Sierra_nevada Violencia Paramilitar

Vicepresidenciade la República

reciente de la confrontación armada en la Sierra

Nevada de Santa Marta

Dinámica

Observatorio delPrograma Presidencialde Derechos Humanos

y DIH

Introducción

Los Señores de la Sierra Nevada de Santa Marta

Alianzas y disputas de los grupos de autodefensas en la Sierra Nevada de Santa Marta

La entropía de las autodefensas en la zona: una aproximación teórica al proceso de consolidación del bloque Norte

Grupos de autodefensas: organizaciones políticas, militares y empresariales

Organización política

Organización empresarial

La dinámica de la violencia instrumental contra los civiles

Presencia estatal en la Sierra Nevada de Santa Marta: Un balance estratégico

Conclusiones

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Índice

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Pág.

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En los últimos cinco años, la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente del bloque Norte, ha venido tomando fuerza ubicándose en las áreas planas, así como las estribaciones de la Sierra, ganando terreno en

las zonas intermedias. Luego de un proceso de consolidación, bajo el cual se dieron alianzas y disputas con los grupos de autodefensas local, las AUC, lideradas por Jorge 40 entraron en un proceso de disputa con los grupos subversivos, afectando a las comunidades por medio de la aplicación de la violencia instrumental contra los civiles. En medio de este panorama, el Estado ha venido aumentando su presencia, ofreciendo protección a la infraestructura económica de la región, aumentando las operaciones contra los grupos armados irregulares e incrementando la inversión social en determinadas zonas críticas. Como resultado de este proceso, la guerrilla se ha replegado en las zonas más altas de la Sierra, conservando aún capacidad para realizar ataques contra la Fuerza Pública y para poner en marcha acciones de sabotaje.

Estas distintas dinámicas son abordadas en este documento, que sin perder de vista el desarrollo histórico de los procesos regionales, pretende dar una visión actual de la confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para esto, se hace énfasis en lo ocurrido en los últimos cinco años, retomando algunos de los planteamientos del documento publicado en septiembre de 2001 por el Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia, cuyo título es “Panorama actual de la Sierra Nevada de Santa Marta”.

En una primera parte, se aborda la dinámica de consolidación y expansión del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, desde un enfoque estratégico que aborda no sólo las alianzas y las disputas en su interior, sino también los constantes enfrentamientos con los grupos subversivos, en una región que dispone de importantes recursos legales e ilegales. Además de su dimensión militar, se abordan los grupos armados irregulares desde su dimensión política y empresarial, analizando el impacto de los intereses privados sobre los públicos, así como la competencia por economías que como el narcotráfico, la venta ilegal de gasolina, el contrabando, la apropiación de tierras y la extorsión, proporcionan amplios recursos.

En una segunda parte, se analiza la dinámica del homicidio, considerando el período de 2000 a mayo de 2005, haciendo énfasis en los últimos cuatro años. Tomando algunos planteamientos teóricos se aborda el uso de la violencia instrumental contra los civiles, señalando las principales áreas de disputa, los grupos sociales más afectados, así como los intereses estratégicos que subyacen a su aplicación. Se da cuenta de la aplicación de la violencia tanto de los grupos de autodefensas como de las guerrillas como el principal medio para acceder al control territorial.

Introducción

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

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En una tercera parte, se hace un balance estratégico de la presencia estatal en la Sierra Nevada de Santa Marta; entiendo a ésta desde dos puntos de vista: por un lado, el esfuerzo por alcanzar el monopolio legítimo de la fuerza –en una visión claramente weberiana–, específicamente con el combate a los grupos armados irregulares; por el otro, asumiendo al Estado con una visión más amplia –es decir, desde el Estado Social de Derecho– como garante de la seguridad social, individual y colectiva, que procura satisfacer las necesidades vitales básicas de los individuos –sobre todo de los más débiles–. Sobre este último aspecto, más que considerar una cuantificación de esta presencia, el análisis se dirige a las inversiones realizadas y a los planes implementados en los últimos años en la Sierra Nevada de Santa Marta.

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En el departamento del Magdalena, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, es frecuente encontrarse con que las personas se refieran a los comandantes y

líderes de las organizaciones de autodefensa como los “Señores” –la expresión “Los Señores de Santa Marta” es utilizada para referirse a las personas relacionadas con el narcotráfico y los cabecillas de las autodefensas en esta ciudad1–. Al indagar por el significado de esta palabra para los habitantes de esta región, se encuentra una serie de relaciones con el concepto postulado por William Reno en el libro Warlords Politics and African States, al hablar de los denominados Warlords o Señores de la Guerra en África; lo cual incluso ha hecho que algunos analistas pretendan implementar este concepto para el caso colombiano. Reno habla de la existencia de hombres fuertes que regulan la seguridad, los derechos de propiedad y la dinámica política de las comunidades, aspectos que pueden ser atribuibles parcialmente a los principales cabecillas que ejercen dominio en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores.

Esta noción ha sido frecuentemente utilizada para referirse a los conflictos armados que han tenido lugar en África, específicamente haciendo referencia al control que han llegado a ejercer algunos líderes militares de oposición sobre algunos territorios y recursos –especialmente los diamantes–. Teóricos como Reno y el Mayor T.P Robinson2 ponen de presente un conjunto de características propias del contexto y las motivaciones que rodean a los líderes de los grupos armados irregulares (guerrillas o agrupaciones de auto-defensa), dentro de las que se encuentran su actividad en estados colapsados, la explotación de ganancias para beneficio propio, la existencia de ejércitos privados –bajo su mando–, el desprecio por el derecho internacional (DDHH y DIH), así como su personalidad dictatorial –no rinden cuentas a los habitantes de las poblaciones que controlan–.

Para el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta noción puede llegar a tener alguna utilidad, ya que entiende a los líderes de las organizaciones de autodefensas no sólo como cabezas de un grupo armado sino también como actores con capacidad de influir en lo social, lo político y lo económico. Son personajes con aspiraciones de detentar un poder en todas las esferas, aprovechando los vacíos de presencia estatal, tanto en lo referente a la gobernabilidad

1 El periódico El Tiempo, el 19 de octubre de 2003 publicó un artículo que tenía como tí-tulo “El Magdalena, Bajo el dominio de los ‘señores’”, el cual exponía el fe-nómeno de las au-todefensas en este departamento.

2 Major T.P. Robin-son. 2001. “Twen-ty-First Century Warlords: Diag-nosis and Treat-ment?”. En Defense Studies, Vol. 1 No. 1, Spring.

Los Señores de la Sierra Nevada de Santa Marta


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como a la seguridad. Para esto, como lo menciona Georg Elwert: “Los señores de la guerra destruyen la espina dorsal del Estado: el monopolio de la violencia”.3

Sin embargo, como lo ha expresado Éric Lair, el uso del término de los Señores de la Guerra debe tomarse con precaución, por las siguientes razones: 1) Esta noción remite a un período particular de China con la caída del Imperio y el derrumbe de la autoridad central; 2) Desde el planteamiento anterior, en el caso colombiano no se está en frente de lo que se ha denominado un Estado “colapsado” o derrumbado, ya que la presencia de actores armados irregulares se da en coexistencia con lo estatal; 3) La noción tiende a tener una connotación peyorativa que ve a los Señores de la Guerra”como actores armados que viven únicamente por la confrontación, ignorando la complejidad de sus imaginarios; 4) Es una categoría muy genérica que simplifica mucho la diversidad de los grupos armados, generando confusión entre sus motivaciones y sus estructuras.

Desde estas aclaraciones se puede decir entonces que en la Sierra Nevada de Santa Marta más que “destruir” el monopolio de la fuerza, lo que hicieron estas agrupaciones fue construir un sistema paralelo, que les permitiera por un lado, desarrollar una “ofensiva” contrainsurgente y por el otro lado, establecer un dominio económico, político y social de la región. Para establecer este dominio, han usado la violencia no sólo como una manera de enfrentársele a la insurgencia sino también como la principal herramienta para resolver disputas internas, ganar control territorial y establecer jerarquías; aunque en este marco, no hay que ignorar la existencia de acuerdos, de apoyos voluntarios y de otro tipo de incentivos –materiales y no materiales– que han logrado la generación de lealtades dentro de la población no combatiente.

La incursión de los grupos de autodefensa se remonta a principios de la década de los ochenta con la aparición de las denominadas Autodefensas del Mamey. Esta estructura surgió en la escena regional en estrecha relación con el narcotráfico, sometiendo a otras agrupaciones mafiosas y de delincuencia común que actuaban en la zona comprendida entre los ríos Guachaca y Buritaca, en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas autodefensas lideradas por Hernán Giraldo Serna, más conocido como “Don Hernán” o el “Patrón”, el primer gran “Señor” de esta zona del país, nacieron entonces en primer lugar para proteger los cultivos de marihuana y posteriormente de coca que había en la zona. El despliegue de este grupo parte desde la Sierra, extendiéndose a las orillas del río Manzanares, río Piedras y desde allí hacia la Guajira.

Como lo muestra el informe Panorama Actual de la Sierra Nevada de Santa Marta, publicado en septiembre de 2001 por el Observatorio

3 Elwert, Georg. 2003. “Mercados de violencia y po-lítica de ayuda e intervención”. En Kalulambi, Martín (Ed.), 2003, Pers-pectivas Compara-das de Mercados de Violencia, Bogotá: IEPRI-Alfaomega, pág. 1.

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Dinámica reciente de la confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta

del Programa Presidencial de DDHH y DIH,4 esta organización logró transformarse en una poderosa estructura de autodefensa y resistir a una intensa presión de las Farc, que en un lapso de quince años llevaron a cabo al menos cuatro incursiones armadas de envergadura, que tenían como propósito quitarle a Giraldo el control sobre la vertiente norte, estratégica por constituirse en una salida al mar. A pesar de llegar a controlar la totalidad de los cultivos de coca en la zona, así como los corredores de embarque de la droga, esta agrupación se caracterizó por mantener un bajo perfil como organización dedicada al narcotráfico, proyectando más bien un papel de defensa contra las presiones de las Farc, ganando de esta manera legitimidad y apoyo de muy variados sectores sociales y políticos.

Paralelamente a esta estructura, en el corregimiento de Palmor, en el municipio de Ciénaga (Magdalena), surgieron las denominadas Autodefensas de Palmor (ADP), las cuales desde su nacimiento estuvieron ligadas a una organización delincuencial de carácter nacional, como lo fue el Cartel de Cali. Algunas versiones señalan que esta estructura nació cuando algunos mafiosos del Valle, que habían adquirido tierras en el departamento del Magdalena, le pidieron a Hernán Giraldo la organización de un grupo en la zona donde tenían sus inversiones, a lo cual Giraldo se negó y propuso a la familia Rojas para que estructurara y manejara el grupo de autodefensas. Surgen de esta manera las denominadas Autodefensas del Palmor, adquiriendo un gran poder en la zona en la década de los ochenta, al mando de otro de los señores con el nombre de Adán Rojas. Para este entonces, este grupo estaba relacionado

4 Observatorio de DDHH y DIH, Vi-cepresidencia de la República. 2001. “Panorama Actual de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Bogotá.

h t t p : / / w w w . d e-rechoshumanos.gov.co/observato-rio/04_publicacio-nes/04_03_regiones/sierra_nevada/pa-noramaactualdela-sierranevada.pdf


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también con el movimiento Muerte a Secuestradores (MAS) –organización armada creada por agrupaciones de narcotraficantes en diciembre de 1981 para castigar a los responsables del secuestro de sus miembros, familiares o allegados–. El posicionamiento de las ADP estuvo marcado por una serie de asesinatos que tuvieron lugar principalmente en Ciénaga, lográndose expandir gracias a los recursos derivados de la prestación de “seguridad” a ganaderos y bananeros en la zona plana del departamento de Magdalena.

Esta agrupación llegó a consolidar un poder muy importante en esta región que sin embargo no fue suficiente para contrarrestar la ofensiva de las Farc, especialmente del frente 19, hacia mediados de los años noventa. Para mediados de los ochenta, las Farc habían logrado establecer núcleos importantes en diferentes cuencas hidrográficas, como los ríos Guatapurí y Seco, insinuando de esta manera un cordón que rodeaba prácticamente la totalidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, consolidando a esta región como una retaguardia estratégica principal en el norte del país, desde donde se emprendían acciones hacia las zonas planas. Siguiendo de sur a norte por la vertiente occidental, el frente 19 también buscó asentarse en las cuencas de los ríos Sevilla y Frío, en jurisdicción de Ciénaga, encontrándose con las ADP que fueron temporalmente desarticuladas. La familia Rojas, y especialmente su líder, tuvo que buscar refugio en la zona que dominaba Giraldo, según lo dicho por algunos habitantes de la región.

Adán Rojas se estableció entonces en la zona de Giraldo con algunos de sus hombres. Sin embargo, cometió algunos abusos contra los habitantes de la región, que incluyeron desde extorsiones hasta una serie de homicidios que terminaron por enfrentarlo con “El Patrón”, quien lo expulsó de la zona. A raíz de lo anterior, Rojas tomó contacto con los jefes de las Autodefensas de Córdoba y Urabá quienes le ofrecieron protección. Como se verá más adelante, el conocimiento que tenía Rojas de la región fue luego utilizado por las Autodefensas Unidas de Colombia en desarrollo de su ofensiva y en el posicionamiento del bloque Norte al mando de Salvatore Mancuso hasta el momento de su desmovilización y actualmente bajo la comandancia de Jorge 40.

El otro señor que se debe considerar en esta zona es Chepe Barrera que encabeza las denominadas Autodefensas del Sur del Magdalena. Este grupo se asentó en los municipios de El Plato, Pedraza, Chivolo, Pivijay, Ariguaní, El Difícil y las Sabanas de San Ángel en el departamento del Magdalena. Aunque no se ubica precisamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, es importante incluirlo en el análisis por la incidencia estratégica que tuvo esta estructura en esta región y en las serranías de San Lucas y del Perijá. La naturaleza de esta organización es más local y responde a las necesidades de seguridad de los ganaderos y bananeros de esta región, quienes ante la ausencia estatal, optaron por respaldar

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la formación de cuerpos privados de vigilancia que intentaban repeler las acciones de la guerrilla.

En lo que respecta al departamento del Cesar, las autodefensas se ubicaron principalmente en el sur de este departamento, brindando protección a ganaderos y palmicultores en municipios como Aguachica y San Alberto. Desde allí, buscaron expandirse hacia las zonas planas del centro y norte del departamento, llegando hasta Valledupar. Como se expondrá más adelante, estas autodefensas tradicionalmente actuaron autónomamente como estructuras cerradas, relacionadas con los intereses de los ganaderos y algunos sectores de los agricultores, los empresarios del campo y los comerciantes, pero en el período reciente fueron cooptadas por las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, al mando de Jorge 40.

Rodrigo Tovar, más conocido con el alias de Jorge 40, o Pupo se presenta como el principal líder de las autodefensas en este momento. Tovar, nativo del Cesar, miembro de una familia de la región, graduado como oficial del Ejército, ocupó cargos en la administración de Valledupar –entre éstos fue Secretario de Hacienda de este municipio–, antes de llegar a ser el principal comandante del bloque Norte, cuyo anterior cabecilla era Salvatore Mancuso. Jorge 40 apareció en la escena como el líder del proyecto de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que buscaba aglutinar a diversas estructuras de autodefensas locales –por medio de acuerdos negociados o impuestos– y extender el dominio de esta organización en el norte del país, apoyados en una serie de economías ilegales como el narcotráfico, el hurto de combustible y el contrabando, entre otros.

Es importante decir que las relaciones de Jorge 40 con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), son anteriores a su comandancia en el bloque Norte. Jorge 40 entra en el esquema de las ACCU por medio de Salvatore Mancuso, quien lo conoció en el departamento del Cesar cuando hizo una visita a esta zona con el objetivo de valorar las condiciones de implantación de una estructura paramilitar. A partir de ahí, Jorge 40 comenzó a operar como patrullero5 de Mancuso, en acciones que tuvieron lugar en el sur del departamento de Bolívar. La incursión en esta zona se produce en 1997, propiciando fuertes golpes a la subversión; en 1998, en medio de un acuerdo, se le dio la orden a Jorge 40 de entregar las zonas del sur de Bolívar al bloque Central Bolívar, bajo la comandancia de Julián Bolívar. Luego de esta experiencia y mostrando una capacidad para liderar “ofensivas”, se le dio la misión de ingresar al departamento del Cesar, con el propósito de desplazar a la guerrilla de las zonas planas.

Hay que recordar que la consigna de los Castaño –especialmente de Carlos– desde el año 1996, fue crear una federación de autode-

5 Éste es un rango uti-lizado por los gru-pos de autodefensa para referirse a los subalternos.


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fensas bajo la denominación de las AUC, bajo el paraguas de la lu-cha contrainsurgente. En este proceso, las organizaciones grandes comenzaron a apropiarse de las más pequeñas, sometiéndolas a su dominio y liderazgo, logrando cuadruplicar en un período corto de tiempo sus integrantes. Según los datos del Ministerio de Defensa de tener 3.000 hombres en armas en 1995 pasaron a 10.520 en 2001.

Lo anteriormente dicho fue precisamente lo que ocurrió en los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira, donde las AUC desafiaron los dominios establecidos, es decir, aquellos que detentaban los Señores de la Sierra –tanto Chepe Barrera, como Giraldo y los Rojas–. Cada organización asumió de manera distinta esta ofensiva –los Rojas colaboraron y asumieron un papel activo; Barrera negoció y Giraldo fue sometido y obligado a hacer un acuerdo–. Del orden establecido en la región, es decir, del establecido por las Autodefensas del Mamey, las del Palmor, así como las del sur del Magdalena y del Cesar, surgió un nuevo escenario en donde aparentemente existe una cohesión bajo el dominio del bloque Norte.

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La incursión de las AUC en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones estuvo claramente ligada a consideraciones estratégicas, dentro de las más relevantes interrumpir la

movilidad que la insurgencia tenía entre la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga grande del Magdalena; apropiarse de recursos, dentro de los cuales se encuentra el narcotráfico, la protección a ganaderos, bananeros, palmicultores, así como la industria de explotación del carbón, el contrabando y la venta ilegal de gasolina; y dominar toda la costa caribeña, partiendo desde el golfo de Urabá hasta la Guajira.

Respecto del primer punto, hay que decir que desde mediados de los ochenta, las Farc lograron un crecimiento que se basó en el desdoblamiento del frente 19. El fortalecimiento financiero y militar de la insurgencia se tradujo en la creación del frente 41 en la Serranía del Perijá, que es de la mayor importancia en su propósito de consolidar la cordillera oriental como centro de despliegue estratégico y posteriormente para establecer un puente entre la frontera con Venezuela y la Sierra Nevada de Santa Marta. Este puente hace las veces de un corredor para el tráfico ilegal de armas y el suministro de logística, así como para el cultivo de coca y para el tráfico de narcóticos. Los frentes 19 y 41 conformaron el 59 en el año 1994, consolidando su zona de expansión en la vertiente suroriental, ubicándose finalmente entre los ríos Guatapurí y Seco, en puntos como Atánquez y Patillal, en el municipio de Valledupar, así como en el sector de Marocaso, en el municipio de San Juan del Cesar.

El ELN, por su parte, hizo su aparición en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta en la segunda mitad de los ochenta, con el propósito de fortalecerse financieramente. El frente 6 de Diciembre, llegó al centro y norte del departamento del Cesar con el objetivo de comenzar a depredar los recursos provenientes de la extracción de materia prima, como el carbón en la Jagua de Ibirico. Esta estructura comenzó a ejercer protagonismo

Alianzas y disputas de losgrupos de autodefensasen la SierraNevada de Santa Marta


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en la vertiente suroccidental en los años noventa, en Puerto Bello y Atánquez, extendiendo su radio de acción, específicamente en lo que se refiere a las extorsiones y secuestros, hacia Mariangola, en el municipio de Valledupar, y en las zonas planas que circundan la Sierra. Por otro lado, el frente Manuel Martínez Quiroz se asentó en la Serranía del Perijá, mientras que el Francisco Javier Castaño, copó la zona bananera, ubicándose en Ciénaga y Santa Marta, desde donde incidió en la zona plana, afectando las vías de Ciénaga-Fundación-El Copey y Valledupar-Bosconia.

Corredores de las guerrillas entre los dos principales sistemas montañosos

Tomado de Google Earth y modifi cado por el autor.

Corredores de las guerrillas desde la Sierra Nevada hacia el departamento del Magdalena

Tomado de Google Earth y modifi cado por el autor.

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6 Zúñiga, Priscila. 2004. “Una re-construcción del fenómeno del pa-ramilitarismo en el departamento del Magdalena”. Mo-nografía para optar al título de politó-loga, Bogotá: Uni-versidad Javeriana. Pág. 31.

De esta manera, la insurgencia llegó a establecer corredores de movilidad que le permitían transitar desde el departamento del Atlántico al Magdalena, ocupando también zonas en el Cesar. En este sentido, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá se conformaron en zonas de retaguardia desde donde la guerrilla emprendía sus acciones sobre las zonas planas. Como se mencionó anteriormente, tanto las familias más pudientes, así como los distintos sectores de la economía fueron víctimas del cobro de extorsiones, la amenaza de parientes y trabajadores, así como de acciones de sabotaje que tuvieron como propósito mantener el dominio sobre esta zona del país. El sector bananero fue uno de los más afectados, especialmente en los municipios de Ciénaga y la Zona Bananera; de acuerdo con un estudio realizado por Priscila Zúñiga6, en la década de los ochenta se registró el asesinato de 74 administradores de finca a manos de la insurgencia y el incendio de por lo menos 250 propiedades, sin contar la afectación a los pequeños productores o parceleros.

En este contexto, los grupos de autodefensas respondieron en parte al vacío existente en materia de seguridad en esta región. Personas ligadas a la explotación del banano, de la palma y la ganadería, así como narcotraficantes que necesitaban de protección acudieron a los Señores de Santa Marta en búsqueda de garantías. Sin embargo, al ser organizaciones desarticuladas entre sí, con un dispositivo armado relativamente pequeño, en varias ocasiones fueron incapaces de responder a las ofensivas de la insurgencia, como ocurrió con el grupo manejado por la familia Rojas. En este sentido, como proyecto contrainsurgente, las autodefensas experimentaron varias dificultades, lo que le permitió a la subversión expandirse y mantener sus actividades.

En medio de este panorama y coincidiendo con la firme intención de crecer y dominar más territorios, las AUC, en ese momento al mando de Carlos Castaño, tomaron la decisión de incursionar en la zona. Esta determinación no sólo estaba ligada a la confrontación de la subversión, se encontraba también relacionada con el narcotráfico y desacuerdos con las agrupaciones que hacían presencia en la zona, específicamente con las autodefensas al mando de Hernán Giraldo. De acuerdo con algunas versiones, el hecho que desencadenó la ofensiva contra esta estructura fue el asesinato en 2001 de dos miembros de la DEA por parte del Pacho Musso, uno de los comandantes de Giraldo, en el sector de Mendihuaca, que ciertamente influyó en el endurecimiento de la perspectiva y el discurso de los Estados Unidos hacia estas organizaciones.

Por otro lado, se debe tener en cuenta la presencia que logró tener el ELN en el departamento del Magdalena y la afectación que ésta produjo para algunas poblaciones del Atlántico, especialmente Barranquilla. Un momento crítico fue el secuestro masivo en la


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Ciénaga del Magdalena de un grupo de socios de un club de pesca del Torno el 6 de junio de 1999 por parte del ELN, dentro de los cuales se encontraba un concejal de la capital departamental, y su hijo. Este hecho propició una alianza entre los sectores más pudientes de Barranquilla, con grupos de autodefensas de la región del Magdalena, que eran apoyados por familias prestantes, bajo la dirección de la AUC, propiciando las condiciones para el establecimiento de una red compleja de apoyos. A partir de este evento, se da uno de los procesos de expansión en el que tuvo un papel muy activo Adán Rojas7, quien luego de ser “exiliado” de la zona por Hernán Giraldo, tomó contacto con Castaño y Mancuso, quienes lo utilizaron para poner en marcha la ofensiva en el departamento del Magdalena y generar alianzas con líderes locales y potenciales financiadores. Un hecho muy diciente es la captura de Adán Rojas en febrero de 2000, la cual precisamente se da en una casa del barrio Los Nogales, al norte de Barranquilla, donde se encontraba recuperándose de unas heridas de bala en su brazo izquierdo, que habría sufrido en combates en la Sierra Nevada de Santa Marta, según lo informó el general Héctor Darío Castro, comandante de la Policía del Atlántico en ese entonces.

En este marco, el 22 de noviembre de 2000 se da una masacre de más de 60 personas en el corregimiento de Nueva Venecia, municipio de Sitionuevo (Magdalena), a partir de la cual alrededor de 4.000 habitantes del corregimiento y las veredas circundantes se desplazaron hacia la cabecera municipal y hacia los municipios de Puebloviejo, Palmira, Tasajera y Ciénaga (Magdalena); Soledad, Barranquilla, Malambo, Ponedera y Sabanagrande (Atlántico), según lo reportado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual del año 20008. En esta ocasión, el grupo de autodefensas reunió a un grupo de pescadores en la Iglesia y con lista en mano empezó a llamar a las personas que figuraban en la misma, acusándolas de ser colaboradores del ELN –igualmente señalaron a delincuentes comunes reconocidos en la zona–. Según algunas versiones de la región, esta acción fue liderada por Tomás Gregorio Freyle, alias Esteban o Augusto, oriundo de la ciudad de Montería9. El grupo de autodefensas llegó desde el municipio de Pivijay, de la finca llamada La Cumbia, pero su base central se ubicaba en el municipio de San Ángel (Magdalena), desde donde se desplegó a los municipios de Pivijay, Salamina, Remolino, Sitio Nuevo, Cerro de San Antonio, Piñón y Pedraza10.

Se debe señalar que ésta fue la acción que tuvo más trascendencia dentro de un conjunto de homicidios realizados por las autodefensas como la masacre llevada a cabo en las cabañas de la Unidad de Parques Nacionales Naturales, en Trojas de Cataca (inmediaciones de la Ciénaga Grande de Santa Marta), donde asesinaron a 14 personas en noviembre de 1999; así como la masacre de 12 personas realizada presuntamente por integrantes de las autodefensas de Giraldo, en el caserío Parranda Seca en las

7 Según la Policía Nacional, Adán Ro-jas es uno de los lu-gartenientes de los hermanos Castaño Gil y sindicado de estar al frente de las matanzas de cam-pesinos en las fin-cas La Hondura, La Negra, San Jorge y Las Vegas en Curru-lao (Urabá Antio-queño), en marzo y abril de 1998.

8 http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/cap.4aa.htm

9 Alias Esteban estu-vo detenido en Ba-rranquilla, pero se fugó cuando iba a ser conducido para ser escuchado en indagatoria.

10 Algunas versiones señalan que Edel-mira Esther Mén-dez, alias La Mona, también habría participado en esta masacre.

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estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el mismo año –la cual produjo el abandono total del asentamiento–.

En la medida en que las Autodefensas Unidas de Colombia fueron copando territorios y avanzando en su objetivo de dominar las zonas planas que rodeaban la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron rompiendo los dominios establecidos por Los Señores de la Sierra y se apropiaron de las estructuras locales. En el sur de Magdalena, se encontraron con Chepe Barrera, con quien llegaron a un acuerdo que le permitió permanecer en la zona, pero con un poder muy limitado. Para ilustrar este pacto, resulta útil tomar el testimonio de un ex colaborador de Barrera:

“… Como para finales de 1999 hubo una fuerte presencia de las ACCU que comandaba Mancuso, quien exigió a Chepe que le entregara el territorio, Chepe no quería problemas con nadie, aunque las cosas no fueron tan fáciles tampoco… Mancuso quería las cosas así por él era el chacho y había que dárselo ya, pero luego vino el comandante Castaño y se reunió con nosotros, él sí es un hombre que sabe negociar, él le dijo a Chepe que firmaran una alianza que no era que nosotros íbamos a dejar de mandar o de tener libertad en la zona, sino que ahora éramos parte de las AUC… claro que ahora ellos son los que mandan, tienen la base en San Ángel y Chepe se quedó con un grupo para su protección privada en un pueblo que se llama Los Andes, pertenece al Difícil, la gente a veces nos dice que tan distinto que eran los tiempos antes, la gente tiene miedo, está aterrorizada…”.11

Al parecer en las negociaciones, se le dio la oportunidad a Chepe Barrera de elegir el territorio donde deseaba permanecer. A diferencia de lo que ocurrió con Giraldo, como se verá más adelante, la utilización de la violencia contra los Cheperos no fue tan frecuente. Esto se evidencia en una de las entrevistas a uno de los miembros de esta organización:

“… No hubo una mala relación entre Chepe y las AUC… Chepe tomó una parte de la región y ‘Cuarenta’ tomó la otra… Hay desplazamientos de la población civil con la llegada de alias ‘Cuarenta’ a la región, es que ellos son terroristas, ahora hay muchas muertes, sobre todo los fines de semana encuentras tres y cuatro cadáveres en las esquinas…”.12

Lo cierto es que si bien Chepe Barrera logró un acuerdo con las AUC, la incursión de éstas a la zona tuvo un impacto directo en el alza de las tasas de homicidio en algunos municipios del Magdalena. En el municipio de Ciénaga, la tasa por cada cien mil habitantes ascendió de 60 en 1999 a 147 en 2000 –aunque se debe aclarar que las víctimas de la masacre de Sitio Nuevo, fueron contabilizadas en Ciénaga–; en el municipio de El Retén, la tasa

11 Testimonio tomado por Zúñiga, Prisci-la, Op. Cit.



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pasó de 21 a 53, en Fundación de 67 a 87 y en Remolino de 6 a 64. La tasa departamental también subió, pasando de 38 homicidios por cien mil habitantes en 1999 a 52 en 2000.

Por otra parte, con el grupo de autodefensas que hacía presencia en el sur del Cesar también se llegó a un acuerdo. En esta zona, desde 1988 se implantó una estructura dirigida por el ganadero Roberto Prada, y uno de sus sobrinos, Juan Tito Prada, conocido como Juancho, quienes conformaron las Autodefensas del Sur del Cesar (Ausac), las cuales tienen presencia sobre todo en las zonas ganaderas y palmicultoras de Aguachica y San Alberto, desde donde extendieron su dominio a las zonas planas del centro y parte del norte. Esta organización controla buena parte del piedemonte de la serranía del Perijá y algunos de los cultivos de coca que se encuentran en esta región. Según algunas versiones locales, las Ausac y especialmente los Prada, tuvieron participación en los hechos ocurridos en la Hacienda Bellacruz, en febrero de 1996. El grupo de los Prada sigue “operando” de manera autónoma en una alianza con las AUC, unión de carácter asociativo que busca recibir los beneficios del actual proceso de paz con el Gobierno Nacional13.

Por el contrario, con las Autodefensas del Mamey, dirigidas por Hernán Giraldo, se presentó un enfrentamiento directo. El punto de ruptura con las AUC, dirigidas en ese entonces por Carlos Castaño, fueron los hechos acaecidos en el 11 de noviembre 2001 en Mendihuaca, en la vía entre Santa Marta y Riohacha, donde el grupo comandado por Jairo Pacho Musso – lugarteniente de Giraldo– asesinó a los hermanos Edgar y José Lara García, miembros de la DEA, a los agentes Edilberto Cordero Girón, Álex Torrealba Vásquez y José García, y al civil Teódulo De León. El 12 de noviembre de ese año, Carlos Castaño le advirtió en un comunicado público a Giraldo que debía entregar a Musso a la justicia colombiana para que respondiera por los delitos en los que incurrió utilizando el nombre de las AUC –declarándolo objetivo militar–14. La advertencia de Castaño no fue atendida por Giraldo, lo que desató una confrontación directa entre los dos grupos de autodefensas. Las AUC, al mando de Adán Rojas y Jorge 40, buscaron quebrar el liderazgo de Giraldo sobre su organización, su dominio sobre la zona, sus apoyos sociales y económicos, así como interrumpir las actividades de esta estructura, su cohesión y capacidad de respuesta.

Resulta útil analizar este proceso dentro de esta organización, a la luz de los planteamientos de Mark Herman, partiendo del artículo “Entropy-Based Warfare: Modeling the Revolutionin Military Affairs”15. Aplicando la idea de entropía de Herman –la cual es ilustrada en la nota al pie en la siguiente página–, las AUC en su ofensiva buscaron minar tanto las “actividades” y las “conductas” de las organizaciones de autodefensa local, así como su poder de fuego –la letalidad–, de tal manera que consiguieran doblegar a su adversario y someterlo. El primer objetivo fue atacar a los apoyos

13 El 12 de mayo de 2004 fue capturado Juan Francio Prada Mosquera, integrante del Estado Mayor de las AUC; Prada fue detenido en com-pañía de dos de sus escoltas, a quienes se les confiscaron armas y equipos de comunicaciones.

14 La primera vez que los medios de comunicación na-cionales registraron el nombre de Jairo Antonio Musso To-rres fue en enero de 1989, cuando el DAS capturó en Bo-gotá a seis personas que integraban una banda de sicarios y piratas terrestres que venían, supues-tamente, a ejecutar un magnicidio en la capital. Entre los capturados estaba Musso. En estos tiempos era llama-do “El Mono” y según las autorida-des era el jefe de la banda “Los Tesos”, que actuaba en la Costa Atlántica y f r e c u e n t e m e n t e hacía trabajos de sicariato en Cali y Bogotá. Después de varios años y tras salir de la cárcel, Musso regresó a la Costa Atlántica, donde extendió su participación en el negocio del nar-cotráfico, hasta el punto de ser uno de los mayores capos. Musso fue captura-do y afronta cargos por homicidio, con-cierto para delin-quir y narcotráfico.

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y generar un clima de inseguridad en la zona, de tal modo que se pusiera en duda la capacidad de las autodefensas locales de ofrecer protección. El dominio y control que Hernán Giraldo detentaba fue desafiado mediante una ofensiva que se dirigió a las clases dirigentes regionales, a los sectores productivos y a los habitantes de la zona.

Dentro de esta dinámica, entrarían algunos homicidios de alcaldes y ex-alcaldes: Manuel Álvarez Caballero (Cerro de San Antonio) en 1999, Octavio Ropaín Lobo (El Banco) en el 2000, en el 2003 el alcalde del Retén y en 2004, Jesús Avendaño (Zona Bananera). De esta manera, cortaron las relaciones que la clase política y empresarial había formado con las autodefensas locales, dando paso a un nuevo ordenamiento político que favoreciera y protegiera sus intereses. Lo que se dio en este momento fue un cambio de lealtades, propiciado por la incapacidad de Los Señores de Santa Marta de ofrecer seguridad a sus apoyos y la necesidad de las AUC de formar un entorno propicio para sus actividades.

Es relevante decir que las autodefensas de Giraldo desarrollaron vínculos con la clase política y los gremios agrícolas en la región, en una relación mediada por el intercambio de protección por dinero. Así lo revela el testimonio de uno de los miembros de esta organización, quien aspiró en dos ocasiones al Concejo Distrital:

“… En el inicio sólo nos interesaba o estábamos pendientes del sector donde se cultivaba y procesaba la coca, así mismo de

15 Herman asume la entropía como el resultado de la mezcla de la fric-ción, el trastorno (disruption) y la letalidad (lethality), dentro de un grupo armado. La fricción compromete a las “actividades” de la organización, el trastorno compro-mete la “conducta” de los integrantes del grupo, y la letalidad hace referencia a la reducción del poder de fuego. La con-junción de estos tres elementos da como resultado la máxima entropía, como se puede apreciar en el gráfico.

Herman, Mark. “ E n t r o p y - B a s e d Warfare: Modeling the Revolutionin Military Affairs”. In-vierno 1998-1999. ht tp: / /www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/1620.pdf

FRICCIÓN TRANSTORNO

LETALIDAD

Desorganización

MáximaEntropía

Manobríasde desgaste

Distribuciónde funciones

críticas


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los puertos naturales por donde sacábamos el alcaloide, pero la forma de actuar en dichas áreas nos llevó a adquirir fama, que se extendió por todo el territorio, lo que nos supuso establecer relaciones con sectores económicos, quienes deciden adquirir nuestros servicios para proteger su propiedad, sobre todo las haciendas y las plantaciones de banano…”16.

El pago de protección no siempre fue voluntario, los “aportes” en reiteradas ocasiones fueron impuestos tanto a bananeros, como a cafeteros y ganaderos. Estas personas fueron las primeras afectadas por la incursión de las AUC, agrupación que buscó apropiarse del monopolio de la seguridad, con el objetivo de percibir recursos que le permitiera crecer y permanecer en la zona.

La ofensiva directa de las autodefensas contra el grupo de Giraldo se dio a finales de 2001 con la llegada de alrededor de 200 hombres de las AUC liderados por alias 5-5 a la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se dieron una serie de enfrentamientos. La confrontación entre estas dos facciones provocó que el 23 de enero de 2002 nueve mil personas, entre ellas tres mil niños y niñas –según el censo del Comité Internacional de la Cruz Roja–, se desplazaran hacia la vereda El Calabazo, jurisdicción del municipio de Guachaca, ubicado sobre la troncal del Caribe, vía que fue bloqueada bajo la petición por parte de los habitantes de expulsar a los grupos de autodefensas que ingresaron a la zona –es decir a las AUC–. Semanas después de lo ocurrido, el Comando Urbano de Paracos de Santa Marta, de Giraldo, puso a circular panfletos de amenaza contra los habitantes de los barrios Ciudadela 29 de Julio, El Pando y otros del sur17. Como resultado de esta disputa, los hombres al mando de alias 5-5 – quien dirigió parte de las acciones de las AUC en esta zona– lograron controlar buena parte del área urbana de Santa Marta, entre Bonda y Mina, región que estaba bajo dominio de Giraldo. Éste por su parte se atrincheró en la Troncal del Caribe desde Bonda hasta los límites con La Guajira, incluido el Parque Tayrona, desde donde pretendió desplegar una contraofensiva contra los hombres de las AUC.

Al finalizar la disputa, en el mes de julio de 2002, Giraldo fue obligado a aceptar las condiciones de las AUC, luego de las acciones dirigidas contra sus apoyos, el ataque a sus redes, la serie de enfrentamientos que provocaron su repliegue y la necesidad de buscar la permanencia o supervivencia de su agrupación. Bajo este acuerdo, Giraldo perdió la autonomía en el manejo del negocio del narcotráfico, el cual pasó a ser compartido con las AUC. Por otra parte, se le restó al grupo de Giraldo poder militar, teniendo lugar un relevo de mando en la zona, el cual fue


17 El Espectador, “Tu-rismo a prueba de fuego”, 8 de febrero de 2004.

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entregado por Castaño a Jorge 40. Hoy en día, el grupo de Giraldo se mantiene, actuando con relativa independencia en la zona que va desde Bonda hasta los límites con el departamento de La Guajira. En este sector cuenta aún con un amplio apoyo social y la permanencia de cultivos de coca, lo cual le garantiza de cierta manera su existencia.

En la actualidad, la presencia de los grupos de autodefensas tiende una especie de cordón alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicándose principalmente en las zonas planas, interrumpiendo el tránsito de los grupos insurgentes desde la serranía del Perijá hasta el Atlántico. El número 1 del mapa adjunto indica la presencia del frente Jhon Jairo López el cual está directamente al mando de Rodrigo Tovar Pupo –Jorge 40. Está compuesto por el grupo Walter Usaga cuyo líder es alias Carlos Tijera, cuya área de influencia son los municipios de la Zona Bananera, Ciénaga y Fundación. El grupo Chivilo, que tiene como comandante a alias Codazzi, en Ciénaga Grande, El Difícil, Nueva Granada, Plato y Pueblo Viejo. El grupo Pivijay, cuya líder es alias Doña Sonia en los municipios de Salamina, Concordia, Pedraza y Cerro San Antonio. El grupo Sierra Nevada, conducido por alias Cantinflas, en Algarrobo y el corregimiento de Bella Vista, además del grupo Ariguaní, al mando de alias Rocoso, en Difícil, Nueva Granada, El Plato y Pueblo Nuevo.

El número 2 hace referencia al frente Mártires del Valle de Upar, también al mando de Jorge 40. Este grupo ocupa la parte norte del departamento del Cesar y ha pretendido extender su dominio sobre la costa atlántica de La Guajira; además tiene presencia en Maicao. El cabecilla de este frente en Cesar, David Hernández Rojas, conocido con el alias de 39, fue muerto en combate por tropas de la Décima Brigada del Ejército en operaciones desarrolladas en la vereda El Mamón, en jurisdicción de Valledupar. Semanas antes de la muerte de 39 en la región, se rumoraba la intención por parte de Jorge 40 de hacer una “limpieza” dentro de su organización, tras algunos abusos cometidos por parte de sus comandantes, los cuales habían sido denunciados por algunos sectores que estaban inconformes con esta situación.


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La presencia de este frente en La Guajira es más difusa. A raíz del asesinato de 4 indígenas Wayuú y la desaparición de otros 12, en Bahía Portete en abril de 2004 se hizo manifiesta la intención de las AUC de apropiarse de parte de los puertos en este departamento. Aprovechando un conflicto entre castas de la etnia Wayuú, Jorge 40 se alió con algunos miembros de la familia Ipuana, encabezados por José María Barros Ipuana y José María Gómez, alias Chemabalas, configurando el denominado frente Contrainsurgencia Wayuú. Se debe aclarar que la presencia de la insurgencia en la Alta y Media Guajira ha sido casi nula, bloqueada por una fuerte resistencia por parte de los indígenas Wayuú, que en algunas ocasiones ha sido armada. Este grupo indígena tradicionalmente ha participado en el negocio del contrabando, portando armas cortas para la protección de sus mercancías; sin embargo, en los últimos años, según versiones de las autoridades locales y de la misma Fuerza Pública, han adquirido armas de largo alcance, entre las cuales se encuentran algunos fusiles AK-47. A raíz de los hechos ocurridos en Bahía Portete, hubo un rechazo de los Wayuú a la presencia de las autodefensas, justificado principalmente por la afectación de niños, ancianos y mujeres durante esta incursión. En la actualidad, habitantes de la zona indican que Jorge 40 aún mantiene el objetivo de formar una alianza con miembros de esta etnia con el objetivo de consolidar la salida al mar, sin embargo no existe claridad sobre la presencia de esta agrupación en la zona.

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Hay que recordar que tanto José María Barrios Ipuana como alias Chemabalas fueron capturados por la Policía Nacional en el mes de octubre de 2004, lo que evidentemente debilitó el dominio de Jorge 40 en la zona. Sin embargo, el control sobre parte importante del contrabando y el comercio ilegal de la gasolina –la cual es traída en su mayoría de Venezuela– persiste, teniendo una fuerte presencia en Maicao y con la intención de ampliar su dominio hacia el Atlántico, donde se ubica una amplia costa con una reducida presencia estatal.

El número 3 señala la presencia del frente Resistencia Tayrona, estructura ligada directamente con las denominadas Autodefensas del Mamey. Esta organización es liderada por Hernán Giraldo y se compone de los siguientes grupos: el grupo Guachaca cuyo líder es alias 25 con presencia en Santa Marta, en los corregimientos de Guachaca, Buritaca, Mendiguaca, Don Diego, Palomino y Mingueo; el grupo La Tagua, comandado por Veto Quiroz, alias 5-5, con radio de acción en los corregimientos de Bonda, Minca y El Campano; el grupo Parranda Seca, dirigido por alias 80, en el municipio de Ciénaga, en el sitio Parranda Seca, Secreta, Liberia y el Chimborazo.

Esta estructura ha sido duramente golpeada por la acción de la Fuerza Pública, sobre todo en el primer semestre de 2005, destacándose la operación Sierra Nevada en la cual fue capturado Freddy Castillo, alias Pinocho, señalado de ser hombre de confianza de Giraldo y testaferro clave18. Además, la Fiscalía ocupó e inició la extinción de dominio de más de 50 propiedades de Giraldo, avaluadas en más de 30.000 millones de pesos, entre ellas sus principales oficinas en Santa Marta. Esta situación y la sombra de extradición que acosa al líder de las autodefensas –considerado incluso como el segundo en la estructura del extinto Cartel de Medellín de Pablo Escobar–, llevaron a Giraldo a ofrecer la desmovilización de su estructura, la cual estaría conformada por alrededor de 400 hombres.

El número 4 indica la zona de dominio de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar, las cuales son dirigidas por los Prada. Se rumora acerca del relevo de algunos de los comandantes que actúan en esta zona y la intención de esta agrupación de comenzar a ocupar cada vez más territorios en la Provincia de Ocaña en Norte de Santander, tras la desmovilización del bloque Catatumbo. Por último, está el número 5, con el frente conocido con el nombre de Los Cheperos. Esta estructura se desmovilizó el 4 de diciembre de 2004, con un total de 47 miembros, en el corregimiento de Santa Rosa, municipio de Santa Ana, sur del Magdalena.

18 Las investigaciones señalan que, al pa-recer, Castillo Ca-rrillo era el encar-gado de realizar en gran parte el lavado de dineros ilícitos, pertenecientes a este grupo armado ilegal, utilizando como fachadas varias empresas y bienes raíces que figuraban a su nombre. Además, alias “Pinocho”, presuntamente es propietario de va-rios laboratorios utilizados para el procesamiento de clorhidrato de co-caína, ubicados en distintas zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta e igualmente consi-derado como uno de los más grandes proveedores de alcaloides de ese grupo ilegal, pues los informes de in-teligencia señalan que la mayoría de la droga enviada hacia los mercados internacionales por esta zona del país es vendida por Freddy Castillo, como me-dida impuesta por Hernán Giraldo. Ver informe de la Policía Nacional, publicado en la Web. http://www.policia.gov.co/ini-cio/portal/portal.nsf/0/86fffe 826814e6ba05257023006cda66? Open Do-cument


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Generalmente, los estudios alrededor de los grupos armados irregulares asumen a estas estructuras dentro de un marco lógico que propende a interpretarlos como una

organización. Sin embargo, aunque las autodefensas pretenden mostrarse como una agrupación ordenada, en la realidad su disposición es bastante caótica. Es precisamente aquí cuando tiene sentido hablar de entropía, como una forma de interpretar este desorden –esta noción parte de la física y se define como la medida del desorden de un sistema–.

Para acercarse al concepto de entropía, se propone utilizar un ejemplo básico. Se tiene una caja con tres divisiones, dentro de las cuales se encuentran tres tipos diferentes de esferas: azules, amarillas y verdes, respectivamente. Las divisiones son móviles, por lo que puede suprimirse la primera de ellas, es decir, la que separa las esferas amarillas de las azules. Lo que se está haciendo desde el punto de vista de la entropía es eliminar un grado o índice de restricción al sistema planteado. Antes de que se quitara la primera división, las esferas se encontraban separadas y ordenadas por colores: en la primera división las azules, en la segunda las amarillas y en la tercera las verdes, es decir, que estaban restringidas a un cierto orden.

Al quitar la segunda división, se está suprimiendo también otro grado de restricción. Las esferas se mezclaron unas con otras de tal manera que no se pueden tener ordenadas, pues las barreras que las restringían han sido quitadas. La entropía del sistema aumentó al ir quitando las restricciones pues inicialmente había un orden

La entropía de lasautodefensasen la zona:una aproximaciónteórica al proceso deconsolidacióndel bloque Norte

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establecido y al final del proceso –es decir, de la supresión de las divisiones de la caja– no existe orden alguno dentro de la caja. La entropía en este caso es una medida del orden –o desorden– de un sistema o de la falta de grados de restricción; la manera de utilizarla es medirla en el sistema inicial, es decir, antes de remover alguna restricción, y volverla a medir al final del proceso que sufrió el sistema. Es importante señalar que la entropía no está definida como una cantidad absoluta S –símbolo de la entropía–, sino lo que se puede medir es la diferencia entre la entropía inicial Si y la entropía final del mismo, Sf. Es así como no tiene sentido hablar de entropía sino en términos de un cambio en las condiciones de un sistema.

Es precisamente este cambio el que se va a intentar explicar. En principio (en Si), se tenían agrupaciones ordenadas, es decir, con determinadas restricciones. Como se mostró, estaban el grupo de la familia Rojas, el de Chepe Barrera y el de Hernán Giraldo –sin contar las Autodefensas del Sur del Cesar–, con barreras más o menos definidas, tanto organizacionales como territoriales. Cuando se da la “ofensiva” de las AUC, con el propósito de consolidar su presencia y dominio en el norte del país, este orden se rompe, disminuyendo las restricciones con el objetivo de configurar un nuevo sistema. Es en este momento cuando se alcanza la mayor entropía.Este proceso da lugar a una nueva configuración que comienza a ser manejada por un agente central, en este caso Jorge 40, quien tiene la misión de la unificación y la imposición de un nuevo orden. Como resultado final (Sf), se tiene lo que se ha denominado el bloque Norte –o por lo menos parte de él–, el cual ha dictado una serie de restricciones propias que pretenden mostrar a las autodefensas como una estructura ordenada, con nuevas reglas y bajo una nueva comandancia. En medio del momento (Si) inicial y del momento final (Sf), se da el mayor nivel de entropía puesto que en el momento de la disputa entre los grupos dominantes y el grupo desafiante, existe una especie de zona gris, donde las restricciones se rompen y por lo tanto el desorden es mayor. Se obtiene de este modo una función parabólica expresada en el gráfico.

Este proceso también puede ser observado de manera esquemática de la siguiente manera:

Rest

ricció

nMayor

entropía

Si Sf

D DD D

D D BA

C

ba

cD

BA

C

Si Zona gris Sf


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En el momento Si, se tienen los grupos A, B y C19 con límites organizacionales y espaciales específicos, es decir, con restricciones. En la denominada zona gris, se tienen los mismos grupos (A, B y C) bajo la ofensiva del actor D20. Como se puede observar, se evidencia un desdibujamiento de los límites, es decir, las restricciones anteriores son destruidas –momento de mayor entropía–. En Sf , la organización D, logra someter a los grupos A, B y C, imponiendo nuevas restricciones y generando un nuevo orden.

El punto más relevante de este análisis es la denominada zona gris, puesto que es el estado en el cual la probabilidad de que los niveles de violencia asciendan es mayor, dado que las restricciones impuestas por el actor dominante en el escenario Si son puestas en juego por el actor desafiante, el cual pretende imponer un nuevo orden (nuevas restricciones) que dará como resultado el escenario Sf. Lo ocurrido con el grupo de Hernán Giraldo ilustra lo anterior. En el contexto de la disputa de las AUC con esta organización, se da una desorganización que implica ruptura de lealtades, deserciones, cambios de bando, dinámicas que son mediadas por la necesidad de sobrevivencia en un panorama de inseguridad y disputa. Giraldo pierde entonces capacidad de control sobre las poblaciones, las cuales al observar el arribo de un nuevo agente dominante se desplazan o aceptan el nuevo dominio, que como se verá más adelante va a imponer una serie de nuevas restricciones, en las cuales no sólo intervienen las disposiciones de las AUC, sino también conflictos locales, disputas por el poder regional y la competencia por los recursos legales e ilegales. En este sentido, no sólo se va a alterar una organización “militar”, la cual es relativamente débil, sino también todo un andamiaje social, político y económico que va a verse impactado por la confrontación entre los grupos armados irregulares.

Lo anterior demuestra que lo que aparentemente se presenta de manera caótica, en realidad es la construcción de un orden determinado dirigido a favorecer los objetivos estratégicos del actor armado desafiante. La violencia entonces se constituye como la herramienta principal para instaurar un “orden” ilegal, que desafía al Estado y mina sus estructuras, imponiendo una nueva organización que no es solamente militar, sino también social, política y económica.

19 En este caso A, B y C, hacen las veces de los grupos de Giraldo, Barrera y los Rojas.

20 En este caso el gru-po D es la nueva organización, es decir, el bloque Norte de las AUC, bajo la comandan-cia de Jorge 40.

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En un Research Report del Banco Mundial titulado “Guerra Civil y Políticas de Desarrollo”, respondiendo a la pregunta de cómo entender la rebelión, se propone la siguiente idea: “…además

de ser una organización política, una organización militar privada es un ejército y un negocio. Quienes estudian a los grupos rebeldes siempre deben tener presente esta triada: organización política, organización militar y organización de negocios. Las rebeliones ocurren primordialmente en países donde las circunstancias son propicias a todos estos tres rangos peculiares”21. En el caso de las autodefensas, si bien no se enmarcan en una organización rebelde clásica, puesto que no buscan subvertir el orden establecido, sino más bien preservarlo o aprovecharlo, se pueden ubicar en la definición de una organización militar privada, con una postura política determinada y con una estructura financiera establecida. En esta medida, guerrilla y autodefensas, a pesar de ser agrupaciones opuestas, entran en una misma categoría de análisis, que desde el DIH se podrían nombrar como grupos armados irregulares.

Organización políticaObservando la dinámica de la Sierra Nevada de Santa Marta, es posible llegar a la conclusión de que las autodefensas actúan en esta zona no solamente como una estructura militar, sino que también lo hacen como una organización que impacta en la política local, realizando acciones que van desde la presión sobre quién puede aspirar a un cargo público hacia la aprobación de proyectos de inversión en las localidades, entre otros. En esta medida, sin entrar a especificar posturas y partiendo de la real politik, las autodefensas ejercen un poder local –al igual que la guerrilla–, que impacta a las administraciones municipales y departamentales. Desde el discurso, el líder de esta organización, Jorge 40, se presenta a sí mismo como

Gruposde autodefensas:organizacionespolíticas, militaresy empresariales

21 World Bank. 2003. “Guerra Civil y Po-líticas de Desarro-llo”. A World Bank Policy Research Project. Bogotá: Banco Mundial, Omega, pág. 46.


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la cabeza de un pensamiento regional, que dice representar a los ganaderos, bananeros y palmicultores de la región, los cuales buscan la defensa de la propiedad privada y el desarrollo de la libre empresa. Esto se vio reflejado en el proceso de negociación de las autodefensas con el Gobierno Nacional, en el cual éstas pretendieron adelantar un proceso regional, que incluyese a los principales sectores de la vida política y económica.

De acuerdo con información del diario El Tiempo22, la cual fue contrastada con testimonios recolectados en la región, varios procesos electorales sufrieron irregularidades, sobre los cuales se sospecha una activa intromisión de las autodefensas. En las pasadas elecciones para alcaldías, en el departamento de Magdalena, se presentaron varias situaciones atípicas. En los municipios de Pijiño, San Sebastián, Zapayán, San Ángel, Retén, Zona Bananera, Concordia, Salamina, El Difícil, El Banco y El Plato, se presentaron candidatos únicos, y aunque en los tarjetones aparecieron dos o tres candidatos, las elecciones se hicieron bajo presiones y amenazas encaminadas a forzar a las personas a votar por el mismo candidato. Lo anterior fue denunciado por algunos de los afectados, ante el Comité de Seguimiento Electoral23, para que se aceptara su renuncia y el retiro de la contienda política. No obstante, al no ser posible dicha petición debido al vencimiento de términos, los candidatos realizaron campañas en los municipios para que no votaran por ellos. En otros municipios como el Cerro de San Antonio y El Difícil, se presentó un candidato único a la alcaldía y una lista única al concejo. Además, según algunos funcionarios de la Registraduría, en los corregimientos ubicados a lo largo de la carretera Santa Marta-Riohacha, por presiones externas se suspendió el transporte, por lo cual los jurados no pudieron llegar a las mesas. Debido a estas circunstancias, se realizaron nuevas resoluciones para que personas de la zona ocuparan el cargo; es relevante mencionar que no se anuló ningún voto y que todos los habitantes de esta región votaron –con la misma X en los tarjetones, como si hubieran sido marcados por una misma persona–.

Además de influir en la contienda electoral, las autodefensas también ejercen un control sobre la administración local. Cuando lo consideran necesario, les piden cuentas a los funcionarios públicos de los distintos municipios de los departamentos de Magdalena y Cesar acerca de su gestión, así como influyen en la asignación de recursos. Así sucedió con el director del Hospital de la Zona Bananera, asesinado el jueves 3 de junio de 2004 en la ciudad de Santa Marta, al parecer por negarse a rendir cuentas a los grupos de autodefensas. Precisamente, el sector de la salud ha sido uno de los más afectados o por lo menos uno sobre los cuales se ha hecho más evidente la intervención de los grupos de autodefensas. Basta recordar el escándalo alrededor de las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, en el departamento de La Guajira.

En este sentido, en el mes de abril de 2004, en un Consejo Comunitario, los indígenas Wayuú le hicieron saber al presidente Álvaro Uribe Vélez que en este departamento los grupos de

22 El Tiempo, “El mapa de la influencia ‘para’”, 26 de sep-tiembre de 2004.

23 Datos suministrados por la Registraduría Nacional Seccio-nal del Magdalena y reportados por Zúñiga, Priscila, Op. Cit.

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autodefensas estaban desviando hacia sus arcas los dineros que el Estado gira a las ARS, encargadas de prestar el servicio de salud a los estratos más pobres. La Fiscalía General de la Nación investigó el caso, interceptó varios teléfonos, comprobó las denuncias y el 2 de septiembre de 2004 capturó al alcalde de Riohacha y a once funcionarios más, por presuntamente permitirle a este grupo armado irregular apropiarse de los dineros del municipio. Según las denuncias recibidas, para que las ARS pudieran entrar a operar en los municipios bajo el dominio de estos grupos, cobraban entre 6 mil y 10 mil pesos por afiliado mensualmente, además de una cuota de entrada a la zona de hasta $148 millones. La figura utilizada fue la de los denominados testaferros, los cuales estarían bajo las órdenes de Jorge 40.

Los anteriores casos son una muestra de la afectación de la gobernabilidad democrática por parte de los grupos de autodefensas que hacen presencia en la zona, en una estrategia que pretende, antes de atacar directamente al Estado –y proponerse acabarlo–, servirse de su infraestructura tanto para fortalecer sus dominios sociales así como aprovecharse de sus recursos. De esta manera, el denominado sistema democrático “opera”, pero bajo el dominio de una organización armada irregular que lo pone a su servicio. De la misma forma como procede la insurgencia, en cuanto a su intervención en la administración local, las autodefensas imitan el comportamiento y hábitos de su enemigo, en una labor de aprendizaje que fácilmente tiende hacia la depredación.

Resulta paradójico entonces observar cómo las apreciaciones que algunos analistas hacían respecto de la guerrilla, se ajustan


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a la actual situación de las autodefensas. Hace un par de años, Alfredo Rangel se refería de esta manera a las Farc: “En lo político, la estrategia de la guerrilla se ha centrado en copar el poder local. De esta forma, concentrándose en el dominio de los pequeños poderes municipales, las guerrillas han resuelto la gran contradicción en que se debaten actualmente y que consiste en poseer una gran solidez económica y una indiscutible y creciente capacidad militar, pero, al mismo tiempo, una inmensa debilidad en su capacidad de convocatoria política nacional…”24. Este planteamiento es también válido para los grupos de autodefensas; de la misma manera sucede con Daniel Pécaut, quien propone que “las guerrillas actúan regionalmente como redes de poder, en el sentido de actores organizados que manejan instrumentos de fuerza y que son capaces de imponer estrategias de control sobre la población y de alcanzar metas de dominio a través del uso de dosis más o menos considerables de coacción y de la referencia a una racionalidad instrumental”25.

Por otro lado, las autodefensas también actúan por medio de un clientelismo armado, que muchas veces se construye sobre alianzas con agrupaciones políticas tradicionales, en una serie de acuerdos que buscan preservar un orden establecido, incluso dejando intactas algunas prácticas propias del gamonalismo. En este sentido, la corrupción encuentra un lugar propicio para asentarse, siendo difícil establecer cuánto dinero es arrebatado al Estado y va directamente a la organización armada irregular y cuánto más es apropiado por las clases dirigentes locales, las cuales actúan en una zona donde la presencia estatal es percibida como débil.

Desde esta perspectiva, se tiene que analizar de manera cuidadosa esta dinámica, preguntándose por los verdaderos protagonistas, sin ignorar que la organización irregular tiene un gran peso en la apropiación privada de los recursos públicos. Con respecto a lo anterior, en el ya citado Research Report del Banco Mundial, haciendo referencia a la pérdida del capital social como consecuencia de las acciones de los grupos armados señala como efecto: “… modificar el comportamiento desde un equilibrio en el cual existe una expectativa de honradez a un equilibrio en el cual existe una expectativa de corrupción. Una vez se ha perdido una reputación de honradez, el incentivo de un comportamiento honrado en el futuro se debilita enormemente”26.

De acuerdo con una serie de documentos publicados por la Dirección de Desarrollo Territorial del DANE que contiene la información básica departamental27, la situación social del Magdalena, Cesar y La Guajira no es nada alentadora. En el Magdalena, las condiciones de vida, medidas por el Índice de Calidad de Vida (ICV)28, se deterioraron entre 1997 y 2000, pasando de 62,7 a 69,9; de acuerdo con los datos que se disponen, para el año 1999, el Índice de Pobreza Humana (IPH)29 departamental

24 Rangel, Alfredo. 1999. “Las FARC-EP: Una mirada ac-tual” en Reconocer la guerra para cons-truir la paz, M. Deas y M. V. Llorente (comps.), Bogotá: CEREC, Uniandes. Norma. Pág. 35.

25 Pécaut, Daniel. 1994. ¿Es posible aún una interpreta-ción global de los fenómenos recien-tes de violencia en Colombia? En Bo-letín Socioeconó-mico No. 27, Uni-versidad del Valle, junio de 1997.

26 World Bank, Op. Cit. Pág. 11.

27 ht tp: / /www.dnp.gov.co/Archivo-sWeb/Direccion_Desarrollo_Territorial/Indicadores_depar-tamentales/Magda-lena.pdf

28 El Índice de Cali-dad de Vida (ICV), se presenta como un instrumento des-tinado a facilitar la identificación de necesidades fun-damentales de una región.

29 El Índice de Po-breza Humana se concentra en tres elementos esen-ciales: longevidad, conocimientos y estándares de vida decente.

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(14,78) se encontraba por encima del promedio nacional (10,57); la tasa de analfabetismo para este departamento, considerando la población de 15 o más años, es de 10,6, situada por encima del promedio nacional que es de 8,1; además cerca del 32% de la población en edad escolar no tiene acceso al servicio educativo. En La Guajira, la población por debajo de la línea de pobreza pasó de 49.3% en 1996 a 56.6% en el año 2000; de igual forma la población en condiciones de indigencia pasó de 15,3 a 26,6%; en 2000 la tasa de analfabetismo departamental superaba por 3.2 puntos porcentuales a la nacional. Adicionalmente, en lo relativo al déficit de vivienda, según datos del año 2000 este departamento presenta un déficit total del 41,7% con respecto al 26,5% del total nacional; además las condiciones de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado son deficientes, presentando indicadores de cobertura y calidad inferiores a la media nacional.

Desde esta perspectiva, la afectación producida por parte de los grupos armados al margen de la ley sobre la población no sólo se ve evidenciada en las acciones violentas, sino también en el manejo de lo público en beneficio propio. Ahora bien, no todos los recursos son apropiados, parte de los mismos son destinados a favorecer a comunidades bajo la protección del protagonista armado dominante, con el fin de generar lealtades que les favorezcan no sólo en el plano político, sino también en el militar. Desde una visión maquiavélica, los grupos armados no sólo imparten temor, sino que procuran un equilibrio que les permita sostenerse como agentes dominantes, por medio del otorgamiento de beneficios a la comunidad que buscan dominar.

Organización empresarialCitando nuevamente al Research Report del Banco Mundial antes mencionado, se describe a los grupos rebeldes como organizaciones empresariales de la siguiente manera: “La rebelión es costosa. Habitualmente, varios miles de personas serán trabajadoras de tiempo completo de la organización durante varios años. Es necesario, alimentar, vestir y albergar a estas personas y a sus dependientes; también es necesario equiparlos. Dependiendo de su complejidad, el equipo militar y los pertrechos pueden ser supremamente costosos y se deben reemplazar con frecuencia en situaciones de combate. Si bien la organización rebelde tiene que hacer frente a todos estos costos, sus actividades militares no generan directamente ningún tipo de rentas. Como organización empresarial, en consecuencia, una rebelión confronta un serio problema de financiación, y si no puede superarlo, entonces el grupo rebelde no será viable”30.

En general, los grupos armados irregulares en la medida en que intensifican sus acciones bélicas tienen que transformarse también en organizaciones empresariales. Aquí desde luego se

30 World Bank, Op. Cit. Pág. 64.


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entra en la discusión planteada por Paul Collier, en torno a la pregunta: ¿Avaricia o Agravio? (Greed or Grievance?), cuál es la motivación. El hecho de nombrar a las facciones irregulares como organizaciones empresariales, no implica en modo alguno que la riqueza personal o alguna otra ambición económica sea el móvil de sus acciones, sino más bien que los grupos armados tienen que ser empresas en la medida en que deben cubrir costos –aunque la rentabilidad no sea siempre su principal motivación–. La cuestión es en qué tipo de actividades comerciales tienen la posibilidad de ser competitivas estas organizaciones; la respuesta parece ser obvia: “…los grupos tienen sólo una ventaja competitiva, a saber, su posesión de una capacidad generalmente enorme para la violencia”31. Desde esta perspectiva, las actividades comerciales con las cuales son más compatibles son diversas formas de extorsión o actividades que solamente requieren un control “militar” sobre un territorio limitado.

Se genera entonces lo que Georg Elwert denomina un mercado de violencia32, entendido éste como zonas económicas dominadas por disputas entre actores armados irregulares, en las cuales surge un sistema que se perpetúa a sí mismo y que vincula los mercados no violentos de productos con la adquisición violenta de bienes. En este marco, cobra todo su sentido el denominado teorema de Maquiavelo33 de Hirshleifer, según el cual, no se desperdiciará ninguna oportunidad ventajosa de explotar a alguien; siendo los grupos armados irregulares empresarios, quienes usan una violencia deliberada como herramienta eficiente para lograr objetivos económicos.

Elwert enumera una serie de condiciones que brindan el ambiente propicio para la aparición de este tipo de mercados34. Como factor central, se encuentra la situación real del monopolio de la violencia, el cual en la región estudiada está fragmentado, lo que se puede ver reflejado no sólo en la presencia de guerrilla y autodefensas, sino incluso en la presencia de bandas y grupos de delincuencia organizada, los cuales hacen uso de la violencia en determinadas regiones. Una segunda condición es el desarrollo de capacidades autónomas de sanción dentro de subgrupos, como condición necesaria para su transformación en actores colectivos violentos. Una vez el grupo local de autodefensas establece este tipo de capacidad, se puede decir que está “maduro” para la confrontación armada. De esta manera, sucedió en la Sierra Nevada de Santa Marta con la disputa anteriormente descrita entre las denominadas Autodefensas del Mamey y las AUC, donde la última impuso una “sanción” que le permitió establecer un dominio sobre la zona.

Un tercer factor, que se presenta de manera interesante, es el grado de violencia que induce a la desinformación. La desinformación puede motivar a la violencia en razón del temor. La desinformación es útil particularmente para la movilización estratégica, es decir, una

31 Ibídem, pág. 65.32 Elwert, Georg. Op.

Cit. Pág. 4.33 Hirshleifer, J. 2001.

“The Dark Side of the Force. Econo-mic Foundations of Conflict Theory”, Cambridge: Cam-bridge University Press.

34 Ver Elwert, Georg. Op. Cit. Pág. 21.

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movilización según la cual los futuros líderes declaran la necesidad de defender a su grupo contra enemigos opuestos. Como lo muestra Elwert, la competencia por los recursos requiere esfuerzos en el ámbito simbólico-ideológico: “La autorrepresentación ideológica, que lleva a la violencia por la fuerza hasta la vanguardia, tiene como finalidad estabilizar la posición del mercado de violencia. Facilita, entre otras cosas, la venta de ‘protección’ y la afluencia de donaciones”. Mantener a la población en un grado de incertidumbre puede generar incentivos para buscar alternativas de seguridad, bajo la expectativa de una amenaza latente, que puede ser real o irreal. Se trata entonces no sólo de ofrecer protección de las acciones del enemigo sino de las propias.

Una cuarta condición es la existencia de bienes económicos factibles de movilización. Una variable importante a considerar


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es la cantidad de bienes que se pueden depredar, el dinero que se puede conseguir por medio del pago de rescates, la extorsión o la toma de rehenes, o aquel que se puede obtener a través del comercio ilegal; la disponibilidad de este tipo de bienes abre el paso a los denominados mercados de violencia. Como quinto patrón, se encuentra el poder laboral, entendido como el número y la calidad de las personas que podrían ser movilizadas como voluntarios, soldados y mercenarios. El desempleo, la existencia de una economía informal, la crisis de los sectores productivos y el bajo ingreso, brindan a los actores armados irregulares una oportunidad para el reclutamiento y la formación más o menos rápida de escuadras y frentes. Como sexto y último factor, cabe señalar las oportunidades de transferencia de recursos. Los artículos robados tienen que ser vendidos, las recompensas se tienen que percibir. Las utilidades se deben guardar, ahorrar o reinvertir. Todo esto exige estructuras seguras para el lavado, transferencia e inversión de dinero. En una región como la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores, existe una especie de tradición de la ilegalidad, con el temprano desarrollo de una economía en torno a la producción y exportación de marihuana y cocaína, así como la proliferación del contrabando tanto por la frontera con Venezuela, como a través de la costa Caribe, que ha permitido a los actores armados la captación de esta experiencia y la construcción de redes ilegales para el manejo de sus finanzas.

De acuerdo con los planteamientos de Elwert, la Sierra Nevada de Santa Marta y su entorno, constituye un espacio propicio para la formación de mercados de violencia, que obedecen a estrategias y agendas de acción, interactuando en función de oportunidades económicas y políticas precisas y dependientes de la activación de lo local. En este sentido, los actores armados irregulares no sólo establecen una confrontación en el plano militar, sino también lo hacen en el económico, configurándose una disputa por los recursos.

Los grupos armados irregulares vacilan en un péndulo cuyos extremos son la oferta de seguridad y la existencia de una amenaza –la amenaza de ejercer violencia–. Lo que se da entonces es un intercambio de “recursos” por protección o por la contención de un ataque. La insurgencia actúa bajo la lógica de la contención en la medida que establece tributos para su financiación a cambio de no llevar a cabo acciones en contra de quién paga. El propietario de una finca, el dueño de un negocio, el transportador debe pagar o de lo contrario sus bienes e incluso su vida estarán en riesgo. Los grupos de autodefensas en cambio, parecen actuar bajo la lógica de la protección de la amenaza insurgente, ofreciendo seguridad a sus “financiadores”. Sin embargo, al igual que la guerrilla, ofrecen contención para sus mismas acciones, bajo la amenaza de una retaliación si no se colabora. En este sentido, se

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ha construido un lugar común que percibe a la insurgencia como la responsable del estancamiento de algunas economías regionales y las autodefensas como dinamizadoras del desarrollo económico. Sin embargo, el asunto es más complejo, puesto que unos y otros, interrumpen el normal desarrollo de la economía al ponerla a favor de la confrontación armada. Durante ésta, la sociedad desvía hacia la destrucción parte de sus recursos provenientes de actividades productivas. Este hecho causa una pérdida doble: la pérdida a partir de lo que estos recursos aportaban anteriormente y la pérdida a partir del daño que esos recursos inflingen ahora35.

Uno de los costos más considerables surge del temor que inevitablemente genera la violencia. Los pobladores huyen de sus hogares y tienden a perder los pocos bienes que tienen. Una encuesta de hogares en Uganda realizada por Matovu y Stewart36, determinaron que dos terceras partes de los entrevistados habían perdido todos sus bienes. En Mozambique en 1992, existía menos de la quinta parte del número de cabezas de ganado registrado en 1980 –el ganado se perdió debido a la actividad rebelde directa, es decir, los rebeldes lo robaban para alimentar a sus tropas y lo sacrificaban para sembrar el terror; y también por causa de efectos indirectos de la guerra, como la falta de alimentos y de atención veterinaria durante la guerra–. Pero además, los trastornos que provoca una confrontación armada recortan los horizontes temporales y debilita las restricciones a comportamientos criminales y oportunistas. Por ejemplo, durante la guerra civil de 1920 en Rusia, el pueblo de Nikolaev quedó desprotegido durante dos días entre la ocupación de los Blancos y de los Rojos. Durante esos días, algunos ladrones de la localidad talaron todos los árboles que bordeaban la avenida principal y robaron la madera37. Durante el genocidio de 1994 en Rwanda, quienes poseían bienes enfrentaron un mayor riesgo de ser asesinados38. Con base en cuatro estudios de caso, Camboya, Guatemala, Rwanda y Somalia, Colletta y Cullen39 analizan la relación entre conflicto violento y la transformación del capital social. Como respuesta a un recrudecimiento del oportunismo y la incertidumbre, la gente invierte menos, replegándose hacia aquellas actividades de subsistencia que son menos vulnerables. Por ejemplo, en Uganda, durante el prolongado período de caos social, la participación del sector de subsistencia aumentó de 20 a 36% del PIB.

Sin embargo, hacer este tipo de estimaciones en la región estudiada es muy difícil, debido a la escasez de información disponible y la dificultad de hacer visitas en el terreno. La opción escogida entonces es tomar la afectación sobre algunos sectores, el modo en que los actores armados extraen recursos y las repercusiones sobre las economías locales. Se tiene que partir del hecho de que la confrontación armada es costosa. De acuerdo a lo manifestado por Jorge 40, en 2004 el costo del mantenimiento de sus estructuras y el despliegue de operaciones, sin contar las Autodefensas del Sur del

35 Word Bank, Op. Cit., Pág 3.

36 Matovu, J.M, & Stewart, F. 2001. “Uganda: The So-cial and Economic Cost of Conflict”. En Stewart, F & Fiz-gerald, V. (Comp.). War and Underde-velopment, Oxford: Oxford University Press. Vol. 2.

37 Figes, O. 1996. “A People’s Tragedy: The Russian Revo-lution 1891-1924”. Londres: Pimlico.

38 Andre, C. & Plat-teau, J.P. 1998. « Land Relation under Unbearable Stress: Rwanda Caught in the Malthusian Trap ». En Journal of Economic Behavior and Organization 34 (1). Pág. 1-47.

39 Colletta, Nat J, & Cullen, Michelle, L. 2000. « Violent Conflict and the Transformation of Social Capital”. Washington:World Bank.


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Cesar, sería de alrededor de $46.700 millones anuales. Es decir que en promedio cada día las autodefensas gastan aproximadamente $128 millones. La pregunta es de dónde extraen tal cantidad de recursos. Una de las principales fuentes de recursos en la región es el narcotráfico, el cual tiene su desarrollo en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el territorio donde se ubica Hernán Giraldo. Según el Informe Defensorial “Situación de Orden Público en la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta”, publicado el 13 de febrero de 2002, se calcula que este negocio deja una utilidad de US$1.200 millones anuales40 por exportaciones desde esta zona. De acuerdo con el informe de la oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidas (ODC) “Colombia, censo de cultivos de coca”, el cual hace referencia al año 2004, se registraron 1.262 hectáreas de coca en la Sierra Nevada de Santa Marta; 706 en el departamento de Magdalena y 556 en la Guajira. Lo anterior representa un aumento del 66% con relación a lo registrado en 2003. De acuerdo con la ODC, la cantidad media de cocaína pura obtenida a partir de una hectárea de cultivo de arbusto de coca es de 4.7 kg de cocaína; es decir que la producción en la Sierra Nevada de Santa Marta estaría en el orden de 5.931 kg de cocaína –sin perder de vista que este cálculo puede cambiar al considerar que los cultivos de coca se pueden cosechar más de una vez por año y que las actividades de erradicación se extienden por varios meses–. Según la ODC, en promedio un kilogramo de base de coca alcanzó en 2004 los $2.121.000 (US$807); usando este promedio y asumiendo una tasa de conversión de 1:1 entre base de coca y cocaína, el valor total en el sitio de producción de las casi cuatro toneladas métricas de base de coca producidas en la Sierra Nevada de Santa Marta deberían sumar cerca de $12.579 millones, lo que de cierta manera pone en duda el cálculo hecho por la Defensoría.

Si se toma la cifra de lo que gastan los grupos de autodefensas en la confrontación armada y se contrasta con los recursos disponibles por concepto de narcotráfico, se obtiene que la producción de coca equivale al 27% del sostenimiento del aparato militar, lo que en principio haría necesaria la diversificación de recursos por parte de la organización armada ilegal. Sin embargo, es posible que la estimación de las ganancias por concepto del narcotráfico sea mucho más elevada, si se considera la repatriación del valor que los consumidores pagan por la cocaína en el exterior.

De acuerdo con Ricardo Rocha, sólo una mínima parte de este valor es repatriado a Colombia, o sea que casi la totalidad de las utilidades siempre se han quedado en el exterior. Para tener una idea de la magnitud, Rocha señala que el mercado de las drogas ilegales no representa más del 0.8% del PNB de los Estados Unidos, del cual la mitad corresponde al gasto en cocaína (US$37 mil millones), que representa la mayor parte de las exportaciones de drogas ilegales originadas en Colombia. Además, si se considera el

40 La revista Newsweek a comienzos de 2004, informó que la policía colom-biana calcula que su próspero clan de la droga envía car-gamentos a Estados Unidos por un va-lor anual de 1.200 millones de dólares, lo que lo sitúa entre los primeros cinco narcotraficantes del país.

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valor de la cocaína en el mercado detallista de los Estados Unidos, las utilidades repatriadas por las mafias colombianas representan sólo el 5% de su valor41.

En una ciudad como Los Ángeles en Estados Unidos, un kilo de coca puede llegar a los US$30 mil. Es decir que las cuatro toneladas de coca producidas en la Sierra Nevada de Santa Marta, pueden equivaler a US$120 millones. Si como dice Rocha, se repatrían el 5% de su valor, en teoría la ganancia sería de US$6 millones o casi $16 mil millones, es decir el 34% del sostenimiento del aparato militar de las autodefensas.

Además del narcotráfico, se tiene que considerar el contrabando de gasolina por la frontera con Venezuela, por la cual según Ecopetrol, ingresan alrededor de 9 mil barriles por día. La crisis con el país vecino, a partir del caso Rodrigo Granda, el cual tuvo lugar al final del mes de diciembre de 2004, provocó el cierre de la frontera entre los dos países, impidiendo entre otros el comercio del combustible, lo que puso en evidencia el enorme tráfico ilegal de gasolina que mensualmente mueve cerca de 40 millones de galones. Considerando la totalidad de la frontera con Venezuela –Guajira, Norte de Santander y Arauca–, cada día entrarían al país un millón de galones, a un precio de $600 por unidad, contra los $4.100 que cuesta la gasolina colombiana, según datos suministrados por el presidente de la Federación de Distribuidores, Fendipetróleo, Jorge Cañizares. De acuerdo con estas cifras, si en Colombia la gasolina traficada desde Venezuela se vendiera a la mitad del costo nacional, es decir a $2.000, la ganancia por galón sería de $1.400 pesos y por barril de $56.000. Es decir que diariamente, si se vende todo lo que se importa de manera ilegal, las ganancias serían del orden de $504 millones y al año de $179.400 millones. Si esta cifra se dividiera en partes iguales para los tres departamentos antes nombrados, se tendría que por concepto de contrabando de gasolina entrarían a la Guajira $59.800 millones, de los cuales un porcentaje mayoritario es manejado por las autodefensas, disponiendo de una importante fuente de recursos ilegal.

Es relevante mencionar que en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y especialmente en la Guajira, el contrabando ha sido una práctica recurrente –desde el siglo XVIII, se tiene noticias de este fenómeno, con el intercambio que hacían los indígenas Wayuú de productos como ganado, perlas, sal y el palo de tinte con extranjeros que visitaban las costas y con los mismos españoles–. Sólo el departamento de la Guajira, según un informe publicado por el DNP en el año 2002, entre enero y junio de 2002 reportó exportaciones hacia Venezuela de US$616 millones FOB42, mientras que las importaciones en este mismo período fueron de US$5.069 millones CIF43, solo considerando la economía legal. Habría que preguntarse qué porcentaje de estos recursos cae en las arcas de los actores armados irregulares y qué volumen de finanzas

41 Rocha, Ricardo, 2000, “Algunos mitos y datos de la economía de la droga”. Bogota: Revista del Rosario. semana2.terra.com.co/opencms/ open-cms/Semana/docu-mentos.html?id=6

42 Free on Board.43 Cost, Insurance and

Freight.


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puede llegar a manejar el contrabando. En una confrontación armada, el control físico de una frontera es muy valioso. Un aforismo postsoviético afirma que el control sobre un kilómetro de la frontera rusa era suficiente para volverse millonario44, aunque se tiene que decir que el potencial de explotación de una frontera depende de las políticas que hayan adoptado el país y sus vecinos.

Narcotráfico y contrabando serían entonces las principales fuentes de recursos, sin embargo se debe considerar también otro tipo de financiación. Una de ellas es la apropiación de tierras; tema tratado por la Revista Semana en el mes de julio de 2004, en un artículo que llevaba como título precisamente “Los Señores de las Tierras”45, donde se denunciaba la adquisición de predios por parte de las autodefensas, bajo amenaza de muerte. Está documentado el caso de 961 familias a las que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) asignó fincas de 40 hectáreas en promedio que fueron cedidas o vendidas bajo presión. Sólo en Cesar, se calcula que alrededor de 38.000 hectáreas cambiaron de manos de forma dudosa.

Hasta ahora, los grupos de autodefensas habían desplazado a campesinos y pequeños propietarios, estableciendo personas que fueran apoyos de su organización. Esta estrategia les permitió crear cordones de seguridad, así como retaguardias. Sin embargo, cada vez más los grandes hacendados y latifundistas, quienes hasta ahora no sólo habían aceptado sino que en varias ocasiones respaldaban esta especie de contrarreforma agraria, se han convertido en víctimas porque sus propiedades pueden ser objeto de depredación. Además, no se puede dejar de considerar la codicia y el interés personal de algunos de los cabecillas como principal móvil para apropiarse de estas tierras.

La elección de las víctimas se basa en cálculos sumamente complejos; no todo el que tenga posesiones está expuesto al robo. Como lo muestra Elwert, los grupos armados irregulares también necesitan socios comerciales y simpatizantes. En este sentido, resulta útil permitir que la violencia siga líneas simbólicas claras para permitirles sentirse seguros. “Sin embargo, ningún socio comercial o asociado puede estar seguro de que no se convertirá en víctima de la codicia del aliado de ayer. Teniendo en cuenta el alto riesgo que los soldados traicionen a sus líderes, los comandantes tratan de revivir patrones comprobados de autoridad”46.

Un último aspecto que habría que considerar es el fenómeno de la extorsión, o lo que los grupos de autodefensas denominan “costos de protección”. En las zonas en las cuales estas organizaciones actúan, se establecen cuotas fijas de colaboración, las cuales deben ser canceladas mensual o anualmente. En las visitas que se hicieron en el terreno, se observó que aunque buena parte de los habitantes de esta región ya se “acostumbraron” al pago de una cuota para su protección, este intercambio está mediado por la violencia y la amenaza, enmarcándose claramente dentro de la tipificación del delito de extorsión47.

44 Zürcher, C., Koehler, J. & Baev, p. 2002. “Civil wars in the Cauca-sus”. Documento preparado para el Proyecto de estudio de caso “La Econo-mía Política de las Guerras Civiles”, del Banco Mundial y Yale University.

45 Revista Semana, “Los Señores de las Tierras”. Junio de 2004.

h t t p : / / s emana2.terra.com.co/open-cms/opencms/Se-m a n a / a r t i c u l o .html?id=79095

46 Elwert, Georg, Op. Cit., pág. 13.

47 Delito contra el pa-trimonio económi-co, establecido en el Código Penal de la siguiente manera “El que constriña a otro a hacer, tole-rar u omitir alguna cosa, con el propó-sito de obtener pro-vecho ilícito para sí o para un tercero… Si el propósito o fin perseguido por el agente es facilitar actos terroristas constriñendo a otro mediante amenazas a hacer, suminis-trar, tolerar u omitir alguna cosa…”.

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La extorsión se aplica de manera estratificada y por sectores, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. En el campo, los principales afectados son los ganaderos, bananeros, palmicultores e incluso los caficultores, quienes en su mayoría asumen la entrega de dinero a los grupos armados irregulares como un costo más de seguridad. Generalmente, se cobra por hectárea, aunque también se tiene en cuenta el número de cabezas de ganado y el nivel de producción. Independiente del nombre que se le dé, “cuota de seguridad” o “impuesto revolucionario”, los grupos armados irregulares establecen una competencia por el dinero que puedan extraer de los habitantes de las regiones. Generalmente, el grupo de autodefensa comienza cobrando una cuota más baja que la insurgencia, ofreciendo una “mejor tarifa”; sin embargo, cuando ya tienen un cierto dominio de la zona, las cuotas igualan e incluso superan a las que antes cobraban los grupos guerrilleros.

En los cascos urbanos, la apropiación de los mercados por parte de las agrupaciones de autodefensa es un asunto principal. Al ser un espacio en el cual confluyen las actividades productivas rurales con el comercio de la ciudad, pueden tener el control de la oferta y la demanda, así como de quién puede comercializar y bajo qué condiciones. Bajo este marco, favorecen a sus principales financiadores, propiciando condiciones de desigualdad que en la mayoría de los casos van a afectar a los agricultores de pequeña escala. En Valledupar, en entrevistas con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría e incluso de la Fiscalía, existe un consenso sobre la enorme dimensión que ha tomado la extorsión; desde los expendedores de tintos hasta los propietarios de cadenas de supermercados deben pagar una cuota a los grupos de autodefensas. La frase “Aquí todo el mundo tiene que pagar” parece ser una premisa de supervivencia.

En Santa Marta, la situación no es distinta. En esta ciudad, se ofrece un servicio de celaduría por cuadras que está manejado por estructuras privadas, las cuales son denominadas como los “piticos”48. Este servicio es impuesto y se cobra mensualmente casa por casa, local por local. La ciudad entonces se sectoriza, siendo dividida entre las distintas organizaciones de “piticos”, las cuales compiten por los dominios de los distintos barrios, que en varias ocasiones ha derivado en disputas resueltas por medios violentos. No se sabe con certeza cuántas de estas estructuras están operando actualmente, sin embargo sus jefes son conocidos por los pobladores, aunque las denuncias por este delito, al igual que para los anteriores, son escasas debido al temor de ser víctima de represalias. De esta manera, la seguridad, que debería ser un bien público queda en manos de particulares, los cuales si bien regulan de cierta manera los comportamientos criminales, lo hacen bajo la obtención de un beneficio privado.

48 Este nombre tiene su explicación en que los “celadores” portan pitos que utilizan como una manera de alerta.


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La dinámica de laviolenciainstrumentalcontra los civiles

Como lo demuestra Lisa Hultman, en su escrito “Civilians as pawns in the game of civil war?”49, varios estudios explican los ataques contra la población civil como actos

instrumentales por parte de los perpetradores. Se ha sugerido que los civiles constituyen una parte primordial de la confrontación y que por lo tanto los grupos armados irregulares apuntan a los no combatientes como manera de minar los apoyos del adversario. Edmund Cairns, en el documento “A Safer Future: Reducing the Human Cost of War”50, sugiere que el capital “social” del enemigo es objeto de ataques, en ocasiones por medio del homicidio y la implementación del terror como manera de producir desplazamientos. Benjamín Valentino, en el estudio “The Causes of Mass Killing and genocide”51, presenta una teoría de “coercive mass killings” (masacres coercitivas), en la que propone que cuando los grupos armados son incapaces de derrotar a sus opositores con métodos militares convencionales, pueden elegir apuntar a civiles sospechosos de apoyar a su contrario. Otros teóricos como Statis Kalyvas52, son más enfáticos al decir que la clave para derrotar a un opositor... es controlar el acceso a la población. Esto puede hacerse “proporcionando incentivos (tales con la distribución de la tierra) y sanciones (tales como represalias para las deserciones y el apoyo al adversario)”.

Una perspectiva muy interesante es la que aporta Alexander Downes53, para quien la violencia contra los civiles debe ser entendida en términos de utilidad militar. Con un estudio sistemático de confrontaciones interestatales, concluye que los conflictos costosos tienen más probabilidades de producir ataques contra los civiles –entiendo al costo en términos de la cantidad de muertos en el campo de batalla, así como la prolongación de la confrontación–. Aunque no haya sido comprobado, afirma que el mismo planteamiento podría aplicarse a confrontaciones armadas internas. Es precisamente desde esta perspectiva que Hultman propone que la afectación de los civiles puede ser entendida

49 Hultman, Lisa. 2004. “Civilians as pawns in the game of civil war?”. Documento preparado para el grupo de trabajo Techniques of Vio-lence in Civil War, Oslo: Internacional Peace Research Ins-titute 20-21 de agos-to. http://www.pcr.uu.se/publications/other_pub/hultman_civilians_040829.pdf

50 Cairns, Edmund. 1997. “A Safer Futu-re: Reducing the Hu-man Cost of War”. Oxford: Oxfam Pu-blications.

51 Valentino, Benja-min, Paul Huth & Dylan Balch-Lind-say. 2002. “Draining the Sea: Mass Ki-lling, Genocide and Guerrilla Warfare”. Documento presen-tado en la Conferen-cia Military Conflict and Public Health, Harvard University. www.iq.harvard.edu/NewsEvents/ Past/PHS/papers/draining.pdf

52 Kalyvas, Stathis. 1999. “Wanton and Senseless? The Lo-gic of Massacres in Algeria”. En Ratio-nality and Society 11 (3): 243-285.

53 Downes, Alexander. 2003. “Targeting Ci-vilians in Wartime,” En Centerpiece (Pu-blicación del Wea-therhead Center for International Affairs at Harvard Universi-ty) 17, no. 2 (Spring 2003): 6-7, 11.

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de manera más óptima, mirando los resultados en el campo de batalla, de tal modo que se considere la interacción estratégica entre los actores armados irregulares. Partiendo de esta posición, la decisión de atacar a los civiles pasa por la consideración de si se está ganando o perdiendo en la confrontación y bajo este supuesto el actor armado dominante tenderá a utilizar de manera menos frecuente la violencia, mientras que el actor armado replegado o “dominado” dirigirá sus acciones contra los civiles como una manera extrema de defender su territorio y negarse a perder la disputa. De esta manera, la violencia se aplicaría de manera instrumental.

Huth plantea la siguiente hipótesis para explicar la violencia aplicada contra los civiles: “La asimetría en el campo de batalla incrementa las probabilidades de que los civiles sean objeto de ataques por parte de los grupos armados”. Cuando un actor armado se ve en desventaja entonces recurrirá a minar los “apoyos” del adversario. Esto evidentemente no es ninguna novedad si la interpretación se


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hace desde una confrontación armada de carácter irregular; sin embargo, ayuda a entender las razones por las cuales el recurso a la violencia contra los no combatientes es implementado.

A partir de estos planteamientos, se proponen las siguientes hipótesis alrededor de la implementación de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta:

1. Los grupos de autodefensas utilizaron los homicidios como una manera de compensar su inferioridad militar ante la insurgencia y de minar los supuestos apoyos de su adversario.

2. Una vez equilibrada la relación de fuerzas entre los dos grupos armados irregulares, las autodefensas implementan la violencia como manera de crear lealtades y producir una ventaja.

3. Una vez comprometido el dominio y el control por parte de la insurgencia en algunas zonas, ésta implementa la violencia contra los civiles como una manera de “castigar” el cambio de lealtades y de compensar las desventajas en el plano militar.

En realidad, el proceso de generación de violencia es mucho más complejo, teniendo diversas aristas que hacen más difícil su predicción. Desde esta perspectiva, aunque las hipótesis en principio son excluyentes, no implica que no sean dinámicas, es decir que se pase de manera más o menos rápida de una a otra. Para poner a prueba estas hipótesis en el marco regional, se tomará el período de 2000 a 2004, haciendo énfasis en lo sucedido en los tres últimos años. Como se puede observar en la siguiente curva, la tasa de homicidio regional54 tuvo un alza entre los años 2001 y 2002, al pasar de una tasa de 68.5 por cada cien mil habitantes a una de 80, la cual se volvió a incrementar en 2003 con una tasa de 81.6. Estos registros se encuentran muy por encima de la tasa de homicidio nacional, la cual desciende en 2003, contrariamente a lo que sucede en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Tasa de homicidios de la Sierra Nevadade Santa Marta y la nacional de 2000 a 2004

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tasa 00 Tasa 01 Tasa 02 Tasa 03 Tasa 04

Tasa regional Tasa nacional

54 La tasa de homi-cidio regional es el resultado de la sumatoria de los homicidios de cada uno de los municipios sobre la sumatoria de la población de cada uno de los munici-pios, multiplicado por cien mil.

Fuente: CIC Policía Nacional.Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH.Vicepresidencia de la República.

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Estimar el porcentaje de los homicidios que corresponden estrictamente a la confrontación armada es un ejercicio complejo y arriesgado con la información de que se dispone. Si se recurre a las bases de datos existentes, la mayoría de los asesinatos tienen como responsables a grupos sin identificar. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta varias variables: la primera de ellas es la fuerte relación que hay entre los niveles de disputa entre las organizaciones armadas irregulares y los niveles de violencia, ya que generalmente la confrontación estimula el homicidio; la segunda es que una de las características de las confrontaciones armadas al interior de los Estados es que la mayoría de los ataques se hacen de manera anónima. Sobre este punto, habría que resaltar que son anónimos en la medida en que no se establece el autor responsable ante la justicia, puesto que en buena parte de los casos, las comunidades presumen o tienen la seguridad de quién realizó las acciones, sin embargo guardan silencio debido al temor a represalias. Desde esta perspectiva, lejos de ignorar la violencia ejercida por parte de la delincuencia común, la que se produce por riñas, la relacionada con el narcotráfico e incluso la familiar, el comportamiento del homicidio en medio de una disputa es un indicador primordial para descifrar el estado de la confrontación –es posible que por ejemplo la baja en el número de personas asesinadas pueda ser un buen indicador del grado de control y dominio por parte de la Fuerza Pública, pero también de un actor armado irregular–.

En este sentido, como se señaló anteriormente, la incursión más fuerte de los grupos de autodefensas en la Sierra Nevada de Santa Marta se da a finales de 2001 y tiene su mayor intensidad durante los años 2002 y 2003, lo que se puede apreciar en la curva de la tasa de homicidio regional. Como se evidencia en la siguiente tabla en el año 2002, 11 de los 17 municipios que componen la Sierra Nevada y su entorno presentaron ascensos en su tasa de homicidio.


DEPARTAMENTO MUNICIPIO Tasa 01 Tasa 02 Tasa 03 Tasa 04

GUAJIRA

RIOHACHA 108.17 167.86 129.17 104.14

HATONUEVO 138.68 134.91 12.78 186.59

BARRANCAS 97.96 41.93 96.42 61.35

FONSECA 45.85 64.67 56.82 101.86

DISTRACCIÓN 69.20 137.80 96.05 27.33

SAN JUAN DEL CESAR 77.51 96.65 60.61 195.22

DIBULLA 0.00 0.00 89.66 61.27

CESAR

VALLEDUPAR 57.03 98.01 85.72 62.41

BOSCONIA 145.41 226.45 151.62 73.70

EL COPEY 94.36 105.38 120.14 48.71

MAGDALENA

FUNDACIÓN 44.06 67.81 99.04 81.64

ARACATACA 53.58 84.01 92.35 66.32

CIÉNAGA 89.52 64.14 113.46 68.38

EL RETÉN 8.10 27.90 3.92 11.60

PIVIJAY 12.12 9.31 6.56 5.19

SANTA MARTA 67.27 64.59 63.44 41.16

PUEBLOVIEJO 17.43 4.29 0.00 0.00

Municipios que registraron un ascenso en la tasa de homicidios


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Se debe señalar también que entre 2000 y 2002, el número de municipios que superaron la tasa regional aumentó. En la siguiente serie de mapas, se advierte que mientras en 2000 y 2001, las tasas más altas de homicidio se dieron alrededor de la Sierra, teniendo especial énfasis en sus vértices, en 2002 las tasas más elevadas se registran sobre todo en el costado oriental –departamento de Cesar y Guajira–. En el departamento de Magdalena, ya se había presentado un alza en la tasa de homicidio por cada cien mil habitantes en el año 2001: en Fundación pasó de 67 a 87, en Ciénaga de 60 a 147, en El Retén de 20 a 53; en Pivijay de 13 a 24.5, en Santa Marta de 60 a 69. Lo anterior permite pensar que la incursión de las autodefensas en la región tuvo dos etapas que fueron relativamente independientes. Por un lado la consolidación de su presencia en el Magdalena y por otra la expansión hacia los departamentos de Cesar y Guajira. Es posible que lo anterior tenga que ver con el siguiente planteamiento estratégico: consolidar primero el corredor que comunicaba a la Sierra Nevada de Santa Marta con Barranquilla, para luego dominar el corredor que comunica a la Sierra Nevada con la Serranía del Perijá, de tal manera que las estructuras insurgentes se vieran obligadas a replegarse hacia lo más alto de la Sierra.


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En el año 2002, los grupos de autodefensas incursionaron con especial fuerza en algunos de los municipios de los departamentos de la Guajira y Cesar, en los cuales llevaron a cabo algunas masacres, asesinaron a agricultores, comerciantes y ganaderos; además de realizar algunas acciones de “limpieza social”. Esta situación fue respondida por la insurgencia con una serie de homicidios que buscaron no perder algunos de los territorios que tenían bajo su dominio, imponiendo “castigos” a aquellas personas que apoyaban a las autodefensas. La aplicación de la violencia fue compleja y se ejerció sobre distintos sectores sociales que los grupos armados irregulares pretendían someter a su dominio. El 6 de abril en el departamento de la Guajira, en el municipio de San Juan del Cesar, en el corregimiento Los Áticos se presentó una masacre por parte de las autodefensas y el 30 de julio, en el corregimiento La Peña en un retén ilegal, miembros de esta organización retuvieron momentáneamente a 150 personas –asesinando a dos de ellas–, advirtiendo de esta manera la presencia del “nuevo” actor armado. La insurgencia respondió con una serie de asesinatos, como ocurrió en el corregimiento Villa del Río donde guerrilleros de las Farc dieron muerte a tres personas. En Riohacha, se presentaron tres masacres en 2002; aunque no se logró identificar el actor responsable, la forma como acaecieron muestra la intención de llevar a cabo acciones ejemplarizantes por medio de la implementación del terror como recurso estratégico. De esta manera ocurrió el 8 de abril, en el corregimiento Cotoprix, sitio Pozo Redondo, donde desconocidos asesinaron a tres personas, mutilaron sus extremidades y las enterraron en fosas comunes. En el municipio de Dibulla, el centro de la disputa fue el corregimiento de Mingueo, donde miembros de las autodefensas asesinaron a varios agricultores, en el periodo de julio a noviembre.



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En el departamento de Cesar, uno de los municipios más afectados fue La Jagua de Ibirico, donde en el mes de julio, en la vereda Sororia, miembros de las AUC incursionaron y asesinaron a 17 personas, así como en la vereda Manizales donde miembros de esta organización dieron muerte a tres víctimas más. A lo anterior, las Farc respondieron con una serie de homicidios en el casco urbano del mismo municipio. En Pueblo Bello, las muertes estuvieron mediadas por acusaciones de parte y parte a la población, tildándola de ser colaboradora de su adversario. En Aguachica, en el año 2002 se registraron dos masacres de las autodefensas, una en la vereda Las Margaritas el 2 de marzo y otra en el corregimiento Puerto Mosquito, el 20 de octubre.

En la capital del departamento, la situación se volvió preocupante. Se presentaron una serie de masacres, cuyos responsables fueron las autodefensas, y que tuvieron lugar en la zona rural, en los corregimientos de Patillal y Mariangola. Esta organización irregular dirigió buena parte de sus acciones contra comerciantes y vendedores ambulantes, en una dinámica relacionada con la extorsión y la construcción de redes de apoyo; además se registraron hechos de “limpieza social” en algunos barrios. Por otra parte, llama la atención el ataque directo por parte de las autodefensas, hacia un sector de la clase política de algunos de los municipios del Cesar. En Becerril, fueron asesinados dos concejales y en La Paz fue asesinado un concejal liberal. Pero tal vez, el hecho que ilustra mejor esta situación ocurrió en el mes de septiembre de 2002 en el corregimiento de Valencia de Jesús, en zona rural de Valledupar donde, en momentos en que les cumplía una cita en compañía de otros políticos, miembros de las autodefensas asesinaron a un concejal de Pueblo Bello.

Ante la ofensiva de las autodefensas y bajo la consideración de un balance estratégico desfavorable, que daba cuenta de la pérdida del dominio sobre algunas zonas planas, la insurgencia realizó una serie de asesinatos, dentro de los cuales se encuentran: el 5 de febrero, en la vía a Bosconia en el municipio de San Diego, subversivos del frente José Martínez Quiroz del ELN llevaron a cabo una masacre tras acusar a las víctimas de colaborar con las autodefensas; el 1º de abril, en el sitio Ariguaní en Copey, guerrilleros de las Farc asesinaron a un conductor y a su ayudante; el 6 de mayo, en la vereda Los Bolsillos, en el municipio de Curumaní, insurgentes del frente José Martínez Quiroz del ELN asesinaron a un conductor; el 15 de mayo, en la finca Delicias en Pailitas, guerrilleros del ELN dieron muerte a dos agricultores; el 7 de agosto, en la vereda Berlín, en Pueblo Bello, subversivos de las Farc asesinaron a cinco personas, por su presunta colaboración con las autodefensas.

Para el 2003, las autodefensas habían logrado avances notables en las estribaciones de la Sierra Nevada, cortando algunos corredores de la insurgencia y dominando zonas planas del Cesar y del Magdalena. Sin embargo, su propósito de desarticular las

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redes insurgentes se siguió cumpliendo por medio del asesinato de quienes presuntamente las integraban. En ese año, la disputa fue más fuerte por la vertiente del Magdalena, especialmente en el municipio de Fundación en donde el 12 de abril en el caserío Sacramento, miembros de las autodefensas sacaron de sus viviendas y posteriormente asesinaron a tres personas, registrándose además una serie de homicidios de agricultores por parte de esta organización armada irregular. En Ciénaga, las acciones estuvieron dirigidas contra vendedores ambulantes, destacándose además los homicidios del rector del Instituto Departamental Rodrigo Vives y de un miembro del Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (Sindess), el 11 de noviembre.

Es relevante llamar la atención sobre este último hecho, puesto que el sector de la salud fue muy afectado por el accionar de las autodefensas, en su búsqueda por controlar los recursos y ejercer un dominio sobre la administración local. Un caso que ilustra esta dinámica es el homicidio del gerente de Salud Total, Juan Carlos Serge, cuya presunta responsabilidad recae en las autodefensas. En este escenario, ellas buscaron también ejercer presión sobre el aparato judicial, amenazando a fiscales y jueces, de tal manera que se influyera sobre algunos procesos que había en contra de miembros de las autodefensas. Prueba de lo anterior es el asesinato de la Juez de Becerril el 27 de enero de 2003, que ocurrió en la vía que de Valledupar conduce a Agustín Codazzi.

Paralelamente, en Valledupar las autodefensas desarrollaron una ofensiva encaminada a apropiarse de la Central de Abastos de


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Valledupar (Mercabastos). En este marco, varios comerciantes –de verduras y carnes– que se opusieron a pagar extorsiones y a abandonar sus locales, fueron asesinados. Se debe resaltar que en la actualidad las autodefensas ejercen un fuerte control sobre en el comercio de alimentos en la capital del Cesar, imponiendo restricciones a vendedores y compradores, cobrando cuotas de “seguridad” y regulando el acceso de víveres hacia las partes altas de la Sierra Nevada de Santa Marta –como una manera de desabastecer a las estructuras de la insurgencia y a sus supuestos apoyos–. De la misma manera, se presentaron homicidios de vendedores ambulantes y tenderos, que estuvieron relacionados con dos dinámicas: la primera, el no pago de las cuotas de “seguridad” impuestas por las autodefensas, que deben ser canceladas diaria o semanalmente; la segunda, el denominado “paga diario”. De acuerdo con varios testimonios que se recogieron en la región, las autodefensas han implementando un sistema de préstamos que denominan “paga diario”. Éste consiste en que la organización armada irregular presta una determinada suma a intereses más altos que los que manejan los bancos; la persona que recibe el dinero debe dar un pago diario determinado por las autodefensas. Cuando la persona incumple con los pagos es sancionada –incluso con la muerte–.

En el año 2004, los municipios que presentaron variaciones destacadas en sus tasas de homicidio fueron Hatonuevo (Guajira), que de una tasa por cien mil habitantes de 12,7 en 2003 pasó a una de 186,5; Fonseca (Guajira) que de 56,8 pasó a 101,8; San Juan del Cesar que de 60,6 subió a 196,2. Con lo anterior, se evidencia que las principales variaciones se presentaron en el departamento de la Guajira, durante una ofensiva de las autodefensas encaminada a consolidar su presencia en esta región, con el objetivo de tener acceso a las costas del océano Atlántico, así como con la frontera con Venezuela. En Riohacha, las autodefensas realizaron una serie de masacres en pleno casco urbano, en lo que se interpreta como un ajuste de cuentas con contrabandistas y miembros de bandas locales. En Fonseca, las acciones fueron dirigidas contra algunos líderes como el ex-concejal Calixto Gómez, quien llegó a desempeñarse como segundo vicepresidente del Concejo –asesinado el 31 de enero–, y contra el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 12 de Octubre, Juan Carlos Barros –asesinado el 30 de abril–. En San Juan del Cesar, algunas masacres y homicidios selectivos estuvieron dirigidos a la apropiación de tierras y de ganado; así lo demuestra el homicidio de Álvaro de Jesús Bermúdez, acaecido el 1º de agosto, el cual fue seguido del hurto de 100 ejemplares vacunos. En esta población, se presentaron además varias acciones ejecutadas por sicarios.

Por otra parte, haciendo una revisión de los homicidios sobre los cuales se tuvo acceso a la descripción de los hechos, aunque las

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autodefensas ganaron cada vez más territorios y la subversión se fue replegando a las zonas más altas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la guerrilla siguió desarrollando acciones encaminadas a poner en duda el dominio que comenzaron a tener las autodefensas y sembrar una sensación de inseguridad, como manera de compensar su desventaja en el nuevo escenario local. En Dibulla, donde los grupos de autodefensas entraron progresivamente, intentando llegar a las zonas más altas de este municipio, el 2 de mayo de 2004 subversivos del frente 59 de las Farc incursionaron en la finca La Campana, retuvieron a 20 personas y asesinaron a cuatro.

En lo corrido del año 2005, es decir hasta el mes de mayo, se han presentado 306 homicidios en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones. De mantenerse la tendencia registrada en los primeros cinco meses del año, se tendría un total de 734 homicidios y una tasa regional de 47 homicidios por cada cien mil habitantes, la cual se encuentra por debajo de lo registrado en los cuatro años anteriores, aunque se mantendría por encima de la tasa nacional, que para 2005 sería de 37 por cada cien mil habitantes. A diferencia de lo ocurrido en 2004, hasta mayo de 2005 no se han presentado homicidios en los municipios de Hatonuevo (Guajira) y El Retén (Magdalena), lo que de cierta manera hace que la tasa regional descienda. De los catorce municipios que componen la Sierra Nevada de Santa Marta, nueve se encuentran por encima de la tasa regional, presentándose un descenso relevante en la capital del departamento del Cesar, la cual pasó de una tasa de 62 a 47 –la caída de Santa Marta es menor, puesto que disminuyó de 41 a 38–. Los municipios que registran ascensos son: Distracción en la Guajira –con dos homicidios que pesaron mucho en la tasa debido al tamaño de esta población que es de 7.345 habitantes–; Pivijay en el Magdalena que pasaría de una tasa de 5 en 2004 a una de 21 en 2005 –la cual sigue siendo baja–; Dibulla en el Cesar, con una tasa de 146 por cada cien mil habitantes, más del doble de la tasa de 2004, que fue de 61.

Este último municipio se presenta en lo corrido de 2005 como el centro de la disputa, con una gran importancia estratégica por la presencia de cultivos ilícitos y corredores que comunican con el océano Atlántico y la Alta Guajira. Tanto guerrillas como autodefensas han realizado acciones encaminadas a mantener su presencia y a responder a las operaciones de la Fuerza Pública, la cual adelanta acciones contra el narcotráfico en esta región. El frente 59 de las Farc ha realizado algunas acciones tales como emboscadas al Ejército Nacional, como el ocurrido en la vereda Sabana Culebras; realización de retenes ilegales y quema de vehículos; así como el homicidio de pobladores de la región, especialmente en el corregimiento Palomino. Por otro lado, son frecuentes las denuncias por parte de los habitantes acerca de los


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llamamientos realizados por las autodefensas, con el objetivo de rendir cuentas por su supuesta colaboración con la insurgencia. Éste es el caso del corregimiento de Mingueo, donde dos comerciantes fueron asesinados por no cumplir la cita impuesta por el grupo armado irregular. En otros casos, han obligado a la gente a salir de sus casas para llevarlas a una serie de interrogatorios, que tienen como propósito obtener información de su enemigo, intimidar a la población y castigar a los presuntos colaboradores de la subversión.

Por otro lado, a pesar de que el número de secuestros en la región haya descendido como se puede apreciar en la siguiente curva, aún inquieta la situación de Santa Marta –teniendo en cuenta su condición de destino turístico–. La capital del departamento del Magdalena, pasó de 12 plagios en 2000 a 56 en 2004, lo que representa un aumento del 367%. Lo anterior obedece a varias dinámicas: 1) Dinámica de control: las víctimas son retenidas, interrogadas y amenazadas en algunos casos, cuando se sospecha que están colaborando con el adversario; 2) Dinámica de sanción: las víctimas son retenidas como un “castigo” por el no pago de extorsiones, deudas o tributos impuestos por los actores armados irregulares –generalmente son liberadas cuando saldan la deuda–55; 3) Dinámica de extorsión: es el típico plagio planeado para el cobro de una recompensa por la liberación de la víctima; 4) Dinámica de desaparición: en buena parte de los casos, no se sabe con certeza cuál es la situación de la víctima retenida porque no se tiene noticia alguna de su paradero (tampoco se encuentra el cuerpo). De acuerdo con la Defensora del Pueblo del departamento del Magdalena, son frecuentes las denuncias por desaparición forzada. Una práctica implementada por los grupos armados ilegales que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta es enterrar los cuerpos de sus víctimas en fosas comunes ubicadas en zonas montañosas y de difícil acceso, de tal manera que no quede evidencia del crimen.

Fuente: Fondelibertad.Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH,Vicepresidencia de la República.

Número de secuestros en la región y Santa Marta

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2002 2003 2004

nóiger al ne sortseuceS

0

10

20

30

40

50

60

atraM atna

S sort seuceS

Secuestro Regional Santa Marta

55 Un caso destacado dentro de esta di-námica en el año 2005 es el secues-tro del comercian-te Fernando José Campo Vives, pla-giado en el sector Paso del Mango (zona rural de San-ta Marta), quien según información del DAS habría sido plagiado por miem-bros de las autode-fensas para definir un pago pendiente con este grupo.

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Para tener un panorama más amplio de la disputa sostenida entre guerrilla y autodefensas, habría que considerar los enfrentamientos entre estas organizaciones armadas irregulares. Aunque la información disponible es escasa, los registros que se tienen dan cuenta de choques en los municipios de Gamarra, La Gloria, Pailitas, Pueblo Bello, Agustín Codazzi y Valledupar en el departamento de Cesar. Por otro lado, los habitantes de la región dan cuenta de enfrentamientos en una amplia extensión de la Sierra Nevada que abarca desde San Pedro de la Sierra hasta el propio Valledupar –incluyendo los caseríos de Palmor, San Javier, Liberia, Santa Clara, El 50 y Sacramento–. A pesar de que sea muy difícil establecer un balance de esta disputa en el campo de batalla, según los registros y algunas versiones de pobladores que suben y bajan de la Sierra, la guerrilla habría causado más bajas en las estructuras de su adversario que las autodefensas. Sin embargo, esto no ha impedido que la guerrilla se haya visto obligada a replegarse en las zonas más altas, mientras que las autodefensas ocupan las zonas intermedias. Una táctica implementada por las autodefensas, que ha tenido impacto sobre la subversión, son los permanentes bloqueos de alimentos, aceite y otros productos de difícil extracción en la Sierra. De esta manera, resulta cada vez más difícil para la insurgencia abastecerse y mantener a sus combatientes. Lo anterior ha provocado una situación muy difícil para los habitantes de estas zonas, puesto que en ocasiones se presenta escasez de algunos productos, además de ser víctimas de la sustracción de alimentos, animales, grasa y sal por parte de los grupos subversivos.

Teniendo en cuenta el panorama anterior, se puede decir que la violencia instrumental contra los civiles está directamente relacionada con el estado de la confrontación y sus asimetrías. Las autodefensas recurrieron constantemente al homicidio como una manera de compensar su desventaja en el plano militar; la insurgencia también lo hizo, en la medida que vio amenazadas sus zonas y alteradas las lealtades de los pobladores bajo su dominio. Desde esta perspectiva, la merma en el homicidio regional da cuenta del dominio de los grupos de autodefensas en las zonas planas y medias, así como de la menor necesidad de recurrir a la violencia en el marco de un balance estratégico que se inclina a su favor. Por otro lado, no se puede perder de vista la recurrencia al asesinato por parte de la insurgencia, quien al ver el terreno perdido, asume como alternativa el homicidio de oportunidad en poblaciones donde se presume que existe un dominio de las autodefensas. En este contexto, los pueblos indígenas, quienes se encuentran ubicados principalmente en las zonas medias y altas, han sido muy afectados por la confrontación armada entre los dos actores irregulares.

Son varios los informes que han señalado la grave situación de las comunidades indígenas, dentro de lo que se destaca el “Informe de


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la Comisión de Observación de la Crisis Humanitaria de la Sierra Nevada de Santa Marta” cuyos principales hallazgos señalan:

- La destrucción, el irrespeto y las limitaciones al acceso de sus sitios sagrados como cerros y lagunas.

- Ocupación de sus territorios por parte de los actores armados, quienes vulneran sus derechos y provocan su desplazamiento.

- Los asesinatos, la desaparición y el desplazamiento forzado de muchos de sus líderes y autoridades, así como de sus miembros. Tal es el caso del homicidio de algunos mamos por parte de las Farc.

El informe además presenta las difíciles condiciones que afrontan los indígenas en esta región, las cuales son relatadas en una entrevista con dirigentes Arhuaco del cabildo, integrantes de la Confederación Indígena Tayrona:

“El conflicto está generalizado. Se refleja en distintas maneras y los pueblos indígenas lo vivimos con procesos distintos… las autodefensas se han ubicado y toman control de las estribaciones y del entorno de la Sierra y poco a poco ascienden. Por eso restringen los vehículos, los alimentos, las medicinas, es decir, todo. Y producen ataques y desplazamiento al interior de las comunidades… dentro de los actos cometidos están los asesinatos… a las víctimas las tildan de colaborar con la guerrilla. Los grupos armados también buscan incidir paulatinamente en los temas indígenas. Reclutan jóvenes indígenas…”56.

Dentro de las comunidades afectadas por las acciones de los grupos armados irregulares se encuentran los pueblos Arhuaco, Kogui,

56 Secretariado Nacio-nal de Pastoral So-cial. 2003. “Informe de la Comisión de Observación de la Crisis Humanitaria de la Sierra Nevada de Santa Marta”.

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Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta y Yukpa en la Serranía del Perijá, los cuales se ubican desde las zonas planas hasta los puntos más altos, teniendo un nivel de afectación distinto, que depende no sólo de su ubicación sino también de su nivel de cohesión y organización interna. Se debe añadir que la afectación de los grupos indígenas –al igual que sucedió con los colonos– cambió de manera determinante en la medida en que la confrontación entre los grupos armados ilegales se fue intensificando. Al encontrarse en zonas de paso y avituallamiento de la insurgencia, los indígenas fueron vistos por los grupos de autodefensas como poblaciones que mantenían relaciones con la guerrilla, impresión que se vio reforzada por el reclutamiento de algunos de sus miembros por parte de la subversión –aunque hay que decir que fueron casos aislados que no tenían aprobación de las comunidades–. De esta manera, comenzaron a ser víctimas de homicidios selectivos, masacres, torturas, desapariciones forzadas, bloqueos y hurtos de alimentos. De la misma manera, la guerrilla comenzó a ver a los indígenas con desconfianza y en medio del cerco de las autodefensas no dudaron en imponer “castigos” que buscaban preservar su control sobre esta zona. En varias ocasiones, la comunidad respondió a estas acciones violentas con actos de resistencia pacífica que no fueron respetados por los grupos armados irregulares, quienes no han aceptado la neutralidad de los grupos indígenas, ni han permitido una acción conjunta.

De acuerdo con el sistema de información del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, entre 2000 y junio de 2005, fueron asesinados 253 indígenas en la Sierra Nevada y sus estribaciones; de éstos el 68% eran Kankuamo, el 11% Wayuú, el 10% Wiwa, el 4% Arhuaco, el 2% Arzario –además se registró el homicidio de dos indígenas Kogi y en el 5% de los casos no se tiene información sobre la comunidad a la cual pertenecía la víctima–. Respecto de la responsabilidad de estas acciones, las autodefensas concentran el 42% de los homicidios, las Farc el 10% y el ELN el 6%; en el 40% de los casos, se desconoce el autor de los hechos.

Homicidios de indígenas por comunidades

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004

ARHUACO ARZARIO O WIWA KANKUAMOKOGI NO PRECISA WAYUUWIWA

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH.Vicepresidencia de la República.


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Como se puede observar en el gráfico anterior, durante los años 2002 y 2003 se dio un ascenso en el homicidio de miembros de la comunidad Kankuamo, en medio de la ofensiva de los grupos de autodefensas en la Sierra Nevada de Santa Marta y los intentos por seguir controlando esta zona por parte de las Farc y el ELN. El 82% de estas acciones sucedieron en Valledupar y fueron en su mayoría responsabilidad del frente Mártires del Valle de Upar de las autodefensas. Esta tendencia corresponde con la tendencia de los homicidios en el nivel regional e impacta de manera especial a las comunidades indígenas por varios factores, dentro de los cuales se encuentran:

- Al considerar al territorio como ancestral y tener una jurisdicción especial, para las comunidades indígenas es más difícil desplazarse, teniendo un sentido de arraigo a la tierra más fuerte que otras comunidades como los colonos o los campesinos. En esta medida, es más difícil para los actores armados irregulares apropiarse o tener presencia en las zonas donde estas etnias habitan.

- Al ser comunidades cohesionadas tienen una capacidad de respuesta mayor que hace que los grupos armados irregulares las vean como un obstáculo para el cumplimiento de sus objetivos y tomen la opción armada como única respuesta.

- Los territorios indígenas tienen una valoración estratégica alta para los grupos armados irregulares, lo cual aumenta su vulnerabilidad.

Sin embargo, se tiene que señalar que la situación de los grupos indígenas en la Sierra Nevada ha tenido una notable mejoría, reflejada en la baja notable del homicidio de sus miembros. Las operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas, las cuales han sido respaldadas por la instalación de un Batallón de Alta Montaña, una mayor presencia del Estado en las zonas medias y altas de la Sierra, así como medidas de protección especial para sus líderes por parte del Gobierno Nacional, han disminuido la vulnerabilidad de los grupos indígenas. No obstante, la presión sobre los grupos armados irregulares ha recaído en algunas de estas comunidades; ante la dificultad de conseguir alimentos y debido a los controles, la subversión ha optado por sustraer víveres de estas comunidades. Irremediablemente, los territorios indígenas se han convertido en el centro de la disputa, con poblaciones interpuestas a las cuales el Estado busca proteger de las arremetidas de las organizaciones armadas al margen de la ley.

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Presencia Estatalen la Sierra Nevadade Santa Marta:Un balance estratégico

Medir la presencia estatal no es asunto fácil. Dependiendo del enfoque que se asuma y las metodologías que se apliquen, los resultados serán diversos. En este caso, la

presencia estatal hará referencia por un lado, al esfuerzo por alcanzar el monopolio legítimo de la fuerza –en una visión claramente weberiana–, específicamente con el combate a los grupos armados irregulares. Por el otro, se aprehenderá al Estado en una visión más amplia –es decir, desde el Estado Social de Derecho– como garante de la seguridad social, individual y colectiva, que procura satisfacer las necesidades vitales básicas de los individuos –sobre todo de los más débiles–. Sobre este último aspecto, más que considerar una cuantificación de esta presencia, el análisis se dirigirá a las inversiones realizadas y los planes implementados en los últimos años en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Respecto del primer punto, es decir, el esfuerzo por alcanzar el monopolio legítimo de la fuerza, la Fuerza Pública ha venido aumentando no sólo su presencia en la Sierra Nevada y su entorno, sino también las operaciones dirigidas a combatir a los grupos armados irregulares. Como se puede observar en el siguiente gráfico, los enfrentamientos han registrado un aumento en los últimos tres años, de 36 en 2001 se pasó a 92 en 2004, para un alza del 156%. De los 271 combates llevados a cabo entre 2001 y 2004, el 85% fue dirigido contra las guerrillas –el 56% se dirigieron contra las Farc y el 37% contra el ELN– y el 15% contra las autodefensas. Lo anterior corresponde más o menos a la tendencia nacional, puesto que considerando el mismo período, de acuerdo con la Fundación Seguridad y Democracia, de los 6.310 combates registrados en el nivel nacional, el 13.5% ha sido contra las autodefensas57. Esta disparidad en los porcentajes responde a la valoración de la insurgencia como una amenaza mayor, así como a las características propias del enemigo –es decir las diferencias en la manera de operar de los grupos de autodefensas y la guerrilla–.

57 Fundación Seguri-dad y Democracia, “Colombia: Balance de Seguridad: 2001 – 2004”. Informe especial, Bogotá, enero de 2005.


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Fuente: Boletines diarios del DAS.Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH.Vicepresidencia de la República.

En los combates registrados fueron muertos en combate 408 guerrilleros y 44 miembros de las autodefensas. Esto sin duda ha impactado las estructuras de los grupos armados irregulares, especialmente de la insurgencia, que se ha visto obligada a replegarse a las zonas más altas de la Sierra Nevada de Santa Marta y a trasladarse a la Serranía del Perijá –lugar de retaguardia que permite a los subversivos traspasar la frontera y refugiarse en Venezuela–. Desde esta perspectiva, más allá de valorar la labor de la Fuerza Pública, tomando como referente el número de irregulares muertos en combate, resulta principal valorar el impacto estratégico –y dentro de éste el impacto territorial– de las operaciones militares.

El escenario para las guerrillas en la Sierra Nevada y sus estribaciones ha tenido un cambio notable, haciendo más difícil su despliegue e incluso comprometiendo su permanencia en esta zona. En esto, la Fuerza Pública ha tenido un papel preponderante, aunque hay que tener en cuenta también los espacios dominados por los grupos de autodefensas. En cuanto al ELN, se puede decir que es un grupo muy disminuido en comparación con la fuerza que tenía hace cinco o diez años y las Farc, aunque se mantienen en permanente confrontación, han visto reducida su capacidad de realizar acciones de sabotaje, así como acciones de piratería terrestre y secuestros. En este sentido, una mayor presencia estatal se ve reflejada en una mayor protección de la infraestructura energética, carbonífera, vial y productiva de la Sierra Nevada y de los territorios periféricos. Un caso que ilustra este avance es lo que ha sucedido con las empresas que extraen carbón.

En 1995, comenzó la explotación del proyecto carbonífero La Loma, ubicado en jurisdicción de los municipios de Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico, distante de 192 kilómetros del Puerto de Ciénaga (Magdalena) y de 300 de Barranquilla, y sobre el cual se calcula una producción anual de 10 millones de toneladas –en el año 1995, se logró exportar 900.000 toneladas de carbón y para 2003, la meta fue de 16 millones de toneladas–. A partir de

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2001 2002 2003 2004

Combates contra grupos armados irregulares

Contra grupos de autodefensa Contra guerrilla Total

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este momento, el blanco de los ataques de la insurgencia fue el ferrocarril, mediante el cual se traslada el carbón desde la zona de explotación hacia la costa –generalmente se dinamitaba un tramo, provocando la colisión de los vagones que transportaban el carbón–. De acuerdo con versiones locales, para evitar que esto sucediera, la multinacional pagaba extorsiones al frente 6 de Diciembre del ELN, uno de los frentes que logró mayor crecimiento.

En el año 2000, se comenzó a generar una competencia por los recursos derivados de las extorsiones a las industrias carboníferas, cuando frentes de las Farc que operaban en la región se dispusieron a dar cumplimiento a la denominada “Ley 002” o de tributación58, bajo la cual la Drummond59 comenzó a ser extorsionada, según denuncias que la empresa hizo públicamente. En septiembre de 2000, dos trenes de esta multinacional fueron dinamitados por las Farc, lo que obligó a la firma a suspender transitoriamente sus exportaciones. A partir de ese año, los atentados al tren y al ferrocarril aumentaron; sin embargo, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, los ataques han sido cada vez menos frecuentes, puesto que se ha diseñado el plan “Oro Negro”, que busca garantizar las condiciones de seguridad para la explotación y transporte de las alrededor de 16 millones de toneladas de carbón60.

De la misma manera, se puede señalar la recuperación de la seguridad en las carreteras que conducen y circundan a la Sierra Nevada. En enero de 2003, la Comisión Intersectorial para la Seguridad de las Carreteras61 diseñó “la Estrategia Integral de Seguridad en Carreteras” con el fin de establecer la seguridad vial con recursos humanos, financieros y logísticos articulados con una activa participación ciudadana. Dentro de esta estrategia, se encuentra el “Plan Meteoro”, consistente en la disposición de compañías de reacción conformadas con personal del Ejército y la Infantería de Marina, dotadas con alta capacidad bélica y de reacción –además de los carabineros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación–. Estas unidades han sido muy importantes en el mejoramiento de la seguridad vial, lo que se puede ver reflejado en la disminución en el número de retenes ilegales realizados por los grupos armados irregulares, expresado en el siguiente gráfico.

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2000 2001 2002 2003 2004

Retenes ilegales de los grupos armados irregulares


58 De acuerdo con esta “ley” las FARC resol-vieron: «1) Cobrar el impuesto para la paz a aquellas personas naturales o jurídicas, cuyo patrimonio sea superior al millón de dólares USA; 2) A partir de la fecha –marzo de 2000–, los cobijados por esta ley deben presen-tarse para cumplir esta obligación. Un segundo llamado aumentará el monto del tributo; 3) Quie-nes no atiendan este requerimiento serán retenidos. Su libera-ción dependerá del pago que se deter-mine.»

59 En 1987, Drum-mond se constitu-yó en Colombia, iniciando en 1988 la exploración de nuevas zonas mi-neras en el departa-mento del Cesar.

60 Espejo, Germán & Garzón, Juan Car-los. “La Encrucijada del ELN”. En Bole-tín Coyuntura de Seguridad No. 8, Bogotá: Fundación Seguridad y De-mocracia, mayo de 2005.

61 Creado mediante el Decreto No. 29 de 2002.


58

Esta disminución en el accionar de los grupos armados irregulares, también se evidencia en la disminución de los ataques contra la infraestructura en general, los cuales son realizados en un 85% por los grupos subversivos –43% por las Farc. A juzgar entonces por su actividad, y si ésta se puede equipar a presencia, es posible decir que las organizaciones insurgentes han perdido capacidad de acción y despliegue territorial en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones.

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2001

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2004

Ataques contra la infraestructura por parte de losgrupos armados irregulares

ATAQUE CONTRA LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ATAQUE CONTRA LA INFRAESTRUCTURA CARBONÍFERA

ATAQUE CONTRA LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA


Con lo anterior, se puede concluir que los grupos insurgentes en la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran debilitados. En la parte más alta de esta región, aún se encuentran los frentes 19 y 59 de las Farc, los cuales han resistido a las ofensivas del Ejército Nacional y las embestidas de los grupos de autodefensas. Sin embargo, cada vez les resulta más difícil acceder a las zonas planas y de piedemonte. No obstante, siguen conservando cierta capacidad para realizar acciones de sabotaje, con células de no más de cuatro insurgentes, que tienen como principal tarea la instalación de artefactos explosivos sobre distintos objetivos como puentes, torres de energía y edificaciones gubernamentales. Es de resaltar que las estructuras de las Farc se encuentran aisladas de los frentes más cercanos y tienen un grave problema de abastecimiento –que es menos grave que en otras regiones, puesto que pueden subsistir con lo que se produce en la Sierra, aunque no pueden remplazar productos primarios como la sal y el aceite–. A pesar de estas dificultades, las Farc no han sufrido un golpe definitivo de su estructura, debido principalmente a la inaccesibilidad de algunas zonas y la dificultad para operar en el terreno. Al ubicarse en las zonas más altas, tienen ventajas en el

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combate, puesto que divisan con facilidad el arribo de las tropas, siendo éstas blanco del fuego insurgente. El apoyo aéreo, debido a las condiciones climáticas y de visibilidad, es casi imposible de brindar en las zonas más altas y las líneas de suministro deben extenderse desde la zona plana, siendo muy vulnerables. Bajo este marco, las Fuerzas Militares han obligado el repliegue de las estructuras guerrilleras y provocado la escasez de sus suministros; de esta manera, se espera que ante la escasez de alimento y munición, la guerrilla se vea en la necesidad de acceder a las zonas planas donde se hacen más vulnerables.

Bajo el anterior escenario, la opción para buena parte de los frentes guerrilleros, como es el caso del ELN, ha sido trasladarse a la Serranía del Perijá, la cual tiene la ventaja estratégica de la frontera con Venezuela. Se calcula que después de haber tenido más de 800 hombres en armas en la Sierra Nevada y sus estribaciones, este grupo subversivo no supera ahora los 250 –incluyendo su escasa presencia armada en las capitales–. La mayoría de los insurgentes elenos se habrían traslado a la Serranía del Perijá y Los Motilones donde en la actualidad tendría el siguiente dispositivo: el frente Luciano Ariza con 50 hombres, el José Manuel Martínez Quiroz con 80 hombres, el 6 de diciembre con no más de 40 hombres, el Camilo Torres con alrededor de 120. De acuerdo con algunas versiones, esta última estructura pasó a ser cordón de seguridad del Comando Central (Coce) mientras estuvo Nicolás Rodríguez, alias “Gabino” en el campamento La Bogotana. Hoy en día permanece en contacto con el frente Armando Cacua Guerrero, con quien ha formado un solo frente que tiene como misión defender la zona de retaguardia táctica donde al parecer permanecen “Gabino” y Pablo Beltrán, con 400 hombres, los cuales reciben constante apoyo del frente 33 de las Farc. Por otro lado, los frentes Luciano Ariza, José Manuel Martínez Quiroz y Camilo Torres tienen el corredor hacia Venezuela, el cual utilizan como corredor de movilidad cuando se ven amenazados por las acciones de la Fuerza Pública y los grupos de autodefensas; esta zona de retaguardia y avituallamiento les permite recuperarse, abastecerse y reaprovisionarse. El frente Armando Cacua Guerrero es el que menos sale hacia Venezuela, sin embargo mantiene el corredor de salida que utilizan los miembros del Coce, de ser necesaria su evacuación. Esta situación se presentó a finales del mes de diciembre de 2004, según algunos reportes dados por el comandante del bloque Norte de las AUC62.

Siguiendo lo anterior, el dispositivo de los grupos insurgentes en la Sierra Nevada y sus estribaciones es el mostrado en el siguiente mapa. Es necesario aclarar que las estructuras insurgentes son muy móviles; lo que se señala en el mapa básicamente son sus zonas de retaguardia.

62 Espejo, Germán & Garzón, Juan Car-los, Op. Cit.


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Dispositivo de la guerrilla en la Sierra Nevada de Santa Martay sus estribaciones

En cuanto a los grupos de autodefensas, la labor de la Fuerza Pública ha sido menor en términos de número de combates y operaciones, sin embargo sus estructuras también han sido impactadas. Dentro de las acciones más importantes se encuentran hechos ya citados en el presente documento como las capturas de Pacho Musso, Adán Rojas –y sus hijos–, Juancho Prada, Chema Balas y alias “Pinocho”, así como la muerte de alias “39”, entre otros. Es muy diciente al respecto, el ofrecimiento por parte de Hernán Giraldo de desmovilizar a 400 de sus hombres, lo que es el resultado en buena medida de la presión que viene ejerciendo la Fuerza Pública contra sus estructuras, no sólo desde el punto de vista militar, sino también atacando sus finanzas.

Parte de este proceso, consiste en aumentar la presencia estatal en esta región del país, como de hecho se está haciendo. Además de las operaciones realizadas por la Segunda y Décima Brigadas del Ejército, en diciembre de 2004 empezó a operar el Batallón de Alta Montaña en el corregimiento de Santa Clara, en Fundación (Magdalena), el cual tiene como misión cortar el paso de los grupos armados irregulares en esta zona, así como ofrecer protección a los habitantes de este sector. Paralelamente a este fortalecimiento en materia de seguridad, el Estado viene aumentando su presencia con inversiones que están programadas por cerca de 30 mil millones de pesos, las cuales están siendo dirigidas por el Centro

Frentes de las FARC

Frentes del ELN6D: 6 de diciembreLA: Luciano ArizaJM: José Manuel Martínez QuirozCG: Carlos Armando Cauca Guerrero CT: Camilo Torres

Zona de retaguardiadel COCE

Corredores a Venezuela

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de Acción Integral de la Presidencia de la República liderado por la Alta Consejería para la Acción Social, que ha contado con el apoyo y participación de la comunidad internacional y los entes departamentales y municipales. Las acciones que vienen siendo implementadas cubren en su gran mayoría corregimientos de difícil acceso, donde el Estado hace algunos años no hacía presencia o nunca había penetrado. Los municipios beneficiados por esta labor interinstitucional son Santa Marta, Fundación, Ciénaga y Aracataca en el departamento de Magdalena; Pueblo Bello, El Copey y Valledupar en el Cesar; San Juan del Cesar y Dibulla en La Guajira.

Sólo para la ampliación y saneamiento del resguardo indígena de Nabusimake, el Gobierno asignó recursos por $5.000 millones, en respuesta a la solicitud formulada por la comunidad Arhuaco al presidente Álvaro Uribe Vélez, durante el consejo comunal realizado en esa localidad en junio de 2003. De igual manera, se han realizado jornadas de salud y se tienen comprometidos recursos para obras por valor de $1.600 millones. En relación con las vías para estas poblaciones marginadas, se han comprometido recursos por más de $2.000 millones. Esta inversión incluye el mejoramiento del tramo Santa Rosa de Lima –Santa Clara– El 50, por valor de $717.8 millones, en el municipio de Fundación. También la construcción de dos puentes vehiculares y el mejoramiento de la vía Palmor – Uranio 1, del municipio de Ciénaga, por valor de $106.9 millones. En Pueblo Bello y Nuevo Colón, municipio de Dibulla, se tienen previstos diversos trabajos de mejoramiento vial por un costo de $554 millones.

Las acciones del Gobierno en esta zona contemplan igualmente componentes de educación, con una inversión de $3.776 millones, seguridad alimentaria por $7.979 millones, atención humanitaria de emergencia por $1.281 millones, atención a las víctimas de la violencia por $84.743 millones. Así mismo, se ha invertido en la construcción de la casa indígena Wiwa y el Hogar Múltiple para los niños Kankuamo por $396 millones, electrificación por $472 millones, saneamiento básico por $391 millones, comunicaciones por $526 millones y documentación por $30 millones.

A partir de estos elementos, es posible decir entonces que la presencia estatal desde los dos marcos plantados –monopolio de la fuerza y Estado Social de Derecho– se ha venido incrementando, lo que se refleja en la mejoría de la mayoría de los indicadores de seguridad. Este planteamiento, cuestiona la aplicación de la noción de “Señores de la Guerra” en esta zona del país, puesto que el Estado, lejos de colapsarse, coexiste con los grupos armados irregulares, proponiéndose imponer su presencia. El reto en estas circunstancias es que los grupos armados irregulares, y en


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este caso las autodefensas, lejos de impedir la presencia estatal, buscan sacarle ventaja, ya sea por medio de la infiltración en las inversiones, la recepción de recursos en las zonas que considera como de su dominio u ofreciéndose como “garante” de la seguridad en la región. Para lo anterior, los grupos de autodefensas se sirven de su organización “política” y su organización “empresarial” que en últimas van a repercutir en la organización “social” de la región en donde operan.

Bajo este marco, vale la pena decir que se han dado importantes pasos en el plano militar que deben repercutir no sólo en una mayor presencia estatal sino también en la recuperación de la vida política, económica y social de la región. Hasta ahora se ha impactado la parte más visible de las organizaciones armadas irregulares –su parte armada–, pero es necesario también comenzar a impactar sus cimientos, de tal manera que los pobladores comiencen a vislumbrar un panorama de seguridad estable. Esto es una tarea a largo plazo que demanda un gran esfuerzo del Estado. En este sentido, hay que recordar las palabras de Charles Tilly cuando menciona que “… la violencia colectiva crece en la medida en que los especialistas (en ejercerla) escapan al control democrático civil”63; para esto, el objetivo va más allá de una disputa territorial y se centra en el nivel de independencia que puedan alcanzar las comunidades de los actores armados irregulares que hasta ahora las dominaban.

63 Tilly, Charles. 2004. “Organiza-ciones violentas”. En Sociedad y Eco-nomía, revista de la facultad de ciencias sociales y econó-micas de la Uni-versidad del Valle. Octubre, No. 7.

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Conclusión

A partir de mediados de la década de los ochenta, las guerrillas comenzaron a establecerse en la Sierra Nevada de Santa Marta, conformándose esta región como zona

de retaguardia desde donde emprendían sus acciones sobre las zonas planas de los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira. En este marco, tanto las familias más pudientes, así como los distintos sectores de la economía fueron víctimas del cobro de extorsiones, la amenaza de parientes y trabajadores, así como de acciones de sabotaje que tuvieron como propósito mantener su dominio sobre esta zona del país.

Paralelamente a este proceso, diferentes grupos de autodefensas hicieron su aparición, bajo la bandera de la protección de la población; sin embargo, desde sus comienzos estas agrupaciones estuvieron ligadas al narcotráfico y a diversas actividades ilegales. Se encontraban en este entonces en la Sierra las Autodefensas del Mamey, lideradas por Hernán Giraldo, las Autodefensas del Palmor, al mando de la familia Rojas, así como las Autodefensas del Sur del Cesar, manejadas por los Prada.

A finales de los noventa, estas estructuras, fueron absorbidas por el proyecto “federalista” de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, dirigidas por los Castaño y Salvatore Mancuso. En este contexto, Jorge 40 apareció como uno de los líderes del proyecto denominado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que buscaba aglutinar a diversas estructuras de autodefensas locales –por medio de acuerdos negociados o impuestos– y extender el dominio de esta organización en el norte del país, apoyados en una serie de economías ilegales como el narcotráfico, el hurto de combustible y el contrabando, entre otros.

La incursión de las AUC en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones estuvo claramente relacionada con consideraciones estratégicas, dentro de las más relevantes: interrumpir la movilidad que la guerrilla tenía entre la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande del Magdalena; la apropiación de recursos, dentro de los cuales, los provenientes del narcotráfico, la “protección” a ganaderos, bananeros, palmicultores, así como de la industria de la explotación del carbón, el contrabando y la venta ilegal de gasolina; y el dominio de toda la costa caribeña, partiendo desde el golfo de Urabá hasta la Guajira.

La incursión de las AUC en la región tuvo dos etapas que fueron relativamente independientes. Por un lado, la consolidación de


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su presencia en el Magdalena y por el otro, su expansión hacia los departamentos de Cesar y Guajira, bajo el siguiente planteamiento estratégico: consolidar primero el corredor que comunicaba a la Sierra Nevada de Santa Marta con Barranquilla, para luego dominar el corredor que comunica a la Sierra Nevada con la Serranía del Perijá, de tal manera que las estructuras insurgentes se vieran obligadas a replegarse hacia lo más alto de la Sierra. La incursión más fuerte de los grupos de autodefensas en la Sierra Nevada de Santa Marta se dio a finales de 2001 y tuvo su mayor intensidad durante los años 2002 y 2003. Mientras que en 2000 y 2001, las tasas más altas de homicidio se dieron alrededor de la Sierra, teniendo especial énfasis en sus vértices, en 2002 las tasas más elevadas se registran sobre todo en el costado oriental –departamento de Cesar y Guajira–. En el departamento de Magdalena, se había presentado un alza en la tasa de homicidio por cada cien mil habitantes en el año 2001: en Fundación pasó de 67 a 87, en Ciénaga de 60 a 147, en El Retén de 20 a 53, en Pivijay de 13 a 24.5 y en Santa Marta de 60 a 69.

En el año 2002, los grupos de autodefensas incursionaron con especial fuerza en algunos de los municipios de los departamentos de la Guajira y Cesar, en los cuales llevaron a cabo algunas masacres, asesinaron a agricultores, comerciantes y ganaderos; además de realizar algunas acciones de “limpieza social”. Esta situación fue respondida por la insurgencia con una serie de homicidios que buscaron mantener algunos de los territorios que tenían bajo su dominio, imponiendo “castigos” a aquellas personas que apoyaban a las autodefensas. La aplicación de la violencia fue compleja y se ejerció sobre distintos sectores sociales que los grupos armados irregulares pretendían someter a su dominio.

Para 2003, las autodefensas habían logrado avances notables en las estribaciones de la Sierra Nevada, cortando algunos corredores de la guerrilla y dominando zonas planas del Cesar y del Magdalena. Su propósito de desarticular las redes insurgentes se siguió cumpliendo por medio del asesinato de quienes presuntamente las integraban. En ese año, la disputa fue más fuerte por la vertiente del Magdalena, especialmente en el municipio de Fundación. En el año 2004, los municipios que presentaron variaciones destacadas en sus tasas de homicidio fueron Hatonuevo (Guajira), que de una tasa por cien mil habitantes de 12,7 en 2003 pasó a una de 186,5; Fonseca (Guajira) que de 56,8 pasó a 101,8; San Juan del Cesar que de 60,6 subió a 196,2. Con lo anterior, se evidencia que las principales variaciones se presentaron en el departamento de la Guajira durante una ofensiva de las autodefensas, encaminada a consolidar su presencia en esta región, con el objetivo de tener acceso a las costas del océano Atlántico, así como a la frontera con Venezuela.

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En la actualidad, la presencia de los grupos de autodefensas tiende una especie de cordón alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicándose principalmente en las zonas planas, interrumpiendo el tránsito de los grupos insurgentes desde la Serranía del Perijá hasta el Atlántico, donde no solamente tienen una presencia armada sino también donde pretenden tener un dominio de la vida política, así como de las economías legales e ilegales.

Frente a este panorama, el Estado ha venido aumentado su presencia, no sólo en su papel de detentar el monopolio de la fuerza sino también como garante de la seguridad social, individual y colectiva, que procura satisfacer las necesidades vitales básicas de sus ciudadanos –el Estado tiene programado en esta región inversiones por cerca de $30 mil millones–. La acción de la Fuerza Pública se ha visto reflejada en una mayor protección a la infraestructura energética, carbonífera, vial y productiva de la Sierra Nevada y de los territorios periféricos, así como en la mejoría de los indicadores sobre violaciones a derechos humanos tales como el homicidio y el secuestro. Además, el conjunto de operaciones militares adelantadas ha debilitado notablemente a las guerrillas y en menor medida a los grupos de autodefensas –aunque se tiene que señalar que las acciones en su contra vienen en aumento–. Las Fuerzas Militares han obligado el repliegue de las estructuras guerrilleras a las zonas más altas de la Sierra y provocado la escasez de sus suministros; de esta manera se espera que ante la escasez de alimento y munición, la guerrilla se vea en la necesidad de acceder a las zonas planas donde presentan más vulnerabilidad. Bajo el anterior escenario, buena parte de los frentes guerrilleros, en particular de las estructuras del ELN, no han tenido otra opción que trasladarse a la Serranía del Perijá, posición estratégica por su cercanía con la frontera venezolana.


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En el momento actual, con una guerrilla replegada, el dominio que las autodefensas ejercen en la región, y que se ha visto reflejado, entre otros, en su intromisión en algunas administraciones locales, su intervención en la dinámica política, el manejo del narcotráfico, el comercio ilegal de gasolina importada de Venezuela, la apropiación bajo presión y amenazas de tierras, la extorsión como práctica extendida y la apropiación de dineros del Estado, en el marco de la corrupción, constituye el principal desafío que tiene que enfrentar el Estado. Todo esto, sin perder de vista que la amenaza de la guerrilla está latente, afectando

a las comunidades indígenas, realizando acciones de sabotaje y atacando a la Fuerza Pública.

FE DE ERRATAS

El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos

Humanos y DIH aclara que en el libro “Dinámica Reciente de la Confrontación Armada en la

Sierra Nevada de Santa Marta”, en el segundo párrafo

de la página 19, se lee: “Dentro de esta dinámica,

entrarían algunos homicidios de alcaldes y ex-alcaldes: Manuel Álvarez Caballero (Cerro de San Antonio) en

1999, Octavio Ropaín Lobo (El Banco) en el 2000, en el 2003 el alcalde del Retén y en 2004,

Jesús Avendaño (Zona Bananera)”.

El Observatorio aclara que el

señor Octavio Ropaín Lobo, de quien se hace referencia, no se desempeñó como alcalde del Banco (Magdalena) y que

en el Retén (Magdalena) durante el año 2003, no se

presentó ningún homicidio de alcaldes.

www.imprenta.gov.coPBX(0571) 457 80 00

Diagonal 22 B No. 67 - 70Bogotá, D.C., Colombia

Sierra_nevada Violencia Paramilitar

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