LOS 9 DERECHOS COLECTIVOS DE LOS INDÍGENAS

Derecho a la identidad cultural

La identidad cultural está considerada como el conjunto de prácticas, tradiciones y creencias que definen las características de un grupo humano. Está íntimamente ligada a la conservación del territorio que este grupo habita y de los sitios que resultan relevantes para éste, tanto por motivos prácticos (obtención de recursos) como simbólicos (significación espiritual). Respecto a este derecho, el Convenio 169 de la OIT señala que los Estados deberán asumir medidas que promuevan la efectividad de sus derechos, respetando su identidad cultural (art. 6.2.b). El derecho a la identidad cultural ya se encuentra, en todo caso reconocido como derecho fundamental en la Constitución (art. 2.19), el mismo que debe ser respetado siempre que su ejercicio no implique una vulneración de los derechos fundamentales.

Derecho a la participación

Es la capacidad de los ciudadanos de intervenir sobre la vida política del Estado (a nivel nacional, regional y/o local) y de su comunidad, directamente o a través de representantes. Implica tanto la elección de autoridades como la iniciativa legislativa y la posibilidad de que grupos de personas tomen parte en la toma de decisiones relevantes para los mismos. El derecho a la participación se encuentra reconocido en el art. 2.17 de la Constitución, que lo define como el derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. El Convenio 169 de la OIT extiende éste derecho ámbito de los grupos indígenas, al disponer el deber del Estado de establecer los medios para que los mismos puedan participar en la toma de decisiones que les conciernan a través de sus instituciones representativas.

Derecho a ser consultados

El Convenio 169 de la OIT reconoce este derecho en su artículo 6.1.a, señalando que los pueblos indígenas deberán ser consultados a través de sus instituciones representativas, respecto a las medidas legislativas y administrativas que puedan afectarles directamente, respetándose en dicha consulta el principio de buena fe (art. 6.2 del Convenio). Dicha norma ha sido la base para el desarrollo posterior del derecho a la consulta previa, a través de la Ley 29785 y su Reglamento. Dicho derecho tiene que ver con la posibilidad de que una población sea consultada sobre las actividades estatales o privadas que puedan tener un impacto sobre su entorno, debiendo considerarse su punto de vista previamente a iniciarse éstas. Le corresponde a la autoridad estatal el consultar, a tener en cuenta la opinión del grupo afectado y a fundamentar las decisiones que contradigan la misma.

Derecho a elegir sus prioridades de desarrollo Derecho contemplado

en el art. 7 del Convenio 169 de la OIT que implica la capacidad de un grupo humano para tomar decisiones respecto a las actividades económicas que pueden tener un impacto significativo sobre su entorno y/o estilo de vida. No todas las concepciones de desarrollo económico pueden ser culturalmente diferenciadas o, en todo caso, no ser compartidas por los intereses de una

población. Implica, además, la forma en que habrán de explotarse o no los recursos naturales de un territorio, teniendo en cuenta aquella que el grupo humano considera conveniente (ejemplos de ello son la aprobación de concesiones de ecoturismo, conservación y los planes de manejo forestal).

Derecho a la jurisdicción especial Los pueblos indígenas tienen reconocida

La Constitución vigente, la capacidad de juzgar casos de carácter local, al margen del sistema y judicial estatal, y de fallar sobre ellos de acuerdo con sus propias normas consuetudinarias. Dicha facultad está limitada, en cualquier caso, a que se ejerza sin violar los derechos fundamentales reconocidos por el Ordenamiento Jurídico nacional. Sin embargo, aún no se han definido los detalles del funcionamiento de la justicia comunal (por ejemplo, sobre qué casos es competente) y de su relación con el aparato jurisdiccional formal (como cuándo las decisiones podrían ser apeladas).

Derecho a la tierra y el territorio Conforme

los Estados deberán reconocer los derechos de propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente hayan ocupado, incluso si no están exclusivamente ocupados por ellos sino los usan para actividades rituales y de subsistencia. La posibilidad de transmitir tierras comunales a terceros debe ser consulta con la propia población (art. 17.2), por lo que normas como el DL 1069 que permitía la enajenación de parte de las mismas no podría aplicarse sin consulta previa. Además, deben preverse sanciones sobre las intrusiones no autorizadas de terceros en la tierra

Derecho al uso de recursos naturales que se encuentran en su territorio

La OIT dispone una protección especial a los derechos a la utilización, administración y conservación de sus recursos naturales. Asimismo, el Estado debe otorgarles protección frente a terceros que exploten dichos recursos (pesqueros, forestales, hídricos, combustibles) sin su consentimiento. Por ello, se debe otorgar a las poblaciones derecho de consulta sobre la realización de dichas actividades económicas. Conforme al art. 15.2 del Convenio 169 de la OIT, el Estado está obligado en su calidad de tal a recurrir a la consulta, en tanto la soberanía del Estado sobre los recursos naturales debe coordinarse con los derechos especiales al territorio y a la identidad cultural de las poblaciones nativas, sobre todo considerando que para las segundas, la explotación de ciertos recursos renovables (pesca, flora y fauna silvestre) resulta fundamental para la subsistencia y que los proyectos de inversión sobre recursos como energía, petróleo y minería pueden tener un gran impacto sobre la forma de vida de estos grupos.

Derecho a la salud intercultural Contemplado

La OIT (desarrollando el derecho a la salud reconocido en el art. 7 de la Constitución), el cual dispone, como deberes del Estado, el velar por brindar servicios de salud adecuados a las poblaciones indígenas, o facilitar que las mismas lleguen a prestar los mismos (art. 25.1); organizar dichos servicios, en la medida de lo posible, a nivel comunitario, cooperando con la comunidad y

teniendo en cuenta sus prácticas culturales (art. 25.2); dar prioridad a la formación y empleo de personal sanitario local (art. 25.3); y coordinar la prestación de servicios sanitarios con las políticas sociales nacionales (art. 25.4).

Derecho a la educación intercultural, entre otros Desarrollado

El Estado tiene el deber de adoptar medidas para que las poblaciones indígenas accedan a la educación formal (art. 26); los servicios educativos deben prestarse en coordinación con la comunidad, buscando emplear a miembros de la misma y reconociendo la posibilidad de que los propios pobladores creen sus centros educativos (art. 27); debe enseñarse, siempre que sea posible, la lengua de las poblaciones indígenas, junto con el idioma mayoritario a nivel nacional (art. 28); debe capacitarse a los alumnos a tener aptitudes para participar plenamente en la vida de la comunidad local y del país (art. 29), para lo cual, entre otras medidas, deberá dárseles a conocer sus derechos y obligaciones, sobre todo en el campo laboral, económico, educativo, de salud y derechos sociales (art. 30); y deberán adoptarse políticas educativas para superar los prejuicios de la población nacional frente a los grupos indígenas (art. 31).

PUEBLO ACHUAR

Los achuarson un pueblo indígena americano perteneciente a la familia jivaroana como los Shuar, Shiwiar, Awajunt y Wampis (Perú). Asentados en las riberas del río Pastaza, Huasaga y en las fronteras entre Ecuador y Perú, el vocablo "Achuar" tiene su origen en el nombre de las grandes palmeras llamadas "Achu"(Mauritia flexuosa) que existen en los diversos pantanos que abarcan su territorio, Achu= Palmera de Achu, Shuar= Gente de ahí que viene a ser "Gentes de la palmera Achu". Los lugareños traducen achuar como hombre de pantano.

En tiempos pasados fueron guerreros muy temidos tradicionalmente por los Shuar. Según ellos un achuar podía seguir a su enemigo hasta aniquilarlo. Durante laguerra del Cenepa los achuar del Ecuador y de Perú formaron una alianza y se mantuvieron neutrales.

COMUNIDAD 3 ISLAS

Según especialistas el fallo constitucional es el primer pronunciamiento de un órgano jurisdiccional nacional sobre el tema de la autodeterminación indígena, especificando que se trata de un derecho fundamental que no debe ser confundido con pretensiones separatistas o secesionistas.

El fallo anula la sentencia de hábeas corpus emitida por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Madre de Dios que amparó a los taladores ilegales que hacían uso y abuso de un supuesto derecho al libre tránsito sobre el territorio comunal.

Zulma Villa, abogada de los comuneros y vicepresidenta del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), indicó en anterior ocasión que además del aspecto procedimental, los magistrados debían pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, si una comunidad puede o no ejercer justicia dentro de su territorio como lo hizo la comunidad de Tres Islas.

Al pronunciarse a favor de la comunidad el TC sienta un precedente trascendental, por el cual las autoridades indígenas pueden ejercer control sobre quienes destruyen su medio ambiente o afectan bienes jurídicos colectivos dentro de su territorio.

PUEBLO CAÑARIS

El Defensor del Pueblo en entrevista con el periodista Augusto Álvarez Rodrich, reafirmó lo expresado en otras oportunidades sobre el derecho que tiene el pueblo de Cañaris, en Lambayeque, a ser consultado por tratarse de un pueblo indígena.

Asimismo, pidió al gobierno que se atienda a las comunidades afectadas por los pasivos ambientales que ha generado la actividad minera en la selva.

En otro momento, precisó que no hay ninguna consulta previa coordinada en materia de inversiones y afirmó además que “asignarle a la consulta previa el ser un obstáculo (para las inversiones) es prematuro”.

“Se están abriendo dos caminos que en mi opinión son extremos: uno, ver a la consulta previa como un obstáculo a las inversiones y por otro lado los que quieren ver a la consulta previa como sinónimo de veto, y creo que en el medio hay una postura que por lo menos la alienta la Defensoría del Pueblo”, explicó.

En estos momentos Vega Luna participa en una reunión de dos días en la que participan Defensores del Pueblo de catorce países.

Ellos comparten sus experiencia en la cita denominada: El Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas: El rol de los Ombudsman en América Latina. Asiste a la misma el Relator de Naciones Unidas sobre los Derecho de los Pueblos Indígenas, James Anaya.