Democratizacion Politica Reforma Paramilitar

7/28/2019 Democratizacion Politica Reforma Paramilitar

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Democratizacinpoltica

y contrarreformaparamilitaren Colombia

Mauricio Romero

(Traduccin: Andrs Bilbao yEsther Pascual)

L os paramilitares o autodefensas hansido asociados en Colombia con elnarcotrfico y sus formas de resolu-cin de conflictos, con las estrategias contrain-

surgente de las fuerzas armadas y las tcticasde guerra sucia para enfrentar a la guerrillarevolucionaria, con formas parainstitucionalesde control de la protesta social por parte defacciones mafiosas del capital, o con el cre-cimiento del latifundio ganadero y el desalojoviolento de campesinos de la tierra por hacen-dados (Medina, 1990: Palacio y Rojas, 1990;Reyes, 1994; Uprimny y Vargas, 1990). Estasfueron las interpretaciones avanzadas por aca-dmicos, abogados, organizaciones de dere-chos humanos y simpatizantes de izquierda enlas primeras publicaciones sobre el temadurante los aos 80 y comienzo de los 90. Esasperspectivas iniciales se apoyaron, entre otrasfuentes, en los mismos reportes oficiales delprocurador general de la nacin o del Departa-mento Administrativo de Seguridad (DAS) enlos que vinculaban a efectivos de las fuerzasarmadas con grupos de justicia privada1.

Junto con estas visiones del fenmeno para-militar, gan audiencia otra asociada con la faltade seguridad para propietarios, inversionistas ynegociantes rurales en la segunda mitad de ladcada de los aos 90, perspectiva que ya conta-ba con simpatizantes dentro del gabinete minis-terial desde 19872. Los gremios del sector y lospolticos cercanos prefirieron nombrar a esosgrupos como autodefensas, buscando legitimi-dad para lo que se consideraba como el derechoa la defensa propia de esas lites regionales agre-didas por la guerrill3. As lo dej entender Fer-nando Botero, primer ministro de Defensa delgobierno liberal del presidente Ernesto Samper (1994-1998), en el congreso ganadero de octu-bre de 1994. Esta visin tom forma en la pro-puesta para crear las cooperativas de seguridadConvivir en 1995, organizaciones privadas devigilancia, informacin y seguridad rural, dise-adas para obtener la cooperacin entre sectoresde propietarios y las fuerzas armadas en laslabores de control del orden pblico.

Esa confluencia entre sociedad y fuerzasarmadas haba sido largamente buscada por los altos mandos militares, dada la desconfian-za, y en ocasiones franca hostilidad, de sectoresde oposicin, organizaciones sociales o de la

273Ttulo del artculo

Mauricio Romero. Universidad Nacional de Colombia. Bogot. Poltica y Sociedad, Vol 39 Nm. 1 (2002), Madrid (pp. 273-292)


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misma poblacin hacia la organizacin militar en las regiones con conflicto social y armado.Las denuncias por violar los derechos humanoshechas por grupos de abogados y activistas

sociales, medios de comunicacin y organis-mos del sector judicial confirmaron ese senti-miento de inseguridad frente a las fuerzas delorden. Si bien esa medida fue finalmente revo-cada a raz de una intensa oposicin de lasredes de derechos humanos, las cuales conside-raron que la propuesta tena el riesgo de legali-zar a los grupos de sicarios y justicia privada, lainiciativa seal la necesidad de proteccin delos propietarios rurales frente a los crecientesefectos del conflicto armado. Lo discutible noera esta demanda por seguridad, sino la delega-cin implcita de la justicia en manos privadas.

Ese nfasis en la seguridad tambin vinoacompaado con una clara diferenciacin entreautodefensa y paramilitarismo. La distincinhaba sido til para separar los orgenes de estosgrupos armados no estatales campesinos yhacendados organizados para defenderse o sica-rios a sueldo ligados a terratenientes o narcotra-ficantes. Sin embargo, el poder descriptivo deesa diferenciacin fue perdiendo sentido en lamedida en que los distintos grupos coincidierona mediados de los aos 90 bien en la prcticao en la concepcin sobre cmo superar el con-flicto armado con los organismos de seguridadde las fuerzas armadas. Sin duda, estos aparatosde seguridad han continuado atados a las doc-trinas de la Guerra Fra, sin una modernizacinconceptual que supere el dogma de la elimina-cin del enemigo interior, propio de las gue-rras de contrainsurgencia. Una necesaria reno-vacin doctrinaria las ubicara en el nuevocontexto mundial de democratizacin, y por

tanto facilitara una negociacin poltica delconflicto armado. La aplicacin de ese principiode guerra interior por organismos estatales y lapropia asimilacin por grupos privados arma-dos, cre un campo de accin en donde coinci-dieron diferentes sectores. Dentro de ese campode accin fueron incluidos como blancos noslo opositores polticos, activistas sociales oguerrilleros de civil o parasubversivos,como el jefe de los paramilitares, Carlos Casta-o, nombra a las redes de apoyo civil de las gue-rrillas, dentro de las cuales tambin ubica a ungran espectro de poblacin que no est deacuerdo con sus estrategias y postulados. As, laambigedad de la distincin ha sido utilizada

como parte de un dispositivo de ocultamientopara darle va libre a un mecanismo expedito yefectivo de combatir no slo la subversin, sinotambin los intentos reformistas y las demandas

por democratizacin. Esa manera de ver el para-militarismo slo como un derecho a la defen-sa propia ha tendido a reducir la amplitud delfenmeno a un problema de oferta y demandapor seguridad, ocultando sus devastadoresefectos en la modernizacin poltica iniciadapor el presidente Belisario Betancur en 1982.

En este trabajo se quiere presentar una pers-pectiva que aade otra dimensin a la comple- jidad del fenmeno paramilitar, sin desconocer los puntos de vista expuestos por las anterioresinterpretaciones. El texto busca hacer nfasissobre un aspecto al cual no se le ha dado lasuficiente atencin, el contexto de aperturapoltica, descentralizacin y negociacin depaz con las guerrillas en el que surgieron losgrupos paramilitares en la dcada de los 80.Los riesgos de una posible democratizacinprovocaron la reaccin negativa de litesregionales ligadas a los partidos liberal y con-servador pero principalmente al primero frente a la posible incorporacin a los diferen-tes sistemas polticos locales de los antiguosinsurgentes, y con esto, la inclusin de grupossociales hasta ese momento marginados deldebate pblico. El mismo fenmeno paramili-tar se puede analizar desde una perspectivaque considere los miedos y temores que gene-ra la inclusin poltica de grupos que habansido considerados como ajenos a la naciona-lidad por los sectores privilegiados. Estaapertura del rgimen poltico trajo competen-cia local, ampli la agenda de discusin pbli-ca a temas de justicia social y derechos en

general, y amenaz con desplazar del poder institucional a las redes polticas y de interesestradicionales, lo mismo que con ampliar losmarcos de interpretacin asociados con stas.

1. Equilibrios polticosen riesgo y reaccin

Lo anterior se pudo observar en lasregiones en donde la guerrilla y susaliados electorales tenan un significa-

do apoyo, como en Urab y el sur de Crdoba,

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el bajo Cauca y el Magdalena medio, y el pie-demonte de la cordillera oriental, precisamen-te los centros en donde se desarrollaron losncleos paramilitares, en su gran mayora

regiones dominadas por las redes afines al par-tido liberal y con tendencia a tener economasbasadas en la gran propiedad territorial o conuna alta concentracin de la tierra (Cubides,1995). Esas redes adems de percibir el riesgopoltico, estaban siendo cortejadas al mismotiempo por los emergentes y poderosos jefesdel narcotrfico, quienes venan adquiriendotierras rurales y urbanas en las zonas con con-flicto social y armado desde finales de la dca-da del 70 (Reyes, 1997; Romero, 1995).

Por contraste, es de resaltar la evolucinpoltica de los departamentos del suroccidentedel pas, como Nario, Cauca, Tolima, Huila yCaquet, en donde la crisis del partido liberaly conservador ha sido ms aguda, sus lideraz-gos han tendido a desintegrarse y los gruposparamilitares han tenido ms dificultad paraconsolidar una base firme, objetivo logrado enlas regiones mencionadas primero. Ese vacopoltico est siendo ocupado por movimientossociales y electorales diferentes al bipartidis-mo, con agendas cercanas a la socialdemocra-cia y el multiculturalismo, como se observ enlas elecciones regionales de octubre del 2000.Hay que resaltar que esas redes emergentes enel suroccidente han logrado conformar unapropuesta progresista, condenando el uso de laviolencia, pero buscando una salida negociadaal conflicto armado y sin renunciar a unamayor democratizacin. Hasta el momentoestos grupos emergentes no han sido acusadosde apoyar a la subversin armada, recurso anutilizado por los polticos tradicionales para

descalificar a los movimientos democratizado-res. Estos han sido el principal blanco de losparamilitares, quienes fielmente aplican elprincipio de quitarle el agua al pez, aludien-do a la relacin de grupos de la poblacin civilcon la guerrilla, lo cual ha significado llana-mente el asesinato, la desaparicin, el destierroo el silencio de quienes han buscado reformasy mayor participacin en las estructuras depoder, mientras que la guerrilla ha respondidoa esa guerra sucia fortaleciendo su aparatomilitar y de inteligencia.

As, la apertura poltica y las negociacionesde paz, combinadas con la descentralizacin yla eleccin de alcaldes, pusieron en riesgo o

al menos esa fue la percepcin de los lideraz-gos tradicionales los equilibrios polticosestablecidos en las regiones en donde la gue-rrilla y sus aliados electorales haban logrado

influencia. Pero adems, esa misma aperturainstitucional y del rgimen tambin ofreciposibilidades para la accin colectiva de gru-pos y sectores sociales que haban sido margi-nados por la forma limitada del sistema derepresentacin electoral, y el aplastante domi-nio de las lites locales y rurales en la polticaregional y nacional. Los lderes y activistasque encabezaron esas movilizaciones han sidolas principales vctimas de la crisis de dere-chos humanos de las dos ltimas dcadas. Escierto que la combinacin de todas las formasde lucha electoral, armada y movilizacinsocial de la guerrilla, en especial de lasFARC, no contribuy en nada a la propuestade paz del Presidente Betancur en 1982, perotuvo un efecto an ms nocivo en las posibili-dades de reconciliacin la estrategia contrain-surgente de eliminar a los frentes electoralessurgidos de la guerrilla, como resultado de losacuerdos de paz. Al aniquilar a la UninPatritica, UP, coalicin electoral que inclua asectores progresistas, al partido comunista, y amiembros de las FARC, el grupo insurgentems fuerte, lo mismo que a los movimientosregionales de otras tendencias de la izquierda,la reaccin en contra de las nuevas agrupacio-nes acab con la posibilidad de debilitar a losguerreristas de la guerrilla, al impedir quelos partidarios de formas legales de participa-cin pblica pudieran cosechar los beneficiosde una movilizacin poltica exitosa. Esaestrategia tambin di desde la autoridad unaseal que legitim el uso de la violencia como

forma de resolucin de conflictos, hecho queha estado en la base de la crisis de derechoshumanos en la que ha vivido el pas desde hacedos dcadas. As, a travs del terror, los para-militares y sus colaboradores civiles y estata-les comenzaron una carrera como actores deci-sivos en las posibilidades de una negociacinde paz.

Sin estar ligados a la guerrilla, y algunoscon nexos orgnicos con sta, campesinos sintierra, pequeos propietarios endeudados yasalariados rurales explotados, pobladoresurbanos sin vivienda o en barrios con limitadadotacin de servicios bsicos, trabajadores ysindicalistas perseguidos por exigir derechos

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laborales y de asociacin, vieron en las nego-ciaciones de paz, la apertura poltica y la des-centralizacin una oportunidad para movili-zarse y avanzar en la democratizacin de las

relaciones sociales y polticas del pas. Algosimilar ocurri con indgenas y comunidadesnegras buscando reconocimiento a sus deman-das y a la multiculturalidad, activistas de dere-chos humanos y ambientales presionando por el respeto a la vida, a la biodiversidad y eldesarrollo sostenible, periodistas ampliandolas reducidas esferas pblicas locales, y en fin,una diversidad de grupos, redes y pblicos conpropuestas de mayor justicia social y pluralis-mo. Estas aspiraciones, sin ser revolucionarias,haban sido apoyadas por los diferentes gruposinsurgentes e ignoradas por los dos partidosmayoritarios, el liberal y el conservador. Losgobiernos compartidos y sin verdadera oposi-cin fomentaron indirectamente esas alianzasentre sectores marginados y guerrilla, con-fluencia que debera desaparecer como resulta-do de un proceso poltico, y no a punta demasacres, como pretenden los paramilitares.

2. Modernizacin polticavs. restauracin del orden

L a tesis fuerte de este artculo sostieneque si bien los antecedentes de losgrupos paramilitares se encuentran en

la represalia de narcotraficantes en contra delsecuestro y extorsin de la guerrilla en los ini-cios de los aos 80, luego evolucionaron haciaun proyecto antisubversivo con complacenciay colaboracin de sectores de las fuerzas arma-das a finales de la dcada del 80 y comienzosde la del 90, y finalmente, consolidaron a sualrededor un movimiento de restauracin delstatus quo rural desde mediados de los aos90. ste se propone neutralizar cualquier intento de reforma que afecte las estructuras depoder y riqueza en ese sector. Ese orden hasido perturbado por los intentos de moderniza-cin poltica y reformismo social impulsadosdesde la Presidencia, especialmente por lospresidentes conservadores Belisario Betancur (1982-1986) y el actual, Andrs Pastrana(1998-2002), a travs de las negociaciones depaz con la guerrilla.

En la oposicin a esas negociaciones, laslites regionales han coincidido con sectoresde las fuerzas armadas, polticos locales, en sumayora liberales, y los nuevos propietarios

provenientes del narcotrfico. Un hecho signi-ficativo es que el crecimiento de la organiza-cin paramilitar a finales de los aos 90 haestado acompaado con un reclutamientoimportante de miembros retirados de las fuer-zas armadas. La base del frente Calima de lasautodefensas en el Valle del Cauca son milita-res retirados, tal y como lo anunciaron los pan-fletos de su aparicin en Cali. La guardia per-sonal del jefe de las autodefensas, CarlosCastao, tambin proviene de desertores de loscuerpos de lite del ejrcito, de acuerdo conlos propios anuncios del jefe paramilitar. Aun-que es posible que esta poderosa confluenciade tan diversos sectores pierda fuerza en elfuturo como resultado del Plan Colombia y lapresin de los Estados Unidos por un fortale-cimiento y una mayor legitimidad estatal lacual tambin incluye a las fuerzas armadas.Esas afinidades entre paramilitares y fuerzasde seguridad surgidas al compartir un enemigocomn han sido el blanco de los senadoresdemcratas en el Congreso norteamericano,argumento que resurgir cuando se necesitenms recursos externos, En la misma direccinestn las advertencias de la actual embajadoraAnne Patterson de cancelar la visa de entradaa los Estados Unidos para aquellos que apoyeno financien a los paramilitares. Sin embargo,estas presiones tambin pueden tener un efec-to boomerang como se demostr con la bajadel servicio de 388 efectivos de las fuerzasarmadas a finales del ao 2000, entre otrasrazones por violaciones de derechos humanos.

Aproximadamente 50 de esos efectivos entre-nados en todo tipo de tcticas de guerra fueronreclutados por el jefe de las autodefensas.

Un efecto similar pueden generar las desti-tuciones y juicios militares condenatorios a losuniformados que por omisin o accin contri-buyan a los objetivos de los paramilitares como el del General del ejrcito Jaime Alber-to Usctegui y la masacre de Mapiripn en1997, en la que murieron ms de 45 campesi-nos, a pesar de las advertencias de autoridadeslocales sobre la inminencia del ataque. Sinembargo, todo depende del liderazgo hacia unapoltica civilista y de reconciliacin. Con titu-beos, parece que el Presidente Pastrana insiste

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en esa direccin. En concreto, su ministro deDefensa Luis Fernando Ramrez, respondien-do a crticas en el congreso acerca de la polti-ca oficial sobre paramilitarismo, seal que

ese debate es hipcrita porque se ha circuns-crito a miembros de las Fuerzas Armadas, sindenunciar a civiles y empresarios que respal-dan y apoyan esa prctica(El Tiempo, 6 deseptiembre de 2000). Semejante sindicacin,reconociendo ese respaldo civil y de sectoresacomodados a grupos armados no estatales, nose haba escuchado en pblico nunca de unalto funcionario, al menos en las administra-ciones liberales que gobernaron entre 1986 y1998.

El nfasis en la oferta de seguridad paraapreciar el fenmeno paramilitar ha sidoacompaado de otros movimientos en las ne-gociaciones de paz. Si bien el centro de la dis-cusin hace una dcada era el acceso a recur-sos materiales y reconocimiento pblico parasectores desposedos o excluidos, ahora esedebate est ms cerca a la proteccin y seguri-dad para los propietarios pudientes afectadospor el secuestro y la extorsin. El cambio tam-bin ha sido acompaado con un crecimientonumrico de la organizacin paramilitar, latendencia a la unificacin en un nico mandode los diferentes grupos esparcidos en el terri-torio, y una innegable capacidad estratgica yde liderazgo de su mximo jefe, Carlos Casta-o. Este ha logrado crear una imagen de ven-gador y justiciero frente a las arbitrariedades ysecuestros de las guerrillas, avalando explci-tamente el status quo y convirtindose en eloponente estratgico de aqullas, an por enci-ma de la organizacin Estatal. Castao hahecho an ms patente la ausencia de lideraz-

go y capacidad del estado colombiano, semi-paralizado por la prolongada crisis de los dospartidos mayoritarios si se pueden llamar par-tidos, y una corrupcin extendida en el manejo de los recursos pblicos, acentuada por elnarcotrfico y el conflicto armado.

Autodefinido como el representante de laclase media, el jefe de las autodefensas hamostrado una efectividad mortfera en la luchacontrainsurgente, asesinando a los que l con-sidera auxiliadores de la guerrilla, ganndo-se no slo el apoyo de los que tendran algoque perder en un eventual proceso de paz conxito ganaderos, latifundistas, sectores de lasfuerzas armadas, gamonales locales, narcotra-

ficantes y otros grupos, sino tambin desper-tando admiracin en la poblacin en generalpor su lucha en contra del secuestro y la extor-sin, y supuestamente por la libertad, la cual,

en la concepcin de Castao, en ningunaforma significa tambin democracia. El jefe delas autodefensas ha seguido con aplicacin elaforismo de que en Colombia hay que ser rico o ser peligroso para ser odo por lospoderosos (Salazar, 1993).

En esta empresa antisubversiva los parami-litares han tenido xito en diversas regiones,expulsando a la guerrilla de algunas zonas sindebilitarla militarmente, en particular a lasFARC, pero acabando de paso con movimien-tos sociales y polticos empeados en la demo-cratizacin de la vida pblica regional y nacio-nal. Esta relacin entre paramilitares yreaccin de lites regionales en contra de lasposibilidades de democratizacin es la quequiere resaltar este texto. Para darle piso asemejante apreciacin el trabajo procede de lasiguiente forma: primero, se presenta unadimensin de la accin colectiva desde el ini-cio de las negociaciones de paz en 1982 y lapresin por una mayor democratizacin.Luego se discute el papel de las fuerzas arma-das en ese proceso, su concepcin de enemi-go interior, y su cercana con el de auxilia-dores de la guerilla o guerrilleros de civilde las autodefensas. Finalmente, el texto haceun recuento del desarrollo de los paramilitaresen la dcada del 90, su crecimiento durante losgobiernos liberales y el fortalecimiento de lasredes polticas tradicionales, en particular lasque han utilizado la sigla de ese partido.

3. Accin colectivay negociaciones de paz

L a crisis de la deuda externa durante ladcada de los 80 en Latinoamrica fuebautizada como la dcada perdida

en trminos de desarrollo econmico. Elimpacto de ese fenmeno no demand enColombia los ajustes estructurales que sufrie-ron la mayora de los pases de la regin. Sinembargo, en trminos de desarrollo poltico ygobernabilidad democrtica, a juzgar por lasituacin al final de los aos 80, los resultados



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de casi una dcada de negociaciones de pazhaban sido ambiguos, si no calamitosos. Al

filo del caos fue el ttulo de un libro publicadopor prestigiosos acadmicos sobre la realidad

del pas al iniciar los aos 90 (Leal y Zamosc,1990). Con excepcin de la convocatoria a unaasamblea constituyente para 1991, haba pocopara sentirse optimistas. Como lo expres unensayista luego de la promulgacin de lanueva constitucin, a sta le faltaba sujeto, unavoluntad colectiva para ponerla en prctica(Castellanos, 1992).

En efecto, las garantas para la oposicinpoltica, uno de los supuestos resultados delproceso de paz, haban sido borradas en laprctica por el aniquilamiento, sino silencia-miento, de varios de los grupos opositores msimportantes, y con esto las posibilidades paramovimientos polticos ms amplios y de mayor envergadura. El desacuerdo con las negociacio-nes de paz por parte del estamento militar, debuena parte de las lites empresariales, de lospropietarios rurales, de la mayora de la jerar-qua de la iglesia catlica, la ambigedad de losdos partidos tradicionales y un contexto inter-nacional de Guerra Fra poco favorable, no per-mitieron un avance en la reconciliacin, aun-que s crearon una mayor desconfianza ydistancia entre los sectores enfrentados y pola-rizaron an ms las identidades.

La consolidacin del narcotrfico y la com-pra de tierras rurales y urbanas en las regionescon conflicto armado fue factor decisivo paraesa polarizacin. Las coincidencias entre nar-cos y la organizacin militar en la necesidad deuna limpieza poltica con el fin de pacificar,en lugar de una poltica para reconciliar, fuerondeterminantes. Los informes del Procurador

Carlos Jimnez en 1983 y del director del DASen 1989 mostraron la cabeza del iceberg,aunque no el monstruo. De igual manera, el sis-tema de ingresos de la guerrilla a travs delsecuestro, la extorsin y las contribucionesbajo amenaza sentaron las bases para el des-contento y polarizacin de propietarios gran-des, medianos y pequeos, especialmente rura-les, y la posterior consolidacin de grupos deautodefensas y paramilitares.

El perodo 1986-1993 ha sido el ms violen-to en la historia reciente del pas, precisamenteen el cual ocurrieron el mayor nmero de asesi-natos polticos y se efectuaron las tres primeraselecciones de alcaldes. En efecto, 15.958 homi-

cidios polticos y ejecuciones extrajudiciales serealizaron en esos ocho aos, contra 2.853 enlos ocho aos inmediatamente anteriores. Sloen 1988 se presentaron 2.738 de esos casos. En

el mismo perodo ocurrieron 1.379 desaparicio-nes forzadas, contra 577 de los ocho aos ante-riores (Comisin Colombiana de Juristas,1996). En estos aos grupos paramilitaresfinanciados por narcotraficantes y lites rurales,y apoyados por fuerzas de seguridad, intensifi-caron una limpieza poltica en contra de gruposizquierdistas, y comenzaron una carrera comoactores decisivos en las posibilidades de unanegociacin de paz. Paradjicamente, la refor-ma poltica, impulsada para promover la demo-cracia y autonoma local polariz an ms elconflicto armado, y ha expuesto desde entoncesa los civiles activos en poltica local a las ame-nazas de los paramilitares, las guerrillas, o lasfuerzas de seguridad.

A pesar de la polarizacin en la sociedadpoltica sobre los temas de paz y la violenciadesatada contra grupos y actores socialesopuestos al bipartidismo, el perodo 1982-90se caracteriz por una significativa moviliza-cin popular y diversidad de respuestas a cam-bios estructurales en la economa, en las acti-tudes de las lites oficiales y en la estructuraestatal. Si bien la violencia poltica redujo lasposibilidades de asociacin, comunicacin ymanifestacin pblicas, las organizacionessociales aprovecharon las oportunidades de lasnegociaciones de paz para dejar or su voz,aunque en muchas ocasiones instrumentalizada por los grupos guerrilleros y sus objeti-vos estratgicos, aunque tambin hay quereconocerlo, estos grupos fueron tal vez susnicos aliados en esos propsitos de mejora

social. Con todo, las organizaciones socialesse movieron hacia un mayor pluralismo yautonoma de los dos partidos tradicionales,cuestionaron el autoritarismo de la guerrilla, yganaron en capacidad de decisin.

Esto fue claro en el mbito sindical, endonde la creacin de la Central Unitaria deTrabajadores, CUT, en 1986, marc un hito enla historia del pas al superar el sindicalismopartidista, promover el pluralismo poltico eideolgico y formar un frente comn para res-ponder a la flexibilizacin del mercado labo-ral, a los cambios tecnolgicos en la produc-cin, y a una dramtica baja en la tasa deafiliacin: de 15,9 % en 1980, pas a 9.3 % en

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1984, y al 6.2 % en 1992 (Londoo, 1994). Laconfluencia en la CUT del sindicalismo Con-servador, de buena parte del Liberal, del orga-nizado alrededor del partido Comunista, y del

sindicalismo independiente afiliado a otrasvertientes de izquierda seal un alentador grado de madurez en este sector social, o almenos un mnimo sentido de supervivencia,por el cual no se haba caracterizado en elpasado. La unin en la CUT puso bajo una soladireccin a cerca del 65% de los sindicalizadosdel pas. El proceso unitario y su consolida-cin, acompaado con el de apertura poltica ypaz, tema prioritario en la agenda sindical,tambin vino acompaado de un aumento en laactividad huelgustica. En efecto, entre 1982 y1990 se realizaron 1252 huelgas, lo cual repre-sent un aumento del 62% en relacin con elperodo anterior (Archila, 2000). Los aos demayor actividad huelgustica fueron 1985 y1989, con 163 y 167 huelgas respectivamente.

La movilizacin cvica y popular alcanzuna intensidad sin precedentes en los aos 80,hecho que mostr un sentido de oportunidadde las diferentes organizaciones y sus dirigen-tes. Sin duda, las negociaciones entre gobiernoy la guerrilla abrieron espacios para la movili-zacin y expresin de esas identidades de re-sistencia o radicales en las regiones, lo mismoque para las demandas por reconocimiento dederechos e inversin estatal. Entre 1982 y1990 se realizaron 270 paros cvicos (Archila,2000); 163 municipios fueron escenario deesas acciones entre 1982-1986, y 298 munici-pios entre 1986-1989 (Restrepo, 1994). Laspeticiones iban desde dotacin de serviciospblicos, apoyo a la produccin campesina,hasta defensa de la vida y respeto por los dere-

chos humanos. Sin ocultar su entusiasmo, ytambin su exagerado optimismo, uno de losdirigentes del movimiento guerrillero 19 deabril, M-19, sentenci que la ecuacin de larevolucin colombiana est en la suma delmovimiento guerrillero y el movimiento cvi-co, haciendo un reconocimiento de la dimen-sin de la protesta. La accin colectiva en elcampo tambin fue notable. 160 movilizacio-nes entre 1982 y 1990, 8 paros agrarios regio-nales entre 1986 y 1990, 110 tomas de oficinaspblicas entre 1982 y 1990, y 684 invasionesde tierra en el mismo perodo, en donde el casode Urab fue notable en este ltimo aspecto(Archila, 2000; Salgado & Prada, 1999).

Si bien la accin colectiva tambin era partede la estrategia guerrillera de negociacin conel gobierno, no hay que menospreciar la capa-cidad, autonoma y sentido de oportunidad de

los grupos sociales movilizados para impulsar sus agendas de mayor inversin estatal y bie-nestar, y por mayor democratizacin. El incre-mento en la protesta fue acompaado por variados intentos de centralizacin y coordina-cin regional y nacional: Congreso Unitario deVivienda en 1985, congreso comunal en elmismo ao que acuerda la Comisin Nacionalde Juntas de Accin Comunal, y SegundoCongreso Nacional de Movimientos Cvicos yOrganizaciones Populares efectuado en 1986,adems de mltiples encuentros locales yregionales. Con el crecimiento de las organiza-ciones guerrilleras durante esta dcada, enconcreto las FARC, el M-1 9, el El-N y el EPL,y la disputa por controlar las organizacionessociales, se revivi un viejo debate sobre si laguerrilla serva para controlar el autoritarismoestatal, o si ste exista, como resultado de lasactividades de la guerrilla (Santos, 1990). Locierto es que el mayor pluralismo dentro de lasorganizaciones sociales ganado en esta dcadase vio atravesado por las polarizaciones delconflicto armado y los intentos por subordi-narlas a un proyecto poltico especfico.

El movimiento indgena tambin tuvo cam-bios significativos en los aos 80. En 1982 serealiz el primer Encuentro Nacional Indgenadel que surge la Organizacin Nacional Ind-gena de Colombia, Onic, la cual obtiene el re-conocimiento del gobierno y fortalece el pro-ceso de unidad del Consejo Regional Indgenadel Cauca, CRIC. El gobierno de Betancur tambin acepta a los cabildos como formas

autnomas de organizacin poltica y a los res-guardos como unidad territorial, hecho quedesenlaza un acelerado proceso de afirmacintnica y poltica sin precedentes. En parte, eseproceso se expres de manera armada en elMovimiento Quintn Lame durante los aos80, cuyos lderes aprovecharon las posibilida-des de reinsercin a la vida civil ofrecidas por las negociaciones de paz a finales de esa dca-da. El caso del Quintn es una experiencianica de reincorporacin exitosa de una gue-rrilla a la vida civil, y el del movimiento socialque lo apoyaba, un ejemplo revelador de xitoelectoral, como lo demostr la eleccin deFloro Tunubal, primer gobernador indgena



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en Colombia, quien derrot a una alianza libe-ralconservadora en el Cauca en las eleccionesde octubre del 2000.

En la dcada del 80 las presiones de los dife-

rentes movimientos armados y los desacuerdoscon stos contribuyeron a reforzar la cohesinde los diferentes grupos indgenas en el suroc-cidente del pas, y a consolidar no slo su or-ganizacin, sino su independencia y autonomafrente a los dos partidos tradicionales y losactores armados. Esto tambin ayud a conso-lidar la unidad territorial de los resguardosfrente a terratenientes y colonos, opositoreshistricos de los indgenas por el control de latierra. Esta afirmacin cultural y tnica se refle- j en las garantas constitucionales de respeto asu autonoma poltica y territorial, obtenidas enla constitucin de 1991 (Orjuela, 1993). Losresultados electorales recientes son un recono-cimiento a la persistencia en la afirmacin deunos derechos negados por las lites caucanas,afirmacin que tiene an ms mrito ya que seobtuvo por una va no violenta.

El tema de los derechos humanos fue uno delos que ms dinamiz a la sociedad civildurante los aos 80. La forma como las autori-dades polticas y militares han asumido estanueva problemtica desde la dcada del 70,cuando surgi como rea de controversiapblica, ha sido revelador de las concepcionesoficiales acerca de quines son los sujetos por-tadores de derechos, y quines no, y por lotanto, qu tipo de lmites tiene el Estado frentea uno u otro cuando llega el momento de apli-car la ley o usar la coercin. El tema ha estadorelacionado con el tratamiento estatal de laprotesta social, la oposicin y la rebelda pol-tica, y si stas se consideran amenazas a la

seguridad estatal y traiciones a la nacin.Dependiendo de dnde los diferentes sectoressociales construyan el lmite, las implicacionespara las relaciones entre autoridades y pobla-cin son definitivas.

Uno de los puntos lgidos en este campodurante los aos 80 fue el de si los derechoshumanos formaban parte de una agenda pbli-ca legtima, o eran slo un instrumento de lasubversin armada para desprestigiar a lasfuerzas militares. A pesar de que el tema hasido prioritario en la agenda internacionalsobre democratizacin desde los aos 80, ansigue siendo considerado sospechoso por sec-tores de la sociedad poltica, y con franco rece-

lo por el estamento militar. Para finales de1980 haba aproximadamente un centenar degrupos y comits de derechos humanos endiferentes regiones y municipios del pas,

quienes paulatinamente han ganado credibili-dad en todos los niveles, an en las esferasciviles del gobierno. Ante la gravedad de lasviolaciones y las presiones internacionales, elgobierno inaugur la Consejera presidenciapara los Derechos Humanos a finales de losaos 80, reconociendo el tema como uno delos prioritarios en la agenda pblica.

Esa movilizacin sectorial descrita da unaidea de la dimensin de la accin colectiva por recursos, reformas y garantas para el ejerciciode los derechos. Sin embargo, si no se tienenen cuenta los contextos regionales de negocia-cin con la guerrilla y de apertura democrti-ca, claves para una acertada apreciacin de esamovilizacin social, no se perciben los efectosintimidatorios sobre las lites locales. En larespuesta violenta de stas hay que considerar no slo la presencia de nuevos propietariosligados al narcotrfico, sino tambin la idea deproceso de paz y de apertura poltica que ten-an los altos mandos de la institucin militar. Laasociacin directa con la subversin armada deesas demandas por democratizacin, reformasy reconocimiento, sin reconocer la naturalezapoltica de la situacin, result ser fatal.

4. Fuerzas armadas,autonoma military democratizacin

L a transformacin estatal y la aperturapoltica iniciada a principios de ladcada del 80 coincidi con uno delos momentos ms lgidos de la Guerra Fra ycon la polarizacin surgida del conflicto cen-troamericano, hechos que enmarcaron lasoportunidades de democratizacin que ofre-cieron esos cambios en la disputa este-oeste,resaltando su dimensin ideolgica. Esto suce-di en detrimento de las peticiones por justiciasocial, reconocimiento poltico y reformas delos sectores movilizados armados y no arma-dos. En este contexto, las fuerzas militares co-lombianas, formadas y entrenadas en el marcode la Guerra Fra para combatir al enemigo

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interior, se convirtieron en un opositor formi-dable a los intentos de reconciliacin y deampliacin del sistema poltico iniciados por el presidente Belisario Betancur (1982/1986)

(Dvila, 1998; Leal, 1994a, 1994b).La tensin entre el ejecutivo y el estamentomilitar, situacin que ha llegado a veces a unevidente enfrentamiento entre presidencia yfuerzas armadas4, ha sido una constante hastahoy cuando de conversaciones de paz entreinsurgencia y gobierno se trata. Esa diferenciade apreciaciones entre estas dos agencias esta-tales han configurado un path dependency5que ha limitado los intentos de paz y reducidolas posibilidades de solucin poltica al con-flicto. Esa rivalidad abierta, y a veces soterra-da, por el manejo del orden pblico y la polti-ca frente a la rebelin armada ha durado cercade 17 aos, creando el contexto para el desa-rrollo de los grupos paramilitares y de autode-fensas. Esa tensin entre las fuerzas militares yla Presidencia, y la ambigedad resultante enla subordinacin/autonoma6 militar frente algobierno civil y sus polticas de paz ha sido labase para la confluencia a nivel regional de lossectores sociales y polticos descontentos conuna negociacin poltica con las guerrillas.

Ese conflicto por autonoma/subordinacinentre Presidencia y fuerzas armadas en parti-cular el ejrcito tuvo efectos inesperados enel nivel subnacional. La inconformidad militar por las polticas de paz del ejecutivo llev a laorganizacin armada a buscar apoyo de las li-tes regionales hostigadas por la extraccin derecursos de las guerrillas y acosadas por lamovilizacin social. Esto fue un hecho duran-te el inicio de las negociaciones entre gobiernoy guerrilla en la primera parte de los aos 80.

En efecto, la sensacin de traicin sentida por muchos generales y lites rurales por esasnegociaciones cre un espacio de confluenciapara estos dos sectores (Behar, 1985; Romero,1999).

Elites regionales y organizacin militar coincidieron en su oposicin a las polticas depaz durante el gobierno de Belisario Betancur,y desde entonces esa coincidencia ha sido defi-nitiva para los resultados de los intentos dereconciliacin que han pretendido ir ms allde la mera desmovilizacin y reinsercin delos guerrilleros, como se ha demostrado conlas FARC y el ELN. Esa concurrencia a nivelregional, sumada a la inversin de diferentes

narcotraficantes en la compra de predio ruralesy propiedades urbanas a todo lo largo y anchodel pas, evolucion hacia el fenmeno para-militar y de autodefensas del presente.

Esa alianza funcional entre lites regiona-les, sectores de las fuerzas armadas y narcotrafi-cantes en contra de las guerrillas, se fortalecian ms con las reformas de descentralizacinpoltica y administrativa iniciadas a mediadosde los aos 80. En efecto, el balance del poder poltico local se vio amenazado. Haba unaposibilidad real de que antiguos guerrilleros ocandidatos de los frentes electorales de laizquierda con aprobacin de la guerrilla UninPatritica, Frente Popular y A Luchar ganaranalcaldas y rompieran el monopolio local yregional de los partidos liberal y conservador,como resultado del proceso de paz, por un lado,y de la nueva estructura estatal que permita laeleccin de mandatarios locales, por el otro.

Esto puso al rojo vivo la disputa por el poder poltico y burocrtico local en 1988, 1990 y1992, aos de las tres primeras eleccioneslocales, en las regiones de influencia guerrille-ra. Esa competencia era un hecho sin prece-dentes en la historia colombiana, ya que hasta1988 los gobernadores nombraban a los alcal-des, luego de que aqullos eran designados por el presidente. Pensar que antiguos guerrilleros,sus voceros o los tradicionales dirigentes delos frentes electorales de izquierda, pasaran aser potenciales lderes polticos con capacidadde competir por el poder local, agudiz laintransigencia de muchos aos de rencores yodios acumulados por la guerra irregular.

Mientras se dio ese proceso de radicaliza-cin y alinderamiento a nivel regional, en elcual las fuerzas armadas encontraron apoyo y

respaldo, en el plano nacional ocurra lo con-trario. Ese mayor protagonismo de la institu-cin militar en el funcionamiento del rgimenpoltico desde mediados de los aos 70, laexpuso al escrutinio y crtica de la opininpblica nacional e internacional. As, desde elinicio de las negociaciones entre gobierno yguerrilla en 1982, esos intentos de ampliacindemocrtica y de respeto por derechos civilesy humanos fueron acompaados por un reno-vado inters de la academia, intelectuales, sec-tores de los dos partidos tradicionales, perio-distas y del pblico en general, por el manejodel orden y seguridad interna. Igualmente, sec-tores de la rama judicial y de la sociedad civil



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denunciaron las reiteradas violaciones de dere-chos humanos y atropellos en contra de oposi-tores polticos, activistas de izquierda, sindica-listas, defensores de los derechos humanos o

de la misma poblacin por parte de las fuerzasmilitares, lo que tambin condujo a investiga-ciones disciplinarias y penales.

La mayor injerencia de la Presidencia en lostemas militares y de defensa, lo mismo que ladiscusin pblica sobre la amplitud de la juris-diccin de la institucin militar, abrieron unespacio de debate sobre las competencias yprerrogativas otorgadas a las fuerzas armadaspor la legislacin de estado de sitio casi per-manente desde los aos 60. Esa discusin fueotra cara de la intensa presin democratizado-ra y de afirmacin de derechos civiles y huma-nos durante la dcada de los 80. Estos habansido negados en la prctica por la poltica deorden pblico que le dio un tratamiento militar a las demandas sociales y por ampliacin de lademocracia durante el rgimen del FrenteNacional (1958-1974) y su prolongacin for-mal e informal en aos posteriores.

Esos intentos del sector civil del estado por recuperar jurisdiccin sobre el orden pblico y ladefensa de los derechos del ciudadano, en des-

medro de la jurisdiccin militar, fueron conside-rados por los altos mandos como una reduccinde instrumentos para el control de la subversin,y tuvo como efecto inesperado el reforzamiento

de las alianzas antisubversivas regionales. Elsndrome de la procuradura se le llam entrelos militares al temor surgido por las posiblesconsecuencias legales de hacer cumplir la cons-titucin. En efecto, ha sido comn en el mediomilitar decir que estamos en Cundinamarca (de-partamento en el centro del pas del cual Bogotes la capital), y no en Dinamarca, para presionar por una legislacin de guerra que les devuelvalas facultades perdidas hace una dcada, lo que a juicio del alto mando les facilitara el control delorden pblico. La ausencia de una excepcionali-dad jurdica que ampare legalmente unas prcti-cas militares que desconozcan derechos indivi-duales y colectivos, ha sido la razn aducida por el ministerio de Defensa para explicar la inefi-ciencia militar frente a la guerrilla, e indirecta-mente, el crecimiento de una demanda por segu-ridad privada, o sea por los grupos paramilitares(El Tiempo, 18 de agosto de 1999).

Los cuadros que se presentan a continuacindejan ver importantes tendencias en la juris-diccin militar sobre diferentes reas de segu-

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Cuadro 1. Cambio en prerrogativas militares en Colombia, 1974-2000

Funcin 1974-1981 1982-1990 1991-1997 1998-2000Ejrcito/aos

Coordinacin Alta Alta Moderada Alta-moderadadel sector DefensaEn el sistema judicial Alta Alta-moderada Moderada ModeradaAutonoma potencialen disturbios y Alta Alta Alta-moderada Alta-moderadarebeliones internas

En la institucin Alta Alta Moderada Moderada-bajapolicialEn servicios de Alta Alta Alta-moderada Alta-moderadainteligenciaEn criterios para Alta Alta Alta-moderada ModeradapromocionesRecepcin de ayuday entrenamiento Moderada Moderada Baja AltaexternoControl sobre Industria militar Industria militar Industria militar Industria militar actividad econmica ligera, importacin ligera, importacin ligera, servicios de ligera, servicios de

y venta domstica de y venta domstica de seguridad, importacin seguridad, importacinarmas y municiones armas y municiones y venta domstica de y venta domstica dearmas y municiones armas y municiones

Fuente: Dvila, 1998; Garca-Pea, 1995; Leal, 1994a, 1994b; Reyes, 1990; Torres, 1986.


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ridad pblica, las cuales indican una conflicti-va desmilitarizacin de esos dominios en favor de un manejo civilista y democrtico7, el cualha sido enrgicamente resistido en las regionescon movilizacin social y presencia guerrille-ra. El juzgamiento de civiles por militares fueuna de las primeras prerrogativas que enfrentuna gran oposicin de la sociedad civil eimportantes grupos de la rama judicial en ladcada de los 80, hasta que finalmente fueincluida como prohibicin constitucional en1991. La reforma de la polica en 1993 le otor-g mayor independencia de las fuerzas milita-res, aunque aqulla an sigue siendo parte del

ministerio de Defensa. El titular de esta carte-ra es un civil nombrado por el presidente desdecomienzos de la dcada de los 90, cuandoantes era el oficial activo de mayor antigedad.Las promociones ya no son prerrogativa internade las fuerzas militares, sino son supervisadospor la Presidencia y bajo una mirada vigilantede la sociedad civil, ONGs internacionales yan del mismo gobierno de los Estados Uni-dos. Un rea sobre la cual se ha progresado,pero no lo suficiente, es la de los servicios deinteligencia, que an estn bajo fuerte influen-cia militar. La ausencia de discusin amplia yen el congreso sobre los temas de defensa yseguridad es an notable, y ms cuando el pre-supuesto para defensa lleg a 3,6% del PIB en1998, el ms alto de Amrica Latina (Semana-rio La Nota, # 39, junio de 1999).

Un tema sobre el cual existe muy poca infor-macin, dados los efectos sobre el comporta-miento de la institucin militar frente a la pobla-cin, es el de la ayuda y entrenamientointernacional, en este caso el de la asesora mili-tar de los Estados Unidos. Este punto es impor-tante porque la identidad y cohesin interna delas fuerzas armadas en Amrica Latina se cons-

tituyeron no slo en relacin con el contextointerno, sino con gran influencia de[ sistemainternacional, como se demostr durante elenfrentamiento este-oeste y la Guerra Fra.Una de las prerrogativas que ha generadoms polarizacin es la de la amplitud del fueromilitar, por el cual delitos cometidos por miem-bros de las fuerzas armadas son juzgados por tribunales militares. Este privilegio, invocandoel espritu de cuerpo, ha servido para proteger de sanciones administrativas y penales a miem-bros de las instituciones castrenses acusados deviolar la ley. Esa tensin entre el estamentomilitar, por un lado, y sectores de la rama judi-

cial y de la sociedad civil, por el otro, por la jurisdiccin para juzgar los delitos cometidospor miembros activos de las fuerzas militares,ha sido el terreno de una agria disputa desdefinales de los aos 70, en particular cuando lasacusaciones se refieren a violaciones de dere-chos humanos. Los controles que difcilmenteel sector judicial ha logrado imponer al ejerci-cio de la actividad militar desde los aos 80 hansido considerados por los altos mandos comoserios limitantes de su deber constitucional decontrolar el orden pblico, en especial en unperodo de confrontacin armada.

Esa tensin ha tenido importantes repercusio-nes operacionales dentro de las fuerzas armadas,y con frecuencia es aducida por el ejrcito comogeneradora de baja moral dentro de sus miem-bros, responsable de la poca efectividad paracombatir a la guerrilla a pesar de los crecientesrecursos, e indirectamente, propiciadora deldesarrollo de los grupos paramilitares. En el msreciente episodio por recuperar las funciones depolica judicial perdidas a finales de los aos 80,el ministro de Defensa Luis Fernando Ramrezpresent un paquete de reformas para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas militares.


Cuadro 2. Cambios institucionales en el sector defensa, 1974-2000

1974-1981 1982-1990 1991-1997 1998-2000Funcin del congreso Baja Baja Baja-moderada Moderadaen el sector DefensaNivel del ministro Oficial de mayor Oficial de mayor Civil nombrado Civil nombradode Defensa graduacin graduacin por el presidente por el presidenteMilitar activo Ministro de Ministro de Ninguno Ningunoen el gabinete Defensa Defensa

Fuente: Dvila, 1998; Garca-Pea, 1995; Leal, 1994a, 1994b; Reyes, 1990; Torres, 1986.


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La reforma contemplaba la ampliacin de la jurisdiccin militar en el rea de seguridadpblica. El ministro la justific indicando queen la medida en que fortalezcamos a las Fuer-

zas Militares y de Polica con ms herramientas jurdicas para actuar, menos violaciones de dere-chos humanos tendremos en Colombia. Ram-rez agreg que lo que ha ocurrido es todo locontrario, les quitamos herramientas, les quita-mos facultades, les quitamos autoridad, con loque llevamos a que los militares se crucen debrazos y entonces surja la justicia privada(ElTiempo, 18 de agosto de 1999).

Como era de esperarse, la propuesta delministro Ramrez fue recibida con enormeescepticismo por las ONGs de derechoshumanos, columnistas de la prensa y sectoresde oposicin en el parlamento, a pesar de lasaclaraciones de que las nuevas facultades ten-dran una supervisin estrecha de la Procura-dura y la Fiscala. Hay que sealar que duran-te el perodo 1991-1997, precisamente despusde la finalizacin de la Guerra Fra, la ayuda yasesora militar de los Estados Unidos a lasfuerzas militares estuvo en su nivel ms bajo,debido al rcord de violaciones de derechoshumanos de la institucin armada y a la impor-tancia de este tema en la agenda del gobiernodemcrata que reemplaz a la administracinReagan en 1992. Conviene recordar tambinque el inicio del perodo coincide con el nom-bramiento del primer civil como ministro dedefensa en 37 aos, y con una mayor injeren-cia de la Presidencia en materias de seguridad,financiamiento y organizacin de las fuerzasarmadas. Esto vino acompaado de un mejora-miento salarial y de seguridad social significa-tivo para la oficialidad, y un aumento impor-

tante en la partida militar, la cual lleg al 30%del presupuesto anual del gobierno central.Paradjicamente, estos aos especialmentehacia el final del perodo tambin coincidie-ron con una de las ms agudas crisis institu-cionales de las fuerzas militares de las ltimasdcadas, y precisamente, con el desarrollo yconsolidacin del paramilitarismo como orga-nizacin con cubrimiento nacional.

Frente a lo anterior, se podra concluir que laausencia de vnculo con un liderazgo interna-cional fuerte que les ofreciera motivaciones ide-olgicas, polticas y ticas para justificar unamisin dentro de la conflictiva y dividida confi-guracin nacional colombiana como lo fue en

su momento la Guerra Fra, y frente a la prdi-da de prerrogativas en favor de un poder civilque tampoco ofreca ese liderazgo, sectores sig-nificativos de las fuerzas armadas optaron por

continuar operando con la misma lgica de con-siderar a sectores de la poblacin como unenemigo interior, como lo haban hecho en elpasado, sin importar el cambio en la nuevaagenda internacional, sin explorar posibilidadesde reconciliacin, y ms grave an, sin poner atencin a las credenciales de los compaerosde ese viaje antisubversivo. Valdra la penareflexionar sobre la responsabilidad que le cabea las administraciones liberales en esa ausenciade liderazgo poltico. No en vano el perodo1986-1998, tiempo en el cual se desarroll yconsolid el paramilitarismo, la responsabilidadpresidencial recay en ese partido.

Si bien, parte del origen de esa autonomamilitar frente a la Presidencia puede ubicarseen la resistencia de las lites regionales a laspolticas de paz y en general a las interven-ciones del Estado central que conlleven res-ponsabilidades sociales o ciudadanas comoextincin del latifundio, respeto a derechos ylibertades laborales y civiles, pago de impues-tos sobre propiedad rural, etc. y al apoyo deeste sector a la poltica de mano dura favo-recida por algunos sectores en el ejrcito (Ver Romero, 1999), tambin hay que considerar los efectos de la bipolaridad internacional du-rante la Guerra Fra. El inicio de las conversa-ciones de paz en 1982 dan una imagen clara. Silas condiciones domsticas no favorecieron lainiciativa del presidente Betancur, an menoslo hizo la situacin internacional. La GuerraFra estaba en su momento ms alto en losaos 80. En Centroamrica, la administracin

Reagan apoy abiertamente a la oposicinarmada al rgimen sandinista, a la contra in-surgencia en El Salvador y Guatemala, y pro-tegi vehementemente su patio trasero en elCaribe. El presidente Reagan llam luchado-res por la libertad a la contra nicaragense,un trmino que le ofreci a los sectores msduros de los militares colombianos una justifi-cacin poltica y moral para sus llamados aque los propietarios asumieran su propiadefensa. Esos grupos dentro de las fuerzasarmadas necesitaban reivindicar su violenciaen contra de reformadores y radicales, y as responder a las acusaciones de violacin de losderechos humanos. Lewis Tambs, embajador

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norteamericano en Colombia en los primerosaos de los aos 80 contribuy a enmarcar alos rebeldes izquierdistas como criminalescomunes, acuando el trmino narcoguerri-

lla, el cual aluda al papel de los insurgentescomo mediadores entre traficantes de drogas ycampesinos cultivadores de coca.

Las negociaciones de paz de los aos 80indicaron la dificultad para crear una nuevacomunidad poltica y redefinir el sistema bipar-tidista. Las conversaciones de paz revelaron loinflexible de las identidades moldeadas duran-te el prolongado conflicto armado en el marcode la Guerra Fra. El caso de las fuerzas arma-das durante la dcada de los 80 revela cmo susidentidades se forjaron en relacin con losactores domsticos, y tambin en relacin conlos forneos. Las negociaciones indicaron quelas fuerzas armadas eran responsables no slofrente a actores domsticos, sino tambin fren-te a actores internacionales, en este caso elgobierno republicano de los Estados Unidos.La asimetra de las relaciones entre los EstadosUnidos y un pas como Colombia ensea queno slo la poltica internacional de un paspequeo est limitada, sino tambin su polticainterna: un proceso de reconciliacin nacionales a la vez domstico e internacional. Los obs-tculos para fortalecer el Estado nacionalcolombiano y sus instituciones a travs de laredefinicin de la comunidad poltica, revela-ron la profundidad en que los intereses, imge-nes y representaciones favorecidos por el Fren-te Nacional y la Guerra Fra estabanentretejidos en la cultura poltica colombiana.Que las fuerzas armadas, apoyadas por litesregionales y narcotraficantes convertidos enterratenientes confrontaran las polticas de paz

de la presidencia revela la intensidad del anta-gonismo. Pocos anticiparon la magnitud delproceso provocado por esa reaccin.

5. Aos 90: paramilitares,autodefensas

y reconocimiento poltico

De los grupos de sicarios iniciales alservicio de narcotraficantes demediados de los aos 80, a la orga-

nizacin contrainsurgente nacional del presen-

te, es mucho lo que esas agrupaciones hancambiado en relacin con los propsitos origi-nales, las alianzas que han establecido y la pro-teccin poltica obtenida. De ser guardianes de

las nuevas haciendas adquiridas por individuosasociados al trafico de droga, pasaron a coope-rar con las fuerzas de seguridad del ejrcitopara eliminar a civiles vinculados a los frenteselectorales de la izquierda o sospechosos deprestarle servicios a la subversin, y luego aformar parte de un proyecto ms amplio dereconstruccin del orden rural. Este, de acuer-do con las regiones en donde han logradodominar, se acerca a un sistema poltico cor-porativo, en algunos casos basado en la granpropiedad ganadera o agroindustrial.

Aunque el trmino usado para su denomina-cin ha sido un tema de debate8, en este estu-dio se consideran paramilitares a los gruposarmados organizados para realizar operacionesde limpieza poltica y consolidacin militar,previas al dominio territorial de un rea, mien-tras autodefensas se refiere a las agrupacionesorganizadas para defenderse de un agresor ymantener el control de un territorio, sin preten-siones de expansin. Es decir, la diferenciaest en el carcter agresivo o defensivo delgrupo. Si bien ese elemento analtico tuvorazn de ser para ayudar a diferenciar el origende algunos grupos de autodefensas que reac-cionaron frente a la extraccin de recursos y elautoritarismo de la guerrilla, puede ser enga-oso para apreciar la evolucin del conflicto, yms en situaciones tan fluidas como la colom-biana, en donde la polarizacin del enfrenta-miento ha tendido a que esas diferencias ini-ciales entre autodefensas y paramilitares sehayan reducido.

Actualmente, la Autodefensas Unidas deColombia, AUC, estn compuestas por seisgrupos9, de los cuales las Autodefensas Cam-pesinas de Crdoba y Urab, ACCU, es el sec-tor ms importante, el que ejerce el liderazgo,y adems, el nico que tiene presencia nacio-nal. El estado mayor de las AUC est com-puesto por un miembro de cada una de las seisautodefensas que la componen, aunque lasACCU tienen un representante adicional. Cadaautodefensa es autnoma en su financiamien-to, expansin o alianzas, siempre y cuando semantenga fiel a su prdica contrainsurgente. Sibien los orgenes regionales de los diferentesgrupos son muy diversos, se puede adelantar



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una hiptesis sobre la confluencia de cuatrofactores que hicieron posible su surgimiento:lites regionales dispuestas a apoyar poltica-mente y a financiar los aparatos paramilitares;

asesora, o por lo menos cooperacin, de sec-tores de las fuerzas militares; liderazgo de gru-pos o individuos vinculados al narcotrfico; ysuficiente presin poltica y militar de la gue-rrilla, o sus aliados, para mantener unidos a tanvariada clase de opositores.

En sus inicios, se pueden ubicar dos ncleosprincipales de donde surgieron y evoluciona-ron los grupos conocidos de hoy. Primero, laconformacin del grupo Muerte a Secuestra-dores, MAS, por narcotraficantes alrededor de1981 (Castro, 1996). El objetivo era eliminar aaquellos delincuentes comunes o guerrilleros,que habiendo observado las evidente muestrasde riquezas de este sector emergente decidie-ron extraerle recursos a travs de la extorsino el secuestro. El MAS naci ligado estrecha-mente con fuerzas de seguridad del ejrcito yla polica, lo que facilita entender la amplia-cin de los objetivos iniciales de la alianzahacia otros de mayor envergadura y cobertura,una vez los nuevos grupos emergentes conso-lidaron su poder econmico como importantespropietarios e inversionistas rurales y urbanos.El segundo ncleo se puede ubicar en laorganizacin, dotacin y entrenamiento degrupos de autodefensa por la XIV Brigada delejrcito en el Magdalena medio durante losprimero aos de la dcada del 80 (Medina,1990). Estos grupos armados conformados por finqueros y hacendados ricos, tuvieron comopropsito inicial protegerse de las FARC, peropasaron pronto bajo el control del cartel deMedelln, y luego se constituyeron en la base

de los sicarios que eliminaron candidatos acorporaciones pblicas o presidenciales de laUnin Patritica, la Alianza Democrtica M-19 (dos grupos de izquierda surgidos del pro-ceso de paz de la dcada del 80), jueces, perio-distas, sindicalistas, o todos aquellos que seenfrentaron al narcotrfico como Luis CarlosGaln, candidato presidencial del liberalismoy considerado seguro vencedor de las eleccio-nes para presidente de 1990.

Durante el perodo 1991-1992 hubo casi unao de cese de hostilidades, como resultado delas discusiones de la asamblea constituyente yla promulgacin de una nueva constitucin en1991, lo mismo que del abandono de las armas

por el Movimiento 19 de Abril, M-199; el Ejr-cito Popular de Liberacin, EPL; y el Movi-miento Quintn Lame (la Corriente de Renova-cin Socialista del Ejrcito de Liberacin

Nacional, ELN, lo hizo en 1993). Esto tuvo co-mo contraparte que en las regiones con in-fluencia de los grupos guerrilleros desmovili-zados, los paramilitares tambin iniciaran unproceso de desarme, al menos parcial. Un casosignificativo y con efectos a nivel nacional fueel del departamento de Crdoba y la vecinazona bananera de Urab. Aqu el EPL tena suprincipal zona de influencia, al igual que lafamilia Castao y su ejrcito privado, con suhermano mayor Fidel a la cabeza. La desmovi-lizacin del EPL y su conversin en un movi-miento legal Esperanza, Paz y Libertad fueseguida por el anuncio de Fidel Castao de ladistribucin de cerca de 16.000 hectreas de supropiedad a campesinos pobres o vctimas delenfrentamiento armado, y de la organizacinde FUNPAZCOR Fundacin para la Paz deCrdoba, encargada de brindar asesora tc-nica y financiera a ms de 2,500 familias favo-recidas.

A pesar de los acercamientos y ensayos parasuperar el conflicto que la apertura poltica ylos nuevos espacios institucionales de la cons-titucin de 1991 permitieron en Crdoba du-rante 1991-1992, la inercia de la guerra termi-n por imponerse de nuevo (Romero, 1999).Como los espacios geogrficos dejados por elEPL fueron ocupados por las organizacionesguerrilleras que no participaron en el procesode paz en especial por las FARC, esto lleva la reactivacin del aparato militar de la fami-lia Castao en 1993. Ahora bajo el nombre deAutodefensas Campesinas de Crdoba y Ura-

b, ACCU, el rearme y reorganizacin de estegrupo incluy un apoyo social y poltico msamplio y organizado, y una sofisticacin deldiscurso, acorde con su intencin de convertir-se en un aparato poltico-militar similar al delas guerrillas. Para 1995 el grupo ya haba rea-firmado su papel de fuerza contra insurgente,reemplazando paulatinamente a las fuerzas deseguridad del ejrcito, y montado una red decomunicacin radiotelefnica que slo en Cr-doba permiti a 950 fincas ganaderas de laregin estar en contacto permanente (RevistaSemana, # 669, 28 de febrero de 1995).Esta forma de informacin y comunicacininstalada en los territorios controlados por las

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ACCU, sirvi de modelo para las cooperativasde seguridad CONVIVIR propuestas por elministro de Defensa, Fernando Botero, con elentusiasta apoyo del ejrcito, durante la admi-

nistracin del presidente Ernesto Samper (1994-1998)10. Si bien se aclar que las CON-VIVIR eran ms que todo una red de inteli-gencia dirigida por civiles y en coordinacincon las fuerzas militares, para beneficio de loshabitantes de una regin determinada, existael riesgo de que se terminara autorizando le-galmente el funcionamiento de los grupos pa-ramilitares, ante la imposibilidad de las autori-dades centrales de vigilar el funcionamiento deesas asociaciones, el tipo de armamento queutilizaban y las labores que desempeaban.Como las crticas y las denuncias sobre coinci-dencias entre paramilitares y CONVIVIRaumentaron, la Corte Constitucional declarestas asociaciones opuestas a la ConstitucinPoltica y a la Ley (Revista Alternativa, # 16,diciembre de 1997).

Al mismo tiempo, este aparato militar surgi-do en Crdoba y Urab, impuls desde 1995,en su nueva etapa como ACCU, la agrupacinde las diferentes autodefensas y paramilitaresdel pas bajo una misma sigla y mando. CarlosCastao, hermano de Fidel y ahora comandan-te de las ACCU, logr conformar un frentepoltico-militar con proyeccin nacional en1997, denominado Autodefensas Unidas deColombia, AUC, el cual opera como una avan-zada militar anticomunista, en defensa de lapropiedad privada y la libre empresa, organi-zacin que ofrece su modelo de seguridad apropietarios de otras regiones del pas afecta-dos por la guerrilla. Definidos como unaorganizacin civil defensiva en armas11,

obligada a asumir su proteccin frente a laextraccin de recursos y amenaza contra lavida por parte de la subversin, justifican lalimpieza poltica por el abandono del Estadode sus funciones de seguridad frente a los pro-pietarios. A pesar del cambio operativo de lasACCU hacia formas de autoridad menos arbi-trarias en las zonas donde ha logrado consoli-dar su control, el carcter agresivo y expansi-vo de su actividad hace que las ACCU sigansiendo asociadas con el paramilitarismo,dimensin que sus jefes tienden a soslayar, enfavor de una imagen como la autodefensa, mspropicia para su proyecto de restauracin delorden rural.

Un rasgo que sorprendi de la nueva etapainiciada por las ACCU fue la pretensin deorganizacin poltico-militar, similar a la gue-rrilla, y la bsqueda de reconocimiento polti-

co. Si bien su objetivo no era enfrentar al Esta-do, sino suplir sus debilidades, ese girocorresponde a un cambio significativo en sucomposicin. Aunque parezca paradjico, lasACCU en su nueva etapa absorbi parte de loscombatientes y cuadros polticos del antiguoEPL y de otros organizaciones de izquierda,los cuales mantenan una honda confrontacincon las FARC desde los aos 70 en la regin,y en general haban iniciado una crtica encontra de los mtodos de la guerrilla en susrelaciones con las comunidades campesinas.As, para mediados de los aos 90 las ACCUeran una alianza aparentemente inslita, y nosin tensiones, entre negociantes y empresariosvinculados con el narcotrfico, ganaderos yagroexportadores, y exguerrilleros o antiguosmilitantes de la izquierda legal o revoluciona-ria, coalicin que se mantena unida dada ladimensin del objetivo comn por enfrentar.Si bien, no ha sido claro cul ha sido el papely la posicin de ese grupo venido desde laizquierda en la jerarqua de las ACCU, ademsde proveer mandos militares y experiencia detrabajo poltico y social con la poblacin civil.

Esa nueva composicin de las ACCU sereflej en cierta distancia, al menos en el dis-curso, frente al ejrcito, los partidos tradiciona-les y el mismo narcotrfico, y un fortaleci-miento de las solidaridades internas creadasalrededor de la consolidacin del aparato mili-tar y poltico. Otra caracterstica que aflor conla nueva composicin fue el inicio de progra-mas de produccin, educacin y promocin

comunitaria en las zonas de influencia de lasACCU, lo cual aument su base social, ya noslo con respaldo dentro de los propietariospudientes, sino entre grupos de menores ingre-sos beneficiados con los programas de promo-cin social. Los aos del gobierno Samper (1994-1998) se pueden considerar como unperodo de ajuste de esa inusual coalicin, en laque se pudieron observar dos lneas de accinindependientes, sin ser contradictorias. Unarelativa a la legalizacin de las CONVIVIR eimpulsada por el grupo de empresarios y gana-deros, y otra interesada en un reconocimientode las autodefensas como actor poltico legti-mo y liderada por los llamados ex guerrilleros.



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La misma presin del gobierno de los Esta-dos Unidos y de las organizaciones internacio-nales de derechos humanos sobre la adminis-tracin Samper para que reaccionara frente al

evidente crecimiento paramilitar, tambin tuvoefectos cohesionadores. El slido respaldosocial dentro de los propietarios logrado por las ACCU en Crdoba lo atestigua la carta que75 ganaderos enviaron al ministro de Defensaen enero de 1997, por la persecucin contraCarlos Castao y los anuncios pblicos ofre-ciendo 500 millones de pesos de recompensapor informaciones sobre su paradero. La cartadice, Castao nos quit el miedo y nos ense- a pelear contra nuestro enemigo(El Tiem-

po, 18 de enero de 1997), sealando la trans-formacin del comportamiento poltico de estegrupo social, el apoyo relativo a la autoridadcentral en esta regin del pas y la solidez delas lealtades locales y regionales, en contrapo-sicin con las nacionales, que han logrado lasACCU.

6. Ley, democratizaciny aparatos armados

A lo que no hace referencia la cartaes que para Castao el enemigofundamental ha sido la poblacin

civil. El mismo lo afirma:

en guerra, un civil desarmado es un trmi-no relativo. Dos tercios de la guerrilla sonmiembros desarmados que operan comopoblacin civil, y colaboran con la guerrilla(Castro, 1996).

Esta concepcin del conflicto ha convertidoen objetivo militar a cualquier individuo quelas autodefensas consideren sospechoso, locual no es difcil. Otro trmino acuado por esa manera peculiar de entender la crtica y eldisenso es el de parasubversivo, que puedeser cualquiera en desacuerdo con las ALIC ysus diferentes componentes. La romera deintelectuales, profesores universitarios, perio-distas o simple activistas de derechos humanoso sindicalistas exilados en el exterior o en unsilencio forzado por las acusaciones de para-subversivos ha venido creciendo desde 1998,y se suma a los dos millones de desplazados

por el conflicto en los ltimos seis aos y a lacrisis de violacin de derechos humanos evi-dente desde la dcada de los 80.

Lo que no deja de ser preocupante es la per-

sistente relacin entre sectores de las fuerzasarmadas y paramilitares observada en variasregiones del pas, lo mismo que algunas de lascoincidencias ideolgicas y operativas entreestos dos aparatos armados, los cuales quierenderrotar a la guerrilla de las FARC y el ELNsin establecer y mantener una posicin tica ymoral superior. Si bien las fuerzas militareshan sido uno de los sostenes del fragmentadorgimen bipartidista (bastante cuestionado, por 16 dems), tambin se han convertido en unobstculo institucional para la consolidacinde la democracia y una salida negociada alconflicto (Dvila, 1998). En efecto, los hechosms recientes tienen que ver con el retiro detres comandantes de brigada entre abril y agos-to de 1999, acusados de promocionar gruposparamilitares o permitir el ataque de stos apoblaciones desarmadas en dos de la zonasms lgidas de enfrentamiento con la guerrilla,con ms de un centenar de civiles asesinados.Se trata del general Rito Alejo del Ro, coman-dante de la XVII Brigada con sede en Urab,general Fernando Milln, comandante de la VBrigada con sede en Bucaramanga, y el gene-ral Alberto Bravo, sucesor del anterior en lamisma jurisdiccin. A pesar de los reiteradosanuncios de los altos mandos de que esa alian-za no es un poltica institucional, la peridicarepeticin de hechos similares hace pensar quedebe existir una tendencia al interior de lasfuerzas militares que mantiene viva esa rela-cin, y que de paso, desacredita a toda la insti-tucin al mostrar unos militares violando la

misma ley que dicen defender.Hay que reconocer tambin que parte de lascondiciones polticas para el sorprendenteavance de los grupos paramilitares en los lti-mos dos aos surgieron con el boicoteo electo-ral de la guerrilla, especialmente del ELN,durante las elecciones municipales de finalesde 1997. Esto fue claro en el sur del departa-mento de Bolvar, rea que forma parte delMagdalena medio, regin de un intenso con-flicto armado, desplazamiento y masacres enlos aos recientes. Ese saboteo impidi quecandidatos con gran aceptacin popular llega-ran a las alcaldas o enfrent a grupos impor-tantes de la poblacin con la guerrilla, como

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sucedi en Santa Rosa del Sur, Simit, y SanPablo todos en el sur de Bolvar, hasta haceunos aos considerados baluartes polticos dela guerrilla, municipios que hoy se oponen a

una zona de distensin para el ELN, similar ala de las FARC en el sur del pas. La guerrilladesconoci no slo decisiones sobre participa-cin electoral que comunidades enteras habantomado, sino tambin se enfrent con gruposde las lites tradicionales de esos municipios,hechos que aprovecharon los enemigos de laguerrilla para denunciar su autoritarismo y pre-sentar la llegada de los paramilitares como unaoportunidad para el ejercicio de la libertad. Unsentimiento similar tambin surgi luego delxodo campesino del sur de Bolvar haciaBarrancabermeja Magdalena medio a finalesde 1999, debido al frreo manejo que se le dioa la organizacin de los marchistas durante supermanencia en el casco urbano de Barran-cabermeja.

El caso del sur de Bolvar muestra que sibien las nuevas posibilidades de participacinofrecidas por la descentralizacin ha sacudidoa las organizaciones sociales del tutelaje bipar-tidista, permitiendo una mayor pluralidad yautonoma en su interior, tambin han permiti-do cuestionar las formas de ejercicio del poder por parte de la guerrilla. Sobre los errores yautoritarismo de sta, los paramilitares y susaliados han logrado crear un pblico que coin-cide con su propuesta o con puntos de ella, as no estn de acuerdo con el terror de sus mto-dos. Si bien el uso de la violencia en contra dela poblacin civil sospechosa de auxiliar a laguerrilla, usualmente la ms pobre, ha sido unarasgo de las operaciones paramilitares, no hayque olvidar que grupos polticos y sociales

concretos se han beneficiado de los efectos deese terror, creando una base poltica poderosa,que por silenciosa, no quiere decir que no estmaquinando en la sombra.

Adems de la tensin mencionada entre elejecutivo y las fuerzas militares por la defini-cin de las polticas de paz, hay que llamar laatencin sobre una nueva zona de conflictoentre militares y otra seccin del estado forta-lecida por la constitucin de 1991. Se trata delsector judicial, con la Fiscala a la cabeza, y deuna serie de instrumentos de defensa del ciu-dadano frente a abusos de autoridad por partede funcionarios estatales. A ese fortalecimien-to institucional corresponde tambin una

mayor conciencia de la nocin de derechos ydemandas democrticas de diferentes sectoressociales del pas, la cual se ha consolidadodesde inicios de los aos 90. Sin embargo, este

avance parece que no ha sido bien entendidopor grupos influyentes en la institucin militar,haciendo salvedad de la polica, cuerpo queinici una transformacin en 1993 y que estan en proceso. En efecto, tal vez la mayor queja del ejrcito en la actualidad se refiere alas posibilidades de que sus miembros seanjudicializados o acusados de violar los dere-chos humanos. Es lo que un comentarista deprensa cercano a la fuerza armada calificcomo el Estado contra el ejrcito(El Espec-tador, 16 de septiembre de 1999: columna dePlinio Mendoza), acusando a la Fiscala de unguerra jurdica en contra de la organizacinarmada.

En el fondo de esta nueva tensin, esta vezno con los intentos de paz de la Presidencia,sino con la aplicacin de la ley y defensa delciudadano por parte de la Fiscala, se encuen-tra tambin la concepcin del conflicto quean persiste en el ejrcito, o al menos dentrode sus aparatos de seguridad, y la caracteriza-cin como enemigo interior de todos los queno acepten sus postulados estratgicos. Estoest a tono con la idea de que la lucha demo-crtica y por reforma del rgimen, en un con-texto de enfrentamiento armado de baja inten-sidad como el colombiano, es una guerrasubterrnea. As lo expresa el general activoAdolfo Clavijo, quien considera que esa gue-rra se dirige y pelea desde los escritorios,desde los escenarios polticos y democrticosuniversales, desde nuestras propias institucio-nes polticas, econmicas, jurdicas, diplom-

ticas y sociales, es una guerra que se haenquistado en los medios de comunicacinmasiva para inclinar la balanza a favor de estainsurgencia terrorista(El Espectador, 30 deseptiembre de 1999: columna de Plinio Men-doza). En la amplitud e imprecisin de la ante-rior lnea de argumentacin se podra incluir casi cualquier actividad y hacerla aparecer como si favoreciera el terrorismo. Algo similar sucede con el incriminatorio concepto depara subversivos de las AUC.

Es conocido que las ACCU se han converti-do en los aos recientes en refugio de militaresempapelados, segn el uso coloquial, o acu-sados de violar los derechos humanos, segn



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afirma la Fiscala. El influjo reciente ha sidotal, que ha generado roces an en la mismacoalicin de los tres sectores que componenlas ACCU, en particular de parte del grupo

identificado como ex guerrilleros, quieneshan perdido terreno frente a los recin llega-dos. En mayo de 1999 Castao reconoci quetrece oficiales del ejrcito haban ingresado alas ACCU, no por violar la ley, sino comoresultado de la desmoralizacin en el ejrci-to. El jefe de escolta del mismo Castao es uncapitn desertor del ejrcito. Es que a uno loquieren empapelar a toda hora, se queja el ex-capitn, al tiempo que rechaza los controles delas autoridades civiles. Este ex-oficial del ejr-cito fue alumno de las Escuela de las Amri-cas, ubicada en Fort Benning, Georgia, famo-sa por los cursos de contrainsurgencia y por elrcord de violaciones de derechos humanos desus graduados(El Espectador, 18 de mayo de1999: entrevista a Carlos Castao), de acuerdocon sus opositores en los Estados Unidos.Adems, el nuevo frente de las ALIC en elValle del Cauca est compuesto por militaresretirados, segn sus mismos anuncios12. Igual-mente, de 388 miembros de las fuerzas milita-res dados de baja, entre otras razones por vio-laciones de derechos humanos a finales delao 2000, aproximadamente 50 fueron recluta-dos por Castao(El Espectador, 21 de octubrede 2000). Es decir, existen oficiales, o sepodra pensar un sector amplio dentro de lasfuerzas militares y del cuerpo de sus miembrosretirados, quienes piensan que la institucinarmada debera estar por encima de la ley,como fuero especial de su actividad. O msan, un sector para el cual el fin justificaracualquier medio.

7. Conclusiones

E l presente trabajo ha mostrado elparamilitarismo y las autodefensasen un marco analtico distinto a los

usualmente usados para aproximarse al tema.Ese marco es el de la modernizacin polticainiciada en 1982 con las negociaciones de pazentre gobierno y las guerrillas izquierdistas, laapertura poltica, y luego con la descentraliza-cin y la primera eleccin de alcaldes en 1987.El nfasis en los efectos del paramilitarismo

sobre las posibilidades de democratizacin ini-ciadas en 1982, quiere llamar la atencin sobrela extraordinaria movilizacin social por dere-chos y democracia impulsada por una impre-

sionante variedad de actores regionales, secto-riales y nacionales desde finales de los aos70. La atencin casi exclusiva dirigida a lasguerrillas y las reacciones en su contra hanopacado esas demandas por justicia y recono-cimiento, en favor de una perspectiva endonde los actores armados han sido casi losprotagonistas exclusivos, y por lo tanto, alre-dedor de los cuales se han centrado las nego-ciaciones de paz. Al aproximarse al surgimien-to de aparatos armados no estatales deorientacin poltica opuesta a la de las guerri-llas, en un contexto de transformacin estatal ycambio en los equilibrios polticos, el textobusca ubicar a los paramilitares como parte deuna confluencia ms amplia de oposicin acualquier reforma que redistribuya, como con-secuencia de una negociacin exitosa con losinsurgentes, el poder y la riqueza en el sector rural. El artculo no afirma que esa confluenciahaya sido el resultado de un proyecto definidode antemano por una cpula opuesta a lasnegociaciones de paz y las posibles reformas,sino ms bien la consecuencia de diferentesprocesos que fueron confluyendo en su desa-rrollo hacia un mismo propsito: detener acualquier precio las redefiniciones de poder yriqueza que traeran una incorporacin exitosade la guerrilla a los sistemas polticos regiona-les en donde tiene o tuvo influencia.

El texto seala dos perodos bien definidosen el origen y desarrollo del paramilitarismo:el primero, de surgimiento disperso y sin arti-culacin entre los diferentes grupos, antes de

la constitucin de 1991, la cual fue en parteresultado de esa gran presin democratizadora,frente a la cual los afectados reaccionaron deforma violenta, pero dispersa. El segundo, dearticulacin y expansin, despus de 1992,cuando el fracaso de las negociaciones con lasFARC, el mayor grupo guerrillero, llev a unagudizamiento del conflicto armado. Para estesegundo perodo ya hay establecidas etapas enla forma de conquista de territorios por partede los paramilitares: un primer momento deincursin militar, masacres y ablandamientode los posibles apoyos civiles y sociales de laguerrilla, con el fin de aislarla y cortarle cual-quier nexo con la poblacin. Un segundo

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momento de consolidacin, repoblamiento einiciativas econmicas con el apoyo de liteslocales desafectas de los insurgentes, y una ter-cera etapa de legitimacin del nuevo orden a

partir de inversiones estatales y privadas(CINEP-Justicia y Paz, 1997). Estos tres pasoses lo que los paras llaman recuperar terri-torios para la institucionalidad, que no signi-fica sino el ms crudo frentenacionalismo ensus peores momentos de los aos 60 y 70, y sureducida agenda pblica de seguridad y orden.Ha sido como devolverse 40 aos en la lenta yconflictiva modernizacin poltica del pas,pero ahora con una corrupcin rampante y gru-pos armados defendiendo intereses de liteslocales.

La llave maestra que desencaden las dife-rentes dinmicas para la confluencia mencio-nada han sido los intentos de modernizacinpoltica impulsados desde la Presidencia a tra-vs de las negociaciones de paz, las cuales, junto con la apertura poltica y descentraliza-cin, abrieron oportunidades para la accincolectiva a los diferentes actores regionales,pero en particular a aquellos en busca de justi-cia social y reconocimiento. Para entender elesquema analtico propuesto es importantetener presente la interaccin permanente entrelo regional, lo nacional y lo internacional, ycmo los actores locales respondieron a aper-turas o cierres en las posibilidades de accin,efecto de polticas nacionales reformistas o demano dura, y de la influencia de los contex-tos internacionales en los mbitos de accinlocal. Esa tensin entre la Presidencia y la ins-titucin militar en lo relativo a la poltica depaz, y la confluencia entre lites regionales ylos sectores ms recalcitrantes de las fuerzas

armadas en la oposicin a las negociaciones,crearon el espacio para el surgimiento de losgrupos paramilitares, y sin buscarlo, el fortale-cimiento de sus promotores iniciales: los nar-cotraficantes. De esto se podra concluir que laexpansin del narcotrfico es un resultado delfracaso de la negociaciones de paz, y no alcontrario, que su crecimiento ha alimentado laagudizacin del conflicto armado. El orden dela secuencia es clave, porque de la primera sededucira que un proceso de paz exitoso lleva-ra a una solucin para la erradicacin de loscultivos ilcitos y el trfico de estupefacientes,mientras que de la segunda se inferira queescalando una solucin militar se acabara con

el narcotrfico, y as se conseguira la paz atravs de la asfixia econmica de la guerrilla ysu debilitamiento militar, pero con poco o nin-gn espacio para reformas polticas.

El trabajo identifica tres actores claves enesa reaccin en contra de la modernizacinpoltica: el narcotrfico, las lites econmicasy polticas locales, en su mayora cercanas alpartido liberal, y sectores de las fuerzas arma-das. De los tres actores mencionados, el anli-sis le da al papel de las fuerzas armadas y suconcepcin del conflicto armado un mayor peso explicativo en la trayectoria que ha toma-do una posible democratizacin y la visibledisolucin estatal de la ltima dcada enColombia. Con todo, el trabajo tambin hatenido en cuenta la ausencia explcita de unliderazgo civilista en los sectores polticos, enparticular en el partido liberal, grupo que tuvolas riendas del poder nacional, con mayorasparlamentarias, entre 1986 y 1998. Las estrate-gias apegadas a concepciones de la GuerraFra para resolver la confrontacin armada,bien sean por accin o por omisin, han con-vertido a la poblacin civil en el principalblanco, y dentro de sta, a los agentes indivi-duales y colectivos que pueden o hubieranpodido impulsar un mayor e indispensable cambio democrtico en Colombia. Pretender romper los lazos entre la subversin y lapoblacin por medio del terror y el asesinato,sin un proceso poltico y reformista de por medio, que muestre las bondades del cambiopor vas no violentas, es adoptar tcticas degenocidio, como en efecto Castao lo acepta.El jefe de las AUC, a nombre de la libertad,puede haber aislado territorios de la violenciaguerrillera, pero a costa de las posibilidades de

democratizacin y sembrando el miedo. Lasvctimas de los militares golpistas del ConoSur en los aos 70 conocen bien el argumento.Y los resultados tambin.

NOTAS1 Ver informe del Procurador General de la Nacin,

Carlos Jimnez Gmez, febrero 19 de 1983; y el reportesobre paramilitarismo elaborado por el DepartamentoAdministrativo de Seguridad (DAS), bajo la direccindel General de la polica Miguel Maza Mrquez. Parte de

ste fue publicado por la revistaSemana como El dos-sier paramilitar, abril 11-17 de 1989.2 Ver el debate parlamentario de agosto de 1987, en el

que el ministro de Defensa, general Rafael Samudio y el



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ministro de Justicia, Juan Manuel Arias, justificaron yapoyaron los grupos de autodefensa campesina. El Tiem-

po, agosto 28 de 1987.3 Ver discurso de Fernando Botero, primer ministro

de Defensa del gobierno liberal del presidente Ernesto

Samper (1994-1998), en el congreso ganadero de octu-bre de 1994. Tambin hay que recordar que el trminoautodefensa fue el usado en el informe sobre los gruposde justicia privada del entonces ministro de Gobiernoliberal, Csar Gaviria, en 1987.

4 El episodio ms reciente de esa tensin fue larenuncia del ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, enmayo de 1999, debido a desacuerdos con la decisin dela Presidencia de prolongar la zona de despeje para lasFARC. Esto sucedi pocas semanas despus de que laPresidencia pidi el retiro de dos generales acusados depromover grupos paramilitares, decisin controvertidadentro del estamento militar. En solidaridad con elministro renunciante, la plana mayor de las fuerzas arma-

das amenazaron con renunciar: 17 generales, encabeza-dos por el comandante del ejrcito, y ms de 100 coro-neles y mayores, adems de otros oficiales ysuboficiales. Tambin se rumor sobre amenazas deposibles deslizamientos de oficiales y soldados bajo sumando, hacia los grupos paramilitares y de autodefensa(ver el semanarioCambio # 311, mayo 31-junio 7 de1999).

5 Esta expresin se refiere a la trayectoria seguida por un fenmeno social, en la cual las decisiones de losimplicados, o los resultados previos, van delineando uncamino o reduciendo las posibles alternativas disponi-bles para los sujetos individuales o colectivos involu-crados. De esta forma, la evolucin de un fenmenodeterminado se limita a las variaciones dentro de unosparmetros ya previsibles. Las negociaciones de paz ini-ciadas en Colombia en 1982 son un buen ejemplo. Cadagobierno ha iniciado conversaciones con la guerrilladesde entonces, siguiendo un libreto similar: un primer ao de grandes expectativas, seguido de acusaciones delas Fuerzas Armadas poniendo en duda la buena fe de laguerrilla, luego se pasa a acusaciones mutuas sobreincumplimiento de lo pactado, y finalmente estanca-miento del proceso. Al menos esta ha sido la trayectoriacon las FARC. El intento de negociacin del presidentePastrana es el quinto desde 1982.

6 Esta polaridad no significa que un extremo excluyaal otro. Ms bien, hace referencia a un continuo a lo largodel cual hay movimiento permanente, unas veces mscerca de un extremo que del otro, dependiendo de lascondiciones que la afecten. As, no hay situaciones deabsoluta autonoma o absoluta subordinacin, sino dife-rentes combinaciones.

7 Se diferencia civilista de civil, porque hay civilescon una concepcin ms militarista de la solucin de losproblemas sociales y polticos que los mismos militares.De igual forma, hay militares ms civilistas que los mis-mos civiles.

8 El ejrcito considera que en sentido estricto los para-militares son las guerrillas, mientras que stas denominanparamilitares a las fuerzas de contrainsurgencia y encu-

biertas del ejrcito. A su vez, los grupos que los medios decomunicacin y los acadmicos consideran como parami-litares, rechazan este apelativo y se llaman as mismosautodefensas, mientras que stos reservan la palabra para-militar para las fuerzas de seguridad del ejrcito.

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Adems de las ACCU estn las Autodefensas Cam-pesinas de los Llanos Orientales, Autodefensas Campe-sinas de Cundinamarca, Autodefensas Campesinas deCasanare, Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar, y Autodefensas Campesinas del MagdalenaMedio. Recientemente se cre un frente nuevo en elValle del Cauca, pero no est claro an si es una avanza-da de las ACCU o tiene estructura y base regional aut-noma. De acuerdo con volantes repartidos en Cali, estefrente est compuesto por militares retirados de las fuer-zas militares.

10 El ministro Botero fue uno de los primeros funcio-narios de alto rango en renunciar al ser acusado, y luegocondenado, por recibir cerca de 6 millones de dlares delcartel de Cali para financiar la campaa que concluycon la victoria presidencial del candidato liberal ErnestoSamper (1994-1998).

11 Documento de las Autodefensas Unidas de Colom-bia, AUC, en las que se declaran movimiento poltico-militar, julio de 1997.

12 Ver nota 10.

BIBLIOGRAFA

ROMERO, M. (1995): Transformacin Rural, ViolenciaPoltica y Narcotrfico en Crdoba, 1953-1991.Controversia 167 : 96-121; Bogot: CINEP. (1999): Elites Regionales, Identidades y Paramilita-res en el Sin. En De las armas a la poltica:

Democratizacion Politica Reforma Paramilitar

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