Proceso 2019

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semanario de información y análisis
No. 2019 • 12 de julio de 2015
ESTADOS 31 JALISCO: La renuncia increíble
/Gloria Reza, Alberto Osorio y Felipe Cobián
34 VERACRUZ: Duarte malbarata y hunde a su estado /Noé Zavaleta
EDUCACIÓN 37 Los adultos retrógrados sepultaron la ley sobre
niños /Arturo Rodríguez García
41 El viejo cuento /Naranjo
42 Estado criminal /John M. Ackerman
43 Grecia, la enajenación y México /Sabina Berman
44 Sordera y ceguera partidistas /Jesús Cantú
REPORTE ESPECIAL 6 Los mexicanos, espiados hasta en la cocina
/Jorge Carrasco Araizaga y Mathieu Tourliere
10 Así se negocia para que nos espíen /Jorge Carrasco Araizaga y Mathieu Tourliere
14 Y la ley no sirve para nada /Arturo Rodríguez García
PRESIDENCIA 18 Ante México, Francia olvida los derechos
humanos: negocios son negocios /Emilie Barraza y Jorge Carrasco Araizaga
POLÍTICA 22 “Cargada” panista en favor de Anaya /Álvaro Delgado
CORRUPCIÓN 28 Peña Nieto despoja a otomíes para favorecer
a Hinojosa Cantú /Jesusa Cervantes
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AÑO 38, No. 2019, 12 DE JULIO DE 2015
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agencia proceso de información
47 Desigualdad extrema a debate /Héctor Tajonar
48 Francisco esta yendo demasiado lejos /Bernardo Barranco V.
INTERNACIONAL 50 GRECIA: La rebelión del hartazgo
/Andrés Mourenza
56 ARGENTINA: Scioli: El deportista político /Francisco Olaso
CULTURA
60 El Archivo General como Centro Cultural, para largo /Niza Rivera
65 Estro Armónico /Samuel Máynez Champion
Páginas de crítica
ARTE: El “arte plegaria” contra “el arte mierda” /Blanca González Rosas
MÚSICA: Chris Squire (1946-2015) /Ricardo Jacob
TEATRO: El Libertino /Estela Leñero Franco
CINE: Respira /Javier Betancourt
DOCUMENTAL 71 Investigación de un agente de la DEA sobre
Camarena /Columba Vértiz de la Fuente
DEPORTES 74 PANAMERICANOS: Certezas de Colombia:
el deporte no abate el delito /Rafael Croda
77 COPA AMÉRICA: Inútil, el oportunismo futbolero de Bachelet /Francisco Marín
80 Palabra de Lector
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Durante años el gobierno mexicano ha usado una poderosa herramienta cibernética para espiar a los ciudadanos. En teoría nadie escapó al fisgoneo de sus cuentas de correo, redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto. Y esa herramienta la ma- neja una compañía, Hacking Team, que tiene entre sus clientes, además de la federal, a muchas administraciones estatales. Pero la empresa del superespionaje fue espiada y vulnerada, así que la información ilegal –política, financiera e incluso personal– de sus espiados está ahora al alcance de casi cualquiera en internet.
Los mexicanos,
6 2019 / 12 DE JULIO DE 2015

JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y MATHIEU TOURLIERE
E l ataque cibernético en contra de la empresa italiana Hacking Team –asunto que se hizo pú- blico el domingo 5– fue catas- trófico para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y
una docena de gobernadores. La interven- ción y filtración de las bases de datos de la empresa productora de programas y de- sarrollos informáticos puso al descubierto que desde el sexenio pasado las autoridades mexicanas espían a sus ciudadanos.
Aunque la información se refiere só- lo a una empresa proveedora de ese tipo de software, las bases de datos hackeadas (es decir, vulneradas, descifradas y roba- das) demuestran la intensidad de los go- bernantes mexicanos en materia de espionaje. La referencia principal es que, hasta antes del ataque, México era la principal fuente de ingresos de Hacking Team. Por entidades, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) era su tercer cliente más importante en el mundo.
La puerta de entrada de Hacking Team a México fue el propio Peña Nieto. Cuan- do era gobernador del Estado de México, su administración contrató en 2009 a esa empresa de Milán. El propósito fue equi- par a los Cuerpos de Seguridad Auxilia- res del Estado de México (Cusaem) con un software que le permitiera hacer el seguimiento de personas, instituciones y organizaciones consideradas “objetivos” de su gobierno.
Computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos, cuentas de correo, redes sociales, contactos, mensajes escritos o de voz, chats, conversaciones por Skype, imá- genes… toda la información de esos “objetivos” ha sido hurgada desde entonces no sólo por el gobierno del Estado de México, sino por el federal y, desde hace dos años, por otros gobiernos estatales y hasta por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Abierto así el camino en México, Ha- cking Team es desde hace seis años pro- veedor del gobierno federal, y desde hace dos, de una creciente lista de administraciones estatales.
El principal producto que han comprado es un potente sistema llamado Remo- te Control System, capaz de penetrar de manera simultánea “miles” de celulares y computadoras, desde donde infiltra las cuentas personales en Facebook, Google, Yahoo, Gmail, etcétera, para extraer imá- genes, correos, chats y mensajes de tex- to con archivos adjuntos de voz. También puede extraer datos y multimedia y hacer inútil la encriptación.
Con México como uno de sus principales compradores, hasta antes del ataque cibernético Hacking Team tenía pla-
neado expandirse. Para octubre próximo está anunciado como uno de los patroci- nadores del encuentro internacional Te- lestrategias, que se realizará en la Ciudad de México organizado por ISS World Latin America, empresa dedicada a los sistemas de apoyo de inteligencia para intercep- ción legal, vigilancia electrónica y obten- ción de ciberinteligencia.
Pero más importantes eran las inten- ciones de compra que le habían manifes- tado tanto el gobierno federal como algunos estatales, una vez que pasaran las elecciones del pasado 7 de junio.
Tierra de oportunidades
En el gobierno federal, los programas de la empresa italiana han sido comprados desde el sexenio pasado para las secreta- rías de Gobernación (Cisen y Policía Fede- ral), de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, la Procuraduría General de la Re- pública (PGR) y hasta para Pemex.
Entre la información de la empresa hecha pública el lunes 6, está el plan estraté- gico de Hacking Team para México, al cual la empresa caracteriza como clave para sus ventas en el Continente Americano.
Además del gobierno federal, el plan identifica como clientes a los del Estado de México, Querétaro, Puebla, Campeche, Ta- maulipas, Yucatán, Durango, Jalisco y Baja California. La peculiaridad común es que la agencia responsable ante la empresa italiana es, en todos los casos, la “oficina del gobernador”. Por el tiempo en que esos gobiernos compraron los equipos se trata de los actuales mandatarios estatales.
En el caso del Estado de México, los equipos han sido para los Cusaem y la Procuraduría General de Justicia.
Además, según la información interve- nida, Sonora y Nayarit eran considerados
el año pasado por la empresa como “oportunidades”, mientras que los actuales gobiernos de Chihuahua, Guerrero y Zaca- tecas, además de la Sedena y la Policía Federal (PF), tenían prometidas compras para el tercer trimestre del año pasado. En el caso de la Defensa, por 510 mil euros, y en el de los gobiernos, 350 mil cada uno.
Desde 2009 la inversión conjunta del gobierno federal y los estatales ha sido de 5 millones 808 mil euros, que al tipo de cambio actual equivalen a unos 100 millones de pesos, que han salido de los presu- puestos públicos. Un costo relativamente bajo para las ganancias que las autoridades federales y estatales han obtenido en el conocimiento de sus blancos a seguir.
Pero 2015 iba a disparar esa cifra. Pa- sadas las elecciones, los vendedores de Hacking Team respondieron a solicitudes de cotizaciones por parte de varias instituciones y entidades para adquirir la últi- ma versión de su sistema Galileo.
Días antes del hackeo y de la exhibición de la base de datos de la empresa, sus intermediarios advertían que los contratos estaban prácticamente ganados. Otra vez, para el gobierno federal y otros gobiernos estatales. Para la PF se elevaba a 785 mil euros. Para la Sedena, a más de 1 millón 500 mil euros. Para la Unidad Antisecues- tro de Jalisco, a 925 mil euros. La propuesta para Guerrero, fechada al 21 de enero de 2014 y calificada de “extremadamente confidencial”, se elevaba a 610 mil euros.
Las bases de datos de Hacking Team incluyen listas e historial de sus clientes, las empresas intermediarias que coloca- ron el equipo en México y otros países, nombres de ejecutivos y operadores, correos electrónicos, facturas, cartas de cré- dito, bitácoras y todo tipo de información que muestra las relaciones comerciales de la empresa.
G e r m
Peña Nieto. Abrió la puerta
REPORTE ESPECIAL

E l 13 de febrero de 2012, los periodistas de Mamfakinch, un portal independiente de información marroquí, recibieron en su página web un men-
saje misterioso acompañado de una liga de internet que decía: “Por favor, no mencionen mi nombre… no quiero broncas”.
En julio de ese mismo año, Ahmed Mansour, el activista y bloguero de los Emi- ratos Árabes Unidos recibió un correo elec- trónico de Arabic Wikileaks acompañado de un archivo con la leyenda veryimportant. doc. El año anterior Mansour había estado en prisión por “insultar” a los príncipes de la federación.
Los periodistas marroquíes y Mansour dudaron y optaron por no dar un click sobre el vínculo o el archivo. Con ello evitaron que se abriera una “puerta trasera” a través de la cual un “agente” del Remote Control Systems (RCS) –el sistema de espionaje electrónico desarrollado por la empresa italiana Hacking Team– se infiltrara en sus aparatos e iniciara desde ahí su trabajo de espionaje.
De acuerdo con la base de datos de Hacking Team, la cual fue sustraída de los servidores de la empresa y exhibida en internet el lunes 6, la monarquía marroquí es cliente de la firma italiana desde antes de 2010. Hoy, Marruecos es el tercer país que invierte en los servicios de espionaje que proporciona Hacking Team, detrás de México e Italia.
Los Emiratos Árabes Unidos empezaron a operar los sistemas RCS en 2011 y hasta ahora han gastaron alrededor de 2 millones de euros.
Morgan Marquis-Boire y Bill Marzac, investigadores del Citizen Lab, adscrito a la Escuela de Asuntos Globales de Munsk, en la Universidad de Toronto, recuperaron los archivos y desmenuzaron sus códigos. En octubre de 2012, publicaron incluso una investigación en la cual revelaron que los archivos estaban infectados por el programa Da Vinci, recientemente detectado por la empresa comercializadora de antivirus Dr Web.
Más que el programa en sí, los investigadores denunciaron el espionaje de ciudadanos por parte de gobiernos autoritarios. Hace un año, ellos demostraron que el gobierno de Bahrein espiaba a los disiden- tes a través del programa Finfisher, similar, aunque menos potente, al de la empresa alemana Gamma Group.
Citizen Lab exhibe a Hacking Team
MATHIEU TOURLIERE
David Vincenzetti, director de Hacking Team, redactó entonces una respuesta para calmar las preocupaciones de sus clientes: “Estas herramientas están vendidas úni- camente a reconocidas agencias gubernamentales de policía y antiterroristas, no las vendemos a agencias o gobiernos que se encuentran en las listas negras de la Unión Europea o los Estados Unidos.”
Desde este entonces, Marquis-Boire y su equipo comenzaron a rastrear su versión Da Vinci del sistema RCS, así como la más reciente denominada Galileo. Sus hallazgos llevaron a la organización Reporteros Sin Fronteras a calificar a la firma italiana como uno de los cinco principales “enemigos de internet”.
El 12 de febrero de 2014, Marquis- Boire reveló que el gobierno de Etiopía ha intentado utilizar el programa para espiar a periodistas del Servicio de Televisión Sate- lital, una cadena independiente radicada en Estados Unidos, a través del programa de videollamadas Skype.
Cinco días después, Citizen Lab publicó una amplia investigación técnica en la que exhibe a 21 gobiernos-clientes de Hacking Team, entre ellos el de Peña Nieto, así como los de Kazajistán, Sudán y Azerbaiyán, repu- tados para pisotear los derechos humanos y reprimir la libertad de expresión.
Citizen Lab publicó una lista de servidores utilizados para espiar a ciudadanos, entre ellos cinco de Telmex, en México. Además, puso como ejemplo el “circuito mexicano”, según el cual la información robada por las agencias gubernamentales transitaba por Atlanta, Ámsterdam, Londres y Hong Kong para erradicar sus huellas.
Los clientes
A raíz de la publicación de los datos de Hacking Team en línea, quedó comproba- do que las direcciones de IP (Protocolo de Internet) y las cadenas de anonimización reveladas por los investigadores de Citizen Lab pertenecían al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que tenía entonces 19 operaciones de espionaje en curso, aunque los técnicos de la agencia de espionaje mexicana no se percataron de ello.
“Su IP ha sido publicada junto con su cadena de anonimato. No se han enterado aún, es lo que sé. Pero lo peor es que no tienen un firewall (un programa informático de seguridad) en su sistema, nos echan la culpa por la ausencia del dispositivo y dicen que compraron un sistema completo y que no le proveemos”, dijo con alarma Alejandro Velázquez, enlace de Hacking Team en México en esas fechas.
De la conversación interna destaca que en 2010 el Cisen sólo compró el sistema informático, pero se negó a adquirir los aparatos ofrecidos por Hacking Team; al final no instaló ningún firewall .
“Muchos clientes, como la (Procura- duría General de Justicia del Estado de México), saben que un firewall sirve para la seguridad, pero para ellos equivale a un muro mágico que evite hechizos”, expuso el técnico Sergio Rodríguez Solís.
Y añadió que en los talleres de capaci- tación “no lograremos ‘hacer’ ingenieros a partir de policías idiotas trasladados a un escritorio”.
La presencia de Sudán en la lista de clientes de la firma italiana contradice su argumento de que no vende sus productos a gobiernos incluidos en las listas negras de las potencias occidentales. La crisis en el seno de Hacking Team se conoció gracias al intenso intercambio de correos.
Tras la publicación del informe de Ci- tizen Lab siguieron innumerables artículos en la prensa internacional, así como reportes de organizaciones defensoras de derechos digitales y de la libertad de
Cisen. Cliente favorito

En total, más de 400 gigabytes de la empresa italiana y sus clientes, entre los que destaca México. Otros de los compradores de software de intrusión son Marruecos, Arabia Saudita, Malasia, Etiopía, los Emira- tos Árabes Unidos, Singapur y Chile, ade- más de Italia y Estados Unidos.
Desde el sexenio pasado
El sofisticado ataque cibernético llevó días, incluso semanas, superando nuestras de- fensas, explica a Proceso Eric Rab, jefe de marketing y oficial de comunicaciones de Haking Team. “Hemos hablado con nuestros clientes, les hemos explicado lo que sabemos del ataque y les hemos pedido sus- pender cualquier investigación que tengan en curso. Todos los clientes han acordado hacer eso”, respondió vía electrónica.
En esa condición se encuentran por lo menos una veintena de compradores mexicanos, a decir de la información con- sultada por este semanario. Después de las compras en 2009 del gobierno de Peña Nie- to en el Estado de México, se desató la ad- quisición de equipo por parte del entonces gobierno de Felipe Calderón y luego de gobiernos estatales.
En 2010 el gobierno federal empezó a comprar a través del Cisen y de la PF. Al siguiente año, la Marina se convirtió en nuevo cliente. Según lo reportado por las propias dependencias a la empresa italiana, el Cisen tenía 140 “objetivos”; la Mari- na, 100, y los Cusaem, 100.
A cargo entonces de Guillermo Valdés Castellanos, el Cisen ha sido el principal comprador de software intrusivo y ofensi- vo a Hacking Team.
Entre los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, la agencia de seguridad del Es- tado mexicano ha comprado a la empresa italiana equipos y software por 1 millón 390 mil euros.
El Cisen y los Cusaem han sido los úni- cos adquirientes mexicanos directos de ese tipo de programas informáticos. Las demás autoridades mexicanas han adqui- rido el llamado software “defensivo” y lo han hecho a través de empresas privadas.
Las empresas identificadas como intermediarias son Teva Tech de México, Sym Ser- vicios Integrales, Elite by Carga y Dynamic Trading Exchange, con contratos firmados. También están como distribuidores oficiales Neolinx, Grego y Cloudsec, aunque hasta donde indica la información no habían con- cretado ventas en el momento del hackeo.
El empresario de seguridad Eduardo Margolis, implicado por Florence Cassez en su caso judicial en México, también intentó convertirse en intermediario de Hacking Team con su empresa Epel, al ofrecer a los ejecutivos italianos sus “relaciones de alto nivel con el gobierno mexicano” y sus contactos con el de Israel.
expresión. Ese material preocupó a los analistas de Hacking Team.
Días después, el 28 de febrero de 2014, Citizen Lab sacó un nuevo estudio en el que reveló que el espionaje ciber- nético transitaba por servidores ubicados en Estados Unidos, o que algunos de los servidores espías empleados por Hacking Team eran “disfrazados” como páginas de internet de empresas estadunidenses.
El 24 de junio siguiente, Vincenzetti envió un correo a los empleados de Ha- cking Team para comunicarles que “un nuevo artículo sobre nuestros productos ha sido publicado hoy por nuestros que- ridos amigos del Citizen Lab. Esperamos una reacción masiva de los medios”.
Y les advirtió: “Nadie, incluso yo, está autorizado a hablar con la prensa”.
Ese mismo día, el equipo de Mar- quis-Boire reveló que la monarquía de Arabia Saudita infiltró a los celulares Android a través de una aplicación destinada a los integrantes de la minoría chiita del país. La tecnología de base era desarrollada por Hacking Team y el equipo de la universidad de Toronto vio una correlación entre el uso del programa y las protestas sociales que sacudían entonces al reino y que desemboca- ron a detenciones masivas y violencia policiaca.
“¿Les podemos demandar –pregun- tó Vincenzetti a sus colaboradores más cercanos–, están publicando el manual de nuestro producto, que es cosa confidencial de la empresa.”
Hacking Team publicó una declara- ción en su página, en la que denunció “los esfuerzos constantes de Citizen Lab para atacar nuestro negocio” y asumió que la empresa operaba “en total cum- plimiento con las leyes relevantes”.
Y mientras Vincenzetti instruía a sus empleados sobre la necesidad de calmar las inquietudes de sus clientes, el director de ventas de la empresa, Marco Bettini, aseguró a su cliente saudita que “Hacking Team está totalmente compro- metido con la confidencialidad, nunca confirmaremos ni negaremos la identi- dad de nuestros clientes”.
El pasado 9 de marzo, Citizen Lab divulgó otra investigación en la cual afirmó que, a pesar del señalamiento del espionaje contra los periodistas de Etiopía exiliados en Estados Unidos, Hacking Team siguió proveyendo sus servicios al régimen, el cual atacó de nuevo al equipo de reporteros.
Esta vez los italianos se prepara- ron: cuatro días antes, la universidad canadiense les había proporcionado una copia del informe. De hecho, ya había contestado a las primeras entrevistas de los periodistas que accedieron al reporte antes de su publicación.
De acuerdo con las facturas exhibidas, esas empresas intermediarias adquirieron entre 2012 y 2014 licencias para explotar el Remote Control System, en sus sucesivas versiones, primero Da Vinci y luego el más sofisticado Galileo, capaces de penetrar va- rios targets (objetivos) al mismo tiempo.
Mina mexiquense
Después del Cisen, la entidad que más ha gastado en el software de la empresa italiana es el Estado de México. Con Peña Nie- to, en 2009, gastó 400 mil euros; después, en 2012, ya en el actual gobierno de Eru- viel Ávila, 783 mil euros para la Procuradu- ría General de Justicia (PGJ).
En el primer caso, el responsable de los Cusaem era Ciro Mendoza Becerril, considerado protegido del entonces gobernador Peña Nieto. El organismo dependía de la Agencia de Seguridad Estatal –hoy Se- cretaría de Seguridad Ciudadana–, a cargo entonces de David Garay Maldonado, actual responsable de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
Por lo que hace a la PGJ mexiquense, la primera vez que entró en contacto con la empresa de Milán fue en 2012. Ese año la procuraduría tuvo dos titulares: Alfredo Castillo, excomisionado del gobierno de Pe- ña Nieto en Michoacán y actual director de la Comisión Nacional del Deporte; y Miguel Ángel Contreras Nieto, actual secretario de Medio Ambiente del gobierno de Eruviel Ávila y procurador de Protección Ambiental del gobierno estatal de Peña Nieto.
Después del Estado de México y el gobierno federal, a partir de 2013 los gobiernos estatales empezaron a comprar el software y su actualización. Ese año fueron Queréta-
O c
Valdés Castellanos. Compras masivas

ro, Puebla y Campeche; además de Pemex, con Emilio Lozoya Austin como director.
En 2014 se sumaron Tamaulipas, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California, Yucatán, Durango y Jalis- co. De acuerdo con los reportes, durante 2015 esas entidades han hecho o tienen que hacer pagos de mantenimiento.
En cuanto se conoció que México era un importante comprador de software para espiar, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien de- pende el actual director del Cisen, Euge- nio Ímaz, aseguró que la adquisición ha- bía ocurrido en el sexenio pasado. Pero las bases de datos demuestran que el gobierno de Peña Nieto ha pagado 410 mil euros para mantenimiento y actualización del software.
En México Hacking Team enfrenta a la competencia del programa FinFischer –desarrollado por la alemana Gamma Group– y del oneroso sistema Pegaso, pro- ducido por la israelí NSO Group y que dis- tribuye aquí Security Tracking Devices.
Durante las administraciones panis- tas, el Cisen y la PF adquirieron, mediante esa empresa, equipo de espionaje de Estados Unidos, según contratos del De- partamento de Estado publicados por este semanario en 2013 (Proceso 1915).
Uno de los operadores fue el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien antes ya se había hecho de equipos de espionaje también a través de esa oficina del gobierno estadunidense, cuando era director de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en el gobierno de Vicente Fox. En ese entonces, García Lu- na pidió “la intercepción de llamadas objetivo y sesiones” de Telmex, Telcel, Nex- tel, Telefónica, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy.
La sucesora de la AFI en la PGR es la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Tomás Zerón de Lucio, quien apa- rece en las comunicaciones internas de
Hacking Team como uno de los principales negociadores por parte de México.
Con García Luna como secretario de Seguridad Pública, la PF estaba a cargo de Facundo Rosas cuando Hacking Team vendió software a la corporación en 2010. De él dependían los programas informá- ticos de espionaje, pero debió salir de la institución en 2012 tras un fallido ope- rativo en la normal rural de Ayotzinapa, que dejó dos estudiantes muertos.
En abril siguiente fue rescatado por su paisano, el gobernador de Puebla, Ra- fael Moreno Valle, quien lo designó secretario de Seguridad Pública estatal. En 2013 Moreno Valle compró por primera vez el software de Hacking Team para “10 objetivos”. Según las bases de datos in- tervenidas, hasta agosto del año pasado la administración de Moreno Valle había pagado 428 mil 835 euros, entre compra, mantenimiento y actualización de los programas.
En el caso de Querétaro, la compra fue hecha también en 2013 por el gobierno de José Calzada mediante la empresa Teva, y manifestó sólo cinco “objetivos”. El gobierno de Fernando Ortega Barnés, en Campe- che, adquirió el software a través de Servi- cios Integrales para 25 “objetivos”.
En el caso de Tamaulipas, ya en 2014, el equipo fue a parar a la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del general de brigada Arturo Gutiérrez García, quien relevó a Rafael Lomelí Martínez. En Yu- catán, el software lo compró la adminis- tración de Rolando Zapata Bello; en Du- rango, la de Jorge Herrera Caldera, y en Jalisco, la de Aristóteles Sandoval.
Entrevistado por Proceso, Eric Rab aseguró que con su “código fuente impru- dentemente puesto en internet, ahora es- tá disponible a cualquiera que le quiera dar un uso bueno o malo. Consideramos que subir este código a la red mundial es un acto impactante e intolerable que debe ser castigado por cualquier medio legal posible”.
E l gobierno de Enrique Peña Nie- to analizó y negoció la adquisi- ción de un sistema de interven- ción de comunicaciones en todo el país mediante el director de la Agencia de Investigación Crimi-
nal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio. Al mismo tiempo, hizo del Centro de Investi- gación y Seguridad Nacional (Cisen), a cargo de Eugenio Ímaz, una plataforma para atacar a opositores de su gobierno.
El proyecto para armar una red nacional de espionaje fue comunicado a la empresa italiana Hacking Team por Gilber- to Enríquez, presidente de Neolinx, quien provee de equipo y software de comunicaciones a Zerón.
El 29 de octubre de 2013 Enríquez se comunicó –vía correo electrónico– con el entonces principal contacto de la empresa italiana en México, Alex Velasco, un ciudadano estadunidense de origen mexicano: “Como te expliqué ayer, México creó una nueva Agencia de Investigación Cri- minal (AIC), que es una unidad autónoma y desconcentrada bajo la PGR… (Su) director en jefe es Tomás Zerón de Lucio, exdi- rector de Inteligencia en la Procuraduría
JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y MATHIEU TOURLIERE
B e n
j a m
Miguel Dimayuga

negocia para que nos vigilen
El gobierno federal se tomó muy en serio la contratación del sistema de espionaje de la empresa italiana Hacking Team. El Cisen, la PGR, la Semar y la Sedena, además de las procuradurías estatales, destinaron millones de euros y enviaron a funcionarios clave a informarse y negociar la adquisición de dicho software . Todo se hizo con una opacidad total, sin apenas reparar en las impli- caciones legales o éticas de las intervenciones, jugan- do con los tiempos electorales y proyectando desviar el presupuesto federal sin ningún pudor.
General de Justicia del Estado de México”. De hecho, el primer cliente de Hacking Team en México fue justamente esa entidad, cuando el actual presidente de la Re- pública la gobernaba.
Como encargado de coordinar los esfuerzos a escala federal y estatal contra la delincuencia, la AIC mantiene un proyec- to piloto con la PGJ del Estado de México. “Si el piloto trabaja bien, la misma confi- guración se va a hacer para comprar en todos los estados y hacer una grande para la AIC”, dice el empresario en uno de los miles de emails intervenidos a la empresa gracias al ataque cibernético dado a cono- cer el pasado lunes 6.
Enríquez explica que la orden de compra saldrá del Estado de México, pero se pagará con presupuesto federal. “Firma- mos el acuerdo hace casi dos meses y con todo el papeleo burocrático que es nece- sario vamos a recibir el dinero esta semana”, para que la instalación del equipo y el entrenamiento se hagan cuanto antes. “(Pero) te pido total discreción debido a que es un proyecto muy secreto”, escribió el intermediario.
El plan sorprendió a los propios ejecutivos de Hacking Team. En un correo del 27 de noviembre, firmado por “Marco” y diri- gido a Alex Velasco, el primero señaló con admiración la manera en que se planeaba fondear el sistema: “El cliente donde vamos a instalar es la PGJ de México (Toluca), pero el dinero viene de PGR (Mr Zeron)!!!”.
Remarcó también el tamaño de la propuesta: “El gran proyecto planea instalar el mismo sistema en otras 42 (sic) procura- durías en todos los estados de México y un gran sistema en la PGR como paraguas”.
Los correos posteriores se refieren a la inconformidad de Zerón con uno de los proveedores de Hacking Team en este país, la empresa Teva Tech de México, así como pruebas “de infección en vivo” requeridas por Tomás Zerón. Los siguientes correos ya no refieren el plan de comprar equipos para todas las procuradurías del país con fondos federales.
Hacking Team cataloga a sus clientes en México en la categoría de “ofensivos”, es decir, aquéllos que utilizan las amplias posibilidades intrusivas de los Remote Control Systems (RCS) con el fin de penetrar e incluso manipular los aparatos.
Hacking Team estableció un trato di- recto con el Cisen a través de su director de Servicios Tecnológicos, Raúl Villegas, ya que los funcionarios de los servicios de inteligencia mexicana “no quieren que nadie más les ofrezca RCS”. El Cisen, al que los empleados de Hacking Team de- nominaron “El cliente en México”, gastó más de 1 millón 300 mil euros (22.8 millones de pesos al cambio actual) y renovó su licencia de usuario del sistema de espionaje en marzo pasado.
Zerón. Sin freno

Para infectar una máquina, Hacking Team ofrece a sus clientes “Servicios de Ataque Vectorial” por 120 mil euros anuales, de acuerdo con los últimos precios. Es- tos “servicios” consisten en introducir un programa espía en un archivo electrónico –de Word o Powerpoint– y fabricar así un “exploit” (un archivo contaminado), que posteriormente será enviado al objetivo final. Para que la infección sea exitosa, es ne- cesario que el receptor abra el documento.
Es decir: un cliente manda a Hacking Team un archivo que considera que el “objetivo” estará interesado en abrir. El equipo de soporte de los italianos inyecta el programa en el archivo, que los operadores envia- rán luego a la víctima. Al abrirlo, éste insta- lará el agente malicioso en su máquina.
Y en más de 30 ocasiones durante 2013, el Cisen solicitó a Hacking Team que conta- minara archivos con el fin de espiar a ciudadanos mexicanos, a quienes les podrían interesar documentos con los siguientes títulos:
“Propuesta reforma PRD”, “Reforma Energética”, “EZLN plan militar de 1993”, “La policía secuestra”, “Anarquistas y PGR”, “CNTE”, “Estados y Reforma Energética”, “Limitaciones Reforma Energética”, “Mi- ni Manual del Guerrillero Urbano”, “Escue- la de las Américas Manual de Terrorismo y Guerrilla Urbana”… e incluso “Marcos y Ju- lio Sherer” (sic).
En Puebla, los agentes al servicio de Ra- fael Moreno Valle infectaron un archivo ti- tulado “Estimado Juan Carlos Lastiri”, pro- bablemente enviado al político poblano priista que se desempeña como subsecre- tario de Planeación, Evaluación y Desarro- llo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el fin de espiarlo.
En Baja California, a raíz del cambio de administración por las elecciones, el responsable del sistema de espionaje ex- presó a los empleados de Hacking Team
su preocupación para justificar el uso del programa de monitoreo ilegal. “Quie- re ‘cubrir su trasero’”, se puede leer en un correo fechado el 29 de junio.
Entre otras dudas, el funcionario de Ti- juana preguntó si el programa era inde- tectable y no dejaba huellas después de ser activado, y se preocupó ante la legali- dad del espionaje cibernético, sobre todo “refiriéndose a temas de privacidad, vio- lación de derechos individuales”.
Objetivos innobles
Desde su fundación en 2003, Hacking Team ha perfeccionado la tecnología y la capacidad de espionaje de los Remote Control Systems. A través de su versión más reciente –Galileo– los clientes pueden infectar un “objetivo” al insertar en él un “agente” que extrae los datos de la máquina bajo las ins- trucciones de los operadores. Según un documento interno de la empresa, el paque- te de 10 “agentes” cuesta 50 mil euros. El de 200 “agentes” se negocia en 400 mil euros.
El “agente” se infiltra tanto en los celulares como en las computadoras mediante un “exploit”, de manera física –con un USB o un CD– o a través de las redes ina- lámbricas, mediante un “Inyector Táctico de Redes”, propuesto en el sistema RCS por 140 mil euros.
De acuerdo con los datos técnicos de la empresa exhibidos en internet, la plataforma Galileo puede infectar todos los sistemas operativos de computadoras –Win- dows, OS X (Mac) y Linux– así como de celulares –iOS (iPhone), Android, Windows Phone y Blackberry.
Una vez en la computadora, el opera- dor puede programar el “agente” para que recolecte de manera semiautónoma las evidencias que desee. En una computadora, por ejemplo, tiene acceso a las llamadas por Skype, los chats y los correos, el historial de búsqueda, los archivos abier- tos y las contraseñas, pero también puede activar la cámara y el micrófono para espiar al usuario.
En un celular puede cosechar los datos de WhatsApp y otros sistemas de chat, el historial de llamadas, la agenda, los correos y mensajes, las contraseñas, la posi- ción geográfica y, al igual que en el caso de las computadoras, puede tomar el control de la cámara y el micrófono.

Hack ing T eam. V iolación a la pr iv acidad
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REPORTE ESPECIAL

Además, realiza un sondeo de las inte- racciones que el “objetivo” tiene con otras personas a través de sus cuentas de redes sociales, su uso del celular o de los luga- res que visita.
La señal del “agente” pasa, encripta- da, por una cadena de distintos servidores “anonimizadores” repartidos en todo el mundo, de tal suerte que el rastreo resulta prácticamente imposible.
Desde Milán, Hacking Team entró pau- latinamente en México. La actual cónsul de México en esta ciudad es Marisela Mo- rales, extitular de la PGR, designada por Enrique Peña Nieto.
El agente de la empresa italiana en Washington, un latino estadunidense llamado Alejandro Velasco, tejió en México una red de empresas intermediarias –muchas de las cuales están relacionadas con la industria israelí del espionaje–, a través de las cuales se vendieron licencias y las versiones más recientes de los RCS.
Otros integrantes de la empresa respal- daron a Velasco, tanto durante las presen- taciones del sistema de espionaje como en el ofrecimiento de asistencia técnica y de capacitación a los futuros operadores mexicanos, y asistieron a reuniones con altos funcionarios, servidores públicos o intermediarios.
Así, por ejemplo, a finales de noviembre de 2013, a una presentación del programa acudió Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, junto con empleados de TEVA, una empresa intermediaria.
Meneses “supervisa las actividades des- plegadas por el Cisen, la PGR y la SSP. Es una clave y un elemento decisivo en este proceso”, comentó Mike Chocron, el representan- te de TEVA, quién acompañó al legislador.
“Inundar toda América”
El pasado 11 de noviembre, Daniel Martínez fue incorporado como enlace de Hacking Team en México, en complemento de Ale- jandro Velázquez, quien desde 2012 se desempeña como contacto para las Améri- cas. “¡A inundar toda América de RCS!”, en- vió entonces en un correo destinado a todos los integrantes de Hacking Team.
Apenas un mes después de su incorpo- ración, Daniel Martínez presentó a los de- más integrantes de Hacking Team al ex- consultor de la Secretaría de Gobernación (Segob) y exintegrante del Cisen Francisco Villegas Landín y su recién fundada empresa Cloudsec. “Tengo contactos con el gobierno mexicano (…) ayer me reuní con gente de la Semar y les platiqué de Galileo”.
Una vez presentados, Villegas no tardó en activar sus redes. El 17 de enero, se sen- tó con el director de narcóticos de la Secre- taría de Seguridad Pública del Distrito Fe- deral, Eduardo Pliego, quien le pidió más
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no sirve para nada
Desde finales de 2013, Jesús Robles Maloof, defensor de derechos humanos con amplia presencia en redes sociales, detectó una intrusión atípica en su teléfono celular. Meses después supo que se trataba de un soft-
ware malicioso llamado FinFisher que se instala en computadoras y celulares y controla toda la informa- ción que mana de los usuarios. Y aunque presentó una denuncia ante el Ministerio Público federal, la autori- dad ni siquiera instruyó el peritaje para documentar la intrusión.
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información acerca de Hacking Team. Cin- co días después, solicitó un resumen de Galileo para el director general de Recursos Materiales y para el oficial mayor de la PGR.
El 12 de febrero estableció el enlace con el capitán Luis Cruz, de la Segunda Sección del Estado Mayor Presidencial (“No conocen Galileo y veo mucha oportunidad”, precisó); el capitán Almaraz, de la Unidad de Inteli- gencia Naval de la Semar, y el capitán César Esquivel, de la Segunda Sección del Estado Mayor de la Semar, quien posteriormente sería sustituido por el capitán Treviño.
“El capitán Treviño me dio una expec- tativa de cierre en el mes de julio a finales o bien agosto”, aseveró Villegas el 18 de junio, al resaltar que si bien “el presupuesto ha sido todo un tema”, el dinero “que tienen disponible son 1,350,000 USD, ese es el número mágico”.
En enero pasado comentaba a Martí- nez: “Un amigo que es el único autorizado para vender ‘juguetes’ me invitó para venderle a Marin”, y precisó: “Es muy se- guro y no hay licitación y yo me encargo del proceso”.
Y el 21 de marzo aseveró que el gobernador y el fiscal de Nayarit habían “autorizado verbalmente” la compra de los RCS, y luego agendó reuniones con el gobernador de Campeche y el alcalde de Huixquilucan.
En mayo, el recién integrado Philippe Vinci resumía: “Entendí que las dos oportunidades a muy corto plazo (semanas) son las de Sedena y de la Policía Federal Unidad Cibernética”, y felicitó a Martínez: “Sabemos que el manejo de los (socios) históricamente en México no ha sido fácil”.
Desde enero de 2014 Hacking Team presentó a la Sedena una cotización de 1 millón 550 mil euros para la operación de 600 agentes en una versión completa de su programa Da Vinci, con 25% de comisión para el intermediario incluido. Sin embargo las demoras, intrigas entre empresas competidoras y mala coordinación por parte de Velasco aplazaron la operación.
Y el pasado 25 de junio, con un tono triunfal, el mismo Vinci planteó: “Ya que se acabaron las elecciones, las cosas evolucio- nan de nuevo y los clientes quieren seguir adelante. La Sedena quiere venir a Italia a vi- sitarnos, tener una presentación en nuestros laboratorios… ¡Es una excelente noticia!”.
En cuanto a la Policía Federal, subra- yó que la situación era similar. “Elecciones pasadas. La PF quiere ahora utilizar el presupuesto que rechazaron gastar a finales de 2014, habrá mucha ‘pesca’ estos días… es tiempo de presupuesto”. Se trató, según el intermediario Gilberto Jaime, de “20 millones de pesos ahora mismo”.
A inicios de julio pasado, Martínez cumplía con su misión: la de convertir a Hacking Team en uno de los principales proveedores del gobierno federal en materia de ciberespionaje.
Robles Maloof. Perseguido

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA ta de espionaje a Bahrein, denunciada por numerosos visores internacionales de derechos humanos.
Caso abierto
Jesús Robles Maloof no pudo demostrar el origen de la intervención, pues la denuncia que interpuso ante un Ministerio Público federal sirvió de poco y ni siquiera instruyó el peritaje para documentar la intrusión. Pero las evidencias de una violación gene- ralizada llevaron a su organización, Con- tingente Mx, junto con Propuesta Cívica y Al Consumidor, a denunciar ante el Insti- tuto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (hoy INAI), por vulne- ración masiva de privacidad.
El caso posibilitó que el INAI indagara a las empresas Iusacel y Telcel, a fin de cono- cer si sus servidores usaban FinFisher. La denuncia recibió apoyo de organizaciones internacionales. El 3 de julio de 2013, la Co- misión Permanente de la Cámara de Dipu- tados exhortó al IFAI a seguir investigando, y al día 10 siguiente solicitó a la Secreta- ría de Gobernación que presentara un informe sobre vigilancia cibernética y sobre el uso de FinFisher. Además, a la Procura- duría General de la República (PGR) le pidió un informe sobre denuncias por espionaje.
Un día después, el 11 de julio, el diario Reforma publicó que activistas de Desobe- diencia Civil denunciaron haber encon- trado rastros de FinFisher en sus computadoras y teléfonos celulares. También se informó que la PGR había pagado hasta entonces 109 millones de pesos (mdp) por el software FinFisher y 93 mdp para un sistema de seguimiento por satélite llamado Hunter Punta Tracking / Locsys. Ambas compras se realizaron a la empresa Obses.
En entrevista con Proceso, Robles Ma-
loof asegura que Gobernación y la PGR nunca respondieron a la solicitud de la cámara y acusa la falta de voluntad para concluir la investigación en el IFAI. El caso sigue abierto y sin avances. En tanto, los servidores empleados para el uso de Fin- Fisher siguen activos.
El menosprecio a las instituciones se patentó una vez más: requerida por el IFAI para informar si había vendido en México el FinFisher, en mayo de 2013, Obses ale- gó que sus contratos estaban protegidos por cláusulas de confidencialidad. La con- secuencia fue que el IFAI multara a dicha empresa con 1.3 mdp.
Durante las semanas de las denuncias y el informe de Toronto, dos altos ejecutivos de Gamma International visitaron diferentes dependencias mexicanas. Según documentó Wikileaks, Carlos Gandini es- tuvo en febrero de 2013 en México y el téc- nico Martin Muench (quien desarrolló Fin- Fisher) llegó el 23 de abril y se fue tres días después.
Con las rutas de investigación bloquea- das, Robles Maloof encontró otra relación a partir de un pasaje del libro México en lla- mas, de Anabel Hernández, donde se informa que Obses es una empresa de Gustavo Cárdenas Moreno, familiar de Luis Cárde- nas Palomino, uno de los colaboradores más cercanos a García Luna. A decir de la autora, ambos se distanciaron por un plei- to relacionado con el reparto de las comi- siones de los contratos con Obses.
Cárdenas Palomino es cuñado del actual consejero jurídico de la Presiden- cia de la República, Humberto Castillejos Cervantes.
Un comparativo realizado por Robles Maloof permitió determinar que FinFisher se vendió al gobierno mexicano en montos cuatro veces superiores a lo que se cotizan
P resente en la historia de Méxi- co, el espionaje político se mo- dernizó en los años recientes. La tecnología de punta, con- tratada a corporaciones tras- nacionales especializadas en
seguridad, hizo masiva la vigilancia, radi- calizó la intervención de activistas críti- cos y opositores, en clara violación a leyes nacionales e internacionales.
Además, esa práctica dejó un largo rastro de corrupción y negocios hechos al amparo del poder.
La filtración de la base de datos de Hacking Team –empresa italiana especia- lizada en espionaje cibernético de la que México es cliente principal de su sistema Da Vinci– la semana pasada detonó el segundo escándalo de intervención masiva de comunicaciones, luego de que en 2013 se descubrió la operación de su competi- dora, la angloalemana Gamma Interna- tional, cuyos contratos en México se rela- cionan con el círculo cercano al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
A finales de 2013, Jesús Robles Maloof, defensor de derechos humanos con amplia presencia en redes sociales, detectó una intrusión atípica en su teléfono celular programada para ser notoria. En los meses siguientes se propuso documentar de dónde venía y concluyó que se trataba de un sistema denominado FinFisher.
FinFisher es un software malicioso que requiere a los usuarios de computadoras y celulares descargar actualizaciones fal- sas de fuentes en apariencia fiables, como Adobe o ITunes. Ya instalado, el espía accede y controla en forma remota la computadora o el teléfono, mientras tenga co- nexión a internet. Así, accede a toda su información, puede activar cámara, mi- crófono, además de infectar y acceder a la información de sus contactos.
La organización no gubernamental Pri- vacy International, dedicada a documentar espionaje gubernamental en 50 países e impulsar iniciativas de protección de datos personales, externó su preocupación en abril de 2013, porque entre 2011 y 2012, los dos últimos años del gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Na- cional (Sedena) había gastado 350 millones de dólares en sistemas de vigilancia, con poca transparencia presupuestal y en el uso que se le daba al servicio.
Semanas antes, el Laboratorio Ciuda- dano de la Universidad de Toronto publicó un informe en el cual describió las carac- terísticas de FinFisher y reveló que Méxi- co era uno de los principales consumido- res de ese sistema. Hasta entonces, el caso más escandaloso se relacionaba con la ex- portación de la mencionada herramien-
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García Luna. Ristra de irregularidades
REPORTE ESPECIAL

en el extranjero. En tanto, organizaciones internacionales que han dado seguimien- to al caso señalaron que, conforme a las leyes de la Unión Europea, a las que se atie- ne Gamma International, sus ventas deben ser directas, sin intermediarios y sólo a gobiernos. Obses operó entonces al margen de acuerdos internacionales.
Aun peor. Cuando el 4 de septiembre de 2014, el hacker PhineasFisher anunció que había hackeado a Gamma Internatio- nal, entre sus clientes apareció Cobham Defence Electronics, contratista de servicios e insumos de seguridad en México, de manera que no sólo vendían a gobiernos.
Impunidad y el limbo legal
Un informe del Monitor Mundial sobre la Sociedad de la Información (MMSI), entre- gado a la Cámara de Diputados el pasado 14 de abril, advirtió la debilidad del derecho mexicano para proteger a los ciudadanos frente a las tareas de espionaje gubernamental, con base al caso FinFisher:
“El espionaje gubernamental es un tema delicado porque no siempre está cla- ro si las autoridades están actuando para proteger los intereses de seguridad nacional o si van más allá de sus obligaciones y comienzan a infringir los derechos humanos de los ciudadanos.
“Es precisamente debido a que no siempre son claros los límites y a que las instituciones son falibles, que deberían existir reglas y procedimientos específi- cos para salvaguardar los derechos humanos, así como las normas de rendición de cuentas y supervisión que el gobierno debe cumplir”.
El MMSI es una iniciativa global enca- bezada por la red de organizaciones ciuda- danas Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y la organización no gubernamental Instituto Humanista para la Cooperación y el Desarrollo. Cada año, el MMSI emite un informe sobre el estado
de la sociedad de la información desde la perspectiva de la sociedad civil y, en su edi- ción de 2014, encargó integrar la situación de México a Monserrat Laguna Osorio y la organización Son Tus Datos, representada por Korina Velázquez, quien lo entregó en el recinto de San Lázaro en abril pasado.
Las observaciones del MMSI destacan que la prohibición del espionaje es explí- cita en la Constitución, también que exis- te un marco jurídico para protección de datos personales respecto a particulares, pero que en cuanto el espionaje es gubernamental, el marco legal es laxo.
La alerta por el ciberespionaje gubernamental no es nueva. La Academia Mexi- cana de Derecho Informático (AMDI) ha mantenido una serie de observaciones y propuestas desde 2001. Consultado respecto a la contratación de Gamma Inter- national y Hacking Team, su presidente, Joel Alejandro Gómez Treviño, subraya la claridad de la garantía de inviolabili- dad de comunicaciones estipulada en el artículo 16 constitucional.
La excepción para la intervención de comunicaciones se establece con el control del Poder Judicial, que se supone debe autorizarla. Sin embargo, advierte que ese tipo de actividades las realizan los gobiernos de manera oculta y al margen de la ley.
Pionero en el derecho informático en México, Gómez Treviño llama la aten- ción sobre los recursos pagados a Hacking Team (5.8 millones de euros).
“Yo dudo que esa cantidad se traduzca en órdenes de espionaje”, dice.
El entrevistado recuerda las cifras de peticiones de investigación que el gobierno hizo a redes sociales recientemente: en 2014, pidió a Facebook información sobre 679 usuarios; en el primer semestre del mismo año había realizado pedimen- tos sobre 111 cuentas a Google, 460 a Mi- crosoft para 705 usuarios, 89 peticiones a Yahoo y cinco a Twitter.
“Resulta preocupante la cantidad de solicitudes para investigar cuentas de redes sociales. Si esto lo hace de manera di- recta, la cantidad de información con me- canismos subrepticios, ocultos o ahora con lo que sabemos de Hacking Team, debe ser muy superior”, considera Gómez Treviño.
Leyes muertas
La laxitud del Estado mexicano frente a la práctica de espionaje para darle un uso político no ha variado ni siquiera con los numerosos casos registrados al convertirse en escándalo a partir de filtraciones a la prensa en diferentes coyunturas.
A partir del caso FinFisher, un grupo de personas, incluido Robles Maloof, forma- ron la asociación Enjambre Digital, que in- tegra un informe sobre lo que desde 2013 han podido documentar. Después de más
de mil solicitudes de acceso a la infor- mación, ya lograron establecer que, entre otras dependencias, Pemex contrató servicios de espionaje.
Con las revelaciones de Hacking Team, Enjambre Digital espera avanzar en su diagnóstico, e inclusive promover diferentes denuncias penales por las declarato- rias de inexistencia que hicieron numero- sas dependencias, expuestas hoy con las facturas filtradas de la base de datos de Hacking Team.
“Seguimos teniendo información sobre las compras que hacen los gobiernos sólo a través de investigaciones indepen- dientes y filtraciones y no por las obligaciones y responsabilidades de transparencia que los gobiernos tienen sobre la adquisi- ción y operación de estos productos de vigilancia masiva. Por el contrario, el Estado se sigue mostrando omiso a la discusión y a la rendición de cuentas”, observó Enjam- bre en un comunicado emitido el lunes 6, luego de la filtración de la base de datos de Hacking Team.
Por su parte, Gómez Treviño expone una preocupación: de acuerdo a lo filtrado hasta ahora, en el caso de Hacking Team aparecen clientes no autorizados por la Constitución: varias procuradurías estatales están haciendo vigilancia, en especial en zonas de violencia de alto impac- to, donde hay menos controles que en el ámbito federal.
Robles Maloof advierte que, a dife- rencia de lo histórico, hoy la situación es peor: “Son diferentes modalidades de tecnología, vulneran las de los contactos, se comunican, son barridos regiona- les, donde los datos de miles de personas son expuestos. Es una práctica ilegal, desproporcionada. Sabemos con nuestros contactos que los nodos siguen operativos de FinFisher y no sólo no hay voluntad sino sigue aumentando la compra.
“Da Vinci superó a FinFisher, que fue desplazado como producto, pero sigue siendo usado y comercializado a costos que desconocemos”, dice el activista hackeado.
Con un marco regulatorio vigente desde 1996, los numerosos casos denuncia- dos ante la PGR no prosperan y las diferentes reformas legales en las casi dos décadas siguientes han abonado a la pro- liferación de “escuchas”.
Fue el caso de la reciente reforma en materia de telecomunicaciones, una nueva preocupación surgió entre los interesa- dos en el tema, tanto en la clase política como en la sociedad civil, por la redacción del artículo 189 de la Ley Federal de Tele- comunicaciones y Radiodifusión, porque su ambigüedad parece autorizar a procu- radurías estatales a tramitar, sin orden judicial, geolocalizaciones, escuchas e inter- vención de comunicaciones.
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Cárdenas Palomino. Nexos oscuros

P ARÍS/MÉXICO.- Cuando los pre- sidentes Enrique Peña Nieto y François Hollande pretendían controlar los daños que sus antecesores provocaron en las relaciones México-Francia por
el caso Florence Cassez, las violaciones graves a los derechos humanos por parte de militares y policías mexicanos coloca- ron de nueva cuenta en la polémica a las relaciones entre ambos países.
Y aun cuando el conflicto bilateral de- jó de ser político y diplomático, el nuevo flanco de crítica se centra en la decisión de ambos países de incrementar sus relaciones militares en momentos en que Mé- xico atraviesa por una crisis de derechos humanos.
La masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, y la detención y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Gue-
La visita del presidente Enrique Peña Nieto y su comitiva a París, donde será invitado de honor de su homólogo François Hollande para los festejos del 14 de julio, irri- tó sobremanera a organizaciones no gubernamentales. Les resulta incomprensible, dicen, que Hollande intente reactivar las maltrechas relaciones bilaterales y venderle a México 50 helicópteros militares en momentos en que atraviesa por una severa crisis por la violación de derechos humanos, como en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. Pero a las autoridades galas les importa más amarrar un contrato que podría alcanzar los 2 mil millones de dólares... Los negocios son los negocios.
EMILIE BARRAZA Y JORGE CARRASCO ARAIZAGA

negocios son negocios
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rrero, eclipsaron la invitación de Hollande a Peña Nieto y a una delegación militar para participar en las celebraciones del Día Nacional de Francia el martes 14, la festi- vidad más importante de ese país que con- memora el inicio de la Revolución Francesa con la Toma de la Bastilla en 1789.
La invitación fue hecha en abril del año pasado, cuando el presidente francés visi- tó México –dos meses antes de que tropas del Ejército mexicano ejecutaran a presuntos delincuentes en territorio mexiquense el 30 de junio de 2014. El caso se le salió de las manos al gobierno mexicano y se con- virtió en un escándalo internacional.
Tres meses después –el 26 de septiembre– se perpetró el crimen de lesa huma- nidad contra los 43 normalistas en Igua- la, sin que hasta la fecha se haya aclarado el papel del Ejército en esos hechos, que también han llamado la atención mundial y a los que la prensa francesa ha dado constante seguimiento.
Organizaciones no gubernamentales internacionales con sede en Francia y co- lectivos franceses pretenden que la visita de Estado de Peña Nieto a Francia, del lunes 13 al jueves 16, vaya más allá de los acuerdos comerciales –en particular aluden a los contratos de carácter militar.
Durante la visita se prevé concretar la venta de 50 helicópteros militares para re- forzar al Ejército mexicano en el combate a la delincuencia organizada, al amparo del cual se han incrementado las violaciones a los derechos humanos en México.
Se trata de aparatos H-225-M Caracal, antes conocidos como EC-725, de la firma Airbus Helicopters. En el sexenio pasado, la Secretaría de Marina le compró algunos al gobierno francés.
Características
La nueva máquina, que forma parte de la familia de los Super Puma y de los Cougar, fue fabricada a finales de los noventa para transportar tropas de fuerzas especiales a escenarios de operaciones difíciles, “tanto a nivel climático como en situaciones de combate”, según refiere la empresa en la presentación del Caracal.
Cada aparato tiene una cabina blinda- da con capacidad para transportar a 29 sol- dados. Sus dos motores Turbomeca Makila 2 pueden alcanzar una velocidad de cruce- ro de 260 kilómetros por hora; en sus ven- tanas laterales pueden instalarse ame- tralladoras FN Mag, de fabricación belga, calibre 7.62 mm.
También se pueden colocar dos lanzacohetes Thales de fabricación francesa, cada uno con 19 cohetes de 70 mm o dos ca- ñones Giat (Nexter, también de fabricación francesa), calibre 12.7 mm.
Se trata de una versión más elaborada del Cougar MK-2, helicóptero ya usado por
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sede- na). Un aparato de ese modelo fue derriba- do el pasado 1 de mayo en Jalisco por un grupo de presuntos narcotraficantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) armados con un lanzacohetes ruso RPG-27.
En respuesta a una solicitud de infor- mación a través de la Ley de Transparen- cia, la Sedena respondió a Proceso que el helicóptero atacado en Jalisco fue comprado por Banobras, pero el mantenimiento lo hacía la Fuerza Aérea Mexicana. La aerona- ve fue adaptada por el Ejército para transportar personal, no para combatir.
El Caracal, en cambio, es un aparato de guerra. Desde principios de este siglo es usado por el ejército francés en Afganis- tán. En el continente Americano las fuerzas aéreas brasileñas usan el más completo de los Cougar para su lucha contra el narcotráfico en la Amazonia, como ahora lo hará México. Brasil, la primera potencia militar de Latinoamérica, fabrica desde 2014 unos 50 aparatos Caracal en su planta Helibras de Minas Gerais.
Un contrato similar con transferencia de tecnología entre Francia y Brasil es lo que se contemplaría también con Méxi- co. Según informaciones proporcionadas al periódico francés La Tribune, México y Francia podrían firmar ese megacontrato el martes 14, el mismo día en que militares mexicanos y elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal des- filen por la avenida de los Campos Elíseos.
Al día siguiente, el presidente mexicano visitará la planta de Airbus en Marigna- ne, cercano al puerto de Marsella. Los fabri- cantes del Caracal le mostrarán la cadena del montaje de los Super Puma, una versión más chica de los aparatos que Francia le venderá a México.
Una fuente cercana al Ministerio de la Defensa de Francia confirmó a la reporte- ra la inminencia de la firma del contrato. “Sí habrá un contrato para la venta de he- licópteros tipo Caracal, pero no le podría decir cuántos aparatos”.
Inicialmente, Airbus Helicopters nego- ciaba con México la venta de entre seis y 12 unidades. Pero a semejanza de los contratos firmados con Brasil o Polonia, tam- bién para la venta y fabricación local de unos 50 aparatos Caracal, México se ha- bría decidido por un contrato similar de una cincuentena de helicópteros.
El acuerdo entre Francia y Polonia sobre la venta y fabricación de 50 Caracal compro- mete entre 43 mil 500 y 52 mil millones de pesos. Fuentes diplomáticas aseguraron a Proceso en la Ciudad de México que el contrato podría alcanzar los 2 mil millones de dólares, unos 32 mil millones de pesos.
Repudio
El martes 14, bajo la mirada de Peña Nieto y de Hollande, la bandera mexicana baja- rá de un helicóptero en la Plaza de la Con- cordia. Un paracaidista francés desplega- rá la bandera tricolor junto a la francesa y la bandera de la Unión Europea. Durante la inauguración del evento, las tropas mexicanas abrirán el paso al más antiguo desfile militar y uno de los más importantes del mundo, sobre los Campos Elíseos.
Según datos proporcionados por el Mi- nisterio de la Defensa francés, el teniente coronel de Infantería de Estado Mayor Víc- tor Hugo Serrano Estrada, segundo coman- dante del Cuerpo de Cadetes del Heroi- co Colegio Militar, liderará el contingente mexicano, de entre 100 y 150 elementos en los Campos Elíseos, y abrirá el desfile a pie.
Hollande y Peña. Prioridades

Detrás irán cuatro abanderados, pre- cedidos por seis halconeros, quienes lle- varán tres águilas reales y tres aguilillas. Seis abanderados, un oficial y 27 militares del Heroico Colegio Militar representarán al Ejército mexicano.
Asimismo, seis abanderados, un oficial y 27 marinos de la Heroica Escuela Naval Militar representarán a la Marina
mexicana, lo mismo con el Colegio del Ai- re. Un abanderado, un oficial y 27 gendarmes de la Policía Federal cerrarán el contingente mexicano en los Campos Elíseos.
La presencia de la Policía Federal obe- dece a que el gobierno de Francia asesoró al de Peña Nieto en la creación del cuerpo de gendarmes. Pero el resultado quedó muy lejos de la idea original tomada de la Gendarmería francesa.
Es la primera vez que las Fuerzas Ar- madas mexicanas son invitadas a participar en el desfile militar francés del Día Nacional. “Socios estratégicos, México y Francia mantienen nexos militares estre- chos, así como lo demuestra la presencia en el seno de la embajada de Francia en México de una misión militar desde 1961”, explica, en la guía de presentación del desfile 2015, el Ministerio de la Defensa galo.
Organizaciones no gubernamentales francesas critican la llegada de Peña Nieto a Francia, así como la participación de tropas mexicanas en el desfile.
Varias de ellas, la asociación Acat, Am- nesty International France y el Colectivo Paris-Ayotzinapa, emitieron un comunicado en el que piden a Hollande “interpelar a su homólogo mexicano sobre el respeto de los derechos humanos en México y sobre la investigación relativa a los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014”.
Geneviève Garrigos, presidenta de Am- nesty International France, señaló antes de la llegada de Peña Nieto: “Las desaparicio-
nes forzadas, la tortura o las detenciones arbitrarias son prácticas extendidas de las fuerzas de seguridad y la policía mexicanas. François Hollande tiene que recordar a su invitado que esos actos no pueden que- dar impunes, mientras Francia celebra su Día Nacional.”
Además, el colectivo Morena Francia convocó a una movilización en la plaza del Trocadero para el domingo 12, mientras que el Colectivo París-Ayotzinapa organizó un festival de cine “anti-Peña” y una mar- cha para el martes 14, el mismo día que los militares mexicanos desfilarán sobre los Campos Elíseos, una de las avenidas más famosas de mundo.
En vísperas de la llegada de Peña Nieto y su comitiva de 143 personas, que incluye a su esposa, Angélica Rivera, así como al “personal de apoyo, logística y comunica- ción”, los representantes electos del Gru- po Comunista-Frente Izquierda en la Al- caldía de París expresaron su rechazo a los visitantes.
En una carta dirigida a la alcaldesa An- ne Hidalgo, quien recibirá a Peña Nieto como parte del protocolo de las visitas de Estado a Francia, los representantes de izquierda en el gobierno de París expresaron que el presidente mexicano “parece sentir- se totalmente cómodo con la ausencia de un verdadero estado de derecho donde la impunidad reina”, debido a que no se han establecido las responsabilidades por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa.
P ARÍS.- De acuerdo con los informes anuales al Parlamento, entre 2009 y 2014 Francia le vendió a México armas por más de 500 millones de
dólares; 2012 fue un año récord, con ventas por alrededor de 415 millones. En compara- ción, entre 2003 y 2007 sólo fueron 98 millones por este concepto.
Desde 2014 México está entre los 20 mayores compradores de armas francesas y es el segundo mejor cliente latinoame- ricano de París en este rubro, después de Brasil. Desde 2005 la industria militar francesa ha vendido más de 30 mil millones de euros en armas a todo el mundo.
Así, la “diplomacia económica” de Francia –prioridad del ministro socialista de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, para
recomponer las finanzas– aprovechó la co- yuntura política mexicana y el proceso de militarización de las fuerzas de seguridad.
El presupuesto total para seguridad en México aumentó sustantivamente entre 2001 y 2012: de poco más de 50 mil millones de pesos (mmp) pasó a más de 120 mmp.
Es prácticamente imposible saber cuántas armas, y de qué tipo, le vende Francia a México, pues no hay transparencia en esta área, pese a que los informes anuales al Parlamento sobre exportaciones de armamento francés, únicos documentos oficiales que registran dicha actividad, tienen carácter obligatorio desde 1998.
Para Benoit Muracciole, presidente de la ONG Acción por la Seguridad y la Ética Republicanas, esa falta de transparencia es
Buen cliente para las armas francesas EMILIE BARRAZA
un problema fundamental: “Esos datos no permiten, o lo hacen muy difícil, identificar el material militar exportado y tampoco podemos saber cuál será su uso”.
Helicópteros, sobre todo
Cifras del Instituto Internacional de Estocol- mo de Investigaciones para la Paz (SIPRI) asientan que entre 2010 y 2014 Francia fue el tercer socio comercial de México (con 17% de sus adquisiciones) para las armas convencionales mayores (buques de guerra, submarinos, tanques, aviones de combate, helicópteros, misiles), detrás de Estados-Unidos (34%) y España (27%).
En México las importaciones de armas pesadas se cuadruplicaron en ese mismo lapso, en un proceso de militarización con el cual Francia colabora activamente ven- diendo principalmente helicópteros.
Uno de los objetivos principales de la Secretaría de la Defensa de México es modernizar la flota aérea. En su Programa Sectorial de Defensa Nacional (2013-2018) se menciona: “55% de las aeronaves cuen- tan con más de 21 años de servicio”, y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) tiene 346, de las cuales 142 están fuera de servicio. “Para revertir esta situación, se tiene considerado
G e r m
Fuerza Aérea. Más pertrechos

VBL MK-2, y un año después, seis ametra- lladoras calibre 12.7 mm. México también se equipó con el mortero francés Thomson- Brandt de 120 mm.
En 2013, de acuerdo con el Ministerio de la Defensa galo, Francia autorizó la exportación a México del equivalente a 118 mil euros en materiales de detección de telemetría y radares, 223 mil euros en vehículos de guerra blindados, 2.3 millones de euros en cámaras, sistemas infrarrojos y térmicos y radares, y 3.6 millones de euros en capacitación y asistencia técnica.
Además del material militar, según varias fuentes, es muy probable que Fran- cia exporte a México, gracias al acuerdo de cooperación policial firmado en 1998, materiales y equipo como gas lacrimógeno, pistolas flash-ball (arma letal atenuada) o granadas aturdidoras, para “mantenimiento del orden”.
No hay textos jurídicos que obliguen a los países exportadores a dar informa- ción puntual sobre ese comercio. “Todavía hay mucha opacidad cuando se trata de exportaciones de material militar”, concluye Aymeric Elluin, especialista en transferencia de armas de Amnistía Internacional- Francia, “pero cuando se habla de material policiaco, el secreto es absoluto”.
B e n o
i e r
/ R e u
t e r s
la adquisición de diverso material de vuelo, entre otros, 91 helicópteros, 81 aviones y tres sistemas aéreos no tripulados”.
El Presupuesto de Egresos de 2015 prevé la adquisición este año de seis heli- cópteros Caracal (EC-725 o Super Cougar ), con un costo total de 8 mil 100 millones de pesos. Según datos del SIPRI, 15 helicóp- teros Caracal ya fueron vendidos a México:
12 para la FAM y tres para la Secretaría de Marina, para “misiones de seguridad civil”.
El registro de exportaciones de armas de las Naciones Unidas asienta que en 1994 México le compró a Francia 268 tanques ligeros de tipo AMX-13, de la marca Atelier de Construction Roanne.
En 2011, indica la misma fuente, Fran- cia mandó a México un tanque Panhard
Pero es poco probable que Peña Nieto se entere de las movilizaciones en su contra que recordarán a los “olvidados del desfile”. Francia y sus miles de policías des- plegados en la capital gala harán todo lo posible para garantizar la luna de miel entre ambos países.
Este año, Francia y México se sentarán juntos frente al desfile para marcar el camino hacia la reconciliación bilateral, des- pués de las fuertes tensiones diplomáticas por el caso Cassez, pero ante todo para fes- tejar la cooperación económica, cada vez más importante.
Interés
Desde 2013 México forma parte de los sie- te “países clave” con los cuales Francia busca “dinamizar sus relaciones econó- micas”, según el portal oficial de la diplomacia francesa.
François Boucher, consejero de la Asam- blea de los franceses en el extranjero y di- putado suplente en la Asamblea Nacional francesa para la circunscripción Améri- ca Latina y el Caribe, asegura que las relaciones con México pasan por esa visión di- plomática, pero apunta que la invitación de Holllande a Peña Nieto se hizo en un ambiente muy distinto –cuando ambos pre- sidentes querían dar por superado el caso Cassez–, y sobre todo antes de que se pro- dujeran los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa.
“Era muy difícil volver atrás”, dice en
la Ciudad de México el tambié

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