Eutimia Rodríguez Fernández Coordinadora UPyD Estepona

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Unión Progreso y Democracia – UPyD manifiesta su discrepancia con la redacción de la modificación de la Ordenanza del Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas, por opaca, no potenciar el alquiler, burocrática y por tener al alcalde al frente del Registro.

UPyD considera esta Ordenanza beneficiosa para los ciudadanos, pero presenta algunos defectos importantes. La Ordenanza designa al Alcalde como el director del Registro y por lo tanto podrá acceder a información sensible de la ciudadanía. La Ordenanza se manifiesta con una excesiva y repetitiva burocracia en la petición de datos privados, no potencia el alquiler como mejor forma de acceso a una vivienda protegida e incluye la obsoleta vía de acceso mediante la propiedad, y adolece de transparencia y de control en el proceso de selección.

El BOPMA del 22 de febrero ha publicado la Ordenanza Reguladora del Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas del Ayuntamiento de Estepona.Sin duda, es una buena noticia. Pero de la redacción publicada de la Ordenanza queremos manifestar nuestra crítica a los defectos que contiene.UPyD considera inadecuado que el Alcalde sea competente en la dirección del Registro, por la posibilidad de acceso a la información sobre sus propios vecinos, información muy sensible sobre su familia, ingresos, propiedades, situaciones de dependencia, situaciones personales de violencia de género, terrorismo, personas dependientes, minusválidos o mayores a su cargo.Sin duda que esta información debe de ser relevante para la selección de los ciudadanos en la adjudicación de viviendas protegidas, pero debe de arbitrarse un procedimiento para que el Alcalde no disponga de toda esta información personalizada.Además se solicitan datos personales de total irrelevancia para la elaboración del Registro, ¿Es relevante el sexo del solicitante? ¿Es relevante el estado civil? ¿Y la nacionalidad de los componentes de la unidad familiar o de convivencia?El exceso de burocracia es patente, además de rellenar los formularios, que presentan un exceso de celo en conocer la mayor cantidad de información personal posible, el solicitante autoriza al Ayuntamiento para que pidan información al Ministerio de Hacienda, a la Seguridad Social, a la Junta de Andalucía, al Catastro, comprueben su identidad, lugar de residencia, inmuebles que usted tiene y cualquier otra cosa que se les ocurra. Parece que El Gran Hermano municipal no tiene medida. Además de las autorizaciones el solicitante tiene que entregarle el DNI de todos los miembros, documento acreditativo de inclusión en un grupo de especial protección, documentación sobre los ingresos anuales de cada miembro, o vida laboral del que trabaje y no haga declaración de la renta, acreditar que necesitas una vivienda adaptada, el último recibo del IBI en su caso, y cualquier documento que le exijan. UPyD considera que el parque de viviendas protegidas debe de ser puesto a disposición de los demandantes, únicamente en régimen de alquiler, eliminando el acceso mediante propiedad, el alquiler con acceso a compra. La consideración de formar cooperativas de viviendas nos parece extemporánea. Se debe de potenciar el alquiler porque mediante el mismo se maximiza el beneficio público de disponer de viviendas protegidas, ya que los requisitos de acceso son menores y el colectivo de beneficiarios es mucho mayor.Por último, el proceso de adjudicación no es transparente, no se contempla la intervención de auditores del proceso de selección de demandantes, ni tampoco ningún control externo.En resumen el texto de la Ordenanza adolece de falta de transparencia, de exceso de burocracia, de no potenciar el alquiler frente a la propiedad y de “desnudar” a los solicitantes delante del Alcalde.