OrdenandO el Perú

(2001-2014)TOmO II

Nota aclaratoria: Todos los artículos fueron tomados textualmente de su original.

ÁNTERO FLORES-ARÁOZ E.

ORDENando el Perú(2001-2014)

Tomo II

Setiembre 2016

Prohibida la reproducción parcial o total de este libro. Ningún párrafo, imagen o contenido de esta edición puede ser reproducido, copiado o transmitido sin autorización expresa del Fondo Editorial de la Universidad Alas Peruanas. Cualquier acto ilícitocometido contra los derechos de pro-piedad intelectual que corresponden a esta publicación será denunciado de acuerdo al D.L. 822 (ley sobre elderecho de autor) y con las leyes que protegen internacionalmente la pro-piedad intelectual.

LIBROSIEMPRE

BUENANOTICIA

UNA

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ORDENando el Perú Tomo IIÁntero Flores-Aráoz E.

Facultad de Ingeniería y Arquitectura UAPDecano: Ing. Oscar Lagravere Von Massenbach Ph.D

FONDO EDITORIALAv. Paseo de la República 1773Teléfonos: (01) 265 - 5022 anexo (27)Website: http//www.uap.edu.peDirector del Fondo Editorial UAP Mg. Orlando Vladimir Velásquez Alemán| e-mail: o_velasquez_a@uap.edu.pe |

Cuidado editorial: Elid Rafael Brindis/Carmen Barraza

(colección del autor)Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: XXXXN° ISBN: XXXXDerechos reservados: UAP Primera edición: Lima, 2016

Librería UAPAv. Nicolás de Piérola 444La Colmena - LimaTeléfono: 330 - 4551Website: http://libreria.uap.edu.pe

Diseño y diagramación: Leonardo Coronel Barraza

Imagen de carátula: Óleo. Moico Yaker

CONTENIDO

CONFLICTOS SOCIALES 499

Responsabilidad con urgencia 499Pizango al desnudo 500Consulta a pueblos indígenas 502Consulta previa rige hacia adelante y no hacia atrás 504Y de la parentela.....¡líbrame señor! 506Freno a invasiones 507Campaña antiminera y disfraz medioambientalista 508Más sobre la consulta previa 510Detención policial y flagrancia 511Sí Presidente, se necesita poner orden 512Conflictos sociales e inacción gubernamental 514Protesta y violencia suicida 515Resolución de conflictos sociales 516¿Pesimismo?, ¿por qué? 517Pobre San Martín 518Justicia indígena 520

DERECHOS HUMANOS 523

Información e intimidad 523DDHH de santo 524Discrepar 525Ejercicio de autoridad 526Derecho a la intimidad 528Puntos sobre la “i” de Lori 529Cultura de paz 531¿Y los deberes? 533

Defensa y violación de derechos humanos 534Mandato de prevención de la tortura 535Criminalización de la protesta 536Indulto y algo más 537Insisten en el negacionismo 538Desapariciones forzadas 540Comandos en riesgo procesal 541Innecesaria propuesta 542Derechos Humanos y Fuerzas Armadas 543

DESASTRES NATURALES 545

Conmueve 545Desastres naturales 546Prevención de desastres 547Prevención de desastres 549Desastres y previsiones legales 550Simulacros 551Indefensos ante Defensa Civil 553Prevención y estado de emergencia 554Desastres y carencias 555

EDUCACIÓN Y CULTURA 557

Matrículas, pensiones escolares y mucho más 557Apoyemos a Machu Picchu 559La Católica y don Víctor Andrés 561Justo homenaje 562Deuda pendiente 563Calidad universitaria 564Libro y Pisco 565Las matrículas 566Obligación de educar 568Universidad del terror 569

Educación y embarazo 570Freno al abuso 571Historia de la Infantería de Marina del Perú 572Universidad de Tayacaja 574Propiedad cautiva o limitaciones al derecho de propiedad 575Ampliar incentivos a universidades particulares 577Educación y transporte 578¡Qué miedo! Las matrículas 579Escuelas, municipios y tráfico 580Pésimo ejemplo 581Fundamentalismo cultural 582Ingratitud 583Universidades y algo más 584Autonomía de universidades en coma 586Calidad universitaria 587Propuestas constructivas 588Escuela y universidad 589Autoritarismo contrario a la esencia universitaria 590Universidad y TC 591Ley Universitaria requiere consenso 592Universidad y debate 594Precisando inconstitucionalidades 595Tinte no crece pelo 596Casa de la Literatura 597Autonomía universitaria: SOS 598SUNEU 600E x E 601Universidad: tropezar con la misma piedra 602Guatepeor 603¿Supervisión o intervención? 605Sepultura universitaria 606Velasco en la universidad 607Universitarios venezolanos 608¿Museo o ministerio? 609

Colegios y responsabilidades 611Educar e instruir 612Conservación urbana 613Educar e instruir 614

FUERZAS ARMADAS Y JUSTICIA MILITAR 617

Servicio Militar ¿obligatorio o voluntario? 617¿Armadas o desarmadas? 618Tranquilidad en la decisión, firmeza en la ejecución 620Fuerzas Armadas saben su rol 622También les toca 623¿Escarmentaremos? 624Sismo: los que cumplieron 626Justicia militar 627Soldados profesionales 629Ampliación del Fondo de Defensa 630Servicio Militar 631Urge aumento al Fondo de Defensa 633Maternidad y escuelas militares 634Zamarros y justicia 635Cenicienta de gala 637Buen ejemplo del Perú y Ecuador 638Pandillas y servicio militar 640Remuneraciones de militares y policías 641Más sobre Ariza 643Remuneraciones a FF AA y PNP 644Bono: alivia pero no cura 645Offset y adquisiciones militares 648Ejército aún no tiene soldados profesionales 649Velero escuela 650Bagua y arqueología castrense 652Pensiones militares y policiales 654Candado en las escuelas militares y policiales 655

Angamos 656Mecedora retributiva 658Aprovechamiento militar-policial 660Andahuaylazo 661¿Otro plato de lentejas? 662Personal civil en defensa 663Retos en la Defensa Nacional 665Fondo de Defensa y Núcleo Básico (i) 666Somos Grau, seámoslo siempre 668FF.AA. sin defensa 669Servicio Militar: ¿obligatorio o voluntario? 670No bastan los honores 672Ellos el pecho, nosotros el corazón 673Extraño, muy extraño 674Sin precipitarse 675Secreto y culantro 676Cero puntos cero balas 677Nuestro servicio militar es mixto 679Mambrú se va al Congreso 680Defensores del Perú 681FF.AA.: rol, tamaño y visión 682Servicio Militar: precisiones 684Servicio Militar: más precisiones 685Servicio Militar y muerte civil 686Golpe a la justicia militar policial 687Inteligencia en el VRAEM 688Servir a la patria es un honor 690Prueba pisa y aviones 692Protección a defensores 693Agravio a FF.AA. y PNP 694Fue una operación de rescate 696Respeto a las Fuerzas Armadas 697

IGLESIA 699

Iglesia y Estado 699A un año de la caridad en la verdad 700Cuerdas separadas y la Iglesia 702Hermano Alberto 703Les encanta el oro pero dicen que no 704Ratzinger: coraje 705Iglesia y universidad 706

JUDICIAL 709

Qué miedo ser postor en un remate judicial 709Quién puede revisar un expediente 710Cuestionado indulto 711Acción anticorrupción 712Ver la paja y no la viga 713Matrimonio, bienes y responsabilidades 715Criterio en la judicatura 716Corrupción y personas jurídicas 717Fe de erratas y responsabilidades 719Garantías fraudulentas 720Corrupción e inhabilitación 721

MIGRACIÓN 723

Migrantes peruanos 723Peruanos en el extranjero 724Indocumentados peruanos en Estados Unidos 725Sufrimientos de migrantes 727OEA: velará por migrantes 729Migrantes desprotegidos 731Movimientos migratorios 732Positiva actitud 734

Defensa del migrante 735Migrantes y consejos de consulta 736Retorno de compatriotas 737Admirable preocupación 738Persecución a migrantes 739Amnistía migratoria 741Plan intersindical para las migraciones laborales 742Mal ejemplo en Alabama 744Indocumentados: lento avance 745Dentro o fuera, pero iguales 746Retorno de peruanos del exterior 747Anhelo cívico 748Siguen peligros en Japón para compatriotas 749A las ONG debe mirársele el diente 750Peruanos peligran en Japón 751Aquelarre migratorio 753Amnistía migratoria 754

NARCOTRÁFICO 757

Coca y franqueza 757Revisión de estrategia contra drogas 759Erradicación de cocales 760Coca: sustitución y subsidio 762Corresponsabilidad en narcotráfico 763

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 765

ONGs sin corona 765ONGs sin satanizar ni santificar 767ONGs: ¿otro poder? 770No a zonas liberadas 772Más sobre las ONGs 774Transparencia, pero para otros 776

Ni ancho ni angosto 777Ley sobre ONGs indispensable para que Estado impidaintromisión de ALBA en asuntos internos, dijo Flores-Aráoz 779Insulza: propuestas atendibles 779Las ONG, el TC y el Congreso 781CEDRO 783

PENAL 785

Pena de muerte otra vez 785Más sobre la pena de muerte 786Mucho más sobre la pena de muerte 788Procesos a Jalilie 790Pena de muerte: ¡otra vez…..! 791Patente de lecho 793No matarás 794Orden público y responsabilidad penal 796Poder para conciliar 798Lucha anticorrupción: se necesitan propuestas 799Acuerditis 800Sobreseimiento incomprendido 801Castigo o venganza 803Aborto 804Coladera 805Congresistas con carga penal 807Corte de pelo y su secuela 808Ubicaína de urgencia 809Insisten en el negacionismo 810Menores y sexo 811Frontón: cerca de solución 812Dijo…. ¿zurrarse? 814Ni violación ni allanamiento 815Destrabar justicia penal 817

POLICIAL 819

Notarios a constatar y policías a resguardar el orden 819Policía y trámites burocráticos 820Subordinación o colaboración 821Delincuencia urbana 823Nuevas modalidades delictivas 824Corrupción en doble vía 825Punto débil 826Menos burocratismo y más acción 828Policías a las calles 829Graffitis y daños 830Impecable actuación 831Perturban accionar policial 832Esclavitud en la era global 833Orden, también en las pistas 834Sacudón en seguridad 836¡Qué espanto! 837Cooperación municipal policial 838Coordinación municipal-policial 839Vigilancia privada 841Robo con burocrática recuperación 842Solapado freno al uso legal de armas 843Seguridad ciudadana: necesidad de incorporar la Doctrinadel Castillo a la legítima defensa 844El registro y porte de armas 846

PRENSA 849

¡Cuidado con la mordaza! 849Colegiatura ¿obligatoria? 850Lodo y ecos 852El honor es sagrado 853Obscenidad, pornografía y prensa 854Intolerancia 856

Agravios de prensa informática impunes 857Difusión de información obtenida ilícitamente 858Alevosa siembra de dudas 859Para el secreto no basta el sello 860La voz 862Intromisión en la prensa 863

REGIONES Y MUNICIPIOS 865

¡Chiclayo, solución! 865Autoridades regionales y locales 866Reconstrucción 868VRAE y mejora normativa 869Desarrollo en el VRAE 871VRAE: lo bueno, lo dudoso, y lo subsanable 873Más del VRAE 874Bagua y nativos 876Discriminación vial 877Corazón anconero 878Futuro de Ancón 880Lima como Tupac Amaru 881Demolición urbana 884Transferencia gubernamental 885Ancón ¿y ahora qué? 886Embargos abusivos 887VRAE: precisiones 888Del caos al ordenamiento 890Caos futbolístico 891Carnaval cajamarquino 892Áreas deportivas 893Acciones pendientes de ejecutar en el VRAE 894VRAE: pensando en alta voz 895VRAE: hay avances 897Continuamos con el VRAE 898

Construcción y respeto 899Ancón inclusivo 900Atentado contra la modernidad 901Botar y votar 902El trabajo dignifica 903Reflexiones sobre la revocatoria 904Municipalidad: de Guatemala a guatepeor 905Ancón Ancón 906Terminar obras 908Regionalización y contraloría 909Repensar la regionalización 911Incompetentes con competencias 912Regionalización: urge remedio 913

SISTEMA ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS 915

PPC: Capítulo cerrado 915Gobierno de concertación 916Unidad Nacional 918Flores-Aráoz: No más muerte civil, Alan García promulgóLey Lázaro que elimina restricciones y limitaciones a losderechos ciudadanos 920Dos alcaldes = violencia 921Competencias del JNE y del TC 922Voto responsable 924Susto y disgusto 926Electores inelegibles 927Voto: ¿obligatorio o voluntario? 928¿Más elecciones? 930Elecciones regionales 931Disidencia y transfuguismo 932¿Alianzas o loterías? 933Voto electrónico 935Voto informado 936Firmas para inscribir partidos 938

Candidatos, denuncias y sanciones 939¿Campaña o espectáculo? 941Partidos y narcotráfico 942Corsos, desfiles, marchas y procesiones 943Piensa mal y acertarás 944Elecciones y domicilio 945Artistas en municipios 946Exceso de arañazos y carencia de propuestas 948Que gane el Perú 949Legitimidad de los partidos 950Elecciones y tecnología 951Partidos modernos 952Alianzas ¿buenas o malas? 954¿Planchas presidenciales o menjunje? 955Alarmantes propuestas por votos 956Sacamanteca electoral 957Elecciones en los partidos 959Partidos ¿contribuyen a elevar nivel de la política? 960Nulidad de elecciones: inviable 962Multas electorales 963Fariseísmo alcohólico 964Espeluznante escenario político 965Fortalezas y debilidades electorales 967Crisis de partidos 968Candidaturas pigmeas 969Ya no será necesario el uso de tinta indeleble ….mejoras en sistema electoral 970¿Y ahora? 972Absurdo lío entre JNE, encuestadoras y medios 973Intolerancia partidaria 975JNE y encuestas: buena solución 976Garantía de neutralidad estatal 978Inmunidad a partir de la elección 979Partido o fachada 980

Legislación electoral 981Partido o voto preferencial ¿a quién culpar? 982Partido o voto preferencial, ¿a quién culpar? 984Voto preferencial y calidad parlamentaria 985Primera dama ¿podría postular? 986Tupac Amaru electoral 987Responsabilidad del elector 988Educar al soberano 989Cuota de género 990Cuidado con los bribones y granujas 992¿Error o fraude? 993Partidos y excesos regulatorios 994Partidos: correcciones necesarias 995¿Qué pasó con el soberano? 996

SISTEMA INTERAMERICANO DEDERECHOS HUMANOS 999

Inmotivada preocupación 999Diálogo de Estados con CIDH 1000Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debeatender situaciones particulares de cada país.Flores-Aráoz en la Asociación Salvadoreña deAbogados y en reunión con presidente Saca 1002¿Declaraciones o volantes? 1003El Estado también tiene derecho al debido proceso 1005Jueces internacionales 1007Masoquismo internacional 1009Retiro del Sistema Americano de DD.HH. 1010Necesario lobby en OEA 1011El Estado necesita de una adecuada defensa 1013Candorosa defensa 1014¿Presunción de inocencia o de culpabilidad? 1016Los comandos y la corte interamericana dederechos humanos 1017

Dilema: permanecer o salir 1018Flores-Aráoz: La posición del Perú debe ser firmey severa ante la CIDDHH 1020Como aceite de ricino 1020Consecuencias del papelón 1022Medidas cautelares de la Comisión IDH 1023Reforma del Sistema Interamericano de D.H. 1024Atemorizados países 1025Cesión de soberanía 1026Nuevos vientos en SIDH 1027Nuevos vientos en Corte Interamericana 1029

SOCIAL 1031

Del dicho al hecho… 1031Regímenes patrimoniales en el matrimonio 1032Contadores públicos y mercantiles 1033La paz es el camino del mundo moderno 1035El cáncer del éxito 1036Emoción y razón 1037Don Alfonso 1038¿Quién lo hizo? 1039Más dura el ex que el es 1041Confianza es el reto 1042Alerta registral 1043A propósito de “El Perú tiene ganas” 1044Tisana plus para recuperar las buenas maneras 1045¡Alayza juventud! 1046José Navarro Pascual: un amigo 1047Julio Favre 1050Viacrucis de los donantes 1051Ayayerismo 1052Urge orden 1053Costosas celebraciones 1054

Orden, normativa y autoridad 1056Ceguera en Perú y lucidez con Venezuela 1057Desmadre total 1058Promociones comerciales y rifas 1059Buenas maneras en la política 1060La defensa: derecho y obligación 1061Humor y respeto 1063

TERRORISMO 1065

Terror y salvataje 1065Recomendar o mandar 1066Terrorismo y memoria 1068Omisión en la OEA 1069Espeluznante 1070Violencia política 1071CVR y su informe no vinculante 1072Niños y terrorismo 1073Monumento y museo 1074Cárcel inconveniente 1075Indemnización a terroristas 1076Lugar aún sin memoria 1078Control de explosivos 1079En honor a la verdad 1081Comandos en riesgo, pero judicial (I) 1082Comandos en riesgo, pero judicial (II) 1084Comandos: ¿y sus derechos? 1085Comandos y jueces: ¡siguen en riesgo! 1087Buen viraje 1088Recobrar memoria y enseñar historia 1089Tolerancia, ¿con el terrorismo?: jamás 1090Respaldo a los comandos 1091Artemio: reflexiones 1092Reconociendo heroísmos 1093

Moderna inquisición 1095Abimael: veinte años preso 1097El Consejo por la Paz 1098Falta fuerza para enfrentar al terror 1099Sin eufemismos, ¡es terrorismo! 1100Amparo a criminales y agravio a héroes 1101

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CONFLICTOS SOCIALES

RESPONSABILIDAD CON URGENCIA

Estar fuera del país y alejado del día a día, facilita observar el acontecer nacional con mayor objetividad y preguntarnos: ¿qué es lo que está pasando en nuestro Perú?

En lo económico tenemos un crecimiento importante, desde hace varios años hay una continuidad interesante en el manejo de la economía, los gobiernos que se han sucedido en los últimos años han dejado que los agentes económicos hagan su tarea sin perturbarlos, generando esperanza en que al mejorar los in-dicativos macroeconómicos habrá mayor posibilidad de empleo, reducción de la pobreza y elevación de niveles de vida.

Sin embargo, cuando uno prende el televisor para ver algún noticiero, no se dan buenas noticias, todo son hechos de sangre, asaltos, delincuencia, corrupción, accidentes, líos, dimes y diretes, acusaciones de todo calibre que en lugar de pro-piciar un poco de optimismo dan la sensación de estancamiento y escepticismo.

No estamos aprovechando debidamente la bonanza por la inversión pro-ductiva, y actuamos como si los precios internacionales de nuestros productos de exportación van siempre hacia arriba, olvidando que la economía tiene sus ciclos, y que como decían nuestros mayores es necesario guardar pan para mayo.

Una ligera visión desde el exterior nos hace ver que las regiones y munici-pios reclaman por mayores recursos, pero los que tienen no los saben emplear.

Presidentes de región y alcaldes, siendo autoridades, varios de ellos se su-man a protestas en ligar de buscar por el diálogo las soluciones requeridas, e in-cluso camiones y tractores adquiridos con el dinero que pagan los contribuyentes son utilizados para bloquear carreteras y otras vías. Miremos lo que sucede en Puno, en Juliaca, lo acontecido en el Cusco y la paralización existente en Are-quipa. ¿Cómo quieren que llegue ayuda del gobierno central si obstaculizan y paralizan toda actividad?

500

En cuanto a las instituciones públicas, las autoridades del interior pretenden que el presidente del Consejo de Ministros sea un ministro “todoterreno” y que distraiga tiempo de su función, para convertirse en Comandante de estación de Bomberos.

El Congreso, dando la sensación de querer nombrar a nuevos magistrados constitucionales, a como de lugar, olvidando que se requiere de juristas de gran solvencia ética y legal.

El Tribunal Constitucional, pese a estar de salida, minando futuros procesos electorales, entrometiéndose en lo que no es su función, e incluso uno de sus integrantes amenazando a los miembros de Jurado Nacional de Elecciones con denuncias penales, y estos últimos accionado judicialmente contra el Tribunal, en adición que algunos parlamentarios anuncian acusaciones constitucionales. El desmadre.

La política sigue judicializando, y al más reciente ex presidente, queriéndolo hacer papilla, como dicen, por quítame esta paja.

Nuestras autoridades, de todos los sectores, del nivel nacional como del re-gional y del local, todos sin excepción deberíamos estar contribuyendo a que el país salga adelante, y asumiendo responsabilidad, pues lo que se ve podrá llevar por descrédito del sistema a que nuestros ciudadanos se inclinen al antisiste-ma. ¡CUIDADO! Estamos aun a tiempo de recobrar prudencia, tolerancia y sobre todo, RESPONSABILIDAD.

Diario Expreso

29 de junio de 2007

PIZANGO AL DESNUDO

Quien fuera el lìder y dirigente màximo de la Asociaciòn Interètnica de Desa-rrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango Chota, buscó refugio y fue asilado en Nicaragua, evadiendo temporalmente a la justicia peruana, ante quien debìa responder por sus responsabilidades como instigador, entre otros hechos, de los dolorosos acontecimientos recientes en Bagua que han enlutado a la familia policial, asì como tambièn a otras familias de lugareños de èsa zona de nuestro territorio patrio.

Pizango, con uso indebido de recursos dinerarios proporcionados por ter-ceros, y que es objeto de investigación por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y ayudado por algunos medios de comunicaciòn de Bagua, mintieron a las poblaciones urbanas y también a sus comunidades nativas de

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selva. Insistieron una y otra vez que el Estado querìa despojar a las comunidades selváticas de sus recursos, incluìdas tierra y agua, que el Estado estaba parcelan-do la selva, que se quedarìan sin lo necesario para su sostenimiento, y por ello tomaban el camino de la violencia.

Fingiò disposiciòn al diàlogo ante las autoridades nacionales, a las que tam-bièn mintió, retirándose con diversos pretextos de las conversaciones para la búsqueda de soluciòn pacìfica de la controversia. Se guardó y no transmitió la información a sus bases, que el Estado otorga concesiones para la exploraciòn y explotación de hidrocarburos, pero ello sin perjuicio a terceros. También se guardò el hecho que los cuestionados Decretos Legislativos 1081 y 1083 fueron derogados por la Ley 29338 de marzo del 2009, la cual entre otras disposicio-nes consagra que el agua amazónica, en el marco del desarrollo sostenible de la amazonía peruana, es un bien de uso público vertebrador de la biodiversidad, fauna, flora y de la vida humana en la amazonía. Igualmente reservó para sì y olvidó informar que la Ley mencionada dispone que las comunidades nativas amazónicas se encargan de la protección de las cochas, humedales y restingas de la selva, asì como el impedimento de otorgar derechos sobre aguas que discurren por áreas habitadas por pueblos indígenas de aislamiento voluntario o contacto inicial.

En el colmo de su desfachatez, Pizango violó las reglas del asilo que usa y mal usa, pues con motivo de nuestro aniversario patrio siguiò atentando contra la verdad al discursear con falsedades como que el Estado, “...pretende enajenar nuestros territorios, como lo han venido haciendo desde la primera colonización”. Acusó a los gobernantes de estar declarando guerra a los nativos y llamando “..a los pueblos indígenas organizados, comunidad por comunidad, federación por federación, región por región a prepararse para enfrentar este nuevo desafío que nos ponen los criollos de Lima....que depredan nuestro monte y que pretenden aniquilarnos como culturas y como pueblos”. En abierta contradicción con tales expresiones califica como flagelos de lesa humanidad y llama a su erradicación: al hambre, la pobreza, la injusticia, el miedo, la desigüaldad, la ignorancia, el terrorismo, la explotaciòn infantil y diversos otros flagelos.

Nos preguntamos ¿cómo se podrá erradicar los flagelos enunciados, si es que no se genera riqueza con inversiones que den trabajo, eleven los niveles de vida y se traduzcan en bienestar? Olvida Pizango que nuestro Perú es unitario, que todos somos peruanos, que somos pluriculturales, pluriétnicos, y plurilin-gües, así como que el Estado, constitucionalmente, tiene la obligación de promo-ver el desarrollo de la amazonía, siendo los recursos naturales, renovables y no renovables, patrimonio de la Nación, auque pueda ser concedida su utilizaciòn a particulares.

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El llamado que hace con mentiras Pizango, es para subvertir el orden, y ello no se puede permitir, y lo desnuda frente a todo el país.

CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS

Dentro de las fronteras peruanas, tenemos personas de diversas etnias con dife-rentes culturas, credos y lenguas, y el Estado protege constitucionalmente dicha pluralidad, además de que los tratados internacionales sobre Derechos Humanos cautelan su identidad.

Lo señalado es sin perjuicio que nuestro Estado es uno e indivisible, su go-bierno unitario, representativo, descentralizado, y organizado bajo el principio de la separación de poderes, tal como lo dispone la Constitución, que también establece que todos los peruanos son iguales ante la Ley.

Pese a la mencionada igualdad, hay peruanos que tienen derechos adiciona-les que emanan de la Constitución, como es el derecho a expresarse en sus len-guas aborígenes, en actos administrativos, judiciales y de cualquier otra naturale-za. También las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen derechos fundamentales de la persona.

A mayor abundamiento también existen tratados internacionales de los que el Perú es signatario que otorgan derechos adicionales a quienes forman parte de pueblos aborígenes o indígenas y también tribales, a quienes se les extiende un manto protector estatal que erosiona el principio de la igualdad o por lo menos lo relativiza.

Uno de dichos tratados es el Convenio OIT No 169 que data de 1989 y que fue ratificado en 1993 por la Resolución Legislativa 26253 que lo incorporó a nuestra legislación positiva, y por el cual los países que lo aprobaron deben pro-teger los derechos de pueblos indígenas y tribales, garantizando el respeto de su integridad.

El Convenio 169 OIT obliga a consultar a los pueblos indígenas interesados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos, consultas que deben efectuarse de buena fé, de manera apropiada a las circunstancias y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Especial relevancia otorga el Convenio 169 a los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre los recursos naturales existentes en sus tierras, dere-chos que comprenden su participación en la utilización, administración y con-

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servación de dichos recursos. Añade que en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deben establecer procedi-miento para consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.

Para los efectos de implementar el Tratado Comercial celebrado con los Es-tados Unidos de América, el Parlamento otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo, quien expidió numerosos Decretos Legislativos con tal propósito, al-gunos de los cuales tenían que ver con recursos naturales y su explotación en territorios selváticos. Esto ocasionó la airada protesta de comunidades indígenas de selva que reclamaron la falta de previa consulta, tal como lo establece el Con-venio 169 OIT.

Después de los luctuosos acontecimientos de Bagua y zonas aledañas del 5 de junio del 2009, el Congreso, bajo la presión mediática, la de los pueblos abo-rígenes de selva, y la de ONGs ambientalistas, se apresuró a debatir proyectos que tenía en cartera, para la consulta dispuesta en el Convenio 169. Es así que se aprobó la llamada “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la OIT”, y que el Poder Ejecutivo -con razón- ha observado en algunos aspectos.

La observación gubernamental al texto aprobado en el Parlamento, abarca diversos temas que el Congreso deberá evaluar con mucha seriedad, y de ser el caso atender las sugerencias del Ejecutivo.

La primera observación indica que si en la consulta no se logra acuerdo o consentimiento de los pueblos originarios consultados, ello no significa veto de aquellos. En efecto, tal consideración gubernamental está sustentada en la propia interpretación que la OIT ha efectuado a la Convención en su Manual de Proce-dimientos, y por otro lado en la sentencia del Tribunal Constitucional del 9 de junio del 2010 (exp. 0022-2009-PI/TC). Ella expresa que no fluye del Convenio que los pueblos indígenas gocen de derecho de veto, y que lo que pretende el mismo es institucionalizar el diálogo intercultural. Por ello es conveniente que la ley nacional disipe cualquier duda y declare que el resultado de la consulta no veta las disposiciones estatales.

La segunda sugerencia es para que el Estado en sus decisiones, privilegie el interés general y el de la Nación, y ello tiene que ser así pues de otro modo se someterían a todos al interés de sólo algunos, a los que se les podrá indemnizar si la decisión los perjudica,

La tercera observación cuestiona el exceso del Congreso al comprender en la consulta los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional, lo

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que no se encuentra en el Convenio 169 e incluso podría retardar indebidamente el desarrollo integral del país.

La cuarta observación versa sobre los procedimientos para identificar las medidas administrativas y legislativas objeto de consulta, que serían bajo res-ponsabilidad de los funcionarios, sin indicar el tipo de ella, lo que de mante-nerse profundizará los temores de los administradores para tomar decisiones, y atrasará aún más los procesos, ya que por los temores es de esperarse que todo se quiera someter a consulta para evitar las responsabilidades a que se refiere el texto aprobado en el Parlamento.

La observación quinta es para evitar que la impugnación de las decisiones gubernamentales retrace los proyectos y su ejecución, pues implicaría crear nue-vos y morosos procedimientos adicionales a los ya existentes.

La sexta observación es para aclarar que los pueblos indígenas a que se refiere la Convención 169, en el caso del Perú y conociéndose su realidad, no puede incluir a comunidades andinas ni campesinas de costa, pues ello trabaría todo desarrollo, y tampoco puede comprender todas las tierras de selva, sino únicamente sobre las que los pueblos indígenas tienen propiedad. Y es cierto, el resto es de todos.

Las dos últimas observaciones del Ejecutivo son procedimentales, pero no por eso merecen menor atención.

Nadie duda de los derechos de pueblos originarios, aborígenes, indígenas, tribales o de cualquier otra denominación por la que se les conozca, pero ello no puede menguar los derechos del resto de los peruanos. Los recursos naturales si bien deben beneficiar singularmente a los pobladores de los lugares en los cuales se extraen o explotan, tienen también que beneficiar al resto de peruanos, que no deben ser impedidos de alcanzar por medio del desarrollo integral del país, niveles de vida convenientes. Enfaticemos una vez más que los derechos de aquellos terminan cuando comienzan los derechos de todos, y sólo con la aplica-ción razonable y adecuada de la normatividad, incluso los tratados, se logrará el crecimiento armónico del país que propenda al bien común, que es el de todos y no sólo el de algunos grupos.

Diario La Razón

18 de julio de 2010

CONSULTA PREVIA RIGE HACIA ADELANTE Y NO HACIA ATRÁS

Se le ha encargado al Ministerio de Cultura proyectar el Reglamento de la Ley de Consulta Previa, norma de vital importancia que debe ser trabajada con mucha

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objetividad y con la visión que la consulta debe propiciar diálogo serio y sin ma-nipulaciones entre el Estado y las comunidades indígenas u originarias, en aras de lograr la inclusión de estas últimas al desarrollo con el cuidado de su identi-dad, bienes, cultura y medio ambiente.

El origen de la consulta se encuentra en el Convenio No 169 de la Organiza-ción Internacional del Trabajo (OIT) en que si bien es preocupante que abordara una temática que no se encuentra dentro de sus atribuciones vinculadas al Tra-bajo, lo cierto es que fue aprobada e incorporada a nuestro ordenamiento legal interno desde el año 1993 por Ley 26253 y ratificada en el siguiente año. Por ello resulta valedero que el Estado Peruano haya legislado recientemente sobre su aplicación, con texto que ha subsanado varias de las observaciones gubernamen-tales al aprobado por el Congreso anterior.

Como la generalidad de las normas, la Ley de Consulta Previa tiene vigen-cia hacia adelante, no hacia atrás, señalando el mecanismo de diálogo, que de ser bien administrado debería obtener la deseada inclusión con la prevención de conflictos, para lo que es insoslayable que los sectores dialogantes se muestren con mentalidad abierta a la superación de diferencias mediante el acercamiento de sus posiciones y con la concertación, pero siempre con el norte del bien co-mún, que es el de todos y no solamente de los más directamente involucrados. El aprovechamiento político y la tribuna para ganar protagonismos individuales deben ser desechados.

Evidentemente los derechos de las comunidades originarias deben respe-tarse, pero tienen que concordarse con los derechos del resto de peruanos que contamos con un Estado unitario y queremos que el desarrollo incluya a todos, de donde fluye que también habrá que encontrar soluciones que concilien la pa-radoja del deber de la inclusión con la supuesta voluntad aislacionista de las lla-madas comunidades no contactadas en que los demás suponen, sin pruebas que lo demuestren, que desean el denominado aislamiento voluntario.

El asunto es muy complejo, ya que la inclusión en el desarrollo no debe dejar de lado costumbres y creencias ancestrales de los pueblos indígenas, que siendo tam-bién peruanos forman parte de nuestra Nación y por ello la pretensión de algunos para mantenerlos en una burbuja ajena y separada del resto, es excluyente y no integradora.

Los recursos naturales, que son del Estado, tienen que beneficiar a los cerca de treinta millones de peruanos, sin excluir a nadie, pero como se trata de incluir a los que hasta ahora ha sido injusto tenerlos alejados, ello no implica expulsar de los beneficios del desarrollo al resto mayoritario de compatriotas.

El Reglamento que se elabora debe indicar quienes constituyen las pobla-ciones indígenas a que se refiere el Convenio 169 y la Ley de Consulta Previa, así

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como se efectúa la consulta teniendo en cuenta que son diversos organismos los que diseñan y aprueban la normatividad legal, y dejando muy en claro que si no hubiere entendimiento, el Estado no pierde su derecho a normar, concesionar y autorizar.

Diario La Razón

25 de diciembre de 2011

Y DE LA PARENTELA.....¡LÍBRAME SEÑOR!

Desde siempre se ha considerado que lo que cualquier persona tiene más cerca es su familia. Igualmente que entre los familiares con lazos sanguíneos o de afini-dad, existe la obligación de darse la mano, esto es de ayudarse, de colaborar, de defenderse y de sanamente protegerse.

El asunto no sólo es moral sino también legal, tanto es así que nuestro Códi-go Civil establece obligaciones de asistencia entre los cónyuges y llega hasta fijar deberes alimenticios recíprocos entre ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges. En materia penal no pueden ser obligados a testificar el cónyuge o la conviviente del imputado y los parientes cercanos. Lamentablemente la ayuda entre parientes no es siempre así, pues en el caso de algunos funcionarios pú-blicos, y especialmente de quienes ejercen la primera magistratura del país, la parentela ha resultado una dura carga a sobrellevar, que no solamente limita acciones gubernamentales sino que daña imagen de quien ejerce la gestión, pone cabes y zancadillas y crea sin fin de problemas de los que prudente y oportuna-mente se debe tomar distancia.

Lo sensato para quien ejerce o ejercerá la primera magistratura, es deslindar a tiempo y públicamente señalar que es él o ella, únicamente quien ejerce el cargo y que para cada área los responsables de gestión son o serán sus ministros y el primer ministro como todo terreno y para todos los temas, y punto final. Y si se quiere ser muchísimo más directo y sin ningún disimulo informar que los parien-tes nada tienen que ver con el Gobierno, que no lo representan, que no son sus voceros y que carecen de autorización para cualquier gestión ajena al ejercicio de sus derechos como cualquier otro ciudadano.

Las molestias, incomodidades y verguenzas que muchas veces hacen pasar los parientes a los gobernantes, van de más a menos desde actos de corrupción, pasando por ejercicio de influencia, hasta la preferida frase de los “sobrinísimos”: ¡No sabes quién soy yo! ¡Ya vas a saber con quien te metes!, cuando cometen alguna infracción de tránsito y son detectados por la Policía. Además hoy en día

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por el avance de técnicas de interceptación de comunicaciones, tienes que dejar de ser cortés frente a pretensiones por lo menos equívocas, y enviar a quienes las presentan donde el famoso Padre Padilla, y ello sin medias tintas.

Ojalá no se tenga que llegar a la situación de gobernantes que pregunten al Cielo, ¿Por qué no soy huérfano? ¿Por qué no soy hijo único? Y ¿Por qué no soy soltero y sin hijos? Para así poder gobernar sin parientes no deseables que en lu-gar de ayudar complican y perturban. Son más que un dolor de cabeza.

Diario Expreso

22 de julio de 2011

FRENO A INVASIONES

Es absolutamente válido y razonable, que quienes son jefes de familia, quieran tener para si y sus dependientes, un lugar adecuado de residencia. Empero las viviendas no vienen del cielo como el maná bíblico, se requiere contar con recur-sos económicos para su adquisición o para su construcción.

A través del tiempo, muchas personas y sus familiares, han considerado lejana, y porque no decir utópica, la posibilidad de adquirir o construir su vivien-da, por lo que han querido acortar etapas y buscar atajos, invadiendo terrenos públicos o privados, lo que constituye delito.

El Estado, por un lado para evitar las invasiones, y por otro lado paliar el crecido déficit de viviendas, creó el Fondo MiVivienda para otorgar créditos pro-mocionales, así como programas como “Techo Propio”. Instituciones del Estado como sus Fuerzas Armadas han promovido la edificación de viviendas para su personal, especialmente para los de menores recursos, privilegiando construc-ciones en provincias para fomentar la descentralización y que el personal militar cuando pase a la situación de retiro, resida en sus lugares de origen sin necesidad de migrar a la capital de la República.

Las acciones del Estado y los recursos que se han destinado para el tema vivienda, si bien importantes, no han resuelto el problema, por lo que es necesa-rio buscar otros derroteros. En efecto gran parte de la población no tiene como aplicar a los programas de vivienda a los que nos referimos, simplemente porque no califica, sus ingresos personales y también los familiares son insuficientes. El resultado es que nuevamente estamos observando que se producen invasiones y la Policía Nacional obligada a restablecer el orden, expulsar a los invasores, devolver los terrenos invadidos a sus propietarios, pero la frustración de quien carece de vivienda aumenta.

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¿Constituye solución solamente la acción policial? Creemos que no, pues el problema continúa latente, y si bien hay invasiones que no se lograron desalojar, lo que los invasores han ejecutado en los predios usurpados como proceso ur-banístico, es en la mayoría de veces deplorable. Simplemente se hacen trazados sin adecuada técnica, sin ancho de vías convenientes, sin reserva de espacios para usos complementarios y servicios públicos, y se comienza la autoedificación como se dice “a la criolla” con las deplorables consecuencias que tantas veces hemos observado.

Con los nuevos gobiernos municipales sería plausible hacer un inventario de los terrenos eriazos que se encuentran dentro de su jurisdicción y que el Estado po-dría transferírselos para que proyecten habilitaciones urbanas progresivas, en que exista un trazado de lotes técnicamente hecho, en que posteriormente se puedan ir ejecutando obras colectivas de agua y desagüe, de electrificación, de nivelación de vías y señalamiento de veredas para su posterior asfaltado o lo que sea idóneo. También para que los adjudicatarios de los lotes puedan edificarlos poco a poco, según parámetros y modelos que previamente establezca la autoridad municipal.

Es mejor que sea la autoridad quien haga los trazados de las lotizaciones técni-camente, a que lo realicen quienes perpetran invasión y hacen lo que les da la gana.

Es hora que los Municipios asuman lo que son sus atribuciones, pues la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades les asigna competencia para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial, y si la Ley de Habi-litaciones Urbanas y Edificaciones requiere ser ampliada para facilitar las loti-zaciones con obras y construcciones progresivas, pues que se amplíe. Tenemos que anticiparnos a las invasiones con acciones concretas que propendan a la paz social, y no circunscribirnos al accionar policial, loable por cierto, pero que no resuelve el problema de la carencia de viviendas, limitándose a restablecer el orden, sin garantía que no pueda volver a ser alterado.

Diario El Comercio

30 de noviembre de 2011

CAMPAÑA ANTIMINERA Y DISFRAZMEDIOAMBIENTALISTA

En anterior oportunidad comentábamos que el Estado se encuentra inerte e indo-lente frente al belicoso discurso y acciones antimineras, que pretenden despojarlo de los ingentes recursos que la minería formal suministra a las arcas fiscales.

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El pugnaz discurso antiminero proviene principalmente de algunas ONGs, que con el disfraz medioambientalista, tratan de enfrentar las actividades mine-ras y las agrícolas como si fueran incompatibles.

El discurso antiminero se centra en que la minería socava la agricultura, agota los recursos hídricos, envenena ríos, lagunas y manantiales con productos químicos, deja los campos yermos y en buena cuenta es el moderno Atila. Ésa fue la minería de antaño más no la de ahora en que hay estudios de impacto ambien-tal, en que coexisten exitosamente actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y muchas otras con la minería formal, la que incluso debe acreditar las acciones para el cierre adecuado de minas.

Sabemos que los grandes huecos que se heredaba de la antigua minería cuando dejaba de operar, son temas históricos al igual que los famosos relaves sin tratamiento técnico. También se conoce que la mayoría de los pasivos am-bientales de la antigua minería son responsabilidad del Estado, de épocas en que se convirtió en empresario de todo, y no tuvo el debido cuidado que si exige al Sector Privado. Como ejemplos es suficiente recordar Centromin, Minero Perú y tantos otros desaciertos gubernamentales que no sólo despilfarraron los recursos fiscales, sino que retrasaron el desarrollo del Perú y postergaron la salida de la pobreza de millones de compatriotas.

Si las mentiras y falacias del discurso antiminero son desmentidos por las empresas mineras formales, no tendría la credibilidad y la fuerza que si provienen desde el Estado, que tiene el legítimo deseo de no perder recursos tributarios de la minería, pero al mismo tiempo propender a la coexistencia de ella con la agricul-tura.

Es hora pues que el Estado enfrente el discurso antiminero, distinga la mi-nería formal de la clandestina depredadora de todo lo que la rodea, y realice campañas de difusión de lo que es la moderna minería que cumple con sus obli-gaciones, cautela el medio ambiente, proporciona puestos de trabajo directos e indirectos, moviliza la economía, desarrolla el país y suministra recursos tributa-rios que van a gobiernos locales, regionales y al nacional.

Las personas entienden razones y saben distinguir el discurso violentista del responsable, por eso no hay que tener temor de informar verazmente antes que los problemas exploten ni dejar los espacios abiertos a quienes sólo quieren perpetuar el caos y que nuestra gente siga en la pobreza, pues así serán fácil presa de sus ideologías trasnochadas.

El Estado ha realizado campañas mediáticas exitosas, como lo fue la em-prendida para dar a conocer la necesidad de la reforma del sistema pensionario bajo el riesgo de colapso. También se efectuó campaña de difusión de los benefi-cios de los tratados comerciales con otros países. Igualmente, cuando se intentó

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aprobar la Convención del Mar, se dio a conocer sus beneficios, aunque lamenta-blemente la Cancillería pidió postergar la discusión. ¿Qué esperan?

Diario La Razón

04 de diciembre de 2011

MÁS SOBRE LA CONSULTA PREVIA

Aún se encuentra en preparación el Reglamento a la Ley de Consulta Previa Nº 29785. Esta Ley determina la forma de efectuar la consulta a las comunidades indígenas u originarias respecto a normatividad, inversiones u obras que pudiere afectarlas, y es el complemento de la Ley 26253 que incorporó a nuestra legisla-ción nacional el Convenio 169 de la OIT.

En artículo anterior nos hemos referido a este mismo tema, expresando que la consulta deberíamos verla como oportunidad de inclusión, esto es incorporar a las mencionadas comunidades en el desarrollo, con su aquiescencia.

El proceso de consulta obliga al Estado a aproximarse a las comunidades indígenas u originarias, así como explicarles que son parte de nuestra patria.

Mientras el Estado, en sus diferentes niveles gubernamentales, informa a las comunidades sobre la normatividad, inversiones y obras que se pretende ejecu-tar, las comunidades deben tener mentalidad abierta para evaluar lo que se les expone, sin pies forzados y de buena fe, e igualmente explicar sus observaciones para reevaluar su percepción.

La consulta tiene el carácter preventivo, siendo mecanismo que trata-rá de evitar conflictos posteriores, por lo que requiere que los actores en la mesa de conversaciones tengan liderazgo real, que conociendo debidamente las costumbres y tradiciones, estén dispuestos a la construcción de un futu-ro promisorio para las comunidades, sin detrimento de sus singularidades y usos ancestrales.

En buena cuenta el Estado debe exponer y explicar, ejerciendo una tarea de tutoría respecto a las comunidades que al no estar absolutamente integradas a nuestra civilización occidental, necesitan de docencia en temática tan impor-tante como es la del desarrollo. También el Estado tiene que estar en capacidad de entender a las comunidades y convencerlas para que los territorios en que se encuentran puedan fructificar para ellos y para el resto de compatriotas.

Si la intención es que las comunidades indígenas u originarias se incorporen al desarrollo, obvio es que cuando ya estén incorporadas y estén en la misma situación que el resto de peruanos, ya no se requerirá de la consulta, aunque es

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propicia la oportunidad en que se elabora el Reglamento de la Ley de Consulta, para que se puedan despejar muchas interrogantes.

En efecto se hará necesario establecer cuáles son las comunidades que po-drán ser consultadas, ya que tenemos diversidad de normas legales con diferen-tes definiciones. También en lo que se refiere a la normatividad objeto de consul-ta, debería enumerarse en el Reglamento el nivel de las normas, sin olvidar que pueden existir consultas genéricas y no necesariamente de cada una de las dispo-siciones que puedan tener relación con la misma materia, lugar y comunidades. No estaría demás determinar también cuando concluye la tarea de la consulta, pues el Estado no debería estar cruzado de brazos sin ejercer su autoridad hasta las calendas griegas. Por último habría que precisar entre otros aspectos, como se definirán los diferendos de representación cuando varias agrupaciones u orga-nizaciones se disputen la representación de las comunidades a ser consultadas.

Como hemos visto, hay mucho pan por rebanar, y necesitamos que quienes diseñan el Reglamento sean también buenos panaderos.

Diario La Razón

08 de enero de 2012

DETENCIÓN POLICIAL Y FLAGRANCIA

Es de público conocimiento que en las protestas ocurridas en Cajamarca contra el proyecto minero “Conga”, uno de sus promotores e instigador de actos de fuer-za, como es la interrupción de las vías de comunicación, fue Wilfredo Saavedra.

Existen infinidad de elementos probatorios como son audios, fotografías, grabaciones fílmicas y otros, que demuestran la participación de Saavedra, el cual fue detenido días después en la ciudad de Lima por la Policía.

No tardaron en alzar su voz de fastidio los violentistas de siempre, a los que se sumaron supuestos defensores de los Derechos Humanos, por lo que conside-raron detención arbitraria.

Es bueno advertir que nuestra Constitución determina que “nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”.

El delito flagrante es el que es descubierto en el mismo acto de su perpetra-ción, con lo cual se conoce al autor del ilícito y consecuentemente puede ser de-tenido en el acto, pero como quiera que el Código Procesal Penal era muy rígido para la calificación de la flagrancia en el año 2010 fue modificado por Ley 29569, que amplió las circunstancias de la flagrancia.

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En efecto se consideró que existe flagrancia, además de cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible, cuando el agente acaba de cometer el delito y es descubierto, cuando el delincuente ha huido y ha sido iden-tificado durante o inmediatamente después de perpetrado el delito, por medios audiovisuales y similares, siempre que el responsable haya sido encontrado den-tro de las 24 horas de producido el hecho; y por último si el infractor es encon-trado dentro de las 24 horas después del hecho con señales claras de su probable autoría.

En el caso materia de estos comentarios, en estricta aplicación de la normati-va, Saavedra fue identificado durante la toma de vías de comunicación en el acto en que se produjeron las mismas, lo que constituye delito. Empero no fue deteni-do dentro de las 24 horas siguientes a los hechos, sino días después y únicamente para prestar declaraciones a la Policía.

La detención por más breve que haya sido debió estar precedida de man-damiento judicial, o por lo menos de citación policial para que se presente el obligado a rendir su manifestación, pero la omisión es explicable dado que hay pruebas de autoría, aunque carencia de trámites legales.

Si Saavedra hubiera sido detenido en el propio acto de perpetración del de-lito de interrupción ilegal del tránsito vehicular y de personas, o si hubiere sido detenido dentro de las 24 horas siguientes a ello, el caso pudo haberse cubierto de sangre, por la elevada temperatura emocional de la población cajamarquina, por lo que el tino de la Policía debe ser destacado. Adicionalmente los hechos menciona-dos nos tienen que llevar a reestudiar los casos de flagrancia, a fin de conciliar las situaciones con las famosas 24 horas de detención previa a la remisión del supuesto infractor a la autoridad judicial. Es un tema al que hay que ponerle diente.

Diario La Razón

15 de enero de 2012

SI PRESIDENTE, SE NECESITA PONER ORDEN

Aún no salen del imaginario colectivo los sucesos de La Convención, cuando se producen hostigamientos a Fuerzas Armadas y atentados en el VRAE, amenazas en La Oroya, nuevas protestas en Cajamarca, violencia de turba en Espinar con pérdidas de vida y lesionados, además de secuestro a un fiscal con el agravante de extorsión a inversores mineros. ¿Son hechos aislados? No lo creemos.

Como vemos las brasas están prendidas, los ánimos caldeados y las volun-tades populares exaltadas, pero lejos de ayudar algunos congresistas oficialistas

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al Gobierno para bajar la temperatura, la elevan varios grados, a lo que se unen acciones antisistémicas de autoridades locales supuestamente elegidas por el pueblo para alcanzar el bien común pero lo traicionan.

Lamentablemente hay acciones gubernamentales que sin quererlo atizan el fuego como es la desactivación del PRONAA y su sustitución por otro programa social que pudiera estar muy bien concebido pero es inoportuno, e innecesario el cambio de nombre. La América ya fue descubierta y no es bueno caer en el complejo de Adán.

Lo último expuesto se ha visto en el Consejo de Ministros, pese a lo cual los titulares de los ministerios actúan como si condujeran compartimentos estanco, sin relación entre sí. Las acciones gubernamentales que se tratan en el Gabinete Ministerial tienen que verse en su conjunto, insertadas en tiempo real y en rela-ción con los demás hechos relevantes, como la conflictividad social.

El Presidente de la República, con toda la razón del mundo, dice que hay que poner orden, y debe hacerlo, comenzando quizás por su propia bancada par-lamentaria, muchos de cuyos componentes ni siquiera hubieran soñado en pisar el Congreso si es que una locomotora no hubiera jalado fallados vagones.

Sin abdicar al diálogo necesario y conveniente, el Gobierno tiene todo el derecho de utilizar las herramientas que la Democracia y la Constitución le ha dado, como es la declaración del Estado de Emergencia, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, y las denuncias de los procuradores a quienes son los causantes de: la violencia, los atentados contra la vida y la integridad per-sonal, la zozobra social, así como la destrucción de bienes públicos y privados.

Estamos hartos que quienes como en Moquegua y Bagua sembraron el desor-den, propiciaron el caos y cegaron la vida de miembros de nuestra Policía Nacional se encuentren vivitos y coleando, en libertad, mientras algunos oficiales de nuestra Policía están procesados por haber tratado de restaurar el orden y tranquilidad pública, probablemente con errores pero cumpliendo su obligación constitucional.

Esperamos que acontecimientos vandálicos como los de Espinar no termi-nen con la impunidad de quienes delinquieron, pues sería otro trágico mensaje a la colectividad. Tienen que ser investigados por el Ministerio Público y procesa-dos en el Poder Judicial, por supuesto con ejercicio pleno de su defensa y con el respeto a las reglas del debido proceso.

No se aísle Presidente, converse con los líderes parlamentarios de otras ban-cadas, escuche también a quienes no habiéndole dado su voto desean lo mejor para el Perú.

Diario La Razón

03 de junio de 2012

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CONFLICTOS SOCIALES E INACCIÓN GUBERNAMENTAL

Recientemente, el Ministro de Economía y Finanzas expresó su preocupación por la existencia de proyectos de inversión por más de 50,000 millones de dólares, sin concretar por conflictos sociales, y tiene razón.

Se exige recursos para miles de cosas, como ampliar presupuestos para in-finidad de entidades, financiar infraestructura, atender nuevos programas so-ciales, aumentar sueldos y pensiones del personal estatal y no se cuantas cosas más. Empero, si no hay otras inversiones tampoco habrá más contribuyentes y recursos tributarios para solventar lo que se exige a papá gobierno.

Algunos dirán que aún estamos en tiempos de las vacas gordas, olvidando su rigurosa dieta, que las reservas ya no crecen al mismo ritmo, que las expor-taciones disminuyen, que la situación de Europa y Estados Unidos es recesiva afectando a nuestros clientes asiáticos y a nosotros mismos, lo que obliga a cuidar el gasto público.

Quienes invierten en países diferentes al suyo, lo hacen porque les es renta-ble, y si no lo fuere o no se dieran las condiciones para facilitar sus inversiones, simplemente se inhibirían de hacerlas.

Con insistencia machacona, repetimos, a ver si se les queda en el disco duro, que existe una cadena con varios eslabones. El eslabón final es el bien común con la elevación de los niveles de vida. Para llegar a tal eslabón se pasa por la existen-cia de trabajo, y para que haya trabajo el eslabón previo es la inversión.

¿Puede haber inversión si es que no hay paz social? Evidentemente que no, por lo que nuevamente el titular del MEF tiene razón cuando dice “...que ningún país al margen de que sus inversiones sean mineras o no, quiere un entorno de inestabilidad social y política. Eso va contra la inversión”.

El inversor arriesga su capital hasta donde lo calcula, y requiere al país an-fitrión para que le garantice tranquilidad pública, paz social, y clima amigable para las inversiones, lo que se traduce en Estado de Derecho en que prima el res-peto a la Constitución, normatividad legal estable, tributación predecible y justa, así como Poder Judicial independiente y autónomo.

Todo lo descrito apunta a exhortar al gobierno para que vaya solucionando la conflictividad social, sin que el tema se agote en ello. Los inversores se hacen humo cuando hay conflicto social, pero el Estado tiene otros mecanismos para no espantarlos. Nos referimos a resolver rápido los expedientes de concesiones, licencias, autorizaciones, permisos y tantos otros que simplemente no se termi-nan por desidia gubernamental.

No podemos entender la paralización del aparato estatal en que los funcio-narios parecen atemorizados por asumir sus responsabilidades y resolver expe-

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dientes que duermen en los anaqueles y archivadores de las reparticiones públi-cas. ¿Qué pasa con las autorizaciones para las “Asociaciones Público-Privadas” ¿Qué pasa con las autorizaciones para canje de obras por impuestos? ¿Qué pasa con las autorizaciones para inversiones en frontera?

Ministro, hay mucho pan por rebanar. No es solamente la conflictividad so-cial la que impide la inversión, es también el sueño burocrático del que algunos de sus colegas se han contagiado. ¡Despiértelos ya!

Diario La Razón

10 de junio de 2012

PROTESTA Y VIOLENCIA SUICIDA

Las provincias claman por carreteras para sacar sus productos hacia los merca-dos, para que les llegue semillas mejoradas, abonos e insecticidas. Desean tener electrificación, y por supuesto reclaman por más y mejores escuelas, postas mé-dicas, hospitales, servicios de agua y alcantarillado y por supuesto que les llegue radio y televisión, así como telefonía. En buena cuenta aspiran a la modernidad.

Cualquiera diría que con el anhelo de modernidad, las poblaciones de pro-vincias estarían dispuestas a recibirla con los brazos abiertos y con bombos y platillos. Error, cierran las puertas con sonoro portazo.

Probablemente muchos dudarán del contrasentido de querer desarrollo pero al mismo tiempo espantarlo, pero ello es la verdad.

Nos explicamos. El Sector Privado no va a invertir para no ganar y por ello no pondrá hospitales si es que no son rentables, como tampoco pondrá colegios si es que no les deja alguna utilidad, y por supuesto no hará carreteras sin peaje y beneficios, como tampoco instalará servicios básicos sin que les reditúe. Todo ello en un inicio tendrá que hacerlo el Estado, en sus tres niveles, el Nacional, el Regional y el Local.

¿De dónde provienen los recursos para hacer todas las obras de infraestruc-tura necesarias a las que nos hemos referido? Indiscutiblemente el origen más importante son los impuestos que pagamos los peruanos y quienes tienen flo-recientes negocios en el Perú. En segundo lugar los créditos de los organismos financieros internacionales, cuyo servicio de amortización e intereses también tendrán que ser sufragados con impuestos. En tercer lugar la cooperación inter-nacional que cada día es menor, no solamente por la crisis económico-financiera que afecta al mundo, sino porque hay otros países que la requieren con mayor urgencia.

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En el interior del país los mayores ingresos tributarios con los que Gobier-nos Regionales y Locales deben hacer las obras que antes reclamaban a “Papá Gobierno Central”, provienen del canon y de las regalías por la explotación de los recursos naturales como son principalmente minería, petróleo y gas. Sin em-bargo con marchas y protestas impiden el desarrollo minero, así como que se extraiga del subsuelo, petróleo y gas.

Abramos el intelecto. Si no hay la explotación minera, petrolera y gasífera no tendrán los ingresos del canon y los provenientes de regalías. Sin tales ingre-sos no podrán hacer los hospitales que necesitan, ni tendrán las postas que recla-man, ni menos aún podrán exhibir más colegios y mejores profesores, ni llegará a sus poblaciones las carreteras indispensables para su desarrollo, como tampoco el agua, electrificación y los demás elementos que elevarán los niveles de vida de sus poblaciones.

Cuándo no tengan los recursos de canon y regalías ¿a quién reclamarán? ¿Estarán dispuestas otras poblaciones que se comprometieron con el desarrollo a compartir sus recursos? Es probable que no, por lo cual la conclusión es simple, las protestas y violencia en que están empeñados es suicida.

Sin los recursos mineros y energéticos no podrán avanzar, lo que tampoco significa que el Estado tiene que ser permisivo con quienes atentan contra el me-dio ambiente. Respetos guardan respetos.

Diario La Razón

17 de junio de 2012

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

La conflictividad social se está intensificando, con el agravante de la conectividad entre diversas protestas localizadas en distintos lugares del país, lo que no es casual.

El Gobierno tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes, así como resguardar el orden público y restaurarlo cuando ha sido afectado, para lo cual en primer lugar cuenta con la Policía Nacional que podría ser apoyada en ciertos casos por las Fuerzas Armadas.

Frente a la situación expuesta y a las obligaciones gubernamentales, surgen voces que reclaman mano dura e imponer orden mediante el uso de la fuerza, mientras que otros consideran que se deben instalar más mesas y reuniones de diálogo para enfrentar el tema.

Evidentemente no hay un sólo método para la solución de conflictos so-ciales, pero la lógica aconseja dialogar, exponiendo la posición gubernamental,

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sin que las conversaciones se eternicen, pues darían tiempo a los quejosos para preparar actos violentos. Si se producen estos últimos el Estado no puede cerrar los ojos, y con las herramientas que la Constitución y la ley le ha confiado, tiene con prudencia que poner orden.

En el ánimo de ayudar a resolver conflictos sociales, se han diseñado he-rramientas legales que pueden utilizarse para ello, como es la Ley de la Consul-ta Previa; al igual que para incrementar la inversión generadora de puestos de trabajo y reducción de la pobreza, se han promulgado las leyes que permiten el canje de obras por impuestos y las asociaciones público privadas.

Para el diálogo que debe existir en la resolución de conflictos sociales, ge-neralmente entre empresas extractivas y pobladores, se ha incluido a un tercer actor que es el Estado, el que en dicho trípode tiene una actuación dual, esto es como uno cualquiera de los actores dialogantes o como la autoridad que impone al final su decisión.

Rafael Valencia-Dongo en su largo caminar exitoso en la resolución de con-flictos sociales, convirtió el trípode en una mesa de 4 patas, al integrar el diálogo con un facilitador, sea público o privado que pueda colaborar con los demás actores para ponerlos de acuerdo.

La Defensoría del Pueblo, que no goza de la función de ordenar, pero si es titular de la herramienta de la persuasión, puede utilizarla en la resolución de los conflictos, más que limitarse a llevar la contabilidad de ellos, sean en preparación o en curso.

Usemos el diálogo, con el complemento del facilitador, aunque sin renuncia por el Estado al ejercicio de la autoridad que reponga la paz social con tino y prudencia.

Diario Expreso

17 de agosto de 2012

¿PESIMISMO?, ¿POR QUÉ?

La minería ilegal devasta el medio ambiente, también a esto se agrega la minería informal, que mientras no se formalice es también ilegal, se desforesta sin ningún control, el trafico de madera es una cosa que viene desde hace mucho tiempo y ha empeorado, se pesca sin ningún control poniendo en peligro algunas de las especies marinas, se asesina a miles de delfines, protegidos por la Ley, se “pes-ca” con dinamita y nadie hace nada, se asalta en la carreteras del país robando las pertenencias a pasajeros y turistas, se asalta a mano armada en restaurantes

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cafeterías, se asesina por “ajuste de cuentas”, el sicariato se hace cada vez más co-mún, el robo en las calles es común y generalizado, taxistas delincuentes asaltan inclusive a autoridades, se mata para robar vehículos, inclusive a estudiantes, se asalta a casas en todo Lima.

Se destapan diversos delitos en el parlamento, algunos de ellos indignantes, se investiga a dos presidentes, Toledo con una cara espantosamente dura trata de negar y acomodarse, se dice que lo protegerán, cuando es evidente que hay algo obscuro, se despiertan fuertes criticas a algunas decisiones del poder judicial, el transito en Lima, es un total y vergonzoso desastre, se multiplican las muertes en las carreteras, construcción(destrucción) civil sigue cobrando cupos, se enjuicia inútilmente a Fujimori, pues los años de cárcel que ya padece no aumentaran, solo se trata de martirizarlo, se dice que el presidente se puede reunir con quien quiera, ¿independientemente de las Leyes?, el gobierno sigue tratando de entrar a la actividad empresarial ahuyentando la inversión privada, algunos miembros del clero tienen graves problemas, la parada y la alcaldesa tienen problemas de todo tipo y origen, el narcotráfico y el terrorismo sigue adelante, se encuentra complicados en el narcotráfico a ex parlamentaria, alguien que acuso en el tema de los narco indultos (apodado Brasil), declara que lo presionaron y le pagaron para hacer algunas declaraciones, juicios en poder judicial se eternizan, peque-ños grupos hacen lo que quieren obstruyendo la inversión de muchos proyectos, sin que se haga sentir la autoridad, el contrabando sigue igual que siempre, se acumula basura en muchas partes de Lima, el parlamento tiene nula credibili-dad, algunas ONGs enmudecen ante lo que ellos se supone deberían proteger y ayudar, se sigue asaltando e hiriendo a cambistas, Acción Popular, el partido del Arquitecto Belaunde, recibe en su seno a retrogradas comunistas, que siempre fueron sus enemigos, se dice que Lima es la segunda ciudad capital más peli-grosa de Latinoamérica, después de México D.F., (creo que aquí se olvidaron de Caracas). El centralísimo sigue incólume, las calles de muchas partes de Lima, llenas de huecos. Qali Warma funciona mal, intoxica.

Diario Expreso

01 de noviembre de 2013

POBRE SAN MARTIN

El 12 de julio pasado, con ocasión de una marcha antiminera en Lima Metropoli-tana, respecto a proyecto de emprendimiento minero en Cajamarca, se produje-ron actos vandálicos, atentándose contra bienes públicos y privados, entre otros

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con pintas indebidas, muchas de ellas groseras. Entre los bienes monumentales afectados estuvo el monumento al Generalísimo Libertador José de San Martin, en la plaza del mismo nombre.

Gracias a la labor de los medios de prensa escrita y televisada, hay claras imágenes de los antisociales cuando atentaban contra el ornato urbano, y gracias también a tales imágenes se facilitó la identificación de los responsables. En esta oportunidad ya no podían esconderse en el anonimato ni pretender otra “Fuente Ovejuna”.

Antes, en una marcha con similar propósito, realizada en la avenida Arequi-pa, entre su intersección con la avenida 28 de Julio y el Óvalo de Miraflores, ya se habían producido desmanes, con daños al mobiliario urbano y monumental.

Ambos casos fueron denunciados por un grupo de regidores en el Concejo Metropolitano de Lima y el Ministerio Público inició la correspondiente investi-gación fiscal.

Pese al tiempo transcurrido los vecinos no conocemos el estado del proceso, ni tampoco si la Municipalidad de Lima se ha apersonado como agraviada en representación de la Ciudad. La autoridad local no solamente tiene como obliga-ción velar por el tránsito, coadyuvar en la seguridad ciudadana, mantener pistas y veredas, asegurar el alumbrado público y velar por espacios apropiados para el esparcimiento de los vecinos; sino también proteger las zonas monumentales entre otras.

Es por ello que la autoridad municipal no debería estar ausente de exigir sanción a los vandálicos responsables.

Como en su momento el grupo de regidores a los que nos referimos, lo hi-cieron notar, los casos mencionados revisten mayor gravedad pues el “Centro Histórico de Lima” fue reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.

Nuestro Código Penal tipifica como delito el perpetrar daños a la propiedad pública y asimismo a la privada, al igual que a quien destruye o inutiliza bienes muebles o inmuebles, total o parcialmente ajenos. Por lo expuesto se hace indis-pensable culminar la investigación fiscal, procesar a los responsables y aplicarles la sanción que corresponda, y que ello sirva como escarmiento para que hechos como los señalados no vuelvan a ocurrir.

No dejemos que atentados contra nuestros monumentos queden en el olvi-do por desidia de quienes tienen el deber de procesar y de quienes deben impul-sar los procesos.

Diario Expreso

15 de marzo de 2013

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JUSTICIA INDÍGENA

En diciembre pasado, mediante Resolución Administrativa No 499-2012-P-PJ, el Poder Judicial aprobó la “Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural”, elaborada por una Comisión sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz, con el propósito “de continuar con la promoción y consolidación de un sistema de justicia intercultu-ral que responda a la realidad pluriétnica y cultural de nuestro país”.

En la citada Hoja de Ruta hay el compromiso del Poder Judicial de crear la “Dirección Nacional de Justicia Intercultural” para “contribuir al reconocimiento e interacción de los sistemas de justicia que operan en el país” así como “conside-rar aspectos relativos a la justicia intercultural”.

Hay que tener muchísimo cuidado con lo expuesto, pues podría llevarnos a contrariar preceptos constitucionales y tratados sobre Derechos Humanos que consagran la igualdad ante la ley, a la no discriminación, y a la prohibición de expedir normatividad legal especial por razón de la diferencia de personas.

Cierto es que nuestra Constitución en su artículo 149, reconoce el derecho de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campe-sinas, para ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial según el derecho consuetudinario; pero ello es “siempre que no violen los dere-chos fundamentales de la persona”. A ello se agrega que la novísima Ley 29824 de la Justicia de Paz, determina que el juez de paz, debe preservar los valores que la Constitución consagra, aunque respetando la cultura y costumbres del lugar.

Advertimos todo lo señalado, pues cada vez más, notamos que algunas autoridades del Estado se muestran reacias a imponer la ley, como manda la Constitución, cuando se trata de integrantes de comunidades nativas, campe-sinas, indígenas, y rondas campesinas. A todos ellos se les trata con intolerable benevolencia y con un mal entendido sentimiento paternalista.

Pretextando costumbres ancestrales o cultura diferenciada, integrantes de algunas comunidades hacen lo que les viene en gana, desconociendo el principio básico que los derechos de uno terminan cuando comienzan los de los demás. Pero lo que es más grave es el comportamiento de autoridades que validan los atropellos.

Hasta ahora nos preguntamos ¿qué sanciones se han aplicado a los nativos que ultimaron a un numeroso grupo de policías en los luctuosos acontecimientos de Bagua? o también ¿si se ha procesado o no a los secuestradores de los tres geólogos, funcionarios públicos del INGEMMET?

Recordemos: en octubre del 2012, integrantes de la Comunidad Awajun de Supayacu, en selva cajamarquina, detuvieron a un grupo de funcionarios es-tatales, los maniataron, secuestraron, flagelaron y sometieron a torturas físicas

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y psicológicas, y encima para liberarlos pidieron pago de rescate, que felizmente no prosperó. En ésa oportunidad quien presidió la comisión de diálogo para la liberación de los agraviados, cuestionó que miembros de la Defensoría del Pue-blo, el Alcalde Provincial, y otras autoridades, incluyendo al párroco, mostraron actitud permisiva y de protección a los antisociales, denominando al secuestro con la bondadosa calificación de “retención”.

Debemos estar vigilantes, todos están sometidos a la Constitución y la ley, sin privilegios.

Diario La Razón

01 de noviembre de 2013

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DERECHOS HUMANOS

INFORMACION E INTIMIDAD

Tanto los Tratados sobre Derechos Humanos como nuestra Constitución, garan-tizan el derecho de toda persona a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, por cualquier medio de comunicación. Pero también los mismos Tratados y la Constitución que nos rige, determinan el derecho a la intimidad personal y familiar.

La Constitución excluye del derecho al acceso a información conservada por entidades públicas, a la que afecta la intimidad personal.

Siendo derechos de la persona humana, de un lado el acceso y a la vez di-fusión de información, opinión y expresión, y de otro lado el de la intimidad, se sigue discutiendo cual de ellos debe primar o cual preferirse en caso de colisión de ambos.

Unos tratadistas anteponen el interés colectivo a la información, antes que el de la intimidad que es personal. Otros exponen la preeminencia de la intimidad porque la persona humana debe ser el centro de atención de la sociedad y del Estado.

Existen quienes quieren encontrar respuesta a cual de los derechos prevale-ce, sobre la base de distinguir personas que están únicamente dentro del ámbito privado, de las que por ejercer actividad pública sus actos y omisiones deben transparentarse a los demás, dejándose de lado la intimidad que solo debe com-prender a las personas privadas.

El tema es muy sensible y la discusión es válida, por lo que hay que saber has-ta donde puede llegar el derecho bidireccional a la información y a la expresión, y si se puede excluir a los personajes públicos de la protección a su intimidad.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada”. El Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos amplía la prohibición, y además de proscribir las

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“injerencias arbitrarias” agrega “las ilegales”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, ensancha algo más el concepto excluyendo también las injerencias “abusivas” en la vida privada.

Nuestra Constitución no señala inequívocamente cual de los derechos que comentamos es el más significativo. A todos los pone por igual en su enu-meración, pero no podemos pasar por alto el artículo primero que contiene la filosofía humanista de la Ley de Leyes al disponer la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, como fin supremo de la sociedad y del Estado.

En lo que se refiere a distinguir entre personas del sector privado y del pú-blico, tal distinción es forzada pues la propia Constitución y los Tratados Inter-nacionales que hemos referido, propugnan la igualdad ante la Ley. Todos tienen su intimidad que es la que no tiene relevancia pública.

La regla de oro está contenida en el Artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás.

En este tema de protección al derecho a la intimidad, debemos recordar que no sólo alcanza a la persona sino también a la familia, y que aún en el caso que quien ejerza posición pública quisiera prescindir de la tutela a su intimidad, no puede ello extenderse a la intimidad de su familia ni la de terceros, que gozan del mismo blindaje constitucional y de convenciones internacionales.

No olvidemos que los derechos no son irrestrictos, y que siendo la prensa libre y responsable, pedestal del sistema democrático, la alcanza la obligación de asegurar el respeto a los derechos y a la reputación de los demás.

Diario Expreso

01 de diciembre de 2006

DDHH DE SANTO

Acabamos de celebrar un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ya suman 61. Muchos desde su aprobación pero insufi-cientes para encontrarnos satisfechos en el avance de su aplicación en el mundo.

La ocasión es buena para recordar que el 11 de diciembre de 1948, la Asam-blea General de las Naciones Unidas la aprobó con el voto de 58 estados, entre de ellos el Perú, se ha traducido a más trescientas lenguas.

Los Derechos Humanos se encuentran íntimamente relacionados con la ONU, pues su carta constitutiva determina que su protección es uno de sus fines.

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Para hacer la relación de los Derechos Humanos la ONU nominó una Co-misión cuya presidencia recayó en Eleanor Roosvelt, y la Unesco levantó una encuesta entre personas tan heterogéneas como Mahatma Gandhi, Salvador de Madariaga, Benedetto Croce, Pierre Theihard de Chardin, Aldous Huxley, y Ja-cques Maritain entre otros. La preparación del texto demoró dos años, y en su preámbulo se señaló que era un ideal común por el que todos los pueblos y na-ciones deben esforzarse.

Durante muchos años se consideró que únicamente los estados podían vio-lar los Derechos Humanos, tesis defendida por lustros por Organizaciones No Gubernamentales Defensoras de los Derechos Humanos, en su errada idea que sólo ellas defendían dichos Derechos. Tan infeliz prejuicio significó que no se pudiera acusar de violación de Derechos Humanos a organizaciones terroristas y sus componentes. Afortunadamente la razón prevaleció y ya se reconoce que dichos Derechos se violan también por instituciones y personas ajenas a los es-tados.

Debemos lamentar que aún existan entidades, autoridades y personas, que quieran ignorar los padecimientos de nuestro Perú originados por el terrorismo, y lo que es peor, tengan casi desatada una persecución desde nuestros tribunales contra quienes nos libraron de ésas huestes asesinas que sembraron odio, destrucción y muerte.

Nuestros valerosos soldados, policías y ronderos, aún concurren a citacio-nes y audiencias judiciales, acusados de cuanto uno se pueda imaginar, por haber cumplido con sus deberes. Esto tiene que acabar, pues los Derechos Humanos son para todos, y entre ellos el debido proceso. Si existieron algunos actos bo-chornosos de los que todos nos avergonzamos, no deben quedar impunes, pero ellos son singulares, perfectamente identificables, pero no se puede mancillar con acusaciones antojadizas a quienes llevaron el uniforme de la patria para desterrar al terror y lo que algo todavía queda de él.

Diario Expreso

18 de diciembre de 2009

DISCREPAR

Uno de los derechos fundamentales y más apreciados del ser humano es su liber-tad, en sus diferentes manifestaciones.

Es así que tiene derecho -y le es reconocido- a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensa-

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miento, mediante la palabra oral o escrita o la imagen, o por cualquier medio de comunicación social. También a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica. A la libertad de tránsito e igualmente a trabajar libremente, como a la libertad y seguridad personal, entre muchas otras libertades, pues por lo demás en este mundo en que vivimos y después de las guerras mundiales acaecidas en el siglo XX, hay una cultura universal que aprecia y defiende la libertad, combatiendo todo intento de conculcarla.

Dentro de la libertad de opiniòn y expresión, se puede concordar o coincidir con otros, al igual que se puede disentir o discrepar, lo que no sólo es lícito sino tambièn absolutamente legìtimo, mientras se guarde el respeto debido y se haga con las formas que manda la urbanidad y buenos modales.

Entre los sectores que combaten con màs fuerza y perseverancia los intentos de amordazar las expresiones y de limitar el sagrado derecho a la opiniòn, indis-cutiblemente se encuentra la actividad acadèmica y la periodística, pues sin el respeto a la libertad, el ejercicio de tales actividades serìa riesgoso y sujeto pro-bablemente a la incomprensiòn de quien ejerce el poder o de quien sintiéndose mesiánico se considera el único depositario de la verdad y por ello piudiera tratar de callar otras expresiones o posiciones.

El mundo actual requiere de diálogo permanente, de confrontación de ideas y de expresiones, y así con consensos y disensos, encontrar puntos comunes que hagan posible el avance de la sociedad en aras del bien común.

Llama la atención que quienes son defensores natos de los derechos de opinión y expresión, esto es los periodistas, algunos de ellos muestren sorpresa cuando alguien que forma parte de un colectivo, como pudiera ser un gobierno, o haya formado parte de él, exprese alguna respetuosa discrepancia. Discrepar con respeto ni ofende ni perjudica, aclara, fija posiciones, puede incluso rectificar, pero ello constituye el ejercicio del derecho más preciado, que es el de la libertad.

Diario Expreso

19 de marzo de 2010

EJERCICIO DE AUTORIDAD

No es posible, seguir observando toma de vías de comunicación, interrupción del tránsito de personas y mercancías, y actos de violencia para expresar protestas, justificadas o no.

Todos tenemos el derecho de expresarnos e incluso protestar por actos de gobierno nacional, regional o municipal, pero dicho derecho tiene que ser

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ejercitado dentro de los parámetros que permiten la Constitución y la Ley, esto es, pacíficamente y sin armas, y conociendo que el derecho a la protesta tiene límites, pues el derecho de unos concluye cuando colisiona con el derecho de los demás.

Nos preguntamos ¿por qué ciudadanos de bien son impedidos de transitar por las carreteras? ¿porqué personas que han tomado un autobus y esperan llegar a su destino a una hora determinada, tienen que esperar horas y hasta días y noches varados en la carretera? ¿por qué ésos mismos ciudadanos tienen que padecer las penurias de un viaje interminable, sin alimentos y soportan-do las inclemencias del clima además de violencia de manifestantes? ¿por qué productos alimenticios que son perecibles y que se transportan en camiones y otros vehículos se pierden por la acción de irresponsables manifestantes que interrumpen el tránsito? ¿por qué productores y comerciantes pierden el fruto de su trabajo y esfuerzo, por la acción de manifestantes que tratan de poner de rodillas a la autoridad? La violencia no debe permitirse -y todos deben enten-der- que quienes impiden indebidamente el tráfico de personas, mercancías y vehículos, están cometiendo delito, que tiene que ser denunciado, procesado y castigado. Nada de hacerse de la vista gorda y que levantadas las medidas de fuerza, aquí no pasó nada. Si señor, si pasó, se perpetró delito, se chatanjeó a las autoridades, se ocasionó daños a terceros y se atentó contra lo que debe ser la convivencia pacífica.

Quienes ejercen la autoridad de que están investidos, no deben dejarse pre-sionar por los actos de fuerza de los reclamantes. El diálogo que todos queremos para resolver conflictos, no puede llegar a buen puerto bajo amenazas y violen-cia. Para que las soluciones sean fruto del diálogo, este tiene que ser libre, sin intimidación que lo invalide

El ejercicio de la autoridad dentro de lo que señala la Constitución y la Ley, es absolutamente legítimo y no puede tildarse de autoritarismo ni menoscabarse la obligación policial de garantizar, salvaguardar, mantener y recuperar el orden interno, pues ésa es su razón de ser. No dudamos que hay que tener prudencia en el ejercicio del poder recibido del Estado, pero también hay que llamar la aten-ción a quienes denuncian y procesan al personal policial y militar, cuando lo que hacen es cumplir con sus obligaciones institucionales en bien de los más. Propi-cian sin quererlo, que los llamados a preservar el orden, hagan la del muertito, o sea nada, lo que sería inadmisible.

Diario Expreso

23 de abril de 2010

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DERECHO A LA INTIMIDAD

Dice el maestro Rodrigo Borja en su “Enciclopedia de la Política” que intimidad o privacidad que se emplean corrientemente como sinónimos, “significa lo que es particular o reservado de cada individuo” así como a la “discreción o reserva que deben rodearla, en las relaciones humanas y con mayor razón en las relaciones políticas”. En buena cuenta los datos sensibles.

También acota Borja que para quienes están en actividad política el tema de la privacidad se ha venido mutando. Por ello señala que “una cosa es la inti-midad personal y familiar de los actores de la vida política del Estado, como un derecho común a todos los seres humanos, y otra muy distinta es el proceso his-tórico de transformación en asuntos de interés público de zonas de la vida social que antes estuvieron sometidas exclusivamente al dominio particular”.

Ante la cada vez más invasiva acción de fisgones de oficio o simplemente intrusos por afición, hay que recordar que el derecho a la intimidad es para todos y no sólo para algunos, tanto es así que nuestra Constitución -con respecto a los Derechos Humanos- dice que “toda persona tiene derecho -entre otros- “...a la intimidad personal y familiar...”

La misma Constitución refuerza el concepto cuando al reconocer el derecho a recibir información de cualquier entidad pública, exceptúa las que afectan la intimidad personal. Enfatiza el tema prohibiendo a los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, a suministrar informaciones que afec-ten la intimidad personal y familiar.

El Derecho Internacional es rico en la protección de la intimidad, tanto es así que la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dispone que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataque a su honra o a su repu-tación”.

Apoyando el principio de protección a la intimidad el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, también de Naciones Unidas, repite lo señalado, que igualmente recibe el soporte de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” de la OEA que además de proteger a las personas de injerencias arbi-trarias le agrega también de injerencias “abusivas”.

No cabe discusión sobre el comportamiento ético que deben tener quienes participan en la cosa pública, sea por nombramiento o por elección y sea cual-quiera el nivel de su desempeño (nacional, regional o local) o la entidad o insti-tución pública que los alberga. En los tiempos en que vivimos es sustancial la transparencia en las actividades de los agentes estatales y la publicidad de sus decisiones, lo que ayuda en la fiscalización a que tienen derechos los ciudadanos.

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Conforme observamos, quienes pretenden función pública o quienes ya la ejercen, tienen derecho a preservar su intimidad pero también la obligación de ser transparentes. De allí nace el problema que es la determinación del límite del derecho y de la obligación señalada y como compatibilizarlos.

Consideramos que el límite al que nos referimos lo constituyen acciones u omisiones, y en general comportamiento que pudiera afectar el ejercicio de la función pública o pudiera influir indebidamente en sus decisiones. Consecuen-temente la vida privada del aspirante a cargo público o en ejercicio del cargo, que pueda en alguna medida afectar o influir irregularmente en sus acciones u omisiones, podrá sustraerse de la reserva o confidencialidad, pero lo que no afecta o influye, rigurosamente tendrá que mantenerse en la esfera de lo íntimo o privado.

Entre las acciones más despreciables de los seres humanos se encuentra la de entrometerse y hurgar en la vida ajena cuando hay propósitos subalternos y más cuando concientemente es para causar daño, olvidando que es fácil deshon-rar pero dificilísimo recuperar prestigio, buen nombre y consideración.

Diario La Razón

16 de mayo de 2010

PUNTOS SOBRE LA “I” DE LORI

Se ha gastado toneladas de papel e impresionante cantidad de tinta, sin olvidar espacios radiales y televisivos, respecto a la liberación condicional de Lori Beren-son Mejía. Las opiniones por lo general se han dado respecto a dos materias, la primera si era conveniente dar el beneficio a la mencionada persona, y la segunda relacionada a responsabilidades por la dación de normas legales menos severas que las primigenias en materia de terrorismo y beneficios penitenciarios.

Simplemente como referente antes de expresar juicio de valor sobre este asunto, recuerdo que en los croquis de las instalaciones del Congreso que le fue-ron encontrados a Lori Berenson y sus cómplices, se evidenciaba que ingresarían al Hemiciclo -con propósitos nada santos- por puerta en que lo más cercano era la curul que en ése entonces ocupaba quien escribe este artículo. Por ello entre otras muchísimas razones tiene que descartarse cualquier idea de simpatía con la citada delincuente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Perú debía adecuar la legislación antiterrorista a las reglas de los Tratados Internacionales

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sobre Derechos Humanos que había suscrito, y luego nuestro Tribunal Constitu-cional por sentencia del 3 de enero del 2003, dispuso también la adecuación de la mencionada legislación.

Atendiendo a lo expuesto en el párrafo precedente el Congreso por Ley 27913, delegó en el anterior gobierno la facultad de legislar en materia antiterro-rista y sobre ejecución penal, para reemplazar la legislación anterior que había sido objetada por la Corte Interamericana y por el Tribunal Constitucional Pe-ruano. Es así que en febrero del 2003 se expide el Decreto Legislativo 927 -hoy tan vapuleado- por el que entre otras disposiciones se autoriza conceder a los condenados por terrorismo el beneficio de la “liberación condicional” cuando ha-yan cumplido efectivamente tres cuartas partes de la pena privativa de libertad impuesta, siempre que no tengan otro u otros procesos pendientes con mandato de detención.

La concesión de la “liberación condicional” no es automática, pues se re-quiere que el peticionario haya tenido buena conducta en los establecimientos penitenciarios en que estuvo recluido. El Consejo Técnico Penitenciario debe evaluar en forma personal al peticionario, con intervención obligatoria del fis-cal, y dicho Consejo deberá emitir un informe sobre el grado de readaptación del solicitante. El juzgador debe analizar todo ello y establecer si los fines del régimen penitenciario se han cumplido, de manera que el solicitante pueda incorporarse a la sociedad aún antes de que se haya cumplido el íntegro de la condena.

Lori Berenson solicitó la “liberación condicional” y le fue otorgada por el Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima mediante resolución del 25 de mayo del 2010, que ha sido duramente cuestionada, aunque tiene como sustento -entre otros- el principio constitucional que el régimen penitenciario es para la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, aunque conociendo nuestras cárceles tengo muchísimas dudas que ello se logre.

La “liberación condicional” a Lori Berenson le fue concedida contradicien-do el previo dictamen fiscal, pero tomando en cuenta los certificados de antece-dentes, los informes de carácter social, médico y sicológico, y los informes sobre cómputo laboral y de conducta en los penales de reclusión. Desde la óptica de las formalidades, aparentemente se han cumplido con todos los informes, trámites, y requisitos para el beneficio, pero quedan dudas sobre si Lori Berenson está o no apta para regresar a la sociedad sin que constituya peligro para los demás.

La concesión de la “liberación condicional” ha sido apelada ante la Sala Pe-nal que corresponde de la Corte Superior, siendo conveniente que se hagan nue-vas evaluaciones y peritajes, pues nadie quiere que la señora Berenson este libre sin cumplir la totalidad de la sanción.

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Aún cuando el Decreto Legislativo 927 en que se ampara la concesión de la liberación condicional fue modificado por el actual gobierno en julio del 2007 por el Decreto Legislativo 985 y luego derogado en octubre pasado por Ley 29423, estaba vigente cuando fue solicitado el beneficio por lo que su aplicación fue válida.

Soy de los que creen que no hay que bajar la guardia frente al terrorismo y que hay que seguirlo combatiendo, así como que el Estado no puede ser bobo ni permisivo, pero también es cierto que en estado de derecho tienen que cumplirse sentencias supranacionales y nacionales, y ello se hizo por el Decreto Legislativo 927 por delegación del Congreso, el que no pierde su derecho a revisarlo, corre-girlo, modificarlo o derogarlo, lo que no realizó oportunamente, por lo que hoy no es propio tratar de responsabilizar al gobierno anterior.

Un tema adicional destacable, es la indignación de muchos ciudadanos por la permanencia de Lori Berenson en el Perú, bajo liberación condicional, esto es en libertad pero cumpliendo determinadas reglas de conducta. El D. L. 927 ya derogado pero aplicable todavía al caso de dicha condenada, ordena su impedi-mento de salida del país, por lo cual el Sector Justicia sugirió que el Presidente de la República conmute la pena privativa de libertad que le faltaría cumplir a la señora Berenson, para que pueda salir del Perú. Espero que esto no se haga, pues sería un pésimo antecedente que hay que evitar y que resiente a la sociedad.

Resumiendo y poniendo los puntos sobre la i de Lori, los beneficios que con-tiene el Decreto Legislativo 927 se dieron por el gobierno anterior, por delegación legislativa del Congreso que pudo hacerle modificaciones y no las hizo, y porque así lo había ordenado tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional. Así estemos en desacuerdo con tal Decreto Legislati-vo, no puede haber responsabilidad gubernamental por cumplir las sentencias. Al haberse apelado la liberación condicional, debería reevaluarse si la condenada está en aptitud de ser acreedora a dicho beneficio o volver al establecimiento pe-nitenciario, como muchos reclamamos.

Diario La Razón

27 de junio de 2010

CULTURA DE PAZ

Acaba de celebrarse el Día Mundial por la Paz, y ello nos lleva a algunas re-flexiones. Mientras las organizaciones internacionales creadas para promover la paz, como la ONU, se prodigan en declaraciones y promoción de tratados entre

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los Estados con dicha finalidad, lamentablemente no hay acción suficiente para combatir las causas de los conflictos, como pueden ser entre otras, el hambre, la pobreza, y las carreras armamentistas.

Son encomiables pero insuficientes los compromisos para la no prolifera-ción de armas nucleares, solución pacífica de controversias, asistencia recíproca en casos de desastres, la globalización e interculturización, ecumenismo, y avan-ces en el comercio internacional.

Difícil comprender en el mundo y tiempo en que nos ha tocado vivir, que aún tengamos conflictos religiosos y étnicos, a lo que se suma la desesperanza de grandes sectores migrantes por la xenofobia en algunos países, acrecentada por la crisis económica internacional.

Todo lo que se pueda hacer en el ámbito internacional y en las relaciones en-tre Estados así como las interconfesionales, será poco si es que no propugnamos en la gente la existencia de cultura de paz, de diálogo permanente, de tolerancia para expulsar de mentes y acciones la innecesaria violencia.

La cultura de paz tiene que fomentarse desde el hogar, pasando por las es-cuelas, y ser una constante en todas las etapas de la vida. En esto la familia y el Estado tienen gran responsabilidad, pues son los llamados a estimularla y pro-moverla.

Los partidos políticos y la prensa tienen también responsabilidades en el fomento de la cultura de paz, y deberían dar ejemplo con sus acciones. Empero nos encontramos que hasta en las campañas políticas para obtener el favor popu-lar, se utilizan muchas veces prácticas incorrectas, acusaciones sin fundamento, y hasta agresión física. La información mediática tampoco ayuda a la cultura de paz, pues parecería ser que es rentable difundir más lo trágico y lo truculento, que las buenas acciones.

Felizmente hay excelentes acciones encaminadas a la prosecución de la paz y son destacables, por ejemplo, la reiterada propuesta desde Filipinas para crear en las Naciones Unidas un Consejo Interreligioso que ayude a la tolerancia y acción común entre los diferentes credos; los llamados “Desayunos de Oración” entre feligreses de distintas confesiones para orar con sus líderes laicos y reli-giosos por paz duradera; y en nuestro hemisferio el reciente esfuerzo común en Chile y Perú, conducido por sus Cardenales Errázuris y Cipriani, para la difusión del libro “Unidos por la Fé” que afirma lo que nos une y superemos lo que nos distancia.

Diario Expreso

24 de setiembre de 2010

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¿Y LOS DEBERES?

Nos estamos habituando a reclamar derechos y exigir que los demás cumplan sus obligaciones. Le pedimos a la Policía que resguarde el orden público y nos proteja. Solicitamos a los alcaldes que el tráfico sea fluido. Pedimos a los trans-portistas que respeten la luz roja y circulen por el canal preestablecido. Podíamos seguir escribiendo páginas y páginas de las peticiones más diversas, pero nos quedamos chicos respecto al cumplimiento de los deberes y obligaciones. Todos reclaman ejercicio de derechos pero rara vez recuerdan que tienen que cumplir con las obligaciones.

Al igual que otros, hemos repetido casi hasta el cansancio, que todo derecho lleva correlativo el cumplimiento de alguna obligación, y para que exista el orden que el país requiere, es imprescindible que cada quien cumpla con los deberes que el vivir en sociedad les impone. Tengo derechos, pues si, y me los repiten a cada momento, y más aún en estos tiempos que es tan recurrente hablar de los Derechos Humanos, pero ¿y los deberes? ¿qué pasó con ellos? ¿hay lamentable olvido? La respuesta es que pocos los recuerdan, pues estamos albergados en sociedades en que se desarrolla la cultura del derecho con prescindencia de los deberes que tenemos que cumplir.

No miremos si la Policía lo hace bien, tratemos de cumplir con nuestros deberes ciudadanos prestándole colaboración. No reclamemos al alcalde por las deficiencias del tránsito, si es que manejamos por donde nos da la gana. No exi-jamos a los transportistas que respeten la luz roja, si es que actuamos como si el semáforo siempre estuviera en verde, y así podríamos seguir con la letanía hasta el infinito.

En su Carta Encíclica “Caritas In Veritate”, el Papa Benedicto XVI nos llama a la reflexión sobre los deberes que los derechos presuponen, y sin los cuales estos se convierten en algo arbitrario. Afirma que en la relación entre derechos y deberes, “los derechos individuales, desvinculados de un conjunto de debe-res que les dé un sentido profundo, se desquician y dan lugar a una espiral de exigencias prácticamente ilimitada y carente de criterios”. Concluye en que “la exacerbación de los derechos conduce al olvido de los deberes”

Cumplamos deberes para reclamar derechos y bajo la regla más reputada que consiste en reconocer que nuestros derechos terminan al comenzar los de los demás.

Diario Expreso

21 de enero de 2011

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DEFENSA Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El Gobierno no defenderá a violadores de Derechos Humanos, es la afirmación del Ministro del Sector Justicia, y tiene toda la razón, siempre y cuando previa-mente exista sentencia firme en que se condene al inculpado por delitos que sig-nifiquen infracción a tales Derechos.

En nuestro sistema jurídico, como lo hay en todos los países democráticos y respetuosos de los Derechos Humanos, existe la presunción de inocencia y no de culpabilidad, por lo que se tendrá que ser muy cuidadoso para no transgredir dicha presunción negando la asistencia legal a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, que en la lucha contra el terrorismo pudieren haber sido inculpados por la violación de algún derecho sustantivo.

El ser inculpado no significa que haya culpabilidad, pues la inocencia se pre-sume y la culpabilidad se prueba en procedimiento jurisdiccional regular, con sen-tencia firme. Mientras ello no suceda la presunción es de inocencia y el Estado debe velar por las personas que formando parte del mismo sean denunciadas..

Nadie quiere impunidad, pero tampoco se desea prejuzgar y menos dejar indefensos a quienes en nombre del Estado actuaron contra el terrorismo y pu-dieren haber sido inculpados por violación a los Derechos Humanos, lo que mu-chas veces ha sucedido sin haberse acreditado los supuestos hechos, y que han tenido durante años en zozobra a quienes nos libraron del flagelo terrorista, per-judicando sus carreras castrenses o policiales, postergando ascensos, y encima teniéndolos alejados de sus familia para estar atendiendo los procesos judiciales que se llevan en sede distinta al del lugar de su residencia habitual.

Dijo también el Ministro que no se propiciará el litigio innecesario. ¿Acaso es innecesario el litigio donde el inculpado tiene derecho a defenderse? Eviden-temente no lo es.

También se refiriò a actuados ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado Peruano buscará soluciones amistosas, lo cual es conveniente y ya se ha hecho en otras ocasiones, pero si ello no se logra la Procuraduría del Estado encargada de los temas contenciosos en Sede Interna-cional tiene la obligación de defender al Estado, que es el demandado, haciendo conocer la situación vivida en nuestra patria por causa del terror subversivo y homicida, e incluso hasta mostrar los atenuantes en los casos que hubiera respon-sabilidad del Estado, con la finalidad de atenuar las reparaciones económicas que al final de cuentas las paga el Estado con el dinero proveniente de nuestros impuestos, y posponiendo quizás muchas otras necesidades que podría solven-tar en el bienestar de todos los peruanos.

Recordemos caso en que el Estado Peruano se allanó a demanda en sede supranacional, con las lamentables consecuencias económicas que se tuvo que

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sufragar. Cuídado que ya tenemos experiencia en errores cometidos antaño, no los vuelvan a repetir.

Diario Expreso

09 de setiembre de 2011

MANDATO DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Los bienes tutelados por los Derechos Humanos son la vida y la integridad de las personas, y es por ello que tanto en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” como en el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se establece que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La última Convención citada agrega que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Nuestra Constitución es aún más explícita al disponer que “Nadie debe ser víc-tima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes….Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia”.

Como las disposiciones enunciativas requieren de vías para hacerlas cum-plir, y de ser el caso, sanciones por incumplimiento, bajo los auspicios de las Na-ciones Unidas se aprobó la “Convención contra la Tortura”, y bajo los auspicios de la OEA la “Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.

Adicionalmente y con la participación de la ONU, la Convención contra la Tortura fue complementada con el “Protocolo Facultativo”, el que fue incorpo-rado a la legislación nacional. Dicho Protocolo tiene por finalidad prevenir los actos de tortura, así como tratos y penas crueles o degradantes, para proteger a las personas privadas de libertad, y que sean respetados sus Derechos Humanos.

Con la finalidad preventiva se estableció en el Protocolo un sistema de visi-tas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes, a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad.

Los Estados signatarios del Protocolo y quienes se adhirieron al mismo, están obligados a designar y mantener a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura a personas que sufran detención o encarcelamiento o simple custodia en una institución de la que no pueda salir libremente, sea por orden de autoridad judicial, administrativa o de otra autoridad pública.

El plazo para designar al órgano nacional, en el caso del Perú venció el 14 de octubre del 2007, pese a lo cual hasta ahora no se ha subsanado la omisión, por lo que ha hecho bien el Colegio de Abogados de Lima en reclamar se no-

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mine cuanto antes al organismo nacional independiente llamado a efectuar las medidas preventivas y las demás acciones previstas en el Protocolo Facultativo anteriormente mencionado.

Consideramos que la Defensoría del Pueblo, debería ser el organismo nacio-nal que realice la acción preventiva dispuesta por el Protocolo Facultativo, ya que le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la per-sona y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración. Además el Defensor del Pueblo goza de total independencia en el ejercicio de sus funciones, no está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad.

Esperemos que pronto se dicte la norma que encomiende a la Defensoría del Pueblo la misión de ser también el órgano nacional de prevención con el que se cumpla un compromiso internacional de clara vocación por el respeto a los Derechos Humanos.

Diario La Razón

05 de febrero de 2012

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Quienes han asumido el oficio de acusetes contra el Estado Peruano ante los or-ganismos internacionales de Derechos Humanos, por supuestas violaciones a di-chos derechos, han ideado un nuevo concepto para seguir empapelando al Perú, y le denominan “criminalización de la protesta”.

La etiqueta descrita, la están empleando en organizaciones no gubernamen-tales extranjeras e internacionales como CEJIL, HUMAN RIGHTS WATCH, AM-NESTY INTERNATIONAL, WOOLA y otras. No son las únicas, pues a nivel nacional se escucha y se lee a representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de APRODEH y de muchas otras ONGs, aludir a la “crimi-nalización de la protesta”.

¿Qué pretenden con acusar al Estado Peruano de criminalizar la protesta? Evi-dentemente inducir a todos los que le den auditorio, que el Perú se extralimita al tratar de impedir las consecuencias de la protesta cuando ella se torna en violenta.

Más que cierto que todos tenemos el derecho a protestar por lo que conside-ramos injusto o inconveniente, pero la protesta materializada en marchas, mani-festaciones y paros tiene que realizarse pacíficamente y sin armas, y con absoluto respeto al derecho de los demás.

Cuando la protesta se transforma en violenta y los manifestantes atacan a los policías, toman rehenes, dañan propiedad pública o privada, atentan contra

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la vida e integridad de las personas, ocasionan serias lesiones, manejan explosi-vos y material peligroso, entorpecen el funcionamiento de los servicios públicos, generan disturbios, bloquean y toman carreteras, impiden el tráfico de vehículos y personas, ¿puede el Estado estar inerme y sin reaccionar? Evidentemente la respuesta es negativa, ya que el Estado tiene no sólo el derecho sino la obligación de mantener o restablecer el orden público y cautelar la integridad de las per-sonas, proteger la propiedad, y garantizar el libre tránsito de personas, bienes y vehículos por el sistema vial y otros medios de comunicación.

Cuando hay disturbios y alteración del orden público, el Estado puede de-clarar estado de emergencia y confirmar a la policía en la tarea de recobrar el orden público, o puede también encargarle la tarea a las Fuerzas Armadas. Son decisiones que competen al Estado y que no constituyen criminalización de nin-guna protesta, sino proteger los derechos de manifestantes y de no manifestantes para que reine la paz y la concordia.

La acción del Estado es reactiva, y el hecho que ponga orden dentro de lo dispuesto por la Constitución y la ley, no es en ninguna forma criminalizar la protesta. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones e incluso tener muy presente que los funcionarios incurrirían en omisión punible de omitir la denun-cia frente a la perpetración de delito.

Diario Expreso

29 de junio de 2012

INDULTO Y ALGO MÁS

Dice antiguo refrán que el ser humano es dueño de sus silencios y prisionero de sus palabras, lo que es aplicable a las expresiones del Presidente Humala, quien dijo que si la familia del ex-Presidente Fujimori pide su indulto, lo evaluará.

Algunos creen que el Presidente se fue de boca, otros que el tema estaba conversado, e incluso hay quienes creen que lo dijo de buena fe, mientras otros más cautos le dan el beneficio de la duda. Sea cualquiera la motivación, lo cierto es que la decisión presidencial tendrá consecuencias, sean positivas o negativas. La medalla siempre tiene dos caras.

En este artículo no tomaré posición ni a favor ni en contra del indulto, pues solo tiene por finalidad aclarar conceptos.

Nuestro régimen constitucional está basado en la división de competencias entre las diversas instituciones del Estado, así tenemos que el Congreso dicta las leyes, como es el Código Penal en que se tipifican los delitos y se señalan

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sanciones. También tenemos al Poder Judicial, encargado de administrar justicia bajo los parámetros de la ley, así como el Poder Ejecutivo responsable de hacer cumplir la ley y las sentencias de los tribunales.

La Constitución, sustentada en las tradiciones jurídicas y la doctrina, otorga facultades discrecionales a algunas autoridades en relación con la perpetración del delito y las sanciones impuestas a los transgresores. Al Parlamento lo faculta a amnistiar (que es olvido), mientras que al Presidente de la República a conce-der indultos (que es perdón), conmutar penas y ejercer el derecho de gracia, este último el único condicionado, ergo los demás absolutamente discrecionales, a voluntad de la autoridad competente.

En algunos casos, cuando la Constitución otorga atribuciones, agrega la frase “con arreglo a ley”, es decir que deberá existir además, norma de menor jerarquía con requisitos, especificaciones e incluso condiciones. En el caso de amnistía, in-dulto y de conmutación de pena, la Constitución no condiciona su otorgamiento a ninguna ley. Sin embargo leyes posteriores como las números 26478 y 28760 excluyen de la posibilidad de indulto a los actores de secuestro agravado y otros ilícitos, y en adición el Decreto Supremo 08-2010-JUS crea la Comisión de Gracias Presidenciales, que tiene a su cargo la tramitación de los pedidos de indulto, de-recho de gracia y conmutación de penas, aunque su evaluación no es vinculante para la decisión del Presidente de la República.

Las últimas normas mencionadas son limitativas a la facultad presidencial, que de acuerdo a la Constitución entendemos discrecional. Dichas normas, para graficarlo tajan al lápiz de la atribución presidencial reduciendo su espesor. La cuestión es definir si las normas limitativas son válidas o no, estimamos que no por estar ausentes como requisitos en la Constitución.

Se dice que los Tratados sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte, impiden la amnistía y el indulto. Falso, lo admiten expresamente el “Pacto Inter-nacional de Derechos Civiles y Políticos” (art. 6.4) de la ONU y la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” (art. 4.6) de la OEA. El suelo está parejo y el Presidente sin ataduras.

Diario La Razón

07 de octubre de 2012

INSISTEN EN EL NEGACIONISMO

El Poder Ejecutivo sometió al Parlamento un proyecto de ley para incorporar el “negacionismo” como figura delictiva en el Código Penal. Las críticas llovieron

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por doquier y las comisiones encargadas del estudio de la proposición le consul-taron a gil y mil, tanto en el Perú como en el exterior, sin encontrar eco favorable aunque si rechazo, comenzando por el Poder Judicial que de ser aprobado el desatino sería el encargado del procesamiento a los inculpados.

La presión gubernamental a los parlamentarios se ha dejado sentir para la aprobación del proyecto, tanto es así que estando en las comisiones dictamina-doras los más versados congresistas en materia jurídica, probablemente se han doblegado para no ser señalados injustamente como obstruccionistas.

Se dijo a los parlamentarios que ya se contaba con el delito de apología al terrorismo, cuya tipificación podía ser mejorada sin necesidad de incorporar el negacionismo al Código Penal, lo que era absolutamente baladí, tanto es así que el solo escribirlo en la computadora aparece como error.

Volvieron las comisiones parlamentarias a inquirir en el Poder Judicial so-bre las sentencias por apología al terrorismo, y la respuesta fue que nadie ha sido condenado por tal delito, pese a lo cual se insiste en el negacionismo, menos claro y más complicado que el primero.

La propuesta legislativa reformada en el dictamen parlamentario reprime al que niegue los delitos de terrorismo con las diferentes tipificaciones que se han dado a través de los años; e igualmente reprime al que niegue la calidad de autor o partícipe de tal delito cuando lo ha determinado sentencia judicial firme. En ambos casos con la motivación de promover el terrorismo o su apología, o sirva como medio para adoctrinamiento con fines terroristas.

Como vemos la tipificación es nebulosa, con necesidad que se acredite mo-tivaciones que de suyo son subjetivas, todo lo cual contraría la más elemental técnica en legislación punitiva.

Sin pecar de zahorí la propuesta normativa es fundamentalista, lleva a instaurar el pensamiento único y como verdad solamente la oficial, atentando contra libertades constitucionales como la de opinión, expresión y difusión del pensamiento y con olvido de la prohibición del delito de opinión.

Sería conveniente que los parlamentarios se pregunten si realmente creen que el instaurar el delito de negacionismo ayudará a combatir al terrorismo, pues en caso negativo tendremos otra norma ineficaz.

Nadie quiere democracia boba e indefensa, pero es super boba si crea armas inservibles.

Diario Expreso

07 de junio de 2013

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DESAPARICIONES FORZADAS

El Perú ha tenido el acierto de aprobar la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” adoptada dentro de la ONU en diciembre del 2006, años después que ella expresara su preocupación por los “desaparecidos” en su Asamblea General de diciembre de 1978 y de la “Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” aprobada en la Asamblea de diciembre de 1992.

La Convención define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agen-tes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autoriza-ción, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

No se repite el error de otras convenciones, como la Americana de Dere-chos Humanos, de considerar como agentes perpetradores de acciones contra los Derechos Humanos, sólo a los Estados. La Convención sobre desaparicio-nes forzadas autoriza tomar medidas para investigar sobre las inconductas antes mencionadas, que sean obra de personas que actúan sin la autorización, apoyo o permisibilidad del Estado.

Dentro de la corriente cada vez más aceptada, de la universalización de la pre-vención, procesamiento y sanción de graves delitos que afectan a los Derechos Hu-manos, amplía la atención de los Estados parte de dicha Convención a más vastos te-rritorios y a mayor campo de atención en cuanto a víctimas y victimarios. Importante también es que se sustenta en el derecho a la verdad y en la condena a la impunidad.

Considera agravante la desaparición forzada contra personas vulnerables, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y niños, lo que nos recuerda a los que mantuvo cautivos Sendero Luminoso y que un grupo de ellos fueron recien-temente rescatados por nuestras Fuerzas Armadas y Policiales.

Los Estados que formen parte de la Convención están obligados a la búsque-da, localización y liberación de las personas desaparecidas, a impedir el secretismo en las detenciones, a que las personas privadas de libertad solamente lo estén en lugares oficialmente reconocidos y con derecho a comunicarse con sus familiares. También estarán obligados a tener registros de las personas privadas de libertad, otorgando facilidades a su acceso.

Se ha creado un Comité (internacional) contra la Desaparición Forzada que se complementa con un sistema opcional de quejas para recurrir al Comité a fin que investigue actos que contravengan la Convención. Con acierto también y en contraste con la falta de disposiciones específicas respecto a la aplicación en el tiempo de otras convenciones, la Convención contra las Desapariciones Forzadas

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precisa que la competencia del Comité es para las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su vigencia para el respectivo Estado.

Atendiendo al mandato de la Convención, se debe incorporar al Código Pe-nal y tipificar el delito de “desapariciones forzadas” y las demás inconductas que aquella considera como punibles, lo que es tarea pendiente del Congreso.

Diario La Razón

08 de setiembre de 2013

COMANDOS EN RIESGO PROCESAL

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en audiencia pública celebrada el 2 y 3 de febrero último, ha visto la causa del “Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú”, más conocido en nuestro país como el caso de los Comandos Chavín de Huántar para recuperar la Embajada del Japón y los rehenes del MRTA.

Algunos consideran que hay exageración cuando para defender a los Co-mandos hemos advertido que están en riesgo de que se les vuelva a procesar en sede judicial nacional, en caso que la Corte Interamericana falle contra el Perú.

No hay exageración, el peligro existe. Prueba: la hoja informativa de la Corte difundida previa a la audiencia, donde menciona que el caso sometido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte del mismo nombre, “se relaciona con la alegada ejecución extrajudicial de 3 miembros del MRTA durante la Operación denominada Chavín de Huántar, mediante la cual se re-tomó el control sobre la residencia del Embajador de Japón en el Perú. Según la Comisión, dicho inmueble había sido tomado por 14 miembros del grupo arma-do desde el 17 de diciembre de 1996, y se había rescatado a 72 rehenes en 1997. Presuntamente estas 3 personas se habrían encontrado en custodia de agentes es-tatales y, al momento de su muerte, no habrían representado una amenaza para sus captores….La Comisión sostuvo que el Estado peruano no habría llevado a cabo una investigación diligente y efectiva de los hechos, ni habría determinado las responsabilidades sobre los autores materiales e intelectuales de los mismos”.

Si quienes creen que exageramos, y la nota informativa les parece poco, hay más, lean el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana, y que es el sus-tento para demandar al Perú ante la Corte Interamericana. En dicho informe la Comisión pretende que se reparen o indemnicen las violaciones a los Derechos Humanos de los 3 terroristas del MRTA que según ella fueron ejecutados extra-judicialmente. También pretende que se declare la nulidad del proceso en sede nacional por el cual fue sobreseída la causa contra los comandos y se aperture nuevo proceso en sede judicial común. Agrega la pretensión para que los jueces

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supremos peruanos que dirimieron competencia a favor del Fuero Militar, sean investigados, al igual que los jueces del Fuero Militar que dispusieron el sobre-seimiento, que tiene el carácter de “cosa juzgada”.

Insistimos, el riesgo para los comandos es real, y después de más 17 años de la exitosa operación, y luego de haber tenido que prestar infinidad de declaracio-nes y testimoniales, y lo que es más grave, haber sido procesados ante las auto-ridades jurisdiccionales, podrían verse sometidos nuevamente a investigación y procesamiento judicial.

Ésa situación es injusta para quienes pusieron su vida e integridad personal en riesgo para rescatar a los rehenes. Los comandos llevaron a cabo una ope-ración limpia, en que se ha demostrado que no tuvieron participación en actos contrarios a los Derechos Humanos, en el supuesto negado de haber existido.

El Procurador Supra Nacional, bajo la conducción del Ministro de Justicia, está haciendo impecable labor en defensa del Estado, y la seguiremos comple-mentado con el amicus curie que contiene los elementos de defensa a los coman-dos, que podrían ser afectados.

Diario La Razón

16 de febrero de 2014

INNECESARIA PROPUESTA

Una proposición legislativa ha sido presentada en el Congreso de la República para uniones civiles entre personas del mismo sexo. No se trata de matrimo-nio sino de convenio ante autoridad que genera derechos y obligaciones para quienes no teniendo impedimento para contraer matrimonio y siendo del mis-mo sexo desean contar con alguna formalidad que les permita tener bienes en común, que puedan heredar las propiedades del que fallece, que puedan recibir pensiones alimenticias o de otra naturaleza. En fin, tener los mismos derechos patrimoniales de los matrimonios heterosexuales.

¿Se necesita realmente la formalización de la unión civil de parejas del mismo sexo para acceder a lo antes señalado? La respuesta a nuestro parecer es que no se requiere, para lo cual podemos analizar cada una de las inquietudes expresadas.

La primera es el tema de bienes comunes. ¿Se pueden comprar bienes en copropiedad o condominio? La respuesta es afirmativa, más aún nuestro Código Civil regula la copropiedad entendida cuando un bien pertenece por cuotas idea-les a dos o más personas, quienes deciden de común acuerdo sobre temas impor-tantes respecto a los bienes y pueden establecer convencionalmente regímenes de administración, de uso y también de disfrute, entre otros.

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La segunda es el tema de la herencia. ¿Se pueden dejar bienes en herencia a la pareja del mismo sexo? Nuestro Código Civil norma la sucesión testamenta-ria, en que el testador puede disponer de sus bienes total o parcialmente e incluso puede ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley. Entre las limita-ciones está que el testador que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge puede disponer hasta libremente el tercio de sus bienes. Si solamente tiene padres u otros ascendientes puede disponer hasta la mitad y en caso de no tener cónyuge ni parientes de los antes señalados puede disponer de todo a su entera voluntad. En consecuencia la pareja a la que nos referimos si puede recibir bienes de la su-cesión testamentaria con arreglo a lo antes señalado.

La tercera es el tema de los regalos, lo que regula también el Código Civil bajo el título de donaciones. ¿Es posible que una persona regale todos o parte de sus bienes a la pareja? El donante puede transferir gratuitamente en vida, a quien le venga en gana, la propiedad de sus bienes dentro de los mismos límites antes expuestos para la sucesión testamentaria. En virtud de ello la res-puesta también es afirmativa.

La última es el tema de pensiones alimenticias o de cualquier otra naturale-za. ¿Hay formas de beneficiar con ella a la pareja respectiva? La respuesta sigue siendo afirmativa pues nuestra legislación permite otorgar pensiones o rentas vitalicias así como temporales a quien se crea por conveniente. Se puede incluso constituir fideicomisos para que se atienda al sostenimiento de cualquier persona con posterioridad al fallecimiento de quien lo constituye, y contratar seguros de vida, lo que está normado en la Ley del Sistema Financiero.

Como podemos ver, hay soluciones para resolver las inquietudes mencio-nadas, sin necesidad de establecer la unión civil entre personas del mismo sexo.

Diario La Razón

13 de abril de 2014

DERECHOS HUMANOS Y FUERZAS ARMADAS

Para algunas personas relacionadas con instituciones de defensa de los Derechos Humanos, felizmente no todas, e incluso para algunos que tuvieron participa-ciòn en el supuesto esclarecimiento de la verdad, durante los difìciles lustros de terrorismo en el Perù, y que algunos candorosamente llaman “violencia polìtica”, los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas serìan unos forajidos violadores de los derechos fundamentales de la persona humana. Craso error, nuestras Fuer-zas Armadas, junto con la Policìa Nacional, los ronderos, los Comitès de Autode-fensa y muchìsimas otras personas, combatieron al terrorismo homicida, cruel, destructor è infractor de todas las reglas de convivencia habidas y por haber.

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¿Hubo excesos? No se lo puede negar, pero ello no significa que existiera polìtica de estado para conculcar derechos, ni que el comportamiento de todos nuestros valerosos soldados que nos salvaron del terror, haya sido inhumano. No olvidemos el trauma que aùn queda en quienes combatieron para salvar al Perù, ni las situaciones que enfrentaron, los peligros a que estuvieron expuestos, muchas veces atacados por mujeres y hasta por niños que habìan sido adoctrina-dos y entrenados por los terroristas mayores para emboscar y matar.

El horror vivido, seguramente afectò la conducta de algunos de nuestros solda-dos, pero no se puede generalizar, ni tampoco por el recuerdo de situaciones indescrip-tibles por tenebrosas, perseguir con denuncias, citaciones, investigaciones y procesos judiciales a cuanta persona expuso su vida para enfrentar la lacra del terrorismo.

Nuestras Fuerzas Armadas, cada vez màs, se instruyen en lo que son los Derechos Humanos, asì como en el Derecho Internacional Humanitario, y las disciplinas ligadas con ellos. No son cavernìcolas ni nada que se les parezca, son instituciones formadas por seres humanos, con alegrìas igual que con tristezas; con amores, resquemores y tambièn odios; con simpatìas, empatìas y antipatìas; que igual que cualquier otra persona pueden tener temor y miedo.

Existe el “Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Huma-nos de las Fuerzas Armadas, en que se nutren de conocimientos humanitarios, generàndose mìstica de cumplimiento de los derechos fundamentales. En las di-ferentes escuelas del Ejèrcito, Marina y Aviaciòn, se instruye sobre los mencio-nados derechos, habièndose logrado comprometer el apoyo de la Defensora del Pueblo para dictar conferencias y hasta para llevar en el Centro de Estudios Na-cionales (CAEN) una maestrìa sobre Derechos Humanos y soluciòn de conflictos, que permitirà seguir preparando a nuestro personal.

El Estado ha asumido el costo de preparar en el extranjero a instructores en Derechos Humanos, que han sido matriculados en el Instituto de Cooperaciòn para la Seguridad Hemisfèrica (WHINSEC). Se han enviado a preparar oficiales en el Instituto Interacional de Derecho Humanitario, en San Remo, asì como en cursos-taller auspiciados por la Cruz Roja Internacional (CICR).

Se ha asistido a reuniones subregionales sobre Derecho Internacional Hu-manitario en la Comunidad Andina asì como sobre utilizaciòn de las Fuerzas Armadas en situaciones de violencia interna, sin olvidar los cursos y preparaciòn en CONADIH y la suscripciòn de convenios con el Comitè Internacional de la Cruz Roja y la Defensorìa del Pueblo.

Nuestros militares, de todas las armas e instituciones, asì como nuestros policìas, son instruìdos y preparados en el respeto a los derechos humanos y sus conocimien-tos lo ponen en pràctica al actuar pulcramente en defensa de los intereses del paìs.

Diario La Razón

07 de setiembre de 2009

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DESASTRES NATURALES

CONMUEVE

Despues de dos semanas del terremoto que asoló el llamado “Sur Chico”, no dejan de conmover las escenas que han quedado grabadas en nuestras retinas. La pér-dida de vidas, los huérfanos, las personas heridas, la desolación, la destrucción de viviendas y otras edificaciones, los escombros, y toda la penuria inenarrable cuan-do acontecen movimientos sísmicos de la intensidad del sufrido el 15 de agosto.

Muchas voces y muchas plumas, las primeras en elevados decibeles y las segundas en negrita o resaltadas, dando cuenta de las carencias, de la caída de comunicaciones, de la falta de electricidad y de agua, del colapso de los servicios públicos, de la demora en reparar las vías terrestres, y de la inoperancia de algu-nas instituciones.

Sin discusión alguna, nadie en su sano juicio puede negar las deficiencias, pero también es bueno recordar las acciones de solidaridad que también con-mueven y que son ejemplo a seguir. No se puede ignorar que los Presidentes del Poder Ejecutivo y del Legislativo, se hicieron presentes, que el primero prác-ticamente se mudó a la zona del desastre con parte importante del Consejo de Ministros, que desde los mismos lugares de la tragedia que enluta a miles de peruanos, estuvieron dirigiendo la recepción y distribución de ayuda y dictando las medidas conducentes a la pronta atención de los damnificados.

No se puede tampoco olvidar, los gestos solidarios de Presidentes como los de Bolivia y Colombia que estuvieron dando su voz de aliento en la zona sinies-trada, como la del Canciller Amorín de Brasil o de los Ministros Lagos y Barría de Chile. La solidaridad de bomberos de España o de brigadistas de México, que también acompañaron con su presencia y desempeño. La asistencia médica de los Estados Unidos de América, la ayuda dineraria y logística de muchos otros países y también de instituciones multilaterales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, entre muchas otras.

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Sin embargo, lo que más conmueve y hace renacer la fé en nuestros com-patriotas, es ver como frente a la adversidad, se levantan de lo que podría ser el reino de la desesperanza, dejando de lado sus propios dramas, para ayudar a los demás. Que maravilla ver que gente que perdió a familiares, que ya no tiene vivienda ni trabajo, no se amilana, y antes bien ayuda a otros.

Hemos visto la renovada fortaleza de madres de familia que han vuelto a la preparación de la “olla común”, que comparten lo poco que tienen, que son capa-ces de dejar un bocado por dárselo a quienes más necesitan. ¡Qué buen ejemplo!

También destacable el esfuerzo de miles de personas que han contribuído con lo poco que tenían, dinero, alimentos, y vestido, pero también quienes adicio-nalmente han dado tiempo y hasta su sangre para transfusiones. Como olvidar a quienes en el Estadio Nacional clasificaban las donaciones para su transporte al sur, o a quienes en las provincias afectadas realizaban la distribución de la ayuda, o al personal de nuestros consulados que gestionaba cooperaciones.

La actividad privada actuó oportuna y eficientemente, restableció las co-municaciones caídas, llevó grupos electrógenos de emergencia así como el com-bustible necesario, refaccionó las redes eléctricas, proporcionó tractores y otras herramientas para demoler edificaciones irrecuperables e inseguras, donó bienes y servicios así como también recursos financieros.

Caritas y Adra, entre otras, nuevamente hicieron lo suyo, con gran eficiencia y cariño, sin figuretismo ni innecesarios protagonismos, respetaron el orden y a la autoridad, lo que es indispensable para no duplicar esfuerzos y para que la ayuda pueda llegar a todos los que la necesitan.

Obvio que de los desastres surgen enseñanzas, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe permitir, y dentro de las enseñanzas hay que destacar que quienes están mejor preparados no son necesariamente los que tienen la responsabilidad directa, pero si la experiencia aquilatada en muchos infortunios, como son las Fuer-zas Armadas. Entre lo que no se puede permitir está el latrocinio, el aprovecha-miento, y el vedetismo de quienes hasta en la tragedia pretenden sacar ganancia.

Diario La Razón

01 de setiembre de 2007

DESASTRES NATURALES

A dos años del sismo que afectó al sur medio, nos deja experiencias alecciona-doras, y una de ellas es que no estamos preparados para enfrentar con éxito de-sastres naturales, salvo el auxilio inmediato proveniente de Indeci y de nuestras

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Fuerzas Armadas y Policiales, que intervinieron de inmediato para paliar la si-tuación y atender a los afectados. Sin embargo para las tareas de reconstrucción y recuperación económica de las zonas dañadas, estamos muy lejos de lo deseable.

Antes del último movimiento sísmico importante, hemos tenido muchos otros desastres, sea como consecuencia del Fenómeno del Niño, de inundaciones, y de otros terremotos, máxime que nos encontramos en área sísmica.

En anteriores ocasiones, la intervención del Estado se ejecutó, previo diseño de normas legales de excepción, creándose organismos que pudieron atender las necesidades de la población y la reconstrucción de obras públicas y privadas. Es destacable por ejemplo, para la reconstrucción de Arequipa y Cuzco después de destructores sismos, la creación de Juntas de Rehabilitación y Desarrollo, así como la disposición de recursos especiales que se dotaron a los Bancos del Esta-do de aquel entonces para otorgar créditos hipotecarios a interés preferencial y largo plazo, que contribuyeron a la rehabilitación, reconstrucción o refacción de muchísimas edificaciones.

El luctuoso terremoto acaecido en Ancash, hizo que el Estado creara Ordeza y Cryrza, organismos públicos que facilitaron la reconstrucción y fomentaron el desarrollo integral de las localidades damnificadas.

Si tenemos tantos antecedentes respecto a la intervención del Estado ante calamidades causadas por la naturaleza, nos preguntamos ¿por qué no hacemos una evaluación de lo realizado anteriormente? ¿cuáles fueron los aciertos y que defectos existieron? ¿se utilizaron debidamente los recursos provenientes de nuestros impuestos y de la solidaridad internacional? ¿cómo podemos actuar en el futuro frente a otros desastres?

Las respuestas a los interrogantes anteriores será un ejercicio conveniente para perfeccionar el accionar del Estado y crear un modelo a seguir para futuras contingencias de la naturaleza, que no son infrecuentes en el Perú. La entidad que podría realizar la tarea, consideramos que es el Ceplan o Centro de Planea-miento Estratégico, teniendo en cuenta sus objetivos institucionales.

Diario Expreso

09 de octubre de 2009

PREVENCIÓN DE DESASTRES

Después de los luctuosos y destructivos movimientos sísmicos ocurridos en Hai-ti, Japón y Chile, que han enlutado a los pueblos de esos países y con quienes los peruanos nos solidarizamos, se ha puesto en la agenda pública la prevención de

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desastres naturales, y no es para menos pues además de estar el Perú en zona sís-mica, periódicamente sufrimos los estragos del Fenómeno del Niño y también de la Niña. Son también frecuentes intensas lluvias que causan deslizamientos que llamamos “huaicos”, así como desbordes de ríos, inundaciones y demás conse-cuencias originadas por la naturaleza. A todo ello debemos agregar los cambios que se vienen produciendo en gran parte del mundo, de lo que no somos ajenos, por el calentamiento global.

La gran pregunta es si estamos preparados para prevenir tales desastres na-turales e igualmente si contamos con planes factibles para mitigar sus efectos. El terremoto del sur medio peruano y las recientes inundaciones en el Cuzco nos responden por si mismos, esto es que ni contamos con mecanismos eficientes de prevención como tampoco para mitigar daños y menos aún para con rapidez rehabilitar y reconstruir.

La situación se torna aún más complicada cuando observamos el compor-tamiento de nuestros conciudadanos en simulacros de sismos con evacuación de damnificados, lo que se toma muchas veces a la chacota, siendo temática absolu-tamente seria. Esto se agrava con edificaciones informales incluso en los cauces de ríos, que denotan la irresponsabilidad de sus ejecutores y la falta de fortaleza de las autoridades para hacer cumplir las disposiciones legales. A ello hay que sumar la displicencia del sector de la administración que asigna recursos económicos para atender los requerimientos más elementales del Instituto Geofísico para que cum-pla sus tareas, conforme lo ha recordado el Jefe de dicha organización.

Lo acontecido en Haití y Chile, y ahora que entramos en campañas electora-les para elegir autoridades regionales y municipales y luego para escoger a quien será Presidente de la República y parlamentarios, nos debe llevar a exigir que en los planes de gobierno que se presenten, se propongan acciones para prevenir y en su caso paliar las consecuencias de desastres naturales así como la acción del vandalismo que se aprovecha de la desgracia. No hay vecindario que conozca a cabalidad lo que deben hacer los vecinos frente a un desastre natural, no existe difusión masiva de instrucciones respecto al suministro eléctrico, de gas y de agua. No se conocen los lugares a los que hay que ir ni las vías de evacuación como tampoco los lugares de atención de primeros auxilios. Por lo general las juntas de defensa civil en los distritos y provincias únicamente existen en los or-ganigramas más no en la realidad y los vecinos no conocen su misión en caso de producirse eventos como los que hemos señalado.

La prensa, sea escrita, oral o visual, sin olvidar la que se realiza por el cibe-respacio, deben cumplir con la misión social, no lucrativa, de difundir las instruc-ciones que debería preparar INDECI para casos de desastres, y que tal difusión sea sostenida. Se divulgue asimismo en los centros educativos, en iglesias y en

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todas las organizaciones sociales que se pueda. Ningún elemento o vehículo de difusión es prescindible. Acordémonos de un famoso y antiguo aforismo que dice “más vale prevenir que curar” y otro de carácter comercial que rezaba: “Más vale tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo”.

Diario La Razón

07 de marzo de 2010

PREVENCIÓN DE DESASTRES

Consternados por el terremoto, tsunami y réplicas que padecen nuestros her-manos de Japón, a quienes expresamos nuestro pesar y solidaridad, queremos en estas líneas referirnos a las medidas de prevención que todos estamos en la obligación de seguir.

Usualmente cuando INDECI dispone simulacros, lamentablemente no to-dos siguen sus indicaciones quizás en la creencia de que no pasará nada y si pasa no será de la magnitud de catástrofe. Pues grave error e irresponsabilidad pues el Perú está en zona sísmica y si bien aún no se puede predecir la fecha en que se producirá un gran sismo, es más que probable que en algún momento sucederá, tal como lo han advertido instituciones y expertos en la materia, máxime que como han señalado hay prolongado silencio sísmico que hace presagiar para el futuro fuertes movimientos.

En estos tiempos de comunicaciones instantáneas, se tomó conocimiento en tiempo real de la tragedia del Japón y ello motivó acción inmediata de las autori-dades y por lo general buen comportamiento de la población, siendo destacable -con perdón de las omisiones- los oportunos avisos de INDECI así como su toma de decisiones, la labor informativa de los medios de expresión, y la impecable labor técnica de la Marina de Guerra.

Pudimos observar la inmediatez en la información relevante emitida por INDECI, que sin agotarse en dicha tarea, puso en práctica acciones para des-plazar a pobladores, instalar centros de atención y socorro así como las áreas de mayor seguridad.

INDECI constantemente instruye a la población respecto a lo que debe hacer en caso de desastres ocasionados principalmente por la naturaleza, los lugares en las edificaciones en que es más prudente resguardarse, así como las vías de eva-cuación.

La misma institución estatal ha instruido a la población respecto a la mo-chila y su contenido que se debe llevar frente a las emergencias, así como lo que

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hay que guardar como reserva. En la primera -entre otros elementos- aconseja llevar botiquín para primeros auxilios, agua embotellada, linterna, radio portátil, pilas, comida enlatada y mantas para abrigo. En la segunda: ropa, artículos de higiene, termo y pilas de reserva, y todo lo demás que pudiere ser de utilidad en las emergencias.

Sería conveniente que cada familia verifique si tiene a la mano la susodicha mochila y caja de reserva, así como el contenido aconsejado por INDECI, relación a la que se puede acceder a través del portal www.indeci.gob.pe, y si les es más fácil en las páginas 6 y 7 de las páginas amarillas de la guía telefónica.

INDECI siempre nos recuerda que la Defensa Civil “es tarea de todos” y como dice un antiguo aforismo, mejor es prevenir que lamentar.

Diario Expreso

20 de marzo de 2011

DESASTRES Y PREVISIONES LEGALES

Nos han advertido una y mil veces que tenemos que estar prevenidos ante la posibilidad más que cierta, que tengamos que afrontar fuerte sismo e incluso sunami. Nuestros compatriotas han comenzado a ser más responsables en los simulacros ordenados por el Instituto de Defensa Civil (INDECI), probablemente porque en este mundo globalizado e intercomunicado han podido apreciar trage-dias recientes como en Chile y Japón, donde en un santiamén quedaron amplias zonas devastadas, destruidas carreteras y edificaciones, y miles de personas per-dieron sus hogares y pertenencias, sin olvidar los daños personales.

Pese a lo que hace el INDECI, así como nuestras Fuerzas Armadas y Poli-ciales, en lo que es la atención y socorro inmediato a los damnificados de sismos, como se apreció con ocasión del ocurrido el 15 de agosto del 2007 en Ica y alre-dedores, es necesario desde el Estado tomar diversas previsiones legales para enfrentar las consecuencias de sismos, sunamis, calamidades públicas, desbor-des, desembalses, epidemias, explosiones y tantos otros infortunados aconteci-mientos.

El sismo de hace casi cuatro años al que nos hemos referido, tiene que ser aleccionador y entre las muchas enseñanzas que dejó, hay tres que están dentro de las más destacables. La primera que desde el Estado no se habían tomado previsiones legales frente a probables desgracias colectivas, la segunda que para la reconstrucción no se pueden emplear las mismas reglas y procedimientos de tiempos de normalidad y la tercera que el Estado no puede convertirse en Papá

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Noel empecinándose en repartir bonos por doquier, muchos de los cuales no se utilizaron acorde con los sanos propósitos que tuvo el gobernante, sino dando facilidades crediticias mediante fondos hipotecarios, como años atrás se hiciera en Cuzco, Arequipa y Ancash, que también soportaron terremotos.

Ahora, antes que se produzca alguna hecatombe -por supuesto no deseada- el Estado podría encargar al Ministerio de Justicia o al CEPLAN, el diseño de las nor-mas legales necesarias para que sin los engorrosos trámites presupuestales de habili-taciones y transferencias de partidas, pueda tener un procedimiento idóneo y rápido para suministrar recursos para la ayuda inmediata y la posterior que se requiera.

Conociéndose que cuando se producen desgracias como las antes señaladas, hay antisociales que aprovechan del pánico y del desconcierto de los afectados para cometer actos vandálicos, robar, apropiarse de lo que no les pertenece, inter-venir en saqueos, y otras fechorías, esto también debe preveerse. Es necesario por ello establecer para estos casos los agravantes punitivos que la situación aconseja, pudiendo el Sector Justicia preparar los correspondientes proyectos de ley para ser presentados a tiempo al Congreso para su sanción legislativa.

También es conocido que hay empresarios y comerciantes inescrupulosos que se aprovechan de la desgracia y necesidades ajenas cuando hay los cataclis-mos a los que nos referimos, ocultando bienes de primera necesidad, acaparando alimentos y bebidas así como materiales de construcción, y asimismo mediante acciones especulativas en perjuicio de las poblaciones siniestradas. Esto tiene que ser previsto en normas legales que será conveniente diseñar.

Por último es conocido que se han levantado edificaciones en lugares ina-parentes y peligrosos, y que si los poseedores y propietarios se encaprichan en reconstruir en el mismo lugar hay la posibilidad que vuelva a repetirse la des-gracia. Como quiera que la Constitución consagra que la propiedad se ejerce en armonía con el interés social, también habrá que proponer la normatividad legal que obligue a nuevos reacondicionamientos urbanos, permutas obligatorias u otras acciones que resuelvan el problema

¡Todavía estamos a tiempo!

Diario La Razón

03 de abril de 2011

SIMULACROS

Estamos en zona sísmica y todos lo sabemos. También sabemos que hasta ahora el avance científico y tecnológico no ha podido pronosticar con cierta certeza el

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dónde y el cuándo se producirá algún sismo o tsunami para tomar las medidas preventivas correspondientes.

Como estamos en zona sísmica y también es conocida la llamada falla en la Placa de Nazca, muy probablemente tendremos otros sismos, los que normal-mente –según su intensidad- dejan secuelas de destrucción y daños materiales, interrupción de suministro de agua, de luz, de petróleo, desabastecimiento, y lo que es más grave: daños a la población.

Ni los sismos ni tsunamis los podemos evitar, pero si podemos estar pre-parados para que sus estragos, como fenómenos de la naturaleza, causen menos perjuicios y podamos recuperar las vías de comunicación y líneas de abasteci-miento lo más rápido posible.

El Estado ha ido haciendo recomendaciones respecto del comportamiento que debe tener la población frente a los movimientos telúricos, nos ha dicho lo que tenemos que hacer para las emergencias, los lugares a los que hay que ir, las vías de escape para la evacuación, los alimentos que podemos llevar, y lo que es más importante las coordinaciones entre vecinos y las autoridades.

Dentro de las medidas diseñadas por el Estado se encuentran los simulacros de sismo y también de tsunami, con los que se trata de instruir a la población respecto a lo que tienen que hacer, y evitar en ésa forma error en su actuación si realmente se producen los no deseados fenómenos naturales a los que nos referimos. Un buen entrenamiento puede salvar valiosas vidas e incluso evitar muchos daños personales.

El Estado ha dispuesto la realización de 3 simulacros de sismo y tsunami, tanto en horario diurno como en nocturno, los que se realizarán el 31 de mayo, el 15 de agosto y el 15 de noviembre. Estamos avisados, pero no basta. Todos tene-mos que participar en los simulacros que son a nivel nacional. Aquí no se trata de decir estoy muy ocupado, tengo cosas más importantes que hacer, qué los hagan otros pues yo ya estoy preparado, y muchas otras injustificadas excusas.

El entrenamiento en un simulacro puede evitar muchos lamentos futuros. El evacuar a lugar adecuado, por vía conveniente, y a la velocidad recomendada podrá salvar vidas, y entre ellas la propia vida.

En muchas ocasiones los simulacros se han tomado a la broma o chacota. Pues no señor. Es un tema serio e importante que puede ahorrar la pérdida de vidas y la destrucción de bienes. Por ejemplo la simple acción de cerrar suminis-tro de gas o de apagar la luz general de vivienda u oficina puede evitar daños mayores. Seamos responsables.

Diario Expreso

18 de mayo de 2012

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INDEFENSOS ANTE DEFENSA CIVIL

Nadie duda de la necesidad de estar preparados para cualquier desastre, sea proveniente de la naturaleza como causado por los seres humanos, entre otros: sismos, inundaciones, incendios, derrumbes y apagones de fluido eléctrico.

El Estado ha creado el Sistema de Defensa Civil en el empeño de realizar trabajo preventivo para evitar en lo posible los daños que generan las catástrofes a las que nos hemos referido, o por lo menos mitigar sus efectos.

Para la prevención se han dictado reglas, como tener extintores para incen-dios, pozo a tierra para descargas eléctricas, señalamiento de las vías de escape en caso de siniestros, indicación de las zonas de seguridad, rampas para discapa-citados, y muchas otras convenientes medidas.

Los centros de trabajo, deben contar con el Certificado de Defensa Civil que acredite el cumplimiento de la correspondiente normatividad, que tiene que reno-varse periódicamente y que hoy es de responsabilidad municipal. Antes de expe-dirse cualquier licencia de funcionamiento se exige el Certificado de Defensa Civil.

Desde que las municipalidades han asumido las inspecciones de defensa civil, así como el otorgamiento de los certificados y sus renovaciones, ello se ha convertido en nuevo calvario para empresarios y profesionales, a quienes con empecinamiento y sin atender razones, se les presiona para dotar a sus estable-cimientos de cuantos requisitos imposibles de cumplir se les ocurre a algunos mentecatos que actúan como inspectores.

Si el establecimiento comercial o profesional está en un edificio que cuen-ta con licencia de construcción y conformidad de obra expedida por la misma municipalidad que realiza la inspección de defensa civil, nada de ello vale, te ordenan nuevos y más costosos requisitos que ni siquiera están en la re-glamentación. Si se trata de simple renovación, en la inspección más y más observaciones, ¡de locura!. Si tienes una baranda en las escaleras, mejor que sean dos aunque el sitio sea estrecho. Hay que poner sumideros en sótanos, cuando ni siquiera hay baños ni dotación de agua. Ojo, que las lunas de las ventanas y puertas tengan certificación que no se romperán, ¡Por el amor de Dios, no sean insensatos, en un terremoto se rompe desde el cristal del anteojo hasta la ventana más resistente!

Pese a que las más modernas edificaciones sus constructores han sido seve-ros en el cumplimiento de normas de seguridad y pese a contar con la conformi-dad de obra, para el municipio que la otorgó ello es insuficientes, tiene que pasar por más y más revisiones de defensa civil hasta en las zonas comunes.

Para las revisiones y la entrega de los certificados pasa una eternidad y si tuviste que mudarte al nuevo local, pese a tener las autorizaciones en trámite, te

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multarán, sin comprender que al contar el local con la conformidad de obra no debería necesitar otros requisitos. Los constructores se ven obligados a pagar penalidades a los compradores e inquilinos, pues por culpa de los inspectores de defensa civil no les pueden proporcionar la interminable documentación que la indolente burocracia precisa.

Parecería ser que se pone el problema para “vender” la solución. Cuidado con ello.

Diario La Razón

09 de diciembre de 2012

PREVENCIÓN Y ESTADO DE EMERGENCIA

Constituye atribución constitucional del Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, decretar temporalmente en parte o en todo el territorio nacional, los estados de excepción denominados de emergencia y de sitio.

El de emergencia se declara en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Na-ción, en cuyo caso pueden limitarse o suspenderse el ejercicio de los derechos a la libertad y seguridad personal, inviolabilidad del domicilio y las libertades de reunión y tránsito por plazo de 60 días sucesivamente prorrogables.

El estado de sitio se declara en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan, por plazo no mayor a 45 días prorroga-ble con autorización del Congreso, pudiéndose suspender o restringir derechos fundamentales.

Para el estado de sitio está prevista expresamente la prevención, al esta-blecer como hecho validador de aquel al “peligro inminente”. Para el estado de emergencia ello está únicamente implícito pues la alteración de de la paz o del orden interno puede estar en proceso, o se puede haber conocido que ella se ha planificado y que se prepara la perpetración de delitos como la interrupción de las comunicaciones y el transporte, entre otros.

Sin embargo, la tesis del empleo del estado de emergencia como mecanis-mo de prevención, es atacada desde algunos sectores, incluso desde el Tribunal Constitucional que lo considera “último recurso” y para casos extremos cuando la alteración de la paz y del orden interno no ha podido ser mitigada por el Esta-do en un ambiente de normalidad (exp.00002-2008 AI/TC), a lo que añaden los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

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Dicha tesis restrictiva, de aplicarse por ejemplo a temática de salud, po-dría significar la desaparición de la vacunación preventiva para solamente utilizar la medicina curativa cuando la enfermedad está avanzada. Absurdo por cierto.

Consideramos perfectamente razonable que el Estado actúe en prevención de atentados contra la paz y el orden interno, cuando se conocen -por acciones de inteligencia entre otras- que ellos se van a producir, pues el estado de emergencia pudiera tornarse en mecanismo disuasivo que ayude a mantener la paz y no a restablecer el orden luego que fue perturbado.

Carecería de la más elemental lógica que los mecanismos que el Estado ha creado para defenderse y proteger a los ciudadanos ante violencia y caos social, solamente se puedan emplear con posterioridad a las transgresiones y no para impedir que ellas se produzcan.

Sin dudar de las buenas intenciones de quienes flamean las banderas de mantener derechos sin restricciones, es prudente recordar el aforismo que gra-fica al infierno como empedrado de buenas intenciones. El Estado tiene derecho a prevenir las situaciones de hecho que traicionan la vocación de paz y orden de la ciudadanía, que no puede quedar inerme ante las pretensiones de los que no saben encauzar la protesta dentro de los cánones permitidos por la ley.

Queremos que el Estado sea fuerte y al mismo tiempo respetuoso, pero de modo alguno ingenuo y menos buenudo.

Diario La Razón

15 de junio de 2014

DESASTRES Y CARENCIAS

Sin pecar de alarmistas aunque con objetividad, no es ningún secreto que el Perú está en zona altamente sísmica, y que podría verse afectado por movimientos telúricos de intensidad, como ya ha sucedido en el pasado innumerables veces.

Ante tal situación tenemos que estar preparados, lo que significa que debe-mos tomar las precauciones debidas con anticipación, y en tal dirección algo se ha hecho pero insuficiente.

Se han ejecutado varios simulacros para alertar a la población, se han ex-puesto algunas recomendaciones en los medios para que las personas cuenten con las mochilas de alimentación y primeros auxilios, así como para que sepan a donde dirigirse en caso de terremoto o sunami, e incluso para evitar el uso de teléfonos y sustituirlos por mensajes escritos.

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Las autoridades que deben velar por el apoyo a la población en caso de de-sastres son las municipales en primer lugar, sin embargo los últimos episodios sísmicos nos han probado que ello no es eficiente, basta recordar el terremoto del 2007 en que hubo presencia diminuta de alcaldes para atender y socorrer a los damnificados, y la llamada Defensa Civil llegó tarde.

Quienes si llegaron a tiempo fueron las Fuerzas Armadas y la Policía Na-cional, lo que debe obligar al Estado a darles más facilidades logísticas para un mejor desempeño con vehículos, naves, y aeronaves adecuadas a tan importante misión, con entrenamiento permanente al personal militar y policial para las ta-reas de socorro inmediato.

En el terremoto del sur medio se cometieron muchos errores, y sería bueno sacar de ellos enseñanzas para que no se repitan.

Debemos tener una legislación apropiada y previa para casos de desastres en que el Estado tenga por misión ayudar pero no sustituir a los ciudadanos. No puede ser el Estado regalón y dar bonos sin ton ni son, que de poco han servido para la reconstrucción. Es mejor los créditos blandos para ello, lo que permiti-rá dirigir recursos estatales a las tareas de reconstrucción de las obras públicas como son agua, alcantarillado, electricidad, carreteras y pistas, comisarías y esta-blecimientos de salud, entre otros.

Entre las normas que tienen que expedirse están las de ser más severos en la penalidad en caso de producirse pillajes e inconductas similares, con procesos judiciales muy rápidos y sencillos.

Igual como la normatividad en épocas de conflicto no puede ser la misma que en tiempos de paz, tampoco lo puede ser la normatividad para casos de emergencia por desastres naturales respecto a la de épocas sin ellos.

No debe esperarse a que se produzca la catástrofe para recién pensar en lo qué se debe hacer. Desde ahora hay que estar preparados, pues como dice anti-guo refrán a quien madruga Dios lo ayuda.

Diario Expreso

19 de diciembre de 2014

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EDUCACIÓN Y CULTURA

MATRICULAS, PENSIONES ESCOLARES Y MUCHO MAS

Después de larga espera, hace un año se aprobó la Ley Nº 27665, también deno-minada “Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados”.

¿Cuál es el contenido de dicha Ley? La Ley dispuso que no se podía exigir a los padres de familia el pago de donaciones o cuotas voluntarias, que realmente no eran ni obsequio ni obedecían a la libre y espontánea voluntad de los donan-tes. En la práctica eran exigencias económicas adicionales, encubiertas bajo la for-ma de donación, y por las cuales muchas veces ni se daba recibo ni se tributaba.

También la ley dispuso que la cuota por matrícula no pudiera exceder a una cuota mensual normal por el servicio educativo. No olvidemos que muchas veces la matrícula era el triple, el cuádruple o el décuplo, por decir algo, de la pensión escolar mensual, y lo que es peor, debiéndose pagar en el acto de la matrícula que coincide con el mes en que deben cancelarse diversos impuestos, y que el pobre padre de familia queda asfixiado bajo el peso de diversos requerimientos de pago.

Igualmente se determinó que las cuotas de pensiones escolares eran por mes lectivo y que no se debería exigir pensiones adelantadas. Recordemos que mu-chas veces se exigía al padre de familia hasta el pago del año, semestre o trimestre adelantado, olvidando que quien tiene la suerte de contar con empleo, si es que recibe su remuneración a tiempo, ella es mensual pero de ninguna manera anual, semestral o trimestral.

Del mismo modo se dispuso que los colegios no podrían exigir la presenta-ción de todos los útiles y cuadernos escolares al principio del año. Lógico, nadie va a escribir simultáneamente con seis lápices ni con cuatro bolígrafos, ni usará al mismo tiempo dos borradores.

Por otro lado quedó prohibida la socorrida práctica de exigir a los alumnos la adquisición de uniformes, libros, cuadernos y útiles en el lugar o lugares que

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con carácter exclusivo definiera el colegio. Se atentaba contra el derecho de libre elección.

Adicionalmente a todo ello, se proscribieron acciones compulsivas contra los alumnos que tuvieran adeudos de pensiones. Si hay adeudos se retiene la libreta y documentos de calificaciones, pero no se niega al niño rendir sus evaluaciones, ni se le somete a humillaciones que atentan contra su dignidad. El niño no es respon-sable ni de los adeudos de sus padres por motivos de fuerza mayor -como puede ser pérdida del empleo o enfermedad- ni por exceso de optimismo o irresponsabili-dad al colocar al alumno en colegio que escapa a sus posibilidades económicas. Por lo demás el colegio no pierde su derecho a cobrar lo que se le adeuda.

En aquella oportunidad, a quienes nos correspondió la autoría de la ley, como a quienes sin remilgos votaron a favor de ella, se nos satanizó con califica-tivos que van desde el agravio hasta la burla.

Se habló y hasta escribió con cierto sarcasmo del espíritu benefactor del Congreso, de arrebatos populistas y heterodoxos, de entronizar el cabeceo, de iniciativa retrógrada y también troglodita, de legalización del perro muerto, de descabellado propósito, de oda al populismo ramplón, y con más que ironía, de samaritana intervención.

Se llegó hasta a editorializar sobre las consecuencias malsanas que tendría la nueva ley, se vaticinó la quiebra de los colegios y la salida de la inversión privada de la actividad educativa.

Se cuestionó hasta el derecho del Estado a dictar normas que regularan la actividad privada en la tarea educativa, así como la normatividad que defendie-ra al usuario de los excesos de quienes prestando servicios educativos olvidan que es el niño el objeto de la atención preferente. Los mismos cuestionadores del derecho normativo que tiene el Estado, son los que hoy buscan tratos tributarios de privilegio.

A un año de la dación de la Ley que protege la economía de los padres de familia, así como la dignidad del niño, podemos decir que las apocalípticas profecías de quienes criticaban la ley, no se han producido. Ahora el Ministerio de Educación y el Indecopi ya no se limitan a solicitar que los colegios informen sobre sus pensiones y requisitos, sino que vigilan el cumplimiento de la norma-tividad legal cautelando los intereses de quienes reciben el servicio educativo.

Nos dijeron que no era necesaria ninguna ley, pues había promotores de colegios privados responsables y serios, que nunca habían atentado contra la dig-nidad de sus alumnos y que se conducían ejemplarmente. Con su mismo criterio también podrían decir que no se necesita un Código Penal pues ni asesinan, ni roban ni delinquen, pero el Código se requiere para sancionar a quienes si in-cumplen.

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Somos los primeros en reconocer que hay colegios responsables y respetuo-sos de los alumnos y de los padres de familia pero también hay de los otros, e incluso de aquellos que sin contar con recursos para instalar centros educativos particulares, lo hicieron con las indebidamente denominadas “cuotas voluntarias” y “donaciones”.

Hoy por hoy dentro de un nuevo proceso de matrículas, conviene recordar la vigencia de la mencionada ley, así como la obligatoriedad de los colegios de cumplirla y de la responsabilidad que deben tener los padres de familia para ma-tricular a sus hijos en colegios que estén a la medida de sus posibilidades.

Saludamos la inversión privada en la educación, que es eficiente colabora-dora en la acción que fundamentalmente corresponde al Estado, pero debe ser respetuosa del ordenamiento legal.

Diario Síntesis

07 de junio de 2002

APOYEMOS A MACHU PICCHU

Philon de Bizancio, aproximadamente dos siglos antes de Cristo, seleccionó las “Siete Maravillas del Mundo”, hechas, edificadas o construidas por el ser huma-no. No se trata de maravillas naturales, que hay muchísimas, sino de obras que pertenecen al ingenio y mano del hombre.

De las tradicionales siete maravillas, únicamente se conservan las pirámides de Egipto, pues las otras, como lo fueron el faro de Alejandría, el templo de Arte-misa, la estatua de Zeus, el coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, y el mausoleo de Halicarnaso, ya no las tenemos.

En el año 2001 se crea la “Fundación Nuevas Siete Maravillas”, por la ini-ciativa de Bernard Weber, para elegir igual número de maravillas del universo, creadas por el hombre. Un selectísimo grupo de expertos internacionales, escogió 21 prodigios actualmente existentes, que son generalmente reconocidos como ta-les en todo el mundo, y entre ellas deben preferirse siete, que recibirán la ansiada calificación.

La selección de dichas obras se realiza democráticamente, mediante el voto, al cual pueden acceder todas las personas que lo deseen, utilizando sistemas mo-dernos de comunicación como es por ejemplo el Internet.

La finalidad de esta encuesta mundial, no es únicamente elegir siete mara-villas del globo, sino generar conciencia de la necesidad de preservar las grandes obras del pasado, hacerlas conocidas, y estimular su visita, lo que une a los pue-

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blos y al mismo tiempo se conseguirán recursos para la refacción y mantenimien-to de otras obras monumentales.

Entre las 21 finalistas preseleccionadas, hay realizaciones que se encuentran en Grecia, como es la Acrópolis de Atenas, el “Alhambra” de España, la torre Eiffel en Francia, la Gran Muralla en China, el templo de Santa Sofía en Turquía, el Taj Mahal en la India, y por supuesto nuestro Machu Picchu en el Perú.

Machu Picchu, tiene méritos más que suficientes por si misma, para estar entre las nuevas siete maravillas, pero para eso se requiere que voten por ella. Estamos a tiempo para votar, pues recién el 7 de julio se dará por cerrado el sufra-gio y se conocerán los resultados. Si queremos tener a Machu Picchu reconocida como una de las nuevas siete maravillas de la Tierra, nada más fácil que votar, y puede hacerlo por siete de entre las 21 obras humanas más reputadas, para lo cual basta acceder a la página web http/ www.n7w.com/machupicchu

Machu Picchu fue construída bajo el gobierno del Inca Pachacutec en el si-glo XV, y durante varios siglos no se tuvo conocimiento de ello hasta que en 1911 fue encontrada por el investigador Hiram Bingham. De ser elegida Machu Picchu, que como ya sabemos reúne todos los requisitos, será reconocida en el mundo entero, y a través de ella también el Perú, que seguramente incrementará su turismo, con los grandes beneficios que ello importa. Los turistas en sus visitas gastan en transporte, alojamiento, alimentación, adquieren artesanías, compran nuestros productos y encima, a través de tales bienes y servicios, contribuyen a la economía nacional y a solventar mediante la tributación los gastos del Estado.

Ha hecho bien el Presidente de la República en llamar a los peruanos a votar por Machu Picchu, pero se necesita adicionalmente que los medios de prensa colaboren en la campaña de difusión del voto por Machu Picchu.

Nos permitimos sugerir algunas acciones, muy sencillas por cierto y casi costo cero, que podrían estimular la votación, como por ejemplo:

- Reniec, cuando se concurre a alguna de sus oficinas para obtener el DNI, tramitar duplicado o cambio de datos, podría entregar al ciudadano las indicaciones para votar, y contando con Internet podría desde sus com-putadoras facilitar el voto.

- En las reparticiones públicas, incluso gobiernos regionales y municipa-les, podría invitarse a los servidores públicos emitir también su voto. Por si acaso, en nuestra representación ante la OEA lo hicimos.

- El Ministerio de Educación, podría hacer lo propio en las escuelas que cuentan con computadoras del “Programa Huascarán” o de cualquier otro.

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- PromPerú podría imprimir afiche estimulando la votación, que se po-dría colocar en todos nuestros consulados.

- La Cancillería solicitaría a los “Consejos de Consulta” que nuestros compatriotas en el extranjero también emitan su voto, y adicionalmente llamar a las instituciones representativas de peruanos en el exterior para que se unan a la tarea.

No nos limitemos a sacar pecho por Machu Picchu, también pongamos mís-tica patriótica y ¡a votar se ha dicho!.

Diario La Razón

03 de marzo de 2007

LA CATOLICA Y DON VICTOR ANDRES

Dentro de pocos años, la Pontificia Universidad Católica del Perú cumplirá su centenario, ella se fundó en 1917, y esperamos que para tan importante aniver-sario tenga resuelto sus problemas y reconciliadas facciones, entre ellas Iglesia y Academia.

La Católica, como afectuosamente la llamamos quienes hemos pasado por sus claustros, no fue fundada por la Iglesia ni por Orden Religiosa alguna, lo fue por el padre recoleto Jorge Dinthilac. Desde su creación hasta los años 30, fue una universidad pequeña, sin mayor predicamento en el mundo académico. Por aquellos años las universidades nacionales eran las que contaban con gran prestigio y presencia, como por ejemplo San Marcos en Lima, San Agustin en Arequipa, San Antonio en Cuzco y la de Trujillo. Cuando se cierra San Marcos en 1932, La Católica, con un austero local en la Plaza de La Recoleta, toma vuelo e importancia, y en 1943 El Vaticano le confiere el título de “Pontificia”. En la déca-da de los años sesenta, y como consecuencia de la crisis de varias universidades públicas, se agregan al empeño privado universitario otras organizaciones ,que hoy gozan también de reconocido prestigio.

Hay personas que han estado estrechamente ligadas a La Católica, y que el sólo mencionar sus nombres recuerdan a esta Universidad. Nos referimos entre otros a su gestor el padre Jorge Dinthilac, a don José de la Riva Agüero y Osma, a don Víctor Andrés Belaúnde y al padre Felipe Mac Gregor Rolino.

Gran mérito el del padre Dinthilac al crear la Universidad Católica, en años difíciles para lo privado, manteniendo enarbolado el espíritud de la casa por mu-chos años. La Universidad no ha sido ingrata con su creador, llevó su estatua

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de la Plaza Francia al campus universitario, donde también edificó el Complejo Dinthilac en el que funciona el rectorado.

Don José de la Riva Agüero y Osma, prohombre de La Católica, migró a ella con Víctor Andrés Belaúnde al cierre de San Marcos, y además de todas sus tareas académicas legó su fortuna a ella, siendo base para el sostenimiento y cre-cimiento de la misma. La Católica conserva la memoria de Riva Agüero al haber sus obras completas y creado en 1947, tres años despues de su deceso, el Instituto Riva Agüero, encargado de sus altos estudios.

El Padre Felipe Mac Gregor fue el artífice del crecimiento de La Católica, crecimiento no aplaudido por todos, y la Universidad cautela su nombre al haber inaugurado el Edificio Mac Gregor donde existen oficinas y numerosas aulas que recuerdan su tarea de modernizar la universidad.

Don Víctor Andrés Belaúnde se incorpora a La Católica en los años 30, luego de haber enseñado por más de 3 lustros en San Marcos, y habersido profesor en Estados Unidos y Francia, lo que le permitió relacionar a La Católica con otras universidades, conseguir profesores visitantes y conferencistas del exterior, así como fundar revistas especializadas y el Instituto Riva Agüero, habiendo estado activo en la Universidad hasta su fallecimiento en 1966. La Católica aún tiene pendiente, y debería estar en su agenda, mantener viva la memoria de don Víc-tor Andrés. Esperemos que sea antes de la celebración cercana del centenario de dicha importantísima casa de estudios.

Diario Oficial “El Peruano”31 de julio de 2009

JUSTO HOMENAJE

La primera universidad de América, esto es la Universidad Mayor de San Mar-cos, acaba de contrarrestar la devaluación de los doctorados honoris causa, al ha-ber otorgado ésa distinción a un gran hombre, excelente abogado, jurista de nota, político de trayectoria, pero sobre todo una persona buena, además de honesta y honrada. Pocas veces una misma persona puede concentrar tantas cualidades y ella es Luis Bedoya Reyes.

La presea otorgada enaltece a quien la recibe como justo homenaje a su trayec-toria, pero, al mismo tiempo, también a ésa alma mater que en acto singular reconoce los méritos humanos, profesionales y cívicos del homenajeado, elevando el nivel de la distinción que recobra su razón de ser. En los últimos tiempos se había observado que un acto de excepción se convirtió casi en regular y que por la exagerada entrega

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de tal honor por muchas casas de estudios, no siempre a quienes tienen el mérito, se devaluó y ahora debemos alegrarnos que recobre el nivel que nunca debió perder.

Bedoya sigue dejando huella, prosigue dando sabia cátedra y consejo, y au-que siendo hombre sencillo en sus hábitos y costumbres, algunos con error lo consideran distante. Su aparente locuacidad muchas veces oculta quizás algo de timidez pero nunca de desdén. Hombre que sabe estimular el trabajo por el Perú, que abre “cancha”, que siempre encuentra palabras para comprender errores así como para reconocer aciertos.

En la Casona de San Marcos pudimos ver la presencia de tirios y troyanos, y los que políticamente fueron formados por él, permaneciendo o no en la misma casa po-lítica, allí estábamos para escuchar a quien no deja de ser maestro y amigo, que no se detiene en la minucia, que siempre supo estar por encima de rencillas menudas, de ingratitudes y mezquindades, pues conoce que más importante que los problemas pasajeros es la comunidad de pensamiento del humanismo cristiano.

Al igual que San Marcos amortiza la deuda que el país tiene con Bedoya, sus discípulos tenemos que reclamarle que le retribuya al país con algo adicional: sus memorias y la recopilación de sus brillantes exposiciones.

Diario Expreso

20 de noviembre de 2009

DEUDA PENDIENTE

Estando próximos a la celebración del “Día del Artista”, quiero hacer un paréntesis en los temas habituales de esta columna para recordar al maestro Florencio Corona-do, recientemente fallecido, y para en su homenaje invocar al Estado una pensión de gracia para la viuda de ése gran cultor del folclor andino, doña Delia Camac.

Don Florencio nació un 23 de Febrero, hacen 92 años en Huamanga, ha-biendo sido desde corta edad pupilo de los maestros Aniceto Vivanco y Daniel Morales, quienes reconociendo sus dotes para la música y su vocación por el arpa andina, supieron encarrilarlo en la difícil y sacrificada vía del arte vernacular.

Muy joven participó en los famosos festivales que se hacían en el Paseo de los Amancaes e integró el Club Musical de la Juventud Ayacuchana hasta con el correr de los años formar su “Compañía Peruana de Arte Folclórico Tahuantinsuyo”, via-jando dentro y fuera del Perú, dando a conocer la magia del arpa, haciendo vibrar sus cuerdas con maravillosos sonidos que transmitían por igual alegrías y tristezas del Ande Peruano. En Madrid fue galardonado por su participación en el Primer Festival del Folclore Hispanoamericano, actuando como impecable solista.

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El maestro Coronado tenía inclinadísima preferencia por las notas del “Cón-dor Pasa” así como por acompañar a las danzas de las “Vírgenes del Sol”. Llevó nuestra música no solo a nuestro continente americano sino también a Europa, constituyéndose en un embajador itinerante del Perú, dando a conocer a través del arte a su querida patria.

Como muchos de los cultores del arte musical andino, su actividad no fue coronada con éxito económico, tuvo muchísimas épocas de angustias y frustra-ciones, pero siguió en el empeño de difundir nuestra cultura musical de lo más profundo del Perú. Evidentemente la fortuna que dejó no es en bienes materia-les, pero si en el recuerdo de su habilidad con el arpa, que con magistrales manos sacaba a las cuerdas bellas melodías.

Ahora que tanto se promueve la creación de un Ministerio de Cultura, debe-ríamos comenzar por rendir homenaje a los difusores de nuestro arte, y que me-jor que darle como reconocimiento a su viuda una pensión de gracia en memoria y reconocimiento al exquisito maestro que fue don Florencio Coronado. El Perú tiene una deuda para con él, que bien puede honrarla con su viuda.

Diario Expreso

11 de diciembre de 2009

CALIDAD UNIVERSITARIA

Cuando se pretende dictar una nueva Ley Universitaria, es porque se conside-ra que la actual es defectuosa o porque no logró su cometido, o quizás porque conviene modernizarla. Sea cualquiera la motivación es percepción generalizada que el sistema universitario requiere ser mejorado pues no todas las universida-des dan la educación de calidad que se necesita y a la que aspiran los educandos.

En nuestra patria coexisten tres grupos de universidades: las estatales, las privadas asociativas y las privadas societarias, y en todos encontraremos univer-sidades de gran calidad, como de calidad media e incluso sin ninguna calidad.

Las universidades sin calidad o de pésima calidad, que las hay, han deterio-rado el prestigio de los títulos expedidos por las demás universidades del país, siendo frecuente que universidades del exterior cada día sean más rigurosos para revalidar títulos de universidades peruanas.

Si se cree que por el solo hecho de dictar una nueva Ley Universitaria se so-lucionará la problemática expuesta y mejorará la educación superior en nuestro país, pues craso error, la ley por si misma no es la varita mágica que va a elevar el nivel de lo que tenemos. Ahora bien, si fuera una herramienta bien diseñada con

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mecanismos adecuados para que tengamos estándares de calidad convenientes sin prescindir de la autonomía que deben tener las universidades, bienvenida sea una nueva ley.

El desarrollo de nuestra patria necesita de profesionales de alta calidad y ellos se forman en centros educativos universitarios de primer nivel, no de cual-quier establecimiento, que de universidad solo tienen el nombre. ¿Qué necesi-tamos de la nueva ley?, pues varias cosas como son entre otras que propenda a una calidad mínima aceptable para todas las universidades, que propicie la acreditación, que no es otra cosa que el reconocimiento técnica y científicamente constatado del grado de calidad universitaria, y por supuesto que estimule la competitividad entre las universidades para que el alumnado decida consciente y debidamente informado adonde postular y estudiar.

La ley que con legitimidad establezca el Estado, luego de diálogo y concer-tación con todos los sectores interesados, debe contener reglas generales para las universidades públicas como privadas, pero también las normas específicas aplicables a las públicas que sostienen los impuestos que pagamos todos los pe-ruanos, así como las disposiciones que deben ser solamente para las privadas asociativas, o las que únicamente regularán a las privadas societarias en que hay derechos de los promotores que no pueden ser desconocidos.

El hecho que existan malas universidades en los tres grupos mencionados, no puede esconder que las hay también excelentes y que yerran quienes creen que todas las societarias son mercantilistas. A las pruebas me remito, veamos los modernísimos campos universitarios que se han construido, sus envidiables instalaciones, laboratorios, bibliotecas, y auditorios.

Los estímulos tributarios que se otorgaron para las universidades privadas han permitido contribuir con el Estado en la formación de profesionales que el país demanda, democratizándose la enseñanza universitaria que era elitista y a la que ahora pueden acceder quienes antes no soñaron en lograrlo. No lo olvidemos.

Diario La Razón

20 de diciembre de 2009

LIBRO Y PISCO

Las festividades de fin de año, sin olvidar su origen religioso, fueron incorpo-rando algunas costumbres como la de los regalos, adicionando al de los niños a familiares, ahijados, padrinos, amistades y también clientela. Como toda mo-neda tiene dos caras, una la negativa que “mercantiliza” las fiestas y a veces las

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convierten en un tormento, y la otra positiva como es el movimiento económico que se traduce en mayor producción de bienes, empleo de trabajadores, y en general desarrollo.

Como obsequios de fin de año para la “clientela” era frecuente el envío de whisky, lo que ha ido variando por la entrega de nuestro “pisco”, que hoy se elabora con controles de calidad, de diferentes tipos y con diversas variedades de uva, lo que por cierto es un gran avance pues algunos fabricantes informales no utilizaban la vid para sus aguardientes sino otras materias primas. Esperemos que en el futuro también se amplíe como obsequio el excelente ron que se fabrica en el Perú, privilegiando nuestra producción nacional.

En los últimos años hay empresas que editan libros especiales, para obse-quiar a sus más queridos clientes y amigos, cumpliendo un doble rol, por un lado el regalo mismo que es en buena cuenta agradecimiento por la fidelidad de aquellos y por otro lado la difusión de la cultura peruana, de nuestras joyas precolombinas como coloniales, nuestros paisajes, y cuantas otras cosas que or-gullosamente podemos exhibir.

Este último año es destacable el esfuerzo realizado por Edelnor, que ha he-cho realidad un libro para mantener imperecedero el recuerdo y obra de doña Rosa Mercedes Ayarza de Morales, con texto de Alonso Cueto y con excelen-tes fotografías, adicionales a partituras, canciones y los famosos “Pregones”. El prólogo de Augusto Ferrero la sintetiza como “distinguida mujer que derrochó la gran virtud limeña de la amistad y logró ser una destacada promotora y re-copiladora de nuestra cultura musical”. En la obra se recuerdan sus tertulias y “choclones”, sus actividades, anécdotas, enseñanzas y gran sabiduría.

No es la primera vez que empresas del grupo “Endesa” apoyan la cultura pe-ruana, lo que es más apreciable si tenemos en cuenta que es de capitales foráneos. Antes hizo editar “Lima y sus pregones” y en el 2005 los escenificó en el atrio de la Iglesia de San Francisco. Ojalá su ejemplo sea imitado, sin desmedro de la magnífi-ca calidad de otras ediciones preparadas por algunas diversas importantes firmas.

Diario Expreso

01 de enero de 2010

LAS MATRICULAS

Terminaron las fiestas de fin de año y los padres de familia quedaron -como co-rrientemente se dice- en la lona y es probable que muchos no hubieran guardado “pan para mayo”, dicho conocido y realista. Olvidaron que los meses del verano

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hay que presentar declaraciones del Impuesto a la Renta y del Impuesto Predial, de ser el caso, así como pagar la cuota de regularización por la renta del año an-terior y la primera cuota del Predial por el nuevo ejercicio fiscal.

Eso no es todo, ¡qué miedo! las matrículas de quienes tienen hijos en edad escolar, deben ser afrontadas, y para eso es bueno que padres y tutores recuerden que felizmente a principios del 2002, el Congreso promulgó la Ley 27665 que el Gobierno de aquel entonces “quitó el cuerpo y le dejó el toro” al Legislativo.

La Ley mencionada, largamente debatida tanto a nivel parlamentario como en medios, y con la oposición cerrada de promotores y directivos de estable-cimientos educativos, se denominó con toda precisión “Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Edu-cativos Privados”.

Ahora que se vienen las matrículas es bueno tener presente, para evitar cual-quier abuso, que dicha Ley al igual que el D. S. Nº 005-2002-ED que se dictó para reglamentarla, contienen claras disposiciones, como por ejemplo las siguientes:

No se puede exigir pago de sumas o recargos por conceptos diferentes de los establecidos en dicha Ley, como tampoco se podrá obligar al pago de una o más pensiones mensuales adelantadas, salvo que dichos pagos sustituyan a la cuota de ingreso, que como regla general únicamente se cobrará una vez y nunca por reingreso.

También se prohibió el cobro de cuotas extraordinarias, salvo con autori-zación del Ministerio de Educación, habiendo quedado proscritas las llamadas cuotas, contribuciones o donaciones supuestamente voluntarias.

Las pensiones serán una por cada mes de estudios y el monto de la matrícula no excederá al de una pensión mensual.

Respecto a los útiles escolares, no se podrá obligar a los educandos a presen-tar el total de ellos al inicio del año escolar, ni adquirir uniformes y/o materiales o útiles educativos en establecimientos señalados con exclusividad por los cen-tros educativos.

Los Centros y Programas Educativos están obligados antes de cada matrícu-la, a brindar información escrita sobre el monto, número y oportunidad de pago de las pensiones y sus posibles aumentos.

Pero lo que es más importante que los temas económicos, es el respeto al educando, que en diversas ocasiones por problemas de carencias de sus padres que pueden ser originadas por pérdida del trabajo, accidente, enfermedad o tan-tas otras situaciones justificadas, estaban impedidos temporalmente de honrar las pensiones a que se habían comprometido, y los que sufrían las consecuencias eran los alumnos, siendo retirados del salón de clases y de dar sus exámenes. La dignidad del niño es lo primero, y por ello la Ley y el reglamento determinaron la

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prohibición de fórmulas intimidatorias que afectan el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo y de la personalidad de los alumnos, y crearon un pro-cedimiento para resolver el tema dinerario.

Por último, los padres siempre podrán reclamar a la autoridad educativa en caso se incumplan las reglas mencionadas.

Diario La Razón

07 de febrero de 2010

OBLIGACIÓN DE EDUCAR

Los principales actores en la educación de niños y jóvenes, indiscutiblemente son los padres de familia, lo que es complementado en escuelas y colegios que además de la educación instruyen a los educandos para que sean ciudadanos de bien en el futuro y puedan irse preparando para cuando sean mayores y asuman a su vez responsabilidades para con su familia y con el país.

Recientemente hemos visto las imágenes televisadas, de la grotesca protesta de los padres de familia de alumnos de una escuela en el populoso Distrito de Ventanilla. La protesta era porque se consideraban engañados por el Estado, que no había cumplido con sus ofrecimientos de reparar, acondicionar y poner en valor las instalaciones del centro educativo. Nadie duda que es un derecho cons-titucional el manifestarse, pero ello tiene que hacerse pacíficamente, lo que no fue lo acontecido en Ventanilla, en que padres de los alumnos y vecinos, actuaron con inusitada violencia, obstruyeron calles, destruyeron el ya deteriorado local escolar, la emprendieron contra las fuerzas del orden, rompieron y quemaron el vetusto mobiliario escolar.

Lo acaecido nos tiene que llevar a por lo menos tres reflexiones. La primera es que con el comportamiento de los padres de los escolares, de suyo recusable, le han dado un pésimo ejemplo a sus hijos al escoger la violencia para su protesta dejando de lado el reclamo pacífico. Sabemos que el ejemplo de los padres es básico en la educación de los hijos, y si los padres actúan en la forma dantesca en que lo hicieron ¿cómo podrán lamentarse luego de actos antisociales y pandillescos de los menores?.

La segunda reflexión es que lejos de haber conseguido los actores vandálicos el objetivo que pretendían, esto es mejorar el centro escolar, lo destruyeron, que-dó inservible y ello agravará la situación de los educandos, que probablemente tendrán que ser reubicados en otros centros escolares y a mayor distancia de sus hogares, con los perjuicios que les acarreará en tiempo de traslado de sus hogares al colegio y el costo del respectivo transporte.

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La última reflexión es que el Estado tiene que cumplir con sus compromisos, que la demora en dar solución a los problemas exacerba a la población, pierde la paciencia y se torna intolerante, con las lamentables consecuencias denuncia-das. Sin dejar de reconocer que no todo puede arreglarse simultáneamente, si se promete tiene que cumplirse y más cuando existen recursos. La indolencia de la administración burocrática que no comprende que está al servicio del país y de los administrados tiene que corregirse, pues en otra forma los conflictos sociales se repetirán una y otra vez y la patria será un caos. Es hora de poner el orden que reclama la ciudadanía.

Revista Gente

28 de abril de 2010

UNIVERSIDAD DEL TERROR

Cuando hace algunos días, vimos en la televisión, marchas con trapos rojos e incluso en algunos la hoz y el martillo, escuchamos altisonantes arengas recla-mando amnistía para los condenados por terrorismo, así como vivas al “Cama-rada Gonzalo”, -como también llaman al terrorista Abimael Guzmán- daba la sensación que se estaba exhibiendo película pasada de moda.

Error, no era un refrito televivo y menos aún la repetición de alguna película que dejó huella, se trataba de marchas de estudiantes universitarios y de terceras personas ajenas al claustro, que circulaban como quieren. Esto en universidades públicas que se solventan con los impuestos que pagamos todos los peruanos.

Muchos creían que el terror que se vivió en las últimas décadas del siglo pa-sado, ya estaba superado y que era simplemente tema de historia, pues no señor, si se baja la guardia y no se toman correctivos, volvermos a sufrir el calvario de años pasados, así construyamos ingenuos monumentos que promueven escribas bien intencionados pero sin claro norte.

En el transcurso de los últimos años se ha hecho mucho para enrumbar a nuestro país en el sendero del desarrollo, tenemos cifras espectaculares que mos-trar pese a la crisis internacional, más aún, en las últimas dos décadas hay una clara direccionalidad que facilita inversiones generadoras de trabajo, el que a su vez eleva los niveles de vida de nuestra población.

También estamos enfrentando lo que llamamos “remanentes” de la antigua subversión terrorista, principalmente en el VRAE, para que ése cáncer no se vuel-va metástasis, pero todo será insuficiente si es que permitimos que en las univer-sidades públicas existan grupos que hacen lo que les da la gana, atenten contra

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el principio de autoridad, y no respeten a nadie. Lo que es peor, bajo la sombrilla que la universidad es por su razón de ser plural y foro de debate, se meta en ella el contrabando subversivo y apologético del terrorismo.

No se puede permitir lo que hemos visto, que se tomen por la fuerza pa-bellones universitarios y se les cambie de uso, que los comedores estudiantiles sirvan para alimentar con ideas subversivas y que las residencias universitarias, que también nos cuesta a todos los contribuyentes, se transformen en guaridas de antisociales. Así comenzó en Ayacucho, en la Universidad de Huamanga, lo que fue el peor flagelo sufrido por nuestra patria.

Basta ya, hay que imponer orden en aquellas universidades que lo necesi-tan, dentro de la Constitución y la Ley, y el resto de autoridades ayudar a quienes dirigen las universidades para que cumplan con sus objetivos sin desviaciones. Hay que ponerle a la mayonesa más de su principal materia prima.

Diario Expreso

02 de julio de 2010

EDUCACIÓN Y EMBARAZO

Recientemente el Congreso de la República por Ley 29600, modificó la Ley General de Educación y prohibió a las instituciones educativas, expulsar o limitar de algún modo el acceso al régimen escolar de las alumnas embarazadas o madres, en el ánimo de terminar con una práctica insostenible y repudiable de discriminación.

Bien ha hecho nuestro Poder Legislativo, pese a sus deficiencias, con aprobar tan justa norma, pues no se debe penalizar el hecho de la concepción impidiendo a la madre el acceso a la educación escolar a la que tiene derecho, cualquiera haya sido la circunstancia del embarazo o la edad de la estudiante.

La ruta que ha fijado el Parlamento debería ser seguida en el Sector Defensa, ya que por Decreto Supremo No 001-2010-DE-SG del pasado mes de enero, ha insistido en la errada actitud de impedir el acceso a los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, o su permanencia en ellos, a quienes han tenido o tienen hijos o se encuen-tran en estado de gestación, lo que atenta contra sus derechos fundamentales.

Lo cierto es que se puede conciliar el derecho a la procreación y a la mater-nidad, con las obligaciones de los alumnos en las diversas escuelas de formación militar. Es evidente que la formación en instituciones de formación castrense, requiere de aprendizaje en teoría y en práctica, y que en esta última parte hay exi-gencias duras de entrenamiento y actividad física, que no podrían ser cumplidas por alumnas embarazadas o que recién han tenido parto.

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La solución que se propuso, tal como existe en otros países para conciliar el derecho a la concepción con el derecho a la formación y vocación militar, es la de otorgar a la mujer gestante licencia en su escuela militar, por período razo-nable que cubra el del embarazo y el del primer año de vida del hijo, pudiendo regresar luego del mismo a continuar o iniciar sus estudios, siempre que no hubiere superado la edad máxima de permanencia en la respectiva escuela de instrucción militar.

Hagamos votos porque pronto se corrija el Reglamento Interno Común de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, y al igual que en la etapa es-colar, se eliminen actos de discriminación que no se condicen con el respeto a los Derechos Humanos.

Diario Expreso

03 de diciembre de 2010

FRENO AL ABUSO

Empezó el verano y también el calvario de padres de familia que tienen que ma-tricular nuevamente a sus hijos en centros educativos. A dichos padres tenemos que recordarles que se encuentra vigente la “Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de Pensiones en Centros y Programas Educativos Pri-vados” signada con el Nº 27665 y su respectivo Reglamento.

La citada Ley de protección al usuario de servicios educativos, dispone que los Centros y Programas Educativos no podrán condicionar la atención de los reclamos formulados por los usuarios, ni la evaluación de los alumnos, al pago de pensiones, aunque pueden retener los certificados de estudios.

La Ley prohíbe que los usuarios sean obligados a pagos diferentes a los de-terminados por ella, ni a sufragar pensiones adelantadas, ni menos aún a las tan conocidas “contribuciones voluntarias”. La cuota de matrícula no puede exceder al importe de la pensión mensual, y proscribe la antigua costumbre de algunos centros educativos de direccionar al padre de familia al lugar donde adquirir útiles escolares y uniformes.

El reciente Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) complementa la Ley aludida anteriormente, al obligar a respetar algunos dere-chos esenciales del usuario de servicios educativos. En efecto ordena brindar al centro educativo, información objetiva sobre las características del servicio; so-bre los documentos, certificaciones, licencias o autorizaciones con que cuenta el proveedor del servicio; sobre la naturaleza y características de los certificados

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de estudios; y que se difunda las ventajas y cualidades que el centro de estudios ofrece a sus usuarios, entre otros aspectos.

Como es conocido, toda norma sustantiva requiere de normatividad pro-cesal para hacerla cumplir y de sanciones para el caso de incumplimiento. El reciente Código de Protección y Defensa del Consumidor dispone que quienes se sientan afectados por acciones del centro educativo, atentatorias contra los derechos anteriormente señalados o por transgresiones a la normatividad men-cionada, podrán presentar su reclamo ante el mismo centro educativo. Si es que no está de acuerdo con la respuesta del centro educativo o no ha sido atendido, puede formular su reclamo ante el Servicio de Atención al Ciudadano del INDE-COPI.

En caso de no llegarse a acuerdo conciliatorio y se pretenda sanción al centro educativo, se puede iniciar el procedimiento sumarísimo ante el INDECOPI si el servicio educativo está valorizado en menos de 3 UIT (actualmente S/. 10,800). En caso que el valor del servicio sea superior a la cantidad antes indicada, la reclamación podrá ser formulada ante la Comisión de Protección al Consumi-dor del mismo INDECOPI, que de ser procedente sancionará al centro educativo infractor.

Conforme podemos advertir el padre de familia tiene la protección de la Ley cuando el centro educativo atenta contra sus derechos, y tiene además las vías procedimentales para hacerlos valer, y existe la autoridad que puede aplicar sanciones cuando se acrediten infracciones. No hay motivo alguno para soportar abusos.

Diario La Razón

30 de enero de 2011

HISTORIA DE LA INFANTERÍA DE MARINA DEL PERÚ

Con el título “Acción y Valor”, Jorge Ortiz Sotelo, historiador y marino, ha escrito la “Historia de la Infantería de Marina del Perú”, para lo cual contó con el apoyo de la Asociación de Oficiales Infantes de Marina, así como de las empresas “Secu-ritas” y “Forza” estimuladas para ello por Wilson Gómez-Barrios quien no olvida su antigua vocación de marino e infante.

Es bueno resaltar el auspicio de empresas del sector tanto público como pri-vado, para editar importantes obras literarias, como por ejemplo Telefónica con el Quijote de la Mancha, Petro Perú que como heredera de la IPC continuó con Fanal y la edición de libros de mesa que reproducen obras pictóricas de los me-

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jores exponentes de ése arte en nuestra patria, como también lo hacen algunos bancos y empresas de seguros. Muchas empresas se han prodigado en solventar valiosas ediciones que va más allá del campo de las artes y la literatura, pues tam-bién inmortalizan monumentos arqueológicos, paisajes de nuestras tres regiones, joyas arquitectónicas, y en los últimos años destacan esfuerzos de la Universidad San Martin de Porres en materia gastronómica y el conocimiento del pisco, que fue, es y siempre será peruano.

En los últimos tiempos, a las materias escogidas por el compromiso cultu-ral de instituciones y empresas, se ha sumado el interés por nuestros Institutos Armados y Policía, en que es meritorio el auspicio de la Universidad Alas Pe-ruanas para reproducir la lucha de aquellos para recobrar la paz en nuestro país, golpeado por el accionar criminal del terrorismo que con el correr de los años se confabuló con el narcotráfico.

Ahora al editar Securitas y Forza la “Historia de la Infantería de Marina del Perú” se enriquece su conocimiento, el que alberga los antecedentes en época colonial y en los años en que se forjaba nuestra independencia y los casi dos siglos de existencia como Estado. Más que mostrarnos, nos educa en los valores que defienden las Fuerzas Armadas y Policía para doblegar a los antisociales que quieren la desaparición del Estado y que campee libremente la subversión terro-rista con sus secuaces del narcotráfico.

Vemos como una fuerza de infantes que originalmente pertenecían al Ejér-cito, se sumaba a efectivos de la Marina para darles el complemento que reque-rían para combate y desembarco, y como se evolucionó hasta tener la Marina su propia infantería que pasó del litoral a lagos serranos y ríos de la Amazonía para defender nuestro territorio, realizar acciones de alfabetización y salubridad en sus travesías por los selváticos ríos.

La obra a que nos referimos, también nos relata la contribución de la In-fantería de Marina en la lucha frontal con el terrorismo desde que en 1983 se le asignó responsabilidades específicas en las provincias ayacuchanas de Huanta y La Mar, para luego proseguir en guarniciones, bases y puestos en el Ucayali y en el Alto Huallaga. Con rigor también relata los sufrimientos de nuestros infantes de marina que cayeron ultimados por acción de grupos de aniquilamiento de los subversivos terroristas y también en viles emboscadas que enlutaron a nuestra patria.

Relata el autor la eficiencia demostrada por el componente de la Infantería de Marina peruana en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, donde bri-llaron con luz propia en Haití y Chipre, y en que trasuntando el contenido de la interdicción y seguridad, fueron irrenunciables agentes de promoción social de las comunidades urbanas y rurales a su cuidado.

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Ojala que más instituciones y empresas se sumen a solventar tareas edito-riales que hagan conocer el accionar de Fuerzas Armadas y Policía en su defensa de la patria y su compromiso de impedir cualquier situación que nos desvíe del camino emprendido desde los albores de la Independencia.

Diario Oficial “El Peruano”15 de abril de 2011

UNIVERSIDAD DE TAYACAJA

Dice antiguo refrán, que quien siembra vientos cosecha tempestades, y esto es lo que ha sucedido con la apresurada e irresponsable aprobación de la Ley Nº 29716 de creación de la “Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo”.

Suponemos que nadie está en contra que en el Perú exista educación univer-sitaria, pero ella tiene que ser de calidad, con la debida acreditación, establecién-dose nuevas universidades donde es necesario de acuerdo con evaluaciones y estudios previos que realicen las correspondientes autoridades o sus promotores.

Pero ¡Oh sorpresa! A dos diferentes grupos de parlamentarios se les ocurrió que en Pampas, capital de la provincia de Tayacaja del departamento de Huan-cavelica, debía existir universidad pública, pese a que ya existe universidad en la capital del departamento y con filial de la misma universidad instalada y en funcionamiento en Tayacaja, entre otras provincias.

Ambos proyectos de ley se presentaron en marzo del presente año, pasan a la Comisión de Educación del Congreso para su evaluación y dictamen, sin que se produzca ni lo uno ni lo otro, hasta que la Junta de Portavoces del Parlamento, en que están representadas todas las bancadas parlamentarias, dispensó a los proyectos de los respectivos trámites. Pasaron los proyectos directamente a deba-te en el Pleno del Congreso, el que se desarrolló el pasado 1 de junio.

En el Congreso se festinaron los trámites requeridos para la creación de una nueva universidad, pues la Ley Universitaria Nº 23733 dispone que las universi-dades nacen por ley previos informes de los organismos pertinentes. Se aprobó la ley sin conocerse siquiera la opinión del Ministerio de Educación, de la Asamblea Nacional de Rectores y del Consejo Nacional para la Autorización de Funciona-miento de Universidades (CONAFU)

Tampoco se acreditó en el Congreso la necesidad de la universidad, ni me-nos la disposición de personal docente calificado y los recursos que aseguren la eficiencia de sus servicios, como también manda la Ley Universitaria.

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La irresponsabilidad con la que actuó el Congreso es más grave aún, pues hizo oídos sordos a las observaciones y objeciones de la pre-existente Universi-dad Nacional de Huancavelica, con instalaciones y dictado de clases en la propia provincia de Tayacaja, que hacía innecesario duplicar esfuerzos.

Fue en aumento la irresponsabilidad cuando se aprueba la creación de la nueva universidad sobre la base de la sede de la Universidad Nacional de Huan-cavelica en la provincia de Tayacaja, y llegó al sumun de la incoherencia cuando establece que la nueva universidad ofrecerá las mismas carreras profesionales que brinda la de Huancavelica.

Para colmo, le quitan a la Universidad más antigua los recursos para su sede en la provincia de Tayacaja y le tiene que transferir a su personal docente y admi-nistrativo, pero los alumnos de aquella seguirán con clases en Tayacaja, pero sus profesores y docentes se encontrarán bajo la autoridad de la nueva universidad. ¡De locos!

El Ejecutivo cae en los mismos errores que el Congreso, pues habiéndosele enviado la autógrafa de la ley de creación de la nueva universidad el 17 de junio, se apresura a promulgarla el día 22 y a publicarla oficialmente el 23 del mismo mes y año, sin tampoco realizar estudios ni evaluaciones, pese a tenerse conoci-miento de las protestas en ciernes.

No se ha considerado el número de pobladores de la provincia de Tayaca-ja, tampoco la población que podría acceder a la nueva universidad, no se han considerado las carreras que pudieran ser de necesidad en la zona, se ha omitido tener en cuenta la conveniencia de contar con estudios técnicos adecuados a las actividades que se desarrollan en la zona, y ni siquiera se ha consultado con el ente encargado de hacer la planificación estratégica que el país demanda.

Los entuertos se han tratado de minimizar con la dación de un Decreto de Urgencia, pese a lo cual tenemos que afirmar: ¡Qué tal irresponsabilidad! y Dios no quiera que a otros “iluminados” parlamentarios se les ocurra seguir trans-formando sub-sedes universitarias en universidades autónomas. Y después se quejan.

Diario La Razón

10 de julio de 2011

PROPIEDAD CAUTIVA O LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD

La propiedad, conforme la define nuestro Código Civil, es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer, y reivindicar un bien. No es un derecho abso-

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luto pues debe ejercitarse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.

Nuestra actual Constitución, de data posterior al Código Civil, establece que el derecho de propiedad es inviolable y garantizado por el Estado, agre-gando que a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya el eventual per-juicio.

Dentro de las limitaciones al derecho de propiedad, tenemos la de los bienes que integran el “Patrimonio Cultural de la Nación”. Estos bienes son los que por su importancia, valor y significado -entre otros arquitectónico, histórico, artísti-co, militar, y religioso- sean declarados como tales por el Ministerio de Cultura, heredero en tal función del Instituto Nacional de Cultura.

Si se trata de bien inmueble no prehispánico, de propiedad particular, que sea declarado como monumento integrante del “Patrimonio Cultural de la Na-ción”, su titular sigue siendo propietario, pero en la práctica propiedad cautiva, pues las limitaciones a su ejercicio son severas de acuerdo a la “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación” y su Reglamento.

En efecto, el propietario de los inmuebles a los que nos referimos, tiene la obligación de registrarlo, protegerlo y conservarlo adecuadamente, evitando su abandono, depredación, deterioro o destrucción. Si lo pretende transferir a título oneroso a otro particular, debe ofertarlo previamente al Estado quien tiene dere-cho de preferencia.

El propietario de los inmuebles en cuestión, tampoco los podrá alterar, re-construir, modificar o restaurar, total o parcialmente, sin la previa autorización del Ministerio de Cultura, y adicionalmente obligado a permitir el acceso a los investigadores debidamente acreditados, además de consentir en las obras de restauración indispensables a juicio de la autoridad cultural.

El Estado ha tratado tímidamente de compensar las limitaciones al derecho de propiedad sobre tales predios, con la inafectación del Impuesto Predial y a permitir a los donantes para la restauración de los mismos, la deducción como gasto para efectos del Impuesto a la Renta, de lo que se invierta para ello.

La discrecionalidad de la autoridad cultural para declarar como monumen-to integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a inmuebles de propiedad privada, en la práctica es muy amplia y vemos con frecuencia tales calificaciones porque en el predio nació o murió alguna persona de alguna relevancia o signi-ficación a juicio de la autoridad, o porque supuestamente tiene características arquitectónicas o artísticas de singular valor o belleza que no necesariamente se ajustan a estándares generalmente aceptados.

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Sería conveniente que se dictaran normas prolijas que eviten en lo posible la discrecionalidad de la autoridad cultural, pues las declaraciones de bienes monu-mentales integrantes del patrimonio cultural muchas veces frenan el desarrollo y afectan las pretensiones de otros usos que pudieran considerar sus propietarios. Proteger sin excesos el patrimonio cultural, en buena hora, pero sin afectar el ejercicio razonable y legítimo del derecho de propiedad de los titulares.

Diario La Razón

14 de agosto de 2011

AMPLIAR INCENTIVOS A UNIVERSIDADES PARTICULARES

Hacen quince años se promulgó el Decreto Legislativo Nº 882 por el cual se con-cedieron incentivos para que instituciones educativas particulares, entre ellas uni-versidades, pudieran tener ánimo de lucro, manteniendo su voluntad de servicio.

Entre los incentivos que la citada norma otorgó se encuentra un crédito tri-butario por reinversión, equivalente al 30% del monto invertido, que sin duda estimuló la creación de diversas universidades y que la educación de nivel uni-versitario llegara a los lugares más recónditos del país, con lo que se democratizó el acceso a la educación superior olvidando su previa conceptuación elitista.

La misma norma logró que los promotores invirtieran en edificaciones para el dictado de clases, instalen modernos centros informáticos, excelentes bibliote-cas y laboratorios, e inauguren nuevas carreras buscando el avance científico y la innovación tecnológica.

Como quiera que en la disposición legal autoritativa del incentivo de rein-versión de utilidades no señalaba plazo, las universidades entendieron que el mismo era indefinido, lo que en alguna medida fue corroborado por el Sector Educación y la SUNAT al evaluar sus planes de reinversión, hasta que la admi-nistración tributaria empezó a desconocer el citado incentivo tributario y a acotar el Impuesto a la Renta sin considerar el crédito por reinversión. El argumento de la SUNAT fue que las exoneraciones y beneficios tributarios, cuando no se precisa plazo, el mismo es de tres años según el Código Tributario, norma que ya está derogada.

Para resolver el tema el Congreso de la República, ejerciendo su facultad constitucional interpretativa de las leyes, aprobó la Ley Nº 29766, promulgada por el Gobierno anterior, la que precisó que las universidades privadas acogidas al Decreto Legislativo Nº 882 gozaron del beneficio de reinversión al que nos referimos hasta el 31 de diciembre de 2008.

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Ahora al actual Gobierno se le ha ocurrido que la reciente Ley Nº 29766 es inconstitucional y por ello ha presentado un proyecto de ley para su derogatoria, pretendiendo con ello que la precisión interpretativa contenida en la mencionada norma no tenga efecto alguno. Craso error, desde que entró en vigencia la Ley Nº 29766 ella ha tenido efectos, y entre ellos convalida las reinversiones de uti-lidades con crédito tributario contra el Impuesto a la Renta. No olvidemos que incluso cuando el Tribunal Constitucional deja sin efecto una norma legal, ello no enerva los efectos que tuvo la norma mientras se encontró vigente.

Si los genios que redactaron el proyecto de ley creyeron que con la derogato-ria recobraba vigencia el límite de 3 años, para los beneficios tributarios sin plazo predeterminado, se volvieron a equivocar pues el Título Preliminar del Código Civil, señala que una norma derogada no recobra vigencia cuando la norma de-rogatoria es a su vez derogada.

Antes de invalidar estímulo tributario para la educación superior, lo que habría que hacer es ampliar su plazo para que la educación universitaria llegue a más personas, siempre y cuando la calidad educativa sea de excelencia y certifi-cada. Queremos buenas universidades con adecuadas instalaciones, no cualquier universidad. Lo que haga el Sector Privado ahorra recursos al Sector Público.

Diario La Razón

11 de diciembre de 2011

EDUCACIÓN Y TRANSPORTE

En reciente artículo, el reconocido pedagogo León Trahtemberg, comenta estu-dios realizados por el siquiatra Jeff Deitz, quien critica que los adolescentes se despiertan para ir a la escuela muy temprano, sin tomar en cuenta su reloj bio-lógico. Propugna que dormir lo suficiente es esencial para mantener el foco de atención y concentración, proponiendo que los adolescentes ingresen a clases a las 9 de la mañana.

Seguramente la tesis del doctor Deitz tiene sustento científico, más cuando León Trahtemberg la asume, y ello me lleva a vincular la propuesta de ingreso de los adolescentes a la escuela a las 9 am con la caótica situación de nuestro tráfico.

Por lo general quienes van a sus centros de trabajo, como los que van a es-cuelas, institutos superiores y universidades, salen de sus hogares a la misma hora en busca de la respectiva movilidad que los lleve a sus destinos. Evidente-mente, si todos salen a la misma hora de sus viviendas, el tráfico de vehículos de pasajeros será infernal, los vehículos no avanzan, se hacen innumerables nudos,

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los conductores al igual que los pasajeros se violentan, muchos no llegan a tiem-po a sus centros de trabajo o de estudio, y lo que es peor, se sabe que cada año el tema será más grave si es que no se toman medidas correctivas adecuadas, pues de año en año hay más población y más vehículos automotores en circulación.

Simplemente poniendo el tema en la mesa para su debate y para pensar en medidas paliativas, bien podría disponerse el ingreso del personal a sus centros de labores de las instituciones del Estado, a una hora conveniente que no per-turbe la del ingreso a los centros de estudios. Otra medida podría ser que en los casos en que sea el Estado quien corra con el financiamiento de la educación es-colar, los alumnos de las escuelas o colegios estatales vayan a los centros educa-tivos públicos más cercanos a sus domicilios para que no tengan que trasladarse cotidianamente a lugares distantes de sus hogares para estudiar.

Si el Estado es quien solventa la instrucción en la escuela pública, puede imponer condicionamientos para ello, como que el centro de estudios que los padres de familia escojan se encuentre a distancias convenientes y cortas.

Creemos que si por un lado hay horarios diferenciados para el ingreso a cla-ses de los adolescentes, tal como señalan los doctores Deitz y Trahtemberg, y por otro los alumnos cuya educación es solventada por el Estado van a clases en las escuelas públicas cercanas a sus domicilios, se habrá contribuido en algo a aliviar el caos del transporte que sufrimos día a día.

Diario Expreso

06 de enero de 2012

¡QUE MIEDO! LAS MATRÍCULAS

Estamos en tiempos de matrículas en que los sufridos padres de familia tienen que hacer malabares para cubrir sus costos y los de las pensiones, adquisición de útiles escolares, libros, uniformes, contratar movilidad o hacer grupo para llevar a los alumnos a sus centros de estudios.

Hace diez años aprobamos en el Congreso la Ley 27665 con dos objetivos, el primero evitar que los alumnos reciban trato discriminatorio e indigno cuando sus padres no han podido atender el pago de las pensiones escolares. Los niños no tienen porque recibir maltrato psicológico por ninguna causa ni los centros de estudio aplicar contra ellos fórmulas intimidatorias.

El segundo objetivo era impedir los abusos económicos de algunos centros de estudios contra los educandos y sus padres, para lo cual se dispuso que aque-llos no podrán condicionar la evaluación de los alumnos al pago de las pensio-

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nes, y también se ordenó diversas otras medidas que los padres deben tener en cuenta al momento de la matrícula.

Entre los asuntos que los padres deben tener presente, es el no ser obligados al pago de sumas o recargos por conceptos distintos a los establecidos en la ley, ni tampoco al pago de pensiones adelantadas, y menos aún al pago de contribu-ciones supuestamente “voluntarias”.

Por mandato de la Ley que comentamos no se podrá establecer por concepto de matrícula un importe mayor al de la pensión mensual y la cuota de ingreso se cobrará una sola vez, por lo que en caso de reingreso el centro educativo no podrá exigir el pago de nueva cuota.

Los usuarios del servicio educativo no podrán ser obligados a presentar el total de útiles escolares al inicio del año escolar, ni a adquirir uniforme y/o mate-riales o útiles educativos en establecimientos señalados con exclusividad por los centros educativos.

La Ley a la que nos hemos referido fue complementada con disposiciones contenidas en el reciente Código de Protección y Defensa del Consumidor, entre las cuales destacan el deber de los centros de estudios de brindar información ve-raz, oportuna, y completa sobre el servicio que brindan, sobre las certificaciones que otorgan, y la difusión de las ventajas y cualidades que ofrecen a los usuarios del servicio educativo.

Adicionalmente, por disposición de la Ley 29694, quienes editan o venden textos escolares, tienen la obligación de registrarse ante el “Observatorio Nacio-nal de Textos Escolares” y señalar el precio de los textos.

Como no bastan las normas sustantivas, requiriéndose adicionalmente de procedimientos para hacerlas valer y de aplicación de sanciones en caso de in-cumplimiento, se ha previsto que quienes se sientan afectados por infracciones a la normatividad reseñada, puedan reclamar ante INDECOPI

Diario Expreso

27 de enero de 2012

ESCUELAS, MUNICIPIOS Y TRÁFICO

Una de las pruebas de la mejoría económica de nuestros conciudadanos, es el incremento de las unidades de transporte de pasajeros. Ello tiene sus bemoles como el aumento desordenado de los automotores, deficiencia en el tráfico, ma-yor tiempo de desplazamiento para ir o regresar de centros laborales y de estu-dios, atolladeros, consumo adicional de combustible, desperfectos en los vehí-

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culos, malhumor de conductores y pasajeros, e incremento de la contaminación ambiental.

El tráfico se acentúa en los meses en que los escolares tienen sus clases, pues se trasladan desde sus hogares a los centros de estudio y viceversa, sea en unida-des vehiculares colectivas como en las familiares.

Si los padres de familia matriculan a sus hijos en escuelas y colegios cer-canos a sus domicilios, el tráfico vehicular decrecerá, lo que no significa que se arregle el problema, pero por lo menos será aliviado.

En la escuela privada no se puede obligar a los padres de familia a matri-cular a sus hijos en colegios de la localidad, pero en la pública, que es la que el Estado costea, ello si es posible como condicionamiento para la gratuidad.

Entre tanto se estudie lo expuesto y se proyecte la normatividad necesaria, los municipios interesados en reducir el intenso tránsito vehicular bien podrían paliar la situación, estimulando a los padres de familia para que cambien a sus hijos a centros escolares de la localidad de sus domicilios, o los matriculen por primera vez en ellos.

Se pueden otorgar estímulos tan sencillos como entregar paquetes de útiles escolares, uniformes, y becas, todo lo cual es menos oneroso que las consecuen-cias del caótico tránsito. La imaginación no tiene límites y se supone que la buena voluntad tampoco.

Diario La Razón

Lima, 12 de febrero de 2012

PÉSIMO EJEMPLO

Generalmente aceptado es el aforismo que una imagen vale más que mil pala-bras, y que el ejemplo educa. Evidente que se trata del buen ejemplo, pues el malo simplemente deforma. Como habrán advertido los lectores, me estoy refiriendo al ejemplo –pésimo por cierto- que están dando algunos maestros a sus pupilos.

Cierto es que la huelga es un derecho, pero un derecho a no hacer y de nin-gún modo a agredir, ni tampoco a impedir que otros cumplan con sus labores docentes. ¿Con qué cara algunos maestros podrán exigir a sus alumnos discipli-na y buen comportamiento, si con sus acciones el discurso cae por tierra y hecho añicos?

La imagen de la violencia de ciertos maestros, tomando locales, apedreando escuelas y al propio Ministerio de Educación, así como agrediendo a otros edu-cadores, la están viendo sus discípulos en la televisión y en los medios escritos,

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además de escucharlo en cuanta radio existe. ¿Podrán combatir esos profesores el bulling en sus centros de enseñanza? La respuesta es obvia.

Nadie duda que los maestros tienen necesidades, deben mantener a sus fa-milias, tienen que seguirse preparando en materia docente y en sus diferentes especialidades, por lo cual requieren de remuneraciones adecuadas a la respon-sabilidad de instruir, educar y formar a los alumnos. Sin embargo el camino para lograr justicia remunerativa no es el que erradamente han tomado; existe el con-veniente camino del diálogo alturado y sincero, y sin olvidar que para las remu-neraciones tiene que tomarse en cuenta, de un lado las necesidades de quienes las reclaman y de otro las posibilidades del que debe darlas.

De tiempo atrás se viene proponiendo que las retribuciones al magisterio se otorguen a base de meritocracia, lo que está bien, pero también tiene que haber un piso general al que se agregue un plus por méritos, por mejor preparación, por evaluación acreditada. En fin, el aumento normal de sábana pero con el aña-dido por los méritos aquilatados, de ser el caso.

Con la huelga magisterial los alumnos se retrasan en el aprendizaje, ya bas-tante cuestionado por sus bajos niveles, trastocan la rutina de sus actividades e incluso complican a sus progenitores, que no teniéndolos en las escuelas en los horarios lectivos, tienen que preocuparse de su cuidado. También por cierto les modificará sus planificaciones del verano, pues probablemente los alumnos ten-drán que recuperar clases. Como vemos los daños de la paralización de labores escolares en amplio.

Ojalá que los ¿maestros? recapaciten, retornen al diálogo que nunca debió interrumpirse, y comprendan que igual como tienen derechos también tienen obligaciones, que nunca deben olvidar ni menos incumplir.

Diario Expreso

28 de setiembre de 2012

FUNDAMENTALISMO CULTURAL

El diario que nos brinda sus páginas ha dado cuenta de los trajines de los di-rectivos del “Hospital Arzobispo Loayza” para modernizarlo y para que pueda brindar el servicio de salud con óptima calidad a sus pacientes. También dio cuenta del calvario sufrido para hacer entender a las autoridades del Ministerio de Cultura (antes INC) que la primera obligación del establecimiento es atender a los pacientes, quienes por no tener recursos suficientes o no estar inscritos en la Seguridad Social, están impedidos de escoger otras opciones.

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La situación del hospital mencionado llegó al paroxismo al ser multado por haber mejorado las instalaciones de su emergencia y módulos de espera de los pacientes, lo que demuestra que algunas autoridades del Sector Cultura no en-tendían, y creo que siguen sin entender, que la cultura tiene que fomentarse, pero que no es el único bien público, y que existen otros aspectos que deben ser considerados con preferencia.

La salud humana es de principal importancia y el Estado tiene el deber cons-titucional de atenderla pues está en juego la propia vida y la integridad de las personas. Si bien las instituciones públicas tienen que ver por el objetivo especia-lizado de las mismas, no pueden ser ciegas ante otros aspectos ni menos ser diri-gidas como compartimentos estanco, tienen que ver las cosas con criterio amplio y entender prioridades.

La prioridad de los establecimientos de salud no es mostrar al público la arquitectura de antaño, los amplios espacios de sus recintos, ni los diferentes pabellones que se construyeron. La prioridad es la salud y para dar un buen servicio no puede un hospital quedarse en lo hecho un siglo atrás, tiene que infor-matizarse, contar con los adelantos de la ciencia y de la tecnología, instalar salas de cuidados intensivos y de recuperación, poner modernos tomógrafos y otras ayudas para el diagnóstico y laboratorios de primer nivel, entre muchas otras ne-cesidades. Pues bien, nada de ello se puede hacer por la visión majadera y obtusa de funcionarios del Sector Cultura que lo único que ven sus ojos es la cautela de viejo ornato de dudoso patrimonio inmobiliario, que fue hecho para dar servicios de salud y no para que se paseen terceros dentro de sus instalaciones.

Se puede conciliar la atención de la salud con la protección del patrimonio monumental, pero lo que no puede hacerse con fundamentalismos trasnochados es someter la salud humana a veleidades conservacionistas, en que lo que no se conserva es lo más valioso: la vida humana.

Diario Expreso

26 de octubre de 2012

INGRATITUD

Hace algunas semanas, con ocasión del traslado de familiares del Cementerio El Angel a otro de la ciudad, recorrí algunas zonas de aquel así como del Presbítero Maestro.

La sensación general fue de descuido, de falta de aseo, de inseguridad, a lo que se agrega el deterioro de muchos de los mausoleos, además de la sustracción

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de esculturas y lápidas de mármol, adicional al abandono de lo que antaño fue-ron jardines.

Si ello lo contrastamos con el mantenimiento prolijo de cementerios como el de La Recoleta en Buenos Aires, la sensación de abandono es mayúscula. Por lo general en los cementerios se encuentran importantes obras de arte, como por ejemplo en escultura diversas imágenes del santoral y en arquitectura diseños que llevan a recogimiento y meditación en mausoleos familiares.

Los cementerios -debidamente conservados- se han convertido en diversas latitudes en lugares obligados de turismo, lo que podría copiarse en nuestra pa-tria si a los dos más importantes cementerios de la capital se les da el debido cuidado y promoción.

Fuera de las percepciones genéricas antes expresadas, ocupo mi atención singular el mausoleo de la familia de don José de la Riva-Agüero y Osma, donde “reposan” sus restos, si es que se puede llamar reposo a un lugar descuidado, sucio, sin mantenimiento y sin siquiera una flor colocada con un microscópico porcentaje de lo que le legó a la Universidad Católica del Perú.

Don José de la Riva Agüero le entregó su inmensa fortuna y bienes a la Universidad mencionada, los que supo aumentar y redituar debidamente para el sostenimiento y crecimiento de ésa importantísima casa de estudios por la que tengo los mejores recuerdos de mi vida universitaria antes de mudar a la también muy querida San Marcos.

La Universidad Católica, a la que no sé si seguirla llamando Pontificia o única-mente PUCP, tiene no solamente la obligación legal de mantener el mausoleo de Ri-va-Agüero tal como lo determina su última voluntad, plasmada en el tan famoso y dis-cutido testamento, sino también obligación moral que emana de un deber de gratitud.

Les dio todo, pero no le retornan ni una flor, menos una llama votiva, como tampoco algo de cuidado, situación que debe revertir; al igual que retomar la edición de las obras completas de don José de la Riva-Agüero que han quedado inconclusas, por desidia injustificable, si se tiene en cuenta que la PUCP existe por la generosidad de don José. ¡Qué ingratitud!

Diario Expreso

25 de enero de 2013

UNIVERSIDADES Y ALGO MÁS

Somos conscientes de la existencia de cuestionamientos al sistema universita-rio peruano, centrados principalmente en el tema de calidad de la enseñanza y

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consecuentemente del aprendizaje en algunos centros universitarios, lo que ha derivado en que hayan voces que indebidamente generalicen la situación, lo que además de ser incorrecto adolece de veracidad.

Gracias a la Constitución hoy día coexiste la universidad pública con la uni-versidad privada, y esta última tanto bajo la modalidad asociativa como la socie-taria. El modelo aludido ha permitido el incremento del alumnado en los últimos años, dándose acceso a la formación universitaria a miles de personas que antes no lo tenían, pues el Estado carecía de posibilidades de atender la creciente de-manda educativa universitaria.

La variedad de universidades permite la sana competencia, y los educandos pueden decidir en la diversidad de opciones existentes según los programas de formación profesional, las estructuras curriculares, la infraestructura e instalacio-nes universitarias, el perfil y prestigio de los profesores, la incorporación de los egresados al campo laboral, entre otros indicativos.

Pese a lo expuesto no todo es color de rosas y hay que buscar soluciones apropiadas a los cuestionamientos -felizmente no generales- a que nos hemos referido en el primer párrafo de estas reflexiones. Por ello es absolutamente razo-nable que el Estado estudie el problema y que se debatan en el Congreso los dife-rentes proyectos de ley formulados para hacer variaciones legislativas en nuestra normatividad universitaria.

Algunos consideran que bastaría hacer cambios puntuales en la actual legis-lación regulatoria universitaria, otros creen que hay que modificar todo el sistema con una nueva ley universitaria que incorpore reglas desde su fundación hasta su extinción pasando por la acreditación que podría ser voluntaria u obligatoria.

Se trate de nueva normatividad integral o cambios parciales, ella tiene que hacerse escuchando a todos los interesados en el tema, partiendo de la premisa que un país desarrollado, como al que aspiramos, requiere contar con profesio-nales de primer nivel, que tienen necesariamente que formarse en universidades de calidad, lo que no se va a lograr únicamente porque lo diga la norma legal.

Creemos que todos los actores del cambio universitario tienen que despo-jarse de soberbia y con humildad estudiar y aquilatar los argumentos de quienes no piensen igual, a fin de llegar mediante el diálogo y debate a una buena norma que siente las bases de algo mejor que lo que tenemos, y que todos alcancen la calidad educativa de primerísimo nivel que tienen ya algunas de nuestras uni-versidades.

En lo que si debemos ser muy vigilantes, es en el respeto y cumplimiento de la autonomía universitaria que consagra la Constitución, al determinar que “cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno acadé-mico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios

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estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”. Establecer organismos públicos dependientes o con injerencia gubernamental por encima de las uni-versidades y ajenos al sistema universitario, sería una tentación que tenemos la obligación de evitar.

Diario La Razón

16 de junio de 2013

AUTONOMÍA DE UNIVERSIDADES EN COMA

Indiscutiblemente necesitamos mejorar la calidad educativa de algunas universi-dades, tanto públicas como privadas y más en las primeras que en las segundas. Para remediar la situación en la Comisión de Educación del Congreso se discute nueva normatividad legal universitaria, pero penosamente el remedio es más nocivo que la enfermedad, y no por ánimo dañino del presidente de la comisión parlamentaria que evalúa la propuesta, cuya corrección y buena fe resaltamos, sino porque han “vendido” a dicha Comisión sebo de culebra, destrozando la autonomía y libertad universitaria consagrada por la Constitución para sustituir-la por el sometimiento del sistema universitario a una autoridad gubernamen-tal extra-universitaria y superior a ella, en lugar de otorgar más facultades a la Asamblea de Rectores, para que empoderada efectúe mejor sus tareas.

Dicen que las universidades no son autónomas pues las públicas están so-metidas a la Contraloría General de la República, pero ello es para la fiscaliza-ción presupuestal. Dicen que las privadas societarias están fiscalizadas por la SUNAT, pero ello es para que cumplan con la tributación. Señalan que todas están sometidas a las decisiones de la Judicatura, lo que no es extraño pues las decisiones jurisdiccionales deben ser cumplidas de rey a paje.

Cuando se trata de autonomía de las universidades, el concepto se refiere a lo administrativo, académico y económico, esto es para que pueda ejercer con libertad su propósito educativo, tal como lo ordena la Constitución del Estado.

La autonomía no es cosa nueva, ya en 1917 Víctor Andrés Belaunde la re-clamaba para evitar se impida a la Universidad ejercer “…su función esencial, que es la de definir los principios y defender las instituciones esenciales de la ciudadanía”.

Todos los constitucionalistas reconocidos, nacionales como extranjeros, propician y reconocen la autonomía universitaria que debe ser reafirmada y no licuada. Recientemente el profesor Enrique Bernales Ballesteros en “La Consti-tución de 1993, veinte años después”, concluye en “….que si bien la autonomía

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universitaria está relacionada al quehacer mismo de la universidad, tiene un in-negable tinte de protección y garantía de su labor frente a los poderes que inten-tan sojuzgarla total o parcialmente”. Agrega que “…la autonomía universitaria es la única garantía para que la universidad preste adecuados servicios y forme profesionales con libertad de análisis y crítica”.

El maestro Enrique Chirinos Soto en “Lectura y Comentario de la Constitu-ción de 1993” precisaba que “cuando se dice que cada universidad es autónoma, se quiere decir que las universidades no pueden subsumirse dentro de un siste-ma burocrático que las englobe a todas”.

Víctor García Toma, ex–Presidente del Tribunal Constitucional, en su obra “Análisis Sistemático de la Constitución Peruana de 1993”, advertía que la auto-nomía “…implica el ejercicio de facultades de autorregulación de sus activida-des…” y “se encuentran libres de cualquier tipo de intervención de entes extra-ños a su seno…”

Estamos a tiempo que el Parlamento con juicio sereno sin apresuramiento ni apasionamiento, no tire por la borda la centenaria autonomía que ha dado más éxitos que fracasos, y que perfeccionándola sin intervenciones externas, tendrá que cumplir el reto que le reclamamos.

Diario La Razón

23 de junio de 2013

CALIDAD UNIVERSITARIA

En las últimas semanas se ha discutido mucho sobre diversas universidades pri-vadas y su calidad educativa, llegándose hasta plantear la derogatoria del De-creto Legislativo 882, que data de 1996, mediante el cual se dieron incentivos y garantías para promover la inversión en servicios educativos, con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educacional y ampliar su oferta y cobertura.

Para la expedición del Decreto Legislativo 882 se tuvo en consideración la necesidad que el esfuerzo del Estado a través de la educación pública se comple-mente con mayor participación del Sector Privado, pero no podemos olvidar la realidad universitaria de los años previos, elitista por cierto y circunscrita a las grandes ciudades del Perú, requiriéndose de dación de ley para fundar cualquier universidad.

Felizmente tanto por la creación del Conafu como por la instalación de un aún incipiente sistema de acreditación universitaria, las cosas han ido variando y hoy por hoy vemos que existen universidades y alumnos universitarios en el

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interior del país, en localidades en que era simple sueño pensar en la existencia de universidades. En el mundo globalizado de la información y conocimiento en que vivimos, hemos entrado en una etapa de masificación de la instrucción universitaria, que ha reconocido el derecho de todos a mejorar, a ser socialmente inclusivos y no elitistas, y también porque no decirlo, prepararse para el mundo competitivo en que actuamos.

La competencia también es de las mismas universidades, pues las preexis-tentes ante la incursión de las nuevas se vieron obligadas a mejorar sus curriculas educativas, a crear otras escuelas, a acercar la universidad a la sociedad, a abrir nuevas facultades y carreras con modernos métodos de aprendizaje y hasta con educación a distancia, dando acceso a elevar el grado de conocimiento en perso-nas que por sus ocupaciones o responsabilidades estaban impedidas de partici-par en programas únicamente presenciales, reconociéndose que el patrimonio del conocimiento es de todos y no solo de algunos grupos.

Gracias también a los incentivos del Decreto Legislativo 882 se han edificado estructuras educativas interesantes, se han adquirido avanzados laboratorios, y la informática en sus niveles más especializados ha llegado a la universidad pe-ruana.

Detractores siempre habrá, no todos pensamos igual por cierto, pero lo que no podemos ocultar ni dejar de reconocer, es el gran avance existente en una uni-versidad más inclusiva, que pese a sus carencias se va superando y que tendrá que ser complementada con un mejorado sistema de acreditación que eleve la ca-lidad educativa a niveles internacionales, que los títulos que se expidan gocen de prestigio, y porque no decirlo, promover la planificación en el mundo universita-rio para no generar expectativas laborales en carreras que están numéricamente atendidas, mientras hay otras disciplinas con marcado déficit ocupacional.

Diario La Razón

30 de junio de 2013

PROPUESTAS CONSTRUCTIVAS

Días atrás el ex Presidente Alan García nos sorprendió con su propuesta para impulsar el crecimiento, la educación y la seguridad ciudadana. Y digo que nos sorprendió pues no es frecuente que los políticos ayuden, aunque sea con su consejo, a quienes en alguna medida han sido, son o serán contendores.

Evidentemente García I no lo hubiera hecho, pero García II con la experien-cia de gobierno y de la tranquilidad que dan las canas, lo ha hecho y bien.

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Algunos dicen que la actitud de AGP fue calculada y que preparó la propues-ta para desviar la atención investigadora sobre su nueva morada o del ejercicio de la acción de gracia a diversos condenados por el Poder Judicial que cumplían penas privativas de libertad en establecimientos carcelarios, lo que por último constituía atribución presidencial aunque diversos casos fueren objetables.

Cualquiera fuese la motivación, lo cierto es que una propuesta sensata como la realizada, que cruza a diversos sectores de la administración y en diferentes áreas, no se hace de la noche a la mañana, requiere de la colaboración de expertos y lejos de perjudicar ayudará a la actual administración, si es que tiene la humil-dad de aceptar consejos, sobre todo de quien pesa en sus espaldas un mal primer gobierno y que puede inflar el pecho de orgullo por su segundo mandato.

En la propuesta de AGP hay lugares comunes con otros partidos, sobre todo en el objetivo de generar confianza, pues sin la confianza del sector privado que tiene a su cargo la riesgosa tarea de la inversión, poco se puede hacer, ya que es dicho sector el que genera puestos de trabajo productivos y no solamente buro-cráticos que en vez de ser facilitadores son obstaculizadores del desarrollo. Sin la inversión privada exitosa no habrá recaudación tributaria, ya que ella se logra cuando hay tráfico de bienes y servicios y cuando reditúa, es decir tiene renta. Cuando hay pérdidas no hay como recaudar, pero si hay ganancias el Estado se beneficia y tendrá los recursos para atender el gasto público y el social.

García ha tenido la buena iniciativa de dar hasta la relación de proyectos de inversión que deberían ser prioritarios e incluso poner el dedo en la llaga al llamar la atención sobre la pérdida de competitividad.

El Gobierno tiene la palabra y debería conducir al país. No queremos más piloto automático, pero tampoco nave no tripulada.

Diario Expreso

12 de julio de 2013

ESCUELA Y UNIVERSIDAD

Acaba de producirse un cambio gubernamental en el sector educativo, al dejar el gabinete ministerial la ministra de educación que acompañaba al Presidente Humala desde el inicio de su mandato el 28 de julio del 2011. Es el único cambio que adiciona al del Primer Ministro, y que se sepa no es por enfermedad, viaje, nueva ocupación ni nada por el estilo, simplemente no dio talla, la ejecución pre-supuestal muy débil y los problemas sin resolver muy fuertes, en que ni siquiera se pudo cobrar a tiempo el seguro para solventar la reposición de computadoras

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y libros que se perdieron en incendio ocurrido en un depósito del Ministerio de Educación.

Según hoja de vida del nuevo ministro, es un economista dedicado a la in-vestigación sobre temas de pobreza y alivio a la misma, y que ha laborado en el campo del diseño de programas para paliar dicha situación en organismos financieros internacionales. Lo que no sabemos es si su actuación quedó en el diseño de programas o puede también exhibir éxitos en su aplicación. Con todo le deseamos el mejor de los desempeños en su novísima tarea y que sea coronada con el avance en la calidad de la educación estatal y también en la privada.

Cuando se produce el cambio en la cartera de educación, simultáneamente se viene debatiendo en la Comisión de Educación del Congreso de la República, el pro-yecto de dictamen sobre innumerables proyectos para una nueva ley universitaria. Algo así como pretender construir un edificio sin tener aún hechos los cimientos.

Evidentemente si queremos tener buenos profesionales debemos contar con buenas universidades, a las que tienen que llegar buenos alumnos, formados e instruidos sólidamente en la etapa escolar. Si la calidad educativa pre universitaria es baja o deficitaria (no toda por cierto), si los niveles de comprensión de lectura, de matemáticas y de tantas otras disciplinas sigue siendo deplorable, obviamente estamos careciendo de la materia prima para poder moldear una buena escultura.

Sería por ello deseable que comencemos la lectura de la problemática edu-cativa desde el prólogo y no desde el epilogo, para lo cual conviene que el nuevo ministro concurra a la Comisión de Educación del Parlamento para dar a conocer sus impresiones, sus necesidades y prioridades. Ojalá suceda.

Diario Expreso

08 de noviembre de 2013

AUTORITARISMO CONTRARIO A LA ESENCIAUNIVERSITARIA

Todos queremos elevar el nivel universitario, pero donde hay discrepancia es en los mecanismos propuestos por la Comisión de Educación del Congreso para lograrlo.

Los que con reconocida experiencia y mayor conocimiento del tema, nos advierten que con el autoritarismo que prima en la propuesta de la Comisión de Educación no se obtendrá la deseable mejora de la calidad universitaria y adicionalmente se terminaría con la esencia de la institucionalidad universitaria sustentada en la autonomía que debe mantener por mandato constitucional.

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La autonomía universitaria en las esferas académica, administrativa y eco-nómica está en peligro pues el sesgo estatista de lo que se lleva como dictamen para el debate en el Pleno del Congreso, crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEU, adscrita al Ministerio de Educación, con lo cual en la práctica se entrega al poder político de turno, injerencia en la conduc-ción universitaria con el riesgo que ello implica.

El SUNEU estaría integrado por nueve miembros, de los cuales la minoría, cuatro, nacen de las universidades, y la mayoría 5, representan a sectores extra universitarios como son un representante del Ministerio de Educación, otro del CEPLAN, otro del CONCYTEC, otro de los Colegios Profesionales y un último del sector empresarial.

La composición del SUNEU podría ser apropiada si es que se tratara de un consejo consultivo, pero no lo es, sus atribuciones van desde diseñar políticas de desarrollo de las universidades, pasando por la de autorizarlas o denegarlas, al igual que sus facultades, escuelas y programas, unificación de requisitos, y como cereza en la torta, duplicar las tareas de SUNAT en lo que se refiere a la reinver-sión de excedentes en las universidades privadas.

Debemos recordar que nuestra Constitución otorgó asiento a las universida-des en algunos organismos autónomos, con la finalidad de garantizar independen-cia y calidad en sus decisiones. Entre esos organismos tenemos al Jurado Nacional de Elecciones que decide sobre los procesos electorales nacionales, regionales y locales, en revocatoria de autoridades que nacen del voto popular y en tantos otros importantes asuntos. Igualmente está el Consejo Nacional de la Magistratura que nombra a jueces y fiscales de todos los niveles e incluso puede destituirlos.

Si el SUNEU con participación mayoritaria de sectores extra universitarios podría influir en el nombramiento de las altas autoridades a que nos referimos, no solamente peligra la autonomía universitaria sino también de otros entes que deben seguir autónomos. ¡cuidado!

Diario Expreso

13 de diciembre de 2013

UNIVERSIDAD Y TC

En pleno debate en comisiones del Congreso, de una nueva Ley Universitaria, el Tribunal Constitucional por sentencia del 11 de junio de 2013 publicada en el 16 de setiembre último (Exp. 00019-2011-PI/TC) ha resuelto una causa en relación con el sistema universitario, que el Congreso no puede ignorar, pues en caso

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contrario podría enfrentar nuevas acciones de inconstitucionalidad de normas, lo que enturbiaría el ambiente universitario, y lo que es peor, olvidando el antiguo refrán: “guerra avisada no mata gente”.

La sentencia aludida advierte que el contenido de la autonomía universita-ria, constitucionalmente protegida (artículo 18), se refiere al régimen normativo, al de gobierno, al académico, al administrativo y al económico. Ergo, cualquier norma que colisione con la autonomía en cualquiera de dichas esferas, será trans-gresión constitucional.

La sentencia en cuestión, confirma el sentido de una previa (STC 0017-2008-PI) que reconoce el derecho del Estado de supervisar la calidad de la educación universitaria (artículo 16 de la Constitución). Agrega que ninguna universidad se encuentra exenta de un proceso de evaluación externo, y en su caso de la obli-gación de adoptar las medidas que les sean impuestas por los órganos del Estado competentes para elevar su nivel educativo. Aunque en apariencia contradicto-rio, se enfatiza la imposibilidad “…de injerencia externa alguna en estos ámbitos por parte de algún poder público o privado”.

El Estado tiene derecho a velar por la calidad de la educación universitaria mediante el ejercicio de la supervisión, y que ella tiene que ser externa a la res-pectiva universidad en lo singular, ya que no podría ser juez y parte. Empero la externalidad se refiere a la supervisión del Estado desde algún ente por él nor-mado que se encuentre dentro del sistema universitario en su conjunto, que haga la labor encomendada, y que no dependa de la universidad que sea supervisada.

La entidad estatal encomendada de la supervisión universitaria, evidente-mente no puede confundirse con un círculo cerrado en que se dude de la impar-cialidad de sus componentes, por lo cual sin ser ellos las autoridades de cada universidad, bien podrían ser ex rectores muy calificados, y que las atribuciones de la entidad supervisora no perturbe la autonomía de las universidades en las materias anteriormente señaladas.

La supervisión debe ser supra universitaria pero intra sistema universitario.

Diario Expreso

20 de diciembre de 2013

LEY UNIVERSITARIA REQUIERE CONSENSO

El diálogo es lo más conveniente para buscar consensos, pero lamentablemente para la emisión del dictamen conjunto de infinidad de proyectos de ley universi-taria, no ha existido el diálogo democrático sino la imposición autoritaria.

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Un tema que requiere de amplio debate nacional, que trasunta a exposicio-nes no necesariamente versadas de algunos parlamentarios, no puede definirse sin haber escuchado a todos los que algo tienen que decir sobre la problemática universitaria, precisando que no es lo mismo oír a algunos que escucharlos, pues lo segundo implica intercambio de pareceres y evaluación objetiva de las propuestas alternas de quienes tienen visión diferente.

Tampoco se puede tratar un asunto tan importante con calificaciones in-adecuadas respecto a quien preside la Comisión de Educación como a las auto-ridades universitarias. Todos merecen respeto, más cuando hay la motivación común de mejorar la calidad educativa.

La falta de sustentación por los autores de proyectos de ley universitaria en la Comisión de Educación, la carencia de conocimiento oportuno de las actas de las sesiones y de sus acuerdos, así como la inclusión de textos no aprobados, desmerecen un trabajo que debería ser prolijo y fruto de consenso de todos los involucrados.

La existencia de una remuneración rectoral distante del promedio de la mayoría de universidades, no puede motivar la sumisión a una autoridad ad-ministrativa supra pero extra universitaria, que atenta contra el espíritu de la esencia universitaria y la letra de nuestra Constitución.

Tampoco puede justificar someter a todas las universidades a los manda-tos de una autoridad extra universitaria, en temas en que tienen autonomía, por la sola existencia de algunas que no tienen estándares adecuados, cuando hay muchas que los superan y han demostrado su contribución con el Estado. En efecto las universidades privadas permiten que el Estado pueda utilizar re-cursos en otros campos que también requieren de su preocupación, como son salud, educación escolar, seguridad, infraestructura, defensa, e inclusión social.

Vemos con simpatía que el Estado ayude en la formación de mejores pro-fesionales, subsidiando a quienes teniendo méritos no cuentan con recursos económicos. Para ello está el programa “Beca 18”, que complementa las becas y pensiones diferenciadas de la universidad privada, pero no por ello puede el Estado variar su misión para constituirse en interventor del sistema univer-sitario.

Ojalá con sensatez, vuelva el dictamen a mayor estudio, debiendo enrique-cerse con opinión de las Comisiones de Constitución y de Presupuesto, por las aristas existentes en tales materias.

Diario Expreso

23 de diciembre de 2013

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UNIVERSIDAD Y DEBATE

La perseverancia de quien preside la Comisión de Educación en el Congreso, para dotarnos de una nueva Ley Universitaria, es digna de todo encomio, pero cuando tal virtud se torna en tozudez al no aceptar el diálogo que reclama el sector universitario, antes que el tema llegue al Pleno del Congreso, el asunto es preocupante.

Las normas para tener legitimidad, además de legalidad, deben contar con la aceptación del mayor número de personas, y ello se logra convenciendo pero no imponiendo, debatiendo con mente abierta y sin intransigencia, pues el Con-greso es la casa del debate en búsqueda de consensos y no un cuartel.

Nadie duda de las buenas intenciones de quienes impulsan una nueva Ley Universitaria, y este solo hecho ha generado que muchas universidades de du-dosa reputación se esfuercen por mejorar. Empero, como señala antiguo dicho el infierno está empedrado de buenas intenciones. Se requiere muchísimo más que ello, se necesita objetividad y buscar mecanismos que ayuden a elevar la calidad universitaria y no que la universidad sea chata, sombría y carente de luces.

El dictamen emitido por la Comisión de Educación tiene un tufillo autorita-rio, reñido con el espíritu universitario que nos hace acordar la etapa del velas-cato en que todo se pretendía estratégico para justificar que el Estado metiera la mano en lo que se le ocurriera, como ahora lo intenta con la universidad privada que tanto ha ayudado a subsanar las carencias estatales en ésa materia.

Ilusos los que habíamos creído que el verbo “disolver” había pasado a la Historia, pero lastimosamente ha recobrado vida en el dictamen de la Comisión de Educación en que se disuelve a la actual autoridad supra universitaria y a la vez intra universitaria para sustituirla por un ente burocrático con componentes extra universitarios y adscrito al poder político de turno, cualquiera que el sea. Cesan también a las autoridades elegidas. La autonomía universitaria que con tanto sacrificio y esfuerzo se construyó, la derrumban ¡qué penoso!

Los errores en que se incurre en el dictamen son subsanables, si es que hu-biera diálogo, pues no se circunscriben al tema de la autonomía, sino a otros preceptos irreales. Por ejemplo se propone que los estudios de doctorado son a tiempo completo y a dedicación exclusiva, con mínimo de 64 créditos. Sola-mente quienes tienen grado de doctor, obtenido bajo los mencionados requisitos, pueden postular a rector o vicerrector, y el 30% de docentes tiene que tener el mencionado grado.

Si los estudios de doctorado son a tiempo completo y a dedicación exclusiva, en la práctica solamente lo podrían hacer quienes tienen mucho dinero, pues no pueden laborar ni realizar otra actividad. También lo podrían hacer los miem-

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bros de las FF.AA y Policía Nacional, o los de comunidades religiosas, que usual-mente son los únicos a quienes se les otorga licencia con goce retributivo mien-tras estudian. En buena cuenta los doctorados serían elitistas, y lo peor, no habría suficientes doctores para atender los requerimientos propuestos en el dictamen.

¡Debatir, no imponer!

Diario La Razón

05 de enero de 2014

PRECISANDO INCONSTITUCIONALIDADES

Daría la impresión que en la Comisión de Educación del Congreso, pese a dicta-minar diversos proyectos sobre una nueva Ley Universitaria, no ha leído siquiera el primer párrafo del artículo 18 de la Constitución que trata sobre las universida-des. Allí se indica que el Estado rechaza la intolerancia.

Pues bien: letra muerta, la intolerancia ha campeado en la Comisión de Edu-cación, en que cada vez que se le ha dicho que su dictamen contiene inconstitu-cionalidades, no lo quiere escuchar y por supuesto menos debatir.

Versados constitucionalistas como Domingo García Belaunde, Víctor García Toma, Aníbal Quiroga y el rector Iván Rodríguez, han emitido estudios respec-to a las inconstitucionalidades que contiene el texto que se quiere imponer. La respuesta fue ignorarlos y con inflexibilidad y testarudez siguen adelante, sin siquiera razonar que con tal actitud dañan al resto del proyecto que contiene normatividad adecuada y que podría ayudar a mejorar la calidad de la educación universitaria que es el objetivo común.

Dice la Constitución que cada universidad es autónoma en su régimen nor-mativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Sin embargo tratan de imponer un organismo adscrito al Ministerio de Educación que en cuanto a su composición de 9 miembros, 5 son ajenos al sistema universitario, y preten-den que bajo el nombre de Superintendencia se encargue de normar, regular y coordinar la educación universitaria, así como supervisar su calidad y fiscalizar el uso de sus recursos.

La sola lectura de tal pretensión normativa nos lleva a la conclusión que en cuanto a la composición de la Superintendencia, como a sus atribuciones, se aten-ta contra la Constitución que garantiza la autonomía universitaria.

Evidentemente algún organismo debe autorizar la creación y funciona-miento de las universidades, pero si estas son autónomas en lo académico, nada justifica que a la Superintendencia también se le asigne facultad de auto-

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rizar o denegar el funcionamiento de facultades, escuelas y programas. Ello es inconstitucional.

A la Superintendencia se le encarga determinar un proceso unificado para el otorgamiento y denominación de grados y títulos. Al tacho las singularidades de cada universidad, y por supuesto ello también es inconstitucional.

A la misma Superintendencia se le entrega la fiscalización de los recursos económicos y financieros de las universidades, lo que atenta contra la autonomía económica de ellas, pues en el fondo se les estaría ordenando en qué invertir o gastar, y por cuánto.

A las autoridades universitarias elegidas por un tiempo determinado se les saca del cargo antes de vencer su plazo, transgrediendo la prohibición constitu-cional de modificar estipulaciones contractuales por norma legal (art. 62).

Algunos señalan que el nombre de Superintendencia, para la autoridad su-pra universitaria que se intenta crear, es inconveniente. Más allá del nombre en que como dice el refrán “el hábito no hace al monje”, ello es lo de menos, lo que contraría la Constitución es su composición mayoritaria extrauniversitaria y las atribuciones manifiestamente reñidas con el precepto constitucional.

Es necesario el debate para tener una buena norma, que es objetivo de todos. Ojalá se logre conciliar posiciones.

Diario La Razón

12 de enero de 2014

TINTE NO CRECE PELO

Pretendiendo justificar una nueva ley universitaria, se afirma sin rubor que hay universidades de medio pelo. Si señor, las hay, como también las de cuarto de pelo y de décima de pelo, como las de pelo completo, si es que queremos asimilar la calidad universitaria a jerga inelegante.

El hecho que se trate de hacer una nueva ley universitaria para someter a las universidades al poder político, no va a lograr la elevación del nivel académico que todos deseamos. Ni los artificios, maquillajes, y menos el tinte con la que pre-tenden camuflarla hará que el medio pelo crezca y se transforme en pelo entero.

La mejor calidad educativa se obtendrá con la acreditación, entre otros mecanis-mos, pero no afectando la autonomía universitaria como hasta ahora se promueve.

La universidad privada, al igual que la pública, tiene virtudes y defectos, pero no por el sistema en sí, sino por lo que cada universidad ha hecho. La nor-matividad es igual para todas, salvo en lo que es privativo de cada tipo, y si con la

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misma normatividad existen magníficas universidades y también pésimas, ello no es por la norma vigente.

Se ha cuestionado incluso, que las universidades societarias tengan utilida-des distribuibles entre los promotores, después de las reinversiones o del pago de los impuestos al Estado. Si pues, ello es así, como también lo es en colegios, institutos superiores, clínicas, laboratorios, establecimientos de rehabilitación, empresas de saneamiento, de electricidad y de otras energías, y no hay en ello nada malo. Quien invierte su capital aspira con legitimidad a percibir los frutos de su inversión, pero sin desmedro de la calidad educativa

Así como el fabricante de cualquier producto o el prestador de cualquier servicio, trata que la calidad de ellos sea la mejor, el educador universitario debe propiciar que el desempeño educativo sea excelente; a lo que no contribuirá so-meter a las universidades a decisiones, supervisiones y controles de la burocracia estatal. Con ella solamente se obtendrá chatura académica, más trámites, más re-quisitos, más autorizaciones y hacer la vida a cuadritos a todas las universidades.

Hay que reflexionar, no es admisible el autoritarismo ni en el contenido como tampoco en las formas. No todos los autores de proyectos de ley univer-sitaria los han expuesto ante la Comisión respectiva, ni todo lo que aparece en el dictamen fue aprobado, ni todas las actas exhibidas. La festinación advertida acarrea consecuencias, no se olvide.

Diario Expreso

31 de enero de 2014

CASA DE LA LITERATURA

Probablemente sorprenda el título de este artículo, pues habitualmente trato te-mas del quehacer político, la problemática jurídica, la situación social y económi-ca y otros relacionados con lo cotidiano, lamentablemente alejado de los afanes culturales. El motivo de este artículo es destacar un espacio cultural de especial calidad llamado “Casa de la Literatura Peruana”, que no conocía y que visité hace algunos meses, instalado en lo que fuera la Estación de Desamparados, a la espalda de Palacio de Gobierno.

Solo el edificio en que se encuentra la “Casa de la Literatura Peruana” ya es un privilegio visitarlo, con sus amplios salones, ambientes y explanadas bien cuidados y sus magníficos vitrales.

Dicho recinto ha sido felizmente acondicionado para albergar la menciona-da Casa, que es mucho más que una biblioteca y en donde los visitantes pueden

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respirar cultura, especialmente en el género de la literatura, además de nutrir el alma. Sí, nutrir el alma como señalaba Macedonio de La Torre cuando expresaba al transferir alguna de sus espléndidas obras pictóricas: “Te entrego este hijo de mi espíritu”.

Siempre nos alegramos cuando el Estado se preocupa de obras de infraes-tructura, pero cuando le presta atención a la obra inmaterial como es la cultura, con la cual se forma y educa al ciudadano, tenemos que aplaudirlo pues se está sembrando futuro.

En las numerosas salas no solamente se exhiben obras literarias peruanas de primera calidad, sino también encontramos reseñas de la vida de los autores, sus anécdotas, fotografías e incluso filmaciones. Hay material bibliográfico desde los cronistas hasta libros de los autores más recientes, sean novelas, poemarios, ensayos, crítica literaria, teatro y muchísimas otras especies literarias.

Se dictan charlas y conferencias, existe debate, se puede conversar con los auto-res, escuchar sus experiencias así como las motivaciones que los llevaron a su crea-ción intelectual, soñar en conjunto sobre el destino del Perú, revisar nuestra Historia.

La tertulia ha sido rescatada y con diálogos amenos se puede tomar un buen café, así como recrearse con la vista del Parque de la Muralla y esa Lima que no queremos desaparezca.

Para las visiones ideológicas del Perú hay pluralismo pues se pueden estu-diar los escirots de Víctor Raúl Haya de la Torre desde la vertiente social demó-crata, como las de José Carlos Mariátegui desde el pensamiento marxista, al igual que las de Víctor Andrés Belaunde desde sus filmaciones social cristiana. Hay de todo y para todos. Preservemos ese espacio cultural.

Revista Gente

Marzo de 2014

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: SOS

Se encuentra en agenda del Congreso el debate de una nueva Ley Universitaria, para lo cual su Comisión de Educación ha presentado el correspondiente dicta-men que ha merecido infinidad de críticas principalmente porque la pretendida creación de la “Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEU” afecta la autonomía universitaria.

La mencionada autonomía está consagrada en el artículo 18 de la Constitu-ción que señala que “cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico.”

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En sentencia del 15 de junio de 2010 del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 00017-2008-PI/TC, como intérprete de la constitución ha esti-mado que “la autonomía universitaria es una garantía institucional, cuyo conte-nido constitucionalmente protegido, cubre los siguientes aspectos”:

-Régimen normativo: implica la potestad para la creación de normas inter-nas destinadas a regular la universidad.

-Régimen de gobierno: implica la potestad para estructurar, organizar y conducir, la universidad.

-Régimen académico: implica la potestad para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la universidad. Ello implica el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, forma de ingreso y egreso de la institución, etc.

-Régimen administrativo: implica la potestad para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistema de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la universidad.

-Régimen económico: implica la potestad para administrar y disponer del patrimonio institucional, así como para fijar los criterios de generación y aplica-ción de los recursos financieros.

El dictamen parlamentario propone como hemos indicado, la creación del SUNEU, el cual no solamente podrá autorizar el funcionamiento de universida-des, sino también de sus facultades, escuelas y programas. Establecerá un proce-so “unificado” para el otorgamiento de grados y títulos universitarios así como de su denominación. Fiscalizará el uso de los recursos económicos financieros de las universidades públicas y la reinversión de excedentes de las universidades privadas, entre diversas otras atribuciones y funciones que evidentemente coli-sionan con la autonomía universitaria que anteriormente se ha descrito.

Si en adición a lo indicado, se propone que el SUNEU esté integrado por nueve miembros para su Consejo Directivo, de los cuales cinco son extraños al sistema universitario y hacen mayoría, y únicamente 4 -que son minoría- provie-nen de las universidades públicas y privadas, es claro que por sus atribuciones y conformación atentan contra la autonomía invocada.

Cierto es que en la propuesta se reconoce la autonomía universitaria, pero ése reconocimiento de poco sirve, si luego en el resto del articulado se estaría creando una Superintendencia supra universitaria pero fuera del sistema, con composición y atribuciones que rebasan, la solo enunciada pero también agravia-da, autonomía de las universidades.

Se ha afirmado desde la Comisión de Educación del Congreso, que la Super-intendencia cuya sigla es SUNEU se crearía por mandato del Tribunal Constitu-cional, lo cual es una expresión por lo menos antojadiza ya que el Tribunal Cons-

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titucional no tiene la facultad de dictar normas positivas ni ordenar su dación, sino únicamente, cuando declara inconstitucional alguna norma, expulsarla del ordenamiento legal, lo que denominamos legislación negativa y esto lo desarro-llaremos en otro artículo.

Diario La Razón

09 de marzo de 2014

SUNEU

Al leer el título de este artículo, probablemente se pregunten ¿qué significa ésa palabreja?, ¿de qué se trata?, y ello porque en este mundo del reduccionismo todo lo queremos simplificar con siglas y más siglas, como si fuera la sopa de letras.

SUNEU es la “Superintendencia Nacional de Educación Universitaria” que la Comisión de Educación del Congreso pretende crear. ¿Alguna objeción? A su simple creación no la tenemos, aunque si a su composición y atribuciones.

¿Puede el Estado supervisar la calidad de la educación universitaria y que cumpla con los requisitos mínimos de su actividad? Claro que lo debe y lo tiene que hacer por mandato del artículo 16 de la Constitución. El tema es definir al or-ganismo del Estado que lo haga en su representación, su conformación así como sus atribuciones, sin que colisione con la autonomía universitaria que también determina la Constitución.

Algunos consideran que la “Asamblea Nacional de Rectores – ANR” y el CONAFU, debían seguir con sus tareas, olvidando que por sentencia del Tribu-nal Constitucional del 15-07-2010 recaída en el expediente No 00017-2008-PI/TC se había considerado que no cumplían con el criterio de “imparcialidad” en sus decisiones, pues resolverían los temas entre los mismos rectores.

Bueno pues, si quiere crearse la Superintendencia, háganlo, pero sin embes-tir ni colisionar con la autonomía universitaria, y conformada solo por ex rectores de gran prestigio pero con el impedimento de conocer los temas de las universi-dades en que hayan sido autoridades.

Se preguntarán ¿qué pasaría con la ANR? La pretenden disolver, que es el ver-bo que desde el 5-04-1992 conservamos en la memoria; pero no es necesario, debe sobrevivir con facultades y atribuciones que pueda cumplir sin sospecha de parciali-dad en sus decisiones, y con tareas de coordinación propias de su naturaleza.

¿Sostiene el Tribunal Constitucional, que debe crearse una Superintendencia para el tema universitario? Si, lo ha sostenido en sentencia mencionada anterior-mente y luego ratificado el concepto en sentencia del 11 de junio de 2003 dentro

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de la causa No 00019-2011-PI/TC. En ellas expresamente ordena “La creación de una Superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial y super-visada eficientemente por el Estado” a la que incluso le señala competencias.

Lo que no se ha preguntado ni tampoco ha investigado la Comisión de Edu-cación del Congreso, es si el Tribunal Constitucional tiene la facultad de ordenar al Congreso la creación de organismos públicos. Debió hacerlo y habría encon-trado que entre las funciones del Tribunal Constitucional señaladas en la Ley de Leyes, está el conocer sobre acciones de inconstitucionalidad de normas legales e invalidar las que declare inconstitucionales.

Lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional, es dictar la normatividad que reemplace a la que expulsa del ordenamiento jurídico, como tampoco orde-nar al Estado que expida tal o cual disposición. ¿Puede el Tribunal exhortar al Estado a crear la Superintendencia? Claro que puede, pero no ordenarle dictar leyes en tal o cual sentido. El TC no es el Parlamento, ni el Congreso mesa de partes del TC.

Diario La Razón

06 de abril de 2014

E X E

Se preguntarán ¿qué es e x e? Es la sigla de “Empresarios x la Educación”, una Organización No Gubernamental, pero de las buenas, que hacen patria, cons-tituida bajo la forma de asociación, por la cual un grupo de empresarios, com-prometidos con la educación, vienen trabajando incansablemente por dotar a los pobladores de las zonas económicas más deprimidas, de los más modernos ade-lantos educativas.

El grupo de empresarios a que nos referimos, de empresas enormes, como también grandes, medianas y pequeñas, han comprendido que no podremos te-ner como país un crecimiento sostenible, si es que no invertimos en educación y si es que no mejoramos la que tenemos.

Ellos invierten el peculio de sus empresas como responsabilidad social, pero no se agota su esfuerzo con meter mano y poner firma en la chequera de las cor-poraciones, sino que dan algo muchísimo más importante como es su labor per-sonal, sus ideas, conocimiento y experiencia. Ellos saben que tipo de trabajadores necesitan las empresas y que hay que formarlos adecuadamente, no solamente con el conocimiento técnico sino con el humano, generando mística de servicio para tener un país mejor que el que recibimos.

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Los emprendedores agrupados en e x e, están generando sinergias entre los sectores público y privado, y le han preparado al primero, programas de inclu-sión digital para no quedarnos en tiempos de la carreta, a la vez que inculcan la lectura con el programa “Leer para Crecer”. Organizan infinidad de ludotecas y a través de programas de emprendimientos juveniles preparan a los estudiantes en actividades de negocios, sea en producción como también en servicios.

El programa de lectura ya acredita elevación de los índices de comprensión, que eran francamente deplorables.

Los programas formativos de e x e están llegando a más de un millón qui-nientos mil alumnos, a cerca de 75,000 profesores a quienes están cambiándoles el “disco duro” para que se involucren con real mística en ser formadores de futuros ciudadanos-emprendedores, antes que solamente suministradores de información no necesariamente relevante para el futuro. Todo ello en cerca ya de 9,000 escuelas en todos los departamentos, en donde se puede verificar los avances en la enseñanza de los maestros y también en el aprovechamiento de los alumnos.

Es absolutamente encomiable la tarea de e x e, debiendo destacar que no hay ánimo de lucro sino de servicio, lo que hace más valioso el esfuerzo.

Diario Expreso

09 de mayo de 2014

UNIVERSIDAD: TROPEZAR CON LA MISMA PIEDRA

Siendo legítimo que el Estado busque mecanismos para elevar la calidad de la educación universitaria, ello deja de serlo cuando se repiten errores cometidos en otras épocas, simplemente por desconocimiento de la historia de la universidad y posiblemente por exceso de voluntarismo.

El maestro Luis Alberto Sánchez, tres veces rector de nuestra primera uni-versidad del continente, en su obra “La Universidad no es una isla”, editada en 1961 y reeditada en 1985, nos recuerda que desde el virreinato se han sucedido innumerables reformas y contra reformas, y para no hacerla larga nos limitare-mos a las del siglo XX, con la Ley de 1920, el Estatuto de 1928, restablecimiento de la Ley Orgánica de 1920 el año 1930, el Decreto Ley de 1931, el Estatuto de 1935, la Ley de 1941, el Estatuto de 1946, la Ley de 1960, y la que aún nos rige con normatividad ampliatoria.

Pese a los errores los promotores privados lograron que la universidad lle-gue a alumnos cuyos padres ni siquiera soñaron en tener hijos universitarios y

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futuros profesionales, gracias principalmente a que las universidades privadas, asociativas y societarias, ampliaron la cobertura del servicio educativo.

El maestro Sánchez, aunque refiriéndose a otra época, en la introducción a la edición de 1985 de la obra citada, dijo que “…cuando una ley necia trató de constituir un ser informe, amorfo, llamado Universidad Peruana…” lo refutó diciendo que existen universidades peruanas pero no la Universidad Peruana. Ojalá no se repita la equivocación.

Si viviera don Luis Alberto, seguramente hoy estaría diciendo lo mismo frente a los crasos errores que contiene el dictamen del proyecto de Ley Universi-taria que la Comisión de Educación del Congreso lleva al Pleno.

Mucho más, cuando leemos al maestro, aunque refiriéndose a tiempos pre-téritos, nos preguntamos si su pensamiento podría trasladarse a los tiempos ac-tuales cuando nos dice en su misma obra que “doloroso es confesar en cambio que todavía existan entre nosotros gentes mal informadas, retrasados mentales, o resentidos sociales que fincan su orgullo en inventar o subrayar solo los defectos reales o imaginarios de nuestras universidades. El insano y aun necio deleite con que formulan sus unilaterales y morbosas críticas no afecta, empero, a lo que la Universidad es en sí, ni a la tarea constructiva que calladamente realiza.”

Es muy fácil criticar retribución rectoral millonaria, lo que también cues-tionamos, pero no puede olvidarse que ello es en una universidad y no en las cerca de centenar y medio que existen en nuestro país. También es fácil referirse a instalaciones universitarias precarias, pero ellas son las menos, que no pueden esconder las modernas edificaciones y campus universitarios, con bibliotecas, la-boratorios, áreas deportivas y sociales, que están por todo el Perú.

Con las reglas que pretende el dictamen aprobado, no se va a mejorar la calidad universitaria, pero conseguirán un producto chato, inodoro, incoloro, in-sípido e irrelevante, y lo que es peor, con pérdida de autonomía y sometimiento a quien presida el Poder Ejecutivo. Es imperativo no tropezar con la misma piedra.

Diario La Razón

18 de mayo de 2014

GUATEPEOR

Se encuentra en agenda del Congreso, el dictamen de su Comisión de Educación para debatir una nueva Ley Universitaria, y de ser el caso, sancionarla. En el camino el Poder Ejecutivo ha presentado otro proyecto de ley que no sustituye a la actual Ley Universitaria, pero la modifica parcialmente al crear la Superinten-dencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

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Si el dictamen de la Comisión de Educación del Congreso es malo, el pre-sentado por el Ejecutivo es pésimo, pasamos de Guatemala a Guatepeor.

Mientras que el dictamen mata la autonomía universitaria, el proyecto del Gobierno la remata. En el dictamen se pretende, entre otras medidas, la crea-ción de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEU); y en el proyecto gubernamental a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Algunos desinformados dirán que es úni-camente cuestión de palabras y letras sin mayor importancia, lo que no sucede con su contenido y la composición de ambos organismos.

El proyecto parlamentario haría que el SUNEU tenga 9 integrantes, de los cuales –la minoría- nace del sector universitario con 4 miembros. El resto –la mayoría- sale de sectores extra-universitarios como es el representante del Ministerio de Educación, del CEPLAN, del CONCYTEC, de los Colegios Pro-fesionales y del sector empresarial. CON pudor y disimulo determina que la presidencia la ejercerá quien elija tal Consejo Directivo entre los 4 miembros del sector universitario.

El proyecto gubernamental que avala el Ministerio de Educación, SIN pu-dor ni disimulo, propone que el SUNEDU esté conformado por siete miembros, uno el Superintendente de la SUNEDU nombrado por el Gobierno por Resolu-ción Suprema y que además presidirá el SUNEDU, con lo cual será más o me-nos el Gerente pero también el Presidente del Directorio, de Ripley. Otro de los miembros será el representante del MEF y los otros 5 miembros seleccionados por concurso que manejará el Sector Educación.

Mientras que en la proposición legislativa, en el SUNEU el sector universi-tario tiene voz pero no decisión, que la tiene la mayoría; la proposición guber-namental con absoluto desparpajo, no le da al sector universitario ni siquiera voz en el SUNEDU. El autoritarismo pleno, absoluto, época velasquista resu-citada.

Respecto a las atribuciones, no habrá campo vedado para el SUNEDU, hasta el estornudo de cualquier Rector será controlado y supervisado.

Nada de lo dicho es para mejorar la calidad educativa, aunque buen pre-texto, pero hace cautivas del Ejecutivo a todas las universidades y perpetra homicidio institucional con la ANR en lugar de perfeccionarla.

Diario Expreso

13 de junio de 2014

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¿SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN?

Existen en nuestro país excelentes universidades, como también regulares y defi-cientes, pero no se las puede poner a todas en el mismo saco.

Saludamos el interés del Estado por elevar la calidad de las universidades en general, siendo absolutamente legítimo dicho interés, reconociendo que el de-bate de proyectos para una nueva Ley Universitaria, ha hecho que tanto las uni-versidades regulares como también las malas, se empeñen en mejorar.

Lo que tendríamos que preguntarnos es si la creación de una Superinten-dencia para la supervisión de las universidades, prácticamente en todos sus as-pectos, va a mejorar por sí sola la calidad de las universidades. Definitivamente la respuesta es que no.

La Superintendencia no es inconstitucional por la denominación que se le otorga, sino por el contenido de sus facultades y atribuciones y por la composi-ción de la misma.

En cuanto a las amplísimas atribuciones que se confieren a la Superinten-dencia, como ente supra universitario, ellas atentan contra la autonomía univer-sitaria tanto en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, como lo determina la Constitución en su artículo 18, al que se viola.

En lo que se refiere a la composición de la Superintendencia, sus miembros son ajenos a la actividad universitaria, siendo por tanto extra universitarios, y por ende tal composición reñida con la autonomía universitaria.

Sin embargo, el sometimiento de las universidades a una autoridad guber-namental es de suyo grave y preocupante, pues por más que se grite a los cuatro vientos que será independiente, realmente no lo es. Dependerá la Superinten-dencia de un Superintendente y de un supuesto Consejo como ente rector, que estarán bajo el ámbito del Ministerio de Educación, convirtiendo la supervisión en una intervención solapada.

Lo más grave es la influencia que podrá tener la Superintendencia en de-cisiones de rectores universitarios y de decanos de sus facultades de Derecho. Me explico: los rectores de las universidades nacionales y los de las particulares eligen a dos de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; y a su vez los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas, eligen a dos de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones.

Recordemos que el JNE inscribe o rechaza candidaturas a altos cargos pú-blicos, y que existe jurisprudencia que cuando se considera que hay afectación en sus resoluciones a derechos fundamentales, el tema puede ser llevado a los estrados judiciales.

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El tema, por lo menos, huele mal.

Diario Expreso

27 de junio de 2014

SEPULTURA UNIVERSITARIA

De golpe y porrazo sepultó el oficialismo parlamentario y el gobierno naciona-lista: la autonomía universitaria, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU). Además, de refilón, lesionaron y dejaron en estado de coma al Siste-ma Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).

Como si todo ello fuera peccata minuta, recortaron el mandato para el que habían sido elegidos rectores, vice-rectores y decanos de universidades públicas, ordenando nuevas elecciones pero con prohibición de reelección a los que fueron echados.

En una sola sepultura pusieron como cadáveres, a la autonomía universita-ria, a la ANR y al CONAFU. Entierro inmediato, tres en uno y sin velatorio, lo que no podría hacer ni mi amigo don Agustín Merino, y sin la publicidad que anuncian las promociones de Oechsle, Saga y Ripley.

Como émulos de don Nicolás de Macchiavello, y probablemente para reducir la intensidad de las protestas estudiantiles, trataron de seducir a los alumnos con mantener el bachillerato automático, sin sustentación de tesis, a quienes hoy cur-san estudios de pre-grado universitario y, adicionalmente, convirtieron a los alum-nos en electores de las autoridades universitarias al instaurar el voto universal.

Prefirieron que volviera la politización a las universidades públicas, que tanto había costado desplazar. Ahora, quienes pretendan ser elegidos autorida-des universitarias, seguramente harán campaña ante los alumnos ofreciendo el oro y el moro, se romperá la disciplina y se reducirá la exigencia académica, efec-to absolutamente contrario al que sirvió como pretexto para sacar la dichosa ley.

Probablemente nos contestarán que lo que se busca es la democracia universi-taria, a lo que tendríamos que decirles que la democracia es entre iguales, como son los ciudadanos para elegir a Presidente, Parlamentarios, Presidentes Regionales y Alcaldes, pero que seguramente a ningún congresista se le ocurriría pretender que además de sus pares elijan a su Presidente con intervención y voto de funcionarios administrativos, asesores, asistentes, e incluso hasta el personal de servicios.

El Ministro de Educación, que hoy entusiasta aplaude la ley, fue designado por el Presidente de la República a recomendación del Presidente del Consejo de

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Ministros. No fue elegido por los alumnos en el sector de su rectoría, ni por los maestros, ni menos por el personal administrativo del Ministerio de Educación.

El Presidente de la Comisión de Educación del Congreso, gran impulsor de dicha ley, a la que también le reconocemos varios aciertos, es un prestigioso general, y sus ascensos no fueron por elección de los soldados del cuartel, sino por haberse ganado los galones a punta de esfuerzo y eficiencia que fueron reco-nocidos por sus superiores.

Soy consciente que lo que afirmo no cosecha votos entre estudiantes, pues muchos de ellos preferirán morder el señuelo, lanzado desde el Congreso, que mirar las cosas con perspectiva duradera. No importa, seguiremos exponiendo nuestras creencias, convicciones y pensamientos, gusten o no, nos tiene sin cui-dado. Recuerden que la demagogia no dura, es flor de un día, mientras que la responsabilidad es tan duradera como el bosque de muchas décadas.

Diario La Razón

13 de julio de 2014

VELASCO EN LA UNIVERSIDAD

Cuando creíamos que el pensamiento y actitudes del General Juan Velasco Al-varado eran capítulos casi olvidados de la historia patria, el Presidente Ollanta Humala, con naturalidad y sin esfuerzo alguno, nos lo recordó.

El recuerdo al que nos referimos no fue en su campaña electoral, en que por último si habían incautos que le creyeran, allá ellos; fue en Talara al anunciar mi-llonarias inversiones estatales en la refinería de petróleo operada por PETROPE-RÚ. Allí mencionó la infausta frase, predilecta del mencionado dictador: “campe-sino el patrón no comerá más de tú pobreza”, que lejos de acercar a los peruanos y buscar caminos comunes de acción y esperanza en aras del bien común, puso más cizaña, la del desencuentro, de la desconfianza y del odio entre peruanos.

Parece que no satisfecho con ello, el Presidente Humala, al promulgar la nueva Ley Universitaria, criticó el ánimo de lucro de las universidades privadas organizadas como sociedades, olvidando que el lucro o afán de obtener utilida-des es lícito, legítimo, posible y absolutamente lógico.

Olvidó el Presidente que las utilidades que perciben los promotores o socios de las universidades privadas societarias, generan rentas para el Estado, con las cuales puede atender otras obligaciones para la comunidad.

También olvidó que cuando personas privadas invierten sus capitales, en ac-tividades que el Estado no atiende debidamente, está colaborando con él para que

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pueda canalizar los recursos del erario nacional a otras necesidades, como pueden ser hospitales, postas, puertos, aeropuertos, carreteras, comisarías y tantas más.

Tratándose de universidades, igualmente olvidó, que la falta de inversión del Estado en ellas, fue cubierto en gran medida por las universidades privadas, que con su acción han democratizado la educación universitaria, permitiendo que mu-chas familias que nunca soñaron en tener hijos universitarios, hoy tengan a hijos profesionales, gracias a las universidades societarias pese a que son satanizadas.

Es cierto que las hay de mala calidad, como también de excelencia educa-tiva, pero no era necesaria una ley con tufillo velasquista y autoritario para me-jorar la calidad educativa, cuando tenías otros mecanismos como por ejemplo la acreditación.

El motivo para cuestionar a las universidades societarias es que dan un ser-vicio público, en que no debería haber inversión privada. Con tan errado pensa-miento, no podría existir educación escolar privada, servicios médicos privados, líneas de transporte privadas, como simples ejemplos.

Nada impide conciliar un servicio universitario de óptimo nivel con la per-cepción de beneficios económicos para los promotores. Sembrar animadversión a la actividad privada la retraerá, y todos seremos perjudicados.

Diario Expreso

18 de julio de 2014

UNIVERSITARIOS VENEZOLANOS

Cuando la sociedad civil venezolana comenzó a flaquear, disminuyendo el nú-mero de manifestantes contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro, así como la intensidad de la protesta, muchos creyeron ver en ello la rendición de los demócratas, a lo que se sumaba la reducción de expresiones solidarias fuera de Venezuela, con los hermanos de dicho país.

Error, mientras algunos están en un diálogo solamente para la foto, y otros dejaron atrás la contundencia de la protesta, los universitarios venezolanos nos hacen recobrar la confianza en que la causa democrática vencerá.

El comportamiento de esos estudiantes es ejemplar, a diferencia de quienes arriaron la bandera democrática, los universitarios la enarbolaron y a los cuatro vientos ondearon la causa de las libertades democráticas.

Los universitarios del país llanero nos dan una lección de vida, de conse-cuencia, y de coraje, pues enfrentando todos los peligros le dicen al mundo, que lo de Maduro no es gobierno sino desgobierno; que Maduro y sus cómplices no

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son estadistas ni políticos sino simples politicastros; que prefieren permanecer en el ejercicio del poder con origen cuestionado, que atender al clamor de los sectores democráticos que desean terminar de una vez por todas con el saqueo al Estado Venezolano, trabajar por la recuperación de Venezuela y que deje de corromper a otros países con su petróleo, entregado a precio de dádiva, pero con un costo mayor, como es la dependencia y la sumisión.

La represión, violencia y persecución a los universitarios, es moneda cotidia-na en Venezuela, pero no los lograrán someter, pues sus ideales juveniles son más fuertes que la tolerancia y cansancio de sus mayores. A aquellos universitarios no los amedrenta que grupos gubernamentales armados hayan ingresado violenta-mente en la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y en la Universidad de Oriente. Tampoco se dejan presio-nar con las detenciones policiales ejecutadas por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana al allanar las viviendas universitarias.

No satisfechos con la violencia desatada contra los universitarios, las fuer-zas represivas venezolanas se han solazado imponiendo también violencia con-tra menores de edad, estudiantes de secundaria del Colegio San Luis en la ciudad de Mérida del Estado del mismo nombre, y con posibilidad que actos similares se ejecuten en otras localidades.

Esperemos que los universitarios de otros países reconozcan y apoyen el valor de sus compañeros venezolanos, y ojalá las Naciones Unidas puedan alzar siquiera su voz, en solidaridad con los patriotas venezolanos.

Diario Expreso

12 de setiembre de 2014

¿MUSEO O MINISTERIO?

Aprovechando de la conceptuación generalizada, que es buen gobierno el que hace obra, el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que pre-sidió el General Juan Velasco Alvarado después de perpetrar nefasto golpe con-tra el gobierno constitucional de Fernando Belaunde Terry, además de coactar las libertades democráticas y generar odios entre compatriotas, se dedicó a impre-sionar a los ciudadanos con obras visibles de acero y cemento, espectaculares por cierto, pero de relativa utilidad.

Dentro de las obras a las que se refiere el párrafo anterior, tenía sitial de ho-nor un impresionante edificio con frente a la Avda. Javier Prado, sector este, que se destinó al recién creado Ministerio de Pesquería.

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Con el correr de los años desapareció el Ministerio de Pesquería, absorbido por otro Ministerio y trasladadas sus dependencias a lugar menos aparatoso pero más acorde con las necesidades de la administración.

El suntuoso edificio del Ministerio de Pesquería fue convertido en Museo de la Nación, dándosele un destino más apropiado con su prestancia, volumetría y amplitud de sus numerosos espacios.

Como quiera que se ha creado el Ministerio de Cultura, sus dependencias, incluidas las del hasta entonces Instituto Nacional de Cultura (INC), fueron ins-taladas en el local del Museo de la Nación, quitándole valiosas áreas de exhibi-ción propias de un museo de carácter nacional.

No se limitaron a sustraerle áreas de exhibición para convertirlas en oficinas ministeriales, sino que en el colmo de la arrogancia e inmodestia, se bajaron las letras de Museo de la Nación de la fachada del edificio, para sustituirlas por otras gigantes e iluminadas que anunciaran que el edificio alberga al Ministerio de Cultura.

No contentas con ello, y probablemente para satisfacer el ego de las autori-dades culturales, por lo menos de nombre, pretenden trasladar las instalaciones del Museo a Pachacamac, y el área del inmenso edificio de la Avda. Javier Prado sea principalmente para oficinas y dependencias del Ministerio de Cultura. Ade-más olvidan que Pachacamac ya tiene su Museo de Sitio y que no tiene sentido que los visitantes del Museo de la Nación se desplacen hacia dicho distrito peri-férico de Lima Metropolitana.

Cuando las autoridades administrativas pretenden contar con más áreas disponibles para oficinas y dependencias, tenemos que preocuparnos, pues en muy pocas oportunidades ello es para prestar un mejor servicio al administrado, sino para imponerle más trámites, más pasos y pases a sus expedientes, más in-formes prescindibles, y para llenar los nuevos espacios con más personal que al fin de cuentas pagamos todos con nuestros impuestos.

Lo mejor que podrían hacer los funcionarios del Ministerio de Cultura, es seguir dando distinciones y medallitas, llenando al diario oficial “El Peruano” con las resoluciones que las confieren y con otras intrascendentes resoluciones que declaran patrimonio nacional a todo lo que se les ocurre, como si con la declaración se promoviera la cultura. Por lo menos con ésas resoluciones no per-turban la vida de los administrados ni generan daño al país, aunque bien podrían facilitar la difusión de nuestro acervo cultural como son las huacas, pero sin des-alentar con cobros por filmación como los que ha denunciado el conductor de tv y promotor cultural Gonzalo Torres.

Diario La Razón

21 de setiembre de 2014

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COLEGIOS Y RESPONSABILIDADES

La Comisión Investigadora del Congreso que tiene a su cargo indagar sobre ac-ciones del gobierno anterior, y que se le conoce como la “Megacomisión”, ha presentado informe sobre los denominados colegios emblemáticos, en que la mayoría de sus integrantes encuentra responsabilidad -que llamaremos funcio-nal- en el ex-Presidente de la República y en el Ministro de Educación de aquel entonces. También encuentran responsabilidades administrativas y penales en otros funcionarios públicos y en representantes de empresas que efectuaron la remodelación.

En cuanto a la primera responsabilidad ella se centra en que en opinión de los investigadores, no se debió emitir el ahora famoso Decreto de Urgencia No 004 del año 2009, por el cual se autorizaron las remodelaciones y la utilización -para ello- de recursos dinerarios del Estado. Dicen quienes suscribieron el infor-me sin observaciones ni reservas, que se ha transgredido la Constitución, que en buena cuenta no existía motivo para la dación de Decreto de Urgencia, y que su expedición permitió la perpetración de actos dolosos.

Olvidan los investigadores la crisis económico-financiera mundial que se fue perfilando en el año 2007, que explosionó en el 2008 y que tuvo que enfrentar con mayor celo el Estado en el 2009. También olvidan que todos los sectores soli-citaban al Estado soltar amarras, esto es abrir la caja fiscal, que se dieran disposi-tivos para agilizar las inversiones, simplificar trámites y apresurar el gasto públi-co. Es por ello que se dictó el hoy controvertido pero ayer aplaudido Decreto de Urgencia, que no objetaron los que en ése entonces también eran parlamentarios, que no fue rechazado por el Congreso en ejercicio de su atribución fiscalizadora, y que nadie invocó inconstitucionalidad alguna.

Como quiera que la crisis mundial se ha vuelto a acentuar, el actual gobier-no también echó mano de los Decretos de Urgencia y ya tenemos varios de ellos que dan estímulos para dinamizar la economía, entregar recursos para obras pú-blicas y destrabar los procesos de ejecución del gasto público. ¿Les caerá por ello la quincha en el futuro quinquenio gubernamental? Dios quiera que no, pues lo que han hecho es lo mismo que hiciera el gobierno anterior: dictar medidas temporales y urgentes para paliar las adversas consecuencias que de taquito nos llega por la crisis global.

En lo que se refiere a la otra gran conclusión de los investigadores, como es la responsabilidad penal, si hay indicios de perpetración de delito o de que algunos funcionarios estatales, cualquiera que sean, han recibido coima por las remodelaciones, pues a denunciarlos al Ministerio Público para promover la acción de la justicia.

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Hay que diferenciar las responsabilidades funcionales y políticas por las de-cisiones gubernamentales tomadas en ejercicio de su autoridad y de la ley, como opciones válidas de tal ejercicio, de lo que pueden ser responsabilidades por per-petración de delito. En lo primero no hay nada de que responsabilizar a quienes hoy se pretende procesar, y en lo segundo, repetiremos hasta el cansancio que si alguien ha cometido alguna trapacería, a la cárcel se ha dicho.

Diario La Razón

19 de octubre de 2014

EDUCAR E INSTRUIR

Todo el Perú preocupado por lo que se denomina la calidad educativa, con críti-cas al nivel de aprendizaje del alumnado, a su capacidad de comprensión lectora, de conceptos así como de matemáticas, todo esto en el nivel escolar.

La preocupación incluso llegó al Congreso donde se aprobaron normas para la carrera magisterial e incorporar en ella a la meritocracia; e incluso se expidió una nueva Ley Universitaria en la falsa creencia que sus preceptos mejorarían la calidad de la educación superior.

Con buenas y también malas decisiones, no hay duda que el Estado está interesado en elevar el nivel educacional, y que hay ejemplos exitosos como el de Moquegua, proyectos público-privados como Fe y Alegría, cadenas de colegios privados con innovación creciente, e interés de grupos empresariales de incursio-nar en la instrucción con seriedad.

Sin embargo debe tenerse presente que lo que se haga en la etapa escolar así como en la de institutos y universidades, servirá de poco si es que no hay sólidos cimientos en el hogar.

Cierto es que la instrucción se da con la escolaridad y los estudios superio-res, universitarios o no, pero la educación y formación tienen que darse desde el hogar, y si ellas no existen o son deficientes, será muy difícil suplirlas en las otras etapas de la vida.

Muchos padres deberían hacer un examen de conciencia respecto a la edu-cación que dan a sus hijos para que sean ciudadanos de bien en el futuro. Tienen que meditar si el ejemplo que dan en casa es el adecuado para formar en valores a niños, adolescentes y jóvenes.

¿Cómo pretender que los hijos cumplan sus obligaciones, si se les enseña con el mal ejemplo a desacatar las normas? Vemos con estupor como muchos padres abdican frente a absurdos ruegos de hijos para dar permisos de concu-

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rrencia a fiestas de mayores o a manejar sin licencia. Si hay una edad mínima para determinados actos recreativos o espectáculos, pues a cumplir las reglas que para ello se dieron, pero no, hay casos en que hasta se hacen falsificar por los padres documentos de identidad para aumentar la edad de los adolescentes y puedan ir a donde sus años aún no lo permiten.

No se dan cuenta los padres que con ciertas vestimentas carentes de tela suficiente, exponen a sus adolescentes hijas a que se les falte el respeto, por decir lo menos.

Hace pocos días, en estas páginas que nos alberga, se ha dado cuenta de las llamadas fiestas “Arco Iris”, “Semáforo”, y “Candy” entre otras, en que niños y niñas acceden precozmente a la sexualidad. ¿Y los padres? Pues bien gracias, como dicen: en Belén con los pastores.

A poner orden en casa, pues ni el Colegio, ni los Institutos ni las Universida-des pueden sustituir a los padres.

Diario Expreso

12 de diciembre de 2014

CONSERVACIÓN URBANA

Constituye una obligación cívica conservar nuestros monumentos, sean arqueo-lógicos o históricos, pero también los que tienen belleza que hacen evocar tiem-pos pretéritos y que en alguna medida nos muestran lo que fueron antaño nues-tras ciudades.

No todo lo antiguo merece ser conservado, e incluso habría que diferenciar entre antiguo y viejo, pues tienen diferente connotación; y también habría que buscar el equilibrio entre el conservadurismo de lo antiguo y la modernización de nuestras ciudades.

La exagerada protección del llamado patrimonio arquitectónico, en que no se puede tocar nada y para nada, en la práctica lleva a la desprotección, lo que suena antagónico, pero es cierto. Si los propietarios de los bienes a que nos refe-rimos no pueden obtener provecho económico de sus inmuebles, la consecuencia es que los descuidan, no los arreglan ni refaccionan, dejando que el correr del tiempo siga haciendo su trabajo destructivo.

En algunos lugares como en Miraflores, sus alcaldes han sido creativos y para conseguir que sus joyas arquitectónicas lo sigan siendo, han otorgado a sus propietarios beneficios que compensan en algo la falta de rentabilidad o insufi-ciencia de ella.

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No solamente se incurre en demasías proteccionistas desde el Ministerio de Cultura, pródigo en sus declaraciones de intangibilidad pero avaro en las nece-sarias para mantenerlas, sino también en el Congreso de la República en que sin mayor estudio se presentan proyectos de ley para declarar la intangibilidad de diversos predios.

Uno de los ejemplos más significativos es el del Puericultorio Pérez Araní-bar, en Magdalena, que conduce la Sociedad Metropolitana de Beneficencia de Lima, y que fue edificado para albergar a niños huérfanos, gracias a los aportes de benefactores privados de principios del siglo pasado. Respecto a dicho predio con una extensión superior a las quince hectáreas, se ha presentado proyecto de ley para declararlo intangible e inalienable, lo que en buen romance significa que no puede modificarse ni tampoco disponerse.

Las motivaciones de tal proyecto son más emotivas que reales, pues anotan que el predio alberga a huérfanos y que es deber del Estado cautelar a la niñez en riesgo. Empero olvidan los promotores del proyecto que si bien es cierta la obligación estatal y social, no es menos cierto que por carencias de recursos para sostener tal orfelinato, cada día hay menos albergados, y hoy solamente alcanzan a la cuarta parte del número para el cual fue edificado hace casi un siglo.

Las edificaciones del Puericultorio son bellísimas y merecen su conserva-ción, pero teniendo exceso de áreas bien podrían determinarse las, que sin perju-dicar el conjunto arquitectónico, puedan servir para otros usos, monetizando los sobrantes u obteniendo rentabilidad de ellos, con lo que bien se podría solventar un mayor número de albergados.

Hay que dejar de lado rigideces para conciliar la conservación atendible con el desarrollo urbano.

Diario Expreso

12 de diciembre de 2014

EDUCAR E INSTRUIR

Todo el Perú preocupado por lo que se denomina la calidad educativa, con críti-cas al nivel de aprendizaje del alumnado, a su capacidad de comprensión lectora, de conceptos así como de matemáticas, todo esto en el nivel escolar.

La preocupación incluso llegó al Congreso donde se aprobaron normas para la carrera magisterial e incorporar en ella a la meritocracia; e incluso se expidió una nueva Ley Universitaria en la falsa creencia que sus preceptos mejorarían la calidad de la educación superior.

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Con buenas y también malas decisiones, no hay duda que el Estado está interesado en elevar el nivel educacional, y que hay ejemplos exitosos como el de Moquegua, proyectos público-privados como Fe y Alegría, cadenas de colegios privados con innovación creciente, e interés de grupos empresariales de incursio-nar en la instrucción con seriedad.

Sin embargo debe tenerse presente que lo que se haga en la etapa escolar así como en la de institutos y universidades, servirá de poco si es que no hay sólidos cimientos en el hogar.

Cierto es que la instrucción se da con la escolaridad y los estudios superio-res, universitarios o no, pero la educación y formación tienen que darse desde el hogar, y si ellas no existen o son deficientes, será muy difícil suplirlas en las otras etapas de la vida.

Muchos padres deberían hacer un examen de conciencia respecto a la edu-cación que dan a sus hijos para que sean ciudadanos de bien en el futuro. Tienen que meditar si el ejemplo que dan en casa es el adecuado para formar en valores a niños, adolescentes y jóvenes.

¿Cómo pretender que los hijos cumplan sus obligaciones, si se les enseña con el mal ejemplo a desacatar las normas? Vemos con estupor como muchos padres abdican frente a absurdos ruegos de hijos para dar permisos de concu-rrencia a fiestas de mayores o a manejar sin licencia. Si hay una edad mínima para determinados actos recreativos o espectáculos, pues a cumplir las reglas que para ello se dieron, pero no, hay casos en que hasta se hacen falsificar por los padres documentos de identidad para aumentar la edad de los adolescentes y puedan ir a donde sus años aún no lo permiten.

No se dan cuenta los padres que con ciertas vestimentas carentes de tela suficiente, exponen a sus adolescentes hijas a que se les falte el respeto, por decir lo menos.

Hace pocos días, en estas páginas que nos alberga, se ha dado cuenta de las llamadas fiestas “Arco Iris”, “Semáforo”, y “Candy” entre otras, en que niños y niñas acceden precozmente a la sexualidad. ¿Y los padres? Pues bien gracias, como dicen: en Belén con los pastores.

A poner orden en casa, pues ni el Colegio, ni los Institutos ni las Universida-des pueden sustituir a los padres.

Diario Expreso

12 de diciembre de 2014

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FUERZAS ARMADAS Y JUSTICIA MILITAR

SERVICIO MILITAR ¿OBLIGATORIO O VOLUNTARIO?

Durante décadas, el servicio militar fue obligatorio, aunque relativamente, hasta que el 1 de enero de 2000 entró en vigencia la Ley 27178 por la cual se varió su carácter a voluntario.

Dijimos de la relatividad del servicio obligatorio, pues no todos quienes lle-gaban a la edad militar servían en nuestras Fuerzas Armadas, muchos se acogían a excepciones y dispensas, algunas motivadas y otras como pretexto para no con-currir al llamamiento.

En la práctica el servicio militar era obligatorio para quienes eran objeto del denominado oficialmente “reclutamiento forzoso” más conocido como “leva”, sis-tema también discriminatorio y lesivo a la dignidad de las personas, que felizmen-te fue prohibido. La vigente Ley del Servicio Militar establece que los empadro-nados para el servicio militar pasan al proceso de calificación y selección, en tres categorías, como son: los seleccionados, los no seleccionados y los exceptuados.

Los seleccionados para el servicio militar son llamados para su incorpora-ción voluntaria al servicio en el activo. Es el denominado llamamiento ordinario, y se hace teniendo en consideración los requerimientos de personal del Ejército, la Marina y la Aviación.

De existir mayor número de seleccionados que voluntariamente pretenden efectuar el servicio militar, se efectuará sorteo público para determinar los que harán el servicio. Para el caso de existir número menor de voluntarios para el ser-vicio, del que requieran las Fuerzas Armadas, estas podrán realizar llamamien-tos extraordinarios, teniendo siempre el carácter voluntario para quienes deseen atender a tal llamamiento.

La práctica ha demostrado que hay institutos de las Fuerzas Armadas que tienen más postulantes voluntarios al servicio de los que son requeridos, pero hay otras en que existe déficit de voluntarios.

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Como hemos señalado, cuando hay exceso de voluntarios, se recurre al sorteo entre los pretendientes al servicio, pero cuando hay defecto se recurre a llama-mientos extraordinarios, es pues un régimen dual, se trate de exceso o de déficit.

Ante la situación descrita, y en vista que los llamamientos extraordinarios no han tenido la acogida esperada, se han alzado algunas voces que pretenden volver a la obligatoriedad del servicio militar.

Creemos que la solución podría ser otra, esto es unificar el sistema de cuan-do existe exceso y defecto. Si para el primero hay sorteo, también debería existir para cuando hay defecto y se recurre a los llamamientos extraordinarios. El ser-vicio será voluntario cuando exista número suficiente de postulantes para cubrir las necesidades de personal de las Fuerzas Armadas, pero será obligatorio cuan-do lo voluntarios sean menores a dichos requerimientos de personal.

Hay que tener en cuenta que conviene hacer atractivo el servicio en las Fuer-zas Armadas, pues no en todas las armas se recibe instrucción adecuada para cuando los escogidos regresen a la vida civil. Se necesita preparación de calidad en oficios, en especialidades técnicas y en otras disciplinas, pero además que se cumpla con la Ley, que reciban dotación y rotación completa de prendas de ves-tir, y que la asignación económica sea suficiente.

Nadie puede negar que en el Perú las necesidades fiscales son enormes y que los recursos no alcanzan, pero tampoco se puede hacer llamamientos al servicio voluntario para tener personal mal uniformados y con asignaciones miserables.

Diario La Razón

20 de setiembre de 2006

¿ARMADAS O DESARMADAS?

Obviamente, por el título de estas reflexiones, nos referiremos a nuestras llama-das Fuerzas Armadas, las que por mandato constitucional están conformadas por el Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, las que tienen por finalidad primordial, tal como también lo señala la Constitución, garantizar la indepen-dencia, la soberanía y la integridad territorial de la República, a lo que se agrega asumir el control del orden interno cuando en estado de emergencia se le asigna dicha responsabilidad.

Lamentablemente nuestras Fuerzas Armadas han sido desatendidas por el Estado, tan es así que su nombre de Fuerzas Armadas poco tenían que ver con la realidad. Si bien al igual que para muchísimas otras instituciones el avance científico y tecnológico es esencial, en nuestras Fuerzas Armadas se estancó, y la

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recuperación que ahora observamos hay que seguir profundizándola como ha sido anunciado en el mensaje presidencial del 28 de julio.

Es probable que los gobiernos que se sucedieron despues de la década de los 90, hayan sido desaprensivos con las Fuerzas Armadas debido a la errada creencia que el indebido y recusable cordón umbilical existente entre el antigüo Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y nuestras Fuerzas Armadas era generalizado, sin en-tender que ésas Fuerzas en su conjunto y como Institución son diferentes a sus cú-pulas dirigenciales, y que el sometimiento de las que tuvieron vigencia en los 90 no debe confundirse con el mandato legal de subordinación al poder constitucional.

Quienes fueron sometidos y se dejaron someter, no están más, hoy nues-tras Fuerzas Armadas han regresado a la subordinación constitucional, sin atis-bo alguno de dependencias cuestionables ajenas al mandato legal, y felizmente por ello los resquemores concluyeron, pero en proceso que fue progresivo. Se inició el proceso con la aprobación del “Fondo de Defensa” por el Parlamento del quinquenio gubernamental anterior, asignando recursos predeterminados, que han ayudado al apalancamiento financiero para repotenciar nuestro equi-pamiento y logística castrense. Prosiguió el mismo proceso con la creación del Núcleo Básico para la Defensa, asignándose recursos económicos para recuperar la capacidad elemental ó básica disuatoria que deberían tener nuestras Fuerzas Armadas, a lo que recientemente hay que añadir la autorización gubernamental para complementar dicha capacidad con componentes intermedios, sin atender cantos de sirena que nos quieran hacer competir con terceros.

El valor, el arrojo, el coraje y el heroismo de nuestros soldados es laudatorio, pero evidentemente necesita ser complementado con los avances tecnológicos y científicos en el campo de la defensa, y es bueno que así lo hayan entendido nuestros gobernantes, pues es indispensable para mantener la paz, su presencia tecnológicamente disuasiva y con su actuar en el frente interno para seguir en la recuperación del Vrae en el que se encuentra Vizcatán, que por varios lustros fue calificado como “santuario del narco-terror” por quienes lo habitaban.

Las responsabilidades de las Fuerzas Armadas adicionales a sus tareas pri-mordiales, también requieren de herramientas y armas adecuadas, de transpor-tes en óptimas condiciones, y de logística oportuna. Cuando hay infortunios de la naturaleza como inundaciones, sismos, embalses, y muchos otros peligros, es llamada la “Defensa Civil”, de civil sólo tiene el nombre, pues sin el auxilio de las Fuerzas Armadas poco podría hacer. La Policía muchas veces también tiene que re-currir a las Fuerzas Armadas, las que para apoyar a las primeras necesitan además de excelente preparación, contar con el instrumental requerido para ésas funciones colaterales relacionadas con el orden público.

Las necesidades de las Fuerzas Armadas, en proceso de atención, requieren de presupuestos suficientes que indiscutiblemente salen de los impuestos que pagamos.

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Nada se puede hacer con el simple voluntarismo, si es que no hay recursos para ele-var los niveles operativos de quienes ponen el pecho a diario por todos los peruanos. ¡Qué bueno que se entienda y se siga corrigiendo el inexcusable abandono!

Diario Expreso

30 de julio de 2009

TRANQUILIDAD EN LA DECISION, FIRMEZA EN LAEJECUCIÓN

Del trato cotidiano con nuestras Fuerzas Armadas, una de las mayores enseñanzas aprendidas se podría resumir en “TRANQUILIDAD EN LA DECISION Y FIRME-ZA EN LA EJECUCION”. En efecto, se requiere mucha tranquilidad y mente des-pejada para tomar decisiones, que por las propias responsabilidades de las Fuerzas Armadas constituye un lineamiento vital. Cualquier error, improvisación, o indebi-do apresuramiento puede significar costo en vidas valiosas, heridos, y pérdida de material defensivo. Para la toma de decisiones se recurre a la evaluación del respecti-vo Estado Mayor, el que estudia, valora y aconseja, pero una vez tomada la decisión tiene que haber firmeza en su ejecución, para lograr los resultados esperados.

Nuestras Fuerzas Armadas, tanto tiempo desatendidas en sus necesidades, tienen que cumplir en el tiempo presente con varias tareas que son esenciales, una de ellas es la recuperación de su capacidad disuasiva, otra terminar con los remanentes o como se quiera llamar del terrorismo principalmente en el VRAE, y tan importante como ello, que tengan resueltas sus necesidades de bienestar.

Para la recuperación de la capacidad disuasiva de nuestras Fuerzas Armadas, indispensable como herramienta para mantener la paz, se tiene como base el Fondo para la Defensa, que permite asignar presupuestalmente recursos fiscales provenien-tes de la explotación de algunos lotes de hidrocarburos, a lo que habría que sumar recursos adicionales cuando sea aprobada la sugerencia legislativa del congresista y vice-almirante Luis Giampietri Rojas. Para la utilización de los recursos aludidos, no se espera que sean recaudados y asignados, sino que muchísimo antes se les trae a valor actual a través del endeudamiento interno con la garantía que significa com-prometer los recursos a recibirse. Lo expuesto ha permitido que se esté ejecutando la tercera fase del Núcleo Básico de Defensa y que se pueda emprender la ejecución de la denominada capacidad intermedia, sin descuidar otras obligaciones que tiene el Estado, como son la salud, la educación, la infraestructura vial, entre muchas otras. El Perú no está en carrera armamentista alguna, pero es conciente que por lo menos debe tener la capacidad disuasiva a que nos hemos referido.

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Como quiera que aún hay los remanentes terroristas principalmente en el Vrae, y sin descuidar la zona del Huallaga, el Gobierno tomó la decisión de en-frentar la situación, dejando de lado la nefasta política de levantar la alfombra y como dicen “esconder la tierrita”. Nada hay que esconder, hay una realidad que es conocida y que no puede ignorarse, quedan aún actividades terroristas, limi-tadas por cierto, pero no por ello dejan de ser terroristas y el Estado tiene el im-perativo constitucional, legal y moral de terminar con ellas, y para ésa tarea están nuestras Fuerzas Armadas, a quienes hay que darles todo el apoyo que necesitan para que cumpla con su sacrificada, expuesta y diligente actividad en el Vrae. Todos conocemos que el focalizado actuar terrorista en el VRAE está ligado con el narcotráfico y que si bien es cierto los terroristas redujeron el contenido ideo-lógico en su criminal actividad, no ha desaparecido, sino que le ha sido agregada contenido económico pues su asociación con el narcotráfico les da incalculables recursos para su accionar delincuencial. Nadie quiere más emboscadas del nar-coterror, tampoco queremos más fallecidos en combate ni viudas o huérfanos, pero para ello nuestras fuerzas tienen que estar adecuadamente entrenadas, con las armas e implementos necesarios para el cumplimiento del deber y con logís-tica oportuno que atienda sus necesidades. Para todo ello se requieren recursos y todos debemos comprender que es necesario que les sean asignados.

Una tercera situación a destacar, es la conveniencia de tener paz y socie-go personal y familiar, para cumplir sin otras preocupaciones las obligaciones que nuestro país impone a sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Si el valioso capital humano con las que ellas cuentan andan preocupados por insuficiencia remunerativa que no satisface sus necesidades básicas, empiezan sus tareas con puntos negativos. Comprendemos que en momentos de crisis internacional hay que ser severos en la utilización de los recursos públicos, pero sin dejar de aten-der necesidades básicas, auque sea progresivamente. En dicha tarea que com-prende también el tema pensionario, se está recuperando la Caja de Pensiones Militar Policial al otorgársele a sus recursos el carácter intangible y recuperar el manejo del fondo previsional que transitoriamente había migrado a la ONP, pero aún falta elevar el aporte del Estado y la conciliación de saldos que permita una sostenibilidad adecuada del sistema. No olvidemos que la traquilidad de nuestros combatientes muchas veces también es perturbada con denuncias, cita-ciones, comparecencias, y procesos, movidos por quienes no quieren que vuelva la paz total al país, o que irresponsablemente le hacen el juego a estos últimos.

Diario La Razón

02 de agosto de 2009

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FUERZAS ARMADAS SABEN SU ROL

En las ultimas semanas, en relación con luctuosos sucesos en el Vrae, específica-mente en Sanabamba y San José de Secce, surgieron cuestionamientos al actuar de nuestras Fuerzas Armadas, tanto en entrevistas como en declaraciones de per-sonas a quienes se les califica o se autotitulan de expertos, e incluso de miembros del Parlamento.

Hemos escuchado y leído sobre si el narcoterror es un peligro para el país o para el sistema democràtico, también sobre si el plan de interdicción militar-po-licial en el Vrae va en camino al éxito o al fracaso, igualmente respecto a si el verdadero enemigo son los narcotraficantes o los terroristas. Asimismo se ha dis-cutido respecto a si los terroristas en el Vrae son un nuevo grupo o son elementos residuales de décadas anteriores, incluso algunos con más audacia han dado con-sejos en relación con la labor de inteligencia, en donde deberían estar las bases antisubversivas, si estas tienen que ser fijas ò móviles o si tendrían que estar en las alturas, en las riveras de ríos o en otras partes bajas. Hasta personas que sin conocimiento de armamento han sugerido el que deben tener las Fuerzas Arma-das en el Vrae, y lo que es peor, seguramente nunca pusieron un pie en el lugar.

El terrorismo subversivo existe, sobre todo en el Huallaga y en el Vrae, cuyo contenido ideològico tiene menor intensidad que antaño, pero es real. Al conte-nido ideològico le ha sido agregado un componente lucrativo, ya que los actores del terror se convirtieron en mercenarios del narcotràfico al darles protecciòn a cambio de dinero. Otros grupos de terroristas se asociaron con el narcotràfico y juntos realizaron las tareas que inicialmente sòlo hacìan los narcotraficantes. Al-gunos otros sustituyeron a los narcotraficantes en su ilìcito negocio y actividad, como se demostrò con las pozas destruìdas en Vizcatàn.

Tanto los terroristas como los narcotraficantes al igual que los narcoterroris-tas constituyen peligro, y el Estado tiene la obligaciòn ètica y legal de enfrentar-los y vencerlos, terminando con sus acciones atentatorias contra la vida e integri-dad de las personas, con su accionar que corrompe conciencias y voluntades, y con el peligro que significarìa su avance en todo el paìs, como metàstasis del mal.

El accionar de nuestras Fuerzas Armadas es silencioso, no debe ser vocingle-ro, y sus avances van hacia el èxito, que no debe advertir al enemigo por dònde va, como y donde golpea, como realiza la inteligencia en sus diversos aspectos ni como se prepara y entrena. Calificar de èxitosa o fracasada su operaciòn militar por el nùmero de bajas o heridos, es ingenuo, las Fuerzas Armadas estàn operan-do en democracia, con total informaciòn de sus fallecidos y lesionados, mientras que los narcoterroristas se llevan los cadàveres de sus caìdos en combate y no dejan huella de los heridos que tambièn recogen.

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Recordemos que nuestras Fuerzas Armadas se han preparado para su come-tido en el frente interno del que tratamos, y que los capitanes, mayores y coman-dantes que doblegaron al terrorismo en lustros precedentes, hoy son los generales responsables de las acciones que se realizan, contando con la experiencia de aquel entonces y sin improvisación alguna. Hoy cuentan con elementos de inteligencia tecnológica, auque hay que seguir formando personal para inteligencia humana; sus operaciones son diurnas como nocturnas, su soporte aéreo y helitransportado en ascenso, así como telecomunicaciones, armas y visores modernos.

Nuestros militares, marinos y aviadores, bajo la conducción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas saben donde ubicar las bases, cuales deben ser desplazadas a otros lugares e igualmente cuales se convierten de fijas en móviles. Saben perfectamente lo que se debe hacer y tienen que enfrentar las embosca-das del enemigo que conoce el terreno. Recordemos que los mismos terroristas mencionaban que su “santuario” era el Vizcatàn y que nadie que no fueran ellos entraba allí, empero hoy ya está allí la presencia de nuestros soldados.

Todos los peruanos tenemos la obligación de respaldar y estimular a nues-tras Fuerzas Armadas, que siguen dando la cara y el pecho por el país, exponien-do su integridad y consagrando hasta su vida por el Perú. A ellas menos critica y más respeto, merecen nuestra absoluta consideración.

Diario La Razón

16 de agosto de 2009

TAMBIEN LES TOCA

En la dècada de los años 80, se estableciò un seguro de vida para el personal de las Fuerzas Armadas y Policìa que fallezca o se invalide en acciòn de arma o como consecuencia de dicha acciòn en tiempo de paz. El importe del seguro fue fijado en quince Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente al momento de la expediciòn de la Resoluciòn que declara la invalidez o el fallecimiento, y se paga por el Estado.

Posteriormente, en la dècada de los 90, un Decreto Legislativo dispuso que las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones, y cualquier otra retri-buciòn de los trabajadores del Sector Pùblico, continuarìan percibièndose en los mismos montos de dinero recibidos en aquel entonces, con lo cual quedaron con-gelados los respectivos importes y sin efecto, consecuentemente, los regìmenes de indexaciòn o de aumento referido a algùn tipo de indicativo, como pudiera ser la Unidad Impositiva Tributaria.

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Erradamente, la administraciòn, considerò e interpretò que la congelaciòn a que nos referimos en el pàrrafo anterior, era extensiva a cualquier beneficio, con-fundiendo los beneficios remunerativos para los que se referìa la norma, con los reparadores o indemnizatorios provenientes de lo que es un seguro, cuya natu-raleza es diferente a la remunerativa. Mientras la remuneraciòn es la contrapres-taciòn por el trabajo realizado, la indemnizaciòn repara en lo posible un daño o perjuicio.

Como resultado de la equivocada interpretaciòn quedò congelada la indem-nizaciòn a quince Unidades Impositivas Tributarias del importe vigente en aquel entonces, lo que pràcticamente desnaturaliza la finalidad por la cual se fijò el seguro indemnizatorio en UITs, dado que ellas periòdicamente se reajustan, y por ello automàticamente aumentaba el importe del seguro, no siendo por ello necesario elevarlo cada cierto tiempo en suma fija.

Pese a que el Tribunal Fiscal ha definido con acierto, que el congelamiento de beneficios remunerativos es ùnicamente para ingresos retributivos y por ello no comprende el seguro al que nos referimos, lamentablemente el Sector Economìa y Finanzas no ha sido receptivo al reclamo de los Sectores Defensa e Interior, y sòlo permite pago por el seguro ascendente a S/.20,250, cuando de aplicarse la UIT actualmente vigente el seguro indemnizatorio llegarìa a S/.55,000. La vida es invalorable, pero es màs que evidente que a los deudos o al invàlido lo ayudan màs cincuenticinco mil nuevos soles que ùnicamente algo màs de veinte mil.

Por los policìas que cayeron recientemente en Bagua y Utcubamba, asì como en San Josè de Secce, se ha dispuesto la indemnizaciòn a sus deudos de cincuenti-cinco mil nuevos soles, pero debemos recordar que ello tambièn debe ser de apli-caciòn para los deudos de nuestros soldados que fallecieron en Tintaypunco y en Sanabamba y otros lugares del Vrae. Esperemos que haya igualdad de justo trato.

Diario Expreso

26 de agosto de 2009

¿ESCARMENTAREMOS?

Recientemente, leì el siguiente pàrrafo, que nos debe llamar a reflexiòn: “De al-gùn tiempo atràs, la Marina no ha hecho adelanto material alguno...... lejos de esto, su importancia ha desmerecido mucho, pues siendo nuestros principales buques construìdos en una època en que el blindaje y gruesa artillerìa hacìan sus primeros ensayos, ya han quedado muy atràs de las poderosas naves de guerra que se construyen en el dìa. Esta novedad que se ha hecho una necesidad impe-

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riosa en todas las naciones... me hace llamar la preferente atenciòn de V.E. que tanto conoce cuanto afianza una buena Escuadra, los intereses, la tranquilidad y la soberanìa de la Naciòn. Demasiado conozco la aflictiva situaciòn de nuestro Erario; sin embargo, en atenciòn a las consideraciones expuestas, creo de mi de-ber, reclamar la prestigiosa influencia de V.E. para reforzar nuestra Escuadra con los buques que segùn su ilustrada opiniòn sean necesarios...”

El pàrrafo glosado, ha sido extraìdo de la memoria que el 2 de enero de 1878, presentò al Gobierno de aquel entonces, el Comandante General de la Marina, nada menos que don MIGUEL GRAU SEMINARIO.

Han transcurrido màs de ciento treinta años y como si no hubieran pasa-do. La situaciòn, guardando las distancias y las diferencias por el tipo de naves y armamentos, es similar, y no solamente para nuestra Marina de Guerra, sino tambièn para el Ejèrcito y la Fuerza Aèrea.

Lo dicho, no es secreto alguno, es una realidad palmaria, harto conocida, pues se tuvo que crear el Fondo de Defensa, para otorgar recursos, auque insufi-cientes, a nuestras Fuerzas Armadas, incluso se creò el Nùcleo Bàsido de Defensa, para repotenciarlas siquiera en lo indispensable, con crèdito interno, afectando y comprometiendo los ingresos futuros de tal Fondo. Tambièn se han aprobado requerimientos intermedios para tener una capacidad disuasiva interesante.

La ciencia y tecnologìa avanza a velocidad vertiginosa, y a tal avance no es extraña el àrea de defensa y seguridad, por lo que permanentemente hay que actualizarse, por supuesto sin caer en carreras armamentistas ni mucho menos, y tampoco descuidando otras necesidades que el paìs debe atender presupues-talmente.

La actualizaciòn de nuestro armamento defensivo y a la vez disuasivo, re-quiere inversiones del Estado, y como el costo de ello sale al fin y al cabo del dine-ro de los contribuyentes, se tiene que comprender que los bienes pùblicos, entre ellos la seguridad cuestan, y que de poco serviràn inversiones en otros sectores si se relegan las del Sector Defensa.

Ahora que se tiene que presentar el proyecto de Presupuesto General de la Repùblica para su evaluaciòn, discusiòn y de ser el caso aprobaciòn por el Con-greso de la Repùblica, deben considerarse las necesidades defensivas del paìs y que el mejor seguro que se puede tener son Fuerzas Armadas con capacidad di-suatoria adecuada, auque sin exageraciones, y que el complemento del repoten-ciamiento de equipos, tiene que ir parejo con la preparaciòn del personal que los utilice, su entrenamiento, maniobras y por supuesto mejorando sus retribuciones de acuerdo con las posibilidades del paìs. Todo cuesta, nada es gratis.

El Perù es un paìs de paz, que apuesta por la soluciòn pacìfica de contro-versias, que sabe utilizar los mecanismos del derecho internacional, pero que

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tambièn sabe hacerse respetar y esto nadie lo debe olvidar, cualquiera que sea el frente que haya que atender.

Dice el refràn que el ser humano es el ùnico de la creaciòn que tropieza con la misma piedra, ojalà estemos equivocados y se atienda màs de un siglo despues las advertencia de nuestro Gran Almirante. ¿Escarmentaremos?

Diario La Razón

30 de agosto de 2009

SISMO: LOS QUE CUMPLIERON

Hacen pocos dìas se cumpliò el segundo aniversario del terremoto acaecido en el departamento de Ica el 15 de agosto del 2007, con tràgico saldo de vìctimas e incalculable destrucciòn. Hemos escuchado y leìdo infinidad de crìticas respecto al actuar del Estado e incluso respecto a las omisiones, pero no hemos observa-do el recuerdo de las acciones positivas realizadas principalmente por nuestras Fuerzas Armadas.

Cuando se trata de Fuerzas Armadas, muchos tienen la creencia que estàn ùnicamente para defender nuestra soberanìa, lìmites, espacio territorial, marì-timo y aèreo y algunas otras tareas vinculadas con la seguridad del paìs, pero olvidan que nuestro Ejèrcito, Marina y Aviaciòn, tambièn participan en lo que se denomina la “Defensa Civil” en caso de sismos, inundaciones, epidemias, catàs-trofes naturales y otras calamidades.

Mientras muchos de los que se supone,tienen la conducciòn de las acciones de defensa civil en las localidades que fueron afectadas por el terremoto del fatìdico 15 de agosto, brillaron por su ausencia en los momentos en que era màs necesaria su acciòn, las Fuerzas Armadas si cumplieron, pese a la interrupciòn de vìas de acceso y las dificultades que siempre existen cuando suceden estas contingencias.

De inmediato de producido el luctuoso evento los tres institutos armados se hicieron presentes en las zonas siniestradas. El Ejèrcito por tierra y tambièn con la aviaciòn militar llegò a tiempo, desplazando personal para ayudar a resguardar el orden y evitar pillaje. La Marina dipuso el zarpe de buques de desembarco para transportar personal de rescate y de salud, asì como materiales, vehìculos, vìveres y agua, y la aviaciòn naval concurriò con ayuda y facilitò la evacuaciòn de heridos. La Fuerza Aèrea desde su base de Pisco colaborò con el transporte de personal, equipos y ayuda, brindò alojamiento e incluso realizò tareas de ae-rofotografìa para detectar zonas siniestradas alejadas de los principales centros poblados, concurriendo con la respectiva ayuda helitransportada.

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Los hospitales de las tres Fuerzas Armadas recibieron a heridos, y demàs afectados para su tratamiento mèdico y quirùrgico, ocupàndose de su transporte desde las zonas del desastre hasta los centros de atenciòn, y los puentes terrestres, marìtimos y aèreos, no dejaron de operar, trasladando la cooperaciòn solidaria de tantos compatriotas que se hicieron presentes para contribuir en ayuda de sus hermanos de Ica. Fueron miles y miles de toneladas transportadas en incontables viajes, travesìas marìtimas y vuelos.

Tuvieron tambièn que trasladar sus equipos, como camiones, cargadores frontales, grùas y tractores, para levantar escombros, proceder a la demoliciòn de las construcciones calificadas de inminente peligro, transportar el material des-truìdo hacia las escombreras preparadas para tales efectos, nivelaciòn de predios, y muchìsimas otras tareas previas a la reconstrucciòn.

El personal de nuestras Fuerzas Armadas, trasladado para su ayuda en las zonas devastadas por el terremoto, permanecieron en la zona junto con los afec-tados y sufriendo las mismas inclemencias que aquellos, actuando con entrega y sacrificio patriòtico.

Nada de lo que se tuvo que invertir estaba presupuestado, y se tuvo que pos-tergar otras necesidades de nuestros Institutos Armados, para solventar su actua-ciòn con ocasiòn del terremoto. Se demoliò aproximadamente doscientos mil me-tros cùbicos de construcciones en pèsimo estado, se cargò màs de seiscientos mil metros cùbicos de desmonte y cifra similar se transportò a las escombreras.

No olvidemos por ello, la eficiente actuaciòn de nuestras Fuerzas Armadas, las que no solamente ponen pecho, arriesgando su vida para enfrentar el terro-rismo y darnos tranquilidad respecto a amenazas que podrìan venir del exterior, sino que en tiempos de paz, tambièn estàn con nosotros. Ellas cumplieron y com-prometen nuestra gratitud.

Diario Expreso

02 de setiembre de 2009

JUSTICIA MILITAR

Desde hace pocos años, algunas organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos, vienen cuestionando la existencia de la Justicia Militar, e incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a leyes que sobre su actuación aprobó el Congreso de la República.

El tema reviste singular importancia cuando los fiscales integrantes del Ministerio Público han denunciado a miembros de las Fuerzas Armadas por su

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actuación en el Vrae y el Poder Judicial les ha abierto proceso. También jueces y fiscales de la justicia ordinaria han dispuesto la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas que combaten en el Vrae, para prestar declaraciones y testimo-niales, interfiriendo con su participación en los combates y acciones interdictivas que se efectúan en el Valle de los Ríos Apurimac y Ene (VRAE). Se ha llegado a extremos de pretender que dejen las zonas de combate y se les traslade a las sedes fiscales y jurisdiccionales para diligencias, lo que es de suyo grave, pues tienen que ser desplazados, sustituidos por otros efectivos y algunas veces puestos en peligro los transportes aéreos que los trasladan al igual que sus ocupantes.

Cuando efectivos de nuestras Fuerzas Armadas han perdido la vida por ac-ción de subversivos del narcoterror, sus cuerpos han tenido que esperar, para su traslado desde los inhóspitos lugares en que se encontraban, hasta que lo ordene fiscal ordinario, lo que implica nuevos desplazamientos y peligros.

Ante la situación expuesta, muchos peruanos nos preguntamos, si nuestras autoridades pecan de candoroso perfeccionismo legal, sin tener en cuenta que el VRAE está declarado en estado de emergencia y el control del orden interno encargado a las Fuerzas Armadas, las que combaten con el apoyo policial, a los remanentes terroristas asociados al narcotráfico.

Al estar nuestras Fuerzas Armadas, ejecutando acciones combativas de interdicción, cumpliendo con las disposiciones constituciones, legales y guber-namentales, sus acciones u omisiones, que pudieren estimarse contrarías al or-denamiento penal, deberían ser sustanciadas por la Justicia Militar y no por la Ordinaria, lo que la Constitución consagra con claridad pese a que algunas auto-ridades lo desconozcan.

Si bien es cierto que uno de los principios constitucionales de la función juris-diccional es su unidad, la propia Constitución reconoce a la Jurisdicción Militar y además expresamente determina que en caso de delito de función los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, están sometidos al fuero respectivo, esto es al militar, y al Código de Justicia Militar, cuyas disposiciones no son aplica-bles en general a los civiles. A diferencia de la Justicia Ordinaria que actúa separa-da del Ministerio Público, en la Justicia Militar los fiscales militares la integran, de allí que no debería haber cuestionamiento válido a la actuación de dichos fiscales.

Sea la Justicia Ordinaria o la Militar, la llamada a conocer las denuncias que se formulen contra nuestros valientes combatientes de Fuerzas Armadas y Poli-ciales en el Vrae, siempre deberán considerar que nuestro Código Penal exceptúa de responsabilidad penal al que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Igualmen-te a quien actúe por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones, y por último al personal de las Fuerzas Armadas y

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Policiales, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte.

En el cumplimiento de su deber, nuestros efectivos militares y policiales, requieren el mandato protector de la normatividad legal, no para excesos, in-fracciones e inconductas, pero sí para seguir defendiendo a los peruanos que queremos vivir en paz, en orden y sin terrorismo.

Diario La Razón

17 de setiembre de 2009

SOLDADOS PROFESIONALES

Una de las críticas que se han efectuado a las acciones que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas en el Vrae, es que el Ejército no cuenta para la tarea con sol-dados profesionales. Tiene oficiales, técnicos y sub-oficiales profesionales, pero no soldados profesionales, ya que los soldados no son otros que el personal del servicio militar, esto es los reclutados para el servicio acuartelado voluntario.

El servicio militar tiene una duración máxima de dos años, y en la nueva Ley del Servicio Militar se incorporó norma para que al término de su servicio se pudieran reenganchar, de dos en dos años hasta alcanzar el límite de edad para ello. Esta norma dejó de lado el máximo de cuatro reenganches que era insuficiente, y es un hito impor-tante para ir en el camino correcto de la profesionalización de nuestros soldados.

El entrenamiento que se necesita para el combate, los estudios en que hay que aplicarse y la preparación para la utilización de armamento moderno acorde con el desarrollo tecnológico, requiere más de dos años e incluso un nivel de edu-cación escolar apropiado, como podría ser el secundario, lo que no se obtiene con lo simples reenganches del personal que realizó el Servicio Militar.

Por ésa razón a pedido del Ejército, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamen-to un proyecto de ley para crear el nivel de “Tropa Especialista”, por encima del personal de Tropa de Servicio Militar, auque debajo de sub-oficiales y técnicos. Esta Tropa Especialista será profesional y rentada y con ella se reducirá la necesi-dad de tener tantísimo personal de Servicio Militar. El personal que sea captado para ello, sea del componente de Servicio Militar o del reenganchado, deberá tener como mínimo educación secundaria y tendrá como atractivo su permanen-cia, remuneración y especialización.

El avance científico y tecnológico del armamento, exige de personal profe-sional, con el cual el componente terrestre de nuestras Fuerzas Armadas ganará en fuerza operativa idónea.

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Es hora que el Congreso apruebe el proyecto de ley sin más dilación, lo que redundará en mayor eficiencia combativa de nuestros soldados, al incluir en el escalafón correspondiente a la Tropa Especialista.

Diario Expreso

18 de setiembre de 2009

AMPLIACION DEL FONDO DE DEFENSA

Mediante la Ley 28455 se creó un Fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía Na-cional, con vigencia a partir del año 2005, con la finalidad de adquirir, mantener, reparar y repotenciar equipamiento para la modernización de dichas instituciones.

Como recursos para el Fondo, le fueron asignados el 25% y luego el 40% de las regalías que reciba el Gobierno Nacional del lote 88 de Camisea y el 30% de las regaláis por la explotación del lote 56 también de Camisea, entre otros ingresos.

Si bien es cierto que la asignación de recursos pre-determinados, contradice el criterio de unidad presupuestal para la inversión y gastos del Sector Público, tal excepción es práctica y conveniente, pues ha permitido comprometer recursos futuros para financiar en lo inmediato la adquisición de equipamiento defensivo y para el mantenimiento del orden interno, que de otra forma hubiere requerido esperar los ingresos presupuestales que se fueran produciendo de año en año o recurrir al endeudamiento internacional. En buena cuenta ha permitido lo que se llama usualmente “palanqueo financiero”.

Como los recursos provenientes del aludido Fondo son insuficientes para cubrir las necesidades de equipamiento de Fuerzas Armadas y Policiales, se han presentado en el Congreso diversos proyectos de ley para incrementarlo, sea con “regaláis mineras”, sea con participación del “canon” por la explotación de re-cursos naturales.

Para el caso de las “regalías mineras” debemos tener en cuenta que ellas son la contraprestación económica, que los titulares de las concesiones mineras pagan al Estado por la explotación de los minerales, y los proyectos de ley objeto de debate en el Congreso, otorgan un 5% de ellas para el Fondo y el 95% restante entre los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades de las cir-cunscripciones de donde provengan los minerales.

A su vez, para el caso del “canon”, recordemos que lo constituye la partici-pación de la que gozan Gobiernos Regionales y Locales, de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales. Los proyectos de ley a que nos referimos, asignan un 5% del canon para el Fondo

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y el 95% restante entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Loca-les en cuyas circunscripciones se hallan los recursos naturales.

Se han formulado algunas objeciones a la ampliación del Fondo con ingre-sos de “regalías mineras” y del “canon”, las que pueden ser fácilmente subsa-nables. Por ejemplo se dice que la ampliación del Fondo sólo beneficiará a las Fuerzas Armadas y no a la Policía Nacional. Nada más sencillo que incluir a ambos sectores, que fue el criterio con el cual se constituyó inicialmente el Fondo, destinándose 75% para las Fuerzas Armadas y 25% para la Policía Nacional.

Otro cuestionamiento es que se deducirán los ingresos de los otros beneficia-rios de las “regalías mineras” y del “canon”. Ello no es así, pues en el dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso, se propone que sean sobre nuevos recursos o explotaciones o concesiones, de donde resulta que no se afectarán los ingresos que ya tienen Gobiernos Regionales, Locales y Universidades. Empero, no olvide-mos que los temas de Defensa y Orden Interno, si bien su manejo corresponde al Gobierno Central, benefician a todos sin excepción, por lo que sería atendible que los otros niveles de gobierno, también participen en su financiamiento.

Una observación de contenido constitucional, es que el canon es para las circunscripciones en donde se explotan los recursos naturales. Esto también es subsanable, pues se podría incrementar el Fondo, en sustitución de canon, con un porcentaje en el Presupuesto, de los ingresos del Estado por la explotación de tales recursos en general.

Soluciones hay, lo que se requiere ahora es que se apruebe cuanto antes la ley que proporcione nuevos ingresos al Fondo de Defensa, y así proseguir con la elevación de los niveles de equipamiento de nuestros soldados y policías que tanto hacen por el Perú.

Diario La Razón

20 de setiembre de 2009

SERVICIO MILITAR

El año pasado fue aprobada, la nueva Ley del Servicio Militar y recientemente sancionado su Reglamento. Ambos dispositivos subsanan algunas deficiencias de la legislación anterior y contienen aspectos aùn poco divulgados que es con-veniente destacar.

Uno de los aspectos màs importantes y que tiene que ver con los derechos humanos, es la proscripciòn del reclutamiento forzoso para la captaciòn de per-sonal con la finalidad de ser incorporados al Servicio Militar en el Activo. Si bien

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las famosas levas ya estaban prohibidas, ello queda complementado con esta cla-ra disposiciòn.

Se cuestionò que hubieran menores de edad, dentro del personal que hacìa el Servicio Militar en el Activo, olvidándose que muchos de ellos presentaban documentos fraguados o declaraciones falsas y se refugiaban en el Servicio para paliar situaciones de aguda pobreza, encontrando alimentos, techo y vestido, asì como una propina. Para evitar ello, ha quedado absolutamente prohibido alistar menores de 18 años para el Servicio Militar, bajo responsabilidad administrativa y penal del personal directamente relacionado con el reclutamiento militar.

Con la anterior legislaciòn, cuando habìan màs voluntarios que los reque-ridos, sea por el Ejèrcito, Marina o Aviaciòn, se determinaba mediante sorteo, a los que harìan el Servicio en el Activo. Sin embargo, cuando sucedìa lo contrario, esto es habìa menos voluntarios que las vacantes a ser atendidas, el procedimien-to para su cobertura era diferente, se hacìan llamamientos extraordinarios, pero como seguìan siendo voluntarios subsistìa el dèficit y como consecuencia menor nùmero de reclutas que los necesarios. La nueva Ley unifica el procedimiento, tanto para el exceso de voluntarios como para el defecto de ellos, ahora ambas situaciones se solucionan mediante sorteo.

Los sorteos seràn pùblicos y con intervenciòn notarial, con lo cual se cum-ple con el principio de igüaldad y transparencia, y al mismo tiempo se evitan amiguismos, compadrazgos, favoritismos y otras antigüas lacras que hay que extirpar de plano.

Los llamamientos para completar el nùmero requerido de reclutas para el Servicio, seràn complementarios y dejaràn de llamarse “extraordinarios”, los que se circunscribiràn para el caso de necesitarse efectivos adicionales, con lo cual se eluden interpretaciones internacionales alarmantes.

Se ha eliminado el lìmite màximo de cuatro reenganches, para el personal que concluyò el Servicio Militar y tenìa vocaciòn para continuar en tareas cas-trenses. Esto constituye un avance notable para la profesionalizaciòn de nuestros soldados, pues nuestras Fuerzas Armadas, en un mundo de gran avance cien-tìfico y tecnològico, necesitan de personal altamente calificado. Esto deberà ser complementado con la aprobaciòn en el Congreso de la iniciativa legislativa del Gobierno, para crear la “Tropa Especialista”.

Los que cumplan con su patria haciendo el Servicio Militar, tendràn benefi-cios mayores a los que antes existìan. Ahora obtendràn prestaciones asistencia-les y de salud, se les incrementarà gradualmente las propinas mensuales hasta alcanzar el diez por ciento de la UIT. Se les capacitarà y especializarà en diver-sos oficios que les servirà para su reinserciòn en la sociedad civil. Estudiaràn en los Centros Educativos Tecnològicos Productivos. Existiràn facilidades para

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estudios universitarios y para postular a las Escuelas de los Institutos Armados y Policìa Nacional. En los espectàculos auspiciados por el Instituto Nacional de Cultura y en los eventos deportivos organizados por el Instituto Peruano del De-porte, tendràn descuentos. Hay muchìsimas otras ventajas que es largo reseñar.

Se ha avanzado mucho, pero lamentablemente no se logrò eliminar la Li-breta Militar, auque los tràmites se redujeron. Tampoco se logrò la inscripciòn automàtica en el Registro Militar vìa el Reniec. Ojalà que con el correr del tiempo, esas y otras deficiencias, se logren corregir.

Diario Oficial “El Peruano”22 de setiembre de 2009

URGE AUMENTO AL FONDO DE DEFENSA

Existen en el Congreso de la República, varios proyectos de ley para aumentar los recursos al Fondo de Defensa, el que fue creado por la Ley 28455, con la fina-lidad de adquirir, mantener, reparar y repotenciar el equipamiento para moder-nizar nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Los proyectos existentes en el Congreso, proponen ampliar el Fondo de De-fensa con “regalías mineras” y con la participación de los recursos provenientes de “canon” por la explotación de recursos naturales.

Los proyectos de ley a que nos referimos se encuentran dictaminados en conjunto, favorablemente, por la Comisión de Defensa del Parlamento, Comisión en que sus integrantes, sea por su experiencia como por su versación en la temá-tica de seguridad nacional y seguridad ciudadana, conocen de las limitaciones y carencias de las Fuerzas Armadas y Policiales, y han encontrado una fórmula apropiada para otorgarles mayores recursos.

Pese a lo expuesto anteriormente, en la Comisión de Economía del Congre-so, donde se encuentran los mismos proyectos para su díctamen, se ha pospuesto seguir tratando sobre el particular, hasta conocer a cabalidad los recursos que serán asignados en el Presupuesto para el año 2010, tanto para el Sector Defensa, del que dependen las Fuerzas Armadas, como para el Sector Interior, del que depende la Policía Nacional.

En puridad, no se requiere la postergación, pues los recursos que el Presu-puesto otorgará a los Institutos a que nos referimos, son los regulares para su funcionamiento, pero lo que tratan los proyectos pendientes del dictamen de la Comisión de Economía, son para otorgar recursos complementarios al Fondo de Defensa, que tienen un destino específico.

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La ampliación del “Fondo de Defensa”, es con recursos que ingresarán en el futuro, no necesariamente el año 2010, y financieramente permitiría a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, comprometerlos como garantía para operaciones de crédito, sea interno o externo, trayéndolos a valor actual. Se trata de facilitar lo que en la jerga financiera se llama “palancamiento”, permitiendo que los in-gresos futuros al Fondo se conviertan en dinero proveniente del crédito, hoy, y respondiendo para su retorno o reembolso a las instituciones crediticias, con más sus intereses y comisiones, con los futuros ingresos del Fondo. Por lo expuesto estimamos que la exagerada prudencia de la Comisión de Economía, afecta la continuación del repotenciamiento de nuestras sacrificadas Fuerzas Armadas y Policiales.

Algunas autoridades municipales y regionales han puesto reparos, obser-vaciones u objeciones a la ampliación del Fondo de Defensa, pues dicen que ello los afectará. Error, no perderán absolutamente nada, pues se trata de proyectos mineros a futuro, no los actuales en explotación, y porque además bien puede sa-lir el incremento al Fondo de las regalías que corresponderían a la cuota del Go-bierno Central, y por último así los pudiera afectar, que no es el caso, la respon-sabilidad de tener Fuerzas Armadas y Policía Nacional con capacidad disuasiva, repotenciadas, eficientes, bien armadas y pertrechadas, no es únicamente de res-ponsabilidad del Gobierno Nacional, sino que beneficiará a todos los peruanos, de todas las regiones del Perú y vecinos de todos los municipios sin excepción. No le corran a sus responsabilidades, pues al fin de cuentas, si no contamos con eficiente defensa de nuestro territorio, Mar de Grau y espacio aéreo, así como el orden interno, podríamos pagarlo muy caro todos los peruanos.

No olvidemos que los bienes públicos como defensa, orden interno, justicia y otros más, cuestan, no hay nada gratis.

Diario Expreso

16 de octubre de 2009

MATERNIDAD Y ESCUELAS MILITARES

Tradicionalmente solo estaba permitido a los varones el ingreso a Fuerzas Ar-madas.

Cuando se amplia al sexo femenino la posibilidad de servir a la patria en sus Fuerzas Armadas, tuvieron que variarse muchas cosas, como tener cuadras, baños, sitios de descanso y otros, separados en hombres y mujeres; así como dic-tar normatividad para evitar situaciones de exagerada socialización entre ambos

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sexos é incluso hostigamiento sexual, así como que ello deteriore la disciplina castrense.

Considerándose que la preparación de las damas en las escuelas de forma-ción militar, requería de severos ejercicios físicos en adición a la enseñanza teóri-ca, así como efectuar maniobras exigentes, se dispuso que quienes estaban emba-razadas no podían ingresar a las Fuerzas Armadas y si el estado de gravidez era sobreviniente, les impediría continuar en las escuelas militares, lo que truncaba la vocación castrense.

Algunos opinaron que el embarazo no debería interrumpir la formación mi-litar limitada al campo teórico. Esta posición no era compartida por las Fuerzas Armadas, ya que la preparación militar no puede ser minimizada a lo teórico, que tiene que llevarse a la práctica, y la mujer soldado en estado de gravidez no puede hacer saltos en paracaídas, ejercicios bruscos, pista de combate y tantos otros que requiere la preparación integral y no parcial.

Las dos posiciones mencionadas, son extremas, por lo que conviene buscar fórmula que concilie el derecho a proseguir con la vocación y el derecho a gestar.

Algunos países han conciliado ambos derechos, encontrando como fórmula práctica, que la mujer gestante pueda recibir licencia de su escuela militar, por el tiempo que falte para el nacimiento del hijo y un período complementario que permita en el primer año de vida del vástago, recibir el cuidado de la madre fuera de las instalaciones militares. Concluído el plazo de la licencia, la madre-soldado podrá reiniciar su formación y entrenamiento, siempre que no exceda a la edad máxima reglamentaria en cada escuela para proseguir en ella. En la forma ex-puesta se respetarían los derechos a constituir familia, a la igualdad, al desarrollo de la personalidad y a la educación.

En el proyecto de Reglamento común de los Centros de Formación Militar, se ha considerado como solución conciliadora la antes expuesta, que esperamos sea aprobada para no frustrar vocaciones ni atentar contra el derecho a la con-cepción.

Diario Expreso

14 de noviembre de 2009

ZAMARROS Y JUSTICIA

Honda consternación y profunda indignación ha causado el espionaje del que ha sido víctima el Perú, y la participación en él de por lo menos un zamarro que se ha mostrado como émulo de “Felipillo”, renegando de su patria y entregando a

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terceros información clasificada, confidencial, incluso secreta, que tiene que ver con la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial.

Después de la sorpresa inicial por lo acontecido, se discute cual autoridad jurisdiccional debe procesar a los inculpados. Unos se inclinan por la justicia co-mún u ordinaria y otros por la justicia militar-policial.

Lo cierto es que la justicia castrense existe desde la creación de los ejércitos permanentes, siendo muy conocido el aforismo que “ella es para los ejércitos lo que el polvo para las botas de los soldados”, lo que recordó con acierto el Pre-sidente del Tribunal Supremo Militar Judicial, almirante en retiro y connotado abogado Enrique Mesa Angosto en su informe oral ante el Tribunal Constitucio-nal hacen pocos meses.

La justicia militar no es reciente, existe desde nuestra etapa colonial y en la etapa republicana en 1898 se dictó el primer Código de Justicia Militar. Más aún, invariablemente nuestras sucesivas constituciones establecieron la justicia mili-tar como excepción a la justicia ordinaria.

Nuestra actual Constitución reconoce como principio de la función jurisdic-cional su unidad y exclusividad, determinando que no existe ni puede estable-cerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. La misma Constitución definió que en caso de delito de función los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar, cuyas disposiciones no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina.

En el caso del vergonzoso espionaje, él o los implicados se encontraban en actividad al tiempo de la perpetración de los delitos que les son imputados, es-taban integrando nuestras Fuerzas Armadas. También los actos bochornosos y traicioneros que se procesan, lo fueron como consecuencia del servicio en activo al entregar información clasificada que se conoció por la propia función, que de-nota gravísima infidencia. Adicionalmente los actos punibles que se denuncian están tipificados como delitos en la Justicia Militar Policial.

Si la jurisdicción militar-policial surge del propio mandato constitucional, si los actores denunciados estaban en situación de actividad militar, si los actos perpetrados lo fueron con ocasión del servicio en el activo y si ellos están señala-dos dentro de la normatividad legal militar-policial, es más que evidente que el procesamiento le corresponde a la justicia castrense y no a la ordinaria.

De efectuarse el procesamiento judicial de los inculpados en la Justicia co-mún, nos tendríamos que preguntar ¿entonces para que es la Justicia Militar? La relegaríamos a una Justicia inferior, para procesar insultos al superior o deser-ciones al servicio militar. Eso sería minimizar la función de la Justicia Militar

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Policial, que tiene su razón de ser, que es especializada, que tiene que velar por la disciplina en nuestras instalaciones militares, y que el conocimiento de su nor-matividad no necesariamente la tienen todos los jueces ordinarios.

Se supone que nuestros Institutos Militares, siempre han velado por la exis-tencia de la Justicia Militar, por lo que no es comprensible que hubieran llevado el caso a la justicia común. El error puede ser subsanado con la inhibición del Poder Judicial y de no hacerse ello, tendrá que dirimirse la competencia por la autoridad llamada a ello.

Diario La Razón

23 de noviembre de 2009

CENICIENTA DE GALA

Días atrás un grupo de personas mayores, hacían comentarios sobre los desfiles militares, muy positivos por cierto, pero quedaban en lo superficial, en lo bien que se les veía a nuestros soldados, lo bien uniformados que estaban, su impe-cable presencia, la marcialidad y gallardía de su paso, y no sé que cuantas cosas más.

Los elogios sin ninguna duda merecidos, auque limitados a la periferia, que-dan allí pues no conocen que la Cenicienta se vistió de gala, pero sigue siendo Ce-nicienta. En efecto, el marcial soldado del desfile, no está adecuadamente remu-nerado, las armas que muestra y utiliza no siempre son modernas y eficientes, su entrenamiento insuficiente, y lo que es más grave, cuando tiene que defendernos a todos los peruanos de los remanentes terroristas es indebidamente enjuiciado.

Nuestras Fuerzas Armadas, para cumplir la misión que la Constitución y la Ley le encomienda, no puede continuar siendo la Cenicienta de gala para el des-file, necesita recursos para atender sus obligaciones, tener buenos transportes, armamento de calidad, municiones no vencidas, cuarteles e instalaciones dignas, y capacidad disuasiva frente a cualquier escenario externo.

Los peruanos somos pacíficos y no deseamos entrar en carreras armamen-tistas, pero por lo menos tenemos que tener Fuerzas Armadas modernas y bien apertrechadas, sin excesos es verdad, pero tampoco con carencias.

Si bien las comparaciones son odiosas, no por ello hay que omitirlas, pues ilustran y nos hacen percibir nuestra realidad.

El Instituto por la Paz de Estocolmo (SIPRI) ha mostrado con sus estudios, la asimetría existente entre PBI y gastos de defensa de diversos países. El pro-medio en la relación mundial es de 2.5 y el promedio regional de 1.8, pero el

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Perú, muy por debajo del promedio regional, y como agravante entre magras retribuciones y pensiones se va alrededor del 80% del presupuesto del respec-tivo sector, y muy poco para gastos de capital, racionamiento, así como bienes y servicios.

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), los gastos de defensa en América Latina, crecieron en un 91% para el período 2003 al 2008, o sea desde 24,700 millones de dólares a 47,200 millones de dólares. Los mayo-res incrementos, se encuentran recientemente en Venezuela, Colombia, Brasil y Chile. En algunos casos las cifras resultan explicables, como el caso colombia-no, debido a su conflicto interno, pero en otros casos preocupante.

En el segundo quinquenio de los años 80, el presupuesto para el Sector De-fensa bordeaba el 14% del total, en los años 90 alrededor del 10%, pero increíble-mente a partir del 2001 se redujo entre el 6 y 7%, lo que es insatisfactorio. Feliz-mente observamos que hay ánimo gubernamental de mejorar las cosas, lo que ha podido advertirse en estos años, sobre todo con la utilización a valor actual de recursos futuros del Fondo de Defensa.

Existen sectores que quieren privilegiar la utilización de los ingresos por nuestros impuestos, en salud, educación e infraestructura, pues tiene lógica, pero ello no debe de modo alguno desatender a nuestras Fuerzas Armadas. Hay bie-nes públicos, como la justicia, la defensa y el orden interno, que no se perciben con la misma claridad que las obras públicas, pero no por ello se va a dejar de invertir en ellos.

Diario La Razón

30 de noviembre de 2009

BUEN EJEMPLO DEL PERÚ Y ECUADOR

Teniendo como antecedente la Convención de las Naciones Unidas de 1980, el 18 de Setiembre de 1997, y dentro del marco de la ONU, se suscribió la llamada “Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y su Destrucción”, comúnmente conocida como “Convención de Otawa”, de la que el Perú es signatario.

Por dicha Convención los países signatarios y los que posteriormente se ad-hirieron a ella, se comprometieron entre otras obligaciones a la destrucción de sus existencias de minas antipersonales en el plazo de cuatro años, así como a la destrucción de las colocadas en zonas minadas en el término de diez años pro-rrogables por período igual.

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Las minas aludidas han cobrado vidas y han mutilado a muchísimas per-sonas, considerándose que una de cada cinco víctimas han sido niños, por lo que organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, al igual que el Centro Internacional para Desminado Humanitario de Ginebra (GIGDH) y el Departamento de Investigación y Desarrollo de Desminado Humanitario de los Estados Unidos, vienen contribuyendo eficazmente en las tareas del desminado, a los que se ha unido el Programa de Acción Integral contra las Minas Antiperso-nal (AICMA) de la OEA, quien abrió el Registro de Minas Terrestre Antipersonal para facilitar las tareas de ubicación de dichos artefactos letales y que cuenta con la asesoria técnica de la Junta Interamericana de Defensa (JID).

Ecuador y Perú vienen trabajando coordinadamente en la ubicación y des-trucción de minas antipersonal en su frontera común, actuación que ha recibido el reconocimiento de la OEA en su última Asamblea Anual, al destacar “el inter-cambio de información entre ambos países y niveles de cooperación, que consti-tuyen una efectiva medida de fomento de la confianza y seguridad y un camino para una mayor integración entre sus pueblos”. Indiscutiblemente estamos fren-te a un buen ejemplo de mútua colaboración que contribuirá con el objetivo de la OEA de lograr a “Las Américas como zona libre de minas terrestre antipersonal”.

En el tema de la destrucción de minas antipersonal, la OEA, y raro en ella, no se ha limitado a la declaración formal, sino que ha gestionado cooperación económica y logística internacional, para facilitar en nuestro continente la des-trucción de dichos agresivos elementos, además de condenar el empleo, almace-namiento, producción y transferencia de minas antipersonal por parte de actores no estatales, que ponen en riesgo a la población de los países afectados, señalan-do en particular a grupos armados al margen de la ley.

El Perú, acertadamente, con la Ley 28824, incorporó en el Código Penal como delito, el empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación o transferencia de minas antipersonales, estableciendo pena pri-vativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años para los infractores.

Es necesario que nuestro país redoble los esfuerzos por ubicar las minas antipersonales sembradas en la frontera con Ecuador para su destrucción, tarea difícil al igual que en Ecuador, por el desplazamiento de las mismas originado por copiosas y torrenciales lluvias. Esta tarea requiere de recursos importantes que hay que aportar del Presupuesto General de la República y de la cooperación internacional, debiendo agradecer la ayuda que se comprometió a otorgarnos la Corporación Andina de Fomento, así como otros fraternos países.

Diario Oficial “El Peruano”04 de diciembre de 2009

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PANDILLAS Y SERVICIO MILITAR

Ante el fenómeno del “pandillaje” y de las llamadas “barras bravas”, algunas personas han sugerido que una forma de enfrentarlas sería restablecer el Servi-cio Militar Obligatorio y el curso escolar de Pre-Militar, con los cuales nuestros jóvenes recibirían formación de estricta disciplina y con ello se evitaría la perpe-tración de tantos actos de violencia en que incurren.

Como respuesta algunos recordaron que los cuarteles no son centros correc-cionales de jóvenes, y no les falta razón, pues no se debe caer en el facilismo de trasladar un problema social a las Fuerzas Armadas. La falta de disciplina y los actos antisociales de jóvenes, deben ser enfocados desde la óptica educativa y de prevención, y no con la de sacarlos de la calle para su ingreso a los cuarteles. La responsabilidad es de los padres de familia, de sus maestros, así como de gobier-nos locales que con apoyo de quien está encargado del control del orden público, léase policía, le compete la tarea.

Contra la sugerencia de volver a la obligatoriedad del Servicio Militar, exis-ten argumentos adicionales. En efecto, el aludido Servicio fue obligatorio, pasó a ser voluntario y hoy en día en la práctica es mixto. Cuando no hay suficientes jóvenes voluntarios, se puede recurrir al sorteo entre los inscritos para que hagan el servicio en activo. Regresar a la obligatoriedad sería sumamente oneroso, por la necesidad de más instructores, más cuarteles, más alojamientos, más unifor-mes, más armamentos, más alimentos, más propinas y otros beneficios, lo que no garantiza tampoco el logro que se quiere obtener.

No olvidemos que es política del Estado profesionalizar a nuestros solda-dos, y que en tanto y cuanto se vaya caminando en dicha dirección, simultánea-mente se reduzcan los efectivos del Servicio Militar, que al no ser profesionales ni con preparación y entrenamiento suficientes, no han contribuído mayormente en las tareas de pacificación en que intervinieron.

En cuanto al regreso del curso “Pre-Militar”, ello requeriría que muchos miembros de nuestras Fuerzas Armadas cambien de colocación de los cuarteles a los colegios para brindar dicha instrucción. Ello no es factible, no tenemos perso-nal suficiente para la tarea, máxime cuando tienen que actuar en otras obligacio-nes de suyo más urgentes vinculadas con su profesión.

Como hemos visto, ni el retorno del Servicio Militar Obligatorio ni del curso de Pre-Militar, servirán para lo que con entusiasmo pero con desconocimiento de la realidad se propuso.

Diario Expreso

04 de diciembre de 2009

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REMUNERACIONES DE MILITARES Y POLICÍAS

Conocidísimo es que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales se han hecho acreedores al reconocimiento de la ciudadanía por la defensa de nuestro territorio, dominio marítimo, espacio aéreo y orden interno, haciendo especial mención a su accionar frente al terrorismo homicida que tanto daño ha hecho al país. Al igual que hay reconocimiento por su entrega, valor y heroísmo, no hay que olvidar que en algunas ocasiones de nuestra historia se entrometieron en la temática política hasta actuar en contravención del orden constitucional y legal lo que generó desconfianza que felizmente se ha ido superando.

Los partícipes del legado de nuestro grandes héroes como son Bolognesi, Cáceres, Grau, Quiñones y Alipio Ponce, han sido objeto de innumerables home-najes, ceremonias, diplomas, condecoraciones, monumentos y cálidos aplausos, lo que si bien es justo no es suficiente, pues se tratan de seres humanos que tienen que vivir, que cuentan con familias que mantener, que tienen hijos en edad esco-lar o que matriculan en institutos superiores y universitarios, todo lo cual cuesta y no poco. Además tienen aspiraciones como cualquier ser normal a su vivienda, automóvil y nivel de vida adecuados, por lo cual sus remuneraciones deben ser equitativas.

Lamentablemente la remuneración dineraria a los defensores dela patria y policías es reducida y mucho menor a sus necesidades. Para paliar tal situación se fueron dando beneficios no remuneracionales, algunos en especies como eran combustibles, hasta que con lógica y transparencia se incorporaron a su alcance salarial.

En el ánimo de establecer un sistema remuneracional integral para nues-tras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, acorde con las necesidades de sus in-tegrantes pero al mismo tiempo compatibilizando ello con las posibilidades de nuestra caja fiscal, en el año 2007 fue creada una Comisión que estudiara toda la problemática retributiva y planteara soluciones. La Comisión estuvo integrada por la Vice-Ministra de Asuntos Administrativos Y Económicos del Ministerio de Defensa, por el Director de Personal del Ejército, por el Director de Personal dela Marina, por el Director de Economía de la Fuerza Aérea y por el Director de economía de la Policía Nacional, que adicionalmente en aquel entonces era el presidente del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial. Des-pués de los correspondientes estudios la Comisión planteó sus propuestas con criterio de equidad e incluso para ir solucionando el problema por etapas, esto es progresivamente, sugirió hacerlo en cinco tramos, teniendo muy en claro que había que reducir la absurda brecha existente entre comandantes y coroneles o grados equivalentes.

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En el Sistema Único de Remuneraciones propuesto, se encuentra el haber básico, el complementario, las bonificaciones y demás beneficios, teniéndose presente que las actividades militares y policiales son con riesgo de vida, tie-nen dedicación exclusiva, formación acuartelada y especializada, disponibilidad permanente e inmediata para ser movilizados sin previo aviso ni consulta en cualquier lugar del país, con labores que exceden la jornada legal por ser trabajo atípico, y muchas otras características que hacen especial las labores desempeña-das en beneficio de la patria.

La propuesta técnica que contiene el Sistema único de Remuneraciones fue estudiada la más alto nivel del Sector Defensa y del Sector Interior, se hizo revisar por expertos, se verificó la compatibilización entre las necesidades de nuestros soldados y policías con las posibilidades fiscales, y luego de todo ello se mate-rializó en un proyecto de ley y en otro proyecto de decreto supremo, que con los recaudos que lo justificaran se puso a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas el 15 de abril del 2008, cuando la cartera de Defensa era ejercida por el autor de estos comentarios. Se solicitó reiteradamente al Sector Economía y Finanzas tener reuniones para explicar el tema remunerativo, las penurias que sufren los miembros de Fuerzas Armadas y Policiales por diminutas retribucio-nes, sin contar con otras situaciones que por la propia naturaleza del servicio que prestan son conocidas por toda la ciudadanía. Lamentablemente la “sordera” del Sector Economía y Finanzas fue por lo menos intimidante, pero no cejaron los esfuerzos iniciados con el Ministro Wagner, seguidos por el autor de esta nota y continuados por el Ministro Rey.

Ante la falta de respuesta de Economía y Finanzas, hicieron eco del pro-blema algunos de nuestros parlamentarios, quienes presentaron un proyecto de ley para otorgar una bonificación económica, el que después de pasar por las comisiones dictaminadoras fue aprobado en texto de consenso en la Comisión Permanente del Congreso. La bonificación es un paliativo y no resuelve el pro-blema, y tiene como defecto que se incumple el precepto constitucional que los parlamentarios no tienen iniciativa en el gasto, aunque se faculta al Ejecutivo a fijar el monto, financiándolo con tramos no ejecutados del Presupuesto del año anterior, lo que de suyo podría paralizar algunas obras.

Indiscutiblemente el problema reventó y ello sucedió por la omisión de dar-le tratamiento a tiempo. Ahora todos se preguntan ¿qué hacer? y lo razonable es que se reúnan los sectores Economía y Finanzas, con Defensa e Interior, además de las Comisiones Parlamentarias de Presupuesto y de Defensa, verificando las necesidades de quienes solicitan los justos incrementos con las posibilidades del erario nacional, den la solución pendiente que no se puede postergar más tiempo.

Lo proyectado por los Sectores Defensa e Interior es absolutamente realista,

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sin incurrir en populismos de otras épocas como fue homologar al personal civil de dichos sectores con las retribuciones de militares y policías, desconociendo las singularidades del trabajo de estos últimos, al igual que cuando se pretendió homologar retribuciones de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional con las de los parlamentarios. Ambas normas están derogadas, y la solución a ello se encontra-rá en el Sistema Integral de Remuneración del Personal Militar y Policial, que no olvida los aportes a su Caja de Pensiones. Sin duda, la pelota está en cancha de Economía Y Finanzas.

Diario La Razón

27 de enero de 2010

MÁS SOBRE ARIZA

La Justicia Militar ha interpuesto contienda de competencia con la finalidad que la Corte Suprema determine a quien corresponde procesar a Víctor Ariza, esto es, si ello toca a la Justicia Ordinaria o a la Justicia Militar.

El meollo del argumento de quienes sostienen que le toca el procesamiento jurisdiccional a la Justicia Ordinaria, es porque existe un interés que es de todos y que trasciende al militar. Estimamos que dicho argumento adolece de error, y que el juzgamiento corresponde al Fuero Militar-Policial, como pasamos a expo-ner.

En primer lugar, porque la propia Constitución la reconoce al determinar la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, sin que pueda establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. Ergo existe la jurisdicción militar que también con arreglo a la propia Constitución es la competente en caso de delito de función de los miembros en activo de las Fuer-zas Armadas y de la Policía Nacional, que están sometidos al Código de Justicia Militar, que no son en general aplicables a los civiles.

Hoy por hoy, la Justicia Militar ha sido fortalecida por reciente resolución del Tribunal Constitucional, que desestimó en todo lo sustantivo la pretensión de inconstitucionalidad de su normatividad que había promovido el Colegio de Abogados de Lima, quedando firme su legitimidad así como la de sus integran-tes, incluso reconociendo la actividad de los fiscales castrenses. Los cuestiona-mientos fueron definitivamente superados por determinación del TC que es pie-za jurídica importante por su versación y reflexivo análisis.

El Ministerio Público formuló la denuncia penal ante la Justicia Ordinaria, en el entendido que los ilícitos penales atribuídos a Ariza, excedían al interés

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meramente militar, ya que son temas de trascendencia nacional. Sin embargo, con dicho criterio no podría existir el Fuero Militar-Policial, olvidando que la De-fensa Nacional es integral y permanente, y toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en ella, como la misma Constitución consagra. Más aún, el Ministerio Público -léase la Fiscalía- representa a la Sociedad y es titular de la acción penal, auque sus denuncias tiene que derivarlas a la autoridad jurisdiccio-nal competente, que en el caso Ariza, por tratarse de hechos perpetrados por un miembro en actividad de las Fuerzas Armadas y en estrecha relación con su fun-ción, es la Justicia Militar-Policial, y no deberían ser trasladados al Fuero Común ú Ordinario, salvo para delitos no contemplados en el Código de Justicia Militar y para el procesamiento de civiles que pudieren estar involucrados en ellos.

Por dichas razones fundamentales estimamos que se resolverá la contienda de competencia a favor del llamado también Fuero Castrense, sin perjuicio de que delitos imputados que sean ajenos al Código de Justicia Militar, se ventilen ante la Justicia Ordinaria, al igual que para los civiles que estuvieren comprome-tidos.

Diario La Razón

31 de enero de 2010

REMUNERACIONES A FF AA Y PNP

Se ha venido dilatando la solución a la problemática de las bajas remuneraciones del sector militar y policial. Si bien es cierto han habido avances como incorporar cerca de treinta conceptos retributivos a la remuneración, incluso monetizando hasta la entrega de gasolina que en la práctica había convertido en mercaderes a quienes la recibían, ello no se ha completado aún con un sistema integral de remuneraciones, pese a que los Ministerios de Defensa e Interior desde el año 2007 trabajaron en una propuesta seria para ser ejecutada por tramos, la que fue presentada al Ministerio de Economía y Finanzas en abril del 2008 sin que hasta ahora hubiere sido resuelta a pesar de sus reiteraciones. Urge además resolver la inequitativa brecha salarial existente hasta comandantes con los coroneles y grados superiores.

El Congreso de la República, ante la falta de solución por el Sector Economía y Finanzas, asumió el tema y aprobó un bono extraordinario para militares y po-licías trasladando al Gobierno la fijación de su monto. El Ejecutivo ha observado la autógrafa de la Ley bajo el argumento que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto, que no se puede financiar el bono con saldos no ejecutados del presu-

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puesto del año anterior ya que ello significaría paralización de obras en adición de que en el año 2009 la recaudación tributaria fue menor de lo presupuestado, y por que no hay recursos suficientes. La respuesta a este pin pon entre Congreso y Gobierno, ha sido que la Comisión Parlamentaria de Defensa dictamine por la insistencia en el bono.

Ante la situación expuesta la pregunta es ¿qué hacer? y la contestación no puede ser otra que el Ministerio de Economía y Finanzas estudie con los Ministe-rios de Defensa e Interior, las alternativas presentadas, que son para implemen-tarse progresivamente y a lo que arriben llevarlo al Congreso, y sin olvidar que cada sol de incremento también ocasiona aumento de pensiones que tienen el famoso “efecto espejo”. Cualquier aumento a quienes están en actividad tendrá que desvincularse del efecto mencionado, así como dictar las medidas que faltan para reflotar la Caja de Pensiones Militar Policial, sincerando aportes y concilian-do cuentas con la Caja Fiscal.

Es necesario tener en cuenta las necesidades de los miembros de Fuerzas Ar-madas y Policiales así como las posibilidades del erario nacional, armonizando lo uno con lo otro, y que Congreso y Gobierno terminen con el ping pong.

Diario Expreso

12 de febrero de 2010

BONO: ALIVIA PERO NO CURA

Dos meses atrás, en este mismo medio, cuando en el Congreso se debatía otor-gar una bonificación pecuniaria al personal militar en actividad, que en alguna medida paliara las bajas remuneraciones con las que se les retribuye sus labores, propuse que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se reunieran para analizar objeti-vamente la situación y se pusieran de acuerdo, para evitar los dimes y diretes que la población advertía y el estéril enfrentamiento entre ambos Poderes del Estado.

Lamentablemente ni el Ejecutivo escuchó al Parlamento ni este último me-rituó las razones del primero, lo que dió como resultado que el Congreso aprobó Ley que concedía la bonificación a militares y policías y que el Presidente de la República la observara, y diera a conocer a la opinión pública las razones de su oposición, prometiendo otorgarles una asignación especial.

Días después, por Decreto de Urgencia No 014-2010, el Gobierno concedió por única vez, una asignación extraordinaria de un mil nuevos soles a favor de comandantes o grados equivalentes para abajo, excluyéndose a coroneles o gra-dos similares para arriba.

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La misma disposición legal determina que la citada asignación extraordina-ria, que no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable, se finan-ciará - ¡oh sorpresa! - no con nuevas transferencias de recursos fiscales a los Sec-tores Defensa e Interior, sino con los mismos presupuestos de dichos Ministerios en el presente año, por lo que para sufragar la asignación tendrán que ejecutar menor gasto en otras partidas, lo que sin duda desmejorará la calidad de los servicios que militares y policías brindan a la Nación. Cuando se prepararon los presupuestos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sus propuestas se hicieron con limitaciones y sin llegar a lo que se considerara aceptable, pese a lo cual en lugar de recibir más recursos en la evaluación del MEF, lo que recibieron fueron más recortes.

El Decreto de Urgencia comentado creó una Comisión para que en seis me-ses elabore una propuesta de reestructuración integral de Fuerzas Armadas y Policiales, con sus sistemas remunerativos y previsionales. Hay quienes sospe-chan que se trata de otra “mecida”, pues desde fines del 2007 ya se cuenta con los respectivos estudios elaborados y coordinados entre los Ministerios de Defensa e Interior con la cooperación y concurso de las Fuerzas Armadas y Policía, estudios que fueron sometidos a consideración del MEF el 15 de abril del 2008, hace cerca de dos años, sin que el Sector responsable de la asignación de recursos públicos se dignara siquiera conversar con los responsables de su diseño, situación que convertiría la sospecha en realidad.

Volviendo a la asignación otorgada, se trata de un simple paliativo, alivia pero no cura, ayuda pero no resuelve, si se tratara de temática médica diríamos que baja el dolor pero no cura la enfermedad. Se perdió la gran oportunidad de encontrar una solución integral al tema remunerativo y al pensionario, pues la propuesta de Fuerzas Armadas y Policiales no era para ejecución en un sólo acto, sino para ser aplicada en cinco tramos, no necesariamente anuales, podrían in-cluso ser más distanciados. Ahora estamos frente a un desembolso de mil nuevos soles por persona, que se gastará por el Estado pero que no se tomará en cuenta cuando se reestructuren las remuneraciones.

La temática pensionaria también había sido abordada en los estudios pre-sentados al MEF y que displicentemente no la consideró, por lo que por su lado Defensa e Interior se esforzaron para que en el Parlamento se aprobara la intan-gibilidad de los recursos de la Caja de Pensiones Militar Policial y se consiguiera recuperar sus recursos en administración por la ONP, faltando sincerar las raquí-ticas aportaciones y conciliar las cuentas entre el Estado y la Caja.

Igualmente el tema pensionario ha traído a discusión la “cédula viva” de militares y policiales, mediante la cual las listas pasivas reciben como pensión el mismo importe remunerativo de quienes están en el activo, con el agregado

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que no se tributa Impuesto a la Renta. Pretenden que se elimine la cédula viva, lo que consideramos que no debería afectar a quienes ya han iniciado sus carreras militares o policiales, y únicamente debería comprender a quienes en el futuro ingresen a las mismas con nuevas reglas de juego.

Es verdad de Perogrullo que las remuneraciones de Militares y Policías son diminutas en relación a sus necesidades y a la enorme tarea que tienen sobre sus hombros al servicio del país, pero no por ello se puede avalar el reiterativo dis-curso de algunos de sus miembros en el retiro, que no se cansan de decir que su remuneración oficial son siete centavos.¡Por favor! Lo importante no es uno de los rubros de la planilla, sino el total de lo percibido, que felizmente se ha dado a conocer por el Gobierno, terminando con la cultura del ocultismo.

Otra de las expresiones machacadas por alto personal militar y policial en situación de retiro, es que su compensación por tiempo de servicios es simbólica, pero lo que no muestran es que cuando pasan del activo al retiro, quienes tienen automóvil a su servicio proporcionado por el Estado, se los entrega en propiedad a un valor residual esto es ya depreciado. Hay pues ese y otros beneficios que no tienen el resto de trabajadores del Sector Público.

Pese a todo lo expuesto hay algo positivo en la posición gubernamental res-pecto a las remuneraciones de las que estamos tratando, como es no haber caído en populismos de antaño que afecten la economía fiscal, como ya pasó en otras oportunidades. En efecto en el año 1990 se sancionó el Decreto Legislativo Nº 608, en cuyo artículo 60 se homologaban las remuneraciones del personal civil en los sectores Militar y Policial a las de estos dos últimos, pese a las diferentes fun-ciones que ejercen, norma que nunca se reglamentó, fue derogada expresamente por la sexagésima segunda disposición final de la Ley de Presupuesto para el año 2009 Nº 29289, pero la Autoridad Jurisdiccional insiste erradamente en su aplicación. Esto no es obstáculo para que se nivele al personal civil de Defensa e Interior con el resto de personal civil de otros sectores del Estado.

En adición a lo expuesto en el párrafo anterior, en el año 1990 se dictó el D. S. Nº 213-90-EF, dándose equivalencia porcentuales a las remuneraciones de Mi-litares y Policías con las de los parlamentarios, situación inviable que posterior-mente se corrigió, derogándose algunos aspectos del cuestionado dispositivo.

Ojalá que la Comisión que ha sido creada, sin esperar el vencimiento del plazo para su tarea, presente cuando antes los estudios encomendados, para re-solver de una vez por todas y sin más dilación, la problemática remunerativa y pensionaria de nuestros militares y policías. Ya esperaron demasiado.

Diario La Razón

17 de marzo de 2010

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OFFSET Y ADQUISICIONES MILITARES

Si bien el Perú tiene como política de defensa no entrar en carreras armamentis-tas y privilegiar los recursos del Estado en el desarrollo del país y en sus obliga-ciones en materia de educación, salud e infraestructura, ello no significa de modo alguno, que no tenga que realizar adquisiciones para renovar equipamiento de sus Fuerzas Armadas y repotenciar el armamento existente para tener una de-seable capacidad disuasiva. No sólo tiene que tener presente los múltiples esce-narios internacionales, sino también sus necesidades para seguir enfrentando lo que se ha llamado remanentes del terrorismo, especialmente en el Valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), y asimismo contar con los elementos que permitan actuar en situaciones de desastres naturales. Esto último no puede descartarse pues estamos en zona altamente sísmica, cada cierto tiempo padecemos los efec-tos del fenómeno del Niño, sin olvidar frecuentes huaicos e inundaciones.

Hacen pocos años, con la finalidad de financiar la capacidad disuasiva pe-ruana, se creó el Fondo de Defensa, más aún está pendiente en el Congreso la posibilidad de su ampliación con nuevos recursos y se está ejecutando las etapas pendientes del llamado Núcleo Básico de Defensa, que debe ser complementado con otros componentes.

Todos entendemos que por la crisis económica-financiera internacional, no alcanzamos en el pasado año el crecimiento inicialmente estimado, lo que también llevó consigo a que las metas de recaudación tributaria no se cumplieran, todo lo cual juega en contra en la velocidad para obtener la capacidad disuasiva requerida.

El panorama expuesto nos tiene que llevar a la búsqueda de mecanismos que nos permitan proseguir con los planes de recuperación disuasiva formulados, y en ése rastreo no hay que perder de vista lo que otros países hacen, como es la utilización del OFFSET, que es un modelo principalmente de cooperación indus-trial, en que el país proveedor de material defensivo, devuelve al país adquirien-te parte de lo recibido, pero como inversión vía transferencia de tecnología, así como en instalaciones industriales, máquinas, instrumental y herramientas de última generación que permitan exportar lo que se fabrique, además de generar nuevas fuentes de trabajo. También se permite tercerizar la inversión desde otros países que no necesariamente sean los proveedores del material defensivo.

Los beneficios del OFFSET también se reflejan en la balanza comercial, pues con la inversión en activos industriales se equilibra dicha balanza, compensando parte de lo que egresa para solventar las adquisiciones defensivas. Los proveedo-res pueden también establecer sucursales, dependencias o nuevas empresas para el mantenimiento, reparación, y también mejora de los equipos con la respectiva transferencia tecnológica.

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A finales del pasado año 2009 en el auditorio de la Sociedad Nacional de In-dustrias, se realizó un Seminario sobre compensaciones, denominado “La coope-ración industrial en la Política de Adquisiciones del Ministerio de Defensa de Es-paña” cuyo contenido, experiencias y conclusiones, deberían ser adecuadamente analizados, para de ser el caso, adaptados a las necesidades del Perú.

Los nuevos escenarios surgidos como consecuencia de los lamentables de-sastres naturales que han sufrido otros países de la región, a los que reiteramos nuestra solidaridad, no deben interrumpir las acciones iniciadas para la obten-ción de la capacidad disuasiva que siempre debemos tener, recordando que mu-chos de los elementos que nos son necesarios contribuirán a brindar el apoyo requerido a nuestra población ante efectos de tragedias de la naturaleza que nos pueden alcanzar. El OFFSET nos permitirá en la práctica la racional utilización de recursos para la defensa.

Diario La Razón

11 de abril de 2010

EJERCITO AUN NO TIENE SOLDADOS PROFESIONALES

Las responsabilidades de las Fuerzas Armadas son enormes, tienen por ejemplo que defender nuestra soberanía, lo que se traduce como el frente externo, a lo que se agrega el interno en que tienen que luchar contra el terrorismo y cuando les encargan asumir el control del orden interno en estado de emergencia, realizan hasta las acciones policiales. A ello se agrega su participación en temas de pre-vención y mitigación de daños causados por la naturaleza, como inundaciones, sismos y similares.

En los ejércitos el grupo humano más numeroso son los soldados y no los oficiales, mientras que en otros institutos armados como marina y aviación la com-posición es diferente pues para las naves, guardacostas, capitanías de puerto, ae-ronaves y aeropuertos, se requiere mayor participación de oficiales, que son profe-sionales entrenados con los avances tecnológicos necesarios para sus actividades.

El personal subalterno en aviación y marina se encuentra más vinculado a aspectos técnicos que el personal de infantes del ejército, cosa diferente del perso-nal de artillería por ejemplo. ¿Pero quienes son nuestros soldados? Mayoritaria-mente los que están realizando el Servicio Militar, hoy apellidado “voluntario”, ergo no son profesionales, culminan el servicio y se van.

Atendiendo a la realidad señalada y necesitando el Ejército soldados profe-sionales que puedan acometer el frente interno -además de mística con eficiencia-

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se dictó normatividad para la profesionalización de nuestros soldados. Es así que en la Ley del Servicio Militar y en su Reglamento se permite que el soldado que ingresó al Ejército como conscripto del Servicio Militar, pueda reengancharse y acceder a la categoría de suboficial. En la Ley 29417 se creó la “tropa especialis-ta” en la seguridad que siendo profesionales de las armas podrían enfrentar al terrorismo con mejor preparación y óptimos resultados, pero lamentablemente han pasado cerca de 3 años y la norma permanece sin reglamentar y el Ejército peruano sigue careciendo de soldados profesionales.

La lucha contra el terrorismo, las bases antisubversivas, y el patrullaje en el VRAE no pueden estar principalmente confiados a los “conscriptos” por más valor y coraje que demuestren.

Las Fuerzas Armadas necesitan más comprensión y menos crítica. Comba-ten en el VRAE en condiciones adversas contra quienes tienen amplio conoci-miento territorial y la ventaja de estar escondidos en tupida selva y montañas que les facilita emboscar a nuestros soldados. Los subversivos terroristas asocia-dos al narcotráfico tienen el apoyo de poblaciones enteras y también de algunas autoridades locales, pues son cultivadores y acopiadores de hoja de coca que la mayor parte es empleada para pasta básica de cocaína y clorhidrato del mismo insumo, más no para bolsitas filtrantes de ENACO.

Nuestras tropas requieren de mejor armamento y de modernas ayudas tec-nológicas. A lo expuesto hay que agregar que tenemos que darles tranquilidad económica con remuneraciones adecuadas, y pensiones apropiadas y cierto am-paro del Estado para que sus operaciones no estén permanentemente judiciali-zadas.

De poco servirá el desarrollo si no se logra pacificar las zonas en conflicto.

Diario La Razón

13 de mayo de 2010

VELERO ESCUELA

Sana envidia, hemos sentido muchísimos peruanos que somos admiradores de nuestra Marina de Guerra al recibir en el Callao la visita de grandes veleros de América y Europa, que participan en la “Regata Bicentenario-Velas Sudamérica 2010”. Nuestra envidia obedece a que lamentablemente no contamos aún con un importante buque escuela a vela para la preparación de nuestros marinos.

Constituye una antigua aspiración de nuestra gloriosa Marina de Guerra contar con un buque escuela a vela que tiene doble objetivo, por un lado ser un

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adecuado elemento para la formación del personal naval, y por otro constituirse en embajada itinerante, que surcando los mares y llegando a puertos contribuya al conocimiento del Perú, de su cultura, así como de los bienes que produce para exportación.

En la visita al Callao de los veleros participantes en la regata mencionada, los peruanos pudimos ser testigos de la importancia que tienen tales buques en la instrucción de marinos, y como sirven para dar a conocer la historia y desarrollo de otros países. Lamentablemente nuestro país no participó en tan significativo evento al no contar con buque escuela a vela, situación que nos debería llevar a redoblar esfuerzos para contar cuanto antes con un navío similar.

Nuestra Escuela Naval para aliviar la situación y para suplir en algo nues-tras carencias, ha dado a los tripulantes de las naves visitantes una espléndida acogida, y con la cooperación de Prom-Perú y de muchas empresas, ha mostrado diversos elementos de nuestro acervo cultural con espectáculos musicales, dan-zas típicas, potajes de nuestra apreciada culinaria, exposición de artesanías y de muchos otros bienes producidos en el Perú.

La pretensión de contar con un buque escuela a vela para nuestra Marina de Guerra tiene larga data, más aún, hace un cuarto de siglo por la Ley 24094 se declaró ello de necesidad pública y de interés nacional y se autorizó al Poder Eje-cutivo la conformación de una comisión que tenga la responsabilidad de elaborar el proyecto y diseñar las acciones que deben llevarse a cabo para hacer realidad tan caro anhelo. También se facultó a concertar operaciones de crédito con tal finalidad.

Hay conciencia que existen otras prioridades y nadie lo niega. Se requiere que nuestra Marina de Guerra recupere su capacidad disuasiva, que modernice y complemente sus unidades de superficie y submarinas pues tiene que cumplir con sus compromisos internacionales, además de cautelar el Mar de Grau en ex-tensión litoral de más de tres mil kilómetros y sin descuidar sus responsabilida-des en lagos y ríos. Necesita en adición de naves de transporte para el petróleo que utilizan otros navíos y para llevar ayuda oportuna a zonas ribereñas cuando hay desastres naturales. Pero ello no debe ser obstáculo para en simultáneo, bus-car fórmulas que nos permitan dotar a la Marina del buque de vela que es desea-ble, entre las cuales no se debe descartar el sistema offset aplicado exitosamente por otros países

Debemos recordar que la ciudadanía no ha sido mezquina con nuestra Ma-rina, pues en varias ocasiones ha colaborado con el financiamiento de sus necesi-dades y se constituyó la Asociación Pro Marina que bien podría asumir el reto, o constituirse un patronato que recaude los fondos que son menester para adquirir o hacer construir la nave a la que nos referimos, pudiendo adelantar que ya han

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manifestado su voluntad diversas personalidades que reconocen los aportes de nuestra Marina de Guerra y de los herederos de las virtudes de don Miguel Grau.

Revista Gente

27 de mayo de 2010

BAGUA Y ARQUEOLOGÍA CASTRENSE

El Congreso de la República creó una Comisión Investigadora de los hechos acontecidos el 5 de Junio del 2009 en la Ciudad de Bagua y otros lugares de nues-tra selva.

Al concluir las funciones de la Comisión se han presentado al Congreso un dictamen en mayoría formulado por tres parlamentarios, otro en minoría por el Presidente de la Comisión, así como dos dictámenes más, también en minoría.

En los mencionados dictámenes se hacen apreciaciones sobre los hechos in-vestigados y se formulan juicios de valor respecto al comportamiento de policías y militares, de los pobladores mestizos de la zona así como de sus nativos, y desde distintas ópticas se interpretan los acontecimientos, así como los antece-dentes normativos que caldearon el ambiente, y la actitud de las autoridades de los ministerios involucrados, reconociendo la tardanza parlamentaria en atender las modificaciones legislativas reclamadas.

Teniendo en cuenta que los sectores militares y policiales no son deliberan-tes, y que cualquier apreciación de ellos sobre los hechos del 5 de junio del 2009, podrían ser confundidos con la trasgresión del principio de no deliberación, nos hemos animado a escribir este artículo desde lo que conocemos del Sector De-fensa que estuviera a cargo de quien escribe en tiempo de los sucesos, y sin que ello constituya desmedro de la actuación de otros sectores, a los que respetamos.

El dictamen en mayoría, que en lo que se refiere a la actuación de las Fuerzas Armadas, es el único que la cuestiona, afirma que “...si bien el Ejército asumió la labor de apoyo desde el mes de mayo del 2009 para las acciones que realizaba la PNP (léase Policía Nacional) en la zona en conflicto, no puede inhibirse de responsabilidad de brindar la seguridad en casos de emergencia en la zona del oleoducto nor oriental, de acuerdo a la Directiva No 02-COMFA-LO-PA vigente a la fecha, por lo que debió intervenir inmediatamente sin esperar las consecuen-cias dadas”.

En buen romance le imputa al Ejército no haber dado protección integral al oleoducto, sus estaciones y demás instalaciones, lo que supone era su responsa-bilidad. Con el mayor respeto a quienes han expresado tal tesis, debemos seña-

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larles que si bien es verdad que existió dicha Directiva que data del año 1979, no se encuentra vigente ni lo estuvo durante los luctuosos acontecimientos en selva del fatídico 5 de junio.

En efecto, tanto la Constitución de 1979 con vigencia posterior al de la Direc-tiva señalada, como la actual Constitución de 1993 que nos rige, determinan con precisión y claridad las funciones diferenciadas de Fuerzas Armadas y Policía. Nos limitaremos por espacio a señalar que palabras más o menos, nuestra actual Ley de Leyes al igual que la anterior, asigna a nuestras Fuerzas Armadas el rol de “...garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la Re-pública” mientras que el de la Policía Nacional es el de “...garantizar, mantener y restablecer el orden interno” (artículos 165 y 166).

La normatividad constitucional y legal vigente, permite que las Fuerzas Ar-madas colaboren y ayuden a la Policía Nacional, lo que se da en tiempos de nor-malidad cuando esta última es insuficiente para cumplir sus tareas, pero también se proporciona ayuda cuando se declara estado de emergencia en que la Policía mantiene a su cargo la responsabilidad del orden interno. Por último hay situa-ciones en que se declara estado de emergencia en que el Presidente de la Repúbli-ca deriva la responsabilidad del orden interno a las Fuerzas Armadas (artículos 137 y 165 de la Constitución).

La intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional no se da por voluntarismo ni por decisión discrecional de sus autoridades o las del Sector Defensa, se otorga ella dentro de un marco legal que está definido por la Ley 29166 y ahora también por su Reglamento.

La tan invocada Directiva 02-COMFA-LO-PA, está derogada, pues colisio-nando con normas constitucionales y legales no puede ser aplicable. Durante los sucesos de Bagua regía la Directiva 078 de diciembre del 2008 emanada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La no vigencia de la Directiva 02-COMFA-LO-PA ha sido corroborada con los instrumentos públicos con los que ella fue desclasificada y que se han presen-tado al Congreso de la República, el cual no puede ignorar que en los sucesos de nuestra selva en junio del pasado año, se han sucedido tres etapas, la primera de colaboración de las FFAA con la Policía Nacional sin que existiera declaración de emergencia, la segunda cuando ya había la emergencia pero la Policía continuaba a cargo del orden interno (Resoluciones Supremas Nos 158 y 159-2009-DE del 15 de mayo del 2009) y la tercera cuando se le comisionó a las Fuerzas Armadas el control del orden interno (R.S. No 192-2009-DE/SG del 5 de Junio del 2009).

Es claro por todo ello que la responsabilidad directa del orden interno el 5 de junio del 2009 en los lugares de los luctuosos sucesos, era hasta ése día de la Policía Nacional, auque con la colaboración de las Fuerzas Armadas, y recién a

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partir del 6 de junio del mismo año, día posterior a la publicación del dispositivo que transfiere el control del orden interno a las FFAA, de responsabilidad de esta última (artículo 109 del a Constitución).

Todo lo dicho es reconociendo la valía y entrega de nuestros policías que ac-tuaron el 5 de junio del 2009, así como de los que los apoyaron desde las Fuerzas Armadas, pese a sus limitaciones por el origen de la mayor parte de sus efectivos en la zona del conflicto y por la falta de información respecto a la situación impe-rante y preexistente en la Estación 6.

Por la seriedad que debe existir en el Parlamento y reconociendo la buena fé de quienes firmaron el dictamen, sería deseable que no se invoque normatividad derogada. El ejercicio de hacer arqueología castrense, hay que dejarlo para los historiadores.

Diario La Razón

25 de julio de 2010

PENSIONES MILITARES Y POLICIALES

Se pretende eliminar el reajuste automático de las pensiones militares y policia-les, con la retribución de quienes están en el activo en el mismo grado, a lo que corrientemente se le denomina “efecto espejo”.

Como antecedente en el año 2004 se modificó la Constitución para cerrar el régimen de la Ley 20530 para trabajadores civiles del Estado, que tenía el mismo efecto espejo y que era insostenible en el tiempo, por lo cual se dió nueva ley pensionaria, pero se mantuvo el citado factor para quienes habían adquirido el derecho con legitimidad, auque se limitaba el monto a no más de dos unidades impositivas tributarias.

La Ley 20530, que nació como régimen cerrado, con el correr de los años se convirtió en una coladera, pues irresponsablemente se incluía a más trabajado-res del Estado, rompiéndose la disciplina fiscal, por lo que fue sensato cerrar la famosa “cédula viva”.

Sin embargo, quedó el efecto espejo para militares y policías, y ahora en la práctica se condiciona el necesario aumento remuneracional ofrecido a ellos, a que se termine con el actual régimen pensionario que les favorece.

En cuando a la oportunidad, ella es por lo menos poco elegante, pues se aprovecha la necesidad de reajuste retributivo con el tema pensionario, y peor aún cuando existe norma que permite otorgar bonificaciones con carácter no pen-sionable que resolverían el tema.

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Los sistemas de reajuste automático de pensiones con las remuneraciones de trabajadores activos, es insostenible y no hay presupuesto que lo aguante, por lo que con realismo hay que buscar fórmulas convenientes, una de las cuales podría ser practicar un corte generacional, para que quienes en el futuro ingresen a las escuelas militares y policiales, lo hagan a sabiendas de que hay un nuevo régi-men pensionario sin efecto espejo. Claro y contundente, ingresarán a las escuelas conociendo las nuevas reglas de juego.

Para quienes ya se encuentran cotizando para el régimen con reajuste, el mismo se les mantiene, y se varían los aportes para acercarlos a la sostenibilidad del sistema, el cual irá desapareciendo en el tiempo hasta que ya no tenga más beneficiarios.

La razón de mantener el actual sistema a los que ya lo tienen, no solamen-te es respetar sus reglas de juego, sino principalmente porque la existencia del mismo es lo que motiva a muchos miembros de Fuerzas Armadas y Policiales a permanecer en sus instituciones y no atender ofertas del Sector Privado, como son líneas aéreas e infinidad de empresas, que les pagarían muchísimo más por sus servicios que las retribuciones que perciben del Estado. ¿Queremos acaso que se vayan al retiro anticipado los mejores?

Diario Expreso

17 de setiembre de 2010

CANDADO EN LAS ESCUELAS MILITARES Y POLICIALES

En el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el próximo año presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso, ha propuesto suspender durante los años 2011 y 2012, el ingreso a las Escuelas de Oficiales y Sub oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía.

Más allá del tema formalista legal, como que una ley presupuestal nada tie-ne que ver con el manejo de los centros de formación castrense y policial, ni que su normatividad pueda exceder al del presupuesto de un año y no de dos, lo cierto es que la proposición es desafortunada.

Ni el sector Defensa ni el del Interior han solicitado el cierre parcial de sus escuelas formativas, ni menos aún fue sugerido por Ejército, Fuerza Aérea, Mari-na o Policía. ¿De dónde salió la propuesta?

Vaya uno a saber. ¿Quién la incorporó en el proyecto de Presupuesto? Tam-poco se sabe. ¿Se discutió en el Consejo de Ministros? Sigue el misterio, aunque estamos seguros que no fue por acción de los famosos prestidigitadores del Cir-que du Soleil.

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La misión constitucional de las Fuerzas Armadas es garantizar la indepen-dencia, la soberanía y la integridad territorial, y la de la Policía Nacional es ga-rantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Las importantes funciones mencionadas no se pueden cubrir con personal amateur, se necesita contar con profesionales y para ello hay que formarlos, y la preparación y entrenamiento se hacen en las escuelas castren-ses y policiales. Consecuentemente es un despropósito cerrar el ingreso a ellas durante dos años, afectando la base de la cadena de mando.

Las Fuerzas Armadas y la Policía planifican con tiempo, hacen su planea-miento estratégico de personal, y en cuanto a las primeras es el Consejo de Segu-ridad quien aprueba la Política de Seguridad y Defensa Nacional. Dentro de tales alcances en julio del 2008 se aprobaron los Planes Estratégicos de Ejército, Marina y Aviación hasta el año 2012, incluso el número del personal requerido en cada uno de dichos Institutos en sus diferentes niveles jerárquicos.

Hoy en día nuestras Fuerzas Armadas tienen responsabilidades en frente in-terno y externo, están combatiendo en el Vrae, tienen que vigilar constantemente las fronteras incluido el Mar de Grau y espacio aéreo, con especial cuidado en los aproximadamente 1,600 kilómetros en el Río Putumayo para impedir incursio-nes de las Farc. La policía debe enfrentar el incremento de la delincuencia y ya no sólo de la tradicional, sino de delincuencia más sofisticada y cruel, hasta con participación de pandillaje y también sicarios sin olvidar el narcotráfico. ¿Pue-den dichas Instituciones operar con eficacia, si impiden el ingreso de personal a sus escuelas de formación? Evidentemente NO.

Recordemos que en el pasado se cometió el mismo error, y luego se tuvo que intentar repararlo con la preparación de promociones aceleradas, que lamenta-blemente no es la mejor solución. Por las reducidas retribuciones del personal militar y policial, ya hay dificultades para cubrir las vacantes en las Escuelas a las que nos referimos, y si encima se quiere cerrar el ingreso de postulantes durantes dos años, simplemente agravamos la situación. Esperemos que el Congreso no valide el desaguisado.

Diario La Razón

29 de setiembre de 2010

ANGAMOS

En el aniversario del combate de Angamos y del sacrificio de don Miguel Grau y quienes lo acompañaban en el Monitor Huascar el 8 de octubre de 1879, más que

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el discurso de la remembranza y los merecidos homenajes al Señor de los Mares, conviene hacer algunas reflexiones.

La primera, el clima político que imperaba en la época, falta de unión, ca-rencia de visión de futuro, prevalencia del innecesario enfrentamiento entre los grupos en pugna por el poder.

La segunda, el descuidado estado de nuestras Fuerzas Armadas, de obliga-ción de las autoridades de la época, que ignoraron los requerimientos para tener capacidad operativa; la falta de mantenimiento de las unidades navales, origina-do también en las limitaciones presupuestales.

La tercera, nuestra capacidad de comprometernos como propios en conflic-tos ajenos, entrometiéndonos desafortunadamente en lo que no era de responsa-bilidad nacional.

Las reflexiones aludidas traídas a tiempos actuales, luego de 131 años de la gesta de Angamos, nos inducen a enfatizar que los peruanos podemos tener diferencias, pertenecer a diferentes agrupaciones políticas, incluso ser adversa-rios, pero no enemigos, de allí que ad portas de una nueva campaña electoral recordar que el gran partido al que todos pertenecemos es el Perú y que en los temas nacionales debemos estar unidos. Debemos preservar las dos décadas de estabilidad económica que ha permitido reducir pobreza, incrementar consumo, poner cimientos para el desarrollo sostenido y enrumbarnos hacia la meta del bienestar colectivo, con el reto que llegue a todos.

En relación con nuestras Fuerzas Armadas, y sin olvidar la vocación pacífica del Perú, se debe tener capacidad disuasiva que haga inviables conflictos inter-nacionales que nos involucren. Sin carreras armamentistas, pero con la inver-sión necesaria para tener por lo menos el llamado “Núcleo Básico de Defensa”, atendiendo además al invalorable capital humano con el que contamos y que tenemos la obligación de mantener en su vocación. Nuestras fuerzas submarinas cumplen un siglo y debemos recuperar su primacía.

En el mundo globalizado en que nos movemos, es imperativo profundizar los mecanismos de solución pacífica de controversias y que ante peligros antide-mocráticos que puedan presentarse en nuestro hemisferio, cerrar filas con medi-das eficaces antes que retóricas

Volviendo a Grau, como bien señaló José Agustín De La Puente Candamo en su biografía, llegó a Angamos “... con una certidumbre firme: el cumplimiento del deber”. Nos encandila exigir derechos, pero primero necesitamos emular al Gran Almirante en el cumplimiento del deber. Si todos cumplimos tendremos un mejor Perú.

Diario Expreso

08 de octubre de 2010

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MECEDORA RETRIBUTIVA

Muchas veces hemos observado, que cuando los gobiernos están de salida, dic-tan con facilismo extraño a la responsabilidad fiscal, normas populistas que los sectores beneficiados aplauden pero con el correr de los años todos lamentamos y sus consecuencias pagamos.

Relacionadas con el Sector Defensa, al concluir el gobierno del segundo quinquenio de los años 80, se dictó el Decreto Legislativo 608 en cuyo artículo 60 se dispuso la incorporación del personal civil de dicho Sector en la categoría remunerativa del personal militar, lo que implicaba una homologación antitéc-nica que impidió su aplicación real durante los veinte años de vigencia, hasta que dicho artículo fue derogado en la Ley General de Presupuesto del año 2009. Empero aún se pretende reglamentar una norma que ya no existe, lo que es un imposible jurídico, pero no impide buscar alguna alternativa lógica y viable para solucionar el problema.

También en la misma época antes relacionada, se dictó el Decreto Supremo Nº 213-90-EF mediante el cual se ordenó que las remuneraciones del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, estarían relacionadas con porcentajes de las retribuciones de los parlamentarios, lo que también era inviable, por lo que ese aspecto se dejó de lado por el D. S. Nº 051-91-PCM, por el Decreto Legislativo Nº 847 y varias otras normas.

Teniendo en consideración que el tema remunerativo del personal militar y policial tenía que ser resuelto sin más postergaciones, desde el año 2006 los Sectores Defensa e Interior analizaron coordinadamente todo el tema retributivo y adicionalmente el pensionario, dado que existía el peligro de colapso económi-co-financiero de la Caja de Pensiones Militar Policial, al ser las aportaciones que la sostienen diminutas en relación con sus obligaciones, máxime que las pensio-nes tienen el carácter de renovable, es decir con el efecto espejo respecto a las remuneraciones de quienes están en situación de actividad.

Ambos Sectores, Defensa e Interior, nombraron con acierto un Comité de Trabajo para el diseño de una propuesta de norma de remuneraciones y pensio-nes del personal militar de las Fuerzas Armadas y del personal policial de la Poli-cía Nacional, cuyas tareas concluyeron el 19 de diciembre del 2007, recibiendo la aprobación de tales Sectores y reiteradas confirmaciones de los ministros que se sucedieron en las carteras respectivas. La propuesta técnica institucional para ser ejecutada en cinco tramos, fue presentada al Ministerio de Economía y Finanzas el 15 de abril del 2008, sin haberse obtenido respuesta pese a las diversas reitera-ciones en varias gestiones ministeriales.

Ante la nula atención del Sector Economía y Finanzas a la propuesta institu-cional de los Ministerios de Defensa y del Interior, en el Congreso de la República

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se escuchó el eco del malestar de quienes pertenecen a la familia militar-policial y aprobó con buena fé una bonificación económica cuyo importe debía fijar el Poder Ejecutivo.

El Gobierno observó el 4 de febrero del 2010 lo aprobado en el Congreso, y se comprometió a plantear una asignación especial que tenga en cuenta la pre-ocupación expresada en el Parlamento. Es cierto que no cayó en el facilismo de dejar bombas de tiempo a quienes lo sucedan, ya que lo aprobado en el Congreso estaba distante de la propuesta técnica y viable de los Sectores Defensa e Interior. La decisión gubernamental fue un significativo y responsable cambio en relación con lo acontecido al final del primer gobierno de nuestro actual presidente, pero como veremos tampoco solucionaba el problema que por el correr del tiempo y su desatención en Economía y Finanzas se seguía agravando.

El 20 de febrero del 2010, el Gobierno para paliar la situación, aunque sin resolverla, por el Decreto de Urgencia No 014-2010 concedió a parte del personal de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, una asignación extraordinaria a pa-garse por única vez y extensiva a un grupo de efectivos que pasaron al retiro y se convirtieron en pensionistas por causa de invalidez como consecuencia de acción de armas y/o acto de servicio.

Por el mismo Decreto de Urgencia se constituyó una “Comisión de Alto Nivel” conformada por el Presidente del Consejo de Ministros, los Ministros de Economía, Defensa e Interior y un representante del Acuerdo Nacional, para ela-borar una propuesta remunerativa y pensionaria para nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En la práctica, volver a estudiar lo que desde el año 2006 ya estaba estudiado, formulado y propuesto.

Sin que la Comisión de Alto Nivel hubiera presentado el resultado de su ta-rea, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto del Sector Público para el 2011, que no solamente no resuelve sostenidamente el tema de las remuneraciones del personal militar y policial, sino que afecta su sistema pensio-nario sin contar con los estudios para ello, y lo que es peor reduce el presupuesto del Sector Defensa y suspende el ingreso a las escuelas de formación de los Insti-tutos Armados. Felizmente hay evidencia que ello no se aprobará en el Congreso, pese a lo cual nada ha variado, pues sigue sin atenderse adecuadamente al Sector Militar y al Policial.

Al indagarse sobre los resultados del trabajo encomendado a la Comisión de Alto Nivel, pues ¡oh sorpresa! No los hay. Las cifras de los sectores Defensa e Interior son distintas de las presentadas por Economía y Finanzas, no han podi-do conciliarlas pese a los esfuerzos del valioso personal con el que cuentan tales organismos. Ante esta situación ¿qué se propone? Contratar una empresa que haga los estudios, lo que significa más postergaciones ahondando la ya grave situación imperante.

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El Estado tiene entre sus organismos a “Servir” que en su corta vida ha de-mostrado profesionalismo en el manejo de los temas de las gerencias públicas, a quien sin más demora se le podría encargar los estudios pendientes y la determi-nación de las cifras reales en que hay discrepancia en los sectores involucrados. No es necesario distraer nuevos recursos del erario nacional en estudios y tareas que Servir las puede realizar con pulcritud, a tiempo y sin seguir difiriendo a las calendas griegas un tema que es importante resolver ya, sin populismos por cierto, pero con equidad y armonizando las necesidades de quienes deben ser mejorados con las posibilidades de la caja fiscal.

Diario La Razón

28 de noviembre de 2010

APROVECHAMIENTO MILITAR-POLICIAL

Como es usual en época electoral, las agrupaciones políticas y sus pretendientes a las diferentes candidaturas, están a la búsqueda de los grupos humanos con los que pudieran tener empatía para dirigirles sus mensajes y propuestas, con la finalidad de conseguir su voto, lo que es absolutamente legítimo.

Lo que no nos parece conveniente es el aprovechamiento electoral de la lla-mada familia militar-policial, que se estima está conformada por el personal en actividad, por el que ya se encuentra en la reserva y a los familiares de todos ellos.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y están su-bordinadas al poder constitucional (art. 169 de la Constitución), lo que significa que corporativamente no pueden reflexionar para tomar acuerdos que signifi-quen pronunciamientos institucionales. A ello hay que agregar, que si bien desde hacen pocos años sus miembros que están en el activo, pueden ejercer el derecho al sufragio, no pueden postular a cargos de elección popular, ni participar en acti-vidades partidarias o manifestaciones, ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro (art.34 de la Constitución).

Las aspiraciones a mejoras retributivas, harto conocidas, pero que no pue-den ser formuladas grupalmente por personal militar y policial en actividad, ya que no tienen el derecho de petición colectiva (inc. 20 del art.2 de la Constitu-ción), no deberían ser objeto de utilización para ganar simpatías y votos. Es un asunto demasiado serio que requiere la comprensión de todos más no el apro-vechamiento de algunos, que a veces actúan cual si fueran dirigentes sindicales.

El análisis de la historia electoral, establece que las agrupaciones políticas

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que han presentado en sus listas de candidatos a personal militar o policial en retiro, ello no ha garantizado éxito a la respectiva fórmula presidencial o lista parlamentaria. La misma historia nos ha demostrado, que ni con voto preferen-cial han llegado muchos retirados de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales al Parlamento. Los resultados electorales nos muestran que no existen los grandes bolsones de votos de personal militar-policial y sus allegados, antes bien ellos pa-recen reflejar en su voto, la misma distribución que tiene el resto de sufragantes en el universo electoral.

Dejen de lado el aprovechamiento político de las justas aspiraciones milita-res y policiales, pues ni siquiera por él se beneficiarán con un pedazo más grueso de la torta electoral. Sólo lograrán el malestar de quienes no desean ser utilizados.

Diario Expreso

17 de diciembre de 2010

ANDAHUAYLAZO

El 29 de octubre del 2000 en el sur, se levantó en armas el Comandante Ollanta Humala Tasso, con un grupo de militares y civiles, encabezando un movimiento insurreccional con motivaciones hasta ahora no lo suficientemente aclaradas. Al alzamiento se unió el Mayor (r) Antauro Humala Tasso, hermano del primero, tomando como rehenes a personal militar de la guarnición de la que partieron en peregrinaje por el Ande.

Candorosamente el Congreso, menos de dos meses después de la discutible acción, dictó la Ley 27381 que concedió amnistía al personal militar y civil que participó en el levantamiento mencionado y se les restituyó en sus respectivos cargos y derechos preexistentes. En el debate me opuse a la amnistía y por su-puesto no la acompañé con mi voto, porque el cuestionable acto de insubordi-nación e indisciplina, como cualquier otro castrense o policial, tienen que ser sancionados.

La disciplina militar o policial tiene que ser estricta y vertical, como dije en el Pleno del Parlamento, recordando que las instituciones militares y policiales se rigen por la obediencia y si ella se debilita estaremos frente a hechos similares que se repetirán en el tiempo, con las graves consecuencias que ello significa para el país.

Pocos años después, Antauro Humala volvió a las andadas y en Andahuaylas organizó la toma de la Comisaría el 1 de enero del 2005. Hubo violencia en la lo-calidad y hechos de sangre, habiéndose cegado la vida a miembros de nuestras

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instituciones del orden, hasta que se logró develar al injustificable movimiento, procesándose a los autores de los luctuosos acontecimientos.

Como quiera que muchas veces la Historia se repite, se han vuelto a escu-char voces que postulan la aprobación de otra amnistía para “los jóvenes ..... que por una pasión andina, mística, juvenil, sin armas, se alzaron en Andahuaylas...”-bajo la motivación que hay que “...entregarle al futuro gobernante del Perú un país pacificado, un país sin violencia, y esto comienza por la actitud del Estado de renunciar a la persecución sistemática de los ciudadanos”

Pues no señor, en la democracia que gozamos, con todos sus defectos y limi-taciones, no hay ninguna persecución de ciudadanos y menos sistemática. Lo que hay y tiene que existir en el país para preservar el orden, para que no impere la violencia ni el caos, y para que el estado de derecho sea una realidad, es procesar sin demora a los inculpados por acciones delictivas, como fue el “Andahuayla-zo” y sancionarlos con todo el peso de la ley. No más romanticismos por favor, el Estado debe proceder en estos casos sin olvido ni perdón!

Diario Expreso

25 de marzo de 2011

¿OTRO PLATO DE LENTEJAS?

Una de las tantas enseñanzas bíblicas, es que no se puede vender la primogenitu-ra por un plato de lentejas, y generalizando ello, no tiene lógica ceder lo impor-tante y trascendente por simple beneficio menor, así sea inmediato.

Lo expresado nos ha venido a la mente en relación con el reciente Decreto de Urgencia por el cual se entregan recursos estatales reducidos a la Caja de Pen-siones Militar Policial, para que ella cumpla con sus obligaciones pensionarias, pero se le obliga a transferir sus activos de libre disponibilidad a un patrimonio en fideicomiso, para responder por la devolución de los insuficientes ciento vein-ticinco millones de soles, que son mero paliativo para la CPMP.

La CPMP recibe diminuto recurso financiero que no le soluciona su proble-mática, pero pierde el manejo y disponibilidad de lo que era su patrimonio libre, que le permitiría administrar su crisis y seguir poniendo en valor activos para su posterior realización en mejores condiciones y rentabilidad, entre ellos un banco.

Se conoce perfectamente que los problemas de la CPMP vienen del pasado, desde su creación, al haberse fijado las cotizaciones o contribuciones de los apor-tantes al sistema previsional en porcentajes menores a los que eran los técnica-mente adecuados. Se fijaron los aportes discrecionalmente y sin tener en cuenta

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estudios actuariales, que son indispensables en materia pensionaria. Más grave aún, se fueron incorporando a la CPMP beneficiarios que no estaban considera-dos inicialmente, sin que hubiere el correlato de nuevas aportaciones.

Desde tiempo atrás se propuso desde los Sectores Defensa e Interior un plan de salvataje del sistema previsional privativo de militares y policías, en cuatro acciones perfectamente definidas. La primera, la intangibilidad del fondo previ-sional de la CPMP, lo que se logró con la dación de la Ley 29362. La segunda, la recuperación del Fondo de Respaldo que administraba la ONP, lo que se consi-guió con la expedición de la Ley 29377.

La tercera medida era la conciliación de cuentas entre el Estado representa-do por el Sector Economía y Finanzas, con la CPMP, ya que ésta considera que hay adeudos del Estado hasta ahora insatisfechos. Pese a los reiterados pedidos, trámites y gestiones desde los Ministerios de Defensa e Interior, no se ha logrado sentar en una misma mesa al MEF con los representantes de la CPMP, para esta-blecer mutuas obligaciones y netear saldos.

La cuarta medida, después de la conciliación, era calendarizar el neto que pu-diere resultar adeudando el Estado a la CPMP, así como efectuar los cálculos actua-riales para elevar aportaciones al sistema, lo que tendría que hacerse necesariamente elevando remuneraciones de los aportantes para que el aumento de sus cotizaciones no les resultara un recorte real de sus ingresos. Esto tampoco se ha hecho.

No tiene mucha lógica que si, a ojo de buen cubero, el Estado es deudor de la CPMP en mayor importe que la transferencia de recursos autorizados, se pre-tenda que una ayuda financiera del primero a la segunda se haga en calidad de préstamo, y más grave cuando el mismo se garantiza con transferencia de bienes en fideicomiso que le corta sus posibilidades de gestión. El Estado exige garan-tías por una ayuda que en realidad debería ser amortización de sus adeudos por conciliar, pues adeudos de todos modos los tiene.

Ya es hora que se proceda a ejecutar las dos etapas faltantes del plan técnico y factible que se propuso para resolver los problemas del sistema previsional de nuestros militares y policías.

Diario La Razón

01 de mayo de 2011

PERSONAL CIVIL EN DEFENSA

Más de veinte años, el personal civil que presta servicios en el Sector Defensa, viene solicitando la reglamentación del artículo 60 del Decreto Legislativo No

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608 expedido el 10 de julio de 1990. La norma citada ordenó incorporar al per-sonal civil nombrado del Ministerio de Defensa en la categoría remunerativa de oficiales y subalternos de armas, y para hacerla viable se dispuso su reglamen-tación dentro del plazo de noventa días calendarios, plazo que también venció hace dos décadas.

Ninguno de los gobiernos que se han sucedido desde la dación del Decreto Legislativo 608 reglamentaron su artículo 60, y sus administraciones han reco-nocido que es antitécnico, pese a lo cual autoridades judiciales emitieron reso-luciones prevaricadoras ordenando al Sector Defensa la reglamentación. Desco-nocen que según con la Constitución no son los ministros quienes reglamentan los dispositivos legales, sino el Presidente de la República mediante decretos supremos que solamente refrendan los primeros.

Insistir en la reglamentación del famoso artículo 60 no tiene ningún sen-tido, pues fue expresamente derogado por la sexagésima segunda disposición final de la Ley Nº 29289- Ley General de Presupuesto del Sector Público del año 2009, y porque no se pueden efectuar abonos si es que no están considerados en el Presupuesto.

En efecto, las disposiciones legales que se pueden reglamentar son las que existen, las vigentes, y es un imposible jurídico reglamentar las que ya no exis-ten por estar derogadas. Igualmente, para aplicar gastos o efectuar abonos ellos tienen que estar presupuestados, no se puede utilizar recursos públicos para pagar lo que no está presupuestado. Hacerlo significaría transgredir el artículo 78 constitucional entre muchas otras normas, y quienes lo hicieran con trasgre-sión de la ley serían pasibles de las denuncias y respectivos procesos penales.

Comprendemos al personal civil de los institutos castrenses que tienen una espera de dos décadas para una reglamentación que no puede darse por impo-sibilidad legal, pero que si se les podría compensar en cuanto a su expectativa de los aumentos por la homologación con grados militares durante los años que estuvo vigente la norma. Los aumentos podrían ser compensados con la trans-ferencia de terrenos de los tantos que tiene el Sector Defensa y que pueden ser lotizados con el sistema de habilitación urbana progresiva o similar, es decir con los trazos adecuados pero sin obras, las que podrían ejecutar los beneficiarios. Es simplemente una sugerencia que incluso estimularía la futura edificación de viviendas para dicho personal.

Diario Expreso

20 de mayo de 2011

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RETOS EN LA DEFENSA NACIONAL

En su Mensaje a la Nación el actual Presidente reafirmó su compromiso de man-tener la pensión renovable así como mejorar las remuneraciones de Fuerzas Ar-madas y Policía, hasta ahora atendidas parcialmente con paliativos.

Lo señalado es positivo, y ahora corresponde al nuevo Ministro de Defensa proponer los puntos concretos de su Sector que deberán ser expuestos ante el Congreso en las próximas semanas para cumplir con el artículo 130 de la Cons-titución.

Pese a que el Ministro de Defensa es gran conocedor del Sector y ha sufrido estoicamente en su extensa carrera militar los sacrificios y limitantes que ella con-lleva, no escapará a su percepción el preocupante malestar de los integrantes de las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales se sienten burlados por ofrecimientos postergados que ha llevado a sus familiares y a quienes ya están en el retiro a expresar públicamente su desagrado.

Por ello y por la oportunidad de exponer al país las principales medidas que requiere la gestión, es conveniente precisar que los recursos del Fondo para la De-fensa para solventar en parte el Núcleo Básico de Defensa, son insuficiente para tener la capacidad disuasiva necesaria como cualquiera otra fuerza armada. Sin caer en carreras armamentistas se debe contar con la logística adecuada para man-tener incólumes nuestro territorio, dominio marítimo y espacio aéreo, así como estar preparados para apoyar a Defensa Civil frente a cualquier desastre natural.

En el VRAE hay que sustituir la respuesta reactiva por la restitución de la proactiva, con la información del área de inteligencia, y teniendo en cuenta que los terroristas de antaño hoy son parte de carteles de la droga, lo que obliga a en-contrar fórmulas de sustitución de actividades ilícitas por las legítimas, y a poner en práctica la fiscalización eficiente de los insumos químicos que se emplean en la elaboración de los nocivos productos.

Será necesario ampliar la colaboración profesional del Estado para defender a los miembros de las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su deber consti-tucional y legal, muchas veces son injustamente denunciados y procesados, con olvido de las causas de excepción de responsabilidad a que se refiere el Código Penal.

Se deben sincerar remuneraciones y hacer escala lógica, sin brechas recusa-bles, que de una vez resuelvan la retrasada solución del problema salarial, para lo cual existen los estudios preparados en el 2007, evaluados y oficializados por Defensa ante el MEF el 2008 y ratificados el 2009 y 2010.

Por último hay que cumplir las etapas pendientes de repotenciación de la Caja de Pensiones Militar Policial, complementando la lograda intangibilidad de

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sus recursos con la conciliación de saldos deudores con el Tesoro Público y el sinceramiento de las tasas de cotizaciones al Sistema Previsional de los Institutos Armados que deben hacer sostenibles las pensiones renovables habida cuenta de la atipicidad de las labores de sus miembros, aunque pudiéndose establecer el corte generacional para modificar el mencionado Sistema para futuros miembros de los Institutos.

Diario La Razón

07 de agosto de 2011

FONDO DE DEFENSA Y NÚCLEO BÁSICO (i)

Recientemente diversos señores Generales y Almirantes, hoy en situación de retiro, que tuvieron altas responsabilidades en el Sector Defensa, han emitido un pronun-ciamiento respecto a la aplicación del “Fondo de Defensa” así como a la situación remunerativa y pensionaria de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas.

Soy consciente de las grandes responsabilidades que la Constitución y la ley otorgan a las Fuerzas Armadas y testigo del invalorable sacrificio y entrega de la gran mayoría de los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra en la defensa de la soberanía nacional, de la intangibilidad del Mar de Grau y de la preservación del espacio aéreo, sin olvidar su participación en la lucha contra el terrorismo, que aún continúa principalmente en el VRAE, para que ése cáncer delincuencial desaparezca.

Empero conviene hacer algunas aclaraciones y precisiones.En el comunicado “Carta Abierta al Pueblo Peruano” se menciona que el

Presupuesto asignado al Sector Defensa en los últimos cinco años fue restringido, afectando seriamente la operatividad de las Fuerzas Armadas y el entrenamiento de su personal. Cierto es que el Presupuesto asignado no fue el que solicitó el Sector de Defensa, pero no es menos cierto que el Presupuesto General de la Re-pública en materia del gasto, tiene que estar en concordancia con los ingresos, y es precepto constitucional que debe estar equilibrado. No necesariamente es lo que se plantea y requiere, sino que debe estar acorde con los ingresos y estos son limitados frente a carencias en todos los ámbitos del sector público.

Adicionalmente y pese a la insistencia por mayores recursos formuladas desde el Ministerio de Defensa, acogiendo las sugerencias e iniciativas tanto del Comando Conjunto como de los Institutos Armados, nuestro país tuvo que afrontar la crisis económico-financiera internacional, cuyos efectos, aunque por causas foráneas, también nos afectaron, lo que implicó recortes y postergaciones.

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Se expresó que se enajenó el Fondo de Defensa, comprometiendo a este componente presupuestal a través de préstamo otorgado por el Banco de la Na-ción con altos intereses, lo que significaba que el Estado le cobra a las Fuerzas Armadas para que estas se preparen para defender a la Nación. Creo que hay error de apreciación que hay que levantar.

Por Ley en diciembre del 2004, se creó el “Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. Se dispuso que formaba parte del Fondo un importante por-centaje de las regalías que percibe el Gobierno Nacional por los lotes 56 y 88 del gas de Camisea. El Fondo se distribuiría en partes iguales entre Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Policía Nacional, y tenía necesariamente que usarse en la adquisición de equipamiento para la modernización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, repotenciación y renovación tecnológica del equipamiento de ellas, así como reparación y mantenimiento del mismo.

Como los requerimientos de las Fuerzas Armadas eran de urgencia, y no se podía estar a la espera de que se acumulara de año en año los recursos del “Fondo de Defensa, con la participación de las propias Fuerzas Armadas se es-tablecieron sus necesidades más apremiantes para comenzar a recuperar su ca-pacidad disuasiva. Por ello se hizo el inventario de necesidades a lo que se llamó “Núcleo Básico Eficaz” (NUBE) luego convertido en “Núcleo Básico para la Defensa” (NBD).

¿Cómo se financiaría el NBD? Proyectando los ingresos por las regalías asignadas de Camisea, comprometiendo los mismos a futuro y trayéndolos a valor actual para que con crédito del Banco de la Nación se iniciara la recupera-ción logística de las Fuerzas Armadas. Para el NBC se asignaron US$ 650,000,000 equivalentes a S/. 2,082,000,000, ya invertidos en su mayor parte y en proceso de inversión el saldo, y ello fue posible gracias al crédito del citado Banco de la Nación, sin afectar para ello las asignaciones presupuestales regulares.

En adición a los recursos del NBD se han adquirido los tan necesarios he-licópteros e incluso hay consenso sobre requerimientos logísticos intermedios y complementarios, lo que tendrá que ser implementado por el actual gobierno.

Respecto al tema remuneracional y pensionario que preocupa -con razón- a los actuales miembros de las Fuerzas Armadas y a quienes están en situación de retiro, no debe olvidarse que fue el Ministerio de Defensa quien en el año 2007 integró diversos componentes retributivos y que en el 2008 se oficializaron y presentaron al Ministerio de Economía y Finanzas los estudios para la escala salarial en los Institutos Armados y la recuperación del fondo pensionario bajo administración de la Caja de Pensiones Militar-Policial.

Quienes tuvimos responsabilidad ministerial en el Sector Defensa en los últi-mos años, hemos reclamado ante Economía y Finanzas la solución del tema remu-

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nerativo y pensionario de las Fuerzas Armadas, al igual que se hiciera para la Po-licía desde el Sector Interior. Si ello aún está pendiente, es debido probablemente al celo de Economía y Finanzas por la Caja Fiscal, agravado por la situación inter-nacional a la que antes nos referimos. Sin perjuicio de ello tenemos convicción que el tema debe resolverse, sin que sean necesarios adjetivos ni menos llevar asuntos reservados como los de la Defensa Nacional, a la discusión mediática.

Diario La Razón

14 de setiembre de 2011

SOMOS GRAU, SEÁMOSLO SIEMPRE

SOMOS GRAU, SEÁMOSLO SIEMPRE, es la campaña promovida por nuestra Gloriosa Marina de Guerra, con el auspicio de una destacada empresa privada, para difundir los valores del Gran Almirante don Miguel Grau Seminario, y para que ellos sirvan de ejemplo y estimulen el comportamiento de los peruanos, liga-do a la moral, tanto pública como privada.

La campaña se ha presentado en la semana destinada al egregio marino, y en víspera de la conmemoración de un aniversario más de su inmolación en defensa de la patria, junto a sus compañeros de armas que lo secundaron en el legendario Monitor Huascar.

En don Miguel Grau Seminario se entrelazan valores como los de la honesti-dad, lealtad, patriotismo, entrega, dignidad, servicio al prójimo, modestia, coraje, señorío, y muchos más. Por algo el eximio Almirante fue escogido como el Pe-ruano del Milenio, y su sólo recuerdo nos mueve a la veneración y respeto, pues pocas personas reúnen las características de este insigne peruano, considerado por todos los navegantes como el Caballero de los Mares.

El ambicioso proyecto tiene un componente educativo sustentado en los va-lores que legó Grau, para que su ejemplo estimule a las nuevas generaciones y corrija a las actuales, con el reto de propender a una sociedad inclusiva, humanista, democrática, integrada, ordenada, justa y productiva. Un segundo componente es el Premio Nacional Almirante Grau, el que de año en año se otorgará a los ciuda-danos que con su proceder demuestren que los guía los valores que inspiraron la vida y sentido humanitario del Héroe del Pacífico. Basta la lectura de la carta que envió a la viuda de Arturo Prat para acreditar su bondad, sin menoscabo del arrojo.

Es meritorio para las empresas que cuentan con recursos suficientes, hacer gala de compromiso con la sociedad a través de mecenazgos materiales como la entrega de aulas o de postas médicas, lo que se agota con la suscripción del res-

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pectivo cheque. Pero cuando se trata de obra inmaterial, que destaca los valores de quien debe ser ejemplo permanente para forjar ciudadanía plena y compro-metida, ello tiene que ser doblemente destacado, ya que implica mucha medita-ción, ardua labor, mística de servicio, y va mucho más allá de la asignación del recurso económico. Por ello me atrevo a señalar el nombre de la empresa auspi-ciadora, -Telefónica- la que con el complemento del cariño que le han puesto al unísono directivos, ejecutivos y su personal en pleno a esta campaña patriótica, su actitud bien podría ser imitada.

No desconocemos que los aspectos materiales tienen relevancia, tan es así que el Gran Almirante antes de la Guerra del Pacífico reclamaba a los gober-nantes de aquella época, por la desatención a nuestras Fuerzas Armadas y la necesidad de dotarlas de los recursos y logística que les facilitaran cumplir con el rol que la Nación les encomendaba. Por ello es propicia la ocasión para recordar que nuestra Marina además de seguir la huella del Gran Almirante, requiere de los recursos necesarios para su modernización y junto con las demás Fuerzas Ar-madas recobrar la capacidad disuasiva que siempre debió mantener. Ya antaño pagamos caro el descuido.

Diario La Razón

09 de octubre de 2011

FF.AA. SIN DEFENSA

Indignados por la pretensión de la Comisión Interamericana de DD.HH., para que los Comandos de Chavín de Huantar, sean procesados por el Estado Pe-ruano ante la justicia ordinaria, desconociendo su precedente absolución por la justicia castrense, nos mueve a ocuparnos de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que están sometidos a procesamientos jurisdiccionales por hechos u omisiones supuestamente incurridos en su accionar militar.

El Estado encomendó a las Fuerzas Armadas luchar contra el terrorismo ho-micida y perpetrador de gravísimos delitos, y en diversas oportunidades, quie-nes recibieron el encargo fueron denunciados y procesados ante la Justicia por actos contrarios a la ley, como también por daño colateral e incluso por inadmisi-bles excesos. Mientras no exista sentencia firme y condenatoria a todos los ampa-ra la presunción de inocencia, no obstante lo cual en ocasiones los miembros de las FF.AA. quedan librados a su suerte, pues el Estado los deja abandonados sin prestarles apoyo legal, de un lado para que se llegue a la verdad y por otro para que tengan defensa de calidad.

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La situación descrita aún es peor, pues los miembros de FF.AA. procesa-dos por actos u omisiones vinculados al cumplimiento de sus obligaciones, tie-nen que soportar interminables juicios, los que los llevan a ser constantemente citados para prestar instructivas, declaraciones, testimoniales, confrontaciones y muchas otras actividades procesales en los lugares en que se han abierto las investigaciones, que frecuentemente son lejanos a sus domicilios desde los que tienen que desplazarse apartándose de sus familias, y sin olvidar que hay de-tenciones preventivas que les cierran las puertas de preparación especializada e incluso de participar en los concursos para ascensos.

Evidenciado lo expuesto, emitimos la Resolución Ministerial Nº 0562-2009-DE/SG que aprobó la creación de la “Defensoría de las Fuerzas Armadas” con la finalidad de defender los derechos del personal militar frente a cualquier ame-naza o afectación directa a su bienestar, facilitar la prestación de los servicios de defensa legal, promover el pago oportuno de los goces y beneficios que corres-ponda a los familiares del personal militar fallecido o al personal militar discapa-citado en acción de armas, entre otras funciones.

Hasta ahora a la “Defensoría de las Fuerzas Armadas” no se le ha dotado del personal jurídico y administratrivo necesario para el cumplimiento de sus funciones, ni tampoco de los recursos económicos indispensables. No basta el discurso en apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, se requiere de acciones concre-tas, sin que ello signifique proteger u ocultar actos desdorosos singulares que no tienen porque afectar el prestigio institucional de aquellas.

Diario Expreso

10 de febrero de 2012

SERVICIO MILITAR: ¿OBLIGATORIO O VOLUNTARIO?

Recientemente se ha lanzado al aire la idea de convertir el “Servicio Militar” en obligatorio, probablemente para conocer la reacción ciudadana.

El tema merece algunas precisiones ya que hemos tenido varias leyes que norman el “Servicio Militar” a cuyo nombre se le ha agregado una y otra vez “apellidos” que no siempre corresponde a la realidad, como son los de “obliga-torio” y “voluntario”.

Para discernir el tema es bueno comenzar por lo que la Constitución señala, la que solamente se refiere al “Servicio Militar” en su artículo 173 al establecer que “quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están someti-

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das al Código de Justicia Militar”. Sin embargo bajo el régimen de la actual Cons-titución se han sucedido leyes respecto al “Servicio Militar” que lo han calificado de “voluntario” sin necesariamente serlo.

La última Ley del Servicio Militar, derogada por la actual, se refería re-petitivamente al “Servicio Militar Voluntario” en contraposición a la pretérita en que tal servicio era obligatorio, pero para los sorteados. Realmente era “Servicio Militar Voluntario” pues la modalidad de “acuartelado” únicamente lo hacían quienes se inscribían voluntariamente para ello, y si había exceso de inscritos hacían el servicio quienes por efecto de “suerte” resultaban sorteados. Empero si habían menos inscritos que las necesidades y requerimientos de las Fuerzas Armadas para el servicio “acuartelado” se hacían llamamientos ex-traordinarios, que para muy poco servían pues el servicio militar seguía siendo “voluntario”.

La actual Ley, ya sin el apellido de “voluntario” o de “obligatorio” en la realidad el Servicio Militar es “mixto” pues tanto para el caso que hayan más inscritos que deseen hacer el servicio en la modalidad de “acuartelado”, como en el caso de menos inscritos que el número requerido por las Fuerzas Armadas, la selección es mediante “sorteo”. El resultado es que los inscritos que resulten sorteados estarán obligados a hacer el servicio, el que para ellos deja de ser vo-luntario para convertirse en obligatorio.

Otra confusión es la de identificar al servicio militar “universal” con “obli-gatorio”. Mientras el “universal” es aquel en que todos, salvo los no aptos, tienen el deber de hacerlo, en el “obligatorio” únicamente tienen el deber de incorporar-se los que resulten sorteados, o sea no todos.

Tal como está concebido en la actual ley el Servicio Militar, en la práctica resulta mixto, pues para el llamamiento ordinario, harán el servicio acuartelado los que voluntariamente así lo deseen, pero si hay menos voluntarios que los requeridos, se llenan las vacantes por llamamientos complementarios mediante “sorteo”, de donde resulta que los que llenan las vacantes no cubiertas por los voluntarios, lo hacen por obligación resultante de una selección librada a la suerte.

La actual Ley de Servicio Militar contiene diversos estímulos, aunque insu-ficientes, para la incorporación de personal en la modalidad acuartelada, entre los que se encuentran facilidades para el acceso a la educación superior y uni-versitaria, y estudios técnicos en las diversas escuelas especializadas de nuestras Fuerzas Armadas.

Diario La Razón

18 de marzo de 2012

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NO BASTAN LOS HONORES

La Ley Nº 29031 y su reglamento instituyeron el 22 de abril como “DÍA DE LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA” en homenaje a los miembros de las Fuer-zas Armadas, Policía Nacional, Comités de Autodefensa y ciudadanos que falle-cieron, quedaron heridos o discapacitados en la lucha contra el terrorismo; y a todos aquellos que en la lucha contra-subversiva prestaron eminentes servicios a la Nación. También se creó la “Medalla al Defensor de la Democracia”.

En el “Día de los Defensores de la Democracia”, todas las instituciones de-ben realizar actividades conmemorativas, rindiendo homenaje y resaltando las virtudes de los peruanos que lucharon contra el terrorismo, con el fin de preser-var y fortalecer el sistema democrático y el Estado de Derecho.

En vísperas de la conmemoración del “Día de los Defensores de la Democra-cia” es oportuno hacer algunas reflexiones, como reafirmar que es loable que se rinda homenaje y se imponga condecoración a quienes han defendido el sistema democrático de la acción terrorista y subversiva, pero ello no es suficiente.

No puede el Estado agotar la gratitud de la Nación con la entrega de alguna presea, por más merecimientos que tengan los homenajeados, pues ello denotará simple fariseísmo que hay que descartar, si es que el homenaje no va acompaña-do de acciones concretas que hace mucho tiempo se vienen reclamando.

Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales que rescataron al Perú del accionar terrorista, que ofrendaron sus vidas para enfrentar al flagelo de la subversión armada -muchas veces ligada al narcotráfico- y que pusieron el pecho en defensa del resto de los peruanos que queremos vivir en paz y con de-sarrollo, merecen mucho más que un discurso, un diploma y una medalla. Ellos requieren el respeto del Estado, que tiene que concretarse en varias acciones.

Quizás la principal de las acciones del Estado en tutela de quienes lo defen-dieron, es pagarles con la misma moneda, que no es otra que defenderlos de las actitudes de quienes quieren verlos desprestigiados, disminuidos, humillados y sometidos a interminables procesos judiciales, por el solo pecado de haber cum-plido con su deber y con las órdenes que les impartieron.

La defensa de militares y policías no puede agotarse en nombrarles –cuando se acuerdan- defensores en los procesos que afrontan por cumplir con su deber constitucional de proteger a la patria, sino que tiene que ser complementada tan-to por el Ministerio Público como por el Poder Judicial, aplicando cuando proce-de las causas que eximen de responsabilidad penal.

Ante la justicia supranacional, el Estado tiene que defender los principios de la cosa juzgada y la prohibición de revivir procesos fenecidos, pero no sola-mente con el dicho, sino con los hechos concretos que esperan nuestros soldados y policías.

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La gratitud del Estado también tiene que demostrarse cumpliendo con las reparaciones pecuniarias establecidas en las normas legales, y a quienes han su-frido lesiones en el cumplimiento del deber, otorgarles la mejor atención médica y hospitalaria.

Finalmente, y sin que sea lo último, brindarles adecuadas remuneraciones acordes con sus altas responsabilidades y su entrega a la causa de la patria. No seamos ingratos.

Diario La Razón

15 de abril de 2012

ELLOS EL PECHO, NOSOTROS EL CORAZÓN

El domingo se cumplen 15 años de la exitosa y patriótica operación “Chavín de Huantar”, mediante la cual efectivos de nuestras Fuerzas Armadas liberaron con vida a 71 de los 72 secuestrados finales del grupo subversivo terrorista MRTA en la residencia del Embajador de Japón. El juez supremo Ernesto Giusti falleció en el operativo, al igual que dos distinguidos miembros de nuestro Ejército, esto es Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez. Parte de los secuestrados al igual que los co-mandos sufrieron lesiones físicas sin olvidar las psicológicas del cautiverio, habiendo estado los rehenes sujetos a indescriptible presión y amenazas, durante 126 días.

Los comandos como consecuencia de su actuación, calificada de muy exito-sa por propios y extraños, durante varios años han estado sujetos a investigación judicial, tanto en el fuero común como en la justicia castrense, hasta que la Corte Suprema de Justicia dirimió competencia a favor del Fuero Militar Policial que los absolvió de la gravísima acusación de ejecuciones extrajudiciales.

Empero, debido a la denuncia de APRODEH, una organización no guberna-mental nacional, ante la Comisión Interamericana de De derechos Humanos, está última emitió informe de fondo en que responsabiliza al Estado Peruano, que es demandado ante la Corte del mismo nombre por no haber efectuado el procesa-miento jurisdiccional en la justicia ordinaria. En el informe de fondo menciona-do se solicita nuevo enjuiciamiento, así como investigar a los magistrados de la Corte Suprema que dirimieron competencia y a los magistrados del Fuero Militar Policial que sobreseieron la causa. Francamente de espanto.

Si pierde el proceso ante la justicia supranacional, el Estado Peruano se vería precisado a someter a nuevo proceso a nuestros comandos, con más sufrimiento aun del que ya han padecido, y teniendo que soportar más y más diligencias, con la angustia de que siendo inocentes poder ser indebidamente condenados.

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El sacrificio de nuestros soldados tiene que ser reconocido y debemos respal-darlos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su pretensión de invalidar lo ya sentenciado y someterlos a nuevo proceso. Por ello y además de lo que el Estado y el grupo de abogados voluntarios hagan en la defensa de sus derechos, la población tiene el deber cívico y moral de cautelarlos y respal-dados, y nada mejor que demostrar gratitud asistiendo a la vigila que haremos frente a lo que fue la Embajada de Japón este domingo a las seis de la tarde, sin diferencias ideológicas, políticas, religiosas ni de ninguna otra naturaleza.

Como dice nuestro lema “PUSIERON EL PECHO POR NOSOTROS, PON-GAMOS EL CORAZÓN POR ELLOS. TODOS SOMOS CHAVIN DE HUAN-TAR”.

Diario Expreso

20 de abril de 2012

EXTRAÑO, MUY EXTRAÑO

En vísperas a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decida sobre la admisibilidad de la causa contra el Perú por la operación “Chavín de Huan-tar”, así como cuando se viene tratando en la prensa -con notoria crítica adversa- respecto al operativo “Libertad” para rescatar a trabajadores secuestrados por subversivos en la Provincia de La Convención; extrañamente se filtra a la prensa informaciones que atentan contra el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas.

En efecto cuando la crítica negativa arrecia, no siempre con razón, respec-to al operativo “Libertad”, casi al mismo tiempo aparecen informaciones sobre hechos, ciertos o supuestos, que podrían acreditar ineficiencia, negligencia o in-fracción legal. La nutrida información a la que nos referimos trata sobre pretérita adquisición de chalecos blindados, antigua demora en mejorar dos naves aéreas por el contratista, y pasada investigación sobre adquisición y consumo de “racio-nes de combate”.

No creo que nadie dude de la conveniencia de investigar cualquier hecho u omisión que se pudiera considerar sospechosa, ni del derecho que tiene el Esta-do de verificar que el dinero que proviene del pago de tributos por los contribu-yentes se emplee adecuadamente. Por lo demás, quienes ejercen o han ejercido función pública pueden ser sujetos a investigación.

Lo que toda investigación debe cuidar es el respeto a las personas involu-cradas y a su dignidad, así como la presunción de inocencia, y que cuando la prensa informa señalando culpables sin que hayan sido declarados como tales

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en procedimiento regular, los están afectando pues no han sido encontrados en flagrante delito.

Muchas veces son los perdedores en licitaciones y concursos quienes mal informan a la prensa e imitando al mal jugador que se ayuda con expresiones orales, los malos postores tratan de suplir buena calidad y mejor precio, acusan-do a la competencia.

En el caso de los chalecos blindados tendrá que establecerse lo que se ad-quirió, si reunían las características solicitadas y si se recibió el producto reque-rido. El tema de los aviones es más grave pues podría caerse en infidencia al dar pautas sobre las mejoras contratadas en su operatividad. Po último en el caso de las raciones de combate, no se trata de alimentos que se ingieren en restaurante, sino en operaciones militares y en patrullajes que pueden durar semanas y por ello hay que cuidar que el peso de las raciones sea el menor posible y que tenga alto valor nutricional.

De encontrarse y probarse inconductas, sus actores tendrán que soportar las consecuencias y las sanciones que imponga la Justicia, pero mientras ello no suceda es bueno que quienes hacen la investigación al igual que quienes opinan, lo hagan con ponderación y mesura para no afectar el prestigio y buen nombre de quienes pueden ser inocentes.

Diario Expreso

27 de abril de 2012

SIN PRECIPITARSE

En los últimos meses hemos podido percibir precipitación o apresuramiento, en el anuncio de los resultados de operaciones combinadas de las Fuerzas Arma-das y de la Policía, lo que se agrava con el intento de aprovechamiento político, que ha explotado en la cara de quienes quisieron encontrar réditos personales y gubernamentales, y lo que es peor, ha generado suspicacias respecto al actuar -generalmente prudente- de las mencionadas Instituciones.

Nos referimos en concreto a tres situaciones, una es el operativo “Liber-tad” para el rescate de trabajadores empeñados en la construcción y cuidado de ductos de hidrocarburos de Camisea, que por intervención de actores políticos carentes de conocimiento y experiencia en la temática castrense y policial, torna-ron en cuestionable una operación que debió ser exitosa. El ansia desmedida de mostrar resultados favorables puso en entredicho la patriota labor de nuestros soldados y policias.

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Otra de las situaciones materia de nuestro comentario fue el abatimiento del llamado camarada “William”, con información errada de funcionarios políticos respecto a su identidad, dio margen a otras equivocaciones respecto a si estaba en la lista de víctimas pasibles de reparaciones por el Estado o si en algún tiempo estuvo como desaparecido. Por no esperar la verificación de identidad, fácil de hacer con la tecnología con la que cuenta Reniec, el apresuramiento gubernamen-tal volvió a nublar una buena acción de nuestras sacrificadas Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Como corolario siguen las dudas respecto a si el abatido era realmente el camarada “William” y si tenía o no el alto rango en la jerarquía te-rruca que se le había atribuido originalmente.

Para terminar y como cereza en la torta hubo también funcionarios que omi-tieron información completa y veraz a la Ministra de la Mujer y a la cónyuge del Presidente de la República, quienes posiblemente con la mejor intención y cora-zón se prestaron para filmaciones y fotografías que las han hecho aparecer ante el país como oportunistas y se ha vuelto a poner nubarrones en otra operación combinada de policías y soldados, en que cuando hay intercambio de disparos ellos pueden originar daño colateral, lo que no es infrecuente.

Todos los acontecimientos antes expuestos en breve síntesis, tienen que lle-var a nuestros gobernantes a ser más cautelosos con sus anuncios, a no utilizar los medios de prensa para encumbramientos personales, y menos treparse opor-tunistamente a operaciones militares y policiales que tienen etapas de planifica-ción, ejecución y evaluación de resultados, cuyas fases no pueden abreviarse bajo riesgo de dejar sensación de fracaso que opaca lo que debió tener mejor final.

Diario Expreso

21 de setiembre de 2012

SECRETO Y CULANTRO

Por el Decreto Legislativo N° 1129 se ha regulado el “Sistema de Defensa Nacio-nal”. En su artículo 12 sobre “Acceso a la Información” se establece que los acuer-dos, actas, grabaciones, transcripciones y en general, toda información o docu-mentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional, y aquellos que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, son de carácter secreto.

El artículo mencionado ha sustituido al artículo 13 de la anterior “Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional” N° 28478, ahora derogada. Dicho artículo señalaba que los acuerdos, actas, grabaciones y transcripciones que con-

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tienen las deliberaciones en el Consejo de Seguridad Nacional, dependiendo de su naturaleza, son de carácter secreto, reservado o confidencial, de acuerdo a la clasificación que le otorgue el propio Consejo.

La antigua norma, a diferencia de la actual, no determinaba el secretismo ab-soluto, era selectiva, y se remitía a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-ción Pública N° 27806 que confirma el derecho constitucional a obtener la infor-mación que requieran los ciudadanos del Estado, con el límite de lo que afectaría la intimidad personal o por razones de seguridad nacional o por exclusión legal.

Con la nueva norma todo lo vinculado con la seguridad y defensa nacional es secreto, al igual que las deliberaciones que se hagan en el Consejo del mismo nombre. Esta universalidad de información secreta es un exceso. Ni toda la in-formación puede ser abierta ni tampoco toda ella secreta, pues ello depende de la naturaleza de la información y no del lugar en que se comente ni del nombre que se le proporcione.

Si en el Consejo de Seguridad y Defensa se comenta el número de calcetines que se adquirirá para nuestros soldados o las remuneraciones que se les otor-gará, evidentemente ello de secreto no tiene nada, pero si frente a una hipótesis de conflicto armado se define la estrategia de defensa es más que cierto que ello tiene que ser secreto.

Además, a veces es pertinente en las estrategias bélicas, de frente externo o de interno, filtrar data de inteligencia pero con información falsa, a efecto de in-ducir al supuesto enemigo a tomar decisiones erradas. Con la actual norma esto no se podría hacer. El secreto es como el culantro, bueno pero no tanto.

Diario Expreso

28 de diciembre de 2012

CERO PUNTOS CERO BALAS

En agosto del 2012, el Ejecutivo solicitó al Congreso facultades legislativas de-legadas. Como fundamento manifestó que se ha “detectado que en los últimos años los niveles delictivos y de inseguridad se han incrementado notablemente …” lo que “…demanda la adopción de una serie de medidas que permitan dar una solución integral y efectiva a estos problemas…” enfatizando que “los altos índices de delincuencia registrados ….exigen de manera inmediata y urgente re-formas integrales en el Sector Interior”.

Pese a que la motivación del Ejecutivo para solicitar facultades delegadas, se centró en percepciones sobre la seguridad ciudadana y delincuencia, que tienen

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que ver con la Policía, pero no necesariamente con las Fuerzas Armadas, el Go-bierno metió en el mismo saco cuanta cosa se le ocurrió vinculada a los Sectores Defensa e Interior.

El Congreso ni siquiera analizó el pedido y como si fuera remembranza de antiguo carpetazo, pero utilizando moderna tecnología en el tablero electrónico, otorgó las facultades delegadas sin siquiera cambiar una coma. Quizás ya esta-ban elucubrando doblarse la asignación congresal, lo que les impidió el examen prolijo del tema.

Al amparo de la delegación se ha expedido cerca de 30 Decretos Legislati-vos, con el resultado que podríamos condensar en una frase vinculada a lo cas-trense: cero puntos cero balas, aunque con sospechosas reales motivaciones.

Con las facultades aludidas el Ejecutivo creó una Superintendencia para Con-trol de Armas y Municiones, innecesaria por cierto, pero que demandaría más per-sonal y para colmo al pobre ciudadano que tiene licencia para portar armas se le exige su renovación anual, como si nada tuviera que hacer y le sobrara el tiempo. También se creó otra Superintendencia para temas migratorios, igualmente innece-saria aunque con la virtud de asignar a los pasaportes el mismo número del DNI.

Sin necesidad el Sistema de Defensa Nacional, con loas al secretismo, se pasa del Sector Defensa a la PCM a la que adscribe el SEDEMA, olvidando la especialización del Sector del que provenía.

Se le ha quitado al Ministro del Interior lo relacionado con el nombramiento y cese de los gobernadores y teniente gobernadores, lo que se pasa a una nueva institución creada por el Ejecutivo. Un ministro sin poder y sin responsabilidad política por tales actos, aunque con más burocracia.

En lo relacionado con el Sector Defensa, no hay mayor novedad, salvo la ampliación del escalafón de antigüedad conjunto para el nombramiento del Jefe del Comando Conjunto, las adquisiciones sectoriales y otros temas que analiza-remos en su momento.

En cuanto al servicio militar, crea un impertinente llamamiento extraordina-rio para acuartelados, entre el ordinario y el sorteo. Respecto al área de inteligen-cia, las nuevas normas proyectan mejor interrelación.

En los demás dispositivos nada significativo, salvo nuevamente el olvido de las llamadas tropas especialistas para profesionalización del soldado, por lo que podemos reiterar: cero puntos cero balas, abundancia de fe de erratas, y nada nos induce a pensar que resolverá el tema de la seguridad. No nos olvidamos de remuneraciones y pensiones, serán objeto de próximo artículo.

Diario La Razón

06 de enero de 2013

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NUESTRO SERVICIO MILITAR ES MIXTO

El participar en el Servicio Militar era deber hacia la patria y honor para quienes lo cumplían, características que lamentablemente se olvidan.

Dicho Servicio tuvo por muchísimo tiempo la calidad de obligatorio, más no universal. Esto es, que si bien debían cumplirlo quienes salieran “sorteados” no lo hacían todos los inscritos.

El Perú, influido por la onda internacional de sustituir el Servicio Militar “obligatorio” en “voluntario”, lo hizo en 1999 por Ley 27178, la cual dispuso que si no existían voluntarios suficientes para cubrir las necesidades de Ejército, Ma-rina o Aviación, se hicieran más llamamientos hasta completar el requerimiento numérico de reclusos.

La experiencia demostró que las vacantes que se debían ocupar con vo-luntarios, no se llenaban por más llamamientos adicionales que se convocaran, situación que se corrigió en el 2008 con la Ley del Servicio Militar 29248. Esta Ley dispuso que cuando no se completaba el número de reclutas requerido, el faltante se llenaba mediante sorteo público entre los inscritos. En los hechos el Servicio Militar pasó de “voluntario” a “mixto”, ya que si no existían voluntarios suficientes, el defecto se subsanaba con personal obtenido por sorteo.

En diciembre pasado, bajo el amparo de facultades legislativas delegadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo expidió el Decreto Legislativo 1146 por el que se modifica (no reglamenta) la Ley del Servicio Militar. El D.L. citado se cuestio-na principalmente por tres motivos.

El primero es por disponer se complete por sorteo, el número de efectivos requeridos en las Fuerzas Armadas, cuando falla el llamamiento voluntario. Este cuestionamiento es injustificado, porque ya estaba el “sorteo” contemplado en la Ley 29248, no siendo por ello novedoso. Además todas las sugerencias dadas para que existan más voluntarios, son de largo aliento y costosas, por lo que transitoriamente por lo menos y hasta que tengamos soldados profesionales, lo sensato y práctico es recurrir al sorteo.

El segundo cuestionamiento es por dispensar a los universitarios del Ser-vicio Militar, lo que no estaba en la Ley 29248. Esta exclusión es discriminatoria y elitista y debería ser corregida. Los universitarios también pueden participar en dicho Servicio, sea postergando su inclusión en el mismo hasta completar los años de estudio, o posponiendo sus estudios con retención de su derecho de re-gresar a las aulas después de cumplido el Servicio.

El tercer cuestionamiento es por sancionar a quien evada cumplir el Servicio Militar, con multa de media UIT (actualmente S/.1,850). Esto es lo que ha generado las mayores críticas, y con razón, pues en el fondo el mensaje que percibe la ciuda-

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danía es que quien se encuentra en condición económica de pagar la multa, se po-dría desentender de sus obligaciones cívicas. Esto es: quien no tiene recursos debe hacer el Servicio y quien los tiene puede cabrearlo. Injusta situación por cierto.

Al revisar el Parlamento el Decreto Legislativo 1146 podría mantener tem-poralmente el “sorteo” hasta que sea más seductor o atractivo el voluntariado militar, dejando sin efecto las otras dos disposiciones cuestionadas.

Diario La Razón

07 de abril de 2013

MAMBRÚ SE VA AL CONGRESO

El actual Ministro de Defensa, prendiendo reflectores y micrófonos, y aumentan-do volumen a los parlantes, ha acusado a anteriores administraciones del Sector, de secretismo en las adquisiciones militares, como si las compras de armamentos y pertrechos militares se pudieran hacer con un avisito en la red radial de la Parada, hoy tan de moda.

Error, la legislación peruana como cualquier otra, distingue entre las adqui-siciones que son reservadas e incluso secretas, de las que tienen que ser públicas, pues no es lo mismo comprar misiles o elevar la capacidad operativa de torpedos que obtener los alimentos del rancho de los reclutas o los buzos para ejercicios físicos.

Las adquisiciones clasificadas no son necesariamente dolosas, pues existen mecanismos de supervisión y fiscalización para evitar, o de ser el caso sancionar, prácticas contrarias al sano manejo de los recursos del Estado, que se solventan con los impuestos que pagamos los contribuyentes.

Hay que tener cuidado con equívocas afirmaciones, cuando si se trata de se-cretismo en adquisiciones militares, el actuante Ministro de Defensa es quien ha refrendado el cuestionado Decreto Legislativo N° 1129 que regula el “Sistema de Defensa Nacional” y en cuyo artículo 12 se dispuso que “Los acuerdos, actas, gra-baciones, transcripciones y en general, toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional, y aquellos que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, son de carácter secreto”.

Basta que se haya dado cuenta en el Consejo que se adquirirán llantas para el automóvil asignado al Director de la Escuela Militar, para que ello tenga carác-ter secreto. Este exceso ha originado que la Defensoría del Pueblo inicie ante el Tribunal Constitucional la correspondiente acción de inconstitucionalidad.

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El tema del secretismo instaurado desde el Gobierno en el Sector Defensa, se reafirma con la expedición del Decreto Supremo N° 205-2012-EF del 20 de octubre de 2012, también refrendado por el Ministro de tal Sector, que modifica al Decreto Supremo N° 052-2001-PCM del gobierno del Dr. Valentin Paniagua, ampliando la relación de obras y de contrataciones de bienes y servicios con carácter de secreto militar.

Basta comparar el nuevo dispositivo con el antiguo para probar la tosca rela-ción de adquisiciones secretas, varias de las cuales no tienen justificación.

Por lo antes expuesto hace bien el Congreso en activar un mecanismo demo-crático para que el titular del Sector Defensa haga las explicaciones que el caso amerita, y que siendo un hombre de bien lo haga respetando el buen nombre y prestigio de varios de sus predecesores y de muchos miembros de nuestras Fuer-zas Armadas que demuestran decencia y rectitud. Hay que diferenciar la paja del trigo y no caer en indebidas generalizaciones.

Por supuesto, no queremos cambiar la canción “Mambrú se fue a la guerra, mire usted, mire usted, que pena”; agregando “Mambrú se va al Congreso, no sé cómo le irá”.

Diario La Razón

14 de abril de 2013

DEFENSORES DEL PERÚ

La Ley N° 29891 dispuso la promoción de la identidad nacional a través de co-locación de reseñas históricas de los héroes y personalidades ilustres en áreas de uso público, Ley que recientemente ha sido reglamentada por el Decreto Supre-mo N° 004-2013-MC.

Con dicha normatividad tenemos la oportunidad de dar a conocer a quienes hasta hoy son héroes anónimos en la defensa de la patria contra el terrorismo homicida y destructor que tanto daño ha causado.

Cuando existen personas y algunas organizaciones no gubernamentales, incluso con perfil político, que cuestionan a los defensores de la patria y la socie-dad en su lucha contra el terrorismo, dando una imagen errada de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; con la dación de dichos dispositivos legales se po-drá enfrentar la injusta campaña de desprestigio que agravia a las mencionadas Instituciones de la Nación.

La gran mayoría de la población peruana está constituida por personas jóvenes, que no fueron testigos de la insania terrorista ni de los daños que su accionar originó,

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por lo que corresponde al Estado y a sus instituciones dar a conocer lo sucedido y mostrar a quienes lucharon para vencer dicho flagelo, y que siguen luchando contra los remanentes que operan en el VRAEM en alianza con el narcotráfico.

Tenemos el deber moral y cívico de rendir homenaje a los caídos en la defen-sa del Perú, de sus instituciones y de nuestro sistema democrático, sean civiles, militares o policías, pues hay también muchísimas autoridades gubernamentales y municipales que fueron abatidas por los criminales terroristas, las que merecen el reconocimiento del país.

Los Sectores Defensa e Interior, que tienen reparticiones de estudios histó-ricos, deberían preparar reseñas de tantos héroes que participaron en la defensa del país para que sean colocadas en los paneles, que además de dejar huella de su patriotismo, serán ejemplo para otras generaciones, y para que nuestra patria no vuelva a sufrir el terror.

Hay también infinidad de personas que han tenido notable conducta de-mocrática, y que deberían ser íconos de civismo, cuya memoria será un valioso ejemplo a seguir, si es que los damos a conocer en los espacios públicos mediante paneles con las reseñas de su actuación.

Sería si pertinente, ampliar la Comisión Multisectorial encargada de la selec-ción de las reseñas históricas de héroes y personalidades ilustres, con represen-tantes de los Ministerios de Defensa y del Interior, que tienen cabal conocimiento de los luchadores contra el terror asesino, y que no deberían estar ausentes en las tareas de la citada Comisión.

Convendría también, que los mismos Sectores de Defensa y del Interior re-tomaran la preparación de la exposición de su acción patriótica contra el terror, para ser exhibida en el “Lugar de la Memoria” y para que no exista en dicho recinto únicamente información que conduzca a interpretaciones equivocadas respecto al accionar institucional de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, sin dejar de reconocer la existencia de acciones aisladas reñidas con el respeto a los Derechos Humanos.

Diario La Razón

12 de mayo de 2013

FF.AA.: ROL, TAMAÑO Y VISIÓN

La Constitución determina que la Defensa Nacional es integral y permanente, se desarrolla en ámbitos interno y externo, con la participación obligatoria de todos. Dentro del Sistema de Defensa Nacional las Fuerzas Armadas tienen como fina-

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lidad velar por la soberanía y la integridad territorial de la República, participar en el desarrollo económico y social, y en la defensa civil. Por esto último tienen presencia en todo el territorio ejerciendo acciones cívicas, entre ellas educativas y sanitarias, en localidades apartadas en que la presencia del Estado está ausente, y adicionalmente destaca en su labor de mitigación de daños originados por los avatares de la Naturaleza.

Casi una década después de entrar en vigencia la Constitución, se suscri-bió el Acuerdo Nacional, en el cual, dentro de las Políticas de Estado, es decir de largo aliento y que trasuntan los períodos gubernamentales, se determinó la “Política de Seguridad Nacional” con fomento de la participación activa de toda la sociedad y la garantía de “plena operatividad” de las Fuerzas Armadas orien-tadas a la disuasión, defensa y prevención de conflictos.

La Política de Estado antes enunciada, fue complementada con la de la “Institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su Servicio a la Democracia”, con el compromiso de los actores políticos de optimizar el servicio que prestan las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la paz e integridad territorial, y con acciones que afirmen la “institucionalidad profesional y neutralidad de las Fuer-zas Armadas” así como la promoción de unas “Fuerzas Armadas modernas, flexibles, eficientes, eficaces y de accionar conjunto, regidas por valores éticos y morales propios de la Democracia”. En adición, la obligación de proveer “los elementos necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional y el papel asignado por el Estado”.

Estando definido el rol de las Fuerzas Armadas, pasemos a su tamaño, en donde el artículo 172 de la Constitución dispone que anualmente se fije por el Poder Ejecutivo el número de los efectivos, y los recursos correspondientes sean asignados en la Ley de Presupuesto.

El grueso de las FF.AA. está integrado por personal de tropa constituido por los reclutas del Servicio Militar así como del personal reenganchado. Como quiera que desde que el Servicio Militar pasó de obligatorio a voluntario no se ha podido completar el número de efectivos requerido, se estableció la modalidad complementaria de “sorteo” a la del llamamiento de voluntarios. Esto debería ser temporal, mientras que progresivamente se vayan asignando más recursos eco-nómicos para hacer atractivo el citado Servicio y simultáneamente se preparen soldados profesionales como fue la letra y espíritu de la Ley 29417 dictada en el 2009 que normó a las llamadas “tropas especialistas”, Ley que lamentablemente no ha sido aun reglamentada y que para su cumplimiento tampoco se ha dotado de recursos presupuestales.

La visión debería ser contar con FF.AA. muy profesionales, de menor ta-maño pero con más eficiencia, pero para ello el Estado debe invertir en el capital

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humano adecuadamente remunerado y con logística y armamento apropiados. Son tareas pendientes.

Diario La Razón

09 de junio de 2013

SERVICIO MILITAR: PRECISIONES

Por calles y plazas se discute si el servicio militar es de carácter obligatorio, vo-luntario o mixto, apreciándose desconocimiento por parte de muchos que han metido su cuchara en el tema.

Nuestro servicio militar fue obligatorio desde sus inicios conforme lo acre-dita el artículo 180 de la Constitución de 1823, y con tal carácter continuó hasta la Constitución de 1979 la que en su artículo 78 estableció que “…es obligación patriótica de todos los peruanos”.

La vigente Constitución de 1993 no contiene similar disposición, aunque genéricamente dispone que toda persona tiene la obligación de participar en la Defensa Nacional de acuerdo a ley, y específicamente en su artículo 173 men-ciona que quienes infringen las normas del “Servicio Militar Obligatorio” están sometidas al Código de Justicia Militar.

La Comisión de Constitución del Congreso en informe del 19 de mayo de 2008 interpretó que la referencia al “Servicio Militar Obligatorio” en la Constitu-ción actual, no le daba al mismo el carácter obligatorio, sino que era una simple denominación por estar en aquel entonces (1993) vigente la ley de del Servicio Militar Obligatorio. En el mismo informe la Comisión de Constitución del Con-greso concluye que es el legislador el que puede establecer el modelo de Servicio Militar “…en obligatorio, voluntario o mixto”.

En la Ley 27178 se cambió el servicio militar de “obligatorio” a “voluntario”, y durante los años en que estuvo vigente el último régimen señalado, lamenta-blemente no se cubrieron las necesidades de conscriptos pre establecidas por el Ejército (aunque si en la Marina y Fuerza Aérea). En buen romance hubo déficit que se trató de resolver con llamamientos adicionales de voluntarios. Como era previsible, si el primer llamamiento no tuvo resultado, los complementarios, adi-cionales, extraordinarios o como quiera llamárseles, tampoco lograron el cometi-do de completar el número de voluntarios necesarios para el servicio.

La situación antes aludida obligó a que por Ley N° 29248 del año 2008, se sancionara nueva Ley del Servicio Militar, por la cual en caso que hubiera supe-rávit de inscritos que quisieran hacer el servicio acuartelado o en caso de déficit

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de ellos, se recurría al sorteo. Critican el sorteo, pero nadie ha propuesto hasta ahora un mejor sistema. El sorteo convierte al servicio voluntario en mixto, pues si no hay voluntarios suficientes los sorteados están obligados a efectuar el ser-vicio militar.

Volveremos sobre el tema más adelante, pues hay aún mucho pan por re-banar.

Diario Expreso

21 de junio de 2013

SERVICIO MILITAR: MÁS PRECISIONES

A quienes les disgusta la solución del “sorteo” para llenar las plazas que no se cubren con voluntarios para el Servicio Militar, proponen hacer más atractivo dicho Servicio, con mejores condiciones de acuartelamiento, carreras técnicas y remuneración apropiada. Empero, olvidan que las mejoras en condiciones del servicio acuartelado no se pueden implementar de la noche a la mañana, pues es un proceso que toma su tiempo, y en lo que se refiere a la remuneración también olvidan que no es un tema laboral típico, sino una obligación cívica que conlleva el honor de servir a la Nación a través de las Fuerzas Armadas.

Una irresponsable decisión jurisdiccional solicitada por la Defensoría del Pueblo está impidiendo el “sorteo” para cubrir el déficit de conscriptos para nuestro Ejército. Pero adicionalmente debemos precisar que si bien el “sorteo” se instauró en el año 2008 con la Ley 29248 durante el gobierno anterior, el actual gobierno lo mantuvo al expedir el Decreto Legislativo N° 1146 en diciembre de 2012.

Lamentablemente todo el contenido del Decreto Legislativo N° 1146 no es satisfactorio, pues contiene innovaciones dañinas que deben ser modificadas a nivel de Ley por el Congreso de la República. Nos referimos específicamente a haber dispensado del servicio militar acuartelado a los estudiantes universita-rios, lo que no estaba en la Ley 29248, y con olvido de los estudiantes de institutos superiores. En adición, a los sorteados que no se presenten a cumplir el Servicio Militar Acuartelado, se les permite solucionar su incumplimiento con el pago de multa de media UIT, lo que constituye en el fondo una discriminación frente a quienes no cuentan con recursos económicos suficientes para solventar la multa.

Todo este tema merece ser reestudiado, lo que no ha querido hacer el Go-bierno pese a que las críticas datan de medio año atrás. No tengo dudas que es irresponsable dejar al Ejército sin el personal que necesita, y que el sorteo es una

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buena opción, pero debe ser complementada con mejoras progresivas en la cali-dad de trato al personal acuartelado, en la calidad de las escuelas de formación castrense, y por qué no decirlo, en permitir que el servicio lo hagan los estudian-tes al concluir sus estudios universitarios o superiores, o antes con la obligación de los centros de enseñanza de mantenerles la matrícula, terminando en esta for-ma con la discriminación a la que antes nos hemos referido. Hay soluciones, usen el cerebro.

Diario Expreso

28 de junio de 2013

SERVICIO MILITAR Y MUERTE CIVIL

El cuestionado Decreto Legislativo 1146 emitido en diciembre pasado, adiciona una infracción a las que la “Ley del Servicio Militar” N° 29248, dictada en el año 2008, había señalado. La nueva infracción está en el inciso 12 del artículo 77 del aludido Decreto Legislativo, y ella consiste en no presentarse para la selección respectiva o no cumplir con el servicio militar acuartelado, de haber sido sorteado.

La sanción prevista para la nueva infracción tipificada, está contenida en el inciso 9 del artículo 78 de dicho Decreto Legislativo, y ella es multa del 50% de la UIT, agregando que en tanto no se cancele la multa, el DNI del infractor solamen-te le servirá para identificarse, pero no para contratar, presentarse a concursos, matricularse en centros educativos, trabajar y tantos otros actos de la vida coti-diana. Convierte la norma al infractor prácticamente en un paria, un muerto civil.

La sanción mencionada excede la lógica más elemental, es abusiva y atenta contra derechos humanos y constitucionales, pues el infractor estará impedido de ejercer actos tan sencillos como contraer matrimonio, sufragar en elecciones, inscribirse en cualquier sistema de seguridad o previsión social, tramitar bre-vete, gestionar pasaporte, apersonarse en juicio, alojarse en un establecimiento de hospedaje, solicitar y obtener línea telefónica, abrir una cuenta en institución crediticia, cobrar un cheque, retirar depósitos bancarios, asociarse con terceros, formular peticiones a los poderes públicos, entre otros.

La norma comentada es discriminatoria, pues quien no cuenta con recursos para el pago de la multa, no podrá ejercer infinidad de actos civiles, comerciales, laborales, judiciales y administrativos. Realmente intolerable.

Al haberse expedido la absurda disposición objetada, se ha hecho con olvido que para las infracciones de carácter electoral ya se había dejado sin efecto el

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artículo 89 del “Reglamento de las Inscripciones del Registro Nacional de Identi-ficación y Estado Civil” (D.S. N° 015-98-PCM), ello por mandato de la Ley 28859 cuyo texto había observado el Presidente Toledo, observación que retiró el Presi-dente García quien felizmente la promulgó y ordenó publicar.

La excesiva severidad de la sanción pecuniaria y civil es patética e injusta y debería corregirse por el Congreso con la facultad fiscalizadora de los Decretos Legislativos expedidos gracias a la delegación de facultades que otorgó al Poder Ejecutivo. Tiene el Congreso atribuciones suficientes para enmendar el desagui-sado comentado. Ojalá lo haga y aproveche también para derogar expresamente el artículo 29 de la Ley del RENIEC.

Diario Expreso

05 de julio de 2013

GOLPE A LA JUSTICIA MILITAR POLICIAL

Desde mucho tiempo atrás se ha cuestionado la independencia e imparcialidad de los tribunales militares y policiales, y los cuestionamientos llegaron no so-lamente al Tribunal Constitucional, sino también al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Uno de los principales cuestionamientos era que miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales en situación de actividad, podrían carecer de la suficiente independencia, y consecuentemente de imparcialidad, por estar some-tidos jerárquicamente a sus respectivos Institutos militares o policiales, cuyos mandos podrían interferir o entorpecer sus decisiones de carácter judicial.

En sentencia del Tribunal Constitucional del 4 de diciembre de 2009 (STC 0001-2009-PI/TC) se analizó la organización y funciones del citado Fuero, esta-bleciéndose que la máxima instancia jurisdiccional debería estar integrada exclu-sivamente por Oficiales del Cuerpo Jurídico en situación de retiro, lo mismo que en la Fiscalía Suprema ante la Sala Revisora Suprema. Con esto se descartaba la influencia que pudieran tener los superiores jerárquicos sobre los magistrados en situación de actividad militar o policial.

Adicionalmente quedó definido que el nombramiento de los magistrados supremos del Fuero especial al que nos referimos, debería realizarse con respeto a criterios claros, como el orden de méritos, la capacidad profesional, y selección en proceso transparente, a propuesta del propio Fuero Militar-Policial.

Lo dispuesto por el Tribunal Constitucional originó la dación del Decreto Legislativo No 1096 en el año 2010, el cual dispuso que la Sala Suprema Revisora

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y la Fiscalía Suprema del aludido Fuero, estén integradas por Oficiales Generales o Almirantes en situación de retiro. Si por carencia de personal de dichos grados en situación de retiro, se nombra a personal en actividad, este último pasa a la situación de retiro, con lo cual se mantiene el principio que no se tendrá en la Sala Revisora ni en su Fiscalía a personal sujeto a potestad ajena a su responsabilidad jurisdiccional. El nombramiento debía hacerse a propuesta de la Sala Plena del Fuero.

Lamentablemente con la reciente promulgación de la Ley No 29955, se ha vuelto a la situación anterior al Decreto Legislativo No 1096 al disponer que es el Presidente de la República quien nombra a los Vocales del Tribunal Supremo Militar Policial, así como a los Fiscales Supremos Militares Policiales, ahora sin la propuesta del propio Fuero, e incluso pudiendo estar en situación militar o policial de actividad, y lo que es más curioso, pueden ser oficiales de armas, y no necesariamente del Cuerpo Jurídico Policial o Militar.

Como coronación del desaguisado, la Ley 29955 recortó la vigencia del man-dato para el que fueron designados oficiales generales y almirantes ante el Tribu-nal Castrense, lo cual constituye indebida intromisión en dicho Fuero.

Cuando se suponía que habían quedado para la Historia las críticas al Fue-ro, la expedición de la Ley 29955 lo pone nuevamente en entredicho, y también por la irresponsable aprobación de tal Ley, volveremos a ser señalados tanto ante el Tribunal Constitucional como ante la Comisión y Corte Interamericana de De-rechos Humanos. Es necesario volver al DL. 1096.

Diario La Razón

28 de julio de 2013

INTELIGENCIA EN EL VRAEM

Recientemente fueron abatidos dentro del VRAEM, tres narcoterroristas señala-dos como mandos sobrevivientes de Sendero Luminoso que se habían asociado con el narcotráfico para proseguir con sus crímenes y fechorías.

Ello es un éxito de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que si-guiendo directivas gubernamentales han dado nuevo impulso a la lucha contra el terrorismo causante de tanto daño en nuestra patria. Esperemos que los va-lerosos combatientes no sean importunados por ONGs, procuradores, fiscales y jueces que tratan de judicializar toda intervención armada que tiene por finali-dad recuperar la paz. Penoso pues desmotivan la sacrificada labor de soldados y policías que cumplen con su deber.

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Se sostiene por un irritable Ministro, que el éxito de la operación tiene como causa haberse dispuesto un comando integrado y con una sola jefatura, así como ordenado que las labores de inteligencia sean coordinadas entre Fuerzas Arma-das y Policía Nacional.

Cuando se declara zona de emergencia, y el VRAEM lo está desde hacen muchos años, se puede encargar por el Presidente de la República a las Fuerzas Armadas el control del orden interno en la zona (artículos 137 y 165 de la Cons-titución), lo que significa que la voz cantante en la interdicción la tienen dichas Fuerzas a la que la Policía queda temporalmente sujeta. Consecuentemente el trabajo coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía, es de larga data y con el correr de los años ha ido mejorando y es conveniente seguir en ésa misma direc-cionalidad.

En lo que se refiere a la inteligencia, que no es otra cosa que buscar conocer lo que está oculto, lo que otros pretenden mantener en reserva o en secreto y evaluarlo, ella es para prevenir acciones externas o internas contra el país, evitar la perpetración de delitos o encontrar a sus responsables. Y muy claro, no es para seguimiento ni hostigamiento a contendores políticos.

Labores de inteligencia han sido encomendadas por el Estado a civiles, creándose instituciones especializadas que han pasado por diversas jefaturas y denominaciones, siendo las más recordadas SIN y DINI. También se han enco-mendado en el campo de su especialización a la Policía Nacional, y por supuesto al Ejército, Marina y Aviación.

Desde siempre, cada una de las diversas unidades de inteligencia ha tenido aprehensión y desconfianza en las tareas de sus pares, buscando mil y un pretex-to para no coordinar ni compartir la información, que contrastándola sería muy útil.

Creer que la desconfianza entre los diversos actores de inteligencia se resol-verá impartiendo orden superior para que coordinen, es errónea. Generar con-fianza toma mucho tiempo y desde años atrás, en labor perseverante desde los Sectores Defensa e Interior, se ha tratando de compartir información y evitar los compartimentos estanco perjudiciales en esta materia.

Lleva tiempo recuperar lo que se destruyó de la información de inteligencia, así como formar, instruir y capacitar nuevos cuadros. Se tuvo en su momento hasta que reactivar el arma de inteligencia que se había desmontado en el Ejército.

La ruta es conocida, y se requiere mejorarla con humildad y sin poses de pavo real.

Diario La Razón

01 de setiembre de 2013

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SERVIR A LA PATRIA ES UN HONOR

En las últimas semanas, entre tantos otros desatinos cometidos por un gobierno inexperto, aunque probablemente bien intencionado, se encuentran decisiones vinculadas con el Servicio Militar que han causado mortificación entre nuestros jóvenes, confusión en sus mayores y desconcierto en nuestras Fuerzas Armadas.

Todo ello debido a que el Gobierno dictó el Decreto Legislativo Nº 1146 al amparo facultades delegadas por el Congreso para temas de Defensa Nacional, haciendo modificaciones innecesarias al Servicio Militar.

Vayamos al grano. Nuestro Servicio Militar fue obligatorio desde sus ini-cios, conforme se puede acreditar con la Constitución de 1823, y continuó con tal carácter mientras estuvo vigente la Constitución de 1979 la cual establecía que dicho Servicio es obligación patriótica de todos los peruanos.

En 1993 se sanciona la Constitución que actualmente nos rige, que no con-tiene la obligatoriedad del Servicio Militar tal como estaba regimentado, aunque con razón y genéricamente determina que toda persona tiene la obligación de participar en la Defensa Nacional. Únicamente con carácter referencial alude en su artículo 173 a las normas del Servicio Militar Obligatorio y ello según interpre-tación parlamentaria oficial fue porque en aquel entonces estaba vigente la Ley del Servicio Militar Obligatorio, agregando que el legislador puede establecer el modelo de Servicio Militar, sea él obligatorio, voluntario o mixto.

En los primeros años del presente siglo se cambió el Servicio Militar de Obli-gatorio a Voluntario por Ley 27178, y durante los pocos años que estuvo vigente no se cubrieron las necesidades numéricas de conscriptos para hacer el Servicio Militar en la modalidad voluntaria. Nuestros cuarteles se convirtieron en recin-tos fantasmales por falta de ocupantes, y creyeron que resolverían el problema con “llamamientos extraordinarios”. Ilusos, si al llamamiento ordinario no se presentan voluntariamente, menos lo harán en los llamamientos complementa-rios, suplementarios o adicionales.

La negativa experiencia del Servicio Militar Voluntario nos llevó en el 2008 a sancionar la Ley 29248, por la cual se pasó dicho Servicio de voluntario a mix-to, disponiéndose que en el caso de existir superávit o defecto para cubrir las vacantes en el servicio acuartelado, se recurriría al “sorteo” y adicionalmente se ampliaron los tímidos beneficios para quienes hicieran el Servicio Militar.

Lo único que había que hacer para cubrir las vacantes desatendidas de cons-criptos militares, era el “sorteo”, pero lamentablemente un sector que se creía iluminado por la sapiencia en el Ministerio de Defensa, se le ocurrió la peregrina idea de expedir el tan vapuleado Decreto Legislativo 1146, con lo cual lejos de mejorar la situación la empeoró en grado superlativo.

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¿Qué hicieron los genios en el Decreto Legislativo 1146? Primero, incorpo-raron como excepción para prestar el Servicio Militar, a los estudiantes univer-sitarios, con lo cual protestaron los de los institutos superiores que quisieron la misma prerrogativa de eludir el Servicio. Segundo, dispusieron como sanción para quienes estando seleccionados para el Servicio no lo hagan, una multa de media UIT, con lo cual quienes gozan de medios económicos evaden el Servicio con el pago de la multa, lo que sin lugar a dudas es una odiosa discriminación. Tercero, y para colmo, decretaron la muerte civil de los infractores al Servicio que no pagaran la multa, esto es que su DNI únicamente serviría para identificar-se más no para matrículas, contraer matrimonio, inscribir hijos, cobrar cheques, abrir cuentas corrientes, hacer gestiones ante las autoridades públicas, compare-cer ante los jueces, contratar y tantos otros actos del diario vivir. Desnudaron a los infractores de todos sus derechos. ¡De espanto!

En el colmo de los colmos al Defensor del Pueblo (e) se le ocurrió la absurda idea de cuestionar el “sorteo” para el Servicio Militar mixto, y obtuvo una reso-lución judicial cautelar que lo suspendió. Estos acertadísimos y muy patriotas componentes de nuestra jerarquía oficial y beneficiarios de las remuneraciones que se pagan con nuestros impuestos, han impedido que se vuelvan a llenar los cuarteles, que estemos en situación de indefensión, que no haya personal para vigilar nuestras extensas fronteras ni tampoco el personal que pudiera ser ne-cesario para el socorro en caso de desastres naturales, que sabemos que no son infrecuentes en este querido Perú.

Algunos desubicados dicen que no es necesario hacer “sorteo” para llenar el déficit existente en los llamamientos para el Servicio Militar, que basta para ello hacerlo más atractivo con mejores escuelas, mayor instrucción, y lógicamen-te calidad de vida en los cuarteles. Pero esto no se puede hacer de la noche a la mañana, por lo que hasta ahora no se ha inventado herramienta más adecuada en la urgencia que el “sorteo”.

Sin embargo, hay otros más audaces que dicen que el tema del déficit de re-clutas se soluciona pagando mejor al personal de los conscriptos, y que no basta la propina; pero olvidan que el Servicio Militar no es un tema laboral típico, sino es un servicio a la patria, un honor que tienen los peruanos de servir a la tierra que los vio nacer. No es un asunto de estipendios, sueldo, honorarios, retribu-ción o como quiera llamársele, sino de patriotismo.

Quiera Dios que en el Congreso de la República se enmiende el Decreto Legislativo 1146, el Poder Judicial revoque la imprudente resolución cautelar de suspensión del sorteo, y nuestros aun no contaminados funcionarios del Sector Defensa presenten fórmulas lógicas para que los universitarios y estudiantes de institutos superiores, sirvan a la patria mediante regímenes no acuartelados, fi-

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nes de semana, vacaciones, o postergando el Servicio hasta que culminen sus estudios. Fórmulas, las hay.

Punto de Encuentro24 de setiembre de 2013

PRUEBA PISA Y AVIONES

No me ocuparía de un tema relacionado con la defensa del país, si es que lo que se calificó como reservado en la Comisión de Defensa del Congreso, no se hubie-ra filtrado y publicado en una columna de otro diario el 11 de diciembre.

Recuerda el versado columnista que el Ministro de Defensa informó en se-sión pública que se mal utilizaron 140 millones de dólares en el anterior gobierno y que no sirven para las FF.AA., y que ésa es la razón por la que quieren que se vaya del Ministerio por ser una persona incómoda. Luego en sesión reservada –según el mismo columnista- agregó que se trata de doce aviones Mirage, pero que solo servirían para desfilar pues carecen de equipamiento defensivo.

Las expresiones aludidas nos hacen pensar los motivos de la baja nota pe-ruana en la prueba PISA, en que fuimos descalificados tanto en comprensión lectora como en matemáticas, parecería le fue tomada al actual titular del Sector Defensa.

Probablemente no comprendió los informes de la FAP, si es que los leyó, en que dieron las motivaciones para recomendar la reparación y puesta en valor de algunos aviones de combate en etapas. La primera para que dejaran tierra y pudieran volar, y en ésa forma entrenar a los pilotos en el aire además de en los “simuladores”. La segunda etapa elevar su nivel operativo con aviónica y elec-trónica adecuada, y la última dotarlos de mejor armamento.

Tampoco ha comprendido de matemáticas, pues los precios para nuevos aviones de combate no se podían pagar de acuerdo con lo estudiado en la década anterior y durante dos gobiernos, y porque así hubieran habido recursos dispo-nibles para ello, los plazos de entrega son lejanos.

Otro de los errores del Ministro es creer que no lo quieren en ésa cartera por ser “persona incómoda”. Falso, no lo quieren por no tener la inteligencia emocio-nal deseable, no guardar ecuanimidad ante los problemas y tener reacciones muy distantes de las que en el ambiente castrense se respetan.

Olvida el ministro de verbo descontrolado, que los miembros de la FAP que han emitido opinión y decidido adquirir los aviones de transporte en su gestión, son los mismos que antes opinaron y decidieron por la reparación y puesta en

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valor de los aviones de combate. Buena decisión cuando es en su gestión, y mala cuando es bajo la de sus antecesores. ¡Ubíquese!

Para que pueda pasar la prueba de comprensión lectora le pondremos un ejemplo ficticio: Pedrito, un niño engreído que de mayor seguía igual, tenía un fordcito de segunda mano y antiguo, pero quería cambiarlo por un meche del año con varios dígitos de modelo y de precio que no podía pagar y con el que as-piraba a conseguir novia. Sus amigos lo hicieron bajar de la nebulosa y le dijeron que si arreglaba el fordcito, lo pintaba, le ponía nueva batería, amortiguadores, y mejores aditamentos, igual podría viajar en él y cumplir con las tareas varios años más. ¿Entendió?

Diario Expreso

06 de diciembre de 2013

PROTECCIÓN A DEFENSORES

Muchas veces nuestras Fuerzas Armadas, que nos protegen del terrorismo y coti-dianamente se enfrentan a sus huestes para darnos tranquilidad, son pasibles de acusaciones del Ministerio Público y procesamientos en el Poder Judicial por ha-ber causado lesiones a los antisociales a los que se han enfrentado, o por lo que se ha considerado daño colateral, en que se afecta, sin quererlo, a terceras personas. Si además hay lamentable pérdida de vidas, ello es aún peor, sino recordemos el caso de la recuperación de la residencia de la Embajada del Japón capturada por miembros del MRTA, en que nuestros valerosos soldados aún sufren perse-cución y la amenaza de revivir fenecidos procesos.

Lo mismo sucede con los miembros de la Policía Nacional, que protegen a la ciudadanía de la delincuencia y exponen sus vidas para darnos paz y sosiego. Su tranquilidad se ve perturbada con denuncias fiscales y procesos judiciales interminables, cuando en su legítimo actuar ocasionan lesiones o pérdida de la vida de otras personas.

No se trata del mal actuar militar o policial, que conscientemente podrían perpetrar delito de lesiones o de homicidio, se trata de cuando en el ejercicio de sus funciones y actuando con prolija determinación causan daños no deseados, y por ello otras autoridades los tratan inadecuadamente.

El Código Penal en su artículo 20 señala los casos de inimputabilidad, esto es que el agente está exento de responsabilidad penal, entre otras situaciones, cuando obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, cuando actúa en defensa propia, cuando obra por disposición de la ley en cumplimiento de un

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deber, y cuando obra por orden obligatoria de autoridad competente expedida en ejercicio de sus funciones.

A las causales de inimputabilidad señaladas, por el Decreto Legislativo N° 982 en el año 2007, se agregó al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte.

En los últimos días se ha promulgado la Ley N° 30151 por la que a la causal de inimputabilidad relacionada en el párrafo precedente, se ha agregado al uso de sus armas por soldados y policías, la utilización de cualquier “otro medio de defensa”.

Si bien la ampliación no es sustantiva, otorga una señal desde el Parlamento y desde el Gobierno al Ministerio Público y al Poder Judicial, para que los fisca-les y los jueces no sean timoratos en el uso de la inimputabilidad penal cuando los soldados y policías, cumpliendo con sus deberes, causan lesiones o muerte a terceros.

En los casos a los que nos referimos, fiscales y jueces deberían respectiva-mente archivar las denuncias que se les presentan u ordenar el sobreseimiento de los procesos penales.

Menoscaba la moral de soldados y policías, el hecho de tenerlos denuncia-dos y procesados durante largos años, porque hubo daño a la integridad o la vida de antisociales a quienes combatieron, o a terceros colaterales.

Diario La Razón

19 de enero de 2014

AGRAVIO A FF.AA. Y PNP

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tienen a su cargo serias responsabi-lidades que les confiere la Constitución del Estado, entre las que se encuentran velar por la soberanía nacional, resguardar nuestras fronteras, y garantizar la seguridad interna.

Para el ejercicio de dichas altísimas obligaciones, además del tema remu-nerativo y pensionario, requieren tener la tranquilidad deseada para ejercerlas y contar con el respeto ciudadano. Desde hace más cinco lustros vienen comba-tiendo al terrorismo, incluso cuando este se alió con el narcotráfico constituyendo carteles de destrucción y muerte.

Enfrentar al terrorismo homicida no ha sido ni es tarea fácil, y si bien en ésa lucha en algunos casos existieron excesos, que por cierto lamentamos, tam-

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bién hubieron daños colaterales no queridos ni esperados, pero por lo general nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional pusieron el pecho y arriesgaron su vida por la Sociedad, que lejos de reconocimiento muchas veces, injustamente, los maltrata, denuncia y procesa en los estrados judiciales.

Nadie niega que los excesos merezcan sanción, pero no se deben confundir con daño colateral que puede existir en cualquier enfrentamiento armado, sobre todo cuando se trata del combate a antisociales que con sesgo ideológico más o menos profundo intentan destruir a nuestra patria. Los enfrentamientos son con armas de fuego y los terroristas cuentan con ellas, modernas y con gran poder mortífero, además de relaciones con otros movimientos subversivos en Colombia y Ecuador, y con vinculaciones en Venezuela aunque con propósitos diferentes.

Nos preguntamos ¿Cómo podrían nuestras FF.AA. y PNP enfrentar a los enemigos del país, si su propia patria los maltrata? Si pues, los maltrata, pues es maltrato por ejemplo someter a nuestros héroes, como los que rescataron a los rehenes en la Embajada de Japón, a procesos judiciales interminables, que los tiene en vilo desde hace cerca de veinte años. También es maltrato los procesos por daños colaterales, y con olvido de las causales de exceptuación de proceso y sanción que están previstas en el Código Penal.

Por otro lado el error de apreciación de la Comisión de la Verdad y Reconci-liación (CVR), al considerar en su conclusión 55 que existió de parte de los defen-sores de la patria, en su enfrentamiento al terrorismo, “prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones a los Derechos Humanos”. Ésa equivocación ha servido para largos procesamientos judiciales en que incluso se ha condenado indebidamente a jefes militares por los excesos no autorizados de sus subordina-dos. Indiscutiblemente ello desmotiva y pone en riesgo la eficiencia que deben tener las acciones que se realizan para terminar con los focos terroristas que aún quedan.

Pero hay otras señales que desmotivan a nuestros defensores castrenses y policiales para el cumplimiento de su deber, como es la de calificar la época del terrorismo más feroz y sanguinario como “la época del conflicto armado interno” (Ver artículo del Presidente de la CVR en La República del 14-12-14). Los terroris-tas fueron y son delincuentes, asesinos, antisociales, a quienes no puede conside-rárseles encubiertamente como si se tratara de fuerzas beligerantes. Insisto son asesinos. Basta de seguir agraviando a quienes defienden al Perú.

Diario La República

21 de febrero de 2014

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FUE UNA OPERACIÓN DE RESCATE

El 22 de abril se cumplen 17 años del exitoso rescate de los rehenes en la Residen-cia del Embajador del Japón, perpetrada por catorce terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) el 17 de diciembre de 1996.

Los del MRTA al igual que los de Sendero Luminoso son delincuentes te-rroristas que por años sembraron destrucción y muerte, con conexiones interna-cionales, logística y armamento de guerra e importantes recursos económicos. Las innumerables acciones de terrorismo dejaron como secuela a muchísimos huérfanos, viudas y lisiados aún no debidamente reparados.

Las víctimas del terrorismo homicida y sanguinario no salen de su es-tupor al observar que quienes actuaron en defensa de la patria como son los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, todavía soportan injustas denuncias e incluso la acción de algunas ONGs que irresponsable-mente acusan al Estado de tener política de vulneración de Derechos Huma-nos, sin distinguir responsabilidades individuales en excesos que generaron daño colateral.

En el caso concreto de los miembros del “Comando Chavín de Huántar” después de 17 años de presentarse, sea como inculpados o como testigos, tanto ante Tribunales Ordinarios y de la Justicia Militar, aún se encuentran en riesgo procesal pues por denuncia de supuestas ejecuciones extra-judiciales interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ella emitió informe de fondo e interpuso demanda contra el Estado Peruano ante la Corte del mismo nombre con sede en San José de Costa Rica.

Desde el Sector Justicia y a través de la Procuraduría Supranacional con apoyo de la Procuraduría de Defensa, vienen ejerciendo una destacadísima ac-tuación de defensa de los intereses nacionales, complementada con la defensa a nuestros gloriosos comandos que podrían verse afectados por la decisión de la Corte Interamericana, esperando que ella comprenda que los secuestradores eran unos asesinos y no unos aventureros que actuaban con mística parecida a la de Juana de Arco, como un ex magistrado de dicha Corte calificó erradamente a los terroristas peruanos.

Hace bien el Estado en dejar las cosas claras y haber probado con peritajes y testimonios que no hubo ejecuciones extra judiciales, sino que los terroristas murieron en combate. Igualmente el Estado también hace lo correcto en inves-tigar las acciones de integrantes del MOVADEF que bajo un supuesto ropaje de peticionarios de amnistías e indultos recusables para los condenados de Sendero Luminoso, coordina acciones reñidas con la paz social que se supone todos que-remos.

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La valerosa acción de nuestros comandos debe ser siempre recordada, para evitar que hechos como los señalados, vuelvan a perturbar la paz, y en este re-cuerdo debemos resaltar la tarea de los miembros de la “Asociación Civil Amigos de los Comandos Chavín de Huántar”, que periódicamente promueven visitas a la réplica de la Embajada Japonesa levantada dentro de las instalaciones del Ejército, realizando escenificaciones y conferencias, sobre todo para que los jóve-nes conozcan lo acontecido. Ellos también van a universidades y colegios acom-pañados de comandos y ex rehenes quienes cuentan sus experiencias, pese al sufrimiento que les depara el solo recuerdo. A ellos nuestro reconocimiento.

Diario La Razón

20 de abril de 2014

RESPETO A LAS FUERZAS ARMADAS

Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que son quienes muchas veces ponen el pecho y hasta la vida por los peruanos, son reconocidas en los discursos y múltiples ceremonias, pero no en los hechos. Ya las palabras no bastan, tiene que haber cambios de actitud frente a ellas.

Nuestros militares y policías carecen de las “herramientas” idóneas para su labor en bien de la patria, tienen remuneraciones no acordes con sus importan-tes responsabilidades, las pensiones que perciben son insuficientes, y además se les procesa por cuantas barbaridades se les ocurre a algunas organizaciones que bajo el escudo de la defensa de los Derechos Humanos, lo que defienden son sus propios intereses. Encima hay autoridades que consciente o inconscientemente se prestan a validar absurdas pretensiones de quienes desean que las fuerzas a que nos referimos sean débiles e ineficientes.

En el tema remunerativo algo se está haciendo y en buena hora, pero en el tema pensionario hay un retroceso, pues ni en la reforma del sistema pensionario de hace diez años se modificaron las pensiones renovables, lo que en estos últi-mos tiempos se trata de desconocer, lo que influye en el ánimo de nuestros va-lerosos militares y policías que tienen que enfrentar en el VRAE a los terroristas y narcotraficantes. ¿Cómo se puede enfrentar a tales enemigos, si se tiene temor a que sus descendientes estén económicamente desprotegidos? La respuesta es obvia.

En lo referido a procesos judiciales la cosa es muchísimo más grave, pues se afecta lo más preciado del ser humano que es su libertad, al dictarse contra mili-tares y policías, carcelería por actos de servicio, en que si bien hubieron excesos

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recusables, tendría que responsabilizarse a los actores de ellos, pero no necesaria-mente a los jefes que desconocían de las actuaciones de sus subordinados. Para delito doloso se requiere de intencionalidad, pero si ni siquiera hubo conocimien-to ¿por qué afectar a quienes no dieron órdenes de infringir la ley?

Adicionalmente, y en esto si hay responsabilidad de nuestras Fuerzas Ar-madas, así como de los Ministerios de Defensa, del Interior y de Economía, en demorar el pago de los seguros de invalidez, de muerte en servicio, ascensos póstumos, retrasos en pago de las pensiones a los deudos, y lo peor no atender en su integridad el pago de los beneficios especiales a quienes combatieron en las campañas de los años 40, así como en los enfrentamientos de Paquisha y del Cenepa, sin olvidar otros incidentes fronterizos.

Es vergonzoso que los defensores de la patria, por las demoras en pago de sus limitados beneficios, tengan que recurrir a las autoridades judiciales para ello, cuando sería tan fácil atender sus derechos. Es indispensable más humani-dad y mejor trato, y si se tiene que recurrir a la Justicia que ella sea expeditiva.

Diario La Razón

19 de setiembre de 2014

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IGLESIA

IGLESIA Y ESTADO

Más allá de la consagración constitucional de principios básicos como la libertad re-ligiosa, el ejercicio público de las diversas confesiones, y la separación de Iglesia y Estado, nuestra Constitución reconoce a la Iglesia Católica como elemento impor-tante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.

Sin desmerecer la colaboración del Estado a la Iglesia Católica y que esta retribuye con creces, el primero tiene para con ella obligaciones pendientes de cumplimiento, como es la devolución de bienes que las Sociedades de Benefi-cencia le administran por mandato de la ley, que la despojó de atributos de la propiedad, como es su uso y disposición, auque no usufructo pues en algunos casos el Estado le entrega la renta percibida.

El lector se preguntará con razón ¿qué es lo que pasó? La respuesta es sim-ple, por Ley del 2 de Noviembre de 1889 el Estado dispuso que las Sociedades de Beneficencia Pública administren los bienes de corporaciones religiosas, como cofradías, archicofradías, y congregaciones, entre otras. Se pretendió fundamen-tar el despojo con el pretexto de “procurar la buena administración de los bienes de las corporaciones religiosas” y obtener “el incremento de las rentas de la Be-neficencia Pública”.

En 1985 durante el Gobierno del Presidente García, para remediar la injusta situación antes descrita, se dictó el Decreto Legislativo 356, que ordenó la extin-ción del régimen de administración de tales bienes y su devolución a los titulares.

Como tantas normas legales en nuestro país, la devolución de la adminis-tración de sus bienes a las corporaciones religiosas no se efectuó, y en aquel en-tonces estuvimos ante otra ley que ni se acata ni se cumple y que luego en 1989 la Ley 25046 restituyó la inequitativa administración estatal por medio de las So-ciedades de Beneficencia, lo que hasta ahora subsiste sin que el Congreso corrija el despropósito.

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Para justificar la permanencia del abuso por más de un siglo, algunos poco afectos a reconocer el derecho ajeno, dicen que algunas corporaciones religiosas, cofradías y archicofradías ya no existen. Cierto, pero se pueden entregar los bie-nes a la Iglesia Católica, que es de quien dependían tales instituciones.

El derecho a la propiedad reconocido y normado en tratados internacionales y en la propia Constitución, alcanza también a la Iglesia, que no por tener fines más lejanos a los temporales se le deba despojar de sus bienes terrenales.

Diario Expreso

30 de octubre de 2009

A UN AÑO DE LA CARIDAD EN LA VERDAD

Un año ha pasado desde que Benedicto XVI diera a conocer su Carta Encíclica “Caritas in Veritate”, que no deja de seguirnos sorprendiendo sobre su visión del mundo en que vivimos, su concepción de la globalización así como la percepción de los peligros que enfrenta la humanidad por el avance material sin contenido espiritual.

Para quienes se han quedado anclados en el pasado y siguen creyendo que la Iglesia Católica está congelada en la contemplación, la oración, veneración de beatas y santos, pues craso error, que lo podrán advertir con nitidez de la lectura del mencionado texto. Igual les sucederá a quienes consideran que la Iglesia sólo alberga a curitas revoltosos que enfrentan a unos con otros, con discursos de protesta airada como legado de un mundo pretérito que ya derribó el Muro de Berlín, la Cortina de Hierro así como la de Bambú. Tampoco quedarán inmunes con dicha lectura, los que creen que estamos frente a un contingente de pedófilos, cuando en la realidad los actores de inconductas son los menos.

En la línea de “Populorum Progressio”, “Solicitudo Rei Socialis” y “Centesi-mus Annus”, avanza “Caritas in Veritae” en el reconocimiento que la Iglesia no aporta soluciones técnicas pues no es su papel y tampoco se mezcla en la política de los Estados, pero ello no impide asumir el rol orientador del magisterio espi-ritual que si le compete, desde una observación realista de los complejos tiempos que nos ha tocado en suerte.

Percibe que la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos pero no más humanos, y que si bien la riqueza mundial crece en términos abso-lutos, aumenta también en desigualdades, siendo la globalización más que un proceso económico. Igualmente afirma que los errores en el manejo de las finan-zas ha causado daño a la economía real.

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Nos recomienda derroteros interesantes para enfrentar los retos del presen-te, como que la caridad -a la que en estos tiempos la denominamos como solida-ridad- tiene que ir más allá de lo que es justo, para dar más de lo que corresponda en el camino al bien común.

Estimula al desarrollo humano integral, bajo la premisa de libertad respon-sable de la persona y los pueblos, ratificando el llamado a los laicos para partici-par como deber en la cosa pública, o sea en las responsabilidades gubernamenta-les, locales, vecinales, y de los niveles que correspondan.

Recuerda que toda decisión económica tiene consecuencias de carácter mo-ral, de allí su llamado al respeto a la vida, su preocupación por el bienestar de los sectores laborales que tienen derecho a sistemas previsionales y de seguridad social. Destrona al simple mercado, que tiene que ser complementado con justi-cia distributiva y solidaridad, sin olvidar las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil.

Recomienda que en el mercado se pueda operar libremente, pero con igual-dad de oportunidades y el comportamiento empresarial con clara incidencia en la responsabilidad social y cuya gestión no puede circunscribirse al solo interés de los propietarios.

En cuanto a la cooperación económica internacional, propugna su acompa-ñamiento de medidas que fomenten el Estado de Derecho, el orden público, la democracia y el respeto a los Derechos Humanos, debiendo existir nítido corre-lato entre derechos y deberes.

Preocupación especial denota sus expresiones sobre los recursos energéti-cos, al propiciar su acceso a quienes no los tengan, sin dejar de mostrar interés en el tema del agua, que podría originar conflictos.

Reafirma que el orden social debe ser conforme al orden moral, y trata sobre el principio de la subsidiaridad como antídoto contra el asistencialismo paterna-lista, y critica al hedonismo al igual que al consumismo.

Alerta sobre el intercambio comercial cuando es inequitativo, así como tam-bién por buscar únicamente en la técnica las soluciones que el mundo moderno ansía, sin olvidar temas tan controvertidos como la biotécnica, drogas, e investi-gación con embriones.

La Iglesia no está ni a espaldas ni es ajena a la realidad, vive nuestro tiempo y es voz que orienta al desarrollo humano, pero integral y ligado a la moral.

Diario Oficial “El Peruano”02 de julio de 2010

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CUERDAS SEPARADAS Y LA IGLESIA

El encapsular el diferendo limítrofe marítimo entre Chile y Perú, en la Corte In-ternacional de Justicia, con sede en La Haya, y que ello no afecte las demás rela-ciones entre los dos países, cada día cuenta con más predicamento.

Si para resolver un diferendo, se recurre civilizadamente a un mecanismo de solución pacífica de controversias y no a la violencia, ello tiene que ser aparejado con otras acciones que permitan el flujo normal de las relaciones entre ambos países, tanto a nivel de Estado como de los ciudadanos que los integran, sin que el proceso jurisdiccional las perturbe.

Felizmente las relaciones diplomáticas no solamente no se han interrumpido, sino se han fortalecido, y cada uno de nuestros dos países se ha prodigado en seleccionar para sus embajadas a profesionales experimentados, que sin abdicar de las posiciones de sus países de origen, fomentan el acercamiento y el camino común del desarrollo compartido.

Los grandes actores de la integración, que son los pueblos, cada vez entien-den más la política de cuerdas separadas, y tan es así que las relaciones entre los pueblos fronterizos son más fluidas y beneficiosas para ambos.

Los inversionistas de uno y otro país, no se han encerrado dentro de sus fronteras, sino que pasando al otro lado crean fuentes laborales y hacen que sus nacionales de uno y otro país, estrechen su relación, sin olvidar tampoco el flujo comercial, cultural y migratorio, que cada vez es más intenso e importante.

Hasta las Fuerzas Armadas participan en operaciones multinacionales de entrenamiento y práctica, juntas ayudan en misiones de paz de las Naciones Uni-das y en las de mitigación de desastres naturales que lidera la OEA, en que se les ve unidos en trabajo humanitario. Ya nadie se escandaliza cuando un militar peruano o chileno, recibe distinción del otro país.

A este esfuerzo compartido de distensión se suma la Iglesia Católica, que es la que tiene mayor raigambre en ambos países, tan es así que dejando el diferen-do limítrofe marítimo donde está y debe estar, se prodiga en unir más los profun-dos y sustanciales lazos de hermandad que deben existir entre países que juntos se forjaron desde sus inicios y que son concientes que las buenas relaciones entre ambos, redituarán en beneficio de sus respectivos ciudadanos.

Los cardenales primados de Chile y Perú, arzobispos de Santiago y Lima res-pectivamente, Francisco Javier Errázuris y Juan Luis Cipriani, han apadrinado, por así decirlo, la edición de un bello libro “Unidos por la Fe”, que contiene textos y fotografías que dan a conocer las manifestaciones de religiosidad popular, en ambos países, desde las del litoral hasta la cordillera, con las devociones con más seguidores, lo que también nos integra.

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El libro escrito con pulcritud por Luis Herrera Aguerrevere y con las foto-grafías de Tito Alarcón Pradena, pudo hacerse realidad con el auspicio de dos grupos empresariales, que siendo originarios de Perú y Chile, tiene intereses en los dos países, nos referimos a los grupos liderados por Mario Brescia Cafferata y Juan Eduardo Errázuris Ossa, quienes con su actitud y sin olvidar sus respectivas convicciones patrióticas, son creyentes que la buena interrelación chileno-perua-na es altamente beneficiosa, mirando al futuro sin anclarnos en dolorosos episo-dios del pasado, de los que hay que rescatar enseñanzas, para no volver a caer en infortunios.

Diario Oficial “El Peruano”28 de setiembre de 2010

HERMANO ALBERTO

Las computadoras de quienes fuimos formados en “La Salle” saturaron su me-moria con los correos de amigos de diferentes promociones y edades que noti-ficaban del deceso del Hermano Alberto, cercano a los 96 años, conocido por su profesión religiosa como Hermano Alberto Domingo y en el mundo académico como Germán Peinador Martin.

Alberto, oriundo de España, pero más peruano que cualquiera, llegó al Perú a los diecinueve años, destacado al colegio de los Hermanos de las Escuelas Cris-tianas en Arequipa y formado en la Escuela Normal de dicha ciudad, para pos-teriormente ejercer la docencia en Lima. No solamente en La Salle sino también en la Escuela de Pedagogía, en los Institutos de Formación Magisterial de Mon-terrico y de Santo Domingo de Guzmán, habiéndose doctorado en Educación en la Universidad Católica de la que igualmente fue catedrático en épocas en que merecía el nombre de Pontificia.

No fue sólo docente o transmisor de conocimientos, fue un gran educador que con los años desarrolló una especial vocación para formar a las promociones que culminaban el último año de secundaria, a quienes les dedicaba esmerada atención. Nos hacía encontrar nuestro yo profundo, buscando la síntesis de las vivencias mundanas del día a día con la introspección hacia el espíritu, y siempre con atención solidaria por los demás, en clara preferencia por quienes más lo re-querían. Nadie ayudó más que él a encontrar nuestra vocación en la vida..

Cerca de sesenta promociones pueden dar fe de su empeño y sin nunca de-jar de ser educador, no por algo sus discípulos lo visitábamos, escuchábamos sus consejos y aprendíamos de su visión del Perú, al que amó entrañablemente.

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No había promoción que festejara aniversarios emblemáticos de su salida del Colegio que no lo invitara a dar la clase del recuerdo, en que con remembranzas y anécdotas invariablemente señalaba la ruta correcta ligada al buen comporta-miento y a la ética.

Repetía que no había que dejar espacios vacíos, pues siempre se cubren y no por lo mejor, y alentaba a sus seguidores a ser servidores públicos en la más amplia acepción del vocablo, estimulando a ocuparse de los temas de Estado.

Como en todo centro escolar, no fue ajeno a recibir su apelativo, y cariño-samente se hablaba de él como “el loco” Alberto, pero no he conocido a alguien más cuerdo, empeñoso e inquieto que él. No quiso labores directivas ni en su comunidad religiosa ni en los centros de estudio, prefería estar cercano a sus educandos.

Con singular merecimiento recibió las Palmas Magisteriales, siendo además condecorado por el Congreso, cuando aún ésa distinción era selectiva y tenía peso propio.

Excelente maestro, mejor amigo y peruano ejemplar, extrañaremos tus ense-ñanzas, consejos y ejemplo de vida.

Diario El Comercio

31 de octubre de 2011

LES ENCANTA EL ORO PERO DICEN QUE NO

En reciente artículo “Dios y los Recursos Naturales” de la autoría de Fernando Ros-pigliosi, con la agudeza que lo caracteriza, nos informa que un sector religioso en Cajamarca, incluso desde el púlpito, ha propiciado movilizaciones antimineras. La prédica de los religiosos fue nutrida de expresiones confrontacionales y no siem-pre veraces. Recuerda el ex-ministro Rospigliosi que esos religiosos reconocían en Dios al creador de los recursos naturales y que el hombre no debía destruirlos.

El Magisterio de la Iglesia nos ha enseñado que los recursos de la naturaleza están al servicio del ser humano, que debe utilizarlos racionalmente para su ali-mentación, así como para su desarrollo y bienestar. Recuérdese que en la Biblia y los Evangelios se describe la pesca para el consumo humano, el trigo para elabo-rar el pan, el agua y el vino para paliar la sed.

Considero que nadie en su sano juicio y menos religiosos que tienen tiempo para la reflexión, puedan creer que la minería no está al servicio del ser humano. Esos religiosos que creen que la naturaleza está siendo destruida por la explota-ción de los recursos naturales, entre ellos la minería, olvidan que los minerales,

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metálicos o no metálicos, son insustituibles. ¿Acaso no se han dado cuenta que la cremayera de sus pantalones es metálica? ¿No se han percatado que los relo-jes que usan en la muñeca son de metal y no de arena? ¿Son lo suficientemente observadores para tomar en cuenta que los omnibuses, automóviles, barcos y aeronaves en que se transportan son mayormente fabricados de metales?

En ésa misma línea, las hostias consagradas se guardan en custodias y copo-nes de metal, preferentemente de oro o de plata, al igual que los recuerdos para representar milagros y ofrendas. Critican la minería pero les gusta el oro. Por lo menos yo no he visto calices, custodias o copones de plástico ni de material de reciclaje.

Si quieren relacionar la obra del Altísimo con la naturaleza, les aseguro que ello se puede. Lo viví en Santa Cruz, Cajamarca, el 1 de mayo de 2011, en cuya Plaza Principal, desfilaron los ronderos. Nos escucharon decir que Dios al crear el universo había sido generoso con muchos pueblos. Dimos como ejemplo a Argen-tina que tenía riquísimos pastizales, llanuras extensas para la ganadería sin olvidar las ricas plantaciones de trigo. Otro ejemplo fueron las espectaculares playas de Centro América y el Caribe que permite a sus respectivos Estados ingentes recur-sos provenientes del turismo. En el caso peruano recordamos nuestra Cordillera de los Andes, con tres importantes ramales de norte a sur, repletos de minerales que se han puesto al servicio de la humanidad, pero que voces y voluntades erráticas pretenden conservarlos sin uso alguno.

El mensaje integrador fue entendido y aclamado. Ese podría ser un buen discurso para los religiosos a los que se refiere Fernando Rospigliosi. Explorar y explotar con respeto al medio ambiente, y que los frutos vayan a todos a través de los impuestos y otras contribuciones.

Diario La Razón

08 de julio de 2012

RATZINGER: CORAJE

Su Santidad Benedicto XVI, Cardenal Joseph Ratzinger, sorprendió a la humani-dad con su renuncia al Pontificado, que indiscutiblemente tiene el componente religioso y el mundano. Por un lado es renuncia a la conducción de la Iglesia Católica y por otro a la jefatura del Estado Vaticano.

Pocos tenían en mente que tal renuncia era posible, pues varios siglos han transcurrido sin que ningún Papa haya dejado en vida el Pontificado, pero Bene-dicto XVI lo ha hecho, en gesto de gran coraje.

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Se necesita valor inconmensurable para dejar la jerarquía más alta del uni-verso, para no ser más el Gran Pastor de millones de católicos, la guía moral que trasciende al cristianismo, y al mismo tiempo el jefe del Estado más pequeño pero con más relevancia e influencia en el mundo.

La decisión ha debido ser muy meditada, más por quien antes de ser Papa era quizás el Cardenal con más pergaminos filosofo-religiosos y teológicos, que desde el noviciado se caracterizó por el estudio y la meditación, siendo luego prolífico autor de textos de guía espiritual y de versada reflexión.

Muchos no creyeron las motivaciones de la renuncia y le han dado las más diversas interpretaciones, por lo general tremebundas cuando no trucu-lentas, como las faltas carnales de algunos religiosos, la poca transparencia en las finanzas del pequeño pero gran Estado, los intríngulis que caracterizan a la vida en comunidad, así como la sustracción y publicación de documentación reservada respecto a los diarios trajines conventuales, a veces más mundanos que divinos.

Estamos seguros que la verdad es tan sencilla como la explicada por el Papa, simplemente reconoce que la tarea es más pesada que la Cruz, que ya por su avanzada edad y por precario estado de salud, no tiene las fuerzas que tenía cuando recibió el encargo de ser el sucesor de Pedro, para continuar con la tarea.

Indiscutiblemente capacidad intelectual le sobra y su fuerza moral nos abru-ma, pero su decisión no hace más que confirmar dicha capacidad y fuerza, pues racionalmente es reconocimiento que se requiere igualmente de fortaleza física.

El Papa se retirará a la oración, pero esperamos a que nos pueda legar en el futuro su percepción respecto a los avances de su gestión, así como a la pro-bable frustración por no haber conseguido evitar el escape de católicos -aunque manteniendo el cristianismo- hacia otras confesiones, entre tantas otras tareas pendientes y preocupantes.

Diario Expreso

22 de febrero de 2013

IGLESIA Y UNIVERSIDAD

Uno de los dictámenes parlamentarios más controvertidos de los últimos tiem-pos, es a no dudarlo, el que presenta la Comisión de Educación del Congreso, respecto a diversos proyectos para dictar una nueva Ley Universitaria.

La Iglesia Católica se ha tomado bastante tiempo en analizarlo y la Confe-rencia Episcopal Peruana, en reunión de prensa, ha dado a conocer su parecer,

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concordante con el de la casi totalidad de universidades, sus autoridades, docen-tes y alumnado.

La Conferencia Episcopal, principistamente, ha señalado que “las univer-sidades nacieron para que, por el camino del conocimiento y el desarrollo per-sonal, el ser humano sea más libre” y por otro lado recuerda que la Iglesia tiene autoridad en el tema pues el Estado la ha reconocido constitucionalmente como elemento importante de la formación histórica, cultural y moral del Perú. Tal re-conocimiento se sustenta en su tarea, que data de más de cuatro siglos en nuestro territorio, formando a millones de peruanos en escuelas, institutos superiores y universidades.

Reconociendo el legítimo interés del Estado de buscar mejoras en el sistema universitario, exhorta a que ello sea dentro de un “clima de diálogo alturado, fructífero, sin que genere polarización ni ponga en riesgo el futuro de la univer-sidad en el Perú” y que se haga “sin menoscabo del respeto a su autonomía y demás derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución”.

Las críticas específicas de algunos de los obispos integrantes de la Conferen-cia Episcopal, salieron del fraseo delicado propio de un Comunicado de ella, para sin envoltorio en papel de seda, señalar que en el proyecto de ley que se propone al Pleno del Congreso, hay deficiencias de contenido y de forma, lleva a un con-trol estatal camuflado, es centralista y vertical, llevaría en la práctica a bajar el nivel universitario en lugar de elevarlo como todos queremos.

El Congreso debería escuchar las observaciones de la Conferencia Episcopal, y sin soberbia comprender que la Comisión de Educación no es necesariamente la depositaria de la verdad, y que el tema necesita una mejor y serena evaluación para no incurrir en los errores que de aprobarse la Ley, lejos de mejorar se em-peoraría.

No dudamos de la buena fe del Presidente y miembros de la Comisión de Educación, pero cuando son tantas las observaciones y cuestionamientos al dicta-men, y tan calificados sus opositores, deberían abrir el debate y subsanar las de-ficiencias para tener una buena ley y no una norma efímera por inconstitucional.

Diario Expreso

28 de febrero de 2014

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JUDICIAL

QUE MIEDO SER POSTOR EN UN REMATE JUDICIAL

Por: Mario Bonifaz Ojeda.

Ser postor en un remate público es una aventura de lo mas riesgosa, por el pési-mo tratamiento que administrativamente se da al asunto. Nos explicamos. Con-forme a ley, para ser postor hay que oblar el 10% del valor de tasación del bien a rematarse, sea en dinero en efectivo o en cheque de gerencia a nombre del postor. Pues bien, cualquiera, en un remate, lo que normalmente hace, es llevar el cheque de gerencia, para no estar cargando con fuertes cantidades de dinero en efectivo, por el riesgo que ello significa, ya que en el caso de los remates judiciales, estos se realizan en el edificio llamado Alzamora Valdez, el cual se encuentra Frente al Parque Universitario, una zona que todos conocemos no se caracteriza por su se-guridad, sino todo lo contrario, ya que los asaltos y robos al paso son constantes.

Pues bien, la seguridad que se toma para evitar ser asaltado de poco o nada sirve, debido a que si uno resulta ganador en el remate al que concurrió, debe de pasar por el arriesgado trance de ir al banco que giró el cheque de gerencia, hacerlo efectivo y con el dinero, concurrir al Banco de la Nación para hacer el depósito judi-cial. La agencia u oficina del Banco de la Nación mas cercana por esos lares, se en-cuentra en la Av. Abancay, zona igual de peligrosa que la del parque Universitario, lo cual significa, que debemos “pasearnos” por una de las zonas de mayor riesgo de nuestra capital con fuertes cantidades de dinero, ya que el Juzgado eso es lo que ordena al adjudicatario del bien rematado. Todo este trance se hace en compañía de una especialista de actos externos del Poder Judicial, por lo que existen muchos enterados de que el postor está llevando una cantidad de dinero apetecible para cualquier amigo de lo ajeno, lo cual hace aún mas inseguro el asunto.

Lo peor de todo, es que en el Edificio Alzamora Valdez, existe una agencia del banco de la Nación, la cual solo expende tasas judiciales y no recibe depósitos

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Judiciales, razón por la cual debemos de hacer el terrible periplo que nos hace recordar ese clásico del cine titulado “El Salario del miedo”.

La solución es muy sencilla, ya que debería la administración del Poder Ju-dicial, coordinar con el Banco de la Nación, para habilitar en el edificio Alzamora Valdez, una ventanilla que reciba los depósitos de los adjudicatarios en un rema-te, y con ello no los exponemos, quizá hasta perder la vida, por simple desidia de nuestro alicaído Poder Judicial.

Diario Síntesis

20 de marzo de 2003

QUIEN PUEDE REVISAR UN EXPEDIENTE

Por: Mario Bonifaz Ojeda.

Conforme lo establecía el derogado artículo 156 del Código Procesal Civil, las re-soluciones judiciales, con excepción de las mencionadas en el Art. 157 del mismo cuerpo de leyes, eran notificadas por nota, lo cual implicaba que los días martes y jueves, se emitía una relación de todos los expedientes en los cuales se había expedido resolución los días anteriores, para que los interesados, sus Abogados o las personas autorizadas por las partes, pudieran solicitar un expediente y co-nocer el texto de la resolución emitida.

Esto en la práctica, permitía, que al inicio de un proceso, las partes además de designar a sus Abogados patrocinantes, autorizaran a las personas que esti-maran convenientes a que tengan acceso al expediente judicial, con lo cual se lograba un buen control del mismo, además, lógicamente, de conocer las resolu-ciones emitidas y no notificadas por cédula.

Pues bien, con la derogatoria del aludido artículo 156 del Código Procesal, se ha creado una situación desastrosa para quienes sufrimos profesionalmente en el Poder Judicial, ya que al no existir la notificación por nota, con la cual discre-pamos desde la dación del Código Adjetivo por ser poco práctica, solo pueden ser revisados los expedientes por los Abogados patrocinantes, las partes y sus apoderados, tal como establece el Art. 138 de dicho Código, con lo cual se ha creado un dolor de cabeza a todos los profesionales que nos dedicamos al litigio.

Si tomamos en cuenta que para revisar un expediente, se toma mas de 45 minutos en el trámite de que nos los entreguen, (y digo más de, porque pueden ser horas), simplemente llevar con diligencia y control debido los procesos que defendemos se ha hecho casi imposible, ya que no existe forma alguna de que

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uno pueda revisar mas de tres casos en un día, razón por la cual si se tiene una cartera mediana de juicios, necesitaríamos años con mas días para lograr revisar siquiera una vez al año cada uno.

Los practicantes y procuradores que normalmente realizan esta labor de campo, de sí muy importante, se han quedado sin trabajo y los Abogados, tene-mos que lidiar casi a diario con la indiferencia de los encargados de los archivos de los Juzgados, quienes demoran una eternidad para ubicar un expediente, sin perjuicio por supuesto del “venga mañana que hoy no esta disponible”.

La solución es muy simple, debe de modificarse el Art. 138 del Código Pro-cesal Civil, y permitir que además de las partes, sus Abogados y apoderados, puedan también revisar los expedientes, las personas autorizadas por el litigante, con lo cual los practicantes y procuradores no tendrán que hacer malabares para realizar su trabajo, el cual sin duda coadyuva a un mejor desarrollo del litigio.

Diario Síntesis

21 de abril de 2003

CUESTIONADO INDULTO

Muchos han expresado parecer sobre el indulto concedido a J.E. Crousillat, pero no por ser el tema trillado se puede pasar por alto, y menos por quienes estamos en la actividad política o tenemos columnas de opinión en medios de prensa. Por ello no caeremos en la tentación de no darnos por enterados y dejar que el correr el tiempo olvide a quienes no se pronunciaron.

El indulto del que tratamos tiene dos aspectos principales, uno es el jurídi-co y otro el político. El jurídico se centraliza a su vez en dos perspectivas como son si se cumplieron requisitos para otorgarlo y si después de otorgado puede revocarse.

Es atributo del Presidente de la República conceder indultos, conmutar pe-nas y ejercer el derecho de gracia de procesados (art. 118 inc. 21 de la Constitu-ción). En los dos primeros casos la Constitución no señala condicionamientos ni requisitos, mientras que en el último exige que la etapa de la instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.

El indulto es el perdón de la pena impuesta al condenado y la conmutación la simple reducción de ella, y siendo atribución presidencial en estricto no se requiere motivación ni causalidad, auque es frecuente que tal decisión se adorne con ropaje humanitario, como puede ser avanzada edad o deteriorado estado de salud de quien recibe el favor presidencial. En buen romance el Presidente de la

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República dispone sin que necesite legalmente explicar motivaciones, basta su individual voluntad, acompañada del refrendo ministerial.

Al igual que la amnistía, la prescripción y el sobreseimiento definitivo, el indulto produce los efectos de cosa juzgada (art. 139 inc. 13 de la Constitución), por ello es definitivo, inamovible, inmodificable y al tener el efecto señalado el perdón se produjo, por lo que el indultado podrá ser procesado por otros delitos pero no por los que fueron materia del juzgamiento y se le perdonó. Se puede dejar sin efecto la Resolución que lo concedió, claro que si, pero ello no vuelve al perdonado en condenado ni se puede pretender que cumpla el saldo de la pena, pues insistimos recibió el perdón con característica de cosa juzgada.

En relación con el aspecto político, allí la consideración es sobre si fue conve-niente o no otorgar el indulto en el caso analizado. Nuestra respuesta es negativa, no sólo por el comportamiento exultante de quien recibió el indulto, sino porque los actos de corrupción por los que se le juzgó generaron el repudio generalizado y la ciudadanía no sólo no lo avala sino lo cuestiona, sin olvidar que el canal de televisión que conducía en aquel entonces J. E. Crousillat intentó mancillar en simultáneo el honor y prestigio del Presidente Paniagua y de otras personas.

Diario Expreso

02 de abril de 2010

ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN

La Contraloría General de la República tuvo el acierto de promover una confe-rencia anticorrupción e invitar a Robert Klitgaard para que expusiera sobre polí-ticas públicas respecto a ésa materia, su experiencia en la temática como consul-tor internacional y sus recomendaciones para combatir con éxito a la corrupción.

Klitgaard es uno los más connotados especialistas en la lucha contra la corrupción, ha sido profesor en varias universidades de prestigio y autor de obras en que relata sus experiencias y formula sus consejos, siendo la más co-nocida “Controlando la Corrupción” convirtiéndose en el ABC de la disciplina del control.

El mencionado consultor al definir la corrupción como el uso indebido de un cargo público o privado para beneficio particular, no limitando la incorrecta acción a la probidad pública. Frente a quienes creen que existen corrupciones leves que pueden ser toleradas por el costo político y económico de eliminarlas, recuerda que no hay corrupción inocua y que si ella no se combate cada día se hace más grave y se difunde más, lo que socava la moral de la sociedad.

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Llama Klitgaard a romper con la cultura del cinismo y la impunidad, así como a estructurar programas serios de prevención y de combate a la corrupción, y para que ellos triunfen en sus objetivos no se deben aceptar excusas como que la corrupción está extendida o que siempre ha existido, a lo que podríamos agre-gar que tampoco puede ser aceptada por más que sea absorbida económicamente por el mercado.

También dio a conocer su ecuación C = M + D – RC, esto es corrupción es la sumatoria de monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas, que nos tiene que llevar necesariamente a expulsar los monopolios para los suminis-tros y obras así como la discrecionalidad para decidir respecto a su contratación, y a intensificar la transparencia que lleve a la rendición de cuentas.

Entre sus recomendaciones para desterrar o por lo menos reducir la corrup-ción se encuentra el seleccionar debidamente a quienes toman decisiones, previo conocimiento de sus antecedentes, justas remuneraciones, simplificación de re-glas, fortalecimiento de la responsabilidad de los actores, estímulos y premios a quienes demuestren honestidad y enfrenten la corrupción, pero sobre todo san-ciones severas que sean ejemplarizadoras. Adicionemos que si las sanciones por corrupción son leves, estaremos ante sanción rentable, esto es que el beneficio que le otorga al corruptor o al corrupto es mayor que el perjuicio que le ocasiona la multa, pena o castigo. Se debe sancionar con mayor rigor al “pez gordo”.

Llama Klitgaard a nunca bajar la guardia, pues si bien existen ejemplos exi-tosos en acciones anticorrupción, cuando se baja la intensidad de su interdicción vuelve la pus de la corrupción. Esto es muy similar a la lucha contra el terrorismo o contra la inflación, pues cuando se desacelera, vuelve a crecer la ilícita práctica, lo que no se debe permitir.

Diario La Razón

10 de abril de 2011

VER LA PAJA Y NO LA VIGA

Pocos días atrás el Presidente de la República ha exhortado al Ministerio Público a ponerse los pantalones, en otras palabras y tono, que ejerza la autoridad que la Constitución y la ley le otorga.

Seguramente el Presidente desea que la Fiscalía realice sus investigaciones sin demora, y que haga las denuncias que le competen oportunamente, con el seguimiento de ellas hasta lograr que el Poder Judicial sancione a quienes gene-rando desorden, transgreden la ley y perpetran delito.

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Creo que nadie en su sano juicio pueda discrepar con el Presidente de la República, a quien también podría invocarse a que se ajuste la correa, pues es fácil imputar defectos a otros sin ver los propios. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tú hermano y no ves la viga en el propio? (San Mateo, VII, 3) Esta enseñanza evangélica nos es aplicable a todos, así que no molestarse.

Somos conscientes que el Perú tiene muchas necesidades aún insatisfechas, que tenemos déficit en todos los servicios públicos y en la infraestructura nacio-nal, que tenemos el deber de impulsar a mayor velocidad el crecimiento del país y su desarrollo para que sus beneficios lleguen a más peruanos que con ansia lo esperan, aunque cada día con menos paciencia.

La pregunta viene por si sola, ¿lo estamos haciendo? Creo que no, pues pese a que el Sector Privado clama por que se faciliten las inversiones, los funcionarios del Estado siguen detrás de su escritorio exigiendo más y más requisitos buro-cráticos innecesarios, sin comprender que la crisis internacional que también nos afecta es una ventana de oportunidades. Los empresarios de países europeos desarrollados así como los del norte de nuestro continente están deseosos de in-vertir en otras latitudes, y el Perú con su buen comportamiento económico de las últimas dos décadas, puede competir con otros países para captar capitales de riesgo, pero riesgo calculado.

¿Qué se necesita para lo antes expuesto? Muy sencillo destrabar tantos re-quisitos y trámites, exigir solamente lo sustantivo y hacer del Perú un país ami-gable a la inversión generadora de puestos de trabajo. Es más que conocido que quien invierte necesita que exista orden, que las normas se cumplan y que reine el Estado de Derecho, y para ello desde el Presidente de la República hasta el más humilde servidor público en los 3 niveles de gobierno, tienen que cumplir con sus obligaciones.

No podemos permitir que cada quien haga lo que le da la gana; no se puede dejar sin sanción a quienes toman carreteras e impiden el tránsito de vehículos, mercancías y personas; se tiene que sancionar a quienes aupados en el poder con abusivo autoritarismo impiden nuestro desarrollo. No es posible que necesitan-do energía para que el Perú progrese algún alcaldillo lo impida con extorsión escondida en amenazas, y no solamente se impide la inversión propulsora del desarrollo con acciones indebidas, sino también con la indolencia de quienes te-niendo obligaciones legales demoran expedientes de permisos y autorizaciones. Así no se hace patria, por eso, si se trata de ponerse los pantalones, a comenzar con nuestras máximas autoridades.

Diario La Razón

23 de setiembre de 2012

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MATRIMONIO, BIENES Y RESPONSABILIDADES

No sabemos si por exceso de celo profesional, por figuretismo, o por mala fe, un Procurador, que no es otra cosa que el defensor o abogado del Estado, ha anunciado que solicitará la nulidad de la división de bienes de un conocido ex parlamentario y ex ministro, con mucho techo para seguir participando en polí-tica, a quien denuncia por supuesto tráfico de influencias, cuando en la realidad no tenía influencia alguna y se trataba de una legítima pretensión retributiva por servicios profesionales.

La sensación que ello ha dejado, es que Aurelio Pastor se está desprendien-do de bienes, los que pasa a su cónyuge, para evitar que puedan ser afectados como consecuencia del resultado de la denuncia. Su imagen, reputación y buen nombre, indebidamente puestos en entredicho.

Pongamos las cosas claras. Cuando se contrae matrimonio, se presume que los cónyuges en relación a bienes, han optado por el régimen de sociedad de gananciales, es decir, que los bienes que adquieran durante el matrimonio son comunes, les pertenecen a ambos, aunque también puedan tener bienes propios como son los adquiridos antes del matrimonio o luego de él como entre otros, los obtenidos por herencia.

Antes del matrimonio los futuros cónyuges, respecto a bienes, pueden con-venir por escritura pública el régimen de separación de patrimonios, lo que sig-nifica que los bienes que adquieran son del que los ha adquirido y puede dis-poner libremente de ellos, pues no son comunes a ambos. Si no optaron por el régimen de separación de patrimonios antes de contraer matrimonio, nuestro Código Civil permite después de aquel, que los cónyuges cambien el régimen de bienes comunes o sociedad de gananciales como también se le llama, por el de patrimonios separados. En tal caso se hace el inventario de los bienes comunes y se separan y distribuyen ellos entre los cónyuges, con lo cual cada uno puede disponer libremente de lo que es suyo.

¿Con el cambio del régimen patrimonial de bienes en el matrimonio, Au-relio Pastor ha causado daño al Estado? Por supuesto que no, lo único que ha hecho es actuar dentro de lo que la ley le permite. Más aun, en el supuesto ne-gado que hubiera responsabilidad penal del Dr. Pastor en el hecho denunciado, la responsabilidad civil por el supuesto acto ilícito no perjudica a la parte de los bienes comunes de su cónyuge, de haberse mantenido los bienes como comunes (art.309 del Código Civil).

Cualquier embargo en los bienes de la sociedad conyugal del Dr. Pastor solamente puede ser sobre el 50% de tales bienes, y en el supuesto de llegarse hasta el remate sería improbable que alguien quiera ser postor de un porcentaje

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ideal inmobiliario. Con el cambio del régimen patrimonial, lejos de perjudicarse cualquier expectativa del Estado, ella ha sido beneficiada por el denunciado ya que es propietario del cien por ciento de los bienes que le fueron adjudicados, lo que facilitaría -de ser el caso- desde el embargo hasta el remate, y sin afectar lo que le corresponde a su esposa

Diario La Razón

02 de junio de 2013

CRITERIO EN LA JUDICATURA

El Consejo Nacional de la Magistratura tiene entre sus funciones constituciona-les, aplicar la sanción de destitución a jueces y fiscales supremos.

Evidentemente la sanción tiene que ser consecuencia de alguna causa y la Ley Orgánica de dicho Consejo las señala con claridad, entre ellas: ser objeto de condena privativa de libertad por delito doloso, comisión de hecho grave que comprometa la dignidad del cargo, e intervenir en actuaciones a sabiendas de existir impedimento o prohibición legal.

Los jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fueron denunciados ante el Consejo Nacional de la Magistratura, im-putándoles diversas infracciones al emitir la ejecutoria suprema del 20 de julio de 2012, aclarada el 24 del mismo mes y año, en el caso conocido como “Barrios Altos”.

Entre las imputaciones a los magistrados supremos, se encuentran la de no calificar a los hechos objeto de su sentencia como crimen de lesa humanidad, exclusión del delito de asociación ilícita y reducción de las penas impuestas.

El Consejo abrió investigación preliminar a los jueces supremos que dic-taron la aludida sentencia, y por su resolución del 1 de febrero de 2013 dio por concluida la investigación al no haber encontrado mérito para abrir proceso dis-ciplinario, rechazando las imputaciones de las denuncias.

Con buen criterio el Consejo consideró que si bien tiene competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra jueces supremos por faltas califica-das como muy graves en la Ley de la Carrera Judicial, no le corresponde revisar ni corregir lo resuelto por los jueces y tribunales de la República en ejercicio del criterio jurisdiccional.

Ir contra el criterio de los magistrados sería atentar contra el principio de la independencia del ejercicio judicial que consagran los artículos 139 y 146 de la Constitución cuando establecen la independencia de los jueces, lo que es co-

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rroborado por el primer artículo del Título Preliminar de la Ley de la Carrera Judicial que enfatiza la obligación de independencia e imparcialidad de los jue-ces, que ejercen sus funciones sujetos únicamente a la Constitución y la ley, por supuesto dentro del correspondiente albedrío.

Por otro lado el artículo 44 de la Ley de la Carrera Judicial precisa que “No ha lugar a sanción la discrepancia de opinión ni de criterio en la resolución de los procesos”, lo que es más evidente, si es que no existían precedentes de obligatorio cumplimiento ni menos aun puede existir incorporación retroactiva en la legisla-ción nacional de categorías penales provenientes del Derecho Penal Internacional.

Es importante destacar que la Resolución del Consejo reitera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es cuarta instancia ni tribunal de alza-da, con el antecedente en el mismo sentido de la Posición Institucional del Poder Judicial Peruano respecto al cumplimiento de las medidas de reparación del caso Barrios Altos Vs. Perú.

Todo lo expuesto nos lleva a concluir que el criterio jurisdiccional, guste o no, constituye el ejercicio de la independencia de la función y no debe ser objeto de sanción ni de imposición alguna.

Diario Oficial “El Peruano”22 de febrero de 2014

CORRUPCIÓN Y PERSONAS JURÍDICAS

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para la regulación de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción.

Siendo correcta la preocupación gubernamental para imputar responsabi-lidad a las personas jurídicas que se benefician, directa o indirectamente, en te-mas de corrupción, ello tiene que hacerse con el debido cuidado pues se podrían afectar a accionistas y socios de empresas, así como a asociados de otras personas jurídicas que nada han tenido que ver con la perpetración de delitos vinculados a la corrupción.

Como el Perú desea ser miembro pleno de la “Convención de la Organiza-ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico” (OCDE), debe cumplir con determinadas exigencias, entre las cuales se encuentra la obligación de tomar medidas para establecer responsabilidad de las personas morales (léase jurídicas, no personas naturales) por el cohecho de un servidor público extranjero.

Teniendo en cuenta, como lo reconoce el proyecto de ley, que la responsa-bilidad penal por perpetración de delito, recae en personas naturales y no en las

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jurídicas, si estas últimas se benefician directa o indirectamente en delitos vincu-lados a la corrupción, debe atribuírseles responsabilidad autónoma, aunque no penal, con tipificación clara de los ilícitos relacionados con ella y las sanciones no penales aplicables.

Hasta lo expuesto, todo perfectamente atendible, empero, en el proyecto del Ejecutivo, actualmente en trámite de evaluación en comisiones del Congreso, se pretende aplicar sanciones a las personas jurídicas que en alguna medida se be-neficien con la perpetración de delitos de corrupción, sanciones que perjudicarán a los accionistas, socios, asociados u otros relacionados a aquellas.

Si quienes han autorizado desde las personas jurídicas, la entrega de so-bornos u otros actos calificados por la legislación como corrupción, pues o son directos responsables, o son cómplices o son facilitadores de delito, trátese de ge-rentes, apoderados, representantes, o directores de las personas jurídicas societa-rias o no societarias inmersas en el ilícito, y por ello debería recaer en ellos todo el peso de la ley y ser pasibles de las correspondientes sanciones de índole penal.

El proyecto que comentamos, cae en el exceso de pretender aplicar a la per-sona jurídica, sanciones autónomas distintas a las que pueden recaer en las per-sonas naturales que cometieron delito, sanciones que perjudicarán a terceros que nada tuvieron que hacer con la comisión del delito como son accionistas, socios o asociados de las personas jurídicas.

Si se impusiera, como se ha propuesto, además de la sanción pecuniaria de multa, otras como disolución de la persona jurídica, cierre temporal o definitivo de establecimientos, cancelación de permisos y licencias, entre otros; es más que evidente que ello causará grave perjuicio a los accionistas, socios o asociados de las personas jurídicas a las que nos referimos. Evidentemente ello no es justo, la normatividad legal no solamente es para ordenar las actividades sino también para hacerlo en forma equilibrada y equitativa.

Para que la responsabilidad autónoma que pretende el proyecto de ley, no sea aplicable, las personas jurídicas tendrían que haber adoptado modelos de prevención y supervisión interna, con auditorías especializadas, certificadas y con acreditación por INDECOPI. Más costos de transacción y encarecimiento de operaciones.

Siendo loable el objetivo de la proposición gubernamental, el Congreso debe examinarla prolijamente para no caer en excesos ni tampoco perjudicar a terce-ros que serían afectados, sin tener arte ni parte en el desaguisado.

Diario La Razón

28 de setiembre de 2014

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FE DE ERRATAS Y RESPONSABILIDADES

Un tema aparentemente sencillo pero que tiene sus complicaciones es el de la fe de erratas de las normas legales. Ella es la lista de los errores advertidos en la publicación de la norma luego de contrastada la publicación con el texto original, lo que lleva a publicar lo que dice la publicación con lo que debe decir.

La fe de erratas era muy frecuente cuando el original de la norma se trans-cribía mecanográficamente para su remisión al diario oficial. Con el fotocopiado autenticado del original y su envío al diario oficial para su publicación, se redujo significativamente el uso de la fé de erratas. Su uso siguió en descenso con las técnicas informáticas que hoy son de aplicación cotidiana por medio de soporte magnético o similar.

Pese a que con la transcripción cibernética de la norma podríamos ser in-ducidos a creer que ya no se requerirá de fe de erratas, ello no es tan cierto pues podrían producirse tres tipos de errores. El primero entre lo que fue realmente aprobado y lo que se consignó en la autógrafa. El segundo entre la autógrafa y lo que pudiera ser transcrito para su publicación, y el tercero entre lo remitido para su publicación y lo publicado.

Hay diversidad de fe de erratas. La más frecuente es la leve o material, cuan-do se trata de salvar errores gramaticales, de puntuación y similares, así como cuando se produce error en la numeración del dispositivo o de su articulado. Empero, hay situaciones graves vinculadas a la fe de erratas como son el cambio conceptual del contenido, agregar disposiciones que no están en el original o suprimir párrafos o articulado que están en el original.

La importancia de la fe de erratas estriba en que la normatividad general para ser de obligatorio cumplimiento requiere de publicidad, por lo cual se nece-sita certeza y seguridad jurídica en lo publicado pues el error no genera derecho.

Lamentablemente no siempre nos encontramos con errores, pues se puede incurrir en corruptelas cambiando por la fe de erratas el contenido de lo apro-bado. A esto en la jerga abogadil hemos denominado “fe de ratas” que deberían generar procedimientos de determinación de responsabilidades.

Por Ley No 26889 y D. S. No 001-2009-JUS se dispuso que la rectificación por fe de erratas debe solicitarse al diario oficial por el funcionario autorizado por el órgano emisor de la norma dentro de los 8 días hábiles siguientes a la publicación enmendada, y se debe publicar dentro de los 2 días siguientes. El D. S. menciona-do precisa que dicho funcionario está sujeto a las responsabilidades establecidas en las normas pertinentes.

¿Son responsables el Presidente de la República o del Congreso o del Poder Judicial o de los Gobiernos Regionales, o los ministros de estado o los alcaldes

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por las normas y fe de erratas que se envían al diario oficial? No lo son, pues la norma señala con claridad quien debe asumir responsabilidad.

Todavía tenemos vacíos normativos relacionados a la fe de erratas, como vigencia de la corrección y los efectos de la versión primigenia, lo que se debe precisar.

Diario La Razón

12 de octubre de 2014

GARANTÍAS FRAUDULENTAS

Se investiga a un grupo empresarial-abogadil, al que se le imputa la comisión de graves delitos en agravio del Estado y de particulares, que se habría apropiado de bienes ajenos, y lo que es más terrible, usando para el mal los conocimientos jurídicos y versación legal adquirida en la Universidad para colaborar con la Justicia

En ésas investigaciones se ha encontrado que el grupo al que nos referimos, había ideado un sistema para otorgar fianzas irregulares para la contratación con el Estado. Dichas fianzas, que en caso de incumplimiento del postor, o adjudi-catario de la buena pro, o simple proveedor o contratista del Estado, no servían para nada y la pretendida Entidad que las otorgaba no tenía patrimonio que res-paldara los compromisos asumidos. En buena cuenta una estafa o defraudación al Estado.

Lo lamentable en todo esto es que conociéndose desde el Estado la existen-cia de este tipo de entidades cooperativas crediticias extrañas a la fiscalización de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensio-nes (SBS), no se hubiera normado la supervisión.

Las disposiciones legales sobre contrataciones con el Estado, sea para ad-quisición de bienes, para la prestación de servicios o para la ejecución de obras, ordenan la presentación por parte del contratante privado, de fianzas por los adelantos recibidos y por el cumplimiento del contrato.

Las fianzas en cuestión no son simples, ni emitidas por cualquiera, ellas tienen que ser fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realiza-ción automatica, pero adicionalmente tienen que ser emitidas por institucio-nes domiciliadas en el país, bajo la supervisión directa de la SBS y autorizadas expresamente a emitir fianzas; o por entidades financieras del exterior que estén reconocidas por el BCRP como instituciones de crédito de primera categoría.

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Tanto la lista de las entidades crediticias domiciliadas como la de no domi-ciliadas en el país, acreditadas para otorgar las fianzas a que nos referimos, son públicas, esto es que son publicadas en los portales de la SBS y del BCRP, por lo cual ni los que las emiten, ni los que las presentan y menos quienes las validan y aceptan, pueden argumentar desconocimiento ni buena fe.

Al simular características que no tienen las cartas fianzas presentadas por los facinerosos a los que nos referimos, y peor por quienes las han emitido, ha-brían incurrido en delito, pero no son los únicos.

En efecto, quienes recibieron y validaron las fraudulentas fianzas sin haber denunciado penalmente dicha situación, habrían incurrido en el delito de omi-sión de denuncia, y si como se ha informado, hay jueces que ordenaron aceptar las fianzas en cuestión, estos últimos habrían también incurrido en el delito de prevaricado por el que deberían ser procesados.

Hay responsabilidades penales compartidas, que no pueden quedar simple-mente en el tintero.

Diario Expreso

05 de diciembre de 2014

CORRUPCIÓN E INHABILITACIÓN

La inseguridad y la corrupción, son dos de los mayores flagelos que afectan a nuestra sociedad, tal como lo han podido confirmar las encuestas que se han hecho en todo el país.

La falta de correctivos eficaces desde el Estado, está llevando a la sociedad a castigar directamente a los delincuentes, lo que sin duda alguna aumenta la violencia en el país y no arregla nada.

Por otro lado, en el tema de la corrupción, la inercia del Estado es un men-saje perverso pues al igual que mucha gente acepta el “roba pero hace”, también considera como normal que existan funcionarios que por adjudicar obras o ad-quirir bienes y servicios, cobren comisiones (coimas), y que existan empresarios que se las paguen.

El Estado, desde el Congreso de la República, trata de resolver la inseguri-dad y evitar la corrupción, elevando las sanciones previstas en el Código Penal. En la práctica se ha hecho añicos al Código y se ha terminado con su razona-miento principal, el cual es: a mayor gravedad del delito mayor sanción. Hoy nos encontramos con una serie de puntas punitivas, esto es penas para delitos me-nores al homicidio con sanciones mayores al mismo. Se terminó con la relación

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delito-sanción, y el bien más preciado que es la vida, su afectación está menos castigada que cualquier delito menos grave.

Adicionalmente a lo expuesto, y como hoy la población observa que muchos delincuentes están terminando de cumplir su carcelería, incluidos los internados por terrorismo, y podrían mañana ser candidatos a cargos públicos y en teoría ganar elecciones (recordemos el caso de Santos en Cajamarca), quiere por ello soluciones.

Como las normas no pueden ser retroactivas, habría que sugerirle al Con-greso cambios al Código Penal, pero no con el manido uso de aumentar penas privativas de libertad, sino de incrementar la sanción de inhabilitación.

Nuestro ordenamiento penal, en relación con la inhabilitación, sea como pena principal o accesoria, se caracterizó por disponer que ella fuese temporal y no mayor que el tiempo de la pena principal. Felizmente esto varió desde la promulgación de la Ley 30076 que permite que la inhabilitación sea permanente.

Con el antecedente de la Ley 30076, debería el Congreso revisar el Código Penal, para sancionar específicamente, cada uno de los delitos que versen sobre corrupción, con pena adicional de inhabilitación, sea para empleos en el Estado, postular cargos públicos electivos, ser postor en licitaciones o concursos públi-cos, y otros impedimentos que ayuden a sacar del circuito público a tanto inde-seable que daña al país, a la sociedad y a la moral.

Diario Expreso

19 de diciembre de 2014

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MIGRACIÓN

MIGRANTES PERUANOS

El 18 de Octubre, celebramos el “DÍA DE LOS PERUANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR”, establecido recientemente por el gobierno.

Es justo homenaje a más de dos millones de compatriotas que salieron del Perú en búsqueda de oportunidades laborales y animados por su legítimo deseo de elevar el nivel de vida de sus familias.

Tienen muchísimo mérito, pues viajando a países no siempre amigables, te-nían que competir con ciudadanos del país que los albergaba y con migrantes de otras nacionalidades. Si bien es verdad que se beneficiaban con trabajo, no es menos cierto que en algunos lugares soportaron rigores xenofobos.

No todo fue color de rosa, ni la tierra prometida era el paraíso. Quienes migra-ron con altas calificaciones profesionales consiguieron mejores empleos y hasta se convirtieron en empresarios. Otros, con menores calificaciones o sin ellas, tuvieron que conformarse con labores primarias y oficios menores.

Nuestros migrantes, por un lado, redujeron el número de peruanos que busca-ban ocupación en su patria, paliando la creciente oferta laboral y el no suficiente in-cremento de la demanda de empleo. Al mismo tiempo contribuyen al sostenimiento de sus familiares que quedaron en el Perú, a quienes remesan ayuda económica que en su conjunto es importante rubro de ingreso de divisas.

Nuestros migrantes han ido constituyendo instituciones que los agrupan, con vocación de relacionarse entre sí, y al mismo tiempo afirmar los valores de la perua-nidad. Mantienen costumbres y tradiciones peruanas; rinden culto a nuestros Santos y exhiben en procesión al Señor Morado; hacen conocer las bondades de nuestra culinaria; importan nuestros productos; promueven nuestras artesanías; y fomentan la oferta turística peruana, además de visitar a su patria para satisfacer añoranzas.

Para participar en la vida política de su país natal, demandaron el voto por co-rreo, lamentablemente aún no implementado. Su prédica logró que no perdieran

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nacionalidad de origen salvo por renuncia ante autoridad peruana; que se redu-jeran las tasas consulares; que existan cónsules itinerantes; que se les exonere de multas por no votar, habida cuenta de los viajes que realizan desde los lugares de residencia a los de la votación en distantes consulados.

La Cancillería, con acierto, creó dentro de su estructura, las reparticiones necesarias para atender a nuestros compatriotas en el exterior, e incluso, propició que en los consulados se establecieran consejos de consulta para escuchar a los peruanos migrantes y ayudarlos a resolver sus problemas.

El potencial de los peruanos en el exterior es enorme, y hoy en día además de las remesas a sus familiares en el Perú, han comenzado a invertir en vivienda, y ojala en breve también lo puedan hacer en nuestro mercado bursátil, que en rentabilidad tiene importantes ventajas competitivas.

La Cancillería, desde este año, premia a peruanos en el exterior, que desta-can en acciones sociales y por contribuir al fortalecimiento y vinculación de la comunidad peruana en el extranjero con el país. Bien por ello, requieren nuestro reconocimiento, pero además, deberíamos estimular la fidelización para que las segundas, terceras y sucesivas generaciones, no pierdan sus lazos con el Perú.

Diario Expreso

20 de octubre de 2006

PERUANOS EN EL EXTRANJERO

Como hemos expuesto en anteriores oportunidades, el Estado ha comenzado a prestar atención a los peruanos que residen en el extranjero.

Antes los veía lejanos, simplemente se fueron del Perú y en consecuencia ni acordarse de su existencia, ¡que bailen con su pañuelo!

El trato en los consulados era por lo general desaprensivo, distante e indi-ferente con su problemática. Las autoridades consulares privilegiaban la aten-ción de temas de comercio exterior y la notarización del papeleo contractual y abogadil.

Conseguir la revalidación de pasaporte, la gestión de una partida de estado civil, o cualquier otro trámite consular se había convertido en un calvario. Las horas y días de atención en los consulados eran insuficientes y estaban desconec-tados de la realidad de nuestros compatriotas en que la gran mayoría son traba-jadores dependientes, sin mayor decisión en el uso de su tiempo.

Al comprender la importancia de los peruanos en el exterior, el Estado em-pieza a integrarlos en la misión de vender el producto “Perú”, como es su histo-

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ria, su riqueza monumental, variados paisajes, excelencia culinaria, playas ma-ravillosas, selva seductora, y Andes irresistibles, entre muchos otros atractivos.

El Estado dejó de mirar a los peruanos migrantes como simples remesadores de recursos económicos a sus allegados en el Perú, en una visión tuerta, típica-mente mercantilista y oportunista.

Por fin se ha entendido, por ejemplo, el gran sacrificio que significa para nuestros compatriotas en el exterior, votar en las elecciones presidenciales y par-lamentarias. Tienen, la gran mayoría de la veces, que viajar grandes distancias hasta las pocas ciudades en que tenemos consulados para depositar su voto. Son onerosos los viajes, y hay que distraer recursos para alojamiento y alimentación, además de pérdida de salarios en los días de viaje y sufragio.

Se ha eliminado para los peruanos en el extranjero la multa por no votar, y se han condonado las que estaban pendientes de pago. También se terminó con las duras consecuencias que afrontaban para su identificación quienes eran omisos a la votación.

Próximamente se volverá a debatir la creación de distrito electoral para pe-ruanos residentes fuera de nuestras fronteras, con lo que dejarán de ser ciudada-nos a medias. Me explico sólo podían elegir y no ser elegidos, pero con el nuevo distrito electoral podrán igualmente ser elegidos para representar a sus demás compatriotas alejados del terruño. Esto los relacionará más con el Perú, para que con el tiempo en lugar de perder identidad la fortalezcan.

¡Estamos avanzando!

Diario La Razón

26 de noviembre de 2006

INDOCUMENTADOS PERUANOS EN ESTADOS UNIDOS

Por falta de oportunidades, millones de compatriotas migraron al exterior en busca de trabajo. La gran mayoría que migraron, vieron en los Estados Unidos el país de las grandes posibilidades laborales, desde el nivel técnico y profesional más alto, hasta para las tareas más sencillas y de escaso interés para los ciudada-nos de la Unión.

Para sentar sus reales en los Estados Unidos, muchos lo hicieron respetan-do su legislación, obteniendo las visas, permisos de trabajo, y la inscripción de seguridad social.

Sin embargo otros ingresaron a los Estados Unidos premunidos de visa de turista, pero se quedaron en dicho país irregularmente. Algunos que ingresaron

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subrepticiamente, corriendo los riesgos de entregarse a los traficantes de bra-ceros, que lucran con sus esperanzas, sin importarles la integridad de los seres humanos.

Como en los Estados Unidos se ha tornado muy severa la normatividad migratoria, y hasta ahora no ha sido posible equilibrar los intereses de los ciuda-danos con los intereses de quienes carecen de los permisos migratorios corres-pondientes, estos últimos han visto una posibilidad de solución a su situación con la aplicación del llamado TPS o Temporary Protectes Status.

Un sector de peruanos que están en los Estados Unidos en forma ilegal, a quienes se les llama “indocumentados”, pidieron al Gobierno del Perú que soli-cite la aplicación del TPS.

Sin dejar de entender la desesperación de tantos peruanos que residen irre-gularmente en los Estados Unidos, es bueno que conozcan ellos y sus seres que-ridos en el Perú, que el famoso TPS es concesional y discrecional, esto es que un país cuando sufre un desastre, como es el terremoto del 15 de agosto, lo pide, pero los Estados Unidos lo puede o no otorgar, a su libre parecer y entender. No tiene obligación de autorizarlo.

El tema es humanitario, pues expulsar o deportar a inmigrantes irregulares a su lugar de origen, puede conllevarles serios perjuicios, pues antes de ayudar a resolver la problemática de las zonas devastadas, va a incorporar nuevos habitan-tes a ellas, con necesidades de vivienda, servicios y laborales, que hoy por hoy no pueden ser satisfechas.

Hay precedentes del otorgamiento del TPS, como por ejemplo cuando la destrucción causada por el huracán Mitch o del terremoto en Centro América en el 2001, los que deberían ser tomados en cuenta.

El TPS, no es solución permanente, es una ayuda temporal, que puede ir entre los 6 y los 18 meses, pero es ayuda al fin, y puede postergar las angustias de tantos peruanos que migraron con la esperanza de empezar de nuevo, y temen que su estadía en cualquier momento se interrumpa por aplicación de las puni-tivas reglas migratorias

El Perú los ha escuchado y ha presentado el pedido a los Estados Unidos, pero ahora toca a los peruanos que están en ése país, apoyar a que se atienda el pedido, mediante llamadas, correos electrónicos, correos tradicionales, y me-moriales a los parlamentarios del lugar en que residen. Como dicen, a Dios y la patria rogando, pero con el mazo dando.

Diario Expreso

02 de octubre de 2007

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SUFRIMIENTOS DE MIGRANTES

Se acaba de conmemorar el día del migrante, con buena dosis de incienso y mi-rra, y quizás con una visión crematística de su importancia, por la cuantía de sus remesas.

Pese a lo señalado, no todo lo que brilla es oro, pues no son muchos nuestros migrantes que la ven color de rosa. Una gran cantidad de ellos han pasado la mar y morena para tener una posición envidiable, y ello porque partieron con una preparación adecuada y encontraron la oportunidad de sus vidas, aunque otros aún sufren incomprensión y su situación es más que preocupante.

En este artículo nos referiremos a los últimos, para lo cual es conveniente leer la III Encuesta Anual sobre migraciones de peruanos al exterior-Lima Metro-politana y Callao, que acaba de dar a conocer la Universidad de Lima. En ella se advierte que más del 50% de los encuestados preferiría emigrar a otro país, y que cerca del 80% lo haría por motivación laboral. Dato interesante es que apróxima-damente el 50% de los interrogados tiene parientes cercanos en el exterior, y que los destinos más deseados son España y Estados Unidos.

Obviamente la preferencia por España se debe al mismo idioma y la de Es-tados Unidos por el sueño americano, país formado por migrantes de las más di-versas nacionalidades y que encontraron en Norteamérica el lugar donde podían desarrollar sus potencialidades, y por supuesto la constante publicidad del éxito de los pioneros.

El flujo migratorio tradicional, ha tenido dos direcciones, de oriente a occi-dente y de sur a norte, empero en las últimas décadas también se observa flujo sur a sur, pues países de nuestro mundo en vías de desarrollo son a la vez ali-mentadores del flujo como también receptores del mismo. Por ejemplo, muchos peruanos sin estudios universitarios migra a otros países de Sudamérica, para emplearse en actividades manuales y en asistentes del hogar.

Durante varias décadas los países tradicionalmente receptores de migrantes, los admitieron de buena gana, les dieron las correspondientes autorizaciones de residencia e igualmente los permisos para trabajar. Sin embargo ésa situación co-menzó a variar cuando por el avance de la ciencia y la tecnología los puestos la-borales decrecieron, se incrementó la competencia laboral, el comercio del mun-do globalizado originó que inversores cambiaran los países donde desarrollaban sus actividades productivas a países donde los costos laborales eran menos one-rosos, con lo que aumentó la masa de desocupados en los países occidentales desarrollados, que obligó a sus gobiernos a cautelar el mercado laboral de sus nacionales. Esto significó que se relegara a muchísimos migrantes a los trabajos que los ciudadanos de países desarrollados no deseaban realizar.

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Además del tema económico-laboral, ello influyó también en la temática social, pues los lugareños de los países occidentales-desarrollados, empezaron a ver a los migrantes como competidores no deseables, acarreando sentimientos negativos, sin olvidar que ello también fue alimentado por acciones recusables de algunos migrantes, que lejos de trabajar, prefirieron la vía cuestionable de perpetrar inconductas.

En España, por ejemplo, a nuestros hermanos sudamericanos se les comenzó a llamar despectivamente “sudacas”, lo que también acaeció en otros lugares de Europa. En los Estados Unidos de América, el gran cambio de país amigable a la migración a país temeroso de ella, fue el fatídico setiembre 11 del 2001, con el luctuoso recuerdo del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Un país en que se veneraba la libertad pasó a la cultura de la seguridad y de rígidas fronteras.

Hoy por hoy se dice que hay apróximadamente doce millones de migrantes en los Estados Unidos que están allí irregularmente, auque algunos estiman que la cifra puede multiplicarse por tres, y que de ellos el 40% ingreso a territorio de la Unión informalmente. Con anterioridad, quienes estaban en ésa situación de indocumentados, la soportaban, en alguna forma conseguían trabajo, podían tener acceso a algún tipo de seguros, incluso hasta podían obtener licencia de conducir, y estaban integrados a la economía formal, con cuentas bancarias, tar-jetas de crédito, adquisición o arrendamiento de predios y hasta contratación de hipoteca para solventarlo.

La situación de los migrantes irregulares en Estados Unidos ya no es la mis-ma, cada día se les disipa la posibilidad de solución, y el sueño americano se les está convirtiendo en pesadilla. Dejaron todo en sus países para buscar nuevos horizontes, pero se les estrecha. Ya no pueden como se dice, seguir jalando la pita, hoy son perseguidos en algunas localidades.

Lo explico, ante la falta de aprobación de una ley federal, es decir nacional, en algunos Estados, Condados y Ciudades, sus autoridades están aprobando o en vías de aprobación, normatividad migratoria restrictiva, no sólo para el futu-ro, sino para tratar de que quienes migraron a los Estados Unidos y están ilegal-mente, simplemente se vayan a sus países de origen. Esto no sólo apesadumbra a muchos migrantes y sus familias, sino que les ha causado comprensible pánico.

Los migrantes irregulares observan redadas, arrestos, prohibición en al-gunos lugares de arrendar viviendas, detenciones por la simple apariencia de “ilegales”, impedimento de aplicar para licencias de conducción vehicular, se multa a quienes los contratan, son despedidos, no acceden a seguros. Por temor muchas veces ni se atreven a visitar los consulados de sus países de origen, pues creen que la autoridad migratoria los emboscará, con lo cual ni siquiera pueden regularizar sus documentos nacionales.

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Francamente una situación dramática que es necesario corregir. Nadie niega el derecho del “país receptor” de imponer reglas, pero es necesario que se haga un corte, solucionando la situación de quienes ya están en los Estados Unidos y que no han incurrido en inconductas penalizadas no migratorias, con quienes puedan ingresar en el futuro irregularmente o tornarse su estadía en ilegal. Es indispensable una legislación adecuada que arregle el status de he-cho y al mismo tiempo avise que no se le volverá a tolerar. Con ello por un lado dejarán los migrantes de pasar el calvario al que están sometidos y por otro no se privará a los Estados de la Unión, de contar con personal emprendedor, laborioso y que quiere labrarse un futuro promisorio.

Ya bastante sufrimiento tienen los que migraron para que su migración sea un nuevo Gólgota. Salieron de sus países separándose padres de hijos, esposo de esposa, con mil y un interrogante sobre el futuro, para encontrarse con una realidad cruel hoy en día, sujetos de explotación por falta de papeles, vivir hasta en condiciones de hacinamiento, ser sujetos de rechazo e incluso discriminación. Urge resolver todo ello y que cese su martirio.

Diario La Razón

23 de octubre de 2007

OEA: VELARÁ POR MIGRANTES

Probablemente, para muchas personas sea sorpresa que la OEA se ocupe de te-mas que tienen estrecha relación con los seres humanos. Haciendo un somero inventario es bueno tener en cuenta que dicho organismo hemisférico labora en buscar fórmulas y mecanismos para reducir la pobreza, atender a los desplaza-dos, mejorar la salud, colaborar frente a epidemias, ayudar en desastres natura-les, elevar niveles educativos, desminado humanitario, y tantas otras actividades de carácter solidario.

La OEA no ha sido desaprensiva respecto al fenómeno migratorio, y se viene ocupando de promover y proteger los derechos de los trabajadores mi-grantes y sus familias, habiendo adoptado el correspondiente Programa Inte-ramericano.

El accionar de la Organización no se ha agotado en declaraciones y resolu-ciones, y acaba de conformar una Comisión Especial de Asuntos Migratorios, para analizar temas y flujos de migración desde una perspectiva integral, tenien-do en cuenta las disposiciones que sobre el particular contiene el derecho inter-nacional de los derechos humanos.

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Para conformar la aludida Comisión, que contó con el decidido apoyo del Perú, se consideró la importancia de realizar un serio análisis sobre la migración, regular e irregular, así como los flujos migratorios en el hemisferio, sus causas y el impacto de los mismos en todos los Estados Miembros de la OEA.

Se reconoció también para ello que la migración es un reflejo de los proce-sos de integración y globalización, y una consecuencia de la disminución de las barreras tradicionales a la movilización de las poblaciones. En adición, que los flujos migratorios, probablemente, se incrementarán como resultado de factores sociales, económicos y demográficos, incluyendo los esfuerzos de integración subregional.

Sin haberse explicitado, y no por ello dejado de tener en cuenta para el esta-blecimiento de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios, ha estado en la mente de los diversos países de la OEA, lo que ha venido sucediendo con los migrantes, no sólo en nuestra América, sino incluso en el Viejo Continente. Para nadie pasa desapercibido que miles de miles de migrantes que buscaron nuevos horizontes laborales y oportunidades que no encontraban en sus países originarios, hoy por hoy no son aceptados en los países de destino.

Los migrantes están sufriendo infinidad de penurias, pues además de estar lejos muchas veces de sus seres queridos, por la falta de legalización y formaliza-ción de su situación migratoria, enfrentan innumerables vejámenes y hasta diría-mos persecución. En algunas oportunidades, también agresión con componente xenofóbico que es inadmisible e inaceptable.

La Organización de Estados Americanos es la institución adecuada para estudiar la problemática y buscar soluciones, pues en ella están los países que alimentan el flujo migratorio, como los países destinatarios del citado flujo, sin ol-vidar que los hay de los que tienen ambas situaciones. No debemos olvidar que la migración en América tuvo la dirección sur a norte, a la que en los últimos lustros se agrega la sur a sur.

Nadie niega el derecho de los países que reciben migrantes de emitir dispo-siciones legales que tienen que cumplir quienes en ellos se cobijan, pero sin que ello signifique atentar contra los derechos humanos, como son el de la identidad, el de tú propia integridad, así como dignidad, entre varios otros.

La tarea que ha emprendido la OEA es alentadora, y habiéndose iniciado de inmediato, esperemos que concluya rápidamente, para terminar en lo posible con las frustraciones y desesperanza, de quienes buscaron mejorar su vida y la de sus familias.

Diario Oficial “El Peruano”31 de octubre de 2007

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MIGRANTES DESPROTEGIDOS

En artículo anterior hacíamos notar la grave situación por la que atraviesan mi-grantes irregulares en países de nuestro hemisferio como también del viejo con-tinente. Sufren redadas, arrestos, emboscadas migratorias, prohibición de arren-dar viviendas, imposibilidad de obtener seguros, despidos por falta de papeles en regla y muchísimos otros vejámenes y medidas abusivas.

Lo antes señalado se añade a los sufrimientos por tener que vivir lejos de fami-liares y del terruño, así como ver que los sueños de un futuro mejor se convierten en la pesadilla de un presente peor.

Hemos también observado en los medios de prensa ataques que colindan con la xenofobia a migrantes latinoamericanos.

Esperábamos por lo menos la voz y protesta de las llamadas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos. Pudiera ser que los de-cibeles estuvieran cercanos al silencio, en caso de haberse producido, pero lo cierto es que no aparecen. No vemos un comunicado, no escuchamos un pronunciamien-to, no han presentado pedido alguno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque pudieran haberlo hecho ante otras autoridades.

No se trata de faltas, ni de acciones leves contra migrantes. No señor, se tra-ta de graves transgresiones a la normatividad de los Derechos Humanos, que no pueden pasarse por alto.

En efecto, los abusos de que son objeto nuestros migrantes indocumentados, ilegales, o irregulares, o como quiera llamárseles, atentan contra sus derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la identidad, a la integridad personal, a la liber-tad y al derecho de circulación, todos ellos consagrados en la Convención Ame-ricana sobre Derechos Humanos. Los derechos que se conculcan, no sólo están previstos y reconocidos en la ya mencionada Convención Americana sobre Dere-chos Humanos, sino también en El Protocolo de San Salvador, de la que el Perú es igualmente signatario, donde se protegen los derechos a la igualdad, a la salud, a la educación y al trabajo, entre otros, todos los cuales se les pretende impedir a miles de miles de nuestros migrantes. Como vemos hay tela para cortar, pero lo que brilla por su ausencia es el sastre que la corte. El silencio de quienes se auto-titulan defensores de los derechos humanos, o su baja intensidad expresiva, es preocupante.

Es difícil comprender la ausencia de protesta frente al agresor foráneo de nuestros compatriotas, que difiere de su constante y reiterativa denuncia contra el Estado Peruano. Al Perú, sin justificación, lo sientan en el banquillo de los acu-sados por cuanto asunto les pasa por la mente. No exageramos, pues pretendían que nuestro Estado dé cuenta de la implementación de las “recomendaciones”

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de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), como si fueran mandato-rias o vinculantes. Tampoco exageramos con el dicho, pues por el sólo hecho que el Estado dispusiera conocer la utilización de sus recursos, lo digitaron de atentar contra los defensores de los derechos humanos. Dijeron que no se res-petaba a las mujeres, cuando bastaba simplemente abrir los ojos para ver que teníamos una Defensora del Pueblo, una Fiscal de la Nación, y en ése momento a la Presidente del Congreso de la Republica.

Pero aún hay más, siguen pretendiendo que nuestro sistema previsional retroceda a lo que fue antes de su reforma, quieren que vuelva a ser un sistema quebrado y sin futuro para los próximos jubilados y pensionistas. Su accionar contra el Perú es de tal naturaleza, que pretenden que cerca de 28 millones de peruanos estemos aislados de los beneficios de la modernidad y de la nece-sidad de incorporar nuevas fuentes de energía, pues prefieren “defender” a quienes nadie les pidió que los defiendan, bajo el pretexto de querer continuar aislados en la selva peruana, pues son “no contactados”.

Ultimamente volvieron a quejarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por los decretos legislativos que había sancionado el go-bierno para enfrentar la delincuencia. Lo hicieron a sabiendas que tales nor-mas aún debían pasar por la fiscalización parlamentaria, y consecuentemente también a sabiendas que podían ser modificadas.

Bueno pues, si quieren defender los derechos humanos, la causa de nues-tros migrantes bien merece su atención, en lugar de estar señalando al Estado por montones de asuntos que no tienen asidero. Alguien nos sopló al oído que no tocaban el tema migratorio pues colisionarían con algunos Estados que las financiaban. Nos negamos a creerlo.

Diario La Razón

01 de noviembre de 2007

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

América, durante siglos, recibió generosamente a inmigrantes de otras lati-tudes, principalmente europeos, de lo que hoy en día son España, Portugal, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, entre otros. También llegaron de Asia y África, y los inmigrantes se relacionaron con nativos generando el mestizaje por todos conocido.

La corriente migratoria en América revertió en las últimas décadas. En efecto, desde México hasta el sur, muchísimas familias migraron hacia Europa,

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pero también a los Estados Unidos y a Canadá, buscando nuevos horizontes y oportunidades laborales que los países latinoamericanos no ofrecían acordes con el aumento poblacional.

Hoy en día, debido entre otras causas a la crisis económico-financiera in-ternacional, los países que tradicionalmente eran recipiendarios de corrientes migratorias, están poniéndole trabas burocráticas, exigencias severas e incluso penalización, con lo cual no solamente desestimulan la inmigración sino po-nen en peligro la permanencia de quienes ya estaban residiendo irregularmen-te en los países a que nos referimos. Un último ejemplo es Italia.

En los últimos años muchos peruanos migraron a Italia, que los recibía con afecto y que atendían ocupaciones en que había déficit, como son enferme-ría así como cuidado de ancianos y niños. Hoy por hoy, la situación varía, y eso nuestros compatriotas que buscan emigrar tendrán que tenerlo muy en cuenta.

Italia acaba de aprobar una nueva normatividad sobre el tema, que es el Decreto Ley 78, por el cual convierte la inmigración clandestina en delito al tipificar como tal al ingreso y estadía ilegal en territorio italiano. No tiene castigo de cárcel, pero la sanción es de multa de cinco a diez mil euros y a la inmediata expulsión.

Las sanciones también son para los que dan facilidades a los inmigrantes irregulares, ya que por ejemplo dispone la reclusión y eventual confiscación del inmueble para quien lo alquila a tales inmigrantes como alojamiento.

La draconiana norma, que atenta contra los derechos humanos, obliga a los extranjeros que desean casarse en Italia, a exhibir el permiso de estadía, lo que de suyo significa que los migrantes irregulares no podrán casarse.

También la norma que comentamos obliga a las ventanillas de entidades que intermedian la transferencia de dinero, a exigir el permiso de estadía de sus clientes y a informar a la policía respecto a quienes no lo tuvieran, y la contravención a la norma hace perder la correspondiente licencia para operar con transferencias financieras.

Para acceder a los servicios públicos y para actos de estado civil, será también necesario mostrar el permiso de estadía, salvo para atención de salud e inscripción escolar, lo que haber sido incluìdo hubiera sido francamente in-humano.

En lo que se refiere al grupo de trabajadores apreciadísimos por la caren-cia italiana de ocupaciones de trabajadores del hogar y de atención de ancia-nos, se les ha dado algunas facilidades, pero únicamente a quienes tuvieren al 30 de junio del 2009, más de 3 meses de labor.

Como vemos, nuestros paisanos deberán evaluar prolijamente en el fu-turo, sobre la exposición que significará viajar como turistas y residir en el

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exterior sin permisos en regla. Las barbas en remojo, como bien señalaban los costumbristas.

Diario La Razón

23 de agosto de 2009

POSITIVA ACTITUD

Invitado por la Federación Mundial de Instituciones Peruanas-FEMIP y la Associa-ciao de Metges Peruans de Catalunya, participé nuevamente en Barcelona, de los eventos de la quinta versión del llamado Salón Perú, donde nuestros compatriotas que migraron al exterior en búsqueda de nuevas oportunidades, y que han logrado un importante sitial dentro de las comunidades profesionales, gremiales y empre-sariales que los albergan, han dado muestras de desprendimiento y amor al Perú.

Esos compatriotas, muchos de ellos médicos de profesión, no se han limi-tado a querer mantener nexo con nuestro Perú a través de procesos electorales, procesiones, viajes de retorno temporal y envío de remesas a sus familiares que viven en el Perú. Para nuestra satisfacción y asombro, han elevado su gra-do de compromiso con el Perú sin que nadie se los haya pedido, sin ni siquie-ra recibir ayuda gubernamental y algunas veces enfrentando la burocracia e indolencia consular. He sido testigo del cariño y entrega, para hacer eventos con su propio peculio, sin mayores patrocinadores, para mostrar al exterior un Perú moderno, estable, que ansía inversiones generadoras de puestos de trabajo, que quiere elevar los niveles de vida de su gente, que ofrece reglas de juego permanentes para proteger las inversiones, que está dispuesto a seguir suscribiendo convenios para evitar doble tributación. Han mostrado produc-tos manufacturados, han exhibido materias primas, han hecho degustaciones de nuestra excelente culinaria, y han promovido nuestro pisco, hoy convertido como buque insignia para la promoción de exportaciones.

Algunos incrédulos, seguramente pensarán que ello algún beneficio les otorgará a los organizadores y a sus colaboradores, pues ninguno, les cuesta de su bolsillo, lo hacen con alegría y con mística, pues son orgullosos de nues-tro Perú y quieren lo mejor para la patria. Mientras en el suelo patrio muchos se desgañitan por desprestigiar a nuestro Perú, hay peruanos en el exterior que son “camiseta”, y que hacen muchísimo más por la patria que quienes incluso están rentados para velar por ella.

Diario Expreso

06 de noviembre de 2009

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DEFENSA DEL MIGRANTE

Cada cierto tiempo nos acordamos de los peruanos que migraron al exterior en búsqueda de mejores oportunidades de vida que lamentablemente no encon-traron en el país. Destacamos su valentía y sacrificios para ubicarse en otros países a veces con actitudes inamistosas, y agradecemos por las remesas dine-rarias que envían a sus familiares en el Perú.

El valor de nuestros emigrantes es enorme, pues migran sin recursos a escenarios hostiles, poco afectos a recibirlos pues compiten con sus nacionales, salvo para actividades de menor significación, que les son necesarias. Ensal-zamos la vocación que tienen de mantener lazos de afecto su tierra y por la ayuda que prestan a sus pueblos originarios, contribuyendo a sostener postas médicas, colegios y otras obras de bien.

Sin embargo, no podemos quedarnos en las valoraciones que hemos rese-ñado, sino entender la propia naturaleza del fenómeno migratorio para accio-nar a favor de los migrantes, que hoy por hoy, están siendo empujados a dejar los países que les dieron hospitalidad y oportunidades de vida interesantes. Por la crisis económico que el mundo afronta, los países que antes los acogían hoy dictan disposiciones para llevarlos fuera de sus fronteras, y de ser el caso que vuelvan a sus países de origen.

El movimiento migratorio, nace con la propia humanidad, pues las fami-lias y grupos sociales eran nómadas hasta convertirse en sedentarios. Tenían muy arraigado el principio de la libertad, el libre tránsito y el derecho a buscar el habitat adecuado.

Por otro lado el ansia de progreso, movió a las comunidades receptoras de migrantes a elevar sus niveles de vida, pero según avanzaban en ello, dejaban ocupaciones de menor consideración social, para que las realizaran los migran-tes. Cuando la situación económica aprieta, cuando se pierden puestos de traba-jo, y cuando hay que subsistir, buscan nuevamente los puestos que dejaron a los migrantes, y echan a estos fuera de sus fronteras. Los países y sus ciudadanos anfitriones, dejan de ser inclusivos, tornándose cerrados, con lo cual atentan con-tra la naturaleza de su ser, y olvidan que de los migrantes hasta presidentes han salido, sin ir muy lejos acordémonos del origen del Presidente Obama.

Las expulsiones, abruptas conclusiones de tiempo de residencia y otras acciones contra los migrantes no resuelven el problema de desplazados y re-fugiados, y van creando odios y frustraciones que es necesario resolver, con normatividad internacional equilibrada, justa y solidaria.

Diario Oficial “El Peruano”21 de diciembre de 2009

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MIGRANTES Y CONSEJOS DE CONSULTA

Se acaba de promulgar y publicar la “Ley de los Consejos de Consulta de las Comunidades Peruanas en el Exterior”. Los Consejos de Consulta existen des-de hace varios años, pero no siempre las comunidades peruanas en el extranje-ro participaban adecuadamente apoyando los esfuerzos de nuestros cónsules, más aún por deficiencia de la normatividad previa a dicha Ley confundían su naturaleza y hasta en algunos casos obstaculizaban la labor consular y sus in-tegrantes consideraban que eran autoridades superiores a los cónsules.

La Ley que ha sido aprobada, define con nitidez los objetivos de los Conse-jos de Consulta, que deben constituirse en espacio de participación y cooperación con nuestras oficinas consulares y no en obstrucción de su actuación, debiendo ser facilitadores del diálogo y comunicación entre los peruanos en el exterior y dichas oficinas, ayudando a la promoción de nuestra cultura, así como a la inser-ción e integración de nuestros connacionales en el país que los acoge.

La norma legal a la que nos referimos determina con claridad algunos aspectos que hay que resaltar como es la cooperación de quienes conforman los Consejos a favor de obras de carácter humanitario que se desarrollen en el Perú, lo que ordenará su invalorable apoyo. Adicionalmente, y con debido conocimiento de lo que está ocurriendo a quienes migraron en búsqueda de oportunidades en el extranjero -que en los últimos tiempos afrontan exagerado celo de los nacionales y sus países que son anfitriones- los faculta a respaldar a la autoridad consular en la protección de nuestros migrantes e incluso fomen-ta las denuncias legítimas de las expresiones de intolerancia, discriminación, racismo y también de xenofobia.

La cooperación y colaboración entre la autoridad consular y nuestros mi-grantes debe ser muy estrecha, máxime si se tiene en cuenta que en algunos países se ha llegado hasta penalizar la permanencia de migrantes sin autori-zación oficial de residencia o que teniéndola no la renovaron oportunamente. Los migrantes además de ayudar a sus familias que quedaron en sus países de origen, también aportan al desarrollo de los países que los acogen, se nutren de nuevos conocimientos, muchísimos de ellos son excelentes trabajadores, empresarios, profesionales y practican diversos oficios que usualmente son apreciados, pero que cuando la crisis económico-financiera que aún persiste y aprieta, se tornan en competidores de los nacionales de los países que los reci-bieron que pretenden asegurar los empleos para sus ciudadanos, en perjuicio de los migrantes.

Hay casos verdaderamente patéticos de migrantes que con esfuerzo se han hecho de algún patrimonio, adquirieron inmueble para su vivienda, y de

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la noche a la mañana son expulsados del país receptor, impidiéndoles cumplir con sus cuotas de préstamos hipotecarios y pierden lo que con tanto sacrificio habían acumulado. Hasta se encuentran con tanta severidad normativa que se les quita el acceso a la seguridad social, a la matrícula de sus hijos en colegios y universidades y hasta se les niega licencia de conducir vehículos. Se ha ido en algunos lugares a extremos inenarrables, por lo que es absolutamente saluda-ble que el Estado Peruano haya innovado en los Consejos de Consulta la par-ticipación de nuestros migrantes para hacer respetar sus derechos y denunciar los vejámenes y abusos a que son sometidos en algunos lugares del exterior.

Diario Oficial “El Peruano”01 de febrero de 2010

RETORNO DE COMPATRIOTAS

Cerca de tres millones de peruanos residen en el extranjero quienes migraron para buscar oportunidades laborales que no encontraban en el Perú o mejores condiciones de vida.

Cuando el Perú deja de lado populismos y entiende que en un mundo globalizado y competitivo hay que dar seguridades a la inversión, para que ella brinde empleo digno y la población eleve su nivel de vida, las cosas co-menzaron a cambiar y muchos peruanos que migraron empiezan el camino de retorno, para lo cual el Estado en el año 2004 les dió diversos beneficios mediante la “Ley de Incentivos Migratorios” No 28182.

Como quiera que los incentivos de la Ley citada se dieron por plazo de cinco años, que ya vencieron, se acaba de publicar la Ley 29508 que restablece la vigencia de la norma inicial, y ahora por nuevos tres años se vuelve a otor-gar beneficios a los nacionales que quieran retornar al Perú, y ello es altamente positivo, sobre todo en los actuales momentos en que varios países que eran amables con los migrantes y los recibían con los brazos abiertos, hoy por la cri-sis económica-financiera que aún afecta al mundo, se han tornado inamistosos con sus huéspedes y en algunos sitios se ha llegado hasta el extremo de pena-lizar a quienes no tienen sus papeles y permisos migratorios en regla. Si antes se recibieron a los migrantes con bombos y platillos, hoy se les pone alfombra de seda, pero injustamente para que se vayan.

Por lo demás el momento de restablecer los incentivos de la Ley 28182 es más que adecuado, pues a las consecuencias migratorias de la crisis económica internacional, hay que agregarle que en varios lugares de nuestro planeta se

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producen graves catástrofes naturales, que también obligan a parte de nuestros compatriotas migrantes a regresar al Perú.

Son requisitos para acogerse a los incentivos tributarios de que tratamos, el haber permanecido en el extranjero no menos de cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de acogimiento, así como manifestar por escrito el interés de retornar al Perú. Los beneficios que la Ley confiere son la liberación de todo tributo que grava el internamiento en el país de menaje de casa hasta por treinta mil dólares americanos y un vehículo automotor hasta por igual límite, e incluso internamiento de instrumentos profesionales, maquinarias, equipos, bienes de capital y otros que usen en el desempeño de su profesión, oficio o actividad em-presarial hasta por un máximo de cien mil dólares americanos.

Esperamos que la vuelta de los beneficios para el retorno de peruanos que desean desempeñarse en su patria, los estimule a regresar y dar su conocimiento y experiencia en este Perú que quiere desarrollarse para satisfacción de todos, incluso de quienes aún siguen anclados a concepciones dogmáticas y fracasadas en todo el universo.

Diario Expreso

30 de abril de 2010

ADMIRABLE PREOCUPACIÓN

Una niña peruana de siete años, acaba de dar al mundo una lección, que la prensa ha resaltado como ejemplo. Me refiero a Daisy Cuevas que en la conversación que sostuviera Michelle Obama con niños de una escuela cercana a Washington DC pocos días atrás, compartió con la Primera Dama del país más poderoso del universo, la preocupación por la situación de los migrantes indocumentados.

En palabras sencillas e inocentes -pero que denotan una inteligencia supe-rior- le expresó a la señora Obama: “mi mamá está con miedo porque la van a botar de los Estados Unidos”. En buena cuenta lo que señaló es la angustia de mi-llones de inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, por encontrarse en dicho país sin la visa que los autorice a permanecer en él, así como a trabajar.

El tema trasciende a Estados Unidos de América, puesto que en muchos otros países desarrollados de este mundo globalizado en que nos ha tocado vi-vir, probablemente por la crisis económico-financiera que no termina, se dictan medidas protectoras de sus mercados laborales tan debilitados por ella y con importantes índices de desocupación. Se privilegia al trabajador nacional frente al migrante extranjero, y los primeros van ocupando los puestos que antes se habían relegado a los segundos.

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Recientemente en el Estado de Arizona se aprobó norma legal mediante la cual por solo sospecha de situación de indocumentado, se puede intervenir al sospechoso, y por si fuera poco, también por suposición de perpetración de acto ilegal, se podrá detener al presunto infractor para su posterior expulsión del te-rritorio norteamericano. Igual se penaliza solicitar trabajo por el indocumentado, así como el contratar a ilegales.

Lo peor es que el asunto no queda en Arizona pues hay otros Estados de la Unión en que ya se discute aplicar normatividad similar, lo que pone en peligro a millones de personas que salieron de sus países en búsqueda de oportunidades para su subsistencia y el mantenimiento de sus familias.

Daisy Cuevas ha puesto en evidencia la zozobra en que viven los indocu-mentados, sus temores y ansiedad ante la posibilidad que sean detenidos y de-vueltos a sus países de origen, e incluso perdiendo sus bienes o parte de ellos.

Las promesas de la pasada campaña electoral aún se pueden escuchar, pues para atraer el voto de los inmigrantes latinos documentados, se ofreció a los in-documentados el oro y el moro. Esto debemos recordarlo a quienes hoy gobier-nan en los Estados Unidos de América, para que cumplan la palabra empeñada y encuentren solución equitativa para tantas familias que fueron deslumbradas por el sueño americano.

La ONU y la OEA deberían también ocuparse del tema con más firmeza y menos retórica, en un asunto tan trascendental que no puede postergarse.

Diario Expreso

28 de mayo de 2010

PERSECUCIÓN A MIGRANTES

En varias ocasiones hemos tratado sobre los movimientos migratorios, los pade-cimientos de los migrantes en búsqueda de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida, así como el compromiso de estos últimos con el país de origen y con la familia que dejaron.

Hay migrantes que tienen sus papeles en orden, esto es autorización para trabajar y residencia en los países que los albergan, pero hay otros que no los tie-nen, aunque se las agenciaban para vivir sin ellos. La situación de estos últimos ha variado en muchos países, como por ejemplo en Italia al haberse dictado se-veras disposiciones legales en materia de extranjería, como también en Japón y en los Estados Unidos de América en que su situación se ha tornado crítica, entre otros países.

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En efecto, recordemos que en el Estado de Arizona en breves días entra en vigor la Ley SB 1070, la cual penaliza a los inmigrantes carentes de permiso para laborar y residir, y que incluso pueden ser pasibles de detención por autoridades migratorias y policiales por la simple sospecha de su condición de indocumenta-dos, lo que en buena cuenta se podrá ejecutar por los rasgos raciales de aquellos.

Lejos de haberse revertido los peligros para los migrantes indocumentados de Arizona, el mal ejemplo se expande, tan es así que en el Estado de Nebraska, específicamente en la ciudad de Fremont ha sido prohibido el alquiler de inmue-bles a migrantes sin documentación, así como también el darles trabajo.

En otras circunscripciones territoriales de los Estados Unidos de América, ta-les como Florida, Idaho y Minnesota se vienen proponiendo medidas tan absurdas como las de Arizona, lo que está llevando a la desesperanza a muchísimas familias migrantes, que perciben los peligros de su permanencia en los lugares en que viven y laboran, y ven que las promesas electorales que se hicieron para lograr el voto de los originarios de Latinoamérica en el último proceso electoral, no tienen hasta ahora correlato con la realidad. Sin embargo se abre una ventana de esperanza con la reciente invocación del Presidente Obama para que se apruebe en su país la re-forma migratoria que termine con la angustia de los indocumentados.

Estamos frente a la persecución de migrantes indocumentados bajo el tamiz de regulaciones de extranjería, que constituye acción discriminatoria por razón étnica, lo que es contrario al artículo séptimo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

También se transgrede, con el accionar discriminatorio que hemos mencio-nado, la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros que norma el inciso 9 del art. 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pese a que la traten de disimular con decisiones singulares. Si la persecución es por sospecha, la sospecha por rasgos étnicos, y la expulsión es de todos aquellos de rasgos di-ferentes a los arios encontrados sin documentación debida, ergo la expulsión es colectiva por más maquillaje legal que se aplique.

Su Santidad Benedicto XVI en su Carta Encíclica “Caritas in Veritate”, res-pecto a las migraciones, propicia una política de cooperación internacional a la que hay que acompañar de “…adecuadas normativas internacionales capaces de armonizar los diversos ordenamientos legislativos, con vista a salvaguardar las exigencias y los derechos de las personas y de las familias emigrantes, así como las de las sociedades de destino”. Les reconoce a los migrantes la contribución “…con su trabajo al desarrollo económico del país que los acoge, así como a su país de origen a través de las remesas de dinero”, pero lo que es más importante, enfatiza que “todo migrante es una persona humana que… posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación”.

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¿Y qué hacen ante ello las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos? Lamentablemente la respuesta es: muy poco, pues más allá de ponposas declaraciones y resoluciones, su valor no va más allá de papel mojado, por lo que se hace imperativo que cumplan con el rol de defensa de los Derechos Humanos para los que fueron creadas, esperando que también las Organizacio-nes No Gubernamentales -que se supone defienden Derechos Humanos- hagan lo suyo, que en este caso es más que necesario.

Diario La Razón

04 de julio de 2010

AMNISTIA MIGRATORIA

El Presidente Barack Obama, ha retomado interés para que se aprueben nuevas reglas migratorias, que puedan entenderse como amnistía para los migrantes in-documentados, especialmente para quienes viven muchos años en los Estados de la Unión sin permiso de residencia o de trabajo. Muchos han tenido hijos nacidos en el país al que fueron en búsqueda de las oportunidades a las que no tenían acceso en sus países de origen.

De aprobarse normatividad migratoria que solucione el problema de mi-llones de migrantes indocumentados en los Estados Unidos, les resolverá sus angustias, pues viven a “salto de mata”, con el peligro de ser detenidos y depor-tados a sus países desde los cuales emigraron, convirtiéndose el “sueño america-no” en pesadilla.

Gran parte de quienes emigraron a los Estados Unidos de América, siendo originarios de Latino América, y que aplicaron para conseguir primero residen-cia y luego nacionalidad; en las últimas elecciones presidenciales votaron por Barack Obama, quien en la campaña ofertó resolver el problema de los ilegales.

La triste situación de los indocumentados no se agota en sus temores ante el futuro, sino también se aprecia en las penurias que soportan por el trato discri-minatorio del que cotidiana e injustamente son objeto.

He recibido información de casos dolorosos en que empleadores inescru-pulosos contratan mano de obra latina, de inmigrantes indocumentados, que al final de la prestación laboral no les pagan los jornales, amenazando con llamar a las autoridades de inmigración si el afectado se queja. El trabajador indocu-mentado es extorsionado, y acepta la situación pues tiene miedo a ser deteni-do, encarcelado y luego deportado, con pérdida -en muchas oportunidades- hasta de sus bienes.

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Hay casos en que otros trabajadores inmigrantes, aparentemente docu-mentados, dan datos falsos, lo que es percibido por también malos empleado-res, quienes les pagan retribuciones muy por debajo de los estándares regula-res, lo que evidencia un aprovechamiento indebido, por decir lo menos.

Otros casos no menos indignantes, son los de aquellos indocumentados a los que se les descuenta cotizaciones de seguridad social, sobre todo para pla-nes de retiro, a los que lamentablemente no podrán acceder por su situación de “ilegales” al ser indocumentados. Pierden sus aportes y también la esperanza de acceder a la pensión de retiro.

Al igual como existen empresarios y empleadores concientes y respetuo-sos de la dignidad humana, también hay de los otros, quienes deben variar su actitud, sea que se apruebe o no la amnistía migratoria que millones de latinoa-mericanos, caribeños y de otras latitudes, esperan con impaciencia.

Diario Expreso

10 de setiembre de 2010

PLAN INTERSINDICAL PARA LAS MIGRACIONESLABORALES

Las centrales sindicales peruanas, con madurez, se han interesado seriamente en el fenómeno social de las migraciones laborales. Bajo la perspectiva del tra-bajo decente, elaboraron el Plan Intersindical para las Migraciones Laborales (PIM) y suscribieron la Declaración de Compromiso para llevarlo adelante. Para ello contaron con la asistencia técnica de la OIT, del Instituto Laboral Andino y de la Coordinadora de Centrales Sindicales Andina, entre otros, y el apoyo del Ministerio del Trabajo, máxime que en su Ley de Organización y Funciones No 29381 tiene entre sus competencias la formulación de políticas nacionales sobre migración laboral.

En su diagnóstico advirtieron que “mientras en los países receptores, ge-neralmente debaten en cómo restringir la entrada de extranjeros, en los países de origen las preocupaciones giran en torno a como mejorar la protección de los derechos laborales y el envío de remesas de las personas migrantes”. Se ocupa también de las llamadas “remesas sociales” como son el conocimiento, valores, recursos y contactos.

También advirtieron de las penurias de muchos migrantes ante graves situaciones de vulnerabilidad, como son la precariedad y explotación laboral, condiciones abusivas de empleo, la trata de personas, la xenofobia, y la dis-

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criminación entre tantas otras, lo que se agrava para los migrantes del sexo femenino y con mayor profundidad en trabajadores del hogar.

Reconocen que hay que compatibilizar el derecho de los estados para re-gular la entrada de personas a su territorio de acuerdo a las necesidades de su aparato productivo, y la obligación de no violentar la dignidad humana de los trabajadores que migran en búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida para ellos y sus familias, sin olvidar su contribución al desarrollo de los países receptores.

Son destacables diversas propuestas que están inmersas en el PIM, como por ejemplo la difusión de la Declaración de la OIT respecto a la justicia social y la globalización equitativa adoptada en su Conferencia de junio del 2008, asi como también el Marco Multilateral de la OIT para las migraciones laborales. Aboga igualmente por el tripartismo para diseñar las políticas públicas nacio-nales sobre las citadas migraciones, esto es la participación en concierto entre Estado, trabajadores y empleadores.

Además de ratificar -como es lógico- la promoción de los Derechos Hu-manos y de los Derechos Laborales de los trabajadores migrantes, formula proposiciones concretas y prácticas como es el diseño de manuales y guías de prevención para los trabajadores migrantes; crear en nuestras Embajadas “Consejerías Laborales” aunque mejor sería para los Consulados con mayor población migratoria laboral, formar vice-cónsules especializados dicha temá-tica, que puedan atender adecuadamente a nuestros compatriotas.

Especial relevancia tiene su objetivo de fortalecer capacidades en temas de codesarrollo, para brindar oportunidades a los trabajadores migrantes para su inserción en zonas de destino, sin dejar su vinculación con sus zonas de origen, lo que de suyo implica cumplir con sus obligaciones ciudadanas, a las que creemos deberá complementarse con su derecho a elegir a sus propios representantes al Congreso de la República.

El INEI en su estudio sobre la migración internacional de peruanos rea-lizado en el 2009, calculó en 1,978,202 los peruanos residiendo en el exterior, y el mismo INEI a partir del Censo 2007 señaló que los hogares peruanos con migración internacional llega a 2,700,827 personas, cifras que debería aclarar, auque por su dimensión, es más que preocupante.

Es altamente satisfactorio, que las centrales sindicales, sin prescindir de sus obligaciones con el día a día laboral, se interioricen en la problemática del trabajador migrante en forma seria y responsable.

Diario Oficial “El Peruano”19 de enero de 2011

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MAL EJEMPLO EN ALABAMA

El mal ejemplo de atentados legislativos contra los inmigrantes indocumentados o ilegales en varios estados que son parte de los Estados Unidos de América, llegó a Alabama, que ha promulgado su ley antiinmigrantes HB56, con lo cual por un lado se reducen las localidades en que los indocumentados pueden permanecer, y por otro se amplían las amenazas a los indocumentados en el resto de la Unión.

Como vemos el mal ejemplo cunde y a él se ha sumado Alabama que incor-pora a su normatividad una ley que es atentatoria contra los Derechos Humanos, que tiene tufillo xenófobo, discriminador y racista.

En el país que se ufana de las libertades, se atenta contra ellas y lamenta-blemente se persigue a la gente por sus rasgos, color de piel y raza, lo que es indignante, más en los tiempos en que vivimos en que a través de los organismos internacionales se trata de preservar, proteger y cautelar los Derechos Humanos.

En Alabama, con la Ley recientemente aprobada, se podrá detener simple-mente por sospecha de no tener papeles de inmigración en regla. ¿Cuáles son los elementos que hacen sospechar? Huir de la policía, escapar de las autoridades migratorias, no mostrar documento de identificación. No señor, la sospecha es por el color de piel, por los rasgos fisonómicos y por no ser de la mayoritaria raza aria. A estos sospechosos se les fustiga y caza como si fueran animales, para en caso de no acreditar documentariamente situación migratoria regular, se les deporte a sus países de origen.

No importa que los indocumentados tengan familia en la Unión, no importa que tengan menores hijos que nacieron en los Estados Unidos de América, no importa que no tengan donde ir, no importa que los hijos se encuentren cursan-do estudios en escuelas y universidades. No señor, no importa nada de ello, solo importa que ya no son deseados en el país que los acogió y al que han brindado sus servicios. Quien los maltrata es el país cuya población se ha distinguido por decenios, de estar conformada por inmigrantes y sus descendientes. Ya no ven a los inmigrantes como los pioneros de antes dignos de admiración, sino como de-lincuentes o fugitivos a los que hay que detener y deportar. ¡Qué triste situación!

Mientras van aumentando los Estados de la Unión que persiguen a los mi-grantes, su Congreso Nacional continúa en la inercia, nada ni nadie los mueve, siguen impasibles viendo la bochornosa aprobación de normas discriminatorias en diversos de sus estados, sin atreverse a dictar ley federal que resuelva el tema de los inmigrantes indocumentados y salgan de su gheto de habitantes de segun-da clase, tratados cual criminales.

El Presidente Obama, viene de familia inmigrante, y los inmigrantes que accedieron a la nacionalidad del gran país del norte, probablemente dejarán de

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apoyarlo para su reelección. Ojala que siquiera esto motive al gobernante para redoblar esfuerzos para la aprobación de la esperada ley que solucione el grave problema de los indocumentados.

Revista Gente

06 de julio de 2011

INDOCUMENTADOS: LENTO AVANCE

Cercanas las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América, su ac-tual Presidente Barack Obama, que aspira a la reelección, ha anunciado nueva normatividad migratoria. Ella permitirá a aproximadamente ochocientos mil jó-venes indocumentados que llegaron a los Estados de la Unión antes de haber cumplido 16 años, pero que por una u otra razón no han podido legalizar su residencia, para que por lo menos puedan temporalmente permanecer en los Es-tados Unidos sin el oprobio de su expulsión.

Los críticos de las posturas de Obama califican el anuncio de oportunista, por el proceso electoral que se inicia. Otros -también críticos- dicen que las nue-vas medidas son para buscar el voto de los latinos, que constituyen el grupo mi-grante más importante en los Estados Unidos. Algunos otros se rasgan las vesti-duras diciendo que lo que se anuncia en las postrimerías de un período electoral, bien pudo ser informado y puesto en práctica al inicio del régimen presidido por Obama. Cualquiera sea la motivación, ¡qué más da! lo importante es que el anuncio se lleve a la práctica pues favorecerá a muchos migrantes, que como la familia del Presidente Obama encontraron en los Estados Unidos de América el país de las oportunidades, donde podían desarrollarse e incluso remesar ayudas económicas a sus familiares que quedaron en sus países de origen.

Aún cuando la medida es temporal y limitada, es un inicio de cambio y es el reconocimiento a quienes habiendo sido acogidos por los Estados Unidos, a su vez le han correspondido con lealtad, respeto, estudios y trabajo dentro de la concepción de lo que fue el sueño americano. No solo ello, hasta han vestido el uniforme de sus fuerzas armadas y pudiere ser que hayan intervenido en los incontables enfrentamientos del hasta hoy sherif universal.

Se necesita en el tiempo mediato aprobar reformas migratorias de vocación permanente, que resuelvan de una vez por todas la injusta situación de quienes creyendo encontrar a su segunda patria, por la crisis mundial que se afronta, dejaron de ser vistos como los hermanos del sur, para convertirse en extraños, además de competidores en la reducida bolsa de trabajo norteamericana.

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En lo inmediato sería adecuado proteger la unidad familiar, y si no todo el núcleo familiar califica para salvarse de la deportación o expulsión, incorporarlos al salvataje como equitativa medida de innegable espíritu humanístico.

Diario Expreso

13 de julio de 2012

DENTRO O FUERA, PERO IGUALES

En lo que se refiere a los derechos políticos, los peruanos en el exterior tienen la percepción que no reciben igual trato que los compatriotas residentes en el suelo patrio, y por ello son objeto de discriminación.

Tal percepción obedece a que mientras los peruanos residentes en el país tienen el derecho a elegir y ser elegidos representantes al Congreso de la Re-pública, por el distrito electoral de su domicilio, los peruanos residentes en el exterior pueden elegir y también ser elegidos, pero no para representar al resto de peruanos que están en el exterior, sino a parlamentarios para la Capital de la República.

Los domiciliados en Loreto, por ejemplo, votan por congresistas para dicho departamento y pueden ser elegidos como congresistas por dicha circunscrip-ción. Igual sucede con los demás departamentos, la Provincia de Lima, Lima Pro-vincias y la Provincia Constitucional del Callao. Pese a existir el sistema electoral de distrito múltiple, los peruanos de fuera no tienen distrito electoral propio.

Como vemos la regla es diferente y el nacional que reside en el extranjero está votando para congresistas por personas que en realidad son de y represen-tan a la Provincia Capital de la República más no a los peruanos que migraron, que están en su misma situación. Los parlamentarios de Lima poco conocen de las aspiraciones, vocación cívica, anhelos y necesidades de sus compatriotas en el extranjero. Es una representación artificial, sin autenticidad, y por ello es nece-sario variar la regla, para que los peruanos del exterior, voten para incorporar al Congreso a otros peruanos similares a ellos y no por los de Lima.

La situación imperante, que vienen soportando desde hace muchísimo tiem-po nuestros connacionales residentes en el exterior, transgrede el principio de la igualdad ante la ley, reconocido por la Constitución (inciso 2 del artículo 2), pues el derecho de participación política, vía electoral, que consagra la misma Consti-tución (inciso 17 del artículo 2, y artículo 31) es desigual al del resto de peruanos. Además también colisiona contra el derecho a la igualdad y no discriminación a la que se refiere la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1 y 7) y contra el derecho a elegir a sus propios representantes a que se refiere el Pacto

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Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (artículo 25) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23).

El Congreso tiene la palabra.

Diario Expreso

10 de mayo de 2013

RETORNO DE PERUANOS DEL EXTERIOR

Todos conocemos que muchísimos compatriotas, al no encontrar oportunidades laborales y de desarrollo en nuestro país, migraron al exterior en búsqueda de nuevos horizontes.

Después de lustros, algunos de ellos pretenden retornar al Perú pues la panacea que esperaron en el exterior, dejó de serla debido a la crisis económi-co-financiera que agobia a infinidad de países, sobre todo a los desarrollados de Europa, del Norte de América y también del Asia. Tales países que fueron ami-gables a la inmigración se tornaron hostiles al tener que reservar sus puestos de trabajo para sus nacionales, endureciendo sus políticas migratorias.

El Perú lleva más de dos décadas de estabilidad económica y la direccionali-dad emprendida para el desarrollo del país, para protección de las inversiones y la generación de puestos de trabajo, se ha mantenido incólume, lo que constituye campo fértil para que grupos de peruanos en el exterior, deseen retornar al suelo patrio.

El Estado, con visión, ha dictado ley que otorga incentivos a los peruanos que retornen al Perú, pues el regreso de muchos de ellos que se han formado en buenas universidades del extranjero, que han tenido interesantes empleos y que han de-sarrollado fructíferos emprendimientos, podrán volcar su valiosa experiencia en el suelo que los vio nacer, contribuyendo al ansiado desarrollo nacional.

No es nuestra patria tampoco la esperada panacea, aunque estamos en me-jor posición de quienes antes nos adelantaron; pero no podemos dormirnos en nuestros laureles ya que se observan señales de decaimiento en algunos sectores económicos que pueden derivar en menor recaudación tributaria y por ende en decrecimiento de los programas de inclusión social en que está empeñado el Es-tado Peruano.

La ley, que llamamos del retorno, repite incentivos tributarios para que los peruanos que regresen a residir en el Perú puedan internar sin pago de im-puestos: su equipaje, mobiliario, enseres, vehículo automotor e incluso ma-quinarias y herramientas para el desempeño de su trabajo, profesión, oficio o actividad empresarial, todo ello dentro de límites razonables.

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Hay también otros estímulos no necesariamente económicos, pero aún ga-seosos en la ley, siendo por ello deseable que su Reglamento precise para que no sean letra muerta, como por ejemplo orientación estatal en áreas legal, de salud, educativa y de desarrollo, capacitación para emprendimientos, reconocimiento y revalidación de grados y títulos, acceso a créditos, seguridad social, y canje de brevetes entre otros.

Con realismo la ley excluye de los beneficios para el retorno, a los peruanos que sufran condena por delito doloso, así como a quienes integren, promuevan o participen en organizaciones vinculadas con el terrorismo. ¡Excelente! El Estado no debe ser bobalicón, de ninguna manera.

El hecho que peruanos deseen retornar, no debe llevar a los gobernantes a la sensación que estamos en el mejor de los mundos. ¡Por favor! No exagerar, ya existen indicativos que llevan a preocupación: detraimiento de las inversiones en varias áreas, y sobre todo indolente burocracia que parece paralizada ante las exigencias de expedir permisos y autorizaciones pendientes.

Diario La Razón

26 de mayo de 2013

ANHELO CÍVICO

Desde hace por lo menos dos décadas, los peruanos en el exterior tienen el anhelo cívico de participar en la política de nuestra patria, y digo nuestra en genérico pues también es suya. Cerca de tres millones de peruanos están en el exterior, muchos de ellos porque huyeron de la falta de oportunidades y buscaron nuevos rumbos para progresar y mantener a su familia.

Todos pudieron acceder a la nacionalidad y ciudadanía del país que los aco-gía y les daba las oportunidades negadas en el país originario, pero prefirieron seguir leales a su patria y fieles a su Constitución.

Su anhelo es cívico, pretenden tener nexos con la patria que los vio nacer muchísimo más estrechos que el simple recuerdo, que el cariño duradero, y las remesas de ayuda económica a los familiares que dejaron cuando partieron. Quie-ren participar en la Política de su patria como ciudadanos plenos, no solamente eligiendo a lejanos representantes al Congreso, sino pudiendo ser elegidos por sus compatriotas en el exterior. La Democracia no es solo elegir sino ser elegidos, por ello desean recobrar ciudadanía de primera y no mantener la de segunda, sin los derechos plenos de aquella.

Los cuestionadores del justo anhelo señalan que los peruanos en el exterior pueden votar y también ser votados. Cierto es, pero pueden votar por los can-

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didatos de la Provincia de Lima y también ser candidatos de dicha Provincia, empero no son candidatos de los peruanos en el exterior, por lo que es necesario que por ley se cree dentro del sistema electoral de Distrito Múltiple, el de los peruanos del extranjero.

También se ha dicho que sería oneroso el ejercicio de la función de repre-sentación de los parlamentarios que sean elegidos dentro de los peruanos y por los peruanos en el exterior. Falso, para representar no se necesita estar viajando al último confín del mundo, no alcanzarían los 365 días del año. Hoy contamos con avances tecnológicos como mensajes de voz y texto, correo electrónico, con-versaciones multilaterales y asambleas no presenciales, todo de bajísimo costo.

Por último dicen los detractores que si se mantiene el número claustro de 130 congresistas, habría que reducir el número de parlamentarios de algunas circunscripciones para dárselos al exterior. Lo entendemos, como decía antigua propaganda “nadie quiere que se coman su Cerelac”, siendo la solución aumen-tar el número de congresistas.

No convirtamos su ilusión en frustración, ¡atiendan el pedido!

Diario Expreso

14 de junio de 2013

SIGUEN PELIGROS EN JAPON PARA COMPATRIOTAS

En artículo anterior nos hemos referido a los peligros que vienen afrontando in-migrantes peruanos sin residencia autorizada en Japón, así como también ciu-dadanos de otras nacionalidades, al haberse radicalizado la legislación japonesa contra quienes no tienen en regla sus papeles migratorios.

Nos hemos referido también a lo que vienen sufriendo nuestros migrantes indocumentados en el Centro de Detención de Ushiku, en Ibaraki-ke, pero todo ello es poco si se compara con otras situaciones que afrontan nuestros connacio-nales sin residencia oficial en Japón, de lo que acabamos de tener conocimiento.

Caso concreto: nuestro compatriota Fernando López y su cónyuge Ana To-rres de López estuvieron detenidos y están con la espada de Damocles sobre sus cabezas pues los deportarían y sólo permitirían la permanencia de su hija Lucero López Torres en Japón, con lo cual se dividiría la familia, rompiéndose la protección que en general confieren tantos tratados sobre Derechos Humanos a la familia, tema en que por lo demás existen infinidad de declaraciones de Naciones Unidas.

Si bien el Perú ha dictado normatividad legal promoviendo el retorno de los peruanos que salieron al exterior con ánimo de radicar en el extranjero, ello

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no es suficiente pues existen muchos compatriotas que han hecho su vida fuera del país y no tienen intención de regresar, pero quieren mantener su nacionali-dad y diversos vínculos que los unen con su “terruño”.

A los peruanos en el exterior, el Estado pretende fortalecer sus nexos con el Perú y para ello ha instruido a los consulados para que les presten la ayuda que fuere factible, habiendo además normado sobre los denominados Consejos de Consulta y creado en la Cancillería una repartición especial para su atención.

Sin embargo sería deseable que la cooperación del Estado sea intensificada en los países en que nuestros inmigrantes carentes de documentación oficial afrontan peligros como en el Japón. A ellos bien podría ayudárseles con atención sicológica por los trastornos que las detenciones les han producido, sin olvidar la ayuda legal que pudieren requerir para la formalización de su residencia, e incluso llevar un registro de peruanos residentes oficiales en dichos países, que puedan ayudar al resto de compatriotas indocumentados, hasta con oportunidades laborales.

La solidaridad es necesaria desde el Estado, pero también desde los com-patriotas que han alcanzado niveles de vida adecuados en el exterior y que bien pueden extender una mano amiga a los demás.

Diario Expreso

06 de setiembre de 2013

A LAS ONG DEBE MIRÁRSELE EL DIENTE

Dice el dicho popular que a caballo regalado no se le mira el diente, pero tal aforismo debe tener excepciones, como son las donaciones o ayudas que reciben del exterior las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para colaborar en diversas modalidades del desarrollo nacional.

La Ley 27692 modificada por la Ley 28925 creó la Agencia Peruana de Coo-peración Internacional (APCI) como ente rector de la cooperación técnica inter-nacional, con la responsabilidad -entre otras- de llevar el Registro de las orga-nizaciones receptoras de la cooperación internacional no reembolsable, esto es donaciones, de las organizaciones cooperantes, así como de los programas que ejecutan las primeras con la ayuda económica de las segundas.

Lamentablemente bajo el ropaje de ONG, algunas instituciones, lejos de emplear los recursos de la cooperación internacional que reciben para los sanos propósitos que oficialmente señalan o para lo que es la voluntad de los donantes externos, utilizan los recursos para fomentar la conflictividad social y perturbar las actividades económicas generadoras de puestos de trabajo en el país.

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El asunto se agravó cuando el Tribunal Constitucional admitió la proceden-cia del registro de las instituciones cooperantes y las receptoras de la ayuda, así como también de los proyectos para ser ejecutados, más trabó, que APCI en re-presentación del Estado, pudiera fiscalizar la utilización de los recursos.

Consecuentemente existe la tarea pendiente en el Parlamento de dotar a APCI de las regulaciones que le permitan la fiscalización, sin desconocer lo dis-puesto por el Tribunal Constitucional, para lo cual hay los correspondientes pro-yectos de ley durmiendo en sus archivos.

El registro de los proyectos de desarrollo no tendría razón de ser si es que no va a existir la fiscalización estatal, pues en caso contrario se tornaría el registro en informativo pero irrelevante. La obligación de transparencia no puede agotarse en un registro, necesita también que lo que en él se inscribe sea verificable y que exista el ente estatal (en este caso APCI) que lo confirme, y en caso de incumpli-miento tenga potestad administrativa sancionadora.

Es reconocido que cuando no hay la suficiente transparencia se fomenta la corrupción, y ella también consiste en la utilización de donaciones en objetivos distintos a los declarados oficialmente.

La Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (D.S. No 050-2012-RE) incluye la transparencia como principio orientador, determinándose que dicha Cooperación es de responsabilidad entre las fuentes cooperantes y el Perú, con la consecuencia que “ambas partes tienen la obligación de rendirse cuentas mutuamente sobre el empleo de los recursos de la Cooperación”.

Como vemos, el principio de transparencia no solamente se nutre de nor-mas generales en todas las actividades, sino también específicamente en lo que constituye la Cooperación Técnica Internacional en sus variadas modalidades. Es hora que el Congreso le ponga correctivo a la problemática existente, para que al caballo regalado APCI no solo le mire el diente, sino que con su fiscalización evite la distracción de recursos solidarios en acciones perjudiciales.

Diario La Razón

23 de diciembre de 2013

PERUANOS PELIGRAN EN JAPÓN

Es harto conocido que muchos compatriotas migraron a otros Estados en bús-queda de oportunidades laborales que no encontraban en nuestro país, sea porque no existían políticas adecuadas para fomentar la inversión privada ge-neradora de puestos de trabajo, sea porque el terrorismo había hecho retraer el espíritu emprendedor de los peruanos.

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La emigración fue principalmente a los Estados Unidos de América, a Es-paña, Italia y otros países europeos, y en Sud América a Argentina y Chile. En el Asia se concentró la emigración en Japón, sobre todo por peruanos que tenían ancestro nipón.

Debido a la recesión que afrontan los países europeos, la direccionalidad migratoria ha variado, y hoy vemos por ejemplo a infinidad de profesionales españoles que vienen al Perú con ánimo de residencia.

Fue tradicional la buena acogida que en muchos países se daba a los inmigrantes, lo que fue variando debido a crisis económica en que países re-ceptores de mano de obra y profesionales foráneos, para cautelar los puestos laborales para sus nacionales, comenzaron a implantar políticas anti migra-torias. El inicio fue desmotivando la inmigración al derogar los beneficios legales que la fomentaban, para luego pasar a poner obstáculos para la regu-larización de calidad migratoria de quienes permanecían radicados sin docu-mentación oficial, hasta llegar a penalizar la permanencia no autorizada en el país receptor.

Mientras países como Estados Unidos de América estudian alternativas le-gales para impedir se siga repatriando a sus lugares de origen a quienes no tie-nen residencia autorizada, hay otros países que como Japón, lamentablemente han agudizado medidas contra los inmigrantes con permanencia vencida o con ingreso irregular.

La radicalización normativa en Japón ha ido desde aplicar severas multas a los empleadores que contratan extranjeros sin autorización de residencia, has-ta tramitar ampliaciones presupuestales para el fletamento de vuelos chárter con los cuales deportar a los extranjeros ilegales. La primera deportación fue de filipinos, y seguirá con originarios de otros lugares.

En el Centro de Detención de Ushiku, en Ibaraki-ken, hay gran cantidad de latinoamericanos que esperan la definición de su situación migratoria y están temerosos de seguir la misma mala suerte de los filipinos.

La situación señalada amerita que las Cancillerías de los países latinoa-mericanos coordinen sus esfuerzos para gestionar con Japón la regulariza-ción de los permisos migratorios para sus nacionales, e incluso formulen posiciones concertadas ante los organismos competentes de las Naciones Unidas para impedir tanto agravio a los derechos fundamentales de las per-sonas.

Diario Expreso

16 de mayo de 2014

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AQUELARRE MIGRATORIO

El Poder Ejecutivo presenta al Congreso un grupo de proyectos de ley para des-trabar trámites y requisitos absurdos para la inversión, tan necesaria para el de-sarrollo del país y generar trabajo digno.

Las medidas propuestas por el Ejecutivo están en términos generales vincu-ladas a asuntos empresariales y económicos, pero olvida trabas colaterales que también afectan las inversiones y que deben eliminarse.

Ahora me voy a referir al tema migratorio, pues indirectamente, a las inversio-nes extranjeras, se les pone infinidad de trabas en Migraciones para que sus altos fun-cionarios y técnicos puedan trabajar en el Perú con la adecuada calidad migratoria.

También sufren absurdos trámites y requisitos los artistas extranjeros que nos visitan para brindarnos su arte, los estudiantes, trabajadores diversos, técni-cos y profesionales.

Parecería ser que los requisitos puestos en el TUPA de la autoridad migrato-ria, han sido elaborados en algún aquelarre, no para facilitar trámites, sino para embrollarlos, como es el caso de la prórroga de permanencia o de residencia, incluso para el cambio de calidad migratoria y autorización de salida a los ex-tranjeros residentes. Encima dictan directivas ajenas al TUPA.

Cuando el extranjero solicita la renovación de visa de residencia para la cónyuge e hijos, la Superintendencia de Migraciones exige la presentación de la partida de matrimonio del peticionario y la de nacimiento de los hijos, y que sean de reciente emisión, debidamente legalizadas, fedateadas o apostilladas. Sin embargo tales documentos fueron presentados en el inicial trámite de resi-dencia y se encuentran en el expediente de la autoridad migratoria. Entonces ¿para qué los piden? Parecería que para reventar la paciencia del residente y que reniegue de dar su concurso al desarrollo del país; y lo que es peor, trans-grediendo la Ley del Procedimiento Administrativo General que prohíbe exigir la presentación de documentos que ya tiene la Administración.

Pero la gota que colma la paciencia del más santo, es la exigencia de re-quisitos que no están en el TUPA, como es la de verificar en la web de SUNAT si el empleador, que desea contratar profesionales o técnicos del exterior para sus actividades, tiene deuda tributaria, pues de tenerla, Migraciones la con-vierte en impedimento para contratar extranjeros o mantenerlos legalmente en el país. ¡Por el amor de Dios! cualquier contribuyente tiene derecho de re-clamar y apelar determinaciones y multas fiscales e incluso contradecir ante el Poder Judicial, cualquier resolución del Tribunal Fiscal que le fuere adversa.

Pese a lo antes señalado la autoridad migratoria impide el trámite de los profesionales y técnicos que el país requiere, mientras los dilatados y morosos

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procedimientos de reclamación tributaria no hayan concluido, olvidando el prin-cipio de razonabilidad en la tramitología y sobre todo el de simplicidad. Confun-de a Chana con Juana.

Olvida la autoridad migratoria que cuanto más demore otorgar residencia a profesionales y técnicos de alta calificación, impide que ellos puedan transferir los conocimientos de su especialidad a los trabajadores nacionales del mismo empleador, y con ello restringe el desarrollo del país.

Sería conveniente la revisión de las exageradas y nocivas exigencias migra-torias, que también influyen en la recepción de inversiones foráneas. Los capita-les importan, pero el factor humano también.

Diario La Razón

22 de junio de 2014

AMNISTÍA MIGRATORIA

Hubo una época en que infinidad de familias peruanas, sea por el temor al te-rrorismo homicida, sea por falta de oportunidades laborales en el país, o por la búsqueda de nuevos horizontes más esperanzadores, optaron por migrar al extranjero.

Algunos lo hicieron cumpliendo todas las normas de los países en que se es-tablecieron, esto es fijaron sus nuevos domicilios tramitando y consiguiendo los correspondientes permisos migratorios; otros se mantienen como ilegales con el peligro de expulsión de los países en que se encuentran; y por último otros en su desesperación para encontrar un lugar donde vivir y no solo subsistir, falsearon identidades y falsificaron documentos,

A los últimos señalados en el párrafo anterior es a los que nos referimos en este artículo. Hubo quienes ingresaron al Japón falsificando identidad y docu-mentos, y consignando nombres japoneses, llegando algunos hasta hacerse ciru-gías faciales para simular rasgos asiáticos.

Parte de los que pretendían ir a Italia fueron menos audaces que los que iban al Japón. Afirmaron falsas ocupaciones como la de asistentes de salud o enferme-ros que eran muy solicitados en la Península Itálica, llegando a falsificar títulos, diplomas y certificados de estudios, cuando no fabricar falsos ascendientes italia-nos para conseguir pasaporte de aquel país.

Bueno pues, debido al crecimiento del Perú en las últimas más de dos déca-das, gracias a una sostenible línea de conducción económica, contrastando con los problemas que enfrentan otros países de Asia y Europa, muchos de los perua-

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nos que migraron al exterior están volviendo a la patria. Unos por convicción y otros porque sus identidades fraudulentas fueron descubiertas y cancelados sus permisos.

Dichas personas tienen el temor que al regresar al Perú pudieran ser proce-sados penalmente por los actos ilícitos que cometieron al falsear identidades y documentación. Sus temores tienen sustento pues unos incurrieron en el delito de falsificación de documentos públicos o privados; otros perpetraron el delito de falsedad ideológica; y por último algunos otros el de fraude procesal, y todo ello sin olvidar el concurso de delitos.

Como repetimos, la desesperación los llevó a actos incorrectos, y ahora que pretenden regresar al Perú, sería apreciado que se les alivie los temores y les levanten el peligro de ser procesados penalmente e incluso condenados a pena privativa de libertad.

La forma más adecuada para lograr el cese del peligro en que se encuentran los peruanos que retornan y que infringieron la ley, es que el Congreso apruebe una amnistía para lo cual está facultado por la Constitución.

La amnistía no es otra cosa que el olvido del delito y produce el efecto de la cosa juzgada, esto es que no podrá ser juzgada luego la persona o personas que hubieran cometido los delitos comprendidos en la amnistía.

Ojalá el Congreso de la República otorgue la tranquilidad que desean los que retornan al Perú, pues no bastan los beneficios de internación de bienes y otras facilidades otorgadas, que al fin de cuentas son temas económicos. Lo que más valoran las personas es su paz y libertad ¡démosle el alivio deseado¡

Diario Expreso

01de agosto de 2014

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NARCOTRÁFICO

COCA Y FRANQUEZA

Mucho se ha dicho, se dice y se dirá sobre la coca, al igual que sobre la pasta básica, la cocaína y el narcotráfico y no nos debe sorprender que sobre lo mismo existan diversas percepciones, o que sobre un mismo hecho, existiendo coinci-dencias, los calificativos difieran según los calificadores.

Algunos dicen que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado, otros eufe-místicamente señalan que no ha sido exitosa, y los hay que expresan que los re-sultados son por ahora insatisfactorios, Como vemos, hay matices y tonalidades, pero coincidencia en que estamos varias décadas luchando contra el flagelo del narcotráfico pero no mostramos triunfo.

Durante considerable tiempo hemos escuchado que existe corresponsabili-dad entre los países que producen la droga ilícita y quienes son sus consumido-res, y por ello, ambos de la mano, deben afrontar el problema. A os consumidores se les ha dicho hasta la saciedad que les sale más barato luchar contra el narco-tráfico en los países donde se produce la droga, y que tienen mayor responsa-bilidad, pues de no existir consumidores no habría producción de ese veneno llamado droga, y por ello deben asignar mayores recursos para esta guerra.

Sin embargo, vemos que en los últimos lustros, países como el Perú que eran tradicionalmente productores de pasta básica de cocaína y de clorhidrato de cocaí-na, mantenimiento su condición de productores hoy también son consumidores.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en la presentación de la “Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2007-2011”nos dice que entre el 2002 y el 2005 el número de personas que consumía PBC o cocaína por lo menos una vez en su vida en el Perú, crecía de 462,476 a 1,184,303, o sea en 250%. Nos dice también que de acuerdo a estudios realizados, ahora llegan al 3% los estudiantes de secundaria que en nuestro país ha fumado marihuana. Otro dato interesante que nos proporciona es que estamos produ-

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ciendo además de PBC, el clorhidrato de cocaína, habiéndose elevado la produc-ción de este último de 170TM el año 2000 a 180TM en el año 2006.

Los guarismos mencionados son preocupantes y demuestran a cabalidad que hay razón cuando algunos llaman fracaso, falta de éxito, o insatisfactorio resultado, a lo logrado hasta ahora en la lucha contra el narcotráfico, y por ello hay que replantear el tema como lo ha hecho Devida en su nueva “Estrategia”.

Los países principalmente consumidores deben cooperar con mayores re-cursos a la lucha contra al flagelo aludido, siendo preocupante por ejemplo que los Estados Unidos de América que en su presupuesto 2006-2007 asignaron algo más de US$ 58 millones al Perú para este cometido en el nuevo presupuesto que presentan a su Parlamento para el período 2008-2008 reduzcan su aporte a algo menos que US 37 millones.

No se debe olvidar que el narcotráfico paga protección a la subversión te-rrorista, de la cual es aliada, corrompe conciencias y voluntades, lava recursos financieros y perturba la economía, debiéndose destacar la interacción de Devida y la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha desbaratado algunas redes de “la-vado”de dinero.

Devida ha formulado una nueva estrategia, la que tiene tres objetivos, como son la prevención del consumo, la interdicción y por último el desarrollo alter-nativo, que ya no se agota en lo que es sustitución de cultivos, sino propende el desarrollo integral, y ojalá sus esfuerzos se coronen con el éxito, para locuaz el Perú debe invertir más en el tema, a lo que deben sumarse los países consumido-res con renovados bríos y aportes. Si los Estados Unidos de América favorecen principalmente a Colombia, es posible que alla se reduzca la producción, pero quienes están en tal tarea altamente dañina a la salud, se trasladarán al Perú o a otras latitudes. Por ello es indispensable que la ayuda económica y logística sea a todos los países en que se produce y no sólo a alguno o algunos como notamos.

Los cultivos sustitutorios a la coca no han ayudado a resolver el problema, pues mientras la droga sale de las zonas cocaleras en avionetas, los productos agrarios lícitos deben salir por carretera, y las nuestras están en pésimas con-diciones o simplemente no existen. Más aún, el financiamiento de los cultivos sustitutorios es insuficiente, pues los campesinos entre que siembran y cosechan, que en frutales significan varios años, no tienen como subsistir y por ello vuelven a la coca. Es indispensable que los países cooperantes piensen que las vías de comunicación terrestre cuestan y que también cuesta el apoyo a los campesinos hasta que cosechen y vendan sus productos.

La voz de alerta se ha dado, y es bueno que se haya realizado sin anestesia.

Diario La Razón

26 de marzo de 2007

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REVISIÓN DE ESTRATEGIA CONTRA DROGAS

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Uni-das, acaba de hacer público su informe correspondiente al año 2010, el que con-tiene diversos datos sobre el Perú, que tienen que alertarnos. Por ejemplo señala que ha aumentado a 59,900 hectáreas la superficie de cultivo ilícito de coca, esto es el 7% de crecimiento en el 2009, pese a haberse erradicado en el mismo lapso 10,025 hectáreas. También se redujo en 36% la incautación de cocaína, contrastan-do con destacables cifras logradas en Colombia.

Expresa el informe que “preocupa a la Junta la posibilidad de que, de man-tenerse la tendencia actual, en el período 2010-2011, el Perú desplace a Colombia como principal productor ilícito de arbusto de coca del mundo...”

Preocupa aún más la percepción de la Junta en el sentido que “Si bien Co-lombia sigue siendo el principal punto de origen de la cocaína que circula en Eu-ropa, el Perú está adquiriendo cada vez mayor importancia como país de origen de la droga”, llegando a exhortarnos a adoptar medidas para reducir la superficie total de cultivo ilícito de arbusto de coca, así como a combatir la fabricación y el tráfico ilícito de cocaína.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) pre-paró la “Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2007-2011” reciente-mente actualizada, en que una vez más destaca que el tráfico ilícito y consumo de drogas daña la vida y la salud de un gran sector de nuestra población, deteriora el medio ambiente afectando los recursos naturales, distorsiona la economía na-cional, es factor de corrupción y pone en riesgo la seguridad nacional.

En diciembre del 2010, DEVIDA ha dado a conocer su informe final respecto al Estudio del Impacto Social y Económico del Consumo de Drogas en el Perú, en el cual menciona que el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país es de 444.7 millones de dólares americanos al año.

Evidentemente existe una seria dicotomía entre la estrategia nacional de lucha contra las drogas escrupulosamente planteada por DEVIDA con los re-sultados generales puestos de manifiesto por la Junta Internacional de Fiscali-zación de Estupefacientes de la ONU, lo que necesariamente tendrá que llevar a la primera a analizar la situación y a reajustar la citada estrategia, pues es probable que pese a los buenos propósitos, DEVIDA no haya recibido el apoyo necesario de otros sectores involucrados en el tema. Cierto es por ejemplo que los resultados positivos de las políticas de sustitución de cultivos de coca por desarrollos alternativos en el Departamento de San Martín no se condicen con las cifras globales que muestra todo el Perú en relación con la temática que tratamos.

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Por otro lado se advierte que tenemos avances normativos, como por ejem-plo la aprobación de la Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fisca-lizados y su modificatoria, la prohibición de utilización de kerosene, la determi-nación de tener garitas móviles con rayos X backscatter o similares para detectar los narcóticos así como los insumos para su fabricación, la decisión de contar con el software necesario para hacer el seguimiento de los insumos químicos que ingresan legalmente al país pero que no necesariamente el íntegro de ellos se utiliza legítimamente. Todo esto de poco sirve si es que no se pone en práctica, ya estamos retrasados.

Las 300 toneladas anuales de clorhidrato de cocaína ilegal que se produce en el Perú, requieren de 30,000 toneladas de insumos químicos fiscalizados, que evi-dentemente no se transportan en goteros ni en cajitas de fósforos, sino en grandes recipientes que se trasladan a la vista y paciencia de muchas autoridades que no son ni ciegos ni sordos, pero se hacen los desentendidos.

En la reevaluación de la estrategia de DEVIDA será también menester que promueva la suscripción de convenios con los países limítrofes que carezcan de sistemas de fiscalización y control de insumos químicos para la elaboración de drogas ilegales, a fin de que los establezcan, pues de poco servirán los nacionales si es que a través de nuestras amplias fronteras se introducen dichos insumos de contrabando.

No se deben olvidar los constantes y reiterados consejos de Cedro, que con la experiencia aquilatada, siempre tiene una voz autorizada aunque prudente y sin estridencias.

Diario La Razón

20 de marzo de 2011

ERRADICACIÓN DE COCALES

Pésima señal se dio desde el Gobierno, al suspender la erradicación de cocales, pues quienes lo cultivan lo hacen en una mínima parte para vender la hoja de coca a ENACO quien comercializa bolsitas filtrantes para infusión, y otra parte no significativa para el uso tradicional de quienes la mastican como energizante. En gran medida la hoja de coca se emplea como insumo primario para elaborar pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, productos que crean adicción y atentan contra la salud, además de generar tráfico ilegítimo de los derivados, corrupción, y perpetración de delitos por bandas que someten conciencias y vo-luntades.

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Hay quienes han dicho que la suspensión de la erradicación es para reestu-diar el tema y volver luego con más fuerza. ¡Qué ingenuidad! Cuando se dejan espacios vacíos, es sabido que ellos se llenan, y por lo general no por lo bueno, sino por lo indeseable.

Otros han señalado que se trata de preparar una estrategia de erradicación voluntaria y no coercitiva. ¡Por el amor de Dios! Nadie va a dejar un pingüe negocio, por más ilícito que sea, para cambiar los cultivos ilegales por otros le-gítimos aunque menos rentables. Si hay sustitución voluntaria es porque en el fondo saben los cultivadores de la hoja de coca, que si no entran en verada, serán obligados a ello por el Estado.

Algunos dicen que la estrategia estatal para expulsar la producción de nar-cóticos ilegales, ha fracasado, y por ende es justificable que se haya suspendido la erradicación. Cierto es que el resultado de la lucha contra el narcotráfico no ha sido positivo cien por ciento, pero se ha ido avanzando. Si el resultado no es totalmente halagador, ejecutemos las correcciones que se necesitan, pero no transformemos al Estado en inactivo lo que en la práctica es permisivo, pues ello estimulará el mayor cultivo y no su disminución.

Por otro lado hay quienes en su confusión conceptual dicen que no hay sus-titución en el VRAE, por lo cual no hay motivo para que ella exista en zona del Huallaga y en otras mayoritariamente cocaleras. Error, en el VRAE la sustitución se ha dejado para el final, pues primeramente se ha previsto una mayor presencia de Estado ante las carencias conocidas. Para efectuar la interdicción al narco-tráfico ligado al terrorismo que se ha afincado en la zona, hay que precisar que los terroristas se transformaron en mercenarios de narcotraficantes para darles protección, luego para asociarse con ellos y por último para reemplazarlos como carteles de la droga. La estrategia para combatir el narcotráfico en el VRAE fue diferente, ya que se privilegió evitar el ingreso de los insumos químicos para la confección de la droga. Pero para que dicha estrategia tenga resultados acepta-bles se tienen que colocar escáners, así como hacer seguimiento eficiente de los insumos desde que son importados o fabricados hasta su consumo final. En su momento tendrá que hacerse la erradicación deseada.

En la lucha contra el narcotráfico no se puede prescindir de ninguna de sus etapas: prevención, interdicción, sanción y la curación de quienes cayeron en la dependencia. No se debe dar ningún paso atrás lo que parece ya comprendió el Gobierno.

Diario La Razón

04 de setiembre de 2011

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COCA: SUSTITUCIÓN Y SUBSIDIO

Ante el aumento de los cultivos de coca, de la mayor productividad en la ela-boración de pasta básica de cocaína y de clorhidrato de cocaína, así como de sembríos de amapola para la preparación de heroína, hay la sensación que se está perdiendo la batalla y que la acción del Estado y de la sociedad tiene que ser más eficiente para prevenir y combatir la drogadicción, entre cuyos mecanismos se encuentra la sustitución de cultivos.

En relación con la sustitución de cultivos, ella tiene dos vías, una mediante la erradicación compulsiva de los cultivos dirigidos a la fabricación de los pro-ductos ilegales y otra mediante la erradicación voluntaria. Ambas se complemen-tan, y el mensaje tiene que ser claro, si el campesino cultivador no acepta la vo-luntaria, tiene que saber perfectamente que vendrá la erradicación compulsiva.

El cultivo de coca con fines ilícitos tiene que ser sustituido por lo que se de-nomina el “desarrollo alternativo”, en que ya se puede demostrar experiencias exi-tosas con cultivos de café, cacao, palma aceitera y varios otros, para lo cual, como lo advierte CEDRO, deben responder a estudios de factibilidad, con garantías de inserción de la producción en los mercados, con margen de rentabilidad adecuados que incentiven al abandono de los cultivos ilegítimos, y con acciones de apoyo social.

El desarrollo alternativo no se agota en los cultivos sustitutos, sino que ade-más hay otras actividades como la pecuaria, agroindustrial, agroforestería, re-forestación y acuicultura, para lo cual el Perú sigue contando con el apoyo de USAID desde 1995, y tuvo también la colaboración de ONUDD, Unión Europea, KFW/GTZ de Alemania, y la AECI de España.

Últimamente, desde el Gobierno Peruano, se ha hablado también de sub-venciones a quienes sean persuadidos de entrar en el desarrollo alternativo, y ello es lógico y razonable, pues si por ejemplo en el aspecto agrícola se da apoyo en asistencia técnica, semillas, abonos y pesticidas, ello no es suficiente pues entre la oportunidad de siembra de cultivos sustitutos y su cosecha y comercialización, hay tiempo considerable en que el campesino cultivador requiere tener recursos económicos que le permitan su subsistencia y la de su familia. Si es que no hay sub-sidio en ése período, será fácil que regrese al cultivo de la coca con fines ilícitos. El subsidio deber ser temporal y solo para los actuales cultivadores de la famosa hoja.

Evidentemente, cualquier sistema de subsidios requerirá de controles efica-ces que eviten fugas y malas prácticas, precisando que muchas veces -no todas- se ha comprobado la validez del aforismo que dice que en arca abierta el justo peca.

Diario Expreso

14 de octubre de 2011

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CORRESPONSABILIDAD EN NARCOTRÁFICO

Los países productores de hoja de coca, insumo para la pasta básica y clorhidrato de cocaína, postulan la corresponsabilidad entre ellos y los países que la consumen. Lo cierto es que productores y consumidores no pueden soslayar sus responsabi-lidades y tienen que actuar en conjunto para vencer al flagelo del narcotráfico que tanto daño hace, no solamente a la salud sino generando delincuencia, corrupción, lavado de dinero, perdida de valores y una retahíla de otros perjuicios.

Recientemente visitó nuestro país Douglas Fraser, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América, que aunque no puede comprometer jurídicamente a su país en la cooperación para enfrentar al narcotráfico, es voz autorizada que puede trasmitir las inquietudes peruanas para que la corresponsabilidad a la que nos refe-rimos pase de enunciado con poca ayuda efectiva a una real y eficiente colaboración.

La ayuda que los Estados Unidos ha dado para el “Plan Colombia” es cuantiosa y ha significado que en Colombia existan recursos económicos y logísticos que le están permitiendo vencer a las FARC con su asociatividad con el narcotráfico. La acción colombiana con la colaboración norteamericana hace que las fuerzas subver-sivas ligadas al narcotráfico se desplacen hacia el sur y hacia el oeste, lo que obliga al Perú a tener que distraer recursos presupuestales para poner una barrera de conten-ción en el Putumayo, donde tenemos más de mil seiscientos kilómetros de frontera con Colombia. Obliga al patrullaje aéreo, fluvial y terrestre, que son costosos, distra-yendo recursos que podrían ser empleados en el desarrollo. Tiene que aumentar la ayuda de los Estados Unidos al Perú, en materia de lucha contra el narcotráfico, la que lamentablemente ha venido de más a menos, pese a que ésa actividad delictiva ha ido creciendo. La cooperación la han circunscrito a la zona del Huallaga, cuando sabemos que también hay narcotráfico en la frontera con Bolivia, Colombia, Ecuador y muy probablemente con Brasil, sin olvidar la zona del VRAE.

No sabemos si pretexto o causa para no cooperar en las tareas de interdic-ción en el VRAE, es que allí existe terrorismo, pero cierran los ojos a la realidad, en que el terrorismo se convirtió en fuerza mercenaria de protección a los narco-traficantes, para luego asociarse con ellos y en algunas zonas haberlos sustituido al convertirse en verdaderos carteles de la droga.

Esperemos que la visita al VRAE del General Fraser estimule una más am-plia ayuda de su país, sobre todo en el VRAE, pues es inequitativo que Colombia reciba cuantioso subsidio y el Perú solo mendrugos, lo que facilitará la mudanza de las bandas colombianas al Perú, y que no garantizará que la droga de Sud América no siga fluyendo hacia el debilitado coloso del norte.

Diario Expreso

28 de octubre de 2011

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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

ONGs SIN CORONA

En verdad de Perogrullo que el Estado Peruano no cuenta con recursos suficien-tes para atender sus obligaciones, como son educación, salud, seguridad interna, administración de justicia, entre muchas otras. Por ello el Perú se ve precisado a recurrir a la cooperación internacional, sean de otros estados, de organismos multinacionales y multisectoriales, así como a agencias cooperantes, públicas y privadas, de otro países amigos.

Las entidades privadas internacionales y las nativas de otros países coope-rantes, se organizan generalmente como asociaciones, lo mismo que sucede en el Perú, aunque no para dar sino para recibir. A dichas organizaciones en el mundo, se les conoce como “Organizaciones No Gubernamentales y su sigla es “ONG”.

Gran revuelo se ha generado en estos días, debido a que en el Congreso se ha aprobado Ley para normar con mayor precisión las ONGs que actúan en el Perú recibiendo cooperación internacional, sea con fondos de origen público o privado.

Se ha cuestionado el derecho del Estado a normar sobre tales instituciones, que por lo demás han estado acostumbradas a actuar sin más regulaciones que su propia voluntad.

Nadie tiene corona, y tampoco las ONGs, que deben actuar dentro de la normatividad que la Constitución y las leyes señalan. No hay persona, natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que actué en el Perú y pretenda estar por encima de la Ley y sin que le alcance los brazos estatales de supervisión y control. La Ley es para todos, y las ONGs no son islas de extraterritorialidad.

El Perú siempre ha expresado su gratitud a las instituciones cooperantes del exterior, pues con recursos generados en sus países, ayudan a otros a resolver sus problemas, atienden a discapacitados, les prestan atención médica y hospitalaria, brindan servicios educativos, financian programas sociales, colaboran en difun-

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dir y defender la democracia, promueven la lucha contra el narcotráfico, defien-den a quienes sus derechos humanos son vulnerados, entre muchas otras activi-dades. El hecho de dar la bienvenida a la cooperación internacional y agradecer su solidaridad, no las puede excluir del cumplimiento de la ley, más cuando ha habido diversos casos en que la actuación de algunas de ellas no ha sido idónea.

Es conocido que hubieron desviaciones de recursos a destinos diferentes para los que se remitió; tampoco es secreto que algunas han actuado azuzando conflictos sociales y enfrentando a grupos de trabajadores con otros. Otras ol-vidaron que el desarrollo sustentable es lograr el equilibrio entre la defensa del medio ambiente y las actividades extractivas y productivas, y no su colisión.

Ante los magros recursos del Estado para atender sus obligaciones frente a la comunidad, es perfectamente lógico que conozca las ayudas económicas reci-bidas del exterior, dirigidas al sector privado, y con tal información se le facilite la priorización del destino de sus recursos, evitando duplicar esfuerzos.

Con la novísima normatividad aprobada en el Congreso se están llenando algunos vacíos. Cuando en 1991 se inició la supervisión de la cooperación inter-nacional por el Estado, fue muy tímida, siendo posteriormente complementada en el 2002 con la creación de la “Agencia Peruana de Cooperación Internacional” y en el año 2004 facultada a efectuar con mayor severidad la supervisión enco-mendada.

La nueva Ley en trámite, subsana algunos otros vacíos, sobre todo dándole a APCI la facultad de sancionar a las ONGS en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

Quienes cuestionan la supervisión estatal dicen que atenta contra el derecho de asociación. Error pues la Ley no impide asociarse y la Constitución es clarísi-ma cuando dispone que las asociaciones deben actuar con arreglo a Ley, no están pues por encima de la Ley ni exceptuadas de la Ley.

También se ha dicho que APCI podría disolver ONGs. Nuevo error, sólo está facultada para cancelar registros ante ésa autoridad. No pueden las Asocia-ciones, y lo son las ONGs, ser disueltas por resolución administrativa.

Igualmente se ha afirmado que se atenta contra el derecho constitucional a contratar. Craso error, pues no se impide contratar, y hay que recordar que es de-recho fundamental el contratar, pero con los parámetros que sea con fines lícitos y que no se contravenga leyes de orden público.

Por último se ha manifestado que el Estado no tiene derecho a imponer re-gistros, y que la creación de los registros de instituciones cooperantes y de recep-tores de la cooperación internacional, atentan contra su libertad. Olvidan que la libertad no es absoluta, se ejerce dentro de la Ley. ¿Puede alguien abrir una bode-ga en cualquier lugar? No señor, necesita que el uso del predio sea compatible y

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recibir la autorización municipal. ¿Puede algún negocio actuar sin RUC? Por su-puesto que no, pues en caso contrario evadiría la tributación. ¿Puede cualquiera conseguir un avión y prestar servicio de transporte y carga a donde le dé la gana? Pues tampoco. Antes tiene que tramitar y recibir los correspondientes permisos, pues utilizará los aires que son de todos y el Estado tiene que preservar la inte-gridad de los pasajeros.

El ser humano es sujeto de derechos pero también de obligaciones, y ni él ni las instituciones de las que forma parte, pueden sustraerse al cumplimiento de la normatividad legal. Bienvenido el trabajo serio, eficiente y honesto de muchí-simas Organizaciones No Gubernamentales, pero para que no sean confundidas con las no serias, ineficientes, y deshonestas, pues a cumplir con la Ley. Como dice el tan manoseado refrán, quien no la debe no la tema.

Diario La Razón

29 de octubre de 2006

ONGs SIN SATANIZAR NI SANTIFICAR

La opinión pública se ha polarizado en relación con las ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, debido a que en el Congreso se debate uno de los dos proyectos que sobre la materia quedaron pendientes del anterior Parlamento.

Uno es para simplificar trámites de donaciones de bienes del exterior. El otro -en discusión- es para dotar a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) de los mecanismos que hagan viable el rol fiscalizador de la cooperación técnica Internacional.

Hemos escuchado y leído que con la fiscalización a las ONG se atenta contra la libertad de expresión. ¿De dónde sacan tal aserto? Vaya uno a saber, pues algu-nos de los defensores de tal libertad estuvieron calladitos cuando las contiendas y voluntades de los empresarios de los medios en que laboraban eran compradas con billetes y granjerías.

Se ha dicho que hay acoso contra las ONG, que existe intromisión del Esta-do, que existen vendettas, que hay autoritarismo y que se atenta contra el Estado de Derecho. Francamente tremebund, y lo peor es que hay personas despistadas que lo creen.

Analicemos el tema. Primeramente, ¿qué son las Organizaciones No Gu-bernamentales? Son instituciones privadas que se constituyen y funcionan como asociaciones regidas por el Código Civil, no tienen propósito lucrativo y su fin es altruista. Muchas reciben cooperación técnica y financiera no reembolsable

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(donaciones), a la que genéricamente se le denomina “Cooperación Técnica Inte-macional” (CTI), que puede tener tanto origen público (oficial) como privado, y provienen del exterior.

Hasta 1991 únicamente se inscribían en el registro de empleadores para sus obligaciones sociales y de seguridad social, en el municipio del lugar donde tu-vieran sus actividades y en el registro del ente tributario, como cualquier entidad. A finales de 1991, por Decreto Legislativo Nº 719, se dicta la “Ley de Cooperación Técnica Internacional”, que comprendió la normatividad a que debía sujetarse la cooperación técnica Internacional originaria en el exterior y canalizada a través de organismos del Estado, así como de organizaciones del sector privado.

En dicha norma se le encarga al Instituto Nacional de Planificación la elabo-ración de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional y el segui-miento de los proyectos en armonía con dicha política, así como su supervisión.

Debe verificar “…el cumplimiento de tos objetivos y metas de los proyectos que son motivo, de cooperación, asÍ corno su compatibilidad y coherencia con las prioridades y políticas nacionales y/o regionales”. En el Decreto Legislativo 719, que tiene 15 años, se encomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores el Registro Nacional de los cooperantes, y se encarga al Instituto Nacional de Plani-ficación el Registro Nacional dé las ONG que reciben la ayuda.

Por la desaparición del Instituto Nacional de Planificación, y debido a que el Estado no debe abdicar de su función supervisora de las donaciones del exte-rior, creó la Oficina de Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaria Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional de la Presidencia del Consejo de Ministros (SECTI), que fueron sustituidas a partir de abril del 2002 por la

APCI con la creación por Ley 17692 de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Quedó la APCI como el ente rector de la cooperación técnica internacio-nal y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación (donaciones) en fundón de la política nacional de desarrollo, los registros de los cooperantes, de los receptores de las donaciones y el de las do-naciones.

Como la APCI necesitaba herramientas legales para supervisar la Coope-ración Técnica Internacional, en noviembre del 2004 se dictó la Ley 28386, que obligó a los supervisados a proporcionar información.

Además, se determinó como pasibles de cancelación de su inscripción en el registro ante la APCI a las ONG que incurrieran en utilización indebida de los re-cursos recibidos y/o en la aplicación de los mismos a fines distintos de aquellos para los cuales fueron proporcionados.

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Las Organizaciones No Gubernamentales no son buenas ni malas per se. Las hay transparentes y cumplidoras de sus obligaciones, pero igualmente hay de las otras. Cuando se tiene que legislar para todos, y cuando la ley señala como delito el homicidio y el robo no tiene por qué preocuparse quien respeta la vida y es honrado. Por ello, es incomprensible que las ONG que actúan con corrección vean fantasmas donde no los hay.

Hay ONG muy preocupadas por el desarrollo del país; por la lucha contra la pobreza; la lucha contra la corrupción; la subversión terrorista y el narcotráfico; los derechos humanos; fomento a la educación y la cultura y muchísimas más. Pero también hay de las otras, que reciben fondos para un fin determinado y lo emplean en otro, que fomentan el enfrentamiento entre peruanos, que estimulan la violencia y propician el caos. Por eso reclamamos a la APCI que cumpliera con sus funciones y solicitara al Ministerio Publico gestionar ante el Poder Judicial la disolución de las ONG que atentaran contra el orden público y las buenas cos-tumbres (Artículo 96 del Código Civil).

La APCI consideró que la sanción de disolución era extrema, por lo que solicitó facultad sancionadora administrativa con amonestaciones, multas, sus-pensión o cancelación de registro, y es por ello que la ley que se discute es para otorgar a la APCI la facultad solicitada, y al mismo tiempo darle la atribución de priorizar los programas de cooperación internacional. También para diversificar los registros, ¿Qué tiene todo esto de malo? La verdad, no lo encuentro, por eso insisto en que se ven fantasmas donde no hay. Los Registros existían, las obliga-ciones igual, del mismo modo la supervisión. La única novedad es la capacidad sancionadora dé la APCI.

En cuanto a la priorización de proyectos, es sensato el Interés del Estado, pues para conseguir recursos en el exterior, que no abundan, hay que presentar proyectos, y si los mismos ya son atendidos por el Estado y de otras ONG, ¿no es preferible advertirlo para que el donante pueda canalizar su aporte económico para otros proyectos y de esa forma liberar recursos del Estado para su aplica-ción en otras áreas?

Por último, no olvidemos que las adquisiciones de bienes y servidos que se hacen con donaciones del exterior están exoneradas del IGV y del IPM (19%) vía devolución a las ONG. Si no desean cumplir con las reglas que impone el Estado tampoco pueden recibir sus beneficios, en cuyo caso actuaran como cualquier otra entidad común y silvestre, y asunto concluido.

Diario Correo

02 de noviembre de 2006

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ONGs: ¿OTRO PODER?

Hay un nuevo poder fáctico, que además de la prensa, se suma a los tradicionales Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Es el poder que tienen algu-nas ONGs que se oponen a la fiscalización del Estado.

En un estado democrático de derecho, todos estamos obligados a cumplir con la Ley y nadie puede sustraerse a ello, ni pretender estar por encima de la normatividad o que no le alcance.

Con el criterio que se viene exponiendo que por ser privadas el Estado no debe aprobar normatividad sobre ellas, ni menos registrarlas o registrar los pro-yectos que ejecutan, es un error.

Con el mismo criterio no deberían existir semáforos, pues podemos libre-mente transitar; no deberían existir controles en los aeropuertos, pues podemos salir y entrar del país libremente; no deberían existir regulaciones bancarias pues con mi dinero privado puedo hacer lo que me venga en gana; puedo llevar y sa-car del país todo el dinero que quiera sin efectuar declaraciones, pues es dinero privado y podremos decir ¡hurra! que no exista más la Unidad de Inteligencia Financiera para luchar contra el lavado de dinero; podríamos además construir en donde nos diera la gana, sin respetar alturas, ni zonificación pues en la pro-piedad privada nadie se puede meter. En fin podríamos seguir relatando mil y un ejemplo, que acreditan hasta la saciedad que el Estado tiene todo el derecho de regular y todo el derecho de supervisar.

Los defensores de la tesis de que el Estado no debe alcanzar a las ONGs han dado nueve razones con las cuales discrepamos:

1. Dicen que se atenta contra la libertad de asociación. Error. Pueden constituirse asociaciones, y también disolverlas. No se requiere de nin-gún acto administrativo previo para la constitución de las ONGs que en el Perú son meras asociaciones. Pueden recurrir a cualquier notario y luego inscribirse en los Registros Públicos, pues nada lo impide.

2. Dicen que se atenta contra la libertad de contratación. Error. No existe ninguna norma que les impida contratar. Lo que no pueden es hacer lo que les da la gana, pues la autonomía de la voluntad tiene límites que están fijados en la Constitución, Código Civil y demás normatividad legal. Si bien es verdad que hay donaciones para hacer determinadas actividades en el Perú, ello no significa que el Estado no pueda impo-ner requisitos. Por ejemplo me donan un inmueble y quiero construirlo. ¿Por ser mío puedo hacer con él lo que quiero? No señor, hemos visto que hay límites sobre alturas, usos y otros requisitos. ¿Por ser mi terre-

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no, puedo libremente abrir un pozo y extraer agua? No señor, necesitas permisos y no lo puedes hacer en cualquier lugar.

3. Dicen que se viola el secreto de las comunicaciones. Error. ¿Está acaso APCI abriéndoles la correspondencia? ¿Les está poniendo escuchas en sus conversaciones telefónicas? ¿Les ha interceptado sus faxes o correos electrónicos? No señor, no hay nada de esto. Lo que hay es la obligación de formular declaraciones, como se hacen declaraciones a las autorida-des del municipio, a las autoridades tributarias, a las laborales o a cual-quier otra autoridad.

4. Dicen que se impide la participación en la vida política, económica, so-cial y cultura de la nación. Error. ¿De dónde sacan tamaña aseveración? ¿Alguien les impide votar en las próximas elecciones municipales? ¿Acaso es inválido que el Estado impida atentar contra el orden público que todos debemos preservar? ¿No tiene acaso el estado la obligación de impedir que se atente contra la seguridad interna ó que se perturbe la propiedad? No señor, no puede ser la Ley para los demás y para las ONGs todos los derechos sin obligaciones.

5. Dicen que se atenta contra la propiedad privada. Error. ¿Está acaso el Estado diciéndoles que le transfieran sus bienes? ¿Se está apropiando el Estado de sus costosos vehículos? ¿Les ha pedido el Estado que les ceda sus cómodas oficinas? No hay nada de esto. El Estado sólo ha dicho vamos a armonizar, aunque hubiera sido preferible priorizar, pues el Estado, al tener escasos recursos, debe por lo menos decir cuales son las prioridades aunque no las imponga compulsivamente.

6. Dicen que se atenta contra el principio de proporcionalidad. Error. Más proporcionalidad no puede existir. Antes de la aprobación de la nueva norma, APCI no podía imponer sanciones. A APCI se le habían señala-do obligaciones pero no se le habían dado procedimientos ni sanciones. Ahora ya cuenta con procedimientos y la Ley que se cuestiona le otorga facultad administrativa sancionadora, desde la amonestación, pasando por la multa y llegando a la cancelación de registros, más no a la disolu-ción que sólo compete al Poder Judicial.

7. Dicen que se atenta contra el principio de subsidiaridad. Error. El Esta-do ha dicho hasta la saciedad que además de aceptar la colaboración de las ONGs y la cooperación no reembolsable internacional (donaciones) les da la bienvenida, pues el Estado ni puede hacer todo ni tiene recur-sos suficientes para ello. Ha ido incluso más lejos en la Ley que se critica,

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pues lo autoriza a delegar en ONGs la utilización de recursos de los donantes extranjeros que el Estado recibe, cuando no está en capacidad de emplearlos.

8. Dicen que se viola el principio de igualdad. Error. Hay igualad en la di-versidad. Se legisla para las ONGs que reciban cooperación internacio-nal, asistencial, educacional y de desarrollo. ¿O acaso quieren que se le-gisle para todas las ONGs sin advertir las diferenciaciones, que las hay?.

9. Dicen que se atenta contra los principios de legalidad y tipicidad en las sanciones. Error. Esa fue la observación que formuló el Ejecutivo y que se ha corregido en el nuevo texto. A mayor gravedad de la infracción mayor severidad en la sanción.

Por último muchas de las ONGs que reciben donaciones gozan también de devolución de diversos tributos. ¿Si el Estado les otorga ese privilegio, no pue-de imponerles requisitos? El Estado está en todo su derecho, pero aún sí no le otorgara ninguna exoneración, las ONGs no son islas protegidas de la acción del Estado, y si APCI cometiera excesos, pues para ello están las acciones judiciales y medidas cautelares.

Como hemos podido advertir hay pretextos más que razones y el Estado no debería abdicar a establecer la legislación adecuada.

Diario Correo

09 de noviembre de 2006

NO A ZONAS LIBERADAS

Cuando el Estado se repliega, ausentándose de determinadas localidades, deja espacios abiertos a la acción terrorista, la subversiva, y también a la de los nar-cotraficantes, cuando no a los contrabandistas. Espacio que se deja espacio que se llena.

Las zonas abandonadas por el Estado, fueron denominadas por sus nuevos ocupantes como LIBERADAS. Ahora no sólo habría espacios territoriales libres de la acción estatal, con las graves consecuencias que ello significa, sino también espacios jurídicos, si es que el Estado sucumbe ante las presiones de quienes de-sean ser zona liberada de la normatividad y fiscalización del Estado.

Con el poderío económico y mediático de algunas Organizaciones No Gu-bernamentales, se presiona al Estado para que renuncie a su facultad normativa, renuncie a su facultad fiscalizadora, renuncie a su facultad planificadora, renuncie

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a su facultad sancionadora, y puedan hacer lo que les venga en gana. Aceptarlo sería un precedente nocivo y una vergonzosa abdicación de las funciones estatales.

El Estado se formó para poner orden, para que los pueblos tuvieran una organización adecuada, con normas preestablecidas, y con autoridades que las hagan cumplir. Lo contrario sería propender por un lado a la anarquía y por otro al mal ejemplo.

Hoy día son algunas ONGs que aduciendo ser privadas, quieren evitar que las alcance el brazo vigilante del Estado. Mañana otros privados dirán lo mismo, lo que de suyo es negar la facultad normativa del Estado para todas las activida-des sin excepción.

La doble votación en el Congreso de la República, sobre todo por ser él uni-cameral, es para otorgar seguridad jurídica y dar tiempo entre la primera y la segunda votación a que la sociedad se pronuncie, escuchar a quienes tienen ob-servaciones, evaluarlas, y decidir. Una cosa es escuchar y resolver y otra muy distinta es someterse a las presiones.

Bienvenida las observaciones y sugerencias, cuya evaluación compete al Congreso pero sin admitir ni la presión ni el berrinche, cuya motivación obede-cería al temor de ser transparentes.

La misma transparencia que ayer las ONGs exigían al Estado, a los Partidos y a los Políticos, ahora tendrán ellas que demostrarla, pues no deben existir zonas liberadas de la acción legislativa y vigilante del Estado.

Los registros no son únicamente para cuantificaciones estadísticas, sino para dar a conocer al Estado y al público la información que no sea ni secreta ni reser-vada, y definitivamente la de las ONGs no la es.

No olvidemos que los registros, supervisión y fiscalización de las ONGs por el Estado, no es a todas –aunque nada de malo tendría- sino a las de desarrollo (ONGDs), y a las asistenciales y educativas (IPREDAs).

Justificar la acción del Estado únicamente por la exoneración tributaria, no es atendible. El Estado, se paguen o no tributos está en su derecho y también obligación de normar, supervisar y fiscalizar a las ONGs. Aceptar la tesis tribu-taria, podría llevar a la falacia que si no se pagan impuestos, entonces el Estado se cruza de brazos.

El tema tributario es una de las aristas del asunto, pues lo más importante es el derecho del Estado a ser vigilante, impedir desviación de fondos de los cooperantes a actividades que puedan socavar al propio Estado o que atenten contra la paz social.

¡Cuidado con dejar liberadas y sueltas a las ONGDs e IPREDAS.!

Diario Expreso

10 de noviembre de 2006

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MÁS SOBRE LAS ONGs

Sigue el debate del proyecto de ley para perfeccionar el rol fiscalizador que com-pete al Estado frente a las Organizaciones No Gubernamentales especializadas en el desarrollo, en el campo asistencial y en el educativo.

Los que supuestamente consideran que el proyecto en discusión podría al-canzarlos, han acusado que tiene similitud con el de la Federación Rusa y con el de la República Bolivariana de Venezuela. Pretenden descalificar el proyecto peruano, simplemente porque se debate coincidentemente en el mismo tiempo en que lo son los otros, como si ello tuviera algo que ver o los conectara.

Las realidades de Venezuela y de Rusia, no sólo son diferentes entre si, sino absolutamente distantes de la peruana, y cada espacio tiene sus propias singula-ridades y por tanto requiere sus propias y adecuadas normativas.

Dicen ¡Qué espanto, en Venezuela se está discutiendo una Ley sobre la coo-peración técnica internacional! Bueno pues, ¿y qué? Pues nada, en Venezuela están tratando de sustituir su Ley sobre cooperación internacional que data del 08 de enero de 1958. Su Ley fue expedida hace más de 30 años de nuestra primera norma sobre ONGs que data de 1991.

Por otro lado, mientras el Perú por lo general recibe la cooperación inter-nacional, Venezuela la recibe pero también la otorga generosamente, aunque no únicamente con intención beneficente o caritativa.

El proyecto venezolano alcanza a todos los tipos de cooperación internacio-nal. En el Perú está circunscrita a las ONGs de Desarrollo, a las asistenciales y educativas.

Mientras en Venezuela se adopta un sistema centralizador de la coopera-ción, en el Perú se estimula la participación de los privados, pero lógicamente sujeta a la normatividad y justo control del Estado.

En el caso de Venezuela la cooperación debe estar de acuerdo a los linea-mientos y políticas que establezca su Gobierno. En el Perú lo que se propuso es la priorización como mecanismo informativo para que los cooperantes y los canalizadores de la ayuda conozcan las necesidades peruanas y cuales son las preferencias para ser satisfechas. Es informativa, no obligatoria.

Desde la otra vereda, quienes no comparten las objeciones de algunas ONGs dicen que están ejerciendo presión sobe el Parlamento, para que el proyecto no se convierta en Ley. Las ONGs están en todo su derecho de hacer oir su voz, de hacer conocer sus objeciones y planteamientos, informar sobe sus pretensiones y dar sus sugerencias. Nadie tiene porque molestarse por ello. Para eso es pre-cisamente la doble votación de los proyectos de ley en el Congreso, que deberá actuar con autonomía.

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Detractores de la norma publican sin desmayo avisos y pronunciamientos. Recientemente han señalado que se requiere mejor manejo de la cooperación in-ternacional, que exige trabajo concertado para el uso de los recursos. Obvio que se necesita mejor manejo de la cooperación por eso es la Ley. Si todo está bien como “Alicia en el País de la Maravillas” sería axiomático que no se necesitan más normas. La realidad es cruel, igual como hay ONGs cumplidoras de sus obligaciones y comprometidas con el país, hay otras con obscuros intereses y nocivas actuaciones.

Si bien los ciudadanos tienen derecho a expresar sus puntos de vista y for-mular peticiones, no necesariamente el Estado tiene que aceptarlo. Habrá unos que piden A, otros que solicitan C y otros que pretendan X. El Estado escucha, evalúa y decide, y eso es lo que hará el Parlamento. Saltan hasta el cielo diciendo APCI podría anularles su registro, lo que es autoritario, e inaceptable. ¿Porqué? No señor como toda disposición administrativa, puede ser susceptible de ser contradicha en vía judicial. ¿Cuál es el motivo por el que por ejemplo se pueda cancelar el permiso a una empresa de transporte o revocar el de un bingo y no se pueda cancelar el registro de una ONG? Ninguno.

También dicen que ya cuentan con inscripción en Registros Públicos, Sunat, EsSalud, y Ministerio de Trabajo, por lo que no deberían existir más registros. ¡Tampoco, tampoco! Son registros para todos. El Registro en la SUNAT es el RUC, y es para el control de los tributos. La inscripción en Registros Públicos, para acreditar la personería legal. La inscripción en EsSalud es para la seguri-dad social. La inscripción del centro de trabajo para el pago de remuneraciones, descanso semanal, vacaciones, etc. Los registros ante APCI son de carácter espe-cializado, como también hay diversos otros registros según la actividad que se desempeña. Tenemos registro de entidades prestadoras de servicios de salud, de aseguradoras, de entidades financieras incluso bancos, de manufacturas, de regantes, de almacenes generales, y de aduana, de conciliadora de árbitros, e innumerables otros registros. ¿Hay motivo para que las ONGs no se inscriban en el suyo? Ninguno.

Han llegado al extremo de decir que el Estado asumió el camino de la con-frontación y el control estatista de los recursos de la cooperación. El derecho de legislar no es confrontar, y la supervisión y registros no implican la utilización de los recursos privados, sino el simple conocimiento de su origen y destino. In-sistimos, nada ni nadie puede estar fuera de la acción normativa y fiscalizadora del Estado.

Diario Correo

23 de noviembre de 2006

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TRANSPARENCIA, PERO PARA OTROS

Muchas ONGs han venido batallando para que exista la mayor transparencia posi-ble en las tareas parlamentarias, en las labores gubernamentales, en la administra-ción de justicia, en las licitaciones y concursos, en la utilización del presupuesto es-tatal, en la contratación de funcionarios y empleados públicos, en el financiamiento y empleo de los recursos de los partidos políticos, en los antecedentes de los candi-datos a los diferentes cargos electivos, y en fin, respecto de cuanta información han considerado relevante. Ganaron la batalla y bravo por ello.

Contamos con leyes sobre la transparencia de la información, la obligato-riedad de tener al día la web o portal cibernético de cada organización, la nomi-nación de funcionarios responsables de ello, y cuantas normas caben en nuestra imaginación.

Sin embargo, quienes desde las ONGs propiciaron la transparencia, ahora quieren librarse de ella, que a otros les alcance y obligue, pero a ellos no, como el famoso Capitán Araya que a todos embarca pero se queda en la playa.

No olvidemos que las ONGs revisten singular importancia pues siendo aso-ciaciones que carecen de fin lucrativo, se dedican a diversas actividades, desde hacer estudios, realizar acciones para paliar la pobreza, vigilar el comportamiento del aparato público, asesorar, realizar docencia cívica y política Y tantas cosas más.

Para financiar sus actividades recurren a la cooperación internacional. Esto significa que pasan el sombrero para conseguir donaciones, a las que en la jerga internacional se ha dado por llamar “créditos de cooperación no reembolsable”. Sin eufemismos, se trata de regalos, y para conseguirlos se usa el nombre del Perú, aduciendo con razón que el Estado no lo puede hacer todo, que carece de recursos suficientes y que requiere ayuda.

Pues muy bien, el Estado los ha dejado actuar, no les cobra impuestos, y du-rante décadas no les ha preguntando nada, pero cuando el mismo Estado les im-pone la obligatoriedad de ser transparentes, se molesten, y dicen que son privados. Si señor son privados pero reciben fondos que se emplean en el Perú y para conse-guirlos se invoca las carencias del Perú, por lo que es perfectamente lógico que el Estado exija transparencia, que se conozca “… los proyectos, programas o activida-des, así como la ejecución del gasto que realizan …” como manda la nueva norma.

La pregunta que surge es ¿Porqué el miedo a la transparencia? ¿Porqué no quieren que se conozca lo que hacen? ¿Porqué desean mantener secretos sus gas-tos? Incomprensible por cierto y más cuando muchas de las obligaciones que la nueva norma precisa ya estaban previstas desde hace más de 15 años.

Más preocupante es la oposición de algunas ONGs a la nueva norma, cuan-do ella, en lo que se refiere a sanciones, es menos dura que lo que existía. Explí-

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quemos: con anterioridad la APCI tenía a su cargo registros, supervisión, control y cuanto otros sinónimos encuentren, pero únicamente podía recurrir al Minis-terio Público para que él solicite judicialmente la disolución de las asociaciones cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público o a las bue-nas costumbres (Art. 96 del Código Civil). Con la nueva norma las sanciones van desde la más leve que es una amonestación, pasando por multa, suspensión de registros y llegando hasta la cancelación de los mismos, en casos gravísimos, aunque siempre se podrá cuestionar las sanciones que se impongan ante el Poder Judicial. Pese a que las sanciones son más benignas has posición. ¿Porqué será? Adivínelo Ud. amigo lector.

Diario Expreso

08 de diciembre de 2006

NI ANCHO NI ANGOSTO

Algunas Organizaciones No Gubernamentales, han recolectado firmas para pre-sentar demanda de inconstitucionalidad respecto a algunos artículos de las Leyes 28875 y 28925, relacionadas con la cooperación internacional, y los controles que ha dispuesto el Estado en pro de la misma transparencia que dichas ONGs han venido demandando al Estado y a los partidos políticos.

No me referiré en este artículo a la integridad de objeciones que formulan los quejosos de la nueva normatividad, pero sí al tema de las sanciones previstas en la reciente ley, que cuestionan los reclamantes.

Han señalado los propulsores de la demanda de inconstitucionalidad, que la aplicación de las sanciones previstas en la nueva ley tienen el carácter de arbitrarias.

La verdad sin embargo es distinta, por lo que es bueno hacer las precisiones y aclaraciones que el asunto amerita. Como es sabido las Organizaciones No Gu-bernamentales, usualmente para actuar, lo hacen bajo la forma legal de asocia-ción, regida por el Código Civil de 1984.

Hasta 1992 la única sanción que se podía imponer a una asociación, era la disolución esto es, dejaba de existir, la muerte institucional para explicarlo mejor. La disolución sólo la podía imponer el Poder Judicial por sentencia consultada a la Corte Suprema. Además sólo el Ministerio Público podía pedir la disolución, pero no por cualquier motivo, sino cuando los fines o actividades de la asociación fueran contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

En enero de 1992 se expidió el Decreto Supremo Nº 015-92-PCM, reglamentario del Decreto Legislativo 719 de la Cooperación Técnica Internacional. Ese Reglamento

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estableció, como sanción, la cancelación en los registros, así como de las facilidades, exoneraciones y privilegios que tuvieran las ONGs receptoras de la cooperación in-ternacional, por faltas como la inexactitud de la información que presenten, el uso ilegítimo de facilidades, exoneraciones, inmunidades y privilegios concedidos o de los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional.

A estas infracciones, la Ley 28386 en el año 2004, le agregó la utilización indebida de los recursos recibidos y/o aplicación de los mismos a fines distintos de aquellos para los que fueron proporcionados.

Nótese que primero había la disolución de la asociación como sanción, la que se redujo a la cancelación de registros, pero subsistiendo la asociación. Am-bas sanciones de suyo severas, pero eran para infracciones graves, no habían definidas infracciones leves.

Mientras estuvieron vigentes las rigurosas sanciones mencionadas, no hubo reclamo alguno. Ninguna ONG las cuestionó ni impugnó. Sin embargo cuando se expide la novísima Ley 28925, que establece menores sanciones, incorporando la gradualidad y proporcionalidad de las mismas y la relación que debe existir entre la infracción y la sanción, algunas ONGs saltan hasta el techo.

Los principios de proporcionalidad y gradualidad hacen que cuanto más leve sea la falta, la sanción sea también leve. Si por el contrario, la falta es grave, la sanción se agrava.

La Ley que tanto cuestiona un grupo de ONGs incluye la relación de infrac-ciones que pueden cometer las entidades sujetas a los controles de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, comenzando desde las más simples a las más graves y correlativamente, según la gravedad o no de la infracción, se apli-can sanciones que van desde la amonestación, pasando por multas, suspensión de beneficios, hasta cancelación de registros.

Hasta el 2006, queda claro que las sanciones aplicables eran disolución de la asociación o cancelación de sus registros. Hoy, las sanciones comienzan por la simple amonestación o llamada de atención, subiendo a multas, suspensión de beneficios hasta llegar a la cancelación de registros. La nueva Ley como se ve, es menos severa que la anterior legislación, pero hoy se quejan por menos cuando ayer no se quejaron por más. No les viene bien ni lo ancho ni lo angosto.

Lo que si tiene pendiente el Poder Ejecutivo, por lo menos hasta la redacción de este artículo, es la expedición del Reglamento de Infracciones y Sanciones, que debe contener, por delegación de la Ley, el procedimiento, formalidades, escala de sanciones y criterio de gradualidad y demás disposiciones administrativas para el cumplimiento de la norma legal.

Diario Expreso

13 de abril de 2007

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LEY SOBRE ONGs INDISPENSABLE PARA QUE ESTADO IMPIDA INTROMISION DE ALBA EN ASUNTOS INTERNOS,DIJO FLORES-ARAOZ

El ex-presidente del Congreso Antero Flores-Araoz, quien propiciará la apro-bación de la Ley que otorga al Estado a través de APCI, el derecho a conocer la procedencia de los recursos con los que actúan las Organizaciones No Guberna-mentales, así como el destino o empleo de los mismos, afirmó que dicha Ley es absolutamente constitucional y que debería mantenerse su vigencia.

Flores-Araoz manifestó que dicha Ley constituye una herramienta idónea con la cual el Estado podrá conocer el ingreso al país de los recursos económicos con los cuales cuenta el ALBA así como su utilización, con la finalidad de impedir que ésa o cualquier otra Organización se inmiscuyan en los asuntos internos del país.

La ayuda humanitaria, cualquiera que sea el lugar de donde provenga, es bienvenida en el país, siempre y cuando no esté ligada a otro tipo de compromi-sos como pueden ser políticos o ideológicos manifestó el hoy representante del Perú ante la OEA.

También dijo Flores-Araoz que sería gravísima la responsabilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional, si declaran inconstitucional la Ley so-bre las ONGs pues dejarían al Estado inerme e indefenso, ante la intromisión de organizaciones foráneas que podrían estar atentando contra la tranquilidad del país y propiciando o apoyando el desorden que se advierte.

En relación con el clima de violencia que se advierte en el país Flores-Araoz dijo que es una actitud suicida de quienes perturban la paz social, pues para que exista bienestar es necesario que haya trabajo, y no lo habrá si es que no hay in-versión. La inversión se da cuando hay tranquilidad y se respeta el ordenamiento jurídico y el estado de derecho, pero cuando no lo hay, la inversión pasa a otros lugares donde encuentra el ambiente de estabilidad y paz social.

Diario La Razón

20 de julio de 2007

INSULZA: PROPUESTAS ATENDIBLES

Con la misma tenacidad que hemos criticado los excesos del Tribunal Constitu-cional a nivel nacional, lo hemos hecho respecto a los de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el nivel hemisférico. Sus actuaciones

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tienen de común, que van más allá de la voluntad de su creación.Hemos dicho por ejemplo que el nivel de las reparaciones que ordena la

Corte pagar a los estados, son con los estándares norteamericanos, y que difiere de los demás países.

También insistimos en la necesidad de que el debido proceso que cautela la Comisión y la Corte, cuando es conculcado por los estados, lamentablemente no lo aplica cuando los estados son denunciados. Hay ocultismo, que debe terminar, y muchas veces los estados se enteran por la prensa de lo que debería ser obliga-ción de comunicación transparente por parte de dichas instituciones.

Varios representantes de nuestros países ante la OEA, sostenemos la necesi-dad de cambios procedimentales en la Comisión, en el ánimo de terminar con el embalse de denuncias. Tenemos propuestas para implantar el silencio adminis-trativo negativo combinado con abandono por falta de impulso de parte, al igual que la facilitación de acumulación procesal, entre otros mecanismos.

Con sinceridad tengo que reconocer que los Presidentes de la Comisión y de la Corte, así como de varios de sus integrantes, han ido comprendiendo que si es que no hay variaciones de actitud, de normatividad y visión panorámica de cada país evaluado, el Sistema sufrirá, lo que tiene que evitarse, pues lo necesitamos, superando sus defectos.

Al iniciarse el 130 Período de Sesiones de la Comisión, comprobamos que no estamos solos. La Secretaría General de la OEA a cargo de José Miguel Insulza ha efectuado observaciones de fondo, que no deberían echarse a saco roto.

Insulza, con razón y el conocimiento institucional, ha puesto el ojo en la demora en la tramitación de casos, lo que origina la crítica de los Estados y la so-ciedad civil. Señala que una de las causas, es la falta de recursos, lo que se agrava con el aumento de las denuncias, que en este año alcanzan las mil seiscientas, con un incremento de 17% respecto al año anterior. Al desmesurado crecimiento de las denuncias, Insulza con objetividad lo califica de “atollamiento de casos”.

También el Secretario General de la OEA se ha referido a la carga laboral, coincidiendo en la “necesidad de hacer cada vez más precisiones en torno a las tareas que cumple la Comisión”, agregado que “de este modo evitamos que ellas se trasladen a otros terrenos que no son propios de su función”.

Recomendación especial formuló Insulza para que se considere el contexto político en cada decisión de la Comisión, que no se formulen declaraciones que no guarden relación directa con problemas de derechos humanos, y que se tenga el debido cuidado pues “la cantidad creciente de casos de debido proceso que se presentan a la Comisión, comienzan a convertirla en una verdadera instancia su-perior de la administración de justicia de los países y llevan incluso a considerar asuntos de carácter civil que no son propiamente de derechos humanos”.

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Comisión y Corte, deberían escuchar la experimentada voz del Secretario General, a quien respaldamos en su tarea de propiciar el cambio.

Diario Expreso

13 de octubre de 2007

LAS ONG, EL TC Y EL CONGRESO

En los últimos tiempos mucho se ha dicho de las facultades legislativas del Tri-bunal Constitucional, pues dicho Organismo, además de dejar sin efecto normas que colisionan con la Constitución, ha estado llenando los vacíos dejados por ellas, lo que algunos hemos calificado como invasión de las funciones que corres-ponden a otros Organismos, entre ellos el Congreso de la República.

La usurpación de funciones del TC a través de algunas de sus sentencias, no es porque así se lo hubieran propuesto para extender, por si y ante si, las fa-cultades que taxativamente le señala la Constitución, sino porque han ido incor-porando jurisprudencia y doctrina europea que el legislador peruano no incluyó en nuestra normatividad y que con acierto el actual Presidente del TC -en su discurso en que asumió el cargo- calificó a quienes lo hacen como “recicladores de lo que se obtiene en Europa”.

Sin embargo, las críticas que los ciudadanos tenemos derecho a hacer al TC como a cualquier otro Organismo Estatal, no se limitan a sus funciones constitu-cionales sino al propio ejercicio de ellas, entre las que tenemos haber maniatado al Estado para fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales por interme-dio de la “Agencia Peruana de Cooperación Internacional” (APCI).

Por sentencia del TC se dejaron sin efecto algunas partes de la Ley 28925 modificatoria de la 27692, y restringió las facultades fiscalizadoras del Estado a las Organizaciones No Gubernamentales.

En buena cuenta la sentencia del TC permitió registrar las donaciones que vinieran del exterior y los proyectos de las ONGs, pero impidió fiscalizar si di-chos recursos se empleaban debidamente en los proyectos registrados, lo que es un absurdo.

En voto singular, el magistrado Juan Vergara Gotelli resumió el despropó-sito de la sentencia, manifestando que en virtud de ella “debe publicarse (por la ONG) lo que se dice y ofrece pero no lo que se hace y cumple”.

¿Puede quedarse el Estado sin fiscalizar debidamente a las ONGs después de la cuestionada sentencia? Creemos que el Estado tiene que recuperar a pleni-tud su facultad fiscalizadora de las Organizaciones No Gubernamentales, y para

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ello, dentro de un estado de derecho, existen dos vías. Una que ante un nuevo proceso de inconstitucionalidad de norma legal, el TC varíe su criterio. Otra que el Congreso de la República vuelva al tema con otra ley que restablezca la fisca-lización.

Como quiera que por Ley se dispuso que el Tribunal Constitucional es el órgano “supremo” de interpretación y control de la Constitución -apellido que no le confirió la Constitución- algunos piensan que ya no podría el Parlamento insistir en la tesis y restituir las atribuciones fiscalizadoras que la Ley 28925 otor-gó APCI. Nosotros creemos que si es posible, no sólo porque el devenir político, social y económico es cambiante y por ello hay necesidad de cambios legislativos, sino porque cuando se perciben errores hay que buscar fórmulas reparadoras y que mejor que sea el propio Congreso, que por vía legislativa, sea el actor de la solución, ya que además por ser de su competencia sancionar las leyes, al igual que el TC tiene la capacidad de interpretarlas, en cuyo caso el Parlamento es in-térprete originario.

Sobre la posibilidad que el Parlamento pueda legislar nuevamente respecto a situaciones sobre las que ya se pronunció el TC, debemos indicar que en infor-me al Congreso del 24 de mayo del 2004, el Profesor de Derecho Constitucional y hoy magistrado del TC, Dr. César Landa Arroyo, expresó “...que si se produ-jeran cambios sustanciales en las situaciones de hecho “políticas, económicas o sociales- el Congreso de la República pueda volver a legislar sobre la materia sentenciada, en el marco de la libre configuración de la ley por el legislador, como instrumento de dirección política”. A mayor abundamiento, en informe al Con-greso del 10 de julio del 2006, el Dr. Carlos Mesía Ramírez, actual magistrado constitucional, concluyó que “....el Parlamento siempre puede vencer la interpre-tación jurídica del órgano de control”.

De todo lo dicho es más que claro que el Congreso de la República tiene el poder para por Ley devolverle a APCI, en nombre del Estado, la facultad de fiscalizar apropiadamente a las ONGs. Existe proyecto de ley para ello debida-mente dictaminado, pero sigue durmiendo en los anaqueles parlamentarios y está en la agenda para su debate desde el 15 de julio del 2009. No la hagan larga, la función más importante del Congreso es la normativa y no es bueno que por falta de laboriosidad legislativa, algunas ONGs hagan lo que les da la gana, con-siguiendo fondos de la cooperación internacional, supuestamente para ayudar al desarrollo y elevación de niveles de vida de quienes más lo necesitan, sin que ello pueda ser verificado por el instituto gubernamental creado para tal propósito.

Diario Expreso

02 de mayo de 2010

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CEDRO

CEDRO cumple un cuarto de siglo de lucha contra las drogas, en tarea integral y multidisciplinaria, promoviendo el desarrollo para hacer frente al cultivo de la hoja de coca y otras materias para la elaboración de drogas, la producción de estas últimas así como su tráfico y consumo.

Esta Organización No Gubernamental demuestra a cabalidad que las hay con mística de servicio, con claridad en sus objetivos, que colaboran ayudando al Estado en la tarea de combatir el tráfico de drogas, y que a diferencia de muchas otras muestra eficiencia lograr progresivamente las metas que se propusieron. Ha tenido además el mérito de direccionar su actuación prioritariamente con los más jóvenes de los sectores menos favorecidos por el desarrollo económico y social, con peligro de explotación y abusos de diversas características.

Siendo multidisciplinario el trabajo de Cedro y multipropósito sus objetivos, es prácticamente imposible hacer un inventario de sus acciones por lo que nos li-mitaremos a recordar que ha tenido acciones directas en más de tres mil comunida-des, brindando asistencia técnica a cerca de igual número de instituciones, varias redes de periodistas especializados en la difusión de acciones contra el narcotrá-fico, entrenamiento de corresponsales escolares para su colaboración en acciones preventivas, infinidad de monografías, informes y evaluaciones sobre las tareas de prevención y de enfrentamiento al grave flagelo que es el narcotráfico. A ello tiene que agregarse los cientos de seminarios y conferencias para involucrar a nuestras autoridades y a la Policía Nacional en la lucha contra el mortífero tráfico.

Creemos, sin equivocarnos, que Cedro cuenta con el archivo más amplio y completo de estudios para la lucha contra el tráfico de drogas y su prevención, y sus informes y estudios han servido a quienes desde los Poderes del Estado hemos tenido responsabilidades en las áreas de interés de ésa institución.

En lo internacional CEDRO tiene presencia, destacando su reconocimiento en las ONU a través de los comités especializados en el trato y combate al narco-tráfico. Adicionalmente tiene intervención activa en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) importante brazo de estudio y de acción de la OEA.

En las diversas instalaciones de CEDRO se respira clima de cordialidad entre sus miembros que se transmite a los terceros visitantes y receptores de su destacada actuación, y siempre se recibirá trato afable y buena disposición para escuchar, reco-mendar, ayudar y monitorear. Indiscutiblemente Alejandro Vassilaqui tiene un sitial preponderante, y a su vocación de entrega tenemos mucho que agradecerle.

Diario Expreso

17 de junio de 2011

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PENAL

PENA DE MUERTE OTRA VEZ

Vuelve a la discusión la pena de muerte, como si el asunto no hubiera sido mate-ria de reflexiones por siglos. Aunque sea la última vez que se trate sobre ella, es necesario hacer algunas precisiones.

El debate ha regresado debido al clamor ciudadano ante la violación y muerte de menores. Se percibe que los menores están desamparados, y por más aumento de sanciones los horrendos crímenes no disminuyen.

Los más piden la pena de muerte, y son menos los que prefieren otro tipo de castigo. Entre quienes prefieren sanción no mortícola están influenciados por la creencia que el catolicismo no admite la pena máxima. Si leyesen el “Catecismo de la Iglesia Católica” aprobado por S.S. Juan Pablo II el 11 de Octubre de 1992, propuesto por la Comisión que presidió el Cardenal Joseph Ratzinger, hoy S.S. Benedicto XVI, serían bastante menos.

El canon 226 del catecismo indica que “…… la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima au-toridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte”.

Los detractores de la pena de muerte, dan como argumento que con ella no se puede subsanar el error judicial, pues no hay fuerza humana que devuelva la vida.

Otro de los argumentos es que la penalidad tiene doble finalidad, el castigo y la reeducación del penado para su reincorporación a la sociedad, lo que no ocurriría con quien es ejecutado. Es imposible su retorno a la comunidad, y por lo demás, nuestras cárceles no son ejemplo de resocialización.

Se dice que la pena de muerte tiene carácter intimidatorio y disuasivo, lo que no se ha acreditado satisfactoriamente.

El Perú es signatario de la Convención Americana Sobre Derechos Humano de San José de Costa Rica, la que respecto a la pena de muerte preceptúa que los

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países que no la han abolido, no la extenderán para delitos a los cuales no se la aplica “actualmente”.

La discusión de la situación del Perú sobre tal precepto, se concentra en de-finir lo que significa “actualmente” y cuales son los delitos para los que se aplica-ba. Unos consideran que es la fecha en que la Convención se suscribió, otros la de aprobación por norma interna, o la del depósito del instrumento de ratificación.

Las fechas son irrelevantes, pues una vez que se fueron reduciendo los de-litos para los que podía aplicarse la pena de muerte, ella ya no podría ampliar-se. Entonces para adicionar delitos con sanción de pena de muerte tendría que hacerse una reforma constitucional y denunciar el Tratado de San José de Costa Rica, denuncia que no podría ser parcial pues ni él ni la Convención de Viena sobre los Tratados lo autoriza.

En el debate de la Constitución actual, fui de la tesis de ampliar la pena de muerte para el terrorismo, pero no fue desarrollada por el Código Penal ni tam-poco se retiró el Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En aquella oportunidad afirmé que podría denunciarse la Convención, esperar el vencimiento del plazo del pre-aviso, y adherirnos nuevamente a ella con la exclusión o reserva de la pena de muerte.

Hoy los tiempos son diferentes, la tendencia mundial es abolicionista. De-nunciar la Convención para luego adherirnos con limitaciones o reservas, no creo que sería bien visto en el ámbito internacional. Es preferible buscar mecanismos de prevención; hacer docencia sobre la perversidad de los delitos a los que nos referimos; los padres de familia y maestros ser más vigilantes y no tener reparo en denunciarlos. Le toca al Ejecutivo hacer que los penales dejen de ser escuela de delito para transformarse en lugares de reeducación y al Poder Judicial ser más severo.

Mucho se puede hacer, sin necesidad de ampliar la pena de muerte, pero la decisión es tema de conciencia.

Diario El Comercio

18 de agosto de 2006

MAS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Como si no tuviéramos asuntos de que preocuparnos, el Gobierno pone en la agenda la pena de muerte. En el siglo XX ella ha sido tratada en las cuatro Cons-tituciones que se sucedieron.

La Constitución de 1920 limitó al homicidio calificado y la traición a la patria.

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La Constitución de 1933, además de mantenerla para los delitos menciona-dos, la amplió a los otros que pudiere señalar la ley.

En la Constitución de 1979 se limitó a la traición a la patria en caso de gue-rra exterior; y por último en la Constitución que nos rige, la de 1993, se volvió a ampliar la permisibilidad de la pena de muerte al delito de traición a la patria en caso de guerra (no solo exterior) y al terrorismo.

Aunque la Constitución de 1993 permitió la pena de muerte para el terro-rismo, no se incluyó en la legislación penal, dada su colisión con la “Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica”.

Como cualquier otro tema, hay argumentos a favor y en contra, aunque no han podido ser vencidas razones tan poderosas como que tal pena no es disuaso-ria ni intimidatoria; su aplicación no podría subsanar errores judiciales; y no hay la resocialización del condenado.

Lo antes señalado no impide comprender el clamor popular por la inclusión de la muerte como sanción, para quienes perpetren violación sexual de menor de siete años de edad, seguida de muerte.

¿Resolverá ésa pena el flagelo que significa un delito tan repugnante? La respuesta es negativa, por lo que parecería ser más sensato buscar fórmulas pre-ventivas, elevar el nivel educativo y cultural, evitar se estimulen bajas pasiones, luchar contra la promiscuidad, y sobre todo que los medios, en la difusión de la noticia y en el entretenimiento que brindan, actúen con responsabilidad para que los temas de sexo se traten con seriedad.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina que los Es-tados que han abolido la pena de muerte, no la restablecerán; y aquellos otros que no la han abolido, no la podrán ampliar a otros delitos adicionales a los que se aplica “actualmente”.

El Gobierno para desvirtuar las objeciones a la implantación de dicha pena a los violadores-homicidas de menores de siete años, aduce que cuando el Perú ratificó el Tratado al que nos hemos referido, estaba vigente el Decreto-Ley 20583 (abril de 1974) que reprimía con pena de muerte a quien hubiere hecho sufrir el acto sexual a menor de siete años. Como efecto, la reimplantación de la pena de muerte para aquellos delincuentes, no obligaría al Perú a retirarse de la “Conven-ción Americana sobre Derechos Humanos”.

Sin embargo, hay otras lecturas que traen por tierra la pretensión mortícola. Estas serían:

- La Convención, que suscribió el Perú el 27 de Julio de 1977, se aprobó por Decreto Ley 22231 del 11 de Julio de 1978. Tal aprobación no reci-bió la anuencia del Congreso, como ordenaba la Constitución de 1933,

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vigente en aquella época, existiendo por ello vicio legal, que no podía subsanarse con el depósito de la aprobación en la OEA.

- Para subsanar la deficiencia anotada, la décima sexta disposición ge-neral y transitoria de la Constitución de 1979, ratificó la Convención. Y su ratificación fue depositada y entró en vigencia para el Perú el 21 de enero de 1981.

- La Convención entra en vigor en la fecha del depósito de su instrumen-to de ratificación o adhesión (inciso 2 del Artículo 74 de ella), lo que sucedió años después que quedó derogada la pena de muerte para los violadores de menores.

En efecto el Artículo 235 de la Constitución de 1979, que no incluye la pena de muerte para los violadores de menores, deroga el Decreto Ley 20583 que la estableció, por contrariar norma de mayor jerarquía. El Artículo 235 constitucional rigió desde el 13 de Julio de 1979, en cumpli-miento de lo que establece la primera disposición general y transitoria de ésa Constitución.

- A mayor abundamiento, y en supuesto caso de error, la interpretación de la Convención no puede permitir la limitación de derechos en mayor medida que la prevista en ella (Art. 29). Hay más, la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de Setiembre de 1983, expresó que debe interpretarse la Convención, en el sentido de limitar definitivamente la aplicación de la pena de muerte, de modo que se vaya reduciendo, hasta su supresión final.

Más claro, ni el agua, restablecer la pena de muerte para los violadores-ho-micidas de niños no resuelve el problema, pero nos aparta del cumplimiento de la Convención, con todas sus implicancias.

Diario Expreso

29 de setiembre de 2006

MUCHO MAS SOBRE LA PENA DE MUERTE

En artículo anterior argumentamos que la Convención Americana sobre Dere-chos Humanos determina que los Estados que han abolido la pena de muerte, no la restablecerán; y aquellos otros que no la han abolido, no la podrán ampliar a otros delitos adicionales a los que se aplica “actualmente”.

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El Gobierno para desvirtuar las objeciones a la implantación de dicha pena a los violadores-homicidas de menores de siete años, aduce que cuando el Perú ratificó la Convención, estaba vigente el Decreto-Ley 20583 (abril de 1974) que reprimía con pena de muerte a quien hubiere hecho sufrir el acto sexual a menor de siete años. Por ello si se reimplanta la pena de muerte para los violadores de menores, no obligaría al Perú a retirarse de la Convención.

Sin embargo, hay otras razones que traen por tierra la pretensión mortícola. Estas serían:

- La Convención, que suscribió el Perú el 27 de Julio de 1977, se aprobó por Decreto Ley 22231 del 11 de Julio de 1978. Tal aprobación no reci-bió la anuencia del Congreso, como ordenaba la Constitución de 1933, vigente en aquella época, existiendo por ello vicio legal, que no podía subsanarse con el depósito de la aprobación en la OEA.

- Para subsanar la deficiencia anotada, la décima sexta disposición general y transitoria de la Constitución de 1979, ratificó la Convención. Y su ratifica-ción fue depositada y entró en vigencia para el Perú el 21 de enero de 1981.

- La Convención entra en vigor en la fecha del depósito de su instrumen-to de ratificación o adhesión (inciso 2 del Artículo 74 de ella), lo que sucedió años después que quedó derogada la pena de muerte para los violadores de menores. En efecto el Artículo 235 de la Constitución de 1979, que no incluye la pena de muerte para los violadores de menores, deroga el Decreto Ley 20583 que la estableció, por contrariar norma de mayor jerarquía. El Artículo 235 constitucional rigió desde el 13 de Julio de 1979, en cumplimiento de lo que establece la primera disposición general y transitoria de la Constitución.

- La interpretación de la Convención no puede permitir la limitación de de-rechos en mayor medida que la prevista en ella (Art. 29). Hay más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de Setiembre de 1983, expresó que debe interpretarse la Convención, en el sentido de limitar definitivamente la aplicación de la pena de muerte, de modo que se vaya reduciendo, hasta su supresión final.

Más claro, ni el agua, restablecer la pena de muerte para los violadores-ho-micidas de niños no resuelve el problema, pero nos aparta del cumplimiento de la Convención, con todas sus implicancias.

Diario Expreso

06 de octubre de 2006

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PROCESOS A JALILIE

Muchos magistrados se mortifican y con razón, cuando se generalizan aprecia-ciones negativas sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Si bien es cierto existen magistrados respetables, probos y competentes, también es verdad que los litigantes, los judiciables y sus abogados observan que las causas se eternizan, que en los establecimientos penales lo único que abunda son inculpados sin sen-tencia, y que la modernidad aún no llega al Palacio de Justicia.

Hay casos que son emblemáticos, como el de Alfredo Jalilie Awapara, con varios procesos pero sin ninguna sentencia firme, y lo peor, pese a que el Pre-sidente de la República le concedió el derecho de gracia aún sigue procesado. ¿Alguien lo puede entender? Este caso habría engolosinado a Kafka. Induda-blemente la potestad de administrar justicia ordinaria, se ejerce por el Poder Ju-dicial, siendo principios de la función jurisdiccional, entre otros, su unidad y exclusividad, independencia, y no interferencia de otras autoridades, pero no afectan el derecho de gracia.

Los no habituados a los temas jurídicos, se preguntarán ¿qué es el derecho de gracia?. Sin juzgar, se pueden concluir procesos penales y también se puede indultar o perdonar, acciones que son ajenas al Poder Judicial, pero valederas.

Las dos instituciones más conocidas en esta materia son la amnistía y el indulto. La amnistía de competencia parlamentaria y el indulto de competencia presidencial, aunque el Presidente de la República puede además conmutar pe-nas, esto es reducirlas, y ejercer el derecho de gracia.

El ejercicio del derecho de gracia como atribución presidencial es conce-sional, discrecional e inmotivado, y por su ejecución se termina el proceso y se levanta la detención del inculpado. La Constitución sólo señala dos requisitos para la concesión del derecho de gracia presidencial, el primero que sólo es para procesados, y el segundo, que la etapa de la instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. Punto final, no hay más requisitos.

En junio último, el Presidente de la República, mediante Resolución Supre-ma Nº 097-2006-JUS concedió el derecho de gracia a 23 inculpados que estaban procesados ante el Juzgado Penal de Tambopata, y a Alfredo Jalilie Awapara por los procesos que se le siguen en Lima. Resultado: La autoridad judicial dio por concluido el proceso a los inculpados de Tambopata, pero denegó la aplicación del mismo beneficio otorgado a Alfredo Jalilie ABSURDO E INCOMPRENSIBLE, por decir lo menos.

Los fundamentos de la judicatura para rechazar la aplicación del derecho de gracia son falaces, pero no esconden la gravedad que significa que los operadores de la justicia, desconozcan una atribución presidencial, como es el conceder la

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gracia. Es una facultad que nace de la Constitución, al igual como nace de ella la de juzgar por el Poder Judicial.

En un Estado Democrático de Derecho, cada Poder u Organismo del Estado tiene sus atribuciones y funciones, que no pueden ser ni invadidas ni mermadas por otras autoridades, pues lo contrario estimularía la anarquía.

En el caso de Jalilie la autoridad judicial ha cuestionado una atribución del Presidente de la República, cuando lo que tenía que hacer era cumplirla. Lo que ya fue la cereza en la torta de desaciertos, fue el pedido expreso del Procurador Adjunto de la República, para que no se aplicara la decisión de su Superior Jerár-quico, el Ministro de Justicia y el Presidente de la República. Ese sólo hecho mere-cería la destitución del Procurador. Jalilie ha interpuesto acción de habeas corpus por peligrar su libertad al inaplicarse el derecho de gracia que le fue otorgado. Esperamos que cuando llegue a la instancia final se atienda el pedido de Jalilie, de cuya impecable trayectoria como funcionario público por varias décadas, han dado fé ministros y ex-ministros, rectores, parlamentarios, directores del BCR, dirigentes empresariales y gremiales, funcionarios y ex-funcionarios del Banco Mundial, del BID y del FMI entre muchísimos otros. No más ensañamiento.

Diario Expreso

03 de noviembre de 2006

PENA DE MUERTE: ¡OTRA VEZ…..!

En agosto pasado el Presidente de la República lanzó la tesis para modificar la Constitución, y permitir la pena de muerte a homicidas violadores de niños, atendiendo al clamor popular por la proliferación de tal delito. En setiembre si-guió con la misma tesis, y cuando se acercaba el día de conmemoración de los difuntos, parece que el Presidente se acordó del tema y esta vez propuso ampliar el Código Penal para incluir la pena de muerte a quienes perpetraran el delito de terrorismo en las modalidades agravadas.

Al principio muchos nos esmeramos en dar a conocer los motivos por los cuales la tesis mortícola era inconveniente e inaplicable. Dijimos que la pena cumple doble finalidad, por un lado es castigo, pero por otro es para la reedu-cación del condenado, para prepararlo para su regreso a la sociedad, lo que los expertos llaman “resocialización de la pena”. Esto último imposible en el caso de la pena de muerte.

También manifestamos que está probado que la pena de muerte ni es di-suasiva ni intimidatoria. Agregamos que con la aplicación de la pena de muerte

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no se pueden subsanar los errores judiciales, lo que si es posible con sanciones menos drásticos. En estos tiempos no hay ningún Lázaro que pueda resucitar después de ejecutado, para su resocialización o para subsanar error judicial. Los tiempos bíblicos pasaron.

Se repitió hasta el cansancio, que el Perú es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Tratado de San José de Costa Rica, el que compromete a los estados parte a no reimplantar la pena de muerte en caso que la hubieran abolido, y a no ampliarla a otros delitos, en caso que la hubieran mantenido.

El Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos por la Constitución de 1979, la que sólo admite la pena de muerte en caso de guerra exterior, por lo que era claro que no podía ampliarse a otros delitos. Empero en la Constitución vigente de 1993 se amplió la autorización para dicha mortícola sanción a la traición a la patria en general (ya no sólo en caso de guerra exterior) y al terrorismo. Se hizo a sabiendas que no se podría aplicar, y para dar una señal del Estado a la subversión terrorista, que el Perú no estaba inerme y que daba lucha frontal al terrorismo.

Obvio que al ampliar la Constitución de 1993 la permisibilidad de la pena de muerte a más delitos que los que permitía la Constitución de 1979, se estaba transgrediendo el Tratado de San José de Costa Rica, aunque en forma leve pues para sancionar con pena de muerte tendría que modificarse la Legislación Penal (Léase Código Penal, Código de Procedimientos Penales y Código de Ejecución Penal), lo que no se hizo, y si se hubiera hecho si sería una gravísima violación a la Convención o Tratado antes mencionado, salvo que se hubiera denunciado, con lo nocivo que hubiera sido para el Perú tamaña desmedida decisión.

Cuando creíamos que las cosas volvían a su nivel y que el Jefe del Estado ha-bía dejado en el archivo de los recuerdos el asunto de la pena de muerte, vuelve sobre el tema, pero esta vez para imponerla al terrorismo, en que ya no requiere variar la Constitución de 1993, pero si la legislación penal, pues no olvidemos que la Constitución en este aspecto es autoritatiao pero lo que es mandatario es el Código Penal, el Procesal Penal, y el de Ejecución Penal.

Con el mayor de los aprecios tenemos que decirle al Presidente: NO SEÑOR, NO INSISTA, la tendencia en el mundo es abolicionista y la imposición de la pena de muerte, no puede intentarse sin apartarnos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos dejaría a todos los peruanos sin la protección supranacional a dichos fundamentales derechos.

El terrorismo debe enfrentarse con servicios de inteligencia eficientes, con otras severas sanciones, concluyendo cuanto antes los juicios que están en curso, con mayor interdicción, y sobre todo, tomando conciencia que no hay que bajar

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la guardia, y que el terrorismo está aliado con el narcotráfico que corrompe y rebaja al ser humano.

Diario La Razón

09 de noviembre de 2006

PATENTE DE LECHO

Recientemente se ha pretendido aprobar en el Congreso un proyecto de ley para despenalizar la relación sexual con menor de 18 años y mayor de 14, motivando muchísimas protestas.

Para centrar el tema debemos recordar que el Código Penal es el cuerpo de leyes que tipifica las conductas delictuosas, esto es las características del delito, señalando las sanciones para quienes las perpetran, e igualmente los atenuantes y agravantes, facilitando al juzgador la valoración de la sanción entre el mínimo y máximo establecidos.

Como instrumento orgánico, el Código Penal tiene su lógica, y ella es clara, cuando más grave es el delito más grave es la pena o sanción para quien resulte culpable de haberlo cometido. Del mismo modo, cuando más leve es el delito o la falta, más benévola la sanción.

Nuestro actual Código Penal data de 1991 y en los escasos 3 lustros de su exis-tencia ha sido modificado muchísimas veces, siendo la mayoría de ellas para elevar penas, que han roto su estructura lógica de mayor gravedad de delito mayor sanción. En efecto, tenemos hoy delitos con sanciones más graves que la del homicidio, cuando se supone que el bien más protegido debe ser la vida humana, que es lo más valioso.

Cada vez que se ha cometido algún horrible crimen, la respuesta parlamen-taria y gubernamental ha sido aprobar y promulgar leyes que hacen más severa la sanción, como si ello fuera a solucionar la situación. Ante la grita por las pandillas, más sanción. Ante la grita por una abominable violación el mismo tratamiento, y así sucesivamente para las tomas de carreteras, para la falsificación de moneda, para el secuestro y para tanto otro delito. La verdad es que la mayor sanción no necesaria-mente es disuasoria y consecuentemente no impide que se vuelvan a cometer los mismos delitos por los que se elevó severamente las respectivas penalizaciones.

Uno de los más claros excesos en la sobre penalización fue la Ley 28704 que varió la normatividad de delitos vinculados con la libertad sexual, consideran-do en la práctica que bastaba relación sexual con menor de 18 años para que se configurara el delito de violación, no seducción, tampoco delito contra el pudor ni nada que se le parezca, se fue al extremo de calificar el hecho como violación.

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Para dejar de lado el exceso legislativo, se presentaron proyectos en el Con-greso para considerar que la sola relación sexual entre un mayor de edad, o sea mayor de 18 años, con un menor de ésa edad pero mayor de 14, no es violación si hay consentimiento del menor. Esto ha sido considerado por muchísimas per-sonas e instituciones otro extremo, que puede propiciar o alentar las relaciones sexuales con personas de más de 14 años pero menores de 18, y que ello podría estimular mayor promiscuidad que la que ya se observa, existencia de relaciones temporales y debilitamiento de la institución familiar. En buena medida que al igual como hace siglos hubo la patente o autorización de corso, hoy tendríamos la patente de lecho.

Todos los extremos constituyen excesos y hay que ir a lo que es lógico. No puede considerarse que el mayor ded 14 pewro menor ded 18 años tenga la ma-durez necesaria para dar su consentimiento a relaciones sexuales. Ese consenti-miento por relativa madurez del adolescente que consintió, no puede hacer des-aparecer el delito, pero si podría darle otra tipificación que hay que estudiar y valorar.

También el tema podría llevarnos a buscar coherencia con otros hechos y acciones. Si te considera la ley penal capaz de dar consentimiento a relación se-xual, porque la misma ley no te hace ciudadano y con la misma capacidad y madurez hagas ejercicio del voto en las elecciones. Si eres maduro para consentir en relación sexual, porque también no te consideran maduro para cometer delito y no como simple menor sujeto a medidas reeducativas y no sancionadoras. Si también eres maduro para el lecho, porque no para trabajar sin necesidad de au-torización paterna, para contratar, para viajar, para servir en las fuerzas armadas y tantos otros actos para los que la ley te exige mayor edad. Si queremos estudiar el tema de la madurez y sus consecuencias, pues hagámoslo integral y multidi-mensionalmente y no sólo restringido al tema sexual.

El tema tiene muchas aristas, y debe ser debatido no sólo por abogados y especialmente por penalistas, sino por educadores, sociólogos, psicólogos y mu-chísimos otros profesionales. El tema interesa a toda la sociedad.

Diario Expreso

06 de julio de 2007

NO MATARÁS

Como dicen caribeños y telenovelas venezolanas, tenemos nuevo culebrón, nada menos generado por un grupo de abogados que están preparando un proyecto

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de nuevo Código Penal, donde pretenden despenalizar lo que genéricamente se denominan como aborto “sentimental” y “eugenésico”.

Nos explicamos. Nuestro Código Penal, entre los delitos contra la vida, considera en general al aborto, sancionando a la mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique. Se sanciona también al que causa el aborto con consentimiento de la gestante, e igualmente a quien lo practica sin su aceptación. La pena se agrava si quien causa el aborto es profesional de la salud.

El mismo Código trata sobre el aborto “terapéutico”, disponiendo que el aborto practicado por médico, con consentimiento de la mujer embarazada, no es punible, esto es no se sanciona, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

En lo que se refiere al aborto absurdamente llamado “sentimental”, practica-do cuando el embarazo es consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera del matrimonio, si bien es sancionado, la pena es leve. Igual sucede con el aborto “eugenésico”, practi-cado cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas.

Olvidan los creadores de este “culebrón” y los “progre” que han salido en defensa de los “fans” de Herodes, que quienes se oponen a la despenalización del aborto “sentimental” y “eugenésico” no es por “cucufatería” sino por principio, como es defender la vida, que es lo más excelso que tiene el ser humano.

Alguien también ha dicho que quienes alzan la voz en defensa del concebi-do, confunden Catecismo con Derecho, olvidando que el Derecho por excelencia y sustento de todos es el Derecho Natural, anterior al Derecho Positivo, y que consagra el derecho a vivir.

Muchos de los “progre” que predicaron contra la pena de muerte, que fue pro-puesta ante el Congreso para algunos delitos sumamente graves, son los mismos que hoy pontifican pero para aplicar la misma pena de muerte a un inocente, no a un culpable, sino al inocente concebido que no tuvo responsabilidad alguna en la violación sexual, sino fue fruto no deseado de ella, como al que se pueda suponer nacerá con graves discapacidades, pese a que los avances tecnológicos y científicos de las disciplinas médicas podrían en el futuro corregirlas o amenguarlas.

Estos mismos “progre” a los que nos referimos, alzan su voz y actúan como si fueran verdugos, tratando de inculpar a quienes defendieron a todos nuestros compatriotas de la lacra terrorista, cuando hubieron bajas en las huestes de estos criminales, bajo el prurito que la vida debe protegerse. Empero, justifican y des-penalizan el aborto que es homicidio contra un no nacido. ¡Qué tal contradicción!

Hay que recordarles a los novísimos seguidores de Herodes, que no es pro-greso sino retroceso, quitar la vida a inocentes, haciéndonos volver a tiempos de cavernícolas y de tinieblas. ¡Qué espanto!

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A estos mismos “Progre” habría que decirles que si quieren tratar el tema exclusivamente desde el Derecho, sin ir muy lejos nuestra Constitución consagra el Derecho a la Vida, como el primer bien protegido, al declarar en su primer ar-tículo que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Agrega en el primer inciso de su artículo segundo, que toda persona tiene derecho a la vida, así como a su integridad mo-ral, psíquica, y física, considerando como persona al concebido, que es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Si en consecuencia tiene derecho a la vida, ¿por qué lo condenan a muerte?, sin que ni siquiera pueda defenderse ni alzar su voz de protesta e indignación.

Estos “progre” y varias de las ONGs en que recalan en busca de abultados estipendios y notoriedad, son los mismos que levantan su dedo acusador en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando al Estado Peruano como violador sistemático de Derechos Humanos, pero eso sí, no defienden el derecho a la vida del pobre concebido, aunque si de quienes perpetraron los más alevosos crímenes terroristas en nuestra patria. Otra vez ¡el mundo al revés! En el tema del aborto quieren ignorar que sus tantas veces invo-cadas convenciones internacionales sobre Derechos Humanos, protegen invaria-blemente la vida. Lean el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las mismas Convenciones a que nos referimos, en los contados casos en que hay permisibilidad legal de la pena de muerte, la excluyen para la mujer emba-razada, pese a su delito, entonces nos preguntamos también ¿por qué se salva la vida del por nacer de madre delincuente, pero se le quita al que proviene de gestante inocente? Vaya paradoja.

Diario La Razón

18 de octubre de 2009

ORDEN PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD PENAL

Cuando se declara estado de emergencia, el Presidente de la República puede disponer que la tarea del orden interno la asuman las Fuerzas Armadas, sin des-medro de la participación policial, pero puede también mantener tal labor dentro de los fueros de la Policía Nacional.

Mucho se ha reclamado al Ministerio Público y al Poder Judicial, de iniciar investigaciones, de abrir procesos judiciales e incluso condenar a severas penas,

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a personal militar o policial, que en el ejercicio de sus actividades y cumplimiento de sus obligaciones, ha causado muerte o lesiones. Ya el sólo hecho de las cita-ciones a indagaciones e investigaciones, trastoca las tareas cotidianas de nuestros policías y militares, pero si a ello se le agrega el peligro de penas privativas de libertad, por desconocimiento suficiente de las operaciones que realizan, ello es grave, y por eso se busca normatividad legal que en cierta medida impida tales abusos de derecho.

Recientemente ha sido presentado en el Congreso de la República, proyecto de Ley de autoría gubernamental, mediante el cual se propone modificar el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, en el sentido de que está exento de respon-sabilidad penal “el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en el cumplimiento de su deber dentro de una zona declarada en estado de emergencia y haciendo uso de la fuerza letal, causa muerte o lesiones graves”.

A nuestro juicio, dicha proposición legislativa, lejos de solucionar la situa-ción, hace más vulnerables a policías y soldados, pues limita la inimputabilidad ya existente. En efecto, la norma que se pretende sancionar, restringe la exención penal únicamente cuando los hechos se produzcan en zona declarada en estado de emergencia, cuando las lesiones sean graves, y cuando se utilicen armas letales. Estas limitaciones no existen en el actual inciso 11 que quieren modificar, pues esta previsto para situaciones que se produzcan fuera o dentro de zonas de emergencia, son para cualquier tipo de lesiones, y en uso de cualquier tipo de armas.

El nuevo texto que ha sido propuesto olvida que las Fuerzas Armadas cum-plen rol importante en el mantenimiento o en el restablecimiento del orden in-terno, no sólo cuando se les delega dicha responsabilidad ante la declaración de estado de emergencia (art. 137 de la Constitución), sino cuando tienen que apoyar a la Policía Nacional cuando ella es insuficiente, y hasta en eventualidad en que no haya declaración de emergencia (Ley 28222).

No se requerirían normas adicionales a las existentes si nuestras autorida-des comprendieran las funciones y prerrogativas de la Justicia Militar, que para eso fue creada y que nuestra misma Constitución consagró, y por otro lado si nuestros fiscales y jueces hicieren uso oportuno y adecuado de las causas que eximen de responsabilidad penal. Entre ellas se encuentra la defensa de bienes jurídicos frente a la agresión ilegítima; la actuación por disposición de la ley, de un deber, o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo; el obrar por or-den obligatoria de autoridad competente expedida en ejercicio de sus funciones; y por último el accionar de las Policía y Fuerzas Armadas que en cumplimiento de sus obligaciones y en uso de armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte.

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Como vemos, si nuestros magistrados del Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, dejaran actuar a la Justicia Militar o hicieran uso de la normatividad del Código Penal sobre exención o inimputabilidad de responsabi-lidad penal, como dice el refrán “otro gallo cantaría”.

Diario La Razón

01 de noviembre de 2009

PODER PARA CONCILIAR

Debido a la pesada carga procesal que afronta la Administración de Justicia y para materias ajenas a la normatividad penal, se buscaron mecanismos alternati-vos de solución de controversias, entre los que tenemos el Arbitraje -reconocido en la Constitución- así como la Conciliación.

La Ley 26872 que data del año 1997, declaró de interés nacional la insti-tucionalización y desarrollo de la Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, siendo principio sustantivo de ella el propiciar cultura de paz y se realiza siguiendo los principios éticos de equidad, veracidad, buena fé, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía.

Por propia definición de la ley, la Conciliación es una institución por la cual las partes acuden a un Centro de Conciliación extrajudicial a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. Su carácter obliga-torio nace de la disposición por la cual si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la Audiencia respectiva ante un Centro de Conciliación, el juez al momento de calificar la demanda, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar.

En los más de diez años de vigencia de la Conciliación, se han resuelto mu-chísimos conflictos y controversias, sin llegar al Poder Judicial, lo que indiscu-tiblemente ha reducido o por lo menos no ha aumentado, la carga procesal de los juzgados. Únicamente llegan a ellos las controversias que no se han podido conciliar, demostrando que es un mecanismo eficaz, esperando que con el correr del tiempo se utilice muchísimo más.

Cuando las partes en conflicto, o alguna de ellas, es persona jurídica, actúan en la conciliación a través de su representante legal persona natural, pero cuando los interesados son personas naturales, la concurrencia a la audiencia de conci-liación es personal, ergo no se admiten apoderados, salvo las excepciones que se han señalado en el reciente Decreto Legislativo 1070. La razón de ser de la concu-rrencia personal fue para buscar solución directa y armoniosa a la confrontación,

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en que estando presentes los directos interesados supuestamente era más fácil ir acercando sus posiciones con la intervención del conciliador.

Pese a lo antes expuesto, bien podría permitirse la intervención de apodera-dos, para lo cual habría que volver a modificar el artículo 14 de la Ley de Conci-liación, en su actual texto contenido en el Decreto Legislativo 1070, permitiendo que el interesado persona natural en la audiencia de conciliación, opte entre su presencia personal o mediante apoderado.

Recordemos que nuestro Código Civil permite que el acto jurídico pueda ser realizado mediante representante, para lo cual se otorga poder, el que puede ser general para actos de administración o especial para los actos para los cuales ha sido conferido. Si hay poder en el cual se incluye la representación en audiencia de conciliación, con facultades suficientes para conciliar el diferendo, no encontramos aparente motivo para impedir esta facilidad, más aún cuando el propio Código Procesal Civil autoriza la designación de apoderado judicial en los procesos juris-diccionales. Si el interesado se puede hacer representar en el juicio por apoderado, sería conveniente dar la misma posibilidad en el proceso previo de la Conciliación.

Diario Oficial “El Peruano”22 de diciembre de 2009

LUCHA ANTICORRUPCIÓN: SE NECESITAN PROPUESTAS

Como en muchos otros temas, en la corrupción hay diversidad de diagnósticos, evaluaciones y también investigaciones. Se supone que todo ello es para preparar propuestas para la lucha anticorrupción, donde lamentablemente no hay muchas iniciativas, y cuando las hay se agotan en el nombramiento de comisiones, zares o zarinas e incluso en el facilismo legislativo de elevar penas con olvido de la prevención. Las numerosas modificaciones del Código Penal han hecho añicos su estructura y hoy hay delitos menos graves que atentar contra la vida humana pero con sanciones más severas que para el homicidio.

Todos meten su cuchara en el tema y siguen en las generalidades sin aterri-zar en lo concreto y en la necesidad de dotar a la Contraloría General de la Repú-blica de mecanismos más efectivos para su tarea preventiva y de fiscalización, así como de los recursos económicos y humanos para que cumpla con sus objetivos.

Recientemente la Conferencia Episcopal Peruana también se ha referido al tema, y bajo el título “Recuperemos la Ética Pública” llama la atención de es-candalosos casos de corrupción y de la dicotomía entre el discurso y la falta de acción sancionadora.

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En el mismo pronunciamiento advierte que el mal uso de los recursos del Estado y la utilización del poder en beneficio de quienes ejercen autoridad o in-fluencia política en lugar de estar al servicio de las personas, perjudican al pueblo en su conjunto, pues hay menos recursos para los servicios de salud, educación e infraestructura.

A ello tenemos que agregar el descrédito del sistema, pues al perjudicar a todos y no determinarse con claridad a los infractores, muchas personas que po-drían estar dispuestas a colaborar en la cosa pública, se desalientan y abstienen de hacerlo, y otros hasta encuentran inequitativo solventar gastos del Estado que no siempre llegan a puerto seguro, quedan en el camino a través de la coima, la comisión indebida, el soborno y tantas deleznables modalidades.

Ahora que entramos en la lid electoral, sería conveniente que las agrupa-ciones políticas que pretenden conducir los destinos del país, de la región o de alguna localidad, hagan sus propuestas de prevención y de solución a la corrup-ción que tanto daño hace en lo material y en lo moral. Eso sí, no más diagnósticos que ya los hay, se necesitan las propuestas, y que ellas sean lógicas y realizables.

Diario Expreso

04 de junio de 2010

ACUERDITIS

No se trata de ninguna enfermedad recién descubierta, nada tiene que ver con la rinitis, amigdalitis, bronquitis ni nada que se les parezca. Estamos ante una nueva costumbre de algunas autoridades que invitan a personas e instituciones sobre las que ejercen autoridad, para suscribir acuerdos, pactos o convenios, por los que se obligan a cumplir las disposiciones legales.

Reconociendo la buena voluntad de los convocantes, estimamos que más allá de la difusión mediática -esto es la foto- el esfuerzo es reiterativo y prácticamente nulo. Si la normatividad existe y todos estamos obligados a cumplir con la Ley por mandato constitucional y de ella misma, entonces ¿para que redundar suscribien-do acuerdos de cumplimiento? y peor cuando vemos que no siempre se cumplen.

Hemos visto, muy aplicaditos, presurosos y solemnes, a representantes de partidos políticos y de la llamada sociedad civil, acudir ante la autoridad llamada a combatir el narcotráfico, comprometiéndose a no incluir en sus listas de candi-datos a personas vinculadas con tal flagelo y a no recibir recursos de sospechosa procedencia. ¿No sería mejor investigar bien a quienes conforman las listas de candidatos y los recursos de las campañas? Creemos que si.

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También observamos el llamado a comprometerse con reglas éticas de cam-paña electoral, para desterrar toda inconducta, respetar a los contrincantes, ab-jurar de los insultos y actuar con juego limpio, como que deben estar limpias de pintas propagandísticas no autorizadas: paredes, calles, puentes, columnas, pos-tes y otros elementos similares. ¿No sería lo apropiado una severa fiscalización y sanción a los infractores? Creemos que si.

Del mismo modo los medios han dado cuenta de la suscripción de un pacto contra la corrupción. Si nuestro Código Penal sanciona severamente la corrup-ción y determina las penalidades que pueden imponerse a los infractores, enton-ces ¿para qué el convenio? ¿Dejará de existir la corrupción por tal pacto? ¿No es más adecuado mejorar la fiscalización y juzgar con presteza, pues la tardanza inmotivada es corrupción? La respuesta es obvia.

Como anécdota que grafica el sin sentido del “acuerditis” hemos visuali-zado a algunos que concurriendo a la convocatoria, se negaron a suscribirlos, entonces ¿para qué fueron? Obvio también: la foto.

Contamos con las normas legales, tenemos los procedimientos para hacer-las cumplir y las autoridades llamadas para ello, como también las sanciones y penalidades por incumplimiento, y por último los mecanismos coercitivos perti-nentes. ¿Para qué los acuerdos? Pues para nada, en consecuencia, ahorrémonos ésa innecesaria labor y también la foto.

Diario Expreso

15 de octubre de 2010

SOBRESEIMIENTO INCOMPRENDIDO

Por Ley 29548 el Congreso delegó al Poder Ejecutivo legislar sobre normas proce-sales y penitenciarias relacionadas con el personal militar y policial procesado o condenado por delitos que implican violación de Derechos Humanos.

El Ejecutivo, en cumplimiento de tal delegación, dictó el Decreto Legislati-vo 1097, de cortísima vigencia, ya que fue derogado por el Congreso a solicitud del propio Ejecutivo presionado por sectores de la prensa, de Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y de diversos parlamentarios. La derogación se produjo luego de desencuentros ministeriales, fé de erratas, co-municados oficiales que enturbiaron el ambiente político y la falta de solidaridad de un Gabinete Ministerial para con el Ministro que había logrado la aprobación de la norma en el mismo Consejo de Ministros, al que injustamente abandonaron a su suerte.

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Ahora que todo lo acontecido con el susodicho Decreto Legislativo es His-toria antigua, amainó el temporal político y nuevos sucesos lo han relegado, es conveniente hacer algunos desapasionados comentarios sobre el tema.

Dos fueron las principales objeciones que se le hicieron al D. L.1097. La pri-mera el cuestionamiento a la disposición por la cual la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Huma-nidad” aprobada por Resolución Legislativa No 27988 solamente surte efectos y rige para el Perú a partir del 9 de noviembre del 2003. Sus objetantes pretenden que tenga efecto retroactivo. La segunda objeción al pretender que los sobresei-mientos que permitió la norma, conllevan una encubierta prescripción.

El primer cuestionamiento es infundado pues la Resolución Legislativa 27988 que aprobó la Convención, expresamente dispuso que era aplicable “...para los crímenes que consagra la Convención, cometidos con posterioridad a su entrada en vigor en el Perú”. El Presidente de la República de aquel entonces, ratificó la Convención con la misma salvedad o reserva por Decreto Supremo No 082-2003-RE del 1 de julio del 2003, y la Cancillería informó en edición del diario oficial “El Peruano” del 21 de agosto de dicho año, que la citada Convención entrará en vigencia para el Perú el 9 de noviembre del 2003. Más aún, el Tribunal Constitucional en su resolución del 23 de marzo del 2010 (exp. 00018-2009-PI/TC) reconoce dicha fecha de inicio de vigencia. Todo ello no hace más que pre-cisar lo que genéricamente consagra nuestra Constitución, en el sentido que los dispositivos legales rigen para el futuro y no para el pasado, salvo la retroactivi-dad benigna en materia penal.

Como hemos visto el Decreto Legislativo 1097 lo único que hace es repetir lo que ya estaba establecido y se conocía, siendo írritos los cuestionamientos.

El segundo cuestionamiento también es infundado, pues pretende que los procesos judiciales por supuestos crímenes de lesa humanidad, ocurridos antes del 9 de noviembre del 2003, no pueden ser sobreseídos pues el sobreseimiento equivale a la prescripción, lo que contraviene la Convención invocada.

Es conveniente precisar que el sobreseimiento es una decisión que pone fin al proceso, sea a nivel de Fiscalía o a nivel Judicial, cuyas motivaciones están debidamente expuestas en el Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Le-gislativo 957, cuyos artículos pertinentes, lo único que hizo el criticado Decreto Legislativo 1097 es adelantarles la vigencia para los enjuiciamientos a militares y policías. Nada nuevo, únicamente adelantar vigencia.

Nuestra Constitución precisa que la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada (art. 139 inc. 13) pero no son instituciones jurídicas idénticas. La prescripción se obtiene por el simple correr del tiempo, a diferencia del sobreseimiento cuyas motivaciones

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son diversas, entre ellas el exceso de los plazos para la investigación preparatoria y de la instrucción.

Dice el aforismo que justicia tardía no es justicia, y los tratados internaciona-les sobre Derechos Humanos de los que el Perú es signatario, preceptúan el de-recho al debido proceso y al juzgamiento en plazos razonables (art. 9 inc 3 y art. 14 literal c del inc 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8 inc 1 de la Convención Americana sobre DD.HH) por lo cual el sobreseimiento es algo natural y corriente, y no atenta contra las disposiciones sobre impres-criptibilidad de la citada Convención Internacional. Por lo demás, la presunción constitucional es de inocencia y no de culpabilidad.

Cuando haya vuelto la calma y el ambiente político tranquilo, conviene que se vuelva a tratar este tema, y que el articulado del Código Procesal Penal res-pecto al sobreseimiento, se adelante para todo tipo de inculpados y para todo tipo de delitos, sin excepción, a efecto de lograr igualdad ante la Ley, pero que se tenga en cuenta de un lado la complejidad de los procesos, puesto que no todos son iguales, así como el comportamiento procesal de los inculpados. En efecto, no sería razonable que inculpados que indebidamente han dilatado el proceso, se beneficien de los excesos en los plazos que ellos mismos han propiciado.

Diario La Razón

24 de octubre de 2010

CASTIGO O VENGANZA

Cada vez que se perpetra algún grave delito que estremece a la opinión pública, casi automáticamente se elevan voces reclamando pena de muerte y cual rayo, se presentan proyectos de ley en el Congreso con ésa finalidad.

Entonces, se repite nuevamente la misma rutina, voces a favor y en contra de la ampliación de la pena de muerte, confrontación de opiniones, abundantes artículos y citas -tanto históricas como jurídicas- grandes titulares en los medios, y al final lo sensato: todo queda en los archivos parlamentarios y en el cerebro de los memoriosos, auque perdimos valioso tiempo que podría haber sido mejor empleado.

Rememorando lo ya conocido debemos expresar que la sanción por la co-misión de delito tiene por finalidad por un lado el castigo y por otro la resocia-lización del condenado, esto es prepararlo para que regrese a la sociedad y sea ciudadano, sino ejemplar, por lo menos cumplidor de sus obligaciones y que no vuelva a delinquir.

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Es más que evidente que con la pena de muerte sólo se castiga pero no se resocializa, pues el reo muerto, al no ser émulo de Lázaro, no regresa al mundo para demostrar que se corrigió, lo que además es difícil conociendo nuestros es-tablecimientos penales. Tampoco se ha podido demostrar que la pena de muerte tenga carácter disuasivo, además que con la mortícola sanción no se puede en-mendar errores judiciales.

Si realmente existiera la voluntad de ampliar la pena de muerte para otros delitos, se tendrían que hacer varias acciones. La primera enmendar la Constitu-ción, pues ella sólo la permite para los delitos expresamente señalados en ella. La segunda, hacer modificaciones a la legislación penal, como es el Código del mismo nombre, además del Código Procesal Penal y el de Ejecución Penal y normatividad conexa. La tercera, denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que ella, siendo abolicionista, no permite ampliar la pena de muerte para más delitos de los que ya estuvieran considerados en la legislación respectiva.

Nos centraremos en la última acción aludida, que si bien es posible no es de aplicación inmediata, pues tendría que darse un preaviso de un año a la OEA. Por lo demás ni la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos ni la Convención de Viena sobre los Tratados autoriza denuncia parcial, ella tendría que ser total.

Si bien es verdad que luego de la denuncia total a la Convención, podríamos volver a ella con la reserva respecto a la mortícola sanción, ello se apreciaría en la Comunidad Internacional como un recurso de carácter “procesal” no bien visto para países respetables, más aún cuando la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos en Opinión Consultiva del 8 de setiembre de 1983, expresó que la Convención debe ser interpretada en el sentido de limitar definitivamente la aplicación de la pena de muerte, hasta su supresión final.

Como vemos regresamos infructuosamente a la misma confusión, olvidan-do que la pena es castigo para resocializar y no venganza de la sociedad.

Revista Gente Nº 1560

30 de noviembre de 2010

ABORTO

Cual Herodes contemporáneos, han alzado sus voces para poner nuevamente en debate el tema del aborto, lo que amerita algunas precisiones.

Comencemos por definir ¿qué es el aborto? y sin irnos a complicados dic-cionarios jurídicos, recurriendo al Diccionario de la Real Academia Española,

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tenemos que el aborto es interrupción del embarazo por causas naturales o deli-beradamente provocadas.

En buena cuenta se trata de quitar la vida al ser antes de su nacimiento, y decir que es simple interrupción del embarazo, para que se perciba menos grave la acción.

La vida, más allá de las creencias religiosas de cada quien, es un derecho de toda persona que nuestra Constitución reconoce y considera al concebido como sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Además los tratados internaciona-les sobre Derechos Humanos, que el Perú ha suscrito, consagran el derecho a la vida y prohíben su privación arbitraria.

Nuestra legislación positiva, específicamente el Código Penal distingue di-versos tipos de aborto, como son el autoaborto, el aborto consentido, el no con-sentido, el causado por profesionales, el preterintencional, el terapéutico, el ético y el eutanásico. Todos ellos sancionables con la única excepción del aborto tera-peútico, que no es punible, cuando sea practicado por médico con consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

El autoaborto es el que la mujer causa su aborto o consiente que otro lo prac-tique. El aborto consentido es el que ejecuta un tercero con el consentimiento de la gestante. El no consentido es el que se practica por tercero sin consentimiento de la mujer embarazada. El aborto causado por profesionales de la salud, tiene una connotación de mayor gravedad. El preterintencional es el que es ocasionado con violencia, pero sin haber tenido el propósito de causarlo. El llamado aborto ético es el originado en embarazo como consecuencia de violación sexual o inseminación artificial no consentida. Por último el eugenésico que es practicado por la probabi-lidad que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o síquicas.

El aborto, ciertamente es abominable, pues se perpetra contra un ser por na-cer, pero que tiene vida, no puede manifestarse, expresarse ni menos defenderse, pero siendo humano tiene derecho a vivir, y nadie puede arrogarse derecho para disponer de ésa vida. Para quienes además profesamos alguna religión, ellas por lo general señalan que la vida es un don que otorga la divinidad.

Diario Expreso

01 de julio de 2011

COLADERA

Insólito, por decir lo menos, es lo que viene pasando en nuestros establecimien-tos penitenciarios, y no de ahora sino desde hace mucho tiempo.

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Indignados ciudadanos se preguntan si INPE es la sigla del Instituto Na-cional Penitenciario o de la INEFICIENCIA PENITENCIARIA, pues horroriza-dos observamos como desde los mencionados establecimientos que deben ser-vir para que los reos cumplan pena privativa de libertad y sean resocializados, se manejan bandas que asaltan, extorsionan, lesionan y matan.

Pero no es lo único que acontece en ellos, pues además de las fugas, para lo que por lo general hay complicidad o por lo menos complacencia de autoridades, que convierten a los penales en simples coladeras, algunos reclusos transforman su centro de reclusión en centro de diversión, oficina, y probablemente hasta en spa.

Mientras no hay personal policial suficiente en las calles para resguardar el orden público y prevenir la criminalidad, se distrae las tareas policiales con un mayor número de efectivos para el control del acceso a visitas en cantidad mayúscula y a toda hora para un ex-presidente de la República que sufre car-celería.

Vemos también que otro interno que ha sido procesado y condenado por actos de corrupción, sale del penal como Pedro por su casa, negocia precio de una carrera con taxista, sube al vehículo y regresa después de horas al establecimien-to penitenciario para primarios, como si ello fuera lo más normal del universo, aunque de todos modos en nuestro querido Perú.

El colmo de los colmos es que el “hermanísimo” puede dar conferencias de prensa, comunicarse con cuanto periodista existe, burlarse de las autoridades judiciales, y hasta parecería ser que le dan serenatas y lo despiertan con ranche-ras y la famosa “Las Mañanitas” en el penal en que está recluido.

Hay que poner orden para que estos bochornosos hechos no se repitan, los establecimientos penales no pueden ser tierra de nadie ni parecerse a “territorios liberados” en que campea la indisciplina y el caos ante la inacción de las autori-dades llamadas a corregir la situación.

El ciudadano común y corriente no entiende porque hasta ahora no se aísla electrónicamente al área de los penales de la posibilidad de comunicarse desde ellos por celulares con el exterior, cuando es más que conocido que desde los penales se instruye para la comisión de delitos fuera de ellos. Insistimos, es hora de poner orden en los mencionados centros de reclusión.

Diario Expreso

19 de agosto de 2011

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CONGRESISTAS CON CARGA PENAL

Han llegado a ser elegidos congresistas algunas personas con problemas pena-les pendientes, sea en investigación por el Ministerio Público o procesados en el Poder Judicial.

En la práctica ingresaron al Congreso con carga de contenido penal. Les asiste la presunción de inocencia mientras no se declare judicialmente respon-sabilidad penal, así hubieran consignado las denuncias o los procedimientos pe-nales en los que se encuentran involucrados, en la hoja de vida presentada a las autoridades electorales.

Se debate si les alcanza las inmunidades de proceso y de arresto, pues los hechos por los que se les investiga o procesa son anteriores a su elección.

La Constitución otorga la protección denominada inmunidad de proceso e inmunidad de arresto, lo que significa que sin autorización del Congreso no pueden ser procesados ni arrestados los congresistas. Dicha inmunidad cubre el período comprendido desde la elección hasta un mes después del cese.

Las mencionadas inmunidades son para impedir que se ejerzan presiones inde-bidas contra los parlamentarios, que interfieran con sus funciones, pero de ninguna manera es para hacerlos intocables y exceptuados de responsabilidades penales.

A los parlamentarios en funciones, con denuncias o procesamientos de ca-rácter penal previos a su elección, no les alcanza la inmunidad de proceso, pues la misma se inicia recién cuando son elegidos. Esto fue corroborado en una mo-dificación al Reglamento del Congreso, que para clarificar el tema, en mayo del 2006, dispuso que “la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competen-te con anterioridad a su elección, lo que no se paralizan ni suspenden”.

Consecuentemente, los congresistas que accedieron al Parlamento con carga de contenido penal, la seguirán llevando a cuestas, sin intervención ni autoriza-ción del Parlamento.

En lo que se refiere a la inmunidad de arresto, dichos parlamentarios si tie-nen la inmunidad, pues siendo ya parlamentarios para ser arrestados requieren de la autorización del Pleno del Congreso o de su Comisión Permanente.

Para cautelar el debido proceso, existe en el Congreso la “Comisión de Le-vantamiento de Inmunidad Parlamentaria”, la cual evalúa los actuados que le envía la Corte Suprema, luego que una Comisión de Jueces Supremos del Poder Judicial califica las solicitudes de levantamiento de inmunidad.

Quienes tienen denuncias o procesamientos penales antes de postular al Congreso, deben tener claro que de ser elegidos no se librarán de las in-

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vestigaciones o procesos, pues la inmunidad no les alcanza para situaciones originadas antes de la elección. Sabían a lo que se exponían y el Parlamento no puede ser refugio de investigados o procesados, pues como repetimos no son intocables.

Diario Expreso

23 de setiembre de 2011

CORTE DE PELO Y SU SECUELA

Lo veo y no lo creo, increíble pero cierto, no es un sueño, y muchas otras expre-siones del cotidiano vivir, podríamos haber señalado respecto al pintoresco caso en que se separa al director del penal más tugurizado del país y con población que sobrepasa varias veces su capacidad, por el hecho de haber ordenado el corte de pelo de los internos.

Se han alzado voces de protesta desde el Sector Público, incluida la Defenso-ría del Pueblo, y también desde algunas ONGs de Derechos Humanos ¡Sorpresa! No han protestado por la separación del buen jefe del penal, sino contra su deci-sión de haber ordenado el corte de cabello.

Ante lo expuesto, nos preguntamos si dichas autoridades reclamantes y si las Organizaciones de Derechos Humanos no tienen cosas más importantes a que dedicarse, para malgastar su tiempo en el corte de pelo. Se hubiera entendido la protesta si el director del penal hubiere sometido a los internos a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que están proscritos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no señor, se trata de un simple corte de cabello, sin siquiera haber sido rapados, lo que por lo demás está de moda.

Cuando los internos de penales hacen lo que les da la gana, atentan contra la integridad de otros internos o de los custodios de los establecimientos peniten-ciarios; los que hoy reclaman por los cabellos, callan en todos los idiomas. Empe-ro por un simple y conveniente corte de pelo, claman a los cielos con desgarro de vestiduras. ¡De Ripley!.

El Código de Ejecución Penal dispone que las medidas privativas de libertad de los procesados están exentas de tortura o trato inhumano o humillante, y de cualquier acto o procedimiento que atente contra la dignidad del interno. Fran-camente no veo como un simple corte de pelo podría ser confundido con tratos vejatorios, cuando el mismo Código determina que el interno debe observar las disposiciones sobre orden, aseo y disciplina, que por lo demás si las incumple co-mete falta sancionable.

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El corte de pelo evita indeseados insectos y ácaros, y constituye deseable medida de aseo, que también es exigida en los establecimientos escolares, en las escuelas militares y policiales, así como en los cuarteles y dependencias policiales. Lo cierto es que hay hasta el modelo denominado “corte militar” y nadie se molesta, salvo los que protestan por llevar la “moda” a los centros penitenciarios.

Lo que hoy nos indigna, es probable que mañana nos haga reír, pues la des-proporción es de tal naturaleza que cada día nos parecemos más a los países de opereta, sin siquiera habérnoslo propuesto. Ojalá que si el nuevo director del penal ordena una buena bañada a los internos, con cepillo y jabón, nuestras au-toridades no lo vayan a flagelar.

Diario Expreso

20 de julio de 2012

UBICAINA DE URGENCIA

El Procurador de la lucha anticorrupción ha recibido el encargo de cobrar las reparaciones civiles dispuestas por el Poder Judicial a quienes han sido condena-dos por el respectivo delito, lo que nos parece muy bien.

Lo que ha sorprendido es que cuando el Presidente Ollanta Humala Tasso manifiesta que evaluará el indulto al ex Presidente Alberto Fujimori si él o sus familiares lo solicitan, sea el Procurador quien en maratónica carrera anuncie su intención de embargar los cuadros que el condenado a pena privativa de libertad ha pintado dentro del penal.

No se trata de embargo de inmuebles, de cuentas en instituciones bancarias y crediticias, títulos valores o acciones, el embargo anunciado se refiere a pintu-ras que el ingeniero Fujimori ha hecho y mantiene en su celda, dentro de las ac-tividades de readaptación y terapia ocupacional. Hay internos que hacen tejidos, otros artesanías, algunos labores de carpintería, así como también esculturas, dibujos y pinturas, que no tienen mayor significación económica pero los ayuda anímicamente a soportar los años privados de libertad.

Normalmente las obras del ingenio artístico, con valoración económica o sin ella, son apreciadas por sus autores, familiares y amigos, pues tienen un conteni-do no patrimonial importante que trasunta lo dinerario. El autor no es un pintor reconocido con amplia reputación y renombre en el medio artístico, se trata sim-plemente de un amateur que ha buscado cobijarse en ésa actividad para hacer más llevadera su permanencia en establecimiento carcelario.

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Si el Procurador estima que con el remate de las pinturas mencionadas se podrá pagar o por lo menos amortizar en forma importante la reparación civil que alcanza los veintisiete millones de nuevos soles, se equivoca rotundamente. Probablemente las pinturas alcancen algún valor pecuniario en el futuro por la connotación histórica más no artística del autor, pero en el momento no será sig-nificativo para el pago de la reparación mencionada.

El autor no es Daly ni Picasso, y sus obras difícilmente llegarán a galerías internacionales como Christie’s o Sotheby’s, pero para su autor tienen el valor que le da su aprecio y su dedicación. El gran maestro Macedonio de La Torre me abrió el intelecto sobre la apreciación personal del arte, cuando al obsequiarme una de sus obras me dijo: “te entrego este hijo de mi espíritu”.

Señor Procurador, no tengo todavía opinión formada sobre el indulto, pero algo de ubicaina no le vendría mal, deje de lado mezquindades y sea más huma-no con un anciano tras las rejas y con padecimientos de salud.

Diario Expreso

05 de octubre de 2012

INSISTEN EN EL NEGACIONISMO

El Poder Ejecutivo sometió al Parlamento un proyecto de ley para incorporar el “negacionismo” como figura delictiva en el Código Penal. Las críticas llovieron por doquier y las comisiones encargadas del estudio de la proposición le consul-taron a gil y mil, tanto en el Perú como en el exterior, sin encontrar eco favorable aunque si rechazo, comenzando por el Poder Judicial que de ser aprobado el desatino sería el encargado del procesamiento a los inculpados.

La presión gubernamental a los parlamentarios se ha dejado sentir para la aprobación del proyecto, tanto es así que estando en las comisiones dictamina-doras los más versados congresistas en materia jurídica, probablemente se han doblegado para no ser señalados injustamente como obstruccionistas.

Se dijo a los parlamentarios que ya se contaba con el delito de apología al terrorismo, cuya tipificación podía ser mejorada sin necesidad de incorporar el negacionismo al Código Penal, lo que era absolutamente baladí, tanto es así que el solo escribirlo en la computadora aparece como error.

Volvieron las comisiones parlamentarias a inquirir en el Poder Judicial so-bre las sentencias por apología al terrorismo, y la respuesta fue que nadie ha sido condenado por tal delito, pese a lo cual se insiste en el negacionismo, menos claro y más complicado que el primero.

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Como el proyecto no pudo debatirse en la legislatura fenecida, se ha deri-vado a la Comisión Permanente del Congreso donde esperan menos oposición al dislate, por lo que sería conveniente que sus integrantes se pregunten si real-mente creen que el instaurar el delito de negacionismo ayudará a combatir al terrorismo.

La propuesta legislativa reformada en el dictamen parlamentario reprime al que niegue los delitos de terrorismo con las diferentes tipificaciones que se han dado a través de los años; e igualmente reprime al que niegue la calidad de autor o partícipe de tal delito cuando lo ha determinado sentencia judicial firme. En ambos casos con la motivación de promover el terrorismo o su apología, o sirva como medio para adoctrinamiento con fines terroristas.

Como vemos la tipificación es nebulosa, con necesidad que se acredite mo-tivaciones que de suyo son subjetivas, todo lo cual contraría la más elemental técnica en legislación punitiva.

Sin pecar de zahorí la propuesta normativa es fundamentalista, lleva a ins-taurar el pensamiento único y como verdad solamente la oficial, atentando con-tra libertades constitucionales como la de opinión, expresión y difusión del pen-samiento y con olvido de la prohibición del delito de opinión.

Nadie quiere democracia boba e indefensa, pero es super boba si crea armas inservibles.

Diario Expreso

21 de diciembre de 2012

MENORES Y SEXO

Por Ley 28704 se modificaron diversos artículos del Código Penal respecto a la violación de la libertad sexual, entre ellos el 173 referido a menores, establecién-dose gradualidad de penas según la edad de los afectados, bajo el criterio que a menor edad mayor pena. Para el caso de relaciones sexuales de mayores de edad con menores entre 14 y 18 años, la pena privativa de libertad se fijó entre un mí-nimo de 25 años y un máximo de 30.

Contra la penalización de relaciones sexuales con menores entre 14 y 18 años, se interpuso acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, por mayoría, ha expulsado la norma del ordenamiento legal, ergo –aunque no lo crean- dejaron de ser delito las relaciones sexuales de mayores con menores en el rango de edades aludido. Evidentemente se trata de acciones consentidas, pues para las que no lo son, poco importa la edad, están penalizadas.

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¡Párese bien! No se vaya a caer. ¿Cuál fue la motivación para tan sorpren-dente decisión del TC? Insisto, ¡agárrese! fue: “por haber vulnerado el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores de edad entre 14 años a menos de 18”.

Me jalo los pocos pelos que me quedan, ¡al libre desarrollo de la personali-dad! Los mayores de 14 pero menores de 18 podrán tener relaciones sexuales con mayores y estos no serán sancionados si media consentimiento, ya que cualquier sanción irá contra el desarrollo de la personalidad de los menores.

Con el criterio señalado, bueno pues que los mismos menores ejerzan el derecho de sufragio restringido a los mayores de edad, que puedan contratar libremente, que puedan transferir toda clase de bienes y gravarlos sin necesidad de intervención de sus padres, que escojan la escuela a la que quieran asistir, y también que puedan litigar directamente en los estrados judiciales, en resumen: ¡qué hagan lo que les venga en gana!

¿Qué fue del interés superior del niño y del adolescente de que trata su Có-digo? Se fue al tacho. ¿Qué fue del precepto que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales? (Convención sobre los Derechos del Niño): También al tacho.

No perdamos la esperanza, no todo está perdido, hubo dos votos singulares en el TC que prudentemente recomiendan al Parlamento tomar acción normativa para tratar el tema de la violación de menores, recordando que el consentimiento de los menores no puede ser considerado válido pues se encuentran en etapa de formación física y psíquica en que hay carencia de madurez y por ello en incapa-cidad de decidir de manera libre y razonada.

Hemos omitido tratar sobre relaciones sexuales entre menores, pues más allá de consideraciones de salud física y mental, o incluso morales, ellas no son materia de responsabilidad penal, pero si debemos enfatizar que cuando se en-durecen las penas más allá de lo sensato se generan reacciones para reducirlas o anularlas, quedando atrapados en un festival de excesos. Hoy nuestro Código Penal es una caricatura del que se promulgó.

Diario La Razón

31 de marzo de 2013

FRONTÓN: CERCA DE SOLUCIÓN

El 19 de junio de 1986 fue develado un grave motín en el centro penitenciario “San Juan Bautista” en la Isla del Frontón, frente al Callao, efectuado simultá-neamente en otros dos penales. Los internos del penal que lo habían convertido

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en un fortín, tomaron de rehenes a personal de custodia y premunidos de armas enfrentaron a quienes debían recuperar el orden en el establecimiento.

La tarea de sofocar el levantamiento en el Frontón fue encomendada a la Marina, que actuando en cumplimiento de sus obligaciones, con pérdida de vida de algunos de sus integrantes y con lesiones graves en otros, terminó con los actos de violencia que dañaban al país, así como a su prestigio en momentos en que se desarrollaba en nuestra patria un importante evento de nivel universal.

En este mundo al revés en que vivimos, a los inocentes los condenan, a los culpables los liberan, a los demonios los beatifican, a los corruptos los eligen, a los decentes los excluyen, y a quienes cumplen con su deber los procesan; esto último es lo que ha sucedido con nuestros valerosos marinos que hace más de 27 años doblegaron a los sediciosos que se habían rebelado en el Frontón.

Estamos cerca de llegar al trigésimo aniversario de los sucesos, y todavía no acaba el martirio para quienes defendiendo el Estado de Derecho y el cum-plimiento de las órdenes para recuperar el Frontón, ellos siguen afrontando en sede judicial nacional y en sede jurisdiccional internacional los procesos que les fueron instaurados. De poco o nada sirvieron las resoluciones con declaración de prescripción del supuesto delito y de sobreseimiento de actuados, cuando en el nivel supranacional de protección o a veces desprotección de los Derechos Hu-manos, se ordenaban nuevos procesos contra los defensores de la legalidad y la paz. Cierto aunque no lo crean.

Felizmente en sentencia del 13 de junio de 2013, recién conocida, el Tribunal Constitucional ha reconocido dos importantes conceptos. El primero es que para ser considerados algunos delitos como “crímenes de lesa humanidad” se requiere que sean gravísimos, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemáti-co contra población civil, y con conocimiento de dicho ataque (artículo 7 del Estatu-to de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado por R.L. No 27517 publicada el 16 de setiembre de 2001) lo que no ha sido acreditado en el caso del Frontón.

El segundo es que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humani-dad, lo son para los perpetrados con posterioridad a la vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, no pudiéndose aplicar con efecto retroactivo por mandato de nuestra Constitución (art. 103) y de otros tratados internacionales. Ergo la imprescriptibilidad no alcanza a los hechos del Frontón de junio de 1986 que ya prescribieron y por ello a la justicia penal nacional ordinaria no le quedará otro camino que resolver en consecuencia, y de una vez por todas darles paz y tran-quilidad a los valerosos marinos que arriesgaron sus vidas. Por fin avanzamos.

Diario La Razón

15 de setiembre de 2013

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DIJO…. ¿ZURRARSE?

La segunda gestión gubernamental de Alan García es investigada por una co-misión parlamentaria multipartidaria a la cual el ex Presidente ha concurrido en cumplimiento de sus obligaciones. Empero, consideró que no le fueron señaladas las imputaciones que se le hacían, y que no pudo acceder al expediente para pre-parar su defensa, motivo por lo cual interpuso acción de amparo ante el Poder Judicial.

El juez de primera instancia dio en parte la razón al ex Presidente, deter-minando que se había incumplido con el debido proceso y que tenía que retro-traerse la investigación parlamentaria al mes de marzo. Adicionalmente el juez dispuso no apartar de la investigación al ex – Presidente.

Unos estarán conformes con la sentencia y otros la objetarán, pero lo cierto es que a todos nos asiste el derecho constitucional de criticarla y por ello no hay que molestarse, como tampoco por el hecho que el ex Presidente hubiera recu-rrido al Poder Judicial, ni menos aun porque el Congreso cuestione la sentencia, apele y haga elevar los actuados a la decisión de un tribunal superior.

Hasta allí las cosas claras, como también lo es que el derecho al debido pro-ceso y a la defensa, no está circunscrito al ámbito judicial, sino que abarca lo administrativo, lo electoral, y lo parlamentario entre tantos otros procedimien-tos. Además en Democracia hay separación de Poderes del Estado, así como de atribuciones y competencias, debiéndose respetar los fueros de cada cual, que cuando se activan con arreglo a la Constitución y la Ley constituyen ejercicio regular del Derecho y no intromisión perniciosa.

Lo que no puede aceptarse es que respecto a la sentencia judicial, un par-lamentario exprese que hay que “zurrarse en ella”. La doctora Martha Hilde-brandt, reconocida lingüista y versada académica en su obra “1000 Palabras y Frases Peruanas” nos dice que en el Diccionario de la Real Academia Española figuran “zurrar” con la acepción de azotar como castigo y “zurrarse” equivalente de “cagarse” con el matiz de accidente o con el de temor. Agrega que “…en líneas generales zurrarse y cagarse son términos que pertenecen al ámbito del lenguaje familiar, popular o vulgar” y “por eso llama la atención que en el Perú zurrarse aparezca en la portada de algún diario limeño…”

La Constitución determina que las leyes y las sentencias se cumplen, y si al-gún parlamentario en forma despectiva y vulgar, llama a no acatar resoluciones judiciales, no nos quejemos que los ciudadanos comunes y corrientes no respeten la ley, crucen las pistas por donde les da la gana, avancen en sus vehículos cuan-do el semáforo está en rojo, no paguen impuestos, desobedezcan los alumnos a los profesores, los pescadores burlen las vedas, los comerciantes importen mer-

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cancías prohibidas, los transportistas transiten por donde quieran, los peatones hagan sus necesidades biológicas en la calle, y así podríamos seguir y seguir.

¿Cómo podemos hacer un Perú mejor con ciudadanos respetuosos, si quie-nes fueron elegidos para dar leyes y respetarlas, llaman a desacatar las senten-cias? Es para meditar.

Diario La Razón

29 de setiembre de 2013

NI VIOLACIÓN NI ALLANAMIENTO

El ingreso de los fiscales del Ministerio Público a las instalaciones de la Dirección de Inteligencia Naval, fueron calificados en un borrador de informe de la llamada “Megacomisión” del Congreso como “allanamiento” y que se habría cometido acto delictuoso en la investigación de la supuesta participación de la Marina de Guerra en interceptación de comunicaciones.

Pese a tratarse de un mero borrador, aún no valorado por la correspondien-te Comisión Investigadora del Congreso, y que seguramente será corregido, es conveniente precisar que tal documento incurre en error pues no ha habido ni violación ni allanamiento de domicilio, como muchas veces la prensa ha confun-dido ambos delitos.

Comencemos por lo que determina la Constitución del Estado en que en su artículo 2 inciso 9 reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio y dispone que “Nadie puede ingresar a él ni efectuar investigaciones o registros SIN AU-TORIZACIÓN DE LA PERSONA QUE LO HABITA o sin mandato judicial….”

Como quiera que hubo autorización expresa del Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, del Ministro de Defensa y de la Marina de Guerra del Perú, obviamente no hubo infracción al texto constitucional y menos perpetración de delito alguno.

El Código Penal al proteger el domicilio, distingue entre el delito de viola-ción de aquel, del de allanamiento ilegal del mismo (artículos 159 y 160). La dis-tinción es que el perpetrador del primero es cualquier persona mientras que en el segundo tiene que ser funcionario o autoridad pública. Como es fácil advertir se trataría, por cierto en condicional, de allanamiento si este se hubiera realizado, pero no se produjo.

Los diccionarios jurídicos uniformemente y desde antaño nos dicen que allanamiento es “el acto de violentar la voluntad de otro para entrar en su casa …a viva fuerza y sin estar autorizado” (Diccionario de Epifanio Sánchez de Las

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Matas de 1883). Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual define al allanamiento como el “delito que consiste en penetrar con violencia manifiesta en casa o edificio ajeno, contra la voluntad expresa o presunta del morador”. A su vez en el Diccionario de Términos Jurídicos de Pedro Flores Polo se describe al mencionado acto como “penetrar en algún sitio…sin consentimiento del dueño u ocupante”.

La doctrina también es uniforme. En la extranjera Fabio Espitia Garzón en “Instituciones de Derecho Procesal Penal” clarifica que no hay allanamiento “cuando medie consentimiento expreso y libre del titular o tenedor del bien”, y el maestro Manzini señala que debe existir “coerción real”, ergo cuando no la hay no existe allanamiento.

Los tratadistas nacionales también coinciden, así Luis Alberto Bramont To-rres en su Manual de Derecho Penal indica que “será causa de atipicidad el con-sentimiento prestado por el sujeto pasivo” esto es el consentimiento descarta la comisión del delito. Francisco Chirinos Soto en su “Código Penal” manifiesta que “si el ingreso es abusivo e ilícito, se comete un delito denominado allana-miento ilegal de domicilio”, por lo que contrario sensu si el ingreso es permitido, autorizado, y pacífico, no existe acto delictuoso. A su vez Giammpol Taboada Pilco en su documentada “Jurisprudencia y Buenas Prácticas en el Nuevo Códi-go Procesal Penal” comenta que “…los terceros que sean particulares o agentes públicos, en principio están prohibidos de penetrar el ámbito domiciliario donde habita una persona, SALVO QUE MEDIE EL CONSENTIMIENTO DE ÉSTA…” Podríamos seguir hasta el cansancio citando a Luis Roy Freire, Jorge Martín Pa-redes Pérez y tantos otros.

La jurisprudencia es prolífica, pero destacaremos algunos precedentes del Tri-bunal Constitucional, como por ejemplo su sentencia del 10 de diciembre de 2008 (Ex-pediente 4085-2008-PHC/TC) en que pone hincapié en que “La propia Constitución ha establecido como otra excepción a la prohibición de libre entrada, EL CONSEN-TIMIENTO DE LA PERSONA QUE HABITA EN EL DOMICILIO”. En sentencia del 18 de marzo de 2010 (Expediente 3691-2009-PHC/TC) el Tribunal Constitucional reitera que “la intromisión en el espacio físico e íntimo con EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE ESTE DERECHO RESULTA LEGÍTIMA….”

Por donde se lo vea el ingreso de los fiscales permitido por los titulares del domicilio es absolutamente legítimo y carente de ilegalidad, por lo que así tendrá que reconocerlo la Comisión Investigadora, y por cuanto además nuestra glorio-sa Marina de Guerra no se presta a la perpetración de delitos.

Diario Oficial “El Peruano”26 de octubre de 2013

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DESTRABAR JUSTICIA PENAL

Nos quejamos, con razón, de la infinidad de trámites innecesarios, de exigencias formales irracionales, de expedientes cuya resolución dura una eternidad, y que por más reclamos de los administrados lamentablemente las autoridades no se apiadan del sufrido ciudadano, al que le siguen imponiendo más y más requisi-tos, trámites, gestiones e incluso informes reiterativos de diversos funcionarios.

Probablemente para aliviar la conciencia de los funcionarios, se dictó la Ley del Procedimiento Administrativo General con diversos principios, sensaciona-les en teoría pero que no se ponen en práctica, como el de la celeridad, presun-ción de veracidad del dicho del administrado, o la prohibición de exigirle docu-mentación e información que la Administración conoce de antemano.

Existen los famosos TUPAs que son los Textos Únicos de Procesos Adminis-trativos, en que para facilitar supuestamente los trámites administrativos, allí se definen y describen todos los procedimientos y las únicas exigencias que deben cumplir los administrados. Empero desde hace un tiempo existe la pésima cos-tumbre de emitir directivas adicionales también con adicionales requisitos, y ello sin olvidar que el funcionario que está detrás de una mesa de partes tiene más poder que los Castro en Cuba y se les puede imaginar otras formalidades fruto de complejos y de afiebrada mente.

En el Poder Judicial la cosa no es diferente y los justiciables igualmente se quejan de la exageradísima duración de los procesos y enjuiciamientos, y en el campo penal de tenerse abiertos expedientes, como inconclusos, porque no estu-vo el imputado de delito presente en el acto de lectura de sentencia. Ello eviden-temente perjudica a todos pues la carga procesal sigue y sigue creciendo, como los automóviles en nuestras ciudades en que entran más pero ninguno sale.

Debemos felicitar al Poder Judicial y a su Presidente, porque se han puesto a idear cómo mejorar su actividad y han encontrado solución a la errada inter-pretación jurisdiccional que tiene indispensablemente que estar presente en la lectura de sentencia condenatoria el inculpado a quien se declara culpable. Esto porque la Constitución consagra el principio de “no ser condenado en ausencia”, y ello fue equivocadamente considerado como que tenía que estar presente el sancionado en la lectura de sentencia.

Ahora luego de jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema y del Tribu-nal Constitucional, el Poder Judicial por Resolución Administrativa de su Con-sejo Ejecutivo aprobó normativa por la cual se fija el “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria”, y define que el precepto de no ser con-denado en ausencia, no exige la asistencia física del inculpado a la lectura de sentencia, sino que ello es para quien no estuvo presente en el proceso a través

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de ponerse a derecho, intervenir en el mismo, y ejercer plenamente su derecho a la defensa.

La nueva interpretación, trae por tierra antiguos mitos, alivia la carga pro-cesal, y mediante notificación posterior de la sentencia, luego de su lectura, con o sin presencia de los justiciables, se podrán cerrar causas y tener menos expedien-tes en giro evitándose maniobras del procesado culpable para evadir la Justicia.

Ojalá nuestra Suprema Corte siga en ésa ruta, y nos traiga otras buenas sor-presas.

Diario La Razón

04 de mayo de 2014

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POLICIAL

NOTARIOS A CONSTATAR Y POLICIAS A RESGUARDAREL ORDEN

Las reparticiones públicas son muchas veces renuentes a cumplir con el precepto de la presunción de veracidad y exigen a los ciudadanos, para diversos trámites, la presentación de certificados de constatación de supervivencia y de domicilio.

Olvidan que por mandato de la Ley 27444, en la tramitación del procedi-miento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formula-das por los administrados en la forma prescrita por la ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción, lógicamente, admite prueba en contrario.

En la Ley Orgánica de la Policía Nacional Nº 27238, se le otorga a la Policía, entre sus amplias funciones, la de otorgar certificados de supervivencia y tam-bién certificados domiciliarios. Ello significa una labor eminentemente adminis-trativa, para la cual la autoridad policial tiene que verificar la identidad de las personas para certificar que existen, así como movilizarse al lugar del domicilio de quienes solicitan se certifique aquel, a efecto de efectuar la constatación co-rrespondiente.

Es un secreto a voces que contamos con plantel policial insuficiente para cumplir con el cometido constitucional de garantizar, mantener, y restablecer el orden interno, así como prestar protección a las personas, incluso prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Empero, la propia Ley le confiere a la Poli-cía Nacional facultades y atribuciones administrativas, que bien pueden desem-peñar otras autoridades, pero que lamentablemente distraen a la Policía de sus funciones principales.

En la Ley del Notariado Nº 26662 se determina como función notarial –en-tre otras- “la comprobación de hechos” para lo cual expide las correspondientes certificaciones.

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Con ésa simple disposición de la Ley del Notariado sería suficiente para que los Notarios constaten supervivencia y domicilio, sin embargo la práctica no ha sido así. Las autoridades administrativas seguían solicitando certificados de su-pervivencia y domiciliarios expedidos por la Policía Nacional, habida cuenta que en el TUPA del Ministerio del Interior se señalaba dicha función como policial.

Felizmente el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo entendieron que no es pertinente distraer personal policial en tareas netamente administra-tivas que pueden ser realizadas por los Notarios, y por ello en la Ley 26883 se logró considerar específicamente como facultad notarial la constatación de su-pervivencia. El legislador mantuvo la misma función para la Policía Nacional, y la amplió a los Jueces de Paz para los lugares en que no hubiere Notario.

Considerando la buena experiencia de las constataciones de supervivencia certificadas por Notario, se ha proseguido con la tarea de afincar más a la Policía en sus tareas prioritarias, permitiendo por reciente Ley Nº 27839 que los Notarios efectúen constataciones domiciliarias y extiendan los respectivos certificados, sin desmedro de mantenerse idéntica función a la Policía.

Con el correr del tiempo es muy probable que los ciudadanos se acostum-bren a recurrir a los Notarios para las constataciones, y liberen a la Policía Na-cional de tal desempeño, lo que le permitirá emplear más tiempo recursos en resguardar el orden interno, prevenir y combatir la delincuencia.

Diario Síntesis

18 de octubre de 2002

POLICIA Y TRAMITES BUROCRATICOS

Para nadie es secreto la grave situación que se vive en calles y carreteras, don-de los asaltos se multiplican, los escaperos hacen de las suyas, y los agraviados cada vez son más numerosos. Encima quienes viajan por vía terrestre entre las diferentes localidades del país pueden perder sus pertenencias, además de sufrir lesiones por quienes perpetran atracos ante la tolerancia del resto de ciudadanos.

Si bien es cierto que la Policía Nacional tiene por función garantizar, man-tener y restablecer el orden interno, así como prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, además de combatir la delincuencia entre otras, en la práctica no puede hacerlo a cabalidad.

Muchas son las causas de la falta de eficacia de la Policía Nacional para cumplir con sus deberes, y entre ellas tenemos la reducción del número de sus efectivos, la falta de reentrenamiento permanente o por lo menos periódico, las

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insuficientes remuneraciones y la distracción de sus tareas fundamentales para realizar trámites burocráticos que pueden ser asumidos por otras autoridades.

A lo último es a lo que nos referiremos en este artículo.En la Ley Orgánica de la Policía Nacional Nº 27238, entre sus atribuciones se

señaló la de expedir certificados domiciliarios, de supervivencia y otros deriva-dos del cumplimiento de sus funciones.

Al estimar que existía carencia de personal policial para resguardar el orden interno y combatir la delincuencia, el Parlamento Nacional dictó la Ley 26883 dán-dole la función de otorgar constataciones de supervivencia a los notarios. Con el mismo criterio, el Congreso anterior sancionó la Ley 27839 y confirió a los notarios la responsabilidad de otorgar certificaciones domiciliarias. Empero, siempre quedó abierta la posibilidad de recurrir a la Policía para que expidiera tales certificados.

Ahora bien, el Congreso que acaba de concluir sus funciones el pasado mes de Julio, ha aprobado la Ley 28862 promulgada por el Presidente García, me-diante la cual se libera a la Policía de expedir certificados domiciliarios, lo que será atributo de los jueces de paz en defecto de notario, o de los gobiernos locales dentro de su jurisdicción.

La Ley 28862 es un avance, pues permitirá no distraer a la Policía en constatacio-nes domiciliarias y expedición de los respectivos certificados, pero creo que se podría avanzar mucho más, liberando también a la Policía Nacional de expedir certificados de supervivencia, que deberían ser atributo exclusivo de notarios, jueces de paz y RENIEC. Ojalá algún grupo parlamentario o el propio Ejecutivo recojan el guante y presenten el respectivo proyecto de Ley para su trámite en el Legislativo.

Diario La Razón

12 de agosto de 2006

SUBORDINACION O COLABORACION

Como consecuencia de una entrevista a un prestigioso miembro de nuestras Fuer-zas Armadas, que jefaturò el Comando Conjunto de ellas, se desatò una intere-sante polèmica, respecto a si la Policìa Nacional està subordinada a las primeras, cuando realiza operaciones de interdicciòn militar, para ser concreto en el Vrae.

Para dilucidar el asunto, necesariamente tenemos que ir a la naturaleza jurì-dica de las instituciones, asì como a la normatividad constitucional y legal.

La Constituciòn establece que son deberes primordiales del Estado, entre otros, defender la soberanìa nacional y defender a la poblaciòn de las amenazas contra su seguridad (art. 44)

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Despues de dicha regla general, la misma Constituciòn arriba a normativi-dad especìfica, nominando a las instituciones, que en representaciòn del Estado, les compete cumplir con las obligaciones antes aludidas. Precisando, determina que las Fuerzas Armadas tienen como finalidad primordial garantizar la inde-pendencia, la soberanìa y la integridad territorial de la Repùblica (art. 165) y la Policìa Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y resta-blecer el orden interno (art.166)

Ambas, Fuerzas Armadas y Policiales, tienen al Presidente de la Repùblica como su Jefe Supremo, que les es comùn (art. 167) y estàn subordinadas al poder constitucional (art. 169)

Las reglas generales antes mencionadas, tienen excepciòn, como es el esta-do de emergencia, que se decreta en caso de perturbaciòn de la paz o del orden interno, de catàstrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Naciòn. En esta eventualidad el Presidente de la Repùblica puede mantener la responsa-bilidad del orden interno en la Policìa Nacional o puede disponer que lo asuma las Fuerzas Armadas (art. 137). Por ejemplo en el estado de emergencia para la zona del Huallaga, el control del orden interno ha permanecido como tarea de la Policìa Nacional, empero para la zona del Vrae, dicho cometido fue trasladado a las Fuerzas Armadas.

En caso de que el control del orden pùblico haya sido entregado a las Fuer-zas Armadas, es el Comando Conjunto de las mismas, el òrgano de ejecuciòn, en-cargàndose de planificar, organizar, dirigir y conducir las operaciones militares conjuntas y su Jefe tiene mando y autoridad sobre los comandos operacionales (Fuerzas Armadas) y especiales (Policìa Nacional). La Policìa tiene que contribuir al logro del objetivo (Ley 29075 y D.S. 001-2008-DE).

En virtud de lo expuesto es claro que cuando en estado de emergencia la Policìa Nacional sigue con el control del orden interno, las Fuerzas Armadas coo-peran, pero cuando el control ha sido transferido a estas ùltimas, quien coopera con ellas es la Policìa. Todo ello dentro de la lògica obligaciòn de coordinaciòn, y sin que tenga que molestar a nadie quien lleve la voz cantante, segùn cada una de las dos situaciones a la que nos referimos.

Ahora bien, cuando sin existir estado de emergencia, la Policìa necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas, en la eventualidad de que se produzcan actos de terrorismo, de violencia (atentados, ataques con armas de guerra o artefactos explosivos) o cuando se descubran elementos suficientes de peligro real o inmi-nente de su perpetraciòn, que sobrepase la capacidad operativa policial, es el Presidente de la Repùblica quien autoriza la intervenciòn de las Fuerzas Arma-das por Resoluciòn Suprema y por plazo no mayor de 30 dìas. El accionar de las Fuerzas Armadas, sin declaratoria de emergencia, es tarea de apoyo a la misiòn

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de la Policìa, no la releva de su activa participaciòn y el control del orden pùblico sigue siendo de su responsabilidad. El apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policìa se circunscribe a garantizar el funcionamiento de entidades, servicios pùblicos esenciales y resguardar puntos crìticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la poblaciòn afectada (Ley 28222, D.S. 024-2005-DE-SG y D.S. 007-2008-DE) Evidentemente tiene que existir la debida coordinaciòn, pero cada au-toridad tiene sus propias responsabilidades y responde ante su propio comando.

Cada dìa existe màs cooperaciòn y coordinaciòn entre las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas, auque sin llegar aùn a una òptima relaciòn. Hay que seguir con las tareas de acercamiento, de intercambio de informaciòn y tambièn para todos los casos señalados, entrenamiento comùn, dejando de lado celos y prejuicios. El paìs se beneficiarà.

Diario Oficial “El Peruano”02 de setiembre de 2009

DELINCUENCIA URBANA

Al aproximarse las elecciones municipales, los actuales alcaldes, directa o indi-rectamente, dan a conocer a sus vecindarios las obras físicas que han hecho como pistas, veredas, parques, jardines, redes de agua y desagüe, intercambios viales, guarderías, albergues y muchas otras cosas más. Evidentemente lo que es tan-gible y puede palparse impresiona al elector, pero lo que no puede exhibirse porque poco se ha hecho, es elevar la calidad de vida del vecino, dándole más seguridad, protección, tranquilidad, y tantas otras cosas que no son fácilmente perceptibles con los sentidos.

Uno de los temas que tiene que dilucidarse en la campaña electoral muni-cipal es el de la seguridad urbana y el vertiginoso avance de la delincuencia, in-cluso las de bandas y pandillas juveniles, que tanto daño hacen y tantos temores causan en los vecindarios.

El vecino tiene el derecho a vivir en paz, en ambiente adecuado para su desarrollo físico y mental, pero lastimosamente ése derecho es conculcado por la delincuencia que avanza sin que nuestras autoridades sean eficientes para en-frentarla, y sin que la comuna se haya preocupado suficientemente de ello, qui-zás porque no se trata de ladrillo y cemento que se puede palpar por el elector.

No queremos llegar a situaciones como en México y Centro América, donde las bandas delincuenciales llamadas “maras” sembraran pánico, cometen asal-tos, secuestros, asesinatos y otros delitos atentatorios contra la tranquilidad de

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los vecinos. Es penoso observar, el accionar de antisociales menores de edad y delincuentes juveniles que asaltan, que roban, que causan lesiones, que violan y ultrajan, sin que les caiga el peso de la ley, y lo que es peor, sin que el ciudadano común y corriente auxilie al asaltado o llame a la Policía.

En esta campaña electoral es indispensable que los postulantes a alcaldías, den a conocer a sus electores como pretenden enfrentar el problema de la delin-cuencia y de las pandillas, como relacionar al municipio con la Policía Nacional para un trabajo conjunto, como impedir la narcoadicción de nuestros jóvenes, y de ser el caso, como ayudar a su recuperación, darnos a conocer sus tareas para combatir el alcoholismo y dar sana distracción y entretenimiento al vecindario, evitando ociosidad generadora de cuanto vicio existe.

Nuestros vecinos claman por orden en sus localidades, que exista seguridad y tranquilidad y que haya paz, por lo que quienes postulen a los gobiernos loca-les tendrán que tenerlo muy en cuenta.

Diario Expreso

26 de febrero de 2010

NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS

No hay día sin que los medios de expresión ocupen amplios espacios para in-formar sobre hechos de sangre, perpetración de delitos y la percepción genera-lizada que el Estado está fallando en acciones de prevención, de investigación y de identificación de quienes delinquen, así como de la demora de la autoridad jurisdiccional en el procesamiento de quienes son denunciados por el Ministerio Público luego de la intervención policial.

Los ciudadanos, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, claman por orden y tranquilidad, así como por la eficiencia de nuestras autoridades en las áreas de su competencia, y estos mismos ciudadanos observan con preocu-pación nuevas modalidades delictivas, hasta antes desconocidas en el país, como por ejemplo homicidios practicados por sicarios, extorsiones que se efectúan por medios informáticos y telefónicos, indebida penetración por terceros en cuentas bancarias ajenas y muchas otras formas delictivas.

Ante la situación expuesta la pregunta que se hace la población es ¿qué se puede hacer? y la respuesta que han encontrado algunos es suplir al Estado y resolver con mano propia, lo que indiscutiblemente está pésimo y causa mayores problemas que los que se pretende solucionar. La respuesta tiene que ir necesa-riamente por realizar mayor tarea preventiva para lo que se requiere de la cola-

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boración de la ciudadanía, a la que hay que hacerla participar dando cuenta de los hechos delincuenciales que se produzcan, informar a la Policía, no abstenerse de denunciar y exigir resultados.

La Policía ha avanzado en crear unidades para la lucha contra acciones cri-minales practicadas a través de la tecnología informática y ha implementado la-boratorios que ayudan en la investigación del delito, sin olvidar la preparación técnica de su personal, incluso utilizando facilidades de estudios que otros países más adelantados en estas tareas nos han brindado. Empero, todos los esfuerzos hasta ahora han sido insuficientes, por lo que sería conveniente ahondar en la evaluación sobre si la unificación que se realizó hace algunos lustros de las tres especialidades policiales fue adecuada. No nos olvidemos que tuvimos Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana, la primera para mante-ner y restablecer el orden público, la segunda para la investigación criminal y la tercera para la custodia de establecimientos públicos y zonas fronterizas.

La unificación policial no debe significar dejar de lado las especialidades y utilizar al personal en cada área para las tareas en las que se le preparó. En este mundo moderno, competitivo y con tantas áreas de conocimiento, nadie puede ser todista, tiene que haber una preparación general para luego ir a la especia-lizada, unificación institucional si, pero sin desmedro de las especializaciones.

Conviene también advertir la presencia de extranjeros en nuestro país, que vienen de países donde se ha incrementado muchísimo acciones de sicarios y extorsionadores, por lo que las autoridades migratorias tienen que estar muy li-gadas con las policiales para prevenir acciones por las que después nos lamenta-remos. Aún estamos a tiempo de actuar, con preparación, disciplina y utilización del personal entrenado para cada área, pero sobre todo con mística de servicio.

Diario La Razón

18 de abril de 2010

CORRUPCIÓN EN DOBLE VIA

En la mayoría de los delitos hay dos agentes, el que lo perpetra o comete y el que es el agraviado. El primero es el delincuente desde que es declarado culpable con sentencia firme, auque antes sólo sea el denunciado o inculpado. El segundo es el agraviado directo, pues con el delito también se agravia a toda la sociedad.

Sin embargo hay delitos como la corrupción, en que tanto el que corrompe como el que es corrompido, ambos cometen delito. Quien ofrece o entrega dona-tivo, dádiva, promesa o cualquier otra ventaja para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o para cumplir con ellas, al igual que el que lo soli-

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cita o recibe la “coima” cualquiera que sea el ropaje que la envuelva, cometen de-lito de corrupción de funcionarios y consecuentemente son pasibles de sanción.

La corrupción es sumamente grave pues tiene consecuencias colaterales di-versas, entre otras, el desprestigio de la función pública y la percepción del ciuda-dano que en la administración de la cosa pública en general hay actos delincuencia-les, lo que en cierta forma y ante la sociedad pone a todos en un mismo saco, igual a quienes actúan con decencia como los que no lo hacen. El común de las gentes des-confía de los funcionarios, y lo que es peor, desmotiva a personas honorables para entrar a la administración pública en cualquiera de sus modalidades o niveles.

Influye más aún en la percepción de que todo lo público está teñido de inmo-ralidad, cuando la mayoría de quienes son sancionados son los que cometen deli-tos menores o como en el narcotráfico en que rara vez se detecta, denuncia y san-ciona a los poderosos, pero son infinidad los paqueteros que llevan la peor parte.

En los casos de corrupción que están en investigación fiscal, judicial o parlamen-taria, y que fueron descubiertos al investigar otro delito como es el de la intercepta-ción de las comunicaciones, se va señalando a quienes fueron los autores materiales de los hechos punibles, a quienes operaban las herramientas de interceptación, pero no a quienes pagaron por ellas o las ordenaron. Allí también hay acción delictiva, pues no sería creíble que quienes interceptan teléfonos y hurgan en correspondencia electrónica ajena lo hagan por entretenimiento o son fisgones amateurs.

Son profesionales y alguien los ha contratado y pagado para ello, y la inves-tigación debe concluir con la identificación de quienes son los actores mediatos, sobre todo de algo que es tan sensible como las comunicaciones en que se ha invadido lo privado y hasta lo íntimo.

La sociedad y los medios de comunicación, deberían ser cuidadosos respec-to a apreciaciones que pueden ser apresuradas, pues la presunción de inocen-cia es un derecho humano consagrado en tratados internacionales y en nuestra Constitución. Es fácil hacer añicos de la honra, prestigio y buen nombre de las personas, pero muy difícil recomponerlo.

Diario Expreso

07 de mayo de 2010

PUNTO DÉBIL

Dice el refrán que la pita se rompe por el lado más débil, y ello sucede con la in-tervención policial para restablecer el orden público y con las Fuerzas Armadas cuando colaboran o sustituyen a la Policía en tal esfuerzo.

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Respecto al orden público, se recurre a la Policía en dos momentos, uno en el de la prevención, pues se estima que dicho orden podría alterarse, y el segundo cuando ya ha sido alterado, para efectos de su restablecimiento.

El recurrir a la Policía para preservar o recuperar el orden público es lo co-rrecto, pues a dicha Institución le corresponde por mandato constitucional. Em-pero cuando la Policía es insuficiente para el ejercicio de su cometido, se dispone que las Fuerzas Armadas le presten colaboración, sin que aquella deje de lado sus responsabilidades. Cuando se declaran estados de excepción, como es el de emergencia, el Presidente de la República puede trasladar la responsabilidad del restablecimiento del orden público a las Fuerzas Armadas.

En buena cuenta, la intervención policial o militar se produce cuando ya se tiene el problema, por lo que aquí la pregunta es: ¿por qué se tiene que llegar al límite, si las situaciones conflictivas pueden ser resueltas con opor-tunidad?

La verdad es que el Estado está fallando en la atención de los conflictos, principalmente los sociales, pese a las advertencias de la Defensoría del Pueblo y la creación de unidades de atención de aquellos en diversas entidades estatales. Con crudeza y sin desconocer también algunos logros, se advierte que el Estado llega tarde para la solución pacífica y adecuada de los conflictos.

La falta de prevención y la presencia tardía de las instituciones públicas responsables de solucionar situaciones conflictivas, hace muchas veces que ellas se eternicen y exploten, y cuando sucede, necesariamente se recurre a la Policía y en su apoyo a las Fuerzas Armadas, que tienen que restaurar el que-brado orden público con los mecanismos, armas, y con la preparación que el Estado les ha proporcionado en las escuelas de formación policial y castrense.

Cuando el conflicto llega al máximo y explota, es más que cierto que los ánimos están caldeados y los llamados reflexivos no necesariamente encuentran eco, lo que obliga a la Policía a restablecer el orden público, y si fuera el caso, a las Fuerzas Armadas en colaboración o en su reemplazo.

Lo triste del caso es que por cumplir con las obligaciones que emanan de la Constitución y la Ley, muchas veces policías y militares, tienen que afrontar denuncias y largos procesos, y lo que es peor, siendo víctimas los tratan como victimarios, rompiéndose la pita por el lado más débil, lo que los desanima para seguir cumpliendo con sus deberes. Esto tiene que acabar.

Diario Expreso

09 de julio de 2010

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MENOS BUROCRATISMO Y MAS ACCIÓN

Las acciones delictivas han ido en aumento al igual que la inseguridad tanto ur-bana como rural y en las carreteras. Para paliar dicha situación se han propuesto diversas medidas como por ejemplo el aumento de efectivos policiales, así como descargar a los policías de actividades meramente burocráticas.

En su momento el Parlamento entendió que no tenía lógica que policías que habían sido entrenados para prevenir e investigar actos delictivos, así como para resguardar el orden público, fueran empleados dentro de las comisarías y pues-tos policiales en labores absolutamente burocráticas, como eran expedir certifi-cados domiciliarios y de supervivencia. Por ello se dictaron leyes para que los municipios y notarios pudieran expedir dichos certificados.

Sin embargo, se ha expedido un Decreto Supremo que modifica el Regla-mento de Placa Única Nacional de Rodaje, el cual establece que cuando se emi-te una nueva “Tarjeta de Identificación Vehicular” debe devolverse la antigua, pero si ella se ha perdido, ha sido robada, sustraída o destruido, se deberá hacer denuncia policial y previo pago de los respectivos derechos en el Banco de la Nación, solicitar copia certificada de la denuncia que es expedida por la Policía. La copia certificada se entrega al Notario encargado del acta de transferencia vehicular, el cual llevará un archivo de dichas copias y el Colegio de Notarios respectivo lo supervisará.

¡Por el amor de Dios! Piensen siquiera un poquito, acuérdense que los pro-cedimientos administrativos tienen que ser ágiles, que existe la presunción de veracidad, que bastaría una declaración jurada bajo firma del transfiriente del vehículo en que dé cuenta de la pérdida, robo, sustracción o destrucción de la tarjeta de propiedad también llamada “Tarjeta de Identificación Vehicular”.

Se imaginan que con tan absurdo procedimiento se utilizará tiempo valioso de policías en las comisarías asentando tontas denuncias, tiempo del administra-do para formular la denuncia e ir al Banco de la Nación para pagar los derechos de expedición de la copia certificada, tiempo del mismo administrado para vol-ver a la comisaría y solicitar la copia certificada, y volver a perder tiempo para recogerla, sin contar con la absurda e innecesaria labor burocrática de los policías en las comisarías haciendo las copias certificadas en lugar de estar en las calles resguardando el orden público. Y encima de todo ello obligando a los notarios a tener más archivos, pero esta vez de papeles innecesarios.

Contribuyamos con la Policía Nacional a descargarla de burocratismo y ha-cer que emplee mejor su tiempo en lo que realmente son sus responsabilidades.

Diario Expreso

30 de julio de 2010

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POLICÍAS A LAS CALLES

Ante el incremento de la criminalidad y la ola delincuencial que azota al país, evidenciada en la percepción generalizada de falta de seguridad, el aumento de asaltos a transeúntes y a personas que transitan en vehículos, los cada vez más frecuentes robos en domicilios, sin olvidar la acción del pandillaje y de los “mar-ca”, el Presidente de la República ha dispuesto que el personal policial salga en mayor número al patrullaje de calles.

No le falta razón al Presidente, pues la Policía no puede hacer de todo, tiene que retornar a lo que es su misión fundamental establecida en la Constitución, esto es: garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar la seguridad, así como com-batir la delincuencia.

La decisión presidencial, lógica y adecuada, debe implementarse por lo me-nos en tres niveles, el primero en reducir innecesarios trámites burocráticos que se realizan ante las Comisarías, el segundo en limitar el número de policías que brindan diferentes tipos de protección singular, y el tercero en retornar a la insti-tución policial a tantos oficiales que sin razón alguna actúan de asistentes de altos funcionarios públicos, fungiendo de edecanes.

Cuando uno revisa el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Policía, nos encontramos con una serie de trámites que no necesa-riamente deben ser efectuados ante tal Institución. Por ejemplo tiene que identifi-car vehículos y constatar daños en los siniestrados. ¿Acaso no puede trasladarse ello a plantas de revisión de vehículos o a talleres autorizados? Expide certifica-dos domiciliarios y de supervivencia, cuando la tarea está siendo compartida con municipios y notarios. ¿No sería mejor liberar a la Policía de tal responsabilidad? También autoriza mudanzas domiciliarias. ¿No puede ello encargarse sólo a los municipios? En fin, podríamos seguir con una larga lista de responsabilidades policiales absolutamente burocráticas, que pueden realizar otras autoridades y no efectivos policiales que los necesitamos para combatir el delito y mantener el orden público.

La Policía también brinda protección a muchísimas autoridades, lo que de-bería reestudiarse para racionalizar el número de efectivos que se emplean en esta labor. Incluso la Policía viene supliendo en establecimientos penales las ca-rencias de personal del INPE. A esto se sumo el elevado número de personal po-licial destinado a vigilar a quienes gozan de detención domiciliaria, no siempre concedida rigurosamente.

Por último nos encontramos con oficiales de nuestra Policía Nacional que han sido destacados al servicio de distintas autoridades, y que los vemos cual

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edecanes, sin que exista justificación para ello. En lugar de estar parados detrás de algunos funcionarios públicos (cuyo ego crece, cuantos más galones tiene el edecan policial) deberían volver a la función policial para la cual fueron entrena-dos y que es su razón de ser.

Ahora toca poner en práctica la decisión presidencial, para lo cual creemos colaborar con las sugerencias precedentes, para lo que se necesita hacer las modi-ficaciones normativas pertinentes y dictar medidas concretas.

Diario La Razón

22 de agosto de 2010

GRAFFITIS Y DAÑOS

Nos encantaría que nuestras ciudades estuvieran limpias, que las paredes de las edificaciones estuvieran bien tarrajeadas o enlucidas y debidamente pintadas de acuerdo a la normativa municipal. Lamentablemente no siempre ello sucede pues hay antisociales que utilizando pintura en aerosoles o en otras presentacio-nes, hacen dibujos, inscripciones y leyendas en paredes ajenas, sin autorización de los propietarios y dañando propiedad pública o particular, y lo que es peor sin la más mínima calidad artística. Le llaman graffitis, pretendiendo que tienen calidad y sin considerar que muchas veces constituyen expresiones groseras y de mal gusto, cuando no insultos y hasta agravios.

Hay que recordar que lo señalado constituye delito de DAÑOS que se en-cuentra tipificado en el artículo 205 del Código Penal, al señalar que el que daña, destruye o inutiliza un bien mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa.

Cuando el daño es ejecutado en bienes de valor científico, artístico, histórico o cultural, así cuando recae sobre bienes o vías de comunicación, diques, canales o instalaciones al servicio público, el delito es agravado y por ello se sanciona al que lo perpetra con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.

En el delito de daño simple, la pena privativa de libertad no es efectiva y la multa en la práctica ilusa pues normalmente quien infringe el daño es probable que no tenga recursos, auque haya adquirido la pintura y gastado infructuosa-mente su tiempo. Tanto el daño simple o el agravado sus ejecutores usualmente no llegan a ser sancionados, de allí que se siga afectando la propiedad con los graffitis.

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Estimamos que si adicionalmente se sanciona específicamente al infractor con la pena de prestación de servicios a la comunidad, en que esté obligado a reparar el daño causado en la propiedad predial ajena así como con otras tareas, el asunto mejoraría. Ahora sólo es posible cambiar la pena privativa de libertad cuando a criterio del juzgador la pena privativa de libertad sería no mayor de tres años.

Si se hiciera el cambio normativo y se utilizaran para identificar al perpetra-dor de los daños, las cámaras de reproducción de imágenes que se vienen colo-cando tanto para seguridad ciudadana como para infracciones a las disposicio-nes de tránsito, las cosas podrían mejorar, pero siempre se requerirá de la labor coordinada entre la Policía, el Municipio y las autoridades judiciales.

Diario Expreso

26 de noviembre de 2010

IMPECABLE ACTUACIÓN

Fue impecable la actuación policial al rescatar a los rehenes de una agencia ban-caria en el emporio comercial de Gamarra, que habían sido retenidos contra su voluntad por acción delincuencial.

En muchas oportunidades se ha criticado a la Policía por accionar extem-poráneo o falto de la debida planificación o sin profesionalismo, por lo que en justicia hay que reconocer también sus méritos, como los que ha demostrado en reciente operación, en que ha acreditado capacidad y preparación, pese a no contar con la logística y recursos suficientes.

Llama la atención el actuar de algunos medios de expresión que han ido re-latando los acontecimientos durante el proceso de negociaciones y rescate, dan-do a conocer filmaciones que podrían haber hecho abortar la operación policial, dado que quien perpetró un cúmulo de delitos, o sus cómplices en caso de haber-los, pudieron estar observando los desplazamientos policiales y su ubicación en estratégicos techos.

Una cosa es informar del acontecimiento y otra muy distinta es dar detalles del operativo policial cuando está en preparación o ejecución, pues se podría ha-ber puesto en peligro la vida e integridad de rehenes, de los custodios del orden, personal del Ministerio Público y otras autoridades que estaban en la zona.

La Policía con previsión evacuó la zona y la acordonó para evitar que terce-ras personas perturben su actuación y aumentaran los peligros, empero el acor-donamiento no fue total pues allí estuvo la prensa, parte de la cual con el prurito

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de dar a conocer hasta los más pequeños detalles excedió su función informativa que nadie le niega. Pero no hay que olvidar que una cosa es informar el hecho y otra distinta es dar detalles que han podido terminar en tragedia con pérdida de vidas que hoy estaríamos lamentando.

Informar tiene doble vía, por un lado la obligación de la prensa de hacerlo y el derecho correlativo del ciudadano de recibirla, pero indiscutiblemente hay la obligación de la prudencia para no generar situaciones no deseables.

No tiene mucha lógica estar dando cuenta de cómo opera la Policía en este tipo de acontecimientos, pues sin quererlo se está instruyendo a otros delincuen-tes en potencia que quisieran cometer similares delitos. Los medios de comuni-cación social, tienen la obligación de colaborar con el Estado en la educación, y no precisamente se cumple con dicha tarea con alarmismo o poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas.

Toda competencia es legítima y más si se trata de informar con inmediatez al público, pero no por ello ni porque lo truculento capte audiencia, se violen otros principios y derechos que deben que ser respetados.

Diario Expreso

10 de diciembre de 2010

PERTURBAN ACCIONAR POLICIAL

En la expedición de algunas normas legales del Ejecutivo, encontramos que hay divorcio entre lo que ellas establecen con las instrucciones impartidas por el Pre-sidente de la República, lo cual es recusable pues quienes proyectan las normas al igual que quienes las refrendan deberían cuidar que estén en la direccionalidad que el Presidente ha fijado.

Como ejemplo de la dicotomía advertida, tenemos las instrucciones presi-denciales en el sentido que hay que sacar policías de tareas meramente admi-nistrativas y enviarlos a efectuar sus tareas de custodia, preservación del orden público y lucha contra la delincuencia en las calles. Sin embargo los burócratas siguen encargándole a la Policía Nacional más obligaciones de tipo administrati-vo que interfieren con las responsabilidades propias de su función policial.

Tres casos concretos. El primero es el D.S. Nº 043-2009-MTC que para el canje de la nueva placa de rodaje, exige presentar copia certificada de denuncia policial en caso de pérdida o destrucción de la placa anterior. El segundo caso es el D.S. Nº 030-2010-MTC que para el canje de la nueva tarjeta de identificación vehicular, exige la presentación de copia certificada de la denuncia policial si es que la tarjeta anterior no pudiera ser devuelta. El colmo y tercer caso, es el recien-

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te Reglamento del Libro de Reclamaciones a que se refiere el Código de Protec-ción y Defensa del Consumidor, Reglamento aprobado por el D.S. Nº 011-2011-PCM, en que el establecimiento que no pueda presentar al Indecopi el “Libro de Reclamaciones” o se hubiere perdido o extraviado la “Hoja de Reclamaciones”, debe denunciar el hecho ante la autoridad policial.

Las tres disposiciones, además de complicar el accionar policial que debería estar dirigido a otros menesteres, atenta contra el administrado, al que se obliga a concurrir a una Comisaría para asentar denuncias intrascendentes, luego ir al Banco de la Nación para pagar la tasa que fija el Tupa para la expedición de la copia certi-ficada de la denuncia, volver a la Comisaría para que se la entreguen y por último concurrir a la autoridad que dispuso el absurdo requisito para presentar la copia cer-tificada, que por seguro se perderá en la maraña de archivos de la repartición estatal que quiere ahogarse en papeles irrelevantes, cuando bastaría una simple declaración como fue previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lo menos que podemos pedirles a los funcionarios que proyectan normas legales, es que se acuerden que sus cabezas también son para pensar.

Diario Expreso

04 de marzo de 2011

ESCLAVITUD EN LA ERA GLOBAL

Quienes creían que hoy en día la esclavitud quedó para la Historia, pues craso error. También en estos tiempos de la globalización, del avance científico y tecno-lógico, así como de la informática, hay diversas modalidades de esclavitud que atentan contra la dignidad humana y que constituyen seria preocupación de las organizaciones internacionales.

La trata de personas trasciende fronteras y cada día se hace más urgente medidas de prevención, investigación, sanción y rehabilitación de quienes son sus víctimas, estimándose que cerca de un millón de personas, entre hombres, mujeres y niños son sometidos a tan degradable situación.

Don Ramón Castilla, quien en 1854 abolió la esclavitud en nuestra patria, se hubiera sorprendido de sus modernas modalidades, principalmente ligadas a la explotación sexual y a la laboral y que llevan conexas la transgresión de dis-posiciones legales migratorias, sin olvidar que hay organizaciones delictivas de carácter internacional que lucran y se benefician con todo ello, aprovechándose de la pobreza de muchos o de la ingenuidad de tantos otros.

Bajo los auspicios de la ONU, en el 2000 se aprobó el “Protocolo para Pre-venir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y

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Niños” también denominado Protocolo de Palermo y que complementa la “Con-vención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional”.

El Perú es parte de dicho Protocolo que tiene por finalidad prevenir y com-batir la trata de personas, así como proteger y ayudar a sus víctimas, además de promover la cooperación de los Estados para lograr tales fines.

El mencionado Protocolo entiende por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación a que se refiere el Protocolo, incluye como mínimo la sexual, la prostitución ajena, los trabajos forzados, la esclavitud y prácticas análogas, así como la servidumbre o la extracción de órganos. Obliga también a la asistencia y protección a las víctimas, a su repatriación y acuerda medidas de prevención.

Es relevante en el Protocolo el compromiso de los países que lo suscribieron o se adhirieron, para colaborar en la mitigación de factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades que hacen a las personas, especialmen-te a mujeres y niños, vulnerables a la trata.

En el año 2004 fue promulgada la Ley 28251 que modificó y amplió el Códi-go Penal, siendo destacable lo referente al delito de favorecimiento a la prostitu-ción, el rufianismo, el proxenetismo, y la trata de personas. Penalizó igualmente a quien mediante prestación económica o ventaja de cualquier naturaleza tiene acceso carnal o acto análogo con mayores de catorce y menores de dieciocho años y sanciona las prácticas del denominado “turismo sexual infantil”.

Sin embargo, el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la ex-plotación de la prostitución ajena” de Naciones Unidas del 2 de diciembre de 1949, aún no ha sido adoptado por el Perú, siendo conveniente que lo haga pues tiene por finalidad erradicar la prostitución. El convenio es compatible con las intencio-nes de la “Declaración del Milenio” de la ONU, que en el Perú suscribió, entre las que se encuentra la lucha contra la trata y el contrabando de seres humanos.

Diario Oficial “El Peruano”11 de marzo de 2011

ORDEN, TAMBIÉN EN LAS PISTAS

Se ha vuelto un calvario conducir por las pistas en nuestra ciudad. Para el pobre conductor es una tortura, pues pese a tomar todas las providencias del caso para

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llegar puntual al destino, en el trayecto se encuentra con calles cerradas por rejas, otras vías en eterna reparación, se rompen pistas para hacer variaciones en las redes de electricidad, para colocar suministro domiciliario de gas, para el mantenimiento de las conexiones de agua y de desague, para tapar huecos, para nuevas capas asfálticas como también para satisfacer el ego de algunos alcaldes que rompen cuanta esquina encuentran para poner ladrillitos sin que conozca-mos su utilidad y lo peor, todo ello sin coordinación

El conductor no solamente emplea más que el tiempo lógico del trayecto, sino que llega tarde, aunque a veces no llega pues se topa con desfiles escolares, pasacalles e incluso procesiones, todo lo cual podría realizarse en días no labora-bles. El conductor siente que se le afecta el hígado, que la vesícula biliar se altera y que sus nervios van a explotar, pero parecería ser que nada de ello importa a algunas autoridades, que siendo competentes para corregir malas prácticas, cual toreros dejan pasar cuanta arbitrariedad se observa en las pistas.

Pero lo expuesto no es todo, sino que además el conductor normal y corrien-te se encuentra en autopistas y en vías expresas con vehículos que no deberían transitar en ellas y cuyas prohibiciones les importa un bledo a los infractores.

La normatividad existente determina que las vías de tránsito rápido están destinadas al flujo de vehículos de tránsito ágil, que no presentan intersecciones y con accesos y salidas especiales. Entre ellas se encuentran las autopistas que son vías señalizadas como tales, destinadas a la circulación de automóviles que superan en llano 60 km por hora, en donde no deben estar vehículos motorizados que no alcancen la aludida velocidad, ni tampoco triciclos, motocicletas, motoca-rros, y vehículos de tracción animal.

Por otro lado la vía expresa es una autopista especial de tránsito rápido de gran amplitud, en que además de los indicados vehículos que carecen de autori-zación para circular en ellas, tampoco lo pueden hacer camiones con carrocería abierta, y el servicio público de pasajeros debe desarrollarse por buses preferen-temente en calzadas exclusivas con paraderos debidamente diseñados. Empero los conductores de muchos de estos últimos vehículos hacen lo que les da la gana, se colocan en varios carriles para recoger y dejar pasajeros, obstruyendo el tráfico de los demás vehículos. Estamos cansados de sufrirlo en la Avda. Javier Prado, en el trayecto que en un inicio si fue vía expresa, al igual como también viene sucediendo en lo que se supone es la Vía de Evitamiento.

Todo lo señalado sucede a la vista y paciencia de las autoridades municipales y policiales, que pudiendo poner los correctivos e imponer las multas que corres-ponden, simplemente lo ignoran. Si se hicieran algunos operativos para impedir tanta imprudencia y trasgresión de la normatividad de tránsito, creemos que “otro gallo cantaría” y que poco a poco los conductores acostumbrados a transgredir las

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normas, tendrían que cambiar de actitud. Hagamos algo rápido, pues vamos a tener nuestra capital llena de conductores con dolencias nerviosas que es preciso evitar.

Revista Gente

Mayo 2011

SACUDÓN EN SEGURIDAD

El reciente atentado del que ha sido víctima la familia del Congresista Renzo Re-ggiardo, que todos lamentamos, nos ha hecho recordar que la gravísima acción terrorista ocurrida años atrás en el Distrito de Miraflores, específicamente en la calle Tarata, despertó de su letargo a toda la ciudadanía.

La población no percibía el peligro de las acciones terroristas pues las veía lejanas, incluso se había acostumbrado a las interrupciones de los servicios de electricidad y suministro de agua, generados por atentados dinamiteros en las torres de alta tensión.

La desidia y desaprensión de la generalidad de las personas revertió ante la cercanía del atentado en la calle Tarata. Igual reacción se ha generado, pero ahora a cargo de las autoridades, cuando se ha producido tiroteo, cuya afectada ha sido la niña Ariana Reggiardo.

Ahora nuestras autoridades quieren tomar rápidamente acciones en rela-ción con la falta de seguridad que se observa en nuestras calles.

Las personas temen ser asaltadas, cuando no heridas y lesionadas, por las ac-ciones violentas de delincuentes a los que la vida humana les importa un comino, que incluso se juntan en bandas para cometer sus fechorías, crímenes y otros delitos.

Hemos escuchado a nuestras autoridades, sean del gobierno nacional como de los gobiernos locales, que se necesita más coordinación entre los miembros de la Policía Nacional y los del Serenazgo, que hay que poner en las calles cámaras filmadoras, que los vecinos tienen que organizarse, que la Policía necesita más elementos logísticos para sus tareas, que hay que incidir en las acciones de in-teligencia, que tienen que involucrarse los padres de familia cuando se trata de bandas juveniles, que hay que resolver el tema remunerativo policial; y también que hay que enviar más efectivos a las calles liberándolos de meras tareas admi-nistrativas que pueden hacerlas los que no tienen la formación policial.

Ojalá que todo lo que se está proponiendo se haga realidad y no quede en buenos propósitos, y que de una vez por todas se libere a la Policía de carga administrativa que no tiene porque llevar sobre sus hombros y que le han sido impuestas por otros Sectores de la Administración Pública. Recordemos que en

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este mismo diario, edición del 4 de marzo último, reclamamos por haberse obli-gado a la Policía a admitir denuncias y expedir copias certificadas en los casos de pérdida de placa de rodaje. Igualmente en el caso de pérdida o destrucción de la tarjeta de rodaje o de identificación vehicular, y por último cuando se ha extraviado o perdido el Libro de Reclamaciones en los comercios.

¿Qué esperan para derogar tan absurdas disposiciones?

Diario Expreso

12 de agosto de 2011

¡QUÉ ESPANTO!

Nuevamente, lo que debía ser un espectáculo deportivo, se convierte en tragedia en que tenemos que lamentar no solamente perdida de vida, sino a una sociedad confundida que no sabe que hacer para enfrentar a facinerosos que agreden, le-sionan, y también destruyen bienes sin ninguna razón.

Parecería que nuestra sociedad está gravemente enferma y que la violencia ya cotidiana, es parte de la rutina, lo que deja a casi todos perplejos.

Durante toda la vida hemos escuchado la famosa frase mente sana en cuer-po sano, y que el deporte mantiene salud física y mental. También hasta el can-sancio se nos ha repetido que en el deporte debe existir el llamado fair play, que lo importante más que ganar o perder es participar, y que los deportistas apre-cian el estímulo de sus hinchas.

Empero una cosa es estimular a su equipo con aplausos, cánticos y lemas, y otra muy distinta es insultar y agraviar al contendor, sea con palabras o gestos, pero muchísimo más grave es sumar a ello agresiones físicas, y con espanto he-mos visto a través de los medios como personas que se supone recibieron educa-ción aceptable en sus hogares y hasta instrucción escolar y superior en buenos colegios y universidades, se comportan como animales, embrutecidos por las pa-siones y quizás por drogas y licor.

La reacción de la sociedad, inmediatamente después de superado el estupor, es reclamar castigo para los forajidos que cegaron una joven vida, que agredieron y lesionaron a varias personas y que causaron destrozos en palcos del estadio en que se suponía se asistía al espectáculo deportivo apreciado por las grandes mayorías. Reacción más que comprensible si se tiene en cuenta que los padres de los jóvenes que van a lo estadios están con el alma en un hilo, hasta que vuelven a sus hogares.

Pero tan importante como el castigo para los culpables del hecho de sangre al que nos referimos, deben ser las acciones de prevención para que no vuelvan

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a suceder hechos similares, más si se tiene en cuenta que son recurrentes. No faltarán parlamentarios que como siempre, recurriendo al facilismo, pretendan solucionar todo con mayores penas, cuando sabemos que no son disuasivas.

Necesitamos que los expertos del Ministerio Público, de la Policía Nacional, del IPD, de las entidades de estudios de psicología, y de las asociaciones de los clubes deportivos, entre otros, se reúnan para estudiar la problemática integral y conciliar medidas preventivas que impidan que dentro de algunas semanas o meses, tengamos que lamentar otros dolorosos hechos. Importante también es que se diseñen los instructivos o protocolos para dar seguridad a quienes concu-rren a los estadios y desean que no sea su última visita a ellos.

Diario Expreso

30 de setiembre de 2011

COOPERACIÓN MUNICIPAL POLICIAL

Ante la inseguridad que constatamos en nuestras ciudades es oportuno recordar la cooperación que debe existir entre las Municipalidades y la Policía Nacional, así como sobre las herramientas legales que deben ser utilizadas.

El tema de la seguridad ciudadana también compete a los municipios, tan es así que el art. 197 de la Constitución preceptúa que “brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional del Perú…” Esta última según la misma Constitución “…tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno.” A ello hay que agregar que nuestras Fuerzas Arma-das deben apoyar a la Policía durante los estados de emergencia, pudiendo o no asumir el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.

Para la acción municipal-policial coordinada, la ley ha ideado diversas he-rramientas, siendo resaltables las siguientes:

Por un lado la Policía, según su Ley Orgánica, tiene la atribución de capacitar a las entidades vecinales organizadas en lo que se refiere a la seguridad ciudadana. A su vez la Ley 29611 permite a los municipios como a los gobiernos regionales solventar gastos de inversión en materia de seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento en el ámbito de su jurisdicción procedentes de toda fuente de finan-ciamiento, para lo cual están facultados a celebrar convenios con la Policía, sea por transferencia de propiedad o por simple cesión en uso. Con ello se pueden mejorar las comisarías y su logística, sus redes de comunicaciones incluso con el serenazgo y también la dotación de vehículos para vigilancia y prevención del delito.

Otra de las herramientas que los municipios pueden facilitar para la labor policial, es el de las cámaras de grabación que pueden colocar en espacios pú-

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blicos para facilitar la seguridad ciudadana, así como otras filmaciones, fotogra-fías y demás medios magnéticos, digitales y otros informáticos, pues todos ellos constituyen pruebas permitidas por la ley para la investigación del delito.

Se complementan las herramientas legales con las cuales cuenta la Policía, con la reciente Ley 29569 que amplía las modalidades de flagrancia para la deten-ción de quienes delinquen.

A la cooperación entre Municipalidades y Policía Nacional, debería añadír-sele el Poder Judicial, pues existiendo como pena o sanción para algunos delitos la prestación de servicios a la comunidad, aún no hay un buen engranaje judi-cial-municipal para que tales servicios se presten en labores municipales como pueden ser la limpieza de monumentos y paredes dañados por quienes sintién-dose descendientes de Miguel Angel, creen que los garabatos que hacen son ex-presión artística. Si lo fueran, que lo hagan al interior de su vivienda pero no perjudicando propiedad ajena.

No todo tiene que ser obligación policial, los guardianes del orden como nuestras Fuerzas Armadas, cuando apoyan o temporalmente sustituyen a los primeros, deben tener las seguridades que su actuación dentro de la ley no les causará perjuicio alguna. Tenemos para ello como herramienta el Código Penal en cuyo artículo 20 se establecen los casos de inimputabilidad, pero que lamen-tablemente muchas veces olvida el Ministerio Público y el Poder Judicial, some-tiendo a nuestros valerosos policías y soldados a interminables procedimientos lo que esperamos pueda ser aliviado con la aplicación de la reciente Ley 29583.

Hay herramientas legales, pero necesitamos que nuestras autoridades las utilicen, para así tener la seguridad ciudadana que se reclama y los agentes del orden, la tranquilidad necesaria para cumplir con sus facultades.

Revista Gente Nº 1568

Octubre de 2011

COORDINACIÓN MUNICIPAL-POLICIAL

El tema de la seguridad ciudadana es preocupación de todos. Creo que no hay familia que no tenga a alguno de sus integrantes como agraviado en algún asalto, robo, o atentado contra su integridad.

Cuando uno prende la TV, escucha la radio o lee algún periódico, la mayor parte de las noticias son hechos de sangre, pura hemorragia informativa.

No iremos a diagnósticos, que sobran, sino a las reacciones. Los congresistas proponen elevar penas, en la errada creencia que ello es disuasivo. En el Ejecuti-

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vo se dictará el pase al retiro de algunos altos oficiales de la Policía, cambiarán al Director, rotarán cargos, pero todo seguirá igual, pues nada de ello soluciona el problema. Los medios se rasgarán las vestiduras clamando por más policías en las calles e invitarán a los sabiondos de turno para conocer sus sugerencias. Algu-nos alcaldes darán conferencias ofertando mejorar el serenazgo, pero eludiendo responsabilidad por la inseguridad.

El tema es complejo y su solución la constituye un cúmulo de acciones que se complementan, conforme han señalado quienes realmente conocen del tema y tienen experiencia.

Es indispensable la coordinación entre Municipio y Policía, a fin de que el primero pueda invertir en cámaras de vigilancia en los lugares que indique el segundo, y para que las comisarías y los serenazgos se ayuden entre sí.

Los Municipios tienen competencia para organizar a los vecindarios y en-trenar a los vecinos en el monitoreo de la seguridad, por supuesto contando con los instructores policiales, y dotando a los vecinos de algo tan sencillo, modesto y barato como son los pitos, para que con ellos alerten en caso de ocurrencias delictivas. Pueden también entregar etiquetas magnéticas con los teléfonos del serenazgo, de la comisaría, del hospital o posta de salud más cercana, de la esta-ción de bomberos, de los números de emergencia para el caso de interrupción de servicio eléctrico o producirse aniegos.

En la Policía hay que dejar que los aspectos administrativos los manejen los civiles, y el personal formado para tareas policiales, se emplee en lo que sabe y no en estar sacando copias certificadas de denuncias y partes.

Además, existen demasiadas escuelas policiales, pero carencia de escuela que entrene a los instructores. Asimismo hay que retribuir a los policías adecua-damente para que no tengan que buscar “cachuelos” para mejorar su alcance remuneracional, sin olvidar que es el Estado quien tiene que solventar las mu-niciones para el entrenamiento. Y lo más importante, darles tranquilidad, pues cada vez que intervienen en tareas de interdicción, quedan sometidos a procesos judiciales, que adicionalmente son interminables.

La infraestructura policial requiere atención urgente, pero para ello hay que simplificar el trámite de los proyectos de inversión y su ejecución, tema que no es privativo de las edificaciones policiales, sino de todos los procesos de contra-tación en el Estado.

Se podría igualmente escuchar la propuesta del Alcalde Heresi, para susti-tuir a los policías de tránsito por personal municipal, a fin que los primeros pasen a tareas de seguridad.

Diario La Razón

05 de mayo de 2013

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VIGILANCIA PRIVADA

Durante los años en que hubo durísima actividad terrorista, caracterizada por cotidianos atentados contra poblados, con cuantioso saldo de muertos y heridos, así como destrucción de bienes del Estado y de particulares, voladuras de torres de transmisión de energía eléctrica que dejaban sin luz y sin agua a ciudades enteras, muchas empresas construyeron torreones de vigilancia dentro de sus instalaciones, y era también permanente la contratación de vigilantes privados para resguardar negocios y también viviendas, ya que la Policía Nacional era insuficiente. Incluso para colaborar con la Policía las Municipalidades imple-mentaron el llamado “Serenazgo”.

Con el correr del tiempo la vigilancia privada cambió de objetivo, pues si bien se redujo sustancialmente el actuar terrorista, se incrementó la delincuencia común con asaltos, robos, y también secuestros. Esto motivó que muchas entida-des, instituciones, empresas y familias se vieran precisadas a contratar vigilancia privada.

La vigilancia privada se encuentra regulada por normas legales, existen em-presas de vigilancia formales, que cumplen con todas sus obligaciones tanto so-cietarias, tributarias y laborales. Su personal recibe sus retribuciones con regula-ridad, así como se les paga sus horas extras de labor, gozan de vacaciones anuales y reciben las bonificaciones que les puede corresponder dentro de las planillas y se les deposita sus CTS en instituciones de crédito.

Empero, también existen empresas de vigilancia informal, que no pagan las remuneraciones adecuadas a su personal, que los hacen laborar más horas que las convenientes sin la retribución que por ello corresponde, y que incluso hasta les descuentan el costo de los cursos que deben llevar antes de registrarse.

Pero además de las empresas informales de vigilancia, también existen vi-gilantes privados individuales, que son contratados irregularmente en negocios, domicilios y guardianía en calles, a los que no se les registra, no se les otorga uni-forme, no se les entrena para su cometido, y muchas veces sus remuneraciones no llegan ni siquiera al mínimo legal. Muchos de ellos son personas correctas, pero también deben existir de los otros que se coluden con la delincuencia para desvalijar las casas del vecindario que supuestamente custodian.

Las empresas de vigilancia informal, más que evidente, no otorgan garantía de eficiencia alguna a quienes las contratan, y menos aún los vigilantes indivi-duales, por lo que quienes se supone están protegidos, ante incidencias no queri-das, no tienen a quien reclamar.

Se calcula que existen aproximadamente cincuenta mil vigilantes en empre-sas formales y el doble de dicha cantidad en informales, por lo que constituye un

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reto la formalización de quienes actúan fuera del sistema legal, ya que si ello se logra será en beneficio de quienes requieren la vigilancia así como de los propios vigilantes, que podrán acceder a más justas retribuciones, obtención de sus be-neficios sociales, sistema de pensiones y derecho a las prestaciones de salud, sin olvidar los seguros de accidentes, tan necesarios por los peligros que su actividad encierra.

En la tarea de la formalización los Municipios deberían brindar su apoyo, y ahora que estamos en campaña electoral municipal, los candidatos deberían hacer conocer sus propuestas sobre el tema.

Diario La Razón

26 de enero de 2014

ROBO CON BUROCRÁTICA RECUPERACIÓN

Tranquilos, no estoy demente, aunque a veces pienso que estamos en un país de locos. Les explico: unos sujetos armados asaltaron al conductor del automóvil de la oficina y se lo llevaron. ¿Fue en un descampado? No, ¿Fue en un barrio periférico? Tampoco. El hecho se produjo en los alrededores del Pentagonito, en Chacarilla, urbanización de San Borja.

El conductor tuvo que hacer la denuncia en la Comisaría de San Borja, aun-que el del Serenazgo no le aclaró que existían varias Comisarías, por lo que per-dió valioso tiempo hasta que llegó a la que correspondía.

El denunciante, moreno de nacimiento pero pálido luego del susto, fue so-metido a intenso interrogatorio, antes que la Comisaría informase a DIROVE los datos del vehículo para su búsqueda, con más pérdida de tiempo.

Luego de dos semanas fue encontrado el vehículo, y parecería por casuali-dad más que por investigación. Lo llevaron con una grúa, del lugar en que estaba a la Comisaría y de allí a la DIROVE, y me despertaron a las 3 de la madrugada para pagar el traslado.

A la mañana siguiente, día sábado, fue el conductor y el propietario del automóvil a la DIROVE en Chorrillos a recobrar el vehículo, pero ¡oh sorpresa!, había que entregar copia certificada de la denuncia y una fotocopia de ella, para lo cual era menester pagar previamente una tasa en el Banco de la Nación, llevar-la a la Comisaría originaria y gestionar el documento.

Además tenía que presentarse la hoja informativa de los Registros Públicos de la inscripción del carro, también previo pago de derechos. El conductor de-nunciante y el propietario tenían que presentar su DNI más fotocopia, al igual

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que la tarjeta de propiedad y fotocopia. Como usualmente la tarjeta de propiedad está en la guantera del carro, los ladrones la desaparecen, por lo cual tendría que sacarse primero un duplicado de los Registros Públicos.

No pretendo imitar a Franz Kafka, pero todo lo expuesto es absurdo. ¿Para qué copia certificada de la denuncia, si la Comisaría antes había comunicado a la DIROVE el robo del vehículo? ¿Para qué la nota informativa de SUNARP, cuando no se debe solicitar documentación que ya conoce la Administración? La cereza en la torta fue la exigencia de la tarjeta de propiedad que pudo ser sustraí-da y cuyos datos también conoce la Administración.

Felizmente, hubo un brigadier en la DIROVE, que por edad y experiencia hizo entender a sus colegas que las exigencias, por más reglamentarias que fue-ren eran innecesarias y que no había motivo para retener lo que quedaba del carro. Le hicieron caso y fue entregado, después de firmar cuatro ejemplares del acta de entrega. Hasta ahora no sé para qué tantos ejemplares, y menos las in-terminables preguntas del instructor al pálido chofer sobre las circunstancias del robo, cuando en su manifestación inicial ya lo había hecho.

El robo del carro fue de horror, pero los trámites para la devolución: de espanto. Cierto, hubo suerte al recuperarlo, pero tanta exigencia absurda borra de un plumazo toda satisfacción. Ojalá las autoridades dejen de incordiar a los ciudadanos y entiendan que tienen el deber de servirlos.

Diario La Razón

09 de febrero de 2014

SOLAPADO FRENO AL USO LEGAL DE ARMAS

¡Qué contradictorio es nuestro querido Perú! Hace algún tiempo, cuando se mo-dificó la Ley sobre Posesión y Uso de Armas de Fuego por Particulares, se supo-nía que era para aligerar trámites de las licencias, acorde con los principios que postula la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Craso error, las modificaciones no fueron para facilitar los permisos de po-sesión y uso de las armas sino para desmotivar a los particulares que deseaban tenerlas para su protección y defensa, para caza, para actividad deportiva, o para colección.

Se suponía que por ser la seguridad deficiente, tanto en el sector urbano como rural, había que facilitar al ciudadano correcto la posesión legítima de armas para su protección y la de su familia, ya que ni la Policía Nacional ni el Se-renazgo podían garantizarles tranquilidad. Pues no, al pobre ciudadano le com-

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plicaron la vida reduciendo el término temporal de las licencias a solamente un año, y con trámites que ni siquiera Kafka se hubiera atrevido a relatar.

Trataron al ciudadano cumplidor de sus obligaciones como a personas que les sobra el tiempo y pueden perderlo en absurdos trámites, pagos de derechos, colas, obtención de certificados policiales y de antecedentes penales, entre otros requisitos, así como pasar horas respondiendo inverosímiles cuestionarios de aptitud sicológica. Peor aún, yendo y viniendo a SUCAMEC para recabar su li-cencia de armas durante meses sin que la entreguen, batiendo cualquier record Guinness de ineficiencia.

En contraste, los establecimientos carcelarios se han convertido en almacenes de armas ilegítimas, y comercio de ellas, en donde rara vez las encuentran en las requisas.

Ante el reclamo de buenos ciudadanos que quieren que las cosas cambien, en el Ejecutivo prepararon un anteproyecto de ley que han sometido a consulta ciudadana, pero como siempre, la burocracia nos sorprende. El anteproyecto, lejos de corregir defectos, los agrava. Mantiene la renovación anual de licencias, cuando bien podría ampliar su término. Si no tienes la licencia, por más que la hayas tramitado pero no te la han entregado, el arma está de adorno, al igual que las de colección que no pueden usarse, y si las usas es delito. Las armas de mayor calibre se mantienen fuera del alcance de los particulares. Las sanciones se incre-mentan y no sabemos si las tasas responderán al costo de los trámites o será un nuevo negocio para el Estado y la burocracia.

Por lo menos nos hemos desfogado.

Diario Expreso

21 de marzo de 2014

SEGURIDAD CIUDADANA: NECESIDAD DE INCORPORARLA DOCTRINA DEL CASTILLO A LA LEGÍTIMA DEFENSA

Uno de los objetivos principales adoptados por nuestro Partido “Orden” es en-frentar frontalmente, a través de diversas medidas, la lacra de la inseguridad ciudadana que día a día y desde hace varios años se viene acrecentando a lo largo del país, sin el menor asomo de resultados positivos por parte del actual Gobierno, fracaso que por lo menos en este campo comparte con anteriores ad-ministraciones que no pudieron frenar el avance incontenible de este fenómeno.

Los asaltos de buses en carreteras, grifos, granjas, fábricas, etc. en nuestro sector rural, así como en los hogares y establecimientos comerciales en las pe-queñas, medianas y grandes ciudades, prácticamente tienen en vilo a toda la po-

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blación que reclama protección, sin advertir desde hace mucho tiempo cualquier alivio en esta deplorable situación.

Hoy día forma parte del paisaje citadino casas y calles enteras enrejadas, muros altos, cercas y rejas de seguridad electrificadas, cámaras y visores, guachi-manes, siendo común advertir torreones con gente armada en empresas y fábri-cas, cuyos altos costos por estos servicios incrementan notablemente sus gastos de planilla e infraestructura.

En resumen, la gente común vive prácticamente tras las rejas, atemorizada, mientras la delincuencia se pasea libre y campante por toda la ciudad. Y para en-sombrecer este panorama, la autodefensa ciudadana es acosada por una lesiva y perversa legislación que restringe el uso de armas a civiles, imponiendo absurdas regulaciones, trámites engorrosos sin mayor sentido y elevados costos que llegan a ser casi confiscatorios, como si el objetivo principal del Estado fuera desarmar a la población civil y dejarla expuesta a merced de la delincuencia, o tal vez con la intención de cubrir otros protervos fines. Y los proyectos de ley en circulación resultan insuficientes, razón por la cual el Partido Orden fijará en breve su posi-ción sobre esta importante materia.

La policía, que actúa sólo con la mitad de sus efectivos debido a un absurdo sistema laboral, en gran medida desprestigiada por la corrupción que se ha ins-talado en parte de esta institución, ha sido desbordada por la delincuencia. Y la fiscalía y el Poder Judicial tampoco ayudan mayormente por su ineficiencia en atenuar esta situación. Así, en una reciente encuesta, casi la mitad de la población asigna al asalto a sus domicilios como el mayor temor de todos aquellos a que está expuesta.

Frente a este tétrico panorama, nuestro país aún se resiste a modernizar la figura de la legítima defensa, cuyos clásicos, añejos y taxativos condicionantes (agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla, así como la falta de provocación del que se defiende) son hoy considerados obso-letos, si acaso en la figura que se comenta no fuere introducida la doctrina del Castillo que, en principio, exceptúa de responsabilidad penal y civil a quien sufre la violación de su domicilio (o centro de trabajo y hasta de su vehículo) por un intruso que ilegítimamente ha invadido tal propiedad, acción sobre la que la ley presume ha sido decidida con la intención de robar, matar, violar, o provocar un incendio premeditado, siendo que el delincuente invasor puede ser repelido con un arma letal por parte del ocupante legal. En este sentido, para el derecho penal moderno, resulta inexistente el denominado exceso de defensa, otorgándole a la víctima el derecho de no retroceder ante el delincuente o la exigencia de huir. En otras palabras, quien viola una propiedad ajena puede ser repelido por su ocupante legal con un arma letal, exceptuándosele a la víctima de la acción cri-

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minal de cualquier sanción penal o civil. Y esta es nuestra propuesta con miras a modernizar la institución de la legítima defensa ante el avance incontenible de la delincuencia que azota sin piedad a la ciudadanía, tanto en sus hogares como en sus centros de trabajo.

La doctrina del Castillo, identificada en Estados Unidos con la denomina-ción de “Stand Your Ground”, fue aplicada por primera vez en aquel país por el Estado de La Florida el año 2007 y, desde entonces, con ciertas variantes, ha sido también impuesta en casi 18 Estados. Italia, desde el 2006, comparte también la doctrina del Castillo, así como un sinnúmero de otros Estados, como Israel.

Es posible que esta propuesta levantará la voz de algunos detractores, sobre todo si tenemos en cuenta una nefasta inclinación de algunas autoridades que aplican la legítima defensa con carácter restrictivo, afectándose los derechos de la víctima, y concediendo mayor prevalencia a supuestos derechos humanos del delincuente. Hacia nuestros posibles detractores sólo puedo desearles que Dios no permita que a futuro no se conviertan en víctimas de los delincuentes en sus propios hogares.

Diario La Razón

23 de noviembre de 2014

EL REGISTRO Y PORTE DE ARMAS

Sin la menor duda, la SUCAMEC (antes DISCAMEC) ha relegado a un segundo plano los objetivos fundamentales para los que fue creada. De hecho, ha priori-zado como su principal tarea el constituirse en una fuente de captación abusiva de ingresos a costa del bolsillo de los civiles que requieren poseer o portar armas de fuego, tanto para cubrir su defensa personal, como por fines deportivos, o simplemente en atención a aficiones de coleccionistas.

La SUCAMEC debería tener como funciones principales, con el fin de es-tablecer las vinculaciones pertinentes en la investigación de comisión de delitos con armas de fuego, por un lado, la identificación de las armas y sus propietarios que las hayan registrado y, de otro lado, la identificación de las personas faculta-das para portar armas.

Como se advertirá, son dos materias diferentes. Pero no, la SUCAMEC eng-loba ambos supuestos con la emisión de un único documento que, para su ob-tención, los ciudadanos deben realizar un calvario de trámites, estando sujetos a múltiples exigencias, pagar onerosos derechos -algunos casi confiscatorios- y soportar incongruentes limitaciones, muchas de las cuales atentan directamente contra el derecho de propiedad.

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Sería largo y tedioso referirse a todos los aspectos negativos y contradicto-rios de nuestra actual legislación sobre el uso de armas, en atención a lo cual des-cribiremos simplemente los aspectos básicos y esenciales sobre los que nuestro partido político “Orden” fija su posición sobre esta materia.

Tarjeta de propiedad de arma de fuego.- La SUCAMEC debería iniciar su tarea con la creación de la tarjeta de propiedad de armas de fuego (sin cualquier discriminación por el calibre), en la que debe figurar la identificación del propie-tario y las características y detalles del arma. Esta información es fundamental e imprescindible para el Estado, pero no lo es para el usuario. Por tanto, resulta incomprensible que SUCAMEC sea quién ponga trabas al usuario para obtener una información que es de interés estatal.

Hasta hace poco tiempo un arma no podía ser registrada a nombre de una per-sona jurídica, absurdo corregido no hace mucho, siendo que para obtener una tarjeta de propiedad la tramitación debería sujetarse tan solo a exigencias básicas como:

- Canje de las actuales tarjetas de registro, inclusive vencidas, por la tar-jeta de propiedad;

- A falta del documento anterior, debe bastar una simple solicitud en ca-lidad de declaración jurada, documento en el que se precisará el modo de adquisición; que el peticionario carece de antecedentes penales vin-culados al uso de armas, que no es consumidor habitual de drogas, etc. acompañando a tal solicitud un certificado de salud mental emitido por cualquier neurólogo, psiquiatra o psicólogo habilitados por sus respec-tivos Colegios profesionales. Y corresponderá a la policía verificar la veracidad de los datos, cuya falsedad implicará la denuncia penal co-rrespondiente, la anulación de la tarjeta de propiedad, así como la con-fiscación del arma.

- El trámite para la obtención de tarjetas de propiedad podría iniciarse ante la propia SUCAMEC o en cualquier comisaría de la jurisdicción del usuario. En el caso de armas aun no registradas, dicho centro policial se encargará de verificar las características del arma.

- En la estación policial se realizaría el pago por este servicio o se recibirá el comprobante del mismo emitido por cualquier banco.

- El pago por este servicio no debe requerir renovación, y su importe as-cendería a una suma objetiva que comprenda el costo del material a expedirse, aquel que cubra los gastos de traslado del expedientillo del centro policial a la SUCAMEC y entre ésta, vía courier, al domicilio del interesado, amén de una tasa racional.

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El poseer una tarjeta de propiedad de un arma no concede derecho a por-tarla (pero sí a usarla en casos de legítima defensa en su propio domicilio), del mismo modo que el hecho de poseer una tarjeta de propiedad de un vehículo no da derecho a conducirlo.

Licencia de porte arma.- Cualquier ciudadano mayor de edad puede soli-citar esta licencia (hábil por cuatro a cinco años), y para ello no requiere ser pro-pietario de un arma, del mismo modo que para obtener un brevete no se requiere ser propietario de un vehículo. El trámite podrá iniciarse ante la SUCAME o en un centro policial dentro de la jurisdicción del interesado, el que coordinará todo el proceso, al igual que en el caso de las tarjetas de propiedad.

Por lógica elemental para obtener una licencia de porte, el requirente pre-sentará su solicitud bajo el formato de declaración jurada, en términos similares a los ya anotados, pero además deberá acompañar a su solicitud, para el caso de la licencia de porte de arma, un certificado suscrito por un médico o técnico labo-ratorista calificado que descarte el consumo de drogas del interesado.

La licencia de porte de armas debería ser de dos tipos: la regular y la profe-sional. Ambas requerirán de exámenes o pruebas de tiro al blanco, siendo que en el caso de las profesionales tales pruebas serán más estrictas y su titular deberá tener un mínimo conocimiento del funcionamiento de armas.

Podrá haber, de otro lado, mayores diferencias entre ambas licencias, cual es el caso de las profesionales, para personas dedicadas a la seguridad, que serán inclusive eventualmente facultadas para el uso de ametralladoras y sus titulares podrán mantener tales licencias hasta la edad de 70 años.

Para las pruebas de tiro la SUCAMEC proveerá las municiones, a un cos-to razonable, o en su defecto revocará la prohibición de venta de municiones a quienes no tengan licencia, lo que ocurre actualmente, obligando indirectamente al interesado a cometer un ilícito al exigírsele acudir a las pruebas de tiro con sus propias municiones.

En resumen, de lo que se trata es que el Estado no se imponga a sí mismo trabas para la obtención de información valiosa sobre uso de armas, y de otro lado, no esquilme a los interesados con cuantiosos pagos, ni los agobie con exi-gencias absurdas con el pedido de certificados y constancias. En un país en el que la falsificación de documentos es cosa de todos los días, sería absurdo pensar que la policía actualmente no verifica las constancias que exige. Y si esto es así, enton-ces sólo tiene que hacer el mismo trabajo basado en los datos que deben constar en las declaraciones juradas. Y no seguir martirizando a los usuarios!

Diario Expreso

28 de noviembre de 2014

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PRENSA

¡CUIDADO CON LA MORDAZA!

Reciente resolución de un Juzgado Penal de Lima, relacionada con una querella por delito contra el honor, ordenó al director de un diario de circulación nacional para que “… se abstenga de publicar cualquier noticia o reportaje periodístico que tengan relación con el querellante…”

La resolución aludida ha causado justificada preocupación en los medios, pues en la práctica se trata de censura, que está proscrita por la Constitución del Estado, además de ampararse en norma derogada.

Prescindiendo de las personas involucradas en el proceso judicial, y sin re-ferirnos al tema del diferendo, que tocará dilucidar al Poder Judicial, a través del presente artículo y ejerciendo el derecho constitucional de cualquier ciudadano a analizar y criticar las resoluciones judiciales, formulo los siguientes comentarios:

En nuestro país la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, por cualquier medio de comunicación, ha sufrido altibajos. En algunas épocas muy respetada y en otras abusivamente lesionada.

Usualmente cuando mediante la censura se han conculcado los derechos señalados, lo ha sido por disposición legal, otras veces por acción de gobiernos temerosos de las libertades pero también, como el caso comentado, por resolu-ción judicial.

Hemos tenido épocas de oprobio en que se dictó la Ley de Imprenta 6961 y la Ley de Emergencia 7479 en el Gobierno de Sánchez Cerro; la ley 8528 en el Gobier-no del Gral. Benavides al igual que la nueva Ley de Imprenta 9034. En el llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada se arremetió nuevamente contra la libertad de expresión y la prensa, dictándose el Estatuto de Prensa por Decreto Ley 18075 sustituído por el Decreto Ley 20680 y complementadas por los Decretos Leyes 18169 y 20681 que fueron confiscatorios respecto a muchas empresas pe-riodísticas, o como el Decreto Ley 24414 que suspendió la circulación de diversas revistas, entre muchas otras normas.

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Bajo el autoritarismo de la década precedente, como consecuencia de la in-terrupción del régimen democrático del 5 de abril de 1992 se asaltaron varios medios periodísticos, aunque pese a su devolución, optó el gobierno de entonces por censura menos evidente pero igualmente cuestionable. Vimos a algunos me-dios sometidos bajo el mecanismo de compra-venta de conciencias y voluntades. Ello fue comprobado con los famosos videos de triste recordación.

No hay diferencia entre la censura impuesta por norma legal, de la obte-nida por el mercantilismo sumiso de algunos propietarios de medios, ni de la dispuesta por resolución judicial. Todas las censuras son deleznables y atentan no sólo contra quienes informan y expresan su pensamiento, sino también contra quienes tienen derecho a recibir la información y quieren enterarse de las ideas y pensamiento de otros.

Recordemos que cuando se atenta contra los derechos a que nos referimos, no sólo se transgrede nuestra legislación, sino también los compromisos asumi-dos por el Perú en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declara-ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Hu-manos y los Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamerica-na de Derechos Humanos, además de la Declaración de Chapultepec. Sin prensa libre y responsable, no hay democracia.

Diario La Razón

22 de noviembre de 2006

COLEGIATURA ¿OBLIGATORIA?

Se acaba de publicar en el diario oficial, la sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de Febrero de 2006, mediante la cual desestima la demanda del Colegio de Periodistas del Perú para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley que estableció la no obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio del periodismo.

Nada más oportuno que dicha publicación, pues se encuentra en estudio en el Congreso, proyecto de ley para establecer que la colegiatura es obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones.

Nuestra Constitución reconoce a los colegios profesionales su carácter de instituciones autónomas con personalidad de derecho público, y le encarga a la ley determinar los casos en que la colegiación es obligatoria. Esto significa que la ley puede señalar cuales son las profesiones en que para su ejercicio es obligato-ria la colegiación, y en cuales ello no se requiere.

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En cada una de las leyes de creación de los colegios profesionales, se fue determinando la obligatoriedad o no de la colegiación, y para el caso específico del periodismo, la Ley 26937 permite su ejercicio sin colegiación.

Tiene más que sustento la no obligatoriedad de la colegiación periodística, pues el ejercicio de ésa actividad guarda relación estrecha con los derechos y a la vez libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, por cualquier medio de comunicación. Esos derechos corresponden a la generalidad de las personas y no a un grupo de ellas como son los periodistas, por más que reconozcamos la importancia de sus tareas y lo sacrificado de su labor.

La regla básica para comprender los derechos y sus límites, se encuentra en el famoso aforismo: MI DERECHO TERMINA CUANDO EMPIEZA EL DE LOS DEMAS, que fue recogido por el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al enunciar que “LOS DERECHOS DE CADA PERSONA ESTAN LIMITADOS POR LOS DERECHOS DE LOS DEMAS, POR LA SEGU-RIDAD DE TODOS Y POR LAS JUSTAS EXIGENCIAS DEL BIEN COMUN, EN UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA”.

Los periodistas tienen todo el derecho a expresarse, a opinar, a informar y a difundir el pensamiento, pero ello no les es exclusivo, ya que alcanza también al resto de personas, asi no sean profesionales de las comunicaciones.

La no obligatoriedad de la colegiatura para el periodismo tiene su antecedente en la Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos, al igual que en el octavo principio de la “Declaración de Chapultepec” del 11 de marzo de 1994 y el sexto principio sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. A ello se agrega la invocación y a la vez recomendación de la Defensoría del Pueblo en su Resolución 09-98/DP.

La obligatoriedad de colegiación para el ejercicio del periodismo era mani-fiestamente contraria a la letra y espíritu del Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humano que proscribe cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, como podría ser la previa colegiatura obligatoria.

No creemos tenga sentido legislar contra principios internacionalmente re-conocidos, contra obligaciones contraídas en tratados internacionales, contra de-rechos constitucionales que son para todos y no grupales, contra recomendación del Defensor del Pueblo y contra decisión reiterada del Tribunal Constitucional. Opinemos, expresemos, informemos y difundamos los pensamientos sin exclu-sión de quienes no cuentan con título periodístico ni menos con colegiación, pero ejercen sus derechos que no deben ser recortados.

Diario Expreso

24 de noviembre de 2006

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LODO Y ECOS

Quien no ha visto por televisión, escuchado por la radio, leído en revistas y pe-riódicos, la denuncia que en recinto parlamentario formuló a viva voz un congre-sista, respecto a una ocurrencia de calle asentada en una Comisaría de la capital. La ocurrencia refería que una dama señaló al ex-presidente Alejandro Toledo de violación sexual en inmueble/oficina de un conocido empresario.

El parlamentario no presentó mayor evidencia que la hoy famosa ocurrencia de calle policial, pero se dañó el honor, dignidad e intimidad, no sólo del supues-to infractor, sino también de la supuesta agraviada, del empresario propietario del predio, de sus familias y demás involucrados.

Parte de la prensa, le dió al tema connotación de escándalo y hubieron ti-tulares, que en la práctica, daban por cierta la denuncia, sin haber hecho la más mínima indagación, investigación ni menos confirmación de lo presuntamente acaecido.

Aún teníamos fresco en el recuerdo, los brindis por la libertad de prensa, celebrando el día del periodista, en que en los medios se resaltaba las bondades de ésa profesión, de su vocación por la verdad, del respeto a las honras e intimi-dad de las personas, y por los principios éticos que debían ser guía de la acción noticiosa e informativa.

Muy fácil para algunos, fue olvidar todos sus discursos y las loas al periodis-mo serio y responsable, que muy pocos días atrás habían pontificado, y soltaron informaciones ni investigadas ni menos probadas, en acción claramente atentato-ria contra la honra de las personas señaladas y sus familias.

Es bueno recordar que los discursos con buenos propósitos y excelentes cau-sas, quedan sólo en discursos, si es que no hay correlación con la práctica de lo que se supone propician, resultando de muy mal gusto y de hipocrecía soberana, pontificar sobre las excelencias del periodismo, pero hacer lo contrario en la com-petencia por hacer polvo cósmico el honor de las personas.

Creo que es bueno recordar que lo que se ha dado por cierto, es la comisión de un grave delito, no de una falta leve. Se ha digitado a un ex -Presidente del Perú de haber perpetrado delito de violación de la libertad sexual, tipificado por la legisla-ción como el que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a practicar acto sexual.

Ante ello y para cautelar el honor de los involucrados, el Ministerio Públi-co tiene la obligación constitucional de investigar, sea de oficio o a petición de parte, lo denunciado, y si como resultado de la investigación se concluye que no ocurrieron los supuestos hechos, decirlo a los cuatro vientos, para que no queden dudas.

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Por otro lado, los medios que con escándalo dieron por cierto lo relatado en una Comisaría, deberían recordar los principios de la Declaración de Chapultepec y recordar también que al igual que nuestra Constitución les reconoce el derecho a informar, expresar y opinar con libertad, les impone la obligación correlativa de respetar el derecho al honor, reputación e intimidad de los demás. Es también de aplicación en esto, la regla básica del derecho, que consiste en que el mío termina cuando comienza el de los demás.

No olvidemos que lo expuesto en el párrafo anterior, además de estar consti-tucionalmente normado, constituye su cumplimiento, compromiso internacional, pues tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, quedaron consagrados los derechos a la honra y reputación. Si son tan buenos para invocarlos, pues procedan a cumplirlos.

Diario Oficial “El Peruano”

06 de octubre de 2007

EL HONOR ES SAGRADO

Dice el precepto jurídico que la buena fé se presume y la mala fé se prueba. Empero para algunas personas que tienen el privilegio de utilizar sus plumas en medios escritos, o su voz e imágenes en otros, parecería ser que no conocen el precepto o que les importa un comino. Se sospecha de todo el mundo y se utiliza muchas veces el condicional para pretender cubrirse de acciones judi-ciales por calumnia, difamación o injuria. Con el condicional hacen igual daño que con la afirmación, pues dejan sembrada la duda al lector, al radioescucha y al televidente.

Existen bienes tangibles que son fácilmente valuables en dinero, como por ejemplo predios, barcos, aviones, camiones, y muebles entre otros, pero también existen bienes menos tangibles pero igualmente valorizables como las marcas, los nombres comerciales y las patentes. A estos últimos hay que agregar bienes in-materiales atribuíbles a las personas, como son su intimidad, así como el honor, buena reputación e imagen, los que son sagrados y por ende invalorables.

Si bien la Constitución garantiza las libertades de información, opinión, ex-presión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, estos derechos como correlato tienen límites, que son los expresados en párrafos precedentes, y cuando se sobrepasan, la misma Constitución dispone que los delitos cometidos por medio del libro, la

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prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común, como son calumnia, difamación e injuria.

El derecho a solicitar la información con la que cuentan las entidades públicas, tiene como excepción la intimidad personal, siendo conexo a ello el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, por lo cual también constituye delito la interceptación de las comunicaciones en todas sus formas y mo-dalidades.

Para no atentar contra la presunción de inocencia y no afectar los derechos a la intimidad, prestigio, fama, honor y buena reputación, la etapa de la investi-gación judicial denominada “instrucción” es reservada, lo que igualmente debe suceder en la actuación de las comisiones de investigación parlamentaria, auque hay veces en que irresponsablemente se incumple el precepto.

Debemos todos contribuir a una cultura del respeto a los Derechos Huma-nos intangibles, bienes que por su propia naturaleza constituyen el patrimonio más preciado de las personas.

Diario Expreso

22 de enero de 2010

OBSCENIDAD, PORNOGRAFÍA Y PRENSA

Como dice el antiguo aforismo: ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no lo alumbre. Normalmente los extremos y las exageraciones lo único que logran es apartarnos de lo conveniente y adecuado, y ello está sucediendo con una iniciativa legislativa presentada en el Parlamento por la que se pretende castigar penalmente al director, editor o responsable de publicaciones o transmisiones de contenido obsceno o pornográfico, de libre acceso al público, que puedan afectar el pudor de un menor de dieciocho años.

La polémica que ha suscitado el proyecto de ley al que nos referimos, tiene diversos ángulos. Uno de ellos, por ejemplo, es que no hay una clara conceptua-ción de lo que es pornográfico u obsceno, y que ello queda librado al fin de cuen-tas a la discrecionalidad del juzgador.

Otro de los temas en discusión es determinar si debe o no legislarse sobre aquello, y si la respuesta fuera positiva, establecer el tipo de la norma, que podría ser de carácter administrativo o de materia penal.

La libertad es uno de los dones más preciados del ser humano, y quizás por ello, cuando se percibe que una norma puede tener halo de censura, pues causa

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rechazo. Tenemos -que duda cabe- el derecho de ver, escuchar y leer lo que se nos antoja, y en buena hora, pero evidentemente para quienes son mayores de edad. Los menores requieren de la protección del Estado, dado que estando aún en proceso de formación es preferible alejarlos de exhibiciones, lecturas, y trans-misiones que pudieran afectarlos por su contenido obsceno o pornográfico.

Se ha dicho que es muy difícil establecer lo que es obsceno o pornográfico. Error, para dilucidarlo basta leer cualquier diccionario jurídico o simplemente el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pero además los padres saben claramente qué tipo de publicaciones o qué transmisiones desean para sus menores hijos.

Cierto es que el carácter pornográfico u obsceno de algunas imágenes, soni-dos o lecturas, ha ido variando en el tiempo y también en los espacios geográficos, pero en cada tiempo y lugar hay comunes denominadores que atender.

No se quiere ni el famoso “Index” ni cubrir nuevamente el sexo de los án-geles en las iglesias y monasterios, pero tampoco los padres desean que caigan a manos de sus hijos menores, diarios y revistas con lecturas o imágenes obscenas, y no nos vengan con que no se sabe distinguir lo obsceno de lo que no lo es. Tampoco es deseable que en horarios aptos para menores de edad se transmitan programas radiales o televisivos para adultos.

Posición extrema de algunos medios de comunicación, es que no se requiere de normatividad gubernamental alguna y que los medios pueden autorregularse y controlarse. La otra antípoda es la penalización. Ni lo uno ni lo otro, la respuesta equidistante podría ser normatividad administrativa, mediante la cual se obligue a poner a la venta revistas y diarios con contenido pornográfico u obsceno, dentro de fundas cerradas y con indicación que su contenido o parte de él, es para mayores de edad. Respecto a radio y televisión la normatividad vigente señala horarios que no son de acceso a menores de edad, pero aquí los padres tendrán que ser respon-sables aplicando disciplina y filtros, y esto último sobre todo para lo que se recibe del ciberespacio, que procede de cualquier parte del mundo, y no necesariamente con similares horarios.

Como decíamos al principio, los extremos son malos, busquemos puntos medios que cautelen nuestras libertades y al mismo tiempo protejan a los me-nores.

Revista Gente Nº 1561

Enero de 2011

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INTOLERANCIA

Se han producido deplorables hechos atentatorios contra periodistas, como erró-nea respuesta a informaciones y comentarios emitidos en el proceso electoral que estamos viviendo.

Las campañas políticas deben ser confrontación de propuestas, planes de gobierno, exposición de los mismos por sus autores y por sus posibles ejecutores en caso de llegar a gobernar. Los contendores son simples ciudadanos con simi-lares pretensiones, y que quizás con otras propuestas y caminos quieren lo mejor para su país, algunos con acierto y otros con defecto, pero siempre dentro de lo que se supone es la voluntad de lograr el bien común.

Nuestro sistema electoral dispone que es elegido como Presidente de la Re-pública quien consigue más de la mitad de los votos, y si ninguno obtiene la ma-yoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los candidatos que han recibido las dos más altas mayorías relativas.

La segunda vuelta se presenta complicada, pues aproximadamente la mitad de los electores no votó por ninguno de los dos candidatos que hoy compiten en la nueva vuelta, y como ambos andan muy cerca en el favor popular, todo ello exacerba los ánimos de seguidores y hasta de simples simpatizantes de los postu-lantes a la Presidencia. Lo señalado lleva injustificadamente a algunos intolerantes a la agresión y a actos de violencia, lo que es inadmisible y obliga a la autoridad a ubicar a los autores y procesarlos y por otro lado obliga a los dirigentes políticos a persuadir a sus militantes a comportarse con cívica tolerancia y urbanidad.

Los periodistas están más expuestos que cualquier ciudadano a las iras y malos humores de los intolerantes que confunden el seguimiento a su favorito con la agresión a quienes no piensan igual, o que simplemente han comunicado informaciones en cumplimiento de su deber periodístico, o han hecho comenta-rios adversos, que por último también es su derecho. La información tiene que ser veraz, lo que significa neutra, pero la interpretación o los comentarios que hagan los mismos periodistas o analistas no tiene necesariamente que serla, pues también a ellos alcanza la garantía y al mismo tiempo derecho a la libertad de opinión y expresión, y esto debe ser comprendido por toda la ciudadanía para evitar que se repitan actos reñidos con la ley.

Siendo axiomático que toda acción genera reacción, es aconsejable que quienes comunican información o exponen opinión, lo hagan respetuosamente, sin tonito dis-plicente ni burlón, y menos sonrisitas despectivas. Por cierto nada de esto está dirigido al impecable periodista Jaime De Althaus a quien expresamos solidaridad y aprecio.

Diario Expreso

13 de mayo de 2011

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AGRAVIOS DE PRENSA INFORMÁTICA IMPUNES

Uno de los Derechos Humanos más preciados, es el derecho inmaterial al honor y a la buena reputación, que se complementa con el de la intimidad.

Como quiera que los derechos, al igual que los deberes, se encuentran es-trechamente relacionados, hay que considerarlos en su conjunto. Tenemos que tener presente el derecho a la libertad de información, opinión, expresión y di-fusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cual-quier medio de comunicación social, bajo las responsabilidades de ley, tal como lo señala expresamente nuestra Constitución, concordante con los tratados sobre Derechos Humanos de los que el Perú es signatario.

Consecuentemente el ejercicio del derecho de opinión, expresión y difusión del pensamiento, tiene que ser con respeto al derecho al honor y a la buena reputa-ción, e incluso al derecho a la intimidad, por lo que la propia Constitución reconoce que se puede cometer delito por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social, los que tipifica el Código Penal y se juzgan en el fuero común.

El Código Penal, tutelando el derecho al honor, trata los delitos de injuria, calumnia y difamación. Por el primero de ellos se ofende o ultraja con palabras, gestos o vías de hecho. Por el segundo se atribuye falsamente a otro un delito; y por el tercero se asigna a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que perjudique su honor y reputación, de manera que pueda difundirse la noticia. Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, ello es un agravante con el consiguiente aumento de la penalidad, lo que también sucede en el delito de violación a la intimidad.

Como es fácil comprender el Derecho está en constante evolución; si anti-guamente se consideraba como delito cometido por la prensa, sólo el de los me-dios escritos como eran diarios, revistas y otras publicaciones. Ello se amplió a la prensa oral cuando se inventó la radio, lo que se complementó con las imágenes cuando hubo cinematografía y después televisión.

Hoy en día además del libro y de la prensa, tenemos otros mecanismos de comunicación utilizando las herramientas informáticas, como es Internet, los blogs, las páginas web con acceso generalizado, las redes sociales y los correos masivos, entre otros, mediante los cuales también se puede atentar contra el de-recho al honor y a la reputación, así como también al de la intimidad. Sin embar-go no han sido considerados inequívocamente en la legislación penal, con lo que podría existir el peligro que las ofensas, agravios y ultrajes que están sancionados penalmente con agravante, cuando pueden ser difundidos por la prensa u otro medio de comunicación social, queden impunes o recibir los responsables sanción menor a la que correspondería.

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Normalmente el Derecho sigue al avance de la ciencia y de la tecnología y va encontrando respuestas a los estímulos de estos dos últimos. Por ejemplo no ha-bría normatividad legal que permita la contratación vía telegráfica, cablegrafica, fax y comunicaciones electrónicas, si ellas no se hubieran inventado previamente.

En el tema informático el Derecho Penal ha ido incorporando nuevos delitos y atribuyéndoles a los actores las correspondientes penalidades, tanto es así que nuestro actual Código Penal desde el año 2000 cuenta con un capítulo para los delitos informáticos. Empero, aún carecemos expresamente de la inclusión en de-litos contra el honor, los que pueden perpetrarse mediante blogs, redes sociales, correos electrónicos masivos y otros elementos similares, por lo que urge llenar el vacío legislativo.

Preocupa que pese a lo expuesto pretendan despenalizar delitos contra el honor perpetrados mediante la prensa, lo que podría constituir patente de corso, pues si bien existe prensa responsable y respetuosa, también lo hay de la otra.

Diario La Razón

24 de julio de 2011

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA ILÍCITAMENTE

Ante las críticas adversas a uno de los considerandos de sentencia del Tribunal Constitucional, relacionado con la difusión por los medios de comunicación so-cial, de información obtenida con violación de las comunicaciones, es conveniente tener presente algunos aspectos que son relevantes.

Por un lado la existencia de dos derechos constitucionales que podrían con-siderarse contrapuestos, esto es el derecho a la libertad de información, mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación so-cial, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos; y por otro lado el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados.

La prensa usualmente alegará irrestricto derecho a informar y quien sus comunicaciones han sido violadas o interceptadas, alegará que ellas no tienen efecto legal y que los medios están impedidos de suministrar informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Todo ello normativamente cierto.

Ante la confrontación de dos derechos, que dejan entre ellos un campo gris, no absolutamente claro, es necesario ponderarlos para establecer cuando se tra-ta de la difusión no permitida obtenida con violación de las comunicaciones y documentos privados. En esto la clave es la naturaleza de las comunicaciones y

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documentación, pues si ellas afectan la intimidad personal y familiar no es legíti-ma su difusión por los medios, pero si ellas de por sí tienen contenido que tiene relación con los asuntos relevantes en el Sector Público, la balanza se inclinará por darle mayor peso a este último aspecto, con lo cual la difusión sería atendible.

Adicionalmente hay que tener presente que constituye delito interceptar co-municaciones y correspondencia cualquiera sea su tipo o contenido, y que las comunicaciones y documentos obtenidos con trasgresión del derecho al secreto e inviolabilidad de ellos no tienen efecto legal, lo que no significa que exista delito en su difusión por la prensa, pues ella no ha perpetrado la interceptación, no siendo por ello autor directo o mediato o partícipe del delito, ni tampoco cómpli-ce ni menos instigador del mismo.

En cambio si la difusión de lo obtenido violentando el secreto al que nos hemos referido, conlleva juicio de valor o aseveraciones adicionales que cons-tituyan injuria, calumnia o difamación, que si son delitos, hará pasibles de san-ción penal a los autores, pues la propia Constitución determina que los delitos cometidos por medio de la prensa se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común y no por un Consejo suí géneris constituido por un sector de la misma prensa.

Debemos precisar que sin perjuicio de lo antes señalado, toda persona afec-tada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunica-ción social tiene derecho a que éste se rectifique y sin olvidar que quien se sienta amenazado por la difusión de información que afecte su intimidad personal o familiar, puede recurrir a la autoridad judicial para que impida la difusión.

Como hemos observado hay un espacio difuso entre los dos principales de-rechos a los que nos hemos referido, que podrá ir aclarando la jurisprudencia de los tribunales o con las precisiones legislativas que sean apropiadas dictar, pero siempre conciliando o ponderando tales derechos.

Diario La Razón

01 de enero de 2012

ALEVOSA SIEMBRA DE DUDAS

Nuestra Constitución, concordante con los Tratados Internacionales sobre Dere-chos Humanos, consagra las libertades de información, opinión, expresión y difu-sión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social. El ejercicio de tales derechos está sometido a las responsabilidades de la ley, pues como contraparte las personas en general tienen

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la protección de la misma ley cuando su honor, reputación o prestigio son afecta-dos en medios de comunicación social.

El mismo precepto constitucional determina que los delitos cometidos por me-dio de la prensa y demás medios de comunicación, se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Además el afectado por afirmaciones inexactas o agraviado en cualquier medio de comunicación, tiene derecho a que éste se recti-fique en forma gratuita, inmediata y proporcional.

En el Código Penal están tipificados como delitos contra el honor, las con-ductas delictivas de la injuria, la calumnia y la difamación, estableciéndose las sanciones que pueden ser impuestas a los infractores.

Lo expuesto se resume en libertad para informar, sujeta a las responsabilida-des civiles y penales cuando la información es inexacta o agraviante.

Algunas veces nos encontramos con personajes que utilizando los medios de expresión se cuidan de no incurrir en inexactitudes ni agraviar directamente, pues saben que ello les puede significar responsabilidad legal, sanción penal e incluso obligación de resarcimiento económico a quien causan perjuicio. Empero utilizan un elemento muchísimo más maligno y alevoso, como es la media verdad, la de sembrar la duda y utilizar el “condicional” de habría, estaría, sería y tantos otros.

Lo expuesto es mucho más grave cuando se trata de la actividad conocida como “prensa de investigación” pues el ciudadano tiene la sensación que la in-formación es más prolija y veraz, y no resultado de la inmediatez que por apre-suramiento puede llevar a error.

El daño que puede causar a los afectados el comportamiento mencionado es enorme, pues dejó sembrada la duda, la cizaña y la sospecha.

Como la verdad tarda pero llega, cuando sale a luz, probablemente no existirá disculpa, ni rectificación, pues no hubo violación directa de la ley ni perpetración de delito, aunque si, indirectamente afectaron el buen nombre, honra y reputación, lo que es infracción a las reglas de la ética periodística más elemental. Esto tiene que remediarse con acciones concretas de los órganos deontológicos correspondientes.

Diario Expreso

19 de abril de 2013

PARA EL SECRETO NO BASTA EL SELLO

Quienes tenemos ancestro latino, somos inclinados a la cultura del secretismo y a pretender que hasta cosas del diario vivir son secretas, confidenciales o reservadas.

En los escritorios de muchos de nuestros funcionarios, antes que un calendario, agenda, clips, perforador y engrampadora, usualmente encontramos un descomu-

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nal sello que dice “SECRETO” cuando no “CONFIDENCIAL” o “RESERVADO”. Esto es más frecuente en oficinas castrenses, policiales y del servicio exterior, pro-bablemente en la creencia de que todos los asuntos materia de su conocimiento tienen dicho carácter.

Igual como el hábito no hace al monje, el sellote no convierte en secreta la infor-mación que contiene, la que en la mayoría de los casos es inocua aunque no banal.

Lo indicado viene a colación por la pretensión de procesar penalmente a periodistas por haber violado correspondencia electrónica y comunicaciones. De suyo la interceptación de comunicaciones y correspondencia, es un hecho delictuo-so que vulnera el derecho humano a la intimidad, consagrado en la Constitución y en Tratados Internacionales.

Si hay interceptación o violación de correspondencia y comunicaciones, ello merece sanción penal sin duda alguna, pero cuando se le quiere agravar por su carácter secreto, hay que tener mucho cuidado ya que como hemos visto no todo es secreto y que así se hubiera puesto el sello no transforma la información en secreta.

La pretensión del secretismo es porque se trataría de información sobre in-greso de tropas extranjeras y porque también se referiría a tratados comerciales en negociación. Ni lo uno ni lo otro es secreto.

Como regla general, toda información que emane del aparato estatal debe ser pública, tal cual lo ordena la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806. Como excepción a la regla tenemos la información secreta, la reservada y la confidencial, que para tener tal carácter no basta el famoso sellito, sino que así sea declarado previamente por la autoridad, la misma que está facul-tada a desclasificar la información después de cumplido el plazo de la reserva.

En cuanto a la información de ingreso de tropas extranjeras, sean con armas de guerra o sin ellas, la información no es secreta, tanto así que está regulada por las leyes Nos 27856 y 28899. En el primer caso mediante proyecto de Resolución Legislativa que se tramita desde el Ejecutivo hacia el Congreso, y que aprobada luego de dictamen se publica en el diario oficial. En el segundo caso se tramita en el Sector Defensa y la Resolución Ministerial que autoriza el ingreso de personal militar sin armas de guerra, también se publica en el diario “El Peruano”.

Las negociaciones comerciales internacionales, tampoco son secretas, reserva-das ni confidenciales, pues son de conocimiento de más de un país y de organismos multilaterales o de integración.

Como vemos, no se quiera agregar a lo que ya es grave, como violar corres-pondencia y comunicaciones, un alcance adicional en el sentido que la informa-ción violada es secreta. No lo es, olvídense del sellito de secreto que está demás.

Diario La Razón

08 de diciembre de 2013

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LA VOZ

Mucha gente se queja de los contenidos de nuestra televisión, en que no siempre los programas “enlatados” son de buena calidad, en que los de producción nacio-nal muchas veces son chabacanos o vulgares cuando no inocuos e irrelevantes. A ello se agrega nuestra pesadumbre por los programas noticiosos, en que si bien los excelentes conductores no pueden variar la noticia, habría que recordarles a sus jefaturas de prensa que también hay buenas noticias, y que los noticieros no pueden parecer hemorragia, sangre y más sangre. Incluso nos falta un noticiero como hubo en el canal estatal de un cuarto de hora de duración, con el resumen de lo acontecido en el día, sucinto y preciso, y que habría que recordar que tenía buen “rating” que es lo que más influye en las gerencias comerciales de las tele-visoras y en los anunciadores.

Hablamos de comunicación periodística en que hay derechos recíprocos, por un lado el deber de informar de unos y el derecho de ser informados del otro lado, debiendo ser la comunicación seria, respetuosa y fidedigna, además de plural.

Las televisoras y radios utilizan el espacio y el espectro electro magnético que es de todos, y reciben autorizaciones y licencias del Estado para poder trans-mitir, y es por eso que en la Constitución se les asigna una obligación de docencia cívica que hay que rescatar y promover.

Es por ello que cuando hemos visto el programa La Voz, nos ha hecho volver la fe en que algún día tendremos mejor televisión. El programa es entretenido, divertido, con previa selección de los concursantes que se presentarán a cantar ante un jurado respetuoso aunque piropeador, en buena onda, con comentarios en que ningún concursante se siente mal así pierda, e incluso con sugerencias y con-sejos para que puedan mejorar la vocalización, el tono de las canciones y su fuerza expresiva. Nadie es motivo de burla y los diálogos entre los jurados son también atinados y educados, al igual que los del presentador con los concursantes y sus acompañantes.

Hay buena vibra en todos los participantes, sean productores, asistentes, jurados, concursantes y por supuesto el público que expresa el estímulo a sus candidatos con manifestaciones corteses. Se respiran buenos modales y urbani-dad, ¡qué bueno!

Diario Expreso

27 de diciembre de 2013

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INTROMISIÓN EN LA PRENSA

El Presidente Ollanta Humala en una reciente entrevista, fue consultado por lo que algunos han denominado concentración de medios. Respondió que ello va por la vía judicial pero no descarta solicitar opinión consultiva a la Corte Intera-mericana de Derechos Humanos (CIDH).

Nuestra Constitución consagra el derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, censura ni impedimento algunos (inc. 4 del art.2). A ello agrega que la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares (art. 61).

En adición, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que forma parte de nuestro ordenamiento legal, reafirma que la libertad de expre-sión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. Ello por cualquier procedimiento de su elección y que, además, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos como controles oficiales u otros encaminados a impedir la comu-nicación y la circulación de ideas y opiniones (art. 13).

El tema de la supuesta concentración de medios originada en la compra por el grupo El Comercio de acciones de otra Sociedad que edita algunos otros periódicos, ha sido llevado a nuestros tribunales de justicia, lo que significa se-gún la Constitución que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones (inc. 2 del art. 139).

La sola pretensión de solicitar opinión consultiva a la CIDH, sobre un asun-to que está judicializado en el Perú, sería una interferencia, que podría conllevar hasta una denuncia ante el Congreso por infracción constitucional, por más que se la quiera disfrazar de inocente pedido.

La operación comercial que algunos cuestionan no atenta contra el pluralis-mo informativo, no solo porque está vigente en la actualidad, sino porque ade-más cualquier persona puede fundar sin autorización previa el medio escrito que quiera. Por otro lado, el mismo Estado tiene medios de expresión para dar a conocer sus pareceres y opiniones. No olvidemos que existe TVPERÚ y Radio Nacional, sin olvidar a la agencia de noticias ANDINA y al diario oficial “El Peruano” que no se constriñe a ser gaceta de normas legales, avisos judiciales y administrativos, sino que contiene información de todo y para todos.

Si bien es cierto que los Estados miembros de la OEA pueden consultar a la CIDH acerca de la CADH y de otros tratados concernientes a ellos, no es menos

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cierto que la Corte puede desestimar el pedido y así lo ha hecho innumerables ve-ces, como cuando ya tiene fijada corriente jurisprudencial o cuando la absolución de consulta puede interferir con pendientes pronunciamientos jurisdiccionales internos (Resolución de la Corte del 10-05-2005, del 24-06-2005, del 27-01-2009, entre otros).

Por lo demás la opinión que absuelve consulta, por propia naturaleza señala un parecer, que no necesariamente coincidirá con el de quien la solicita, y en caso de coincidencia no tiene por qué obligar en tal o cual dirección a las autoridades nacionales. La Convención Americana no determina carácter vinculante a las opi-niones consultivas.

Diario El Comercio

04 de junio de 2014

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REGIONES Y MUNICIPIOS

¡CHICLAYO, SOLUCION!

El interés por los actos de violencia acontecidos en Chiclayo es compartido por muchísima gente que desea soluciones, que cese la violencia, los actos de hostili-zación y el clima de conflicto que se vive en ésa importante localidad.

No se trata de ninguna obsesión como replica el Presidente del Tribunal Constitucional, pero si quita el sueño a las autoridades del Departamento de Lambayeque y a muchísimos ciudadanos de buena voluntad que quieren que retorne la paz social en Chiclayo con dos Alcaldes en que cada uno exhibe título para el cargo.

El Alcalde vacado exhibe resolución del Tribunal Constitucional y el Al-calde que los sustituyó exhibe la resolución del Jurado Nacional de Elecciones y la credencial que le extendió. Ambos en simultáneo toman decisiones y tienen seguidores, que a no dudarlo influyen en sus pretensiones. El desconcierto es generalizado y no se libran de ello los dos alcaldes que recurren a las autorida-des judiciales, a parlamentarios, a las comisiones dictaminadoras del Congreso y como se dice, a cuantos están dispuestos a escucharlos.

El Congreso de la República en diciembre de 2005 aprobó la Ley 28642, que rápidamente fue promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el diario ofi-cial “El Peruano”, con la intención de evitar cualquier conflicto de competencias entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional. La Ley 28642 dispuso la improcedencia de procesos constitucionales, como es el amparo, cuan-do se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional en materias electorales, bajo responsabilidad, agregando que resoluciones en contrario, de cualquier au-toridad, no surten efecto legal alguno.

También determinó que los temas electorales son los previstos en las leyes electorales y aquellos que conoce el JNE en instancia definitiva. La vacancia de autoridades municipales es de competencia final del JNE por mandato de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo tanto es materia electoral.

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El Congreso cumplió con dar la Ley, pero no es autoridad jurisdiccional (judicial) por lo que poco puede hacer a estas alturas, salvo invocar a quienes tie-nen conflicto que cesen en actitudes atentatorias contra la paz y concordia social. Además el hacer cumplir las Leyes es responsabilidad de otro Poder del Estado.

Avivar la hoguera con pronunciamientos para que se mantenga a una u otra autoridad municipal no resuelve el conflicto, dado los exaltados ánimos de los que pugnan por el cargo y sus seguidores, con el agravante de trabajadores mu-nicipales despedidos y otros en funciones que temen por sus puestos.

Los dos Alcaldes deben reflexionar y con compromiso cívico, deberían dar un paso al costado para contribuir al regreso de la paz, evitando cualquier otro brote de violencia de resultados impredecibles.

Deben tener en cuenta que estamos a escasos tres meses para concluir el actual período municipal, que está convocada nueva elección para noviembre y que las autoridades que resulten electas asumirán sus cargos al iniciarse el año 2007.

Es hora que demuestren desprendimiento, generosidad, y espíritu pacífico. Si ambos alcaldes renuncian a sus pretensiones y se entrega la conducción del Municipio a regidor apropiado, se logrará la deseada restitución de la paz, que debe ser el norte de toda autoridad responsable.

Diario La Razón

16 de setiembre de 2006

AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

Cumplimiento de la Ley

Ley y orden no sólo es el título de una conocida serie de televisión, sino el man-dato que deben hacer cumplir quienes ejercen actos de gobierno.

Venimos observando desde que se confundió departamentalización con re-gionalización, que muchos gobernantes en las regiones que sólo lo son de nom-bre, pues siguen siendo departamentos, al igual que diversas autoridades locales, o sea alcaldes y regidores, olvidan que de acuerdo con la Constitución que nos rige a todos, el Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario, representa-tivo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes.

Notamos con estupor que autoridades regionales elegidas por sus pueblos bajo el ampuloso, innecesario e inconveniente nombre de Presidente, creen que por ese hecho están fuera de la obligación de cumplimiento de la Ley y que pue-den hacer lo que les venga en gana. Observamos como autoridades que auque regionales o locales forman parte del Estado, incitan a la violencia, azuzan a los

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pobladores, fomentan disturbios, encabezan supuestas protestas en que se atenta contra el orden público, se toman carreteras, se impide el libre tránsito de perso-nas y transportes, y encima justifican los desmanes y los atentados contra perso-nas así como contra la propiedad publica y privada. Es cierto que no podemos generalizar, y que también hay autoridades regionales y locales que cumplen a cabalidad con sus deberes, pero no se puede cerrar los ojos ni ponerse de costado, cuando hay otras que hacen todo lo contrario.

Siendo parte del Estado y constituyendo gobiernos regionales y locales, según sea el caso, las autoridades regionales y las municipales no pueden sus-traerse de las principales obligaciones del Estado expresamente establecidas en la Constitución, como son garantizar la plena vigencia de los derechos humanos así como proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general. Vaya forma de garantizar los derechos humanos poniendo en peligro la vida e integridad de las personas con los actos de violencia y perturba-ción del orden social e interno. Increíble modalidad de proteger a las personas de las amenazas contra su seguridad, cuando son muchas de esas autoridades los promotores de la inseguridad. Inaudita e inédita forma de promover el bienestar general, cuando se atentan contra los derechos de las personas y se impide el ejercicio de sus derechos a la integridad, a la tranquilidad, a la paz y seguridad, así como al libre tránsito entre otros.

Así no fueren autoridades, quienes ejerciendo un mandato popular por su elección como Jefes de Región o Alcaldes, tienen obligaciones como ciudadanos, pues es deber constitucional el proteger los intereses nacionales, asi como res-petar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional. Podemos poner comillas o escribirlo en negrita o en letras capitales o mayúscua-les, pues así con claridad cristalina lo ordena la Constitución. Si como simples ciudadanos tienen deberes que cumplir, más sin son autoridades.

No se puede soslayar el hecho que la misma Constitución establece que el terri-torio de la República se integra por regiones, departamentos, provincias y distritos, en los cuales se organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, pero preser-vando la unidad e integridad tanto del Estado como de la Nación. Insistimos el Perú es unitario auque descentralista, pero de ninguna forma federal. La autonomía de los gobiernos regionales y municipales es únicamente politica, económica y admi-nistrativa en los asuntos de su competencia, no en todos, pero siempre sujetos a la normatividad legal de mayor jerarquía como es la Constitución y la Ley, por lo que no se nos vengan a pretender independientes, pues no lo son. Son parte del Perú y de su Estado, que es repito hasta la saciedad UNITARIO. Recuérdenlo muy bien.

Diario La Razón

19 de agosto de 2007

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RECONSTRUCCION

La ayuda inicial, después del sismo, se ha dado. Con aplausos y con críticas, con eficiencia y también con defectos, lo cierto es que se ha cumplido, y pasado el desorden inicial corresponde planificar bien la distribución de las ayudas, mien-tras se empieza la reconstrucción y las zonas afectadas recobran normalidad.

Con rapidez inusual, el Estado ha creado por Ley un organismo que se en-cargará de conducir la reconstrucción, para lo cual se le ha asignado los recursos económicos iniciales. En cuanto a su organización ha incorporado a autoridades de las zonas afectadas por el terremoto, así como a autoridades del gobierno central y destacadas personas de la actividad privada. Se le ha dado al nuevo organismo la suficiente flexibilidad para su urgente y oportuna tarea, pero sin descuidar los debidos controles y las responsabilidades que tienen que asumir quienes conducen el proceso.

En un origen hubieron protestas de diversas autoridades de las zonas de-vastadas, quienes reclamaban ser los conductores del proceso de reconstrucción y quienes decidieran sobre el empleo de los recursos que el Estado asignaba para la difícil tarea. Auque superado el reclamo, y estrechadas las manos de los repre-sentantes del Gobierno Central con la de los Gobiernos Regionales de los depar-tamentos afectados, en señal de entendimiento y de voluntad de trabajo conjunto, lo cierto es que subsisten voces discrepantes de representantes de otros Gobiernos Regionales y Locales que estiman que se está vulnerando su autonomía.

Somos un país unitario, entiéndase bien. La Constitución con razón señala que el Estado es uno e indivisible, siendo su gobierno unitario, representativo y descentralizado.

Las autoridades regionales y locales no deben olvidar que el territorio del Perú está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local en los términos que establece la Constitución y la ley, pero, y esto muy claro; PRESERVANDO LA UNIDAD E INTEGRIDAD DEL ESTADO Y DE LA NACION.

Tampoco se debe olvidar que la autonomía que tanto alegan los gobier-nos regionales y los municipales, es política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y punto. No hay más autonomía ni niño muerto y los recursos económico-financieros que administran, son los que le corresponde y los que en adición le pueda trasladar el Gobierno Central.

El Estado ha instruído por Ley quien deberá efectuar la reconstrucción y también ha asignado recursos para tal tarea. Los recursos no son los que corres-ponden a las Regiones ni Municipios, no están constituídos por el Impuesto de

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Promoción Municipal, tampoco por los Fondos de Compensación Regional o Municipal, menos aún por transferencias de canon y regalías. Son recursos adi-cionales, que salen de los impuestos que pagan todos los peruanos, por lo que tie-ne perfecta lógica que su administración, auque con destino a la reconstrucción de las localidades destruídas, sea asumida por un organismo especializado del Estado creado con dicha finalidad.

Se imaginan por el amor de Dios, por más simpatía que tengamos a la des-centralización vía regionalización, a los gobiernos regionales y municipales asu-miendo la pesada carga de la reconstrucción, pese a no haber demostrado mayor competencia en los momentos más sensibles de la catástrofe. La verdad no los vemos en ello, bastante ya tienen con lo que son sus atribuciones habituales.

No hay que olvidar que hasta las instituciones más connotadas y prestigia-das, tuvieron deficiencias en las tareas que les competía frente a las desastrosas consecuencias del sismo, lo que de suyo obligará en su momento a hacer los correctivos necesarios para evitar repetición de anomalías en el futuro. Estamos en zona sísmica, y el terremoto del 15 de agosto, bien clarito, ni fue el primero ni será el último.

Diario Oficial “El Peruano”11 de setiembre de 2007

VRAE Y MEJORA NORMATIVA

El interés del Estado rspecto al valle de los Rós Apurímac y Ene (VRAE) no es de hoy, ni siquiera de yer, su data es amyor, y el primer paso normativose dio en el año 2003, crandose el Pln de Paz y Desarrollo bajo el argumento de que las poblaciones de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, así como las provincias de satipo, en el departamento de Junín, y de La Conven-ción, en el departamento de Cusco, requieren de una atención particular por las singulares condiciones de extema pobreza, de alto grado de marginalidad y de exiguo apoyo a sus comunidades campesinas y nativas. Aunque no se explicó en aquella oportunidad, seguramente también se tuvo en cuenta la existencia de remanenetes de Sendero Luminoso en la zona, así como la existencia de cultivos de coca para el narcotráfico.

Lamentablemente, el presupuesto asignado para el Plan de Paz y Desarro-llo 2003-2006 no se utilizó en su totalidad ni adecuadamente, y en la práctica tal Plan, elaborado por el entonces Consejo Nacional de Descentralización, quedó solo en el papel.

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Posteriormente, se sustituyo el Plan de Paz y Desarrollo por el denominado Una Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los Ríos Apurímac y Ene-Plan VRAE, el que fue autorizado en febrero del 2007, y en la práctica se circunscribió a diverso distritos de las provincias de Huanta y La Mar, del de-parte¡amentp de Ayacucho; de La Convención, del departamento de Cusco; y, de Satipo, del departamento de Junín. En octubre de 2008 se amplió su radio de acción a todos los distritos de la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica.

Carácter Integral

El Plan VRAE aprobado en 2007 deja de lado las media tintas y conceptúa que tiene carácter integral, al añadir la interdicción policial y militar contra el narco-tráfico y remanentes terroristas, respectivamente, la necesidad de alcanzar el de-sarrollo económico y social del valle, comprometiendo los esfuerzos de todos los sectores base del Grupo de Trabajo Multisectorial VRAE bajo la conducción del presidente del Consejo de Ministros (PCM). En adición se requirió la participa-ción de los gobiernos regionales y locales que corresponden, encomendándoseles las tareas dirigenciales al Responsable Político del Plan VRAE con una Secretaría Ejecutiva dentro del sector Defensa.

La articulación de las tareas de interdicción militar-policial con las de desa-rrollo no han sido fáciles, requiriéndose constantes ajustes a las acciones empren-didas, al ser conscientes de que ante la inexistencia de recursos presupuestales integrados para el VRAE era necesario estar en permanentes gestiones con la burocracia de cada sector de la administración pública para que utilizara los re-cursos que cada uno tenía para obras en el VRAE. Hubo necesidad de tener un facilitador de la relación civil-militar, otro para los programas sociales, otro más para la obras de infraestructura y proyectos productivos, y un último que pudie-ra unir los esfuerzos de los tres niveles gubernamentales en el valle.

En el camino también se encontraron deficiencias que atentaban contra el Plan, como por ejemplo la falta de documentos de identidad de muchísimos po-bladores de la zona, lo cual, a su vez, imposibilitaba titular parcelas rurales y viviendas urbanas, sin contar con facilidades bancarias y crediticias. Todo ello obligó a celebrar convenios y comprometer en los trabajos al Reniec, a Cofopri y al Banco de la Nación, así como también a muchas universidades que con profesores y alumnos están diseñando proyectos productivos para ponerlos a disposición de los pobladores del VRAE.

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Nuevas normas legales

Recientemente, se han dictado varias normas legales en el ánimo de hacer más eficiente el Plan VRAE.

De un lado, medidas de orden militar, como la creación de un Región Militar especial para la zona, aumentar el racionamiento alimenticio para el personal de Fuerzas Armadas que actúa en el valle, creación del Centro de Instrucción Regio-nal 312 en Pichanaki, así como la Vigésima Segunda Brigada de Ingeniería y dos batallones de asuntos civiles, y, lo más importante, la creación de un sistema de recompensas para ubicar terroristas.

De otro lado, tenemos medidas de índole económica, como es haber otorga-do facultades a los gobiernos regionales para celebrar convenios con los sectores Defensa e Interior, con la finalidad de cofinanciar proyectos de inversión pública, simplificación de trámites y procedimientos para que el Ejército pueda realizar acciones cívicas. Asimismo, la creación de un núcleo especial en Economía y fi-nanzas, con el objetivo de apoyar los proyectos de inversión en el VRAE, y la prohibición de venta de kerosene, que es el principal insumo en la preparación de pasta básica de cocaína.

Finalmente, a todo esto se agrega una inyección económica extraordinaria de cincuenta millones de nuevos soles para nuestra Fuerzas Armadas que están en el VRAE.

Sin duda, es evidente que faltan más mejoras, pero, todo no se puede hacer de golpe, y la PCM viene preparando alguna otra normatividad vinculada al de-sarrollo del VRAE. Seguimos caminando bajo la convicción de que nada es per-fecto y que hay que estar atentos para con humildad aceptar consejos, enmendar errores y elevar la calidad de vida de tantos hermanos que lo necesitan.

Diario Oficial “El Peruano”24 de junio de 2009

DESARROLLO EN EL VRAE

En anterior artículo, publicado en “El Peruano” el pasado 24 de junio bajo el tí-tulo “Vrae y mejora normativa”, analizamos los esfuerzos gubernamentales para construir la presencia del Estado en los valles de los ríos Apurimac y Ene, con inclusión y equidad en un marco de desarrollo y seguridad, haciendo frente a los remanentes subversivos-terroristas de Sendero aliado con el narcotráfico, pero al mismo tiempo complementándolo con acciones de desarrollo que alivien la

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pobreza y se recupere a poblaciones ligadas a la producción de coca para la ela-boración de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína.

Las acciones del Estado fueron encomendadas principalmente a las Fuerzas Armadas que con la ayuda de la Policía Nacional tiene a su cargo la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, en asociación maléfica de contenido mercantilista sin dejar de lado el componente ideológico subversivo. Si bien es verdad que la interdicción es de responsabilidad de los Sectores Defensa e Interior, no es menos cierto que se le añadió la participación de muchos ministerios, gobiernos regio-nales y locales para desarrollar el Vrae.

Para despejar dudas a los incrédulos que siempre los hay, se debe recordar que entre el 2006 y 2008 el gobierno ha invertido recursos para el desarrollo del Vrae por S/.484,873,892 y que para el 2009 se tienen comprometidos presupues-talmente S/. 296,906,545, cifra importante pero insuficiente habida cuenta de la importancia de sacar a la población del Vrae de su dependencia de lo que llama-mos el narcoterror.

Los avances en el Vrae son significativos. En lo que es la interdicción ya hay presencia estatal en muchísimas localidades, habiéndose incrementado las bases antisubversivas e ingresado al Vizcatán, que era calificado por los narcoterro-ristas como su santuario, al que no había entrado el Estado por varios lustros. Nuestras Fuerzas Armadas cumplen la función que la Constitución y las leyes le encomiendan, con coraje y sacrificio, incluso con pérdidas de vidas que han enlu-tado a la familia militar y policial a lo que se agrega heridos en enfrentamientos y arteras emboscadas.

En el rubro del desarrollo ya se termina el proyecto de electrificación Quinua-San Francisco que dará energía a 33 centros poblados y se complementa con otros cuatro proyectos de electrificación rural. El Sector Transportes tiene a su cargo los estudios definitivos para el asfaltado de las carreteras Satipo-Ma-zamari-Puerto Ocopa y Quinua-San Francisco, así como el mejoramiento de la carretera Pangoa-Cubantia Alto- Anapati-Valle Esmeralda-Pichari. Se han insta-lado en varias localidades sistemas de Tv y radio y se está dando acceso a Inter-net en 19 localidades.

Los proyectos de agua potable y saneamiento suman 17 y Pronasar está tra-bajando en otros 25 proyectos. En el Sector Educación se ha dado mantenimiento preventivo a miles de aulas, y en Llochegua se han instalado 12 aulas prefabrica-das, también se han rehabilitado locales escolares y creado 1017 plazas educativas.

Se creó la Oficina Multisectorial de Agricultura-Vrae, que está dando asis-tencia técnica y capacitación a productores agrícolas, existiendo cinco proyectos de reforestación en ejecución en los distritos de Sivia, Pangoa, Santa Rosa, Kimbi-ri y San Miguel, además de diversos proyectos para conservación de suelo.

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El Programa “Construyendo Perú” ejecuta 15 proyectos dando trabajo tem-poral a cientos de personas, que también se benefician con el mejoramiento de los centros de salud y dos centros materno-infatiles. Del mismo modo Foncodes ha ayudado a través de proyectos de irrigación, caminos y diversos otros de ca-rácter local, lo que se complementa con las acciones del Inabif, Pronaa, Juntos y acciones de empadronamiento, delimitación y titulación de parcelas rurales. A todo esto se le adiciona las acciones cívicas de las Fuerzas Armadas hasta instalar cinco comedores comunales.

Para dar seguridad se han implementado comisarías en Pichari y Sivia, y Devida hace igualmente lo suyo.

Como vemos el Gobierno Central está comprometido y cumple, los gobier-nos regionales y locales hacen lo suyo, y si los esfuerzos estatales se comple-mentan con proyectos productivos privados y en los presupuestos de los futuros años se continúa priorizando en lo posible el Vrae, sin descuidar otras zonas de pobreza en el país, podremos alegrarnos que el Perú avanza y el Vrae también.

Diario Oficial “El Peruano”22 de julio de 2009

VRAE: LO BUENO, LO DUDOSO, Y LO SUBSANABLE

Se acaba de modificar la estructura del denominado “Plan Vrae”, sin olvidar que es un plan que si bien se originó sin impulso en el 2003, se reformulò el 2007 com-plementando la interdicciòn militar-policial con el componente del desarrollo in-tegral, articulando responsabilidades de los gobiernos nacional, regional y local.

Como toda obra humana, lo que acaba de aprobarse es perfectible, conte-niendo elementos valiosos como otros dudosos y algunos subsanables. Lo hecho es respuesta a la necesidad polìtica de algunos cambios y para atender el pedido de alcaldes del Vrae que reclamaban la presencia en la zona de la autoridad na-cional.

La nueva disposición, regresa al àmbito de la Presidencia del Consejo de Ministros al Plan Vrae, pese a que nunca dejò de presidir el “Grupo de Trabajo Multisectorial Vrae”. Lo bueno de este cambio es que la Secretarìa Ejecutiva ten-drà un mayor nivel de autoridad y con ello mayor fortaleza para exigir a todos los Ministerios, gobiernos regionales y locales, asì como a las demàs entidades del Sector Pùblico, la ejecuciòn oportuna de sus presupuestos asignados al Vrae para obras de infraestructura y apoyo social. Empero no se puede olvidar que la Presidencia del Consejo de Ministros tiene adscritos 16 organismos pùblicos des-

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de la DINI, INDECI, DEVIDA, INDECOPI, IRTP, CEPLAN hasta diversos entes reguladores de servicios pùblicos y muchos otros Comitès, añadido a su acciòn coordinadora de todos los Ministerios. Trabajo no le falta a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Se ha localizado la Secretarìa Ejecutiva del Plan Vrae en el mismo valle, aun-que el plan de desarrollo existe, hay asignadas tareas al gobierno central como a los regionales y locales del Valle de los rìos Apurimac y Ene, y que la mayor tarea de la Secretarìa Ejecutiva que se logrò engarzar con el llamado “Responsable Polì-tico” fue estimular el celo de los diversos entes de la administraciòn pùblica para que cumplieran con ejecutar sus presupuestos destinados al Vrae. Se llevò al Vrae a funcionarios y ministros y se logrò un interès mayor en el asunto y una mìstica a favor del Vrae, por ello la Secretarìa en el Vrae, debe ser sin perjuicio de las accio-nes que debe realizar en Lima para que se siga asignando recursos y para que ellos se transformen en infraestructura, apoyo social y al fin de cuentas, en desarrollo.

Como “subsanable” podrìamos calificar la omisiòn en la nueva norma, de la responsabilidad de coordinaciòn con el Comando del Destacamento Militar y del Frente Policial en el Vrae, pues el Plan, repetimos, es un programa integral y como tal tiene que ejecutarse, ya que a la interdicciòn militar-policial le ha sido añadido el complemento del desarrollo. No se terminarà con el terrorismo ni con su conexiòn con el narcotràfico si a los campesinos que cultivan coca no se les da otras alternativas para su sostenimiento y el de sus familias, aunado a la eleva-ciòn de sus niveles de vida.

Se ha suprimido de la estructura del Vrae al “Responsable Polìtico”, siendo sustituìdo por el Secretario Ejecutivo del Plan Vrae. Acertado el cambio, pues la ampulosa y grandilocuente denominaciòn, originò màs espectativas de las que en la pràctica pudieron cumplirse, pese a la labor dedicada, sacrificada y eficiente de quien tuvo esa responsabilidad.

Como la experiencia acredita, no hay nada perfecto, pero se van dando pa-sos en la direcciòn correcta, que podràn ser complementados con otros que alige-ren dudas y que subsanen omisiones.

Diario Expreso

19 de agosto de 2009

MÁS DEL VRAE

Hasta hace un par de años, pocos sabían lo que era el Vrae y la lucha que había iniciado el Estado el 2007 contra el narcoterror, al aprobar el “Plan Vrae”, para

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el Valle de los ríos Apurimac y Ene, plan que complementó la estrategia básica-mente militar-policial, con el agregado de desarrollo, comprometiendo la acción articulada del Gobierno Central con los Gobiernos Regionales y Locales con ju-risdicción en la zona.

El Vrae tiene una extensión de 34,072.74 kilómetros cuadrados, comprende 31 distritos en 5 provincias y 4 departamentos que son Ayacucho, Cuzco, Huan-cavelica y Junín. Existen 388,890 personas que se encuentran en 1772 centros poblados, siendo de 130,580 personas. El 80% de las viviendas no tienen agua potabilizada, y el 77% carece aún de electricidad. Hay 345 comunidades nati-vas, principalmente de las etnias Machiguenga, Asahninka y Nomotsiguengas. La desnutrición crónica alcanza al 51% y el analfabetismo al 30%, mientras que el 62% de la población es afectada por carencia de vías de comunicación. La fi-sonomía del terreno, especialmente en el Vizcatán, lo constituyen montañas con frondosa vegetación.

Los subversivos terroristas que controlaban del Vizcatán, se ufanaban que nadie que no fuera permitido por ellos, podría estar en sus dominios ni cruzar-los, y que el Estado no tenía ninguna presencia allí desde hacían dos décadas. Estos subversivos fueron reduciendo el contenido ideológico de su prédica y au-mentaron el crematístico, al convertirse en mercenarios de los narcotraficantes a quienes prestaban protección, luego se asociaron con ellos y en algunos casos terminaron por sustituirlos, como se acreditó con las pozas de maceración de coca e insumos para la elaboración de pasta básica y de clorhidrato de cocaína, que nuestras Fuerzas Armadas encontraron en sus incursiones en el lugar.

Como puede apreciarse de los datos señalados, la acción combativa del Es-tado, no es tarea fácil, es harto complicada, como lo es también, la de elevar los niveles de vida de la población de la zona por medio del desarrollo, en que el Gobierno ha invertido ingentes recursos presupuestales.

Debemos resaltar que si el Estado no hubiera intervenido, más que evidente que no hubieran habido aún bajas y heridos de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero el cáncer del narcoterror se hubiera convertido en metástasis, y los caídos serían muchísimos más, con la gravedad que este avance podría afectar a todo el país como ya lo vivimos en años felizmente superados pero no olvidados.

Quienes combaten en el Vrae en nombre de nuestra Nación, lo hacen en cumplimiento de la Constitución y la Ley, buscando que impere orden en la zona y que quienes la habitan puedan se incorporen a actividades lícitas, dejando atrás lo que significa vivir bajo el imperio de la delincuencia narcoterrorista.

Muchos de los que opinan y critican sin haber siquiera puesto un pie en el Vrae, hacen juicios ligeros sobre el actuar de nuestros valerosos soldados, olvi-dando que las Fuerzas Armadas y la Policía son profesionales, que sus miembros

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se preparan en Escuelas calificadas, que nunca dejan de estudiar ni de prepararse para la acción y que saben lo que hacen. No podemos pedir perfección, pues toda obra humana es perfectible, pero sin duda alguna ejecutan los planes diseñados que por ser dinámicos y no estáticos, se van adaptando a las circunstancias, a las necesidades y a las diversas situaciones que se presentan.

Apoyemos a nuestros combatientes en su tarea, con generosidad y sin des-moralizar a nuestros heroicos defensores.

Diario La Razón

27 de setiembre de 2009

BAGUA Y NATIVOS

Después de los luctuosos sucesos en la llamada Curva del Diablo, en Bagua y en la Estación de Petróleo Seis, hemos escuchado numerosas voces indulgentes con el accionar de los nativos e incluso justificándolos al enunciar que tienen una cultura diferente a la de los demás peruanos.

No podemos olvidar el lamentable saldo de 23 policías muertos y uno des-aparecido, a los que se suman diez fallecidos entre nativos y mestizos e innume-rables heridos tanto de las fuerzas del orden como de quienes perpetraron actos de violencia tipificados como delitos, pese a lo cual se les trata suavemente y lo que es peor, tratando de responsabilizar a la Policía con evidente miopía pues son víctimas no victimarios.

El Gobierno dictó diversos Decretos Legislativos sustentados en las faculta-des que le delegó el Poder Legislativo para establecer la normatividad necesaria que hiciera posible poner en práctica el tratado comercial suscrito con los Estados Unidos de América más conocido como TLC. Los nativos de la selva cuestiona-ron parte de la nueva normatividad sancionada e increparon al gobierno por no haber sido adecuadamente consultados.

Nadie duda del derecho de los nativos selváticos a cuestionar normas lega-les que consideraban contrarias a sus intereses, pero dicho derecho tenía que ser canalizado a través de los mecanismos pacíficos con los que cuenta nuestro orde-namiento legal. Si consideraron que había decretos legislativos que eran violato-rios de la Constitución, bien pudieron plantear la acción de inconstitucionalidad de ellos. Hay diversos antecedentes que acreditan que el Tribunal Constitucional cuando encuentra normas legales que chocan con la Constitución, las deja sin efecto, por lo cual no se puede ser benevolente con la protesta violenta de los nativos, cuando existen mecanismos jurisdiccionales que sí funcionan.

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Todos entendemos que para fortalecer posiciones se pueda ir a la protesta mediante manifestaciones pero ello no da derecho a los actores para bloquear carreteras, impedir el tránsito de personas y mercaderías, tomar rehenes, irrum-pir en instalaciones petrolíferas, cortar el flujo del petróleo poniendo en peligro instalaciones estratégicas y propiciando el desabastecimiento de combustibles. Todas esas acciones constituyen delito y la policía tiene la obligación constitu-cional y legal de restablecer el orden. Sin embargo para muchos hoy es la Policía la agresora, cuando lo que hizo con errores y aciertos de toda obra humana, fue cumplir con su deber, y al hacerlo fue vilmente atacada por los nativos que por-taban armas, que las utilizaron y que además en repudiable accionar remataron a personal herido con inusitada crueldad.

Cuando escuchamos y leemos la benignidad con la cual se trata a los agreso-res e incluso se les justifica, no lo podemos creer, estamos ante el mundo al revés en que se confunde a agresores con agredidos, a delincuentes con las fuerzas del orden, a secuestradores con sus rehenes.

El hecho de ser nativos de selva no los hace inimputables ni sujetos a minus-valías, y si bien las etnias de ésa extensa zona del Perú tienen sus particularida-des y su cultura les es reconocida, ello no significa que no conozcan las diferen-cias entre el bien y el mal. Como todos los peruanos están obligados a cumplir las normas y si queremos ser inclusivos, ello es tanto en derechos como en deberes. Muchos de ellos han recibido entrenamiento en nuestras Fuerzas Armadas como conscriptos, otros muchos han recibido instrucción impartida por el Estado y también por las misiones religiosas de diversos credos. Ellos como los demás peruanos son iguales ante la Ley y obligados a su respeto y cumplimiento. Nada justifica lo contrario.

Diario La Razón

14 de febrero de 2010

DISCRIMINACIÓN VIAL

Lima, nuestra capital, tiene un tráfico infernal, que todos soportamos con pacien-cia pues sabemos que se viene trabajando para solucionarlo, para que exista un mejor transporte público y para que los usuarios estén adecuadamente servidos.

La población de Lima ha aumentado vertiginosamente, la ciudad se ha ido extendiendo, tanto en lo horizontal como en lo vertical, lo que ha demandado incrementar el transporte público como también la importación de vehículos nuevos y usados.

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Con gran visión Luis Bedoya Reyes, siendo alcalde metropolitano, constru-yó la vía expresa del Paseo de la República. Chachi Dibós, en el mismo cargo, dotó a la ciudad del llamado “Circuito de Playas”. Jorge del Castillo preparó los “corredores viales”, Ricardo Belmont nos benefició con el intercambio del trébol entre Javier Prado la Circunvalación y la Panamericana. Alberto Andrade convirtió la Avda. Javier Prado Este en vía expresa. Luis Castañeda amplió la Vía de Evitamiento, ejecutó diversas vías a desnivel y mejoró la Panamericana Norte desde Lima hasta Puente Piedra.

Se está por concluir el “Metropolitano”, que viniendo desde Chorrillos atra-vesará la Ciudad pasando por el Cercado para terminar en los distritos capitali-nos del norte, y ya se reiniciaron los trabajos del tren eléctrico. Todo esto, cuando esté en uso, aliviará el transporte de personas en Lima Metropolitana, lo que es encomiable.

Sin embargo “San Borja” se niega a que exista estación del tren eléctrico en ése distrito, olvidando que se trata de un servicio público interurbano, que va más allá de lo que es el transporte dentro de un sólo distrito. No se puede entender ¿con qué derecho se opone San Borja a la estación?. Ella servirá no so-lamente a los residentes en su distrito, sino a quienes deseen ir allí para laborar, visitar familiares, concurrir a sus establecimientos comerciales, incluso para ha-cer transbordo.

Daría la sensación de que iniciándose el trayecto del tren eléctrico desde y hacia distritos de menor capacidad económica relativa, la negativa sería por trato discriminatorio y elitista, lo que es francamente inaceptable. Se imaginan si con el mismo criterio de San Borja, los distritos de Miraflores y San Isidro se opusieran a paraderos del “Metropolitano” en el Paseo de la República, ello aumentaría el caos. Los intereses particulares tienen que subordinarse a los intereses y derechos colectivos. Esperemos que se reconsidere la pretensión sanborjina que es un claro abuso, auque no de derecho, porque no tiene ninguno.

Diario Expreso

16 de abril de 2010

CORAZÓN ANCONERO

Si el enorme grupo empresarial que pretende extender partida de defunción a la bahía y a la vez balneario de Ancón, con la construcción de un puerto de carga y descarga, pensó conmovernos con su aviso “El Perú es nuestro eje, nuestro centro, nuestro corazón”, lo que consiguió es indignarnos porque corazón no es

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sinónimo de billetera. Es probable que su motivación de hacer su puerto en An-cón sea por costos y no por buen corazón, pues teniendo nuestro litoral más de 3,000 kilómetros tienen que existir decenas sino cientos de lugares donde podrían hacer su puerto. Por favor: ¡hagan palpitar su corazón en otro lugar!

Somos concientes que el Perú necesita puertos e invertir en los existentes y en nuevos, al igual que sabemos que las inversiones generan puestos de trabajo y bienestar, pero no se trata solamente de invertir olvidando todo lo que es ajeno al lucro.

¿De qué corazón nos hablan si pretenden hacer su puerto en Ancón con des-precio a quienes lo habitan? En Ancón se encuentra su población permanente, es decir de todo el año, su población temporal que son quienes lo habitan en verano, así como sus visitantes para gozar de playa, sol y esparcimiento sobre todo los fines de semana. ¿Su corazoncito latió más por ellos? Creemos que no.

Ancón a diferencia de otros balnearios está permanentemente abierto a to-dos, sus playas sin impedimentos de entrada, sin letreros agraviantes, sin rejas, sin barreras ni tranqueras que solamente son levantadas para algunos privilegia-dos y sin rechazar a los ómnibuses, custer, camionetas rurales y otros vehículos que llevan a sus pasajeros hasta sus generosas playas, los que provienen de Ven-tanilla, Puente Piedra, Independencia, Comas, Carabayllo y otros lugares aleda-ños. A estos visitantes nadie les consultó sobre el pretendido puerto que podrá terminar con sus costumbres de legítimo solaz.

En el aviso publicitario al que nos hemos referido, el grupo empresarial señala su compromiso para alcanzar progreso, desarrollo y bienestar. Sin embargo es el que perpetra atentado contra el medio ambiente, contra la calidad de vida de los anconeros, contra la actividad pesquera artesanal que es sostén de muchos de sus pobladores, y contra los ingresos que reciben familias de residencia permanente de las temporales y que les permite recursos para todo el año, los que perderían si los veraneante temporales dejan Ancón debido al cuestionado puerto.

Sería bueno que los promotores del puerto alguna vez dejen sus exclusivas playas piuranas o las del sur, y se dieran su vueltita por Ancón en domingos o feriados. Podrían notar evidentes diferencias como la exclusión frente a la inclu-sión anconera, en que visitantes de fin de semana, familias enteras con padres, hijos y abuelos, disfrutan a la par que los pobladores permanentes y temporales de las bondades de la bahía de los paseos marítimos, de sus islas declaradas re-serva nacional, y, que por lo demás alberga un interesante museo de sitio además de respirar historia. No nos vengan que los de Ancón lo único que quieren es la continuidad de privilegios como deportes náuticos y lujosas travesías, Ancón es más, es el palpitar cotidiano de quienes quizás no tienen otra distracción o es-parcimiento. Miren a esa gente, no es necesario que utilicen mitimaes para raras

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audiencias que proyecten santificar lo que de santidad nada tiene, aún se nomine el indeseable proyecto con el nombre de una Santa.

Diario La Razón

09 de enero de 2011

FUTURO DE ANCÓN

En Ancón se juntaron pobladores permanentes, temporales, y visitantes vera-neantes para mejorar el distrito, que se había deteriorado por falta de atención municipal y desidia vecinal, así como por la baja recaudación de la tributación edil.

Los vecinos constituyeron una Asociación que recauda sus aportes volunta-rios, en adición a los tributos municipales, para solventar diversos gastos en bien de la comunidad, que la Municipalidad por falta de recursos no puede atender. Es así que la Asociación colabora con la limpieza de playas y malecón, de lo que se benefician los vecinos y los visitantes que utilizan playas limpias, saludables, desinfectadas, libres de contaminación y hasta con el cuidado de su ornato.

La misma Asociación reparó el malecón, habiendo logrado que nuevamente sea orgullo para los usuarios, que pueden recorrerlo con sus menores hijos exen-tos de cualquier peligro y alejados de accidentes.

La Policía recibe la cooperación de la Asociación, que permite intensificar rondas, más vigilancia, y mayor protección con el resultado de menos acciones delictivas. En materia de agua potable y desagüe, la estrecha vinculación de veci-nos permanentes y temporales, ha logrado restablecer el servicio y que cada vez más familias se beneficien del mismo.

La contribución de la Asociación direccionada a la limpieza, seguridad y ornato del litoral anconero, permite al Municipio derivar mayores recursos a la atención de los vecinos de las zonas menos favorecidas del distrito.

La acción solidaria de pobladores permanentes y temporales, puede verse frustrada en el futuro si con desconocimiento de lo que es el balneario, continúa la obstinación de un grupo empresarial de construir allí un puerto, olvidando que tenemos 3,079.5 kilómetros de litoral, en donde hay muchos otros sitios en que Santa Sofía puede hacer su negocio. Es menos oneroso hacer el puerto en la bahía en lugar de ganar terreno al mar y construir rompeolas para proteger los barcos del oleaje.

Las objeciones al despropósito portuario en Ancón son técnicas y medioam-bientales, y tienen que ver con la calidad de vida de sus pobladores que eviden-

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temente se verá afectada si es que se convierte en realidad el puerto. Acaso no se conoce que en los puertos por su propia actividad, por la visita de las tripulacio-nes navieras, por la mayor presencia de personal de carga, descarga y transporte, ello atrae a la delincuencia, cuya peligrosidad obliga a tener más policía y mayor vigilancia sin olvidar que ello fomenta la aparición de más bares, cantinas y otros establecimientos no deseados en localidades en que el vecindario busca tranqui-lidad, sano esparcimiento y seguridad para los menores hijos que hoy están en Ancón sin sobresaltos.

Tenemos que continuar con la recuperación de Ancón, de milenaria histo-ria que llega más allá de las culturas precolombinas y preincas, con bellas islas, interesante fauna, museo de sitio, edificaciones republicanas de valor artístico e histórico, y tantas otras joyas que son orgullo del país. ¿Tiene sentido destruir todo ello por simple afán crematístico? No lo permitamos.

Diario El Comercio

23 de febrero de 2011

LIMA COMO TUPAC AMARU

El Ejecutivo ha presentado al Congreso proyecto de ley para transformar el dis-trito limeño de “San Juan de Lurigancho” en provincia, desmembrándolo de la de Lima Metropolitana.

El tema de la demarcación territorial y de creación de nuevas circunscrip-ciones es serio, pero lamentablemente en el pasado fue manejado irresponsable-mente. Se convirtió en una herramienta para que parlamentarios inescrupulosos buscaran lealtades electorales basadas en conseguir la creación de nuevos dis-tritos y provincias, cuando no la conversión de los primeros en provincias. Por supuesto no en todos los casos, pues también existieron proyectos técnicamente sustentados.

Para impedir la espúrea maquinación parlamentaria en la demarcación te-rritorial, la Constitución de 1993 circunscribió la presentación de propuestas de creación de circunscripciones territoriales al Poder Ejecutivo, entendiendo que el asunto es técnico más que político. No por buscar el favor electoral de las poblacio-nes, se les puede halagar el ego elevándolas de categoría innecesariamente, lo que a fin de cuentas significa más reparticiones, organismos y burocracia, y que los ciu-dadanos a través de sus impuestos asuman los mayores costos que ello significa.

Tan de crucial importancia es el asunto de la demarcación y organiza-ción territorial, que en el año 2002 se aprobó y promulgó la ley de la materia

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signada con el No. 27795, que con toda claridad establece que la demarcación territorial es un proceso técnico-geográfico mediante el cual se organiza el te-rritorio a partir de la definición y delimitación de las circunscripciones políti-co-administrativas a nivel nacional. También señala los criterios técnicos para la demarcación, los requisitos mínimos para la creación o transformación de las circunscripciones territoriales, los estudios que hay realizar, el contenido de los expedientes técnicos, la necesidad de conformidad del gobierno regio-nal, y la documentación necesaria para elevar la propuesta del Ejecutivo al Legislativo.

En el caso de la pretendida elevación de S.J. de L. de distrito a provincia, la propuesta llevada al Parlamento no cumple ninguno de los requisitos, se han festinado todos los trámites, y lo que es peor, se ha ignorado a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la que obligatoriamente debió solicitársele por lo me-nos su opinión, ya que ejerce las competencias que corresponden a los gobiernos regionales en el ámbito de la gran capital.

El proyecto de ley al que nos referimos tiene cierto tufillo electorero, al ha-berse presentado al Congreso-sin ningún estudio técnico- menos de dos sema-nas antes de las elecciones generales y parlamentarias, lo que de nada sirvió a los promotores de la desbrujulada proposición, si vemos su reducido resultado electoral.

El tema merece algunos análisis y reflexiones. Algunos politicastros se apro-vecharon de la propuesta legislativa y, con engañifas, movilizaron a pobladores de S.J. de L. para que la apoyen. Los soliviantaron y con sus marchas perturbaron la tranquilidad de la ciudad. El comportamiento de quienes, teniendo la obliga-ción de ser racionales han abdicado de ella, no se diferencia mucho de los que promueven protestas que terminan en violentos enfrentamientos.

Muy pocos ignoran que Lima Metropolitana, la capital peruana, es caótica, cuyo crecimiento ha sido inorgánico y desordenado; que varios de sus distritos periféricos y hoy pujantes, fueron originados en invasiones; que las municipali-dades han sido ineficientes para propiciar el desarrollo urbano y los servicios que requiere toda metrópoli; y que la fragmentación de la provincia en exagerado número de distritos y autoridades municipales, ha fortalecido el zafarrancho en que nos encontramos. ¿Desmembrar S.J. de L. de Lima Metropolitana, resolverá el problema? Francamente creemos que no, pero ello por lo menos exige un estu-dio integral de la Ciudad y de las probables soluciones al caos.

Si se admitiera como argumento para convertir S.J. de L. en provincia, su crecida población, con los mismos pergaminos podría pretender lo mismo Lima Sur y Lima Norte con los distrtitos que las integran como son, en el primer caso, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Pachacamac

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y Lurin, o como en el segundo caso, San Martin de Porres, Los Olivos, Puente Piedra, Independencia, Comas y Carabayllo. Lima Metropolitana quedaría con los distritos que hicieron su núcleo y que son los tradicionales, sin olvidar a otros distritos que podrían sumarse a S.J. de L.

La transformación del distrito de S.J. de L. es tan improvisada que, como no tendría distritos, se le pretende catalogar como “provincia especial” cuando la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades reconocen a las provinciales y distritales, agregando la segunda norma que están sujetas a régimen especial las municipalidades de frontera y la Municipalidad de Lima Metropolitana. S.J. de L. ni está en frontera ni es metropolitana. Por ello, no podría calificarse esta pretendida provincia como “especial”, cuando además por ley ordinaria no se puede modificar una ley orgánica como es la municipal.

El proyecto de ley presentado tiene como análisis de costo-beneficio, que no irrogará gasto al erario nacional ya que sus ingresos están incorporados en el presupuesto del 2011, y las mayores necesidades se consignarán en las próximas formulaciones presupuestales. Error, desde el presente año se tendría necesidad de mayores recursos para el distrito convertido en provincia, pues las provincias tienen atribuciones y facultades exclusivas que no tienen los distritos. ¿De dónde saldrán los recursos? Vaya uno a saber.

La Ley Orgánica de Municipalidades asigna a los municipios provinciales responsabilidades como la del Plan de Acondicionamiento Territorial; el Plan de Desarrollo Urbano y el de Desarrollo Rural; la regulación y control del proceso de disposición final de desechos; la planificación y regulación del transporte pú-blico así como otorgar licencias, concesiones y autorizaciones; la regulación de la comercialización de alimentos y bebidas, y la seguridad ciudadana, entre otros. Se imaginan una nueva provincia, pero que en la práctica tendría continuidad con Lima Metropolitana, regulando transporte, otorgando licencias, disponiendo singularmente de los desechos, entre otras tantas acciones. Francamente, antes que solución propiciaría el aumento del caos que ya vivimos.

Antes que iniciar el descuartizamiento de Lima, y que otras amplias zonas de la metrópoli también pretendan lo suyo, sería conveniente evaluar otras so-luciones, estudiando con seriedad la temática, sin prisa pero sin pausa, y sin que la coyuntura sea la consejera del zarandeo a la capital del país. No hagamos de Lima una nueva víctima como Tupac Amaru.

Diario La Razón

08 de mayo de 2011

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DEMOLICIÓN URBANA

Cuando nos trasladamos por avenidas y calles de nuestra querida Lima, también Capital de la República, así como por otras ciudades, observamos pistas deterio-radas, huecos por doquier, baches e incluso los famosos “rompe-muelles” que en la práctica son rompe-carros, sin ningún pesar ni menos arrepentimiento de quienes los hicieron colocar.

Probablemente visitantes de otros países que también recorren nuestras ciu-dades, deben pensar que ellas han sido bombardeadas. Error, no lo han sido, lo que pasa es que las autoridades municipales llamadas a mantener y reparar pistas no lo hacen y algunos prefieren utilizar los insuficientes recursos ediles en el ornato de veredas.

Por donde vamos, nos encontramos con maquinaria que rompe las veredas, cargadores frontales que levantan las lozas de cemento de dichas veredas, camio-nes que trasladan el desmonte y montículos de ladrillitos multicolores esperando ser colocados en lugar de las destruídas veredas de cemento, pese a que aún estaban en buenas condiciones.

Cuando uno ve todo este despilfarro de recursos seguramente pensará que le sobra la plata a los municipios. No señor, reclaman más ingresos y asignacio-nes presupuestales. Si estos recursos son escasos por lo menos debería haber cri-terios de priorización de las obras urbanas. En efecto, si tenemos pistas pobladas de huecos, lo lógico es reparar o sustituir las lozas asfálticas o las de cemento, así como rellenar los huecos, en lugar de estar poniendo ladrillitos en veredas que estaban en buenas condiciones.

Lo que se viene haciendo es similar a no tener ingresos suficientes para lle-var ropa interior, pero con lo poco que se tiene se adquieren perfumes y colonias. Postergan lo necesario y hasta indispensable por el ornato, que si bien nos satis-face la vista, bien podría dejarse para tiempos de vacas gordas presupuestales.

Algunos dicen que los ladrillitos son más económicos que las lozas de ce-mento. Muy bien, hagan las nuevas veredas con los ladrillitos, pero no rompan veredas buenas para sustituirlas con el nuevo material.

A los vecinos nos encantaría conocer las motivaciones edilicias para cambiar veredas buenas por colocación de ladrillitos. ¿Cual es el criterio queridos Atilas? Perdón, queridos alcaldes. No olviden que fueron elegidos para administrar bien las comunas y no para convertirse en técnicos en demolición, con la salvedad que algunos actuales alcaldes encontraron las nuevas obras ya contratadas.

Diario Expreso

24 de junio de 2011

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TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL

Cuando hay cambio de administración como consecuencia de elecciones generales, regionales y municipales, las autoridades salientes deben entregar a las entrantes la casa en orden, en proceso de transferencia prolijo y cuidadoso, máxime que por lo general se da entre autoridades pertenecientes a diferentes agrupaciones políticas.

Para la transferencia de la gestión municipal existe la Ley Nº 26997, lo que no sucede para la transferencia de niveles gubernamentales superiores, razón por la que la Contraloría General de la República aprobó en el año 2006 sendas directivas para la transferencia que se realizaba dicho año, las que diversos Mi-nisterios han complementado para el cambio de la administración gubernamen-tal nacional que se efectúa en la actualidad.

La Contraloría consideró que al llenar el vacío normativo, con la dación de directivas para la transferencia de administración, ayudaba a desarrollar “...de manera uniforme la transferencia de gestión...para contribuir a la adecuada con-tinuidad de los servicios o actividades durante procesos de cambio de adminis-tración en el Estado, en cautela del uso de los bienes y recursos públicos”.

Pese a lo anteriormente expuesto, consideramos que las acciones de la trans-ferencia no pueden quedar en los formalismos de entrega de cuentas, verifica-ción de saldos, inventario de bienes, comprobaciones contables, entre otros, para concluir con la suscripción del acta de transferencia. Tienen que tratarse en las conversaciones entre las autoridades salientes y las comisiones de transferencia nombradas por las autoridades electas, la problemática social, la conflictividad existente, las acciones emprendidas por los que cesan para terminar con los pro-blemas y disturbios sociales, así como recibir las autoridades en función de las autoridades que iniciarán gestión sus observaciones y recomendaciones.

En la transferencia los ¡olés!! no pueden aceptarse, carecen de legitimidad, así sea que provengan de la autoridad saliente o de la entrante. El saliente no puede hacer el pase al entrante porque ya está de salida, tiene que agotar los me-dios a su alcance para la solución de los conflictos. A su vez la autoridad entran-te tampoco puede desentenderse de los conflictos de la anterior administración para tratarlos de solucionar después que concluya la transferencia, pues podría ya ser tarde. Al saliente y al entrante les conviene por el bien del país que los conflictos se solucionen cuanto antes, de manera conveniente, con el menor costo social y sin mengua del principio de autoridad, y para ello tienen que conciliar y concordar.

Diario Expreso

15 de julio de 2011

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ANCÓN ¿Y AHORA QUÉ?

Después de dura batalla legal y mediática triunfó la razón frente al interés crema-tístico de instalar un puerto comercial en la Bahía de Ancón. En efecto mediante la Ley Nº 29767 se ha declarado intangible la mencionada Bahía, que por lo de-más ha sido reconocida como área natural protegida que se integra al “Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi”, y en donde queda prohibida la instala-ción, construcción y explotación de infraestructura portuaria, comercial, depósi-tos, transporte, transbordo y demás actividades relacionadas, con excepción de las instalaciones pesqueras artesanales.

Unidos habitantes permanentes y temporales con la Municipalidad de An-cón y con los defensores del Medio Ambiente, se logró sensibilizar a los poblado-res de los distritos cercanos a Ancón que en la bahía del mismo nombre encon-traron el espacio de recreación y descanso que en otros lugares les era negado. La sensibilización llegó también a los medios de expresión que no se doblegaron ante los ingresos dinerarios de contratación de dispendiosos avisos y siguieron apoyando la defensa de Ancón. La misma acogida se tuvo en el Congreso de la República que aprobó la Ley y en el Poder Ejecutivo que se abstuvo de observar-la, con lo cual indirectamente apoyó su promulgación por el Parlamento.

Ancón se ha salvado de la voracidad del poder económico, pero ello no es suficiente, ahora toca llevar adelante tareas de inclusión social con su población permanente de menores recursos, que requiere de medios estables de subsisten-cia digna, de servicios públicos de electricidad, agua, alcantarillado, así como también seguridad ciudadana, mejores puestos policiales, escuelas y postas de salud. En la tarea tendrán nuevamente que estar presentes los pobladores tem-porales con los continuos y las autoridades, máxime si se tiene en cuenta que la población de escasos recursos se sentiría frustrada por cuanto no le llegaría las supuestas mejoras que les ofreció la empresa que pretendía construir y operar el puerto.

Se ha ganado una batalla, pero hay que consolidar la tarea con lo antes ex-puesto. Existe obligación moral, de quienes han defendido la intangibilidad de la bahía anconera con la población fija del distrito, la cual requiere de ayuda solida-ria y de contar en su espacio físico de oportunidades laborales compatibles con el nuevo carácter de Ancón como “Área Natural Protegida”

Quedan pendientes algunas acciones complementarias como la delimita-ción del área natural protegida, en que hay que acumular al “Parque Ecológico Natural Antonio Raimondi” el espacio continental y marino constituído por la Bahía de Ancón. Esto le compete al Ministerio del Ambiente en coordinación con la Municipalidad de Ancón, por lo que hay que apoyar a esta última para presen-

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tar el proyecto de los límites del espacio ampliado del citado Parque. Igualmente está por hacerse el programa de desarrollo turístico y protección de la Bahía de Ancón, en cumplimiento de la aplaudida Ley, sin olvidar la definición de las diferentes zonas que debe tener el área natural protegida, incluso las zonas de amortiguamiento.

Sin caer en fácil triunfalismo ni creer que las acciones de defensa de Ancón terminan con la Ley a que nos referimos, debemos proseguir con los capítulos pendientes que den sostenibilidad a lo ya logrado, esperando además que el gru-po empresarial portuario que tanto prometió a los pobladores anconeros de me-nores recursos, muestre que además de su interés económico también lo movía su compromiso social.

Diario El Comercio

03 de agosto de 2011

EMBARGOS ABUSIVOS

Para expoliar de sus depósitos bancarios a empresas de servicios públicos, se confabulaban funcionarios municipales, ejecutores coactivos y en algunas opor-tunidades inescrupulosos representantes de instituciones del sistema financiero.

La autoridad municipal buscaba algún pretexto para sancionar a la empresa concesionaria de servicios públicos básicos. Por ejemplo no tramitar a tiempo alguna autorización; abrir zanjas para reparar urgentemente algún aniego; susti-tuir colectores de agua potable dañados; corregir defectos en líneas de transmi-sión eléctrica, sea en los propios cables o en las torres o postes que los sostienen; restaurar cables sustraídos por la delincuencia en las líneas telefónicas o reparar antenas para la telefonía móvil; entre otros casos.

Sin esperar la conclusión de los procesos en que se tramitaban los reclamos de las empresas de servicios públicos, el municipio sancionador iniciaba proce-dimientos coactivos, ubicaba a la institución de crédito en que la empresa sancio-nada tenía fondos, y con irresponsable o negligente actitud de algún funcionario de la entidad financiera, se embargaban los fondos y se los llevaba el ejecutor coactivo. El reparto de tales recursos en alguna oportunidad ha sido objeto de investigación penal, ante la sospechosa retribución al ejecutor coactivo de impor-tante porcentaje de lo sustraído de la ventanilla bancaria.

Lo cierto es que cuando la empresa prestadora de los servicios ganaba los procesos de reclamación, no había forma para que el municipio sancionador que se había levantado los depósitos bancarios de la primera, se los devolviera.

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Usualmente eran municipios cuyas autoridades habían descubierto un sistema defraudatorio para hacerse con maña e ilicitud de recursos ajenos.

En el ánimo de evitar el proceder antes descrito se dictó norma para facili-tar permisos y licencias municipales para las operaciones de los prestadores de servicios públicos. Igualmente se sancionó un nuevo procedimiento para las eje-cuciones coactivas, que puso algunos candados como el registro de los ejecutores coactivos ante las instituciones de crédito, el Banco de la Nación, los Registros Públicos y la Policía Nacional. Adicionalmente se estableció que cuando hubiera dudas respecto a la licitud del embargo, la institución depositaria de los dineros de la embargada los consignara judicialmente en el Banco de la Nación.

Pese a todas las precauciones contenidas en la normatividad legal para im-pedir los abusos, lamentablemente no han terminado y vemos como hay casos en que instituciones crediticias lejos de cautelar los dineros que le han sido con-fiados, con facilidad -por lo menos negligente- los entrega a ejecutores coactivos. Como si se tratara de actuación de David Copperfield o de algún otro ilusionista, los fondos desaparecen, y cuando la entidad de crédito recibe orden de devolver los recursos que debió cautelar, silva en otra dirección, que por lo general es in-tentar por la vía de acciones constitucionales transgredir mandatos judiciales que tienen categoría de cosa juzgada.

Para complementar las disposiciones de la Ley del Procedimiento de Eje-cución Coactiva, será conveniente que la SBS, dicte normatividad adicional y operativa que haga inviable sustraer recursos dinerarios de los depositantes con maniobras irregulares, aunque con maquillaje de legalidad. Es posible conciliar el cumplimiento de los mandatos de ejecución coactiva con la protección de los depósitos en entidades crediticias. La SBS tiene la palabra.

Diario El Comercio

15 de octubre de 2011

VRAE: PRECISIONES

Autoridades gubernamentales han expresado, que para el VRAE se requiere de un tratamiento integral que conjugue la interdicción al terrorismo y narcotráfico con el desarrollo. También han expresado que para la interdicción es necesaria la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En lo que se refiere al tratamiento integral de interdicción con desarrollo, ello no es novedad, más aún así lo ordena la normatividad legal. Veamos: En el año 2003 se creo para el VRAE el “Plan de Paz y Desarrollo” bajo la premisa

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que las circunscripciones que lo conforman, requerían atención particular por las condiciones de pobreza, marginalidad y reducido apoyo a sus comunidades campesinas y nativas.

El mencionado Plan elaborado por el Consejo Nacional de Descentraliza-ción, ante su inoperancia por carencia de asignación de recursos, tuvo que ser sustituido en el año 2007 por el denominado “Una Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los Ríos Apurimac y Ene – Plan VRAE”, cuya área de atención fue ampliada en el año 2008 a la provincia de Tayacaja del Departa-mento de Huancavelica.

El nuevo Plan VRAE es integral y añade claramente a la interdicción mili-tar-policial el componente de desarrollo en que se compromete el esfuerzo del gobierno nacional, regionales y locales. Como la responsabilidad del desarrollo estaba asignada a la PCM y la de interdicción a las Fuerzas Armadas y a las del Orden, en aras de una mejor complementación de ambas se delegó en el Sector Defensa la temática del desarrollo en la zona, instalándose una Secretaría Ejecu-tiva que coordinaba los esfuerzos de todos los sectores, y desde el Ministerio de Defensa se exigía y hacía el seguimiento para que cada repartición de la adminis-tración pública cumpliera con sus tareas, como son electrificación, infraestructu-ra vial, telecomunicaciones, salud, y educación, entre muchas otras. Esta unifica-ción de roles terminó al regresar el componente de desarrollo a la PCM, aunque manteniendo el carácter integral de la participación estatal. Ergo ya existe una ac-ción integral, que indiscutiblemente como cualquier obra humana es perfectible.

En lo que atañe a colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía Na-cional en el VRAE, la normatividad legal vigente va mucho más allá. En efec-to, hacen varios años que todo el territorio del VRAE se encuentra en estado de emergencia y cada sesenta días es invariablemente prorrogado, pero además complementado con el encargo del Presidente de la República a las Fuerzas Ar-madas de asumir el control del orden interno. O sea que más que colaboración las Fuerzas Armadas llevan la voz cantante y las autoridades policiales del VRAE tienen la obligación de sujetarse a los mandatos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que tienen a su cargo las operaciones en el VRAE. Allí no hay compartimentos estanco, pues además de las funciones regulares de las Fuerzas Armadas ellas tienen el control del orden interno, que en condiciones normales correspondería a la Policía. Como vemos hay clara normatividad constitucional que no solamente permite a la Policía colaborar con las Fuerzas Armadas, sino la obliga hacerlo en el VRAE, lo que no impide dictar normas complementarias.

Diario La Razón

06 de noviembre de 2011

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DEL CAOS AL ORDENAMIENTO

Quienes residimos en Lima nos quejamos con razón del cada vez más caótico tránsito vehicular, de las horas que se desperdician en los traslados desde y hacia los centros laborales, al igual que a escuelas, institutos y universidades.

No nos hemos preocupado de planificar el futuro con realismo y coherencia y casi siempre hemos responsabilizado a las autoridades por su falta de compro-miso y también errores. Simplemente acordémonos como hacen dos décadas se destruyeron las líneas municipales de transporte de pasajeros lo que agravó la situación, dando paso a las custer, camionetas rurales y micros.

Pero no son únicamente las autoridades las responsables, pues también lo son los usuarios del transporte, que en lugar de buscar para sus hijos escuelas cercanas a sus domicilios, los envían a centros escolares distantes, contribuyendo al cada vez más complicado tráfico de vehículos.

Por falta de transporte colectivo adecuado se emplea el individual, lo que se aliviará cuando se encuentre en servicio el tren eléctrico que se sumará al exitoso Metropolitano.

La Municipalidad Provincial de nuestro primer puerto, en excelente gestión de antiguo alcalde que puso al Callao en la senda de la modernidad, es un ejem-plo de lo que se puede hacer para ordenar el transporte de pasajeros y para darle a los transportistas el sustento normativo sostenible que les permitiera conseguir crédito para la sustitución de sus vehículos, como lo han venido haciendo.

La Municipalidad de Lima intenta implementar el Sistema Integrado de Transporte, “promoviendo la sustitución de unidades que vienen prestando ser-vicio por otras de mayor capacidad de transportación, que permitan contar con un número superior de plazas”, lo que es absolutamente legítimo, al igual que fijar las características de los llamados buses patrón y los tipos de combustible que deben utilizar para reducir sustancialmente la contaminación. Empero será necesario que se fije claramente un cronograma de sustitución progresiva de uni-dades, pero sin perjudicar a quienes adquirieron nuevas bajo reglas anteriores, que no deberían verse afectados hasta que sus unidades cumplan con la vida útil para las que fueron diseñadas y fabricadas.

Ya es hora que en Lima se transporten los usuarios con comodidad, con vehículos adecuados y no contaminantes, que se respeten los paraderos, que las unidades lleguen a ellos en los horarios programados, y que las soluciones que se implementen puedan compatibilizar el interés de la ciudad, de sus vecinos y de los transportistas. El Callao es un buen ejemplo a seguir.

Diario Expreso

25 de noviembre de 2011

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CAOS FUTBOLÍSTICO

Confieso que no es mi tema el deportivo en general y el futbolístico en particular, así como que he ido en pocas ocasiones a estadios, pero ello no me me impide, como a cualquier ciudadano, criticar lo que pasa, y aunque lo he calificado como “caos” creo que el adjetivo aún es benévolo para lo advertido.

Por un lado los clubes profesionales, si es que no todos, muchos deben im-puestos al Estado, pero siguen participando de los ingresos de la taquilla. El Es-tado les lanza salvavidas tributario, pero ningún club se transforma en Empresa para acceder al salvataje. Eligen presidentes y rápido los vacan, y algunos diri-gentes entran misios y milagrosamente salen ricos.

Los jugadores que son parte esencial del futbol, conjunción de deporte y es-pectáculo, muchas veces les pagan sus remuneraciones y premios en tres partes: tarde, mal y nunca.

Los ingresos que reciben ciertos agentes y promotores por la transferencia de jugadores a clubes foráneos, no siempre son declaradas y mucho menos se tributa por ellos.

Existen casos en que un deporte que se juega en la cancha y cuyos resultados deben salir de ella, pues no, salen de la mesa por decisiones extra-deportivas. Cierto aunque no lo crean

Se construye estadios y se venden palcos y a veces se otorgan derechos tem-porales sobre ellos, pero ¡oh sorpresa! No se pueden inscribir los contratos pues no existen derechos de propiedad inscritos en los Registros Públicos.

Muchos consideran que en los palcos están menos expuestos a la furia de los antisociales y a las acciones delictivas de facinerosos. Nada de eso, y nueva sor-presa: ¡el riesgo es mayor!, no existe seguridad policial ni privada en los pasillos, y barristas inescrupulosos hacen lo que les viene en gana, incluso agrediendo, lesionando y hasta quitando la vida a espectadores que sólo desean pasar un momento de sano entretenimiento.

Con los recursos del Erario Nacional, el Estado remodeló el Estadio Na-cional, se reinaugura, pasan varios meses y aún se encuentra desmonte en sus entradas y salidas, el que puede servir como proyectil para quienes con facilidad generan disturbios que pueden ser incontrolables.

La cosa no queda allí, pues se programan partidos y se venden los tickets, sin saberse si el local deportivo será autorizado para recibir al público, al que se tiene en sus puertas sin poder entrar y sin siquiera saber si el evento se realizará.

Hay más desorden todavía. El Ministerio del Interior y la Municipalidad Metropolitana se pelean por la apertura de puertas del local deportivo, y lo que es peor desconocen que tratándose de espectáculos públicos deportivos no es la

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Municipalidad la competente sino la autoridad deportiva, con la cooperación de la Asociación de Futbol Profesional o de la Federación de ser pertinente.

No hemos acabado por si acaso, los barristas que no pagan se hacen dueños de los estadios, en desmedro de quienes pagan su platita para ingresar y muchas veces hacen largas colas desde la noche anterior al evento.

Todo lo expuesto tiene que cambiar. Hay que poner ORDEN en nuestros estadios.

Diario La República

04 de febrero de 2012

CARNAVAL CAJAMARQUINO

Una de las fiestas costumbristas de más prestigio y realce en nuestro país, es el carnaval cajamarquino, Vistosos ropajes, alegres bailes, música singular, alegría por doquier son las principales características de la festividad, a la que se agrega la participación popular y la visita de turistas nacionales y extranjeros.

Evidentemente los visitantes foráneos así como quienes vuelven al terruño, contribuyen con la economía lugareña durante los días de su estadía. Comienza su gasto en el transporte, de ida y de vuelta, utilizando muchas veces las unida-des vehiculares de empresas de la región. También hacen gasto en alojamiento, desde albergues, posadas y pensiones hasta hoteles de estrellas, además de ali-mentación en restaurantes en sus diversas categorías y especialidades. Hacen ex-cursiones a la campiña utilizando medios de locomoción locales, así como com-pran artesanías como los famosos espejos cajamarquinos, sin olvidar los famosos y riquísimos quesos tan apreciados por todos.

Como vemos las festividades vernaculares mueven la economía y las locali-dades donde se desarrollan se preparan durante muchos meses para ello y para brindar la mejor hospitalidad que demandan los visitantes.

Para el presente año, el gobierno central ha estado singularmente generoso con el establecimiento de feriados no laborables para la administración pública, en el ánimo de fomentar el turismo interno, tanto es así que en el mes de febrero al determinar dos días seguidos para ello, el 13 y el 14, que por lo demás han coincidido o han sido complemento de carnavales. Bueno pues, ni ésa facilidad logró estimular visita masiva a Cajamarca, y ni siquiera el número de visitantes habituales.

Muchos se preguntarán ¿que pasó? ¿por qué motivo la abstención? ¿quién o quienes los ahuyentaron? Muy sencillo no viajaron a Cajamarca por el clima de

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intranquilidad instaurado en la región por quienes no quieren el desarrollo, por más que se les haya explicado que la minería con el respeto al medio ambiente, son absolutamente compatibles al igual que con la agricultura y la ganadería.

¿Alguien ganó con el disminuido carnaval cajamarquino del presente año? Nadie, absolutamente nadie. Todos perdieron, y más los que se habían prepa-rado para recibir y atender a los turistas, que habían efectuado inversiones para mejorar sus mercancías, artesanías y servicios. ¿Los indemnizará Saavedra o San-tos? Pues deberían, con o sin las bendiciones de Arana.

Lo que de todos modos debería hacerse para abrir los ojos a los incrédulos es la valoración de daños y los estudios comparativos sobre afluencia turística en estos últimos carnavales, comparados con años anteriores. El INEI, PROMPERÚ y el Sub-Sector Turismo tienen la palabra.

Diario Expreso

02 de marzo de 2012

ÁREAS DEPORTIVAS

Entre las responsabilidades y competencias de la autoridad municipal se encuentran la recreación y los deportes, por lo cual muchos municipios se prodigan en habilitar áreas destinadas al uso vecinal, para construir canchas deportivas multipropósito, dotarlas de electrificación y seguridad, y de ser posible contratar instructores.

Los espacios deportivos de ejecución y administración municipal, en los ho-rarios matinales y vespertinos de los días laborales, se encuentran sin utilización pues los virtuales usuarios se encuentran trabajando o asistiendo a clases en escuelas, institutos y universidades. Consecuentemente las canchas deportivas municipales se usan habitualmente los fines de semana, y en las noches de los días laborables, cuando gozan de iluminación.

Los centros de instrucción, sea a nivel escolar, superior o universitario, nor-malmente cuentan con canchas deportivas, las que se utilizan por los alumnos en el día, y permanecen sin uso en horarios nocturnos y algunas veces en horarios diurnos de fines de semana.

Conforme podemos advertir, los espacios deportivos municipales no se uti-lizan cuando están ocupados los de los centros de estudios, y estos últimos están sin uso cuando se utilizan los campos deportivos municipales. Consecuentemen-te, si sólo se tuvieran las canchas deportivas de los centros de estudios y fueran utilizadas a tiempo completo, sea por los estudiantes durante el día, sea por los vecinos y estudiantes los fines de semana y solamente por los vecinos en horario

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nocturno de días laborables, se podría racionalizar el esfuerzo de inversión de los municipios.

Si los municipios hacen convenios con los centros de estudios, públicos o privados de sus respectivas localidades, para usar los espacios deportivos estu-diantiles en días y horarios en que ellos no los emplean, habrían conseguido ra-cionalizar sus escasos recursos financieros, que bien podrían emplearlos en otras necesidades colectivas.

Con los convenios entre municipalidades y centros de estudios, las prime-ras pueden aportar recursos para iluminar, mantener y cuidar las canchas, y los segundos aportar el uso de su estructura deportiva en días y horarios en que no los utilizan los alumnos.

Tanto centros de estudios como municipios gastarán menos recursos y los remanentes direccionados a otros requerimientos vecinales, y en conjunto contri-buirán con la actividad deportiva bien estructurada a que los vecinos, en horas de esparcimiento, no caigan en tentaciones adictivas como alcoholismo y droga-dicción, ni tampoco se incorporen a bandas o pandillas de antisociales que tanto daño ocasionan a la colectividad.

Ojalá algún municipio acepte el reto.

Diario La Razón

25 de marzo de 2012

ACCIONES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL VRAE

Cuando a los peruanos se nos presentan situaciones complicadas, incluyendo los probables reveses en la lucha contra el narcoterrorismo, la reacción inmediata es la modificación de la estrategia diseñada, la sustitución de autoridades, y la variación de la normatividad en que se sustentan las acciones. Sin esperar las evaluaciones que la situación amerita, simplemente se reacciona y no siempre con racionalidad, y lo peor con la venda en los ojos que impide ver temas que fueron previstos pero quedaron incompletos.

Después de lo acontecido en La Convención, aunque fuera del territorio del VRAE, desde el Congreso y el Gobierno se pretende hacer sustantivos cambios, sin tener en cuenta que existen temas que están pendientes de ejecutar o se hi-cieron parcialmente. Conviene recordarlo en el ánimo de ejecutar lo pendiente o incompleto que ayudará a vencer al narcoterror.

Comencemos por el Servicio Militar, en que si bien los conscriptos no son por lo general los adecuados para combatir al narcoterrorismo, se debería por

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lo menos completar el número de efectivos que se requieren ante la ausencia de suficientes voluntarios, para lo cual la Ley del Servicio Militar permite hacer sorteos entre el resto de inscritos. Tenemos la herramienta legal, solo falta que se utilice.

Ante la carencia de tropas profesionales del Ejército en el 2009 se aprobó por Ley 29417 la creación de los “especialistas”. Tenemos la ley para la profesionali-zación pero no se reglamenta ni el MEF otorga los recursos.

Para enfrentar al narcoterror se requiere inteligencia, pero se fue tan pero tan poco inteligentes, como para suprimir el Arma de Inteligencia en el Ejército al finalizar el año 2001. En Julio del 2008 fue restablecida y las tareas de la Escuela de Inteligencia redobladas, pero faltan recursos y si el MEF no escucha, recordar-le que hay buenos otorrinos.

Es harto conocido que las remuneraciones y pensiones del sector militar y policial, están atrasadas, y que desde el 2008 se tiene oficializada ante el MEF la propuesta de actualización. Han pasado 4 años y el MEF sigue sordo. Esta falta de atención -que duda cabe- desmotiva al personal que tiene que luchar con múl-tiples carencias en el VRAE. Esto debe resolverse de inmediato.

Las consecuencias de operaciones militares para combatir al narcoterroris-mo se judicializan y el personal militar y policial tienen que soportar durante años y años interminables juicios, debiendo trasladarse a los lugares de procesa-miento y hasta pierden oportunidades de promoción y mejora.

Para paliar la situación en junio del 2009 creamos la “Defensoría del Perso-nal Militar” en el Ministerio de Defensa. Su finalidad es la defensa de los dere-chos del personal militar frente a cualquier amenaza o afectación de su bienestar, prestarle servicios y defensa legal en los procesos en que intervenga, así como cautelar que se le otorgue a tiempo los goces y beneficios de que son acreedores por acción de armas. La triste realidad es que la Defensoría adolece de personal y recursos suficientes.

Si lo pendiente se completa, pues avanzamos.

Diario La Razón

27 de mayo de 2012

VRAE: PENSANDO EN ALTA VOZ

Hasta hace pocos años solo algunos conocían lo que era el “VRAE”, lo que obligó a ponerlo en el tintero, con la finalidad que se supiera que en el Valle de los Ríos Apurimac y Ene se concentraba la mayor parte de los remanentes del terrorismo

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homicida y destructor que eran combatidos por nuestras Fuerzas Armadas y que se ejecutaba un plan gubernamental de desarrollo para ésa zona.

Cinco años después llueven opiniones sobre el VRAE, se expresan los ana-listas, meten su cuchara todos los que pueden y se hacen innumerables propues-tas, que bien vale la pena evaluar para no caer en errores.

Se ha propuesto definir claramente el territorio del VRAE. La última vez que se precisó su extensión fue con la incorporación de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica.

Lo que está pendiente es que coincida el territorio del VRAE donde se ejecu-ta el plan de desarrollo con la región militar especial del Ejército que lleva el mis-mo nombre. Ello facilitará la logística necesaria para vencer al narcoterrorismo.

También se ha propuesto un comando único, entendiéndose por tal al que comprenda tanto a Fuerzas Armadas como Policía Nacional. En realidad ello ya existe pues cuando por la declaración de estado de emergencia se entrega el con-trol del orden interno a las Fuerzas Armadas estas últimas subordinan a la Policía en el área de la emergencia.

Otra de las propuestas es la creación de una nueva autoridad que pueda articular las decisiones militares, el desarrollo socioeconómico de la zona y la so-cialización del Estado con la sociedad. En la práctica dicha autoridad sería como unidad ejecutora para efectos presupuestales. Lo cierto es que ese tipo autorida-des no han funcionado, sino recuérdese a los famosos “zares” nombrados años atrás para diferentes responsabilidades.

La coordinación entre las acciones de interdicción militar-policial con las del desarrollo del VRAE son indispensables para que no se perturben las unas con las otras y viceversa. Bastaría que el plan para el desarrollo del VRAE vuelva de la PCM al Sector Defensa desde el cual y sin necesidad de más unidades ejecu-toras se puede obtener de los diferentes sectores de la administración pública el cumplimiento de sus obligaciones con el VRAE. Crear más unidades ejecutoras multiplicará esfuerzos burocráticos innecesarios, pues siempre se tendrá que re-currir a la especialización de cada Sector.

Se debe prestar más atención a quienes desde el programa de desarrollo del VRAE y desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, han tenido expe-riencia -con éxitos y también reveses- de los cuales se pueden obtener las desea-das enseñanzas que nos conduzcan a una mejor actuación en la zona y alcanzar los logros proyectados.

Diario Expreso

01 de junio de 2012

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VRAE: HAY AVANCES

El Plan VRAE se inició el año 2003 con modificaciones el 2007 y 2009 que afinaron sus componentes de combate al narcoterrorismo, el desarrollo socioeconómico y la socialización del Estado con la población del Valle de los Ríos Apurimac y Ene.

Como toda obra humana es perfectible, se pueden ir afirmando sus fortale-zas como también corrigiendo debilidades y errores , pero no se debe banalizar deficiencias de hoy restándole importancia a lo hecho en años pasados, como cuando el Presidente de la República se refiere al “…escaso accionar de los go-biernos anteriores…”.

Lo realizado en los últimos años en el VRAE es significativo aunque no suficiente. En materia de interdicción –entre otros logros- nuestras Fuerzas Ar-madas ingresaron al Vizcatán, que había sido inexpugnable y que los agentes del terrorismo asociado al narcotráfico calificaban como su santuario. Han existido innumerables enfrentamientos con los narcoterroristas e inutilizado muchísimas pozas de maceración de coca y destruido droga terminada y también en elabora-ción. Nuestros sacrificados soldados han puesto freno al avance del narcoterror para que no se expanda el tumor haciendo metástasis de odio, muerte y destruc-ción en otros lugares de la patria. Vayan a los archivos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que lo corroboren.

En materia de desarrollo socioeconómico en el VRAE, mientras la Secretaría Ejecutiva del Programa estuvo bajo la responsabilidad del Sector Defensa, se ob-tuvo la sensibilización de los diversos Sectores de la Administración del Gobier-no Central, que pese a exiguos presupuestos aportaron conocimientos, recursos y obras.

En el rubro desarrollo se ha rehabilitado e incrementado la infraestructura vial, se han efectuado obras de electrificación llevando la energía a zonas rurales, al igual que se ha instalado telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía e In-ternet en varias localidades). Se han desarrollado programas agrícolas cafetaleros y de cacao entre otros sembríos. También se mejoraron los servicios de salud con más y mejores postas. Igualmente se pusieron más aulas y se contrató ma-yor número de profesores, entregándose libros y material didáctico a la vez que llegaron al VRAE programas sociales de nutrición y saneamiento. Se consiguió la presencia de programas como FONCODES, PRONAA, COFOPRI y otros. RE-NIEC llevó su personal para identificar y documentar a la población, y el Banco de la Nación abrió sus puertas en la zona para prestar servicios financieros.

El avance en desarrollo fue posible con un diseño de trabajo en que la Secre-taría Ejecutiva del Programa VRAE contaba con cuatro vertientes que convergían al objetivo. Una era el área social con acercamiento a los Ministerios y Entidades

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comprometidas con la temática de salud, educación, y ayuda social. Otra era la de infraestructura, encargada que ministerios como el de transportes, vivienda, y energía ejecutaran sus presupuestos para obras en la zona. La tercera vertiente era la productiva para estimular el celo de sectores como agricultura, industria, y pesquería para instrumentalizar otras fuentes de ocupación para la población. La última vertiente era la de la relación civil-militar que permitía coordinaciones oportunas y sostenidas.

¿Quieren pruebas? Están en la Memoria de Gestión del Grupo de Trabajo Multisectorial del VRAE Período 2006-2009.

Diario La Razón

26 de junio de 2012

CONTINUAMOS CON EL VRAE

Hace algunos años me propuse informar sobre el VRAE, ya que en el Valle de los Ríos Apurimac y Ene, se habían concentrado las fuerzas aún actuantes del terrorismo homicida que tanto daño hace al Perú.

Dimos cuenta de la forma de actuar de los remanentes terroristas, los cam-bios en su estrategia de socialización con las poblaciones de la zona, las accio-nes violentas contra nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la protección otorgada al narcotráfico así como la cada vez más estrecha asociación entre los terroristas y los narcotraficantes.

En ocasiones, insistimos en la conveniencia de relacionar las tareas de inter-dicción de las Fuerzas Armadas y Policiales con las del desarrollo socio-económi-co, en el ánimo de elevar los niveles de vida del poblador del VAE con activida-des lícitas y lejanas del narco terror.

Reclamamos la mayor cooperación de Ministerios y organismos descentra-lizados, así como de los gobiernos regionales y locales para que se comprometie-ran con el gobierno nacional en tareas conjuntas, para sacar a los pobladores del VRAE de la crítica situación en que se encuentran.

Dimos también algunas luces en temas concretos de interdicción, y como el tema no se agota, reclamaremos desde aquí el cumplimiento de planes esboza-dos con objetividad para alcanzar las metas propuestas, planes que tuvieron la participación del Vicealmirante Carlos Tubino, en ése entonces Inspector Gene-ral del Ministerio de Defensa y hoy congresista de la República, con experiencia reconocida y con el antecedente de haber sido exitoso Jefe Político Militar en el Departamento de Ucayali, cuyo pueblo lo llevó al Parlamento de la República.

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Tubino y otros conocedores de la materia plantearon poner en valor en El Sauce la Escuela de Operaciones Militares en Selva, la que propenderá al entre-namiento del personal del Ejército, Marina y Aviación, llamado a enfrentar a los remanentes terroristas en el VRAE.

Entre las recomendaciones se encuentra la de multiplicar operaciones noc-turnas, en que los operadores militares del Estado cuenten con el instrumental requerido, como son los visores para la noche, a lo que debería agregarse los detectores de minas y otras trampas explosivas, debiendo complementarse con el indispensable apoyo aéreo que pueda hacer lo suyo desde base aérea en el VRAE.

No se puede actuar militarmente en ésa zona declarada en emergencia sin tener el sostén médico quirúrgico de un hospital de campaña, como el que donó hace pocos años la República China, pero que lamentablemente no ha sido hasta ahora llevado al VRAE

Los narcoterroristas del VRAE son prácticamente profesionales, se han en-trenado varios años en la zona, muchos son lugareños que tienen amplio conoci-miento del terreno y saben mimetizarse en él, por lo cual hay que tener concien-cia que el enemigo no es fácil y que se le debe combatir con mayor conocimiento y mejor empleo de mecanismos del avance tecnológico. No se les subestime.

Diario La Razón

22 de julio de 2012

CONSTRUCCIÓN Y RESPETO

Es por todos conocido que la construcción se ha convertido en una de las princi-pales actividades que mueve la economía, y ello es consecuencia de varios facto-res. Por un lado al existir moderadísima inflación ha retornado el crédito hipo-tecario a largo plazo con amplia oferta, permitiendo a más familias acceder a la vivienda, con la facilidad que muchas de las instituciones financieras tienen en consideración el ingreso familiar y no únicamente el personal.

Por otro lado las empresas de seguros han vuelto a comercializar el seguro de desgravamen hipotecario. Además el desarrollo de nuestro país incentiva a ampliar instalaciones industriales, crear nuevas empresas de dicho rubro, a lo que se añade la edificación de complejos y centros comerciales, sin olvidar las obras de infraes-tructura como agua, desague, vías de comunicación, electricidad, telefonía, puertos y aeropuertos, así como las actividades relacionadas con el petróleo y el gas.

La construcción mueve también a las industrias dedicadas a proporcionarle ladrillos, cemento, cerámica, varillas de fierro, ductos, cañerías, cables, postes,

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grifería, recubrimientos, carpintería y tantos otros requerimientos, precisando algo importantísimo como es la generación de mayor mano de obra empleada.

Bien por todo ello, pero lamentablemente no siempre los constructores res-petan a los vecindarios como debería serlo. Por doquier vemos que se invaden pistas y veredas, no se ponen elementos de seguridad y algunos de sus trabaja-dores laboran sin los elementos de protección necesarios.

Los camiones que les entregan materiales y les proveen de concreto premex-clado, estacionan donde les da la gana, sin importar que sean garajes ajenos o ingreso a edificios de vivienda o a establecimientos comerciales, y cuando trans-portan arena y agregados o retiran desmonte, lo hacen sin la cubierta reglamen-taria, llenando a los vecindarios de tierra que los transportistas no limpiarán.

Lo expuesto no es deficiencia de normas, pues nuestro país tiene normas hasta en exceso. Lo malo es que ellas no se cumplen, por lo que hay que llamar la atención a la autoridad municipal para que las hagan cumplir. A veces pensa-mos que para algunas municipalidades debe ello ser difícil, pues en sus obras de ornato poniendo “ladrillitos” en las esquinas en lugar de reparar las pistas -con más huecos que un colador- tampoco son muy diligentes.

El vecino merece respeto y a los municipios les corresponde imponerlo.

Diario Expreso

09 de noviembre de 2012

ANCÓN INCLUSIVO

Se han exhibido por la televisión algunas imágenes del balneario de Ancón que han generado posiciones encontradas. En ellas se podía visualizar un camión en el malecón que impedía el acceso a la playa de veraneantes no residentes, así como a un grupo de vigilantes que con su presencia persuadía a los visitantes a no traspasar la zona popular supuestamente reservada a ellos, para ingresar a otra zona reservada a veraneantes residentes.

Lo antes mencionado es injustificable y constituye intolerable discrimina-ción, pues las playas son públicas y todos tenemos derecho a usarlas y recrear-nos, respetando reglas de higiene y preservación del medio ambiente. Empero es oportuno señalar algunos otros hechos, como que teniendo nuestro litoral más de tres mil kilómetros, una pequeñísima parte de él es Ancón, y sin riesgo a equivo-carnos, es la playa más inclusiva de nuestra costa.

Fuera de casos singulares y deplorables, en Ancón no ha sido necesario establecer como en otras playas, corredores de acceso para el público en general,

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toda vez que sus playas son absolutamente abiertas y donde cualquiera puede ingresar, permanecer, gozar del paisaje, la arena y el mar. Allí están los residentes permanentes y los temporales del verano, así como los visitantes que lo deseen. Todos tienen libre ingreso a las playas.

Algunos dirán que ello no es tan cierto pues hay algunas áreas en que pe-queños cercos o matas, delimitan el malecón de los embarcaderos que son para servicio de las naves, la mayoría deportivas, que están en nuestro litoral, y tam-bién las que vienen del extranjero para las competencias de nivel internacional, que generan para nuestro país ingresos y también prestigio. Los muelles y em-barcaderos cuentan con licencia de la Dirección General de Capitanías y Guarda-costas, luego de pagados los respectivos derechos, y pueden ser utilizados por nuestra Marina de Guerra, y las naves, incluso las del muelle pesquero, consti-tuyen reserva naval.

Residentes, veraneantes temporales, y visitantes, respetuosamente transitan por el malecón y las playas, que son inclusivos. Muchos, sin distinción de credos, color de piel, o posición económica, disfrutan del balneario, en que son pocos los que pagan sus tributos y arbitrios y menos aún quienes contribuyen con la Aso-ciación que subsidia las vacías arcas municipales, para que los visitantes encuen-tren playas limpias e higiénicas sin que les cueste un solo centavo. Vean también este otro lado de la medalla.

Diario Expreso

18 de enero de 2013

ATENTADO CONTRA LA MODERNIDAD

De Ripley, y aunque no lo crean hay municipios que se oponen a la modernidad, y mientras por un lado se autodenominan como distritos financieros, hoteleros, turísticos, de los grandes almacenes y también de tradicional residencialidad, por otro lado se oponen y obstaculizan las modernas telecomunicaciones.

Efectivamente, disponen que está vedada la actividad de “Estaciones de Di-fusión y Retransmisión y Satélite”, esto es que no se pueden instalar antenas para el servicio de telefonía móvil y de transporte de imágenes como es acceso a “Internet” y al hoy indispensable correo electrónico. Algo así como impedir cables para el suministro de energía eléctrica o para la telefonía fija, o rechazar la colocación de tuberías para el suministro de agua. Francamente de locura.

Por un lado el Estado trata que la modernidad llegue a los confines más alejados del país, que más localidades –incluso en zonas rurales- cuenten con

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servicio de telefonía celular y también banda ancha para la transmisión de datos e imágenes, pero por otro lado autoridades municipales petardean y entorpecen los buenos propósitos de la administración nacional.

En la práctica hay autoridades municipales que están atentando contra sus vecinos a quienes deben servir, pues los fuerzan a retornar a los tiempos de la carreta. No se puede entender a municipios que en lugar de propiciar mejores comunicaciones de calidad para el vecindario les pongan trabas, lo que significa-rá que tendremos barrios con lindos cruces peatonales y jardines bien cuidados, pero sus serenazgos sin las óptimas comunicaciones que su tarea les demanda.

Las municipalidades que traban el desarrollo de las telecomunicaciones, de no corregir su proceder, harán que sus vecindarios sean lindas islas, pero sin las facilidades que los tiempos actuales otorgan.

Olvidan aquellos municipios que el artículo 195 de la Constitución les orde-na promover el desarrollo y la economía local, así como a la prestación de servi-cios públicos en armonía con las “Políticas y Planes Nacionales de Desarrollo” entre los cuales indiscutiblemente se encuentran las telecomunicaciones, como lo determinan la leyes 29022 y 29868.

Es cuestionable que existan municipios que no entiendan que jerárquica-mente las leyes nacionales están por encima de las regulaciones locales y que no pueden sustraerse a su cumplimiento. Lean por lo menos la Constitución y eviten con su actuar más procesos judiciales que los que ya enfrentan por abuso de autoridad y otras transgresiones a la Ley.

Diario Expreso

01 de febrero de 2013

BOTAR Y VOTAR

El 17 de marzo tendremos en Lima Metropolitana una consulta popular. Los ve-cinos hemos sido llamados a un acto democrático, aunque quizás inconveniente, para revocar o confirmar a la alcaldesa metropolitana y a los 39 regidores de diferentes bancadas políticas que la acompañan en el “gobierno municipal”, o en el “desgobierno de la ciudad”, según sus detractores.

La revocatoria importa botar o no a la alcaldesa y a sus regidores, pero tam-bién en caso que la revocatoria sea auspiciosa, votar a quien o quienes sustituirán a los revocados. La diferencia entre botar y votar, parecería ser de una sola letra, pero implica muchísimo más.

Si se bota a la alcaldesa, automáticamente también votamos por quien la sustituirá en el cargo, hasta que en el último trimestre del año se elija a su sucesor

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que complete el período respectivo, lo cual es costoso. En caso de existir regido-res no revocados, quien se encuentre en la primera ubicación de ellos sustituirá a la alcaldesa, pero si todos los de su bancada son revocados, quien la sustituirá será el accesitario según el orden de prelación. En consecuencia el día en que el vecindario decida botar a la alcaldesa está votando por su reemplazo, pero a cie-gas, pues no sabe quien será.

Efectivamente, si bota a la alcaldesa, sabe el elector a quién expulsó del cargo, pero desconoce por quién está votando simultáneamente como su reemplazante, lo que significa que bota a sabiendas (no necesariamente a conciencia) pero vota igno-rando quién está recibiendo su voto. Una decisión bastante difícil por la dualidad entre botar a quién ya no se desea, y votar como reemplazo a un regidor anónimo o algún otro que está en la banca de los suplentes y que denominamos accesitarios.

Los capitalinos tenemos una responsabilidad muy grande, por lo que hay que tomar cabal idea de lo que se hará el 17 de marzo, en que para colmo tenemos una cédula complicada gracias a los promotores de la revocatoria, que desean revocar a la alcaldesa pero también a todos sus regidores, sean o no de su movi-miento político. Ello nos lleva a una cédula con 40 opciones del SI o del NO, sea por la alcaldesa y por cada uno de los regidores, por lo que existe el temor que los ciudadanos se cansen luego de las primeras votaciones en los recuadros y dejen sin emitir decisión respecto del resto de regidores.

Podríamos quedarnos sin la alcaldesa conocida, para que asuma el cargo un ciudadano o ciudadana X, que vaya uno a saber de quién se trata, y menos avizorar como sería su desempeño.

Si la alcaldesa es reemplazada por alguno de sus regidores, ¡qué miedo!, los hemos visto actuar y se sabe de sus deficiencias. Si se trata de algún accesitario el miedo se torna en pánico, porque poco o nada se sabe de ellos.

En lo particular me quedo con la alcaldesa con sus virtudes y defectos que ojala pueda superar, pero no la reemplazo por el limbo de lo desconocido.

Diario La Razón

02 de febrero de 2013

EL TRABAJO DIGNIFICA

Le cayeron a la alcaldesa de Lima, como pirañas a náufrago en el Amazonas, cuando aseveró que con la mejoría que anunciaba en el transporte colectivo de pasajeros en nuestra capital, las señoras de San Juan de Lurigancho podrán llegar más rápido hasta La Molina para “lavar la ropa”.

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Le endilgaron que era una pituca, que era irrespetuosa con las señoras de San Juan de Lurigancho, y que sus palabras eran insultantes para dichas perso-nas, pues en el populoso y más habitado distrito de Lima, existían también seño-ras que tenían otras ocupaciones más dignas e importantes que lavar ropa. Inclu-so el Concejo Municipal de San Juan de Lurigancho, la declaró persona no grata.

Ningunear a quienes se dedican a lavar ropa de terceros, eso si es afrentoso mas no lo es el que la alcaldesa señale el hecho cierto de que hay personas de diferentes distritos que viajan a otros cuyos pobladores tienen mayor capacidad económica, para prestarles servicios vinculados a las labores del hogar.

El trabajo dignifica al ser humano y toda labor legítima, honesta y honra-da, no tiene por qué verse como marginal ni deleznable. Además las mujeres se han convertido en actores del desarrollo, ayudan en la economía de sus hogares, cuando no son el sostén principal de ellos. Frente a las necesidades familiares muchas tuvieron que emplearse como asistentas en otros hogares, y son la fuerza laboral más numerosa del país, como se reconoce en las estadísticas del empleo.

Las trabajadoras a las que nos referimos, para mantener a sus familias, atien-den a otras e incluso muchas pernoctan en los hogares de las que son dependien-tas, lo que de suyo significa un sacrificio al estar la mayor parte de la semana ale-jadas de sus propios hogares. Estas mujeres emprendedoras tienen todo nuestro respeto y consideración, y su labor no tiene por qué calificarse despectivamente. Llegará el día en que el Perú se encuentre debidamente desarrollado y en que existan suficientes plazas laborales distintas en donde ellas puedan prestar servi-cios, sin necesidad de pernoctar en hogares diferentes a los suyos.

Se supone que queremos una sociedad inclusiva, sin embargo el solo hecho de pensar que las tareas domésticas son de segunda clase o categoría, las exclu-ye. Ellas tienen el derecho a trabajar y sus tareas no tienen por qué ser vistas con displicencia ni miradas por encima del hombro.

Diario Expreso

15 de febrero de 2013

REFLEXIONES SOBRE LA REVOCATORIA

Conocidos los resultados del proceso de revocatoria a la Alcaldesa de Lima y sus regi-dores, conviene efectuar algunas reflexiones, previa reiteración que voté por el NO.

La primera reflexión es que no hay ganadores, incluida la Ciudad, pues si bien la Alcaldesa es mantenida por poco margen, el sabor es el de perdón más que de confirmación en el cargo. Es darle nueva oportunidad pero sin tener ban-

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cada propia que la ayude en el cometido, pues sus colaboradores quedaron fuera por la consulta popular, y probablemente los sustituirán temporalmente perso-nas con menores condiciones que los revocados.

La alcaldesa tendrá que entender que su manera de manejar los temas mu-nicipales no puede ser la del asambleismo improductivo que tanto gusta a la izquierda, sino el de la eficiencia gerencial, conciliando la ejecución de las obras de infraestructura que la población reclama con la mejor calidad de vida a través de la regulación del transporte, el esparcimiento en los parques zonales y el invo-lucrar con mayor intensidad a la autoridad edilicia en el campo de la seguridad ciudadana.

La segunda reflexión es que quienes teniendo concepción política distinta a la de la alcaldesa y sus diversos grupos de seguidores, hemos votado por el NO, ello de modo alguno significa compartir su ideología, ni menos conformar alianza, ni tampoco ser cómplices de desaciertos. Simplemente se trata de una conjunción de razones que han llevado a una meta común que es el NO. Algunos lo han hecho por lo costoso de las consecuencias revocadoras, otros por mantener la institucionalidad, o tal vez para evitar la ingobernabilidad. Recordemos por ejemplo que en el referéndum de la Constitución de 1993 ocurrió lo mismo, esto es que desde diversos sectores, hasta contendores, confluyeron por el NO pero por diferentes razones, y ello no los convirtió en aliados.

La última reflexión es que deberíamos repensar la institución de la revocato-ria de autoridades, incorporada a la Constitución de 1993 como herramienta de la Democracia directa, cuando nuestra Democracia es representativa. Recién ahora en la Capital de la República se percibe sus inconveniencias, cuando nos afectó directamente. Algo parecido sucedió años atrás con el terrorismo, que hizo mo-ver a los capitalinos cuando sintieron en propia carne sus consecuencias. Léase Tarata y Villa el Salvador.

Como dice sabio refrán, nadie escarmienta en cabeza ajena, pero hay que sacar lecciones de la experiencia, para no repetir errores.

Diario Expreso

22 de marzo de 2013

MUNICIPALIDAD: DE GUATEMALA A GUATEPEOR

Conocidos los resultados del proceso de revocatoria a la Alcaldesa de Lima y sus regidores, conviene efectuar algunas reflexiones, previa reiteración que voté por el NO.

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La primera reflexión es que no hay ganadores, incluida la Ciudad, pues si bien la Alcaldesa es mantenida por poco margen, el sabor es el de perdón más que de confirmación en el cargo. Es darle nueva oportunidad pero sin tener ban-cada propia que la ayude en el cometido, pues sus colaboradores quedaron fuera por la consulta popular, y probablemente los sustituirán temporalmente perso-nas con menores condiciones que los revocados.

La alcaldesa tendrá que entender que su manera de manejar los temas munici-pales no puede ser la del asambleismo improductivo que tanto gusta a la izquierda, sino el de la eficiencia gerencial, conciliando la ejecución de las obras de infraestruc-tura que la población reclama con la mejor calidad de vida a través de la regulación del transporte, el esparcimiento en los parques zonales y el involucrar con mayor intensidad a la autoridad edilicia en el campo de la seguridad ciudadana.

La segunda reflexión es que quienes teniendo concepción política distinta a la de la alcaldesa y sus diversos grupos de seguidores, hemos votado por el NO, ello de modo alguno significa compartir su ideología, ni menos conformar alianza, ni tampoco ser cómplices de desaciertos. Simplemente se trata de una conjunción de razones que han llevado a una meta común que es el NO. Algunos lo han hecho por lo costoso de las consecuencias revocadoras, otros por mantener la institucionalidad, o tal vez para evitar la ingobernabilidad. Recordemos por ejemplo que en el referéndum de la Constitución de 1993 ocurrió lo mismo, esto es que desde diversos sectores, hasta contendores, confluyeron por el NO pero por diferentes razones, y ello no los convirtió en aliados.

La última reflexión es que deberíamos repensar la institución de la revoca-toria de autoridades, incorporada a la Constitución de 1993 como herramienta de la Democracia directa, cuando nuestra Democracia es representativa. Recién ahora en la Capital de la República se percibe sus inconveniencias, cuando nos afectó directamente. Algo parecido sucedió años atrás con el terrorismo, que hizo mover a los capitalinos cuando sintieron en propia carne sus consecuencias. Léase Tarata y Villa el Salvador.

Como dice sabio refrán, nadie escarmienta en cabeza ajena, pero hay que sacar lecciones de la experiencia, para no repetir errores.

Diario Expreso

15 de marzo de 2013

ANCÓN ANCÓN

Hacen algunos lustros, estaba de moda, y como dirían algunos “en la cúspide de la popularidad” una linda canción que repetía “Ancón Ancón, balneario hermoso”.

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Ancón es muchísimo más que un balneario, en este nuestro Distrito se inició una milenaria civilización, es localidad en que conviven residentes permanentes con residentes veraneantes, que recibe a miles de miles de personas ajenas a la localidad, pero que en ella encuentran espacio de descanso y entretenimiento.

He precisado que conviven en el Distrito, pues no es simplemente que se encuentren en él, sino que hay interrelación entre los diversos grupos humanos, que se complementan entre sí, que reconocen las actividades de cada cual y se benefician de ellas.

Hay pescadores que brindan los frutos del mar a residentes, veraneantes y visitantes. Hay también artesanos que exponen y venden sus trabajos. Existen pequeños talleres de manufacturas, de reparaciones y otros servicios, cuyos de-pendientes atienden a todos por igual, con cortesía e incluso cordialidad.

Los residentes de la estación de verano permiten a muchos residentes perma-nentes obtener recursos en dicha temporada que los solventa para el resto del año.

Ancón es un distrito pujante, con sus altos y bajos como es natural, pero sus edificaciones siguen levantándose vertiginosamente como observamos en San José y en otras urbanizaciones y asentamientos.

Es un distrito altamente solidario como podemos confirmar con la ayuda que APANCON otorga al Municipio, sin recursos suficientes para brindar todos los servicios que el vecindario requiere y demanda. APANCON subsidia servi-cios y es un eficiente canal de comprensión entre los habitantes del distrito.

La inclusión social es real como la convivencia, todos nos encontramos, res-petamos y saludamos en el malecón, no de los veraneantes sino de todos. En las playas existe lo mismo, es un bien público que compartimos todos, y también lo hacemos con los que simplemente son visita, a los que lógicamente se les exige el cumplimiento de reglas básicas de higiene y cuidado del litoral.

Hemos aprendido todos en Ancón a juntarnos ante las causas justas. Juntos hemos podido evitar la depredación de nuestro mar y playas con la pretendida construcción de un puerto que iba a generar daño ecológico.

También juntos cuidamos las necesidades de la Iglesia, de la Posta Médica, de la Comisaría, y de nuestro Museo de Sitio, aunque quisiéramos que se aúnen a los esfuerzos los centros recreativos de Fuerza Aérea y Marina, hasta ahora aislados de la colectividad.

En Ancón se han creado diversas instituciones que ayudan a relacionarnos, que apoyan nuestros intereses, y que propenden a un gran valor que es la amis-tad. Al igual que tenemos el llamado Casino con actividades culturales, de con-fraternidad y deportivas, tenemos también el Club “Asunción Chacas” para múl-tiples actividades y el “Yacht Club” para deportes náuticos y al mismo tiempo colaborar desde sus instalaciones marítimas con otros usuarios del litoral.

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Los chacacinos en Ancón revisten singular importancia, pues se instalaron como comunidad proveniente de la localidad interior de Chacas desde hacen aproximadamente ochenta años, y hace cincuenta fundaron el “Club Social y De-portivo Asunción Chacas”, que ha ido creciendo de año en año y hoy al celebrar sus bodas de oro le rendimos homenaje de reconocimiento y afecto, además de gratitud. Los más longevos todavía recuerdan a sus fundadores como Telésforo F. Jiménez Ortega, Rodolfo Quiroz Tarazona y Fernando Balmaceda Aguirre. Los coetáneos fuimos testigos del impulso brindado a la Asociación por su ex Presi-dente Tomás Maje Vásquez, cuya amistad nos honra, así como de los esfuerzos de los actuales dirigentes sociales por aumentar el prestigio del Club y valorar los primeros cincuenta años de su existencia.

Como hemos visto Ancón es, pero realmente es, muchísimo más que un balneario hermoso.

Diario Despertar Chacasino

01 de abril de 2013

TERMINAR OBRAS

En tono de crítica se ha dicho que el actual gobierno las únicas obras públicas que hace, son las iniciadas por el gobierno anterior, agregando que no hay nuevas.

El hecho de continuar obras de sus antecesores no es ningún demérito, diría que es una obligación, pues lo peor que puede pasar es haber invertido recursos del Estado en obras inconclusas que no sirven para nada, con lo cual se habría tirado a barril sin fondo ingresos presupuestales que normalmente salen del bol-sillo de los contribuyentes.

¿Cuántas veces se ha criticado el complejo de gobiernos que creen que la Historia comienza con ellos? Infinidad de veces se ha cuestionado a las admi-nistraciones gubernamentales por iniciar obras sin haber concluido las de sus predecesores, y ahora que ellas se concluyen se les critica, en esto, sin razón.

La Municipalidad de Lima Metropolitana anuncia la construcción de lo que falta de la vía rápida del Paseo de la República, a fin de empalmarla con la Pana-mericana Sur. Han transcurrido más de cuarenta años desde que la administración edilicia de Luis Bedoya Reyes asumió el reto de ejecutar la vía expresa. Más de cua-tro décadas perdidas por la falta de visión para concluir tareas iniciadas por otros.

En el primer gobierno de Alan García, de 1985 a 1990 se proyectó y comenzó la construcción del llamado tren eléctrico. Se sucedieron tres gobiernos sin agre-garle nada, hasta que en el segundo gobierno del Dr. García se reinició la obra

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inconclusa, la que hoy viene siendo concluida por el actual gobierno del Cte. Humala.

¿Es malo que el gobierno municipal de Susana Villarán culmine la Vía Ex-presa? ¿Es malo que el gobierno nacional de Ollanta Humala culmine el tren eléctrico? Obviamente la respuesta es que no solamente no es malo, sino que es excelente que se puedan concluir las obras, pues al final el Estado es el mismo, lo que cambian son sus conductores.

Precisemos que en el mundo en que nos ha tocado vivir, se trata de formu-lar políticas de Estado, que van más allá de los gobiernos y por lo tanto superan la temporalidad, ciertamente efímera, de estos últimos.

El Acuerdo Nacional ha fijado la ruta consensuada para tener un Perú me-jor, con el compromiso de los partidos políticos, los gremios, las centrales labo-rales y las iglesias, entre otros, de marchar hacia el mismo rumbo y en la misma ruta del desarrollo. No lo olvidemos.

Diario Expreso

23 de agosto de 2013

REGIONALIZACIÓN Y CONTRALORÍA

La Contraloría General de la República con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con la participación de una pres-tigiosa empresa consultora, ha desarrollado el “Estudio del Proceso de Descen-tralización en el Perú”, recientemente publicado.

El esfuerzo de la Contraloría es encomiable pues ha hecho lo que otros, sien-do su responsabilidad, no hicieron y es bueno señalarlo sin anestesia. No tene-mos noticias de preocupación en tal sentido del ya fenecido “Consejo Nacional de Descentralización”, ni de la “Secretaría de Descentralización” de la PCM, ni menos aún del “CEPLAN”.

Estamos convencidos que al apreciar la Contraloría, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización y control, las deficiencias del sistema de descentrali-zación con su herramienta el proceso de regionalización, se impuso como tarea ir más allá que la simple auditoría contable, aplicación de correctivos y señala-miento de hallazgos de corrupción para la aplicación de sanciones. Por ello el Contralor se empeñó en ir al fondo del asunto y estudiar las causas y naturaleza de las deficiencias para mostrarlas al país y encontrar soluciones.

El Estudio se hace bajo la acertada visión que el Estado debe estar al servicio del ciudadano, que el propósito de la descentralización es el desarrollo, y que

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la corrupción debe expulsarse de los gobiernos regionales, como de todo ente estatal. Nos recuerda que la descentralización es una aplicación práctica del prin-cipio de subsidiaridad, en que las tareas gubernamentales debe hacerlas quien se encuentre más cerca al ciudadano.

En la etapa indagatoria del estudio se encuentra con una realidad alejada de las metas de la descentralización, así tenemos que la brecha entre la cobertura de servicios y la infraestructura pública es abismal; el gasto en las regiones se ha caracterizado por lo general en ineficaz e ineficiente; las inversiones han estado demoradas y los presupuestos sin ejecutarse en su totalidad; las transferencias de funciones desde el gobierno nacional a los gobiernos sub-nacionales sin el control y fiscalización adecuado; la acreditación como mero formulismo carente de efica-cia; y limitada capacidad de gestión de los entes regionales.

Se menciona que el proceso fue inconvenientemente acelerado, cuando de-bía realizarse ordenado, progresivo y por etapas, lo que nos hace recordar que ni caso nos hicieron cuando en el Parlamento planteábamos la necesidad de comen-zar por una región piloto.

También el Estudio nos lleva a buscar fórmulas mediante las cuales se ar-monice el carácter unitario de nuestra Nación con la característica de descentra-lizado de su gobierno; y que a su vez se llegue al equilibrio entra la autonomía regional y el control de la gestión pública en el camino de lograr la eficiencia deseada, para lo cual nos recuerda que autonomía no es autarquía.

Las conclusiones y recomendaciones del Estudio no pueden ser mas oportunas, ahora que se reconoce que hay que repensar y revisar la descentralización para su-perar sus defectos, y que además estamos en un proceso de elección de nuevas au-toridades regionales cuyos postulantes deberían debatir esta temática con seriedad.

Existe en el Estudio sugerencias valiosas como el presupuesto por resulta-dos, incentivos por eficiencia, y regreso temporal de facultades al gobierno na-cional en caso de ineficiencia, entre otras propuestas. A su vez nos alerta respecto a la participación ciudadana, tanto en los presupuestos participativos como en otras materias, en que son las minorías organizadas que se imponen a las ma-yorías desorganizadas. También invoca a revisar los procesos de revocatoria y remoción de autoridades y a ser cuidadosos en la descentralización fiscal y en-deudamiento regional.

En gesto decoroso la Contraloría no reclama mayores recursos para su labor de fiscalización regional, pero tenemos que ser conscientes que los necesita, a lo que deberíamos agregar que cuando se trasladen funciones desde el Gobierno Nacional a los Regionales, se haga con el personal requerido, pues en la práctica sigue el mismo personal bajo el presupuesto central, pero se acrecienta con más contrataciones en las regiones.

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Todos los candidatos regionales deberían estar revisando el excelente Estu-dio de la Contraloría.

Diario Oficial “El Peruano”

09 de agosto de 2014

REPENSAR LA REGIONALIZACIÓN

Hicimos el proceso de descentralización del país apresurado, adoptamos para ello el mecanismo de la regionalización, eligiéndose a Presidentes Regionales en los departamentos.

Con el correr del tiempo advertimos las deficiencias y la necesidad de intro-ducir correctivos, pues lamentablemente los recursos trasladados desde el Go-bierno Nacional, muchas veces eran mal empleados, los proyectos presentados no pasaban los filtros de calidad, y los funcionarios carecían del debido conoci-miento y experiencia. Por cierto que no podemos generalizar, pues también han habido personas competentes tanto a nivel electivo como designados.

Lo que rebasó la tolerancia de los ciudadanos ha sido la gran corrupción encontrada en algunas regiones, que no fue atajada a tiempo y que ha despresti-giado penosa e injustamente a todas las regiones.

El absceso reventó y hoy nos encontramos con algunos Presidentes Regiona-les involucrados o denunciados por graves ilícitos, incluso delito contra la vida, ante lo cual la indignación ciudadana creció y ha motivado correctivos que no necesariamente son los adecuados.

Frente a casos denunciados el Poder Ejecutivo ha cerrado el caño a la Región Ancash y pretende hacerlo también en otras Regiones, limitándose a transferirles recursos para el pago de obligaciones corrientes, pero no para obras que están comprometidas. Esto las demorará, generará mayores gastos administrativos, habrá ajustes por elevación de costos, y todo ello a quien perjudicará es a los pobladores de la respectiva Región y a todos los contribuyentes.

Como vemos el corte de transferencia de recursos económicos no era solu-ción, lo que se necesitaba es nombramiento de interventores desde el Gobierno Central para evitar despilfarros y perpetración de delito, pero no paralización de obras, en que seguramente los contratistas exigirán pago de penalidades. Feliz-mente el problema lo arregló con reciente ley.

Cuando la ley permitió la creación de movimientos políticos regionales, y que estos pudieran presentar candidatos para los gobiernos regionales, los par-tidos nacionales perdieron presencia e influencia en las regiones, y los elegidos

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surgieron de los primeros. Dejó de existir el Presidente o Secretario General de partido nacional que pusiera orden cuando el Presidente Regional se excedía o actuaba mal. Hoy no hay quien los ajuste.

El Presidente de la República ha anunciado proyecto de ley para subsanar deficiencias en regiones, lo que nos parece apresurado pues se necesita un debate serio y alturado, y las elecciones de octubre son un buen espacio para ello. Tene-mos que tener control parlamentario sobre los Presidentes de Región, similar al que existe para los Ministros.

Es tiempo de repensar el tema.

Diario Expreso

29 de agosto de 2014

INCOMPETENTES CON COMPETENCIAS

Hace diez años se inició el proceso de transferencia de funciones sectoriales pro-ductivas en materia de agricultura, pesquería, industria, turismo, artesanía, ener-gía y minería, del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales.

Para la transferencia, se supone, fueron estudiadas las capacidades de gestión de cada Gobierno Regional, cuya certificación está sujeta al sistema de acreditación.

La transferencia no solamente comprende funciones, sino también el acer-vo documentario y los recursos presupuestales correspondientes que se encuen-tren directamente vinculados al ejercicio o desarrollo de las funciones o servicios transferidos.

Algunas Regiones que gestionaron la transferencia de funciones ante el Gobierno Central, que clamaron y reclamaron por ello, que protestaron cuando hubo demora en el trámite, lamentablemente poco o muy poco han hecho con las funciones transferidas.

Si bien es cierto por la centralización de funciones y competencias en el Go-bierno Central, los ciudadanos administrados tenían que hacer sus pedidos, ges-tiones y trámites en la Capital de la República, con gasto en innumerables viajes, estadías, alojamientos, y transporte, pasaron de Guatemala a Guatepeor. Pese a todos los sobre costos, traslados y demoras, los trámites en Lima duraban bastan-te menos que lo que demoran en algunos de los Gobiernos Regionales.

Es verdad que los ciudadanos no requieren ya viajar a Lima para muchas de sus gestiones, pese a lo cual la desatención en las reparticiones de algunos Gobiernos Regionales es calamitosa, lenta, con exceso de burocracia y falta de soluciones.

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Nos preguntamos ¿para qué demonios insistían en la transferencia de compe-tencias, si son incompetentes para ejercerlas? Lo peor es que los Gobiernos Regionales remolones, flojos, dispendiosos e ineficientes, dañan a los que actúan razonablemen-te bien, ya que desprestigian al proceso de descentralización vía la regionalización.

El tema es grave en materia de inversiones, pues cuanto más demoren auto-rizaciones, licencias, concesiones y permisos, más demorará la puesta en marcha de nuevos emprendimientos, se perderá posibilidades de puestos de trabajo, se encarecerá los costos necesarios para las nuevas actividades productivas, el Esta-do no recaudará los correspondientes impuestos, y el país todo perderá por los malos e incompetentes funcionarios que no hacen las cosas ni bien ni a tiempo.

Por ejemplo hay regiones a las que se le transfirió desde el COFOPRI, todo lo vinculado con la formalización y titulación de predios rústicos, incluso adjudica-ción de tierras eriazas para implantar en ellas agricultura u otros emprendimientos, con inversiones de captación de aguas de regadío, canales de riego, pozas, embal-ses, semillas y abonos entre otros. Recibieron los expedientes así como los recursos presupuestales. ¿Qué han hecho? En buena cuenta nada de nada. Los expedientes encajonados, no los mueven ni dan cuenta de ellos, y menos aún los resuelven.

Sería conveniente establecer que cuando no se cumplen con las funciones transferidas a las Regiones, vuelvan a su origen, pues la desidia burocrática re-gional no tiene porque perjudicar al sufrido administrado.

No hay que dar competencias a los que son incompetentes, con perdón de las buenas gestiones regionales, que también las hay.

Diario La Razón

31 de agosto de 2014

REGIONALIZACIÓN: URGE REMEDIO

El proceso de descentralización vía regionalización, no debe revertirse, pero si hacer una seria evaluación de lo acontecido, de sus virtudes y defectos, con la finalidad de poner correctivos en el ánimo de perfeccionar el sistema.

Solamente cuando la situación se tornó insostenible por los cacicazgos re-gionales; por algunos gobiernos departamentales denominados ampulosamente regionales sin serlos en la realidad; por la inenarrable corrupción advertida en varios gobiernos sub nacionales; recién en el Congreso se animó a actuar y ha iniciado la aprobación de algunos tímidos cambios constitucionales.

Los cambios en proceso son la modificación del nombre de Presidentes Regionales para los jefes de las regiones, y la no reelección inmediata de sus autoridades. Esos cam-bios si bien algo podrían ayudar, no resolverán las deficiencias y carencias advertidas.

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El cambio del nombre de Presidente Regional fue intentado hace diez años, pero lamentablemente agrupaciones políticas con representación parlamentaria y que tenían entre sus militantes a algunos Presidentes Regionales no quisieron chocar con ellos, e impidieron que el tema tomase fuerza. Los Presidentes Regio-nales se habían colocado hasta banda en el pecho en soberbia actitud.

En lo que se refiere a la no reelección inmediata de las autoridades electivas regionales y municipales, más es ruido que nueces como dice el refrán, y ello no resolverá problemas sino los podrá agravar.

El término del mandato municipal y regional es de solo cuatro años, y en los hechos cuando recién las autoridades se están asentando en el cargo y conocien-do de todos los vericuetos de la función pública, les inician procesos de revocato-ria que los distrae del cumplimiento de sus obligaciones. Quizás lo conveniente sea limitar la posibilidad de reelección a una sola y punto final, recordando que la democracia requiere de alternancia en el poder y no la perpetuación en el mismo.

No se ha evaluado suficientemente las deficiencias de la regionalización, y sin ello no se pueden poner correctivos. Por ejemplo, siguen sin resolverse tres errores graves en el sistema, el primero de ellos es la apresurada transferencia de funciones y recursos, pero sin transferencia de personal, lo que hace crecer innecesariamente la planilla estatal, además de generar corrupción; el segundo error es conservar la revocatoria, cuando la mejor revocatoria es no reelegir al mal funcionario y todos somos testigos de que los procesos revocadores generan más inquietudes que soluciones; y el tercer y más grave error es el de mantener organizaciones políticas de nivel regional.

El último de los defectos merece mayor precisión. Las organizaciones polí-ticas de nivel regional, con muchísimos menos requisitos para su formalización que las de nivel nacional, pueden hacer postular a sus militantes o invitados a la Presidencia Regional y demás cargos electivos de dicho nivel y del nivel muni-cipal. La consecuencia que el elegido usualmente coincide con el jefe de la orga-nización política regional por lo que no hay autoridad partidaria superior que pueda llamarle la atención. En una sola persona se junta la autoridad partidaria y la autoridad regional, y lo que es peor sin que el Congreso tenga mecanismos para hacer control político eficiente de las Regiones, por lo que habría que pensar en la posibilidad de ampliar los institutos de la interpelación y censura parla-mentaria a los Presidentes Regionales y no solamente el deber de asistir cuando son convocados.

Todavía queda mucho en el tintero, es hora de debatir con seriedad estos temas.

Diario La Razón

15 de diciembre de 2014

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SISTEMA ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS

PPC: CAPÍTULO CERRADO

Muchas personas me han preguntado el motivo de mi salida del PPC, luego de 22 años de militancia y de haber tenido elevadas responsabilidades, entre las cuales se encuentra la Secretaría de Lima, la Secretaría General Colegiada compartida con Javier Bedoya y Alberto Borea, hasta llegar a la Presidencia del Partido, ade-más de haberlo representado en el Poder Legislativo en varios períodos.

Algunos creían que había renunciado para ser Ministro de Estado, otros para ser representante del Perú ante la OEA, en fin se tejieron muchas conjeturas.

Lo cierto es que en el Gobierno de Alejandro Toledo, estoica y disciplinada-mente acepté la negativa del PPC para autorizarme a ejercer la Presidencia del Consejo de Ministros públicamente ofrecida. Lo mismo se repitió al iniciarse el Gobierno de Alan García, en que fui requerido para asumir la cartera ministerial de Defensa.

Después, el 29 de noviembre de 2006 solicité autorización al PPC para re-presentar al Perú ante la OEA, la que me fue concedida por Lourdes Flores Nano en aquel entonces presidenta del Partido, expresando que “cumplo pues, con aceptar formalmente tu pedido de licencia y te deseo el mayor de los éxitos en la tarea que habrás de emprender”.

Durante el tiempo que representé al Perú en la OEA, regresaba regularmen-te a Lima con mi peculio, y en entrevista en CPN conducida por Alberto Ku-kin, discrepé de la posición de Lourdes Flores respecto al gabinete ministerial de aquel entonces. Al día siguiente 08 de marzo de 2007 recibí de Ivette Bendezú del diario Correo, el texto de un comunicado del PPC entregado a la prensa, que entre otras cosas señalaba: “Rechaza las desleales declaraciones del Embajador Antero Flores-Araoz, quien a pesar de su condición de ex Presidente del Partido, viene exhibiendo una reiterada inconducta partidaria”.

No me llamaron, menos fui citado, nadie pidió explicación alguna, simple-mente me condenaron sin escucharme, lo que me obligó el mismo día a renunciar

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a mi militancia, mediante carta en que expresé: “Se ha difundido a los medios un Comunicado de la Comisión Nacional de Política del PPC, en que expresa rechazar las desleales de quien suscribe y añade que exhibo reiterada inconducta partidaria. Sin siquiera haberme convocado y menos escuchado, califican mis declaraciones de desleales y mi actuar de inconducta. No he efectuado ninguna declaración desleal, no he vejado, agraviado ni insultado a nadie y tampoco incurrido en inconducta. Simplemente he ejercido mi derecho a opinar libremente y a expresar democrática-mente mis discrepancias. Si ello se considera inconducta, francamente estoy demás en el PPC, único partido al que he pertenecido. Es perfectamente legítimo, tener coincidencias como divergencias, y en los partidos donde se ejerce fundamental-mente la política, es lícito que existan alas, sectores o tendencias y no posiciones monocordes, que atentan contra la esencia democrática. Lo antes expuesto me lle-va a presentar mi renuncia irrevocable al PPC, agradeciendo a quienes me dieron la oportunidad de servir al país a través del partido.”

Posteriormente con un grupo de personas, iniciamos la formación del Par-tido “ORDEN”, y más tarde acepté, sin tener militancia partidaria, la reiterada invitación para asumir el cargo de Ministro de Defensa.

Tengo que reconocer que la desavenencia no fue con todo el PPC sino con el grupo que en aquel entonces tenía su representación. Tengo mucho afecto al PPC así como a Luis Bedoya Reyes, y agradecimiento por haber contribuido desde él, con nuestro país.

Esta es la verdad, expuesta para quienes no la sabían y deseaban conocerla.

(Artículo inédito)

GOBIERNO DE CONCERTACIÓN

Nadie puede dudar de que la situación social, económica, política y moral de nuestro país requiere esfuerzo de todos lo peruanos, sin excepciones ni exclu-siones, con el solo requisito de ser demócratas a carta cabal y el compromiso de luchar contra la corrupción.

Hemos vivido momentos sumamente difíciles. Hemos visto cómo se han comprado conciencias y voluntades; también, como, por perpetuarse en el poder, se abandonó principios y decencia.

Ahora que estamos ad portas de un período gubernamental y después de la ar-dua tarea que le ha tocado desempeñar al gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua, tenemos que hacernos el firme propósito de concertar por el bien del Perú.

Concluimos una campaña electoral en la que lamentablemente más que las propuestas y su confrontación e incluso el necesario debate, han primado las

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acusaciones de todo tipo y calibre, con la consiguiente violación de la intimidad de los candidatos por las agresiones físicas y la intolerancia.

Quienes hoy día participamos en la campaña electoral desde diversas posi-ciones – los más estuvimos en la oposición durante la última década- en el ante-rior proceso electoral batallamos unidos para lograr la recuperación de la demo-cracia peruana.

Hemos conseguido un nuevo proceso electoral, que no es tercera vuelta ni constituye complemento del proceso del 2000.

Insisto, es un nuevos proceso, en el que hay también nuevos actores y en donde todos ellos tienen el legítimo derecho de pretender el gobierno.

El hecho de haber estado juntos en la recuperación e la perdida democracia no debe llevar a la obligación de hacer un gobierno sin exclusiones, en el que la concertación deje de ser etiqueta para convertirse en algo real.

No es novedad que en el próximo Congreso ninguna agrupación política tendrá mayoría, lo que necesariamente nos llevará a concertar, más aún teniendo en mente que el próximo gobierno, cualquiera que sea, requerirá tomar medidas superar la recesión , para recuperar la confianza, para facilitar inversiones y para crear puestos de trabajo. Buena voluntad es elemento indispensable para concer-tar, y se concerta afirmando las coincidencias, así como limando las divergencias y dejando de lado la intolerancia y los indeseados maniqueísmos. Todos tenemos algo que ofrecer al Perú en momentos críticos.

No podemos olvidar que son necesarias algunas reformas constitucionales, que debemos seguir con la tarea de derogar las disposiciones legales que ma-niataron el Poder Judicial, que hicieron sumiso al Ministerio Público, así como a otras instituciones del Estado.

Tenemos pendiente la tarea de la descentralización, la defensa de los intere-ses de los usuarios y consumidores, la superación de la recesión, el fortalecimien-to de los entes reguladores tarifarios y supervisores, la eficiente atención al agro, el impulso y fomento de las actividades que ocupan mayor número de puestos de trabajo, y la decidida lucha contra la corrupción.

Lo que hemos mencionado es parte de lo mucho que hay que hacer y de los retos que se debe afrontar. Pero hasta el cansancio habrá que repetir que para ello es necesa-rio el concurso patriótico de todos los sectores políticos de nuestro querido Perú.

Unidad Nacional asume el reto desde el gobierno, en caso de que el electo-rado nos apoye, o desde el llano, como simples ciudadanos. Esperamos lo mismo de nuestros contendores circunstanciales que deben ser los aludidos para cons-truir el Perú que todos queremos.

Diario El Comercio

06 de abril de 2001

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UNIDAD NACIONAL

Unidad nacional es más que una alianza electoral, es una alianza para gobernar el Perú a partir del 28 de julio y por cinco años.

Al constituir nuestra alianza atendieron nuestro llamado inicialmente “Re-novación” y “Code” y posteriormente se incorporó “Solidaridad Nacional”, así como diversas otras organizaciones y movimientos, tanto a nivel nacional como regional y local.

El nombre que adoptamos, esto es, “Unidad Nacional”, no fue fruto de una estrategia de marketing político ni de publicidad, sino el sentimiento y voluntad que nos embarga de comprometer a todos los demócratas de nuestra patria en esta aventura cívica, tener por fin desarrollo económico, con equidad y en demo-cracia y, sobre todo, con actuación decente y transparente.

Pretendemos para después del 28 de julio, si llegamos a ser gobierno, llamar a todas las agrupaciones democráticas para que se unan en la tarea común, y des-de el Congreso propiciaremos la concertación para que puedan darse las leyes que el gobierno requiera en su tarea de lograr el bien común.

La concertación siempre ha sido una meta por alcanzar y una tarea por rea-lizar, pero tenemos el orgullo de haberla comenzado a aplicar desde nuestra fór-mula presidencial al juntar a quien venía actuando en política por más de dos décadas, como es Lourdes Flores Nano, con el sector laboral del que emerge José Luis Risco, al igual que con el sector empresarial y técnico en que se encuentra Drago Kisic.

Par quienes estamos en Unidad Nacional, el “Acuerdo de Gobernabilidad”, que propició, promulgo y logró Gustavo Mohme Llona, es base fundamental para próximos entendimientos políticos en beneficio de todos los peruanos; y si bien es cierto que en Noviembre de 1999 lo suscribieron el PPC, el CODE y Soli-daridad Nacional, ahora esta alianza, con el consentimiento y voluntad de todos sus integrantes, ha ratificado dicho Acuerdo, que será la columna vertebral de la construcción del mejor Perú que pretendemos forjar para los futuros ciudadanos.

Estamos lejos de los populismos que antaño dejaron tanta pobreza y decep-ción en nuestra patria, pero también estamos lejanos de políticas liberales que no resolvieron los problemas de empleo ni de pobreza. Practicaremos la economía social de mercado que reconoce nuestra Constitución, y que difiere sustancial-mente del dirigismo económico al igual que del simple mercado en que se rinde culto únicamente a las reglas de oferta y demanda.

Con seriedad, firmeza y sobre todo con consecuencia a nuestros principios, trabajaremos esforzadamente para hacer los cambios que nuestra Constitución requiere, transformaremos al estado mediante su reforma para convertirlo en el

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Estado promotor y facilitador para que la actividad privada cumpla con su rol inversor y generador de puestos de trabajo.

Seremos muy severos con cualquier acto de corrupción e incorporaremos al Perú a la Convención contra el soborno transnacional

En la tarea educativa y universitaria, será necesario aprobar nueva norma-tividad, y hacer que el Estado no abdique a la labor que le compete en la educa-ción pública. Que vele por el derecho de los padres a escoger la educación para sus hijos, y que al mismo tiempo cautele que no exista contra ellos abuso de los promotores educativos.

Haremos que los servicios públicos de electricidad, agua y desagüe sean realidad, con tarifas adecuadas y fiscalización por organismos autónomos que hagan realidad la protección del consumidor y usuario, a la que el estado se ha comprometido constitucionalmente.

En materia de salud, nadie deberá quedar sin atención, y el Estado deberá ser eficiente en la prestación de medicina preventiva y curativa para quienes no cuenten con mecanismos de seguridad social pública o privada.

Haremos que los clubes de madres, comedores populares y demás sistemas asistenciales se amplíen y complementen con preparación e instrucción de oficios y ocupaciones rentables que sean solución permanente para quienes reciben la ayuda del Estado.

Terminaremos con los regímenes de enganche laboral que atentan contra el trabajo regular. No más los llamados “Servicios no personales” en la administra-ción pública, ni los “services” para labores regulares en la actividad privada, ni tampoco las falsas cooperativas que han atentado contra el verdadero cooperati-vismo laboral.

En el tema rural y agrario habrá el crédito para quienes lo requieran, aunque no limitado a un único mecanismo crediticio, sino que abriremos una gama de posibilidades para que sea el agricultor y el hombre de campo quien cooperati-vamente pueda escoger la mejor oferta crediticia, la que se complementará con asistencia técnica y un buen sistema de información al hombre de campo.

Pero lo principal en que se basa nuestra oferta, seguridad jurídica y estabili-dad tributaria, que son las bases para obtener inversión interna y externa que nos brinden los puestos de trabajo que tanto se desea, que en lo inmediato se paliará con un fondo de empleo de urgencia a través de municipalidades rurales. Traba-jemos juntos por el Perú que todos queremos.

Diario La República

06 de abril de 2001

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FLORES-ARAOZ: NO MAS MUERTE CIVIL, ALAN GARCIAPROMULGÓ LEY LAZARO QUE ELIMINA RESTRICCIONES Y LIMITA-CIONES A LOS DERECHOS CIUDADANOS

El ex – presidente del Congreso y autor de la Ley 28859, ANTERO FLO-RES-ARAOZ, mostró su complacencia por la promulgación que ha hecho el Pre-sidente de la República Dr. Alan García, de dicha Ley, que respeta los derechos de los ciudadanos que habían sido conculcados.

Flores-Araoz recordó que el Art. 89 del D.S. 015-98-PCM que la nueva Ley deja sin efecto, no permitía a los ciudadanos que habían dejado de votar y que no habían pagado onerosas multas, ejercer mucho de sus derechos, como es el de contraer matrimonio, asentar partidas, identificarse, iniciar o contestar proce-sos judiciales, celebrar contratos, obtener pensiones de seguridad social e incluso cobrarlas, tener acceso a la función pública, matricularse en escuelas y univer-sidades y muchos otros derechos. Realmente se trataba de la muerte civil, por lo que la comúnmente conocida como LEY LAZARO les restituye sus derechos indebidamente suprimidos limitados.

La misma Ley reduce las multas electorales por no vota a S/. 17 en zonas de pobreza extrema, a S/. 34 en zonas de pobreza y a S/. 68 en zonas de no pobreza. Anteriormente la multa era de S/. 136, importe elevadísimo si se tie-ne sobre todo en cuenta las zonas de pobreza extrema en que el Estado viene otorgando un subsidio mensual de cien nuevos soles, inferior al importe de la anterior multa.

También la Ley 28859 elimina la multa por no emitir su voto a los peruanos en el exterior, a reconocer las dificultades que tienen para trasladarse a los Con-sulados del Perú, que no existen en todas las principales ciudades y que muchas veces el traslado, hospedaje y alimentación de dichos peruanos en ciudades dife-rentes a los de su residencia, es sumamente elevado e incompatible con su situa-ción económica. No se ha eliminado la multa de quienes debiéndolo hacer dejan de participar en las mesas electorales.

La misma Ley condona las multas por no votar a los peruanos en el país y en el extranjero, que dejaron de emitir su voto en las elecciones realizadas hasta antes de la vigencia de la novísima norma, no así las multas que deben pagarse cuando no concurrieron a participar en las mesas de sufragio, o por haber sido sorteados o por haber sido seleccionados de la fila de votantes.

Diario Expreso

05 de agosto de 2006

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DOS ALCALDES = VIOLENCIA

El Código Procesal Constitucional sancionado por la Ley 28237, en su Artículo quinto numeral 8, dispuso que no proceden los procesos constitucionales (entre ellos el amparo) cuando se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, salvo cuando no sean de naturaleza jurisdiccio-nal o cuando siendo jurisdiccionales violen la tutela procesal efectiva.

El Jurado Nacional de Elecciones alertó sobre el peligro de dicha disposición y su colisión con los Artículos 142, 178 y 181 de la Constitución.

En efecto, el numeral 4 del Artículo 178 de la Constitución otorga al Jurado Nacional de Elecciones competencia para “administrar justicia en materia electo-ral”. En adición los Artículos 142 y 181 de la misma Constitución precisaron que no son revisables en sede judicial las resoluciones del JNE en materia electoral y que en temática electoral, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, no son revisables y contra ellas no procede recurso alguno.

Al ser las resoluciones del Jurado irrevisables, irrecurribles, finales y defini-tivas en materia electoral, no son pues susceptibles de apreciación por ninguna otra autoridad, entre ellas el Tribunal Constitucional.

El Congreso de la República entendió la preocupación del Organismo elec-toral y para evitar ulteriores conflictos entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional, modificó el numeral 8 del artículo quinto del Código Procesal Constitucional, mediante la Ley 28642.

La modificación aludida dispuso que no proceden los procesos constitucio-nales cuando “se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, BAJO RESPONSABILIDAD”. Agregó la nueva norma que “Resoluciones en contrario, de cualquier autoridad, NO SURTEN EFECTO LEGAL ALGUNO”. Además pre-cisó que “La materia electoral comprende los temas previstos en las leyes electora-les y aquellos que conoce el Jurado Nacional de Elecciones en instancia definitiva”.

Como puede observarse, la Ley 28642 no hizo otra cosa que confirmar y ra-tificar lo que ya decía la Constitución en el sentido del carácter final, definitorio, irrevisable y no recurrible de las resoluciones del JNE en la materia electoral y dispuso que decisiones contrarias a lo dispuesto por el Jurado no tienen efecto legal alguno. Por si hubiera dudas respecto al contenido de la materia electoral de competencia exclusiva y excluyente del JNE, se precisó que tal materia com-prende los temas incluidos en las leyes electorales, como pueden ser inscripción de candidaturas, tachas, impugnaciones, proclamaciones, y credenciales entre otros, pero además los que conoce el JNE en instancia definitiva.

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La vacancia de las autoridades municipales, por mandato del artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es de resolución definitiva y no revisable en otra vía, por el Jurado Nacional de Elecciones cuando llega a ésa autoridad el conocimiento del tema por apelación. Consecuentemente por mandato de la Ley Nº 28642 modificatoria del Código Procesal Constitucional, la vacancia constituye materia electoral; interpretación válida pues el Artículo 102 constitucional confiere al Congreso la facultad interpretativa de las leyes. Si bien es cierto que al Tribunal Constitucional le corresponde conocer en última y defi-nitiva instancia, las resoluciones denegatorias de amparo, ésa norma de carácter general tiene excepciones, como es la materia electoral, en que como repetimos las Resoluciones del JNE son definitivas, finales, irrevisables e irrecurribles, Una resolución final y definitiva, puede ser buena, regular o mala, pero es final y así debe serlo, además porque las disposiciones especiales priman sobre las ge-nerales como principio de derecho y porque la normatividad procesal obliga a adecuar hasta los procesos en trámite a las nuevas normas que en ésa materia pudieren dictarse.

Indudablemente los temas legales son opinables, y los ciudadanos tienen todo el derecho –emanado del artículo 139 de la Constitución- de formular análi-sis y críticas de las resoluciones jurisdiccionales.

Ojalá que los alcaldes en conflicto, depongan sus pretensiones y faciliten el retorno a la paz social en Chiclayo.

Diario Expreso

22 de setiembre de 2006

COMPETENCIAS DEL JNE Y DEL TC

Nuevamente se ha avivado el fuego, en el conflicto de competencias entre el Ju-rado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional. Para comprender el diferendo, debemos conocer las competencias constitucionales de cada uno de dichos organismos.

Al JNE le compete administrar justicia electoral. Sus resoluciones no son re-visables en sede judicial, son dictadas en instancia final, definitiva, y contra ellas no procede recurso alguno.

El TC, es el órgano de control de la constitucionalidad de las normas. Es competente para conocer la acción de inconstitucionalidad; las resoluciones judi-ciales denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumpli-miento; y por último, conocer los conflictos de competencia inter-institucionales.

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El JNE cobija la tesis que en todo lo relacionado con temática electoral, es última instancia y nada tiene que ver el TC.

El TC considera que cuando hay afectación de derechos constitucionales, puede intervenir –mediante amparo- en diferendos electorales.

Observamos colisión entre normas constitucionales especiales, y generales. Especiales como las que reconocen carácter de finales, definitivas, irrevisables é irrecurribles a las Resoluciones del JNE. Generales como la normatividad sobre la acción de amparo. Ante la colisión de normas generales y especiales, el derecho escoge la prevalencia de la especialidad, cuando ambas tienen el mismo rango.

Hasta antes de la dación del “Código Procesal Constitucional” ( Ley 28237 del año 2004), no había existido mayor pugna entre el JNE y el TC. Empero, cuan-do se está ad portas del proceso electoral general y parlamentario de 2006, el JNE advierte que podrían existir conflictos, pues dicho Código permite interponer acción de amparo contra resoluciones del Jurado que violen la tutela procesal efectiva.

El Jurado, para evitar lo expuesto, estableció el “Recurso Extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva” que el propio Jurado resolvería. Adicionalmente alertó al Parlamento sobre el peligro de alargar los procesos electorales y le solicitó la modificación del Código Procesal Constitu-cional.

El Congreso, por Ley 28642, modificó el citado Código, de tal forma que no procedan acciones constitucionales cuando se cuestionen las resoluciones del JNE en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas popula-res, bajo responsabilidad. Agregó que, resoluciones en contrario de cualquier autoridad (incluso del TC) no surten efecto legal alguno, y para que no existan dudas, determinó que la materia electoral comprende los temas previstos en las leyes electorales y aquellos en que el JNE conoce en instancia definitiva (como son las vacancias).

Pese a lo antes descrito, el TC, en un proceso de amparo promovido por el vacado alcalde de Chiclayo, declaró fundada su pretensión, declarando nula la resolución dictada por el JNE. Hoy día todos conocemos las lamentables conse-cuencias de la resolución del TC, contraria a lo que se suponía la decisión final, irrecurrible, irrevisable y definitiva del Jurado.

Cuando todos esperábamos que volviera la cordura, esta vez el JNE eleva al Congreso una consulta del Alcalde sustituto, para que se defina si lo que se tiene que respetar es la Resolución de vacancia dispuesta por el Jurado o la resolución del TC que anuló la primera.

La Comisión de Constitución opinó que tenía que respetarse la decisión del TC, con lo cual giraba 180 grados, lo que se había aprobado en diciembre de

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2005, y sin quererlo, estimula a quienes reciban resoluciones adversas del JNE a recurrir mediante acciones de amparo al Poder Judicial y por ende al Tribunal Constitucional.

Esperemos que la Comisión de Constitución enmiende el error, pues no se debe fomentar, que se considere a la jurisdicción electoral fase previa, y que cuan-do se invoque afectación de derechos constitucionales sea el TC la etapa final.

No olvidemos la idiosincrasia de quienes tienen diferendos y recurren a la justicia, aún esta sea la electoral. Siempre pretenderán ir hasta el final, hasta agotar todos los recursos, y ello puede perturbar el proceso electoral regional y municipal.

Diario La Razón

17 de noviembre de 2006

VOTO RESPONSABLE

El domingo iremos a las urnas, esta vez para votar por quienes conducirán los gobiernos regionales y los municipios, tanto provinciales como distritales. Recor-demos que es derecho de los ciudadanos la participación en política, y parte de tal participación es emitir el voto.

Nuestra Constitución no sólo reconoce la participación política como dere-cho, sino la impone como obligación al disponer que el voto es obligatorio hasta los setenta años. Para el tema municipal la propia Constitución refuerza el pre-cepto al señalar que es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción.

En las elecciones municipales participan obligatoriamente los ciudadanos peruanos residentes en el país, y facultativamente los extranjeros residentes en el Perú que se hayan inscrito para ello.

En el proceso electoral en curso, habrá elección para Alcaldes en todas las Provincias y Distritos, pero adicionalmente habrá elecciones regionales en los de-partamentos y en la Provincia Constitucional del Callao. En la Provincia de Lima únicamente hay elecciones para Alcalde Metropolitano y para Alcaldes Distri-tales más no para Gobierno Regional. Empero el resto de Provincias de Lima elegirán en conjunto a su Presidente Regional y consejeros.

Con la voluntad del Estado de incluir cada vez más a las damas en la gestión pública, hay en las listas de candidatos cuota de género, y en esta oportunidad, por primera vez, existe cuota de jóvenes en las listas de regidores.

Frecuentemente los ciudadanos se quejan de las autoridades elegidas –a ve-ces con justificada razón- pero no deben olvidar que existe una responsabilidad

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compartida en quien elige y quien es elegido, pues este último no existiría si es que los ciudadanos no lo favorecen con su preferencia al emitir el voto.

En meses pasados para contribuir al voto responsable y reflexivo, y que no sea solo fruto de campañas publicitarias y mediáticas, se establecieron dos im-portantes mecanismos. Uno es la presentación de planes de gobierno y el otro la de la hoja de vida de los candidatos.

Los partidos políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas que presenten candidatos, en elecciones nacionales, regionales y municipales, deben presentar conjuntamente su Plan de Gobierno con sus listas de candidatos. El Plan de Gobierno debe estar publicado en la página web de cada agrupación, y en la del JNE. Con estas publicaciones los ciudadanos conocerán lo que los postulantes pretenden, la bondad y factibilidad de sus propuestas, y por ello capacitados para decisión responsable.

Igualmente los candidatos deben presentar su “Declaración Jurada de Vida”, que además de los datos usuales, obliga a consignar la relación de sentencias con-denatorias impuestas por delitos dolosos y que hubieren quedado firmes, si las hubiere. También se incluye la relación de sentencias firmes; fundadas en todo o en parte, sobre incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimenticias, contractuales y laborales. La hoja de vida se publica en la web de la agrupación política y en la del JNE.

Con la información aludida el elector puede conocer a cabalidad a los candi-datos y el JNE podrá corregir los datos defectuosos y de haber omisiones graves o datos falsos, interponer las denuncias penales que correspondan.

Los pretextos quedaron atrás, ahora no hay razón para decir que hubo error de apreciación. No más votación con venda, hoy es posible conocer todo.

Hay que resaltar que se ha terminado con lo que se llamó la “muerte ci-vil” para quienes no hubieren votado estando obligados o no hubieren paga-do la multa correspondiente. Recientemente se derogó la norma que impedía a los omisos inscribir partidas de estado civil, identificarse, contraer matrimonio, seguir procesos judiciales, celebrar contratos, gestionar pensiones de seguridad social, acceder a la función pública, cobrar cheques y otros actos.

Queda como sanción la multa que para los omisos a la votación se ha redu-cido considerablemente, según el índice de pobreza en las diferentes localidades del país, pero se mantiene en su cuantía para quienes deban integrar mesas de votación.

Diario Expreso

18 de noviembre de 2006

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SUSTO Y DISGUSTO

El Congreso aprobó la Ley que dio sepultura a la muerte civil. Empero la ONPE exhumó la cadavérica norma.

Lo que hizo ONPE es asustar a los ciudadanos, para su disgusto. Dijo que se habían reducido las multas, pero siempre se requería presentar el DNI con el holograma.

Se argumentó que la Ley que había enterrado a la muerte civil, era ley or-dinaria, y que están vigentes dos disposiciones de Ley Orgánica, que no podía derogar la ordinaria.

La Ley Orgánica del RENIEC, ordena que el DNI para tener valor “en los casos que corresponda”, debe contener la constancia de sufragio en las últimas elecciones, que es el holograma.

La Ley Orgánica de Elecciones, que incorpora como delito el no exigir la pre-sentación del DNI con la constancia del sufragio, por los registradores públicos, notarios, y empleados públicos, a las personas para identificarse.

No todas las normas que están en las leyes orgánicas, necesariamente lo son. Las Leyes Orgánicas según la Constitución son las que regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado. Las normas que sobre presentación del DNI y penalidades para quienes no lo exijan con holograma, no correspon-den a materia de Ley Orgánica.

Ambas disposiciones colisionan con la ley posterior que eliminó la muerte civil, por lo cual las primeras quedaron tácitamente derogadas en aplicación del Título Preliminar del Código Civil, que establece que la derogación se produce también por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior.

En el supuesto negado que aún se encontraran vigentes ambas disposicio-nes, la obligatoriedad de la presentación del DNI con el holograma para identi-ficarse es “…. en los casos que corresponda…” La pregunta es ¿Cuáles son los casos en que corresponde? y la respuesta es que los casos estuvieron remitidos al Reglamento, cuyo artículo pertinente estableció la presentación para acreditar identidad, sufragar, solicitar inscripción de actos sobre estado civil, intervenir en procesos judiciales y administrativos, y contratar.

El artículo reglamentario que exigía la presentación del DNI con el holo-grama quedó sin efecto por la Ley 28859, por lo que no es ya necesario acreditar haber votado para “los casos que corresponda”, en que basta la exhibición del DNI. No existiendo obligación de presentar el DNI con el holograma, quedó sin penalización la no exigencia de su presentación.

El “sistema electoral” está conformado por el JNE, la ONPE y el RENIEC. La principal atribución del JNE es la de administrar justicia en materia electoral;

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la de ONPE organizar los procesos electorales; y RENIEC mantener el registro de identificación de los ciudadanos y emitir los documentos que acrediten su identidad.

La información dada por ONPE sobre el DNI con el holograma, es errónea. Es RENIEC y no ONPE el facultado a definir si es necesario presentar DNI con o sin holograma, pues es su competencia todo lo vinculado a identificación ciu-dadana.

Diario Expreso

27 de noviembre de 2006

ELECTORES INELEGIBLES

Los peruanos que emigraron al extranjero, buscando oportunidades que aún nuestro país no podía brindarles, tratan de mantener los vínculos con la patria que los viò nacer, inculcan a sus hijos nacidos en el exterior el amor por el Perú, mantienen sus tradiciones, fomentan el conocimiento de su patria lejos de sus fronteras y estimulan entre sus relaciones el turismo hacia nuestra nación.

Esos mismos peruanos migrantes, que son según cálculos conservadores, más de dos millones, atienden económicamente a familiares que quedaron en el país. Les remesan al año alrededor de tres mil millones de dólares, y en adición adquieren inmuebles en el Perú para su retorno en la tercera edad, todo lo cual contribuye a la economía nacional.

Esos peruanos residentes en el exterior se inscriben en los consulados, for-man parte de los llamados “Consejos de Consulta”, se relacionan entre ellos en prósperas comunidades y participan como electores en nuestras elecciones presi-denciales y parlamentarias. Empero, el Estado Peruano no fomenta su participa-ción electoral, sino lejos de ello la desincentiva.

Los compatriotas a los que nos referimos, que viven en el exterior, tienen el derecho constitucional de participar en la política nativa, así como elegir y ser elegidos. Mientras que para elegir cuentan con todo tipo de facilidades y su derecho no es sólo nominal sino real, el derecho a ser elegidos es mero enuncia-do teórico, pues en la práctica no tienen acceso ni posibilidad de ser elegidos al Congreso de la República.

Nuestra legislación electoral consagra el distrito electoral múltiple, dispo-niendo que los electores residentes en el extranjero son considerados dentro del Distrito Electoral de Lima. Esto significa que ejercerán su derecho a voto, para los representantes al Congreso de la circunscripción de Lima, donde no residen, qui-

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zás nunca residieron ni nacieron en tal ciudad. Es una ficción legal sumamente injusta, pues ellos tienen la vocación de elegir a sus propios representantes entre los peruanos que residen fuera.

Aunque en teoría, por la ficción jurídica de pertenecer al registro electoral de la capital peruana, podrían ser considerados en la lista de postulantes al Congre-so que los partidos políticos presenten, ello en la práctica es improbable, pues se preferirá a vecinos de la capital que puedan aportar mayor caudal de votos, con lo cual su derecho a ser elegidos se torna en simplemente virtual.

La anómala situación descrita debería ser corregida, modificándose la legis-lación de elecciones, para que los peruanos residentes fuera del país, constituyan un distrito electoral singular y elijan entre ellos a sus representantes al Congre-so de la República del Perú, y consecuentemente el principio constitucional de igualdad se transforme de derecho nominal en derecho efectivo.

La Constitución Peruana no es el único instrumento que ampara la voluntad de nuestros coterráneos en el extranjero, sino además los apoya la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (art. 21), el Pacto Inter-nacional de Derechos Civiles y Políticos de las mismas Naciones Unidas (art. 25) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).

No se trata de quitarle puestos en el Congreso a los limeños, sino de am-pliar unos pocos cupos del número claustro de congresistas que la Constitución determina, lo que contribuirá también a corregir la infrarelación existente entre electores y elegidos. Estos compatriotas, que tanto siguen contribuyendo con el Perú, claman por justo trato, y no se les debería desatender.

Diario Oficial “El Peruano”06 de octubre de 2009

VOTO: ¿OBLIGATORIO O VOLUNTARIO?

Según nuestra Constitución “Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil”, y agrega que “El voto es personal, igual, libre, secreto y obli-gatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad”.

Algunos parlamentarios están planteando modificación constitucional con la finalidad de cambiar el voto obligatorio a voluntario para todos. Muchas ins-tituciones y personas se han sumado a la propuesta, elevando prácticamente el ejercicio de la libertad a los altares, propugnando que lo más democrático antes de votar, es decidir, si se quiere ir voluntariamente a votar o se prefiere no hacer-lo. Estimamos que pese al respeto que nos merece el parecer ajeno adolece de un

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olvido esencial, y es que todo derecho lleva correlativamente obligaciones, y que los ciudadanos al ejercer el derecho del voto también cumplimos con el deber de participar en la decisión sobre quienes nos gobiernan.

Otros, adversos también al cambio, sin atreverse a decirlo en voz alta y omi-tiendo dejarlo en letra impresa, nos dicen que si se logra la reforma constitucional en el futuro solo ganarían elecciones los apristas. Agregan que es el único partido organizado y que sus militantes son los primeros en las filas de votación, prestos a suplir a los obligados a integrar las mesas de votación. Esta aseveración no es válida como causa, pues nada ni nadie impide a las demás agrupaciones políticas a organizarse adecuadamente y ser más eficientes.

Estimamos que el cambio pretendido va a contracorriente, pues nuestra normatividad legal trata de darle más consistencia y autoridad a las decisiones electorales, al haber creado mecanismos para que quienes resulten electos lo sean por mayorías contundentes y no por pocos electores, como podría ser de tornar-se el voto obligatorio a voluntario. Probablemente veremos más ciudadanos en las playas, gozando del verano, que ejerciendo el derecho cívico a escoger a sus gobernantes.

Algunas muestra de lo que decimos: Los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de Elecciones disponen que para ser elegidos Presidente y Vice Presidentes de la República se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos válidos, sin computar los votos viciados y en blanco. Si no se hubiere alcanzado la votación prevista, se procederá a efectuar una segunda elección entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta.

Por otro lado, según manda el artículo 365 de la misma Ley Orgánica de Elec-ciones, el Jurado Nacional declara la nulidad total de las elecciones cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios de los votos válidos. También si se anulan los procesos electorales de una o más circuns-cripciones que en conjunto representen el tercio de la votación nacional válida.

Para las Municipalidades, su Ley electoral (art. 25) preceptúa que a la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora o la mitad más uno de los cargos de Regidores del Consejo Municipal, lo que más le favorezca, según el orden de candidatos propuestos por las agrupaciones políticas.

Respecto al Congreso, la Ley que establece la Barrera Electoral, ordenó que para tener derecho a escaños, se requiere haber alcanzado al menos el 5% del número legal de sus miembros o haber alcanzado al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional (art.20) con la finalidad de evitar la exagerada fracmen-tación del Parlamento.

En cuanto a Gobiernos Regionales se pretende una segunda ronda electoral si en la primera no se obtiene por lo menos el 30% de la votación de la Región.

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El ejercicio de la libertad debe ir sin desmedro del cumplimiento de obliga-ciones, y una de las más importantes es la participación de los ciudadanos en la vida política del país.

Diario La Razón

13 de diciembre de 2009

¿MÁS ELECCIONES?

Sin lugar a dudas las elecciones constituyen uno de los más valiosos puntales de la democracia, pero también es cierto que los años de procesos electorales, por la imprecibilidad de los resultados, generan en la colectividad angustias y también cierta paralización de inversiones y como consecuencia la reducción del ritmo de oportunidades laborales, pese a que día a día -por el sólo crecimiento vegetativo de la población- hay más personas en búsqueda de trabajo.

Cada cinco años tenemos procesos electorales para la Presidencia de la Re-pública y Congreso, cada cuatro años para Gobiernos Regionales y Locales, los procesos de revocatoria del mandato en Regiones y Municipios, y ahora se pre-tende renovar al Parlamento cada dos años y medio, con lo cual estariamos cons-tantemente en procesos electorales.

No es razonable fatigar al elector, si bien es verdad que el ciudadano es el soberano y debe participar en la responsabilidad de elegir a sus gobernantes y representantes al Parlamento, no se debe abusar del requerimiento de concurrir a las urnas. Como bien dice el refrán “ni tan cerca que queme al Santo ni tan lejos que no lo alumbre”, ya hemos tenido experiencias de mandatos presidenciales y parlamentarios más largos, como también más cortos, y por las consecuencias de ellas se llegó al convencimiento que el período del ejercicio de tales cargos era apropiado establecerlo en cinco años.

Lamentablemente las campañas electorales no siempre se ajustan a lo que deben ser, esto es confrontación de ideas, propuestas y planes de gobierno entre otros, y se han convertido en el ejercicio del “palo encebado”, como bajarse al contendor, y con el voto preferencial parlamentario hay muchísimas campañas individuales que perturban el mensaje central, sin olvidar que en campaña la fraternidad entre candidatos de la misma agrupación política deja de ser regla.

Las recientes propuestas para mejorar la calidad del Parlamento no van por el camino apropiado, que debe ser el de mayor transparencia en los antecedentes y ejecutoria de los candidatos así como en su preparación para el cargo, sino en renovar al Congreso por mitades o reducir su mandato a dos años y medio. Ni

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la una ni la otra, pues con la primera no se garantiza que salgan de la función los malos y queden los buenos, y con la segunda se crea inestabilidad y se atenta con-tra la gobernabilidad. Es sabido que hacer alianzas parlamentarias para contar con mayoría es tarea harto difícil, y cuando ella se ha conseguido, ir a nueva elec-ción a dos años y medio de haber recibido la curul, no nos parece lo más sensato.

Diario Expreso

15 de enero de 2010

ELECCIONES REGIONALES

Recientemente por se han modificado reglas de juego para las elecciones regio-nales, incluso se ha adelantado la fecha de ellas al primer domingo de octubre las que se realizarán en conjunto con las municipales.

La variación de la normatividad de dichas elecciones es injustamente a es-casos meses en que debe concluir el plazo para que las organizaciones políticas que pretenden participar en esos comicios se inscriban ante el Jurado Nacional de Elecciones y presenten sus listas de candidatos.

Las nuevas normas establecen la relación de funcionarios que no pueden postular a cargos electivos en Gobiernos Regionales, así como los que deben re-nunciar a sus cargos si desean postular, al igual que quienes deseando postular simplemente deben solicitar licencia por el cargo que venían desempeñando. En tal relación se han omitido a los consejeros regionales, pese a que si se han inclui-do a los regidores de Gobiernos Locales, lo que debería ser salvado con norma complementaria.

Sin embargo, lo más grave de la nueva norma aprobada, son los requisi-tos de residencia para cargos electivos en Gobiernos Regionales. La Ley original que se acaba de modificar disponía que quien pretendiera ser candidato debe-ría haber nacido o tener residencia efectiva en la región en la que postula, con un mínimo de tres años. Ahora la Ley reciente preceptúa que el candidato debe acreditar residencia efectiva en la circunscripción en que postula y en la fecha de postulación, con un mínimo de tres años.

Antes podían ser candidatos para elecciones regionales los nacidos en la respectiva región, lo que ahora se impide, pues se circunscribe al domicilio, con un mínimo de residencia de 3 años, pero no en cualquier etapa de la vida del can-didato, sino que tiene que tener el domicilio en el lugar para el que se postula en la fecha de la misma postulación, pudiéndose interpretar que los 3 años de la re-sidencia son los previos a la candidatura, ante la confusa redacción de la norma.

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También la nueva norma impide a funcionarios públicos de altísimo nivel postular a los Gobiernos Regionales, pues ejerciendo sus funciones en la Capital de la República, así renuncien quedarían fuera de toda posibilidad electoral re-gional. Esto es inequitativo para las Regiones, pues gente de gran valía y expe-riencia no podrán dar su concurso al desarrollo regional, así hubieran nacido en la Region a la que ansían volver para trabajar por ellas.

Para las elecciones municipales el requisito de residencia es de dos años, y se permite expresamente el domicilio múltiple, esto es que el postulante pueda tener otros domicilios simultáneos al del lugar de postulación. Lo lógico y razo-nable es igualar los requisitos -en lo que sea posible- para elecciones municipa-les y regionales, y no impedir en estas últimas la postulación de quienes siendo originarios de la región no tengan domicilio en ella a la fecha de su inscripción como candidatos.

Diario La Razón

24 de enero de 2010

DISIDENCIA Y TRANSFUGUISMO

Nuestra Constitución defiende y garantiza los derechos de las personas, entre ellas la de conciencia, de religión y también la de actuación en política, sea en forma individual o asociada a través de organizaciones como partidos, movi-mientos o alianzas conforme a ley.

Cuando se acercan los procesos electorales es frecuente observar renuncias a organizaciones políticas, sea para constituir nuevas o para inscribirse en alguna existente, lo que muchas veces es apreciado como incorrecto, auque no siempre lo es.

El Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia defi-ne al transfugismo como la actitud y comportamiento de quien se convierte en tránsfuga especialmente en la actividad política, y dice del tránsfuga que es la persona que pasa de una ideología o colectividad a otra. Con respecto a la disi-dencia, otros diccionarios señalan que es la cualidad o condición de disidente y este último como quien se aparta de la doctrina o el sistema establecido.

Mientras que al transfuguismo se le aprecia negativamente y el común de las gentes lo percibe como oportunismo, la disidencia no tiene la misma connota-ción pues el disentir es válido, y en muchas ocasiones no se produce por el cam-bio ideológico de las personas, a lo que indiscutiblemente tienen derecho, sino que es originado por el cambio de pensamiento, de costumbres o del actuar de

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las propias agrupaciones políticas, como podría, ser entre otros ejemplos, dejar de practicar usos democráticos, cambiar sus reglas de juego y prescindir de la tolerancia debida a opiniones divergentes. Por eso en la política es generalmente aceptada la libertad de opiniones y propuestas antes de tomada la decisión, pero después de tomada ella se propugna la unidad, ya que al someterse al mandato de la mayoría se deja de lado la voluntad individual.

El transfuguismo motivado por el oportunismo político, hace daño al sis-tema político y a la democracia. Y es prueba de la fragilidad de innumerables organizaciones políticas que sabiendo las dificultades existentes para matricular a militantes con compromiso ideológico y de acción política, son ineficientes para mantener en sus filas a quienes ya habían acreditado anclaje partidario.

En su “Enciclopedia de la Política” dice Rodrigo Borja “que… la extremada rigidez de una doctrina política, que llega a convertirla en dogma, lleva inevi-tablemente a la disidencia por la falta de debate interno y que la lucha entre la facción disidente y el núcleo ortodoxo suele ser mucho más enconada que se libra con los tradicionales adversarios ideológicos”.

Ni todo tránsfuga es disidente ni todo disidente es tránsfuga. Y por ello hay que tener claramente presentes las diferencias señaladas y ser las agrupaciones políticas muy prolijas en escoger y presentar a sus candidatos, pues el aval que les dan compromete a la misma organización que los cobijó cuando se producen situaciones inconvenientes que muchas veces lindan con el campo de la ética. En diversas ocasiones se ha pretendido sancionar el transfuguismo con la revocatoria del mandato popular o la remoción en cargos no electivos. Pero ello en todo caso es posterior a la incorrección, cuando lo más importante es evitarlo con sólida forma-ción partidaria, mayor compromiso cívico y tolerancia en la discrepancia, ponien-do por delante el interés nacional al partidario o al de sus principales dirigentes.

Diario La Razón

21 de febrero de 2010

¿ALIANZAS O LOTERÍAS?

A finales del año 2003 se sancionó nuestra Ley de Partidos Políticos No 28094 la que cuenta con cinco leyes modificatorias, que seguramente no serán las únicas, pues como toda obra humana es perfectible, lo que también es aplicable a las demás disposiciones legales de nuestro Sistema Electoral.

En este artículo me referiré a las alianzas electorales que permite la ley al facultar a los partidos aliarse con otros inscritos, con fines electorales y bajo una

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denominación común, los que no pueden presentar lista de candidatos distinta de la patrocinada por ésta en la misma jurisdicción.

La Ley Orgánica de Elecciones consideró vigente la inscripción de los par-tidos que conforman alianza, siempre que hayan obtenido representación parla-mentaria en el último proceso de elecciones generales, y si es que no han obtenido tal representación, mantendrán vigente la inscripción por un año, al vencimiento del cual se cancelará. Evidentemente la ley promueve y estimula la participación electoral de los partidos.

Posteriormente la Ley de Partidos Políticos precisó que la representación parlamentaria que se obtuviera y que como consecuencia de ella los partidos mantuvieran vigente su inscripción como tales, no era cualquier representación, sino que se requería por lo menos tener en más de una circunscripción electoral el 5% del número legal de miembros del Congreso o haber alcanzado al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional.

La regla antes mencionada fue violentada en el año 2007 cuando por Ley Nº 29092 determinó sospechosamente, que los partidos que no participaron en las elecciones generales del 2006, mantendrían vigente su inscripción.

Luego la Ley Nº 28617 que establece la Barrera Electoral, determinó que para acceder a la distribución de escaños del Congreso se requiere haber alcanzado por lo menos el 5% del número legal de sus miembros en más de una circunscrip-ción electoral o haber alcanzado al menos igual porcentaje de los votos válidos a nivel nacional. Es claro que se necesita un mínimo de congresistas elegidos para mantener vigente inscripción como partido y que si no se llega a tener el mismo mínimo requerido, ninguno de los elegidos tendrá asiento en el Parlamento, todo ello para evitar la fragmentación del Congreso.

Veamos los efectos de las normas que hemos expuesto. Primeramente quie-nes estaban inscritos como partidos seguirán estándolo sin siquiera haber partici-pado en el proceso electoral general en que pudieron haber presentado candida-tos. Esta regla es inequitativa pues otros grupos que no participaron por carecer de inscripción u otros nuevos, siguen en su empeño de recolectar firmas para su inscripción.

Como segundo efecto los partidos que conformaban alianza, al juntarse para el proceso electoral con otros partidos, todos ellos mantienen su inscripción vigen-te por el sólo hecho que la alianza consiguió un número mínimo de asientos en el Congreso. Pueden determinados partidos de la alianza no haber colocado a uno solo de sus miembros dentro de los elegidos, pero basta que los otros integrantes de la alianza lo hayan hecho para que se beneficie del resultado el conjunto.

El tema no queda allí, pues algunas de las agrupaciones políticas que sub-sisten, al haber llegado a estación únicamente porque tuvieron una locomotora

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que jaló vagones, sin sonrojarse siquiera, ofrecen su inscripción como partido a candidatos que carecen de ella para que participen en el proceso eleccionario sin esfuerzo alguno. En realidad nos encontramos frente a franquicias políticas, como si se tratara de licenciar una marca de “delivery” de pollos a la brasa, lo que insisto: es cuestionable.

Cada partido que integra alianza electoral tiene que participar activamente en ella y obtener dentro del resultado conjunto, por lo menos un mínimo de con-gresistas, dado que la participación electoral en alianza no debe ser como ganar las loterías. Aquí no puede ser válido el refrán de que a quien Dios se la da, San Pedro se la bendiga, se necesitan esfuerzos y resultados, y el Estado no debería mantener por más tiempo disposiciones que lejos de institucionalizar adecuada-mente a las agrupaciones políticas, las alienta a ser objeto de tráfico mercantil o por lo menos electoral. La ética no puede estar divorciada de la política.

Diario La Razón

28 de febrero de 2010

VOTO ELECTRÓNICO

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en su justificado afán de modernizar las elecciones utilizando las herramientas de los avances tecnológi-cos, ha estado empeñada en introducir el voto electrónico.

Cuando la ONPE ha sido requerida por partidos políticos y colegios profe-sionales para prestar su asesoría y concurso en procesos eleccionarios, con carác-ter experimental promocionó sistemas de votación electrónica, demostrando que su utilización es confiable además de rápida y fácil.

En el año 2005 el Congreso aprobó la Ley 28581 para facilitar el proceso elec-toral del año siguiente, y en su primera disposición complementaria autorizó a la ONPE, la implementación progresiva y gradual del voto con medios electrónicos e informáticos o cualquier otra modalidad tecnológica que garantice la seguridad y confidencialidad de la votación, la identificación del elector, la integridad de los resultados y la transparencia en el proceso electoral.

En el presente año se realizarán elecciones municipales y regionales así como una consulta popular, todo lo cual se hará simultáneamente en octubre, y el próximo año se efectuarán las elecciones para Presidente de la República y Vice-Presidentes, así como para el Congreso y el Parlamento Andino, por lo que estimamos que en dichos procesos debería empezarse a poner a prueba el voto electrónico, en ejecución de la autorización legal con la que ya cuenta la ONPE.

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Nada obliga a hacerlo en todo el Perú, somos concientes que existen aún muchas localidades sin las facilidades de suministro eléctrico y hay múltiples carencias, pero ello no obsta para que se comience a implantar progresivamente el voto electrónico, lo que sería un gran avance.

Con envidia vemos como en otros países, ni siquiera los altamente desarro-llados, sino países similares al nuestro, los resultados de sus procesos electorales son rápidos, con lo que se evita angustias, sobresaltos y porque no decirlo, falaces elucubraciones, sospechas y suspicacias.

La Administración Tributaria ha avanzado en la utilización de modernas tecnologías tanto para las declaraciones, formularios y recaudación, al igual como también lo ha hecho nuestro sistema crediticio y financiero, se puede hasta contratar por Internet, adquirir pasajes, pagar cuentas y tantas cosas más, el Po-der Judicial establecerá las notificaciones electrónicas, pero en la temática electo-ral seguimos en los tiempos de la carreta, y ello si puede revertirse máxime que contamos con un Registro Nacional de Identificación altamente confiable y una ONPE muy calificada.

Diario Expreso

05 de marzo de 2010

VOTO INFORMADO

El Jurado Nacional de Elecciones ha proyectado una campaña cívica, a la que ha denominado “Voto informado”, que tiene por finalidad mejorar la calidad de los procesos electorales sobre dos grandes pivotes como son la conducta ética de or-ganizaciones políticas y sus candidatos, así como la actitud comprometida de los ciudadanos para emitir un voto conciente y responsable basado en información fidedigna.

Como antecedentes de la campaña tenemos el “Pacto Ético Electoral” que por iniciativa del JNE se diseñó para las elecciones generales y regionales del año 2006, así como preocupantes datos señalados recientemente por el propio Jurado como el que el Perú ocupa el último lugar de optimismo de Latinoamérica al considerar que su voto hará las cosas diferentes en el futuro, lo que fue advertido en el “Latinobarómetro 2009”. A ello se agrega que según datos del Grupo de Opinión de la Universidad de Lima, únicamente el 6.8% de la población de la ca-pital confía en los partidos políticos, así como que el 24.8% de electores del sector socioeconómico E definió su voto el mismo día del sufragio lo que claramente denota que no se informó, tampoco reflexionó y menos aún actuó en conciencia.

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En relación con la conducta ética de las agrupaciones políticas y candidatos, la autoridad electoral pretende que estos últimos sean absolutamente transpa-rentes, que los planes de gobierno sean viables, que las cuentas de campaña sean indubitablemente claras, y que las campañas se lleven a cabo con actitud cívica, desprovista de agresiones y con discusión seria de las propuestas, por lo que el JNE propugna que el debate sea de ideas y planes, en clima de paz con predomi-nio del respeto mutuo, dejando de lado insultos y ataques personales, a lo que habría que agregar: salvaguardando la intimidad y dignidad de las personas.

En cuanto a la actitud seria de los electores para el ejercicio responsable de su ciudadanía al emitir su voto, se pretende sensibilizarla sobre la trascendencia de elegir de manera conciente, para lo que tiene necesariamente que contar con información seria y veraz, la que debe analizar y reflexionar antes de ejercer ése gran derecho que otorga la Constitución y la Democracia, como es participar en la elección de autoridades y posteriormente hacerle el seguimiento del cumpli-miento de sus compromisos y ofertas electorales. Con ello se intentará recuperar el interés de la sociedad en la política expulsando de nuestras mentes los con-sabidos pretextos para no informarse adecuadamente, como son los conocidos “no me gusta la política”, “soy apolítico”, “nuestros gobernantes nos engañan”, “para que voy a perder mi tiempo si todo seguirá igual”. Es hora de derrotar el conformismo y tener la sensatez de reconocer que la falta de participación con-ciente del elector es muchas veces la causa de los hábitos políticos desdeñables.

El JNE ha avanzado en tan difícil tarea al haber puesto a disposición de los ciudadanos el INFOGOB u Observatorio para la Gobernabilidad, que es una herramienta virtual de transparencia electoral, brindando a los electores la base de datos e información política-electoral actualizada que pueda requerir, lo que se complementará con el estudio que realizará sobre el perfil del elector peruano respecto a su percepción de los procesos electorales, los mecanismos de decisión del voto y niveles de participación en la política.

Para alcanzar las metas que se propone el JNE es menester la cooperación de los medios de comunicación social, a los que hay que recordarles el mandato del artículo 14 constitucional de colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Además de la obligación legal, también tienen la éti-ca de preservar intimidad y no ser herramientas de estériles e inmaduros enfren-tamientos personales, que sólo conducen al desencanto ciudadano en la política, tanto en su nivel vecinal, como regional y principalmente el nacional.

Diario La Razón

14 de marzo de 2010

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FIRMAS PARA INSCRIBIR PARTIDOS

No cabe duda que la existencia de mayor número de agrupaciones políticas no necesariamente significa mayor institucionalidad democrática y que hoy por hoy, al haberse reducido las diferencias ideológicas para convertirse en matices, salvo las antípodas conocidas, no deberían llevar a constituir tantos partidos de alcance nacional. Muchos se constituyen ante la miopía de algunos existentes, que lejos de permitir la presencia de alas, tendencias, y sectores, así como de ser tolerantes ante la crítica, dirigencias maniqueas que se sienten depositarias de la verdad, rechazan a quienes tienen posiciones diferentes, los que se ven obligados a fun-dar nuevas opciones o a recalar en otras preexistentes con pensamiento similar.

La Ley de Partidos obliga a los promotores de nuevas opciones políticas de alcance nacional, para gestionar su partida de nacimiento ante las autoridades electorales, conseguir relación de adherentes en número no menor del uno por ciento de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. También obliga a tener constituídos comités en por lo menos un tercio de las provincias del país ubicadas en al menos las dos terceras partes de los departamentos.

La recolección de firmas es tarea laboriosa que usualmente se realiza dis-tribuyendo las hojas para toma de firmas entre los comités partidarios y simpa-tizantes, los que a su vez con amigos y conocidos también realizan la tarea y en cada hoja para firmas de adherentes, hay lugar para consignar nombre, docu-mento de identidad y firma del responsable de la labor. La agrupación política en formación presenta las firmas a la autoridad electoral, la que verifica que las pre-sentadas no lo hayan sido antes por otra agrupación y que sean auténticas. Cuan-do las firmas presentadas no corresponden a las que tiene el Registro Nacional de Identificación, usualmente la ONPE denuncia a los responsables de página, que en ocasiones incurren en actos impropios para ganar supuestos méritos ante los fundadores del nuevo partido al presentar firmas incorrectas.

La situación antes señalada podría evitarse si la autoridad electoral diera facilidades a las agrupaciones políticas en formación, para que confronten las firmas y número del documento nacional de identificación de sus planillones de adherentes con las inscripciones en el Reniec. Bastaría con preparar soportes tecnológicos en que únicamente aparezca el número del documento de identidad y la respectiva firma, lo que facilita la confrontación, que podría hacerse en ca-setas especialmente colocadas en Onpe o Reniec. Ello no atenta con la intimidad o privacidad de los ciudadanos, cuyos otros datos que aparecen en el Registro Nacional de Identificación pudieran tener dicho carácter y tiene sustento legal en el art. 17 de la Ley 26533 que obliga a la Onpe a facilitar a los personeros acredita-

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dos el acceso a documentos, actas, información digital u obtenida por otro medio de consolidación y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La autoridad electoral tiene la palabra.

Diario La Razón

21 de marzo de 2010

CANDIDATOS, DENUNCIAS Y SANCIONES

Cuando empiezan procesos electorales, uno de los temas relevantes lo constitu-yen los antecedentes de los candidatos, sobre todo los de índole penal y su com-portamiento en anteriores cargos públicos, de allí que resulte oportuno dilucidar sobre si las simples denuncias y acusaciones invalidan postulaciones o por lo menos las cuestionan.

Por lo general la legislación sobre elecciones señala los requisitos para pos-tular a cargos electivos como son presidentes y vice presidententes de la Repú-blica, congresistas, parlamentarios andinos, presidentes y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores. Por lo general forman parte de los requisitos: la nacionalidad, el goce del derecho de sufragio, edad y domicilio.

Con el ánimo que el elector tuviera información adecuada sobre los candi-datos, se amplió la Ley de Partidos Políticos, obligando a aquellos a presentar su hoja de vida con carácter de declaración jurada, la que debería ser publicada en la web del respectivo partido y posteriormente en la del Jurado Nacional de Elecciones.

La información que debe contener las hoja de vida de los candidatos está rela-cionada con el lugar y fecha de nacimiento, experiencia laboral en el sector público y privado, trayectoria dirigencial partidaria, relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos que hubieran quedado firmes, y por último la relación de sentencias por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarías, contractuales y laborales que hubieran quedado firmes. La omisión de sentencias condenatorias o la incorporación de información falsa o errónea, será corregida por el Jurado Nacional de Elecciones, sin perjuicio de interponer las de-nuncias que correspondan de considerar que se ha perpetrado ilícito penal.

Por otro lado nuestra legislación penal, entre las diferentes penas que facul-ta a los juzgadores a imponer por la comisión de delito, se encuentra la de inhabi-litación, que puede ser sanción principal o accesoria y que de ser impuesta, según lo disponga el juzgador, producirá la privación del mandato, cargo o comisión que ejercía el condenado; la incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o

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comisión de carácter público; la suspensión de los derechos políticos que deter-mine la sentencia; la suspensión o cancelación de licencias para portar armas de fuego o para conducir vehículos, entre otras. El término de la inhabilitación se fija en la sentencia, dentro de los límites que el Código Penal ordena.

Conforme podemos observar, lo que impide candidaturas es la sanción de inhabilitación y no las simples denuncias o acusaciones, pues ellas pueden ser ciertas o no, pueden tener sustento o no tenerlo, y en fin de cuentas será el juz-gador quien determine la culpabilidad del procesado, y mientras ello no suceda existe la presunción de inocencia.

Nuestra Constitución en la relación enunciativa de derechos (artículo segun-do, literal (e) del numeral 24) reconoce que “toda persona es considerada inocen-te mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Esa norma está adicionalmente sustentada en similar precepto contenido en diversos pactos internacionales de los que el Perú es signatario o parte, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos ( inc. 1 del art. 11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (inc. 2 del art. 14) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (inc.2 del art. 8).

Las denuncias y acusaciones no bastan ni pueden ser sustento para invalidar o impedir postulaciones, se requiere para ello de sentencia condenatoria firme de inhabilitación, y ello tiene lógica no solamente por el principio de presunción de inocencia mientras no exista sanción penal firme, sino porque además sería muy fácil impedir postulaciones con la simple presentación de cualquier denuncia de contenido penal, por más descabellada que ella sea, y sin olvidar que muchas veces quienes por el cargo que ejercen toman decisiones, y ellas pueden no gustar a algunos, que sintiéndose perdidos interponen denuncias por abuso de autori-dad. Los alcaldes son quienes más pueden dar fé de lo dicho, se pasan buena par-te del tiempo laboral asistiendo al despacho de fiscales y jueces para responder por tales denuncias.

Ha hecho muy bien el legislador en incorporar la hoja de vida como requisi-to para la postulación a altos cargos electivos, pues un ciudadano que delinque, que no cumple con sus deberes familiares, laborales o contractuales, evidente-mente no merece la confianza popular y ello tiene que conocerlo el elector para decidir informadamente quien o quienes deben conducir los destinos del país, región o municipio, pero sin olvidar que no bastan denuncias, acusaciones o de-mandas, se requiere de sentencias firmes, sin desmerecer el “olfato político” de los ciudadanos.

Diario La Razón

02 de mayo de 2010

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¿CAMPAÑA O ESPECTÁCULO?

En el presente año y primer semestre del 2011 tendremos elecciones municipales, regionales, referendum sobre los aportes al Fonavi, así como las parlamentarias (Congreso Nacional y Parlamento Andino) y las presidenciales.

El panorama es complicado, pues cuando hay procesos electorales, lamentable-mente conlleva reducción del ritmo de inversiones, los agentes económicos quieren esperar a ver que es lo que pasa antes de tomar sus decisiones. Los gobiernos nacio-nales, regionales y municipales, en el poco tiempo que les queda, desean acortar eta-pas y ejecutar lo que no hicieron a tiempo, además de utilizar inauguraciones como elemento propagandístico de gestión y de recuperación del favor popular.

Se perturba aún más el ambiente con acusaciones ciertas o no, pero que en los hechos el juicio mediático cala en el elector y muchas veces atenta contra el prestigio, buen nombre y reputación de quienes se ven afectados, sin impor-tar que no haya aún investigación fiscal o procesamiento judicial y con absoluto irrespeto a la presunción de inocencia que es mandato constitucional.

Por si todo lo señalado fuera poco, algunos postulantes a cargos electivos consideran que la contienda electoral es un campo de batalla, y en la orfandad de argumentos, propuestas y planes, recurren al facilismo de la acusación temeraria, al insulto, a la procacidad y quienes deberían dar ejemplo de civismo, sobriedad y seriedad, en la pugna por recibir el apoyo del elector, lo que logran es que se siga profundizando la percepción que la actividad política es sucia y que sus actores son del peor nivel.

Si creían que nuestras observaciones, ya habían terminado, pues no señor hay otra que es el figuretismo de candidatos que confunden las herramientas para buscar el voto popular con espectáculos.

Se supone que el ciudadano para escoger entre las opciones que se le pre-sentan, debe conocer las propuestas, postulados, planes y equipos que los ejecu-tarán, y para lo cual la autoridad electoral ha propugnado el voto informado, la transparencia en los antecedentes y hoja de vida de los candidatos, así como la publicación de los planes de gobierno. Sin embargo ¿que hacen algunos candi-datos? Pues parecen disfrazados o que son competidores de artistas del folclor andino, o que han escogido calles y plazas para aprender a danzar, con mucho esfuerzo pero poco éxito. Los hemos visto hasta agarrar quenas, trompetas y cuanto instrumento musical existe, pero despierten, no están en el Show de los Sueños, ni nada que se le parezca, se debe hacer docencia y decencia política. Los pasacalles tienen sus propios actores y no requieren de imitadores.

Diario Expreso

21 de mayo de 2010

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PARTIDOS Y NARCOTRÁFICO

Al Estado le asiste todo el derecho para perseguir delitos tan graves como el narcotráfico y el lavado de activos proveniente del primero, pero también tiene el derecho de accionar preventivamente contra dichos delitos e impedir que quie-nes lo perpetran socaven la moral pública al ingresar a agrupaciones políticas e incluso ser elegidos para altos cargos estatales.

Hay precedentes en otros países, que actores de tan serios delitos financian campañas políticas y han accedido a cargos electivos infiltrados a través de par-tidos, que con conocimiento de la situación o sin él, han sido vehículos para la participación política de delincuentes, lo que indiscutiblemente es recusable.

Recientemente se ha presentado al Congreso, proyecto de ley para incluir en la causal de cancelación de la inscripción de partidos en el “Registro de Organi-zaciones Políticas”, cuando el Poder Judicial haya condenado por la comisión de los mencionados delitos a militante, afiliado o invitado que haya sido elegido y se desempeñe como Presidente de la República o de Región, o como congresista.

El propósito de la iniciativa legislativa es loable, empero tiene que ser anali-zado con mucho cuidado y buscarse fórmulas alternativas sobre todo de preven-ción, pues no se debe atentar contra la existencia de las agrupaciones políticas, que son entidades asociativas y que no tienen porque responder o perjudicarse todos sus integrantes de responsabilidades que son individuales y por las que la ley penal permite sancionar con inhabilitaciones.

Recordemos que tanto la Constitución como los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte, garantizan el derecho de asociación, y como complemento de tal derecho les está reconocido a los ciuda-danos el actuar políticamente a través de partidos, movimientos o alianzas.

En lo que se refiere a las causales de cancelación de la inscripción de organi-zaciones políticas, la “Ley de Partidos Políticos” además de las usuales como es la de no haber alcanzado en elecciones una mínima representación parlamenta-ria, o de haber decidido la propia organización su disolución o fusión con algu-na otra, también se encuentra la declaración judicial de ilegalidad por conducta antidemocrática. En este último caso enfatizamos que tiene que existir -como la ley lo precisa- decisión judicial por la Corte Suprema lo que tiene concordancia con norma contenida en el Código Civil en el sentido que es la judicatura quien tiene competencia para declarar la disolución de asociaciones cuando sus fines o actividades sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

El proyecto de ley comentado propone la cancelación administrativa, pero sustentada en sentencia judicial condenatoria contra quienes pudieren haber sido actores de narcotráfico o lavado de activos provenientes de aquel, que a su vez

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siendo militantes, afiliados o invitados de Partidos pudieren haber sido elegidos para altísimos cargos estatales. Las responsabilidades penales son individuales y la sanción que se imponga a los que delinquen no puede generar perjuicio a toda la agrupación política a la que pertenezcan, ya que ellas no son grupales.

A mayor abundamiento, si quienes delinquen fueron elegidos a altos car-gos públicos, engañaron a todos sus electores y no solamente a los que integran la agrupación política que los acogió desconociendo sus ilícitas actividades, por eso sería conveniente que se busquen algunas otras fórmulas para impedir la invasión en las agrupaciones políticas de malos elementos que desprestigian y atentan contra el orden democrático, pero sin concular los derechos de partici-pación en política de otros ciudadanos que probablemente de buena fé fueron sorprendidos.

Diario La Razón

23 de mayo de 2010

CORSOS, DESFILES, MARCHAS Y PROCESIONES

A pocas semanas de las elecciones municipales, los candidatos no hablan o ha-blan poco, por lo cual los desconcertados vecinos casi nada conocen de sus planes de gobierno.

Pudiera ser que el friaje les haya afectado las cuerdas vocales, tener defecto congénito, singular afonía o simplemente orfandad de planteamientos, pero lo cierto es que poco se sabe de planteamientos.

Para cuando se animen a formular propuestas, con mucha humildad les su-gerimos tratar el tema de corsos, desfiles, marchas y procesiones, que si se suman al caos existente en la capital limeña y en el de muchas provincias, francamente nos atormentan.

Cada día gastamos más tiempo en trasladarnos a nuestros destinos. Nece-sitamos salir más temprano para el mismo recorrido, pero en el trayecto encon-tramos rotura de pistas y veredas, levantamiento del pavimento, pues a algún despistado alcalde se le ocurrió poner ladrillitos. En lugar de hacerlo en simultá-neo, las empresas prestadoras de servicio de electricidad, de telefonía, de gas, de agua y desague, sin olvidar a las que están colocando fibra óptica, parecería que han concertado romper vías cuando recién han sido reparadas por alguna otra empresa émula de Atila.

Nuestros sufrimientos de vecinos se agravan por la inseguridad, debido a los asaltos a pasajeros y peatones. Pero no es todo, cuando el pobre vecino estaba

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por llegar a su destino un corso o pasacalle le impidió el tránsito y por supuesto llegó tarde al trabajo, le descontaron la tardanza de su sueldo y puso en peligro su dominical.

Si no es el pasacalle, nos encontramos con desfile escolar por fiestas patrias, o con alguna marcha de protesta o también con procesión religiosa. No sólo impiden el tránsito, lesionan también el tímpano con sus cornetas, megáfonos, altoparlantes y dentro de poco emplearán vuvuzelas. Ojo, no nos hemos olvi-dado del humo de llantas quemadas ni de velas e incienso que prenden devotos penitentes.

Bienvenidos los corsos, desfiles, marchas pacíficas, pasacalles y procesio-nes, pero por favor ¡en días feriados! No le compliquen la existencia a quienes no participando en tales eventos, también tienen derecho al libre tránsito y a su tranquilidad. Este es un tema en que los candidatos a la representación edilicia debían pronunciarse.

Diario Expreso

23 de julio de 2010

PIENSA MAL Y ACERTARÁS

Con frecuencia, cuando nos encontrábamos con algún hecho sospechoso o por lo menos insólito, pretendíamos interpretarlo desde el lado positivo o desde el negativo. Con la primera interpretación siempre se encontraba ingenua explica-ción, pero con la segunda estábamos frente a motivaciones o propósitos subalter-nos, reñidos algunas veces con la ética y en otras ocasiones vinculados al aprove-chamiento personal. Los veteranos, con lógica mayor experiencia por lo vivido, cuando teníamos dudas sobre adoptar la interpretación positiva o la negativa, exclamaban: ¡piensa mal y acertarás!.

Lo antes señalado me ha venido a la memoria, cuando en algunos distritos encontramos exagerado número de paneles, fotografías, gigantografías, hombre-citos de cartón o plástico con el perfil del candidato y muchísimos otros elemen-tos publicitarios de algunos pretendientes a la alcaldía de la respectiva circuns-cripción.

Es obvio que quienes son candidatos tengan que hacer publicidad, unos para que los recuerden, otros para que los conozcan, algunos otros para hacer evocar su paso por la vida pública, sin olvidar a los que responsablemente quie-ren dar a conocer sus propuestas vecinales. Todo ello está muy bien y es razo-nable, pero lo que no lo es, es la exageración, el desmedido gasto publicitario,

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el tener que soportar la foto del candidato con inacabables recursos en todas las cuadras, parques, cruces peatonales, y como dicen los más jóvenes: “tenerlos has-ta en la sopa”.

Cuando los gastos de campaña son cuantiosos, mucha gente con preocu-pación se pregunta ¿cómo recuperará el candidato del despilfarro, lo gastado, si llega a ganar la elección? ¿el sueldo de alcalde permitirá recuperar lo invertido en la campaña? ¿qué interés tienen los benefactores del candidato para dotarlo de recursos de campaña? Y muchisimas otras inquietudes.

Los que piensan bien, seguramente expresarán que el candidato tiene gran sentido de la responsabilidad, que prácticamente es un filántropo de la ciudad, que su espíritu es altruista, que no necesita retribución del municipio pues acaba de heredar, y otras candorosas aseveraciones.

Los que escucharon de jóvenes a sus mayores, probablemente recordarán el ¡PIENSA MAL Y ACERTARÁS!y seguramente comenzarán a identificar proba-bles obras en que alguien obtenga algún beneficio ilegítimo, por decirlo suave. El exceso de gasto en campaña da mal que pensar, y eso deberían tenerlo presente los candidatos que abusando de poder económico nos tienen -como la vieja ex-presión- hasta la coronilla con su odiosa actitud.

Diario Expreso

13 de agosto de 2010

ELECCIONES Y DOMICILIO

El requisito domiciliario de candidatos a elecciones regionales y municipales, nos ha llevado a revisar la normatividad constitucional y legal y como consecuencia de ello efectuar algunas reflexiones.

En primer lugar el requisito de domicilio no es el mismo tratándose de au-toridades estatales provenientes de elección popular. Mientras que la Constitu-ción y Leyes Electorales no lo determinan para Presidente, Vice-Presidentes y Congresistas si lo señalan para autoridades electivas de Gobiernos Regionales y Municipal, pero en forma diferenciada.

Para ser candidato a cualesquiera de los cargos de autoridad regional, se requiere tener residencia efectiva en la región en la que se postula y en la fecha de postulación con un mínimo de 3 años (inc.2 art. 13 Ley 27683 modificada por Ley 29470). Empero, para postular a alcalde o regidor es necesario domiciliar en la provincia o distrito donde se postule, cuando menos 2 años continuos, permitién-dose el domicilio múltiple que se rige por el Código Civil (inc.2 art. 6 Ley 26863).

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Se afirma que la exigencia de domiciliar en la circunscripción por la que se postula en el caso de

Regiones y Municipios, es porque los candidatos deben tener cabal cono-cimiento de la misma para mejor gobernar, de donde tenemos como primera reflexión que para ser candidato a la Presidencia y Vice-Presidencias de la Repú-blica, así como para la Representación Parlamentaria, no se necesitaría tal cono-cimiento, lo cual es una falacia. Hemos tenido candidatos en elecciones presiden-ciales que en los años previos a su postulación no han residido en el país, al igual como hemos tenido parlamentarios que tampoco han tenido residencia inmedia-ta previa en los departamentos por los cuales salieron electos, sin que ello signi-fique necesariamente carecer de información relevante y experiencia aquilatada.

Una segunda reflexión, bajo el supuesto de ser indispensable para ser bue-na autoridad regional o municipal, la residencia domiciliaria a que nos hemos referido, es que no hay motivo para tener regla diferenciada para el caso de tales autoridades regionales y municipales de extracción popular, lo que nos debería llevar a unificar los requisitos de tal índole.

Por último, y como bien lo ha destacado el maestro Carlos Fernández Sessa-rego en reciente artículo, “...el domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar....” y la residencia... “aquella en la cual se vive, en unión de la familia de manera habitual”, que se distingue de la morada que “es la re-sidencial temporal”. Por ello es necesario aclarar que el carácter de “residencia efectiva” o domiciliar cuanto menos cierto número de años continuos no impide ni viajes ni hospitalizaciones ni detenciones ni otras ausencias temporales, pues ello nos haría pasar de ciudadanos libres a esclavos relativos, lo que de suyo es intolerable.

Esta temática sería conveniente que se analice en el Congreso para dictar la legislación que iguale las diferentes situaciones domiciliarias como requisito de postulación a cargos electivos y no tener la diversidad de tratamiento legal al que nos hemos referido.

Diario La Razón

05 de setiembre de 2010

ARTISTAS EN MUNICIPIOS

Luego de haberse presentado las listas de candidatos a alcaldes y regidores ante las autoridades electorales, para participar en los próximos comicios municipa-les, se han alzado algunas voces de crítica por la incorporación a ellas de artistas

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de las más diversas especialidades. Menos numerosas y de menores decibeles han sido las críticas por la incorporación de deportistas.

Como en toda actividad, tanto en la artística como en la deportiva, hay entre quienes las practican, de todo, buenos, regulares y malos, sin olvidar a quienes fungen de serlo sin tener la más mínima calidad o quienes son meras caricaturas de artistas y deportistas.

La presencia de buenos artistas así como deportistas en los Concejos Muni-cipales, al igual que la de los agentes culturales, no sólo es legítima sino también deseable.

Nos explicamos: es legítima pues nuestra Constitución con meridiana cla-ridad señala que “Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción”. A ello se agrega que la Ley de Elecciones Munici-pales solamente contempla como requisitos para ser candidato a cargo electivo municipal, ser ciudadano en ejercicio (dieciocho o más años), contar con el DNI y domiciliar cuanto menos dos años continuos en la localidad en la que se postula, precisando que también pueden postular los extranjeros mayores de edad que residan dentro de la jurisdicción del respectivo municipio.

La participación de artistas y deportivas para responsabilidades ediles elec-tivas es conveniente, pues se debe considerar que entre las competencias que le Constitución asigna a los municipios se encuentra el desarrollo y regulación de actividades recreacionales y deportivas, sin olvidar las culturales, turísticas y de conservación de monumentos arqueológicos e históricos.

Si los municipios tienen a su cargo recreación y deporte, pues en buena hora que en los Concejos Municipales existan artistas y deportistas, que con sus cono-cimientos y experiencia puedan dar su concurso para que tales responsabilidades ediles se realicen eficientemente.

Es bueno tener presente, que la autoridad gubernamental más cercana a los ciudadanos es la municipal, que está ligada a las personas desde su nacimiento y no sólo hasta la muerte sino aún después de ella, ya que dentro de sus competen-cias están hasta los cementerios.

Desde el nacimiento la autoridad edil está cercana al vecino, si bien los Re-gistros de Estado Civil están a cargo del Reniec, es en los locales municipales donde se realizan las inscripciones de nacimientos, matrimonios, y defunciones. Es la autoridad edil la que tiene que ver con la calidad de vida del vecindario ya que regula el desarrollo urbano, vela por el tránsito y el transporte, así como por la seguridad ciudadana, las edificaciones, la limpieza y alumbrado de espacios públicos, y con la recolección de basura.

El vecino emplea parte del día en sus labores habituales para su sosteni-miento y el de su familia, además usa más tiempo que el deseable para el trans-

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porte desde su vecindario hacia su centro de trabajo y viceversa, por el caótico tráfico y transporte que padecemos; pero el mayor número de horas del día se encuentra dentro del vecindario en que habita. Por ello la recreación, entreteni-miento y deporte son importantísimos para dar calidad de vida a los vecinos y que estén alejados de actividades a las que genéricamente llamaremos “incorrec-tas”. Consecuentemente, nos afirmamos en la conveniencia que artistas y depor-tistas participen en los gobiernos municipales.

Diario La Razón

12 de setiembre de 2010

EXCESO DE ARAÑAZOS Y CARENCIA DE PROPUESTAS

La autoridad municipal es la más cercana al vecino, pues sus responsabilidades están desde el nacimiento hasta la muerte. Por delegación de Reniec inscribe los nacimien-tos, se encarga del recojo de la basura, administra el alumbrado público, preserva parques y jardines, tiene responsabilidad con el transporte así como la semaforiza-ción, el ornato de la ciudad, la recreación y deportes, la seguridad del vecindario, e incluso tiene que ver hasta con los cementerios en la última etapa del ser humano.

Para el vecino es esencial que la primera autoridad de su localidad, esto es el alcalde, se ocupe eficientemente de todas las tareas señaladas anteriormente y otras complementarias y conexas, y cuente con un plantel de colaboradores, que son los regidores, que lo ayuden en la tarea.

En democracia la autoridad municipal constituida por alcaldes y regidores se elige por los vecinos, para lo cual los partidos políticos de nivel nacional, así como las agrupaciones políticas de nivel regional y local, pueden proponer a los respectivos candidatos.

La normatividad electoral así como la autoridad de la materia, es estricta, ha señalado severas disposiciones que determinan los requisitos de los postulantes, la transparencia de su hoja de vida, la publicación de sus planes de gobierno, la incorporación de jóvenes en lista de regidores, así como la existencia de cuota de género, sin olvidar la fiscalización de todo ello.

La estrictez normativa lamentablemente no tiene correlato en el compor-tamiento de muchos candidatos, que prefieren las puyas, frágiles acusaciones y arañazos a exponer sus propuestas, que tampoco pueden ser sustituídas con costosas campañas que llaman a dudas y sospechas.

Nadie niega que el escándalo es noticia, pero no creemos que deba sustituir a la exposición alturada de planes, propuestas e ideas, así como debatir sobre

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ellas con otros candidatos, además de exhibir a los grupos humanos que colabo-rarán con la autoridad -de ser elegida- en las tareas edilicias.

Lo que hemos visto en la campaña municipal nos recuerda etapas que creía-mos superadas. Se ha vuelta a interceptar las comunicaciones de los candidatos, las conversaciones con sus colaboradores y consejeros, y ésas ilícitas grabaciones han sido enviadas a medios, que irresponsablemente, pese a saber el origen ilegí-timo de ellas, no tuvieron reparos en reproducirlas.

Los candidatos como cualquier otra persona humana, son sujetos de dere-chos y obligaciones, y entre los primeros el que se respete sus comunicaciones, de cualquier tipo, y que no se invada su ámbito que es privado y pudiera ser hasta íntimo. No hay ningún derecho para que se intercepten comunicaciones y menos aún para que se difunda su contenido, cualquiera que él sea.

No olvidemos que una cosa es informar, que a la vez es derecho y obliga-ción de los medios, y otra muy diferente es difundir comunicaciones de carácter privado que han sido conseguidas a espaldas y sin conocimiento de los actores. La libertad no es irrestricta, tiene límites como son la ética, la decencia y la ley.

Los vecinos soportamos a diario la falta de orden en la ciudad, el tráfico endemoniado, las calles cortadas, los baches y huecos en las pistas que no se reparan, la colocación de ladrillitos ornamentales que de poco sirven en esqui-nas y cruces peatonales, y la falta de seguridad en nuestras calles. Estos sufridos vecinos hubiéramos querido en la campaña electoral, menos arañazos y más pro-puestas. Una pena que ello no se haya logrado.

Revista Gente

Setiembre de 2010

QUE GANE EL PERÚ

A dos días de las elecciones regionales y municipales, reina el desconcierto. He-mos participado en innumerables procesos electorales, pero parecería que aún no hemos aprendido a distinguir la razón de la emoción, los planes serios de la oferta demagógica, los equipos humanos consolidados para trabajar en bien de la comunidad de los que se juntan temporalmente por oportunismo.

Se olvida que tomar una decisión electoral es muy importante, pues se está es-cogiendo al gran conductor de la Región o al del Municipio, lo que pone en sus ma-nos parte del proceso de descentralización en el primero, y el bienestar del vecin-dario en el segundo, teniendo en cuenta que la autoridad edilicia es la más cercana a las personas y está relacionada con ellas desde su nacimiento hasta la muerte.

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Pese al gran esfuerzo desplegado por las autoridades electorales para crear conciencia en el votante, daría la impresión que no han logrado el éxito deseado y antes que la reflexión muchas veces se impone la simpatía, el golpe artero, la puya con repercusión mediática, el espectáculo, y hasta las indebidas acciones que logran espantar a buenos ciudadanos de la posibilidad de participar en sana política.

Todos somos testigos del maniqueísmo que divide, los buenos por aquí y los malos por allá; los honestos de este lado y los cuestionados por el otro; a lo que se suma la difusión ilegítima de comunicaciones interceptadas y la generación de temores, cuando no el abierto favoritismo mediático a favor de uno u otros candidatos, que si bien no es contrario a la normatividad legal hace perder la deseable neutralidad.

En las elecciones de Regiones se aprecia que por falta de presencia suficiente en ellas de agrupaciones políticas de nivel nacional, el discurso confrontacional que confunde descentralización con falsas autonomías, lejos de fortalecer la uni-dad de Nación – Estado, divide.

Esperemos que el elector no se deje influenciar por lo adjetivo de la campaña electoral, y deposite su voto libre, sin interferencias ni manipulación de nadie, para tener las mejores autoridades regionales y vecinales que garanticen mejor calidad de vida para los ciudadanos y vecinos. El Perú debe ser el ganador.

Diario Expreso

01 de octubre de 2010

LEGITIMIDAD DE LOS PARTIDOS

Es buena la ocasión para reflexionar sobre las exigencias legales para mantener vigente la inscripción oficial de los partidos políticos.

La Ley de Partidos Políticos dispone que la inscripción de los partidos en el registro correspondiente, se cancela al cumplirse un año de concluído el último proceso de elección general, si no hubiese alcanzado al menos el 5% del número legal de miembros del Congreso o el 5% de los votos válidos a nivel nacional.

Los partidos que conforman alianzas, mantienen todos ellos su inscripción, si la alianza logra al menos los porcentajes antes mencionados, lo que significa que si algún partido de la alianza no tiene un sólo parlamentario elegido, pero como estuvo en la alianza, su inscripción oficial se mantiene vigente.

Teniendo en consideración que el requisito porcentual anteriormente rese-ñado, está referido a elección nacional, si el partido en forma individual o aso-

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ciada en alianza, no participa en elecciones regionales o municipales, mantiene vigente su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, así transgreda uno de los fines de los partidos como es el participar en procesos electorales (inc.f art. 2 Ley 28094).

Hay partidos que no funcionan como tales, pero siguen con inscripción ofi-cial vigente, ello como consecuencia de que la alianza en que participaron lo-gró en conjunto la mínima representación parlamentaria requerida. Sin embargo algunos de ellos actúan como si fueran titulares de franquicias al entregar su nombre para que cobije a candidatos que carecen de organización partidaria de-bidamente registrada, a los que últimamente la agudeza popular ha denominado “vientre de alquiler”.

Lo señalado debería llevar a los legisladores a enmendar las leyes electorales y de partidos políticos, primeramente para disponer la cancelación de la inscrip-ción de las agrupaciones políticas que se abstengan de intervenir en procesos electorales. Igualmente para los partidos que asociados en alianza, no logren por lo menos un par de escaños parlamentarios, pierdan su inscripción, con lo cual se evitarán alianzas en que alguna agrupación corre como locomotora y algunas otras como meros vagones jalados por la primera. Por último impedir los vien-tres de alquiler, para evitar que sus hijos no sepan a quien celebrar en el día de la madre.

Todo lo expuesto, bajo la premisa que se quiera mantener el diseño de par-tidos previsto en la ley de la materia, y no innovar con organizaciones modernas, adecuadas a los avances tecnológicos y de las comunicaciones de este espacio global en que nos movemos.

Diario Expreso

22 de octubre de 2010

ELECCIONES Y TECNOLOGÍA

En anterior artículo y con mucha antelación al último proceso electoral, insistía-mos en la necesidad de poner en práctica el voto electrónico, superar los tiempos de la carreta y usar las nuevas tecnologías informáticas en materia de sufragio, cómputo de votos y anuncio de resultados.

Desde el año 2005 contábamos con la autorización legislativa para utilizar el voto electrónico, pues la Ley 28581 autorizó a la ONPE la implementación pro-gresiva y gradual del mencionado voto con “medios electrónicos e informáticos o cualquier otra modalidad tecnológica que garantice seguridad y confidenciali-

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dad de la votación, la identificación del elector, la integridad de los resultados y la transparencia en el proceso electoral”.

Comprendemos que en las elecciones del 2006 no se pusiera en práctica el voto electrónico por el corto lapso entre su aprobación legislativa y la oportuni-dad del sufragio, pero luego de cinco años de expedida la Ley 28581 no encon-tramos justificación valedera para seguir con el voto manual y pareciera que las sumatorias las hacen con los dedos o con el legendario ábaco.

El Congreso acaba de sancionar una nueva Ley, la 29603, por la que se vuel-ve a autorizar a la ONPE la aplicación del voto electrónico, con la novedad que la comisiona a dictar las normas reglamentarias. Parecería que cuando se dictò la primera norma, esto es la 28581, ella estaba renga, pues no se autorizaba a nin-guno de los entes electorales a dictar las medidas complementarias que hicieran posible el voto electrónico.

Error. No era necesario dictar facultades especiales a la ONPE, pues el Jura-do Nacional de Elecciones tenía la atribución de dictar resoluciones y reglamen-tos para los procesos electorales (art. 5 y 30 de la Ley 26486 concordante con el art. 14 del Reglamento de Organización y Funciones del JNE).

Quienes objetan el voto electrónico expresan que no es seguro y que los programas informáticos pueden ser invadidos y adulterados, pero olvidan que hay sistemas para blindar programas y que los personeros técnicos de las agru-paciones políticas están para resguardar la voluntad del elector e impedir actos reñidos con la ética electoral. Por lo demás, el voto manual no está exento de riesgos, y ello no exime su uso.

Ahora que el dictado de la normatividad reglamentaria está en manos de ONPE, esperemos la apruebe a tiempo, y que para las elecciones del 2011 poda-mos contar en algunas circunscripciones con el voto electrónico como proyecto piloto, para irlo implementando en forma gradual y progresiva, conforme lo ha dispuesto acertadamente la Ley.

Diario Expreso

05 de noviembre de 2010

PARTIDOS MODERNOS

Como regla general nuestra Constitución confiere a los ciudadanos el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes (art. 31) y tales derechos se pueden ejercer individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas (art. 35).

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Reconociendo la importancia de las agrupaciones políticas, principalmente de los partidos, la ley de la materia determina que sólo estos gozan de la prerro-gativa de participar en procesos electorales (art. 1 e inc.f del art 2 Ley 28094), con lo cual en la práctica la ley deja de lado el derecho constitucional de postular a cargos electivos en forma individual, ya que lo circunscribe a hacerlo con la inter-mediación de organizaciones políticas.

En los la década anterior, esto es en los años noventa, el gobierno de aquel entonces puso trabas casi insalvables a la fundación de nuevas agrupaciones po-líticas, al elevar el número de firmas de adherentes con tal finalidad.

Recobrada la plena democracia, en el año 2003 la Ley de Partidos Políticos redujo al 1% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones naciona-les, el número de adherentes para la inscripción oficial de los partidos. Empero, recientemente los partidos políticos con representación parlamentaria aprobaron en el Congreso ley modificatoria y elevaron tal porcentaje al 3%, con lo cual en la práctica obstaculizan la creación para el futuro de nuevos partidos, probable-mente en el empeño de no tener más competencia.

Pese a que la firma de adherentes para la formación de nuevos partidos no constituye militancia, sino únicamente voluntad de que exista nueva agru-pación política de nivel nacional, la Ley Orgánica de Elecciones prescribe que no pueden ser adherentes quienes ya lo hayan sido de otras agrupaciones en el mismo período electoral (art. 90 Ley 26859). Con ello se va reduciendo el número de ciudadanos hábiles para la adhesión que haga posible la inscripción de otras agrupaciones partidistas, lo que es otro escollo.

En muchos países, tradicionalmente ha sido requisito para el registro de or-ganizaciones políticas, no solamente la adhesión de un número importante de ciudadanos, sino también la existencia de comités partidarios en determinado número de localidades o circunscripciones territoriales, y que dichos comités ten-gan permanente actividad.

Hoy por hoy, en el mundo globalizado en que actuamos, en que las diferen-cias ideológicas antes insalvables, se han ido convirtiendo en matices, y en que por otro lado las comunicaciones inmediatas y la difusión de los planteamientos se facilitan por los medios de prensa y por las innumerables herramientas de la tecnología informática, nos preguntamos si sigue teniendo sentido mantener tan severos requisitos para la fundación de partidos políticos.

En nuestros días no necesitas de reunirte físicamente ni para intercambiar opiniones, ni tampoco para tomar decisiones, ya que todo ello se puede reali-zar en sesiones no presenciales, con votaciones vía electrónica y tantos mecanis-mos informáticos. Por ello es necesario revisar la Ley de Partidos Políticos para adecuarla a los tiempos y al avance tecnológico, expulsando de la normatividad

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tanta innecesaria rigidez, que lejos de facilitar la participación en política de los ciudadanos, la complican.

Diario La Razón

07 de noviembre de 2010

ALIANZAS ¿BUENAS O MALAS?

Más allá del formalismo de los requisitos legales para constituir alianzas entre agrupaciones políticas, se necesita que exista afinidad ideológica, coincidencia en los planes o programas de gobierno para ejecutar, y empatía entre sus miembros.

Hoy en día y por la globalización, el tema ideológico en la política ha ido perdiendo el peso que antaño tuvo y las diferencias abismales que pudieron exis-tir se han ido convirtiendo en matices, lo que facilita el entendimiento entre los partidos políticos.

En Estados Unidos las diferencias entre el Partido Demócrata y el Republi-cano son casi imperceptibles. En Colombia los tradicionales partidos Conserva-dor y Liberal cada día se parecen más. En Venezuela los históricos copeianos y adecos, en aparente extinción, se recuperarán con leves diferencias. En Chile los partidos de la Concertación y los de la actual alianza gobernante (Renovación y UDI) sus antagonismos son de discurso pues en la praxis se encuentran, y pode-mos seguir hasta el cansancio con los ejemplos. Actualmente los planteamientos de la Social Democracia y del Social Cristianismo tienen más coincidencias que discrepancias.

La tendencia de los partidos es mutar al centro, y son los extremos los que van quedando descolocados ante el sobrepoblamiento del centro. Recordemos que ni los socialismos de tiempos pretéritos ni los liberalismos absolutos han re-suelto problemas, por lo que el centro se fortalece adhiriendo a la economía social de mercado, que es el reconocimiento del mercado pero con rostro humano, que dejó de pertenecer a un grupo para convertirse en disciplina común, que lleva al camino del desarrollo y de la inclusión social.

Respecto a los planes gubernamentales la globalización también ayuda en la posibilidad de alianzas, pues la mayoría de las agrupaciones políticas tienen claro que su objetivo de actuación pública es para el logro del bien común, lo que sólo es posible si hay trabajo, y para que exista trabajo decente y adecuadamente remunerado es indispensable que haya inversión. Esta última se consigue cuan-do hay reglas jurídicas claras y permanentes, estabilidad y predictibilidad en la tributación, judicatura autónoma e independiente del resto del poder político

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y tranquilidad con seguridad física para el capital humano y las instalaciones físicas del inversor.

En cuanto a empatía entre quienes llevarán adelante las alianzas, ello tiene importancia singular, pues la intolerancia, desconfianza y rencores de antiguos antagonismos dejan huella, que hay que tratar de superar, sobre todo teniendo en cuenta que quienes han sido o son contendores políticos no necesariamente tienen que verse como enemigos y que a todos une el norte de tener un país me-jor.

Por todo ello miramos con simpatía que organizaciones políticas de centro conversen entre si, lleguen a acuerdos y hasta constituyan alianzas, despoján-dose de prejuicios y desconfianzas, para unidos enfrentar los retos del futuro. Alianzas por convicción en buena hora, pero son cuestionables las de simple cál-culo electoral para no perder inscripción.

Creemos que para el clima de entendimiento ha contribuido el “Acuerdo Nacional” en que los representantes de los diferentes partidos se han ido cono-ciendo y comprendiendo, pero sobre todo asumiendo que la política tiene que verse en grande, sustituyendo el microscopio por el telescopio, y en la campaña electoral dejar de lado el insulto para centrarse en las ideas.

Diario La Razón

26 de diciembre de 2010

¿PLANCHAS PRESIDENCIALES O MENJUNJE?

Han sido designadas las planchas presidenciales de las agrupaciones políticas y alianzas constituidas para participar en las próximas elecciones, y decimos desig-nadas pues por lo menos aparentemente no todas son fruto de procesos demo-cráticos internos. Como quiera que aún no se conoce las listas de postulantes al Congreso y al Parlamento Andino, que también presentarán tales agrupaciones y alianzas, circunscribimos el comentario a las primeras.

La inicial reacción al conocer los nombres de muchos de los acompañantes de fórmula del candidato presidencial es ¿qué hacen allí?, pregunta lógica si se tiene en cuenta que no se tenía conocimiento previo de su relación con la agrupa-ción o alianza que los postula, ¡Sorpresas que da la vida!

Tiempo atrás por lo menos se notaba cierta coherencia, relación previa, co-munidad de intereses, afinidad en pensamiento que se podía traducir en acción. Ahora no se sabe a ciencia cierta que es lo que une a los acompañantes con el candidato al cargo mayor o a la entidad postuladora, y lo que es peor, cuando se

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recuerda algunos nombres de aquellos uno no sabe bien en que plancha están, pues bien podrían participar en cualquier otra.

Reconocemos que en el mundo globalizado en que hoy nos desenvolvemos, las diferencias ideológicas en política se han ido tornando en simples matices, salvo los extremos conocidos de siempre, por lo cual hay lo que se denomina “lugares comunes”, pero no se puede prescindir de la razón de ser de los vi-ce-presidentes en caso de ser elegidos, que es reemplazar al Presidente por vacar en el cargo, impedimento temporal o permanente, o para encargarse del despa-cho presidencial cuando el titular se ausenta del territorio nacional. En situación normal el cargo de vice-presidente no tiene mayor significación, pero si cuando se dan las contingencias de reemplazar al presidente.

Por lo antes señalado se requiere que los vice-presidentes tengan una com-penetración muy estrecha con el presidente, lo que obligaría para escogerlos, te-ner la certeza que de llegar el caso, podrán suplir al titular en una misma línea de pensamiento, programas y acción, todo lo que debería estar garantizado.

No sabemos cuales han sido los criterios de la conformación de algunas planchas, intuyendo haber existido un componente de oportunismo, de cálculo electorero, de enfrentar con mayor posibilidad a otras planchas que se conocie-ron previamente, para emular al diseñador Benetton con “todos los colores” o para rememorar a “todas las sangres”, o convertirse en “todo terreno”, pero nos deja la sensación de un gran menjunje.

Diario Expreso

31 de diciembre de 2010

ALARMANTES PROPUESTAS POR VOTOS

Con motivo de la campaña electoral y probablemente para conseguir el voto de lesbianas y homosexuales entre otros, algunos candidatos proponen establecer matrimonio entre personas del mismo sexo, y otros menos avezados limitan la propuesta a acuerdos civiles de comunidad de vida y de bienes.

Algunos incluso opinan que es moderno y de avanzada debatir sobre dichos aspectos. Si de eso se trata confieso que no soy moderno y me quedo con las vie-jas tradiciones y valores permanentes.

Reconociendo que cada cual tiene libertad para hacer de su vida lo que quie-ra, ello no otorga derecho para ir contra instituciones tan importantes como la familia, la que hay que preservar y que el Estado protege por mandato constitu-cional.

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Permitir matrimonio entre personas del mismo sexo o establecer comunidad de bienes propias de los matrimonios o de las uniones de hecho, requeriría más que una modificación del Código Civil. Sería necesario modificar la Constitución pues ella sólo acepta la unión estable entre varón y mujer.

El planteamiento de comunidad de vida y bienes entre personas del mismo sexo, es menos alarmante que los matrimonios homosexuales, pero ello sería un primer paso para su establecimiento y después permitirles la adopción de me-nores ¡pobre niños! Imaginemos simplemente cuando de la escuela llamen a los padres y se presenten ¡oh sorpresa! dos padres o dos madres.

Sería conveniente que quienes hacen las antojadizas propuestas revisen nuestro Código Civil, el que permite adquirir bienes en copropiedad, con la obli-gación de atender proporcionalmente las cargas y también los tributos, pero tam-bién les permite el uso y disfrute de sus beneficios y rentas. No es necesaria la comunidad de gananciales propias de la institución matrimonial.

Si se pretende herencia, simplemente recuerden que por testamento se pue-de disponer hasta de un tercio de los bienes cuando se tienen descendientes o cónyuge, y se llega al 50% cuando solamente tiene ascendientes, pero podrá dis-poner libremente de todo el patrimonio si no tiene cónyuge ni los mencionados parientes.

En caso se quiera otorgar pensión o renta vitalicia que pueda sustituir al régimen de pensión alimenticia, ello también es posible, y si se desea pensión temporal, ella podría otorgarse vía donación por cuotas periódicas. También se pueden establecer fideicomisos regulados en la Ley del Sistema Financiero.

No se deben romper los moldes de lo establecido para ganar votos, máxime que como hemos visto existe legislada la copropiedad, la herencia testamentaria, la renta vitalicia, las donaciones y los fideicomisos.

Diario Expreso

28 de enero de 2011

SACAMANTECA ELECTORAL

En la década de los noventa la prepotencia de la mayoría parlamentaria sumisa a los dictados de la Casa de Pizarro y del SIN, sorprendía con la presentación en el Pleno del Congreso de proyectos de ley para debatirlos y votarlos de inmediato, con dispensa del trámite por comisiones, de incorporación en agenda y de cual-quier otro requisito. Era también usual añadidos legislativos que nada tenían que ver con el meollo del asunto en debate.

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Usualmente dichos proyectos eran presentados a altísimas horas de la noche o a las primeras de la madrugada, cuando ya no estaba la prensa en el hemiciclo para que pudiera dar cuenta del abusivo proceder, y como tenían los votos sufi-cientes para la aprobación de sus despropósitos, la mayoría parlamentaria no era roñosa con los tiempos y se daba la palabra a todos quienes quisieran intervenir en el debate. Evidentemente no se trataba de acto democrático, sino que teniendo los votos, poco les importaban los argumentos de la oposición a quienes ni oían ni menos escuchaban, simplemente nos ignoraban.

Como el mal ejemplo cunde, en sesión del Congreso del 7 de julio de 1999, cuando se discutía una modificación intrascendente al Código Penal, un miembro de la oposición planteó agregar texto para reformar la Ley Orgánica de Eleccio-nes para impedir postulación a la Presidencia de la República y al Congreso “de aquellas personas declaradas contumaces por el Poder Judicial o las que hayan sufrido condena por delito doloso o quienes mantengan juicio penal pendiente por acusación constitucional del Congreso...”

Muchos, siendo también de bancadas de oposición, argumentamos en con-tra de las adiciones planteadas, que además de desnaturalizar el proyecto, consti-tuían un grave atentado contra el principio de la presunción de inocencia que re-coge la Constitución y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es signatario. Mientras no haya condena firme, se sigue presumiendo inocencia pues la culpabilidad tiene que ser expresa, así existan denuncias, inves-tigaciones, acusaciones y procesos en curso.

En el debate destacó la firme posición del Secretario General del Apra, Jorge Del Castillo Gálvez, adversa al texto que se pretendía sancionar al argumentar que “no es conveniente ir a una modificación de la Ley Orgánica de Elecciones planteando los impedimentos que se sugieren en la propuesta adicional, cuando son las 12.20 de la madrugada, en una suerte de ley sorpresa....”

Agregó “No puede entonces, impedirse a una persona postular a un cargo político por el hecho de que un magistrado, un conjunto de magistrados o una Sala lo hubiera declarado reo contumaz, porque eso no implica una sentencia, solamente el sentenciado queda inhabilitado...Se dice en la propuesta que no po-drán postular ni ser candidatos quienes mantengan juicio pendiente, es decir, con esta adición el día de mañana pueden abrir un juicio penal a alguien por di-versas circunstancias....a algún fiscal se le podría ocurrir presentar algún tipo de acusación contra ...quien fuere, y por esta norma, sin estar sentenciado, sin que se nos haya probado nada, quedaríamos inhabilitados, violando así el principio de presunción de inocencia... La inocencia se presume...por lo tanto a nadie se le puede considerar culpable sino por sentencia judicial consentida y ejecutoriada, pero resulta que acá se quiere voltear todos los principios de Derecho...”

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También afirmó Del Castillo en el debate que “...sobre la base de algún tipo de acusación, podrían abrir un proceso al señor Alberto Andrade Carmona y decla-rarlo reo contumaz....Con esa propuesta, de carambola, la ley contra Alan García termina inhabilitando a Alberto Andrade Carmona, a Luis Castañeda Lossio y a cualquier ciudadano que en el libre ejercicio de sus derechos políticos quiera pos-tular a la Presidencia de la República, al Congreso o a algún otro cargo político….luego pueden abrir uno a Alejandro Toledo y después sabe Dios a quien más”.

La posición principista perdió, el Derecho quedó como zapatilla vieja piso-teado por el abuso mayoritario acompañado de algunos de la oposición, quienes quizás llevados por el odio y la pasión, renunciando a la razón, abjuraron de sus principios jurídicos para dar a las 3 de la madrugada del día siguiente la mayoría calificada que requería la aprobación de la norma, y que sin su voto no hubiera sido posible. Días después se promulgó la monstruosa Ley 27163 por el Con-greso, pues el Ejecutivo con disimulado rubor no lo hizo. Reinstalada la plena democracia fue corregido el legicidio por la Ley 27376.

Los atentados contra el principio constitucional de presunción de inocencia tienen larga data, y sean buenas o no las intenciones de sus actores, lo cierto es que al final la razón jurídica se impone por el bien de la democracia y del estado de derecho.

Diario La Razón

06 de febrero de 2011

ELECCIONES EN LOS PARTIDOS

La Ley de Partidos Políticos dispuso elecciones para nominar a las autoridades partidarias y para los postulantes a cargos públicos como Presidente y Vicepre-sidentes de la República; Congresistas nacionales y al Parlamento Andino; Presi-dente, Vicepresidente y Consejeros Regionales; así como Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales.

Mientras que para la elección de las autoridades partidarias la Ley permite cualquier procedimiento electoral, en lo que se refiere a sus candidatos a car-gos públicos electivos referidos anteriormente el 80% de ellos deben ser nece-sariamente elegidos, y hasta no más del 20% designados directamente por el organismo partidario competente. Postulantes a la Presidencia de la República y Vicepresidentes, necesariamente tendrán que ser elegidos.

Para el caso de los postulantes a los cargos públicos referidos, la Ley consi-dera tres modalidades de elección. La primera por el voto universal de los mili-

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tantes y de ciudadanos no afiliados al partido; la segunda por el voto únicamente de militantes; y la tercera por elecciones a través de órganos partidarios según los Estatutos, en buena cuenta por delegados.

Algunas partidos se han prodigado en líos internos y escándalos que han trascendido al público. Hemos visto impugnaciones de padrones, acusaciones de todo calibre y otros cuestionamientos.

Es probable que los problemas expuestos se originen en el sistema de elec-ciones por órganos partidarios a través de delegados, que cuando no han logra-do consensos para la presentación de una sola lista, han quedado en el camino muertos y contusos políticos.

En la Ley se estableció que tratándose de elección de candidatos a organis-mos colectivos como Congreso, Parlamento Andino, Consejos Regionales y Con-cejos Municipales “hay representación proporcional, en la medida en que dichas candidaturas sean votadas por lista completa”. Esto permite integrar a miembros de diferentes listas a la que consolidará las candidaturas que se ofrezcan al elec-torado del país, de la región y de los municipios. No habrá una lista ganadora y otras perdedoras, resentidas, y sus partícipes y seguidores autoexcluidos de las campañas para elegir a nuestras autoridades.

El sistema de la cifra repartidora que se utiliza por mandato legal para elec-ción de congresistas y representantes al Parlamento Andino, ha dado resultados convenientes, por lo cual deberían los partidos establecer en sus estatutos que necesariamente cuando hay más de una lista exista representación proporcional, lo que probablemente evitará los bochornosos espectáculos de que hemos sido testigos.

Diario Expreso

11 de febrero de 2011

PARTIDOS ¿CONTRIBUYEN A ELEVAR NIVEL DE LAPOLÍTICA?

Atónitos, por ser generosos en la calificación, nos ha dejado el conocimiento de listas que presentan las agrupaciones políticas de sus postulantes al Congreso. En ellas hay personas muy preparadas y calificadas para ser congresistas, de lo cual tenemos que felicitarnos. Empero, también hay de las otras, esto es sin prepara-ción para las importantes funciones congresales y sin las calificaciones adecuadas para ello, aunque sin desconocer que para otras actividades puedan tener condi-ciones e incluso hasta laureles.

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El Congreso de la República tiene como misión la de dictar leyes, así como interpretarlas, modificarlas y derogarlas. Aprueba o rechaza tratados internacio-nales. Analiza el proyecto de Presupuesto General de la República para su pro-nunciamiento al igual que la Cuenta General, los empréstitos internacionales, y la tributación. Elige al Defensor del Pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional, designa al Contralor General de la República, ratifica al Presi-dente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. Fis-caliza las actividades del Estado y de quienes ejercen función pública sin olvidar la importante tarea de representación.

Es cierto que los requisitos legales para ser parlamentario son mínimos, tan-to es así que la Constitución sólo exige la nacionalidad peruana por nacimiento, la edad mínima de 25 años y gozar del derecho de sufragio, lo que en la práctica permite ser parlamentario a cualquiera, advirtiendo que con la sucesión de par-lamentos cada vez ellos son más representativos del país pero de menos calidad.

Lo observado nos lleva necesariamente al juicio de valor, que muchos de los postulantes que las agrupaciones políticas nos presentan a los electores para que podamos elegir, podrán cumplir con los requisitos legales pero no con las calificaciones, características, conocimientos, preparación y nivel cultural, para el ejercicio de las importantes funciones congresales que hemos sucintamente relacionado

Los partidos políticos tienen la obligación legal y constitucional, entre otras, de contribuir a la educación y participación política de la población, con el objeto de forjar cultura cívica y democrática, que permitan formar ciudadanos capaci-tados para asumir funciones públicas. ¿Todos los que nos han propuesto como postulantes al Parlamento, contribuirán a dichas obligaciones? Evidentemente la respuesta es negativa. Muchos de ellos, como repetimos, no tienen ni las capaci-dades ni las calificaciones adecuadas, con lo que las agrupaciones políticas, lejos de fomentar cultura cívica y democrática, hacen que el ciudadano común cada día se aleje más de la actividad política, no quiera participar en ella y pierdan el respeto a quienes deberían ser modelo de pulcritud cívica.

Poco favor le hace la llamada clase política del país al sistema democrático con la selección de candidatos al Congreso tan poco prolija, prefiriendo a quie-nes mediáticamente puedan ser interesantes respecto a los que funcionalmente pudieran ser los indicados. No se quejen después los partidos cuando la prensa y las ONGs los sustituyen en la canalización de la opinión pública. Se están auto-flagelando y lo peor, que todos sufriremos las consecuencias.

Diario La Razón

13 de febrero de 2011

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NULIDAD DE ELECCIONES: INVIABLE

Por redes sociales y correos masivos se promueve que los ciudadanos no vayan a votar en la segunda vuelta para Presidente de la República, o que anulen el voto o voten en blanco, lo que nos lleva a formular algunas reflexiones.

La Constitución determina que es elegido Presidente el candidato que obtie-ne más de la mitad de los votos, sin computar viciados o en blanco. Como nadie alcanzó la mayoría absoluta requerida, se procede a una segunda elección entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas.

Entendemos que para muchas personas el resultado electoral de la primera vuelta no los convenza o les disguste, pero así es la democracia, en donde los electores tienen que admitir y respetar la decisión ciudadana que ha determinado con su voto quienes pasarán a la segunda. De la segunda vuelta tendrá que salir el nuevo Presidente de la República, se trate del Señor Humala o de la Señora Fujimori, y quien resulte ganador del favor popular juramentará el cargo el próximo 28 de julio como lo manda la Constitución.

La primera opción de los disconformes es el ausentismo, el cual no impide que se realicen las elecciones con únicamente los que concurran al acto electoral, pero adicionalmente los abstencionistas habrán trasladado la decisión a quienes si participen en el sufragio y encima tendrán que pagar la multa por no haber vo-tado (salvo los residentes en el exterior) y por no haber integrado la mesa electo-ral, en caso haber sido designados para ello. Resultado: perjuicio total para quien renuncie a su derecho de emitir su voto.

La segunda opción que cuestionamos implica que los insatisfechos del re-sultado vayan a emitir su voto en la segunda vuelta, pero lo hagan sea viciándolo o votando en blanco, en la creencia que ello originará la nulidad de la segunda vuelta de las elecciones, probablemente desconociendo que con ello no lograrán absolutamente nada beneficioso para el país.

En efecto, para que el Jurado Nacional de Elecciones declare la nulidad de la segunda vuelta, según lo dispone el artículo 184 de la Constitución concordante con el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones, se requiere cualquiera de los siguientes supuestos: (a) Los votos nulos superen los dos tercios del número de votos válidos; (b) Los votos en blanco superen los dos tercios del número de votos válidos; (c) Los votos nulos o en blanco sumados, superen los dos tercios del número de votos válidos; y (d) Si se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones electorales que en conjunto representen el tercio de la votación nacional válida.

Primeramente es improbable o muy difícil que se llegue a cualquiera de los supuestos aludidos; en segundo lugar quienes voten en blanco o anulen su voto

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están, como en el ausentismo, renunciando a elegir –aunque ello sea legítimo-; en tercer lugar ello llevaría a la convocatoria de nuevas elecciones que se efectúan según Ley en plazo no mayor de 90 días; y por último y más importante aún, los candidatos en esa “nueva” segunda vuelta serán exactamente los mismos dos, entre los que debemos elegir el próximo 05 de junio.

Razonablemente de declararse la nulidad de la segunda vuelta, teniéndose presente los plazos, no tendríamos Presidente de la República elegido por el su-fragio universal que pueda juramentar el 28 de julio, teniendo que asumir tempo-ralmente la función el Presidente del Congreso de acuerdo al orden de sucesión que establece también la Constitución ante la carencia de Vice-Presidentes que se eligen junto con el Presidente de la República. El Presidente actual sólo fue elegido por cinco años al igual que sus vice-presidentes por lo que no podrían estar más allá del mediodía del próximo 28 de julio en que debe transferir el cargo al sucesor.

Se imagina el lector los tremendos problemas que afrontaría el país, la incer-tidumbre que acarrearía, la paralización de muchísimas actividades simplemente para repetir la segunda vuelta anulada con los mismos actores que pasaron a ella. Mediten por favor, el hígado no es buen consejero.

Diario La Razón

13 de febrero de 2011

MULTAS ELECTORALES

En el Congreso de la República, la comisión dictaminadora, desestimó proyecto de ley que pretendía eliminar las multas electorales, como las que se imponen por no emitir el voto o por no integrar la mesa de votación en caso de obligación.

El rechazo tiene lógica pues según la Constitución el voto es obligatorio para la elección de Presidente de la República, Congreso, Parlamento Andino, Gobier-nos Regionales y Gobiernos Municipales. Las normas sustantivas requieren de disposiciones procedimentales para hacerlas cumplir y de sanciones por incum-plimiento. Las que carecen de ello por más obligatorias que sean en teoría, en la práctica serán letra muerta.

Mientras el voto sea obligatorio, como creemos que debe continuar, es ne-cesario que haya un procedimiento para hacerlo cumplir y la especificación de la sanción en caso de contravención de la norma, por lo cual estamos convencidos en este caso, de la correcta actuación del Poder Legislativo.

Al finalizar el período del anterior Congreso se aprobó ley mediante la cual las multas electorales por no votar eran diferenciadas según el grado de pobreza

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de la correspondiente circunscripción de residencia del elector. Las multas se fija-ron en relación con la UIT, siendo mayor su importe en lugares clasificados como no pobres, las que se redujeron en lugares de pobreza no extrema para terminar siendo relativamente simbólicas en localidades de pobreza extrema.

También en forma realista en la Ley 28859, para los peruanos residentes en el extranjero, se mantuvo la multa por incumplir la obligación de integrar mesas de votación, pero se les liberó de multa por no votar, pues la votación en el exte-rior muchas veces es complicada por tener que trasladarse el elector a los consu-lados del Perú, que no son numerosos, lo que implica a veces viajes onerosos y pérdida de días de trabajo.

La misma ley mencionada suprimió las restricciones civiles, comerciales, ad-ministrativas y judiciales por incumplir con el acto de sufragio, que convertían al infractor en muerto civil. Empero algunas autoridades del sistema electoral ob-jetaron la norma al considerar que no podía quedar sin efecto por ley ordinaria lo establecido por ley orgánica. Sin entrar a discutir sobre ello, lo cierto es que las restricciones aludidas contrariaban la Constitución, debiendo por ello tener preva-lencia esta última. Felizmente se ha ido entendiendo el tema y hoy por hoy no se exige para los actos a que nos referimos la constancia del sufragio o de su dispensa.

Si hay obligación de votar, tiene que existir sanción por su incumplimiento, pero sin colisionar con otros derechos de suyo también importantes.

Diario Expreso

11 de marzo de 2011

FARISEISMO ALCOHÓLICO

Lástima que las campañas políticas sigan bajando de nivel y que en lugar de la confrontación de ideas, propuestas y planes de gobiernos, seamos espectadores del triste espectáculo de acusaciones intrascendentes -aunque maquilladas de aparente gravedad- para derribar al contendor.

Quienes actúan en la forma anotada, parecerían no entender que al elector ya poco le interesa la chismografía política banal para emitir su voto, más allá de la curiosidad que siempre ocasiona el escándalo mediático.

A uno de los principales candidatos se le amenaza con resultados de una su-puesta auditoria de su de labor edilicia, pero hay que enfatizar que las auditorías serias no se pueden hacer en un par de meses y que los trámites entre la decisión de contratarla, el proceso de contratación y su ejecución por lo menos requieren de seis a ocho meses.

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A otro de los candidatos con mayor intención de voto según las encuestas, se le acusa de haber utilizado en Palacio de Gobierno, cantidades navegables de licor cuando fue Presidente, con la insinuación de ser él su gran consumidor. Im-presiona cundo se indica que fueron 1753 botellas de whisky entre las 24,852 bo-tellas de diferentes vinos, piscos, y otros licores, pero lo que no se dice es que en Palacio se hacen infinidad de recepciones, cocktails, almuerzos, cenas y diversas otras reuniones para agasajar a visitantes del extranjero, sean del sector público o del privado, entre los que se encuentran desde Reyes, Príncipes, Presidentes, Primeros Ministros, titulares de Parlamentos, altísimos funcionarios de organi-zaciones internacionales como ONU, OEA, FAO, UNESCO, UNICEF, BANCO MUNDIAL, BID, y tantos otros, ocasiones en que no se brinda precisamente con agua sino con el tradicional pisco sour, whisky, vino y otras bebidas. El hoy nue-vamente candidato no se tomó todas las espirituosas bebidas pues seguramente se hubiera ahogado y hoy no estaría vivito y coleando en su campaña electoral, pese a la fama de frivolidad que no pudo desterrar de su pretérita gestión.

Se ha caído en el fariseismo de criticar consumo de licor en Palacio de Go-bierno cuando por otro lado oficialmente se designó el día del pisco, el día del pisco sour, el día del ron, la sustitución del famoso “vino de honor” por el brindis con pisco, nuestra bebida de bandera, que se trata de introducir en todo el mun-do. Se ha llegado sin embargo a prohibir la adquisición y consumo de bebidas alcohólicas en reuniones y agasajos oficiales, salvo en nuestras representaciones diplomáticas en el exterior y las a cargo de nuestra Cancillería, pero no se puede ocultar que en todas las recepciones y agasajos oficiales, no sé como, pero siem-pre con alguna treta hay brindis con bebidas alcohólicas.

Ya pues, basta de tanta hipocresía, nuestra población mayoritariamente no es ni musulmana, ni tampoco cuàquera o mormona, ni en el Perú se encuentra la Meca o el estado de Utah ó su principal ciudad Salt Lake City, ni para todos el profeta es Maho-ma, George Fox o Joseph Smith. Mientras el consumo de lícor sea prudente, siempre seguiremos haciendo ¡¡¡SALUD!!! sin que por ello tengamos que escandalizarnos.

Diario La Razón

13 de marzo de 2011

ESPELUZNANTE ESCENARIO POLÍTICO

A pocos días de las elecciones generales, las encuestas nos pintan un panorama espeluznante y muy diferente del que se observaba en los primeros muestreos. Mientras en los muestreos primerizos se advertía que no habrían sorpresas y que el elector se inclinaba a posiciones electorales de centro postergando las extremas

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- sean de derecha o de izquierda- las últimas encuestas exhiben el crecimiento de los extremos y el estancamiento e incluso decaimiento del centro.

El cuadro que nos presentan las encuestas, y sin querer atribuirme el soco-rrido adjetivo de analista político, nos lleva a mencionar que siendo el centro el espacio de mayor concentración de probables votos, corre el peligro de no llegar gracias a la dispersión de las candidaturas que lo representan y por ello pueden ganar opciones de extremos aunque de menor presencia que harían peligrar lo avanzado en dos décadas de estabilidad económica con desarrollo y equidad. Mientras en el centro hay dispersión en las antípodas concentración.

A la situación descrita podemos agregar que las opciones de centro no han sido las tradicionales pues los partidos con solera y ejecutoria reconocida no es-tán participando directamente, sea porque retiraron candidatos, sea porque no los tuvieron, sea porque prefirieron auparse a alternativas que hacían presagiar que mantendrían por lo menos su inscripción en el Registro de Partidos Políticos. Hay pues una evidente crisis del sistema de partidos que ya no es posible escon-der detrás de alianzas langoy.

Adicionalmente perturba el desolador paisaje electoral, la presencia de agru-paciones políticas de simple fachada, cuyas candidaturas por lo general parecen salidas de la lámpara de Aladino, pero sin la genialidad de sus originales ocu-pantes y que arriar banderas sería quizás lo más franco para ellas y para el país.

A todo lo dicho se agrega algo que es común denominador en todas o casi todas las fórmulas presidenciales y listas parlamentarias: de un lado improvisa-ción así como irresponsables propuetas tipo “Alicia en al País de las Maravillas”, y del otro una mescolanza sin direccionalidad ni norte, que quizás hasta nos pue-da llevar a pensar que el actual Congreso podría ser mejor. ¡Qué horror!!!

Todo lo expuesto nos lleva necesariamente a una reflexión, en el sentido que no podemos seguir votando como antaño en que para la primera vuelta lo hacíamos por el candidato de nuestras preferencias, y en la segunda por el mejor y cuando ello no era posible por el menos malo. Ahora frente a la dispersión del centro, de que tratábamos al empezar estos comentarios, y siendo el centro el que acoge al mayor número de simpatizantes, y no habiendo mayores diferencias ni ideológicas ni programáticas entre ésas opciones, pues tendremos que concen-trarnos en el del centro que mejor esté posicionado según los nuevos sondeos de opinión que vayan saliendo, cualquiera que sea, conforme ya varias personas analíticas y versadas lo aconsejan y a lo que se denomina voto estratégico para quienes queremos gobernabilidad democrática y prosperidad económica.

Diario La Razón

27 de marzo de 2011

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FORTALEZAS Y DEBILIDADES ELECTORALES

El 10 de abril tuvimos las esperadas elecciones generales y parlamentarias con el resultado cierto, aunque no oficial, que pasarán a la segunda vuelta los candi-datos Ollanta Humala y Keiko Fujimori, uno de los cuales será el próximo Presi-dente de la República.

Ambas candidaturas recibieron aproximadamente el 30 y el 20 por ciento de los votos de los electores, esto es que sumados ambos representan más o menos a la mitad de ellos, y la otra mitad la tuvieron las dispersas candidaturas del centro político peruano.

Mientras el centro dividido presentaba programas de gobierno bastante coincidentes, el del extremo izquierdo nos conducía a recordar las experiencias del llamado “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas” con Juan Ve-lasco Alvarado a la cabeza, y en la otra antípoda, pese al discurso de desmarque con lo acontecido en los años 90, nos llevaba a remembranzas que aún causan escozor.

Los electores que prefirieron las opciones de centro esperan que quienes pa-san a la segunda vuelta garanticen que no volveremos a prácticas del Velascato ni del Fujimorismo de los 90. No se quiere estatización de empresas ni menos aún el dispendio de nuestros impuestos en aventuras empresariales, ni volver a incau-taciones y expropiaciones, como tampoco enfrentar a los peruanos con postula-dos como “campesino el rico no comerá más de tú pobreza”. No más SINAMOS ni la utilización de las Fuerzas Armadas y Policiales en ensayos populistas con tufo marxista, y menos aún la quiebra de nuestras instituciones.

En la otra antípoda y sin desconocer el acierto en la lucha antiterrorista y en sentar las bases de una sana economía, tiene también que ser garantizada la insti-tucionalidad democrática, desterrando el verbo “disolver” y respetando a todos los poderes y organismos autónomos del Estado, así como alejar de su manejo a todos los que en una forma u otra se aprovecharon indebidamente de recursos y bienes de todos los peruanos.

El centro político es el mayoritario y quien llegue a alcanzar la Presidencia en la segunda vuelta, lo será con votos propios y los prestados del centro, por lo que tendrá que respetarlo y concertar con él para, con los perfeccionamientos que puede requerir el sistema, se afirme el mismo. Insisto, para lograr el bien común se necesita trabajo y este existe cuando hay inversión, y esta última se produce cuando hay estabilidad jurídica y tributaria, además de tranquilidad.

Hablar de cambios seduce al elector, pero tenemos que ser responsables, estamos en la direccionalidad correcta; se ha avanzado mucho como se puede acreditar con el mayor consumo, reducción de pobreza y mayores posibilidades

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¿Ello es suficiente? Por supuesto que no lo es, pero si seguimos el camino correc-to, incluyendo cada vez a los que aún no les ha llegado el progreso, podremos tener un país con desarrollo y prosperidad para todos.

Es penoso que la fortaleza numérica del centro se convirtiera en debilidad por su irresponsable fraccionamiento.

Diario La Razón

17 de abril de 2011

CRISIS DE PARTIDOS

Después de los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 10 de abril, mucho se dice y escribe sobre los partidos políticos, sobre su probable crisis, so-bre la representación política y también sobre el financiamiento de su actividad.

Giovanni Sartori percibió claramente que el correr del tiempo, la innovación tecnológica, la revolución de las comunicaciones, y el papel de la prensa, entre otras causas, tenía que influir en las organizaciones políticas. Advirtió que por el tradicional asambleismo de ésas agrupaciones y por sus decisiones colectivas, lamentablemente llegaban tarde, ya el ciudadano no esperaba sus pronuncia-mientos, y que la prensa las estaba sustituyendo, a lo que hay que agregar a muchas organizaciones no gubernamentales. Hay otros actores que coexisten o sustituyen a los partidos en la generación de corrientes de opinión.

Hoy en día en que el mundo está interconectado, en que prácticamente no hay secretos y que los pobladores de todas las latitudes conocen lo que acontece en el mismo acto de los sucesos, las gentes se van acostumbrando a ello, más aún no necesitan reunirse físicamente para hacer análisis, intercambiar opinio-nes y coordinar actuaciones políticas; tienen el mecanismo de la inmediatez con el Internet, las redes sociales, los correos masivos y muchas otras herramientas informáticas. Tampoco quieren desplazarse como antaño ni asistir a grandes con-centraciones, se han acostumbrado a la comodidad de sus domicilios, trabajos y cabinas desde donde están intercomunicados en tiempo real.

Pese a lo señalado siguen las agrupaciones políticas con los mismos antiguos escenarios, pocas son las que se han adaptado a los tiempos y han dado validez a las nuevas herramientas informáticas, algunas inclusive siguen con las forma-lidades dignas de la antigua burocracia con actas, firmas, sellos y legalizaciones, lo que se agrava con la movilidad de los militantes de partidos, para los que les resulta muy fácil el traslado de alguna organización a otra, pues en este mundo globalizado en que las diferencias ideológicas se han ido convirtiendo en simples

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matices, bien pueden estar en un lado u otro sin traicionar creencias, más cuando la mayoría de planes y propuestas tienen similar direccionalidad y componentes.

Esta situación nos tiene que hacer reflexionar sobre el tipo de partidos que necesitamos, las herramientas que se deben utilizar para su actuación, incluso saliendo de paquidérmicos comportamientos a rápidas acciones, sin olvidar por cierto las modificaciones que requiere la exageradamente formalista legislación electoral y partidista, que lamentablemente se ancló en pretéritos tiempos.

Diario Expreso

29 de abril de 2011

CANDIDATURAS PIGMEAS

En la primera vuelta de las elecciones generales del presente año tuvimos inicial-mente once candidatos a Presidente de la República, número que se redujo a diez luego del sensato retiro de uno de los pretendientes a la primera magistratura.

Hubieron cinco candidatos con opción y otros cinco, no diremos que con remotas sino con nulas posibilidades, pese a lo cual se aferraron a su pretensión presidencial con empecinamiento que ya rayó en capricho.

No negamos que las candidaturas inviables cumplían con los requisitos le-gales, más no con un mínimo de razonabilidad tanto para presentarlas como para mantenerlas. ¿Qué obtuvo la testarudez de los postulantes y de las agrupaciones políticas que los presentaron en sociedad? Absolutamente nada.

Algunas de las agrupaciones políticas que presentaron candidaturas pig-meas y que obtuvieron menor votación que muchos de los parlamentarios ele-gidos, fueron hechas a último momento, sin respaldo real, y otras buscaron a cualquiera que pudiera izar sus banderas con la esperanza de mantener por lo menos su inscripción en el Registro de Partidos Políticos. ¡Qué ilusos! También existieron las que en las elecciones del 2006 formaron parte de alianzas electora-les que, al haber superado la valla, consiguieron que todas las agrupaciones que las integraban conservaran la valiosa inscripción en el Registro aludido. Nada de esto puede calificarse de serio.

La terquedad de las candidaturas pigmeas, algunas de último momento y las más acreditando indisimulada improvisación (de lo que no se han librado varias de las que tenían posibilidad de llegar) con presencia intrascendente en lo político, le costó al Estado y a través de él a todos los contribuyentes. En efecto, estas han tenido acceso a la franja electoral; las cédulas de votación han sido más grandes, ergo más papel y tinta; el acto de votación ha durado más con irrespeto

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al tiempo de los miembros de mesa; ha complicado el acto de escrutinio así como el llenado de las diferentes actas, que han requerido más copias para las agrupa-ciones que contaron con personeros; además del costo de la fiscalización por el JNE. ¿Y todo ello para qué? Nuevamente respondemos: para nada.

Es probable que algunos de los candidatos a que nos referimos se hagan pre-parar tarjetas, bajo cuyo nombre imprimirán “Ex-candidato a la Presidencia de la República”; lo que quizás halague vanidades, y guardarán algún ejemplar de la cédula de votación para enmarcarlo y mostrarlo a sus descendientes y quizás también algún afiche. Nietos y bisnietos correrán donde un psiquiatra para saber si tienen algún signo inecuánime heredado. Esperemos que no.

Diario Expreso

03 de junio de 2011

YA NO SERA NECESARIO EL USO DE TINTA INDELEBLE…..MEJORAS EN SISTEMA ELECTORAL

Recientemente el Congreso de la República, atendiendo a dos iniciativas legisla-tivas del Jurado Nacional de Elecciones y algunas otras de grupos parlamenta-rios, ha efectuado modificaciones a la Ley de Elecciones y a la del mismo Jurado.

Las modificaciones aprobadas constituyen notables mejoras al Sistema Elec-toral y ayudarán a que los miembros de las mesas de sufragio efectúen su tarea con mayor eficiencia.

Así tenemos, disposiciones por las cuales se varía la composición de los Ju-rados Electorales Especiales, cuya función principal es el ejercicio de la justicia electoral en la jurisdicción territorial de su competencia. Anteriormente los JEE estaban integrados por un magistrado de Corte Superior, que podía estar en ac-tividad o jubilado y dos miembros elegidos por sorteo público entre los ciuda-danos de mayor grado de instrucción de la localidad donde se instala el JEE. Con la modificación el magistrado o juez superior tendrá que ser titular y en ejercicio, al que lo acompañará un miembro designado por el Ministerio Público elegido entre sus fiscales superiores en actividad o jubilados, y por último otro miembro designado por el JNE mediante sorteo entre 25 ciudadanos residentes en la sede del JEE de mayor grado de instrucción.

La nueva composición de los JEE es más profesional, teniendo en conside-ración la formación jurídica de la mayoría acorde con sus funciones, y recibirán entrenamiento previo del JNE.

Respecto a los miembros de las Mesas de Sufragio se ha ampliado la lista de los impedidos, por lo que no podrán conformarlas los candidatos, personeros y

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directivos de las organizaciones políticas en general, ni tampoco los miembros del Ministerio Público que durante la jornada electoral realizan actividades rela-cionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales. Los funcio-narios de la Defensoría del Pueblo que realizan supervisión electoral, así como las autoridades políticas en general y quienes sus cargos provengan de elección popular también tienen impedimento. Se incluyen asimismo en la lista de impe-didos a los bomberos y a los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y Policiales que realicen actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales.

Se ha dispuesto con toda claridad que para las listas de candidatos al Con-greso, quien integra una lista inscrita no puede figurar en otra. La norma es gené-rica y amplia y con ella se evitará cualquier tipo de dudas.

La supresión de la utilización de tinta indeleble en uno de de los dedos de los electores, para impedir que voten nuevamente, ahorrará tiempo y recursos, ya que con el avance tecnológico en el Documento Nacional de Identidad y con la fotografía del elector en el respectivo Padrón Electoral, hace innecesario el en-gorroso mecanismo felizmente superado.

Por último la norma que comentamos señala taxativamente los casos en que procede la observación del acta electoral por la Oficina Descentralizada de Proce-sos Electorales para que luego el JEE decida sobre el particular. También se deter-mina el orden de los ejemplares del acta que sustituirán para el cómputo al de la mencionada Oficina Descentralizada, en caso de que ella no lo hubiera recibido.

Hubiera sido también conveniente reducir el número de los ejemplares del acta electoral, para hacer menos tediosa y dilatada la tarea de los miembros de las Mesas de Sufragio, pues teniendo en muchos lugares las facilidades de las herramientas cibernéticas, bien podrían utilizarse; como por ejemplo escanear una sola acta a todos los destinatarios de ejemplares de ellas.

Las enmiendas a las leyes electorales aludidas entrarán recién en vigencia después de las Elecciones Municipales Complementarias del 3 de julio próximo. Si el Congreso hubiere tramitado a tiempo los proyectos de ley cursados por el JNE en junio del 2008 y en noviembre del 2010, podríamos habernos beneficiado de las mejoras normativas desde el proceso electoral en curso, y no esperar hasta un futuro lejano. Aún tendremos que seguir con el dedo manchado con tinta, que alucinan indeleble, y las mortificaciones que acarrea a los sufridos electores.

Diario La Razón

05 de junio de 2011

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¿Y AHORA?

Una campaña electoral se gana, más que por méritos, por mayores aciertos que defectos; y se pierde más que por deméritos, por mayores errores que aciertos. Los análisis técnicos los dejamos a los politólogos y científicos sociales, cuyas opiniones hemos venido escuchando y leyendo durante toda la semana, desde que conocimos los resultados de la segunda vuelta electoral.

La primera vuelta electoral se inició con cuatro candidaturas sólidas y otras siete sin mayor respaldo. Las cuatro de la liga mayor recibían -cada una- las sim-patías de una cuarta parte de los futuros electores, con las fluctuaciones que se-mana a semana advertían las encuestas. Dos de ellas eran percibidas como de centro, otra de izquierda y otra de derecha.

El ingreso de la candidatura de un aspirante presidencial sin partido, pero que aglutinó en una alianza electoral a agrupaciones políticas vigentes, pero sin candidato presidencial, dividió al centro que tenía el 50% de las simpatías, ya no en dos candidaturas sino en tres, y tal dispersión favoreció a las otras opciones, tanto es así que fueron las que pasaron a la segunda vuelta.

En cifras gruesas la opción con mayor número de electores en primera vuel-ta, aglutinó a algo más del 30% de votantes; y la segunda logró algo más del 20%. Los resultados de la segunda vuelta acreditan que quien ganó, consiguió apro-ximadamente el 20% de votos de los que habían optado en primera vuelta por otras candidaturas. Igualmente quien fue vencida en la segunda vuelta, recibió el respaldo de más o menos el 30% de los votos de quienes en primera vuelta favorecieron a otras candidaturas. En buen romance el ganador obtuvo el 20% de votos prestados y la candidatura vencida el 30%.

Como resultado tenemos algo más del 30% como el respaldo duro del pre-sidente elegido, y el otro 70% corresponde al de la candidatura perdedora y a los que no pasaron a la segunda vuelta. Este sector mayoritario del universo electoral no debe ni puede estar pintado en la pared, tiene y tendrá siempre algo que decir.

El sistema de dos vueltas está concebido para que quienes llegan a la segun-da puedan hacer concesiones, llegar a acuerdos y tratar de ganar las simpatías de quienes no fueron sus seguidores en la primera, por lo cual era absolutamente legí-timo que se pudieran modular los programas de gobierno para también satisfacer al sector no incorporado al núcleo duro de votantes. Esta morigeración del plan primigenio produjo el descenso de los temores, lo que contribuyó al éxito de quien resultó ganador en la contienda, y que por consiguiente tiene una obligación -más que moral- con el grupo de votantes que se le sumó en la segunda vuelta.

¿Y ahora qué? Ahora tenemos un nuevo Presidente de la República que jura-mentará el 28 de julio, y que ha recibido el respaldo institucional del Partido Perú

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Posible y de sus aliados Somos Perú y Acción Popular, que no compartiendo el plan primigenio del ganador, se convertirán en buena cuenta en avalistas del cumplimiento de las ofertas electorales finales y definitivas.

El próximo Presidente de la República tendrá que hilar muy fino para man-tener el respaldo de sus seguidores iniciales y de quienes le dieron valor agrega-do para la segunda vuelta, así como también comprender al resto de peruanos que ni en primera ni en segunda vuelta votaron por él. En buena medida tendrá que compatibilizar el necesario desarrollo económico generador de puestos de trabajo y bienestar con la mayor velocidad de la inclusión social.

Por otro lado, quienes se consideran aún excluídos del desarrollo económi-co, entender que su inclusión no puede ser automática, es un proceso progresivo que ya se inició y que debe proseguir. No hay que impacientarse, y recordar que las dos décadas transcurridas de estabilidad económica, nos ha permitido reinsertarnos en el sistema económico-financiero del mundo globalizado, nos ha permitido celebrar tratados para expander nuestras exportaciones, también para recibir inversiones generadoras de trabajo y bienestar, y sin olvidar que al haber-se construido carreteras, ampliado puertos y aeropuertos, expandido las redes de agua potable y de desagüe, así como una impensada cobertura de energía eléctri-ca, mayores hospitales, más postas médicas, muchas más escuelas, van sentando los cimientos para el bienestar y prosperidad de todos.

La campaña terminó, ahora todos juntos a trabajar por un Perú desarro-llado en orden, y con inclusión social, para lo cual tienen que contribuir desde sus correspondientes posiciones, tanto quienes serán gobierno como a quienes el electorado los ha puesto en el lado opositor, sin que ello signifique olvidar la responsabilidad que tienen.

Diario La Razón

12 de junio de 2011

ABSURDO LÍO ENTRE JNE, ENCUESTADORAS Y MEDIOS

Con los recientes cuestionamientos por el nombramiento de allegados a Perú Po-sible como Ministros de Estado, la visita de un numeroso grupo de Presidentes y otros dignatarios a la transmisión del mando presidencial en nuestra patria, así como la enojosa provocación del nuevo Presidente aludiendo innecesariamente a la Constitución de 1979 sustituida por la actual hace cerca de veinte años; pues no ha tenido el estruendo que ameritaba la decisión del JNE de denunciar penal-mente a medios de expresión que no habían publicado las fichas técnicas de las encuestas que en el proceso electoral habían difundido.

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Creemos que la errada decisión del JNE no se compatibiliza con su impeca-ble y exitosa actuación en la primera y segunda vuelta de las pasadas elecciones generales, que ha sido tan apreciada por todas las agrupaciones políticas y por la generalidad de la ciudadanía.

El lector que no se ha enterado del problema seguramente se preguntará ¿qué pasó? Y se lo decimos: es otra vez el tema de las famosas encuestas electora-les que como sabemos pueden inducir al ciudadano elector en la direccionalidad de su voto, por lo cual está normado que ellas sólo pueden difundirse hasta el domingo anterior al de las elecciones.

Adicionalmente a la posibilidad de inducir al ciudadano conforme a lo ex-presado anteriormente, no todas las encuestadoras que hacen difundir sus es-tudios gozaban de similar prestigio y credibilidad, por lo que el JNE se vió en la necesidad de crear el Registro Electoral de Encuestadoras y normar todo lo relacionado con ellas y sus investigaciones, tanto de campo como de gabinete, exigiendo que cuando difundieran sus trabajos, lo hicieran conjuntamente con la respectiva ficha técnica.

Si la encuesta es difundida por medio de expresión, como obligación de transparencia el JNE exigió que la ficha técnica también fuera publicada junto con la encuesta. La información que debería contener la ficha técnica no es poca pues va desde la identificación de la encuestadora pasando por la identificación de quien la contrató, la metodología completa utilizada para su preparación, el cuestionario íntegro de las preguntas a los encuestados, la tasa de respuesta, el sistema de muestreo, el tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de representatividad, el procedimiento de selección de encuestados, el nivel de con-fiabilidad, la fecha del trabajo de campo y detalle de los lugares donde se ejecutó y realizó la encuesta, el universo de la población encuestada, y vaya uno a saber que tantos otros datos más.

Lo cierto es que la publicación de la ficha técnica puede tener más extensión que la propia encuesta, por lo que después de la protesta de los medios de expre-sión por la decisión de la autoridad electoral de denunciar penalmente a los me-dios omisos a la publicación de la ficha técnica, ha reducido el universo de datos de tal ficha a ser publicados en los medios escritos. Ello sin perjuicio a publicar todos los datos completos en el portal informático o página web.

Indiscutiblemente el JNE ha demostrado buena voluntad al reducir su pre-tensión de publicación de todos los datos de la ficha técnica, pero ello no es sufi-ciente. No olvidemos que los medios no solamente cumplen con un servicio de informar, sino que para brindarlo realizan actividades económicas como es la de tener anunciadores que pagan por los espacios escritos, radiales y televisivos. Cuando hay una exigencia legal exagerada de publicar datos en el propio medio,

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sobre todo en el escrito, o se reducen las noticias e informaciones que contiene el medio o se reducen los anuncios publicitarios, con lo cual se atenta contra la economía de los medios de expresión.

Creemos que puede compatibilizarse la preocupación de la autoridad elec-toral y de la ciudadanía de conocer la ficha técnica de las encuestas, con los inte-reses del medio de prensa de dar a conocer la ficha técnica resumida al mínimo, pero con la obligación de señalar el portal informática o página web donde debe estar publicada íntegramente la ficha técnica, y a la que pueda acceder libremente cualquier ciudadano.

Como vemos, si bien hay un avance en la rectificación de la actitud de la autoridad electoral, aún ella es tímida, por lo que podría complementarse con lo que hemos señalado en el párrafo anterior, que por lo demás no es ninguna nove-dad ni se necesita ser aprendiz de brujo para plantearlo. En efecto el Reglamento para la Publicación de Normas Legales de Carácter General (D.S. Nº 001-2009-JUS establece que cualquier anexo de lo que se deba o pueda publicar, podrá hacerse en portal electrónico. Evidentemente la ficha técnica es un anexo, y entre las entidades obligadas a acatar el aludido Reglamento también se encuentra el JNE ya que es una de las Instituciones a la que se refiere la Ley de Procedimiento Administrativo General.

A mayor abundamiento de la tesis planteada, el Reglamento para la Publica-ción de Normas tiene por finalidad “Fortalecer el aprovechamiento de las tecno-logías de la información, promoviendo el uso de los Portales Electrónicos...” Más claro ni el agua. Hay elementos de sobra en los que se puede amparar el JNE para subsanar lo ocurrido, pudiendo incluso ordenar a su Procurador el desistimiento de denuncias, previo requisito de la publicación de la ficha técnica en el portal informático. Con ello se garantiza la difusión de la ficha, hay transparencia, no se afecta al medio de prensa y todos contentos. No la hagan difícil.

Diario La Razón

31 de julio de 2011

INTOLERANCIA PARTIDARIA

La crisis que atraviesan los partidos políticos no puede ser soslayada, cada día pierden presencia, importancia e influencia. Todos conocemos de su fracaso elec-toral en los comicios regionales y municipales de los últimos años, y también de su diminuto posicionamiento en el interior del país con el resultado nacional en las urnas que percibimos. La mayoría de los que han mantenido su inscripción

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oficial como partidos, se debe a que se subieron al carro de algún candidato pre-sidencial que superó la valla electoral, con la consecuencia que ello se extendía a todos los aliados.

Los partidos enfrentan el durísimo desafío de ampliar su presencia capitalina a la totalidad del ámbito nacional, así como sintonizar con la realidad, con las aspi-raciones populares y variando el discurso con propuestas concretas pero serenas. E incluso vinculándose con sus militantes y simpatizantes mediante novísimos me-canismos que nos proporciona el avance tecnológico, como son las redes sociales, las asambleas o reuniones no presenciales, la votación electrónica y tantos otros.

Pero para recibir el favor ciudadano tienen necesariamente que practicar con el ejemplo, sobre todo con lo que es Democracia y el respeto a los derechos de sus militantes y dirigentes. Los partidos tienen que ser los templos de la Demo-cracia en que se respeten y acaten las decisiones mayoritarias, que para tomarlas se requiere escuchar a todos, y se seguirá el camino que trace la mayoría.

Es absolutamente razonable y legítimo que en los partidos existan tenden-cias, sectores o alas y que se pueda discutir democráticamente entre ellas, antes de tomarse cualquier decisión. Antes y después de ella tiene que existir tolerancia ante los planteamientos y posiciones ajenas, respetándose el derecho constitucio-nal y humano de expresarse y de opinar. Es conocido el aforismo dentro de la actividad partidaria de que antes de tomada la decisión tiene que existir absoluta libertad y después de tomada ella, la unidad en su ejecución.

Las agrupaciones políticas son por lo general defensoras de los Derechos Humanos, entre los que se cuenta la libertad de opinión, pero también el derecho a ser escuchado cuando a alguien se le hacen imputaciones, acusaciones o denun-cias. No se puede aplicar sanciones sin escuchar al supuesto infractor, pues se estaría atentando contra el derecho a la defensa y al debido proceso.

Cuando los partidos no actúan en concordancia con lo que ellos propugnan, flaco favor le hacen al sistema político, el cual sigue desprestigiándose con el agravante de la desconfianza ciudadana, que va perdiendo fé en el sistema y se puede inclinar al aventurerismo con resultados insospechados.

Diario Expreso

05 de agosto de 2011

JNE Y ENCUESTAS: BUENA SOLUCIÓN

Es secreto a voces que muchas veces el elector puede ser inducido en la direc-cionalidad de su voto por diversos elementos y mecanismos. Uno de ellos es

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la publicidad que incluso puede ser engañosa, otro los rumores adversos sobre determinadas candidaturas, y también los resultados de las encuestas.

Ante resultados de encuestas supuestamente efectuadas en los mismos lu-gares y en los mismos tiempos, aunque con tamaño de muestras disímiles, la au-toridad electoral nacional se vio precisada a crear el registro de las encuestadoras electorales y a normar su desempeño. Les exigió entre otros requisitos publicar sus fichas técnicas con amplia información.

Si bien es cierto el JNE actuó con la mejor buena intención, lamentablemente algunos Jurados Especiales, que son instancia inferior, al aplicar la normatividad sobre encuestadoras pretendieron que los medios de comunicación que tan sólo comentaban las encuestas, aunque no las reprodujeran, también debían publicar la dichosa ficha técnica que hubiera ocupado espacios enormes al medio de ex-presión, sacrificando informaciones, opiniones y los avisos publicitarios que les permite solventar la edición.

Igualmente los Jurados Especiales, que sancionaban a los simples comenta-ristas por no publicar la ficha técnica, también sancionaron con multa a los me-dios que no habían publicado la integridad de la ficha, y lo que es peor solicita-ban al Ministerio Público abrir investigación penal a los directores de los medios supuestamente infractores.

Llovieron las críticas a la autoridad electoral, y el JNE tuvo rápida reac-ción, las escuchó, evaluó y tomó decisiones lógicas que tenemos la obligación de aplaudir. Si se critica cuando hay errores, existe también el imperativo de resaltar cuando la autoridad superior corrige el error del inferior y encuentra solución adecuada al problema.

Recientemente el JNE ha tenido el acierto de hacer precisiones al Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras, que en la práctica es una sana rectifica-ción, mediante la cual dispone que la ficha técnica de las encuestas electorales, respecto a los medios de prensa escrita que las acogen, bastará que se haga conocer el portal electrónico o página web en el que se encuentre la ficha técnica completa.

Además, el JNE ha oficiado al Ministerio Público para que se tomen en cuen-ta las nuevas disposiciones, para las investigaciones que la Fiscalía pudiere haber iniciado por la carencia de publicación de las fichas completas.

El JNE ha sabido conciliar el interés del ciudadano común y corriente que se informa del resultado de las encuestas electorales, con la preocupación de los medios de expresión por el nutrido contenido de la ficha, que le quitaba páginas de su publicación en desmedro de la información, columnas de opinión y avisos de los que viven. Ahora todos satisfechos.

Diario Expreso

09 de setiembre de 2011

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GARANTÍA DE NEUTRALIDAD ESTATAL

La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales. Significa que las autoridades tienen que ser neutrales, a fin de no favorecer ni perjudicar a quienes están en la contienda electoral, lo que está relacionado con el principio constitucional de igualdad ante la ley.

La Ley Orgánica de Elecciones prohíbe a las autoridades coactar, impedir o per-turbar la libertad de sufragio, utilizar influencias del cargo, practicar actos que favo-rezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato, imponer a las personas a su cargo la afiliación a determinados partidos, imponer que voten por ciertos can-didatos, entre otras. Empero la misma regulación prohíbe a las autoridades formar parte de algún organismo político o hacer propaganda electoral, lo que es excesivo.

Quien ejerce cargo público tiene impedimento, en el ejercicio del cargo, de hacer proselitismo político, pero ello no le puede impedir, fuera de la función pública y en horas en que no está laborando, participar en política que es un de-recho que la propia Constitución reconoce a los ciudadanos.

Es normal que quienes han llegado a ser autoridades, pertenezcan a orga-nismos partidarios, y en tal situación también tienen obligaciones frente a sus agrupaciones, las cuales no pueden verse anuladas las 24 horas del día por el cargo público que ostentan, pues ello atentaría contra sus derechos ciudadanos.

El Código de Ética de la Función Pública determina que los funcionarios públicos, deben actuar con imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vin-culaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Por ello prohíbe reali-zar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de organizaciones políticas o candidatos. Como puede verse es en el ejercicio de las funciones y no como cualquier ciudadano que con todo derecho puede usar su tiempo no rentado por el Estado como mejor le parece.

La tesis consagrada en el Código de Ética aludido está corroborada por la LOE, cuando al referirse a los que postulan a reelección en el cargo, permite hacer el proselitismo político cuando no realice actos de gobierno ni utilice medios de propiedad pública. Sin embargo, en la práctica se desconoce ello con decisiones de los jurados especiales en que se observa aplicación draconiana de la norma-tividad, reñida con el derecho a la participación política de quienes simultánea-mente al cargo público ejercen cargos partidarios.

Similares excesos se han advertido en las regulaciones de la propaganda electoral, en que se suspende el derecho del Estado a la publicidad estatal des-de la convocatoria a elecciones, así no tenga relación ni directa ni indirecta con

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los procesos electorales. Esta mordaza debe ser para la temática de la contienda electoral más no para el sano propósito de las comunicaciones del Estado en sus diferentes niveles.

Seguramente el JNE revisará estas disposiciones compatibilizando el deber de neutralidad con el ejercicio del derecho a la participación política.

Diario La Razón

25 de setiembre de 2011

INMUNIDAD A PARTIR DE LA ELECCIÓN

Por falta de filtros adecuados, las agrupaciones políticas presentan como candi-datos al Congreso a algunas personas que carecen de calificaciones éticas.

Ello se advierte en dos situaciones. Una cuando encontramos personas muy orondas en sus curules que llegaron al Parlamento con carga penal, sea de de-nuncias en trámite en el Ministerio Público o en investigación o procesamiento judicial. Otra cuando los parlamentarios ya elegidos cometen inconductas y fal-tas disciplinarias e incluso perpetración de delito.

Como pareciera por declaraciones de algunos congresistas que no tienen claras sus ideas en esta temática, bueno es hacer algunas precisiones.

En lo que se refiere a los parlamentarios elegidos con denuncias en trámite o en investigación judicial o procesamiento jurisdiccional de contenido penal, no les alcanza la inmunidad parlamentaria y las investigaciones y procesamientos pueden continuar sin necesidad que el Congreso lo autorice, ya que la inmuni-dad recién es a partir de la elección, y no hacia atrás.

Respecto a los ya electos, hay tres diferentes variables. La primera es la inconducta disciplinaria, que no constituye delito. La segunda es la infracción constitucional. La tercera y última es la perpetración de delito.

Las denuncias por faltas de comportamiento o inconductas de carácter dis-ciplinario de los congresistas, que no constituyen delito, son investigadas, proce-sadas y sancionadas por la Comisión de Ética del Congreso con arreglo al Código de Ética Parlamentaria, salvo cuando la sanción es de suspensión en el ejercicio de las funciones congresales, lo que es de competencia del Pleno del Congreso a propuesta de la Comisión y hasta por 120 días de legislatura.

Las infracciones a la Constitución así como los delitos atribuidos a congre-sistas a partir de que son electos, y que tienen el beneficio de la inmunidad parla-mentaria, están sujetos a una previa valoración del Poder Legislativo mediante el antejuicio, en que la Comisión Permanente, con el dictamen de la Sub-Comisión

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de Acusaciones Constitucionales, acusa ante el Pleno al congresista supuesta-mente infractor, y es el Pleno del Congreso el que puede disponer la remisión de los actuados al Fiscal de la Nación para el inicio de la acción penal. Si la denuncia proviene directamente del Poder Judicial, en el Congreso existen los mecanismos procedimentales para levantar la inmunidad parlamentaria y autorizar el proce-samiento judicial.

Adicionalmente a la resolución acusatoria de contenido penal dispuesta por el Pleno Congresal, este puede suspender al parlamentario acusado hasta que concluya el proceso judicial o también inhabilitarlo para la función pública si se tratara de infracción constitucional, pero si hubiera sentencia absolutoria le son devueltos sus derechos políticos.

En el Congreso existe confusión de conceptos, pues vemos que denuncias y procesos penales que enfrentan parlamentarios desde antes de la elección, pretenden enviarlos a la Comisión de Ética Parlamentaria que nada tiene que ver con delitos, sino con faltas disciplinarias en el ejercicio del cargo. En temas previos a la elección la citada Comisión es incompetente, al igual que para el caso de denuncias por delitos en ejercicio de la función, en que quien dictamina es la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales. Deben tener cuidado en determinar el órgano donde deben ser direccionadas las denuncias contra parlamentarios para evitar inconvenientes.

Diario La Razón

23 de octubre de 2011

PARTIDO O FACHADA

Se debate sobre la petición del MOVADEF para ser reconocido como partido político, así como respecto a las resoluciones emitidas por la autoridad electoral.

En la documentación presentada por el MOVADEF al Jurado Nacional de Elecciones para su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), se encuentra Estatutos e Ideario, en que se afincan al “Pensamiento Gonzalo” de la autoría de Abimael Guzmán Reinoso, fundador de “Sendero Luminoso”.

El “Pensamiento Gonzalo” propugna la violencia para el cambio del siste-ma. La ligazón entre Sendero y el MOVADEF tiene como cordón umbilical a tal pensamiento, que resulta ser clara apología al terrorismo practicado por el pri-mero y que ha enlutado al Perú, sembrando por doquier destrucción y muerte.

Por lo anterior el MOVADEF no debería participar como partido político en el sistema democrático en el cual no cree, debiendo ser ello suficiente para que-dar excluido de los beneficios que otorga el sistema de partidos formal.

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Es conveniente tener en cuenta que una de las principales funciones que la Constitución asigna al JNE es la de velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas, lo que está ratificado por su Ley Orgánica (art.5)

Nuestra Ley de Partidos Políticos (LPP) señala entre los objetivos de los partidos (art. 2) la de asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los Derechos Humanos, canalizar la opinión pública, contribuir a la educación política de la población así como a la gobernabilidad del país. ¿Alguien en su sano juicio puede siquiera pensar que una organización como el MOVADEF vinculada a Sendero Luminoso y que afirma el Pensamiento Gonzalo, puede garantizar alguno de dichos objeti-vos? La respuesta es obvia: NO.

Consecuentemente el Estado debe tener muy presente que entre sus debe-res, de acuerdo a la Constitución (art. 44), está garantizar la vigencia de los De-rechos Humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Nada de ello se podría garantizar si se hubie-ra dado pase a una agrupación que petardeará el Sistema Democrático haciendo mal uso del mismo.

La autoridad electoral ha hecho bien en no limitarse a las formalidades sino también ver lo sustantivo, como es el análisis de estatutos e ideario, para evitar apreciaciones anti-sistema. Ahora que el MOVADEF aparentemente se ha reple-gado, toca al Estado en su conjunto, a los partidos democráticos y a la prensa, hacer la lucha ideológica contra el terrorismo, así esté disfrazado.

Diario Expreso

03 de febrero de 2012

LEGISLACIÓN ELECTORAL

El JNE ha tenido el acierto de proyectar el Código Electoral y su Código Procesal, los que ha enviado al Congreso para el debate y pronunciamiento. Ello ha sido oportuno, pues estando distantes los próximos procesos electorales, los proyec-tos pueden debatirse sin la angustia del vencimiento de plazos y sin la presión de intereses inmediatos tanto partidarios como personales.

El proyecto de normas sustantivas abarca desde derechos ciudadanos y electorales, las transgresiones electorales y sanciones, los partidos y su funcio-namiento, y otras materias. El proyecto de Código Procesal determina compe-tencias, etapas de cada proceso, medios probatorios, registro de organizaciones

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políticas, inscripción de candidaturas, tachas, impugnaciones, vacancias, suspen-siones entre otras.

Para el debate parlamentario, tendrá que definirse algunos temas vincula-dos, contenidos en la Constitución y en otras leyes electorales y partidarias. En efecto será necesario determinar si conviene que existan tres entes electorales, el JNE, la ONPE y RENIEC, o si solamente es necesario mantener el Jurado y RENIEC, y que ONPE se integre al primero de ellos como brazo logístico y ope-rativo en los procesos electorales y similares.

En caso se mantengan las tres instituciones, decidir sobre algunas compe-tencias compartidas, como la capacitación o educación electoral, pues cuando se duplican esfuerzos también se duplican gastos, que son financiados con los impuestos que pagamos, por lo que se impone la racionalidad.

Será necesario definir si seguirá o no el voto preferencial, dependiendo de ello parte importante del articulado de los proyectos.

Hay partidos que conservan su inscripción como tales, por el hecho de ir unidos con otras agrupaciones a la lid electoral. A veces no logran incorporar al Parlamento a uno solo de sus candidatos, pero por el arrastre de los socios electora-les permite seguir viviendo a quienes corrientemente se les llama “partidos parási-tos”. Cada partido integrante de alianza debería tener alguna sub-barrera electoral.

Las multas electorales no requieren modificación alguna, pero si hay que seguir en la tarea de simplificación de las actas electorales.

Se tendrá que remozar la Ley de Partidos incorporando la modernidad, con las asambleas no presenciales, elecciones electrónicas, inscripciones en línea; y para el reconocimiento de nuevas agrupaciones políticas entender que el hecho de sacar firmas en padrones para su verificación por ONPE a nada conduce, como que poco significa tener comités permanentes.

Como vemos los proyectos presentados por el JNE tienen que debatirse con otros proyectos colaterales.

De aprobarse en el Congreso, tendremos dos conjuntos normativos que inte-gran, sistematizan y ordenan la dispersa normatividad sobre el particular. Apro-vechemos la buena iniciativa de nuestra autoridad electoral.

Diario Expreso

31 de agosto de 2012

PARTIDO O VOTO PREFERENCIAL ¿A QUIÉN CULPAR?

En reciente artículo nos hemos referido a la pretensión de eliminar el voto prefe-rencial, bajo la motivación, entre otras, que es el causante de la precaria calidad del Parlamento, salvo destacadísimas excepciones.

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Me circunscribo a la motivación mencionada y no a otras en que algunas son válidas. No se puede culpar al voto preferencial de los males parlamenta-rios, pues al igual que personas deshonestas con suficientes recursos económicos puedan seducir con regalos y publicidad a desprevenidos electores, también es cierto que ésas mismas personas podrían con similares herramientas conseguir puestos expectantes en las listas sin voto preferencial.

Los ciudadanos se quejan del Parlamento, de existencia indispensable en la Democracia, pero olvidan que fueron electores y que por escoger la lista de su simpatía y a una o dos de las personas que la integran, de su preferencia, tienen responsabilidad.

La responsabilidad es compartida con las agrupaciones políticas que con-feccionan, designan y proponen sus listas parlamentarias a los electores, y esta responsabilidad es mucho mayor pues tienen la obligación de presentar como sus embajadores a los mejores y no a los peores. La representación parlamentaria se convierte en la vitrina nacional de la respectiva agrupación política, y ello de-bería ser más que suficiente para mostrar a la colectividad lo mejor del escaparate con listas de ciudadanos ejemplares.

En las elecciones generales del 2011 el padrón electoral ha sido de cerca de veinte millones de ciudadanos, específicamente 19,949,915, todos con derecho a elegir y ser elegidos como reza nuestra Constitución. Fueron doce las agrupa-ciones políticas, entre partidos y alianzas, que presentaron listas parlamentarias, y como sumados los candidatos de los distintos distritos electorales, cada agru-pación presentó 130 candidatos, hemos tenido un total de 1,560 candidatos al Congreso.

No nos digan que en un país con aproximadamente treinta millones de ha-bitantes y con cerca de veinte millones de ciudadanos hábiles para participar en las justas electorales, no podamos tener en cada agrupación política 130 buenos ciudadanos presentables, respetables, dignos de ser nuestros representantes en el Parlamento, y que dejen en alto el nombre del Perú y de su partido político.

Como podemos observar, no es el voto preferencial el causante de la poca calidad personal y moral de algunos parlamentarios, la responsabilidad, más aun, la culpa corresponde a las agrupaciones políticas que mostraron en su vi-driera a algunas personas carentes de los más elementales requisitos éticos para ser los representantes de la Nación. Los partidos tienen que tener mayor pulcri-tud en seleccionar a sus candidatos, que avalan ante el país.

Diario La Razón

04 de noviembre de 2012

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PARTIDO O VOTO PREFERENCIAL, ¿A QUIÉN CULPAR?

En reciente artículo nos hemos referido a la pretensión de eliminar el voto prefe-rencial, bajo la motivación, entre otras, que es el causante de la precaria calidad del Parlamento, salvo destacadísimas excepciones.

Me circunscribo a la motivación mencionada y no a otras en que algunas son válidas. No se puede culpar al voto preferencial de los males parlamentarios, pues al igual que personas deshonestas con suficientes recursos económicos pue-dan seducir con regalos y publicidad a desprevenidos electores, también es cierto que esas mismas personas podrían con similares herramientas conseguir puestos expectantes en las listas sin voto preferencial.

Los ciudadanos se quejan del Parlamento, de existencia indispensable en la de-mocracia, pero olvidan que fueron electores y que por escoger la lista de su simpatía y a una o dos de las personas que la integran, de su preferencia, tienen responsabilidad.

La responsabilidad es compartida con las agrupaciones políticas que con-feccionan, designan y proponen sus listas parlamentarias a los electores, y esta responsabilidad es mucho mayor pues tienen la obligación de presentar como sus embajadores a los mejores y no a los peores. La representación parlamentaria se convierte en la vitrina nacional de la respectiva agrupación política, y ello de-bería ser más que suficiente para mostrar a la colectividad lo mejor del escaparate con listas de ciudadanos ejemplares.

En las elecciones generales del 2011 el padrón electoral ha sido de cerca de veinte millones de ciudadanos, específicamente 19,949,915, todos con derecho a elegir y ser elegidos como reza nuestra Constitución. Fueron doce las agrupaciones políticas, entre partidos y alianzas, que presentaron listas parlamentarias, y como sumados los candidatos de los distintos distritos electorales, cada agrupación pre-sentó 130 candidatos, hemos tenido un total de 1,560 candidatos al Congreso.

No nos digan que en un país con aproximadamente treinta millones de ha-bitantes y con cerca de veinte millones de ciudadanos hábiles para participar en las justas electorales, no podamos tener en cada agrupación política 130 buenos ciudadanos presentables, respetables, dignos de ser nuestros representantes en el Parlamento, y que dejen en alto el nombre del Perú y de su partido político.

Como podemos observar, no es el voto preferencial el causante de la poca calidad personal y moral de algunos parlamentarios, la responsabilidad, más aun, la culpa corresponde a las agrupaciones políticas que mostraron en su vi-driera a algunas personas carentes de los más elementales requisitos éticos para ser los representantes de la Nación. Los partidos tienen que tener mayor pulcri-tud en seleccionar a sus candidatos, que avalan ante el país.

Diario La Razón

25 de noviembre de 2012

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VOTO PREFERENCIAL Y CALIDAD PARLAMENTARIA

Nuevamente se encuentra en el debate parlamentario y mediático, la eliminación del voto preferencial. Ello se debe a que aprovechando reciente evento interna-cional efectuado en el Perú, con presencia de lideresas mundiales como la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet y la Secretaria de Estado de los Estados Unidos Hillary Clinton, se anunció desde el Poder Ejecutivo la propuesta para eliminar el voto preferencial y para disponer en las listas parlamentarias la alter-nancia entre varones y damas hasta alcanzar la llamada cuota de género.

No sabemos si el anuncio mencionado fue por convicción o por oportunis-mo, pero lo cierto es que se ha culpado al voto preferencial por la baja calidad de la composición del Congreso y su declinante prestigio, salvo muy honrosas excepciones que tenemos en todas las bancadas.

Nuestra legislación electoral (Ley 26859) dispone que la elección de congre-sistas se realiza mediante el sistema del Distrito Electoral Múltiple aplicando el método de la cifra repartidora, con doble voto preferencial, esto último opcional para el elector, ya que puede ejercer el derecho a elegir dentro de la lista que le es presentada o votar por la lista completa.

La utilización del voto preferencial hace cambiar el orden de la respectiva lista de candidatos presentada por el partido político o por la alianza de los partidos. El nuevo orden es el definitivo y se colocan en forma sucesiva de mayor a menor vo-tación en cada una de las listas. Llegan a ocupar curul, según lo determine la apli-cación de la cifra repartidora, desde el primero de la lista hasta quien se encuentre en el último cupo que corresponde a la agrupación política o alianza.

Es verdad que el voto preferencial muchas veces convierte a competidores amigos de una misma lista en enemigos, y que la propaganda de algunos candi-datos al Parlamento hasta opaca a la del candidato presidencial.

Suprimir el voto preferencial subsistiendo el método de la cifra repartidora, significa que llegarían al Parlamento el número de candidatos que corresponda a la aplicación del citado método, a partir del primero de la lista, con lo cual en la práctica no es el elector común y corriente el que decide, sino la agrupación política respectiva.

Si se quiere eliminar el voto preferencial, sería conveniente que las candida-turas parlamentarias de cada agrupación política se definan en elecciones inter-nas prolijas y con intervención de la autoridad electoral, pudiéndose considerar un número determinado de candidatos que sean escogidos por la dirigencia del partido para así incorporar por invitación a personas que podrían hacer impor-tantes aportes al país desde el Parlamento. Seguiremos con el tema.

Diario Expreso

14 de diciembre de 2012

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PRIMERA DAMA ¿PODRÍA POSTULAR?

De vez en cuando se suelta al debate nacional, algo posible o no, que entretiene a los ciudadanos y a los medios de comunicación y los tiene ocupados. En algunos casos para esconder otro tema o para con la distracción del debate haya olvido de algunos más importantes.

Ahora está en el debate si la cónyuge del Presidente de la República puede postular o no para la Presidencia en las próximas elecciones generales, y ello por-que preguntada sobre el particular por la prensa, la respuesta de la primera dama fue que ya no deben existir leyes con nombre propio. Como vemos la respuesta no fue terminante, tajante, definitiva, incontrovertible, ella fue ambigua y sujeta a diversas interpretaciones.

Más allá de lo que la cónyuge del Presidente quisiera, lo cierto es que ciertas personas por su cercanía a los gobernantes o por recientemente haber ejercido importantes funciones públicas, tienen una presencia mediática muchísimo más fuerte que otros y que en los hechos rompe el principio de igualdad que debe primar en los procesos eleccionarios.

Nuestra anterior Constitución de 1979 determinaba que –entre otros- no po-dían postular a la Presidencia el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce la Presidencia.

Lamentablemente la Constitución de 1993 que nos rige, no contiene similar precepto y únicamente señala los impedimentos para la elección de parlamenta-rios y los requisitos para postular a la Jefatura del Estado en que se determina la nacionalidad peruana por nacimiento, ser mayor de 35 años y gozar del derecho de sufragio, ergo, quien no es peruano de nacimiento, quien es menor de 35 años y quien no goza del derecho de sufragio, no puede postular a la Presidencia.

Si bien la actual Constitución no determina impedimentos para postular a la primera magistratura de la República, si lo hace la Ley Electoral actual 26859 (artícu-lo 107) como también lo hiciera la que la antecedió, esto es la Ley 26337 (artículo 71).

La pregunta que corresponde es ¿Son válidos los impedimentos que están en la Ley Electoral pero no en la Constitución? Creemos que si pues la constitución no puede abarcar todo y para ello están las leyes de desarrollo constitucional.

Otra pregunta sería ¿se puede interponer acción de inconstitucionalidad contra la norma que impide a la cónyuge postular a la Presidencia?. La respuesta es negativa, pues han pasado más de los seis años que la norma prescribe como límite para ello.

La siguiente obvia pregunta es si ¿Podría el JNE, admitir la candidatura pre-sidencial de la cónyuge del Presidente? La respuesta es que no debería mientras está vigente el impedimento legal.

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Siendo corriente el dicho “No quiero, no quiero, échenmelo al sombrero”, o “las bases me lo piden”, o que el Congreso derogue el impedimento legal, lo prudente sería incorporar a la Constitución las prohibiciones para postular, aho-rrándonos en ésa forma estériles discusiones.

Diario La Razón

27 de enero de 2013

TUPAC AMARU ELECTORAL

Tradicionalmente la autoridad electoral ha sido el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el que hasta antes de ser aprobada la actual Constitución de 1993 tenía bajo su cargo los procesos electorales, la justicia electoral y el “Registro Electoral” como lo acredita el texto de la Carta de 1979.

Lo expuesto significaba que la preparación y conducción de los procesos electorales, la proclamación de los elegidos, expedición de credenciales, resolu-ción de controversias e impugnaciones electorales, el registro de los ciudadanos (en la práctica el registro de identificación), todo estaba concentrado en el JNE.

La Constitución de 1993 creó el “Sistema Electoral” desmembrando a la au-toridad electoral de aquel entonces en tres organismos diferentes, el primero el JNE que quedó circunscrito a lo que llamamos justicia electoral, con la responsa-bilidad de fiscalizar el ejercicio del sufragio, resolver impugnaciones y cuestio-namientos, entre otras responsabilidades. El segundo organismo es la ONPE con el encargo de organizar los procesos electorales, referéndum, y otras consultas populares. El tercer organismo es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) con la tarea de llevar el registro de identificación desde el naci-miento de los peruanos hasta su deceso, como también todo lo relacionado con el estado civil, sustituyendo en esto último a los municipios.

Como vemos el antiguo Jurado Nacional de Elecciones fue descuartizado como Tupac Amaru, y ahora que se discutirán en el Congreso los proyectos legislativos sobre el Sistema Electoral, convendría en primer término definir si –con la experiencia de las dos décadas de vigencia de la Constitución de 1993- se deben mantener los tres organismos del Sistema Electoral o hacer modificaciones.

Obviamente hay que mantener al organismo encargado de administrar la justicia electoral así como también al RENIEC, que más que llevar el registro elec-toral que es temporal, tiene a su cargo el registro permanente de identificación y estado civil, el que es ejemplo de seriedad y eficiencia en América, habiendo sido copiado por otros países bajo el auspicio de la OEA.

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La experiencia de ONPE no es similar a RENIEC y se convirtió en fuente de conflictos con el JNE, con el que debería mantener relaciones de coordinación según sus atribuciones, aunque el JNE tiene al final capacidad decisoria. Incluso con el correr del tiempo se han ido duplicando competencias y facultades, como en lo que se refiere a la educación o capacitación electoral y otras varias tareas, atentándose contra la economía del Estado.

Para colmo, se observa celos institucionales. El JNE tuvo el acierto en di-ciembre de 2011 de presentar al Congreso proyectos de ley para la dación de un Código Electoral y otro de Procesos Electorales. ONPE en lugar de presentar aportes y sugerencias, se dedicó a preparar proyecto diferente, pero descuidan-do entre otros aspectos los impedimentos para postular a la Presidencia de la República, lo que fue duramente criticado y obligó al retiro del proyecto.

Por todo lo señalado convendrá determinar si conviene o no mantener a ONPE separada del JNE o incorporarla como su brazo ejecutor de comicios y consultas populares.

Revista Punto de Encuentro Nº 02Diciembre de 2013

RESPONSABILIDAD DEL ELECTOR

Se ha iniciado el proceso electoral para elegir a los gobiernos regionales y muni-cipales, y ello debe llevar a los electores a hacer un análisis de conciencia cívica y electoral.

Ése análisis debería comenzar por recordar por quien votamos para el go-bierno regional, el municipio provincial y el distrital, y luego preguntarnos en nuestro fuero interno, si contribuimos con nuestro voto a quienes salieron elegi-dos para dichos importantes cargos.

Después de ello, si estamos conformes con el desempeño de quienes elegi-mos, y de estar inconformes, a que se debe ello, en un mecanismo racional que nos lleve –si estuvimos equivocados con nuestro voto – a no cometer en los próxi-mos comicios el mismo error.

El elector muchas veces se queja de las agrupaciones políticas que promo-vieron candidaturas que con el tiempo se estableció que fueron inconvenientes, por decir lo menos. También se queja el elector de la calidad de muchas de las personas que ejercieron o ejercen cargos electivos, pero tiene que tener claro que hay responsabilidad compartida entre quienes presentan candidaturas inadecua-das y el elector que puso su voto en quien o quienes no lo merecían.

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Evidentemente hay candidatos de primerísima calidad moral y profesional, y además con mística de servicio; pero también hay de los otros, que no están ca-pacitados para ejercer los cargos a los que aspiran o carecen de valores éticos para trabajar en provecho de sus respectivas comunidades, y únicamente pretenden el cargo para lucrar, y ya sabemos cómo.

Los electores debemos conocer los antecedentes de los candidatos, en forma integral, como son su desempeño en las actividades a las que estuvieron dedica-dos, el cumplimiento de sus responsabilidades familiares, crediticias, tributarias, hasta si han sido conductores responsables de vehículos. Insisto la indagación debe ser integral, y una buena herramienta de inicio de dicha acción es el conoci-miento de la hoja de vida de los candidatos.

Hoy en día la mayor parte de los electores tienen acceso a Internet, y las au-toridades electorales cuelgan en sus portales institucionales las hojas de vida de los candidatos, además que la prensa de investigación hace una loable pesquisa para conocer a los candidatos.

Somos creyentes de la presunción de inocencia, pero cuando se nos muestra por la prensa, no chismes, sino más que evidencias de mal comportamiento y hasta perpetración de delito, no nos podemos quejar que no estuvimos informa-dos para emitir un voto responsable. Si tenemos las herramientas usémosla para tener buenos gobernantes.

Revista Gente Nº 1588

Julio de 2014

EDUCAR AL SOBERANO

El ciudadano en una democracia, sin duda alguna es el soberano, pues tiene el derecho de participar en los asuntos públicos mediante diversos mecanismos que nuestra Constitución establece. Principalmente tiene el derecho a elegir a sus re-presentantes, así como ser elegido. (artículo 31)

Expresamente la Constitución faculta a ejercer nuestros derechos indivi-dualmente o a través de organizaciones políticas las que concurren a la forma-ción y manifestación popular. (artículo 35)

Como quiera que no hay derechos sin obligaciones, todos los peruanos tie-nen el deber de honrar a la patria y de proteger los derechos nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación (artículo 38).

Por lo general las agrupaciones políticas, ofrecen de todo y para todos, a fin de cautivar al elector y ganar su voto, por lo que cuando desde nuestro Partido ORDEN le decimos al ciudadano que el núcleo de nuestro pensamiento no es la

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fácil oferta de lo que es posible, de lo imposible y de lo que es inconveniente, sino la exigencia al ciudadano -haciendo docencia política- que debe cumplir primero con sus deberes cívicos antes que exigirle de todo al Estado, les llama la atención a muchos. Creen que con ello no se ganarán elecciones. No importa, nos arriesga-mos, porque lo que si nos importa es tener buenos ciudadanos cumplidores de la ley, para hacer un Perú mejor del que hasta ahora hemos observado.

Si existen ciudadanos convencidos que el cumplimiento de la Constitución y la ley es indispensable para tener un país como el que habíamos soñado, esta-remos más que satisfechos, pues desde ése cimiento podremos construir y hacer realidad el citado sueño.

El ciudadano es el que manda, por eso desde hace siglos se dice que es el soberano, pero quienes pretenden conducir al país deben contribuir a educar al soberano para que sea respetuoso de las normas. No se puede reclamar al Esta-do las obras que se requieren, la mejor educación que deben brindar los centros educativos estatales, la óptima atención de la salud pública, la defensa de nuestra soberanía, la seguridad interna y tantas otras cosas más, si es que no se cumple con la ley, no se pagan los impuestos y encima desde los administrados tratan de corromper a las autoridades.

No renunciaremos a repetir hasta el cansancio que para obtener el desarrollo nacional que conduzca a la elevación de los niveles de vida de la población, se necesita en una corta cadena, que el siguiente eslabón sea la existencia de trabajo digno y adecuadamente remunerado, y para ello es indispensable la inversión desde el sector privado, el que para arriesgar capitales necesitará de otros eslabo-nes previos como es la tributación justa y predecible, la estabilidad normativa, la seguridad interna y la justicia incorruptible.

Ya es hora de desarraigar la fácil costumbre de la irresponsable seducción política, e instaurar el llamado a la conciencia popular mediante el uso de la ra-zón bajo el influjo de la ética.

Diario La Razón

17 de agosto de 2014

CUOTA DE GÉNERO

El Ejecutivo anunció la presentación de proyecto de ley, a fin de que varones y damas se alternen en las listas parlamentarias que presenten las agrupaciones políticas, por lo menos en los lugares pertinentes hasta llenar la cuota de género.

El tema, como cualquier otro es opinable, y hace algunos años presenta-mos similar proyecto con un sector de congresistas que agrupó Annel Townsend. Como han transcurrido cerca de diez años, convendría volver a evaluar el asunto.

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Si bien el principio general es el de la igualdad, para que realmente ella exista se hizo necesario poner algunas cuotas como “muletas” temporales para ayudar a la mayor participación política. La cuota de género que consiste en que en las listas parlamentarias, regionales, municipales y de la dirigencia partidaria exista por lo menos un 30% de mujeres y de hombres, no es la única cuota como veremos.

En efecto, tratándose de elecciones de gobiernos regionales en las listas de candidatos al Consejo Regional debe haber un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada región donde existan (art. 12 Ley 27683). En cuanto a las municipalidades, en las listas de candidatos a regi-dores hay una cuota de no menos de un 20% de jóvenes menores de 29 años y un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia donde ellos existan (art. 10 Ley 26864).

Si bien simpatizo con la propuesta, es conveniente tener en cuenta que en los tiempos en que vivimos las damas dejaron de ser relegadas. Hemos tenido can-didatas a la Presidencia de la República, cada vez hay más personas del género femenino en el Parlamento, quien ejerce la Alcaldía de Lima es una dama, al igual que en muchas provincias y distritos. Igualmente hemos contado - y ahora en mayor número- con ministras de Estado, tuvimos una magistrada en el Tribunal Constitucional, y en estos años a varias juezas supremas, sin olvidar a diversas fiscales de la Nación. En los ministerios han destacado damas como vice minis-tras y en otros altísimos cargos, al igual que en la conducción de innumerables organismos del Estado.

En nuestra Cancillería hay excelentes embajadoras y en el último ascenso a dicha categoría diplomática, de ocho promovidos cinco son damas de acreditada solvencia profesional.

A lo expuesto se suman en el sector privado muchas presidentes de direc-torio, directoras, gerentes, al igual que en muchas otras organizaciones no guber-namentales como, entre otras, asociaciones y clubes; damas que cada vez tienen mayor participación institucional y que incluso se agrupan para efectuar serias propuestas y manifiestos como se ha advertido en el último congreso de empre-sarias mineras. Todo ello por lo demás, que en muchas universidades e institutos superiores priman las damas.

Si bien fue necesario que en algunos momentos el Estado incentivara y pro-moviera la presencia femenina en su organización, y ello ha venido dando bue-nos resultados, es conveniente que el tema sea revaluado con objetividad, sin fanatismos, prejuicios, ni tampoco exclusiones.

Diario La Razón

24 de agosto de 2014

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CUIDADO CON LOS BRIBONES Y GRANUJAS

Se inició la contienda para elegir a los nuevos Presidente Regionales y sus conse-jeros, así como alcaldes y regidores.

Son muchísimos los que han presentado candidaturas bajo los auspicios de partidos políticos, movimientos regionales y locales, todos los cuales tienen la obligación de dar a conocer sus hojas de vida, en que deben estar los más sig-nificativos datos de su actuación, en lo estudiantil, lo profesional, lo laboral, lo familiar, antecedentes penales y judiciales, actividades políticas, cargos desem-peñados y un sinnúmero de otros datos que son relevantes para que el elector pueda escoger, pero bien, con conocimiento suficiente y sin que se le esconda información que de ser conocida podría hacer variar la decisión del elector.

Muchísimas veces nos hemos quejado de nuestros gobernantes, de los tres niveles, el nacional, regional y local, e incluso se ha imputado culpabilidad a las agrupaciones políticas, por presentar a personas que no reúnen idoneidad para el cargo, cuyos antecedentes hacen desconfiar de ellos y que exponen al ciudadano a tener autoridades impresentables.

Sin embargo son pocos los que reconocen que se trata de una responsabi-lidad compartida entre la agrupación política que presenta a sus candidatos y los electores que votan por ellos. La responsabilidad de los partidos y demás colectividades o agrupaciones políticas es por no haberlos seleccionado prolija-mente o no tener filtros eficientes para impedir que personas inescrupulosas se enganchen con ellos. La responsabilidad de los votantes es por no haber inves-tigado suficientemente sobre los antecedentes de los candidatos o por escoger simplemente a personas por su verbo florido, la simpatía que pueden mostrar o las propuestas que exponen, así ellas sean novedosas pero impracticables.

No se trata de un concurso de oratoria, tampoco de escoger a quién se mues-tra más fachoso en la fotografía de un panel, o a quien vende más sebo de cule-bra a los incautos. En las elecciones de octubre tendremos que elegir a nuestros gobernantes regionales y locales, por lo que es importantísimo conocer los ante-cedentes de los candidatos, pues si bien en la actualidad tenemos a algunas bue-nas autoridades regionales y municipales, también existen malas y muy malas, y algunas no solamente por ser incapaces de conducir exitosamente los asuntos públicos, sino porque con el correr del tiempo se ha conocido que son bribones y granujas, además de pícaros.

Estamos hartos de corrupción, cierto, pero elijamos bien para no tener arre-pentimiento.

Diario Expreso

22 de agosto de 2014

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¿ERROR O FRAUDE?

El Jurado Electoral Especial Lima Centro, apartó de la carrera electoral municipal de Lima Metropolitana, al candidato de Solidaridad Nacional y ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.

Las protestas dejaron oír su voz, e incluso el propio candidato cuestionado, acusando el golpe, habló de intento de fraude electoral.

La máxima autoridad electoral, esto es, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Francisco Távara Córdova, con claridad meridiana y como no podía ser de otra forma, rechazó con serenidad pero con energía, la gratuita imputación que ponía en entredicho al JNE. Y lo ha dicho bien, desde el regreso a la plenitud del sistema democrático, la más alta autoridad electoral del país ha demostrado espíritu democrático, respeto a la Constitución y a la Ley, y al mismo tiempo ha salvaguardado la voluntad de los electores.

Nuestro sistema de justicia electoral reconoce la doble instancia, por lo cual la resolución de un Jurado Especial siempre puede ser recurrida al Jurado Nacio-nal, que define en segunda y última instancia; y estando el suelo parejo, nada jus-tifica calificativo de fraude, pero por más antojadiza que puede ser la expresión, no deja de dañar la confianza que debemos tener los ciudadanos con nuestra máxima autoridad electoral.

El JNE se ha ganado su espacio y prestigio, y el mellarlo le hace daño a todo el país, que tiene más que razones valederas para confiar en el juicio de sus inte-grantes y en su conocimiento y aplicación del Derecho.

Si el Jurado Electoral Especial erró en su apreciación, allí está el JNE para enmendarle la plana, sin que sean necesarias ni las presiones, ni las marchas ni menos los calificativos tendenciosos.

El JNE con su convicción democrática y amplio conocimiento del Derecho sabrá seguramente ir al fondo del asunto y no quedarse en la literalidad de la norma. Se requiere conocer su razón de ser para resolver con justicia, e incluso determinar si un error de naturaleza material o una deficiencia en la elaboración de un formulario, puede ser motivo de exclusión de un candidato de su preten-sión de conducir los destinos de la ciudad capital.

Cuidado con manchar el prestigio, reputación y buen nombre de los inte-grantes del JNE, con los que podemos tener coincidencias como discrepancias, pero no dudar en lo más mínimo de su integridad moral, que es una garantía de conducción imparcial del proceso electoral regional y municipal.

Diario Expreso

05 de setiembre de 2014

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PARTIDOS Y EXCESOS REGULATORIOS

De la inexistencia de legislación sobre las agrupaciones políticas hemos pasado al exceso regulatorio, y lamentablemente nos equivocamos al normar sobre las or-ganizaciones políticas, sea de nivel local, regional y nacional, estableciendo sobre todo para las últimas exagerados requisitos.

Lo que es más preocupante es que ahora, quienes nunca han militado en partido político pretendan ampliar sus regulaciones, con más requisitos, forma-lismos y trámites. Quieren regular a los partidos como si se tratara de sociedades anónimas, sin considerar que no son sociedades sino asociaciones sui generis de objetivos políticos.

Quienes pertenecen a una agrupación política pueden entrar o salir de ella voluntariamente, y su participación es para mejorar su localidad, región o el país entero, así como para concurrir a la formación y manifestación popular, como lo determina la Constitución.

La vigente normatividad partidaria, es para siglos pasados, cuando las co-municaciones no habían alcanzado el nivel que hoy tienen. Tal normatividad está llevada al obsoleto asambleísmo, cuando hoy por la existencia de Internet puede haber reuniones no presenciales; las convocatorias y citaciones pueden realizarse electrónicamente al igual que las votaciones; y las discusiones y debates pueden hacerse por correo electrónico cuando no por los mecanismos de las redes sociales.

Hoy en día las agrupaciones políticas tienen que generar corrientes de opi-nión, y en ésa actividad cívica-política compiten con organizaciones no guberna-mentales y también la prensa. La diferencia es que para los partidos hay profu-sión de reglas, mientras que para las otras nada.

Pocos entienden que los militantes y simpatizantes son importantes, y que para que ambos expresen sus opiniones y exista diversidad de corrientes o ver-tientes en una misma agrupación política, no es necesario tener infinidad de lo-cales partidarios, pues como hemos visto tanto debates como informaciones y comunicaciones pueden realizarse sin asistencia presencial.

Cuando existen campañas y euforia electoral, se realizan reuniones parti-darias de activismo, pero esto no es permanente. Hay etapas de gran actividad y hay otras de moderada presencia de la militancia. Pretender que todos los co-mités partidarios funcionen como si fueran escuela es irreal, y esto tiene que re-cordarse cuando se hagan modificaciones a la legislación partidaria y electoral.

Es cierto que la democracia cuesta, pero disentimos de quienes desean obli-gar al Estado a solventar a los Partidos Políticos. Si sobra, pues en buena hora, pero cuando tenemos prestación de servicios de salud deficientes, escuelas que se caen a pedazos, alumnos que estudian en situación precaria, y déficit de in-

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fraestructura de todo tipo, no podemos darnos el lujo de mantener con el presu-puesto nacional a los Partidos.

Como verá el apreciado lector, tenemos que poner un poco de realismo a este asunto, para no caer nuevamente en demasía regulatoria.

Diario Expreso

21 de noviembre de 2014

PARTIDOS: CORRECCIONES NECESARIAS

En varias oportunidades nos hemos pronunciado por la necesidad de tener nor-matividad legal simple y sencilla para las agrupaciones políticas, las cuales no pueden ser tratadas como si fueran sociedades anónimas, ya que no hay capitales que guardar ni patrimonios que cautelar.

Es conveniente recordar que quienes integran las organizaciones políticas, son voluntarios, nadie los ha obligado a tener militancia política y actúan con bastante libertad, la cual no debería ser recortada por el Estado con regulaciones legales complejas y fuera de la realidad.

Un tema que lamentablemente ha pasado desapercibido, pero que debería ser resuelto en las modificaciones a la normatividad partidaria y electoral, es el de la igualdad de los partidos políticos de cara a la ley.

Se supone que todos somos iguales ante la ley, y que los partidos al concu-rrir a la formación y manifestación de la voluntad, como lo consagra la Constitu-ción del Estado, deben también ser tratados como iguales.

Pese a lo señalado, la legislación electoral trata a los Partidos con represen-tación parlamentaria o sin ella, en forma diferenciada. En efecto, tratándose de Partidos sin representación parlamentaria, motivada en haber obtenido su ins-cripción oficial como organización política con posterioridad al último proceso electoral general, estos nuevos partidos son discriminados, al excluirlos de los espacios en radio y televisión del Estado en período no electoral.

La Ley de Partidos Políticos, otorga mensualmente a los Partidos con repre-sentación parlamentaria y por cinco minutos, espacios gratuitos para difundir en cada medio radial y televisivo del Estado sus propuestas y planteamientos. Em-pero, para los Partidos que recién se formalizaron, ni un segundo, nada de nada. Esto tiene que ser corregido y ya, no solamente porque es injusto e inequitativo, sino porque pone a los partidos con representación parlamentaria en una situa-ción privilegiada que atenta contra la igualdad de facilidades para participar en política.

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Los nuevos partidos políticos no le quitarán absolutamente nada a los que ya gozan de la facilidad mencionada, y ésa es una razón adicional para que sus representaciones parlamentarias en el Congreso no tengan temor a compartir de-rechos.

Sin embargo hay otros temas que también preocupan, como es la exclusión de las nuevas agrupaciones políticas del Foro del Acuerdo Nacional, ni siquie-ra como observadores. Si se quiere que todos estemos comprometidos con las políticas de Estado definidas en el Acuerdo Nacional, y que los nuevos Parti-dos podrían tener representación en el próximo Congreso de la República, es incomprensible la exclusión de las nuevas organizaciones políticas de alcance nacional del citado Acuerdo, el que únicamente convoca a los partidos que tienen congresistas.

Como vemos, hay temas pendientes que resolver, y ahora es el momento de hacerlo. ¿Se atreverán? Pues ojalá.

Diario Expreso

28 de noviembre de 2014

¿QUÉ PASÓ CON EL SOBERANO?

Tuvimos elecciones regionales y municipales, para definir las personas que como Presidentes y Consejeros Regionales, Alcaldes Provinciales y Distritales, y sus respectivos Regidores, conducirán a partir del primero de enero y por cuatro años, los destinos de aproximadamente dos mil circunscripciones territoriales en nuestro querido Perú.

La conducción del proceso electoral y el comportamiento del Jurado Na-cional de Elecciones, ONPE y RENIEC, sin ningún pero, pudiéndolo calificar de transparente y correcto.

Lamentablemente no podemos decir lo mismo de todos los electores. Sa-bemos que el ciudadano es el soberano y también desde centurias se menciona que el soberano debe ser educado o preparado o instruido, como se quiera ca-lificar.

Creímos, después de ver la conducta de los electores en el proceso de re-vocatoria de la actual Alcaldesa de Lima, que ya estaban cívicamente prepara-dos, pues con voto diferenciado castigaron a algunos regidores a quienes iden-tificaban como los promotores de la revocatoria, y adicionalmente revocaron el mandato a los regidores del movimiento político de la alcaldesa, pero a ella la mantuvieron en el cargo.

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Ahora en este proceso electoral que acabamos de tener, la actitud de muchí-simos electores nos deja la amarga sensación que aún falta mucho por hacer, y que hay que proseguir con la docencia política.

No encontramos explicación valedera del motivo por el cual las personas consideren mayoritariamente que la corrupción es una de las peores cargas que afectan al país, pero sin embargo privilegiaron con su voto a algunos candidatos con cuestionamientos éticos, para no hablar de delitos.

Tampoco entendemos ése doble estándar moral de condenar la corrupción, pero al mismo tiempo aplaudir el dicho: roba pero hace, cuando el robar es de por sí delictivo, con obras o sin ellas.

El aprovechamiento de la necesidad de educación superior de muchísimos electores, canjeando becas o medias becas por votos, es otro mecanismo de co-rrupción que no debería repetirse. Con el anhelo de mejora de nivel de vida de los ciudadanos, vía preparación universitaria o simplemente superior, no se debe jugar.

También se corrompió al elector con regalo de pasajes, y algunas agrupa-ciones políticas cayeron en la tentación de convertirse en vientres de alquiler, llevando a candidatos que después de los comicios incurrirán en el “te veo y no me acuerdo”.

El masoquismo de algunas poblaciones al haber reelegido a autoridades con pésimos antecedentes, con más que evidencias de perpetración de delitos, y que con sus acciones y discurso han impedido el desarrollo de sus circunscripciones y obstaculizado las inversiones que generan trabajo, elevación de niveles de vida y bienestar. Francamente incomprensible.

Como cereza en torta y en acciones absolutamente antidemocráticas, cuan-do no les ha gustado a algunas poblaciones la decisión electoral, se han volcado a las calles a protestar y lo que es peor a dañar la propiedad pública y privada. Esto no puede permitirse y la Policía Nacional con el Ministerio Público deberían identificar a los delincuentes antisociales para someterlos con rapidez a la justi-cia, esperando que alguna vez actúe ella con celeridad.

Ojalá lo acontecido en el proceso electoral municipal regional no vuelva a re-petirse, para lo cual las organizaciones políticas tienen el deber de preparar a sus militancias y las autoridades, ayudadas por los medios de comunicación, educar al soberano, que tiene que hacer su vacacional.

Diario La Razón

16 de diciembre de 2014

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SISTEMA INTERAMERICANO DEDERECHOS HUMANOS

INMOTIVADA PREOCUPACION

Hacen pocos días, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos, expresó su preocupación por la promulgación de norma legal peruana relacionada con las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Lo ha hecho comentando el último período de sesiones de la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos, recientemente realizado, en que el Perú fue convo-cado para expresar su posición con respecto a la Ley 28925 que objetaban algunas ONGs.

La convocatoria al Estado Peruano se efectuó dentro del análisis de la CIDH sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos en nuestro con-tinente. El contexto para tratar dicho asunto, en lo que se refiere al Perú, no fue el más adecuado, si se tiene en cuenta que por mandato de la OEA,la CIDH en marzo del 2006 emitió su “Informe sobre la situación de las defensoras y defenso-res de los Derechos Humanos en las Américas” teniendo en cuenta que “aún hoy, en sociedades democráticas, las defensoras y defensores siguen siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; campañas de desprestigio, iniciación de acciones judiciales: res-tricción de información en poder del Estado; abyusivos controles administrativos y financieros; e impunidad en relación a quienes son autores de estas violacio-nes” Esa puede ser la situación en algún otro país, pero de ningún modo en el Perú después que se restauró plenamente el sistema democrático .

Como hemos observado, el seguimiento de las conclusiones y recomenda-ciones del Informe antes aludido, de marzo del 2006, no era -como hemos dicho- el más adecuado para tratar las preocupaciones de las ONGs por la dación de la Ley 28925, máxime si se tiene en cuenta que lo que ha hecho el Perú es abso-lutamente legítimo y lícito, ha ejercido el derecho que tiene cualquier estado de emitir normas que regulan actividades de terceros.

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Como es harto conocido el Estado, a quien se le exige transparencia, también la exige a los ciudadanos y a las instituciones, y esa transparencia no es nada irre-gular ni inusual, pues el Informe mencionado de la CIDH, en su décima novena recomendación le dice a los Estados miembros de la OEA que deben “permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional, en condiciones de transparencia”.

La Ley 28925 no impide el financiamiento externo, más aún lo garantiza, pues permite a los donantes, con la exigencia de transparencia a las ONGs que perciben contribuciones, conocer perfectamente como ellas se invierten y si cum-plen los objetivos para los que se dió la cooperación financiera.

Se ha dicho por los representantes de las ONGs objetantes, que el Perú les ha puesto requisitos en demasía, pues ya presentan balances, se inscriben en la seguridad social, tienen licencia municipal de funcionamiento, etc. Pues si señor, como lo tiene cualquier institución cumplidora de sus obligaciones, pero que ello no las excluye de registrarse ante las Entidades de control de sus actividades específicas. Ejemplo, los bancos por la Superintendencia de Bancos, las AFPs por dicha misma Superintendencia, las Fábricas con el registro de manufacturas, los laboratorios con los registros ante el Sector Salud, y así podríamos seguir con todas las actividades.

Los representantes de las ONGs objetantes también se quejaron ante la CIDH que la nueva Ley hace que el Estado priorice sus actividades que son privadas. Lean por lo menos el Art.3 de la Ley 27692 en texto modificado por la No. 28925. La priorización la ejerce el Estado por intermedio de APC solo cuando la coope-ración la gestiona el mismo Estado o cuando las ONGs reciben algún privilegio, beneficio o exoneración tributaria. Si no las reciben no hay priorización alguna.

Por eso tenemos que decirles a los que les han calentado la cabeza y los han preocupado inútilmente, que no se preocupen, que no hay motivo de preocu-pación, que en el Perú no se persigue a las ONGs y que los integrantes de ésas Organizaciones especializadas en defender los Derechos Humanos, pueden estar tranquilos, pues no sólo se les reconoce y aprecia, sino que se les seguirá facilitan-do su actuación, dentro del respeto a la Ley.

Diario Expreso

23 de marzo de 2007

DIALOGO DE ESTADOS CON CIDH

Desde la última Asamblea de la OEA realizada meses atrás en Panamá, se ha abierto un franco y fluido diálogo entre los Estados miembros del Sistema Intera-

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mericano de Derechos Humanos de la OEA con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana.

Con ocasión del último período de sesiones de la Comisión, han proseguido las conversaciones, en las que el Presidente de la Comisión informó los avances de las tareas de la Institución, y su vocación dialogante.

Los Estados dieron a conocer a la Comisión sus inquietudes y observacio-nes, así como su deseo de que el diálogo sea un mecanismo permanente que ayu-de a mejorar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, haciendo conocer explícitamente su voluntad de respetar, preservar y cautelar los mencionados derechos. Como denominador común reclamaron el buen trato procesal que de-ben recibir los Estados, acorde con el que reciben peticionarios y denunciantes, debiéndose propender a la absoluta transparencia y a la información oportuna sobre los actos procedimentales.

En el diálogo el Perú recordó que, reinstaurada la plena democracia, se ha-bía vuelto a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, de la que inconvenientemente se había retirado en la pasada década, y que ello era prueba de su acción en pro de los Derechos Humanos. A ello se sumaba la transparen-cia que debía existir en la administración del Estado, con clara afirmación de la libertad de prensa y expresión, acreditada por la suscripción por tres gobiernos democráticos sucesivos de la Declaración de Chapultepec, como son los gobier-nos de los doctores Paniagua, Toledo y García.

Ahora es conveniente que la propia Comisión Interamericana, procese las sugerencias de los Estados, siendo urgente entre otras las que tienen que ver con el debido proceso, que es un derecho de quienes recurren a los Tribunales así como a otros organismos cuasijurisdiccionales o previos a lo propiamente con-tencioso. Ese derecho es frecuentemente invocado por la Comisión y Corte en las peticiones, denuncias y causas que procesan, pero lamentablemente no siempre cumplido frente a los Estados denunciados. Principalmente las recomendaciones van en el sentido que el Estado debe conocer de todas las peticiones y denuncias, oportunamente, al igual que los actos procesales.

El conocimiento oportuno, lejos de perjudicar al Sistema, lo beneficiará, pues con el conocimiento del Estado de los cuestionamientos que se le formulan, podrá en lo interno enfrascarse en la tarea de lograr soluciones, lo que reducirá la carga laboral de Comisión y Corte. Objeción formulada por varios Estados es la pretensión de la Comisión de emprender nuevas tareas y tener más relatorías especializadas. Magnífico y loable, pero no atendible mientras no acredite estar al día con lo que ya es su tarea.

Debe meditar la Comisión en el facilismo con el cual se da a conocer al pú-blico, lo que ni siquiera se notifica previamente a los Estados afectados, y lo que

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es peor, sin que exista por lo menos una investigación preliminar de hechos y una reflexión sobre los mismos.

El exceso de peticiones y denuncias no admitidas o rechazadas, genera em-balse, lo que atenta contra la eficiencia y prestigio del Sistema. La incorporación de figuras procesales como archivamientos y abandonos por falta de impulso procesal, será beneficiosa.

Cuando se reinicie el diálogo, ya no con la Comisión, sino con la Corte Inte-ramericana, deberá tratarse con prioridad el tema de las excesivas reparaciones pecuniarias. El tema de los Derechos Humanos es una causa, y como tal debe entenderse. La exageración en los altos estándares que aplica la Corte lleva a elevar el piso de las reparaciones internas y distrae recursos presupuestales que preferentemente son para atender necesidades colectivas como salud, educación, seguridad e infraestructura entre otros. Dentro de este aspecto, merecería estu-diarse la posibilidad de trasladar la cuantificación de reparaciones a la decisión jurisdiccional interna de cada país.

Diario Oficial “El Peruano”24 de octubre de 2007

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, DEBE ATENDER SITUACIONES PARTICULARES DE CADA PAIS. FLORES-ARAOZ EN LA ASOCIACIONSALVADOREÑA DE ABOGADOS Y EN REUNIONCON PRESIDENTE SACA

El representante del Perú ante la ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICA-NOS (OEA) ANTERO FLORES-ARAOZ, invitado por la Asociación Salvadoreña de Abogados, disertó en San Salvador sobre el Sistema Interamericano de Dere-chos Humanos, ante un auditorio de aproximadamente quinientos magistrados, abogados, parlamentarios y ministros de El Salvador.

Como es conocido en El Salvador están preocupados por la pretensión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que deje sin efecto sus leyes de amnistía, que permitieron la suscripción de sus Acuerdos de Paz desde 1992, y que acaban de cumplir quince años, con los que El Salvador recuperó la paz y se legalizó la participación política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Tanto es así que a la conferencia de Flores-Araoz asistió el negociador de los Acuerdos de Paz, el ex-canciller Oscar Santa María.

Flores-Araoz manifestó que el Sistema Interamericano de Derechos Huma-nos no puede ser insensible a la voluntad de los respectivos países, y que no

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todas las amnistías se han otorgado para conseguir impunidad. En El Salvador la amnistía posibilitó los Acuerdos de Paz, los que han permitido incluso, que quienes en su momento se levantaran en armas hoy sean parte del Estado, pues incluso algunos de ellos forman parte de la Asamblea Nacional, que es el Parla-mento de dicho país.

También señaló que dejar sin efecto la amnistía, cimiento de la paz lograda, sería regresar a una situación de confrontación que nadie quiere, por lo que llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a entender los procesos que han vivido cada uno de nuestros países, y que por ello, por ejemplo, en el Perú, no se puede olvidar la secuela de muerte, destrucción y odio promovida por Sen-dero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

Posteriormente a su disertación Flores-Araoz se reunión con el Presidente de El Salvador Antonio Saca, a quien explicó las modificaciones que deberían ha-cerse en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para hacerlo más efi-ciente y que respete también el debido proceso al que tienen derecho los Estados.

Diario La Razón

30 de octubre de 2007

¿DECLARACIONES O VOLANTES?

Nuestro país pertenece a infinidad de organismos internacionales donde fre-cuentemente se aprueban resoluciones y declaraciones. Muchísimas son repe-titivas y otras parecerían ser líricas, lo que es consecuencia del facilismo para su aprobación y la benevolencia de los gobernantes para su contenido.

Me voy a circunscribir al ámbito de la OEA que es el que más conozco, en que durante todo un año los países que la integran compiten en presentar sus proyectos y cuanto más numerosos mejor, para que después de largas y densas negociaciones llevarlos al Consejo Permanente para que recomiende su aproba-ción a la Asamblea Anual. Lamentablemente en numerosos documentos la labor es estéril e irrelevante, distrayéndose valioso tiempo y utilizando onerosos recur-sos de los Estados miembros que son quienes solventan a la Organización.

Es probable que los funcionarios que las proponen y promueven, al igual que los de las Cancillerías que las facilitan e incluso estimulan, consideren que dichas resoluciones, sobre todo las declaraciones, tienen carácter enunciativo y no generan obligaciones a los Estados que las aprueban. Es factible también por-que al no seguirse la tramitación que las constituciones de cada país exigen para la aprobación de tratados internacionales, los lleve a pensar que las declaraciones no tienen mayor relevancia.

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Error, pues dichos documentos declarativos, en ocasiones con léxico dulzón y hasta romántico, sí generan obligaciones que los Estados que los aprobaron deben cumplir. La prueba es que son invocadas en las denuncias que se presen-tan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e igualmente en las demandas que dicha Comisión formula ante la Corte del mismo nombre.

La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados aprobada el 23 de mayo de 1968 y su ampliatoria del 21 de marzo de 1986 que obligan al Perú, incluye a las Organizaciones Internacionales, entendieron como tratado a “un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escri-to…cualquiera que sea su denominación particular”.

Nuestra Constitución Política dispone que los tratados celebrados por el Es-tado y en vigor, forman parte del derecho nacional. Deben ser aprobados por el Congreso cuando versen sobre Derechos Humanos, soberanía, dominio o inte-gridad del Estado, así como sobre Defensa Nacional, obligaciones financieras y materia tributaria, y por último los que requieren de medidas legislativas para su ejecución. En todos los demás, basta la aprobación del Presidente, quien dará cuenta al Congreso.

En la práctica, con la aprobación de declaraciones internacionales que com-prometen y obligan al país, se soslaya el trámite de aprobación de los tratados, pero igual se han acordaro en representación del país por funcionarios acredita-dos ante la Organización en los diversos niveles de jerarquía como son los Comi-tés especializados, la Comisión Permanente y la Asamblea General.

El Profesor Florentín Meléndez , ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su obra “Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables a la Administración de Justicia” reconoce que “…las declara-ciones y resoluciones internacionales, por su naturaleza y por sus procedimientos de adopción, no constituyen –en estricto sentido- instrumentos jurídicamente vin-culantes para los Estados; pero son, por lo general, política y moralmente obligato-rios para los Estados miembros de las organizaciones internacionales.”

Haciendo la salvedad agrega el doctor Meléndez: “…los instrumentos de-clarativos y resolutivos sobre derechos humanos si producen efectos vinculantes para los Estados, ya que estos están jurídicamente obligados a cumplir de buena fe los compromisos adquiridos en el seno de las organizaciones internacionales”.

Todo lo expuesto tiene que llevar necesariamente a las Cancillerías de nues-tros países a ser muy cuidadosos en la presentación, sustentación y aprobación de resoluciones y declaraciones, pues sea política, moral o jurídica, hay obliga-ción de cumplimiento. En todo caso, utilizar el mecanismo de aprobación ad re-feréndum, con lo cual solo con la ratificación con los procedimientos nacionales internos obligará formalmente al país.

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Debemos terminar con la nefasta costumbre de aprobar declaraciones como volantes, cuando obligan cual tratados.

Diario La Razón

30 de mayo de 2010

EL ESTADO TAMBIÉN TIENE DERECHO AL DEBIDOPROCESO

La Organización de Estados Americanos (OEA) fue creada para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, defender la soberanía e integridad territorial así como la independencia de los países que la conforman.

Dentro de los principios que proclamó se encuentra la defensa de los dere-chos fundamentales de la persona humana, sin hacer distinción de raza, naciona-lidad, credo o sexo.

La Carta Constitutiva de la Organización previó una “Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos”, cuya función principal es la de promover la obser-vancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Dispuso también que por una convención interameri-cana sobre derechos humanos se determinaría la estructura, competencia y pro-cedimientos de la mencionada Comisión.

En cumplimiento del mandato de la Carta Constitutiva de la OEA, en 1969 se suscribió en San José de Costa Rica la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, la que para velar por el cumplimiento de los compromisos contraí-dos por los Estados Partes en materia de derechos humanos, fundó la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y la “Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La también llamada “Convención de San José de Costa Rica” encomendó a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, la preparación de sus respectivos Estatutos que se someterán a la aprobación de la Asamblea General de la OEA. También se facultó a la Comisión y a la Corte dictar sus propios Re-glamentos.

Los Estados integrantes de la OEA fueron muy generosos y amplios al de-terminar que la Comisión y la Corte harían sus propias reglas de juego para su funcionamiento, y con el correr de los años, varios de dichos Estados lideraron movimientos reformadores, entre ellos el Perú, para garantizar –también a los Estados- el debido proceso en las peticiones y en los casos que se tramitan ante la Comisión y las demandas que son sustanciadas ante la Corte.

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Dentro de las propuestas del Perú para perfeccionar el funcionamiento de la Comisión y de la Corte, se ha venido planteando desde el año 2007 que las denuncias o peticiones que se presenten ante la Comisión, sean de inmediato informadas al Estado comprometido, el que podría buscar prontamente solución amistosa, con lo cual se descongestionaría la pesada carga procesal de la Comi-sión y se terminaría con la injustificada cultura del ocultismo.

En los últimos casos pude apreciar que un gran numero de peticiones ha-bían sido presentadas entre 1998 y el 2004 y muy pocas en años recientes, casi todas referidas a vulneraciones ocurridas en la década de los noventa

Con el ánimo que las peticiones y casos ante la Comisión no se eternicen, se propuso la fijación de Plazos como garantía procesal efectiva, así como también establecer el silencio negativo para las peticiones con largo período de inactivi-dad procesal, pero con la posibilidad de que los peticionarios en plazo razonable las puedan reactivar. A ello se agregaría que luego de término adecuado des-pués de la reactivación, la inactividad procesal produjera las consecuencias de un abandono de la petición o del caso.

La carencia de los plazos hace que los procesos estén sometidos a un manejo personal de los mismos, y no garantizan ni para los peticionarios ni para el Esta-do la supervisión establecida por la Convención.

Atendiendo a las exageradamente elevadas reparaciones que fija la Corte en sus sentencias, lo que incentiva a tomarse el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como una instancia más a la que recurrir por todo y para todo, el Perú sugirió que sea la Corte Interamericana la que señale los obligados al pago de las indemnizaciones y los beneficiados con ella, pero que sea el sistema judicial de cada país el que fije su monto o cuantía. La Corte Interamericana ha venido sentenciando altas indemnizaciones al aplicar estándares de los Estados Unidos de América, que no se condicen con los de otros Estados signatarios de la Con-vención, lo que es inequitativo. El mismo monto puede ser justificado en un país pero en otro puede ser abusivo, por ello es necesaria la reforma.

En efecto el elevado monto de las indemnizaciones, vienen generando un gran atractivo por el Sistema, en el cual la valoración de derechos fundamentales se convierte en uno de discusión de montos reparatorios, desnaturalizado los fines para los cuales fue creado.

Igualmente toda reforma de los Reglamentos de la Comisión y de la Corte, deberían ser aprobados por la Comisión Permanente de la OEA antes de entrar en vigencia, sin perjuicio de que sea la Asamblea de la Organización quien aprue-be los Estatutos de Comisión y Corte, para recuperar a través de dichos impor-tantes estamentos el derecho de los Estados Parte de normar los procedimientos, atribución de la que nunca debieron desprenderse. No hay motivación valedera para que tanto Comisión y Corte fijen sus propias regulaciones.

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Recientemente la Comisión y la Corte han modificado sus Reglamentos, pero sin considerar las propuestas que los Estados formularon originalmente, y lo que es más preocupante, afectando el debido proceso al que los Estados tam-bién tienen derecho, por lo que el Perú ha formulado sus preocupaciones, que debería reiterarlas ahora que en Lima se realiza la Asamblea General de la OEA del presente año.

Diario La Razón

08 de junio de 2010

JUECES INTERNACIONALES

Cada vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convierte en causa alguna denuncia por transgresión a tales derechos y la eleva a la deci-sión de la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica, o cuando esta última resuelve sancionando al Estado, de inmediato se elevan voces de protesta.

Por lo general se cuestiona a la Comisión y a la Corte el no entender la acción de los Estados para defenderse de la subversión, del terrorismo, y de actores an-tisociales que ponen en peligro la existencia de los propios Estados y que usual-mente son los mayores transgresores de los Derechos Humanos. También se les cuestiona su miopía conceptual al confundir ocasionales actos contra Derechos Humanos de sistemática violación de ellos.

Se le critica también a la Corte por fijar cuantiosas reparaciones o indemni-zaciones que tienen que pagar los Estados a los lesionados en sus Derechos Hu-manos, así como por los gastos de su defensa, cuyos importes son fijados a base de estándares internacionales muy distantes a los que la judicatura de cada país está acostumbrada a ordenar.

Sin embargo la crítica no se acaba en lo señalado, sino que a ello se agrega la casi nula predisposición de la Comisión y de la Corte para hacer modificaciones a su normatividad, con la finalidad de lograr que los Estados gocen del mismo de-bido proceso que tienen los denunciantes y las Organizaciones No Gubernamen-tales que los representan, y trasladar la fijación de las reparaciones dinerarias a la decisión de la judicatura de cada país.

Por último se imputa a algunos Comisionados y Jueces tener sesgo proclive a mirar con benevolencia a delincuentes subversivos y terroristas, y tratar con severidad a los Estados supuestamente infractores, contra los que hasta habría visión prejuiciosa.

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Nuestra Constitución en su artículo 205 señala que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los Derechos que ella reconoce, puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según trata-dos o convenios de los que el Perú es parte.

El Perú es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual creó tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción supranacional se ha sometido expresamente y sin presión alguna, y asimismo el Estado ha reconocido como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención.

Más allá de las modificaciones normativas que deben efectuarse en procedi-mientos de la Comisión y la Corte, debemos considerar principalmente el factor humano. Me explico, tanto los Comisionados como los Jueces que integran res-pectivamente cada uno de dichos organismos, son seres humanos, con virtudes y defectos, con aciertos y errores, pero que llegan a dichas instituciones con un bagaje de conocimientos, de experiencias, de ejecutoria en cargos anteriores y con visión de la temática de Derechos Humanos que han puesto muchas veces en blanco y negro en sus conferencias, entrevistas, artículos y libros.

Los candidatos para ser miembros de la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos o jueces de la Corte del mismo nombre, son presentados por los países signatarios de la Convención ante la OEA, en cuya Asamblea General -conformada por los Cancilleres- se eligen a los Comisionados y Jueces, siendo la elección a título personal.

Son requisitos para ser Comisionados tener alta autoridad moral y recono-cida versación en Derechos Humanos, y para ser Juez se necesitan los mismos requisitos más ser jurista y cumplir por lo menos con las condiciones que el país proponente tiene establecidas para los jueces de su Suprema Corte.

Si son los propios países signatarios de la Convención Americana de De-rechos Humanos y a la vez miembros de la OEA, quienes proponen a los can-didatos para integrar tanto la Comisión y la Corte, deberían ser muy prolijos respecto a la selección de los candidatos, y a su vez los países que elegirán a los miembros de ambos organismos, deberían tener la misma prolijidad y esmero en tal cometido.

No se quejen los países de informes, resoluciones y sentencias de los men-cionados organismos supranacionales, si es que no supieron seleccionar bien a los candidatos que proponían o si es que no investigaron bien a los propuestos por otros países.

En el mundo en que hoy vivimos no es posible ocultar sesgos y predispo-siciones, menos aún previas opiniones vertidas, todo se conoce, de lo que allí

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resulta que es imperdonable que los países propongan candidatos o den su voto en la Asamblea de la OEA para elegir a personas inconvenientes para el cargo.

Existe una práctica muy conocida en el mundo internacional, a la que deno-minaremos el “toma y daca” que viene desde el antiguo “hago para que hagas” del Derecho Romano. Te doy el voto de mi país para elegir a tú candidato, si es que me das tú voto para el mío en tal otra Comisión u Organismo Internacional.

Si la elección de Comisionados y Jueces es personal, no tratándose por ello de representantes de países, tiene que desterrarse el famoso “toma y daca” y ser muy severos en la presentación de candidaturas y en la respectiva elección. No nos quejemos ni lloremos como países por la desviada visión y percepción de Comisionados y Jueces, si es que para proponerlos o elegirlos, omitimos hacer esmerada evaluación de todos sus antecedentes y trayectoria profesional y de vida. Hay que ponerle más cuidado al tema.

Diario La Razón

01 de agosto de 2010

MASOQUISMO INTERNACIONAL

Cuando los Estados pertenecientes a la OEA suscribieron la Convención Ame-ricana de Derechos Humanos, lo hicieron en el sano propósito de propugnar el ejercicio de tales derechos para todos sus habitantes.

Para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales se creó tan-to la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en buena cuenta jurisdicción supranacional, disponiéndose que ambas someterían a consideración de la Asamblea General de la OEA sus Estatutos y aprobarían su Reglamento.

Se dispuso que quienes integren la Comisión y la Corte, serían propuestos por los Estados y elegidos en la Asamblea General de la OEA.

Con el correr de los años, los Estados signatarios de la Convención han ido tomando conciencia de los excesos de la Comisión y de la Corte, así como de haberse convertido una causa tan noble como la de los Derechos Humanos en un tema de lucro, por las altísimas reparaciones o indemnizaciones y costas del proceso, que ordenan pagar a los Estados infractores.

No es equitativo que los Estados tengan que sufragar onerosas indemniza-ciones, postergando la atención de sus obligaciones de requerimientos de salud, educación, seguridad, infraestructura y muchas otras, y más grave aún cuando tales reparaciones económicas son fijadas con estándares internacionales extra-ños a los de cada país.

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Los Estados cuentan con los mecanismos para que la situación expuesta re-vierta y se retorne al espíritu primigenio de la Convención, que no fue otro que la protección, cautela, y garantía de los Derechos Humanos.

Los mecanismos son simples, pues si los Estados se ponen de acuerdo pueden modificar los Estatutos de Comisión y Corte, que obligaría luego a dichos Organis-mos a modificar a su vez sus Reglamentos, en el ánimo de lograrse que los Estados gocen también del debido proceso. Debe establecerse la notificación inmediata de las denuncias que se interpongan, el abandono provisorio y luego definitivo de de-nuncias y causas, y que las indemnizaciones que fije la Corte se trasladen en cuanto a su monto, a decisión de los tribunales del país obligado a la reparación.

También los Estados deberían ser más prudentes en la selección de los can-didatos a Comisionados y Jueces que propongan a la OEA, y muy severos en la elección que se hace en la Asamblea General, para evitar que personas con sesgos inapropiados lleguen a administrar la justicia supranacional.

La Convención se suscribió para protección de todas las personas del Con-tinente y no para generar problemas a sus Estados, por lo que sería más que conveniente, que de una vez por todas, pongan correctivos y terminen con este masoquismo internacional.

Diario Expreso

06 de agosto de 2010

RETIRO DEL SISTEMA AMERICANO DE DD.HH.

Al igual como hay clásicos de la cinematografia que después de un tiempo se vuelven a exhibir, también hay propuestas que siendo antiguas vuelven a formu-larse aunque sin reparar que son inconvenientes o carecen de viabilidad.

Una de dichas propuestas es el retiro parcial del Perú del sistema americano de protección de los Derechos Humanos y de la competencia de la Corte Intera-mericana de Derechos Humanos, lo que ya se vivió en 1999 en que el gobierno de aquella época, por Resolución Legislativa 27152, intentó sin suerte, el retiro inmediato del Perú de la competencia contenciosa de dicha Corte, error que fue subsanado en el 2001 con la Resolución Legislativa 27401 que restableció para el Perú tal competencia.

Son conocidas mis observaciones a la actuación de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de sus Estatutos y Reglamentos, sin por ello reconocer que el Sistema Americano de Derechos Humanos es para garantizar el respeto a estos últimos y que debe ser mantenido, con las lógicas

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modificaciones que permitan a los Estados acceder al debido proceso y que las indemnizaciones que la Corte ordene, lo sean con estándares nacionales y no con cuantías que exceden toda lógica.

Recientemente el Director del diario en que este artículo aparece y cuyo generoso hospedaje agradezco, recordó que cuando en el Congreso se debatía nuestro retiro de la competencia contenciosa de la Corte IDH, protesté por la “campaña sicosocial” destinada a atemorizar a la gente bajo la premisa que el “terrorismo podría rebrotar en cualquier momento”.

Como quiera que lo expuesto pudiera llevar a error de apreciación, me apre-suro a recordar la cita completa, sacada del Diario de los Debates correspondien-te al Pleno del Congreso del 7 de julio de 1999. Allí señalé: “¿Cuál es el pretexto? No digo cuál es el motivo, sino ¿cuál es el pretexto para ello? El pretexto es: re-surge el terrorismo. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Si resurge el terrorismo es porque lo están dejando resurgir”.

Agregué: “Quienes tienen el Ministerio del Interior, quienes tienen el Minis-terio de Defensa, quienes tienen las Fuerzas Armadas, y no solamente eso, digi-tan el Ministerio Público, digitan el Poder Judicial, hacen lo que quieren con el Tribunal Constitucional, y ni qué decir del Consejo de la Magistratura. Entonces todo está en su campo”.

Dijimos también que “No es que queramos de modo alguno amparar a terro-ristas, que deben podrirse en la cárcel; no, lo que queremos es cautelar el derecho del resto de los peruanos” e incluso expresamos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos “existe porque los derechos humanos son universales, no están constreñidos a un país o a cada país, y hoy en día, con el correr de los tiempos, esta universalidad de los Derechos Humanos requiere también una pro-tección universal”

Sin duda alguna los mecanismos y procedimientos, así como la actuación de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, necesitan de correctivos, pero de ningún modo el retiro ni parcial ni total del Sistema, que es para la protección de los derechos de todos nuestros compatriotas.

Diario Expreso

26 de agosto de 2010

NECESARIO LOBBY EN OEA

El Perú ha planteado desde el año 2007 en la OEA, modificaciones para que los Estados denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o

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con procesos abiertos ante la Corte en San José, gocen del mismo debido proceso que los denunciantes, y para que se incorporen instituciones como la del silencio negativo, abandono provisional o definitivo y tantas otras en la Comisión, y deri-var por la Corte Interamericana a las judicaturas nacionales la fijación del monto indemnizatorio en sentencias condenatorias a Estados por conculcar Derechos Humanos.

Como quiera que son las citadas Comisión y Corte quienes preparan y aprueban sus Reglamentos, aunque sus Estatutos los diseñen y presenten a la aprobación de la Asamblea de la OEA, es difícil que por el sesgo antiestatal de varios de sus integrantes, vayan a aceptar los planteamientos peruanos y de otros países que ven con justificada preocupación el actuar de dichos Organismos.

Los países que integran la OEA -candorosa e ingenuamente- encomendaron a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la preparación de sus Estatutos y Reglamentos, lo que significa en buen romance que lejos de aplicar normas procesales creadas y aprobadas por otros, han hecho la norma-tividad procesal a su medida, y ello causa malestar a varios de los Estados que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Comisión y la Corte, en lugar de admitir las propuestas peruanas alu-didas, y lejos de mejorar su sistema procesal, lo han complicado con el estable-cimiento de medidas cautelares colectivas que podrían aplicar a los Estados de-nunciados, las que perjudicarían gravemente las posibilidades de su desarrollo, como lo expuso ante la OEA el anterior Ministro de Justicia, Aurelio Pastor.

Siendo difícil que la Comisión y la Corte Interamericana de DD. HH. en-mienden por si mismas su propia plana, el Perú y los países que tienen similares preocupaciones, las plantearon tanto en el Consejo Permanente de la OEA como en la Asamblea General, sin que se obtuviera algo más que la fingida atención protocolar.

¿Está perdida la batalla? Creemos que no, pero el camino es otro. Ante la burocrática actitud de los estamentos administrativos de la OEA, la indiferencia del Consejo Permanente, y el tolerante silencio de la Asamblea General, el Perú junto con los países afectados, deberían coordinar un lobby internacional, para que altas autoridades viajen a los demás países para explicar las conveniencias de los cambios y comprometer su apoyo. No debemos quedarnos dóciles e inmóvi-les ante tanta cuestionable arrogancia.

Diario Expreso

27 de agosto de 2010

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EL ESTADO NECESITA DE UNA ADECUADA DEFENSA

El Perú está obligado a cumplir con sus compromisos internacionales, y entre ellos los que emanan de su participación en el Sistema Interamericano de De-rechos Humanos, el que cuenta con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro país voluntariamente se sometió a la competencia contenciosa de la Corte supranacional antes mencionada.

Existen recomendaciones e informes de la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos, que han afectado al Estado Peruano y que, consecuentemente, han recibido severas críticas.

Igualmente, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adversas al Estado Peruano en materia de los citados Derechos, también han sido cuestionadas, pues parecería ser que los magistrados de la Corte no entendieron los sufrimientos de nuestro pueblo ocasionados por la subversión terrorista y ho-micida, y menos aún los derechos que tiene el Estado para enfrentar dicho flagelo y defender a su población. Tan no han comprendido lo acontecido, que encima ordenan al Estado pagar astronómicos importes por reparaciones e indemniza-ciones, fuera de los estándares normales en los procesos jurisdiccionales internos.

Las críticas no se han circunscrito a las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también a la falta de éxito en la defensa de los intereses del Estado, originada en la candorosidad como el mis-mo estuvo manejando estos temas, lo que felizmente en los últimos años se está corrigiendo.

Según mandato de nuestra Constitución (art. 47), la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos. Sin embargo, transgredién-dose tan claro precepto, en las denuncias, peticiones, casos y procedimientos se-guidos ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos, la defensa del Estado estuvo confiada al Consejo Nacional de Derechos Humanos, cuya razón de ser es otra.

En efecto, el Consejo Nacional de Derechos Humanos fue creado con la fina-lidad de promover, coordinar y difundir la tutela y la vigencia de los Derechos Fundamentales de la Persona (art. 29 D.L. Nº 25993) más no para la defensa de los intereses del Estado ante los organismos internacionales o Cortes supranacio-nales.

En el Consejo Nacional de Derechos Humanos se creó una Comisión Espe-cial de Seguimiento y Atención de Procedimientos Internacionales (art. 9 D.S. Nº 015-200l-JUS) cuyos integrantes asistían a las audiencias programadas, sea ante la Comisión o ante la Corte Interamericana, como agentes del Estado, encargados de exponer la posición del Perú y defender al Estado.

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Evidentemente, que por formación y especialización, de quienes conforma-ban el Consejo Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones creadas en su seno, no eran los profesionales más idóneos para tal tarea, en la que incluso en ocasiones ha existido aceptación de las imputaciones al Estado y prácticamente nula defensa respecto a las elevadas indemnizaciones pretendidas por los denun-ciantes.

Ello no es lo más grave, sino que en el Consejo Nacional de Derechos Hu-manos, tenía asiento la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (art. 9 del D.S. Nº 015-2001-JUS), a la que se había otorgado la prerrogativa de acreditar un funcionario de enlace que puede participar en sus sesiones ¿Por qué es lo más grave? Pues ha habido ocasiones en que dicha Coordinadora ha sido denuncian-te o ha asistido a los denunciantes ante los organismos del Sistema Interameri-cano de Derechos Humanos. En el Consejo se podía enterar de las estrategias de defensa del Estado, pero, por otro lado, actuaba en el Sistema Interamericano contra los intereses de él. Un Estado bobo y candoroso.

Quienes defienden al Estado tienen que ser profesionales del derecho, con ejecutoria y experiencia ante los organismos internacionales y autoridades juris-diccionales. Su función consiste en defender al Estado, y si el Estado es culpable buscar la menor sanción y si hay que sufragar reparaciones, que ellas sean acor-des con la realidad nacional y no con los estándares internacionales; además de explicar lo vivido en nuestra patria por la acción delictiva del terrorismo asesino.

Diario Oficial “El Peruano”14 de setiembre de 2010

CANDOROSA DEFENSA

El Estado, al igual que debe afrontar procesos judiciales ante tribunales naciona-les, sea como demandante o como demandado, también afronta denuncias que se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y causas que se procesan ante la Corte Interamericana de la misma materia, entre otras instancias supranacionales.

Pese a que la Constitución establece que la defensa de los intereses del Es-tado está a cargo de los Procuradores Públicos, ha sido costumbre que en las denuncias ante la citada Comisión y en las causas que se procesan en la Corte mencionada, tal defensa se encargue al l Consejo Nacional de los Derechos Hu-manos, dentro del cual se creó una Comisión Especial de Seguimiento y Atención de Procedimientos Internacionales.

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En la práctica, quienes tienen por misión la promoción y defensa de los De-rechos Humanos, tenían que representar al Estado en denuncias y causas por violaciones o supuestas conculcaciones a los mismos Derechos y desde el mismo Estado. Esto es, a quienes por vocación y función promueven la vigencia de los citados Derechos, se les encomendaba la difícil tarea de defender al Estado en causas contra el propio Estado y por vulneración a los aludidos Derechos. Un nuevo caso de Vidaurre contra Vidaurre.

Felizmente las autoridades gubernamentales escucharon las críticas que se habían formulado por el doble estándar aludido, y empiecen a darle la importan-cia debida a las denuncias, procedimientos y causas que giran ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El cambio comenzó con la reestructuración de la relación de instituciones participantes en las reuniones del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, pues no era ni lógico ni equitativo que organismos que actuaban en representa-ción de víctimas o supuestas víctimas de violación de Derechos Humanos en la Comisión y en la Corte Interamericana, tuvieran asiento en el Consejo que tenía la responsabilidad de defender al Estado en dichos Organismos Internacionales.

Posteriormente, y para bien, se redefinió el “Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, y se crearon Procuradurías Públicas Especializadas, y entre ellas a la Procuraduría Pública Supranacional, llamada a ejercer la defensa jurídica del Estado en instancias supranacionales, relevándose así al Consejo Nacional de De-rechos Humanos de tales funciones, las que por su especialidad nunca debieron corresponderle, lo que recientemente ha sido corroborado por nueva norma (D.S. 008-2010-JUS)

La defensa de los intereses del Estado en temática de Derechos Humanos, implica también dar a conocer lo que nuestro pueblo vivió por causas del terro-rismo, la actuación de la Policía y Fuerzas Armadas, así como ronderos y Comi-tés de Autodefensa, para recuperar la ansiada paz. Asimismo para exigir que las reparaciones o indemnizaciones que pueda ordenar la Corte Interamericana, sean acorde con los rangos indemnizatorios nacionales.

La citada defensa del Estado tiene que ser prolija, seria, especializada, bien documentada y preparada, y eso es lo que ahora se hace desde la Procuraduría Pública Supranacional, a la que debería dotársele de las facilidades que requiere tan importante función. Nunca más defensas románticas y candorosas.

Diario La Razón

19 de setiembre de 2010

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¿PRESUNCIÓN DE INOCENCIA O DE CULPABILIDAD?

En la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, que data de 1948, se esta-bleció que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para la de-fensa”. El precepto mencionado se repite en su núcleo duro, tanto en el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” como en la “Convención America-na sobre Derechos Humanos”.

Los tratados aludidos forman parte de nuestro derecho interno, pero ade-más existen disposiciones expresas respecto a la presunción de inocencia en la Constitución de 1979 como en la actual de 1993.

Habiéndose iniciado el proceso para elegir a nuestros principales gobernan-tes y legisladores, todos queremos que quienes postulen a los respectivos cargos no tengan mácula alguna, sean personas honorables sin impedimento para can-didatear y sin que sean pasibles de sanción penal.

En nuestro sistema legal, cualquier persona puede denunciar a cualquier otra por acción u omisión que constituya delito, la denuncia es investigada por el Ministerio Público (léase fiscalía) con la colaboración policial, y de encontrar elementos para elevar la denuncia al Poder Judicial para que proceda a la instruc-ción y juzgamiento, así lo hace.

Si se trata del Presidente de la República, Congresistas, Ministros, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, Jueces de la Corte Suprema, Fiscales Supremos, Defensor del Pueblo y Contralor General, para que sean acusados y judicialmente procesados por delito que cometan en ejercicio de sus funciones, previamente tienen derecho al llamado antejuicio en el Congreso de la República. Los congresistas, además, para ser enjuiciados por cualquier otro delito, requieren de la previa autorización del Parlamento.

En los últimos tiempos se cuestiona que personas que han sido denunciadas por infracciones legales puedan postular a cargos públicos electivos, e inclusive se exige que no tengan ni procesos penales en curso ni investigaciones, así sean preliminares, en el Ministerio Público.

Aceptar la exigencia antes señalada en la práctica significa vulnerar el dere-cho humano de presunción de inocencia para convertirla en presunción de cul-pabilidad, lo que es recusable.

Ni la investigación en el Ministerio Público ni el procesamiento penal en instancia judicial significa que el denunciado o procesado es culpable, puesto que la presunción es de inocencia, y sólo habrá culpabilidad cuando haya sentencia condenatoria definitiva que así lo señale.

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Como la ley es obligatoria para todos y la Constitución es la ley de leyes, con mayor motivo obliga, por lo cual ni las agrupaciones políticas ni las autoridades electorales están facultadas para tachar, deslegitimar, vetar o como quiera lla-mársele, a postulantes por el sólo hecho de existir investigación o procesamiento. Nadie debe sustraerse del respeto a los Derechos Humanos.

Lamentablemente hay la costumbre de hacer polvo las honras de las perso-nas y como recordó Enrique Chirinos Soto al comentar el precepto constitucional de presunción de inocencia en su “Nueva Constitución al Alcance de Todos” que “entre nosotros, es sencillamente abominable el tratamiento periodístico que se dispensa al simple sospechoso. Basta que la policía lo detenga, basta que el juez lo instruya, basta que el fiscal lo acuse, para que, antes de la sentencia, se le con-sidere, en letras de molde como criminales”.

Tengamos presente el aforismo “la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba” y no juzguemos anticipadamente que para juzgar está el Poder Judicial.

Diario La Razón

23 de enero de 2011

LOS COMANDOS Y LA CORTE INTERAMERICANA DEDERECHOS HUMANOS

En el editorial “Aprovechando heroísmos” se afirma que los comandos de la ope-ración Chavín de Huantar podrían estar libres de contingencia judicial. “Si no lo están, no es por culpa del SIDH, sino porque el Estado Peruano violó la ley internacional al juzgarlos en un proceso, que conforme a la misma es inválido”.

El Fuero Militar Policial es Constitucional y el Tribunal Constitucional así lo ha reconocido y está normado por el Decreto Legislativo 1096.

La Corte Suprema de Justicia ante la contienda de competencia para de-terminar la autoridad jurisdiccional que debería sustanciar el juzgamiento a los comandos de la operación militar de rescate de los rehenes del MRTA en la Re-sidencia del Embajador de Japón, decidió que era competente el Fuero Militar. Para otros procesados la Suprema Corte dispuso que su procesamiento sea en la justicia ordinaria.

Los comandos fueron absueltos de responsabilidad en el operativo “Chavin de Huantar” y el proceso fue sobreseído en sede judicial militar, que es cosa juzgada, que no puede ser revisada y menos el proceso revivido. En lo que se refiere a los inculpados ante la justicia común, el procesamiento aún continúa, ello debido a que en dos ocasiones se quebró el proceso, por causas ajenas a los

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procesados, originadas en la imposibilidad de algunos magistrados de continuar formando parte del Tribunal.

El editorial nos anima a preguntarnos: ¿Tiene razón la Comisión al decir que el Estado Peruano no ha cumplido con sus obligaciones internacionales para procesar las denuncias de que hubo asesinatos de terroristas rendidos en la resi-dencia del embajador de Japón?

Si bien la Comisión admitió la denuncia contra el Perú, emitió su informe de fondo y elevó los actuados ante la Corte Interamericana, lo hizo transgrediendo la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone que previamente debe agotarse los recursos de la jurisdicción interna dentro de plazo razonable.

Como vemos estamos frente a dos hechos, el primero que para los denuncia-dos ante la justicia ordinaria interna, su procesamiento no ha concluido, y el segun-do que es excesivo el tiempo transcurrido. ¿Cuál concepto debe primar? Creemos que el primero, pues si no se ha agotado la vía interna no se puede recurrir a la internacional. De primar el excesivo tiempo transcurrido, podríamos encontrarnos ante el absurdo que la justicia supranacional ordene al Estado Peruano pagar repa-raciones y que posteriormente el fuero común interno absuelva a los procesados.

El editorial alienta la tesis que uno de los terroristas abatidos en la operación lo fue después de rendido. Esto no ha sido probado y además es materia de juz-gamiento en la actualidad por la justicia común interna, que si no hay pruebas no podrá condenar a los inculpados.

El Perú no debe retirarse del Sistema Americano de Derechos Humanos, debiendo insistir en que se hagan las modificaciones necesarias para lograr que a los Estados les alcance el debido proceso y que la causa noble de los Derechos Humanos deje de transformarse en tema crematístico.

Diario El Comercio

07 de abril de 2012

DILEMA: PERMANECER O SALIR

Ante los dislates de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos, recurrentemente se propone el retiro del Perú de ellas, siendo uno de los más frecuentes argumentos el que si tenemos los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución no es necesaria su ratificación en la “Convención Americana so-bre Derechos Humanos”.

Cierto es que los Derechos a los que nos referimos están explícitos en la Constitución, como también lo es que los derechos sustantivos requieren de vías

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procedimentales para hacerlos valer y autoridades que los hagan cumplir, todo lo cual -mal que bien- existe en el Perú.

Sin embargo la Historia nos ha enseñado que cuando hemos estado some-tidos a autoritarismos gubernamentales nacidos o no en golpes de Estado, los Derechos Humanos en la práctica no todos se respetaron, cuando se activaron los mecanismos para revertir la situación no funcionaron y las autoridades llamadas a cautelarlos fueron las perpetradoras de los estropicios.

Si con los autoritarismos no funciona el sistema de protección interna de los Derechos Humanos, obviamente necesitamos de protección externa y es por ello que en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” se diseñó el sistema de protección supranacional al que el Perú se sometió voluntaria y sobe-ranamente, sin que nada ni nadie lo obligue.

Nos podrán decir que los informes, opiniones y hasta resoluciones y sen-tencias del Sistema Americano de Protección a los Derechos Humanos, no hay forma coercitiva de hacerlos cumplir a los Estados, es verdad, pero también lo es que el desprestigio generado por el incumplimiento tiene graves consecuencias en el ámbito internacional, en que además de afectar la reputación del infractor, hoy por hoy tiene nexos con temática económica y financiera, en que inversores y entidades crediticias de nivel internacional valoran todo ello.

Criticamos al Sistema Americano de Protección a los Derechos Humanos por varias razones. La primera por el sesgo o inclinación izquierdosa de sus in-tegrantes. La segunda por dictar sus propias reglas. La tercera por ordenar ele-vadísimas indemnizaciones y reparaciones. Todos los defectos mencionados se pueden solucionar sin tener que salirnos del Sistema.

El primer cuestionamiento, su solución es fácil y está en manos de los Esta-dos Parte de la Convención, pues son ellos los que proponen a los candidatos a la Comisión y Corte, y son sus Cancilleres los que los nombran en la Asamblea de la OEA. Sencillo, escojan mejor y equivóquense menos.

El segundo defecto también tiene solución, basta que la Asamblea de la OEA, en que los países están representados por sus Cancilleres, modifique Esta-tutos de Comisión y Corte, trasladando la aprobación de sus Reglamentos hacia la Asamblea de la OEA y de inmediato se modifiquen ellos para garantizar a los Estados el debido proceso del que hoy carecen..

Por último, si en el tema indemnizatorio permanece en el ámbito de la Corte señalar quién paga la reparación, a quién la paga y por qué se paga, pero traslada la decisión sobre el monto de ella a la judicatura nacional, el tema quedaría resuelto.

Como vemos no necesitamos salir del Sistema, basta con hacerle urgentes correcciones.

Diario La Razón

06 de mayo de 2012

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FLORES-ARAOZ: LA POSICIÓN DEL PERU DEBE SER FIRME Y SEVERA ANTE LA CIDDHH

El ex–representante del Perú ante la OEA, Antero Flores-Araoz, ante la realización en Washington de un seminario previo a la Asamblea de la OEA que se realizará en próximos días en Bolivia, afirmó que la actitud de la representación peruana debe ser de firmeza y severidad, pues no se debe seguir avalando modificaciones al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace la propia Comisión sin pasar por el aval o la ratificación de la Asamblea de la OEA.

Flores-Araoz dijo que se debe retomar la firmeza que el Perú impuso en sus cuestionamientos y planteamientos desde el año 2007, y que no se deben admitir modificaciones al Reglamento que hace la propia Comisión, que como hemos visto en anteriores oportunidades tienden a agrandar su poder en detrimento de los Estados a quienes se ha venido negando su derecho al debido proceso.

La representación del Perú debería expresar su protesta por la intromisión de la Comisión en lo que constituyen decisiones de Estado, a quienes en todo caso debería hacerles previa consulta para temas en que pueden poner el peligro de inejecución de proyectos de inversión y desarrollo.

Tampoco debería aceptarse que la Comisión Interamericana dicte medidas provisionales o cautelares, dado que ello no está previsto en la Convención Ame-ricana sobre Derechos Humanos, ni menos aún que amplíe su campo de compe-tencia a materias que no están contempladas en dicha Convención, aunque si lo estén en otros mecanismos de protección que tienen sus propios procedimientos.

Es importante también que se lleve al seno de la Asamblea de la OEA, el rechazo del Perú al informe de fondo de la Comisión, que pretende que se abra nuevamente, ahora ante la justicia ordinaria el caso de los Comandos Chavin de Huantar, que están frente al peligro de tener que comparecer nuevamente ante la justicia, pese a que como se sabe están protegidos por el instituto de la cosa juzgada y la prohibición de revivir procesos fenecidos.

Diario La Razón

03 de junio de 2012

COMO ACEITE DE RICINO

En la reciente Asamblea General de la OEA realizada en Cochabamba, Bolivia, se ha evidenciado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en el aceite de ricino de estos tiempos pues nadie la pasa.

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Sea por angas o por mangas, lo cierto es que los países integrantes del Siste-ma Interamericano de Derechos Humanos la critican, y en menor grado también a la Corte Interamericana.

En efecto, los países que aún no se han acogido a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana no desean que sus casos sean elevados por la Comi-sión a la Corte, dado que la Comisión muestra una inclinación ideológica en que su deseable imparcialidad se pone en duda.

Otros países, como los integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), y algunos otros que usualmente echaban incienso a la Comi-sión, dejaron de hacerlo, ello como consecuencia de las observaciones de aquella a sus agresiones contra la libertad de prensa.

Muchos otros Estados que por largo tiempo no pusieron observaciones a la actuación de la Comisión, pasaron a ser sus críticos y con muchísima razón, al excederse la Comisión en sus atribuciones, invadir campos competenciales de otros, no diferenciar a gobiernos autócratas o autoritarios de los democráticos, e impedir el ejercicio del debido proceso a los Estados denunciados.

Mientras existen Estados, que por diferentes razones, quisieran la desapari-ción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso de la Corte Interamericana del mismo nombre, hay otros como es el caso del Perú, que lo único que desean es que se corrijan errores y el Sistema Interamericano de Dere-chos Humanos recobre la credibilidad que antaño tuvo.

El Perú aboga por las reformas, al igual que quienes individualmente apos-tamos por mantener el Sistema Interamericano. Desde el 2007 en que fueron planteadas por el Perú las reformas en sede de la OEA, se ha avanzado, aunque no lo suficiente, ya hoy son muchísimos los Estados que claman por ellas y el mismo Secretario General de la OEA ha formulado algunas, pero no necesaria-mente en términos adecuados.

En Cochabamba no se han adoptado reformas, ellas se seguirán estudiando, pero si se ha logrado el desfleme de los países con sus quejas, críticas y pro-puestas, que hasta que se den los cambios, apuntarán a que la Comisión y la Corte opten por el camino de la prudencia y entiendan que los Estados tienen derecho al debido proceso. En el caso particular del Perú, la señal es clara, los compatriotas de los comandos de la operación Chavin de Huantar, seguiremos defendiéndolos.

Diario Expreso

08 de junio de 2012

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CONSECUENCIAS DEL PAPELÓN

Después de la criticada presentación de los Procuradores de la República, uno supranacional y el otro del Poder Judicial, el 27 de agosto de 2012 en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el seguimiento del so-nado Caso Barrios Altos, con dos posiciones contrarias, era previsible que la cita-da Corte cuestionara la sentencia de la Sala Penal presidida por el Juez Supremo Dr. Javier Villa Stein.

La Corte Interamericana en resolución del pasado 7 de setiembre amenazó al Estado Peruano con dictar otra resolución si es que no se ordena en sede nacio-nal modificar la sentencia de nuestra Corte Suprema. Aunque discrepando de la amenaza, el contenido de la resolución era esperado si se tiene en cuenta que la posición peruana oficial y gubernamental fue de respaldo a la acción de amparo en sede nacional, para tratar de invalidar la sentencia de la Corte Suprema. En buena cuenta la representación nacional oficial se presentó a la Corte Interameri-cana con un allanamiento tácito.

Pese a la innecesaria reducción de pena privativa de libertad impuesta por la Corte Suprema, ello no significa de modo alguno impunidad, como se ha con-siderado, ya que la sentencia fue condenatoria y severa.

En lo que se refiere a la crítica en el sentido que no se consignó en la sen-tencia Villa Stein, los delitos imputados como de lesa humanidad, hay que tener presente que “lesa humanidad” no es un delito específico, sino una categoría y calificación a determinados delitos. Los delitos juzgados por el tribunal penal presidido por el Juez Villa Stein, son aborrecibles, aberrantes, gravísimos y cuan-tos otros calificativos quieran dárseles, pero no pueden considerarse de lesa hu-manidad, pues tal categoría nace en el “Estatuto de Roma” que establece la Corte Penal Internacional. Si bien el Perú es signatario de dicho Estatuto, ello recién nos rige a partir del 1 de julio de 2002, y como de acuerdo a nuestra Constitución y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, no se puede aplicar la nor-matividad retroactivamente, es obvio que la sentencia nacional no podía consi-derar la categoría de lesa humanidad para delitos perpetrados antes de esa fecha.

Así fuere aplicable el Estatuto de Roma al Caso Barrios Altos, este último no reuniría los requisitos para la calificación de lesa humanidad. Lamentablemente el Perú no exigió con firmeza a la Corte Interamericana respetar la disposición conven-cional de agotar la vía judicial en sede nacional, antes del pronunciamiento suprana-cional, pues estaba pendiente la acción de amparo a la que nos hemos referido.

Como vemos los errores se pagan al igual que los papelones.

Diario Expreso

12 de octubre de 2012

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MEDIDAS CAUTELARES DE LA COMISIÓN IDH

Como bien sabemos, el Perú y otros Estados del continente, aprobaron la Con-vención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

Quienes adoptaron la Convención, lo hicieron con generosidad, pues pese a que eran los Estados los acusados de violentar los Derechos Humanos, crearon mecanismos para protegerlos así como un Sistema en que se pudiera denunciar su transgresión, y una competencia supranacional que sustancie denuncias y causas por su violación.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está conformado por la Comisión y la Corte Interamericana, cada una con sus características, atribucio-nes y competencias. Los países signatarios de la Convención ingenuamente le confirieron a la Comisión y a la Corte el atributo de preparar sus Estatutos que se someterían a la aprobación de la Asamblea General de la OEA, así como también sus reglamentos sin ninguna ratificación, confirmación ni nada por el estilo.

Recogiendo antiguo aforismo que en caja abierta el justo peca, en los regla-mentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han producido excesos, ante la condescendencia de los Estados que no los han enfrentado con energía. El año 2007 las cosas comenzaron a cambiar, tornándose algunos Estados en cuestionadores del Sistema, el cual había asumido en sus Reglamentos, atribuciones y competencias que los Estados signatarios de la Con-vención no le habían confiado.

Uno de los casos más significativos de invasión de funciones, son las medi-das cautelares, que como sabemos son decisiones jurisdiccionales de emergencia y de rápida ejecución, cuando se considera que esperar a la conclusión del proce-so supra nacional pudiera ocasionar la afectación de derechos sustantivos.

En la Convención Americana de Derechos Humanos (art.63), para casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irrepara-bles a las personas, la Corte Interamericana, en los asuntos que está conociendo, puede tomar medidas provisionales (léase medidas cautelares) que considere pertinentes. Si se tratara de asuntos que aún no son de su competencia, podrá actuar a solicitud de la Comisión. Clarísimo, la Corte puede dictar medidas cau-telares, pero la Comisión no, esta última las tendrá que solicitar a la primera para que las ordene. La Comisión en su Reglamento inicial cumple con las disposicio-nes de la Convención y no se arroga atribuciones de las que carece. Empero con el correr del tiempo va invadiendo el campo competencial de la Corte Interame-ricana, al incluir el dictado de medidas cautelares o provisorias como su atributo, lo cual no corresponde a lo pactado en la Convención, peor aún, va en contra de lo dispuesto en su artículo 63.

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La desidia de nuestros países permitió la invasión de fueros y los excesos que recién en estos últimos años han merecido la preocupación de los Estados. Esta preocupación, no se condice con la permisibilidad de la planta permanente de la OEA de normar medidas cautelares de la Comisión, con lo cual convalida-ría atribución que no le corresponde. Abran los ojos, si en el Consejo Permanente de la OEA se elaboran propuestas para próxima Asamblea del Organismo, en ánimo de normar medidas cautelares por la Comisión, la estarán empoderando con una atribución indebida. Advertidos están.

Diario La Razón

20 de octubre de 2012

REFORMA DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE D.H.

En la última Asamblea de la OEA y luego de tomar conocimiento del informe de la comisión especial evaluadora del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se acordó la celebración de diversas audiencias para escuchar los planteamientos de los Estados, de los expertos, y de quienes son parte de la sociedad civil.

Los Estados con el “argot” habitual de los funcionarios diplomáticos y de quienes los acompañan en ése tipo de reuniones, expresan con mucha timidez sus cuestionamientos a lo que magistrados, comisionados, relatores especiales y secretarios ejecutivos han convertido un sistema creado para defender los Dere-chos Humanos, en organismos burocráticos destinados a enjuiciar y sancionar a los Estados. Las críticas las expresan con débiles decibeles, después de echar in-cienso y mirra a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es más cómodo ver sonrisas que rictus severos.

Las entidades que se autodenominan defensoras de los Derechos Humanos, no desean perder los beneficios que obtienen, la participación en las reparaciones e indemnizaciones pecuniarias que reciben sus patrocinados ni tampoco los viajes sin costo para sus representantes y con significativos viáticos. Por ello se allanan a todo, no critican nada y aplauden a rabiar a quienes desde la Comisión y Corte, con su actitud hacen difícil el actuar de los Estados. No quieren ningún cambio, lo que existe los hace felices y probablemente engrosa su adiposa vanidad.

Felizmente se van presentando en las audiencias otras voces, todavía en mi-noría numérica aunque en mayoría conceptual, que hacen pisar suelo a comi-sionados y magistrados, haciéndolos bajar de su autoconstruido pedestal, para que conozcan también las críticas certeras, que entre el nebuloso ambiente de incienso, se dejan escuchar.

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Las exageradas resoluciones y sentencias de Comisión y Corte han venido ocasionando desprestigio al Sistema, que lejos de que más países del hemisfe-rio quieran participar en dicho Sistema Interamericano, hoy existan países que anuncian su deseo de apartarse del mismo. Evidentemente los cuestionamientos existentes a las organizaciones conformantes del Sistema, también han afectado a la OEA, que es la Organización matriz. Efectivamente la OEA cada vez tiene menos recursos para sus actividades y se crean organismos paralelos -aunque de menor extensión territorial- que le hacen la competencia.

Es hora que quienes queremos que el Sistema se fortalezca en beneficio del imperio de los Derechos Humanos, constituyamos entidades que desde la socie-dad civil, puedan compartir los espacios de quienes nada quieren que cambie, pues ello los beneficia, aunque el beneficio no se extienda a todos los seres hu-manos a los que hay que proteger. ¡Meditemos!

Diario Expreso

07 de diciembre de 2012

ATEMORIZADOS PAÍSES

Secreto a voces es que muchos países signatarios de la Carta de la OEA y par-tícipes del “Sistema Interamericano de Derechos Humanos” constituido por la Comisión y por la Corte Interamericana sobre dicha materia, están insatisfechos con excesos advertidos en las decisiones de estos dos últimos organismos, princi-palmente del primero que muchas veces desconoce el derecho al debido proceso de los Estados y que por propia decisión cambia las reglas de juego establecidas, como es - entre otras- el dictado de medidas cautelares que la Convención Ame-ricana sobre Derechos Humanos reserva a la citada Corte.

Algunos dirán que los cuestionadores de las actuaciones de la Comisión y Corte son los países de la “Alternativa Bolivariana para las Américas” (ALBA). Pues no, ellos son algunos de los países que cuestionan, aunque quizás por mo-tivos diferentes de quienes desean y propugnan un sistema supranacional de protección eficiente de los Derechos Humanos, sin excesos y teniendo en consi-deración el marco histórico del desenvolvimiento de las acciones de los Estados.

Para canalizar los cuestionamientos a los que nos referimos, así como las diferentes propuestas para efectuar modificaciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se constituyó en la OEA un Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión, cuyo informe se elevó al Con-sejo Permanente de la OEA, realizándose varias reuniones de difusión y diálogo

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con instituciones de la sociedad civil así como con personalidades comprometi-das en la temática de los Derechos Humanos.

Posteriormente, el 22 de marzo de 2013, la Asamblea General de la OEA, atemorizada probablemente por el accionar de ONGs y de diversos operadores en el mencionado Sistema Interamericano, no enfrentó la necesidad de efectuar reformas al Estatuto de la Comisión, se dejó atarantar sacándole el cuerpo al problema, y como es usual en la Asamblea le dio largas al asunto al ordenar al Consejo Permanente continuar el diálogo sobre el “fortalecimiento” del Sistema.

Las ONGs a las que nos referimos y sus diversos operadores ante el Siste-ma, no desean que sea la Asamblea de la OEA quien haga cambios al Estatuto de la Comisión, pues pretenden que cualquier modificación sea necesariamente a propuesta de la Comisión, lo que contradice el artículo 39 de la Convención Americana y el artículo 22 del Estatuto, que definen que la Asamblea es la que aprueba, y que únicamente se entregó a la Comisión la labor de preparar el pri-mer Estatuto que luego validó la Asamblea, a quien consecuentemente le asiste el derecho a efectuar enmiendas, sea por propia determinación o sea a propuesta de la Comisión.

El carácter autónomo de la Comisión y Corte, es para el cumplimiento de las competencias que los signatarios de la Convención Americana de DD.HH le han conferido, pero no para que hagan sus propias reglas, incluso transgrediendo normas de mayor jerarquía como son la Carta de la OEA y la misma Convención.

Esperemos que alguna vez los países integrantes del Sistema sean menos contemplativos y más valientes para no seguir siendo ignorados.

Diario La Razón

28 de abril de 2013

CESIÓN DE SOBERANÍA

Se publicó una entrevista al juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América Dr. Antonin Scalia, cuyo mandato data de 1986, en la cual cuestiona el sometimiento de los Estados, a organismos inter o supranacionales.

La tesis del juez Scalia es que cuando un país se sujeta a un régimen legal internacional, sus ciudadanos dejan de tener el control de sus propios destinos, con énfasis en que hay Tribunales Internacionales que crean nuevas reglas.

Evidentemente, cuando los Estados se someten a Tribunales Internacionales o Supranacionales, lo hacen voluntariamente en ejercicio de las competencias y atribuciones contenidas en sus cartas constitucionales. En la práctica ceden parte

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de su soberanía, no para que la ejerza un extranjero, sino para que la ejerza un ente inter o supranacional del cual los Estados forman parte.

Scalia señala que lo indicado es la razón por la cual los Estados Unidos de América son esquivos a someterse a dictados de organismos internacionales, empero podemos comentar que si bien ellos no se comprometen, tratan que los demás países lo hagamos, recordándonos al famoso Capitán Araya, quien a to-dos embarca pero se queda en la playa.

Lo reseñado nos lleva a formular una principal interrogante, esto es, si con-viene o no someterse a jurisdicción internacional en algunos temas, advirtiendo que el Perú ha sido por lo general proclive a ello en los Tratados de Derechos Humanos.

Cuando las democracias no son lo suficientemente sólidas, y pueden existir abusos, es conveniente que los ciudadanos puedan recurrir a la protección supra-nacional que cautele sus derechos esenciales, siempre y cuando los Tribunales u otros Organismos supranacionales, como entre otros la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cumplan rigurosamente con su Tratado constitutivo, y no emitan normas a espaldas de los países que los establecieron.

Los Organismos y Tribunales a los que nos referimos, son propensos a dic-tar disposiciones tanto sustantivas como procedimentales, en lo que ellos deno-minan creación o recreación del Derecho. Empero, para ello no fueron fundados y deben circunscribirse a las normas que dictaron los Estados en su conjunto para su institucionalidad.

Evidentemente que conviene que el ciudadano tenga otra protección sobre la nacional, pero ella no debe exceder lo dispuesto en los Tratados constitutivos, ni arrogarse los organismos supranacionales competencias y atribuciones ajenas a lo dispuesto en tales Tratados. Los Estados tienen potestad para evitarlo.

Diario Expreso

07 de febrero de 2014

NUEVOS VIENTOS EN SIDH

Ante los excesos y demoras en el trámite de peticiones, denuncias y causas, sea ante la Comisión Interamericana o ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos, el Perú en el año 2007, reunió a un grupo de países integrantes de la OEA que tenían cuestionamientos a la actuación de la Comisión y Corte, en el ánimo de gestionar algunos cambios en sus Estatutos y Reglamentos para que ellos cumplieran a cabalidad con los mandatos, facultades y atribuciones seña-

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lados tanto en la Carta Constitutiva de la Organización como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se constriñeran a ellos.

El tema fue tomando cuerpo y en la Asamblea General de la OEA realizada en El Salvador, encomendó al Consejo Permanente profundizar el proceso de reflexión sobre el funcionamiento del SIDH y presentar sus recomendaciones.

El Consejo Permanente de la OEA creó un Grupo de Trabajo, para formular sus recomendaciones, las que fueron aprobadas por el citado Consejo y elevadas a la Asamblea General celebrada en el 2012 en Cochabamba, la que encargó al Consejo, que sobre la base del informe formule propuestas concretas para su aplicación en diálogo con todos los involucrados.

En Asamblea General de marzo del 2013 se recibieron los planteamientos de la Comisión Interamericana y las reformas introducidas.

Debemos destacar los avances producidos tanto en el plazo cronológico de calificación de peticiones, como en la atención de los temas de carácter urgente y que ameritan su inmediata intervención.

Se ha normado el archivamiento por inactividad procesal y el desarchivo cuando fuere necesario, y además se privilegia las soluciones amistosas, entre otras medidas, todas ellas propuestas por el Perú desde el 2007.

Todo ello es un claro avance, aunque insuficiente, pues habían otras suge-rencias aún no admitidas, por lo cual no se puede considerar concluido el proce-so de cambios como algunos pretenden; pero habrá que seguir insistiendo.

En cuanto a la Corte, bajo la Presidencia de Diego García Sayán, se advierten mejoras sobre todo en medidas provisionales, e incluso ha denegado algunas solicitadas por la Comisión, aunque todavía se nota excesos en las reparaciones económicas.

Esperemos que la Corte, en el caso de los Comandos Chavín de Huantar, amerite con pulcritud los argumentos y pruebas aportadas por el Estado Peruano y en el amicus curiae de la defensa de nuestros valerosos comandos.

Es destacable asimismo, que en la última Asamblea realizada en Asunción, no se haya aceptado el pedido de países del ALBA y algunos de UNASUR para obstaculizar las labores de la Relatoría de la Libertad de Prensa y su financia-miento, que en los últimos tiempos ha actuado con tino y prudencia.

Hemos avanzado, ¡qué duda cabe! Pero tenemos que seguir en la tarea.

Diario Oficial “El Peruano”29 de junio de 2014

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NUEVOS VIENTOS EN CORTE INTERAMERICANA

Desde el año 2007 el Perú promueve cambios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante excesos en la actuación de la Comisión Interamericana y en menor medida de la Corte del mismo nombre.

Los principales cuestionamientos peruanos, luego compartidos por otros países, tuvieron que ver con la falta de orden para tramitar denuncias y causas, omisión del abandono de denuncias por correr del tiempo, medidas cautelares y diversos otros aspectos en la Comisión Interamericana; mientras que en la Cor-te, las elevadas sanciones pecuniarias a los Estados en caso de afectación de los Derechos Humanos, sin tener en cuenta que hay otras sanciones más relevantes.

Tales cuestionamientos, si bien no todos han sido solucionados satisfactoria-mente, si han merecido medidas rectificatorias con variaciones en el Reglamento de la Comisión y nueva óptica en la Corte para determinar las reparaciones eco-nómicas o indemnizaciones a los afectados o a sus deudos.

Probablemente para el “ajuste de timón” en el rumbo de la Comisión y de la Corte, se debe haber tomado en cuenta el debilitamiento de OEA ante la creación de nuevos organismos regionales como UNASUR, e incluso el retiro o amenaza de retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de algunos países.

Nos reafirmamos en la conveniencia de tener un sistema supranacional de Derechos Humanos, que pueda poner en vereda a los Estados infractores de la Convención Americana sobre la materia, pero evidentemente sin excesos ni ses-gos ideológicos, y reconociendo que hay organizaciones ajenas a los Estados, que perpetran graves violaciones a los Derechos Humanos y que por mucho tiempo no recibieron ni siquiera el interés o condena de la Comisión y Corte.

Ahora vemos con satisfacción que nuevos vientos soplan en el Sistema e influyeron en la expedición, el 15 de octubre de 2014, de la sentencia recaída en el caso Tarazona Arrieta y otros contra el Perú, en que se reconoce la importancia de aplicar el principio de “complementariedad” para no pronunciarse sobre lo que ya se había pronunciado convenientemente la judicatura nacional, toda vez que el Sistema Interamericano no es otra instancia adicional.

La sentencia aludida contiene dos clarísimas precisiones, que deberán tomar-se en cuenta en otros casos. La primera es el reconocimiento que el Sistema Inte-ramericano “…consta de un nivel nacional que consiste en la obligación de cada Estado de garantizar los derechos y libertades previstos en la Convención….y que si un caso concreto no es solucionado en la etapa interna o nacional, la Convención prevé un nivel internacional….” La segunda que “…cuando una cuestión ha sido resuelta definitivamente en el orden interno, según las cláusulas de la Convención, no es necesario traerla a la Corte para su aprobación o confirmación”.

En lo que se refiere a las reparaciones económicas, que como sabemos eran ex-cesivamente onerosas, la sentencia que comentamos no la ordena, al señalar que la propia expedición de la sentencia constituye una forma de reparación, y que basta con ordenarle al Estado Peruano su publicación.

Vamos por buen camino, y ojalá no vuelvan a salirse de él.

Diario El Peruano20 de diciembre de 2014

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SOCIAL

DEL DICHO AL HECHO…

Para los sectores sociales que comienzan a pasar factura para el cumplimiento de las ofertas electorales de Perú Posible, el discurso habrá causado escepticismo, pero para quienes reclamaban prudencia y ortodoxia, el discurso de Toledo ha sido realista pues ha informado que cumplirá con los ofrecimientos en forma responsable y progresiva. Ojalá los sectores que tanto tiempo estuvieron poster-gados, entiendan que todo no se puede hacer en poco tiempo, y que el mundo se creó en siete días y no en pocas horas.

También se ha recibido con simpatía el anuncio de que habrá disciplina fis-cal y monetaria, así como que se evitarán rebrotes inflacionarios, y que se respe-tará el sistema de economía social de mercado, previsto en la Constitución, al que Toledo califica como economía de mercado con rostro humano, repitiendo lo que hoy constituye consenso en nuestro mundo globalizado. Pese a las generalidades del discurso, a los lugares comunes que contiene y a la falta de medidas concre-tas, que probablemente serán anunciadas por el Gabinete cuando exponga su po-lítica de gobierno, el resultado ha sido esperanzador. Es positiva la afirmación de lucha contra la corrupción y la pobreza, así como el compromiso de evaluación semestral del curso del nuevo gobierno, a lo que hay que agregar que existirá se-guimiento puntual por los sectores de oposición responsable. Igualmente es po-sitivo el anuncio de medidas contra la subvaluación y el dumping, tan necesarios para proteger dentro de las reglas de mercado, nuestros productos nacionales.

La afirmación de reingeniería para nuestra Fuerzas Armadas con su partici-pación y resguardando su dignidad institucional, causa satisfacción. En cuanto a los empleos de urgencia, salud y educación, toso queremos que el Estado haga lo suyo, pero con el cuidado necesario para no abrir brechas fiscales.

No basta anunciar esfuerzos de nuevas instituciones gubernamentales para fomentar las PYME, la participación juvenil, la descentralización, la lucha con-

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tra el narcotráfico y el lavado de dinero, así como el estímulo a la cultura. Todo ello deberá hacerse sin duplicar instituciones y sin superposición de atribuciones. Aun falta definir para estas iniciativas el cómo, los recursos y su coordinación con la tan esperada reforma del Estado.

El éxito que pueda tener la nueva administración nos alegrará también a quienes estamos en la oposición.

Diario El Comercio

29 de julio de 2001

REGIMENES PATRIMONIALES EN EL MATRIMONIO

Por: Víctor Eulogio Aspillaga T.

Los que estamos casados probablemente tenemos nuestra propia definición del matrimonio pero para nuestro Código Civil, es la unión voluntaria, concertada por hombre y mujer, legalmente aptos y formalizada por la ley, para hacer vida en común, con la finalidad de procrear y educar hijos y el mutuo auxilio entre cónyuges y padres e hijos.

El régimen patrimonial, es la manera de regular los intereses económicos de los cónyuges entre si. Los futuros cónyuges, pueden optar por el régimen de Sociedad de Gananciales o por el de Separación de Patrimonios.

1. La Sociedad de Gananciales, es el régimen patrimonial de comunidad en el que se distinguen los Bienes Propios de cada cónyuge y los Bienes Comunes de la sociedad, adquiridos por uno u otro cónyuge durante el matrimonio.

a) Los Bienes Propios, son los que el cónyuge lleva al matrimonio o que adquiere después por herencia, legado o donación. También las indemnizaciones por accidentes o seguro. En el caso de seguros, se deducen las primas pagadas con bienes de la sociedad. También son bienes propios los derechos de autor, las acciones liberadas, los ob-jetos de uso personal y la renta vitalicia cuando la contraprestación es bien propio.

Cada cónyuge administra sus bienes propios pero debe contri-buir con los frutos al hogar. De igual forma, las deudas anteriores de cada cónyuge son pagadas con sus bienes propios a menos que hayan sido contraídas para beneficio futuro del hogar. La responsa-

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bilidad civil por acto ilícito de un cónyuge, no perjudica al otro en sus bienes propios, ni en su porción de la sociedad de gananciales.

El Código establece que los cónyuges no pueden renunciar a la herencia sin el consentimiento del otro. Para vender o gravar bienes sociales, ambos cónyuges deben intervenir, sin embargo esta dispo-sición no rige para la adquisición de bienes muebles. Tampoco pue-den contratar bienes sociales entre si. Por ello, el único contrato que pueden celebrar los cónyuges es el de poder.

El Código establece que todos los bienes se presumen sociales salvo que se pruebe que fue adquirido con bienes propios por ello si se sustituye un bien propio por otro o se compran otros equivalentes, se considerarán propios también.

b) Los Bienes sociales, son todos aquellos que se adquieren a titulo one-roso durante el matrimonio como consecuencia del trabajo y esfuer-zo de cualquiera de ellos y los adquiridos con las rentas y frutos de los bienes propios y comunes y con las rentas del derecho de autor.

2. Separación de Patrimonios, es el régimen por el cual cada cónyuge con-serva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bie-nes presentes y futuros y le corresponden los frutos. De la misma forma, cada cual responde por sus deudas.

El régimen de separación de patrimonios se constituye por Escri-tura Pública y se inscribe en el Registro de Personas Naturales para que surta efecto. Caso contrario se presume Sociedad de Gananciales.

La administración de los bienes sociales le corresponde a ambos cónyuges y cualquiera puede facultar al otro pero esta obligado a in-demnizar por actos colosos o culposos.

La administración de los bienes sociales y de los propios de un cón-yuge le corresponde al otro si esta impedido por interdicción, si se en-cuentra en lugar remoto o si ha hecho abandono del hogar.

Diario Síntesis

11 de noviembre de 2002

CONTADORES PÚBLICOS Y MERCANTILES

Por muchas décadas hemos observado que la actividad contable fue ejercida de un lado por los contadores denominados “públicos” que habían seguido estu-

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dios universitarios y recibido el título que le confería la universidad. También existen los contadores llamados “mercantiles” que son los que se habían formado para ejercer la actividad contable en institutos superiores, sean estatales o parti-culares, pero sin tener nivel ni título universitario.

Hasta tiempo atrás existieron los denominados contadores prácticos que eran los que sin ser públicos ni mercantiles, ejercían funciones de contador en la administración pública, municipios, beneficencias, corporaciones y compañías fiscalizadas debían acreditar un mínimo de 3 años en el ejercicio del cargo. Se inscribían en el “Registro Fiscal de Contadores” al igual que los “públicos” y los “mercantiles” a cargo de la entonces Superintendencia de Contribuciones. Dicho Registro ya no existe.

Hoy quedan los contadores públicos y los contadores mercantiles. Los pri-meros cuyo título es conferido por las universidades y los segundos con título expedido por institutos oficiales y privados reconocidos.

En 1959 se dio la Ley 13253 y un año después su reglamento, normas en que se dispuso que los contadores públicos con título universitario, podían efectuar y autorizar toda clase de balances, peritajes y tasaciones de su especialidad, au-ditorias y estudios contables con fines judiciales y administrativos. Para los con-tadores mercantiles la misma Ley los circunscribió a la autorización de balances con fines tributarios y a la teneduría de libros contables.

Años después la Ley 26417 y su ampliatoria Nº 27031, dispusieron que los con-tadores públicos, para todas sus actuaciones profesionales, tenían que citar el número que les corresponde en la matrícula de su respectivo colegio profesional. Los contado-res mercantiles el número de su matrícula en el “Instituto de Contadores del Perú”.

Mediante diálogo reflexivo y profundo, durante considerable tiempo los re-presentantes de los contadores públicos como los de los mercantiles, buscaron los mecanismos para ir unificando la actividad contable.

En dicho esfuerzo contaron con el auspicio y generosa facilitación como “bi-sagra” de experimentados, prestigiados y respetados contadores que en sus ini-cios fueron prácticos, para luego estudiar en Institutos y pasar a “mercantiles” y posteriormente con estudios universitarios convertirse en “contadores públicos”.

El esfuerzo no fue en vano, y las instituciones representativas de los con-tadores públicos y de los mercantiles, se llegaron a poner de acuerdo, con una novedosa fórmula que plantearon al Parlamento y que hoy es la reciente promul-gada Ley 28951. Dicha Ley actualiza la normatividad de la actividad contable, dispone la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de la profesión y señala las competencias y atribuciones de los contadores.

La mencionada norma legal contiene una disposición mediante la cual a los contadores “mercantiles” se les resuelve su disminuída situación frente a los

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contadores “públicos”, al permitírseles seguir en las universidades, programas especiales para actualizarlos en los conocimientos de la profesión contable uni-versitaria y darles el título de contador público. Las universidades para ello de-berán establecer el plan de estudios que seguirán los contadores “mercantiles” para convertirse en contadores “públicos”.

No se trata que hagan el íntegro de la cúrricula universitaria, sino que com-plementen lo que sea adicional y necesario a los estudios que realizaron en los institutos superiores pero no universitarios.

Cinco años señala la Ley como plazo, para que los contadores mercantiles puedan llevar la actualización universitaria de sus conocimientos, para luego ser titulados como contadores públicos, aunque mientras tanto y por el mismo tér-mino podrán seguir con la teneduría de libros y la autorización de balances con fines tributarios.

Es un paso muy importante, y es probable que después se complemente, en el tesonero propósito de unificación de dicha profesión, lo que demuestra que el diálogo y la concertación son instrumentos eficaces para encontrar soluciones. Bien por los contadores.

Diario La Razón

01 de febrero de 2007

LA PAZ ES EL CAMINO DEL MUNDO MODERNO

Mahatma Gandhi dijo “que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el ca-mino”, sabia afirmación que nos debe hacer reflexionar, en estos tiempos en que nos ha tocado vivir, en un mundo conflictivo e impredecible.

Hacen pocos quinquenios creíamos que el mundo cambiaba, que la guerra fría era historia, que al transformarse el mundo de bipolar en unipolar, la varia-ción era positiva. Había caído el Muro de Berlín así como la llamada Cortina de Hierro, y la denominada “Muralla de Bambú” comenzó a abrirse y a integrar China con la globalización mundial. Europa se unió, superando épocas de en-frentamiento y guerras sangrientas, y los Estados Unidos de América pretendió imponerse como el guardián mundial.

Los cambios también se sucedieron en las economías, la planificación socialis-ta, centralmente dirigida e impuesta, no pudo resolver la inequidad, como tampoco el exagerado liberalismo que casi entronizó al mercado como deidad, elevándolo a los altares. Las ideologías fueron perdiendo importancia y profundidad frente a la globalización que hizo de las diferencias de antaño simples matices en el presente.

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Hoy observamos que los cambios continúan, que el bipolarismo transforma-do en unipolar se ha transformado en tripolar, al competir en todos los campos la Federación Rusa y la República Popular China con los Estados Unidos de Amé-rica aliado a la Unión Europea. Tenemos tres núcleos de poder que influyen en los demás países y que tratan de estrechar diversos lazos, incluso los defensivos.

Pese a los cambios y a la apertura de mercados y fluídas comunicaciones, no se ha logrado justicia, equidad, solidaridad ni menos paz. La pobreza y extrema pobreza, no solamente subsisten, sino que en muchos lugares ha crecido, lo que nos tiene que llevar a encontrar caminos que ayuden a resolver dicha situación.

Las guerras y conflictos continúan, y lo que es peor, a veces con contenidos religiosos y étnicos, que creíamos superados y que nos regresan a lo que vivió el mundo en siglos pretéritos, y por más herramientas creadas por el Derecho Inter-nacional para la solución pacífica de controversias, algunos tratan de resolverlas por la fuerza.

Los países en vía de desarrollo, muchas veces propusieron privilegiar sus presupuestos en educación, salud, bienestar e infraestructura y reducir sus gas-tos de defensa a lo estrictamente disuasivo, pero lamentablemente los países po-derosos en industria bélica, con erróneos cantos de sirena, los seducen para ad-quirir sofisticado armamento que va más allá de una lógica de paz con capacidad disuasoria y no más. Los que venden, pretenden paliar sus economías afectadas por la crisis internacional con exportación de costosos armamentos, que exceden a las capacidades financieras de los compradores que quedan sometidos a pagar inmensos precios en detrimento de sus demás obligaciones con la sociedad, y lo que es grave, soportar las consecuencias de una crisis mundial no creada por los países aún en desarrollo.

Al igual como las personas, los países también requieren de diálogo, franco y sincero, sin tapujos, para encontrar la solución a sus problemas, evitar o solu-cionar conflictos, y encontrar la paz duradera. Quisiéramos que la aseveración de John Osborn en el sentido que las conferencias de desarme “son lo mismo que los ejercicios contra incendios de los pirómanos” deje de ser realidad.

Diario Oficial “El Peruano”21 de octubre de 2009

EL CANCER DEL EXITO

Hace poco, haciendo sobremesa y conversando con un viejo y buen amigo, me dijo una frase que me impactó e hizo pensar: la envidia es el cáncer del éxito.

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Cuanta razón y sapiencia encierra dicha frase, que no es otra cosa que la respuesta a la observación de la envidia que muchas veces encierra el éxito. Sea éxito profesional, deportivo, empresarial, político, intelectual, académico o de cualquier otro tipo, en muchas ocasiones, casi como resorte, salta la crítica para desmerecer los logros, minimizar resultados, señalarles causalidad inapropiada o indebida sino ilegítima.

Que maravilla podría ser escuchar o leer, vamos a esforzarnos por también conseguir el éxito, tenemos que acometer con más fuerza y empeño. No, nada de eso, no es el ejemplo a seguir, es denostar al éxitoso y tratarle como se dice de “bajarle la llanta”.

Estamos frente a la ampliamente conocida actitud de quienes participan en el antiquísimo juego del “palo encebado”. En algunos países los que están fuera del juego ayudan al que se encuentra en él para que no caiga. En nuestra socie-dad, lo jalamos para que no suba, que no llegue a la meta, que no obtenga el éxito, que fracase.

Si se obtuvo éxito académico, seguramente dirán que “copió”, “alguien le sopló”, “la prueba fue fácil”. Si el éxito fue empresarial o económico, comentarán que probablemente “robó” o que no lo hubiere hecho si es que no hubiere casado con acaudalada dama, para no llamarlo con palabra común pero inelegante. Si se trata de futbol, el gol fue por el pase recibido y no por el juego realizado. Si se trata de un litigio no tendrán reparo en descalificar al juez y decir que es corrupto o incompetente. En fin ejemplos hay diversos, pero lo indeseable es la actitud de permanente envidia para impedir ascensos. Tenemos que propender a conseguir la cultura del éxito y de aumentar la autoestima. Cuanto más medito pues más comprendo la frase de mi amigo en su amplia dimensión: la envidia es el cáncer del éxito.

Diario Expreso

25 de diciembre de 2009

EMOCIÓN Y RAZÓN

Muchas veces quedamos sorprendidos por las reacciones emotivas y diríamos hasta hepáticas de nuestros compatriotas, cuando suceden hechos que nos con-mueven. Nos dejamos llevar por las emociones antes que por las razones.

Cuando se perpetra algún delito que nos estremece, como por ejemplo la violación de menor, inmediatamente como cuando salta un resorte, se presentan varios proyectos en el Parlamento para aplicar sanciones más severas que las

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pre-existentes, incluyendo hasta la pena de muerte. Hoy nuestro Código Penal está preñado de modificaciones que terminaron con la lógica elemental de a más gravedad del delito más severa la sanción.

Ante un acto de corrupción, la reacción extrema tampoco tarda en llegar y se proponen más candados y muchísimos más controles, sin advertir que la exageración paraliza a la Administración y se elevan los temores para la toma de decisiones. Al final la ejecución de la obra pública y la inversión en el desarrollo, se demora, y no se advierte que con la demora siguen subiendo los costos y hay que hacer correctivos a las licitaciones y concursos.

Aumenta la delincuencia, al igual que la falta de seguridad en nuestras ca-lles, lo que también lleva a proponer que salgan los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas a patrullar calles y carreteras, en apoyo a la Policía Nacional, con olvido de las funciones y preparación especializada de cada una de ellas.

Acontecen accidentes de tránsito, y olvidando el carácter de accidente, no deseado y menos querido, se suspenden los permisos de operación de todos los vehículos que pertenecen a la empresa transportista del vehículo siniestrado, te-niendo como resultado que el usuario del servicio carezca del mismo.

Nos mortifica e indigna algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lejos de plantearse correctivos y olvidando que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos protege supranacionalmente a todos, pues ya, apresurarse para retirar al Perú de su competencia contenciosa.

Como vemos las reacciones son eminentemente emotivas, sin medir consecuen-cias, cuando lo que se necesita son decisiones tomadas bajo el imperio de la razón.

Cuando sucesos que estremecen se dan en períodos electorales, las reaccio-nes se vuelven muchísimo menos razonadas, pues hay políticos que para sinto-nizar con la vehemencia de la población, se alzan altaneros para propiciar solu-ciones extremas, que antes que resolver situaciones, con el tiempo las agravan. De ser dirigentes pasan a convertirse en dirigidos por la presión mediática y las encuestas de opinión.

Es necesario que todos antepongamos la razón a la simple emoción.

Diario Expreso

19 de agosto de 2010

DON ALFONSO

Semanas atrás falleció don Alfonso Grados Bertorini, notable pisqueño que actuó en diversidad de campos. Fue abogado y simultáneamente ejerció el periodismo, sien-

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do uno de los fundadores de la Federación de Periodistas del Perú. Sus crónicas y comentarios deportivos los hacía bajo el prestigioso seudónimo de Toribio Gol.

Su versatilidad ocupacional lo llevó al campo internacional y financiero, ha-biendo destacado como hábil funcionario del Banco Interamericano de Desarro-llo (BID) y como excelente embajador peruano en Argentina.

La vocación política de Alfonso Grados fue puesta a prueba como Ministro de Trabajo en el segundo gobierno del arq. Fernando Belaúnde. Llegó al Con-greso de la República en 1995 como candidato de la UPP que en aquel entonces lideraba don Javier Pérez de Cuéllar. En ambos cargos demostró coherencia y eficacia, pero sobre todo valentía para enfrentar retos e inteligencia para resolver situaciones y superar conflictos.

Su trayectoria democrática se sumaba a su reconocida bonhomía y al culto que hacía de la amistad, características que le prodigaron el respeto y considera-ción tanto de simpatizantes como de adversarios.

Don Alfonso nos ha dejado sabias enseñanzas para vivir en democracia y hacer posible la buena relación entre trabajadores y empresarios. Abogó incan-sablemente por los mecanismos de solución pacífica de controversias, por la con-certación, alejada de la imposición, y por la tolerancia en las relaciones humanas. Siempre trató de conciliar en diálogo franco y alturado. Continuamente mani-festaba que el ejercicio de la autoridad debía ser dentro de la normatividad legal, buscando consensos, fortificando coincidencias, acercando voluntades y limando disensos. El diálogo social es su legado.

En materia laboral fue gran propulsor del tripartismo, mediante el trípode constituido por el Estado, los trabajadores y los empleadores, en donde debe des-cansar una óptima relación de trabajo que privilegie el trato directo y cuando es inviable, concertando con el auxilio de la conciliación que resuelva los conflictos y recupere la paz social.

¡Se le extraña don Alfonso!

Diario Expreso

29 de octubre de 2010

¿QUIEN LO HIZO?

Un Presidente y un ex–Presidente han practicado duelo verbal sobre la autoría de una carretera.

La verdad es que hay obras que trascienden más de un gobierno, empiezan con perfiles, pasan a ante-proyectos, culminan con proyectos para luego entrar

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a la etapa de la ejecución y supervisión, sin olvidar que los procesos de contra-tación de estudios, concursos para diseños, licitaciones para la construcción y diversas acciones para el financiamiento, y más si se tiene que recurrir al financia-miento internacional, sin olvidar el famoso SNIP, son de nunca acabar.

Por lo antes expuesto no es raro que grandes obras comiencen a planificarse en un gobierno, se ejecuten parcialmente en otro y terminen en uno diferente, por lo que la autoría corresponde a más de un gobierno y no hay que molestarse por ello, y tan importante son los kilómetros de carretera construidos como los estudios de ingeniería que se tuvieron que realizar, más los de impacto ambiental para no afectar el medio ambiente.

Lo bueno es que se continúe con la obra empezada por gobierno anterior y no se paralice, pues ello ocasiona mayores costos cuando tiene que ser reiniciada, más los daños que el tiempo puede causar a la obra inconclusa y el deterioro por la falta del cuidado o mantenimiento adecuado.

Nuestros gobernantes por lo general han adolecido del complejo de Adán, no había nada antes que ellos. Felizmente, y para bien del país tal defecto se ha ido superando y hoy por hoy es perfectamente normal que un gobierno continúe las obras de otro. A ello ha ayudado el trato permanente entre los diferentes par-tidos políticos en el Foro del Acuerdo Nacional, que al haber convenido políticas de Estado y no solo de gobierno, genera una cultura de continuidad en el obrar para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Los gobernantes toman la decisión de hacer las obras y las ejecutan, pero también es cierto que con los presupuestos participativos a nivel regional y municipal, se ha ido construyendo intervención ciudadana, pues al final de cuentas los estudios, los proyectos, las obras y sus supervisiones se solventan con los impuestos que todos pagamos o con los créditos internacionales que también son reembolsados con tales impuestos, todo lo cual relativiza la auto-ría de la respectiva obra, por más que la disputen como caramelo en jardín de la infancia.

El tema nos hace recordar la famosísima frase de Fernando Belaunde Terry: EL PUEBLO LO HIZO, en cuanta placa de inauguración de obra pública devela-ba, que reconoce en buena lid a Juan Pueblo como hacedor del desarrollo y evita bizantinos e innecesarios desencuentros que no llegan a puerto alguno.

Diario Expreso

07 de enero de 2011

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MAS DURA EL EX QUE EL ES

Un comentario que me impresionó favorablemente fue expresado por un anti-guo, eficiente y apreciado funcionario del Estado al referirse a algunas autorida-des que pecando de soberbia, “olvidan que más tiempo son EX que ES”.

Más que cierto, los cargos por lo general son efímeros y quienes lo ejercen, usualmente pasan más tiempo como “EX” que como “ES” y cuando ingresan a la calidad de “EX” añoran el “ES” siéndoles difícil acostumbrarse a su nueva realidad.

Muchas personas a las que nos referimos, sea en cargos públicos como en la vida privada, sea ella académica, profesional, militar, empresarial o de cual-quier otra naturaleza, actúan displicentemente frente a los demás, y como dicen los jóvenes su soberbia es de tal magnitud que se sienten “la mamá de Tarzán” o “la última chupada del mango”. Sacan pecho, elevan el mentón, afirman el paso, codean, no saludan al ingresar a reuniones o no contestan los saludos, y conside-ran que todo se lo merecen y que todos deben prestarles pleitesía. Felizmente en la actualidad no está permitido el uso de circulinas en vehículos de autoridades, pues de estarlo seguramente por prenderlas estimarían que están facultados a atropellar a cuanta persona o vehículo se anteponga a sus reales o ficticias ur-gencias.

Lo expresado se agrava cuando emiten opiniones, casi como si fueran axio-mas y sin aceptar otras posiciones que ni siquiera quieren oir ni menos escuchar, lo que los hace insoportables frente a sus contertulios. La actitud de aquellos a los que nos referimos se podría sintetizar en “abran cancha que allá voy”, la que es cursi para no emplear el calificativo de huachafo. Tal actitud además la contagian a sus familiares que se andan ufanando de los cargos que ejerce la parentela, los bienes que tienen o las supuestas cuantiosas rentas que perciben, sin pensar que de las expresiones jactanciosas o petulantes se puede pasar rápidamente a reali-dad rangalida, pues la vida da muchísimas e inesperadas vueltas.

Deberían reflexionar en lo dicho por William Ward: “La grandeza no se en-cuentra en las posesiones, el poder, la posición o el prestigio. Se descubre por la bondad, la humildad, el servicio y el carácter”.- Siempre se pueden corregir las actitudes erráticas con las buenas formas que son apreciadas, y más cuando se está en función política o simplemente pública, en que la tolerancia debe ser práctica habitual.

Diario Expreso

10 de junio de 2011

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CONFIANZA ES EL RETO

Tanto quienes votaron por Ollanta Humala, como quienes no lo hicieron, desean que dentro de los márgenes de la Democracia, respeto a los Derechos Humanos y a los preceptos constitucionales, el mandato del nuevo gobernante alcance el éxito, pues de lograrlo el mismo llegará a todos.

La contienda electoral terminó y ahora se requiere recuperar la confianza y trabajar por el bien del Perú, lo que no impide recordar que la campaña electoral en primera vuelta se caracterizó en líneas generales, de un lado por la afirmación de la necesidad de continuar con el desarrollo económico, aunque con tímida in-clusión social. Y por el otro con el énfasis en los problemas sociales y casi olvido del necesario desarrollo.

En la segunda vuelta y vista que ninguna de las dos concepciones económi-co-sociales de la primera, obtuvieran la votación suficiente para lograr ocupar el Palacio de Gobierno, las tendencias que las personificaron optaron por una mejor conjugación del crecimiento económico con los programas sociales y esta oferta electoral fue la ganadora. En efecto el candidato ganador recogió la necesidad de continuar con el desarrollo y quién quedó en segundo lugar le dio mayor contenido social a sus postulados. El común denominador de ambas fue el de desarrollo económico con mayor inclusión social.

Consecuentemente, toca ahora aplicar en el gobierno la fórmula ganadora, para lo cual será necesario conciliar el indispensable desarrollo económico con la mejoría de los programas sociales inclusivos. Para lograr los efectos deseados se requiere generar confianza en los actores económicos y en los sociales y ello obli-ga a seleccionar como colaboradores directos del nuevo Presidente a ministros que garanticen proseguir con el desarrollo pero al mismo tiempo ayudar a los que menos pueden con programas sociales bien diseñados, transparentemente conducidos y con la óptica de su temporalidad, pues progresivamente la meta tiene que ser el acceso al trabajo adecuado, dado que los programas asistencialis-tas solamente suplen al empleo aún insuficiente.

Las arcas fiscales si es que no se renuevan y crecen, pues se agotan, y con arcas vacías no se puede realizar la inclusión social. Se requiere del desarrollo económico para que existan mayores recursos vía recaudación tributaria, que puedan emplearse en los programas sociales mejorados, pero sin reducir la velo-cidad de la infraestructura que el Perú reclama, y que también da nuevas oportu-nidades a los sectores excluidos del bienestar.

Diario Expreso

08 de julio de 2011

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ALERTA REGISTRAL

El avance tecnológico, lamentablemente también influye en delitos, así tenemos el uso de técnicas depuradas para imitar firmas y para suplantar identidades, lo que se ha evidenciado al sorprender a notarios presentando documentos de identidad falsos, firmando como si se tratara de las personas a las que se suplanta identidad, y llegando hasta transferir predios sin ser titular de sus derechos, así como también presentar partes a Registros Públicos para inscripción de escritu-ras públicas inexistentes.

Normalmente los afectados por dichas acciones delictuosas, se enteran tar-díamente, a veces después que fueron despojados de su propiedad y se ven en-vueltos en largos y costosos litigios.

Para enfrentar las falsificaciones de documentos de identidad y de firmas, así como para evitar en lo posible la suplantación de personas en los contra-tos, se exige además de la firma de los otorgantes en las escrituras públicas, su huella dactilar. Como ello no es suficiente, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos diseñó y puso en práctica la llamada “Alerta Registral sobre Predios” que se ha ido optimizando y se ha convertido en eficiente herramienta para poner sobre aviso a los titulares de derechos inmobiliarios de pretensiones de inscribir actos y contratos en las partidas de inscripción de los predios sobre los cuales ejercen propiedad.

Las buenas prácticas en la Administración Pública deben destacarse, y una de ellas es la “Alerta Registral sobre Predios” que tan buenos resultados está dando, permitiendo a tiempo, luchar contra delincuentes que adulteran y falsifi-can instrumentos públicos, se adueñan de inmuebles que no les pertenecen o los entregan a terceros.

La Alerta es simple y gratuita. Las personas naturales o jurídicas propieta-rias de algún inmueble inscrito en el Registro Predial de SUNARP, que desean ser beneficiarias de la Alerta, sólo tienen que ingresar al portal de dicho Organis-mo y llenar electrónicamente el formulario que se encuentra en el icono “Alerta Registral”, luego de lo cual quedará registrado su inmueble para que en caso que se pretenda inscribir algún acto o contrato sobre él, de inmediato la SUNARP le informe de ello a su correo electrónico, y de ser tal pretensión dolosa, pueda oportunamente tomar cartas en el asunto y evitar sus nefastas consecuencias. ¿Qué esperamos?

Diario Expreso

02 de diciembre de 2011

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A PROPÓSITO DE “EL PERU TIENE GANAS”

En las últimas semanas se observa a mayor número de personas con expresiones pesimistas, y por muy diversas razones. Las hay porque perciben debilidad al en-frentar actividades terroristas. Otras se angustian porque creen que es inminente un catastrófico sismo. Algunas manifiestan su preocupación por un nuevo Fenó-meno del Niño. Otras nos dicen que el narcotráfico es invencible y que tenemos el triste privilegio de ser el principal productor de derivados de la coca.

La cosa no queda allí, los comerciantes y dependientes de almacenes de prendas de vestir dicen que como no hay invierno tendrán que rematar su mer-cadería. Quienes están en el sector de turismo interno se quejan por las cancela-ciones de reservas originadas por actos de violencia en diversas partes del país. Los que laboran en entidades crediticias se preocupan por el aumento de la mo-rosidad y quienes exportan admiten más preocupación aun porque sigue depre-ciándose el dólar americano. Los que operan en el mercado bursátil ven que sus carteras pierden valor y los constructores destacan que “el mercado está duro”. Los mineros claman porque se resuelva rápido la conflictividad social, y algunos inversionistas de los últimos lustros comienzan a buscar otros destinos.

A todo ello se agrega la inquietud de muchas autoridades porque aún no se desatan los nudos y candados burocráticos para ejecutar las inversiones y gastos presupuestados; y no nos olvidemos que también existen los émulos de “Don Pé-simo”, que todo lo ven negro, y presagiando desastres anuncian que Humala hará tal o cual cosa en su discurso del 28 de julio atentando contra la ruta que mantene-mos desde hace cerca de 5 lustros y que nos ha estado llevando al desarrollo.

Ojo, para nada nos hemos referido a las personas que son sombrías de cuna, que expresan tristeza desde que nacen hasta que mueren, que se les ve siempre taciturnos y acongojados, pero que creemos que con lo que les vamos a contar, pudiera ser que cambien.

Lo vemos en televisión, miramos su imagen en los periódicos y en las car-teleras, escuchamos su llamado en las radios; es el famoso cuy, simpático, son-riente, alegre y optimista, que se ha convertido en el emblema de un banco. Por si acaso, no le hago la patería, no le debo nada, no le he pedido un “mango” ni tengo nada que ver con dicho banco, pero reconozco su gran acierto de hacer que sus publicistas creen al simpatiquísimo personaje que nos dice “EL PERÚ TIENE GANAS”.

Realmente levanta la autoestima, genera corriente de simpatía, nos hace ver que somos un país que ha superado muchas adversidades, que ha salido triun-fante de muchos retos, que tiene voluntad de superación, que hoy camina hacia el desarrollo y la prosperidad, que los inconvenientes que afrontamos son pasa-

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jeros, que seguramente encontraremos caminos de diálogo y entendimiento entre quienes están entrampados en conflictos solucionables.

Si, EL PERÚ TIENE GANAS, tenemos que ser optimistas, retomar el buen rumbo y saber que si estamos unidos podremos superar toda adversidad y con-tratiempo. SOMOS LIBRES, SEÁMOSLO SIEMPRE Y CON MUCHAS GANAS. Somos peruanos.

Diario La Razón

29 de julio de 2012

TISANA PLUS PARA RECUPERAR LAS BUENAS MANERAS

Hay quienes creen, que para ejercer cargos públicos importantes con capacidad de decisión, se debe tener conocimiento de la actividad que se desempeñará, vo-luntad, honradez, y decencia, como requisitos principales.

Pero ello no basta, también se necesitan condiciones que tienen que ver con las buenas formas en el desempeño de la función y del carácter de quien las ejercerá.

En efecto, el ejercicio de la función pública, y más si se trata de los primeros niveles, necesita generar confianza y más si se piden actos de fe, como la delega-ción de facultades legislativas. Para recibir confianza se necesita explicar lo que se pretende hacer, los pros y los contras de la decisión o del camino que se vaya a tomar, y para ello no basta la explicación técnica sino también las formas, que deben ser las adecuadas.

Si pides algo y quieres lograrlo, es conocido que más puede algo de azúcar que mil amenazas y berrinches, así como los anuncios de sino me das gusto me voy.

El carácter también es importantísimo en las relaciones humanas, y más si pretendes el seguimiento de los demás. Hay quienes siendo muy versados en diversa temática, buenos ciudadanos, personas inmaculadas en cuanto a correc-ción, no necesariamente lo son en respecto a las formas de comunicación, al ol-vidar que quien ejerce cargo público está sujeto -además de a la fiscalización- a la crítica.

La discrepancia democrática y alturada, no significa de modo alguno boicot a la gestión, menos aun confabulación contra el actor político, y por ello tiene que entenderse como simple disenso en relación con algún hecho o planteamiento determinado y no contra la persona en si misma. A esto agregar como premisa que tanto el criticado como el criticante buscan lo mejor para el país.

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Importantísimo es que quien ejerce función pública conserve tranquilidad para tomar serias y difíciles decisiones, y también para exponerlas al público y recibir su aquiescencia. Quienes por emotividad, carácter o cualquier otra razón, pierden la ecuanimidad, tienen más posibilidades de errar que quienes mantie-nen la serenidad.

En la democracia hay que buscar consensos y desterrar imposiciones, y para lograrlo necesitas acercarte a los demás, que no son adversarios necesariamente sino que piensan diferente, y que pudieran incluso variar de posición con ex-plicación transparente y con buenas maneras. La intolerancia, la arrogancia y la soberbia, no son buenas consejeras.

El avance científico hoy en día te da muchos elementos para controlar el mal carácter y recuperar la calma, pero siempre se pueden recurrir al antiguo consejo de los tiempos de nuestras abuelas, la tisana, y si ello es muy grave con unas go-titas de valeriana, a lo que podremos llamar la tisana plus.

Diario La Razón

19 de agosto de 2012

¡ALAYZA JUVENTUD!

Al haberse conmemorado el centenario del nacimiento de Ernesto Alayza Grundy, vienen a la mente muchas remembranzas de su actuación privada y pública, siempre pulcra y transparente, y con la constante de imprimir el sello del pensamiento social cristiano y el cumplimiento del deber.

Don Ernesto, como cariñosamente lo llamábamos, siempre tuvo una incli-nación especial por la juventud, quizás por evocar su presencia en la “Federación Diocesana de la Juventud Católica”, en sus reuniones en el “Centro Católico de Miraflores” bajo la dirección del Padre Amelio Placencia, en su participación en la “Confederación Iberoamericana de Estudiantes Católicos” y en el “Centro de Estudiantes Católicos”. Comprendió desde sus años juveniles que era indis-pensable la participación de los laicos cristianos en la política, no en cualquier política sino aquella sustentada en principios.

Siguió ligado a la juventud a través de la Universidad Católica por muchos años, manteniendo fidelidad al espíritu con la cual fue creada. Siendo hombre de letras tenía afinidad también con los números y las disciplinas económicas, sien-do profesor de Economía Política, dos veces decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Secretario General de tal Universidad a la que asimismo asistió por varios lustros con su sapiencia y versación jurídica.

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Presidió por largos años el centro de formación política denominado “Insti-tuto José Faustino Sánchez Carrión” por cuyas aulas pasaron muchísimos de los que han sido o son connotados dirigentes políticos, con actuación meritoria en municipios, ministerios y en el Parlamento.

En las asambleas partidarias de la agrupación a la que dedicó su máximo empeño, el grito de los jóvenes era “Alayza juventud” y en ocasiones agregándo-le “la fuerza del Perú”. La figura de don Ernesto, recordaba la imagen del genial Quijote, y ya con décadas a cuesta, seguía con mente y corazón joven, y nunca perdió el empuje y la esperanza por un Perú mejor.

Los social cristianos en diversas universidades habían formado la organiza-ción “Unión Estudiantil”, y de quien recibían consejo prudente y oportuno era de don Ernesto, entonces ¿Cómo no podían arengar con el grito Alayza juventud?

De juicio sereno y con brillantez sabía enfrentar los problemas de la política y cuando el candidato presidencial del Fredemo no entendía las conversaciones entre AP y el PPC para presentar candidaturas a las previas elecciones municipa-les de 1989, fue don Ernesto quien con su autoridad moral y razones irrebatibles, logró que los problemas se superaran.

Su actividad profesional como abogado, ligada por muchos años a una em-presa minera de gran magnitud, fue con la sensatez de entender precursoramente que debía preservarse el medio ambiente y que tenía que repararse los daños a la salud de los trabajadores que adquirían las denominadas “enfermedades profesio-nales” por inhalar los humos nocivos. Evidentemente se adelantó a los tiempos, y quienes quizás estuvimos más ligados a él por ser compañeros de clase universita-ria del mayor de sus hijos y estudiar en su casa, vimos siempre a la persona senci-lla, de fe, severa en sus juicios, pero siempre comprensivo y humano.

Diario La Razón

25 de noviembre de 2012

JOSÉ NAVARRO PASCUAL: UN AMIGO

Cuando ingresé a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en que se percibía y respiraba el espíritu de sus fundadores, conocí a José Navarro Pascual, algo mayor que el grueso de los entonces “cachimbos”. Aun-que estábamos en el mismo año, pertenecíamos a diferentes secciones o aulas, pero compartíamos estudios y tareas comunes.

Pepe, como cariñosamente le decíamos, tenía claro que no iba a seguir Dere-cho como muchos de los que nos preparábamos en Letras para luego pasar a lo

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jurídico. Él tenía inclinación a la Historia y Filosofía, además de destacar en los cursos de Lengua y Literatura.

Fue Pepe Navarro calificado estudiante, cumplidor de sus obligaciones es-tudiantiles, siempre entregando a tiempo los trabajos y monografías que se nos encomendaban. Con interés participamos en el fichaje de la obra de Parménides, impuesta por quien fue nuestro querido maestro de Filosofía Enrique Torres Llosa.

Entre clase y clase conversábamos en el patio de Letras, en los dos locales de la Plaza Francia. Reconocíamos de inmediato su voz amable y con los giros idio-máticos de su querida España de donde procedía. Era un compañero realmente diferente, nunca se sumó a crítica malsana a ningún profesor ni a sus condiscípu-los de estudios, lo que era frecuente quizás por la inexperiencia juvenil. Ante los comentarios impropios, siempre alzaba su voz en defensa del afectado, haciendo hincapié en sus virtudes y pasando por alto los defectos, de los que decía que siempre podían corregirse.

En aquella época comencé a realizar mis prácticas pre-profesionales en un reputado Estudio de esos años, cercano por cierto a la Universidad. Lima era to-davía pequeña y las reparticiones del Estado, las principales empresas, los bancos, las compañías de seguros, las oficinas profesionales y los comercios estaban en el Cercado de Lima. Ello me permitía -cuando había horas libres no cubiertas por cla-ses- hacer trámites ante quienes eran escribanos o secretarios de juzgado así como cumplir las labores ordenadas por los abogados que eran mis maestros de práctica.

Mi querido amigo Pepe Navarro me decía que la vida universitaria no sola-mente era concurrir a las clases y preparar resúmenes y monografías. Me insis-tía en que la universidad era un todo que comprendía también el famoso patio, los debates informales de los estudiantes, la conversación fuera de clase con los profesores, el intercambio de opiniones, el café en la llamada “Jaulita”, la correc-ción de errores en los exámenes y por supuesto el acontecer político. “Antero, te pierdes parte valiosa de la universidad por exagerar en tus prácticas” a lo que le respondía que lamentablemente no se podía tener todo. Han pasado más de cincuenta años y tengo que reconocer que Pepe tenía razón.

Nos comentaba con frecuencia sobre la Universidad de Navarra y en el “Cír-culo Bíblico” que extracurricularmente conducía el Padre Gerardo Alarco, notába-mos su cercanía con los aspectos religiosos y con el imperio de la moral. Estuvimos juntos en primera línea protestando en la Plaza San Martin por el vejamen a un grupo de estudiantes universitarios que habían sido abusivamente detenidos y lle-vados al “Sexto”, establecimiento de detención policial de aquella época.

Algunos de los que frecuentábamos a Pepe, por su intermedio pudimos conocer la Residencia Los Andes, del Opus Dei, que en dichos años estaba en la Avenida España, cercana a los claustros universitarios. Nos entusiasmó para efectuar retiros espirituales y las famosas tertulias bajo la dirección del Padre don

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Luis Tejerizo y del Padre don Antonio Durcay, donde pudimos conocer al Ing. Rafael Estartús recientemente fallecido, cuyas enseñanzas han sido guía perma-nente de conducta.

Algunos fines de semana íbamos invitados por Juan Bautista Bardelli a la hacienda Chancayllo, de su familia, que estaba en la localidad de Chancay, don-de disfrutábamos de sana conversación, intensas cabalgatas, contacto con la na-turaleza y en compañía de otros queridos amigos como Ernesto Alayza Mujica, Fernando Bedoya de la Sotta, Manuel Delgado Bedoya, Carlos Cornejo Brandon y otros más.

Al iniciar el segundo año de Letras, que lo hicimos en 1960, Pepe nos co-mentó que había la posibilidad de ser corresponsales en el Perú de una agencia de noticias llamada “Europa Press”. Agregó que podríamos hacer nuestros des-pachos como reporteros y que ello sería valiosa experiencia que nos serviría para el futuro, y que con las investigaciones periodísticas ingresaríamos a un espacio de ampliación de conocimientos en otras disciplinas. Fui uno de los que acepté la invitación de Pepe Navarro y todavía conservo con cariño el Carnet 471 que recibí por su intermedio de Europa Press expedido en Madrid el 1 de abril de 1960, número posterior al que fuera entregado a mi mencionado promotor, quien estimulaba con perseverancia.

La verdad es que nos metimos en camisa ajena, pues además de enviar des-pachos sobre el acontecer peruano, realizamos una investigación en temática mo-netaria, como fue el cambio en Francia hacia el Nuevo Franco. Nunca supimos si fue publicada, pero nos sirvió el trabajo de investigación que dirigió Pepe.

Ya en la Facultad de Derecho uno y el otro siguiendo en Letras, el contacto se mantuvo pero sin tener la fluidez acostumbrada, y se extendió con el correr de los años en la vida profesional y familiar. Los grandes acontecimientos siempre fueron propicios para reencontrarnos y recibir su generoso afecto.

Cuando decidió ingresar al Seminario y abrazar el sacerdocio, no causó sor-presa alguna a sus amigos, pues Pepe era hombre de fe, de moralidad inque-brantable y con notable espíritu de servicio. Como sacerdote entregado a Dios y a la enseñanza en Piura, no dejó de preocuparse por todos sus viejos amigos, y a través de llamadas telefónicas y correspondencia, fuimos favorecidos por su sabiduría y entrañable afecto.

Querido Pepe: tus amigos siempre te recordaremos, y quiero expresar es-pecial gratitud a la Universidad de Piura, que al pedirme estas breves líneas, me ha permitido recordar lindos años universitarios, a excelentes amigos que no siempre se ven y a magníficos profesores cuyas enseñanzas han dirigido el buen sendero escogido.

Diario Expreso

12 de abril de 2013

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JULIO FAVRE

Nos ha dejado Julio Favre Carranza y su partida ha sido sentida por todos quie-nes lo conocimos y a quienes nos brindó su amistad desinteresada, cordial y siempre franca.

Fundó un importante grupo empresarial dedicado a la alimentación huma-na, “Redondos”, en el rubro de explotación avícola, complementada con otros productos y siendo uno de los pioneros en acuicultura para el procesamiento de la tilapia. Supo conciliar el trabajo con el hogar, tarea nada fácil.

El empresario tiene que ser frío en sus decisiones, pero Julio lo complemen-taba con su actitud humana, siendo ejemplo de responsabilidad social al contri-buir al desarrollo de las comunidades donde ejercía sus actividades.

Era respetado por sus proveedores, clientes, funcionarios y trabajadores, con los que tenía una relación clara y precisa, sin falsas actitudes, por lo cual todos sabían a que atenerse con él.

En la época más dura del terrorismo homicida, vandálico y destructor, sus instalaciones sufrieron las consecuencias de no haberse rendido ni entregado cu-pos, ni tener doble discurso. Fue directo en la crítica y acciones, e incluso atendió en sus instalaciones a las fuerzas del orden que tenían a su cargo la interdicción y lucha contra el gravísimo flagelo señalado.

Siempre estuvo Julio dispuesto a ayudar a los demás, sea con el consejo sincero, sea con colaboraciones materiales, o también con su acción cívica. Tuvo voluntad y vocación docente, y a través de sus artículos en los medios, podíamos conocer de sus inquietudes, de sus preocupaciones y de las soluciones que for-mulaba para obtener el desarrollo del país.

Su crítica fue constructiva, no se agotaba simplemente en exponer el proble-ma sino en recomendar soluciones, y con el ejemplo de gran emprendedor que quería lo mejor para su país.

Cuando le tocó desempeñar cargos gremiales lo hizo con entrega y tratando de incorporar a las instituciones empresariales, al pequeño y mediano empre-sario con su discurso que todos en la medida de sus posibilidades pueden con-tribuir al desarrollo, a la generación de puestos de trabajo dignos que eleven la calidad de vida y ayuden a alcanzar el bien común.

Cuando fue requerido para brindar su dedicación y esfuerzo para paliar los efectos del terremoto en el sur del país, lo hizo con mística que fue resaltada y reconocida por todos. Lo hizo sabiendo que se exponía a la incomprensión y al maltrato, pero siempre puso por delante el interés patriótico al personal.

Querido Julio, se te extrañará.

Diario Expreso

02 de agosto de 2013

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VIACRUCIS DE LOS DONANTES

Felizmente, todavía hay en el mundo instituciones y personas de buen corazón con voluntad de ayuda y con recursos para ello, que desde el exterior hacen do-naciones a organizaciones que realizan obras de asistencia social, de cooperación con los más necesitados, de instrucción y entrenamiento para nuevos emprendi-mientos, de alimentación para paliar la hambruna en este mundo en que nos ha tocado vivir, sin olvidar la ayuda ante desastres de la naturaleza.

El Perú y sus entidades públicas y privadas, entre las cuales se encuentran confesiones y congregaciones religiosas, han sido tradicionalmente receptores de la cooperación internacional, la cual comprensiblemente tiende a declinar en tan-to y cuanto va aumentando el desarrollo nacional, el PBI y el ingreso per cápita. La cooperación filantrópica va en proporción inversa al crecimiento económico, pues la ayuda internacional se redirecciona a otros países que tienen mayores necesidades.

Quien recibe la ayuda, debería hacer todo lo posible para facilitar al donante todos los trámites para la donación, simplificar los procesos y hacer más llevade-ra la pesada carga del papeleo que lamentablemente también hay que considerar, y que con estoicismo sufre el donante premunido de más paciencia que la de Job. Sin embargo la paciencia se acaba y los donantes van a donde son mejor tratados.

Como en el Perú parecería ser que algunos funcionarios públicos están para obstaculizar y no facilitar los trámites de cualquier cosa, pues bien, tenemos nor-matividad diferente si se trata de donaciones a instituciones educativas, deporti-vas, culturales, las de ayuda humanitaria e incluso las que provienen de tratados internacionales.

Cuando creíamos que algo se haría para no perder tantas donaciones ex-ternas por defectos de trámite o caigan en abandono en Aduanas, se expide un nuevo Procedimiento Específico para el despacho de donaciones genéricas ori-ginarias del extranjero (Resolución 009-2013-SUNAT/3A0000). La nueva norma peca de timidez para enmendar tanto trámite y documentación innecesaria, y lejos de unificar requisitos y autorizaciones, los sigue diversificando; señalando documentos, trámites y autorizaciones singulares, según se trate de donatarios de los diversos sectores de la Administración Pública, de la Iglesia Católica y de otras Iglesias, de las Fundaciones y de los varios organismos receptores super-visados por la agencia gubernamental para la cooperación técnica internacional.

Para hacer más kafkiano el tema, no todas las donaciones tienen el mismo trato tributario, pues las hay con exoneración del IGV pero no del ISC de co-rresponder, e incluso con tratamiento diverso en lo que se refiere a Derechos Arancelarios.

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Como cereza en la torta, una de sus disposiciones trata sobre las “donacio-nes que se efectúen a título gratuito…” Parecería que no se dieron cuenta que todas las donaciones son a título gratuito, pues en caso contrario no serían dona-ciones, léase regalos, y por supuesto serían a título oneroso. Por lo menos piensen un poquito.

Ojalá puedan establecer un único procedimiento para la autorización y re-cepción de todas las donaciones del exterior, simple y sencillo, que atraiga y no espante, y que en cuanto a la tributación no existan absurdas diferencias.

Diario Oficial “El Peruano”06 de octubre de 2013

AYAYERISMO

En entrevista conducida por Andrés Oppenheimer y difundida por CNN, Mario Vargas Llosa aseveró que Ollanta Humala “es el mejor presidente del país”, agre-gando “que ha sido un presidente que ha respetado la democracia, un presidente que además ha continuado con la política económica de apertura, de estimulo a la inversión, de respeto a la propiedad privada”.

Evidentemente no estamos de acuerdo con dichas apreciaciones, aunque las respetamos reconociendo que tiene todo el derecho a tenerlas, expresarlas y di-fundirlas.

Consideramos erradas las afirmaciones aludidas del “laureado escritor”, de “nuestro Nobel de Literatura”, del nuevo “marqués español” y de tantos otros calificativos que le son otorgados como referentes. Creemos que las lisonjas del excelente novelista y ensayista, son más parte de su inventiva que de la observa-ción de la realidad, y ello hace recordar un perceptivo comentario de su señora esposa con ocasión de haber recibido en justicia el premio Nobel de la Literatura.

Sería quizás conveniente un repaso de nuestra Historia por el prolífico es-critor, o quizás estar más tiempo en el Perú para conocer en vivo y en directo lo que acontece. Han transcurrido dos años del presente ejercicio gubernamental de Ollanta Humala con el acompañamiento de su cónyuge, donde ha pasado el tiempo sin logros, y no porque la conducción gubernamental hubiera estado en piloto automático, sino SIN piloto, tipo drones.

Si bien tenemos que reconocer que el Presidente Humala no ha atentado con acciones nocivas contra el devenir económico, ni ha promovido normas que afecten la buena direccionalidad económica del país de la que ya disfrutamos más de veinte años, tampoco ha hecho lo debido para impulsar las inversiones

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que son las que generan puestos de trabajo, elevan niveles de vida y nos llevan por el camino de la prosperidad.

Recién últimamente ha dispuesto el seguimiento de los proyectos de inver-sión desde el Sector Economía y Finanzas para brindarles apoyo y ayudar a su-perar las vallas burocráticas, los trámites innecesarios y los condicionamientos inconvenientes, lo cual evidentemente saludamos.

Cómo quisiera que fueran certeras las percepciones vargasllosianas respecto a la acción gubernamental del Presidente Humala, pues ello sería muy bueno para el país, y en lugar de estar empeñado en políticas beneficentes cambiara el curso a políticas desarrollistas que estimulen inversión, generen empleo y con optimismo en el futuro nos devuelva la fe en el destino peruano, lo que tanto nos falta. Hasta lograría más ayayerismo.

Diario Expreso

18 de octubre de 2013

URGE ORDEN

Por donde vayamos nos encontraremos con desorden, cuando no con caos gene-ralizado, y así no podemos seguir. Si es que no ponemos orden, de poco servirá el desarrollo económico alcanzado en las últimas décadas, de cuyos resultados aún gozamos pese a la actual inercia gubernamental.

En seguridad interna, la delincuencia no se ha reducido sino que se ha acre-centado, incorporando delitos informáticos, mayor número de extorsiones, y la acción de sicarios, tanto nacionales como extranjeros.

Hemos obtenido el primer lugar, no envidiable por cierto, en la producción de cocaína para el narcotráfico; y las plantaciones de coca antes de disminuir, también aumentaron, pese a lo cual seguimos sin una eficiente política para de-tectar los insumos químicos para la droga ilegal, y los agentes encargados de la interdicción de la noche a la mañana adquirieron perniciosa “ceguera”.

Los buenos policías y miembros de las Fuerzas Armadas que luchan incan-sablemente contra los remanentes terroristas y tratan de pacificar el país, lejos de ser premiados son procesados judicialmente, en un mundo al revés en que los agresores son presentados como victimarios y las víctimas como agresores. ¿Casos?, pues existen muchísimos.

Algunas de nuestras fronteras son simplemente dibujadas, en la práctica no existen, como el caso de la que nos separa de Bolivia, en que casi cotidianamente cruza la famosa “culebra” con contrabando, protegida por delincuentes armados

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hasta los dientes. Los industriales protestan, se crean comisiones, se estudian estrategias, pero el resultado cero a la enésima potencia.

Algunas ONGs, tan diligentes cuando se trata proteger los derechos huma-nos, olvidan que también tienen dichos derechos nuestros policías y militares.

Invertimos recursos que salen de nuestros impuestos para tener un Merca-do Mayorista digno de una metrópoli capital, pero oh sorpresa, la inacción de la autoridad municipal permite que siga funcionando la famosa parada, y que cada día existan menos mayoristas en Santa Anita. Esto sin tratar el caos en el tráfico vehicular que nos malogra carácter e hígado, y podría llevarnos a tratamiento psiquiátrico, lo que ojalá no suceda pues no encontraríamos centro de salud don-de atendernos aceptablemente.

Transitar en las carreteras se ha convertido en una peligrosa aventura, en que el circuito de Dakar es pálida experiencia. En cuanto al medio ambiente se-guimos creando más y más autoridades en que todas quieren fiscalizar e imponer altísimas multas y sanciones, ¿a quiénes? a los que son formales, pero los ilegales hacen lo que les viene en gana, sino veamos lo que acontece en Madre de Dios y sin ir muy lejos en la cercana Nazca. Se trafica con el mercurio en todos lados, y lo peor es que los ilegales lo vierten, al igual que los relaves, en los ríos que terminan contaminados, envenenando a peces y enfermando a las poblaciones aledañas.

Establecemos odiosos trámites para el manejo de bosques, pero hay talado-res informales que cusan daño, al igual que lo hacen inescrupulosos pescadores que hasta atentan contra los simpáticos delfines. Podríamos continuar la descrip-ción pero preferimos reclamar orden, pues así no podemos seguir.

Diario La Razón

17 de noviembre de 2013

COSTOSAS CELEBRACIONES

Rindo mi homenaje a las madres, a los padres, a los ancianos, a los maestros, a las enfermeras, a los policías, y en fin a cuanto grupo humano honorable existe, pero las celebraciones en su homenaje no tienen porque perjudicar los horarios laborales.

Encomiable por cierto, es que en las escuelas se celebre el día de la madre o del padre, o si quieren del abuelo, pero háganlo entre profesores y alumnos, sin comprometer a los homenajeados, que en cada hogar seguramente recibirán el afecto y felicitación familiar.

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En nuestras ciudades, complicadas por el saturado tráfico vehicular, los po-bres padres, madres, y abuelos tienen que andar apurados para llegar a las cere-monias conmemorativas para no desairar a los niños. Tienen que estar pidiendo permiso en sus centros laborales, sea con compensación horaria o sin ella, pero siempre perjudicando el trabajo, lo que es recusable. Espero que a nadie se le ocurra la idea de hacer el día de los padrinos o de los tíos, sería la acabose.

Pero ello no es todo, encontramos que hay actuaciones por la terminación del año escolar, en que se exige a los alumnos ir en ropa de fiesta, que pueden tenerla o no, y si es que no la tienen los oprimidos padres y sus exprimidos bolsi-llos, las adquirirán o alquilarán.

Además quienes concluyen la etapa de educación inicial, al igual que la de la primaria o secundaria, hacen costosas celebraciones, nuevos ropajes, disk jockey cuando no orquesta, grupo de sonido, maestro de ceremonia, fuegos artificiales, mesas y sillas “vestidas”, apetecible banquete y a veces nutrido bar para la pa-rentela, cuando no también para los alumnos. Hasta se ha visto anunciar fuegos artificiales y “hora loca” para las celebraciones aludidas.

Puede ser que tales onerosos festejos, obedezcan a la vanidad de algunos padres de familia, lo que ameritaría la búsqueda de ayuda sicológica, pues de-muestran masoquismo económico. Se empeñan para gastar lo que no tienen has-ta postergando la atención de necesidades apremiantes.

También puede deberse a que algunos centros de formación educativa, que en la práctica deforman, han encontrado algunos recursos adicionales a costa de los sufridos padres de familia, o pudiera ser quizás que algún o algunos profe-sores promotores de los festejos, quedan para sí con parte de lo que recaudan de los padres para dicho fin.

No se trata de conculcar libertades ni atentar contra las decisiones libérrimas de los padres y maestros, pero creo que se requiere alguna normatividad guber-namental que proteja a los padres de su propia vanidad, de la de sus hijos o de sus maestros.

Mientras por un lado el Estado, con justa actitud, protege la economía fami-liar para que no se vea sorprendida sin anuncio respecto a la elevación de pen-siones escolares, o al cobro de pensiones adelantadas, o de supuestas donaciones “voluntarias”, por otro lado deja sin tutela efectiva a los padres por los abusos a los que nos hemos referido. ¡Ponga orden señor ministro de educación!

Revista Gente

Diciembre 2013

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ORDEN, NORMATIVA Y AUTORIDAD

El país viene reclamando y ansía el orden, y lamentablemente no lo encuentra pues las autoridades llamadas a aplicarlo parecería que carecen de voluntad de hacerlo o no encuentran o no saben diseñar la normatividad que se requiere para ello, o no tienen la suficiente fuerza para sancionar el incumplimiento.

El orden no puede ser de aplicación discrecional por la autoridad sino sus-tentado en normas concretas, claras, transparentes y previas. Se trata del orden democrático en que se ejerce la autoridad que la Constitución y la ley otorgan, muy diferente del autoritarismo sustentado en la propia voluntad del gobernan-te y sin que exista normatividad o habiéndola, ella no es legítima.

Con normatividad adecuada y con autoridades dispuestas a hacerla cum-plir, y a sancionar en caso de su incumplimiento, podremos tener el orden que se reclama, y que se direccione a encontrar la convivencia pacífica, así como la justicia y equidad.

El orden es básico, y así lo percibimos desde la creación en que el Supre-mo Hacedor empezó con el orden cósmico, y los humanos fruto de la creación establecimos normas para pasar al sedentarismo y a la vida en comunidad, y para que algunos pudieran representar a todos y ejercieran autoridad sobre los demás, fue necesario establecer sanciones a los infractores.

Como hemos visto, para que exista orden se requiere normas y autoridad, pero no cualquier norma ni cualquier autoridad; la norma tiene que ser fruto del debate alturado, tolerante, y consensuado de ser posible, y la autoridad ser legítima, esto es que para haberla elegido o designado se haya cumplido con todos los requisitos democráticos para ello. Tiene que salir el gobernante de los gobernados y por decisión de estos últimos.

Leiniz en el siglo XVII nos recordaba que siendo el orden universal perfec-tamente armonioso, él debía ser en buena cuenta el modelo a seguirse con las criaturas y su convivencia, para lo cual existe un orden jerárquico tanto de la nor-matividad como de la autoridad, y que su cumplimiento es indispensable para vivir en paz, sea esta internacional, nacional, local, institucional o familiar, esto es, en todos los niveles sin excepción.

Si queremos lograr el ansiado orden, debemos empezar por generar cultura de cumplimiento del deber y de la norma, siempre que ella sea legítima, demo-crática y desprovista de autoritarismo. Tenemos mucho por hacer, pero empece-mos por cumplir con los deberes sin limitarnos únicamente a reclamar derechos.

Diario Expreso

17 de enero de 2014

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CEGUERA EN PERÚ Y LUCIDEZ CON VENEZUELA

Don Mario Vargas expresó hace algunos días que “para muchos partidos y agru-paciones políticas, la problemática diaria, pequeña y de corto alcance, prevalece sobre los objetivos de largo alcance, y eso hace que se creen situaciones tan difíci-les y tan peligrosas para la democracia, como la que acabamos de vivir”. Agregó, en relación a dos votaciones congresales con numerosas abstenciones respecto a otorgar confianza o rechazo al nuevo Consejo de Ministros, que el “gobierno había quedado paralizado por el problema parlamentario.”

Respetando la opinión ajena, y sin desconocer las carencias de nuestro actual Congreso, su actuación ante la presencia del gabinete que solicitó su confianza, no fue asunto de poca monta ni de corto alcance. Se trató de la institucionalidad democrática, la que debe preservarse y fortalecerse pues ella es el cimiento que requiere el desarrollo económico encaminado al bienestar general.

Es verdad que el tema fue superado, por lo menos aparentemente, pero el Congreso cumplió con su cometido de alertar al país y de llamar la atención al gobierno por permitir que la institucionalidad se menoscabe con la confusión de roles.

La separación de poderes y atribuciones institucionales que consagra la Constitución, como ya en otras oportunidades lo hemos destacado, se sustenta en pesos y contrapesos que buscan su balance y mutuos controles, y ello no pone en peligro el Sistema, pues la propia Constitución determina los mecanismos para superar las crisis ministeriales.

Tampoco hubo paralización gubernamental, pues el gobierno siguió en fun-ciones, y los ministros continuaron en el cargo y en el ejercicio de sus facultades hasta conseguir la formal confianza; y así se hubiera rechazado, seguirían en sus cargos hasta ser aceptadas las renuncias y nombrado a sus reemplazantes. Una espera de fin de semana no es ninguna afrenta al sistema, y por lo demás el Presi-dente anunció contar con plan de relevo por si hubiera sido necesario.

En el otro extremo y respecto a Venezuela don Mario Vargas con notable lu-cidez cuestionó a los gobiernos del hemisferio por ser timoratos en la defensa de la democracia y “…no son capaces de salir al frente cuando la democracia se envile-ce, se degrada…” Enfatizó que “Todavía no hay convicciones suficientes en nues-tros gobiernos democráticos como para salir a defender lo que ellos representan” A ello podemos agregar que para muchos de nuestros países prima el valor del petróleo antes que la institucionalidad democrática que deberían cautelar.

Diario Expreso

28 de marzo de 2014

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DESMADRE TOTAL

Soportamos un ambiente político tenso, por decir lo menos y no ser tildado de negativo, pero lo cierto es que por donde miremos nos encontramos con proble-mas de institucionalidad y de autoridades que por lo general no están cumplien-do sus funciones a cabalidad, campeando sobre ellas la desconfianza ciudadana.

El Congreso, con personal que crece mes a mes, sin otra motivación que pagar favores de militancia política, y que en calidad legislativa deja mucho que desear, privilegiando normas declarativas innecesarias pero olvidando norma-tiva que destrabe tanta exigencia burocrática para facilitar la deseada inversión privada. La labor fiscalizadora del Parlamento, prácticamente fallida por falta de calidad investigatoria, y la función de representación ciudadana circunscrita a viajecitos inútiles con gastos descomunales.

El Ejecutivo sin brújula y con autoridad mermada por el lecho, que no es lo mismo que Derecho, con algunos Ministros con discurso desarrollista, pero en los hechos satisfechos con controles y más trámites y papeleo sin sentido, disimu-lados con ventanillas únicas y uso de la informática, como si ello fuera a resolver los problemas. Aprobación de costosas obras y adquisiciones sin estudio serio de costo-beneficio, y onerosos programas sociales beneficentes sin contenido de empleo productivo.

El Poder Judicial a paso de tortuga y con huelga administrativa que agravó la situación. El Ministerio Publico con serios cuestionamientos, ciertos o supues-tos, pero cuestionamientos al fin de cuentas.

La Defensoría del Pueblo sin voz que persuada, por estar años sin titular, y el Congreso, que debe nombrarlo, carente de voluntad decisoria.

El Consejo Nacional de la Magistratura, también con cuestionamientos y sin poder designar a magistrados judiciales y fiscales de alta calidad, por falta de postulantes de excelencia.

El Tribunal Constitucional con magistrados con años de exceso en su man-dato y que no pueden dejar el cargo por no contar oportunamente con sucesores, ello por desidia parlamentaria, y por preferir el Congreso la “repartija” antes que la idoneidad de quienes deben controlar la constitucionalidad de las normas. Peor aún, el TC se arroga atribuciones que no le compete.

Gobiernos Regionales, no todos por cierto, que lejos de promover la inver-sión privada generadora de trabajo y bienestar para su población, la impiden hasta con actos que rayan en delincuencia.

Las Fuerzas Armadas y Policiales desmotivadas y enfadadas por posterga-da actualización de remuneraciones y pensiones. Ello agravado por intermina-bles procesos judiciales, cuando existe daño colateral no previsto ni querido.

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El Sector Interior sin norte y con acciones que más parecen manotazos de ahogado que decisiones racionales, al que han desnudado de atribuciones al crear organismos autónomos para atender la temática migratoria, armamento y explosivos de uso civil y el manejo de los gobernadores que sustituyeron a pre-fectos y sub-prefectos.

Los partidos políticos huérfanos de propuestas serias, con enfrentamientos externos e internos atentatorios contra su razón de ser y con normatividad for-malista extrema que desconoce su realidad. Además compitiendo con ONGs y prensa, que sin tener que cumplir con la legislación controlista de los partidos, hacen acción política tanto o mas que ellos.

Si estuviéramos en tiempos pretéritos podríamos decir que se dan las con-diciones para pronunciamiento anti-democrático. Es hora de rectificaciones y de poner el orden que el país requiere, por supuesto en democracia.

Diario La Razón

11 de mayo de 2014

PROMOCIONES COMERCIALES Y RIFAS

La ONAGI, ha recibido severas críticas de la ciudadanía y de sectores políticos de oposición, principalmente por dos motivos. El primero, por pretender que las promociones comerciales, consistentes en buena medida en descuentos en el precio, sea directa o indirectamente, a través de mecanismos como el dos por uno y similares, requieran previa autorización gubernamental y los saldos de dichas promociones vayan a ser dispuestos por la mencionada oficina. El segundo, por disponer de los bienes y premios no reclamados entre personas allegadas a dicha repartición pública y a militantes del partido de gobierno, y no vayan a entidades de ayuda social para quienes pudieran requerirla.

En cuanto al primer cuestionamiento, el Reglamento de Promociones Co-merciales y Rifas (D.S. No 006-2000-IN) considera promoción comercial a “los mecanismos o sistemas que adopten las empresas mediante el ofrecimiento de premio o premios bajo las modalidades de sorteos, venta-canje, canje gratuito, concursos, combinaciones de lo anterior o cualquier otra modalidad, con el pro-pósito de incentivar la venta de sus productos o servicios”.

Evidentemente el famoso 2 x 1, la segunda prenda con 50% de descuen-to, el te llevas tres pagando dos, y tantas otras modalidades similares, en buena cuenta no son sorteos, ni canje, ni menos concursos; se trata simplemente de des-cuentos comerciales, por lo que no hay motivo alguno para exigirles autorización

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gubernamental, ni menos que los productos asignados pero no entregados por desinterés del cliente, tengan que ser destinados gratis al Estado. Por lo demás la normatividad de defensa del consumidor señala claros roles al INDECOPI.

En lo que se refiere al segundo cuestionamiento, el tema es muchísimo más grave, pues el Reglamento al que nos referimos dispone que los premios no re-clamados se entregan a la criticada repartición estatal, la que lo destinará a fines sociales y otros señalados por Ley. Lo cierto es que no existe ley que ampare el despojo mencionado, sino todo lo contrario. La Constitución (inciso 16 del artí-culo 2 y el articulo 70) cautelan la propiedad que es un derecho inviolable que el Estado garantiza y que únicamente puede privarse por causa de seguridad nacional o necesidad publica declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada.

Aquí, con el mayor desparpajo e impunidad, y sin causal, te privan de tu propiedad, y peor que ello: la entregan a los amiguísimos del régimen y no a instituciones de bien social. ¡se pasaron!

El Congreso no puede limitarse a la fiscalización de lo sucedido, también debe legislar sobre el particular terminando con los excesos, y algo muy simple, disponiendo la monetización –mediante subasta– de los premios no reclamados, y con su importe adquirir por ejemplo frazadas para el friaje, mochilas para de-sastres, herramientas para los campesinos del alto-andino, etc. etc., pero no estar regalando a sus allegados lap tops, procesadores de textos, televisores, equipos de sonido, y tantos otros productos por los que se pueden obtener suficientes recursos para reales y no simuladas obras sociales. ¿Qué esperan?

Diario La Razón

01 de junio de 2014

BUENAS MANERAS EN LA POLÍTICA

Las relaciones entre las personas deben tener buenas formas y respeto mutuo, tal como las normas de cortesía, urbanidad y educación nos enseñan.

Con más razón, cuando se trata de quienes ejercen autoridad en altos cargos públicos, electivos o designados, y por quienes pretenden ejercerlos.

Lamentablemente, lejos de elevarse el nivel de respeto entre las personas a que nos referimos, con el tiempo ha ido en descenso. Las expresiones de unos para con otros y viceversa, son duras, violentas y a veces llegan hasta el agravio.

Las personas que están en actividad política tienen el deber ético de hacer docencia, y dice antiguo aforismo que el comportamiento es el mejor ejemplo para quienes siguen a los que consideran autoridades y son sus referentes.

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¿Qué puede pensar el ciudadano común y corriente, de quiénes teniendo una alta posición que los lleva a ser regularmente entrevistados en medios escri-tos, radiales o televisivos, o que incluso dan a conocer sus opiniones por redes so-ciales, emplean como léxico groserías y hasta insultos? Algunos lo considerarán normal, y el mal ejemplo cundirá, pero para la mayoría el actor de los denuestos, caerá en su apreciación y consideración.

Indiscutiblemente la prensa, de todo tipo y calidad, tiene también responsa-bilidad, pues por lectoría, escucha y por el llamado “rating”, las opiniones pru-dentes y educadas gozan de menor espacio que las altisonantes y agraviantes, que son propaladas con muchísimo mayor énfasis, lo cual es cuestionable.

Si bien es cierto que por la innovación tecnológica en las comunicaciones, cada vez es menos privada y más pública la vida de los ciudadanos con respon-sabilidades políticas, ése solo hecho debería evitar que hasta en conversaciones no públicas y trato epistolar, se utilicen expresiones inconvenientes. Ejemplos sobran e incluso han hecho perder procesos electorales.

Hay que recordar que los que están en la escena política pertenecen a di-ferentes partidos, movimientos y organizaciones políticas, pero eso no los hace enemigos, sino simples contendores, y se supone que todos en común tienen como norte un mejor Perú, más justo, con orden y solidaridad, con mayores opor-tunidades de elevación de niveles de vida, todo ello en el camino al bien común, que es el buen sendero.

Nuestros políticos deberían restablecer la sana costumbre de conversar res-petuosamente, intercambiar ideas y posiciones, en el ánimo de encontrar las vías responsables para el crecimiento y desarrollo del país. Recordemos las reuniones que antaño convocaban connotados líderes políticos de distintos partidos, entre ellos Roberto Ramírez del Villar, Andrés Townsend Ezcurra, Mario Polar Ugar-teche, Fernando Schwald, Alfonso Barrantes y Ramiro Prialé, entre tantos otros. Ese es el ejemplo a seguir.

Diario La Razón

10 de agosto de 2014

LA DEFENSA: DERECHO Y OBLIGACIÓN

Para nadie es secreto que los trámites burocráticos hacen perder la paciencia has-ta al más santo, que los procesos judiciales duran una eternidad, y que si Job hu-biera vivido en el Perú y en estos tiempos, seguramente no se hubiera resignado a tanta demora.

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Ante lo que soportamos quienes tenemos que recurrir a cualquier autoridad estatal para obtener un permiso, autorización, concesión o licencia, se hace indis-pensable tomar medidas sancionadoras contra quienes incumplen plazos, traban trámites, ponen observaciones irrelevantes y a puchos, y postergan con su irres-ponsable actitud la ejecución de obras públicas así como las inversiones privadas.

De una vez por todas el Presidente de la República tiene que tomar al toro por las astas y ordenar a los jefes de las diversas reparticiones públicas, que no les tiemble la mano para despedir a los malos funcionarios que se burlan de los plazos o que sus temores de asumir responsabilidades los lleva a acumular expe-dientes y ahogarse entre ellos.

Cuando los abogados, al borde de la desesperación por las demoras, recu-rrimos a las más altas autoridades reclamando se resuelvan los expedientes con trámites dilatados, no de días ni de meses, sino hasta de años, estamos cumplien-do con nuestra obligación como defensores.

La queja y el reclamo por las demoras son absolutamente legítimos y no constituye infracción a norma alguna, sino el cumplimiento de lo que es un dere-cho pero también una obligación frente al cliente, esto es mover cielo y tierra para que la administración resuelva a tiempo y con arreglo a ley.

El Código de Ética del Abogado, aprobado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, determina que es deber del abogado defender el interés del cliente de manera diligente, y nada más diligente que gritar a los cuatro vientos cuando hay retardo.

La Ley del Procedimiento Administrativo General obliga a quien ejerce fun-ción pública a tratar al administrado con respeto y consideración y a este le otor-ga el derecho de exigir el cumplimiento de los plazos establecidos.

Las demoras no solamente perjudican al administrado, sino a todo el país, pues se retrasa el desarrollo, se posterga el plazo de ejecución de obras e inver-siones, se elevan los precios de los suministros de bienes y servicios, se impide que más personas accedan al trabajo digno, el Estado deja de percibir impuestos, y probablemente se afecte con bienes importados y elevación de sus precios hasta la balanza de pagos y la comercial.

Los administrados y sus abogados, estamos en todo el derecho de exigir el cumplimiento de la ley y de los plazos establecidos, y si para ello tenemos que enviar correos, telefonemas, recursos, cartas, oficios y cuanta comunicación exis-ta, hagámoslo sin temor, incluso con el riesgo de caer antipáticos. No importa, no podemos seguir atormentados por burócratas ineficientes e irresponsables, aunque felizmente también hay de los cumplidos con mística de servicio.

Algo más, los organismos estatales también están obligados a llevar libro de reclamaciones, por lo que les recomendamos a los sufridísimos ciudadanos que

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vamos perdiendo la paciencia, que ante las demoras, asienten sus reclamaciones y lo hagan todas las semanas, a ver si vence la perseverancia del administrado o la desidia del funcionario.

Diario La Razón

26 de octubre de 2014

HUMOR Y RESPETO

Lo acontecido recientemente en Francia, vinculado con el criminal atentado con-tra los integrantes de la revista Charlie Hebdo, nos llevan a reflexionar sobre los límites del humor y desde la otra vertiente la intolerancia, como también respecto al clima de confrontación religiosa originado en el fanatismo.

En cuanto al humor existen diversas modalidades, como por ejemplo la ca-ricatura en que se resalta con cierta gracia algún defecto, como pudiera ser una nariz prominente o una calvicie pronunciada, o también pechos generosamente abultados. En caricaturas peruanas de gran fineza recordamos las de Julio Má-laga Grenet y Mario Moreno, y en nuestros días las de Carlos Tovar y Alfredo Marcos.

En los textos de humor destacaron en el Perú los de Yerovi y Sofocleto, este último consagrado por poner “apodos” a muchos personajes, como por ejemplo nombrar a quien fuera el Cardenal Juan Landázuri, por su descomunal tamaño, como “Grandázuri”. Además hemos tenido infinidad de publicaciones periódi-cas de humor y sana crítica bajo el ropaje imaginativo de la risa o la simple sonri-sa, así como también programas como el de “Los Chistosos” y caracterizaciones como las de Carlos Alvarez.

Por lo general a todos nos agrada el humor, la sátira y la caricatura, y res-pecto al humor en la política se ha estudiado bastante, siendo uno de los últimos aportes en el Perú el libro de Fabiola Morales, formada en periodismo en la Uni-versidad de Piura con soportes de la Universidad de Navarra.

Todo lo señalado es para poner un marco nacional a lo que significa en otras latitudes el humor político, el que algunos desean que tenga el carácter de irres-tricto e ilimitado, y en que otros creemos que debe tener el límite que exige la dig-nidad de las personas y el respeto a los símbolos patrios, a las creencias religiosas y sagradas de otros, y porque no decirlo a la susceptibilidad de terceros.

Al igual que deben existir, hasta en el humor, los límites señalados para quien en él se prodiga, debe existir como correlato en el satirizado la suficiente tolerancia que frecuentemente calificamos de “tener correa”.

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No debemos ser seducidos por los cantos de sirena que pretenden la libertad absoluta para satirizar y hasta burlarse como si ello fuera libertad de prensa, que es la que tiene que ver con las informaciones, noticias, reflexiones y comentarios, y que por lo demás todos le reconocemos el gran aporte civilizador y democra-tizador. Recordemos que hasta la prensa puede ser herramienta, con sátira o sin ella, para la injuria, la difamación y la calumnia, lo que no puede considerarse como aceptable, en un mundo que queremos de mutuos respetos y considera-ciones.

Cuando se tocan las fibras más sensibles de la religiosidad, ya no con ironía sino con sorna y burla, ajenas a toda mesura y prudencia, ello nos puede llevar a situaciones incontrolables pues por más avanzado y globalizado que esté el mun-do en que nos ha tocado vivir, hay mucho fanatismo que no debe ser provocado; y también existen las provocaciones refugiadas en el disfraz de la intolerancia para generar más intolerancia del otro lado, lo que nos puede llevar a confronta-ciones bélicas religiosas de las que ya nos había advertido Samuel Huntington en su “Choque de Civilizaciones”.

Diario La Razón

30 de noviembre de 2014

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TERRORISMO

TERROR Y SALVATAJE

Dos décadas de terror y sus luctuosas consecuencias, no han sido suficientes para enseñarnos que los terroristas siempre están agazapados, buscando el momento oportuno para lanzar sus agresiones contra la democracia, los demócratas, y todo el país, que desea paz y prosperidad.

El terror y sus actores, temen al bienestar, temen a la mejoría del nivel de vida de nuestros nacionales, y temen cualquier posibilidad que el país enrumbe en el camino de la estabilidad y la superación de sus deficiencias. Cuando el país crece las posibilidades de mayor número de adeptos al terror decrece, pues el in-fortunio y la desesperanza son el caldo de cultivo de quienes exhiben la violencia como errada herramienta para revertir la situación.

A los terroristas no les conviene que el país avance, no les conviene que la pobreza se reduzca, no quieren que los ciudadanos confíen en el sistema demo-crático, pues el éxito de país los descoloca.

Si desde hace algunos años venimos avanzando por el camino del desarrollo y del crecimiento, auque no sea suficiente, es porque se entendió que la violencia lo único que genera es más violencia, y que cuando hay intranquilidad e inse-guridad, no hay inversión, y sin inversión ni aumentan los puestos de trabajo ni tampoco la satisfacción de las expectativas generales.

Pero también debemos entender, que si se pudo retomar el camino debido, impulsar las inversiones, generar más puestos de trabajo y recobrar la autoestima nacional, es porque hubieron valerosos miembros de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los ronderos, de muchos alcaldes y regidores, que des-de sus puestos enfrentaron y vencieron al terror homicida y destructor de los bienes públicos y privados.

Hoy, en que quedaron atrás los actos de terror como los acontecidos en Villa El Salvador, la calle Tarata en Miraflores, y la destrucción de tantos poblados al in-

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terior del Perú, no pueden quedar en el olvido quienes hicieron posible la recupe-ración de la paz y la concordia, y el permitirnos retomar el camino del desarrollo.

Que hubieron muchísimos peruanos que perdieron la vida en épocas del terrorismo, cierto. Que quedaron miles de viudas y huérfanos, cierto. Que hubo destrucción salvaje de lo que con tanto esfuerzo y sacrificio se construyó, también cierto. Sin embargo no hay que olvidar que el gran causante de todo ello fue el terrorismos subversivo, uniformado sea de Sendero Luminoso, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y de algunos otros ropajes. A los vestidos con el uniforme de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, les tocó el deber que la Constitución y las leyes les encomiendan, que es la recuperación del orden público y seguridad nacional.

En la situación de violencia interna que tuvimos que afrontar y enfrentar, es cierto que hubieron excesos y que se cometieron abusos, pero ellos no pueden ser motivo para olvidar la exitosa tarea institucional que les correspondió a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como el sacrificio de miles de militares, marinos, aviadores, policías y ronderos que perdieron la vida, que fueron mutila-dos y heridos, que quedaron inválidos, y que hoy seguramente ven con asombro un mundo al revez en que parece que hay que rendir pleitesía a los agresores y olvidarse de los agredidos y de los que recuperaron el país.

A quienes rompieron desde el Estado las reglas del respeto al ser humano y a la vida, al igual que a quienes medraron a costa del estado pues tendrá que apresurarse sus juzgamientos, sin olvido por cierto, pero tampoco cabe olvidar a quienes cumpliendo con los mandatos constitucionales y legales nos dieron nue-vamente la paz, para desde ella comenzar a construir el país que todos queremos, con oportunidades y con mejores niveles de vida para toda la población.

Diario La Razón

15 de setiembre de 2007

RECOMENDAR O MANDAR

Desde hace un buen tiempo algunos sectores vinculados con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), al igual que infinidad de informes, reportes, evaluaciones y balances de su trabajo, dicen que el Estado no ha cumplido, que aún falta mucho por cumplir, que ha cumplido a medias, que lo hecho ha sido muy poco, y muchos otros asertos similares, respecto a sus recomendaciones.

Deberíamos explorar sobre cuanta razón tienen los detractores para hacer imputaciones de incumplimiento al Estado. Si son recomendaciones, es más que cierto que ellas no son mandatos, no constituyen órdenes, son consejos que ilus-

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tran, pero que no obligan necesariamente al Estado a atenderlas todas, ni tampo-co en la profundidad o dimensión en que fueron formuladas.

Quien recomienda o aconseja es el proponente, pero quien recibe la pro-puesta la podrá aceptar en su totalidad o en parte, con mayor o menor intensi-dad. Cuando en el gobierno de transición del Dr. Paniagua fue creada la CVR, la norma fundacional le encargó la tarea de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos hu-manos producidos entre 1980 y el 2000.

Específicamente la CVR recibió el encargo, de contribuir al esclarecimiento de los crímenes y violaciones de derechos humanos; proponer fórmulas de repa-ración a las víctimas; recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras con carácter preventivo; y también establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. Posteriormente a la recepción del informe de la CVR se conformó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación co-lectiva y la reconciliación nacional para luego aprobarse el Marco Programático de la Acción del Estado en materia de reparaciones integrales.

En Julio del 2005 se sancionó la Ley que crea el Plan Integral de Repara-ciones-PIR, señalando los diferentes programas que lo componen, para la res-titución de derechos ciudadanos a las víctimas de la violencia, reparaciones en educación, en salud, colectivas, simbólicas, acceso habitacional y otros.

En ninguna de las normas mencionadas se dispuso la obligatoriedad de las recomendaciones, y no podía ser de otra forma, pues el Estado no le había dele-gado a la CVR tal cometido, como que además legalmente no era posible hacer-lo. Más aún en la normatividad sobre reparaciones y en algo en las referidas a las recomendaciones de la CVR, se dispuso la progresividad de las mismas.

Es potestad del Estado atender o no las recomendaciones que recibe, sin em-bargo, paulatinamente y en medida de sus posibilidades está atendiendo muchas de ellas. Hay otras que tienen un contenido económico, que deben estar sujetas a las limitaciones presupuestales. Además de todo lo que tiene que hacer el Estado en educación, salud, infraestructura, seguridad, defensa, y tantas otras, atiende a quienes fueron víctimas de la violencia terrorista.

No le pidamos al Estado hacer todo y de inmediato. Tendrá que evaluar que atiende y que no, cuando lo atiende y cuanto del presupuesto aplica con dicha finalidad, por eso cuando evaluamos la acción reparadora del Estado dejemos de decir que es lo que no cumple para pasar al en que está cumpliendo, pese a que las recomendaciones no son vinculantes.

Diario Expreso

20 de octubre de 2007

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TERRORISMO Y MEMORIA

Sigue siendo materia de controversia, la pretensión de construir un local que albergue la exposición gráfica que preparó la Comisión de la Verdad y Reconci-liación (CVR), que se exhibe en el Museo de la Nación.

El gobierno de Alemania ofreció donar recursos para edificar el museo que muestre al público la exposición aludida, lo que el gobierno del Perú, después de marchas y contramarchas, aceptó.

Sin desmerecer la parte positiva que contiene el informe de la CVR, como es hacernos notar la desatención histórica del Estado al desarrollo de las zonas altoandinas y la educación de sus pobladores, no es menos cierto que la visión integral que nos muestra, muchos la encontramos sesgada e incluso falta de ob-jetividad al tratar las acciones de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa, que lucharon por la pacificación del país, y a quienes debemos reconocimiento y gratitud.

La exposición gráfica de la CVR reproduce su sesgo ingrato para con quie-nes combatieron el terrorismo y aunque las imágenes son reales, existen leyendas que inducen a desmerecer el accionar del Estado.

La mencionada muestra es diminuta en mostrar los padecimientos de quie-nes rescataron al Perú del flagelo terrorista que causó tantas muertes y padeci-mientos, dejó muchísimos inválidos, así como viudas y huérfanos además de la destrucción de obra pública y privada. Poco exhibe de quienes desde el lado del Estado fueron artera y criminalmente atacados.

Cuando subsisten, remanentes terroristas que actúan en el Vrae y el Hualla-ga, con nexos asociativos con el narcotráfico, nos parece prematura la edificación proyectada.

Se podría gestionar que los recursos a ser donados por Alemania se destinen a obras de desarrollo en el Vrae, en el Cuartel de Inválidos de las FF.AA. o escue-las técnicas para los huérfanos que el terror dejó.

Reconocemos el valor que pueden tener las memorias como elementos para no olvidar, pero ellas se hacen cuando lo que se trata de mostrar ya pasó, no lo que en menor medida sigue sucediendo con caídos en el Vrae por sus enfrenta-mientos para recuperar la paz total en nuestro país.

En todo caso de persistir el Estado en la edificación pretendida, ella tendría que ser complementada con lo que falta para ser objetiva, como son las dolorosas consecuencias para autoridades, así como la familia militar-policial, además de ronderos y comités de autodefensa.

Diario Expreso

02 de octubre de 2009

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OMISION EN LA OEA

Al igual como en otras oportunidades hemos aplaudido los esfuerzos de la OEA en la lucha contra el terrorismo, sobre todo por la acción importante del “Comité Interamericano contra el Terrorismo” (CICTE), debemos criticarle que en su Re-solución 2512 de la reciente Asamblea General, bajo el título de “Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la Lucha Contra el Terro-rismo”, haya sesgado su óptica al tratar únicamente acciones u omisiones de los estados en dicha lucha, omitiendo los efectos, consecuencias, daños y crímenes de los actores terroristas.

No es que en los peruanos seamos más sensibles que otros por aún soportar el accionar terrorista en el Huallaga como en el VRAE, sino que siendo la OEA una organización integrada por los Estados de América, no puede aprobar dis-posiciones y recomendaciones para ellos en su lucha contra el terrorismo, con omisión de la condena clara y contundente al accionar terrorista.

La Resolución que criticamos no es por lo que dice sino por lo que no dice. Nadie puede estar en desacuerdo con su reafirmación de que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con pleno respeto de la ley, del debido proceso y de los derechos humanos. Tampoco disentimos con que se recuerde la prohibición de torturas y la obligación de trato digno como el respeto y protección de los detenidos.

Estimamos que la lacra que nos afecta es el terrorismo y sus actores y no vemos muy lógico que un organismo internacional se ocupe de los derechos de los infractores olvidando los derechos de quienes defienden a toda la población, de quienes ponen el pecho y exponen su vida por terminar con el flagelo terro-rista y recobrar la paz social que se supone todos ansiamos. Tanto la Asamblea como el Consejo Permanente de la OEA están integrados por los representantes de los países miembros, por lo que es incomprensible que pasen resoluciones con óptica tuerta e incompleta. No estamos en una Asamblea de Socios de alguna Or-ganización No Gubernamental, en que podría comprenderse algún sesgo según su razón de ser, estamos en una Organización plurinacional de Estados, que no deben olvidar su papel.

Basta de tanta declaración romántica, necesitamos mayor efectividad en la lucha contra todo lo que atenta a la seguridad de los Estados y sus ciudadanos.

Diario Expreso

27 de noviembre de 2009

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ESPELUZNANTE

Recientemente se ha conocido que en el Penal de Canto Grande, supuestamente de alta seguridad, fue desactivada una escuela de adoctrinamiento terrorista, que ade-más de instruir a internos del penal, ¡oh sorpresa! también lo hacía con visitantes.

Tan grave como lo señalado es la existencia de pabellones en que a los agen-tes penitenciarios les estaba vedado el acceso a ellos, prácticamente “zonas libe-radas” controladas por los internos subversivos de gran peligrosidad, que habían bloqueado los accesos con fierros y otros materiales, de los que nadie responde como ingresaron al penal.

Esta situación no es de ahora, se remonta a varios años, y las autoridades penitenciarias estaban -como señala el dicho- en Belén con los pastores, denotán-dose que la autoridad en el Penal y quizás en otros centros de reclusión estaba “pintada en la pared”.

Ha costado muchísimo al país doblegar al terrorismo, las víctimas de ésa actividad homicida se cuentan por miles, al igual que los lisiados, las viudas y huérfanos que han dejado, sin olvidar la destrucción de bienes materiales, tanto públicos como privados, por lo que es francamente espeluznante conocer la per-misibilidad de la autoridad penitenciaria para con ellos.

Por bajar la guardia nos hemos encontrado con remanentes terroristas vin-culados al narcotráfico, tanto en el Huallaga como en el Vrae, y en algunos cen-tros de educación superior renace la prédica terrorista y el discurso subversi-vo. Felizmente el Estado viene enfrentando al terror con sus Fuerzas Armadas y Policiales, tarea por demás difícil si se tiene en cuenta lo accidentado de los escenarios en que actúan, la mimetización de los delincuentes subversivos con las poblaciones, y su asociatividad con el narcotráfico. Se combate con mucho sacrificio y penurias a dicha lacra social, que se encuentra en libertad y que en muchos lugares camina como “Pedro por su casa”, pero lo que es inadmisible y diría que hasta vergonzoso es que quienes están internados en los penales hagan en ellos lo que les viene en gana.

Somos concientes que quizás todavía las autoridades no se hayan curado del trauma dejado por develar motines carcelarios e imponer el orden, pues se abrieron por ellos hasta interminables procesos judiciales. Si bien reconocemos que cada uno es dueño de sus temores, tienen que sobreponerse a ellos y ejercer las prerrogativas que la Constitución y las leyes les han conferido.

Nadie duda que requerimos más centros penitenciarios y de reclusión, pero no se pueden descuidar los que existen, ni menos que el precepto constitucional de que el régimen penitenciario es para la reeducación, rehabilitación y reincor-poración del penado a la sociedad, sea letra muerta.

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Muchas veces se gasta en lo superfluo, a veces en lo innecesario aún como el pretendido “Museo de la Memoria” empero el Sector Justicia, tiene que pasar penurias y sollozar como Magdalena, para que se atiendan sus requerimientos de contratar agentes penitenciarios. Hay prioridades, no las olvidemos, y levan-temos nuevamente la guardia para evitar el desorden e inseguridad existentes en algunos de nuestros penales.

Diario La Razón

03 de enero de 2010

VIOLENCIA POLITICA

La década de los años ochenta se caracterizó principalmente por el accionar te-rrorista, que dejó miles de muertos, viudas, huérfanos, lisiados y heridos, ade-más de la destrucción de obra pública y privada que se realizó con tanto esfuerzo, sacrificio e ingentes recursos.

El gobierno que salió elegido inaugurando la década de los noventa, tomó la decisión política de enfrentar la subversión terrorista y volver la tranquilidad al país, para lo cual el Congreso bicameral que había sido elegido simultáneamente con el gobierno, le otorgó facultades delegadas para que expidiera el marco legal necesario para tal objetivo. Es así que se emitieron infinidad de decretos legisla-tivos que permitieron el accionar del Estado por intermedio de las Fuerzas Arma-das y Policía Nacional, y además dieron la debida protección a jueces y fiscales, que estaban limitados por sus justificados temores de aquellos años.

El accionar terrorista fue y sigue siendo homicida, cruel y despiadado, con absoluto desprecio a la vida ajena y que si bien su sustento ideológico puede haberse reducido para acrecentar el crematístico ligado al narcotráfico, su vileza y perversidad es la misma.

Los terroristas son delincuentes y del peor calibre, y ello no se puede olvidar, por lo que llama la atención la candorosidad de algunas personas e instituciones, que al referirse a la época más dura del terror la denominan violencia política, como si se tratara de alguna gresca entre militantes de agrupaciones políticas después de un mitin, o de los pugilatos a los que nos tienen habituados parla-mentarios de algunos países del sudeste asiático. El terrorismo es delincuencia y quienes lo perpetran son delincuentes y no simples políticos violentos.

Es bueno ya dejarse de tanta candelejonada y llamar a las cosas por su nombre, llamemos al terrorismo como tal, sin el tono leve e indulgente de violencia política, como si hubieran dos bandos iguales. El Estado no está en el mismo nivel de los que

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trataron y aún tratan de acabarlo y tiene si la obligación de vencer a los delincuentes terroristas y homicidas, asociados con el narcotráfico, que tanto daño ocasionan, así como también el Estado debe restablecer la paz duradera que todos deseamos.

Diario Expreso

08 de enero de 2010

CVR Y SU INFORME NO VINCULANTE

Mucho se ha dicho y escrito sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y el carácter de sus conclusiones, opinando unos que son de obligatorio cumplimiento, esto es con carácter vinculante, y otros que son meramente enun-ciativas y que ilustran pero no obligan.

Para dilucidar el carácter del trabajo de la Comisión de la Verdad y Recon-ciliación (CVR) conviene tomar en cuenta el marco legal de ella, recordando que fue creada el 4 de junio del 2001 por Decreto Supremo 065-2001-PCM en el go-bierno del Dr. Valentin Paniagua, como “Comisión de la Verdad”, y meses des-pués ya en el gobierno del Dr. Alejandro Toledo se le agregó “y Reconciliación”, según el Decreto Supremo 101-2001-PCM.

A la Comisión se le encargó esclarecer el proceso, los hechos y responsa-bilidades de la violencia terrorista y de la violación de los Derechos Humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre del año 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos.

Para cumplir con el encargo se le fijaron como objetivos el análisis de las condiciones que contribuyeron a la trágica situación de violencia que atravesó el Perú, al igual que contribuir al esclarecimiento por la Justicia de crímenes y violación de Derechos Humanos, debiendo elaborar propuestas de reparación a las víctimas y sus familiares, al mismo tiempo que efectuar recomendaciones y el mecanismo de seguimiento de ellas. Se precisó que la Comisión carecía de atribuciones jurisdiccionales y que no sustituía a la Fiscalía.

En el Congreso de la República hubieron diversos intentos para que las con-clusiones y proposiciones de la CVR tuvieren efecto vínculante, léase obligatorio, pero ninguno llegó a puerto. Se limitaron en el Parlamento a recomendar al Eje-cutivo brindar facilidades a la CVR y a un respaldo a su trabajo, más lírico que otra cosa, pero nada más.

Conforme puede advertirse no existe norma que obligue a cumplir con las recomendaciones y conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

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que como toda obra humana tiene aciertos como defectos, pero su actuar no debe inducir al Estado a acciones a las que no está obligado.

Diario Expreso

05 de febrero de 2010

NIÑOS Y TERRORISMO

Frecuentemente hemos escuchado la voz de representantes de algunas Organiza-ciones No Gubernamentales vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos, así como sus declaraciones y escritos, reclamando por la pérdida de vidas o por lesiones infligidas a niños, supuestamente por las Fuerzas Armadas, en sus com-bates contra el terrorismo homicida.

Sin embargo, cuando hemos podido apreciar en la televisión, el empleo de ni-ños por los delincuentes terroristas, en la perpetración de sus delitos, no han apare-cido las voces ni los reclamos de quienes imputaban inconductas a nuestras Fuerzas Armadas. Evidentemente un doble estándar, una posición dual de laxa moralidad.

Cuando hay persecución y combate a las fuerzas del sendero del mal, que con absoluto descaro se asocian al narcotráfico, es más que evidente que pueden haber bajas y ellas incluir niños. Empero, hay que preguntarse ¿qué hacían los niños junto a los delincuentes terroristas y narcotraficantes?. Todos lamentamos que puedan verse afectados menores, pero lo cierto es que si lo son, es porque acompañaban a los terroristas, porque estos últimos los habían corrompido, los habían sometido a entrenamiento para causar daño, para hacer atentados y em-boscadas, para portar y usar armas, para estar contra la patria.

La utilización de menores en los escabrosos menesteres señalados, está re-ñido con elementales dictados morales y con la normatividad de los Derechos Humanos. El solo hecho de pervertir a los menores incorporándolos a la acción delictiva, ya constituye acto de grave depravación que no se debe permitir. He-mos visto como menores de edad portaban armas, incluso granadas. Se sabe del empleo de niños y otros menores de edad, para ultimar o rematar cruelmente a nuestros soldados caídos en combate.

Pese a todo lo expuesto, no hemos advertido protesta de las famosas organi-zaciones que si imputan a Fuerzas Armadas muchas veces conductas que no han cometido o las acusan de violación sistemática de Derechos Humanos, confun-diendo acciones singulares, que no pueden comprometer a la institucionalidad castrense, auque si deben ser procesadas y castigadas, de encontrarse responsa-bilidad en juicio justo, con debido proceso y defensa eficaz.

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Siempre es buena la crítica, pero no la que viene sesgada, la que abre un ojo pero cierra el otro. Justicia para todos, sin olvidar a nadie, eso es lo deseable.

MONUMENTO Y MUSEO

Sobre la base de una donación alemana, se pretende edificar el Museo de la Me-moria para recordar la triste etapa del terrorismo, que aún subsiste en algunas zonas en íntima ligazón con el narcotráfico. Un sector de la ciudadanía disenti-mos en la oportunidad de hacer dicho Museo cuando aún no se termina con el flagelo terrorista y por cuanto existen otras prioridades.

En el Museo se presentará la muestra fotográfica “Yuyanapaq” que la Co-misión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entregó al país, depositándola en la Defensoría del Pueblo que la exhibe en el Museo de la Nación.

Como quiera que consideramos que la muestra es sesgada y no expresa en su real dimensión los padecimientos de nuestras Fuerzas Armadas, Policía, Ron-das Campesinas, Comités de Autodefensa y de muchas autoridades civiles, pro-pusimos que el Museo también comprenda la visión de quienes defendieron al país y recuperaron la paz para encaminarnos al desarrollo. Los responsables de hacer el Museo han aceptado el temperamento, lo que es saludable, sin embargo otros proyectan erigir un monumento en reconocimiento a nuestros héroes que enfrentaron al terrorismo.

No dudamos del derecho que tienen de levantar un monumento, sumado a otros que ya existen con el mismo propósito, pero ello es insuficiente para ba-lancear la visión sesgada de “Yuyanapaq”. Algunos dirán que se modifique tal muestra, quitando leyendas e ilustraciones y agregando otras, pero ello no es factible pues constituye un todo integral, con autoría intelectual que los organi-zadores del Museo deben respetar. La solución es que dicha muestra sea comple-mentada con otra, que recoja la visión certera de nuestras Fuerzas Armadas y Po-liciales, a quienes debemos gratitud por habernos librado de la acción homicida y devastadora del terrorismo, aunque hay que completar la tarea.

La muestra que debe preparar nuestras Fuerzas Armadas y exhibirla al país, cuenta con una base y ella es el archivo fotográfico que la Defensoría del Pueblo con desprendimiento entregó al Ministerio de Defensa, que puede complementarla con las imágenes y archivos gráficos que guarda el Ejército, Marina, FAP y Policía, y con los que algunos medios de expresión a solicitud del Sector Defensa se comprometieron a proporcionar. Sin más dilaciones hay que hacer esta muestra de la visión castrense-policial, la que de construirse el Museo de la Memoria, se incorporará al mismo, para que sean sus visitantes, viendo los diferentes contenidos, quienes aprecien cual fue la realidad y todo lo

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que el Perú tuvo que sufrir debido a los delincuentes terroristas que quisieron terminar con nuestra patria.

Diario Expreso

19 de febrero de 2010

CARCEL INCONVENIENTE

Cuando fueron capturados y procesados judicialmente, personas como Víctor Polay Campos, Peter Cárdenas Shulte, Oscar Ramírez Durand, Miguel Rincón, Abimael Guzmán Reynoso y alguno que otro, nuestro sistema penitenciario ya había colapsado. Se requería para el internamiento de dicha personas y algunas otras sumamente emblemáticas, por los delitos perpetrados o por los que estaban denunciados, contar con establecimiento penal seguro, que no hubieran filtracio-nes ni posibilidad de fuga. No había uno solo y se tuvo que recurrir a la Marina de Guerra, para que dentro de las instalaciones de la Base Naval del Callao, se acondicionara un local para el internamiento de esos denunciados, procesados o condenados, según fuere el caso.

Pese a que para la Marina de Guerra, fue un presente griego, y por supuesto no deseado, presto como siempre su concurso y colaboración, creándose el “Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao” con la sigla CEREC.

Recientemente y ante la publicación de un libro de Abimael Guzmán Reyno-so, algunas personas se rasgaron las vestiduras y acusaron a la Marina de haber sido negligente en su cometido, al haber salido del Cerec, los manuscritos del también llamado Camarada Gonzalo.

La edición y publicación del libro de Abimael ha sido duramente cuestiona-da, auque en puridad más se trata de la reproducción de piezas judiciales y simi-lares, aburridas por cierto, que bien podrían utilizarse para combatir el insomnio, pues son más somníferas que un Mogadón. Si el libro, más pesado que un ladrillo kin kon, ha desaparecido de circulación por haberse agotado, ello se ha debido a la publicidad que le hiciera, sin proponérselo, un ministro de Estado.

La Marina no tiene absolutamente responsabilidad en dicho desaguisado, pues nuestra Constitución protege las comunicaciones y documentos privados, al reconocer el secreto y la inviolabilidad de ellos, que únicamente pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley.

La clara disposición constitucional mencionada, es reafirmada por expresas disposiciones del Código de Ejecución Penal, el cual dispone que el régimen pe-

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nitenciario se desarrolla respetando los derechos del interno, no afectados por la condena (art.V), agregando que el interno puede comunicarse periódicamente en forma oral y escrita, con familiares, amigos, etc., salvo incomunicación declarada por autoridad judicial (art. 37)

Existe el Reglamento del Cerec, aprobado por un Decreto del año 2001 (D.S. 024-2001-JUS) el que también permite la correspondencia epistolar de los reclu-sos, con algunas previsiones para evitar que se afecte la seguridad nacional o la seguridad de las instalaciones del Cerec. Hay un Comité Técnico para el mane-jo del Cerec que cuenta con su Reglamento (R.M. Nº 388-2001-JUS) a lo que se agrega el convenio interinstitucional entre los Sectores Justicia y Defensa, con intervención del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Marina de Guerra, para la utilización de instalaciones dentro de la Base Naval del Callao, para el funcionamiento del Cerec. Igual sucede en la relación con el Poder Judicial, al que se le han facilitado dentro de la misma Base Naval, instalaciones adecuadas para el procesamiento penal de los internados en el Cerec.

¿Es deseable que dentro de la Base Naval, se encuentre un establecimiento penal civil? Evidentemente no, pero habiendo transcurrido algunos años, debe-ría el Estado llevar a los alojados del Cerec a algún penal de máxima seguridad del Inpe que tendría que edificar, pero no mantener a los encarcelados en Cerec, dentro de una base naval.

Por otro lado los gastos que el Inpe reintegra a la Marina, son diminutos frente a las grandes responsabilidades asumidas por esta última, y al costo real de los servi-cios que presta, asumiendo dentro de su Presupuesto lo que no le reintegra el Inpe, con detrimento de recursos que deberían servir para la razón de ser de nuestra Ma-rina de Guerra, sin contar con el riesgo que significa el tipo de personas que visitan a los internos, y la mayor seguridad que da la Marina, pese a que es una obligación que debería ser a cargo del Inpe, que tiene versaciòn, conocimiento y experiencia.

Diario La Razón

04 de abril de 2010

INDEMNIZACION A TERRORISTAS

Las altas y muy onerosas indemnizaciones que la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos, impone pagar a víctimas de violación de Derechos Humanos por los Estados sancionados, son objeto de justificado cuestionamiento, sea porque son fijadas a base de estándares internacionales, sea porque muchas veces los beneficiados también han sido victimarios.

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Respecto a los estándares internacionales es conocido que el Estado Peruano viene insistiendo ante la OEA y la Corte Interamericana, que ello se cambie y que sea la judicatura de cada país la que determine el importe de la reparación o indemnización.

Con respecto al horror que nos causa el hecho que se ordene pagar indemni-zaciones a quienes fueron considerados terroristas, creo que debemos sincerar el tema, pues no todas las personas beneficiadas con reparaciones ordenadas por la Corte son o fueron terroristas, algunos son simplemente víctimas que deben ser indemnizadas, aunque con montos menores. Los que si han sido terroristas, pero tienen una doble situación de víctimas y de victimarios, según se trate de senten-cia supranacional o nacional, tenemos que encontrar la fórmula de neutralizar el pago de la indemnización ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hay que tener presente que no se trata de decir autoritariamente no pago y punto, pues constitucionalmente el Presidente de la República tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdic-cionales, y no sólo ello, sino hacerlo sin demoras. Además se daría un pésimo ejemplo a los ciudadanos, que con el mismo criterio podrían no querer cumplir con los deberes que la Ley dispone o con el pago de la tributación.

La fórmula de cumplir con la obligación indemnizatoria a quienes por un lado pueden ser víctimas, pero al mismo tiempo son victimarios, fue planteada reitera-tivamente desde el año 2007 (artículo en Expreso del 19-01-2007). Y es muy simple pues la Convención Interamericana a la que nos referimos (art. 68 inc. 2) dispone que el fallo indemnizatorio se ejecuta en el respectivo país por el procedimiento interno para la ejecución de sentencia, ergo se pueden oponer al pago otras situaciones.

Nuestra legislación interna, específicamente el Código Penal establece el criterio de solidaridad entre los obligados al pago indemnizatorio, asi como la transmisión de la obligación a los herederos, hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Más aún, en lo que no esté fijado en el Código Penal (art. 101) se re-mite a las disposiciones del Código Civil, el que para la extinción de obligaciones, entre otras modalidades diferentes al pago, señala la compensación.

En efecto si por un lado soy deudor y por el otro acreedor, se compensan ambas obligaciones hasta donde alcancen, y quien siga siendo deudor, auque por menos, después de la compensación, debe proceder al pago.

Algunos de los beneficiados con sentencias indemnizatorias dispuesta por la Corte Interamericana, están por otro lado obligados al pago de reparaciones al Estado, en sentencias condenatorias por terrorismo. Por ello, en estos casos, el Estado puede oponer la compensación hasta donde alcance y de acuerdo a la normatividad presupuestal sufragar la diferencia.

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Para viabilizar procesalmente la solución expuesta, recientemente se dictó el Decreto de Urgencia No 052-2010, y ello sin desvirtuar la posibilidad que tiene el Estado de recuperar la indemnización que pague, de las personas naturales que por sus acciones u omisiones son las responsables de la conculcación de Dere-chos Humanos (Ley 27775).

Diario La Razón

03 de octubre de 2010

LUGAR AUN SIN MEMORIA

En su momento se objetó la pretensión de hacer el “Lugar de la Memoria” para recordar los sufrimientos que nos dejó el terrorismo homicida, al que edulcora-damente algunos mencionan como “violencia política”, olvidando su real natu-raleza. Las razones del cuestionamiento fueron por el hecho que aún subsisten brotes terroristas, y porque podrían haber otras prioridades como atender a las víctimas de tales acciones delincuenciales e incluso dotar de un albergue o cuar-tel de inválidos a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, para quienes sufrieron las consecuencias de dicho flagelo defendiendo a nuestra patria.

Lo cierto es que el “Lugar de la Memoria” será una realidad, se cuenta con el terreno en que se edificará, existen los recursos para la construcción y ya se puso la primera piedra, con lo cual no tiene sentido insistir en las objeciones, aunque si en el contenido que debe guardar la edificación.

Es conocido que se pretende exhibir en el “Lugar de la Memoria” la mues-tra gráfica denominada “Yuyanapak” que preparó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la que al cesar en sus funciones entregó a la Defensoría del Pue-blo, que la exhibe en el Museo de la Nación. Para muchos que hemos visitado la muestra, encontramos un sesgo contrario al papel que desempeñaron nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ronderos y Comités de Autodefensa, en la lucha contra el terrorismo criminal, principalmente en algunos de los textos que acompañan al material gráfico.

Para que los visitantes al “Lugar de la Memoria” puedan contrastar la mues-tra “Yuyanapak” con la visión de nuestros compatriotas que nos devolvieron la paz, y se formen su propio juicio de valor, es necesario que el Lugar también albergue las fotografías, películas, videos y demás material gráfico que nuestras Fuerzas Armadas y Policiales conservan de los luctuosos años a los que nos re-ferimos, en que dieron ejemplo de entrega heroica, ofrendando sus vidas e inte-gridad personal.

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Se ha ofrecido que la parte central de exposiciones del “Lugar de la Memo-ria” estará lista al finalizar el primer semestre del próximo año, lo que obliga a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tener a tiempo su propia muestra para que sea exhibida en tal Lugar, y de preferencia desde ahora exponerla en cualquier otra edificación, como ya lo está la muestra que preparó la CVR.

Hay algunos sectores de la sociedad que reiteradamente han adjudicado a nuestras fuerzas militares y policiales acciones sistemáticas de violación de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, lo que es falso, como lo ha reconocido quien fuera hasta hace poco presidente de la comisión gubernamen-tal para hacer realidad el “Lugar de la Memoria”, esto es el escritor Mario Vargas Llosa. Señaló que “…hubo militares que violaron los DD. HH., y militares que actuaron dentro de la legalidad. La Institución como tal no recibió nunca órde-nes de torturar o de realizar ejecuciones extrajudiciales”, recordando que la CVR estableció “…que la institución militar no funcionó de acuerdo a consignas sis-temáticas de violentar la ley, cometer crímenes, etc.” (entrevista en El Comercio del 13-12-2009).

Discrepamos con quienes creen que el “Lugar de la Memoria” vaya a cam-biar el actuar de la subversión terrorista, la que a nuestro criterio debe ser doble-gada definitivamente por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y sometidos sus actores a procesamiento judicial. No dudamos de la buena fe de quienes ello creen, y quisiéramos que tuvieran razón, pero la experiencia nos demuestra lo contrario, pese a lo cual hacemos votos porque los propósitos de reconciliación que animan a los promotores del “Lugar de la Memoria” se hagan realidad.

Diario La Razón

14 de noviembre de 2010

CONTROL DE EXPLOSIVOS

En los años más duros del terrorismo homicida en nuestra patria, eran constantes las voladuras de torres de alta tensión con explosivos, traicioneras emboscadas a patrullas militares y policiales empleando el mismo material, y sin olvidar aten-tados dinamiteros en muchas localidades del país y sin ir muy lejos en Villa El Salvador, Miraflores, El Polo y tantos otros lugares.

Los remanentes terroristas, siguen empleando explosivos en sus actividades, como se ha podido apreciar en el VRAE, y por otro lado en algunas garitas de control a lo largo y ancho del país se han encontrado cartuchos de dinamita escon-didos entre las pertenencias de pasajeros que viajaban en omnibuses y colectivos.

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Lo que no se ha podido descubrir es la procedencia de los explosivos, que en la actividad privada se emplea para voladuras en obras de construcción y especialmente en la minería, auque si han existido denuncias de empresas cons-tructoras y mineras de robo y de asaltos a sus dependencias para llevarse tan peligroso como destructor material. También hubo casos en que empresarios pa-garon cupos con explosivos a los “terrucos” para no ser tocados.

Quienes importan explosivos así como los fabricantes nacionales, están de-bidamente registrados en Discamec, sus producciones en cierta medida fiscali-zadas, y están también registrados sus clientes y lo que adquieren. Igualmente los embalajes de los explosivos consignan impresiones o etiquetas del contenido, numeración del lote y características, pero no hay todavía identificación indivi-dual de cada explosivo o de cartucho de dinamita.

Usualmente, cuando se descubre tráfico ilícito de explosivos, se incautan los mismos, pero no se puede saber a ciencia cierta su origen inmediato, esto es la empresa que los habría adquirido para actividad constructora, minera o de otra naturaleza lícita, auque si por sus características al fabricante.

El conocimiento del origen cierto de cada explosivo y cartuchos de dinamita es imprescindible para la investigación de acciones delictivas y también para su prevención, lo que me llevó a indagar sobre la factibilidad técnica de que el men-cionado material tuviera distintivos de identificación singulares. El resultado fue positivo, pues hay países en donde se obliga a los fabricantes de explosivos a colocar identificadores de color o laminillas en sus productos, los mismos que al ser detonados por los efectos de funcionamiento, expansión o perforación es-tos puedes identificarse mediante un procedimiento de análisis, determinando el lote, procedencia, empresa productora, y empresa usuaria del mismo.

Aproximadamente la demanda nacional de explosivos y accesorios de vo-ladura se estima en cien millones de dólares americanos, pero pese a tan impor-tante cuantía, no se ha establecido aún ningún sistema de identificación singular de los explosivos. Podrían fijarse por el Sector Comercio Exterior, como requisito para el ingreso al país de dicho material, que tenga los identificadores indivi-duales y por otro lado, para la producción nacional, como exigencia en Norma Técnica Peruana.

Lo antes expuesto podría complementarse confiando a la “Fábrica de Armas y Municiones del Ejército” (FAME) la evaluación de conformidad de dichos pro-ductos, sean nacionales o de origen extranjero, para verificar el cumplimiento de los signos de identificación que los individualicen.

Diario La Razón

21 de noviembre de 2010

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EN HONOR A LA VERDAD

En Honor a la Verdad, es el título del libro editado por el Ejército, preparado por la “Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú”, el cual recientemente ha salido de imprenta y que tiene por finalidad dar a conocer la versión de dicha insti-tución castrense de las dos décadas de guerra contraterrorista. Llama a los aconteci-mientos por su nombre, sin subterfugios ni expresiones ambivalentes como violencia política o guerra interna con las que usualmente tratan de poner a los subversivos terroristas en el mismo nivel que las fuerzas del Estado destinadas a combatirlas.

Gran valor tienen los puntos de vista y percepciones del Ejército, segura-mente compartidos por Marina, Aviación y Policía, a quienes también se refiere la obra, pues permite entender el accionar del Estado contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, para impedir el resquebrajamiento de nuestra patria. Nos muestra el ambiente político, social, económico e incluso militar, imperante en los inicios del accionar terrorista y durante la prosecución de sus criminales actividades, al igual como la ausencia del Estado en extensas zonas en que era indispensable su presencia.

Con sinceridad expone las deficiencias para enfrentar el flagelo terrorista, tanto es así que muestra el divorcio que existió entre los indispensables informes de inteligencia con el accionar de las fuerzas del Estado y el previo entrenamien-to de ellas y el suministro de los medios logísticos requeridos.

Muestra al desnudo las marchas y contramarchas, los avances y los retro-cesos en la lucha por restablecer la paz y el orden. Exhibe también los sacrifi-cios, sufrimientos e infortunios de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa, para enfrentar a los terroristas, situación agravada por las dificultades de los diversos territorios de los frentes de lucha, dada la complicada geografía de nuestra serranía y selva.

Relata emboscadas y atentados contra los puestos, bases contraterroristas, así como a patrullas y columnas de nuestros Institutos Armados y la utilización de niños por los subversivos terroristas vinculados con el narcotráfico, lo que originó en algunas oportunidades daños colaterales no deseados

El libro hace referencia y reproduce importantes documentos que ayudan a visualizar lo ocurrido en el Perú en esos años trágicos, y tiene también material fotográfico que ayuda en la misma dirección, pero además reconoce que existió “...personal miembro del cuerpo militar que excedió el ejercicio de sus funciones por razones estrictamente individuales, pero es cierto también, que son muchos los que están siendo procesados por hechos que no les incumben, tratando de ser involucrados en el delito de autoría mediata” lo que a nuestro juicio es altamente cuestionable.

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También se reconoce que existieron “...diferentes niveles de responsabili-dad, pero jamás existió una política de exterminio de parte del Estado...”

Valiosísima reflexión es la que formula al enfatizar que “...la memoria de una nación se construye no a través de la versión de un solo protagonista, sino de la suma de un cúmulo de vivencias, y curiosamente también de sus olvidos”

Sobre la base de la reflexión reproducida podemos afirmar que la “Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú” cuenta con invalorable documen-tación, archivos, material fotográfico y fílmico, con los cuales podría presentarse la versión de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el llamado “Lugar de la Memoria” que no debe tener únicamente la visión de la CVR ni del agregado de al-guna “chalina”, y adicionalmente entendamos que aún hay tareas por realizar para vencer al narcoterrorismo en el VRAE y en el Huallaga. No bajar nunca la guardia.

Diario Oficial “El Peruano”27 de mayo de 2011

COMANDOS EN RIESGO, PERO JUDICIAL (I)

El 17 de diciembre de 1996 un grupo delincuencial del MRTA tomó por asalto con armas de fuego, la Residencia del Embajador de Japón, donde se realizaba reunión social con parlamentarios, ministros, jueces, diplomáticos, militares, po-licías y cientos de invitados que fueron tomados de rehenes. Con el correr de los días liberaron a muchos de ellos y quedaron en la Residencia 72 personas someti-das a incalificables condiciones de permanencia, amenazas, y maltrato sicológico, lo que es conocido.

Al fracasar las conversaciones entre representantes del Estado y los crimina-les, con la intervención de garantes internacionales, los comandos de las Fuerzas Armadas a quienes se les encomendó la tarea de planificar, preparar y ejecutar el operativo de rescate “Chavin de Huantar”, ingresaron a la Residencia en número de 140 el 22 de abril de 1997 y en exitosa acción militar salvaron la vida de 71 de los rehenes, lamentando el fallecimiento del juez supremo Ernesto Giusti y de dos valerosos oficiales de nuestro Ejército.

Murieron en la operación los 14 delincuentes subversivos del MRTA, resul-taron heridos varios rehenes y también parte de los comandos de las FF.AA cuyo valeroso desempeño es estudiado como modelo en institutos militares y policia-les de muchísimos países.

Han pasado cerca de 15 años y aún no termina el calvario de nuestros va-lientes y exitosos comandos, los que una y mil veces han tenido que asistir a di-

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ligencias judiciales, reconstrucción de los hechos, e incluso ser procesados tanto en fuero ordinario como en el militar.

La Corte Suprema de Justicia, en tiempos de plena democracia dirimió com-petencia a favor del Fuero Militar Policial, que es quien los juzgó y absolvió de toda responsabilidad. Dicho fuero es jurisdiccional y no administrativo, y forma parte del sistema judicial peruano reconocido por la Constitución (art. 139 inc. 1)

La sentencia absolutoria final del Fuero Militar Policial es definitiva, contra ella no caben más recursos pues no se puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada por expreso mandato de la Constitu-ción que nos rige (art. 139 inc. 2). Sin embargo y gracias a denuncia interpuesta por APRODEH la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó iniciar nuevo proceso judicial en sede nacional ordinaria contra los héroes de nuestra patria, a quienes le deben la vida los 71 rehenes que rescataron.

Muchos se preguntan ¿que tiene que ver la Comisión y la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos con la operación “Chavín de Huantar”? Guste o no tiene que ver, pues la Constitución (art. 205) dispone que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que ella reconoce, puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituídos según trata-dos de los que el Perú es parte, y efectivamente nuestra patria es signataria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y aceptó la intervención de la Comisión y también la competencia contenciosa de la Corte Interamericana.

La Comisión en su Informe de Fondo recomienda al Perú, como hemos di-cho, llevar a cabo “una investigación en el fuero ordinario de los hechos rela-cionados con las violaciones de derechos humanos...en relación con los autores materiales...” Se refiere a la no probada ejecución extrajudicial de 3 de los ven-cidos en operación militar en la Residencia y absurdamente direccionada contra nuestros valientes comandos.

También la Comisión recomienda “disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que (según ella) contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso”. Esto es, pretende que se procese a los magistrados de la Corte Suprema que dirimieron la contienda de competencia a favor del Fuero Militar Policial, al igual que a los miembros del Tribunal Militar que absolvió a los comandos.

Más aún, en el colmo del paroxismo la Comisión pretende indemnización por el Estado a los familiares de los emerreteristas que supuestamente fueron ejecutados extrajudicialmente. ¡Qué horror!

El Estado Peruano inicialmente rechazó el “Informe de Fondo” aunque lue-go solicitó suspensión de plazo para que el caso sea elevado por la Comisión a

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la Corte Interamericana, presumiblemente para ampliar su argumentación. Sin embargo el pedido de suspensión para ser aceptado está condicionado a que el Estado “haya demostrado su voluntad de implementar las recomendaciones contenidas en el informe de fondo, mediante la adopción de acciones concretas e idóneas orientadas a su cumplimiento” (art. 46 del Reglamento de la CIDH) lo que sin duda equivale a un allanamiento tácito, indirecto, encubierto o como quiera llamárselo.

La defensa del Estado Peruano debe ser clara, vigorosa y sin medias tintas, pues tenemos la razón y así la Corte sentencie en contra de la posición peruana su resolución sería inejecutable pues no se puede atentar contra la “cosa juzga-da” cautelada por la Constitución, la que si bien reconoce que forman parte de nuestro derecho interno los tratados internacionales (art. 55) ellos no están por encima de la actual Constitución, prima ella sobre aquellos, a diferencia de la Constitución anterior en que los Tratados sobre Derechos Humanos tenían rango constitucional (art. 105).

Es hora que todos estemos unidos en la defensa de los comandos y de nues-tros magistrados en peligro de ser procesados por aplicar la Constitución y la ley, y que quienes aún con sospechosa actitud dubitativa, corrijan su miope ac-tuación.

Diario Expreso

03 de noviembre de 2011

COMANDOS EN RIESGO, PERO JUDICIAL (II)

La Comisión en su Informe de Fondo recomienda al Perú, como hemos dicho, llevar a cabo “una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos...en relación con los autores materia-les...” Se refiere a la no probada ejecución extrajudicial de 3 de los vencidos en operación militar en la Residencia y absurdamente direccionada contra nuestros valientes comandos.

También la Comisión recomienda “disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que (según ella) contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso”. Esto es, pretende que se procese a los magistrados de la Corte Suprema que dirimieron la contienda de competencia a favor del Fuero Militar Policial, al igual que a los miembros del Tribunal Militar que absolvió a los comandos.

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Más aún, en el colmo del paroxismo la Comisión pretende indemnización por el Estado a los familiares de los emerreteristas que supuestamente fueron ejecutados extrajudicialmente. ¡Qué horror!

El Estado Peruano inicialmente rechazó el “Informe de Fondo” aunque lue-go solicitó suspensión de plazo para que el caso sea elevado por la Comisión a la Corte Interamericana, presumiblemente para ampliar su argumentación. Sin embargo el pedido de suspensión para ser aceptado está condicionado a que el Estado “haya demostrado su voluntad de implementar las recomendaciones contenidas en el informe de fondo, mediante la adopción de acciones concretas e idóneas orientadas a su cumplimiento” (art. 46 del Reglamento de la CIDH) lo que sin duda equivale a un allanamiento tácito, indirecto, encubierto o como quiera llamárselo.

La defensa del Estado Peruano debe ser clara, vigorosa y sin medias tintas, pues tenemos la razón y así la Corte sentencie en contra de la posición peruana su resolución sería inejecutable pues no se puede atentar contra la “cosa juzga-da” cautelada por la Constitución, la que si bien reconoce que forman parte de nuestro derecho interno los tratados internacionales (art. 55) ellos no están por encima de la actual Constitución, prima ella sobre aquellos, a diferencia de la Constitución anterior en que los Tratados sobre Derechos Humanos tenían rango constitucional (art. 105).

Es hora que todos estemos unidos en la defensa de los comandos y de nues-tros magistrados en peligro de ser procesados por aplicar la Constitución y la ley, y que quienes aún con sospechosa actitud dubitativa, corrijan su miope ac-tuación.

Diario Expreso

04 de noviembre de 2011

COMANDOS: ¿Y SUS DERECHOS?

En el operativo Chavin de Huantar, se recuperó la Embajada de Japón y se resca-tó a los rehenes del MRTA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe de Fondo No 66/11 del 31 de marzo de 2011, ante denun-cia de APRODEH por supuestas y no probadas ejecuciones extrajudiciales, ha considerado que “...el Estado extralimitó la esfera de la justicia militar...y exten-dió la competencia del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con la disciplina militar ...”. Por ello recomendó una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos, insistimos

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supuestas y no probadas, con olvido que las víctimas de la toma de la Embajada de Japón fueron todos los que estuvieron en la recepción diplomática aquel 17 de diciembre de 1996, los que fueron retenidos contra su voluntad, perpetrán-dose entre otros el delito de secuestro, hasta que los últimos 72 fueron liberados 4 meses después, a excepción del juez Ernesto Giusti que cayó abatido por los terroristas.

Por más que lo niegue la miopía jurídica de algunos, en el Perú existe la jurisdicción militar, reconocida en la Constitución (arts. 139, 141 y 173), así como ratificada su competencia en sentencias del Tribunal Constitucional. El operativo Chavin de Huantar fue militar, y consecuentemente las acciones en el mismo, que pudieren ser consideradas delito, su juzgamiento corresponde al menciona-do fuero, el que ya se pronunció.

Los Comandos de las Fuerzas Armadas que llevaron a cabo el operativo militar, también tienen los Derechos Humanos que tanto la Constitución como los Tratados Internacionales consagran, como es el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, a no ser penados sin proceso (y ellos ya fueron absueltos), así como también les alcanza la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada y a la cosa juzgada (sentencia final del fuero militar) todo ello indicado en los incisos 3, 10 y 13 del art. 139 de la Constitución.

Los Tratados de Derechos Humanos de los que el Perú es signatario, re-conocen a todos, sin exclusión de los militares, el derecho a recurso efectivo, al juzgamiento en plazo razonable y sin dilaciones indebidas, y a no ser sometidos a nuevos procesos en caso de haber sido absueltos con sentencia firme por los mismos hechos (art.8 Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e inc. 1 y 4 del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Los Comandos fueron juzgados y absueltos por el fuero militar, después que la Corte Suprema dirimió competencia a su favor. Los sucesos datan de hace cerca de quince años no siendo razonable nuevo proceso, y menos cuando hay prohibición constitucional y convencional de revivir procesos fenecidos.

El informe de la CIDH viola Derechos Humanos de los Comandos, y el Sec-tor Justicia que tiene a su cargo la defensa de los intereses del Estado, y debe defender con convicción a quienes el 22 de abril de 1997, salvaron a los rehenes en impecable operación que se estudia como ejemplo en todo el mundo.

Diario La Razón

27 de noviembre de 2011

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COMANDOS Y JUECES: ¡SIGUEN EN RIESGO!

Luego que en el Congreso tomaron noticia del Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitido en el caso de los Comandos de la Operación Chavín de Huántar, las dudas no se disiparon y los Comandos siguen en riesgo de ser investigados judicialmente, y además los jueces de la judicatura común como de la militar, que intervinieron en el proceso, están expuestos a sanciones a instancias de la CIDH.

El Ministerio de Justicia expresó que los Comandos no eran pasibles de nue-vo proceso pues la CIDH determinó que había que concluir con el juzgamiento a 4 personas que no son Comandos. La CIDH no se ha circunscrito a ellos, pues en su segunda recomendación del informe aludido dice: “Concluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacio-nados....en el informe en relación con los autores materiales y conducir las in-vestigaciones...con el objeto de esclarecer los hechos..... identificar a ...los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan”

Como se advierte la CIDH se refiere a la conclusión de un proceso, que efec-tivamente esta en curso del que ha dado cuenta el Ministro de Justicia, pero ade-más determina “llevar a cabo” investigación en el fuero ordinario para identificar a autores intelectuales y materiales.

Si se tiene que investigar nuevamente lo que ya se investigó con absolución de los Comandos, esto significa que luego de quince años tendrá que citárselos de nuevo, así sea como testigos, con las mortificaciones que ello acarrea.

La CIDH va más allá de los Comandos, pues al estimar que la contienda de competencia que dirimió la Corte Suprema a favor del Fuero Militar fue irregular, al igual que el juzgamiento a los Comandos en dicho Fuero, le dice al Estado Pe-ruano que debe “Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales ... frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en que se encuentran los hechos del caso.” Se enfila contra los jueces supremos que dirimieron la contienda de competencia y contra los jueces militares que procesaron y absolvieron a los Comandos.

El problema no se agota en lo expuesto, ya que el Ministro reconoció que el Estado solicitó a la CIDH suspensión del plazo para llevar el caso a la Cor-te Interamericana, y esto sólo es posible si el Estado demuestra “...su voluntad de implementar las recomendaciones contenidas en el informe sobre el fondo, mediante la adopción de acciones orientadas a su cumplimiento.” En lenguaje corriente; que se acredite ante la CIDH el inicio de nueva investigación judicial en fuero ordinario por el operativo Chavín de Huántar y proceso disciplinario a jueces supremos y jueces militares a los que nos hemos referido.

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Si el Estado demuestra lo que la CIDH desea, ello constituye allanamiento encubierto, disimulado, indirecto o como quieran llamarlo, pese a interpretación diferente del Ministerio de Justicia. Por ello, esperamos que el Congreso exija al Sector exhibir las solicitudes de suspensión de plazo, así como el necesario de-sistimiento de ellas, para que no tengan que iniciarse los nuevos procedimientos recomendados por la CIDH.

Diario La Razón

18 de diciembre de 2011

BUEN VIRAJE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió Informe de Fondo por la denuncia de APRODEH contra el Estado Peruano, respecto a la operación “Chavin de Huantar”.

La CIDH pretende que el Estado procese ante la justicia común a los coman-dos que liberaron a los rehenes en la Embajada de Japón, y también procese a los magistrados de la Corte Suprema que dirimieron competencia a favor del Fuero Militar, y a los jueces de tal Fuero que absolvieron a los comandos.

¡De locura! Felizmente el Estado ha dado un viraje de 180 grados, dejando de lado la defensa meliflua que a nada bueno nos llevaría, por una defensa vigo-rosa, fuerte y sin temores. A la Comisión no hay que tenerle miedo, sino enfren-tarla con la verdad y con los sólidos argumentos que tenemos.

El Estado por fin entiende que tiene que actuar en dos niveles diferentes, uno es el jurisdiccional supra nacional, pues el caso va a ir a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, y el otro político para hacer modificaciones al Sistema.

En el nivel jurisdiccional hay que mostrar que la Comisión está yendo contra la Convención Americana de DD.HH.y contra nuestra Constitución, ya que la primera impide al inculpado absuelto ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos, y la segunda prohibe revivir procesos fenecidos.

En el nivel político hay que proseguir la tarea iniciada en el 2007, en que el Perú formuló propuestas para que los Estados integrantes de la OEA y del Siste-ma Interamericano de DD.HH. le hagan reformas para conseguir que a ellos tam-bién les alcance el debido proceso, terminar con el ocultismo existente y ser más prolijos en la elección de los miembros de la Comisión y la Corte Interamericana, los que además de imparciales no deben estar ideologizados.

Diario Perú 2128 de diciembre de 2011

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RECOBRAR MEMORIA Y ENSEÑAR HISTORIA

Muchos ciudadanos quedaron perplejos al escuchar entrevistas a jóvenes sobre las vinculaciones del MOVADEF con SENDERO LUMINOSO, quienes respondieron que no las conocen, pese a que muchos de ellos han firmado planillones para la inscripción del primero como partido político. Lo más grave es que tampoco tienen cabal conocimiento del daño causado por el accionar de Sendero Luminoso.

Auscultando un poco más sobre el tema, a la falta de conocimiento de un importante sector de la juventud se suma el olvido de los mayores. Los jóvenes a los que nos referimos no habían nacido cuando eran frecuentes los atentados terroristas y los de generaciones menos recientes o desean olvidarlos o no los tienen suficientemente memorizados.

Los Partidos tienen el imperativo de contribuir a la docencia política al igual que los medios de comunicación social colaborar con el Estado en la educación, para lo cual deberían informar -hoy más que nunca- sobre el accionar terrorista pues fracasado en su intento de imponer el “Pensamiento Gonzalo” por la fuerza, se escuda en el MOVADEF que pretende ser reconocido como partido utilizando el sistema democrático y las ventajas de nuestro Estado de Derecho, en ninguno de los cuales cree, para luego petardearlos desde dentro.

Es indispensable que los demócratas defendamos nuestro sistema, dejando de lado actitudes

medrosas y pusilánimes. A la juventud desinformada y a los mayores des-memoriados hay que mostrarles la quema de ánforas por Sendero en Chuschi, el atentado contra el ex-Presidente del JNE Domingo García Rada, los ataques criminales en Luricocha, en Tambo, en San José de Secce, en Uchiza, en Luca-namarca, en Vilcashuaman, en Villa el Salvador, en la calle Tarata de Miraflores, incendios como el perpetrado en la Municipalidad de San Martin de Porres, y tantísimos otros hechos de muerte y destrucción.

Recuperemos la memoria y recordemos los apagones y falta de agua por el derribamiento de torres de líneas de transmisión de electricidad, a autoridades locales y nacionales que fueron asesinadas por las huestes de Sendero, al igual que lo hicieron con militares, policías, ronderos, miembros de comités de autode-fensa y hasta poblaciones enteras de localidades del interior del país.

El “Pensamiento Gonzalo” que asume el MOVADEF no es cuento ni menos poesía, es pretender que el uso de la violencia que proclama es indispensable para el advenimiento de la nueva sociedad que propugnan, lejana a la democra-cia y a la cultura de las libertades. No nos dejemos engañar los ciudadanos y, el Estado, abrir bien los ojos para que venciendo la indiferencia no permita que se usen los mecanismos de la Democracia para su destrucción.

Diario Expreso

20 de enero de 2012

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TOLERANCIA, ¿CON EL TERRORISMO?: JAMÁS

Cuando se propuso hacer el “Museo de la Memoria” para albergar la muestra “Yuyanapaq”, que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó en custo-dia a la Defensoría del Pueblo, la que a su vez provisionalmente la exhibe en el Museo de la Nación, simplemente expresé mi opinión contraria.

La oposición al Museo estuvo sustentada principalmente en el hecho que aún no estaba concluida la lucha contra el terrorismo, pues existen focos de él contra los cuales nuestras Fuerzas Armadas y Policiales siguen combatiendo. A ello se agrega que en una escala de prioridades existen muchas otras necesidades en que podrían utilizarse los recursos del Estado y los limitados provenientes de la cooperación alemana con dicha finalidad.

La intolerancia no se hizo esperar y el famoso novelista cuya cónyuge afir-mó de él que sólo sabe escribir, pues escribió denostando de mi oposición.

Siendo un hecho que el “Museo de la Memoria” sería edificado no tenía sentido “llorar sobre la leche derramada” sino lograr que el mismo cuente con la visión de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ronderos y comités de autodefensa y no sea únicamente para albergar la visión sesgada de la muestra “Yuyanapaq” con leyendas lesivas a los defensores de la patria.

En el Sector Defensa, complementamos los archivos gráficos existentes so-bre los tiempos más duros del accionar de la subversión terrorista homicida, con la colección de imágenes que generosamente proporcionó la entonces Defensora del Pueblo y algunos medios de comunicación, todo ello para ser incorporado en el “Museo de la Memoria” y previamente exhibidos al público en general. No se conoce los motivos por los cuales hasta ahora no se pone ello en práctica.

La Comisión de Alto Nivel para llevar a cabo el Museo mencionado ha sido algunas veces reestructurada y variada su presidencia así como también la de-nominación del mismo. De “Museo de la Memoria” varió a “Lugar de la Memo-ria” y últimamente cambió a “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social”

El actual Presidente de la Comisión de Alto Nivel (La República 6-01-2012) considera que hay que luchar contra la intolerancia, pero no tolera la denomi-nación “terrorista” que es como debemos calificar a quienes generan el terror. Cuestiona a quienes no contrastan información, pero la Comisión que preside puede contrastar el “Yuyanapaq” llevando también al “Lugar de la Memoria” la visión de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, lista para su exhibición. Men-ciona que se aparenta representar el interés nacional, aunque olvida que si hay un interés general de terminar con el terrorismo y vencer a quienes siembran odio, destrucción y muerte.

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Estando seguros de las buenas intenciones de la reestructurada Comisión de Alto Nivel, sería conveniente que decidiera de una vez por todas incorporar al “Lugar de la Memoria” la visión de las Fuerzas Armadas y Policiales contenida en su colección gráfica, y además gestionar que la composición de la Comisión sea enriquecida con miembros en retiro de aquellas, que tienen conocimiento directo de lo acontecido en los años más trágicos del terrorismo.

Tolerancia con el terrorismo: jamás

Diario La Razón

22 de enero de 2012

RESPALDO A LOS COMANDOS

El Gobierno dejó de lado la errada estrategia defensiva del anterior titular del Sector Justicia, en relación con el Informe de Fondo de la Comisión Interamerica-na de Derechos Humanos que pretende procesamiento en sede judicial ordinaria a nuestros valientes y exitosos comandos que liberaron a los rehenes del MRTA en la residencia del Embajador del Japón hace quince años.

Atendiendo a las críticas que se formularon y aceptando sugerencias ex-puestas públicamente por diversas personas indignadas por el injusto tratamien-to a los Comandos de la Operación Chavín de Huantar, el actual Ministro de Justicia, con acierto, ha definido los dos escenarios en que tiene que efectuarse una eficiente defensa del Estado.

El primer escenario es el institucional y consiste en regresar a las propuestas que se formularon desde el año 2007 en la OEA para hacer modificaciones al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la finalidad de lograr que a los Estados también les alcance el debido proceso. El Perú asumió en aquel entonces el lideraz-go de las propuestas institucionales al advertir los errores y excesos en que incurría tanto la Comisión como por la Corte ante la irresponsable complacencia de diversas Cancillerías. La tarea que se inició cuando me cupo el honor de representar al Perú ante la OEA fue seguida por mis sucesores María Zavala y Hugo de Zela, con el valioso concurso de Delia Muñoz, Ana María Sánchez, y Luis Castro Jo, entre otros.

El segundo escenario es la defensa de la posición del Perú ante la Corte, toda vez que por la denuncia formulada por APRODEH con el aval de CEJIL, la Comisión Interamericana de DD.HH. pretende no sólo nuevo juzgamiento a los Comandos, sino que se procese también a los magistrados de la Corte Suprema que dirimieron competencia a favor del Fuero Militar, así como a los integrantes de este último que absolvió de toda responsabilidad penal a nuestros Comandos.

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Tanto para el primer escenario como para el segundo, hay que dar claras señales al Sistema Interamericano que los peruanos estamos molestos por la in-sólita pretensión de revivir procesos fenecidos y dejar de lado el principio de la cosa juzgada. Para ello sería conveniente efectuar marchas con la participación de nuestros retirados de las Fuerzas Armadas y Policiales, que ya con anteriori-dad se han movilizado en defensa de sus pensiones y ahora deberían hacerlo en solidaridad con sus colegas.

Para la defensa de los comandos se haría necesario complementar las ac-ciones gubernamentales con la de los propios comandos, para lo cual se puede constituir un grupo de abogados que conozcan el tema y que les presten apoyo profesional ad honoren. Hay varios que ya estamos apuntados.

Consideramos que también es conveniente que los propios Comandos salgan a la prensa a dar sus testimonios para acreditar la limpieza de su actuación, y que los rehenes, salvados por los primeros, también den su versión pública pues es más que ilustrativo que habiendo sido 71 los liberados sólo uno de origen japonés se-ñale versión discrepante. Setenta rehenes no son ciegos, el señor Okura “alucinó”.

Diario La Razón

29 de enero de 2012

ARTEMIO: REFLEXIONES

La ciudadanía está satisfecha por la captura del camarada Artemio, cabeza visi-ble de Sendero Luminoso en el Huallaga. El asunto ha trascendido fronteras pues había hasta recompensa internacional por ello y además su búsqueda duraba años, con la singularidad que en diversas ocasiones se anunció que estaba cer-cado, que había sido detenido, que se le había visto en un caserío, que faltaban pocas horas para su detención, que estaba muerto o gravemente herido y no sé cuantas cosas más.

Con la objetividad que deben tratarse los temas serios, ha llegado la opor-tunidad de hacer algunas reflexiones. La primera es que deben desterrarse los triunfalismos; que Artemio sea un mando importante, sin ninguna duda, pero no es el único, tiene seguidores y los terroristas siempre tienen cadena de sucesión en el mando.

Otra de las reflexiones es que con la caída de Artemio no se concluye con el terror, como no se terminó con el camarada Gonzalo, esto es Abimael Guzmán Reinoso, que fue la principal figura del terrorismo homicida y destructor. Ello tiene que llevarnos a no bajar la guardia.

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Se dice que la captura se debe a la decisión política para hacerlo. Cuidado, la decisión política del actual gobierno se saluda y destaca, pero ello no significa que antes no hubiera existido la misma disposición.

Se aplaude que la captura de Artemio haya sido limpia, que se lo ha deteni-do con vida y que la detención se ha hecho con presencia del Ministerio Público y con respeto a los Derechos Humanos, que el detenido no respetó. Cuidado también con esto pues no todas las detenciones y circunstancias son iguales. Bien pudo Artemio haber fallecido en la operación de su captura pues es frecuente que existan enfrentamientos y cruce de disparos y ello no necesariamente entur-bia la acción policial-militar.

Desde la PCM se expresó que el éxito de la operación es por el cambio de es-trategia. Puede ser, pero lo cierto es que ha existido continuidad desde que años atrás se empezó la persecución de los terroristas vinculados al narcotráfico en el Huallaga. Algunos sembraron, otros regaron y abonaron, hasta que los últimos en llegar cosecharon el triunfo, ¡en buena hora!, pero ello no hubiera sido posible sin todo lo anterior.

Otro de los temas en que se debe reflexionar, es que en todas las circuns-cripciones no se puede combatir al terrorismo asesino en la misma forma, y que además del VRAE hay que poner renovada atención en nuestras fronteras con países del norte, pues no solamente hay presencia delincuencial-terrorista, sino que el narcotráfico tiene otras manifestaciones como es la siembra de amapola para la elaboración de heroína.

Por otro lado es bueno precisar, que alguna oposición a la actividad minera en cercanías a zona de frontera, es para que no exista la presencia del Estado, que siempre llega cuando hay actividades formales. Quieren estar libres de la inter-dicción del Estado para seguir con la lucrativa actividad del narcotráfico.

En fin, no bajemos la guardia y redoblemos los esfuerzos en la lucha contra el narco-terrorismo, sin falsos triunfalismos ni absurdos optimismos. El realismo es imperativo.

Diario La Razón

19 de febrero de 2012

RECONOCIENDO HEROÍSMOS

Bajo el título “Aprovechando Heroísmos”, se afirmó que los comandos de la ope-ración Chavín de Huantar “podrían hace ya bastante tiempo estar libres de toda contingencia judicial. Si no lo están, no es por culpa del SIDH, sino porque el Es-

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tado Peruano violó la ley internacional al juzgarlos en un proceso, que conforme a la misma es inválido”.

Se olvida que el Fuero Militar Policial está reconocido por la Constitución, la que determina que en caso de delito de función los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía están sometidos a él y al Código de Justicia Militar, los que no son aplicables a los civiles.

Más aún, cuando el Colegio de Abogados de Lima demanda ante el Tribu-nal Constitucional diversos aspectos de la normatividad de la Justicia Militar-Po-licial, desestima en su mayor parte las pretensiones de inconstitucionalidad, con-firma la constitucionalidad de muchísimo de su articulado y luego por Decreto Legislativo Nº 1096 se sancionan las nuevas disposiciones del Fuero Militar-Poli-cial atendiendo incluso a las recomendaciones del Tribunal Constitucional.

La Corte Suprema de Justicia, ya en régimen democrático y ante la formu-lación de contienda de competencia para determinar la autoridad jurisdiccional que debería sustanciar el juzgamiento a los comandos de la exitosa operación militar de rescate de los rehenes del MRTA en la Residencia del Embajador de Japón, decidió que era competente el Fuero Militar. Para otros procesados la Su-prema Corte dispuso que su procesamiento sea en sede común, esto es la justicia ordinaria.

Los comandos fueron absueltos de toda responsabilidad en el operativo “Chavin de Huantar” y el proceso fue sobreseído en sede judicial militar, que es cosa juzgada, que no puede ser revisada y menos el proceso revivido. En lo que se refiere a los inculpados ante la justicia común, tenemos que reconocer que el procesamiento aún continúa, ello debido a que en dos ocasiones se cayó el proce-so, por causas ajenas a los procesados, originadas en la imposibilidad de algunos magistrados de continuar formando parte del tribunal juzgador.

El editorial “Aprovechado Heroísmos” nos animó a preguntarnos: ¿Tiene razón la Comisión al decir que el Estado Peruano no ha cumplido con sus obli-gaciones internacionales para procesar las denuncias de que hubo asesinatos de terroristas rendidos en la residencia del embajador de Japón?

La respuesta no es simple, pues si bien la Comisión admitió la denuncia con-tra el Perú, emitió su informe de fondo y elevó los actuados ante la Corte Interame-ricana, también es cierto que lo hizo transgrediendo la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone que previamente debe agotarse los recursos de la jurisdicción interna. La misma Convención determina que los procesos deben ser dentro de plazos razonables, y 10 años no puede ser un plazo aceptable.

Como vemos estamos frente a dos hechos, el primero que para los denun-ciados ante la justicia ordinaria interna, su procesamiento no ha concluido, y el segundo que es excesivo el tiempo transcurrido. ¿Cuál concepto debe primar?

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Creemos que el primero, pues si no se ha agotado la vía interna no se puede re-currir a la internacional. De ser la respuesta que debe primar el excesivo tiempo transcurrido, podríamos encontrarnos ante el absurdo que la justicia supranacio-nal ordene al Estado Peruano reparaciones o indemnizaciones y que posterior-mente el fuero común interno absuelva a los procesados.

El editorial al que nos referimos estimula la tesis que uno de los terroristas abatidos en la operación lo fue después de rendido. Esto no ha sido hasta ahora probado y además es materia de juzgamiento en la actualidad por la justicia co-mún interna, que si es que no hay pruebas no podrá condenar a los inculpados, a los que asiste la presunción de inocencia.

También se afirmó con indebida generalización que hay personas que “es-tán intentando nutrir su carrera política formulando indignadas inexactitudes sobre la CIDH para demostrar un compromiso con los comandos, en la esperan-za de contagiarse ante la mirada del público, de su heroísmo”. Por lo menos no conozco a uno solo de ellos, y si los hubiera pues que lo mencionen con nombres y apellidos, pues las generalizaciones se prestan a inequidades.

Ante la pretensión de algunas personas para que el Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por excesos de los que son responsables, ratifico mi posición que el Perú no debe retirarse, sino luchar desde dentro para que se hagan las modificaciones necesarias para lograr que a los Estados también les alcance el debido proceso y que la causa noble de los Derechos Humanos deje de transformarse en tema económico por las altas reparaciones que acostumbra ordenar.

Revista Vivir Bien Nº 162

Mayo 2012

MODERNA INQUISICIÓN

El Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de ley para tipificar como delito el negacionismo del terrorismo, bajo la motivación –o tal vez pretexto – de combatir dicho flagelo. Además pretende que se sancione con pena privativa de libertad efectiva, a quienes nieguen o minimicen los delitos cometidos por los terroristas.

Como todo lo que tenga un ropaje –así sea solo disfraz- de enfrentar al te-rrorismo, suena bien a los oídos de los ciudadanos, por lo que el proyecto ha sido alabado por algunos, sin percibir que busca imponer el “pensamiento único”, hoy en relación con el terrorismo y mañana solo Dios lo sabe.

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El proyecto atenta contra nuestra Constitución, la que consagra el derecho a la libertad de conciencia, de información, opinión, expresión y difusión del pen-samiento, disponiendo que no hay persecución por razón de ideas y que no hay delito de opinión.

Además de transgredir la Constitución, con el proyecto del Gobierno, se aten-ta contra los convenios y tratados sobre Derechos Humanos que el Perú es signata-rio. Ellos consagran las libertades de conciencia, pensamiento, opinión y expresión, incluyendo el derecho “…de no ser molestado a causa de sus opiniones”.

Algunos nos dirán que es público y notorio que ha existido y aún existe terrorismo, que lo hemos vivido y sufrido, por lo que sería tonto negarlo. Efec-tivamente sería tonto y también necio negarlo, como mentecato quien lo niega, pero no por ello delincuente, y menos aún pasible de pena de carcelería de hasta ocho años. ¡Qué espanto!

La pretensión gubernamental para incluir en el Código Penal al negacionis-mo, colisiona contra diversos otros derechos, como por ejemplo el derecho cons-titucional a criticar los fallos judiciales. Si no convengo y critico una sentencia que ha condenado a alguien por terrorista, posiblemente tenga que acompañarlo en la cárcel, pues el solo hecho de negar la versión oficial transforma al crítico en transgresor de la ley.

Los propios magistrados judiciales que hubieren votado singularmente por la absolución y no por la condena, no podrían defender su voto, ya que el “nega-cionismo” los convertiría de jueces a denunciados y procesados.

El inocente inculpado por terrorismo, en la práctica para no incurrir en el “negacionismo” tendría que autoinculparse, lo que también contradice la Cons-titución y los tratados sobre Derechos Humanos y además podría impedir hasta el derecho de solicitar la revisión de sentencia condenatoria cuando hay nueva prueba que que acredita inocencia.

Nuestra Ley Universitaria establece el principio del “pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con lealtad a los principios constitucionales…”, todo lo cual se convertiría en letra muerta si es que no se puede enfrentar el “pensamiento único” que es el oficial y que no admite nada que lo contradiga, bajo sanción punitiva.

El proyecto incorpora innecesariamente la apología, lo que solo crea confu-sión por ser ajena al negacionismo.

¡Cuidado! No retrocedamos en el tiempo hasta la Inquisición y dejemos a Torquemada que siga quemándose en la hoguera de la intolerancia de la que fue amo y señor. Cuidado también con los imitadores.

Diario La Razón

02 de setiembre de 2012

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ABIMAEL: VEINTE AÑOS PRESO

El 12 de setiembre, se cumplieron veinte años de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, luego condenado a pasar el resto de su vida en prisión, por haber sido autor de las más grandes atrocidades cometidas en nuestra patria, tipificadas como terrorismo.

Es conveniente rememorar las épocas más duras del terrorismo para que no vuelva a repetirse, recuerdo para quienes lo sufrieron y conocimiento para quie-nes por edad no lo vivieron. Antídoto absoluto no lo es, pero sirve.

Abimael Guzmán pese a recibir educación cristiana desde niño en colegio religioso, y posteriormente estudios universitarios humanistas, abjuró a las en-señanzas sobre respeto a la vida, cumplimiento a la ley, cautela de los Derechos Humanos, y demás valores que le habían inculcado.

Reniega y rompe con su pasado y traspasa el límite entre el bien y el mal, tornándose en sanguinario terrorista que prepara en pensamiento y acción a sus huestes, para que siembren en todo el país destrucción y muerte.

Quienes no vivieron los infaustos años del terror homicida conducido por Guzmán, es bueno que sepan que bajo el pretexto de hacer un país mejor, lo empobreció y sometió a sus conciudadanos a años de espanto, en que cotidia-namente habían cortes de luz y ciudades enteras en penumbra por dinamitar torres de conducción eléctrica. Se cortaba también el suministro de agua potable, se ponían coches bomba en calles y plazas, se destruía obra pública y privada que con tanto sacrificio se había logrado construir. Lo peor de todo era el asesinato a mansalva, se hacían emboscadas a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales que sucumbían ante la cobardía de quienes no daban cara. Se dio muerte a miles de personas, y el país paralizado por el temor.

A partir de los años noventa Gobierno y Parlamento tomaron la decisión política de enfrentar al terrorismo con herramientas legales adecuadas y con ma-yores recursos para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tan es así que fue el Congreso cesado el 5 de abril de 1992 el que le delegó facultades legislativas al gobierno de aquel entonces para dictar las normas legales a las que nos referimos.

Han transcurrido veinte años y todavía queda terrorismo, ahora en sociedad con el narcotráfico, por lo que no hay que bajar la guardia ni seguir con eufemis-mos de llamarlo “violencia interna o política”, ni exhibir verdades tuertas en el “Lugar de la Memoria” como si fueran únicas, o conculcando la libertad de opi-nión bajo excusa de combatirlo, ni menos perseguir judicialmente a soldados y policías que pusieron el pecho por el Perú.

Diario Expreso

14 de setiembre de 2012

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EL CONSEJO POR LA PAZ

El Consejo por la Paz ha conmemorado su vigésimo aniversario, lo que no es poco para instituciones que desde la sociedad trabajan con empeño por el país y sin que le cueste un solo centavo al Estado.

Fue creado por la Ley 25237 en el año 1990 y luego reestructurado y forta-lecido por el Decreto Legislativo 652 de julio de 1991, tiene por finalidad brindar asesoramiento y apoyo a todos los esfuerzos destinados a lograr la paz en el país y la plena vigencia de los Derechos Humanos.

El mencionado Consejo está integrado por representantes de los Partidos Polí-ticos, por las Confederaciones de Trabajadores, por los Colegios Profesionales, por las Universidades y gremios empresariales, así como por las entidades representa-tivas del campesinado, entre otros. Incluso con presencia de diversas Iglesias. Hoy cuenta con 45 instituciones asociadas las que nombran sus representantes.

Bajo la conducción de Francisco Díez-Canseco en su momento presentó al Gobierno el “Plan Nacional de Pacificación”. El Consejo y su acción en defensa de los Derechos Humanos, del Sistema Democrático y de la consecución de la paz social, no se agota en mantener vigentes sus planteamientos en la Capital de la República sino que tiene 535 Comités en las más remotas circunscripciones de nuestra patria y 18 Consejos Regionales con permanente desempeño.

Mientras el propio Estado y gran parte de nuestros compatriotas creyeron que la lucha contra el terrorismo había terminado y que ya se había conseguido la ansia-da pacificación, el Consejo por la Paz no bajó la guardia, siempre mantuvo enarbo-ladas las banderas de lo que fue y es su razón de ser. Advirtió con perseverancia y autoridad moral que la lucha no había concluido y que se tenía que seguir actuando para tener paz duradera, lo que no sería posible si es que no se atacan las diversas causas de la violencia homicida del terrorismo tan ligado al flagelo del narcotráfico.

Comprendió el Consejo por la Paz que gran parte de la juventud actual no había sufrido en carne propia los avatares del terrorismo -ya que eran muy me-nores o ni siquiera habían nacido en las etapas más luctuosas y destructivas del terror- por lo que dando conferencias en universidades y foros, así como a través de los medios de comunicación, desarrolló y lo sigue haciendo, labor docente para explicar las causas de dicho fenómeno, la necesidad de enfrentarlo ideoló-gica y políticamente, y suplir las deficiencias del Estado y de las agrupaciones políticas democráticas que eran las llamadas a efectuar tal tarea.

Hagamos votos para que dicha Institución no desmaye en su cometido y antes bien sea acompañada por otras organizaciones civiles en su patriótica labor en beneficio de todos.

Diario Expreso

16 de noviembre de 2012

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FALTA FUERZA PARA ENFRENTAR AL TERROR

Recientemente el Presidente de la República expresó que el terrorismo no es amenaza para el Estado de Derecho pues está focalizado. A su vez el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo que los terroristas en el VRAE son aproximadamente 200.

Aunque sin compartir ésas afirmaciones, y asumiendo que son correctas, los ciudadanos nos preguntamos ¿Si son tan pocos los subversivos terroristas y no son amenaza para el Estado de Derecho, por qué no son derrotados?

Consideramos que las causas son varias y no todas de la misma naturaleza.Primeramente las tropas del Ejército con las cuales combatimos, no son pro-

fesionales, ellas son los conscriptos del Servicio Militar. Los profesionales son los oficiales y no la tropa, por lo que se gestionó y obtuvo la aprobación por ley de las “tropas especialistas” que deberían tener remuneraciones adecuadas, prepa-ración profesional y equipamiento conveniente. Hasta ahora no se reglamenta la ley ni se otorgan los recursos.

Además, se carece de “Inteligencia”, recordando que en diciembre del 2001 en el gobierno de transición se eliminó el arma de Inteligencia del Ejército, y por ello cerró la correspondiente Escuela, todo lo cual subsanamos en el 2008. Infiltrar personal de Inteligencia en el VRAE no se hace de la noche a la mañana, demora y mucho.

Por otro lado cada vez hay menos postulantes a nuestras escuelas militares de los diversos institutos y niveles. Ello debido a remuneraciones diminutas y desproporcionadas con sus patrióticas tareas, en que está en riesgo permanente la integridad y la vida de nuestros valerosos soldados. Lamentablemente sigue pendiente la atención del aspecto remunerativo.

Existe el fundado temor, que en caso de ser incapacitados en combate o per-der la vida como consecuencia de enfrentamientos armados con los subversivos narco- terroristas, nuestros combatientes o sus deudos reciban precarias pensio-nes, ya que las remuneraciones en su mayor parte están conformadas por bonifi-caciones no pensionables. Esto también sigue sin solución.

Otro temor que pesa sobre el ánimo de nuestros combatientes, militares y policías, y que contribuye a no terminar con el flagelo terrorista, son los procesos penales que tienen que enfrentar durante años y años como consecuencia de las bajas de los enemigos o daños colaterales. Ellos pagan muchas veces a sus aboga-dos, trasladándose al lugar de las investigaciones y procesamientos, perdiendo posibilidades de ascenso y estando alejados de sus familias. Creamos en el 2009 la oficina para su defensa integral, pero lamentablemente aun no se le dota de personal ni de recursos suficientes, lo que se agrava con el desinterés del Minis-

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terio Público y del Poder Judicial para archivar o sobreseer denuncias y procesos por las causales que eximen de responsabilidad penal.

A todo ello debemos agregar la corrupción que con poderoso billete con-vierte en ciegos, sordos y mudos a quienes tienen obligación de enfrentar al nar-cotráfico socio del terrorismo. Esto necesita ser erradicado.

Si el terrorismo no es vencido absolutamente, es como el cáncer, hace metás-tasis, lo que evidentemente pone en peligro al Estado de Derecho. Es indispen-sable solucionar las causas enunciadas por las cuales no se le pone la necesaria fuerza ni ganas a la lucha contra el terror.

Diario La Razón

18 de noviembre de 2012

SIN EUFEMISMOS, ¡ES TERRORISMO!

Han pasado diez años desde que la “Comisión de la Verdad y Reconciliación” (CVR) entregó su controvertido informe al entonces Presidente de la República, y con motivo del aniversario se han realizado diversas actuaciones, se han pronun-ciado muchos discursos y se ha dado a conocer pronunciamientos y reflexiones, sea a favor o en contra, de la labor desarrollada por la Comisión.

Como toda obra humana el desempeño de la Comisión y su informe, tiene seguidores como detractores, y lógicamente está sometido a la crítica ciudadana, que tiene derecho a manifestar sus percepciones y opiniones.

Por lo general los análisis se han concentrado en determinar si el trabajo fue o no positivo, si el informe es o no vinculante, y la naturaleza del terror que sufrió el Perú en las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado.

Pese a los errores del informe, hay consideraciones altamente valiosas, como recordarnos el abandono gubernamental de las zonas alto andinas y la despreo-cupación por la educación, que a no dudarlo contribuyeron a la violencia terro-rista que no se debe olvidar.

En cuanto al carácter del informe, siguen algunos sectores tratando de in-fluenciar para que se consideren sus conclusiones vinculantes, esto es obligato-rias, cuando las recomendaciones por su propia naturaleza no lo son, y ello en lugar de reconciliar y acercar a los peruanos nos sigue enfrentando, por más que a un ojo tuerto lo hagan llorar, y porque hasta ahora no hay acciones concretas para que en el Lugar de la Memoria se pueda exhibir lo realizado por nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional para recuperar el país, sin desconocer exce-sos que no constituyeron políticas de Estado.

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En cuanto a la sustancia de la violencia terrorista, el léxico que se sigue em-pleando hasta por las autoridades, como es el caso del Municipio Metropolitano, es ambiguo, tratando de quitarle el contenido criminal, sanguinario y perverso a las acciones terroristas, a las que con deplorable maquillaje llaman “violencia política”, “conflicto interno”, “años tristes” y muchas otras denominaciones que son únicamente eufemismos para esconder las atrocidades del terrorismo, al que hay que llamar por su nombre. Hasta nuestras Fuerzas Armadas sufrieron conta-gio al escuchar repetitivamente las citadas expresiones, por lo que fue necesario expulsarlas del léxico militar por la R.M. 531-2009-DE/SG el 9 de junio de dicho año.

Si hay algo que recordar para que no se repita, fue el terrorismo. Bien claro y directo, ¡sin eufemismos!

Diario Expreso

30 de agosto de 2013

AMPARO A CRIMINALES Y AGRAVIO A HÉROES

Criminales terroristas sentenciados a pena privativa de libertad, internados en el CEREC que es un centro de reclusión de alta seguridad dentro de la Base Naval del Callao, obtuvieron sentencia favorable en acción de habeas corpus, que ha ordenado su traslado a otro penal.

Inentendible tal despropósito, pues si se construyó un centro penitenciario dentro de la principal base naval del país, era para que los convictos de gran peligrosidad no pudieran desde cualquier otro penal seguir con sus fechorías, poniendo en peligro a toda la sociedad.

Cierto es que el CEREC era de naturaleza provisoria, pues los terroristas, por los graves delitos perpetrados, requerían de internamiento en centro penitencia-rio especial, que lamentablemente todavía no tenemos. Si bien ello es necesario, hay que comprender que pese al desarrollo logrado en los últimos lustros, aún tenemos muchas carencias, y que es difícil atender presupuestalmente todas. Se ha tenido que priorizar por ejemplo situaciones deficitarias en salud y educación, así como en programas sociales.

Un Tribunal de la Corte Superior de Justicia de Lima, sustentado en forma-lismos que serían subsanables en el mismo CEREC, dispuso el traslado de Peter Cárdenas, Víctor Polay, Oscar Ramírez y Miguel Rincón, a establecimiento penal, que por más ampulosa que sea en teoría su calificación de seguridad, lo cierto es que carece de ella, y vemos cotidianamente como se las agencian los internos

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para desde su confinamiento impartir instrucciones para secuestros, extorsiones, asesinatos y muchos otros crímenes.

¿Qué les pasó a los jueces penales que no vieron lo que los demás ciudada-nos advertimos? No lo sabemos, pues si el ciudadano común y corriente conoce los defectos de nuestro sistema penitenciario, los jueces penales lo saben más que cualquier otro. Sin dejar de reconocer el profesionalismo de la actual conducción del INPE, es imposible en corto tiempo hacer la transformación que requiere el sistema, y menos de la noche a la mañana convertir penales que son en la práctica escuelas delictivas, en establecimientos seguros en que los demás ciudadanos confiemos que los terroristas que pudieran ser trasladados no seguirán con ac-ciones delincuenciales. No olvidemos, esos criminales son de Sendero Luminoso y del MRTA.

El Estado no puede ser permisivo y bobo, tiene que defender a la sociedad y a quienes formamos parte de ella, antes de privilegiar a un grupo de criminales. Indigna ver el trato privilegiado que otorga un tribunal a terroristas convictos y confesos, y simultáneamente observar que nuestros héroes de la exitosa opera-ción Chavín de Huantar siguen en riesgo procesal porque organizaciones, su-puestamente defensoras de los Derechos Humanos, accionan contra ellos ante la justicia supranacional.

Nuestros magistrados olvidaron que tienen que preferir las disposiciones constitucionales a otras de menor jerarquía legal, y que la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a la paz y tranquilidad, que el interés nacional está por encima del particular, y que todos tenemos derecho a la seguridad, siendo obligación del Estado proteger a la población de las amenazas contra ella.

Ahora esperamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que pon-ga el orden deseado.

Diario La Razón

30 de marzo de 2014

ORDENando el Perú Tomo IIse terminó de imprimir en setiembre de 2016, en

los Talleres Gráficos de la Universidad Alas Peruanas,Los Gorriones 264, Chorrillos, Lima, Perú.

Tiraje: 1 000 ejemplaresmás sobrantes para reposición.