PROPOSICIÓN

GRUPO MUNICIPAL DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)

SOBRE LA VIABILIDAD DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 27/2013, DE RACIONALIZACIÓN Y

SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Durante varias décadas, hemos asistido en nuestro país a un crecimiento del sector público empresarial

desorbitado y falto de un diseño racional. Al ser muy amplios los criterios para la constitución de

empresas, muchas de estas no se crearon para llevar a cabo una actividad empresarial sino que fueron

el instrumento utilizado para la prestación de servicios públicos. Además, la elección de este modelo de

gestión de servicios no estuvo motivada por un cálculo de costes que hiciera aconsejable esta fórmula

de gestión sino que las motivaciones vinieron dadas por otros factores que van desde la conocida “huida

del Derecho Administrativo”, en aras de una mayor agilidad, motivación confesada, a otras inconfesadas

tales como la elusión de un mayor control político o el nepotismo más burdo.

Nuestro municipio no fue ajeno a esta corriente y, así, nos encontramos con la existencia de tres

empresas públicas, GISA, EMSV y Lyma, muy diferentes en cuanto a su objeto pues mientras Lyma

asume una de las competencias propias más genuinas de un ayuntamiento, como son la limpieza y

recogida de residuos, GISA tiene como finalidad “dinamizar la actividad económica”, objetivo que

podríamos situar en el ámbito de las competencias impropias y cuyo logro real está aún pendiente de

ser acreditado. UPyD tiene un objetivo ambicioso de recuperar las competencias de estas empresas y

proceder a su liquidación pero el camino a recorrer será diferente en función de la utilidad, viabilidad de

la empresa y posibilidades de asumir las competencias por parte del ayuntamiento de manera

inmediata.

El Gobierno Municipal, a propuesta de este grupo, introdujo en la Memoria de los Presupuestos del

Ayuntamiento para 2014 el propósito de realizar “estudios de optimización de recursos y funciones

dentro de la red de empresas públicas municipales, eliminación de duplicidades y reordenación de

competencias”. Fue una manera poco comprometida de hacerse eco de la propuesta de UPyD que,

posteriormente, el Gobierno ha concretado expresando verbalmente el propósito de hacer una fusión

de la empresa GISA con el organismo autónomo ALEF, ya que las competencias de una y otro se solapan.

Por la heterogeneidad formal de ambos organismos, es obvio que una fusión no sería factible sino que la

solución estaría en la liquidación de uno de ellos. En todo caso, dicho plan no ha sido presentado hasta

el momento para poder valorarlo.

Pero esa intención a día de hoy no puede llevarse a cabo de la manera prevista por el Gobierno sin

entrar en otras consideraciones que vienen marcadas por imperativo legal. Simultáneamente al proceso

de aprobación de los presupuestos municipales, se estaba elaborando la Ley 27/2013, de 27 de

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, uno de cuyos objetivos es la

reducción y racionalización del sector público empresarial en la línea de reducción del gasto público que

nos imponen las cifras de déficit público. Dicha ley regula aspectos relacionados con las empresas

públicas en algunos de los apartados de su artículo primero que viene a modificar determinados

artículos de la Ley reguladora de Bases del Régimen Local. Es de especial interés a estos efectos el

apartado treinta y seis del artículo primero que modifica la Disposición Adicional novena.

Redimensionamiento del sector público.

En el caso de nuestro municipio, la ley nos afecta en varios puntos relacionados con las empresas

públicas municipales y con distintos plazos de cumplimiento en función de la situación de la empresa y

los servicios que presta. Sin ánimo de ser exhaustivos, por un lado, nos marca obligación de revisar el

conjunto de las entidades instrumentales que conforman el sector público local. A las existentes que se

encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste no se produce, se impone su

disolución. En este caso, prescribe, en primer término, la obligación de presentar al Pleno la memoria

justificativa sobre la forma de gestión más sostenible y, en su caso, el plan de corrección. Además, a

consecuencia de la delimitación competencial, también se requeriría estudio sobre el posible efecto en

función de las competencias que tienen atribuidas y la valoración del riesgo desde el punto de vista de la

sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y la interferencia con servicios de otra

administración pública.

Por lo expuesto el Grupo Municipal de UPyD propone al Pleno de la Corporación la adopción del

siguiente acuerdo:

Instar al Gobierno Municipal a:

1.- La revisión, en los términos previstos por el art. 85.2 de la LRBRL, de la viabilidad de la

gestión de los servicios realizados por las empresas públicas, presentando al Pleno las

conclusiones para su debate y decisiones, en su caso.

2.- La aplicación de la nueva Disposición Adicional novena de la LRBRL.

Getafe, 18 de septiembre de 2014

Esperanza Fernández Acedo

Portavoz del Grupo Municipal de UPyD