REVISTA DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y...

REVISTA DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANOUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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ISSN: 2007-3100Año 3, Num. 1, mayo - octubre de 2013.

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Desarrollo social

Desarrollo urbano

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en gestión de políticassociales

Dimensiones conceptuales de sustentabilidad para la cons-trucción de una agenda pública y la reconceptualización deltrabajo social

Perspectivas y tendencias del ejido en conurbación del municipiode Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

Análisis de los espacios públicos en el polígono Edison y revisiónde la legislación actual

Elementos y sus relaciones del proceso de urbanización popular

Familia

Educación

Características de la familia en Nuevo León

La respuesta familiar al adulto mayor en torno a susnecesidades de apoyo

Desarrollo humano en el adulto mayor

Desarrollo de un cuestionario para evaluar las actitudes ypercepciones de docentes de educación secundaria en relacióncon las actividades experimentales

DOCTORADO EN FILOSOFÍA CON ORIENTACIÓNEN TRABAJO SOCIAL Y POLÍTICAS COMPARADAS

DE BIENESTAR SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Registro : 1 de Marzo al 15 de Noviembre de 2013

Inicio del Programa: Agosto de 2014

Inicio del Semestre Cero: 13 de Enero de 2014

Más información en: http://ftsydh.uanl.mx/

Búscanos en posgrado.ftsydh

Subdirección de Estudios de Posgrado, Edificio BCiudad Universitaria, San Nicolás de Los Garza N.L.

C.P. 66450, email: [email protected]. (81)83521309, (81)83769177 ext. 103, Fax: Ext. 129

(81)83294000 ext. 7664

Programa reconocido por el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad(PNPC)delCONACYT.Becas de Colegiaturas y Manutención para estudiantes nacionales yextranjeros.Posibilidades de estancias académicas en otras universidades

INFORMES

Coordinadora del Departamento deEducación Continua, Facultad de Trabajo

Social y Desarrollo Humano, U.A.N.L.Telefono: 83-52-13-09 ext. 209 y 226,

Correo electrónico: [email protected]/ [email protected]

M.C. Karina Sánchez Moreno

CURSOS DE JULIO 2013Trabajo Social y los Métodos Alternos para la Solución

de Conflictos.

Intervención del Trabajo Social en las empresas.

Diplomado en Reingeniería Social.

Sistematización y Evaluación de Proyectos Sociales.Mejorando la Práctica.

Metodología de la investigación social enfocada a laelaboración de ensayos académicos y técnicas de

recopilación documental.

Trabajo Social en el área de salud mental.

Planeación de Recursos Humanos.

Coaching para la vida.

Construyendo mi propia persona.

Comunicación y Manejo de Sentimientos.

Importancia de los cuidados para los que cuidan.

M.M.A. Mariano Nùñez González, M.M.A. Paulo CuéllarMartínez, 40 hrs.

Lic. Jorge García, M.M.A. Paulo Cuéllar Martínez, 20 hrs.

M.T.S. Paula Cecilia Vera Villarreal, L.A.E. Lorena AídaMtz.Derbez, 90 hrs.

Dra. Verónica Martinez, 20 hrs.

Dra. Blanca Mirthala Tamez Valdez, 45 hrs.


M.T.S. Fabiola Martínez Moreno, 35 hrs.

Martina del Carmen Bernal Correa, 16 hrs.

M.C. Oscar Juan Villarreal Solis , 28 hrs.

M.C. Oscar Juan Villarreal Solis , 28 hrs.

M.E.E.I. Silvia Navarro Pizarro, 20 hrs.

CURSOS DE MAYO 2013

CURSOS DE JUNIO 2013

Métodos alternativos para la intervención en el áreainfantil.

La importancia de la escucha activa en esta era de latecnología.

Cómo me fortalece el Desarrollo Humano.

Trabajo Social y Familias.

Salud mental en cuidadores de adultos mayores.

Mtro. Ernesto Garza Flores, 36 hrs.

Dra.ω Laura Castillo De León, 30 hrs.

Dra. María Concepción Arroyo Rueda, 20 hrs.

Dra.ω Laura Castillo De León, 50 hrs.

M.D.H Consuelo Flores, 92 hrs.

M.D.H Consuelo Flores, 92 hrs.






Diplomado en Desarrollo Humano I.

Diplomado en Desarrollo Humano II.

Metodología de la Investigación Social.

El Suicidio en la familia. Elementos de riesgo y deprotección.

Fundamentos Básicos de la Metodología Cualitativade Investigación Social.

Metodología de la Investigación Social aplicada alTrabajo Social.

Tallereando mi ser a través del cuento.

Desarrollo personal con enfoque de Psicología Gestalt.

Vivir en el presente.

Los equipos de la vida.

Centro holístico tu ser: Desarrollo Integral para tu ser.

Crecimiento Personal y Desarrollo de la Inteligencia

Espiritual.

Herramientas para el Trabajo Comunitario.

Investigación Social Cualitativa.

Herramientas teóricas y metodológicas para la

elaboración de proyectos sociales con enfoque

sustentable.

Diplomado en Experiencias y estrategias para superar

la deserción escolar en el sistema educativo mexicano.

MEE Lic. María Isabel Odette Bladinieres Cámara, 36 hrs.

Lic. Patricia Esquivel, 45 hrs.

M.A.E.T. Jaime Atahualpa Irigoyen González, 28 hrs.

M.A.E.T. Jaime Atahualpa Irigoyen González, 28 hrs.

Celina Garza Livas, 28 hrs.

Celina Garza Livas, 10 hrs.

Lic. Adriana Cuellar, 32 hrs.

M.C. Jaime Gauna Santamaría, 36 hrs.

M.C. Jaime Gauna Santamaría, 37 hrs.

Dr. Carlos Martínez Padilla, 90 hrs.

CURSOS DE SEPTIEMBRE 2013

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CON

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IDO

Consejo editorial

Presentación

Desarrollo social: Sociedad civil y Estado

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en ges ón de polí cas socialesSilvia Rivero

Desarrollo social: Problemá ca hídrica y Trabajo Social

Dimensiones conceptuales de sustentabilidad para la construcción de una agenda pública y la reconceptualización del trabajo socialCruz García Lirios Javier Carreón Guillén Jorge Hernández ValdésMiguel Bau sta Miranda Agus n Méndez Mar nez

Desarrollo urbano: Estudios de caso

Perspec vas y tendencias del ejido en conurbación del municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, MéxicoPedro Carlos Estrada Bellmann María Cecilia Montemayor Marín

Análisis de los espacios públicos en el polígono Edison y revisión de la legislación actual Rafael Alejandro Tavares Mar nezEduardo Sousa González

Desarrollo urbano: Acercamiento teórico:

Elementos y sus relaciones del proceso de urbanización popular José Ricardo González Alcalá

revista realidades 16x21_2013_1.indd 1revista realidades 16x21_2013_1.indd 1 22/05/2013 12:59:35 p.m.22/05/2013 12:59:35 p.m.

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CON

TEN

IDO

Familia: Estudio de caso

Caracterís cas de la familia en Nuevo León Manuel Ribeiro Ferreira

Familia: Adulto mayor La respuesta familiar al adulto mayor en torno a sus necesidades de apoyoBlanca Mirthala Tamez Valdez Manuel Ribeiro Ferreira

Desarrollo humano en el adulto mayorJorge Ramírez ChávezRocío Isabel Ramos Jaubert Julio César Alvarado Cortés

Educación

Desarrollo de un cues onario para evaluar las ac tudes y percepciones de docentes de educación secundaria en relación con las ac vidades experimentalesMaría Teresa Guerra Ramos José Baltazar García Horta Dulce María López Valen n

Criterios editoriales


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CON

SEJO

EDI

TORI

ALUniversidad Autónoma de Nuevo León

Dr. Jesús Ancer RodríguezRector

Ing. Rogelio G. Garza RiveraSecretario General

Dr. Juan Manuel Alcocer GonzálezSecretario Académico

Lic. Rogelio Villarreal ElizondoSecretario de Extensión y Cultura

Dr. Celso José Garza AcuñaDirector de Publicaciones

Mtra. María Teresa Obregón MoralesDirectora de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano

Dr. José Ricardo González AlcaláEditor Responsable

Dr. José Baltasar García HortaCoordinador del Consejo Editorial

Mtro. Adolfo José Aldrete ValenciaImpresión y distribución

Dr. Héctor Mendoza CárdenasDifusión electrónica

Dr. Adolfo Benito Narváez Tijerina; Dra. Aurea Carneiro; Dr. David de Jesús Reyes, Dr. Hector Luis Díaz; Dr. José Baltasar García Horta; Dr. José Ricardo González Alcalá; Dra. María Antonieta Urquieta A.; Mtra. María Eugenia Lobo Hinojosa; Dra. Martha Le cia Cabello Garza; Mtro. Osvaldo Agus n Marcón. Consejo Editorial 2013

Dra. Blanca Mirthala Tamez Valdez; Dr. Carlos Mar nez Padilla; Dra. Dulce María López Valen n; Dr. Héctor Mendoza Cárdenas; Mtra. Hortencia Margarita Sánchez Guerrero; Mtra. Laura González García. Comité Cien fi co 2013

Claudio TamezDiseño

Realidades Revista de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano Universidad Autónoma de Nuevo León, Año 3, Nº 1, mayo-octubre 2013. Es una publicación semestral, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Domicilio de la publicación: Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Avenida Universidad s/n, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66451. Teléfonos y Fax: + 52 81 83521309. + 52 81 83529511. +52 81 83769177. Editor Responsable: Dr. José Ricardo González Alcalá. Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04 – 2011 – 101411253100 – 102. ISSN 2007 - 3100 ambos otorgados por el Ins tuto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Titulo y Contenido No. 15436 otorgado por la Comisión Califi cadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Registro de marca ante el Ins tuto Mexicano de la Propiedad Industrial: 1304916. Impresa por: ICNSA, S.A. de C.V. Escobedo No. 340 Norte, Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, México. Fecha de terminación de impresión: 15 de Mayo de 2013, Tiraje: 500 ejem-plares. Distribuido por: Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Avenida Universidad s/n, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66451.Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente refl ejan la postura del editor de la publicación.Prohibida su reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autori-zación del Editor.

Impreso en MéxicoTodos los derechos reservados© Copyright [email protected]


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Presentación

S aludamos a nuestros lectores ofreciéndoles, en este número, nueve trabajos dedicados al estudio de cuatro diferentes temas y proble-má cas: desarrollo social, desarrollo urbano, familia y educación.

Dos aportaciones al tema de desarrollo social integran la primera parte de la presente edición: sociedad civil y Estado y problemá ca hídrica y Trabajo Social El desarrollo social se ve impactado por la intervención de las Organi-zaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la relación que éstas establecen con el Estado para la ges ón de polí cas sociales. En nuestro primer ar culo, este asunto es analizado, para el caso del Uruguay, a par r del examen de la defi nición de ‘Tercer Sector’, considerando la heterogeneidad de las OSC en ese país, y a la luz de los problemas y desa os que tal sector enfrenta, dadas las formas adoptadas en los acuerdos de polí ca social alcanzados por aquél con el Estado. La segunda contribución sustenta la necesidad de una reconceptualiza-ción de las polí cas públicas, las agendas ambientales, la opinión pública y el Trabajo Social, a la luz de las situaciones hídricas problemá cas actuales como la morbilidad y muerte resultado del desabasto del vital líquido a la población, a fi n de orientar la refl exión y acción de los profesionistas del Trabajo Social en un futuro próximo. Dos estudios de caso y un acercamiento teórico se dedican al tema del desarrollo urbano. El primero centra su atención en las tendencias de urbanización del ejido, surgidas en México desde empo atrás y vigorosas todavía hoy, mostrando el caso par cular del municipio de Ciudad Victoria, Tamauli-pas; este trabajo destaca algunos factores par culares del fenómeno —el estancamiento y baja rentabilidad del campo, por ejemplo—, y subraya los impactos de tal urbanización a nivel regional, local y municipal.


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El segundo estudio aborda la problemá ca planteada por los espacios públicos en el polígono Edison, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León; el análisis se enfoca al papel jugado por la comunidad, la ciudadanía y la legislación como elementos clave de la dinámica de dicho espacio, y propone mejorar el cuidado y aprovechamiento de los espacios urba-nos y áreas verdes mediante regulaciones legales apropiadas. El tercer trabajo en el tema del desarrollo urbano es una propuesta teórica que pone su atención en los elementos caracterís cos del pro-ceso de urbanización popular que la literatura ha venido develando a través del empo; los iden fi ca y relaciona, construyendo una serie de proposiciones —relaciones antecedente-consecuente—, unidas las cuales sugieren la existencia de procesos sistemá cos. La familia es objeto de estudio en tres de los ar culos del presente volumen: un estudio de caso y dos estudios sobre el adulto mayor. El primero resume las caracterís cas de la familia y su dinámica en el estado de Nuevo León, aportando así elementos que faciliten el diag-nós co social sobre tal grupo primario, lo cual permi rá, en esta en dad federa va, establecer polí cas sociales que ubiquen al mismo como eje, mo vo y fundamento de las acciones públicas de carácter social. El segundo acercamiento a la familia plantea las consecuencias socia-les del incremento experimentado en México por la población de adultos mayores y por la esperanza de vida de los miembros de dicho grupo eta-rio; analiza las nuevas y mayores necesidades de apoyo al desarrollo hu-mano del adulto mayor, lo cual representa nuevos retos para la sociedad en general, para la familia y la polí ca social. Un tercer ar culo sobre familia señala, por una parte, los actos, situa-ciones y formas de violencia generados debido a la dependencia a la que muchos adultos mayores suelen estar sujetos, y, por otra, es pula que la familia es un negocio de inversión de capital variable con retorno, es decir, los hijos son vistos por sus padres como una inversión que será retribuida cuando los padres lleguen a la vejez. La úl ma parte de este número con ene un ar culo sobre el tema de la educación. En el mismo se describe con detalle cada uno de los pasos seguidos para la formulación de un cues onario de autorreporte con miras a ser contestado por maestros de educación secundaria que imparten a sus


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alumnos ac vidades experimentales; se pretende explorar: propósitos cogni vos y afec vos de los maestros; ac tudes posi vas y nega vas de los mismos; percepciones de involucramiento y control; y su experiencia subje va. Mediante estudios piloto y refi namientos posteriores, se de-mostró la validez y confi abilidad de dicho instrumento para iden fi car tendencias grupales e individuales sobre: disposición y ac tudes benevo-lentes, rechazo por parte de algunos, falta de confi anza y percepción de control. Esperamos que los trabajos aquí presentados sean de interés para to-dos nuestros lectores, y que la consulta de los mismos promueva el deba-te, mo ve la refl exión y estudio de los temas puestos en la mesa e impulse inicia vas editoriales que alimenten el conocimiento y el acervo cien fi co. Aprovechamos un breve espacio de esta presentación para destacar el carácter colec vo del presente esfuerzo editorial. En él par cipan, prime-ramente, nuestros ar culistas, quienes con sus contribuciones dan vida, sen do y estructura a la revista. Nuestros lectores, igualmente, mo van y promueven la ac vidad difusora de los contenidos cien fi cos y acerca-mientos metodológicos de mayor interés en los momentos actuales. La ins tución universitaria —Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)-Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano (FTSyDH)— a cuyo pa-trocinio se debe la vigencia periódica de cada una de las ediciones, juega un rol preponderante. Los miembros del consejo editorial y del comité cien fi co —quienes generosamente realizan labores de revisión, dictami-nación y seguimiento de los ar culos que les son turnados para su exa-men— merecen un justo reconocimiento, pues su intervención agrega a este proyecto un valor cien fi co inigualable y de gran benefi cio para la comunidad académica. Quienes tenemos la responsabilidad ins tucional —legal y ejecu va— de la revista, descansamos en el trabajo arduo y co -diano de todos y cada uno de los par cipantes mencionados, y es así que podemos cumplir con la parte que nos toca en esta empresa. Como en anteriores ediciones, el equipo editorial de REALIDADES pone a las órdenes de todos los académicos interesados en la publicación de sus trabajos las páginas de la revista, las cuales quedan abiertas con la seguridad de que seguirán siendo medio efi caz de divulgación del conoci-miento cien fi co y la intervención sociales.


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Desarrollo social:Sociedad civil y Estado


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Desarrollo social: Sociedad Civil y Estado

Silvia Rivero

Resumen

E ste ar culo ene por obje- vo analizar a las Organiza-

ciones de la Sociedad Civil (OSC) en su relacionamiento con el Estado para la ges ón de polí cas sociales en el Uruguay. Se parte de cues onar la defi nición de ‘Tercer Sector’ a la hora de conceptualizar este po de organizaciones, dada la par cularidad que adquieren al realizar convenios con el Estado. Se desarrolla brevemente el pro-ceso histórico que permite ver el contexto actual respeto a la hete-rogeneidad de las OSC en Uruguay. Finalmente, se analizan los proble-mas y desa os que se les presen-tan a estas organizaciones en su ar culación con el Estado para la ges ón de polí cas sociales.

Palabras claves: polí cas sociales, organización de la sociedad civil, ges ón, ar culación sociedad civil-Estado.

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en gestión de políticas

sociales

Abstract

This ar cle aims to analyze the Ci-vil Society Organiza ons (CSO) in its rela onship with the state to manage Social Policy in Uruguay. It starts to ques on the defi ni on of Third Sector when conceptualizing these organiza ons that acquire given the par cularity to perform with the State. It develops briefl y the historical process that looks at the current context respect to the heterogeneity of the Civil Society organiza ons in Uruguay. Finally we analyze the problems and cha-llenges that are presented to these organiza ons in coordina on with the State for the management of social policies.

Key words: Social policy, organi-zation of civil society, joint civil society-State.

IntroducciónA pesar de la heterogeneidad que presenta la sociedad civil organi-



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zada, las defi niciones enden a re-saltar las caracterís cas comunes que las reúne como actor social. En este sen do trataremos de analizar estas caracterís cas para luego se-ñalar las diferencias internas de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), lo cual nos permite acer-carnos a una categorización de las mismas. Entendemos que el pensamien-to dicotómico, predominante en el siglo XX, entre intereses privados e intereses públicos se ve problema- zado con el surgimiento de una

nueva posibilidad: el ‘Tercer Sec-tor’. Según Rubem César Fernan-des (1994: 7), el Tercer Sector de-riva de una alterna va lógica que puede ser idealmente concebida como una de tres posibles alterna- vas:

—Cuando los agentes y los fi nes son públicos, estamos frente al Es-tado.—Cuando los agentes y los fi nes son privados, estamos frente al mercado.—Cuando los agentes son privados y los fi nes son públicos, estamos frente a lo que se ha denominado como Tercer Sector.Fernandes lo defi ne como “un conjunto de organizaciones e ini-

cia vas privadas des nadas a la producción de bienes y servicios públicos” (1994: 7). Estas organi-zaciones presentan similitudes y diferencias respecto a los otros dos sectores:

—En cuanto al Estado, el Tercer Sector se asimila en tanto enen una función pública orientada ha-cia lo colec vo. Pero se diferencia en tanto no ene el poder coerci -vo del Estado.—En lo que refi ere al mercado, el Tercer Sector se le asemeja dado que son autoges onados y enen independencia tanto en la toma de decisiones como en el manejo fi nanciero. La diferencia funda-mental entre ambas es que las or-ganizaciones defi nidas como Tercer Sector no enen fi nes de lucro y, por lo tanto, su ac vidad no puede generarlo.

Estas formas organiza vas, en ge-neral, se fi nancian por dos vías: subvención del Estado y donacio-nes de terceros. Esto supone, tam-bién, una diferencia frente a los dos actores —Estado y mercado—, ya que se implementan formas de fi nanciamiento que involucran tan-to recursos públicos como priva-dos. Respecto a la diferencia con


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el Estado en cuanto a no poseer poder coerci vo, podemos afi rmar que la condición de no lucra va y no gubernamental no signifi ca ne-cesariamente estar más allá de los esquemas de poder o indiferente a los condicionamientos sociales. Sin embargo, el poder de estas orga-nizaciones no ene las mismas ca-racterís cas que el poder ejercido por el Estado, pues éste se basa, fundamentalmente, en la coerción moral e ideológica. En estas orga-nizaciones existen elementos de su propio funcionamiento que gene-ran diferentes espacios de poder, de los cuales podemos señalar los siguientes:

—La dedicación voluntaria genera recursos y, consecuentemente, dis-putas por su distribución.—Forman un mercado de trabajo específi co.—Infl uyen en la legislación.

En América La na, la sociedad civil se organiza teniendo en cuenta dos caracterís cas: son organizaciones no gubernamentales y no lucra- vas. Esto refi rma la posición de

Antonio Camou (2004: 71), quien señala que teórica y prác camente la sociedad civil se nos manifi esta como una constante oposición a

otro ya cons tuido —mercado, Es-tado, par dos, etcétera— y del que se sabe o se quiere diferente, aun-que tenemos más difi cultades para defi nir en posi vo lo que es. En este sen do, la caracterís- ca “no gubernamental” implica

la existencia de un aspecto en co-mún: tanto estas organizaciones como el gobierno deben cumplir una función pública. De ahí que la condición de no-gubernamental marca la diferencia existente con lo gubernamental en el cumplimiento de la función pública. De igual for-ma, al defi nir a estas organizacio-nes como no-lucra vas se plantea la diferencia con las empresas en el mercado. Es decir, se enmarcan en la órbita privada por lo cual e-nen la condición de independien-tes y autoges onadas, pero al no generar lucro se las separa del fun-cionamiento propio del mercado (Fernandes, R., 1994: 7 y ss). Por tanto, podemos considerar que en contraposición a la lógica del poder que predomina en las relaciones establecidas por los Es-tados y la lógica de lucro que orien-ta la acción de las empresas en el mercado, las inicia vas realizadas por ciudadanos afi rman el valor de la solidaridad como forma de inser-tarse en el ámbito de lo público no estatal.



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Sin embargo, en estas formas organiza vas de la sociedad civil podemos iden fi car elementos que generan su propia problemá- ca de funcionamiento. En este

sen do, Rubem César Fernades plantea que “estas organizaciones absorben las problemá cas rela -vas al poder y al interés, pero cons- tuyen una esfera ins tucional

diferente cuyas caracterís cas pro-pias le son dadas justamente por la negación del lucro y del poder del Estado” (1994: 11). Esta situación genera en las organizaciones una par cular condición que cues ona la propia defi nición del actor.

Las organizaciones sociales entran en escena

En el contexto la noamericano, podemos ubicar el surgimiento de las OSC en la década de los años sesenta del siglo pasado. En esta década se combina una serie de factores: los progresos materiales —los deseos de desarrollo toman-do como ejemplo el primer mun-do— y la generosidad román ca y voluntarista de la época. Esta mez-cla de sueños, deseos y fantasías se contrapone con la opinión pública mundial que considera a ésta la década perdida para la economía,

donde se producen las mayores de-vastaciones ecológicas, se inicia el tráfi co de drogas, aparecen graves problemá cas sociales —espe-cialmente los niños en la calle— y donde se hace público el fenómeno de la corrupción. Esta combinación de factores compuso la imagen es-tereo pada de América La na sen-tando las bases para la conforma-ción de los diferentes actores de la sociedad civil. Este proceso históri-co de formación de las OSC, puede sinte zarse de la siguiente manera:

—Década de los setenta: en gran parte de América La na se pro-ducen golpes de Estado, dando lugar a dictaduras militares o cí-vico-militares. Algunas se inician anteriormente en la década de los sesenta y se con núan durante la década siguiente, construyéndose un mapa polí co del con nente marcado por la presencia mayo-ritaria de estas dictaduras que se con nuarán hasta la década de los ochenta. En este periodo, la forma de nombrar a los modos de orga-nización de la sociedad civil fue a par r del trabajo en comunidades —comisiones barriales o de base— y también movimientos sociales, cuya modalidad difi ere de la ante-rior.


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—Década de los ochenta: en la mayoría de los países la noame-ricanos se inician los procesos de democra zación, en los cuales las OSC tuvieron un papel importante en la problema zación de diferen-tes derechos humanos. En este pe-riodo se comienza a defi nir a los ac-tores de la sociedad civil asociados a la construcción de ciudadanía.—Década de los noventa: una vez reinstalados los sistemas demo-crá cos y más allá de las diferen-tes debilidades de los mismos, se re ra la cooperación internacional en el apoyo a las organizaciones sociales. A su vez, se inicia una po-lí ca general en todo el con nente, orientada por las defi niciones del Consenso de Washington, donde se impulsa la transferencia de re-cursos a las OSC para la implemen-tación de las polí cas sociales. Es así que comienza a nombrarse a estas organizaciones como no-gu-bernamentales y sin fi nes de lucro. La primera generación de orga-nizaciones, en América La na, sur-gió en el marco de la instalación de las dictaduras, como una solución a la falta de alterna vas de inves -gadores, técnicos, profesionales de diversas disciplinas. Esta solución fue imaginada como coyuntural al sistema ins tucional existente. Sin embargo, una vez retornada la

democracia, los fundadores encon-traron razones para con nuar con este po de propuesta organizacio-nal debido a que encontraron que el tamaño pequeño ene sus ven-tajas:

—Aproxima los instrumentos ins- tucionales a la escala de las deci-

siones individuales.—No ene el peso, la inercia y la complejidad burocrá ca.—Las OSC no enen un carácter representa vo, hablan en nombre propio, no dependen del complejo juego polí co implícito en los siste-mas representa vos para legi mar las decisiones.

Para Rubem César Fernandes (1994), el principal instrumento de este proceso de innovación es el proyecto. El fi nanciamiento por proyectos, generalmente de la coo-peración internacional, signifi có, entre otras cosas, asimilar la lógica pragmá ca. Este fi nanciamiento proviene fundamentalmente de las agencias de cooperación inter-nacional, las cuales necesitan, para la implementación de sus obje vos ins tucionales, una contraparte lo-cal con personería jurídica, con un mínimo de estructura administra -va y con una afi nidad de obje vos.



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En este sen do, Luis Murias plan-tea que las

ins tuciones se amoldaron organizacionalmente a los re-querimientos de las Agencias Internacionales. La estructu-ra organiza va, la estructura programá ca, la estructura de fi nanciamiento y la estructura administra va, se establecie-ron para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en los proyectos con la Coopera-ción Internacional y en bene-fi cio de los grupos meta. Esta situación generó un conjunto de normas y costumbres que conforman una cultura ins tu-cional. El pensamiento estra-tégico de sostenimiento de las OSC se centró en la conquista de espacios de la cooperación internacional (1997, i).

Durante el periodo de retorno a la democracia era de esperar una baja en el número de propuestas de OSC debido a que los mo vos de su formación tenían un carácter coyuntural. Sin embargo, se pro-dujo un importante crecimiento tanto en el número de las mismas, como en su diversidad temá ca. También, en este periodo, que lle-ga hasta 1990 aproximadamente, aumenta el número de agencias

privadas de fi nanciamiento que concretan proyectos en el Uruguay. Seguramente éste puede ser llama-do el periodo de auge de la coope-ración internacional privada en el país. Cuando comienzan a vislum-brase los primeros síntomas de la disminución del fi nanciamiento in-ternacional, aproximadamente en la década de los noventa, se inicia un periodo de competencia por los recursos externos de la coopera-ción internacional, así como la bús-queda de otras fuentes de fi nancia-miento. Para Luis Murias,

este proceso de las ONG tras-cendió el área fi nanciera. Mu-chas organizaciones se plan-tearon problemas de iden dad ante diferentes alterna vas de fi nanciamiento posibles. Otras, se cues onaron si su razón de exis r y sus acciones, debe-rían ser fi nanciadas por otros mecanismos que no fuera la cooperación internacional. Casi todas, entendieron que sus ac- vidades seguían siendo nece-

sarias en la sociedad uruguaya. Y así cada organización fue im-plementando estrategias de su-pervivencias nuevas y variadas según su perfi l ins tucional. (...) Comenzó a pensarse en la venta de servicios, la recupe-ración de costos, el intento por


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recaudar algunos recursos en el sector privado y en el fi nancia-miento del Estado (1997, ii).

Esta búsqueda de diferentes fuen-tes de fi nanciamiento supone una serie de problemas para estas or-ganizaciones, las cuales estaban habituadas a una forma de funcio-namiento y de control.

Los mecanismos de rendición de cuentas —que siempre exis- eron con la cooperación inter-

nacional—, requieren de ma-yor ajuste y visibilidad para un actor cercano como puede ser el Estado o el sector privado. El desarrollo de indicadores de impacto y de procesos será más exigente. Como todo proceso de cambio, requiere de capa-citación, de empo de adapta-ción, de ensayo y error (apren-dizaje) y de evaluación. Y estos elementos representan costos que la cooperación internacio-nal en su re ro, no siempre fi -nanció (Murias, L., iii).

Luego de más de 25 años de recu-perada la democracia en Uruguay, las OSC han ido mutando, acom-pasándose a la realidad y a las di-versas coyunturas. Los perfi les de las organizaciones, sus áreas de trabajo, el abordaje de los temas,

sus relaciones y su impacto han cambiado notoriamente. Es un universo creciente y de gran dina-mismo, que se caracteriza por su diversidad. Si bien en Uruguay no se cuenta con datos cuan ta vos que puedan ilustrar la dimensión de todo el sector de la sociedad civil, estudios parciales dan cuenta de un crecimiento sostenido en las úl mas décadas. (Comisión Econó-mica para América La na, 2005, ci-tado en CIVICUS, 2010)

Organizaciones de la Sociedad Ci-vil (OSC) y Estado: una compleja relación

Según Rodrigo Villar (2003), las organizaciones han par cipado y aportado de diversas maneras en las polí cas públicas; a su vez han abierto nuevas expecta vas y oportunidades, han generado re-tos, preguntas y cues onamientos en torno a su papel en las polí -cas públicas. Sin embargo, cabe la pregunta acerca de cuáles son las fuentes de legi midad para realizar esta tareas de incidencia en las po-lí cas públicas. Y otras interrogan-tes como: ¿a nombre de quién ha-blan estas organizaciones cuando tratan de infl uir en la deliberación pública y la orientación de los pro-



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gramas gubernamentales?; ¿cómo rinden cuentas a las bases socia-les que buscan defender?; ¿son tan efi caces en la tarea de ges ón como suele creerse? ¿Cuál sería entonces la fuente de legi midad de las organizacio-nes para realizar esta tarea públi-ca? Según Brown (citado en Villar, R., 2003), serían cuatro posibles fuentes de legi midad para la inci-dencia pública de las OSC:

—Legi midad moral: basada en va-lores que pueden tener la sufi cien-te aceptación y fuerza para legi -mar la acción de las OSC. Procesos de incidencia y campañas contra el hambre, la violación de derechos humanos, el maltrato infan l, la violencia domés ca, suelen acudir a este po de legi midad. El reto en este caso es que los diferentes involucrados y afectados acepten los términos valora vos en los que se basa la acción polí ca.—Legi midad técnica: se deriva del conocimiento, experiencia, competencia o información que enen las organizaciones involu-

cradas en las tareas de incidencia. Es u lizada por aquellas organiza-ciones cuya autoridad se basa en la calidad de sus inves gaciones, en su capacidad para el desarrollo de

programas, en su experiencia en el manejo de información o su com-petencia en áreas específi cas del conocimiento.—Legi midad polí ca: derivada de la representa vidad democrá ca, la transparencia y el proceso de rendición de cuenta a las “bases” o a los cons tuyentes por los cuales hablan y actúan. Esta legi midad involucra el proceso de toma de decisiones y la forma en que par- cipan los miembros de la organi-

zación en la orientación y segui-miento de las ac vidades. En este caso, puede haber procesos de de-mocracia interna de los miembros de las organizaciones involucradas, como de democracia externa con el conjunto de los contribuyentes, los aliados y los miembros de la coalición. Este po de legi midad se erosiona cuando hay poca o nula par cipación de aquellos por los cuales se está hablando o cuando éstos cri can la acción de sus su-puestos representantes.—Legi midad legal: basada en el cumplimiento de los estándares y expecta vas legales, tanto inter-nos —existencia de juntas direc- vas responsables, de informes al

público, de manejos transparentes de cuentas—, como externos —cumplimientos de la ley o de las polí cas trazadas por las ins tucio-


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nes sobre las cuales se orientan los procesos de incidencia—.

La incorporación de las OSC en la implementación de polí cas públi-cas se fundamenta, en gran medi-da, en el potencial para el cambio social y la democra zación que ofrece la par cipación de aquéllas. Sin embargo, no siempre es posible equiparar par cipación de OSC en polí cas públicas con ampliación de la democracia, ni con fortaleci-miento de la sociedad civil (Villar, R., 2003: 15). Las formas de relacionamiento entre las OSC y el Estado varían se-gún el campo específi co de acción y la fortaleza o debilidad de la propia organización. Rodrigo Villar (2003) parte de un supuesto básico: el reconocimiento de la heterogenei-dad de las OSC. Heterogeneidad en los campos de acción, niveles de capacidad y po de funciones que desarrollan, así como la diversidad de valores que promueven. Una de las implicaciones de esto es que sólo puede pensarse la relación en términos sectoriales, porque lo que está en juego no es una rela-ción general y uniforme entre los sectores gubernamental y no gu-bernamental, sino entre intereses estratégicos y preferencias polí -cas heterogéneas. La variedad de

metas y de medios que orientan la acción de las OSC y la de los go-biernos crea diversos patrones de relaciones estratégicas, los cuales a su vez determinan las estrate-gias y el po de acciones u liza-das por las OSC para incidir en la polí ca pública. El autor plantea el modelo clasifi catorio desarrollado por Adil Najam. Este modelo u -liza como criterio diferenciador la convergencia o divergencia entre metas y medios en las relaciones estratégicas entre OSC y gobier-nos, produciéndose una matriz de cuatro posibilidades: cooperación, confrontación, complementación y cooptación (Villar, R., 2003)

—Cooperación: metas y medios son similares. La deliberación pú-blica por parte de las OSC no sería un elemento fuerte en el proceso de desarrollo de la polí ca y más bien se tendería a crear un po de relación instrumental centrado en la implementación de la polí ca.—Confrontación: metas y medios divergentes. Es más probable que el papel de las OSC sea el bloquear, oponerse o cambiar las polí cas propuestas por el gobierno a través de la protesta, las manifestaciones callejeras, el llamado a la delibera-ción pública, etcétera, para llamar



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la atención sobre los impactos ne-ga vos de la polí ca.—Complementación: metas con-vergentes y medios divergentes. Suele requerirse la generación de consensos al menos en lo que a los medios se refi ere y, por tanto, la persuasión, la presentación de op-ciones innovadoras de polí ca se pueden conver r en parte esencial del proceso.—Cooptación: metas divergentes y medios similares. Ambas partes buscarán cambiar las preferencias polí cas del otro para lograr metas compar das.

En términos generales, acordamos con Bernardo Sorj (2005) cuando señala algunos de los problemas que se han generado en la cons-trucción de la relación entre OSC y el Estado:

—La exigencia, cada vez mayor, de equipos especializados se contra-pone a la imposibilidad para conso-lidar y mantener equipos, así como para pagar salarios compe vos. La realización de transferencias a través de proyectos de corta dura-ción no permite consolidar equipos estables, ya que los contratos se realizan en función del proyecto. A su vez, y en general, los salarios son

defi nidos por el proyecto o progra-ma, por lo tanto, no existe la posi-bilidad de compe r a través de la oferta salarial.—Además, la profesionalización de las organizaciones y el reclutamien-to de equipos técnicos provoca una tensión entre las demandas de un ethos moral —llamado a atraer personas dispuestas a aceptar sala-rios por debajo del mercado, pero siempre muy califi cadas—, y un ethos profesional —que requiere personal altamente califi cado cu-yas expecta vas de salarios son más altas y cuya visión de las OSC las asimila a una estructura empre-sarial—.—Esto, unido al diferente poder entre las organizaciones, plantea además la cues ón del eventual monopolio de su campo de acción de algunas pocas, que como todas las grandes organizaciones enden a la centralización, a la burocra za-ción y a la disminución de la crea- vidad.

—Paradójicamente, el espacio pú-blico interno de las OSC ene un alcance muy limitado; el debate entre ellas y el intercambio de ex-periencia es rela vamente limita-do. El mundo de las OSC está extre-madamente poli zado en cuanto a su relación con el ambiente exter-no, pero extremadamente despoli-


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zado en relación a su propia vida interior. Una de las razones de esta situación reside en la inclinación de las OSC a plantear demandas al Es-tado, al mercado o a las ins tucio-nes internacionales, sin confrontar sus propias posiciones. Esto ende a abonar el mito de una sociedad civil unitaria, compenetrada con los mismos valores frente al Estado corrupto y al mercado inhumano. Para que existan coaliciones de OSC efi caces, éstas tendrán que enfren-tar sus diferencias y descubrir sus verdaderas afi nidades, permi en-do una representación heterogé-nea en los fórum internacionales. Volver explícitas esas diferencias es fundamental para fortalecer los vínculos de las ONG con el sistema polí co.

Un poco diferente es el caso de las OSC que realizan convenios con el Estado para la ges ón de servicios sociales (Rivero, S., 2006):

—En la medida que estas organiza-ciones pasan a u lizar recursos pú-blicos para atender a las demandas sociales, los problemas presentes en las organizaciones burocrá cas estatales tenderán a presentar-se también en ellas, por ejemplo: evitar la apropiación de recursos

públicos por parte de privados; evi-tar que los recursos se orienten en benefi cio de grupo de intereses o en benefi cio de la propia organiza-ción. Esta condición genera un pro-blema común y relevante a todas las formas asocia vas de la socie-dad civil: cómo lograr el equilibrio entre la necesidad de autonomía y la responsabilidad por el uso de re-cursos públicos. —A su vez, las organizaciones co-munitarias o de base se apoyan fundamentalmente en la solidari-dad y la autoayuda. Como en ge-neral su relación con el Estado es fortuita, una relación permanente de base contractual con aquél po-dría signifi car su desfi guración de sus caracterís cas iden tarias. —Para las OSC el desa o está en mantener su misión ante los re-querimientos de producción con -nua de servicios públicos, así como preservar su fl exibilidad frente a las presiones de rigidización de su organización interna. Mantener su misión y su forma de funciona-miento aparece como un posible problema, especialmente porque para lograr mantener el funciona-miento de estas organizaciones es necesaria la búsqueda constante de fuentes de fi nanciamiento, sien-do el Estado una alterna va. Por lo tanto, el desa o se centra en cómo



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lograr un fi nanciamiento de sus ac- vidades compa ble con su iden -

dad y su é ca. —A estas asociaciones no sólo se les transfi ere el dinero para la im-plementación de estas polí cas, sino que también se le transfi ere el mandato social, que anteriormen-te asumía el Estado. La transferen-cia de responsabilidad del Estado hacia la sociedad civil ante la cues- ón pública, exige la conformación

de OSC con determinadas caracte-rís cas legales, las cuales implican la formación de un actor polí co muchas veces débil como organiza-ción y, posiblemente, sin el manejo técnico requerido para la imple-mentación de polí cas. Esta situa-ción pone a las OSC en el lugar de un actor polí co, pero cuya función principal pasa a ser instrumentar y ges onar. —Tradicionalmente, cuando las asociaciones de vecinos o asocia-ciones de voluntarios contrataban al personal técnico, su función se concentraba en el trabajo con la propia asociación —formación, asesoramiento, etcétera—. Existen ejemplos claros en Trabajo Social: el trabajo con coopera vas, con co-misiones de vecinos, la formación de voluntarios, etcétera. Sin em-bargo, en esta situación la función cambia sustancialmente: ya no se

contrata a los técnicos como ase-sores de las OSC para trabajarse a sí mismos y organizarse como acto-res, sino que se contrata a técnicos como personal dependiente para implementar las polí cas sociales transferidas. —La función que históricamente desempeñaron las OSC como actor social, es un papel polí co vincu-lante entre la población y el Esta-do. Este rol social, aparentemente, queda subsumido a un espacio de toma decisión poco claro. ¿Cuál se-ría el ámbito de decisión que efec- vamente asumen las asociaciones

civiles? —Desde el punto del funciona-miento de estas organizaciones como espacio ocupacional, las asociaciones civiles cuentan como ingreso regular más relevante las transferencias del Estado. Esta dependencia del fi nanciamiento regula los aspectos contractuales respecto al personal, especialmen-te el monto del salario. El acuerdo contractual está basado en la su-posición de cumplimiento de par-te del Estado respecto al monto y periodicidad de las transferencias. Esta suposición de cumplimiento no siempre se concreta en la forma acordada. El Estado muchas veces retrasa las transferencias —a veces en días y otras en meses— y en al-


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gunos casos entrega incompleto el monto total por diversos mo -vos, en algunos casos devolviendo el faltante de una par da muchos meses después de realizado dicho descuento. Ante esta situación, las organizaciones no pueden hacer frente a las obligaciones contraídas —sueldos, servicios, impuestos, et-cétera—, lo cual les genera un ma-yor gasto por el pago de multas, y por supuesto se ven obligadas a no abonar el salario a su personal en el empo deseado o acordado.—Es importante recordar que por ley se exige que las tareas de la co-misión direc va de la asociación civil deben realizarse sin remunera-ción. Llevar adelante la implemen-tación de servicios sociales que requieren de regularidad y con -nuidad agudiza los problemas pro-pios de la ac vidad del voluntario social: por un lado, surgen proble-mas para conciliar el trabajo volun-tario con las ocupaciones laborales y personales; por otro lado, y rela-cionado con lo anterior, se constata cada vez más la disminución de la par cipación de los voluntarios en general. —A su vez, para la ges ón de estas polí cas sociales, el Estado exige cada vez más a las comisiones di-rec vas que se especialicen. Esta formación específi ca es dada tan-

to por ac vidades de capacitación —muchas veces fi nanciada por el propio Estado— y por la experien-cia de trabajo. Sin embargo, el re-glamento de funcionamiento de las asociaciones civiles presupone la rotación de los miembros de la comisión direc va. Por lo tanto, cuando las personas —volunta-rias— logran especializarse en la ges ón del servicio, seguramente deberán dejar la comisión direc va por haber terminado el plazo de su mandato.

Según Bernardo Sorj (2005), cuan-do la transferencia se realiza en plazos acotados a un proyecto, sur-gen difi cultades específi cas, tanto en lo que refi ere a su relación con el Estado, como a otras fuentes de fi nanciamiento:

—La principal difi cultad para las OSC orientadas a proyectos socia-les es la duración limitada de la sustentación de sus proyectos. Los proyectos sociales de las organi-zaciones normalmente enen un ciclo vital equivalente al periodo de fi nanciamiento externo. Existe una creciente presión de los fi nan-ciadores para que los proyectos se vuelvan autosustentados después de un corto periodo; en la mayo-



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ría de los casos esa demanda no es realista.—La mayoría de los proyectos so-ciales consisten en acciones locales ad hoc, sin duda relevantes para las comunidades receptoras, pero que no enen impacto social de larga escala, por la sencilla razón de que no son reproducibles dados los re-cursos locales disponibles. En lugar de actuar como pioneras en el te-rreno de la ac vidad gubernamen-tal o como complemento de ésta, las acciones de las organizaciones terminan operando como casos irrepe bles. —La frecuente crí ca dirigida a las OSC como mecanismos sus tu -vos de las polí cas del Estado, en el marco de la agenda neoliberal, carece de sen do. Las OSC no pue-den ofrecer ni seguridad ni jus cia, ni tampoco pueden suministrar servicios urbanos, educa vos o sa-nitarios en gran escala. En el mejor de los casos, pueden ser usadas por el Estado como complemento o como apoyo de sus polí cas. —Dada la rigidez y la naturale-za burocrá ca del Estado, las OSC pueden cumplir un importante papel como laboratorios o como fuentes de innovación social, y eventualmente como apoyo en la implementación de las acciones gubernamentales. Pero la capaci-

dad de innovación de las mismas será relevante en la medida en que los experimentos que desarrollen sean transformados en polí cas públicas, atraigan la atención de la empresa privada y fortalezcan las capacidades produc vas, de con-sumo y de creación de puestos de trabajo de las comunidades de ba-jos ingresos. —Existe una presión creciente de los fi nanciadores y de ciertos sec-tores crí cos respecto al trabajo de las OSC. Se trata de un reclamo de mayor transparencia y responsabi-lidad. El principal método propues-to es el monitoreo y la evaluación de impacto de sus ac vidades. —La dependencia de las fuentes de fi nanciamiento contribuyó a distorsionar las agendas de las or-ganizaciones. Si bien estas agen-das, impuestas por los principales centros de apoyo fi nanciero de los países desarrollados, alentaron di-versas formas de asociación con partenaire domés co y, en algunos casos, tuvieron en cuenta las de-mandas de las organizaciones lo-cales, no dejaron de evidenciar su poder de dirección. Pero aún peor es la posición de algunas OSC que muchas veces actúan como pode-res coloniales, absorbiendo algu-nos de los mejores cuadros na vos para trabajar en proyectos que no


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coinciden necesariamente con las prioridades de la localidad a la que se supone a enden.—La mayor parte de la inves -gación realizada por las OSC in-ternacionales sobre los países en desarrollo está principalmente orientada a la confi rmación de sus supuestos, mientras que la mayo-ría de las OSC del Tercer Mundo e-nen muy poca o ninguna capacidad de inves gación propia. La prin-cipal debilidad de las OSC de los países subdesarrollados proviene de su fragilidad intelectual, de su limitada capacidad para absorber lo mejor de las agendas de polí ca internacional y, a la vez, mantener un pensamiento autónomo y crea- vo. El desa o para las sociedades

civiles del sur es aumentar su capa-cidad de refl exión o fortalecer cen-tros autónomos de refl exión.

En síntesis

Las OSC han mostrado una gran capacidad de adaptación a los re-querimientos tanto de la sociedad en su conjunto como del Estado. A par r de la década de los noventa se instala, como forma de imple-mentación de polí cas sociales, la tercerización de las mismas por parte del Estado a las OSC. Han

transcurrido varias décadas desde el inicio de esta forma de ges ón de polí cas sociales, y eso nos per-mite realizar una mirada en la cual sea posible evaluar el proceso. Desde la perspec va de las OSC han sido varios los problemas y de-sa os a los que se han enfrentado, no siempre con buena resolución. Tal proceso ha generado cambios importantes en este actor social:

a) por un lado, se especializan en la temá ca y en los aspectos rela vos a la ges ón; esta ges- ón no refi ere sólo respecto al

manejo del servicio o proyecto específi co, sino también a cómo ar cular con el Estado;

b) por otro lado, se produce un proceso de despoli zación de su ac vidad, debilitándose como actor polí co.

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Documentos:

Índice CIVICUS de la Sociedad Civil en Uru-guay 2009, 2010, Informe analítico del país, Montevideo, 28 de febrero.


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Desarrollo social:Problemática hídrica

y Trabajo Social



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Resumen

E n el año 2025, la disponibi-lidad hídrica per cápita dis-minuirá a 150 litros diarios,

en el mejor de los casos, para las comunidades cercanas a algún acuífero. La situación hídrica se agravará conforme la densidad po-blacional se agudice y el desabasto exacerbe la insalubridad, princi-pal causa de muerte en niños con enfermedades hidrotransmi das. Tal panorama requiere de plan-teamientos teóricos que permitan reconceptualizar las polí cas pú-blicas, las agendas ambientales, la opinión pública y el Trabajo So-cial. En este sen do, el obje vo del presente ar culo es exponer las situaciones hídricas para concep-tualizarlas desde el pensamiento

de Enrique Leff (2002; 2004; 2008) y analizar su transformación en agenda pública. La comprensión de las relaciones existentes entre las situaciones hídricas, opinión pública, inicia vas polí cas, diag-nós cos cien fi cos, innovaciones tecnohidrológicas y cobertura me-diá ca serán fundamentales para los profesionistas del Trabajo Social en un futuro próximo. Palabras clave: sustentabilidad, dis-ponibilidad, agenda, saber y racio-nalidad.

Abstract

In 2025 per capita water availabili-ty will decrease to 150 gallons per day in the best for the communi es

Cruz García Lirios Javier Carreón Guillén

Jorge Hernández Valdés Miguel Bau sta Miranda Agus n Méndez Mar nez

Dimensiones conceptuales de sustentabilidad para la construcción

de una agenda pública y lareconceptualización del trabajo

social


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near any aquifer. The water situa- on will worsen as the popula on

density and the shortage becomes acute exacerbate unsafe, leading cause of death in children with diseases hidrotransmi das. Such a scenario requires theore cal re-conceptualiza on enabling public policies, environmental agendas, public opinion and social work. In this sense, the objec ve of this paper is to present water situa on to conceptualize from the thought of Enrique Leff (2002, 2004, 2008) and analyze their transforma on into public agenda. Understanding the rela onship between water situa ons, public opinion, poli -cal ini a ves, scien fi c diagnoses, tecnohidrológicas innova ons and media coverage will be cri cal for social work professionals in the near future.

Keywords, Sustainability, Access, Knowledge and Ra onality Agenda

Introducción

Las problemá cas hídricas implican tres aspectos: escasez, desabasto e insalubridad, pero al ser difundidas por los medios de comunicación, recibidas por la opinión pública y legisladas por la clase polí ca, son reducidas o ampliadas según los

intereses de los actores mediá -cos, sociales y polí cos. En tal pa-norama, las situaciones hídricas son desvirtuadas y sus tuidas por temas colaterales en la agenda pú-blica. En este sen do, el concepto de sustentabilidad de Enrique Leff (2002; 2004; 2008) permite no sólo la explicación, sino la compren-sión de las problemá cas hídricas. El pensamiento leff niano sos ene que la sustentabilidad requiere ser abordada desde los saberes y las racionalidades inherentes a las comunidades que durante siglos preservaron los recursos naturales, principalmente los energé cos e hídricos. Precisamente, el obje vo del presente trabajo es exponer las problemá cas hídricas rela vas a la escasez, desabasto e insalu-bridad para después discu r dos fundamentos esenciales del pensa-miento leff niano: saberes y racio-nalidades. La inclusión de este ar- culo en el debate contemporáneo

de la sustentabilidad consis ría en la exposición de las polí cas públi-cas para la sustentabilidad a par- r del concepto leff niano sobre el

tema, así como el contraste entre la agenda étnica, cien fi ca, tecno-lógica, mediá ca, ciudadana y polí- ca en torno al establecimiento de

una agenda universal sustentable.



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En este contexto, el Trabajo So-cial requerirá de nuevas competen-cias, habilidades y conocimientos que le permitan analizar la interre-lación entre las agendas a par r de los planteamientos leff nianos. En suma, el desequilibrio entre la disponibilidad hídrica y las ne-cesidades humanas es explicable desde la relación entre los actores sociales, polí cos, económicos, cien fi cos, tecnológicos y mediá -cos. La construcción de una agen-da pública sustentable se llevaría a cabo desmembrando los temas mediá cos, ciudadanos y polí cos del diagnós co cien fi co y tecno-lógico, así como de los usos y cos-tumbres étnicos que consideran a la naturaleza como parte de una iden dad universal inexorable-mente ligada a la historia de las co-munidades.

Problemá cas hídricas

En su informe correspondiente al año 2010, la Agencia de Estadís -ca Europea del Agua (Aquastat, por sus siglas en inglés) advierte que 97.5 por ciento del agua es salada, 2.24 por ciento es dulce y sólo 1 por ciento está disponible en ríos, lagos y acuíferos para el consumo humano. A su vez, 113 mil kilóme-

tros cúbicos de agua se precipitan anualmente. En el mundo, 7 mil 100 kilómetros cúbicos se evaporan, 42 mil kilómetros cúbicos regresan a los océanos y se fi ltran a los acuí-feros. Anualmente, 70 por ciento de entre 9 mil y 14 mil kilómetros cúbicos man enen los ecosistemas y sólo 4 mil 200 kilómetros cúbicos —30 por ciento— están disponible para irrigación, industria —23 por ciento— y uso domés co —8 por ciento—. En su informe correspondiente a 2010, la Organización de Nacio-nes Unidas (ONU) señala que 23.8 millones de kilómetros cúbicos de agua se encuentra congelada; 74 mil 200 kilómetros cúbicos se eva-pora; 119 mil kilómetros cúbicos se precipita en los con nentes; 458 mil kilómetros cúbicos se pre-cipita en el mar; 502 mil 800 kiló-metros cúbicos se evaporan de los océanos; 10.4 millones de kilóme-tros cúbicos están depositados en acuíferos; 900 mil 900 kilómetros cúbicos se encuentran disponibles en lagos; y 1 mil 350 millones de kilómetros cúbicos están deposi-tados en los océanos. Anualmente, el ciclo hidrológico en los océanos implica la evaporación de 502 mil 800 kilómetros cúbicos de agua, de los cuales 458 mil kilómetros cú-bicos regresan en precipitaciones;


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42 mil 600 kilómetros cúbicos, en derrames superfi ciales; y 2 mil 200 kilómetros cúbicos, en derrames subterráneos. En los con nentes —que con enen 23 millones 800 mil kilómetros cúbicos de agua en hielo y nieve, 10 millones 400 mil kilómetros cúbicos en acuíferos y 901 mil en lagos y ríos—, 119 mil kilómetros cúbicos de agua se precipitan y 74 mil 200 kilómetros cúbicos se evaporan al año (OECD, 2010). El desequilibrio entre la explo-tación —se es man 4 mil 600 ki-lómetros cúbicos— del recurso y su recarga natural afectará su dis-ponibilidad para el consumo —2 mil 400 kilómetros cúbicos aproxi-madamente— en la agricultura, la industria y las ac vidades domés -cas. Se es ma que una quinta parte de la población mundial sufre esca-sez del vital líquido y que 5 millo-nes de personas mueren cada año por beber agua contaminada. La situación hídrica global afec-taría al Desarrollo Humano de-fi nido como “el grado de salud, educación e ingreso medido a par r de capacidades, recursos y oportunidades”, establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los tres indicadores del Desarrollo Huma-no ubican a los Estados Unidos de

América como el país con mayor desarrollo (PNUD, 2011). En con-traste, Indonesia ocupa la úl ma posición. En el caso de México, en términos generales, su nivel es in-termedio. México es el onceavo país con más población —101.7 millones de personas—, con una densidad de 52 personas por kilómetro cua-drado en promedio; una población menor de 15 años que represen-ta 33 por ciento, la cual contrasta con 5 por ciento de personas que son mayores de 60 años; 74 por ciento vive en zonas urbanas y su ingreso per cápita al año es de 8 mil 790 dólares norteamericanos, trabajando 40 horas a la semana. Además, su población crece anual-mente a un ritmo de 2.1 millones (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá ca, 2010). El 27.7 de la población infan l mexicana es extremadamente po-bre y está concentrada en 4 millo-nes en el Estado de México, los cua-les contrastan con los 8 millones de personas entre 15 y 64 años, el resto de la población. Ambos gru-pos coexisten en la zona con mayor densidad poblacional aproximada de 12 millones 472 mil 648 habi-tantes. La Comisión Nacional del Agua (2010) señala que más de 11 kiló-



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metros cúbicos anuales han sido concesionados en la zona del cen-tro occidente; 53 por ciento se ex-trae de acuíferos y 47 por ciento de lagos, ríos y manan ales. El 82 por ciento está des nado a la agricultu-ra, 15 por ciento al abastecimiento público y 3 por ciento a la industria. La zona de mayor industrializa-ción y comercio ha sido clasifi cada con un índice de disponibilidad ex-tremadamente bajo, con menos de 1 mil metros cúbicos por habitante al año. Respecto a las zonas cen-tro y norte del país donde el creci-miento económico es signifi ca vo, la disponibilidad del recurso está clasifi cada como muy baja, con mil a 2 mil metros cúbicos por habitan-te al año. Sólo el sureste de México, que ha tenido un crecimiento eco-nómico poco signifi ca vo, ha sido clasifi cado con una alta disponibi-lidad de 10 mil metros cúbicos por persona al año. Las zonas norte, centro y noreste que contribuyen con 85 por ciento del PIB y enen 77 por ciento de la población, sólo cuentan con 32 por ciento de la disponibilidad de agua, aproxima-damente 1 mil 874 metros cúbicos por habitante al año. En contraste, la zona sureste que contribuye con 15 por ciento del PIB y concentra 23 por ciento de la población, ene una alta disponibilidad de 66 por

ciento de los recursos hidrológi-cos, aproximadamente 13 mil 759 metros cúbicos por persona anua-les. De este modo, el promedio de disponibilidad de agua nacional es de 4 mil 573 metros cúbicos por individuo al año. Se es ma que 28 por ciento del agua disponible es consumida por 77 por ciento de la población que contribuye con 84 por ciento del PIB y, en contraste, 72 por ciento del agua disponible es consumida por 23 por ciento de la población que contribuye con 16 por ciento del PIB. Mientras que el Distrito Federal y Nuevo León ocupan los primeros si os de desarrollo humano con respecto a los estándares interna-cionales, Chiapas, Guerrero, Oaxa-ca y Veracruz se ubican en los úl -mos lugares de desarrollo humano. La delegación Benito Juárez del Distrito Federal y el municipio de San Pedro Garza, Nuevo León, son las demarcaciones con mayor nivel de desarrollo humano, en tanto que los municipios de Metlatónoc, Guerrero, y Tehuipango, Veracruz, ocupan los úl mos lugares de de-sarrollo humano (PNUD, 2011). Los primeros casos alcanzan niveles semejantes a Noruega, aunque los dos úl mos municipios se encuen-tran en una situación semejante a Sierra Leona en África.


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Se es ma que en 2025, 80 por ciento de la población mundial estará en alta escasez. La Organi-zación de Naciones Unidas (2010) pronos ca para el año 2050 un ran-go de aumento de la temperatura de 1.4 a 5.6 cen grados, causando un incremento de 44 cen metros del nivel del mar, 5 por ciento más de las precipitaciones y la ex nción de una cuarta parte de las espe-cies. Se prevé así una crisis mundial de abasto irregular e insalubre de agua en la que 2 mil millones de individuos no dispondrán de agua bebible. En su informe de 2010, la Co-misión Nacional de Población (Conapo) espera que en 2050 la población de México aumente 48 por ciento, es mando su pobla-ción para 2030 de 131.7 millones de habitantes. En el año 2030 se espera un crecimiento poblacio-nal de 32 ciudades con más de 500 mil habitantes, destacando la Zona Metropolitana del Valle de Méxi-co (ZMVM) con 22.5 millones de habitantes; la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con 4.8 mi-llones de habitantes; y la Zona Me-tropolitana de Monterrey (ZMM) con 4.9 millones de habitantes. La problemá ca de distribución de los recursos hídricos se enfoca-ría en aquellas ciudades con una

población mayor a los 500 mil ha-bitantes. Si se consideran las pro-yecciones poblacionales, las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Aguascalientes, Toluca, San Luis y Cancún estarían en una crisis de disponibilidad hí-drica esperada para el año 2025 (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá ca, 2010). Debido a esta situación hidro-lógica, económica, polí ca y social, en el año 2025 la Comisión Nacio-nal del Agua (2010) pronos ca una extremadamente escasa disponibi-lidad de agua para la ZMVM. El concepto leff niano de susten-tabilidad Las problemá cas hídricas glo-bales y locales, enfocadas desde la escasez, desabasto e insalubridad, pueden ser analizadas a par r del planteamiento de saberes y racio-nalidad sustentables de Enrique Leff (2002; 2004; 2008). En principio, la sustentabilidad implica una hibridación de los sa-beres y las racionalidades (véanse tablas 1, 2 y 3). Es decir, la econo-mía y la tecnología se perfecciona-rían en función de las iden dades comunitarias. Leff (2002) sos ene que la economía y la tecnología, al estar en función de las leyes del mercado, reducen la sustentabili-



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dad al excluir las visiones diversas del mundo. El sociólogo plantea un proceso de reconversión capitalis-ta con fundamentos étnicos que ajustan sus necesidades a la dispo-nibilidad percibida de los recursos y sus ciclos naturales. Tal ajuste es entendido por Leff (2002) como internalización de la ecología en la economía. La naturaleza, principalmente los recursos energé cos e hídri-cos, al ser considerados externos al mercado, pueden ser incorpora-dos a través de fundamentos étni-cos de respeto y convivencia moral con la naturaleza. En el caso de las urbes, el reordenamiento de las edifi caciones, los espacios públicos y las zonas naturales, sería la ten-dencia de planifi cación urbana. La reducción de las diferencias entre

los espacios naturales y las edifi -caciones incen varía el equilibrio entre disponibilidad de recursos y consumo per cápita. Leff (2008) menciona que la re-novación del capital natural estaría en función de la innovación del ca-pital tecnológico y el control del ca-pital fi nanciero. La vulnerabilidad de las comunidades, en el marco que propone el autor, estaría com-prome da con el equilibrio entre los capitales. En síntesis, el concepto de sus-tentabilidad del Leff (2002; 2008) se refi ere a la hibridación de siste-mas étnicos, económicos y tecnoló-gicos, la internalización de valores y principios comunitarios, así como la ar culación y equilibrio entre los capitales fi nanciero, económico, tecnológico, social y natural.

Tabla 1. Defi niciones de sustentabilidad

El concepto de sustentabilidad de Enrique Leff (2002; 2008) está sustentado en dos principios esen-ciales: saberes y racionalidades. El

primero, rela vo a los usos y cos-tumbres de comunidades, y el se-gundo, referido a los capitales, su funcionamiento y acoplamiento,


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reúnen los elementos de su con-cepto de sustentabilidad. Los saberes sustentables aluden a la reapropiación de la naturaleza a par r de las tradiciones y los va-lores de los pueblos originarios que durante siglos conservaron los re-cursos hasta la llegada del capitalis-mo. Por reapropiación, Leff (2002; 2004; 2008) considera que el nivel discursivo incidirá en las acciones mediante un proceso dialéc co de contradicción. En efecto, la rea-propiación discursiva y opera va de la naturaleza es la síntesis de las contradicciones entre disponi-bilidad de recursos y necesidades humanas que fueron desarrolladas por el capitalismo y terminaron por desequilibrar la relación, hasta el surgimiento de la crisis ambiental en la que los recursos cada vez son más escasos. La crisis ecológica, en tanto cau-sa de la injus cia social por la redis-tribución sesgada de los recursos, homogeniza a las culturas porque confronta a éstas compe r por los recursos en situaciones de escasez. La fragmentación de la naturaleza implica la irrupción de confl ictos a par r de los cuales podría emerger la reapropiación de la naturaleza. Para tal propósito, habría que rei-vindicar tanto a los ac vistas so-ciales como a los ecologistas, las

tecnologías verdes y los rituales, los saberes y las racionalidades. Se trata de una coyuntura en la que los sistemas antagónicos se unen para reorientar a la humanidad en su relación con la naturaleza. La disponibilidad de recursos y las necesidades humanas, fusionadas a par r de principios étnicos uni-versales, serían el preámbulo para el diseño y la construcción de un sistema universal sustentable. El pensamiento interdisciplinar de Enrique Leff (2002; 2004; 2008) está conformado por leyes termo-dinámicas, principios étnicos y ac-ciones sociales que enmarcan un planteamiento de sustentabilidad a par r de la sus tución paula na del sistema capitalista por uno sus-tentable. Si el capitalismo es un instante en referencia a la historia del uni-verso, la sustentabilidad aspiraría a ser una eternidad ante la crisis provocada por la humanidad, sin importar que un sector o grupo hegemónico haya sido el autor in-telectual, pues las generaciones precedentes que permi eron el desequilibrio natural y la crisis con-secuente también serían señaladas como responsables del deterioro ambiental. De esta forma, el dis-curso leff niano se desmarca del discurso marxista al señalar que la



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crisis ecológica no sólo es respon-sabilidad del capitalismo, sino tam-bién lo es de la humanidad, ya que

en su transitar devastó especies animales y vegetales.

En resumen, desde el pensamiento leff niano los saberes son principios valora vos, norma vos y afec vos en los que las visiones del mundo observaron a la naturaleza como un elemento esencial de la vida y la comunidad. No obstante, al igual que el pensamiento marxista, el concepto leff niano de sustentabilidad evoca al capital tecnológico y económico como pilares de un nuevo sistema de transacción entre humanidad y naturaleza. Precisamente, el concepto le-ff niano de sustentabilidad incluye

a la racionalidad como su funda-mento. Leff (2002; 2004; 2008) sos ene que la racionalidad es un instrumento para equilibrar el des-balance ecológico. En tanto prin-cipio rector, la racionalidad sería u lizada para desmembrar la in-jus cia capitalista que estriba en la concentración de recursos y la ex nción de las especies excluidas. Leff (2004) observa en la inmora-lidad capitalista el problema que inhibe la sustentabilidad, mientras legi ma a la economía y la tecno-logía como instrumentos esencia-les de un nuevo orden produc vo.

Tabla 2. Dimensiones de los saberes sustentables


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Se trata, en primera instancia, de reducir la infl uencia de los enfo-ques u litaristas que consideran a la naturaleza como un instrumen-to y a las necesidades de progreso humano como un fi n. Por ello, el problema de la sustentabilidad, se-

gún el pensamiento leff niano, es la inmoralidad u litarista, entonces la solución debiera ser una nueva racionalidad que contemple a la humanidad y a la naturaleza como un fi n más que como instrumentos.

Tabla 3. Dimensiones de las racionalidades sustentables

En síntesis, la racionalidad se re-fi ere al conjunto de normas, prin-cipios, valores, instrumentos, técnicas, métodos y tecnologías orientadas al equilibrio entre la disponibilidad de los recursos y las expecta vas humanas de progreso, crecimiento y desarrollo. Sin embargo, Leff (2008) ad-vierte que la racionalidad está más orientada a la ciencia y la tecnolo-gía, ya que es indispensable la in-novación produc va para lograr el equilibrio entre la disponibilidad

de recursos y las necesidades o ex-pecta vas humanas. En este sen- do, la función de las ciencias so-

ciales es facilitar el aprendizaje de la racionalidad, discu r sus bases jurídicas y ges onar sus los proce-sos que den forma al nuevo orden sustentable. En el caso de las polí cas pú-blicas, el concepto leff niano de sustentabilidad permite deducir al-gunos ejes aplicables a las proble-má cas hídricas de escasez, desa-basto e insalubridad.



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Polí cas públicas y Trabajo Social para la sustentabilidad hídrica La sustentabilidad requiere de un mecanismo de legi midad para conver rse en un tema de la agen-da pública. A par r de la par cipa-ción ciudadana y la opinión pública, la agenda sustentable podrá trans-formarse en una agenda universal. Es menester considerar que el Es-tado construye su agenda polí ca a par r de la agenda ciudadana que, a su vez, es infl uida por la agenda mediá ca ya que es a través de los medios donde la ciudadanía se informa de las problemá cas am-bientales. La sustentabilidad es, de acuer-do al pensamiento leff niano, el re-sultado de la unión entre saberes y racionalidades, pero las polí cas sustentables son un producto de los temas ciudadanos, mediá cos y polí cos en torno a la escasez, de-sabasto e insalubridad derivados de la disponibilidad de los recursos hídricos. A medida que la cobertu-ra ecológica de los medios de co-municación se intensifi ca, propicia un aumento en los temas de opi-nión pública y los contenidos de la agenda polí ca. De este modo, las polí cas públicas tendrían en sus contenidos las problemá cas am-bientales enfocadas por los medios, la ciudadanía y la clase polí ca.

En el caso de las polí cas socia-les orientadas a la sustentabilidad, los medios impresos se han erigido como las fuentes informa vas más infl uyentes en los lectores con vo-cación ecologista, ya que son ellos quienes buscan fehacientemen-te información que corrobore sus creencias respecto a la escasez de agua o el aumento de sequias. Tales factores, la cobertura me-diá ca, la opinión pública y las ini-cia vas polí cas son fi ltros que re-fl ejan la situación hídrica y a par r de ellos se construye una agenda pública sustentable. De allí que el Trabajo Social, como disciplina de inves gación y ges ón sustentable, requiera de competencias docu-mentales que le permitan inferir la incidencia de la agenda mediá ca en la agenda ciudadana y ésta en la agenda polí ca. Se trata de ha-bilidades y conocimientos para el análisis del establecimiento de la agenda sustentable. Es decir, la escasez, el desabasto y la insalu-bridad derivadas de la crisis hídri-ca son reducidos o amplifi cados según los intereses de los medios de comunicación, la opinión públi-ca y la clase polí ca. Tales sesgos, siguiendo el concepto leff niano de sustentabilidad, deben ser reba -dos por la agenda étnica, cien fi ca y tecnológica.


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El Trabajo Social, en sus orí-genes, se desarrolló a par r de la industrialización de la naturaleza (Barriga L. y Á. Mar nez, 2011), por lo que la sustentabilidad pudo ser reconceptualizada desde el mar-xismo como un escenario de con-tradicción entre las necesidades humanas y la disponibilidad de los recursos. Sin embargo, Leff (2002) advierte que el marxismo no desa-rrolló un concepto de sustentabili-dad a par r de transformación de la producción industrial ya que pre-gonaba el confl icto, pero el cambio de externalidad a internalidad de la naturaleza no tenía cabida en la to-talidad del modo de producción. En efecto, los medios de producción seguían siendo los mismos para ob-tener los mismos resultados a par- r de la dictadura del proletariado.

De allí que el concepto leff niano de sustentabilidad permi ría más fe-hacientemente reconceptualizar la historia del Trabajo Social ya no a par r de la benefi cencia (Falla, U., 2010), la fi lantropía (Lera, C., 2008) o el altruismo (Morales, M., 2011), sino a par r de los confl ictos entre expecta vas humanas y disponibi-lidad de recursos. En un sistema de contradiccio-nes entre escasez de recursos y diversidad de necesidades, la his-toria del Trabajo Social podría ser

replanteada si se considera que los recursos hídricos serán fundamen-tales para preservar a las especies vegetales y animales. En un esque-ma de confl ictos hídricos, el Traba-jo Social emergerá como una disci-plina para la sustentabilidad más que para la industria, la polí ca o la ciudadanía. Piénsese en la sistema zación de los datos a par r de un enfo-que leff niano: los archivos de los profesionistas del Trabajo Social incluirían información rela va al impacto de la escasez y el desabas-to sobre la población vulnerable, marginada y excluida de los servi-cios públicos hídricos (Ribeiro, M., R. López y S., Mancinas, 2007). La intervención del Trabajo Social se-ría entendida como la promoción de confl ictos para la generación de cambios a nivel local (Repe , G., 2011), comunitario (Riveiro, L., 2011) o personal (Oliva, A., 2008). Si el marxismo planteaba que las relaciones de producción de-terminaban la superestructura ideológica (Parra, G., 2008), el con-cepto leff niano de sustentabilidad plantearía que las relaciones de producción están ma zadas por factores intrínsecos tales como los saberes y las racionalidades, cuya interrelación permiten yuxtapo-ner la ideología antropocentrista,



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aquella que implica exención de la humanidad de la escasez de recur-sos, a las relaciones de producción. Es decir, el desabasto de agua en una comunidad implica considerar ya no la disponibilidad de agua, ni las necesidades básicas humanas, mucho menos las relaciones eco-nómicas orientadas al abasteci-miento, sino el establecimiento de la agenda hídrica local. La reconceptualización del Tra-bajo Social, desde el concepto le-ff niano de sustentabilidad, inicia a par r del análisis de los medios de comunicación en referencia a la opinión pública encargada de legi- mar, validar y evaluar las agendas

y polí cas hídricas. La ciudadanía, usuaria del sistema de abasteci-miento, desvirtúa sus usos y cos-tumbres para trasponer la infor-mación circundante en los medios de comunicación y, a par r de ella, construir una agenda personal so-bre la escasez o abundancia de agua. En consecuencia, las contra-dicciones entre disponibilidad hí-drica y expecta vas de usuarios se diluyen ante la cobertura mediá -ca de escasez y desabasto de agua. No obstante, a nivel psicológico, el confl icto en torno a la disponibi-lidad de agua, aun a pesar de los medios de comunicación, se mani-fi esta en la opinión pública dividida

entre la escasez y la abundancia de agua, el ahorro y el derroche. Tales contradicciones son el resultado de un proceso complejo que va de la disponibilidad en los acuíferos has-ta las inicia vas polí cas para legis-lar el derecho al agua, pasando por los cierres de avenidas por parte de usuarios inconformes con el desa-basto y la venta de agua. Tal pro-ceso implica un reto para el profe-sionista del Trabajo Social, ya que supone el análisis minucioso de la agenda cien fi ca, gubernamental, mediá ca, ciudadana, global, local o comunitaria en referencia a la construcción de una agenda hídri-ca sustentable.

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Desarrollo urbano:Estudios de caso


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Resumen

L a conurbación de erras ejida-les trae consigo una serie de problemas y benefi cios. Este

trabajo presenta un breve análisis de las tendencias de urbanización del ejido en el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, esbozando puntos crí cos de confl ictos socia-les durante el proceso. En las úl -mas décadas, en el agro mexica-no han ocurrido grandes cambios producto de la crisis económica estructural de los años setenta del siglo XX, dejando como resul-tado estancamiento y baja renta-bilidad del campo. Dicha crisis es atribuida al efecto de globalización mundial, al cambio climá co con la consecuente descapitalización y empobrecimiento del sector social agrícola, así como a la irremediable pérdida de los recursos naturales. Las modifi caciones al ar culo 27 de la Cons tución Polí ca Mexica-na de 1992 han favorecido el creci-miento de la mancha urbana en las

ciudades medianas, cuyo primer sector es predominante en su eco-nomía. Existe poca inves gación y conocimiento sobre el impacto que ocasiona la urbanización de erras ejidales a nivel regional, y para tal efecto se toma el caso de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En la búsque-da de un desarrollo sustentable es indispensable que la planeación y ordenamiento territorial se reali-cen con fundamento y conocimien-to de fenómenos socioeconómicos locales, así como del impacto en el cambio de propiedad y uso de sue-lo en el referido municipio tamau-lipeco.

Palabras clave: erras ejidales, cre-cimiento urbano, planeación, Ta-maulipas.

Abstract

The conurba on of erras ejidales brings with it a series of problems

Pedro Carlos Estrada BellmannMaría Cecilia Montemayor Marín

Perspectivas y tendencias del ejido en conurbación del municipio de

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México



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and benefi ts. The paper presents a brief analysis of the trends of urbaniza on of el ejido in the mu-nicipality of Victoria, Tamaulipas, outlining cri cal points of social confl icts during the process. In the last decades big changes have oc-curred in the agro mexicano, mo- vated by the structural economic

crisis of the years 70’s, which has le stagna on and low profi tabil-ity in the fi eld. Also, a ributed to the eff ect of world globaliza on, climate change with consequent undercapitaliza on and impover-ishment of the agricultural social sector as well as the irremediable loss of natural resources. Amend-ments to ar cle 27 of the Con-s tución Polí ca de los Estados Unidos Mexicanos in 1992, have al-lowed the growth of urban sprawl in medium-sized ci es, whose fi rst sector predominated in its econ-omy. There is li le research and knowledge on the impact caused by the urbaniza on of erras eji-dales at the regional level. In the quest for sustainable development it is essen al that planning and land use, be done with basis and knowledge of local socio-economic phenomena, as well as impacts on the change of ownership and use of land in the municipality of Ciu-dad Victoria, Tamaulipas.

Key words: erras ejidales, urban growth, planning, Tamaulipas.

Antecedentes

Las ciudades generan, en su cre-cimiento acelerado, un cambio de valor en el suelo. Las ciudades que nacieron a orillas de fuentes de agua permanente, generaron áreas de cul vo en erras profun-das y fér les. Los grandes cambios en la rentabilidad agropecuaria y cambio climá co han sido la causa del abandono de esta ac vidad. El gran dilema que surge con el cam-bio de uso y propiedad del suelo es el de la polí ca alimentaria contra la de servicios básicos de asenta-mientos.

El campo y sus actores

En la década de los años setenta del siglo pasado, el agro mexicano sufrió una crisis de rentabilidad. En una competencia injusta, las polí- cas internacionales de mercado

permi eron que el alto subsidio de productos agropecuarios en países desarrollados se transfi riese como precio sombra, resultando di cil hasta la fecha obtener u lidad en los productos nacionales y sobre


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todo al querer ofertarlos a nivel internacional. Esto repercu ó se-riamente en la can dad de rein-versión de la empresa o productor agropecuario. Aunado a lo ante-rior, una descapitalización acele-rada por venta de ac vos semifi jos durante los años de 1985-1988 se manifestó como una terrible infl a-ción. Durante la crisis de 1994 reca-yó nuevamente la rentabilidad del campo, prevaleciendo empresas que maquilaban para exportación o bien que tenían buen precio en el mercado nacional. Durante el periodo de gobierno del presidente José López Por llo (1976-1982) se implementaron algunos cambios que pretendían la integración de la producción en erras ejidales a la dinámica eco-

nómica. Sin duda, los alcances no fueron los esperados por la poca cer dumbre de los procesos lega-les que garan zaran seguridad en la incursión de capital privado a erras ejidales.

Los acontecimientos económi-cos de crisis coyuntural favorecie-ron el empobrecimiento del sector social y los cambios hacia la priva- zación de las erras ejidales a tra-

vés de la modifi cación al ar culo 27 de la Cons tución Mexicana en 1992. Su repercusión hizo que el escenario de las polí cas mexica-

nas hacia el agro fuese indiscu ble-mente de mercado, con el conse-cuente abandono del sector social. Las estructuras agrarias son de-terminadas principalmente por su organización social, sistema de po-sesión y uso de erra, además del po y forma de producción, basado

en la capacidad y condiciones para la regeneración del recurso natu-ral. El punto medular en la relación espacial que se da entre los grupos sociales campesinos se encuentra en los términos ‘propiedad’ o ‘usu-fructo’ —derecho a uso— de los re-cursos naturales —especial-mente del agua—, comprendidos en la unidad denominada suelo. El mercado del recurso ‘ erra’ ene su punto crí co, antes que en

el espacio en sí, en la disposición y calidad de agua. En la región, la precipitación errá ca o la inexis-tencia de ella disminuye su valor produc vo y, por ende, el de mer-cado. De allí la importancia del apoyo del gobierno a diferentes niveles e instancias para dotar de infraes-tructura, valor que hace aumentar la especulación y precio en el mer-cado formal e informal. La dicotomía en el obje vo de la erra ejidal se da en el confl icto del concepto mercan l o social de la misma. La reforma agraria, como



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norma va, sólo es una parte del contexto general de la misma: nin-guna es fac ble si no existen apo-yos paralelos a través de polí cas económicas y judiciales adecuadas para llevarla a buen fi n. Si el Estado desa ende al sector social y a sus apoyos, tendrá como lógica con-secuencia la incursión de la erra ejidal en la dominante economía capitalista —polí ca neoliberal que sigue vigente— de la oferta y de-manda. El mercado de la erra está en función de las necesidades del eji-datario y su unidad económica fa-miliar (Maning, 1990) defi ne como funciones principales de la familia a nivel de grupo de personas:

—La transferencia de los recursos disponibles para sa sfacer sus ne-cesidades.—Asegurar el seguimiento de las metas múl ples establecidas.—La producción de bienes y servi-cios.—El consenso y toma de decisio-nes sobre el uso de ingresos para el consumo y producción.—La regulación social de sus rela-ciones con el exterior.—La reproducción social y mate-rial, así como el respaldo de sus integrantes.

En todas ellas está presente el costo de oportunidad —valor al que uno renuncia al escoger una opción excluyendo otra—. Para la unidad económica de la familia eji-dal, la migración pendular es una de las formas de integración más rápidas a las ciudades o centros de población cercana, siempre y cuan-do el costo no demerite el ingreso requerido para sobrevivir. Esto va paralelo a que la inversión en ca-pital humano que realizan sea una forma de transferir sus recursos a un sector más seguro y rentable. El riesgo de depender del “tem-poral” —irrigación por lluvia— y el bajo ingreso del sector agrícola o ganadero suburbano hacen que el principal ingreso familiar no proce-da de su dotación de erras en el ejido. Los intereses del cambio de uso de suelo bajo la perspec va guber-namental, sobre todo a nivel mu-nicipal por la demanda de espacio para vivienda social, entran en con-fl icto con el ejidatario poseedor del recurso. La concertación de estos actores es fundamental; normal-mente en ello se pierde mucho del ideal u obje vo de la polí ca del bienestar social.


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Datos del municipio de Ciudad Victoria

Está ubicado geográfi camente en la región centro oeste del estado de Tamaulipas, entre las coordenadas norte a 23º 59’, al sur 23º 24’ de la tud norte; al este 98º 55’ y al oeste a 99º 26’ de longitud oeste; con altura media de 321 metros so-bre el nivel del mar. Se halla sobre la cuenca hidrológica del río Purifi -cación, entre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, cuya altura va de los 1 mil 700 a 1 mil 850 me-tros sobre el nivel del mar. Colinda con los municipios de Güémez al norte, Llera y Jaumave al sur, Villa de Casas, Güémez y Llera al este y Jaumave y Güémez al oeste. Su extensión territorial de 1 mil 634.08 kilómetros cuadrados re-presenta 2.05 por ciento del terri-torio estatal; alberga a 42 ejidos. El municipio des na 4.72 por ciento del suelo para uso urbano; 15.27, para ac vidades agrícolas, y de este universo 12.66 por ciento son erras de temporal, lo que dismi-

nuye signifi ca vamente su posible aprovechamiento, ya que sólo 2.61 por ciento es de riego. El 28.22 por ciento se emplea para la cría de ganado; 22.44 por ciento son e-rras de agostadero —sólo puede aprovecharse la vegetación o pas-

tos naturales— y únicamente 5.78 por ciento lo cons tuyen praderas. El 37.77 por ciento es de uso fores-tal. Para la ac vidad industrial el porcentaje es menor al 2 por cien-to, quedando el resto para otros usos. Al sur de la cabecera munici-pal, Ciudad Victoria comparte con Jaumave una zona especial sujeta a la conservación ecológica deno-minada “Área Natural Protegida de Altas Cumbres” (Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 2005a; 2005b). De la población total del muni-cipio de Ciudad Victoria, 94.4 por ciento habita en la zona urbana y 5.6 por ciento en comunidades rurales —4 mil 43 habitantes—, con menos de 2 mil habitantes. Por edad predomina la población joven; el grupo menor de 15 años representa 32 por ciento; 60 por ciento integra a mayores de 16 hasta los 64 años; y 8 por ciento corresponde al sector de personas mayores a 65 años o con edad no especifi cada (Ins tuto Nacional de Estadís ca Geogra a e Informá ca, 2000). La población económicamente ac va (PEA) es de 102 mil 516 per-sonas —52.41 por ciento—, encon-trándose desempleadas 1 mil 376 de ellas —1.34 por ciento—; aun-que el porcentaje no es muy alto, se debe considerar el incremento



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anual del grupo que se incorpo-ra a la vida laboral al concluir sus estudios, por lo que se requiere incrementar las fuentes de empleo (Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 2005a). El 69.4 por ciento de la PEA está incorporado al sector terciario, por ser la capital el principal centro polí co-administra vo donde se ubican los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, además de la Universidad Autó-noma de Tamaulipas (UAT), tanto sus áreas administra vas como diversas en dades académicas. El 22 por ciento de la PEA se en-cuentra incorporado al sector se-cundario —minería, manufacturas y construcción—; 5.6 por ciento al primario —agricultura, ganadería y silvicultura—; y 3 por ciento en ac vidades que no están especifi -cadas. El 20 por ciento de la PEA per-cibe ingresos menores a un salario mínimo; 38 por ciento ob ene en-tre uno y dos; 35 por ciento entre dos y cinco; y sólo en 7 por ciento es superior a cinco salarios mínimos.

Distribución de la población

En la cabecera municipal, Ciudad Victoria, radica 94.66 por ciento de la población; 2.5 por ciento en

si os que oscilan entre 500 y 2 mil 499 habitantes; 2.84 por ciento vive en lugares de menos de 500 pobladores. El municipio está inte-grado por 279 localidades entre las que destacan: Ciudad Victoria ca-becera municipal, Alianza de Caba-lleros, Altos de Caballeros, Benito Juárez, La Misión, Santa Librada, La Libertad, Lázaro Cárdenas, Aquiles Serdán, El Fuerte de Portes Gil, La-borcitas, Loma Alta, Congregación Caballeros, Manuel Ávila Camacho y Tierra Nueva (Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 2005a).

Grafi ca 1. Crecimiento poblacio-nal de Ciudad Victoria Tamaulipas, 1856-2000

Fuente: Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 2005b.

La presión sobre la erra ejidal oca-sionada por el crecimiento econó-mico y poblacional de la cabecera municipal corresponde a la ten-dencia manifi esta en la grafi ca 1. La PEA se ha concentrado en el sector


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servicios debido a su condición de capital del estado, concentrando su importancia en educación y depen-dencias gubernamentales. Durante la segunda mitad de los noventa, la presencia de las maquiladoras en la ciudad representó un polo de de-sarrollo que acrecentó la migración del campo hacia la ciudad; sin em-bargo, las maquiladoras se vieron en crisis a mediados de la primera década de este siglo. No obstante, su crecimiento económico requirió en su momento la promoción de créditos habitacionales y aparición del concepto de fraccionamientos.

Cambio de uso de suelo para servi-cios públicos urbanos

El ritmo, formas de crecimiento y distribución de la población, auna-dos a los patrones de producción y consumo, inciden rápidamente en la disponibilidad y deterioro de los recursos naturales y el bienestar humano. El proceso de movilidad urbana temporal, así como la migración del campo a la ciudad en busca de me-jorar sus condiciones de vida, han ocasionado que la mancha urbana cada vez se ex enda mas, afectan-do las reservas territoriales rurales.

Debido a este proceso de urba-nización, los rápidos cambios de-mográfi cos e impactos ambientales a nivel mundial, nacional, estatal y local se dan necesariamente en las ciudades. El Ins tuto Nacional de Estadís- ca Geogra a e Informá ca (2002)

señala que en la actualidad más de la mitad de la humanidad vive en áreas urbanas, es mándose un incremento para 2025 de 62.5 por ciento —8 mil millones de habitan-tes— que seguramente afectará las áreas y recursos naturales por el impacto de la ac vidad del hombre y los requerimientos para sa sfa-cer sus necesidades. Ello obliga a que las municipalidades urbanicen grandes extensiones de terrenos de erra generalmente agrícola para brindarles vivienda y servicios básicos a los nuevos habitantes. El concepto de uso de suelo puede ser visto integralmente a través de la evaluación social —económica—, instrumento básico para la planifi cación de obras pú-blicas y de sus consecuencias —costo-benefi cio—. En el planteamiento de cambio de uso de suelo en el ejido Guada-lupe Victoria, del municipio de Ciu-dad Victoria, podríamos mencionar la construcción de un hospital de especialidades, centro comercial



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y nuevas viviendas, cuyo costo de oportunidad mejorará sin duda los sectores de la construcción, infraestructura, vivienda, empleos directos e indirectos —básicos y de especialidad—, comercio local, re-caudación fi scal, mantenimiento y servicios, entre otros. Para quien se encuentra espe-cializado en el área agropecuaria, este cambio del uso original de suelo se asume con ma ces más sen mentales por la ex nción de una ac vidad considerada de segu-ridad nacional —alimentación—, pero bajo el lente social y redistri-bu vo, la opción de cambio de uso de suelo parece ser la mejor.

La conurbación de áreas ejidales

El ar culo 27 cons tucional le otor-ga al gobierno del municipio, en primera instancia, seguido por el estado y la federación, la capacidad para decidir el cambio de tenencia o uso de suelo. Esto crea en ocasio-nes una aparente disconformidad por el nivel de toma de decisiones y de los derechos que por costum-bre se otorgaban al usufructuario. Esta situación tan peculiar provoca que la mecánica de las transaccio-nes a nivel informal por parte de los ejidatarios se dé en la forma de ceder derecho de uso de suelo

fuera de la ley, con asentamientos humanos que en ocasiones man- enen ciertos nexos, familiares o

polí cos, con invasiones premedi-tadas para invalidar toda posible decisión y ges ón gubernamental, obligando por presión polí ca a la regularización de este derecho a los nuevos pobladores, con la con-secuente dotación de servicios pú-blicos (Casas, S., 1994). La tendencia clara sobre la ex-pansión urbana en los próximos años se ve manifi esta en los mapas 1 y 2: Ciudad Victoria ha mostra-do una expansión hacia el norte y oriente de la ciudad. Los ejidos co-nurbanos han sido los preferidos para asentamientos irregulares y después de1996, ante el fenóme-no de la compraventa de erras, se tramitó para transformarlos en erras de propiedad privada.

La superfi cie expropiada en su gran mayoría se ha des nado a nuevos asentamientos humanos e infraestructura urbana. Estrada P. (1994) comenta la problemá ca durante la primera etapa de priva- zación del ejido:

—Los cambios internos sufridos en las organizaciones ejidales con su alternancia con asentamientos hu-manos marginados.


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Tabla 1. Problemá ca de la conurbación de ejidos en Ciudad Victoria hasta 1993

Fuente: Secretaria de Reforma Agraria, 1993, citado por Casas S., 1994.



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—El uso de suelo actual y uso po-tencial, sobre todo desde el punto de vista de impacto ecológico urba-no, su evolución e impacto social. —Cambios en las estructuras y ac- vidades económicas de familias

de ejidatarios y de los asentamien-tos humanos conurbados. —Los cambios internos sufridos en las organizaciones ejidales con su alternancia con asentamientos hu-manos marginados.

Mapa 1. Área urbana, erras eji-dales y orografi a de Ciudad Victo-ria, Tamaulipas

Fuente: Ins tuto Nacional de Estadís ca Geogra- a e Informá ca, 2005.

Mapa 2. Crecimiento de la mancha urbana de Ciudad Victoria, Tamau-lipas

Fuente: Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 2000b.

La efi ciencia en la aplicación de la norma y la ley no dará resultados posi vos o de alcances esperados si no se proponen y adecuan me-canismos para integrar y benefi -ciar a los ejidatarios asentados y sus familiares con los cambios so-ciales, polí cos y económicos que origina la urbanización. De lo con-trario, caerán en la especulación y despojo de erras a las cuales les une tradición e historia, además de enfrascarse en una lucha de poder que tan sólo menguará los pocos recursos que poseen dichas clases marginadas.


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Tabla 2. Expropiaciones realizadas por la Comisión para la Regulariza-ción de la Tenencia de la Tierra (Core ) a ejidos conurbanos de Ciudad Victoria entre 1996 y 2004

Fuente: Secretaria de la Reforma Agraria, 2005.



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Tabla 3. Relación de ejidos conurbanos de Victoria superfi cie y uso, 2005

Fuente: Secretaria de Reforma Agraria, 2005.


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Conclusiones

Las tendencias muestran que los ejidos conurbanos seguirán siendo erra de reserva para abastecer el

crecimiento constante de la man-cha urbana de Ciudad Victoria. Las erras ejidales que se en-cuentran hacia la sierra enen mejores condiciones para una edifi cación más económica por la necesidad de hacer poco cimien-to, comparada con la parte plana, donde los perfi les de suelo son profundos. Las ac vidades económicas causadas indirectamente por la ur-banización han sido en lo general más posi vas que nega vas, con-siderando la mano de obra exigida en el sector de salud, construcción y servicios públicos en empos en que la ac vidad agropecuaria es poco rentable a baja escala. El impacto social es mayormen-te distribu vo con el cambio de uso de suelo de agropecuario a urbano. Existe un mayor número de bene-fi ciarios directamente en forma de viviendas e indirectamente con la diversifi cación de ingresos de sus habitantes. Un mayor apoyo en infraes-tructura suburbana propiciará un incremento en el valor de suelo ya priva zado y, por consiguiente,

propiciará una mayor recaudación municipal. El crecimiento urbano deberá de estar sujeto, más que a un sim-ple cambio de propiedad, a una buena planeación urbana consi-derando en detalle el impacto que ocasiona cada nuevo asentamiento humano, y así poder prevenir, más que lamentar, en vista de la veloci-dad como se dan estos cambios de uso de suelo que, inevitablemente, ponen a prueba la capacidad de las autoridades para proporcionar servicios públicos sufi cientes a los nuevos pobladores.

Bibliogra a

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Estrada Bellmann, Pedro Carlos, 1994, Gobierno de Tamaulipas, 2005, Mapa Interac vo.

Disponible en: http://www.tamaulipas.gob.mxIns tuto Nacional de Estadís ca Geogra a e

Informá ca, 1960, Censo General de Pobla-ción y Vivienda del Estado de Tamaulipas, INEGI.

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Ins tuto Nacional de Estadís ca Geogra a e In-formá ca, 2002, Notas, revista de informa-ción y análisis, núm.16, julio, INEGI.

Ins tuto Nacional de Estadís ca Geogra a e In-formá ca, 2005, Mapa interac vo, INEGI.

Disponible en: http://www.inegi.gob.mxSecretaria de la Reforma Agraria, 2005, Infor-

mación de la Delegación Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2002, Diagnos co Ecológico del Gobierno del Esta-do de Tamaulipas.


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Resumen

L a inves gación que se presen-ta a con nuación se realizó con la fi nalidad de hacer un

análisis de los espacios públicos y con mayor enfoque en las áreas verdes en el polígono Edison, un examen de la comunidad y de cómo se genera la ciudadanía, así como también la legislación actual. Para esto se defi ne claramente lo que es espacio público. Esto llevará a una mayor comprensión del tér-mino y así entender de qué forma pudiera mejorarse el ámbito legal para un cuidado óp mo y aprove-chamiento de las áreas verdes y de los espacios urbanos en general. El caso de estudio a tomar es el polígono Edison, formado por el polígono de pobreza núm. 66 de acuerdo al libro Mapas de pobreza y rezago social en el Área Metro-politana de Monterrey (Consejo de Desarrollo Social/Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009), junto con algunas colonias más,

que en total forman ocho muy bien marcadas por estos límites urbanos invisibles, pero que afectan a la tra-za urbana y la vida social.

Palabras clave: espacio público, ciudadanía, legislación.

Abstract:

The research presented here was conducted in order to make an analysis of public spaces and with greater focus on the green areas in the Polygon Edison, an analysis of community and ci zenship as it is generated, as well as the current legisla on. For it is clearly defi ned what is public space for some au-thors. This will lead to a greater understanding of what is a pub-lic space and so understand how the legal environment could be improved for be er care and use of green areas and urban areas in general.

Rafael Alejandro Tavares Mar nezEduardo Sousa González

Análisis de los espacios públicos en el polígono Edison y revisión de la

legislación actual



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The case study is taking Poly-gon Edison, which is formed by the poverty Polygon # 66, according to the book Maps of poverty and social backwardness in the metro-politan area of Monterrey (Consejo de Desarrollo Social/ Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009) and a few colonies in total formed eight well marked by these invis-ible city limits but that aff ect the urban and social life.

Key words: public space, ci zen-ship, legisla on.

Contexto

Las ciudades actuales presentan una mayor diversidad de culturas, formas de pensar, estratos so-cioeconómicos y también descen-tralizaciones de los asentamientos humanos. Sumado el aumento de población, esto conlleva a que las manchas urbanas crezcan en forma horizontal, como es el caso de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Este crecimiento horizontal ge-nera nodos aislados de infraestruc-tura: equipamiento sico y equi-pamiento social. Con ello provoca que el centro natural de la ciudad vaya siendo abandonado por sus

habitantes, quienes se mudan a las orillas de la mancha urbana. Estas áreas o barrios con de-cremento de habitantes se vuel-ven vulnerables en varios ámbitos: educa vo, recrea vo, de empleo, de seguridad, de ac vidades hu-manas destruc vas, demandando ayuda por parte del gobierno. En el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) existen 69 po-lígonos de pobreza detectados, de los cuales uno de ellos será el obje-to de estudio de esta inves gación. El ar culo se enfocará en el polígo-no de pobreza núm. 66, de acuerdo al libro Mapas de pobreza y rezago social en el Área Metropolitana de Monterrey (Consejo de Desarrollo Social/Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009). Tal polígono está conformado por ocho barrios de grupos vulnerables que ordena-dos de sur a norte son: Talleres, 10 de Marzo, Tijerina, Jaramillo, Pro-greso, Benito Juárez, Fomerrey 47 y Garza Nieto. El polígono posee una exten-sión territorial de 200 hectáreas, es decir, está compuesto de 10 por 20 manzanas. La población total de estos barrios es de 24 mil 144 personas (Ins tuto Nacional de Es-tadís ca, Geogra a e Informá ca, 2001) distribuidas en diferentes edades, tal como lo muestra la si-guiente gráfi ca.


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1. Gráfi ca compara va entre la pirámide de edades a nivel nacional y en el po-lígono

Fuente: Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá ca, 2001.

Defi niciones

En opinión de Marshal (1998), la ciudadanía consiste esencialmen-te en asegurar que cada cual sea tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales. La ma-nera de asegurar este po de per-tenencia consiste en otorgar a los individuos un número creciente de derechos de ciudadanía. En esta época vivimos empos adversos a los derechos socia-les, a la iden dad ciudadana, a la conciencia de ciudadanía. A pesar de lo cual —o precisamente por ello—, la categoría de ciudadanía ha suscitado un interés que no se percibía hace 20 años, adquiriendo

una capacidad de resonancia no alcanzada hasta ahora en su propia historia, y ello por razones tanto de orden teórico como político. El interés teórico del término puede deberse a la capacidad de la ciudadanía para integrar las exi-gencias de jus cia y pertenencia. Polí camente, se señala como es-cenario del resurgimiento del inte-rés que comentamos: por un lado, la tendencia observada de crecien-te indiferencia de los ciudadanos en su calidad de votantes; por otro, el pluralismo en aumento, conco-mitante con el fl orecimiento de múl ples ejes de diferenciación social, en medio de exigencias cada vez mayores de adaptación a las



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nuevas reglas de juego impuestas por la globalización, lo cual provo-ca una crisis en las iden dades po-lí cas. La ciudadanía, por consiguien-te, aparece como preocupación polí ca en medio de un proceso de desiden fi cación polí ca y de pér-dida de confi anza en las ins tucio-nes democrá cas (Kymlicka, 1996; Paranio, 1998). Preocupación que nos atañe a nosotros mismos como ciudadanos; de ahí la difi cultad adicional que se presenta en el abordaje de este tema, en tanto requiere un esfuerzo mayor de se-paración analí ca entre la mirada teórica y la mirada polí ca, entre lo que encontramos y lo que desea-ríamos encontrar. De manera que dis ntos autores le otorgan, teóricamente, signifi ca-dos muy dis ntos y le imprimen, polí camente, valores muy diver-gentes. Sus componentes centrales —pertenencia, jerarquía, igualdad, virtud, derechos, deberes— ad-quieren mayor o menor relevancia según el momento histórico en que se inscriba el análisis de la ciudada-nía. Con esto decimos que no hay una “esencia” atribuible a la ciuda-danía, sino que la misma con ene todos estos elementos, a la vez que no con ene a ninguno de manera par cular y defi ni va.

La idea de ciudadanía con fuer-te predominio de los derechos ha sido cues onada desde dis ntos ángulos, tanto teóricos como po-lí cos. Pese a su procedencia tan diversa, tales crí cas apuntalan la necesidad de incorporar las obliga-ciones, responsabilidades y virtu-des como cons tu vas de la ciuda-danía. Los crí cos provenientes de la llamada Nueva Derecha atacan los derechos sociales de ciudada-nía por considerarlos incompa -bles con las exigencias de libertad nega va y con los reclamos de la jus cia con base en el mérito. Desde distintos ángulos, y sal-vo los conservadores modernos, que han reafirmado el rol del mercado, el resto del espectro re-conoce a la ciudadanía como una condición política y social que confiere un estatus independien-temente de la posición econó-mica.Ahora bien, la ciudadanía también es problemática desde otro ángulo: asistimos a un mo-mento de ruptura entre ciudada-nos y dirigentes, enmarcada en un proceso de crisis de represen-tación, de las palabras, de identi-dades individuales y grupales; en el escenario actual viene perdien-do entidad el ciudadano, dotado a su vez de las mismas capacida-des y derechos.


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De cualquier modo, se cree que la cues ón no se resuelve adscri-biendo simplemente a la idea de ciudadanía diferenciada, sino que, hoy más que nunca, es preciso pensar en la construcción de un es-pacio público que pueda acoger las múl ples pertenencias comunita-rias, traspasándolas a un orden que permita la convivencia, lo cual exige la recons tución de ciertas ideas ge-nerales o universales que acojan en su seno a las diferencias y, a la vez, impidan la fragmentación. La ciudadanía se genera en los espacios públicos, pero ¿qué es un espacio público? Es la esencia mis-ma del territorio y de los asenta-mientos humanos. Todos nosotros jugamos, circulamos, nos entre-tenemos y nos iden fi camos con determinados lugares en diferen-tes momentos de nuestras vidas. Todos recorremos a diario paseos peatonales, calles y avenidas hacia los cuales desarrollamos algún po de afi nidad, aunque muchas veces deseamos que sean más atrac vos, mejor cuidados, más seguros (De-lamaza, 2011). Todo lo aquí mencionado debe ser implementado en las áreas urbanas donde existen grupos so-cialmente vulnerables. En el AMM existen 69 polígonos de pobreza detectados por el Gobierno del Es-

tado. Estas áreas o barrios con de-cremento de habitantes se vuelven vulnerables en los ámbitos educa- vo, recrea vo, de empleo, de se-

guridad, de ac vidades humanas destruc vas, y demandan ayuda por parte del gobierno. Existen diversos ejemplos que dan pie a un marco de referencia, como el urbanismo social en Me-dellín, Colombia. En esa ciudad, di-cha disciplina es un claro ejemplo de regeneración urbana y social debido al gran impacto que ene el diseñar arquitectura de gran re-nombre y construirla en los lugares con población más desprotegida y necesitada como la que habita los barrios vulnerables. Esto conlleva a que los ciudadanos se sientan atendidos y valorados por la comu-nidad, el gobierno y las empresas.

El urbanismo social es el com-ponente más impactante. Consiste, básicamente, en el direccionamiento de grandes inversiones en proyectos urba-nís cos puntuales hacia los sec-tores populares de la ciudad. Argumentando que la ciudad ene una deuda histórica con

estos sectores olvidados, se ha apostado a cancelarla me-diante la construcción de obras infraestructurales y arquitec-tónicas de alta calidad y fuerte



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impacto tanto esté co como social (Brand, P., 2010).

También existe otra inves gación, “Efectos diferenciales de la comu-nidad sobre la percepción y uso de áreas verdes urbanas” (Lo, A. Y. y Jim, C. Y. 2010), en donde se estudió la diversidad de la percep-ción del público hacia los espacios verdes urbanos en Hong Kong. Se hicieron muestras al azar y fueron seleccionados hogares de cuatro comunidades residenciales domi-nantes: la an gua central de vi-vienda pública (OP); el viejo núcleo residencial (OR); los suburbios re-sidenciales (SR); y la nueva ciudad de viviendas públicas (NP). Se rea-lizaron entrevistas usando un cues- onario estructurado; la ac tud de

los residentes, el patrón de visita, la preferencia de los espacios ver-des y la evaluación de la calidad del barrio también se inves garon. Los suburbios residenciales pre-sentaron resultados peculiares en comparaciones con lo demás. Las diferencias moderadas entre las otras tres comunidades fueron vin-culadas principalmente a las carac-terís cas locales en los alrededores del parque. OP hizo más hincapié en la función de los lugares comu-nes de interacción vecinal asociado con una mejor relación social de una población de más edad.

Los parques en OP fueron los más visitados, a pesar de que sus habitantes eran sensibles a los im-pactos nega vos de los espacios verdes urbanos, algo que se rela-ciona con deterioro urbano en los alrededores. Los encuestados en el SR aprecian las áreas verdes como un ambiente acogedor para las ac- vidades de la familia y el goce es-

té co. En el NP los residentes fue-ron visitantes menos frecuentes a pesar de la provisión generosa de parques, debido a la población juvenil, la cohesión social débil y escasa integración de los nuevos inmigrantes. Factores de calidad de la comunidad tales como relación de vecindad y la densidad urbana pudieron haber infl uido en la per-cepción. “Las cualidades sociales fueron más importantes que los aspectos sicos de los parques en infl uir a

que lleguen visitantes” (Lo, A. Y. y Jim, C. Y. 2010). También según el Censo de población y vivienda 2010 (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá ca, 2011), en 1990 exis an 74 personas depen-dientes por cada 100 en edad de trabajo; de estas 74, siete personas eran de la tercera edad y 67, niños; en 2000, eran ocho personas de la tercera edad y 56 niños, dando un total de 64 personas dependientes; y en 2010, 10 personas eran de la


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tercera edad y 55, niños, dando un total de 55 dependientes por cada 100. Con estos datos se ve clara-mente que existe un alto porcen-taje de grupos vulnerables, en este caso niños y adultos mayores. Es por ello que los espacios pú-blicos, desde un parque, plaza, ca-mellón, banqueta o cualquier otro transitado por el peatón, deben ser diseñados de forma que un adulto mayor pueda recorrerlos y usarlos sin dependencia de nadie, al igual que un niño. “El espacio urbano ene nue-vos procesos de concentración y complejidad de ac vidades y usos para op mizar las sinergias”, dice Jordi Borja en el ensayo Ciuda-danía y espacio público. Se debe generar cohesión social y apoyo a los grupos vulnerables mediante la regeneración de centros y áreas ur-banas con mejora en la movilidad y visibilidad, y con la promoción de nuevos productos que vuelvan a ac var el tejido social y económico y así generar autoes ma y ciudada-nía en los habitantes del entorno urbano.

Espacio público y legislación

Los centros urbanos son los lugares polisémicos de la ciudad, excepto

cuando se homogenizan y espe-cializan. El desa o urbano es crear nuevos centros metropolitanos, otorgando la movilidad, accesibili-dad y visibilidad de los mismos. El espacio público es un desa o polí- co, urbanís co y cultural referido

a toda la ciudad (Borja, J., 2001) El espacio público es aquel que se u lizaba para compar r con ex-traños, con personas que no son nuestros parientes, amigos o com-pañeros de trabajo (Cohen, 1986). Es el espacio para la polí ca, la religión, el comercio, el deporte y la coexistencia pacífi ca e intercam-bio impersonal. Por otro lado, Carr, (1992) lo defi nen como el espacio común donde la gente lleva a cabo ac vidades funcionales y rituales que vinculan a la comunidad, don-de se despliega el drama diario de la vida comunal. También el espacio urbano pú-blico es considerado como aquel que no es controlado privadamen-te por individuales: es abierto al público en general y es controlado por la autoridad pública, concierne a la comunidad entera, es disponi-ble para todos y usado o compar- do por todos los miembros de la

comunidad. Por lo tanto, se carac-teriza por la posibilidad de permi r la entremezcla de diferentes gru-pos de gente sin importar su clase,



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género o edad (Madanipour, 2013). El espacio público, además de integrar, vincular y promover la socialización, con su existencia concede al poblador el derecho a desarrollarse e integrar su vida en la comunidad y así sa sfacer nece-sidades humanas de vida colec va. Se deben de considerar los es-pacios públicos como oportunida-des de regenerar y rehabilitar el ámbito urbano, al igual que de ge-nerar la movilidad y accesibilidad del ciudadano. La par cipación ciu-dadana es considerada una forma de expresión polí ca y cultural y de suma importancia en la generación de comunidad en dicho ámbito. En la época actual, el tema del espacio público ha adquirido un reconocimiento especial dentro de la ges ón de la ciudad. En un gran número de ciudades se han impul-sado diversas estrategias y polí cas para el mejoramiento y desarrollo de calles, avenidas, plazas y par-ques, así como también la cons-trucción de edifi cios emblemá -cos. El uso del espacio público en las ciudades la noamericanas sigue considerado con aprecio, aun cuan-do no cuenten con el equipamiento adecuado y otras cosas. Es por ello que el espacio público en nuestras la tudes es muy importante y hay

que desarrollarlo y cuidarlo, ya que en él se realizan ac vidades públi-cas y de comunidad, así como de convivencia y relaciones sociales y de ciudad. Dentro del polígono Edison —mostrado a con nuación— existe una limitación clara de la traza ur-bana y que de forma invisible infl u-ye en que la comunidad sólo mire hacia adentro y no a la ciudad o entorno en general, y a su vez que la ciudad no mire hacia adentro y se preocupe por lo que sucede en su entorno inmediato. Claramente se observa cómo las avenidas son cicatrices urbanas y aíslan una par-te de la ciudad. Al norte la aveni-da Ruiz Cor nes con sus amplias calles; al sur la avenida Colón con su alto fl ujo vehicular; al oriente la avenida Venus ano Carranza y los pa os y an gua estación del tren, que no permiten el acceso directo a la colonia inmediata, la Industrial; y al poniente la calle Jordán que sir-ve de división entre dos niveles so-ciales y divide una traza urbana de cuadricula y una rectangular y en diagonal, como pareciendo que no se quisiera que hubiera interacción entre estas dos partes de la urbe.


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2. Mapa de generalidades del polígo-no Edison, formado por ocho colonias

Fuente: Presentación polígono Edison.

Ya dentro del tema de espacios públicos, en el polígono Edison se hizo un levantamiento de las áreas públicas y se dividieron en tres ca-tegorías —en parque, cancha y pla-za—, cada una con sus defi niciones para poder dis nguirlas. El parque es el espacio público verde de uso y derecho público; la cancha es el espacio público “verde” de uso ins- tucional, ya sea escuela o cancha

con control de acceso; y la plaza es

el espacio público construido. El to-tal de metros cuadrados existentes de espacio público fueron 20 mil. Comparando este dato con el pará-metro mínimo que ene la Organi-zación Mundial de la Salud (OMS), que es de nueve metros cuadrados por habitante, el polígono debería de contar con 192 mil metros cua-drados; para alcanzar este cifra le falta 172 mil. Esto es un ejemplo de la falta de importancia que le dan los planes de desarrollo y el propio gobierno a los espacios públicos.

3. Mapa de ubicación de parques, can-chas y plazas en el polígono Edison.




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4. Gráfi ca compara va de metros cuadrados existentes en el polígo-no Edison y los metros cuadrados óp mos, tomando como número de habitantes los consignados en el XII Censo general de población y vivienda 2000 (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Infor-má ca, 2001)


Según una inves gación del en-torno social (IES) realizada por el doctor Luis Béjar en áreas del po-lígono Edison, mediante encues-tas, entrevistas a profundidad y un método hibrido de inves gación social y mercadotecnia, denomina-da Inves gación de Entorno Socio Ecológico (IESE)®, la composición familiar está dividida en jefe de fa-milia, ama de casa, hijo adulto, hijo menor y otro; y en donde el adulto joven —de 18 a 35 años— compo-ne a la familia en 30.3 por ciento y el adulto mayor —de más de 65 años— compone a la familia en 17.1 por ciento. Según este método, la edad de la composición familiar es:

5. Grafi ca de composición familiar con base en la edad

Fuente: Inves gación del Entorno Socio Ecológico por el doctor Luis Béjar.


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El estudio considera la pregunta: si estuviera en sus manos, ¿qué me-joras le haría a su comunidad?, a la que 20 por ciento de los encuesta-dos mencionó construir un centro depor vo o construir o mejorar los parques.

6. Grafi ca de mejoras que harían los habitantes a su comunidad

Fuente: Inves gación del Entorno Socio Ecológi-co por el doctor Luis Béjar.

En las entrevistas a profundidad de 12 personas, los temas en los que estuvieron más de acuerdo fueron parques —ocho puntos—, vigilan-cia —siete puntos— y generar em-pleos —siete puntos—.

En síntesis verbalizada, lo que se obtuvo es que:

Lo que más se requiere son es-pacios abiertos como parques y plazas, centros depor vos y recrea vos que jalen a nues-tros jóvenes; incrementar la vi-gilancia y establecer programas para la capacitación, formación y educación —especialmente orientados a los jóvenes— para sacarlos del pandillerismo y vi-cios; además de mejorar la ca-lidad del equipamiento y servi-cios urbanos con que se cuenta.

Los programas de desarrollo urbano vigentes en nuestro país han mostrado inefi ciencias como instrumentos de planea-ción urbana. Jan Bazant (1996) opina que el enfoque tradicio-nal de la planeación urbana de asignar un uso e intensidad al uso del suelo urbano y ambien-tal ha sido poco efec vo como instrumento regulador de la expansión urbana. En la ciudad de México esta inefec vidad ha sido una constante en la regula-ción urbana a lo largo de casi 35 años, es decir, desde que se lle-vó a cabo el primer plan maes-tro urbano. Uno de los problemas actua-les de la planeación urbana, así como el desarrollo y manteni-miento de equipamiento urba-



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no, es que la planeación urbana es una moda polí ca y no una necesidad: “el interés actual de los planifi cadores es obtener re-sultados a corto plazo que polí -camente pueda ser cosechados” (Bazant, J., 1996). Esto lleva a que, en la actuali-dad, la ciudad con núe sin estar claramente delimitada. Se siguen aprovechando las inconsistencias de los reglamentos, las normas y el

marco jurídico para expandir la ciu-dad de forma irregular e informal. Por ello es importante la forma en que el desarrollo urbano puede consolidarse cada vez más en los reglamentos y marcos jurídicos del desarrollo; el ir cerrando los espa-cios abiertos o espacios vacíos en las norma vidades y reglamentos llevará al desarrollo urbano a un nuevo futuro, a una nueva etapa en el desarrollo social y de equipa-miento público.

Es necesaria una recomposición conceptual de la relación derecho y territorio, en la qie se propone rehacer no sólo desde el concep-

7. Tabla de concentración de necesidades sen das por tes gos privile-giados de la comunidad, en relación con la problemá ca socioeconómi-ca de las cuatro colonias

Fuente: Inves gación del Entorno Socio Ecológico por el doctor Luis Béjar.

to de la pluralidad jurídica, sino también desde las territorialidades múl ples. Considero que la ley de asentamientos humanos, ya sea la


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actual o la anterior, ene todavía muchos espacios en blanco, ambi-güedades y ausencia de lineamien-tos que revisen y evalúen sistemá- camente los planes de desarrollo

urbano y, más allá de eso, revisen, evalúen y mejoren los espacios públicos y la calidad de vida de la comunidad.

Conclusión

Es por esto que la legislación debe contener normas y propuestas de derecho que salvaguarden a los ha-bitantes de las comunidades, otor-gándoles el derecho al espacio pú-blico, a las áreas verde, recrea va y depor va. Es aquí donde ene un papel clave la legislación mexicana, al dictar normas o leyes que propi-cien la inicia va de las empresas, de la comunidad o de gobierno, ya sea municipal o estatal, en rege-nerar comunidades de grupos vul-nerables, dotándolas de espacios para su uso. En el contexto internacional, tenemos el caso de Medellín, Co-lombia, donde el gobierno, dentro de su plan de regeneración urba-na, tomó como punto principal el desarrollo de espacios públicos y de comunidad como un detona-

dor de bienestar social. Esto es, el desarrollo de plazas, áreas verdes, centros comunitarios, centros del emprendimiento, bibliotecas, etcé-tera. La idea principal de esta inter-vención es que se debe de poner lo mejor de la ciudad en estos polígo-nos de pobreza o grupos vulnera-bles, para que estos grupos en ver-dad vean cambios en su comunidad y, al mismo empo, se propicie en ellos un sen do de pertenencia a fi n de que respeten y mantengan sus espacios, sin endo el barrio como propio. También hace falta una mayor profundidad de términos en la le-gislación, por ejemplo “espacio público” o “espacio urbano” y tam-bién “digno y decoroso”, ya que se enuncia que la población ene derecho a “una vivienda digna” en el obje vo cuatro del Plan Sectorial de Desarrollo Social. Por úl mo, se considera que las leyes aún no están a la par del de-sarrollo urbano, desarrollo social o del desarrollo humano, por lo que es importante ir disminuyendo la diferencia entre las leyes y la vida actual. Así, en un futuro próximo, las leyes y reglamentos estarán al día con lo que sucede en la vida diaria y con lo que es mejor para la comunidad.



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Los espacios públicos aún son menospreciados por la comunidad en general, y hasta que esto no cambie o esté en vías de mejora, no se le podrá exigir al gobierno y a la legislación normas, derechos y obligaciones más aptas para un mejor aprovechamiento de dichos espacios. En el caso del municipio de Monterrey, se han hecho pro-gramas en donde incluyen a la co-munidad para generar la par cipa-ción ciudadana y con esto integrar a los usuarios del espacio urbano en su desarrollo y mejora. Por ello, la legislación debe ayu-dar a lograr estos ideales colec -vos, promoviendo reglamentos o leyes en donde se dicten obliga-ciones y derechos que deben ser observados por la comunidad en general, ciudadanos, empresas, gobiernos, organizaciones no gu-bernamentales, entre otros, y pue-dan contribuir así a la mejora de los espacios públicos.

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Desarrollo urbano:Acercamiento teórico


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Desarrollo urbano: Acercamiento teórico

Resumen

E n el presente ar culo se iden- fi can todos y cada uno de

los elementos caracterís cos del fenómeno urbano-popular y se muestra la forma cómo aquéllos están enlazados. Se describen, pri-mero, las coincidencias en la per-cepción de los hechos —pobreza, informalidad, tenencia ilegal, papel relevante de la mujer, etcétera— por parte de las cuatro perspec -vas iden fi cadas por el autor en la literatura; y se señalan, después, las diferencias de opinión sobre el asunto. De esta discusión surgen los aspectos más caracterís cos del fenómeno objeto de estudio, permi endo defi nir los elementos en cues ón: ingresos familiares, par cipación familiar, comunal y de redes de ayuda mutua, apoyo estatal, intereses de organizacio-nes, par dos, asociaciones e indi-viduos involucrados, par cipación del hombre y la mujer colonos en las decisiones y aportación de re-cursos, calendario y jornadas labo-rales, etcétera.

Finalmente, estos elementos se relacionan unos con otros, por ejemplo: los altos precios —de la erra y materiales— llevan a la intervención del Estado —regulari-zación, erra barata, paquetes de materiales—; la obtención legal de erra, de servicios e infraestruc-

tura, se debe a la par cipación de las familias, redes y comunidad; tal par cipación es es mulada, a su vez, por la inclusión y presencia fe-menina; la intervención de organi-zaciones, par dos, asociaciones e individuos afectan la par cipación de los colonos, y/o es mulan ac-ciones gubernamentales; el empo inver do en la autoconstrucción resulta del nivel del ingreso familiar y del empo “libre”; éste, a su vez, está determinado por las jornadas laborales de los empleos de los co-lonos..

Palabras clave: urbanización popu-lar, Estado, autoconstrucción, par- cipación femenina.

José Ricardo González Alcalá

Elementos y sus relaciones del pro-ceso de urbanización popular



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Abstract

This ar cle iden fi es each and ev-ery one of the characteris c ele-ments of popular urban phenome-non and shows how they are linked. It describes, fi rst, the similari es in the percep on of events (pov-erty, informal, illegal possession, role of women, etcétera.) from the perspec ves on the subject, and points out, then, the diff erences of opinion on the ma er. From this discussion derive the most charac-teris cs of the phenomenon under study, allowing to defi ne those el-ements: family income, family in-volvement, community and mutual support networks, state support, interes ng organiza ons, poli cal par es, associa ons and individu-als involved, se lers women and male involved in decisions and pro-viding resources, labor day calen-dar, etc. Finally, these elements relate to each other, for example: high prices (land and materials) lead to state interven on (regulariza- on, cheap land, materials packa-

ges), the legal acquisi on of land, infrastructure and services, is due to the involvement of families and community networks; such par -cipa on is s mulated, in turn, by women’s par cipa on, the invol-

vement of organiza ons, poli cal par es, associa ons and indivi-duals aff ect the par cipa on of the se lers, and / or s mulate ac- ons government, the me spent

on the self, it’s household income level and ‘free’ me, which will, in turn, is determined by the working hours of employment of the se -lers, etcétera

Key words: popular urbanisa on, State, autoconstrucción, female par cipa on

Introducción

Desde mediados del siglo XX en México, las ciudades se han venido expandiendo en virtud de diver-sos factores económicos y socia-les. Destaca especialmente, en las grandes urbes, “la implantación de las viviendas precarias, en asen-tamientos irregulares de los sec-tores más pobres de la población, sin capacidad de acceder a ningún proyecto de vivienda público o pri-vado” (Pradilla, E., 2010: 527). No obstante la pérdida de vitalidad ex-perimentada actualmente en algu-nas áreas metropolitanas de Méxi-co por esta forma de urbanización (Ramírez, J. y P. Safa, 2011), la im-


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portancia del asunto queda ilustra-da en la siguiente apreciación:

El estado de la cues ón apun-ta… a las previsiones de la ONU, que afi rma que en el año 2050 el 50% de la población mundial vivirá en “ciudades autocons-truidas” en forma de asenta-mientos informales descontro-lados. De hecho, este po de viviendas pueblan ya gran parte del territorio tanto de los países en desarrollo como de sus her-manos supuestamente más en-riquecidos (elisaltarina, 2009).

La observación sistemá ca de los hechos y el sen do que a éstos le confi ere la especulación teórica en el tema de la urbanización popular —todo ello ampliamente expuesto por la literatura (Álvarez, N., 2012; Pradilla, E., 2010; elisaltarina, 2009; Lafuente, M. y C. Gena os, 2005 ; Duhau, E., 1998; Massolo, A., 1997; Chant, S., 1994; Espinoza, G., 1994; González, M. y R. Durán, 1994; Laguna, Z., 1994; Mogrove-jo, N., 1994; Sánchez, M. y M. To-rres, 1994; Ziccardi, A. y A. Mier y Terán, 1985; Schteingart, M., 1982; Fichter, R., J. Turner y P. Grenell, 1976; Turner, J., 1970)—, permiten conjeturar algunas ideas en torno a la construcción de un modelo que determine los elementos carac-

terís cos del fenómeno urbano-popular y muestre la forma cómo aquéllos están enlazados. En el presente ar culo, la lite-ratura sobre el tema se clasifi ca en cuatro categorías: a) la perspec va teórica marginalista-funcionalista, que resalta la par cipación libre y autónoma del colono en la cons-trucción de una vivienda posible, y la par cipación concomitante del Estado en la regularización de la tenencia de la erra y realización de obras de urbanización (Fichter, R., J. Turner y P. Grenell, 1976; Tur-ner, J., 1970); b) el punto de vista histórico-estructural, que defi ne a la vivienda como un bien de consu-mo indispensable en la reproduc-ción de la fuerza de trabajo social al servicio del régimen económico de producción capitalista (Pradilla, E., 2010; Duhau, E., 1998; Ziccardi, A. y A. Mier y Terán 1985; Schtein-gart, M., 1982); c) los estudios de género, los cuales subrayan la ín- ma y co diana relación que las

mujeres man enen con la situa-ción y condiciones de la vivienda y el entorno urbano —vialidad, servicios y equipamiento— que la llevan a emprender la organización de la comunidad y a encabezar las demandas de atención ante los en-tes públicos relacionados con los asuntos de referencia (Massolo, A., 1997; Chant, S., 1994; Espinoza,



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G., 1994; González, M. y R. Durán, 1994; Laguna, Z., 1994; Mogrovejo, N., 1994; Sánchez, M. y M. Torres, 1994); y d) la conceptualización ofi cial de la urbanización popular, misma que enumera como factores principales que originan el fenóme-no los siguientes: crecimiento de la población; alto precio de la erra; bajos ingresos familiares y fi nan-ciamiento inaccesible; considera al desarrollo económico como base del social; y enfrenta las demandas populares de vivienda aplicando las polí cas sociales neoliberales (Plan Nacional de Desarrollo, 1995; 2001; 2007). Dos maneras de considerar es-tos cuatro enfoques pueden con-tribuir a describir el fenómeno urbano-popular a través de sus ele-mentos y las relaciones que entre éstos se establecen Por una par-te, se presentan las formas como los hechos son vistos y explicados por cada uno de dichos enfoques, y, por otra, se muestran los resul-tados de las prác cas derivadas de tales formas; esto permite encon-trar conexiones hipoté cas entre aquellos elementos. A con nua-ción presentamos una propuesta derivada de tales consideraciones.

Percepciones coincidentes

En primer lugar, la percepción de los hechos por parte de cada una de las corrientes de opinión arriba mencionadas sobre la urbanización popular, dejan ver coincidencias muy simples aunque no por esto de menor importancia. La escasez de recursos —desempleo, subem-pleo, muy bajos ingresos— de los colonos autoconstructores, en par- cular durante las primeras etapas

del proceso, es un hecho básico, esencial, de todo proceso de ur-banización popular. Uno de los puntos fundamentales que entra-rían en juego aquí es el rela vo al lugar que una unidad domés ca o una comunidad entera o parte de ella ocupen en el abanico de la po-breza —extrema o moderada—. La necesidad de hacer más efi ciente la aplicación de subsidios escasos, por parte de la polí ca social neo-liberal, supone iden fi car puntual-mente a quienes forman parte de la población obje vo de los pro-gramas de reducción de la pobre-za. De acuerdo al criterio más ge-neralizado, los programas ofi ciales de oferta de erra para familias de escasos recursos establecen como requisito básico límites máximos al ingreso familiar. Otras coincidencias entre la ma-yoría de los estudiosos del fenó-


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meno de la urbanización popular arriba citados se refi eren a las con-diciones habitacionales y del hábi-tat donde los colonos establecen sus asentamientos, y a la situación legal de la posesión en virtud de la cual aquéllos suelen, generalmen-te, cons tuirse. Las inadecuadas caracterís cas sicas de las vivien-das y topogra a del terreno, la ca-rencia o insufi ciencia de servicios públicos, infraestructura básica y transporte, en par cular durante las primeras etapas de vida de la comunidad, y la posesión ilegal de la ocupación, son los puntos neu-rálgicos básicos donde la presencia ac va de los colonos —clientelar o contestataria, individual o en grupo— acostumbra manifestarse (González, J. 2003). Las estrate-gias de intervención estatal frente a tales caracterís cas y carencias o insufi ciencias dependen, gene-ralmente, de la percepción que de las mismas tengan las autoridades tomando a la comunidad como un todo, en tanto que los programas de legalización de la tenencia de la erra están sujetos tanto a inter-

venciones individuales como colec- vas (González, J., 2003).

Los estudios dedicados a iden -fi car el papel que el género juega en los dis ntos campos de la ac vi-dad social, han delineado un claro perfi l dentro del cual la presencia

femenina ocupa un lugar relevan-te (González, J., 2003). En materia de urbanización popular, los auto-res pertenecientes a esta corrien-te (Laguna, Z., 1994; Mogrovejo, N., 1994; Sánchez, M. y M. Torres) coinciden en que la par cipación ac va de la mujer puede hacer la diferencia en el grado de desarrollo alcanzado por una comunidad bajo determinadas circunstancias, aun cuando la aportación de recursos al proceso por parte del hombre siga siendo preponderante. Resulta indispensable, entonces, asignar a los roles femenino y masculino un lugar dentro del conjunto de ele-mentos caracterís cos de la urba-nización popular.

Interpretaciones diversas

Si los estudios coinciden en la existencia y formas de los hechos descritos, el desacuerdo se pre-senta una vez que éstos son inter-pretados para sustentar una pro-puesta de solución. Para algunos, la ges ón de la erra, servicios y equipamiento y la ac vidad auto-constructora, aun cuando se rea-licen en condiciones marginales, son efec vas en tanto que refl ejan la libre elección de los colonos, y, en consecuencia, deben ser res-petadas y promovidas por los pro-



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gramas estatales de consolidación urbana dirigidos a asentamientos precarios (Turner, J., 1970). En el extremo opuesto, todo el proceso urbano-popular está a expensas de ineludibles y paralizantes determi-naciones económicas, polí cas y sociales, de modo que el colono no ene más alterna va que sujetarse

a ellas. Sólo “el control estatal so-bre los medios fi nancieros para la vivienda y una planifi cación global del crecimiento urbano desarrolla-da y controlada democrá camente por las masas” (Pradilla, E., 1987: 195) permi rá, en algún momento, la acción efi caz y la libre elección entre opciones habitacionales. La realidad, por su parte, parece ubicarse en el justo medio: la au-toges ón, acompañada del apo-yo gubernamental, efec vamente ha permi do en algunos casos la consolidación de las viviendas y de las comunidades (Plan Nacional de Desarrollo, 1995). Sin embargo, en otras ocasiones, tal cosa no ha sucedido, o se ha presentado en medida insufi ciente. ¿Cuál sería la causa de estas disparidades? ¿Qué es lo que facilita o difi culta la ob-tención y consolidación del estatus habitacional de los grupos sociales de escasos recursos? La inves ga-ción ha encontrado una diversidad de relaciones entre elementos cla-ves del proceso de urbanización

popular que sugieren respuestas interesantes a dichas interrogantes (González, J., 2003). Exponemos a con nuación brevemente las rela-ciones más recurrentes que pode-mos encontrar en los escritos de los diversos autores que tratan el tema.

Los elementos claves y sus relacio-nes

a) Es probable que la respuesta más contundente tenga que ver con la relación que guarden en-tre sí el nivel de ingresos fami-liares y las mejoras a la vivienda y al hábitat (Bazant, J., 1985). Pero la par cipación de los co-lonos, el apoyo estatal efec vo, los intereses involucrados, y la par cipación de la mujer colo-no, como quedó ya explicado, juegan también, cada uno por su lado, un papel determinante.

b) Así, el grado y duración en el que los miembros de la comu-nidad permanecen par cipan-do en torno a metas comunes, contribuye a aumentar el nivel de consolidación, pero sólo has-ta el punto en el que, quedando sa sfechas ciertas necesidades, la par cipación inicia una ten-dencia descendente (Bazant, J., 1985; Gilbert, A. y P. Ward,


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1987; Pozas, M., 1990; Ward, P., 1989).

c) Tratándose de comunidades demandantes altamente par -cipa vas no asociadas a esferas ofi ciales, la respuesta guberna-mental puede ser más rápida y efi caz que cuando las demandas provienen de comunidades afi -liadas a organizaciones ligadas al gobierno (Rangel, A., 1994).

d) La consistencia y magnitud del apoyo gubernamental a la par- cipación comunal está posi- vamente relacionada con la

intensidad como esta par cipa-ción se lleve a cabo (Bazant, J., 1985).

e) Cuando las comunidades aso-ciadas a organizaciones ofi cia-les man enen un alto grado de par cipación en las demandas frente a las dependencias del gobierno encargadas de cum-plimentar los programas de apoyo, pueden recibir por par-te de éstas mejor atención que cuando prevalece un alto grado de media zación de demandas comunales por parte de líderes cooptados en alto grado por el sistema clientelar (Pozas, M., 1990, Rangel, A., 1994).

f) Si el desarrollo de las comunida-des se ha alejado en extremo de los requerimientos mínimos de habitabilidad, seguridad y/o du-

rabilidad de las construcciones y el hábitat citadino, el interés del poder público por inver r recursos en dichas áreas ten-derá a reducirse al mínimo (Du-hau, E., 1998).

g) La pertenencia de una comu-nidad a la red jerárquica cor-pora va de carácter clientelar asociada a los intereses de orga-nizaciones y par dos, subordi-nará la par cipación que dicha comunidad pudiera tener en los proyectos ofi ciales de con-solidación urbana, a las decisio-nes, empos y oportunidades acordados desde el gobierno en función de tales intereses (Gon-zález, J., 2003).

Finalmente, h) las familias en las que la mujer contribuye económi-camente y par cipa en las deci-siones sobre la distribución de los recursos, alcanzan mejores niveles de consolidación habitacional que las familias donde son sólo los va-rones la única o la más importan-te fuente de decisiones e ingresos (Chant, S., 1994). Desde luego que cada una de las relaciones que acabamos de ex-poner está rodeada de circunstan-cias determinantes que no siempre se presentan en la misma forma y medida, por lo que el sen do de tales relaciones pudiera por tal



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mo vo cambiar de rumbo en un momento y lugar dados. Por ejem-plo, en un momento crí co en la economía de un país, “el poder de negociación de una comunidad al-tamente par cipa va pudiera caer a un nivel muy bajo en relación con otros centros de demandas inser-tos también en la competencia por recursos públicos escasos” (Gonzá-lez, J., 2003). Así como ésta pueden presentarse muchas otras posibili-dades para todas y cada una de las relaciones mencionadas. La litera-tura citada en este estudio es cier-tamente profusa en esta materia, de manera que lo hecho por no-sotros ha sido sólo seleccionar las proposiciones que aquélla muestra más reiteradamente y que encie-rran elementos claves del proceso urbano-popular. Muchos de estos estudios son de corte cualita vo en tanto que otros acentúan un carác-ter cuan ta vo, de modo que los hallazgos allí mostrados cuentan con las virtudes y limitaciones a que dan lugar dichos enfoques de investigación. Debido a la complejidad del fenómeno urbano-popular, la diversidad de unidades domésticas, comunidades y asentamientos, en relación con los grados y formas de consolidación habitacional, no permite elaborar tipos acabados, antes bien sugiere

la construcción de modelos flexi-bles (Turner, J., 1970).

Conclusiones

Las proposiciones —relaciones en-tre elementos— de que venimos hablando, sugieren que respecto a la libertad para construir seña-lada por la perspec va marginal-funcionalista y los determinantes económicos, polí cos y sociales enfa zados por la corriente histó-rico-estructural, éstos se conjugan de alguna manera para formar un sistema que, en úl ma instancia, man ene en equilibrio dinámico al conjunto de los elementos que componen el proceso de conso-lidación de la vivienda de escasos recursos (González, J., 2003). Los aspectos crí cos que juegan aquí son: los ingresos familiares, la par- cipación familiar, comunal y de las

redes de ayuda mutua, el apoyo es-tatal, los intereses de organizacio-nes, par dos, asociaciones e indivi-duos involucrados en el proceso, y la par cipación rela va del hombre y la mujer colonos en las decisiones y aportación de recursos al proce-so. Estos elementos, además de li-garse unos con otros, se relacionan con su medio ambiente económi-co, polí co y social en constante


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movimiento (González, J., 2003). Los ingresos familiares provienen de la inserción del colono en el medio laboral, formal o informal, que generalmente trasciende la comunidad de residencia e impo-ne diversas condiciones de entre las que destacan el calendario y la jornada laborales (González, J., 2003). La par cipación, si bien se forma principalmente a par r de las carencias y metas comunes de la gente originadas en el interior de la comunidad, suele estar conec-tada a impulsos provenientes del exterior, ya tengan aquéllos su ori-gen en “par dos polí cos, organi-zaciones populares, dependencias gubernamentales, asociaciones privadas e individuos” (González, J., 2003). La ac vidad estatal y los intereses económicos y polí -cos radican, generalmente, fuera del ámbito comunal (González, J., 2003); y los arreglos de par cipa-ción social de acuerdo al género dependen fundamentalmente de factores histórico-culturales más amplios (Massolo, A., 1997; Chant, S., 1994; Espinoza, G., 1994; Gon-zález, M. y R. Durán). La condición laboral del colo-no —es decir, su nivel de ingreso, su calendario y horario de trabajo, el carácter formal o informal de su ac vidad económica, o, en su caso,

su condición de desempleado—; la forma como el gobierno, par dos, organizaciones, asociaciones pri-vadas e individuos infl uyen en la comunidad; la forma y nivel en que aquélla y las redes de ayuda mutua y las unidades domés cas desa-rrollan su par cipación; y el peso rela vo en el que hombre y mujer colonos par cipan como sujetos ac vos del proceso, dependen, entonces, de un ambiente mayor formado por la estructura econó-mica, polí ca y social vigente en un lugar y momento determinados (González, J., 2003). Entre los as-pectos más crí cos que en materia de urbanización popular definen ese ambiente se encuentran: las polí cas de empleo; la polí ca urbana en relación con el estado que guarden los procesos urbano-populares, y los efectos que la po-lí ca económica y la polí ca social neoliberales producen en el em-pleo; los procesos urbanos, inclui-dos los mercados del suelo, de los materiales para construcción, de la mano de obra y de la urbanización; las ac vidades de género y la inter-vención de las organizaciones, par- dos, asociaciones e individuos.

De todo lo anterior, asumien-do lo expuesto aquí respecto de las diversas corrientes de opinión arriba detalladas, podemos des-



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prender un conjunto de relaciones crí cas entre los elementos básicos del proceso de urbanización popu-lar. Tenemos así que los precios del suelo, de los materiales para construcción, de la mano de obra correspondiente y de la urbaniza-ción, son considerados por la lite-ratura como los aspectos económi-cos más infl uyentes en el proceso aquí estudiado. Por otra parte, el hecho mismo de que los pobres es-tén al margen del mercado formal de vivienda ha contribuido a que el poder público implemente pro-gramas de apoyo. A fi n de que el proceso habitacional sea accesible a los grupos sociales de escasos re-cursos, el Estado interviene dispo-niendo de reservas territoriales de su propiedad ofertándolas a pre-cios bajos, o legalizando la pose-sión de erra adquirida u ocupada irregularmente. En algunos casos, las dependencias gubernamenta-les desarrollan programas de im-pulso a la autoconstrucción que subsidian los costos de materiales y/o de mano de obra, incluida la asesoría técnica. Es frecuente, ade-más, la realización de obras de in-fraestructura urbana con cargo a la hacienda estatal y, algunas veces, a aportaciones mínimas solventadas por los propios colonos (González, J., 2003).

La par cipación de las unida-des domés cas, de las redes de ayuda mutua y de la comunidad, ha sido considerada siempre una variable importante para el éxito de los esfuerzos dirigidos a mejorar el proceso habitacional de escasos recursos. Esta par cipación es de par cular relevancia en la ges ón de la regularización de la tenencia de la erra y la obtención de los servicios e infraestructura bási-cos (González, J., 2003; Pozas, M., 1990). Cuando el Estado responde po-si vamente a los requerimientos del proceso habitacional de esca-sos recursos, la par cipación de la gente suele mantenerse en el nivel adecuado (Bazant, J., 1985), en tan-to los resultados de tal respuesta no hayan sa sfecho razonablemen-te las demandas. Por otra parte, la par cipación femenina co diana en los procesos de consolidación de la vivienda es mula fuertemen-te la par cipación comunal, de las redes y de las unidades domés- cas. Esto sucede así por el solo

hecho de la presencia ac va de las mujeres y, además, a través de los apoyos estatales logrados gracias a la ges ón emprendida por ellas. Las organizaciones, par dos, asociaciones e individuos que por razones polí cas, económicas o


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humanitarias enen interés en los procesos habitacionales de escasos recursos, intervienen en éstos di-rectamente, afectando de dis ntos modos el nivel de par cipación de los colonos, y/o es mulando accio-nes gubernamentales. El Estado, a su vez, no deja de contactar direc-tamente con estos intermediarios en función de su propio interés, infl uyendo, a través de aquéllos, en la par cipación de los colonos (Po-zas, M., 1990). Los ingresos familiares y el empo que las unidades domés- cas, las redes y la comunidad —

destacando en los tres grupos la inclusión femenina— dedican al proceso habitacional son, junto con el precio del suelo y la par -cipación, variables que refl ejan di-rectamente el contenido y forma del proceso a través del cual los pobladores controlan y asumen las decisiones habitacionales de esca-sos recursos. Por otro lado, la parte de los ingresos familiares provis-ta por la mujer ene la virtud de orientar cualita vamente el po y nivel de par cipación femenina en el proceso. Finalmente, el empo inver do por los colonos en la au-toconstrucción es el resultado del nivel de ingresos familiares y del empo dedicado por los miembros

de la unidad domés ca y las redes

a cumplir con el calendario y la jor-nada laborales correspondientes a sus empleos (Bazant, J., 1985). En síntesis, las diversas corrien-tes de análisis cuyos enfoques he-mos venido exponiendo a lo largo del presente estudio, vistas glo-balmente, destacan los elementos y relaciones crí cos arriba señala-dos que refl ejan el modo de ser del proceso habitacional de escasos recursos (González, J., 2003). La concepción marginal-funcionalista destaca el proceso de control de las decisiones y la libertad para cons-truir por parte de los colonos, así como la intervención estatal para la regularización de la tenencia de la erra y el establecimiento de los servicios e infraestructura bási-cos. Los puntos de vista histórico-estructural y de autores diversos subrayan la importancia de cier-tos factores económicos, polí cos y sociales. Entre los primeros te-nemos los precios de la erra, de los materiales para construcción, de la mano de obra y de la urba-nización; los escasos ingresos fa-miliares, y el calendario y jornada laborales cumplidos por el colono en el mercado de trabajo. Los fac-tores polí cos más infl uyentes son la intervención del Estado y la que enen las organizaciones, par dos,

asociaciones e individuos en el pro-



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ceso de urbanización popular. Los aspectos sociales más destacados enen que ver con la par cipación

desplegada por los miembros de la unidad domés ca, de las redes de ayuda mutua y de la comunidad (Pozas, M., 1990), y con el empo que los colonos dedican a las labo-res de la autoconstrucción (Bazant, J., 1985). Por úl mo, el punto cen-tral de la teoría de género se refi e-re a la par cipación de la mujer en todas las etapas del proceso urba-no-popular.

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Familia:Estudio de caso


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Resumen

E ste trabajo presenta algunos de los principales resultados de una inves gación sobre la

dinámica familiar en el estado de Nuevo León, basada en una mues-tra representa va de 2 mil 681 ho-gares, tanto rurales como urbanos. El propósito de esta inves gación es aportar elementos para elabo-rar un diagnós co social sobre la familia en la en dad que permita el impulso, la promoción y la reorien-tación de polí cas sociales en ma-teria de familia, de tal forma que el Estado considere a la ins tución familiar como eje, mo vo y funda-mento de sus acciones.

Palabras clave: familia, diagnós -co, estructura familiar, Nuevo León.

Abstract

This paper presents some of the main fi ndings of an inves ga on about the family dynamics in the

State of Nuevo León, based on a representa ve sample of 2681 households, both rural and urban. The purpose of this research is to provide elements to develop a so-cial diagnosis of the family in the State that allows the impulse, the promo on and the reorienta on of social policy on the family, so that the State considers the family ins -tu on as core, reason and basis for their ac ons.

Key words: Family, diagnosis, fam-ily structure, Nuevo León

Introducción

La familia es una unidad funda-mental de la sociedad y un medio natural para el crecimiento y bien-estar de sus miembros. Cada fami-lia es una unidad de vida social y personal. La familia no es una sim-ple yuxtaposición de individuos; es de alguna manera lo que son los individuos que la componen, las relaciones que establecen entre

Manuel Ribeiro Ferreira

Características de la familia en Nuevo León



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ellos, el grupo que conforman, los valores que comparten o disputan, los contactos y redes que man e-nen con otras familias y grupos, el techo bajo el que habitan, las es-trategias que desarrollan para vivir, sus pasa empos, etcétera (Ribeiro, M., 2009). Se espera que la familia aporte una contribución indispensable al desarrollo económico, social y cul-tural de una sociedad. A cambio, ella debe poder contar con el apo-yo que necesita. Toda la sociedad, pues, debe manifestar una gran so-lidaridad hacia las familias. No obstante, es preciso reco-nocer que las familias enfrentan problemá cas complejas que fre-cuentemente afectan su buen funcionamiento e impactan nega- vamente en el bienestar de sus

miembros. No debemos olvidar que los avatares de la vida diaria —producto tanto de factores que se generan en su dinámica interna como de otros que provienen de su exterior— confrontan a las familias a situaciones de cambio, riesgo, in-cer dumbre y vulnerabilidad. Las perspec vas que presenta actualmente la ins tución familiar son, sin duda, extremadamente complejas y variadas, y la proble-má ca que encierra ha producido considerables inquietudes en todos

los sectores de la sociedad. En este sen do, si dentro de los propósitos de una polí ca social des nada a la familia está brindar apoyo a las familias de una comunidad para lo-grar el sano y armonioso desarrollo de todos sus miembros, entonces deberían plantearse estrategias y programas que a endan sus ne-cesidades. Pero ¿acaso es posible diseñar tales estrategias y elaborar planes y programas si no se ene un conocimiento sufi cientemente profundo de la realidad familiar? ¿Qué tanto se sabe acerca de los diversos procesos que encierra la organización familiar? ¿Hasta qué punto se ha acumulado un cono-cimiento sufi cientemente amplio sobre la problemá ca que deriva de los cambios que enfrentan ac-tualmente nuestro país y nuestro estado, y sobre la repercusión que aquéllos enen sobre la dinámica interna de las familias? En el Con-cilio Nacional de Relaciones Fami-liares de los Estados Unidos se con-sidera que la inves gación sobre este tema puede ayudar a iden -fi car aquellos aspectos de polí ca pública que son necesarios para crear las condiciones sociales y familiares más adecuadas para ga-ran zar la protección a las familias y a los individuos (Na onal Council on Family Rela ons, 2001).


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Presentación de la Encuesta sobre Dinámica Familiar en Nuevo León

En junio de 2009 se fi rmó un con-venio entre el Sistema para el De-sarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF-NL) y la Univer-sidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a través de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Huma-no (FTSyDH), a fi n de llevar a cabo una inves gación que permi ese hacer un diagnós co de la familia en la en dad.

Obje vo

El obje vo de la inves gación so-bre la dinámica familiar en Nuevo León es aportar elementos que contribuyan a realizar un diagnós -co que permita promover, reorien-tar e impulsar polí cas públicas en la materia, a fi n de que el Estado considere a la ins tución familiar como eje, mo vo y fundamento de sus acciones. Mediante tal diagnós co:

—Se obtuvo una descripción de la familia neoleonesa en varias di-mensiones que permite entender su dinámica interna y su relación con el entorno.

—Se generaron puntos de par da para otras inves gaciones sobre el tema. —Finalmente, a par r de las con-clusiones del diagnós co podrán ser impulsadas inicia vas de ley y polí cas públicas que fortalezcan a la familia en el estado.

Método

Para la obtención de los datos de la Encuesta sobre Dinámica Fami-liar de Nuevo León se diseñó una cédula de entrevista estructurada que incluía 240 preguntas sobre diversos temas relacionados con la familia y su dinámica. La entrevista fue anónima, aunque se registró el domicilio de la persona entrevista-da con la intención de hacer la veri-fi cación posterior.

Procedimiento de muestreo

La población obje vo está formada por todas las familias que en el mo-mento de la entrevista se encon-traban radicando en una vivienda par cular en Nuevo León. Los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005 (In-s tuto Nacional de Estadís ca Geogra a e Informá ca, 2006) se u lizaron para formar el marco



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muestral de esta inves gación. De acuerdo con dicho conteo, Nuevo León se componía en 2005 de 51 municipios que con enen a 5 mil 218 localidades, 7 mil 29 Áreas Geoestadís cas Básicas (AGEB), 58 mil 524 manzanas, 1 millón 14 mil 452 viviendas y 4 millones 199 mil 292 habitantes.

Diseño de muestreo

A par r de la agrupación de las viviendas según su ubicación, se consideró una etapa inicial con dos estratos: Área Metropolitana de Monterrey (AMM) y Fuera del Área Metropolitana de Monterrey (NOAMM). En esta etapa se asignó la muestra de manera proporcional al tamaño del estrato, consideran-do al total de viviendas par cula-res habitadas así como el tamaño. Por lo tanto, 84.35 por ciento de la muestra se asignó al AMM y 15.65 por ciento al resto del estado. Pos-teriormente, dentro de cada una de estas dos áreas geográfi cas, se efectuó una segunda estra fi ca-ción por municipio, asignándose la muestra según el número de vi-viendas par culares habitadas del municipio. Para cada uno de los nueve mu-nicipios del AMM se seleccionó

una muestra irrestricta aleatoria de viviendas par culares habita-das. Además, en cada uno de los 42 municipios ubicados fuera del AMM se seleccionaron muestras simples aleatorias de viviendas par culares.

Tamaño de la muestra

En la determinación del tamaño de la muestra se consideró que la proporción (π) es el principal pa-rámetro a es mar, que el tamaño de la población obje vo es de 1 millón 14 mil 42 hogares (N) y que se desea trabajar con intervalos bi-laterales de 95 por ciento de con-fi anza (α=.05). Además, se empleó un límite de error de es mación de .019 (±1.9 por ciento), un enfoque conservador (π = ½) y una tasa de no respuesta de 3.5 por ciento (λ = .035). Por lo que el número de vi-viendas par culares habitadas en la muestra debería de ser 2 mil 750. La fórmula empleada en la determinación del tamaño de la muestra (n) es la que se ob ene al considerar el diseño de muestreo empleado, es decir, el muestreo aleatorio estra fi cado para es mar una proporción (π) con homoge-neidad de varianzas y asignación proporcional al tamaño del estrato


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(Ni). En este caso, para L estratos la fracción de observaciones asig-nadas al i-ésimo estrato está dada por Wi = (Ni/N), con i = 1, 2,…, L. Por lo tanto;

Donde: D=(B/Z(α/2))2,B es el límite de error de es mación. Conside-rando Z una variable aleatoria con distribución normal estándar y P(Z Zδ) = δ, se ob ene Z (α/2) = Z (.025) = 1.96, ya que se desean intervalos del (1-α) 100 por ciento = 95 por ciento de confi anza. N es el tama-ño de la población obje vo, π = (1-π) = ½ dado que se usó el enfoque conservador y λ es la tasa de no respuesta considerada.

Resultados

Se aplicaron 2 mil 681 entrevistas en los 51 municipios de Nuevo León, tanto en sectores urbanos, como rurales. A diferencia de la Encuesta Nacional de Dinámica Familiar de 2005 (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia/Ins tuto de Inves gaciones Sociales de la Uni-versidad Nacional Autónoma de México, 2005), en este caso fueron

entrevistados únicamente los jefes y las jefas del hogar, y no cualquier persona mayor de 18 años. Se de-cidió hacerlo así por considerar que no cualquier adulto del hogar podía ser tomado en cuenta como informante califi cado, dada la na-turaleza de las preguntas incluidas en la cédula. La determinación de quién era el jefe o la jefa del hogar era realizada por los propios habi-tantes de cada hogar, criterio que corresponde con el u lizado por el Ins tuto Nacional de Estadís -ca, Geogra a e Informá ca (INEGI) (2001). El 27.5 por ciento de las en-trevistas se realizó con varones y 72.5 por ciento con mujeres. Ello responde a que es más común y frecuente que las mujeres se en-cuentren en casa cuando llega un encuestador, por el simple hecho que la mayoría no ene empleo extradomés co. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el segundo trimestre de 2010 la tasa de par cipación femenina en ac vidades económicas era de 46 por ciento entre la población femenina de 14 años y más. Si se considera a las mujeres casadas, ese porcentaje disminuye conside-rablemente (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá -ca, 2010).



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Datos sociodemográfi cos de los ho-gares

Casi la mitad de los entrevistados —49.2 por ciento— son origina-rios de Monterrey o de alguno de los municipios que conforman el AMM. Un 32.1 por ciento proviene de otros estados y 0.2 por ciento son extranjeros, 8.1 por ciento na-ció en otra ciudad de Nuevo León y 10.4 por ciento en medios rurales de Nuevo León, ya sea en ranche-rías o pueblos pequeños. La edad promedio de los entre-vistados fue de 48.2 años —50.3 años para los hombres y 47.3 años para las mujeres—. En el caso de quienes tenían pareja en el mo-mento de la entrevista, la edad promedio de su pareja fue de 47.2 años. El 24.5 por ciento de los entre-vistados ene 60 años o más y en 25.6 por ciento de los hogares vive al menos una persona de más de 65 años. Esta situación obedece al proceso de envejecimiento que tanto el país como el estado de Nuevo León viven, por lo que es de esperarse que los hogares mul ge-neracionales estén en aumento. La escolaridad promedio de los entrevistados es de 8.7 años para las mujeres y de 9.5 para los hom-bres. Es de resaltar el hecho de

que la mayor escolaridad la ene el grupo de personas divorciadas, con 12.4 años en promedio, segui-do por los solteros, con 10.7 años. De hecho, en un estudio sobre el divorcio que actualmente está en curso en el AMM (Ribeiro, M., 2010), se encontró que el prome-dio de escolaridad de los divorcia-dos es de 14.4 años, muy superior al promedio de escolaridad del res-to de la población. El grupo menos escolarizado lo conforman el grupo de viudos y viudas, quienes enen apenas 5.4 años de escolaridad en promedio, lo cual se explica, al me-nos en parte, por la mayor edad de las personas en esta categoría, ya que cuando eran jóvenes el acceso a la escuela estaba más restringido y era más di cil permanecer por largos periodos en ella. Así, en relación con la edad se observa que las generaciones más jóvenes enen, en promedio, ma-yor escolaridad que los de mayor edad, y ello se debe a la expansión de la cobertura educa va de las úl mas dos o tres décadas, lo que ha favorecido la inserción y perma-nencia en la escuela. Con respecto al estado civil, en el momento de la entrevista 69.3 por ciento de los jefes de hogar lo cons tuían personas casadas y 6.7 por ciento por ciento se encontra-


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ba en unión libre, lo que suma 75.7 por ciento de los hogares enca-bezados por una pareja conyugal. Adicionalmente, 6.4 por ciento de los jefes de hogar entrevistados lo conformaban solteros; 2.6 por ciento, divorciados; 5.3 por ciento, separados; y 9.7 por ciento, viudos. Si se analiza por sexo del jefe de hogar, se observa que hay un poco más de hombres casados —73.8 por ciento— que de mujeres casa-das —67.6 por ciento—; hay casi dos veces más mujeres separadas —6.1 por ciento— que hombres —3.3 por ciento— en la misma condición; y son más numerosas las viudas —10.6 por ciento— que los viudos —7.2 por ciento—. En casi 8 por ciento de los ho-gares el (la) jefe(a) de hogar está separado(a) o divorciado(a). De hecho, en una gran proporción —13.3 por ciento— de los hogares encuestados aparecen personas separadas o divorciadas, en ocasio-nes acompañados(as) por sus hijos, viviendo en la casa de sus padres. Esto se relaciona con el incremen-to sin precedentes en las tasas de divorcio que se han observado en los úl mos años en Nuevo León, las cuales se han más que triplicado, pasando de 6.3 divorcios por cada 100 matrimonios en 1999 (Ins -tuto Nacional de Estadís ca, Geo-

gra a e Informá ca, 2008) a 24.4 divorcios por 100 matrimonios en 2008 (Ins tuto Nacional de Esta-dís ca, Geogra a e Informá ca, 2009). La relación entre divorcios y matrimonios de Nuevo León casi duplica a la que se observa en el conjunto del país, la cual es de 13.9 (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá ca, 2009). Cabe señalar que el incremento real de los divorcios, aunque muy importante, es un poco menor de lo que aparenta, ya que al estable-cer una relación entre los matri-monios y los divorcios, tales datos refl ejan no únicamente el aumen-to en el número de divorcios, sino también la declinación en el núme-ro de matrimonios. Entre quienes estaban casados o unidos, la gran mayoría se han casado o unido una sola vez —91.8 por ciento—, aunque se encontró a 7.3 por ciento de jefes y jefas de hogar que se ha casado dos veces y 0.8 por ciento que lo ha hecho en más de dos ocasiones. Es de es-perar que, si con núa la tendencia creciente en las tasas de divorcio, presenciaremos en los próximos años un aumento importante en las tasas de segundas y terceras nupcias y, consecuentemente, un incremento signifi ca vo en la pro-porción de familias recons tuidas.



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La edad promedio a la prime-ra unión fue de 23.6 años para los hombres y de 20.8 años para las mujeres. La edad promedio de la unión con la pareja actual —que incluye tanto a quienes se han ca-sado una sola vez como a aquellos que se han casado en más de una ocasión— fue de 24.3 años para los hombres y de 21.95 años para las mujeres. El empo promedio que ha transcurrido desde que enen el estado civil actual —reportado en la entrevista— es de 20 años para las mujeres y de 22.9 años los hom-bres. En lo que respecta a la fecundi-dad, el número medio de hijos na-cidos vivos por hogar es de 3.19. Si tomamos solamente a la población femenina que respondió la encues-ta —puesto que usualmente las medidas de an concepción se ha-cen en referencia a las mujeres—, el promedio de hijos nacidos vivos es de 3.2 por mujer, aunque, como es lógico, hay diferencias importan-tes en el número medio de hijos se-gún el grupo de edad de la mujer. La fecundidad ha ido decre-ciendo en Nuevo León desde hace cuatro décadas. No obstante, la disminución en el número medio de hijos nacidos vivos por mujer no se presenta igual en todas las capas

de la sociedad. Así, existe una im-portante correlación entre el grado de escolaridad de las mujeres y su fecundidad, ya que entre aquellas que enen entre cero y cinco años de escolaridad el promedio de hi-jos nacidos vivos es de 5.2, contra 2.1 entre aquellas que enen al menos 13 años de escuela. Se preguntó a los entrevistados si sus parejas habían tenido hijos que no fuesen suyos. En 187 casos la respuesta fue afi rma va. Para los 44 hombres que se encuentran en dicha situación, el promedio de hijos que tuvieron sus esposas en otras relaciones fue de 2.6, y para las 143 mujeres esta cifra asciende a 2.4. El número promedio de inte-grantes por hogar es de 4.11, que corresponde muy bien con lo repor-tado en el II Conteo de Población y Vivienda de 2005, el cual indica que para Nuevo León el promedio es de 4.19 miembros por hogar (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá ca, 2006).

Tipos de hogares y de familias

Al igual que en la Encuesta Nacio-nal de Dinámica Familiar (Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-milia/Ins tuto de Inves gaciones


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Sociales de la Universidad Nacio-nal Autónoma de México, 2005), se consideró que la familia no es un ente aislado y autárquico, sino que forma parte de un sistema que incluye a los parientes y, en oca-siones, a otras personas. Sin em-bargo, a diferencia de la Encuesta Nacional, aquí nos enfocamos a la familia censal, es decir, al grupo de personas emparentadas que viven en la misma vivienda, si bien toma-mos datos de los parientes directos en línea ascendente y descendente que no viven en el hogar. El INEGI clasifi ca a los hogares en familiares y no familiares. Los primeros pueden ser nucleares, ampliados o compuestos, mientras los segundos son clasifi cados como unipersonales —donde vive una persona sola— y de corresidentes —sin parentesco entre sus miem-bros—. Los hogares familiares nu-cleares, para el INEGI, son aquellos que están formados por un solo nú-cleo básico, ya sea una pareja, una pareja con sus hijos o bien hogares monoparentales simples. Los hoga-res ampliados son aquellos que e-nen un núcleo básico más otros pa-rientes, y los compuestos consisten en hogares nucleares o ampliados en los que se encuentran viviendo otras personas no emparentadas con el (la) jefe (a) del hogar.

Decidimos u lizar otras clasifi -caciones para dar una imagen un tanto más precisa de la compleja diversidad de los arreglos fami-liares que existen en Nuevo León. Primero, se hace un acercamiento a través de una clasifi cación que ha sido ampliamente u lizada en sociología (Leñero, L., 1987), en la que se divide a los hogares en fami-liares y no familiares, pero hacien-do una clasifi cación de los prime-ros en tres categorías: nucleares, extensos y compuestos. En esta primera clasifi cación, los nuclea-res son defi nidos tal como lo hace el INEGI, pero los extensos serían aquellos que albergan tres genera-ciones, ya sean con un núcleo mo-noparental o biparental, o bien dos generaciones, pero con alguno(s) de los hijos viviendo con su propia pareja en el hogar paterno. Los ho-gares compuestos, en cambio, se-rían aquellos que enen un núcleo y al que se añaden otros parientes colaterales. En ambos casos puede haber personas no emparentadas viviendo en la misma casa. No se u liza el concepto de hogar com-puesto del INEGI, pues hay muy po-cos hogares de este po; según la Encuesta Nacional de Dinámica de los Hogares, sólo 0.3 por ciento del total corresponde a esta categoría (Sistema para el Desarrollo Integral



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de la Familia/Ins tuto de Inves ga-ciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2005). Bajo esta clasifi cación, se obser-va que poco más de las dos terce-ras partes —67.7 por ciento— de los hogares son nucleares, 22.3 por ciento son extensos y 2.7 por cien-to, compuestos. Sólo 7.4 por ciento de los hogares no son familiares, siendo 1.4 por ciento del total ho-gares de corresidentes —que pueden incluir a parientes colate-rales que no forman una familia en el sen do estricto, como hermanos o primos viviendo bajo el mismo techo— y 6 por ciento, hogares unipersonales. En la tabla 1 se presenta una clasifi cación un tanto más detalla-da de estas formas de arreglos de las unidades domés cas. De tal suerte, se han separado los hoga-res monoparentales según quien ene la jefatura del hogar, y se ha

dividido a los hogares extensos y nucleares en varios sub pos, aun-que es preciso reconocer que en el interior de dichos sub pos pue-den hacerse aún más precisiones, elevando el número de formas de organización domés ca. En esta clasifi cación ampliada se puede ver que la familia nuclear pica, compuesta por madre, pa-

dre e hijos, apenas cons tuye 48 por ciento de todos los hogares, correspondiendo 42.1 por ciento a familias nucleares picas y 5.9 por ciento a familias nucleares recons- tuidas, es decir, aquellas en don-

de al menos uno de los cónyuges estuvo previamente casado o en unión consensual. De hecho, si se toma el conjunto de hogares fami-liares encabezados por una pareja —independientemente de si son nucleares o no—, 13.2 por ciento de ellos pueden ser clasifi cados como hogares recons tuidos. Estos datos son de suma relevancia, ya que muestran que los arreglos fa-miliares distan mucho de la visión simplista, que pretende ser univer-sal, que considera que la familia es un grupo primario formado exclu-sivamente por los padres y sus hi-jos. Los datos muestran claramente que poco menos de la mitad de los hogares se apega a esta visión idea-lizada de la familia y que, en cam-bio, se encuentra una mul plicidad de formas de arreglos y de orga-nización que muestra lo compleja que es la realidad familiar. Se observan así formas no co-munes de organización familiar, como abuelos —en pareja o so-los— viviendo con sus nietos —muchas veces menores de edad—; a abuelos con nietos y bisnietos; a


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familias en donde conviven bajo el mismo techo una pareja con sus hijos, acompañados por el padre y el suegro, viudos, del jefe de hogar; hogares monoparentales simples, compuestos y extensos —con jefatura en ocasiones femenina y en otras, menos frecuentes, mas-culina—. Incluso se encontró, sin que ello fuese una pretensión de la encuesta, a cinco familias en-cabezadas por parejas del mismo

sexo —una con pareja sola y cuatro nucleares, es decir, parejas con hi-jos—; en una de estas familias, la pareja estaba compuesta por dos hombres y cuatro de ellas eran parejas de mujeres. Ello muestra que, más allá de cualquier discu-sión ideológica al respecto, es un fenómeno que existe y que muy posiblemente enda a crecer en los años venideros.

Tabla 1. Tipos de familias y de hogares (%)

Nota: En la encuesta encontramos casos de todos los pos de hogares reportados en esta clasifi ca-ción. Si algunos casos aparecen como 0% es porque son escasos y no alcanzan a sumar al menos un 0.1 por ciento.



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Un 18.7 por ciento de todos los ho-gares puede ser considerado mo-noparental, ya sean aquéllos semi-nucleares, extensos o compuestos, aunque esta cifra disminuye a 13.7 por ciento si restamos los hogares en donde la jefatura recae en los hijos. Entre los hogares monoparenta-les tutelados por mujeres, 16.3 por ciento está encabezado por madres solteras, lo que muestra la fuerte incidencia de este fenómeno. Sin embargo, cabe mencionar que en 4.9 por ciento del total de hogares de la muestra encontramos vivien-do a mujeres solteras con sus hijos, aunque no en todos los casos son ellas las jefas del hogar, sino que se encuentran viviendo con sus pro-pios padres o con otros parientes. Los datos muestran que en Nuevo León se está incrementando el na-cimiento de hijos de mujeres solte-ras, que entre 1993 y 2005 pasaron de 4.7 a 5.7 por ciento de todos los nacimientos. En el AMM el creci-miento fue ligeramente menor, ya que en el mismo periodo pasaron de 4.8 por ciento a 5.6 por ciento (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá ca, 2008). La mayoría de estos hogares monoparentales está conformada por mujeres viudas como jefas de la familia, llegando a cons tuir 45.3

por ciento de todas las familias mo-noparentales encabezadas por mu-jeres. Resalta la incidencia, que pa-rece creciente, de la proporción de familias de este po encabezadas por mujeres divorciadas y separa-das, que en conjunto cons tuyen 38.3 por ciento de este po de fa-milias. Las tendencias que hemos observado a par r de diversos in-dicadores, pero par cularmente a través del crecimiento de las tasas de rupturas matrimoniales, augu-ran que en breve la mayoría de los hogares monoparentales femeni-nos tendrán su origen precisamen-te en los divorcios y separaciones conyugales (Ribeiro, M., 2010). En cuanto a las familias nuclea-res de la muestra, que cons tuyen 67.7 por ciento del total de hoga-res encuestados, 70.9 por ciento representa a hogares nucleares completos —62.2 por ciento de nu-cleares picos y 8.7 por ciento de nucleares recons tuidos—; 15.6 por ciento atañe a parejas solas; 12.7 por ciento son familias mo-noparentales simples —a los que algunos autores llaman familias seminucleares—; y 0.7 por ciento corresponde a abuelos con nietos. Entre los hogares no familiares hay 6 por ciento de hogares uniper-sonales; 1.2 por ciento de unidades familiares a picas —donde viven


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personas emparentadas entre sí pero que estrictamente no forman una familia: os y sobrinos, primos, hermanos, etcétera—; y 0.2 por ciento de unidades de corresiden-cia. La mayoría de los hogares en que habita una persona sola están compuestos de personas viudas —45 por ciento—, lo que resulta normal si se toma en consideración el acelerado proceso de envejeci-miento poblacional, consecuencia de la segunda fase de la transición demográfi ca que implica una re-ducción de las tasas de natalidad y de mortalidad y que se acompaña por un incremento en la esperanza de vida de las personas (cfr. Ham-Chande, R., 2003). Empero, resalta el hecho notable de un incremento en los hogares formados por per-sonas divorciadas y separadas, que juntas llegan a sumar 26.3 por cien-to del total de los hogares uniper-sonales. Esta inves gación también abordó otros temas como: tra-bajo extradomés co e ingresos, realización de tareas domés cas, relaciones intrafamiliares, ideolo-gía de género —opiniones sobre roles y capacidades de hombres y mujeres—; vivienda; par cipación de los hijos(as) en el hogar y en el trabajo; autoridad y toma de deci-

siones; interacción entre la pareja; y confl icto y violencia.

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Familia:Adulto mayor


Familia: Adulto mayor

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Resumen

L a población de adultos ma-yores en México presenta un acelerado incremento en nú-

meros absolutos y porcentuales, si-tuación que se agravará en la próxi-mas décadas, lo que aunado al incremento en la esperanza de vida implica nuevas y mayores necesi-dades de apoyo hacia este grupo etario, abriendo así nuevos retos para la sociedad en general, pero de manera par cular para la fami-lia y la polí ca social. El presente documento muestra los resultados de un estudio realizado en Monte-rrey con un total de mil 57 adultos mayores de ambos sexos, en torno a las necesidades enfrentadas por el adulto mayor y los apoyos recibi-dos de parte de su familia, en espe-cial de sus hijos.

Palabras clave: envejecimiento, dependencia, apoyos familiares. Summary

The older adults popula on in Mexico presents an accelerate in-crement in absolute numbers and percentages, situa on that will be worse in the coming decades, in combina on to the increase in life expectancy implies new and hig-her support necessi es to this age group, which implies new challen-gers in general for the society, but par cularly for the family and the social policy. The present document indicate a study result realized in Monterrey with a total of 1057 ol-der adults of both sexes, around iden fi ed needs by the older adult and the received supports from his family, especially their off spring.

Key Words: ageing, ageing popula- on, dependence, family support.

Introducción

En México, las necesidades del adulto mayor han adquirido par-

Blanca Mirthala Tamez Valdez Manuel Ribeiro Ferreira

La respuesta familiar al adultomayor en torno a sus necesidades

de apoyo


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cular relevancia, ello debido principalmente al proceso de en-vejecimiento poblacional, el cual consiste en un fenómeno social cuyos primeros rasgos se mues-tran en nuestro país a par r de las úl mas décadas del siglo XX, pero cuyas principales repercusiones se-rán observadas durante la primera mitad del presente siglo. Las mani-festaciones más notorias de dicho fenómeno son el incremento de la población de adultos mayores, tanto en números porcentuales como absolutos, especialmente de quienes presentan 75 o más años de edad, resultado principalmente de una transición sociodemográfi -ca caracterizada por el descenso en las tasas de mortalidad y de na-talidad, aunado al incremento en la esperanza de vida poblacional (Ham-Chande, R., 2003; Par da, V., 2005). Este proceso de envejecimiento poblacional ocurre de manera ver- ginosa en nuestro país; de acuer-

do con las proyecciones demográ-fi cas, nos llevará menos de 50 años enfrentar la transformación de población que los países desarro-llados tuvieron a través de dos si-glos —alcanzar niveles superiores a 14 por ciento de población enve-jecida— (Ham-Chande, R., 2003; Romero, M., 2004). De esta forma,

las personas de 60 años y más que cons tuían 6.8 por ciento de la po-blación total en el año 2000 y 9 por ciento en 2010, conformarán 28 por ciento en 2050; es decir, para mitad del presente siglo, uno de cada cuatro habitantes será adulto mayor (Ham-Chande, R., 2003; Ins- tuto Nacional de Estadís ca, Geo-

gra a e Informá ca, 2011). En el caso de Nuevo León, este fenómeno presenta caracterís -cas demográfi cas de una etapa de transición muy avanzada —con ba-jas tasas de fecundidad así como de mortalidad— y un incremento pronunciado en la esperanza de vida —por encima de la media na-cional—, lo cual conlleva a un ver -ginoso proceso de envejecimiento poblacional, notorio en la transfor-mación de su pirámide poblacional (Cas llo, D., y F. Vela, 2005). Por las caracterís cas del enve-jecimiento poblacional en nuestra región, aquél plantea una serie de retos importantes a la polí ca social y a la sociedad en general, especialmente para el transcurso de las próximas décadas. Tras el in-cremento de la población de adul-tos mayores, especialmente de quienes enfrentan mayor edad, las necesidades de este grupo etario adquieren una mayor dimensión, surgiendo con ello nuevas y mayo-



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res demandas hacia la familia en par cular y la sociedad en general. Familia y seguridad social son las dos ins tuciones básicas de apoyo en la atención de las necesidades del adulto mayor (Ribeiro, M., 2000). En el caso de México, la mayor res-ponsabilidad recae en la familia, en tanto la seguridad social brinda co-bertura a menos de la mitad de las personas de 65 años o más —52 por ciento de adultos mayores no acce-de a la seguridad social, careciendo también de una pensión económica por jubilación— (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá- ca, 2000).

La familia, por tanto, cons tuye la principal red de apoyo para el adulto mayor; sin embargo, aquélla enfrenta una serie de transforma-ciones en su interior, mismas que se encuentran ligadas a los cam-bios económicos, sociales y demo-gráfi cos ocurridos en la sociedad, y desde los cuales se observa una disminución en el número de hijos, un aumento en la escolaridad, prin-cipalmente de las mujeres, las cua-les además se han incorporado en mayor medida al mercado laboral. Esta situación complica el brindar los apoyos y cuidados necesarios al adulto mayor, especialmente cuan-do la dependencia de este grupo se ve incrementada.

Además, el envejecimiento de-mográfi co en México presenta un complejo panorama, puesto que aunado al incremento de la po-blación de adultos mayores, se observan en este grupo etario di-fi cultades y problemas como bajos ingresos, insufi ciente cobertura de la seguridad social, alto costo de los servicios de salud, alimentación y vivienda; deterioro de su salud al surgir problemas de po crónico-degenera vo, lo que incrementa su nivel de dependencia y deterio-ro, demandando cuidados sicos y afec vos que implican una mayor dependencia del apoyo otorgado por las redes familiares. Por lo an-terior, se considera primordial el estudio tanto de las necesidades enfrentadas por esta población, así como de la respuesta obtenida por ellos, par cularmente desde la so-lidaridad1 intergeneracional —apo-

1 Defi nimos la solidaridad como una cualidad de la acción en la que un individuo contribuye al bienestar de otro, par cularmente cuando éste se encuentra vulnerable o presenta una carencia o necesidad. De tal suerte se considera la solida-ridad como la presencia de ayuda —transferen-cia de bienes o servicios— que recibe el adulto mayor para cubrir su necesidad. El estudio se enfoca en la revisión de los siguientes pos de solidaridad: a) económica: apoyo económico en efec vo, bonos o la renta de algún bien; b) en especie: vivienda, alimentación, ves do, servicio médico, medicamentos, etcétera; c) funcional: cuidados especiales, ayuda para caminar, para bañarse, ves rse, cocinar, tomar medicamentos, tomar sus alimentos, etcétera; d) domés ca:


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yos de hijos a padres—, la cual pa-rece ser el principal referente para las personas adultas mayores.

Situación del adulto mayor

Para analizar la situación enfren-tada por el adulto mayor en la ciu-dad de Monterrey, Nuevo León, se retoman los principales resulta-dos de un estudio cuan ta vo, de po descrip vo, realizado en 2005

con un total de 1 mil 57 personas mayores de 64 años, de ambos sexos, elegidos de manera aleato-ria. El estudio estuvo centrado en la solidaridad intergeneracional, par cularmente la recibida por el adulto mayor de parte de sus hijos, especialmente en torno a las de-pendencias que los primeros pre-sentan, tanto de po económico y material, como de po instrumen-tal y funcional —necesidades de cuidados especiales—. El estudio se realizó en la ciu-dad de Monterrey, que ene en su haber la mayor concentración de adultos mayores de Nuevo León:

reciben apoyo para realizar los quehaceres do-més cos, como preparación de alimentos, lim-pieza del hogar, lavado de ropa, etcétera; e) ins-trumental: ayuda para sus traslados al médico, comprar alimentos u otras ac vidades externas al hogar; f) afec va: interés en sus problemas y necesidades, contacto sico y/o telefónico.

68 mil 503 personas de 65 años y más de edad (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá- ca, 2001). Se eligió un diseño de po transversal, no experimental,

o ex post facto. El instrumento ela-borado consis ó en una cédula de entrevista con 190 preguntas, con un empo promedio de aplicación de 40 minutos. Los cues onarios fueron aplicados entre los meses de marzo a julio de 2005.

Perfi l sociodemográfi co del adulto mayor

Entre las caracterís cas observadas en los par cipantes, destacan el te-ner una edad promedio de 74 años en ambos sexos; siendo 532 muje-res —50.3 por ciento del grupo— y 525 hombres —49.7 por ciento del mismo—; con una escolaridad promedio de cinco años en las mu-jeres, entre las cuales 14 por ciento son analfabetas, mientras que en los hombres el promedio de escola-ridad es de 6.4 años cursados, con un analfabe smo de 7 por ciento. Esta situación diferencial entre los sexos se encuentra relacionada con el acceso desigual que tuvieron a la educación hombres y mujeres en la generación estudiada, el cual fue restringido para las segundas.



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Gráfi ca 1. Estado civil de acuerdo al sexo del adulto mayor

La situación conyugal de los par -cipantes también muestra diferen-cias entre los sexos, observándose que los varones viven general-mente en pareja, mientras que las mujeres lo hace una de cada tres; además de que son viudas en ma-yor medida (véase gráfi ca 1). Dicha situación se explica mediante tres aspectos dis ntos: los hombres, tras enviudar, se vuelven a casar con mayor frecuencia que las mu-jeres; los varones, por lo general, se casan con mujeres más jóve-nes; la esperanza de vida es mayor en las mujeres: 78.5 años para las mujeres contra 73.7 años para los hombres en Nuevo León (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra- a e Informá ca, 2001; Kalish, R.,

1996; Mota, R., 2000; Scout, A. y C. Wenger, 1996).

Respecto a la situación familiar en que vive el adulto mayor, se ob-servan también diferencias signifi -ca vas entre los sexos. Los varones viven en mayor medida en familia nuclear o con su pareja, mientras que las mujeres lo hacen regular-mente en familia monoparental, al ser viudas. Asimismo, llama la atención la proporción de adultos mayores que vive solo(a), situación presente en mayor medida en las mujeres (véase cuadro 1). Resalta que 10 por ciento de los par cipantes no ene hijos vivos al momento del estudio, siendo ma-yor en las mujeres —12 por cien-to—, mientras que en los varones corresponde a ocho de cada 10. Esta situación se relaciona con al-gunos aspectos: en primer lugar, 9 por ciento de los adultos mayores

Fuente: Elaboración propia.


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Cuadro 1. Tipo de familia en que vive el adulto mayor de acuerdo con su sexo


no tuvo hijos; 1 por ciento sobrevi-ve a sus hijos; la mitad de los par- cipantes sin hijos permanecieron

solteros, situación mayor en las mujeres —7.8 por ciento—, mien-tras que los hombres corresponde a 4.7 por ciento (véase gráfi ca 1). El número promedio de hijos es seis, mientras que los hijos vi-vos al momento del estudio son en promedio cinco, lo que indica la existencia de una proporción sig-nifi ca va de par cipantes que ha perdido al menos un hijo: 36 por ciento en el caso de las mujeres y 28 por ciento en el de los hom-bres. Las caracterís cas familiares reseñadas muestran una evidente diferencia con las familias actua-les, en tanto que las primeras, al ser más numerosas, brindan ma-yores posibilidades de apoyo de parte de los hijos. De acuerdo con las estadís cas ofi ciales, en Nuevo

León el número promedio de hijos por mujer se ha visto disminuido de seis en 1970, a 3.2 en 1985, y a dos en 2008 (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá -ca, 2008). Un aspecto que ha sido señalado por diversos estudios (Mota, R., 2000; Rivera, J., 2001; Rubalcaba, R., 1999) como relevan-te en torno a la recepción de apo-yos, es el número de miembros en el hogar del adulto mayor, obser-vándose que en nuestro estudio el promedio corresponde a 3.4, infe-rior al promedio observado en los hogares de Monterrey, correspon-diente a cuatro en el año 2000. La mayor parte de los adultos mayo-res cohabita sólo con una persona, siendo 30 por ciento hombres y 29 por ciento mujeres. En el aspecto económico resal-ta que 59 por ciento de los adultos mayores ene pensión económi-



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ca; agregándose 12 por ciento en que sólo su pareja cuenta con ella; lo que implica que 71 por ciento de los par cipantes cuenta con pensión por vejez, sea de manera directa o indirecta. Este dato con-trasta con el observado a nivel na-cional: en 2000, 34 por ciento de los hombres mayores de 64 años recibía una pensión, en tanto que las mujeres sólo 7 por ciento (Ro-mero, M., 2004); mientras que en el estudio realizado la enen 44 por ciento de las mujeres y 74 por ciento de los varones. Otro aspecto que resalta en el grupo estudiado es la proporción de adultos ma-yores que ene seguridad social, correspondiente a 87 por ciento, misma que casi duplica la de adul-tos mayores con seguridad social a nivel nacional: 48 por ciento de las personas de 65 años y más de edad (Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a e Informá ca, 2001).

Principales necesidades de los adultos mayores

Respecto a las necesidades en-frentadas en mayor medida por el adulto mayor, se indagó en torno a las ac vidades o situaciones en las que aquél requiere de apoyo, por no ser capaz de realizarlas o

cubrirlas por sí mismo, con sus propios recursos, conceptualizán-dose como pos de dependencia que se clasifi can como: ac vidades básicas de la vida diaria (ABVD) o dependencias de po funcional, las cuales implican apoyos o cuidados especiales, relacionadas en ocasio-nes con la sobrevivencia del adulto mayor; y ac vidades instrumenta-les de la vida diaria (AIVD), relacio-nadas con necesidades materiales, de labores domés cas y/o trasla-dos del adulto mayor. De acuerdo con las evidencias, la dependencia económica se presenta en mayor medida, siendo mayor en las muje-res y conforme a lo esperado pues, como se señaló, aquéllas cuentan con menores recursos —pensión, educa vos—; cabe señalar que esta condición se presenta sobre todo en los estratos bajo y medio bajo (véase cuadro 2). También en proporción signi-fi ca va presentan necesidad de ayuda para realizar labores domés- cas y ayuda material o en especie,

sin embargo, la primera es mayor en los varones, especialmente en el estrato alto. En una menor pro-porción aparece la dependencia de po instrumental, sin diferencias

entre los estratos. Las dependen-cias que se muestran en baja pro-porción son las de po funcional,


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mismas que en conjunto aparecen solamente en 18 por ciento del grupo estudiado, sobre todo en las mujeres y principalmente en los estratos bajo y medio bajo; la más común de ellas es la necesidad de ayuda para caminar, mientras que

las de menor proporción, de acuer-do a lo esperado, son algunas nece-sidades básicas para la vida diaria como: necesidad de ayuda para ir al baño, acostarse o levantarse de su cama y tomar sus medicamen-tos (véase cuadro 2).

Cuadro 2. Datos sobre dependencia y solidaridad según género del adul-to mayor




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Solidaridad observada hacia el adulto mayor

Respecto a los apoyos recibidos por el adulto mayor para cubrir su necesidad o superar su depen-dencia, se observa que aquéllos son obtenidos principalmente por quienes muestran una o va-rias necesidad(es) para cubrir las ABVD, implicando algunas veces la sobrevivencia del adulto mayor (véase cuadro 3). Dicho apoyo se concentra principalmente en quie-nes muestran dependencia para alimentarse, recibiendo la ayuda principalmente de las hijas, sobre todo en los estratos alto y medio alto, mientras que los varones la reciben especialmente de su cón-yuge o pareja, por permanecer ca-sados o unidos. También en amplia proporción se recibe ayuda de po instrumental para realizar labores domés cas, así como funcional para acostarse y/o levantarse de su cama y tomar medicamentos. Cabe señalar que tanto la ayuda instrumental como para labores domés cas son recibidas en mayor proporción por los hombres, sobre todo en los estratos alto y medio alto, ayudándoles por lo general la esposa o cónyuge, así como las hijas. La ayuda funcional para bañar-

se o asearse no presenta diferen-cias entre los sexos, estando pre-sente sobre todo en los estratos alto y medio alto y recibiéndose generalmente de las hijas y/o una empleada domés ca, así como de la cónyuge en el caso de los hom-bres. En la dependencia económica y material —en especie—, es lige-ramente menor la proporción de adultos mayores que recibe ayuda, siendo principalmente las mujeres. Al discriminar la ayuda que provie-ne exclusivamente de los hijos, se advierte que aquélla es mucho ma-yor hacia las madres —67 por cien-to—, mientras que es recibida por el padre en 45 por ciento de los de-pendientes. El apoyo que se recibe en menor medida es la ayuda para caminar, la cual es brindada por to-dos los hijos, pero especialmente por las mujeres, observándose que quienes no ob enen la ayuda seña-lan recurrir por lo general al uso de un bastón u otro implemento me-cánico. En general, se observa que la ayuda es recibida principalmen-te de las mujeres, especialmente en los apoyos de po funcional (ABVD), así como en los de po instrumental, es decir, traslados y labores domés cas. Un aspecto que resalta es que en los apoyos brindados para cubrir las AIVD, es


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común encontrar la presencia de una red de intercambio entre el(la) adulto(a) mayor y su(s) hijo(s), lo que confi rma lo señalado por la teoría del intercambio social en torno a que los apoyos fl uyen acor-de con los recursos de los par ci-pantes (Levi-Strauss, C., 1969, ci-tado en Ritzer, G., 2001; Hidalgo, J., 2001). No obstante, en el caso de las ABVD relacionadas con la dependencia funcional que se de-sarrolla tras el deterioro sico del adulto mayor, los apoyos recibi-dos adquieren otra caracterís ca, que no es acorde con los recursos de los par cipantes, ni tampoco con la presencia de intercambio entre las partes, sino que parecen estar más en función del grado de dependencia en el adulto mayor, es decir, como respuesta de una corresponsabilidad o solidaridad familiar señalada por diversos au-tores (Aranguren, L., 2000; Artola, A. y R. Piezzi, 2000; Barg, L., 2003; Coronado, M., 1941; Durkheim, E., 1967; Ribeiro, M., 2000; Rorty, R., 1991). Este po de respuesta se observa en mayor medida dirigida a las mujeres, especialmente por su(s) hija(s).

Conclusiones

De acuerdo con lo discu do, la si-tuación del adulto mayor es bas-tante heterogénea, variando en función de la situación de dete-rioro y recursos con que cuenta aquél para cubrir sus necesidades por sí mismo, o bien a través de un intercambio de bienes y servi-cios con sus familiares, o incluso dependiendo totalmente del apo-yo de quienes le rodean. Podemos señalar entonces que las necesida-des del adulto mayor están relacio-nadas tanto con aspectos sociales —redes sociales y familiares esta-blecidas— como de po individual —edad, estado de salud, nivel de funcionalidad, dependencias desa-rrolladas—. De acuerdo con la evidencia obtenida en torno a la ayuda que recibe el adulto mayor para cubrir sus necesidades y la reciprocidad de aquél para con su(s) hijo(s), es posible señalar que existe, por un lado, una relación de intercam-bio de bienes y servicios entre el adulto mayor y su(s) hijo(s) en una proporción importante —poco más de la mitad de los que reciben ayu-da—, sobre todo en quienes reci-ben ayuda económica —dinero y especie— e instrumental. Por otro lado, y en una proporción aún más



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importante del grupo de estudio, se observa la evidencia de una res-puesta solidaria, generalmente de los hijos, hacia las necesidades del adulto mayor, brindándole ayuda, principalmente cuando esas nece-sidades son de po funcional, sin evidencias de reciprocidad. Esto úl mo parece indicar que la soli-daridad de los hijos hacia el adul-to mayor se ve incrementada con-forme éste avanza en deterioro y presenta necesidades de po fun-cional que comprometen su sobre-vivencia, denotándose una ac tud de corresponsabilidad familiar. Sin embargo, también se ob-serva que existen adultos mayo-res que no sólo carecen del apoyo para cubrir su necesidad y atender su dependencia, sino que, ade-más, enfrentan el desinterés y, en ocasiones, incluso el abandono de alguno(a) de sus hijos(as). Situa-ción que es por demás grave, si coincide con el deterioro sico y mental del adulto mayor —dependencia funcional—, así como si carece de recursos económicos que le permitan obtener de mane-ra segura un apoyo, aun cuando se reciba de manera condicionada.

Refl exiones y recomendaciones

Es importante considerar que el envejecimiento poblacional en Mé-xico presenta caracterís cas muy par culares —aumento ver gino-so en el número de adultos mayo-res, insufi ciente cobertura de segu-ridad social, monto insufi ciente en pensiones de re ro y viudez— que conllevan a serias difi cultades para la atención de este segmento, reca-yendo gran parte de la responsabi-lidad de esta atención en la familia. Asimismo, se denota que la familia realiza un esfuerzo por cubrir las necesidades del adulto mayor, aun cuando ella enfrenta una visible transformación en su estructura como ins tución social —dismi-nución del número de miembros, cambios en roles y funciones—, tanto como en su interior —pa-peles de la mujer y de los niños, importancia de la pareja—, que contrasta en ocasiones con las de-mandas de atención y recursos de los abuelos, lo que puede ahondar los confl ictos y difi cultades enfren-tados en el interior de su dinámica y funcionamiento. Por ello, se torna relevante el diseño y ampliación de polí cas y programas sociales dirigidos de manera específi ca al adulto ma-yor, considerando la diversidad de


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necesidades y situaciones enfren-tadas por dicho grupo etario, que además ofrezcan servicios y apo-yos diferenciados de acuerdo al género y la situación — po y nivel de dependencia— enfrentada; así como polí cas y programas dirigi-dos a las familias que enen entre sus miembros a uno o más adultos mayores para su atención, par -cularmente cuando los apoyos re-queridos son de cuidados especia-les para realizar las ABVD, en tanto comprometen la sobrevivencia del adulto mayor, a la vez que impac-tan fuertemente la situación fami-liar.

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Resumen

E l obje vo de esta inves ga-ción es conocer la relación de incidencia en el desarrollo

humano del adulto mayor en su en-torno personal, familiar y de salud, aunado a posibles situaciones de violencia. La metodología se centró en procesos observacionales por me-dio de un estudio de po sincróni-co, transversal, analí co y prospec- vo; el diseño es preexperimental;

las unidades de análisis fueron 105 adultos mayores atendidos en una Unidad Médico Familiar (UMF); en la teoría del muestreo, éste es in-determinís co de po accidental; se diseñó un instrumento con esca-la de intervalo de po centesimal, procesando su confi abilidad con un Alpha de Cronbach, y el manejo del análisis estadís co de po correla-cional y análisis factorial. Se concluye la dualidad acerca del desarrollo humano del adulto mayor: la dependencia genera ac-

tos, situaciones y formas de vio-lencia —55.09 por ciento varianza, ≥±0.31—. Se propone sensibilizar a la población de que la familia es un negocio al mostrar un esquema de inversión de capital variable con re-torno, es decir, los padres requieren ver a sus hijos como un “producto de inversión” que se retribuirá co-rrela vamente en la misma medi-da de proporción directa cuando los padres sean viejos, mostrando entonces la necesidad de un cam-bio cultural e intergeneracional.

Palabras claves: adulto mayor, de-sarrollo humano, familia, violencia.

Abstract

The aim of this research is to un-derstand the rela onship of human development impact of the elderly in their personal, family and health, together with possible violence. The methodology focused on observa onal processes, being a

Jorge Ramírez ChávezRocío Isabel Ramos Jaubert Julio César Alvarado Cortés

Desarrollo humano en el adulto mayor



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synchronic study, transversal, ana-ly cal and forward, the design is pre experimental analysis units were 105 seniors a ended a Fam-ily Health Unit; in sampling theory, this is type indeterminis c acci-dental an instrument was designed with interval-type scale centesi-mal, processing reliability with a Cronbach Alpha management and sta s cal analysis of correla onal and factor analysis. We conclude the duality of hu-man development of the elderly; dependence generates events, situ-a ons and forms of violence (55.09 por ciento variance, ≥ ± 0.31). It is proposed to raise awareness that the family business is a diagram to show a variable capital investment return, ie require parents see their children as an investment product which correspondingly remuner-ated in the same propor on as di-rect when parents are old, showing then, the need for cultural and in-tergenera onal change.

Key words: elderly, human devel-opment, family, violence.

Introducción

El fi lósofo Veblen (1918, referido por Membrillo, A. et al, 2008) pre-dijo que de acuerdo al crecimiento de la población, al fi nalizar el siglo XX habría 7 mil millones de habi-tantes. Sin embargo, sólo tuvieron que pasar 11 años para que esta can dad de seres humanos habi-tara el planeta, y con ello vendrían otras transformaciones y variacio-nes, entre ellas la vejez de la misma población, aun y cuando al fi nalizar el siglo XXI —año 2100— falta que el crecimiento poblacional alcance los 14 mil millones para iniciar su curva de decremento; con esto se anuncian la crisis alimentaria, los problemas de pensiones, las en-fermedades crónicas, entre otras situaciones, principalmente de or-den ambiental. México no es la excepción. La tasa de crecimiento poblacional en nuestro país se incrementó a par r de los años cincuenta del siglo XX y se acrecentó aún más a par r de los años setenta. En el sector salud se ha observado una falta de apo-yo a nivel familiar al adulto mayor en relación con su persona, control médico y posible problemá ca de violencia, todo ello debido proba-blemente a una falta de cultura, en general, y concien zación hacia


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el viejo, en par cular. El de familia es un concepto complejo aún; mu-chos autores la delimitan como la ins tución, el núcleo o la médula espinal de la sociedad. Sin em-bargo, aún se sigue estudiando y analizando, brindando la acepción de relevancia como el elemento más importante de la naturaleza humana. La familia es el eje fun-damental para el funcionamiento de la sociedad aunado a las creen-cias, los valores y los mitos, mismos que determinarán la conducta del sistema, contribuyendo a la trans-formación de las ac vidades co -dianas del individuo, de la ciudad, del país e incluso del mundo ente-ro. Flaquer (1998) sos ene que “la pérdida de peso de la familia en la organización social ha acompaña-do su importancia cada vez mayor como fuente de iden fi cación emo-cional”. Carlos Pérez Testor (2008, citando a Font, Pérez Testor, Roma-gosa, 1995) dice que

la familia es el grupo donde se nace y donde se asumen las necesidades fundamentales del niño. Es un grupo en el cual los miembros se cohesionan, se quieren, se vinculan, y así se ayudan recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como personas en todas sus dimen-

siones: cogni va, afec va, rela-cional, etcétera.

Desde estas perspec vas, se ene claro que la familia implica no sólo los lazos de sangre que en determi-nado momento existen, sino que va más allá de tener hijos. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que

una revolución demográfi -ca está ocurriendo en todo el mundo. Actualmente hay alre-dedor de 600 millones de per-sonas de 60 años y más; esta cifra se duplicará hacia el año 2025 y llegará a casi dos mil millones hacia el año 2050 —la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.

El ncremento mayor ocurrirá en el primer cuarto de siglo; se mul pli-cará por 15 en países como Ban-gladesh, Brasil, México y Nigeria; el número de personas mayores de 60 años se habrá mul plicado por cuatro entre 1955 y 2025; y la pro-porción frente a la población total será de 10 por ciento. El Caribe es la región en desarrollo más vieja del mundo (Kornblit, A., 1984; Organi-zación Mundial de la Salud, 2003).



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Lo anterior esboza la necesidad de conocer el tejido del ambiente familiar y cómo se relaciona o, en su caso, si es que existe o ha pre-valecido un desarrollo a favor de estas personas proponiendo un diagnós co social médico comple-to y seguir con un enfoque de apo-yo y de sensibilización para propi-ciar una mejor calidad de vida en su ambiente y dinámica familiar; así como detectar la incidencia de la problemá ca de violencia, ya sea sica, psicológica o social, y cómo

interfiere en el desarrollo que como personas aún pueden tener y, por ende, mejorar el conocimien-to sobre esta etapa y las necesida-des básicas para preponderar la organización en el sistema familiar y personal. La presente inves gación está dirigida esencialmente hacia el me-dio social que se preocupa o desco-noce la situación actual de los adul-tos mayores, pero haciendo énfasis en la familia, ya que es el medio o el contexto que ene relación o contacto directo con el adulto ma-yor. Su obje vo es tener una me-jor perspec va sobre la familia, el cuidador o la misma persona, edu-cando a las próximas generaciones para convivir de la mejor manera, sin condiciones de violencia hacia los adultos mayores, y puedan re-

conocer que a futuro ellos mismos vivirán también esa etapa vital.

Material y métodos

El estudio fue realizado en una Uni-dad de Medicina Familiar (UMF) de la ciudad de Sal llo, Coahuila. Se empleó un enfoque cualita -vo-cuan ta vo, con una pología de la inves gación observacional, transversal, sincrónico, analí co y prospec vo; el diseño de la inves- gación en la perspec va metodo-

lógica fue preexperimental, al con-formarse El estudio con un grupo y una sola medición XO (Campbell, D. y J. Stanley, 1969, referido por Ramos, R., 2004), fundamentada en una inves gación de campo, ya que para su desarrollo se recurrió a la recopilación de datos —consul-tas, variables e instrumento—, to-mando criterios para el desarrollo de la inves gación e instrumento desde la perspec va metódica cua-lita va y cuan ta va (Ramos, R. y J. Ramírez, 2012). Las variables maestras del estu-dio fueron: el desarrollo humano, ambiente familiar, entorno médi-co social y violencia, medidas de forma ordinal con una escala in-tervalar de po centesimal de 0 al 100, donde el 0 es la ausencia del atributo y el 100 el máximo valor


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que le otorga el respondiente. La operacionalización de las variables cons tu vas se midió de manera similar. Según la pirámide poblacional adscrita a medicina familiar, en 37 UMF del estado de Coahuila de Zaragoza se hallan registrados 114 mil 268 adultos mayores hombres y mujeres ≥60 años derechoha-bientes. La población se determinó según el censo nominal de la UMF en Sal llo, en donde dicha unidad médica actualmente cuenta con 13 mil 496 adultos mayores, hombres y mujeres, como derechohabientes ≥60 años (IMSS, 2010) El estudio por observación se realizó en la afl uencia de personas adultas ma-yores en el servicio de Prestaciones Económicas por los trámites de pensión y supervivencia. Con base en el registro del censo mensual de tal departamento, se a enden por mes a 110 adultos mayores (IMSS,2010 El po de muestreo fue: inde-terminís co por su nivel de incer -dumbre; accidental; abarcando un total de 105 sujetos (censo). Los criterios de selección o inclu-sión de los sujetos para este estu-dio fueron tomados con el discer-nimiento necesario para evitar un probable sesgo muestral: Pacientes mayores de 60 años, afi liados —pensionados, jubila-

dos y benefi ciarios—, de ambos géneros, sin afectación del área cogni va, que lean y escriban, que formen parte de un núcleo fami-liar, que acepten voluntariamente par cipar en el estudio. Los crite-rios de exclusión se refi eren a que los miembros de la familia tengan enfermedades psiquiátricas —sín-drome ansioso depresivo, alcoho-lismo, entre otros—, y los criterios de eliminación se centraron en respuestas incompletas en la en-cuesta que impidan una valoración adecuada del caso. Se diseñó un instrumento que metódicamente aporte un nuevo enfoque en perspec va, compren-sión y análisis en la aplicación ex-clusivamente a la persona adulta mayor que comparte o vive con una familia (Alvarado, J., 2011), ya que se observan áreas como am-biente familiar, desarrollo humano, entorno médico social y violencia, u lizando la escala mencionada debido a que contribuye con una mejor compresión en su percep-ción en el nivel familiar. El desarrollo fue medido de for-ma induc va por el po de estudio y diseño; las lecturas estadís cas de acuerdo a Rocío Isabel Ramos Jaubert y Jorge Ramírez Chávez (2012) en el presente estudio em-plearon tres análisis de la estadís -ca sin números, donde se u lizaron



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las frecuencias absolutas y rela vas para describir la población obje- vo, la correlación Producto Mo-

mento de Pearson y el análisis de factores modelo r2 múltiple, con criterio de corte sigmá co r≥±.31, para obtener una lectura con una estructura subyacente y obje va de acuerdo a los datos crudos, con sus respec vos niveles de confi an-za de 95 por ciento, lo que equivale a 0.05 de nivel de error.

Resultados

En el estudio, el género que predo-minó fue la mujer con 65 sujetos, que representan 62 por ciento; en el estado civil, 37 respondien-tes son casados, lo que es 32 por ciento; los de ingreso económico medio fueron 41 encuestados —41 por ciento—; y 30 respondientes, mujeres adultos mayores, son ama de casa, con 32 por ciento. Asimis-mo, predominaron las que se dedi-can al hogar con 52 respondientes —52 por ciento—; en la religión predominaron los católicos con 80 sujetos, explicando 81 por ciento; predominó la escolaridad primaria con 57 sujetos —59 por ciento—; 77 sujetos manifestaron su entor-no vital en el medio urbano, for-mando 80 por ciento; 95 sujetos vi-ven en una familia propia —93 por

ciento— y 27 sujetos son de grupo sanguíneo O+ —47 por ciento—. En la tabla 1 sobre las relaciones entre el desarrollo humano y el am-biente familiar —siendo la síntesis del análisis correlacional determi-nado por un nivel de confi anza de 95 por ciento y un nivel de error de .05, u lizando el coefi ciente de correlación Producto-Momento de Pearson— se explica la relación en-tre desarrollo humano y el ambien-te familiar en el que está inmerso el anciano, donde la convivencia en el nivel familiar conduce hacia una buena calidad de vida y confort, por el buen manejo de la enferme-dad generada por su envejecimien-to, fomentando las relaciones que establece con un trato posi vo, lo que le da pie a una mejor compren-sión del ambiente que lo rodea. Los valores establecidos promue-ven la educación en la equidad con inteligencia y con amabilidad, y el sen rse con libertad aunado al con-fort y a la sa sfacción de su calidad de vida, conduce a ser una persona tolerante y disciplinada, caracteriza-da por el respeto y orden. La armonía lo conduce al con-fort, mejorando su calidad de vida en su senectud por sen rse una persona libre, así como a preser-var una buena comunicación por considerarse todavía una persona estable y apegada a su familia. Se


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infi ere que el adulto mayor siente un alto grado de sa sfacción en su desarrollo personal y se percibe cobijado por el apoyo familiar en la etapa de envejecimiento —r≥ .29, p≤.05—.

En el gráfi co 1 se refl eja el aná-lisis integracional con el análisis de factores donde se empleó el Méto-do de Extracción de Comunalida-des de R2 Múltiple, tomando como variables signifi ca vas aquellas

Tabla 1 Relaciones entre desarrollo humano y el ambiente familiar del anciano

Basado en un Análisis de Correlación Producto - Momento de Pearson, p ≤ 0.05, r ≥ 29, n ≥ 100

que presentaron un valor de r≥±.31 —criterio de corte sigmá co—. Se obtuvo del procesamiento un total de 15 factores extraídos a través de maximizar la varianza compar da que explica 55.09 por ciento del to-tal del fenómeno estudiado. La lectura interfactorial estructu-ró los 15 factores que se presenta-ron en el procesamiento, mostran-do las relaciones existentes entre los mismos y que integraron el fe-nómeno estudiado.

Se observó que el desarrollo hu-mano alcanzado por el adulto ma-yor en la familia lo hace una persona íntegra y feliz por medio de valores interpersonales como el esparci-miento y la intervención sa sfacto-ria en la prevención de enfermeda-des, estableciendo que con núa con la dependencia psicoac va ha-cia el consumo del café, pero con el apoyo familiar en los programas educa vos en salud dirigidos espe-cífi camente al adulto mayor.



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El anciano ende a ser depen-diente en la familia por considerar-se una persona caprichosa y a pe-sar de sen rse feliz e íntegra, está expuesto a cualquier po de vio-

lencia de índole psicológica, sica o económica. Aunque la familia le brinde apoyo moral en la interven-ción o prevención de enfermeda-des, precisamente por situaciones

de salud o presencia de algún po de padecimiento, generan diversas formas de violencia hacia su per-sona y por ende el deterioro de su salud. De lo anterior se infi ere que existe una dualidad acerca del desarrollo humano de la persona adulta mayor, porque a pesar de sen rse una persona íntegra en lo familiar, completamente feliz y estable, está latente la violencia

Gráfi ca 1 Relación y análisis Interfactorial del fenómeno.

Extracción Comunalidades del R2 Múl ple valor r≥0.31 (criterio de corte sigmá co). Se obtuvieron del procesamiento un total de 15 factores extraidos a través de maximizar la varianza compar da que explican el 55.09 % del total del fenómeno estudiado

tanto de parte de su familia como de personas externas, y que la edu-cación que recibe para benefi cio de su salud es benefactora siempre y cuando reciba el apoyo familiar adecuado, lo que a la vez se vuelve ambivalente cuando lo olvidan por conveniencia o desatención, en perjuicio del anciano por el po de dependencia que exista.


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Conclusión y discusión

De acuerdo a los hallazgos en la in-ves gación, se concluye de forma general que el longevo caracteriza el ambiente familiar en la asocia-ción de los valores, la convivencia y la comunicación, así como redes de apoyo a través de las reunio-nes familiares, el esparcimiento por medio de la asistencia al cine, la moderada ac vidad sica; pero a la vez no se siente integrado al sistema familiar por su edad y por ende es dependiente; en menor grado son independientes al reci-bir prestaciones económicas como una pensión o jubilación. La depen-dencia genera actos, situaciones y formas de violencia por miembros como los hijos, los nietos y los so-brinos, estos úl mos por el hecho de descuidarlo, si bien no cometen la agresión. La violencia desen-cadena que la persona mayor no tenga una recuperación en su en-fermedad, pero si es integrado a un programa educa vo de salud posi-blemente mejore y le ayude cuan-do deje de fumar y la dependencia de la cafeína; su desarrollo humano es favorecido por su envejecimien-to con calidad, confort y libertad, pero por su edad padece algún po de enfermedad. Se integraron ele-mentos como el ser feliz e íntegro

en el nivel familiar, pero también cómo la violencia interfi ere en sus enfermedades y, sobre todo, cómo la religión es desencadenante de violencia intrafamiliar, aunado al impacto de los programas educa- vos de salud; asimismo, hay dife-

rencias entre las mujeres y varones en la comprensión familiar. Una inves gación que apare-ció en la revista Avances Médicos de Prensa La na (Muchinik, 1987, referido por Espín, A., 2003), con respecto al fenómeno acerca de la moral de los viejos, encontró una fuerte asociación entre frecuencia de interacción con la familia y sen- miento de bienestar en la vejez.

El estudio encontró que también existe una fuerte asociación entre el desarrollo humano y la etapa como adulto mayor, ya que el an-ciano sobrelleva su etapa cronoló-gica de forma tranquila y sana, de manera independiente y con liber-tad; se integran a nivel familiar sus formas de iden dad, valores, cos-tumbres, funcionando como red de apoyo, y el fomentar la unión por lógica eleva su moral. José Manuel Pérez Álvarez, Héctor D. Bayarre y Gema Quintero Danauy (1996) presentaron una in-ves gación realizada en Cuba en la que se demostró que la dimensión familiar es la que más contribuye



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a la percepción de alta calidad de vida y que cons tuye la principal fuente de ayuda, compañía, cuida-do y respeto para las personas de edad avanzada. Dada la observa-ción, se menciona que esta inves- gación encontró evidencia similar

cuando la convivencia fortalece el ambiente familiar. Alberta Durán Gondar y Ernes-to Chávez Negrín (1998), también referidos por Ana Margarita Espín (2003), han considerado a la familia como un grupo social fundamen-tal para ayudar al adulto mayor a desempeñar sus roles. El longevo considera sen rse desintegrado, no le gusta ejercer obligaciones a nivel familiar y a la vez desea estar integrado para ejercer su iden -dad, derechos y costumbres; no se siente adaptado del todo en su contexto familiar, prevaleciendo in-conformidad con la mayoría de su familia, con lo que pone en riesgo la dinámica familiar o fuerzas inter-nas, demostrando que la familia no siempre lo apoya en el desempeño de los roles.

Propuesta

El estudio demostró que el ambien-te familiar en donde está inmerso el adulto mayor como integrante, enriquece sus valores en la expe-

riencia de convivencia y comunica-ción como persona longeva dentro de tal sistema; pero en su etapa de adultez mayor se manifi estan como personas independientes por sen rse aún libres, con deci-siones propias, ya que cuentan con una pensión y/o jubilación que los hacen económicamente indepen-dientes, por tal mo vo su familia no los abandona o los hace sujetos periféricos, lo que paradójicamen-te mejora su desarrollo humano. Por otro lado, se requiere sen-sibilizar a la población de que la fa-milia es un negocio al mostrar un esquema de inversión de capital variable con tasa de retorno, es de-cir, los padres requieren ver a sus hijos como un “producto de inver-sión” que se retribuirá correla va-mente en la misma medida de pro-porción directa cuando los padres sean viejos, mostrando entonces la necesidad de un cambio cultural e intergeneracional.

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Educación


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Resumen

E l propósito de este trabajo fue diseñar un cues ona-rio de autorreporte con 100

reac vos de escala Likert que ex-plorara: a) los propósitos cogni vos y afec vos atribuidos a las ac vida-des experimentales; b) ac tudes posi vas y nega vas; c) percepcio-nes de involucramiento y control; y d) experiencia subje va. La idea es contar con un instrumento válido y confi able para es mar las ac tudes y percepciones de los docentes de educación secundaria relacionadas con las ac vidades experimentales. El contexto es un renovado interés por la inclusión sistemá ca de tales ac vidades en el currículum ofi cial vigente en México. El cues onario, después de ser probado en estu-dios piloto y el refi namiento pos-terior, demostró en efecto ser un

instrumento válido y confi able para iden fi car tendencias grupales e individuales. Las respuestas de los docentes sugieren una buena dis-posición y ac tudes benevolentes en general, pero esto contrasta con cierto rechazo por parte de algunos hacia las ac vidades experimenta-les, falta de confi anza y percepción de control. Estas tendencias servi-rán como base para inves gaciones subsecuentes sobre las formas más efec vas de apoyar a los docentes para desarrollar habilidades y reco-nocimiento sobre el potencial y las limitaciones de las ac vidades ex-perimentales.

Palabras clave: educación secun-daria, ac tudes y percepciones docentes, ac vidades experimen-tales, desarrollo de cues onarios.

María Teresa Guerra Ramos José Baltazar García Horta

Dulce María López Valen n

Desarrollo de un cuestionario para evaluar las actitudes y percepciones

de docentes de educación secundaria en relación con

las actividades experimentales


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Abstract

This study aimed to design a self-report ques onnaire with 100 Lik-ert scale items which explores: a) cogni ve and aff ec ve purposes a ributed to prac cal work, b) pos-i ve and nega ve a tudes, c) per-cep on of engagement and con-trol, and d) subjec ve experience. The idea is to develop a valid and reliable ques onnaire to assess sci-ence teachers’ a tudes and per-cep ons related to prac cal work. The context is a renewed interest for the systema c inclusion of such work in the current science curric-ulum in Mexico. The ques onnaire a er trialing in two pilot studies and subsequent refi nement has proven to be a useful research in-strument to iden fy general and individual tendencies. Teachers’ responses suggest good predispo-si on and benevolent a tudes in general; however these contrast with some teachers, reluctance to conduct prac cal work, lack of con-fi dence and sense of control. These tendencies will serve as a star ng point for further research on eff ec- ve ways of suppor ng teachers

to develop skills and awareness on the poten al and limita ons of prac cal work.

Keywords: secondary science edu-ca on, teachers’ a tudes and per-cep ons, prac cal work, test devel-opment.

Introducción

La introducción en 2006 de nuevos programas de estudio de ciencias en México ha dado un renovado énfasis a la enseñanza basada en la inves gación, lo cual es notorio en el discurso pedagógico ofi cial. A los maestros se les pide que incorpo-ren ac vidades experimentales en su prác ca de manera sistemá ca, tal y como ocurre en otros países (Anderson, R., 2007). Esto impone una demanda signifi ca va en el profesorado dada la modesta for-mación en ciencias de muchos de ellos, así como las pocas oportuni-dades disponibles para involucrar-se en ac vidades experimentales y llevar a cabo procesos inves ga- vos durante su propia formación

como docentes. Los docentes de ciencias de secundaria enen que lidiar además con un currículo am-plio y demandante. Los formadores de docentes en todo el mundo si-guen enfrentando el problema de cómo apoyar, durante la formación inicial y la actualización en servicio, el desarrollo de conocimientos bá-


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sicos, al igual que las estrategias y habilidades que requieren quienes enseñan ciencias. Desde una perspec va de la cognición situada (Brown, Collins y Duguit, 1989) reconocemos que varios elementos contextuales y sociales se encuentran involucra-dos en las interacciones humanas complejas como los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los do-centes inevitablemente desarro-llan sus propias percepciones y ac tudes hacia las ac vidades ex-perimentales que, eventualmente, interactúan con las demandas del currículum. Más aún, tales percep-ciones y ac tudes pueden verse re-fl ejadas en su discurso y acciones, e infl uir en el po de ac vidades que eligen para trabajar con los es-tudiantes, la manera en que orga-nizan el trabajo en clase, el papel que ellos mismos adoptan, el equi-po y materiales que usan e inclu-so los criterios que emplean para valorar el éxito de las ac vidades experimentales (Abrahams, I. y M. Saglam, 2010). En este trabajo, por ac vidades experimentales nos referimos a cualquier ac vidad de enseñanza-aprendizaje que involu-cra a maestros y estudiantes en la observación o manipulación de ob-jetos concretos y materiales. Este término se usa en lugar de “traba-

jo de laboratorio”, a fi n de incluir aquellas ac vidades que implican observar o manipular algo, pero que se realizan fuera de la escuela. Como una forma de explorar sistemá camente las percepcio-nes y ac tudes de los docentes de secundaria, relacionadas con las ac vidades experimentales, se re-porta aquí el diseño y desarrollo de un cues onario. Éste se desarrolló en el contexto de un proyecto más grande orientado a realizar un es-tudio diagnós co sobre el uso de las ac vidades experimentales en la enseñanza de las ciencias en escuelas secundarias públicas de Nuevo León. Dicho proyecto inten-ta informar la elaboración de ma-teriales didác cos centrados en el trabajo experimental para apoyar el currículum ofi cial. Consecuente-mente, los propósitos fueron:

—Desarrollar un cues onario de autorreporte, válido y confi able, para explorar las ac tudes y per-cepciones docentes relacionadas con las ac vidades experimentales.—Aplicar el cues onario a mues-tras de profesores de ciencias de secundaria y aportar información para una amplia caracterización de sus ac tudes y percepciones.


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Metodología

El uso de un cues onario se con-sidera sólo como un medio para obtener información y un recurso cuyos resultados deben ser com-plementados con información de otras fuentes, como entrevistas, notas de campo, observaciones de clase. Se desarrolló un cues onario que incluye reac vos po Likert, agrupados en secciones para ex-plorar cuatro aspectos:

—Propósitos atribuidos a las ac -vidades experimentales: 20 reac -vos.—Ac tudes hacia las ac vidades experimentales: 20 reac vos.—Percepciones sobre involucra-miento y control: 20 reac vos.—Experiencias subje va durante la implementación de ac vidades ex-perimentales: 40 reac vos.

Los siguientes ejemplos ilustran la naturaleza de los reac vos:

En el desarrollo y aplicación del cues onario se siguieron las si-guientes fases: —Diseño: elaboración de reac -vos, revisión por jueces externos.

—Primer estudio piloto: aplicación del cues onario, primer análisis de reac vos —pruebas de validez y confi abilidad—, integración de una versión afi nada del cues onario, análisis de tendencias grupales en las respuestas.—Segundo estudio piloto: aplica-ción, segundo análisis de reac vos —pruebas de validez y confi abili-dad—, integración de una versión fi nal del cues onario Se seleccionaron 41 docentes para par cipar en el primer estudio pi-loto. La muestra para el segundo estudio piloto estuvo cons tuida de 44 docentes. Ambas muestras incluyeron mujeres y hombres de entre 23 a 56 años que tenían en-tre dos y 34 años de experiencia docente. Todos eran maestros de ciencias en servicio en secundarias públicas. La versión del cues ona-rio usado en el primer estudio pi-loto tenía 96 reac vos. La versión afi nada y usada en el segundo es-tudio piloto tuvo 100 reac vos.En el primer estudio piloto, el análi-sis se centró en las evidencias esta-dís cas relacionadas con el poder de discriminación de los reac vos y la consistencia interna de las sec-ciones a fi n de valorar la validez y confi abilidad del cues onario como un instrumento de inves -gación. Para este fi n, se realizaron


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pruebas t y coefi cientes Alfa de Cronbach con ayuda de Sta s cal Package for Social Sciences (SPSS) v. 20. Adicionalmente se realizó un análisis preliminar para iden fi car

patrones y tendencias grupales. Los datos del segundo estudio pilo-to también se procesaron estadís -camente para confi rmar la validez y confi abilidad de los reac vos.

Tabla 1. Ejemplos de reac vos de cada sección


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Resultados

Estudio piloto 1

El análisis de los datos del primer estudio piloto indicaron que 84 de 97 reac vos —86.6 por ciento— tenían un adecuado poder de dis-criminación —prueba t, p < 0.05—. La tabla 2 ejemplifi ca los resultados obtenidos para una parte de la sec-ción 2 del cues onario, y la tabla 3 presenta un resumen de los resul-tados para todas las secciones del cues onario. A par r de los valores t obtenidos, se determinó la necesi-dad de afi nar 13 reac vos en total. En relación con la consistencia interna (ver tabla 4), en el inte-

rior de cada sección se obtuvieron coefi cientes Alfa de Cronbach altos y signifi ca vos —p < 0.05—, para las secciones 1 propósitos— y 2 —ac tudes—, con todos los reac- vos correlacionados y señalando

buena consistencia interna. Para las secciones 3 —involucramiento y control— y 4 —experiencia sub-je va—, los coefi cientes no fueron signifi ca vos y fue posible iden fi -car 19 reac vos no correlacionados en sus secciones. Dado que ambas pruebas estadís cas —t y Alpha— señalaron defi ciencias en prác -camente los mismos reac vos, se procedió a revisarlos y refi narlos. Tal revisión resultó en la restructu-ración de las secciones 3 y 4.

Tabla 2. Resultados de la prueba t en relación con el poder discrimina -vo de los reac vos relacionados con ac tudes posi vas de la sección 2 (estudio piloto 1)

* Signifi cancia p < 0.05).


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Tabla 3. Resumen de resultados de la prueba t en relación con cada sec-ción del cues onario (estudio piloto 1)

Tabla 4. Coefi ciente Alfa de Cronbach que señalan correlaciones entre los reac vos del mismo po, como indicador de consistencia interna (es-tudio piloto 1)


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Estudio piloto 2

La versión afi nada del cues onario se probó en el segundo estudio pi-loto. Encontramos que 78 de 100 reac vos —78 por ciento— tenían un adecuado poder de discrimi-nación —prueba t, p < 0.05—. La tabla 5 ejemplifi ca los resultados obtenidos para una parte de la sección 2 del cues onario, y la ta-bla 6 presenta un resumen de los resultados para todas las secciones del cues onario. A par r de los va-lores t obtenidos, se determinó la necesidad de volver a revisar 22 reac vos en total. Creemos que

los resultados del segundo estudio piloto fueron peores que los del primero, par cularmente en la sec-ción 4 —experiencia subje va—, posiblemente porque en la mues-tra par ciparon profesores con muy poca o ninguna experiencia docente y esto pudo tener efecto en los resultados. En relación con la consistencia interna (ver tabla 7), en el inte-rior de cada sección se obtuvieron coefi cientes Alfa de Cronbach altos y signifi ca vos —p < 0.05— para cinco de ocho subsecciones. Las secciones 1 —propósitos— y 2 —ac tudes— nuevamente mostra-

Tabla 5. Resultados de la prueba t en relación con el poder discrimina- vo de los reac vos relacionados con ac tudes posi vas de la sección 2

(estudio piloto 2)

* Signifi cancia p < 0.05).


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ron mejor consistencia interna que las secciones 3 —involucramiento y control— y 4 —experiencia subje- va—, para los cuales los coefi cien-

tes no fueron signifi ca vos y fue posible iden fi car 22 reac vos no correlacionados en sus secciones. Los resultados del segundo piloteo señalaron los puntos a mejorar del cues onario y esta información está siendo ú l en la preparación de la siguiente versión, que debe-rá ser probada nuevamente hasta obtener evidencia sufi ciente para poder u lizarla como herramienta confi able de inves gación. El análisis de las tendencias grupales, a par r de los datos del

primer estudio piloto, señaló que los profesores tendieron a atribuir tanto propósitos cogni vos como afec vos a las ac vidades expe-rimentales, lo que sugiere que a nivel grupal perciben que tales ac vidades son ú les para prác- camente cualquier propósito de

enseñanza. Interesantemente, evi-taron el acuerdo o desacuerdo to-tal en cuanto a que las ac vidades experimentales fueran ú les para mantener la disciplina en el salón. El 68 por ciento de los docentes —28 de 41— reportó ac tudes posi vas hacia la implementación de ac vidades experimentales. Como grupo, expresaron acuerdo

Tabla 6. Resumen de resultados de la prueba t en relación con cada sec-ción del cues onario (estudio piloto 2)


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con ac tudes nega vas sólo en el caso de dos reac vos relacionados con la posibilidad de que las ac -vidades no funcionaran o pudie-ran causar accidentes. A pesar de que a nivel individual los docentes diferían signifi ca vamente en sus tendencias, un número importante de ellos —79 por ciento— tendía a percibirse a sí mismo involucrado y en control de la situación al reali-zar ac vidades experimentales. De manera similar, en 71 por ciento de los docentes la tendencia fue re-portar experiencias subje vas po-si vas durante la implementación de las ac vidades experimentales como parte de la enseñanza.

Conclusiones e implicaciones

Este estudio se centró en aspec-tos seleccionados de las ac tudes y percepciones docentes relacio-nadas con las ac vidades experi-mentales. Sólo puede aportar una caracterización de los principales rasgos y tendencias en la muestra y a nivel individual. Esta información es ú l en la elaboración de una des-cripción diagnós ca de cómo los docentes están posicionados para enfrentar las demandas curricula-res asociadas al uso de las ac vida-des experimentales y sus fi nalida-des educa vas. Se está siguiendo el procedimiento convencional para

Tabla 7. Coefi ciente Alfa de Cronbach que señalan correlaciones entre los reac vos del mismo po, como indicador de consistencia interna (es-tudio piloto 2)


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el diseño del cues onario y se es-pera obtener, al fi nal del proyecto, un instrumento válido y confi able. El cues onario de autorreporte elaborado privilegia el punto de vista del docente. Para hacer sen- do de estos puntos de vista, es

importante explorarlos en conjun-ción con información sobre la for-mación docente y las condiciones en las escuelas para llevar a cabo ac vidades experimentales. Otros aspectos relevantes a incorporar en nuestro estudio diagnós co in-cluirán entrevistas a una muestra de profesores para explorar los retos y oportunidades que enfren-tan al usar ac vidades experimen-tales para desarrollar conceptos y habilidades en sus estudiantes. Una aproximación más cualita -va, como la discusión de dilemas adoptada por Yoon Hye-Gyoung y Kim Mijung (2010), podría ser ú l para tal propósito. Aspiramos a que el cues ona-rio, después de ponerse a prueba en los estudios piloto necesarios y con el consecuente refi namiento, se convierta en un instrumento de inves gación ú l para iden fi car tendencias grupales e individua-les. Las tendencias iniciales iden- fi cadas en las respuestas de los

profesores sugieren una buena predisposición y ac tudes bene-volentes en general, sin embargo,

esto contrasta con la falta de con-fi anza y falta de percepción de con-trol de algunos docentes. El tama-ño de las muestras en los estudios piloto no nos permite generalizar las tendencias iden fi cadas a nivel estatal o nacional. Esta exploración inicial de las ac tudes y percepcio-nes docentes servirá como un pun-to de par da para inves gaciones subsecuentes orientadas a la iden- fi cación de formas efec vas de

apoyar a los docentes a incorporar ac vidades experimentales como recursos pedagógicos y a recono-cer el potencial y las limitaciones de las mismas. Algunos esfuerzos deberán orientarse al desarrollo de estrategias docentes para propó-sitos pedagógicos diferenciados e intervenciones crí cas durante la implementación de las ac vidades experimentales en el contexto de la enseñanza de las ciencias a estu-diantes de educación secundaria.

Referencias

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Anderson, Ronald, 2007, “Inquiry as an Organiz-ing Theme for Science Curricula”, en San-dra K. Abell y Norman G. Lederman (eds.), Handbook of Research on Science Educa- on, LEA, Estados Unidos, pp. 807-830.

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Brown, J., Collins, A. y Duguid, P. (1989). Situated cogni on and the culture of learning. Edu-ca onal Researcher, 18 (1), 32-42.

Hye-Gyoung,Yoon y Kim Mijung, 2010, “Collab-ora ve Refl ec on through Dilemma Cases

of Science Prac cal Work during Prac cum”, Interna onal Journal of Science Educa on, 32 (3): pp. 283-301.

Millar, Robin, Andree Tiberghien y Jean-François Le Maréchal, 2002, “Varie es of Labwork: a Way of Profi ling Labwork Tasks”, en Dimitris Psillos y Hans Niedderer (eds), Teaching and Learning in the Science Laboratory, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Tamir, Pinchas, 1989, “Training Teachers to Teach Eff ec vely in the Laboratory”, Science Educa on, 73, pp. 59-69.


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CRIT

ERIO

S ED

ITO

RIAL

ESCriterios de publicación

P ueden presentar contribuciones todos los aca-démicos de cualquier país interesados en difun-dir sus trabajos sobre temas sociales rela vos

a la familia, la salud, la educación, la vivienda, la co-munidad, el desarrollo urbano y rural y las correspon-dientes polí cas sociales, mediante ar culos de inves- gación, ensayos, reseñas, informes o cualquier otra

forma semejante. Para garan zar la calidad académica de los ar cu-los a publicar, éstos serán some dos a revisión exter-na mediante el sistema de doble ciego a cargo de un Consejo Editorial y un Comité Cien fi co cons tuidos al efecto para cada una de las ediciones de la Revista. Los trabajos deberán ser de una extensión mínima de 10 y máxima de 15 cuar llas, escritas en español, por una sola cara en Word (incluyendo, en su caso, cuadros, fi guras y tablas, y, en todo caso, introduc-ción y bibliogra a) y con márgenes estándar, escritas a espacio y medio con letra Times New Roman de 12 puntos; debiendo cumplir, además, con la secuencia y requisitos detallados a con nuación:

1.- Portada, conteniendo el tulo del trabajo, el nom-bre completo del autor o autores (en el orden deseado), el grado académico de cada uno y el nombre completo y sus siglas de la ins tución de educación superior en la que laboren;

2.- En idioma español y en idioma inglés, un resumen de no más de 200 palabras y, en seguida, también en los dos idiomas, de 3 a 5 palabras clave que iden fi quen el tema;


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ES3.- El escrito se divide en el número de apartados que

correspondan, de acuerdo a la naturaleza del géne-ro editorial elegido;

4.- Los cuadros, tablas y gráfi cas contarán con un tu-lo en la parte superior de los mismos y, al pie, con la fuente rela va; las fi guras se tulan en la par-te de abajo (las fotogra as, además, añadirán el nombre de su autor y una descripción corta). Cada una de estas clases de ilustraciones debe ubicarse en la parte del texto que corresponda, ordenarse numéricamente y acompañarse de la explicación que convenga. Además, estas ilustraciones deberán presentarse por separado, en el mismo orden, en archivo electrónico en formato .jpg.

5.- Todo lo rela vo a citas y referencias debe ajustarse a los criterios de la American Psychology Associa- on (APA);

6.- Deberá acompañarse un escrito con los siguientes datos del autor o autores (en este caso, de cada uno): Nombre completo; úl mo grado académico obtenido; nombre completo de la ins tución que otorgó éste; líneas de inves gación y/o trabajo del autor; ins tución donde labora y, en su caso, los -tulos completos, con los datos editoriales rela vos, de no más de cinco publicaciones de cualquier gé-nero, de cada autor, y

7.- Enviar originales a: [email protected]


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