobre estas materias es escasa, suele presentarse en forma agregada, y puede verse afectada en su confiabilidad, validez y oportunidad. Esto constituye una gran debilidad institucional que debe corregirse en beneficio de la gestin gubernamental en materias de seguridad pblica y ciudadana.

3. Los programas sociales dirigidos a poblacin infanto juvenil son escasos y ponen un mayor nfasis en las acciones y el logro de cobertura, que en las tareas de diseo, estandarizacin y evaluacin orientados a producir y acreditar impacto sobre el problema (variable objetivo). Estos aspectos que parecen caracterizar la cultura

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organizacional del Estado es comn en el concierto Latino Americano, y resultan problemticos al momento de decidir implementar programas informados por la evidencia emprica o prcticas de gestin orientadas a los resultados. La falta de mayor atencin a tareas de diseo, estandarizacin de procesos, produccin de informacin y prcticas de monitoreo y evaluacin constituyen debilidades institucionales que deben corregirse gradualmente para aumentar las oportunidades de xito de la inversin pblica en seguridad.

4. El desarrollo de las personas es un pilar fundamental de las iniciativas de prevencin del delito y reinsercin social basados / informados por la evidencia emprica. Los modelos de intervencin psicolgica y social que se han demostrado efectivos en la evidencia comparada suelen ser altamente estructurados y requerir de formacin especializada para su correcta aplicacin. La falta de especializacin en estos modelos de intervencin constituye una debilidad institucional que debe abordarse por la va de mejores prcticas de reclutamiento y seleccin de personal, as como mediante actividades regulares de formacin, capacitacin, supervisin tcnica y retroalimentacin.

5. La magnitud de ciertos problemas sociales en el Paraguay reviste complejidades que pueden amenazar la operacin de programas de prevencin de la reincidencia delictual. Entre estos problemas se incluyen la an masiva migracin de poblacin desde el campo hacia las ciudades, lo cual deriva en asentamientos irregulares de familias que no logran fijar domicilio; y las muy elevadas tasas de desercin escolar (30% no termina la educacin secundaria).

Seccin 7.2 Condiciones de capacidad institucional II: Fortalezas

Sin perjuicio de las debilidades institucionales reseadas en la seccin anterior, la misin en Asuncin tambin permiti apreciar una serie de fortalezas institucionales relevantes, las que se resumen a continuacin:

1. El proceso de los casos detenidos / ingresados a sistemas de proteccin de infancia o procesos judiciales (de proteccin o proceso penal adolescente) establece y aplica ciertos puntos de control posteriores a la detencin de menores de edad, que pueden articularse para identificar el tamao de la demanda de servicios de prevencin de reincidencia, y para incluir a los nios en el flujo de derivacin de casos, lo cual hara posible su oportuna deteccin, evaluacin e ingreso a un programa de prevencin de reincidencia. Especficamente, resulta posible obtener informacin sobre detenidos entre 14 y 17 aos de edad mediante la coordinacin con los Juzgados Penales de Adolescencia; en tanto que los casos inimputables se pueden detectar y estudiar a partir de una coordinacin con el Defensor del Nio, dado que representantes de dicha oficina deben visitar en las comisaras a todos los inimputables detenidos.

2. Siendo viable la captura de informacin (deteccin y registro) sobre nios, nias y

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adolescentes detenidos, el problema pasa a ser la priorizacin de esos casos y el anlisis de sus perfiles de riesgo. Se considera que es posible replicar la experiencia chilena en tal sentido, disponiendo de dos profesionales que se dediquen exclusivamente a la aplicacin de evaluaciones de riesgo de reincidencia. Dado que dicha funcin sera parte de un pilotaje centralizado en el Ministerio del Interior, sera recomendable que los profesionales en comento se contraten en el mismo Ministerio, como consultores.

3. El mercado internacional ofrece mltiples herramientas para la evaluacin de perfiles de riesgo de reincidencia y/o trayectorias delictuales en poblacin infractora infanto juvenil. No hay ninguna razn para pensar que profesionales paraguayos que cuenten con dicho material y que accedan a las instancias de capacitacin correctas, no puedan implementar correctamente mtodos de vanguardia en la evaluacin de riesgo socio delictual, aportando de esa forma antecedentes de alto valor para la gestin del riesgo de reincidencia.

4. El uso correcto de un instrumento estandarizado de evaluacin de riesgo de reincidencia requerir capacitacin y entrenamiento supervisado, la adquisicin de licencia para usar la evaluacin (en la mayora de los casos), un sistema de registro para producir una base de datos de casos evaluados, y facilidades logsticas para cumplir su tarea (disponibilidad de vehculo para trasladarse a domicilios o juzgados). En la misin realizada en la ciudad de Asuncin se pudo apreciar que el Ministerio del Interior cuenta con instalaciones suficientes para realizar reuniones de trabajo para efectos de capacitacin, y que cuenta con vehculos fiscales que podran destinarse a la visitas de casos a evaluar, sin perjuicio de la posibilidad de externalizar servicios de transporte.

5. Se realiz una reunin con profesionales destacados por su desempeo en programas sociales de proteccin de infancia existentes (Programas Abrazo y Painac). El objeto de la reunin fue chequear el ajuste entre el perfil profesional existente y el requerido para la implementacin de Terapia Multisistmica. Se observ que se cumplen condiciones adecuadas de motivacin / compromiso profesional y experiencia comunitaria. Los profesionales contactados reportan altos niveles de motivacin, orientacin a la tarea, compromiso con el logro de resultados y creatividad en la resolucin de problemas complejos. Tambin se aprecia que cuentan con experiencia de trabajo en la comunidad y con las familias de los nios que atienden, lo cual es fundamental para la ejecucin de Terapia Multisistmica. Quedan dudas respecto al nivel de manejo de tcnicas clnicas relevantes, fundamentalmente cognitivo conductuales, familiar sistmicas y entrevista motivacional. Este punto se debe chequear con pruebas de diagnstico y, de ser necesario, corregir con seminarios breves de nivelacin.

6. Los procesos administrativos para la gestin de contratos y adquisiciones estaran tomando aproximadamente un mes en el Ministerio del Interior, lo cual resulta del todo compatible con una correcta y oportuna ejecucin de un programa de compras adecuado para la operacin de MST.

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Seccin 7.3 Conclusin de relevamiento y anlisis respecto a la pertinencia de implementar Terapia Multisistmica en Paraguay

A modo de conclusin, es posible sealar que:

1. La necesidad de ejecutar programas de atencin a la poblacin infractora de ley en Paraguay es indiscutiblemente urgente y crtica para la obtencin de resultados en materia de prevencin del delito. Si bien la poblacin infanto juvenil slo representa el 5% de los procedimientos policiales por actos antisociales, el abordaje de este grupo de casos ofrece ventajas importantes: por tratarse de un grupo acotado, se pueden esperar impactos rpidos notables a escala de sistema; la prevencin temprana del delito puede interrumpir trayectorias delictuales ahorrando los costos humanos y sociales de la victimizacin, as como los costos econmicos de procedimientos policiales, judiciales y la ejecucin de medidas privativas de libertad.

2. Las iniciativas de atencin a la poblacin infractora de ley infanto juvenil deberan superar el nivel de la accin asistencial y de acompaamiento, para entrar directamente en intervenciones orientadas a la gestin del riesgo de reincidencia. La aplicacin de programas basados en evidencia emprica como Terapia Multisistmica producira aprendizajes valiosos para el Estado en trminos de la aplicacin de mejores prcticas de gestin. La muy probable obtencin de resultados positivos podra contribuir a aumentar la voluntad poltica por ejecutar programas intensivos y de buena calidad en segmentos acotados de poblacin, en lugar de realizar acciones asistencias masivas que tienen grandes coberturas pero no logran efectos de fondo. Resultados positivos tambin serviran como evidencia del enorme potencial de un sector pblico que orienta sus decisiones y polticas a partir del conocimiento cientfico para corregir problemas sociales.

3. Pese a las limitaciones percibidas, programas como Terapia Multisistmica han demostrado resultados en comunidades latinas con niveles de problemas sociales y violencia que no difieren significativamente de la realidad regional. Sin embargo, cabe sealar que los resultados positivos logrados en Chile se producen en un contexto institucional ms fuerte que el apreciado en Paraguay.

4. En conclusin, se recomienda la implementacin de una experiencia piloto de Terapia Multisistmica en Paraguay, acotada a uno o dos equipos clnicos MST, que permita observar la capacidad del programa para producir resultados en la realidad especfica del pas. Al mismo tiempo, el pilotaje dara tiempo al Estado para desarrollar nuevas capacidades y aprendizajes necesarios para una implementacin de mayor escala, en caso de resultados preliminares favorables.

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Seccin 7.4 Acciones de coordinacin inter institucional necesarias para la implementacin de MST en el Paraguay20

1. Coordinaciones para el ingreso de casos

a. Defensora de la niez y la adolescencia: Los defensores deben hacerse presentes en cada evento de arresto o detencin policial de menores de edad, con el objeto de cautelar el pleno respeto a sus derechos. Esta diligencia permite a los defensores acceder a informacin respecto a la identidad, ubicacin y situacin de los menores de edad detenidos, por lo cual puede constituir una fuente de derivacin de casos muy relevante, especialmente para casos inimputables por tener menos de 14 aos de edad. Las coordinaciones deben incluir:

i. Una presentacin sobre en qu consiste y cmo funciona Terapia Multisistmica

ii. Una presentacin sobre el protocolo de evaluacin de casos y las situaciones personales o sociales que hacen recomendable llamar al equipo de evaluacin de riesgo (EER), con el objeto de estudiar el perfil del sujeto y su familia para una eventual intervencin intensiva.

iii. Definir en conjunto la manera y oportunidad en que los defensores contactarn al EER (llamado telefnico desde la estacin de polica, reporte diario por escrito, reportes semanales, etc.)

iv. Definir en conjunto la manera y oportunidad en que los defensores recibirn retroalimentacin respecto a cuntos casos derivados han sido evaluados, los resultados del perfil de riesgo socio delictual21, la cantidad de casos ingresados a Terapia Multisistmica, y los resultados de la intervencin.

b. Jueces penales de adolescencia: Los Jueces reciben, a travs de la fiscala, informacin de todos los casos detenidos o arrestados por infracciones a la ley penal y que se encuentren dentro del tramo de edad que corresponde a responsabilidad penal adolescente (14 a 18 aos de edad). Dado que los Jueces realizan, a travs de sus equipos tcnicos, estudios acabados sobre la madurez psico social de los adolescentes que incluyen valoracin de condiciones familiares, se encuentran en una posicin ptima para detectar casos que puedan ameritar una valoracin de riesgo socio delictual y una eventual derivacin a Terapia Multisistmica. La Terapia tambin podra ser utilizada como medida socio educativa o correccional. Las coordinaciones

20 Se asume que estas coordinaciones debern ser realizadas por la institucin que lidera la implementacin de MST en el Paraguay, que correspondera al Ministerio del Interior. Se espera tambin que el Ministerio del Interior opere como unidad ejecutora; es decir, que el equipo clnico MST sea contratado directamente por el Ministerio. 21 El perfil de riesgo socio delictual incluye informacin confidencial del caso. Debe precisarse con qu objeto los defensores de niez y adolescencia recibiran esa informacin, a quin podran revelarla, y establecer un acuerdo escrito para la proteccin de datos privados de los nios, nias y adolescentes evaluados.

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deberan incluir: i. Una presentacin sobre en qu consiste y cmo funciona Terapia

Multisistmica ii. Una presentacin sobre el protocolo de evaluacin de casos y las

situaciones personales o sociales que hacen recomendable llamar al equipo de evaluacin de riesgo (EER), con el objeto de estudiar el perfil del sujeto y su familia para una eventual intervencin intensiva.

iii. Definicin por parte del Juzgado respecto al mtodo que utilizar para referir casos al EER (llamado telefnico para evaluacin en el mismo juzgado, remisin de oficio con orden de evaluacin para aplicarse en el domicilio familiar).

iv. Definicin por parte del Juzgado del plazo de evaluacin. v. Definicin en conjunto del formato de informe que el EER entregar

al Juzgado como insumo de informacin para resolver.

c. Secretara Nacional de la Niez y Adolescencia (SNNA): La SNNA, en el marco de la operacin de los programas Abrazo y Painac, accede a abundante informacin de casos sociales, la que normalmente incluye antecedentes sobre la situacin personal y familiar de los usuarios. En la medida que profesionales ejecutores de ambos programas detecten conductas antisociales, pueden tambin contribuir a la referencia de casos a MST. Las acciones a realizar incluyen:

i. Una presentacin sobre en qu consiste y cmo funciona Terapia Multisistmica

ii. Una presentacin sobre el protocolo de evaluacin de casos y las situaciones personales o sociales que hacen recomendable llamar al equipo de evaluacin de riesgo (EER), con el objeto de estudiar el perfil del sujeto y su familia para una eventual intervencin intensiva.

iii. Establecer canales de comunicacin directa entre equipos ejecutores de programas Abrazo y Painac, y los EER.

iv. Definir el conjunto la periodicidad con que los EER reportarn a los programas Abrazo y Painac, cuntos casos han sido evaluados y, de stos, cuntos casos han ingresado a MST.

2. Coordinaciones para el tratamiento de casos

a. Escuelas: La realizacin de actividades estructuradas escolares o laborales es uno de los resultados esperados de MST. La alianza entre las familias y el personal docente y directivo de las escuelas es crtica para el manejo eficaz de las conductas antisociales en nias, nios y adolescentes. Por este motivo, se espera que el supervisor clnico y los terapeutas del equipo clnico MST, realicen las siguientes actividades:

i. Detectar la totalidad de escuelas y otros prestadores de servicios educacionales pertinentes dentro de las reas de cobertura del programa.

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ii. Contactar a las escuelas o prestadores de servicios educacionales ms pertinentes para la reinsercin educativa de los casos ingresados que no se encuentren actualmente estudiando.

iii. Presentar el programa a los representantes de estas escuelas, enfatizando que su participacin en la iniciativa no constituye una sobre carga con trabajo adicional para los docentes, sino que los terapeutas deben ayudar a los docentes a disear y aplicar estrategias para reducir el comportamiento antisocial en la escuela, as como facilitar la construccin de una alianza entre la escuela y la familia, para que sea la familia quien aprenda a controlar y regular el comportamiento del usuario/a en la escuela.

iv. Sealar a los docentes y directivos que la informacin que aporten sobre el caso ser valiosa para el diseo del plan de tratamiento del caso, y para evaluar los resultados del mismo.

v. Levantar informacin sobre los casos con los docentes, y retroalimentar con informacin sobre los resultados de la intervencin.

b. Centros locales de sal