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En las páginas 7, 8 y 9 se da cuenta de lasquejas que procedían del territorio espa-

ñol y de las tan sólo 354 provenientes del ex-tranjero. Por lo que se refiere a sectores deactividad de las Administraciones Públicas,es necesario mencionar el impresionante«despegue» de las peticiones ciudadanas re-lativas a la ordenación territorial y, en con-creto, al medio ambiente, las derivadas de laadministración económica, las del ámbito dela educación y la cultura, y las relacionadascon la sanidad y los asuntos sociales.

Estado de tramitación

De todas las quejas presentadas, fueronadmitidas a trámite 26.693, o sea, un 71,42%;y no admitidas por distintas causas 10.682,equivalentes al 28,58% del total. Las quejasprocedentes de ejercicios anteriores, pero quefueron abiertas o reabiertas en el año 2005,fueron 1.556, y de ellas 982 corresponden auna decisión de admisión, 539 de reaperturacuando ya estaban cerradas y 45 de reposi-ción, cuando se encontraban en suspenso.

Eficacia de la supervisión

Las resoluciones del Defensor del Pueblo,formuladas ante las Administraciones Públi-cas, elaboradas como consecuencia de lasquejas investigadas durante el ejercicio 2005,alcanzaron una cifra total de 396, compues-ta por 139 recomendaciones, 156 sugerencias,96 recordatorios de deberes legales y 5 ad-vertencias(ver págs. 18 y de la 26 a 29).

Las resoluciones atendidas por las Admi-nistraciones, esto es, las respondidas, bienadmitiéndolas en sus propios términos, bien

razonando adecuadamente el oportuno desa-cuerdo con lo propuesto, se sitúan en nivelesporcentuales parecidos a los de ejerciciosprecedentes (cuadros 23, 24 y 25).

En el resumen de las actuaciones de cadaárea se destacan aquellas que por diversascircunstancias (número de personas afecta-das, repercusión en los medios de comunica-ción, novedad del planteamiento de la recla-mación o queja,...) tuvieron mayor relevancia.

Función y empleo públicos

Como asuntos generales dignos de men-ción destacan las quejas sobre las prestacio-nes por jubilación de alcaldes y concejales,con dedicación exclusiva, que ejercieron elcargo tras la primera convocatoria democrá-tica de elecciones municipales sin posibili-dad de cotizar dentro del Sistema de Seguri-dad Social; o las deficiencias en la realiza-

El Defensor del Pueblo • Resumen del Informe de 2005 1

El Defensor del PuebloResumen del informe a las Cortes Generales correspondiente a 2005

Junio de 2006

El número total de ciudadanos que dirigieron su queja al Defensor del Pueblo durante el año 2005 fue de 39.750. De este total,13.962 reclamaciones dieron lugar a expedientes de carácter individual, 25.648 a expedientes de naturaleza colectiva y 140 ac-

tuaciones propias se configuraron como quejas en expedientes de oficio. Así, pues, el total de reclamaciones o quejas supuso un in-cremento del 37,1% respecto del año anterior, en el que se produjeron 28.990 reclamaciones, teniendo además en cuenta que éste ha-bía registrado a su vez un aumento notable sobre el año precedente.

Las quejas al Defensor del Pueblo se incrementaron el 37,1% en 2005, respecto de 2004Aumentan las quejas relativas al medio ambiente, la ordenación territorial y la prestación de servicios sociales

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, promete su cargo, por un segundo mandato, en el Salónde Conferencias del Congreso de los Diputados, en presencia de los presidentes del Congreso,Manuel Marín (derecha) y del Senado, Javier Rojo (izquierda). Foto Povedano.

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ción de determinadas pruebas de acceso(anomalías en los ordenadores, negativa a fa-cilitar copias de los exámenes realizados, re-trasos en la publicación de los nombramien-tos, redacción confusa o sesgada de las basesde convocatoria, exigibilidad del pago de latasa por derechos de examen, ...), así comolas cuestiones relativas a movilidad y mob-bing o acoso laboral, con una cifra estabili-zada de quejas.

Por núcleos estatutarios, es preciso alu-dir a las quejas que afectan: al personal delos servicios de salud (retraso en los pro-cesos de selección y provisión de plazas,equiparación de titulaciones y formaciónde los técnicos superiores sanitarios conlos de países de la Unión Europea, y desa-rrollo del régimen jurídico correspondien-te); a la función pública docente (inad-misibilidad de representación en actos pre-vios a las oposiciones, exigencia del cono-cimiento de lenguas cooficiales, traspasode funcionarios del cuerpo de profesoresde EGB de Instituciones Penitenciariasen el País Vasco, flexibilización del per-miso de lactancia en Extremadura, sis-temas de traslado y evaluación del pro-fesorado universitario); al personal alservicio de la Administración de Justicia(expedición del carnet de identificaciónen la Comunidad de Madrid, cumpli-miento de la oferta de provisión de pla-zas, efectividad de los derechos económi-cos); al personal de instituciones peni-tenciarias (excesiva carga por falta derecursos de personal, sistema de promo-ción interna); al personal al servicio de laAdministración Militar (situación de losmilitares de complemento, prestacionesen caso de militares de carácter temporal

con baja médica en la Guardia Civil), y alpersonal laboral al servicio de las admi-nistraciones y organismos públicos (pro-cesos de selección y provisión, regulaciónde guardias médicas, periodo prolongadoen excedencia forzosa después de perio-do de privación de libertad por sentenciacondenatoria).

Defensa e Interior

Sigue creciendo el número de internos—penados y preventivos— en centros pe-nitenciarios durante 2005, aunque el por-centaje de incremento (2,7%) sea menor queen el ejercicio precedente (6,8%). Esta ten-dencia a la masificación es preocupante da-

2 El Defensor del Pueblo • Resumen del Informe de 2005

INFORME

SUMARIO

• Las quejas al Defensor del Pueblo seincrementaron el 37,1% en 2005......... 1-4

Estadísticas....................................... 6-22

• Recordatorios de deberes legales....... 23-26

• Administraciones que han incumplidoo se han retrasado notoriamenteen responder al Defensor del Pueblo... 27-29

• Balance de gestión ............................... 30-31

Resumen de las áreas

• Función y Empleo Públicos: Quejas sobre los procesos de seleccióny oposiciones a la Función Pública..... 32-35

• Defensa e Interior: Progresivo aumento de la población penitenciaria......................................... 36-37

• Justicia y Violencia doméstica:Aumentan las dilaciones y retrasos en procedimientos judiciales.............. 38-41

• Administración económica: Diferente y desigual tratode las Comunidades Autónomas

en el Impuesto sobre Sucesionesy Donaciones......................................... 42-44

• Ordenación territorial: La escasaconciencia ecológica contrastacon la creciente sensibilidadciudadana por los bienes y recursosnaturales ............................................... 45-49

• Sanidad y política social: Razoneseconómicas, asistenciales y socialesimpiden la plena universalizacióndel derecho a la asistencia sanitaria... 50-52

• Inmigración y Asuntos Exteriores:Admitidas recomendacionesdel Defensor del Puebloen el proceso de normalizaciónde inmigrantes ..................................... 53-58

• Educación y Cultura: Por un sistemaeducativo no sometido a los vaiveneselectorales ............................................ 59-61

Relaciones institucionales ................ 62-65

• Cooperación técnica, divulgación y di-fusión ...................................................... 65-68

El 7 de Julio, en un acto celebrado en el Salón de conferencias del Congreso, juraron su cargo los Adjuntos al Defensor del Pueblo, ante los presidentesdel Congreso, Manuel Marín, y del Senado, Javier Rojo, así como ante el ya proclamado Defensor del Pueblo por un segundo mandato. Previamente, ha-bían sido confirmados también por Enrique Múgica para un segundo mandato y recibido por unanimidad, el 4 de Julio, la declaración de idoneidad por laComisión Mixta Congreso-Senado para el Defensor del Pueblo. En las fotos de Povedano, a la izquierda, la Adjunta Primera, Maria Luisa Cava de Llano iCarrió, y a la derecha, el Adjunto Segundo, Manuel Ángel Aguilar Belda, en el acto de jurar y prometer respectivamente, el cargo. Fotos Povedano.


da la finalidad constitucional de «la reedu-cación y reinserción social» para las penasprivativas de libertad y la garantía de los de-rechos fundamentales de los condenados.

La supervisión de la Administración pe-nitenciaria, aparte de las visitas efectuadasdurante el ejercicio a 12 centros, se ha diri-gido a investigar los fallecimientos en pri-sión, con la finalidad de prevenir suicidios yevitar en lo posible los efectos del consumode drogas y a procurar el más alto nivel de sa-lud en los presos, con un seguimiento de lasactuaciones de la Administración en esta ma-teria (consultas ordinarias y especializadas,enfermedades asociadas al VIH, tuberculosis,enfermedades de transmisión sexual, patolo-gía psiquiátrica,...).

En cuanto a seguridad ciudadana, la Ins-titución ha manifestado su parecer favorableal borrador de anteproyecto de Ley «integralpara la protección de las víctimas del terro-rismo», a petición del Alto Comisionado deapoyo a las víctimas. También se abrió unainvestigación de oficio sobre el llamado «ca-so Roquetas», y se han estudiado los proble-mas planteados por la proliferación e inten-sificación de la actividad de las denominadas«bandas latinas y juveniles».

Los asuntos relacionados con el tráfico deautomóviles generan quejas acerca de la via-bilidad y formalidades necesarias en cuantoafecta a la regulación de aparcamientos sobretodo en las grandes ciudades, lo que ha ori-ginado una recomendación a la FederaciónEspañola de Municipios y Provincias para quese fomenten las garantías del procedimientosancionador.

La Administración Militar ha sido objetode supervisión en algunos casos específicosde queja (calificación jurídica de las heridasrecibidas por un sargento en Iraq, expedien-tes sobre campos de tiro, derecho a presta-ciones económicas por enfermedad contraídadurante el tiempo del servicio militar).

Justicia y Violencia doméstica

Nuevamente aparecen las quejas sobre re-trasos y dilaciones en los procedimientosjudiciales (Tribunales y Juzgados) a pesarde las medidas que se han ido tomando paratratar de evitar estas disfunciones. Por lo querespecta a las deficiencias del servicio públi-co judicial, se ha investigado con ocasión dealgún caso sometido en queja, el posible per-juicio añadido para las víctimas de delitosespecialmente violentos que suponen las ca-rencias de información o comunicación ade-cuadas, así como la falta de coordinación en-tre las diligencias policiales y judiciales.

Especial motivo de preocupación durante2005 ha sido la situación, sobre la que se hanrecibido quejas, en determinados centros de

menores infractores. Se han girado visitas auna gran parte de ellos y, como consecuencia,se han llevado a cabo algunas actuaciones, en-tre las que cabe citar la apertura de queja deoficio que permitió solicitar los medios nece-sarios para que los jueces y fiscales corres-pondientes tengan conocimiento de la exis-tencia de plazas de internamiento terapéutico.

En cuanto a la violencia doméstica, se hanrealizado investigaciones para comprobar elestablecimiento y eficacia de medidas pro-tectoras con objeto de garantizar la seguridadde posibles víctimas.

Otro gran núcleo de actividad se refiere a lasituación de los presos españoles en el ex-tranjero (actuación de los consulados, trami-tación de expedientes de traslado, relacionescon administraciones foráneas), singularmen-te en lo que afecta a determinados casos en Ve-nezuela, Marruecos, Filipinas y Bolivia.

Finalmente, aunque sean de la mayor im-portancia y gravedad, debido a su «cronifica-ción», deben mencionarse las dificultades ylas consecuencias adversas que provoca lacarga de trabajo en el Registro Civil Cen-tral que impide prestar un servicio adecua-do a los ciudadanos. Se dan casos, por ejem-plo, de retrasos que oscilan entre siete y ochomeses para la expedición de una certifica-ción literal de nacimiento, tras haber conse-guido la nacionalidad española después devarios años de trámite, lo cual provoca per-juicios fácilmente imaginables.

Administracion económica

Las manifestaciones de quejas relaciona-das en este sector se caracterizan, en el fon-do, por una constante inquietud en torno a untrato fiscal adecuado e igual y eso mismo tra-ta de recogerse en el análisis y en las reco-mendaciones o sugerencias formuladas porla Institución. Así ha sucedido con el distin-to tratamiento impositivo en materia de su-cesiones y donaciones, entre padres e hijos yentre cónyuges, para las Comunidades Autó-nomas de régimen común, por un lado, y pa-ra las de régimen foral (País Vasco, Navarra),por otro, asunto que ha suscitado la incoa-ción de una queja de oficio. Partiendo de unacomparación rigurosa, se observan diferen-cias varias, entre las que destacan las limita-ciones en las reducciones o bonificaciones,las desigualdades impositivas materiales porel hecho de la residencia o los privilegios eco-nómicos asociados a la vecindad.

El estudio llevado a cabo acerca del pro-yecto de la Administración denominado «In-ternet en el aula» y la iniciativa «Hogares co-nectados» que pretenden impulsar la parti-cipación de las familias en el proceso educa-tivo a través de las nuevas tecnologías, peroque, sin embargo, podría perjudicar notable-

mente a las empresas integrantes del sectordel mercado de los ordenadores personales.

Ordenación territorial

Por lo que se refiere al medio ambientepropiamente dicho, asuntos tales como el de-recho de acceso a la información ambiental,la necesidad de que los costes internos de laactividad productiva integren la gestión delos recursos agredidos o las cautelas a la ho-ra de declarar un espacio como protegido sonelementos de reflexión que han de tenersemuy a menudo en cuenta. Ya en el plano delo concreto, son de citar las investigacionesllevadas a cabo cerca de la Administraciónhidráulica (potestad sancionadora y alcancede las sanciones), los aprovechamientos delagua (naturaleza jurídica de las comunidadesde regantes), la prevención y la gestión de re-siduos (situación de vertederos y plantas dereciclaje, regulación de residuos ganaderos)y la creciente contaminación acústica, pro-blema sobre el que se ha elaborado un infor-me monográfico y que con tanta intensidadafecta a las administraciones titulares de in-fraestructuras (aeropuertos, carreteras, fe-rrocarriles).

En cuanto a urbanismo y vivienda, las le-gislaciones autonómicas han elaborado me-didas para tratar de dar contenido al dere-cho constitucional a una vivienda digna (au-mentar la oferta de suelo, estimular la vi-vienda en alquiler, controlar el fraude en lavivienda protegida, rehabilitar e incorporaral mercado de casas vacías,...), con idéntica fi-nalidad a la establecida para el Anteproyec-to de Ley del Suelo y Valoraciones. Sobre elurbanismo, en general, se observa tambiénun compromiso, cada vez más acentuado enlas administraciones, sobre la protección delambiente rural y urbano y la observancia delos valores constitucionales (derecho al me-dio ambiente adecuado, protección del patri-monio cultural y derecho a la vivienda dig-na). En este ejercicio destacan las quejaspresentadas por el desacuerdo con el papelen la ejecución urbanística de los «agentesurbanizadores» (elevados costes de urbani-zación) y las que tienen que ver con las difi-cultades de acceso a la vivienda protegida,sea de promoción pública o privada.

Sanidad y Política Social

Las quejas en materia de Sanidad reabrennuevamente el asunto de la universalizacióndel sistema de atención, que supondría re-formas legales de envergadura que afecta-rían, por ejemplo, a las Leyes Generales deSanidad y de Seguridad Social. En otro ordende cosas, también se han investigado quejasrelacionadas con las técnicas de reproduc-


INFORME


ción asistida, la fibromialgia y el síndromede fatiga crónica, la atención al daño ce-rebral sobrevenido (sobre la que además sepromovió un informe monográfico en el quese estudiaba su realidad epidemiológica y so-ciosanitaria), las listas de espera (se ha am-pliado el número de los servicios de salud contiempos máximos de acceso a las prestacio-nes, de acuerdo con lo recomendado por laInstitución), y las víctimas de la talidomida.

En otros ámbitos de la Política Social, espreciso destacar la actividad en torno a la fal-ta de atención a determinados grupos demenores, muy singularmente los que supo-nen un riesgo para el entorno familiar, porsus trastornos de conducta o por necesitar deuna asistencia terapéutica especializada; lasituación de las personas mayores, en es-pecial las que no pueden valerse por sí mis-mas, sobre las que tantas esperanzas ha sus-citado la próxima Ley denominada de De-pendencia; el cálculo de las pensiones dejubilación; las lagunas normativas en ma-teria de uniones de hecho; el reconocimien-to de la compatibilidad de las pensiones deviudedad con las del Seguro Obligatorio deVejez e Invalidez (SOVI); la modificaciónde las prestaciones de maternidad y su am-pliación (extendiendo, por ejemplo, las departo múltiple a los supuestos de adopción)para estimular la conciliación de la vidapersonal y laboral, y la investigación de re-clamaciones sobre consumo, muy señalada-mente la iniciada acerca de los controles deseguridad de los juguetes que pueden adqui-rirse en los establecimientos conocidos comode «todo a cien».

Inmigración y Asuntos Exteriores

Debe subrayarse, por el carácter de lascuestiones investigadas en esta área, la sig-nificación de las quejas de oficio en el total

de las tramitadas y la elaboración del infor-me monográfico sobre «la asistencia jurídicaa los extranjeros en España». En el ejerciciode 2005, es preciso destacar la actuación de-rivada de la investigación in situ desarrolla-da a raíz de los asaltos masivos al valladode seguridad del perímetro fronterizo quesepara Melilla de Marruecos que dio lugara diversos frentes de comparecencias y reso-luciones. Otros problemas planteados que ge-neraron actuaciones diversas se refieren a lanecesidad de analizar con todo detalle la si-tuación familiar y la del propio menor antesde proceder a la repatriación de menores noacompañados; el panorama de los centros deatención de menores extranjeros no acom-pañados, en Canarias; la idoneidad y el fun-cionamiento de los centros de interna-miento de extranjeros; la investigación res-pecto de los posibles casos de mujeres inmi-grantes indocumentadas víctimas de malostratos, y la recomendación para que se pro-porcione ayuda especializada a quien, ha-biendo colaborado con las autoridades espa-ñolas para desarticular las redes organizadas,no se le había expedido autorización de resi-dencia.

Merece la pena mencionar la urgente ne-cesidad de que nuestro sistema consularexperimente modificaciones sustancialesque mejoren el servicio que presta (comu-nicaciones telefónicas, atención directa al pú-blico, agilidad organizativa,...), así como queel desarrollo del proceso de normalizaciónse hiciera efectivo mediante otros medios deprueba distintos a los que taxativamente semencionaban en las normas y que durante elmismo no se produjeran expulsiones. O deque se adoptaran criterios homogéneos pa-ra proceder a la reagrupación familiar (re-quisitos económicos, idoneidad de la vivien-da familiar,...).

Se observa un descenso en las solicitudesde asilo debido, según se estima, al desarrollo

de falsos estereotipos por parte de mafias o tra-ficantes de personas; a la falta de orientaciónjurídica cuando se llega a territorio español, oa la apreciación de que el procedimiento dife-renciado para los casos de asilo puede inclusoretrasar el acceso de los solicitantes al territo-rio nacional. En las actuaciones por entradasmasivas en Ceuta y Melilla, hubo ocasión tam-bién de segregar determinadas cuestiones queafectaban al derecho de asilo.

Ha requerido también la atención de estaárea la expedición de pasaportes de lectu-ra mecánica y fotografía digitalizada (pa-ra quienes deseen viajar a EEUU); la aten-ción a los residentes españoles en la ofici-na consular de La Habana; la eliminaciónde demoras en el pago de pensiones asis-tenciales, sobre todo en el caso de Argenti-na, o la extensión de las previsiones de com-pensación para los llamados «niños de laguerra» a otros supuestos que no se preveíanen la norma.

Educación y Cultura

Se ha prestado especial atención a la ne-cesidad de alcanzar un acuerdo básico enmateria educativa, por sobre las discre-pancias políticas e ideológicas, con objetode consolidar un sistema que permitiera –alas administraciones, a los docentes y a to-dos los profesionales de la educación– unalabor educativa y evaluadora a largo plazo,haciendo posible de este modo una estabi-lidad que facilite un pleno desarrollo denuestros recursos en el ámbito educativo.

Otro aspecto que ha suscitado particularinterés es el de la violencia escolar. Un gra-ve problema sobre el que ya se había publi-cado un trabajo monográfico entre los años1999 y 2000. La percepción de determinadossíntomas de agravamiento ha determinado ladecisión de emprender una actualización deese análisis para comprobar en qué medida lasituación se ha modificado.

En cuanto a las quejas atendidas durante elejercicio 2005, han disminuido las relativas ainstalaciones escolares. Las quejas más fre-cuentes se han producido por la carencia deplazas suficientes en educación infantil(más en núcleos urbanos de gran afluencia in-migratoria); por la concentración de alumnosde origen inmigrante; por la acreditación derentas familiares en los procesos de admisiónde alumnos; por los efectos reconocidos a de-terminados títulos y a ciertas equivalencias delos mismos; por las deficiencias de medios per-sonales y naturales en educación especial; porretrasos en la tramitación de expedientes dehomologación de títulos; por las característicasde la programación televisiva, y muy singular-mente por los problemas prácticos de implan-tación de la cooficialidad lingüística.


INFORME

Junta de Coordinación del Defensor del Pueblo. De izquierda a derecha, el Adjunto Segundo,Manuel Ángel Aguilar Belda; el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica; la Adjunta Primera, M.ª LuisaCava de Llano i Carrió y la Secretaria General, M.ª del Mar España Martí, en una de las reunionesiniciales de su segundo mandato


Siguiendo una clara tendencia al alza ob-servada durante los últimos años, en 2005 hatenido lugar también un número importantede encuentros y actividades con presencia dela Institución. De forma genérica se englo-ban todos ellos bajo el título de «relacionesinstitucionales».

Además de los apartados habituales in-cluidos en este capítulo, este año se ha con-siderado oportuno añadir una selección delas reuniones y entrevistas mantenidas conpersonas y organizaciones interesadas en lainvestigación de determinadas quejas, o conlos representantes de las Administracionesconcernidas por las mismas.

Por su relevancia y eventual interés, esteaño también se ha incorporado en el informecompleto el contenido de varios documentosde relevancia y consulta, resultado de los en-cuentros institucionales correspondientes. Serecogen en el informe completo, las conclu-siones de las XX Jornadas de Coordinación deDefensores del Pueblo, celebradas en Alican-te, referidas en esta ocasión a los problemasde la infancia y la juventud; la denominada“Declaración de Asunción”, que suscribieronlos Ombudsman reunidos en dicha ciudad, conmotivo del X congreso anual de la FIO, y la re-solución de la Red Iberoamericana de las De-fensorías de las Mujeres, aprobada en la reu-nión correspondiente que tuvo lugar en elmarco de dicho X Congreso de la FIO.

Todos estos documentos y la relación por-menorizada de todas las actividades insti-tucionales, relaciones parlamentarias, rela-ciones con los comisionados autonómicos,reuniones relacionadas con expedientes dequeja, actividades y viajes internacionales ynacionales, así como los documentos resul-tantes de la participación del Defensor delPueblo, o sus Adjuntos, Secretaria Generaly personal de la Institución, en simposios, se-minarios, congresos, jornadas, cursos u otrotipo de eventos, pueden consultarse en su li-teralidad en el informe completo, que se pu-blica por las Cortes Generales, así como porla Institución, y se cuelga en su página web:www.defensordelpueblo.es. También pue-den consultarse en la revista mensual El De-fensor al día, que igualmente se encuentrainsertada por meses en la Sección de Pren-sa de la mencionada web.

Actividades parlamentarias

Durante el año 2005 han tenido lugar va-rias comparecencias parlamentarias de carác-ter especial que se suman a aquellas de tipoordinario que se corresponden con la obligadapresentación del Informe anual 2004 a los Pre-

sidentes del Congreso de los Diputados y delSenado, el día 7 de abril de 2005. Tan sólo unospocos días después, el 20 de abril, se celebróla comparecencia ante la Comisión Mixta deRelaciones con el Defensor del Pueblo. Y losdías 19 y 24 de mayo, el Defensor del Pueblocompareció ante los plenos del Congreso y delSenado, respectivamente, con el mismo fin dedar cuenta del contenido del Informe.

Las otras comparecencias institucionalesdel Defensor se produjeron con arreglo al si-guiente detalle:

— Comparecencia del Adjunto Segundo,ante la Comisión no Permanente de segui-miento y evaluación de los acuerdos delPacto de Toledo, para informar sobre la re-gulación del régimen de dependencia, cele-brada en el Congreso de los Diputados, el 24de febrero.

— Comparecencia del Defensor, ante laComisión Mixta de Relaciones con el De-fensor del Pueblo, para informar sobre elestudio monográfico «Contaminación acús-tica», celebrada en el Palacio del Senado, el8 de marzo.

— Comparecencia del Defensor ante laComisión de Justicia, Seguridad Pública,Relaciones Exteriores y Presidencia de laJunta General del Principado de Asturias,dentro de las comparecencias informati-vas sobre el Proyecto de Ley del Procura-dor General del Principado de Asturias, alamparo del artículo 67.1 f) del Reglamentode la Junta General, celebrada en el Palaciode la Junta General, Oviedo, el 15 de sep-tiembre.

— Comparecencia del Defensor y Adjun-ta Primera ante la Comisión Mixta de Re-laciones con el Defensor del Pueblo sobre«Informe sobre asistencia a los extranje-ros en España» y «Los datos e informes quetenga en su poder sobre la situación de losinmigrantes en las zonas fronterizas de Ma-rruecos con España», celebrada en el Con-greso de los Diputados, el 22 de noviembre.

— Comparecencia del Defensor ante laComisión Mixta de Relaciones con el De-fensor del Pueblo sobre «Daño cerebral so-brevenido en España: un acercamiento epi-demiológico y sociosanitario», celebrado enel Congreso de los Diputados, el 22 de di-ciembre.

Reelección de Enrique Múgica Herzog yde sus adjuntos para un segundo mandato

Con motivo de la reelección de EnriqueMúgica Herzog, como Defensor del Pueblo,para un segundo mandato, tuvieron lugar lossiguientes actos en sede parlamentaria:

— Toma de posesión de Enrique Mú-gica Herzog como Defensor del Pueblo, enel Congreso de los Diputados, el 30 de junio.

— Toma de posesión de María Luisa Ca-va de Llano i Carrió, como Adjunta Prime-ra del Defensor del Pueblo, y de ManuelÁngel Aguilar Belda, como Adjunto Segun-do del Defensor del Pueblo, en el Congresode los Diputados, el 7 de julio de 2005.


INFORME

Relaciones institucionales

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica,entrega el Informe 2004 al Presidente delCongreso, Manuel Marín, el 7 de abril de 2005.Foto Povedano.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica,acompañado de la Junta de Coordinación de laInstitución, entrega el informe 2004 al Presi-dente del Senado, Javier Rojo. De izquierda aderecha: la Secretaria General del Defensordel Pueblo, M.ª Mar España Martí, el Defensordel Pueblo, Enrique Múgica; el Presidente delSenado; la Adjunta Primera al Defensor delPueblo, M.ª Luisa Cava de Llano y el AdjuntoSegundo, Manuel Ángel Aguilar Belda. FotoPovedano.

(Continúa en página 62)



ESTADÍSTICAS

A lo largo del año 2005 se han registradoun total de 39.750 quejas, en las que

se incluyen tanto las de carácter externocomo las incoadas de oficio por la propiaInstitución. Se observa un aumento del37,1% respecto a 2004. Las quejas de ca-rácter colectivo han supuesto un aumentonotable del 75,1%, frente al leve descensode las individuales de tan sólo un 2,1%.También cabe destacar el incremento de lasquejas de oficio en un 25% (ver cuadro 1).

El número de quejas recibidas de hombresse ha incrementado en un 56,1%, lo que no haocurrido con las provenientes de mujeres,que sólo aumentan un 17,4%. En consecuen-cia, sigue existiendo una diferencia notablede casi 10.000 quejas favorables a los varones(ver cuadro 2).

Distribución de las quejas por su procedencia geográfica

Las quejas de origen nacional suman39.256 (el 99,11%) y las procedentes del ex-tranjero, 354 (el 0,89%).

Notable aumento de las quejas colectivas

GRÁFICO 1. Distribución del origen de las quejas por Comunidades Autónomas.Año 2005

CUADRO 1. Quejas registradas durante2005 en comparación con 2004

Año 2004 Año 2005

Colectivas .......... 14.614 25.648Individuales........ 14.264 13.962Oficio .................. 112 140

TOTAL .............. 28.990 39.750

CUADRO 2. Quejas recibidas diferenciadas por sexo

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mujeres ................ 6.504 7.176 4.905 11.568 4.164 7.292 6.539 11.932 6.539Hombres............... 10.161 15.337 7.589 14.194 14.194 12.879 9.854 15.355 23.971No clasificables* . 1.352 1.451 1.057 1.112 1.149 868 831 1.591 1.625TOTAL ................. 18.017 23.964 13.551 26.874 13.186 21.039 17.224 28.878 39.610

* Integrado por entidades

GALICIA713

ASTURIAS374

CASTILLA Y LEÓN1.112

CANTABRIA288

PAÍS VASCO

305NAVARRA

153LA RIOJA

80ARAGÓN

443

CATALUÑA1.689

COMUNIDADVALENCIANA

288

ILLES BALEARS313

MURCIA385

CASTILLA-LA MANCHA569

A N D A L U C Í A1.671

CEUTA37

I.CANARIAS644

MELILLA55

EXTREMADURA3.477

MADRID24.092

CUADRO 3. Quejas de procedencia nacional distribuidas por provincias y Comunidades Autónomas. Años 2004 y 2005

Provincias y Comunidades Autónomas Número % sobre la Comunidad Autónoma % sobre total

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Comunidad Autónoma del País VascoÁlava ........................................................................... 49 104 16,07 17,22 0,12 0,36Guipúzcoa .................................................................. 84 182 27,54 30,13 0,21 0,64Vizcaya........................................................................ 172 318 56,39 52,65 0,45 1,12TOTAL ........................................................................ 305 604 100,00 100,00 0,78 2,12Comunidad Autónoma de CataluñaBarcelona ................................................................... 1.328 2.017 78,62 77,87 3,38 7,09Girona ......................................................................... 131 202 7,76 7,80 0,33 0,70Lleida.......................................................................... 101 133 5,98 5,14 0,26 0,47Tarragona ................................................................... 129 238 7,64 9,19 0,33 0,84TOTAL ........................................................................ 1.689 2,590 100,00 100,00 4,30 9,10Comunidad Autónoma de GaliciaA Coruña..................................................................... 354 525 49,65 51,17 0,90 1,85Lugo ............................................................................ 81 85 11,36 8,29 0,21 0,30Ourense ...................................................................... 59 81 8,27 7,89 0,15 0,27Pontevedra ................................................................. 219 335 30,72 32,65 0,56 1,18TOTAL ........................................................................ 713 1.026 100,00 100,00 1,82 3,60Comunidad Autónoma de AndalucíaAlmería ....................................................................... 100 160 5,98 6,53 0,25 0,56Cádiz ........................................................................... 295 370 17,65 15,10 0,75 1,30Córdoba ...................................................................... 152 242 9,10 9,88 0,39 0,85Granada ...................................................................... 179 224 10,71 9,14 0,46 0,79Huelva ........................................................................ 130 160 7,78 6,53 0,33 0,56Jaén ............................................................................ 142 125 8,50 5,10 0,36 0,44Málaga ........................................................................ 345 496 20,65 20,24 0,88 1,74Sevilla ......................................................................... 328 673 19,63 27,48 0,84 2,36TOTAL ........................................................................ 1.671 2.450 100,00 100,00 4,26 8,60

001.ESTADISTICAS.25270 3/7/06 22:01 Página 6

CUADRO 3. Quejas de procedencia nacional distribuidas por Provincias y Comunidades Autónomas. Años 2004 y 2005 (continuación)

Provincias y Comunidades Autónomas Número % sobre la Comunidad Autónoma % sobre total

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Principado de Asturias

TOTAL ........................................................................ 374 730 100,00 100,00 0,95 2,57

Cantabria

TOTAL ........................................................................ 288 276 100,00 100,00 0,73 0,97

Comunidad Autónoma de La Rioja

TOTAL ........................................................................ 80 147 100,00 100,00 0,20 0,52

Región de Murcia

TOTAL ........................................................................ 385 608 100,00 100,00 0,98 2,14

Comunidad Valenciana

Alicante ...................................................................... 1.339 832 46,88 32,90 3,41 2,92Valencia ...................................................................... 1.315 1.467 46,05 58,01 3,35 5,16Castellón .................................................................... 202 230 7,07 9,09 0,52 0,81

TOTAL ........................................................................ 2.856 2.529 100,00 100,00 7,28 8,89

Comunidad Autónoma de Aragón

Huesca........................................................................ 105 167 23,70 22,72 0,27 0,58Teruel ......................................................................... 36 40 8,13 5,44 0,09 0,14Zaragoza ..................................................................... 302 528 68,17 71,84 0,77 1,86

TOTAL ........................................................................ 443 735 100,00 100,00 1,13 2,58

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Albacete...................................................................... 104 306 18,28 22,27 0,26 1,08Ciudad Real................................................................ 159 202 27,94 14,70 0,41 0,71Cuenca........................................................................ 44 122 7,73 8,88 0,11 0,43Guadalajara................................................................ 75 237 13,18 17,25 0,19 0,82Toledo ......................................................................... 187 507 32,87 36,90 0,48 1,78

TOTAL ........................................................................ 569 1.374 100,00 100,00 1,45 4,82

Comunidad Autónoma de Canarias

Santa Cruz de Tenerife............................................. 357 324 55,43 49,32 0,91 1,14Las Palmas ................................................................. 287 333 44,57 50,68 0,73 1,17

TOTAL ........................................................................ 644 657 100,00 100,00 1,64 2,31

Comunidad Foral de Navarra

TOTAL ........................................................................ 153 397 100,00 100,00 0,39 1,40

Comunidad Autónoma de Extremadura

Badajoz ....................................................................... 3.330 234 95,77 55,98 8,48 0,82Cáceres ....................................................................... 147 184 4,23 44,02 0,38 0,65

TOTAL ........................................................................ 3.477 418 100,00 100,00 8,86 1,47

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

TOTAL ........................................................................ 313 360 100,00 100,00 0,80 1,27

Comunidad de Madrid

TOTAL ........................................................................ 24.092 11.595 100,00 100,00 61,37 40,75

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Ávila ............................................................................ 52 100 4,67 5,47 0,13 0,35Burgos......................................................................... 153 181 13,76 9,90 0,39 0,64León ............................................................................ 282 395 25,36 21,60 0,72 1,39Palencia...................................................................... 108 309 9,71 16,89 0,28 1,09Salamanca.................................................................. 150 172 13,49 9,40 0,38 0,60Segovia ....................................................................... 70 105 6,29 5,74 0,18 0,37Soria............................................................................ 27 56 2,43 3,06 0,07 0,20Valladolid.................................................................... 207 430 18,62 23,51 0,53 1,51Zamora........................................................................ 63 81 5,67 4,43 0,15 0,28

TOTAL ........................................................................ 1.112 1.829 100,00 100,00 2,83 6,43

Ciudad Autónoma de Ceuta

TOTAL ........................................................................ 37 30 100,00 100,00 0,09 0,11

Ciudad Autónoma de Melilla

TOTAL ........................................................................ 55 99 100,00 100,00 0,14 0,35

TOTAL ........................................................................ 39.256 28.454 — — 100,00 100,00


ESTADÍSTICAS



ESTADÍSTICAS

Como viene siendo habitual, existe unnúmero importante de quejas, tanto indivi-duales como colectivas, provenientes de laComunidad de Madrid, seguidas de la Comu-nidad Valenciana, Cataluña y Andalucía.

Quejas procredentes del extranjero

El número total de quejas procedentes delextranjero ha sido de 354. Esta cifra suponeun ligero decrecimiento respecto del año an-terior, y cambia la tendencia de incrementosostenido desde 2002 (cuadro 5).

Distribución según la vía de procedenciade las quejas

Otra clasificación de las quejas puede for-mularse según los cauces por los que llegaronal Defensor del Pueblo. Así queda recogida enlos cuadros 6, 7 y 8.

Quejas individuales Quejas colectivas

Número % sobre el total Número % sobre el total

Comunidades Autónomas 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Comunidad Autónoma del País Vasco ............... 253 314 1,86 2,26 52 290 0,20 1,99Comunidad Autónoma de Cataluña .................. 1.598 1.484 11,74 10,70 91 1.106 0,36 7,58Comunidad Autónoma de Galicia ..................... 654 629 4,80 4,54 59 397 0,23 2,72Comunidad Autónoma de Andalucía ................ 1.394 1.396 10,24 10,07 277 1.054 1,08 7,23Principado de Asturias ....................................... 342 387 2,51 2,79 32 343 0,13 2,35Cantabria ............................................................. 233 196 1,71 1,41 55 80 0,21 0,55Comunidad Autónoma de La Rioja ................... 75 95 0,55 0,69 5 52 0,02 0,36Región de Murcia ................................................ 344 371 2,53 2,68 41 237 0,16 1,62Comunidad Valenciana ....................................... 1.620 1.650 11,90 11,90 1.236 879 4,82 6,02Comunidad Autónoma de Aragón ..................... 337 379 2,48 2,73 106 356 0,41 2,44Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha . 411 497 3,02 3,58 158 877 0,62 6,01Comunidad Autónoma de Canarias .................. 538 528 3,95 3,81 106 129 0,41 0,88Comunidad Foral de Navarra ............................ 115 104 0,84 0,7538 293 0,15 2,01Comunidad Autónoma de Extremadura ........... 278 319 2,04 2,30 3.199 99 12,47 0,68Comunidad Autónoma de las Illes Balears ...... 288 267 2,12 1,93 25 93 0,10 0,64Comunidad de Madrid ........................................ 4.154 4.162 30,52 30,02 19.938 7.433 77,75 50,95Comunidad Autónoma de Castilla y León ........ 891 973 6,55 7,02 221 856 0,86 5,87Ciudad Autónoma de Ceuta ............................... 32 29 0,24 0,21 5 1 0,02 0,01Ciudad Autónoma de Melilla ............................. 55 86 0,40 0,61 — 13 — 0,09TOTAL................................................................... 13.612 13.866 100,00 100,00 25.644 14.588 100,00 100,00

CUADRO 4. Quejas individuales y colectivas presentadas por Comunidades Autónomas. Años 2004 y 2005

País de origen 2005 2004 2003 2002

Alemania............................. 12 25 26 25Argelia................................. 7 5 1 1Argentina ............................ 40 62 83 158Australia ............................. 3 1 5 4Austria................................. 1 3 — 4Bélgica ................................ 10 13 17 3Bolivia ................................. 6 2 3 2Brasil ................................... 13 16 9 13Bulgaria .............................. 1 2 — —Cabo Verde.......................... — 1 — —Camerún ............................. — — 1 —Canadá ................................ 1 4 3 9Chile .................................... 6 11 5 11Colombia............................. 24 14 8 48Corea del Sur ..................... — — 1 —Costa de Marfil................... — — 1 —Costa Rica........................... 2 3 4 8Cuba .................................... 18 14 5 5Dinamarca .......................... 1 — 2 —Ecuador............................... 5 11 6 8Egipto.................................. — 1 2 1El Salvador ......................... — 1 — 1Eslovenia ............................ — 1 — —Estados Unidos................... 15 26 20 27Filipinas .............................. — 1 — —Finlandia............................. 1 2 1 1Francia................................ 38 32 43 30Ghana.................................. 38 — 1 —Grecia.................................. — — 1 —Guatemala .......................... — 1 — 2

País de origen 2005 2004 2003 2002

Guinea Ecuatorial.............. 4 — — 1Holanda............................... 5 3 8 12Honduras ............................ 1 3 8 —Hungría ............................... 1 — — —India .................................... 1 — — —Indonesia ............................ — 1 — —Irlanda ................................ 4 1 2 2Israel ................................... 1 2 1 1Italia.................................... 6 9 13 14Japón................................... — — — 1Líbano ................................. 1 — — —Lituania............................... 2 — — —Luxemburgo ....................... 1 — 1 —Malta ................................... — 2 — —Marruecos........................... 26 27 20 28Mauritania .......................... 1 — — 1México................................. 14 12 16 214Namibia............................... — 1 — —Nicaragua ........................... 4 — 3 —Noruega............................... — 1 — —Nueva Zelanda ................... 1 — — —Omán................................... — 1 — —Pakistán .............................. 1 — — —Panamá ............................... — — 3 1Paraguay ............................. — — 1 —Perú..................................... 11 8 6 28Polonia ................................ — — 2 2Portugal .............................. 11 9 4 16Principado de Andorra ...... — 3 — 4Puerto Rico......................... — 1 1 3

CUADRO 5. Quejas procedentes del extranjero distribuidas por países. Años 2002-2005



ESTADÍSTICAS

Distribución de las quejas por materias

En el cuadro 9 se detalla la información re-lativa al contenido material de las quejas re-gistradas en la Institución durante el año 2005,distribuidas en las ocho Áreas de gestión enque está organizado el trabajo de la Institucióny dentro de ellas, por aquellas materias quehan suscitado un mayor número de quejas.

Tomando en consideración las quejas in-dividuales recibidas, a efectos de una mayor

País de origen 2005 2004 2003 2002

Reino Unido........................ 15 32 24 39República de Benin ........... — — — 1República Dominicana...... 3 1 5 4República Checa ................ — 6 4 —Rusia ................................... 1 — 1 —Senegal ............................... 1 — — —Servia y Montenegro.......... — 1 1 1Santo Tomé y Príncipe ...... — 1 — —Suecia ................................. 6 3 3 2

País de origen 2005 2004 2003 2002

Suiza.................................... 7 12 4 6Sudáfrica ............................ — 1 2 —Tailandia ............................. — — 1 1Turquía................................ — 1 — —Ucrania ............................... 1 — — —Uruguay............................... 7 7 5 38Venezuela............................ 13 17 14 104Zambia ................................ — — 1 1

TOTAL ................................ 354 424 401 875

CUADRO 5. Quejas procedentes del extranjero distribuidas por países. Años 2002-2005 (continuación)

CUADRO 6. Procedencia de las quejassegún la vía de remisión.

Año 2005

Vía Número % s/total

Directa (individuales y colectivas) ...................... 37.573 94,85

A través de los Comisionados parlamentarios autonómicos ................... 2.011 5,08

A través de diversas entidades y organismos de la Administración ..... 26 0,07

TOTAL ................................. 39.610 100,00

CUADRO 7. Quejas recibidas a través de Comisionados parlamentarios autonómicos.Años 2004 y 2005

Procedencia 2005 2004

Ararteko del País Vasco ....................................................................................... 82 84Síndic de Greuges de Cataluña........................................................................... 277 282Valedor do Pobo .................................................................................................... 60 40Defensor del Pueblo Andaluz .............................................................................. 330 295Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana............................................ 328 261Justicia de Aragón................................................................................................ 143 112Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha ................................................... 56 28Diputado del Común ............................................................................................ 263 183Defensora del Pueblo de Navarra ....................................................................... 53 36Procurador del Común de Castilla y León......................................................... 419 363TOTAL ................................................................................................................... 2.011 1.684

CUADRO 9. Distribución por sectores de las quejas tramitadas durante el año 2005

Sectores Individuales Colectivas Oficio TotalInmigración y Asuntos Exteriores .......................................................................................................... 1.297 54 24 1.375Extranjería e inmigración .......................................................................................................................... 948 — 20 968Administración Económica ...................................................................................................................... 2.577 1.109 7 3.693Haciendas públicas ..................................................................................................................................... 515 1 — 516Sociedad de la información........................................................................................................................ 78 254 1 333Justicia ........................................................................................................................................................ 1.897 133 16 2.046Administración de justicia ......................................................................................................................... 851 — — 851Registro Civil................................................................................................................................................ 422 — 2 424Defensa e Interior...................................................................................................................................... 1.455 73 25 1.553Seguridad vial .............................................................................................................................................. 471 72 1 544Administración penitenciaria .................................................................................................................... 322 — 12 334Seguridad ciudadana .................................................................................................................................. 141 — — 141Educación y Cultura.................................................................................................................................. 1.928 1.336 4 3.268Cooficialidad lingüística ............................................................................................................................. 501 — — 501Educación..................................................................................................................................................... 471 — 3 474Medios de comunicación e información ................................................................................................... 110 — 1 111Sanidad y Asuntos Sociales .................................................................................................................... 2.152 445 39 2.636Sanidad......................................................................................................................................................... 518 386 35 939Seguridad Social.......................................................................................................................................... 574 — — 574Consumo....................................................................................................................................................... 162 59 1 222Ordenación Territorial.............................................................................................................................. 1.490 22.007 15 23.512Medio Ambiente........................................................................................................................................... 406 21.206 8 21.620Ordenación y Planificación Territorial ..................................................................................................... 369 53 6 428Vivienda........................................................................................................................................................ 316 67 1 384Función y Empleo Públicos...................................................................................................................... 1.160 491 10 1.661Personal laboral........................................................................................................................................... 121 352 2 475Funcionarios de la Administración General del Estado, Seguridad Social, Comunidades

Autónomas y de las corporaciones locales........................................................................................... 289 75 1 365Otros asuntos ............................................................................................................................................... 6 — — 6TOTAL .......................................................................................................................................................... 13.962 25.648 140 39.750

CUADRO 8. Quejas procedentes de diversas entidades y organismos.Años 2004 y 2005

Procedencia 2005 2004

Colegio de Abogados............................................................................................. 1 1Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano............................................ — 2Defensor del Pueblo Europeo ............................................................................. 9 3Oficina del Defensor del Ciudadano .................................................................. — 2Oficina Municipal de Información al Consumidor ........................................... — 17Ombudsman extranjero ....................................................................................... — 1Organismos de la Administración....................................................................... 9 4Tribunal Constitucional ....................................................................................... 3 5Defensor del Menor.............................................................................................. 2 2Diputados del Congreso de los Diputados ......................................................... 1 —Instituto Gallego de Consumo............................................................................. 1 —TOTAL ................................................................................................................... 26 37



ESTADÍSTICASrepresentatividad, el número más significati-vo se dirige a la Administración económica,seguida de las concernientes a sanidad yasuntos de carácter social.

Por lo que se refiere a las quejas colecti-vas, el mayor número lo encontramos de for-

ma un tanto notoria en el ámbito del medioambiente, motivado por las quejas relativasa la tala de árboles en el municipio de Ma-drid, a determinadas instalaciones eléctricasen el municipio de Arroyomolinos (Madrid)y a la instalación de una refinería en la co-

marca de Tierra de Barros (Extremadura).Las quejas de oficio más numerosas son las

relativas a cuestiones de sanidad, extranjeríae inmigración y a los derechos de los internosen prisión y su tutela por la Administraciónpenitenciaria.

Los datos del cuadro 10 reflejan la situa-ción de tramitación de las quejas regis-

tradas a 31 de diciembre de 2005.Las quejas que no se admitieron a trámi-

te, por estar incursas en alguno de los moti-vos de inadmisión establecidos por la Ley Or-gánica 3/1981 reguladora de esta Institución,se clasifican como de no admisión, si bien seda puntual información al ciudadano, con-forme a las previsiones del artículo 17 de lacitada Ley Orgánica.

Aunque el número de quejas inadmitidasen 2005 ha descendido, respecto de años an-teriores, sigue siendo bastante alto. Ello pue-de deberse tanto a cierta desinformación porparte de los ciudadanos en lo que atañe a lascompetencias del Defensor del Pueblo, comoa la confianza que despierta esta Institucióna la que se elevan los problemas que desbor-dan sus atribuciones, ya que se le pide asis-tencia para enfocar el mejor modo de resol-verlos.

Por otro lado, debe significarse el incre-mento notable de las quejas colectivas queviene produciéndose en los últimos años. Da-da su naturaleza, estas investigaciones de ca-rácter colectivo hacen depender un gran nú-mero de la resolución de un mismo procesode tramitación.

Esta circunstancia explica, en parte, eldescenso que se puede apreciar en cuanto alnúmero de quejas concluidas durante 2005,en relación con años precedentes.

Podría pensarse que el número de que-jas no admitidas a trámite sigue siendo añotras año bastante numeroso, y ello puededeberse tanto a cierta desinformación porparte de los ciudadanos en lo que atañe alas competencias del Defensor del Pueblo,como a la gran confianza que despierta es-ta Institución entre la población, lo que ha-ce que le sean confiados los problemas o sele pida asistencia para enfocar el mejormodo de resolverlos. Los motivos de no ad-misión de las quejas individuales en el año2005 han sido los que se reflejan en el cua-dro 11.

Estado de tramitación de las quejas al concluir el año 2005

CUADRO 10. Situación de las quejas registradas en 2005, a 31 de diciembre

Oficio Individuales Colectivas Total

Número % Número % Número % Númrero %

Admitidas a trámiteante laadministración ........... 140 100,00 4.895 41,14 21.658 85,48 26.693 71,42En suspenso ................ — — 9 0,08 — — 9 0,02En trámite ................... 134 95,71 3.462 29,10 21,637 85,40 25.233 67,51Concluidas................... 6 4,29 1.424 11,97 21 0,08 1.451 3,88No admitidas a trámite ..................... — — 7.003 58,86 3.679 14,52 10.682 28,58TOTAL ......................... 140 100,00 11.898 100,00 25.337 100,00 37.375 100,00

CUADRO 11. Motivos de inadmisión de quejas individuales. Año 2005

Motivos de inadmisión Número

Autoridad administrativa en asuntos de su competencia ....................................................... 68Carencia de fundamento ............................................................................................................. 91Inexistencia de pretensión.......................................................................................................... 43Intervención judicial.................................................................................................................... 487Mala fe ........................................................................................................................................... 3No actuación administrativa previa ........................................................................................... 925No actuación de los poderes públicos........................................................................................ 667No contestación a defecto subsanable....................................................................................... 15No contestación a la ampliación de datos................................................................................. 143No hay queja, envía información ................................................................................................ 193No hay queja, solicita información............................................................................................. 277No hay indicios de irregularidad administrativa ...................................................................... 2.527No hay interés legítimo................................................................................................................ 28Otros motivos de no admisión..................................................................................................... 1.053Plazo superior a un año ............................................................................................................... 16Queja anónima.............................................................................................................................. 3Resuelto sin intervención del Defensor del Pueblo ................................................................. 133Sentencia firme ............................................................................................................................ 323Perjuicios a terceros .................................................................................................................... 8TOTAL ........................................................................................................................................... 7.003

Quejas tramitadas ante lasadministraciones públicas

Respecto a las quejas individuales y de ofi-cio tramitadas ante las administraciones pú-blicas, las más numerosas han sido las diri-gidas a la Administración General del Estado(cuadro 12).

En los cuadros 13 y 14 se recoge el deta-lle de las quejas del año 2005 tramitadas res-pectivamente con la Administración Generaldel Estado y con órganos dependientes delas Comunidades Autónomas.

Por lo que respecta al cuadro 13, puede ob-servarse que de nuevo el mayor número de que-jas tramitadas corresponde a las dirigidas alMinisterio del Interior, que entre sus compe-

tencias incluye las de carácter penitenciario, yel menor número a las elevadas a Presidenciay a los Ministerios de Vivienda y Cultura.

Se entiende por «actuación correcta»cuando, tras la investigación efectuada porla Institución, se comprueba que la actua-ción de la Administración se adecua a lasnormas vigentes. La expresión «se subsana»indica que la Administración modifica uncomportamiento incorrecto tras la interven-ción del Defensor del Pueblo. Cuando la Ad-ministración mantiene el comportamientoincorrecto o no adecuado a la normativa quele ha sido puesto en evidencia por la Insti-tución, se habla de «no se subsana» (ver cua-dros 15, 16 y 17).



ESTADÍSTICAS

CUADRO 14. Detalle de la tramitación ante las administraciones autonómicas. Año 2005.Quejas individuales y de oficio

Comunidades Autónomas En trámite Concluidas En suspenso Total

Comunidad Autónoma de Cataluña ................................................... 55 8 — 63Comunidad Autónoma del País Vasco................................................ 3 — — 3Comunidad Autónoma de Galicia....................................................... 15 11 — 26Cantabria............................................................................................... 11 4 — 15Principado de Asturias ........................................................................ 18 16 — 34Comunidad Autónoma de Andalucía ................................................. 24 7 — 31Región de Murcia ................................................................................. 17 5 — 22Comunidad Autónoma de Aragón....................................................... 9 4 — 13Comunidad Autónoma de Castilla-LaMancha................................... 11 5 — 16Comunidad Valenciana ........................................................................ 26 17 — 43Comunidad Autónoma de La Rioja..................................................... 6 2 — 8Comunidad Autónoma de Extremadura ............................................ 17 49 — 66Comunidad Autónoma de Canarias.................................................... 12 3 — 15Comunidad Autónoma de Castilla y León ......................................... 20 9 — 29Comunidad Autónoma de las Illes Balears ....................................... 15 2 — 17Comunidad de Madrid ......................................................................... 148 54 — 202Comunidad Foral de Navarra.............................................................. 4 — — 4Ciudad Autónoma de Ceuta ................................................................ 3 1 — 4Ciudad Autónoma de Melilla .............................................................. 3 2 — 5Varias administraciones autonómicas ............................................... 1 1 — 2

TOTAL ................................................................................................... 418 200 — 618

CUADRO 13. Detalle de la tramitación ante la Administración General del Estado. Año 2005.Quejas individuales y de oficio

Ministerios En trámite Concluidas En suspenso Total

Presidencia del Gobierno..................................................................... — 1 — 1Ministerio de la Presidencia................................................................ 2 1 — 3Ministerio de Administraciones Públicas .......................................... 14 10 — 24Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación..................................................................................... 5 — — 5Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación...................................................................................... 112 26 — 138Ministerio de Cultura........................................................................... 3 2 — 5Ministerio de Defensa .......................................................................... 34 4 — 38Ministerio de Economía y Hacienda .................................................. 105 27 — 132Ministerio de Educación y Ciencia..................................................... 49 43 — 92Ministerio de Fomento......................................................................... 136 26 1 163Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ..................................... 44 6 — 50Ministerio del Interior ......................................................................... 245 91 1 337Ministerio de Justicia .......................................................................... 221 48 — 269Ministerio de Medio Ambiente............................................................ 32 1 — 33Ministerio de Sanidad y Consumo ...................................................... 16 7 — 23Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales .......................................... 84 51 — 135Ministerio de Vivienda ......................................................................... 1 1 — 2Administración periférica.................................................................... 209 50 1 260Varias administraciones....................................................................... 30 11 — 41

TOTAL ................................................................................................... 1.342 406 3 1.751

CUADRO 12. Quejas individuales y de oficio, tramitadas ante la Administración, en 2005

En trámite Concluidas En suspenso Total

Administración General del Estado .................................................. 1.342 406 3 1.751Administración autonómica................................................................ 418 200 — 618Administración local............................................................................ 569 139 3 711Fiscal General del Estado .................................................................. 161 31 — 192Otras entidades públicas .................................................................... 122 49 — 171Varias administraciones ...................................................................... 121 22 — 143Investigación innecesaria .................................................................. 863 583 3 1.449TOTAL .................................................................................................. 3.596 1.430 9 5.035



ESTADÍSTICAS

CUADRO 15. Tipos de conclusiones en las quejas individuales y de oficio, según administraciones. Año 2005

Actuación Se No seAdministraciones correcta subsana subsana Otros Total

Administración General del Estado .............................................................. 261 128 5 12 406Administración autonómica........................................................................... 131 49 3 17 200Administración local....................................................................................... 89 45 — 5 139Fiscal General del Estado .............................................................................. 28 1 2 31Investigación innecesaria .............................................................................. 91 58 26 408 583Otras entidades públicas................................................................................ 43 2 — 4 49Varias administraciones ................................................................................. 16 4 1 1 22TOTAL .............................................................................................................. 659 287 35 449 1.430

CUADRO 16. Tipos detallados de conclusiones en las quejas individuales y de oficio dirigidas a la Administración General del Estado. Año 2005

Administración General Actuación Se No sedel Estado correcta subsana subsana Otros Total

Presidencia del Gobierno ............................................................................... 1 — — — 1Ministerio de la Presidencia .......................................................................... 1 — — — 1Ministerio de Administraciones

Públicas........................................................................................................ 6 4 — — 10Ministerio de Asuntos

Exteriores y de Cooperación ..................................................................... 16 10 — — 26Ministerio de Cultura ..................................................................................... 2 — — 2Ministerio de Defensa..................................................................................... 3 1 — — 4Ministerio de Economía y Hacienda............................................................ 20 7 — — 27Ministerio de Educación y Ciencia ............................................................... 13 29 — 1 43Ministerio de Fomento ................................................................................... 14 10 2 — 26Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio...................................................................................................... 5 1 — — 6Ministerio del Interior.................................................................................... 80 10 1 — 91Ministerio de Justicia ..................................................................................... 29 14 — 5 48Ministerio de Medio Ambiente ...................................................................... 1 — — — 1Ministerio de Sanidad y Consumo................................................................ 4 3 — — 7Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales ........................................................................................................ 29 19 2 1 51Ministerio de Vivienda.................................................................................... — 1 — — 1Administración periférica .............................................................................. 36 12 — 2 50Varias administraciones ................................................................................. 3 5 — 3 11TOTAL 261 128 5 12 406

CUADRO 17. Tipos detallados de conclusiones en las quejas individuales y de oficiodirigidas a las Administraciones autonómicas. Año 2005

Actuación Se No seComunidades Autónomas correcta subsana subsana Otros Total

Comunidad Autónoma de Cataluña............................................................... 5 2 — 1 8Comunidad Autónoma de Galicia .................................................................. 8 2 — 1 11Cantabria .......................................................................................................... 2 2 — 4Principado de Asturias.................................................................................... 8 4 — 4 16Comunidad Autónoma de Andalucía............................................................. 4 2 — 1 7Región de Murcia............................................................................................. 3 1 1 5Comunidad Autónoma de Aragón .................................................................. 1 2 — 1 4Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha............................................. 2 1 1 1 5Comunidad Valenciana ................................................................................... 9 8 — — 17Comunidad Autónoma de La Rioja ................................................................ 2 — — — 2Comunidad Autónoma de Extremadura ....................................................... 46 3 — — 49Comunidad Autónoma de Canarias ............................................................... 2 1 — — 3Comunidad Autónoma de Castilla y León..................................................... 6 3 — — 9Comunidad Autónoma de las Illes Balears................................................... 1 1 — — 2Comunidad de Madrid..................................................................................... 31 15 1 7 54Ciudad Autónoma de Ceuta ........................................................................... — 1 — — 1Ciudad Autónoma de Melilla.......................................................................... 1 1 — — 2Varias administraciones autonómicas........................................................... — — — 1 1TOTAL.................................................................................................. 131 48 3 12 406



ESTADÍSTICAS

25.648 quejas colectivas

El conjunto de quejas colectivas tramitadasen 2005 han generado 25.648 expedien-

tes, que se han configurado en dos grupos,con un total de 40 colectivos, que de forma su-cinta se describen a continuación.

Quejas planteadas y abiertas en 2005

• 386 personas solicitaron la utilizaciónpública del centro de especialidades del an-tiguo Hospital del Aire en Madrid.

• 3.931 residentes en el municipio deArroyomolinos (Madrid), manifestaron supreocupación por las torres de alta tensiónque atraviesan dicha población.

• 59 ciudadanos denuncian la situaciónde un miembro del Consejo de Consumido-res que sigue ocupando su puesto habien-do transcurrido cinco años desde que fina-lizó su mandato.

• 44 afectados manifiestan los problemasque se derivarán en el futuro para sus vi-viendas por el soterramiento de la M-30 y laconstrucción del enlace sur de Madrid.

• 72 personas reclaman la aplicación delreconocimiento de los permisos de condu-cir de la República Bolivariana de Vene-zuela en España, acordada entre los gobier-nos de ambos países en septiembre de 2005.

• 889 ciudadanos solicitaron que el De-fensor del Pueblo interpusiera recurso de in-constitucionalidad contra la Ley 13/2004,de 27 de diciembre, de Caza en la Comuni-dad Valenciana.

• 60 vecinos del municipio de Congosto(León) plantean su disconformidad con laconstrucción en su territorio de una centraleléctrica de ciclo combinado.

• 38 miembros de una sociedad coopera-tiva de viviendas, de Fuensaldaña (Vallado-lid), formulan queja contra el Ayuntamien-to de esa población por denegar la aproba-ción inicial del Plan Parcial que les afecta.

• 54 denuncias remitidas por correo elec-trónico, contra las autoridades del Reinode Marruecos por el traslado de ciudada-nos subsaharianos, en situación irregular,a zonas del desierto.

• 28 vecinos del distrito de Carabanchely Usera (Madrid) y una asociación ecolo-gista plantean quejas por la eliminación deuna zona verde en el parque EmperatrizMaría de Austria y la tala de árboles.

• 296 oficiales administrativos del Mi-nisterio de Defensa rechazan el nivel labo-ral que les concedieron.

• 41 ciudadanos plantean su inquietudpor lo manifestado por Juan Pablo II en re-lación con la libertad religiosa en España.

• 51 afectados por una expropiaciónplantean sus quejas por no haber sido re-alojados.

• 56 trabajadores de la ConfederaciónHidrográfica del Ebro plantean queja porsu encuadramiento como oficiales hidráu-licos de servicios generales.

• 16 solicitantes de viviendas de promo-ción pública, en Parla (Madrid), manifies-tan su disconformidad con el precio máxi-mo de venta del metro cuadrado útil.

• 29 funcionarios de la Administraciónperiférica del Estado plantean su queja porno poder acceder a puestos vacantes en ór-ganos centrales de dicha Administración.

• 70 propietarios de viviendas en una ur-banización de Puig (Valencia) ponen demanifiesto las deficiencias de la prestaciónde servicios públicos por el Ayuntamiento.

• 28 funcionarios plantean su queja porel retraso de su toma de posesión como ad-ministrativos de la Administración Generaldel Estado.

• 16 ciudadanos manifiestan su discon-formidad con el supuesto radicalismo deun partido político con la Iglesia católica.

• 23 personas consideran que un deter-minado partido político ataca la libertadde culto y la libertad religiosa reconocidosen la Constitución.

• 254 personas manifiestan su preocupa-ción por el rastro que pueden dejar las co-municaciones personales relacionadas concontroles de carácter judicial, que puedenser conocidas por terceros.

• 3.188 vecinos de la comarca de Tierrade Barros (Extremadura) plantean su dis-conformidad con la instalación de una re-finería de petróleo en la zona.

• 15 residentes de San Glorio (León)manifiestan su preocupación sobre la re-percusión medioambiental por la instala-ción de una estación de esquí.

• 853 trabajadores de entidades finan-cieras plantean su queja por la externali-zación de los compromisos de pensionesasumidos por las entidades en las que pres-tan sus servicios.

• 18 funcionarios destinados en la Te-sorería General de la Seguridad Social enTudela (Navarra) plantean su queja porlas dificultades para su movilidad geográ-fica.

• 1.265 ciudadanos plantean su quejapor el incremento de la publicidad de lí-neas eróticas.

• 13.660 vecinos de Madrid se quejan dela tala de árboles con motivo de diversasobras realizadas por el Ayuntamiento dela capital.

• 20 trabajadoras que prestaron servi-cios como matronas enfermeras auxiliaresde clínica muestran su disconformidad conla aplicación de la mejora de la jubilaciónestablecida en el Estatuto del Personal Sa-nitario no Facultativo.

Quejas colectivas interpuestas en 2004 que han determinado la apertura de expedientes en 2005

• 47 personas manifiestan su disconfor-midad con la autorización judicial a unamujer discapacitada mental, embarazada,para realizar un aborto.

• 15 vecinos de Benicassim (Castellón)se unen en la queja en relación con una ac-tuación urbanística que desarrolla un cam-po de golf, al considerar que carece de in-terés general.

• 1 queja global en contra de una posi-ble aplicación de un canon u otro tipo decontraprestación por el préstamo bibliote-cario en aplicación de la Directiva92/100/CEE.

• 1 persona se une a las quejas anterio-res sobre unas declaraciones de un líder po-lítico censurando a la Iglesia católica.

• 5 ciudadanos se suman a otros que an-teriormente habían planteado su oposicióna la reforma del Código Civil, introducien-do el matrimonio homosexual.

• 31 personas unen sus quejas, a otrasanteriormente formuladas, por considerarilegal el precio máximo de las viviendasprotegidas fijado por la Comunidad de Ma-drid.

• 39 motoristas añaden sus quejas aotras anteriores, en relación con la legis-lación estatal y autonómica sobre limita-ciones de acceso con estos vehículos a losespacios naturales.

• 1 compareciente se une a otros ante-riores, solicitando la intervención de estaInstitución respecto a las marcas viales, es-pecialmente las que delimitan los pasos depeatones por su peligrosidad para las mo-tocicletas, bicicletas e incluso peatones porsu carácter deslizante.

• 1 persona se une a otras que an-teriormente habían solicitado de estaInstitución la interposición de recurso deinconstitucionalidad contra la Ley dePresupuesto Generales del Estado para2004.

• 4 funcionarios se unen a una queja an-terior, por no haberse aprobado una rela-ción de puestos de trabajo del Ministeriode Defensa.



ESTADÍSTICAS• Un trabajador de una entidad de se-

guros se une a otros que anteriormente ha-bían planteado su disconformidad con laexternalización de los compromisos de pen-siones, asumidos por las entidades en lasque prestan sus servicios.

• 40 comparecientes se unen a otros queanteriormente habían planteado a la Ins-titución la impugnación de la Resolución dela Secretaría de Estado de Universidades eInvestigación, que fijaba el procedimientoy plazo de presentación de solicitudes deevaluación de la actividad investigadora ala Comisión Nacional Evaluadora de la mis-ma.

Tal y como se ha expresado en el apartadocorrespondiente a las quejas individuales, enlos cuadros 19, 20 y 21 se detallan las quejascolectivas recibidas en 2005 y tramitadas an-te las distintas administraciones públicas, es-pecificando los diferentes organismos y enti-

CUADRO 19. Quejas colectivas recibidas en 2005 y tramitadas ante la Administración

Administraciones En trámite Concluidas Total

Administración General del Estado...................................... 481 19 500Administración autonómica ................................................. 3.233 -- 3.233Administración local ............................................................. 13.874 -- 13.874Investigación innecesaria ...................................................... 59 2 61Varias administraciones ......................................................... 3.990 — 3.990TOTAL............................................................................ 21.637 21 21.658

CUADRO 20. Detalle de la tramitación de las quejas colectivas ante la Administración General del Estado en 2005

Ministerios En trámite Concluidas Total

Defensa .................................................................................... 300 — 300Administraciones Públicas .................................................... 113 — 113Interior..................................................................................... 68 — 68Trabajo y Asuntos Sociales .................................................... — 18 18Economía y Hacienda............................................................. — 1 1TOTAL 481 19 500

dades públicas ante los que se han plantea-do. En esta ocasión, la mayoría de las quejas

tramitadas lo ha sido ante las administracio-nes autonómicas y locales.

140 quejas de oficio

Durante el ejercicio 2005, la Instituciónha actuado de oficio en 140 ocasiones.

Como su propio nombre indica, se trata deactuaciones que lleva a cabo el Defensordel Pueblo por iniciativa propia si tiene co-nocimiento de algún hecho susceptible deser investigado. Una buena fuente de in-formación son los medios de comunicación.Estas actuaciones, que se producen al am-paro de lo establecido en el artículo 12.1de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril,se detallan en el cuadro 22, en el que se es-pecifica la situación de las investigacionesa 31 de diciembre de 2005 y la Adminis-tración ante la que han sido tramitadas.

Las quejas de oficio recogen los más varia-dos temas de actualidad, hechos que causanalgún tipo de alarma social o cuando se esti-ma que pueden estar siendo presuntamenteconculcados o mal aplicados derechos funda-mentales.

Fallecimiento de presos en las cárceles

Por ejemplo, cuando, en la madrugada delviernes 14 de enero de 2005, miembros de

los GEO del Cuerpo Nacional de Policía gol-pearon repetidamente a un ciudadano queconfundieron con un delincuente colom-biano; en los sucesivos traslados de inmi-grantes en situación irregular desde lasIslas Canarias a la península y en las ac-tuaciones asistenciales posteriores a su lle-gada, o siempre que se registra algún falle-cimiento en prisión, como los habidos el día5 de enero de 2005 de un interno del hospi-tal psiquiátrico penitenciario de Fontcalent(Alicante), como consecuencia de la into-xicación producida por el humo que ema-naba de la combustión de su colchón; el ca-so de un recluso del Centro penitenciario de

Zuera (Zaragoza), que apareció ahorcadoen su celda el día 26 de noviembre de 2004;otro recluso del mismo centro falleció el 24de febrero de 2005; otro más, falleció igual-mente, después de haber sido trasladado delCentro de Zuera al hospital Miguel Servetde Zaragoza; y dos reclusos más, del repeti-do centro fallecieron, el 5 de abril de 2005 yel 14 de octubre respectivamente, así comopor la aparición de otro recluso ahorcado enel centro penitenciario de San Sebastián,el 10 de noviembre de 2005.

Por todas estas muertes se abrieron sendasquejas de oficio, así como por un incidentesucedido en el mismo centro penitenciario

CUADRO 18. Detalle de la tramitación de las quejas colectivas

a 31 de diciembre de 2005

Situación Número %

Quejas no admitidas............ 3.679 14,34Quejas en trámite ................ 21.637 84,36Quejas pendientes de

trámite.............................. 311 1,21Quejas concluidas................ 21 0,09TOTAL................................... 25.648 100,00

CUADRO 21. Detalle de la tramitación de quejas colectivas ante las Administraciones autonómicas en 2005

Comunidad Autónoma En trámite Concluidas Total

Región de Murcia.................................................................... 20 — 20C. A. Extremadura .................................................................. 3.189 — 3.189C. A. Castilla y León ............................................................... 15 — 15Comunidad de Madrid............................................................ 9 — 9TOTAL...................................................................................... 3.233 — 3.233

CUADRO 22. Quejas de oficio dirigidas a las distintas administraciones.Año 2005

Administraciones En trámite Concluidas En suspenso Total

Administración General del Estado................ 41 3 — 44Administración autonómica ............................ 48 1 — 49Administración local ........................................ 8 1 — 9Fiscal General del Estado................................ 2 — — 2Investigación innecesaria ................................ 18 — — 18Otras entidades públicas ................................. 2 — — 2Varias administraciones ................................... 15 1 — 16TOTAL................................................................ 134 6 — 140



ESTADÍSTICASde Zuera con el resultado de varios presos ydiversos funcionarios heridos.

También se abrió queja de oficio, cuandoun grupo de reclusas del centro penitencia-rio de Nanclares de la Oca (Álava) presen-tó una denuncia verbal por acoso sexual porparte de un funcionario, o cuando en el mis-mo centro penitenciario aparecieron dos re-clusos muertos en sus celdas, uno de ellosahorcado; y con motivo del fallecimiento porsuicidio de dos reclusos en el centro peni-tenciario de Soria.

Igualmente, se investigó el fallecimientode otro recluso, el 18 de enero de 2005, en elcentro penitenciario de Huelva, o cuandoreclusas del centro penitenciario de Teneri-fe II se quejaron de la discriminación que su-fren frente a los presos varones; o en los ca-sos en que los medios de comunicación de-nunciaron que, entre los años 2001 y 2004, almenos 239 personas bajo custodia fallecieronen España; o cuando se publicaron noticiassegún las cuales, en el psiquiátrico peniten-ciario de Fontcalent (Alicante) podrían ha-berse producido malos tratos; con motivo dela agresión sufrida por un interno en el cen-tro penitenciario de Castellón, así como porel fallecimiento de un ciudadano en el pues-to de la Guardia Civil de Roquetas de Mar(Almería), tras ser detenido.

Otras quejas de oficio sobre la situación delas cárceles se iniciaron tras la visita de fun-cionarios de la Institución a los centros pe-nitenciarios de San Sebastián, Bilbao, Nan-clares de la Oca (Álava) y Girona.

El funcionamiento de los serviciospúblicos

Las quejas de oficio se extendieron al fun-cionamiento de determinados servicios pú-blicos, por ejemplo para conocer la situacióndel Juzgado de Menores de Murcia o la si-tuación del Registro Civil de Fuengirola(Málaga), cerrado durante 12 días por faltade personal; o inquiriendo la razón por la quese suspendieron intervenciones quirúrgicasen la UCI pediátrica del hospital Doce deOctubre, de Madrid; al conocer que los tre-nes de cercanías de Madrid no disponen deasientos reservados para personas mayo-res, embarazadas y discapacitados físicos,mientras que en otras ciudades y otros me-dios de transporte urbano sí cuentan con esetipo de asientos reservados, debidamente se-ñalizados.

Sobre la actuación de los responsablesdel aeropuerto de Barajas, cuando una ciu-dadana minusválida que, el día 20 de febrerode 2005, voló con Iberia de Nueva York a Ma-drid/Barajas, donde tenía que cambiar deavión para llegar a Valencia, se encontró conque la silla de ruedas que necesitaba para

desplazarse había sido totalmente destroza-da en el trayecto, sin que en el aeropuertomadrileño atendiesen su reclamación, infor-mándole que tenía que presentar la reclama-ción a la llegada al aeropuerto de Valencia,donde le entregaron una silla provisional queno cumplía sus necesidades, mientras se re-paraba la suya. Además, tuvo que soportar eltrato incorrecto de un empleado.

Igualmente, se actuó en defensa de los de-rechos de personas con limitaciones de mo-vimiento cuando se tuvo conocimiento de laorden de desalojo que la Alcaldesa del Ayun-tamiento de Las Palmas de Gran Canaria dic-tó contra una familia, compuesta de seismiembros, tres de ellos niños, y una persona,entre los adultos, afectada de una paraplejiaque la obliga a utilizar permanentemente unasilla de ruedas, así como en el caso de unapersona discapacitada, que precisaba paradesplazarse de una silla de ruedas, no pudoutilizar el tren que une diariamente las lo-calidades de Orihuela con Elche, al carecerdichas estaciones ferroviarias de las plata-formas elevadoras que permitan acceder altren.

También se presentó una queja de oficiopor el funcionamiento del aeropuerto deIbiza, con ocasión de una avería eléctrica quecausó molestias y retrasos a los viajeros.

Otras veces se plantean quejas de oficiopor la actuación de los servicios públicos, conocasión de hechos como el caos circulatorioregistrado en el barrio de Chamberí de Ma-drid, con ocasión del incendio del edificioWindsor; o por el incendio forestal en lostérminos de Riba de Saelices, Santa Maríadel Espino, Luzón, Luzaga y Molina de Ara-gón (Guadalajara) en el que perdieron lavida once agentes forestales.

La telefonía móvil

La actuación de la Secretaría de Estado deTelecomunicaciones y para la Sociedad de laInformación, del Ministerio de Industria, Tu-rismo y Comercio, sobre el control del servi-cio de telefonía móvil también ha suscitadoquejas de oficio, así como la existencia, en LasPalmas de Gran Canaria, de varias instalacio-nes de telefonía móvil (antenas y estaciones)que, al parecer, pese a no disponer de licenciamunicipal y tenerlo así comprobado el Ayun-tamiento desde hace tres años, siguen im-plantadas en las azoteas de varios inmuebles.

Son reiteradas las quejas ante la Secreta-ría de Estado de Telecomunicaciones y parala Sociedad de la Información, en relacióncon los servicios que se prestan por partede los diferentes operadores del mercadode las telecomunicaciones y la escasa salva-guarda de los derechos que como consumi-dores se ofrece a los usuarios, así como por

el desconocimiento de los derechos concretosque se pueden hacer valer en este ámbito.

En ocasiones, se plantean quejas de oficiosobre hechos como el de la fuga de un polizónque se encontraba en un buque en el puertode Sagunto (Valencia) y su entrada en terri-torio nacional, siendo detenido por la policíay conducido nuevamente al buque, sin las ga-rantías exigidas para el procedimiento de de-volución.

Función pública

En relación con la Función Pública se plan-tearon quejas de oficio, entre otras, sobre laampliación del plazo de 5 días hábiles parala presentación de reclamaciones en proce-sos de selección de personal laboral tempo-ral; acerca del desarrollo de un proceso se-lectivo convocado por el Ayuntamiento deCambados (Pontevedra), para cubrir deter-minados puestos de trabajo existentes en lascuadrillas municipales de extinción de incen-dios, en el cual, según uno de los participan-tes, no se había respetado el contenido de lasbases de la convocatoria aprobadas anterior-mente; sobre el suicidio de un guardia civildestinado en el acuartelamiento de Fuen-caliente (Ciudad Real) que podría, supues-tamente, haber sufrido acoso laboral; en rela-ción con el número de bajas médicas por mo-tivos psicológicos y de suicidios entre miem-bros de la Guardia Civil.

Para que el Ayuntamiento de Humanes(Madrid) ajuste sus convocatorias de se-lección de personal al cumplimiento de losprincipios constitucionales de igualdad,mérito, capacidad y publicidad; por el pro-blema de temporalidad en el empleo y la sub-contratación en la Comunidad de Madrid. So-bre la falta de locales destinados a vestua-rios, lavabos y servicios higiénicos, espe-

Se reciben numerosas quejas por los serviciosy que prestan los operadores del mercado delas telecomunicaciones, tanto de llamadas demóviles, como de vídeo y TV.



ESTADÍSTICAS

cialmente para el personal femenino, de laPolicía local de Oviedo.

Igualmente, se abrieron sendas quejas deoficio por la existencia de fundadas sospe-chas de que muchos aspirantes que partici-paron en la oposición de acceso al Cuerpo deAyudantes de Instituciones Penitenciariashabían conocido, presuntamente, con ca-rácter previo a las pruebas, los test y quelos resultados se supieron días antes de queel Tribunal los hiciera públicos; sobre ho-mologación de la carrera profesional delpersonal estatutario de los servicios de sa-lud; acerca de la movilidad de los profesio-nales en el Sistema Nacional de Salud.

Situación de los Centros de Menores

A lo largo del año se han investigado las si-tuaciones en que se encontraban los centrosde internamiento de menores de Gáldar y

de «La Montañeta», ambos en Las Palmasde Gran Canaria, así como el de «Valle de Ta-bares», en Tenerife; el centro de interna-miento terapéutico de menores drogodepen-dientes «Cantalgallo», sito en Dos Herma-nas (Sevilla) y por la situación del centro demenores «San Jorge» en Zaragoza. Se visitóel centro de atención de menores extranjerosno acompañados de Fuerteventura, y el de«La Isleta», en Las Palmas de Gran Canaria.

La inmigración

Los importantes acontecimientos relacio-nados con la inmigración en España duran-te el año 2005 acapararon buena parte de lasquejas de oficio, tanto sobre el proceso denormalización, como acerca de cuestionespuntuales, como el fallecimiento de dos ciu-dadanos de origen camerunés, uno de ellosposiblemente menor de edad, en la franjafronteriza de Melilla; sobre los sucesos acae-cidos en el perímetro fronterizo de Melillael día 15 de septiembre de 2005.

Se inició otra queja de oficio por la situa-ción de una familia compuesta por un ciu-dadano pakistaní, una ciudadana indonesia ysus dos hijos menores, que se encuentran ensituación irregular en España, una vez queAlemania decidió no conceder asilo a los so-licitantes, tras intentar la expulsión a sus res-pectivos países, sin conseguir que ningunoacogiera a la familia completa.

La sanidad

Sobre hechos relacionados con los serviciospúblicos de salud, se presentaron, entre otras,las siguientes quejas de oficio: tras el infartode una paciente durante la realización deuna prueba cardiológica programada en elhospital Doce de Octubre, de Madrid, tras es-perar 19 meses la realización de dicha prueba;por las listas de espera para la realización demamografías en diferentes centros hospitala-rios de Madrid; por el hallazgo de historias clí-nicas e informes médicos del hospital Grego-rio Marañón, de Madrid, en un contenedor debasuras; sobre los requisitos y procedimientosque posibiliten el tratamiento conjunto y latramitación recíproca de la información con-tenida en los registros de personal de los di-ferentes servicios de salud; sobre los recur-sos existentes en los servicios de salud de laComunidad Autónoma de Andalucía para eltratamiento de las personas con trastornosdel comportamiento alimentario.

Se presentaron, igualmente, sendas quejasde oficio para investigar los recursos existen-tes en los servicios de salud de las Comuni-dades Autónomas de Aragón, Asturias, IllesBalears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Man-cha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Va-

lenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, Co-munidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rio-ja para el tratamiento de las personas contrastornos del comportamiento alimentario.

Se investigaron los recursos del sistema pú-blico sanitario en las Comunidades Autónomasde Aragón, Principado de Asturias, Illes Ba-lears, Canarias, Cantabria, Castilla- La Man-cha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extre-madura, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja,Madrid y Andalucía para la atención a las per-sonas con trastorno límite de personalidad.

La enseñanza pública

En relación con la enseñanza se plantearonquejas de oficio por el desequilibrio entre lademanda de plazas para alumnos de cero atres años de edad en Madrid capital y laoferta que se realiza de las mismas para eltramo de edad mencionado en centros públi-cos, que apenas alcanza al 7% de los alumnosmenores de tres años de la ciudad de Madrid.

También se estuvo atento a los aparentessupuestos de acoso escolar sufridos por dos ni-ños de seis y siete años de edad, escolarizadosen centros docentes públicos de las localidadesde Estepona y San Pedro de Alcántara (Mála-ga), respectivamente, cuyos padres han opta-do por interrumpir la asistencia de sus hijos alos centros escolares al no haberse adoptadopor la Administración educativa competentemedidas que garantizasen de manera inme-diata la seguridad e integridad psíquica de losalumnos, a raíz de las denuncias formuladas.

Por la escasa cuantía que se proporcionaa los becarios españoles, para hacer frentea los gastos que supone su período de es-tancia en el extranjero durante el disfrutede una beca del Programa Erasmus, cuan-tía que escasamente supera los 150 euros almes, llegando a cubrir únicamente entre el8 y el 12% del gasto total de su estancia. Lasinformaciones a las que ha tenido acceso es-ta Institución añaden que además tal im-porte es facilitado a los becarios con bas-tante demora respecto del inicio de su pe-ríodo en el extranjero, por lo que los prime-ros gastos han de ser siempre adelantadospor los alumnos.

Administración Territorial

De entre las quejas de oficio planteadas enel ámbito de la Administración Territorial y elMedio Ambiente, destaca la originada por laconstrucción de un hotel en la playa de «ElAlgarrobico» dentro del Parque Natural deCabo de Gata (Almería); por la tala de unoscien árboles, muchos de ellos centenarios,en el término municipal de Pelayos de laPresa (Madrid); por la construcción por Pa-radores de Turismo de España, S.A., de un

Aumentan las bajas médicas por motivos sico-lógicos en la Guardia Civil.

Centro de menores de Valle de Tabarés, en Te-nerife, sobre el que el Defensor del Pueblomantiene abierta una queja de oficio acerca desu funcionamiento y sus condiciones de habita-bilidad.



ESTADÍSTICAS

Informes monográficos

hotel, emplazado dentro del entorno delcastillo de Lorca, declarado en 1985 bien deinterés cultural. Quienes se oponen a la cons-trucción aducen razones de impacto paisa-jístico tales que alterarán la fisonomía de laciudad, y de incidencia en yacimientos ar-queológicos del siglo XI. La ocupación de sue-lo alcanza los 18.500 m2.

Otras quejas de oficio se refieren al verti-do de unas 600 toneladas de crudo en laplaya Nueva Umbría (Huelva), en el parajede El Rompido; a la reiterada solicitud diri-gida al Ayuntamiento de Ronda (Málaga),desde hace más de un año, por una vecina dela localidad afectada por una minusvalía quele impide desplazarse autónomamente, a laConcejalía del barrio Padre Jesús de ese mu-nicipio, cuyo titular es a la vez responsabledel Área de Bienestar Social.

Ante la Subsecretaría de Sanidad y Con-sumo del Ministerio de Sanidad y Consumoy ante la Secretaría de Estado de Telecomu-nicaciones y para la Sociedad de la Informa-ción del Ministerio de Industria, Turismo yComercio, se planteó queja de oficio en re-lación con los estudios y trabajos llevados a

cabo por diferentes organismos acerca deefectos de los campos electromagnéticos(CEM) en la salud, campos creados por lasemisiones de las estaciones de telefonía y enotras redes, de telecomunicaciones y detransporte de energía eléctrica.

Ante la Consejería de Medio Ambiente y Or-denación del Territorio de la Comunidad deMadrid y ante la Consejería de MedioAmbiente de la Junta de Castilla y León por elretraso en la aprobación de los Planes deOrdenación de Recursos Naturales (PORN)de la Sierra de Guadarrama en sus dos ver-tientes, la segoviana y la madrileña.

También se planteó una queja sobre el fun-cionamiento de un albergue temporal parapersonas sin hogar por el Ayuntamiento deMadrid, dentro de la campaña contra el frío2005/2006.

En relación con los problemas de repar-to del correo producidos en las parroquias deSistallo y Rioaveso de la localidad de Cospei-to (Lugo) como consecuencia del cambio denombre de calles emprendido por el Ayunta-miento y la falta de flexibilidad de los em-pleados de correos que, al parecer, devolvían

a origen los envíos que presentaban las di-recciones antiguas sin intentar su entrega.

Una de las actividades que consume granparte de los esfuerzos de la Institución

son los informes monográficos, unas vecespor iniciativa propia, otras por encargo de laComisión Mixta Congreso-Senado para las Re-laciones con el Defensor del Pueblo. Uno delos informes monográficos elaborados duran-te el año 2005 fue el de «Asistencia jurídicaa los extranjeros en España».

De este informe se derivaron diversas re-comendaciones al Ministerio del Interior, re-lativas a las garantías en los procedimien-tos de asilo y protección temporal, así co-mo a la publicidad de las instrucciones inter-administrativas; al Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales, relativas a las garantías ju-diciales en el internamiento de inmigran-tes, al régimen de los recursos frente a ladenegación de entrada y a la publicidad delas instrucciones interadministrativas.

A las Consejerías de Presidencia, Admi-nistraciones Públicas y Justicia de la Junta deGalicia, la Consejería de Justicia e Interior dela Comunidad de Madrid; la Consejería dePresidencia, Justicia e Interior del Gobiernode Navarra; el Departamento de Justicia, Em-pleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco,relativas a la organización y supervisión delos servicios de asistencia jurídica gratui-ta, cuya tramitación se sigue en el presenteexpediente.

En el mismo informe monográfico, se ele-varon recomendaciones a la Secretaría deEstado de Inmigración y Emigración, relati-vas a las garantías de acceso a los expe-dientes, a la publicidad de las instruccio-nes interadministrativas y a la regulaciónnormativa de los polizones; a la DirecciónGeneral de la Policía, relativas a aspectos di-versos de los procedimientos de extranjeríay asilo; a la Dirección General de PolíticaInterior, relativas a las garantías en los pro-cedimientos de asilo; a la Dirección Generalde Infraestructura y Material de la Seguri-dad, relativas a las condiciones materialesde los centros de detención e interna-miento en los que se deben llevar a cabolabores de asistencia letrada; al Ministeriode Justicia; al Consejo General del Poder Ju-dicial; al Fiscal General del Estado; a lasConsejerías de Justicia y Administración Pú-blica de la Junta de Andalucía; de Presiden-cia y Justicia del Gobierno de Canarias; alDepartamento de Justicia de la Generalidadde Cataluña; a la Consejería de Justicia y Ad-ministraciones Públicas de la Comunidad Va-lenciana, y al Consejo de la Abogacía Espa-ñola, como consecuencia del informe mono-gráfico sobre asistencia jurídica a los ex-tranjeros.

Otra investigación de oficio se refería a latramitación del expediente ante el Registro

Civil de Santander para la declaración convalor de simple presunción de nacionalidadespañola de una menor.

Sobre la visita efectuada a la Ciudad Au-tónoma de Melilla, a fin de supervisar la ac-tuación administrativa desarrollada con losciudadanos subsaharianos que acceden a te-rritorio nacional vulnerando el perímetrofronterizo.

Sobre las visitas efectuadas a los centrosde atención de menores extranjeros noacompañados de «Geneto» y «El Portezue-lo», en San Cristóbal de La Laguna (Teneri-fe) y a los centros de detención e interna-miento de extranjeros de Fuerteventura, LasPalmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Te-nerife, Madrid y Barcelona.

Salvamento de inmigrantes que arriban a Ca-narias en un cayuco. Foto A-3.

El Defensor del Pueblo abrió una investigaciónpor la construcción de un hotel en la playa deEl Algarrobico, dentro del Parque Natural delCabo de Gata, en el dominio público marítimo-terrestre. La Junta de Andalucía decidió orde-nar su derribo. Foto Los Verdes Indymedia.



ESTADÍSTICASPor el supuesto tráfico comercial de olivos

españoles centenarios en la Comunidad Va-lenciana. Por el posible cambio de uso y de-molición del frontón «Beti Jai», declarado yprotegido como bien de interés cultural. Por elgrave problema a que se enfrentaban unatreintena de familias de El Rompido, Cartaya(Huelva), como consecuencia de haberles si-do entregadas sus viviendas de protección ofi-cial sin los servicios de agua y electricidad.

Permisos de conducir

En el ámbito del Departamento de Inte-rior, se abrieron quejas de oficio en orden aabordar el problema general de la caducidad

de los permisos de conducción a los cuatroaños de la finalización del período para el quefueron expedidos, dado que podría haber ra-zones humanitarias que, excepcionalmente,aconsejasen la posibilidad de que el permi-so de conducción fuese renovado, transcu-rridos más de cuatro años desde la finali-zación del mencionado período de duración.

En relación con la promoción de un video-juego que podría inducir a la comisión dedelitos.

Por la oposición del Alcalde de SanCugat del Vallés (Barcelona) a la crea-ción de una residencia para discapaci-tados.

Por la falta de controles de seguridad enlos juguetes que se venden en los estable-cimientos denominados «Todo a cien».

Dirigida al Ayuntamiento de Barcelona, enrelación con el Metro de Barcelona que alparecer no se encuentra adaptado en su in-tegridad a las disposiciones que se contienenen el Decreto 135/1995, de 24 de marzo, deMinusválidos.

Ante el Departamento de Trabajo e Indus-tria de la Generalidad de Cataluña, por laoposición ciudadana a la instalación deuna línea de transporte de energía eléctri-ca a muy alta tensión (MAT, 400 kV) entreFrancia y España.

CUADRO 26. Recordatorios de debereslegales formulados en el año 2005

por Administración de destino

Administraciones Total

Administración General delEstado........................................... 40

Administración autonómica ........... 22Administración local........................ 33Otros organismos ............................. 1TOTAL............................................... 96

Admitidas 42 recomendaciones y 56 sugerencias

Con motivo de la tramitación de las que-jas investigadas durante el año 2005, se

formularon las siguientes resoluciones adistintas administraciones públicas (cua-dro 23).

Los recordatorios de deberes legales nose totalizan como admitidos, rechazados opendientes, por su propia naturaleza.

A continuación, puede observarse con másdetalle en los cuadros 24, 25 y 26 el resultadode las recomendaciones y sugerencias ema-nadas del Defensor del Pueblo, según tipo deresolución y Administración de destino.

CUADRO 23. Resoluciones formuladas a las administraciones públicasPor clase y situación a 31 de diciembre de 2005

Resoluciones Admitidas Rechazadas Pendientes Total

Recomendaciones ............................................. 42 35 62 139Sugerencias ....................................................... 56 39 61 156Recordatorios de deberes legales ................... — — — 96Advertencias...................................................... — — — 5

CUADRO 24. Recomendaciones por Administración de destino.Estado a 31 de diciembre de 2005

Administraciones Formuladas Admitidas Rechazadas Pendientes

Administración General del Estado................ 80 26 21 33Administración autonómica ............................ 34 6 8 20Administración local ........................................ 19 6 5 8Otros organismos .............................................. 6 4 1 1TOTAL................................................................ 139 42 35 62

CUADRO 25. Sugerencias por Administración de destino.Estado a 31 de diciembre de 2005

Administraciones Formuladas Admitidas Rechazadas Pendientes

Administración General del Estado................ 69 24 21 24Administración autonómica ............................ 25 11 6 8Administración local ........................................ 61 21 12 28Otros organismos .............................................. 1 — — 1TOTAL................................................................ 156 56 39 61

SEDE PROVISIONAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN: ZURBANO, 42

Presentación de quejas:— Por Internet:

www.defensordelpueblo.esregistro@defensor del pueblo.es

— Por teléfono 900101025 (gratuito) y 914327900 Fax 913081158

También pueden presentarse personalmente en Zurbano, 42, esq/EduardoDato, de lunes a jueves de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h. y los viernes de 9 a 14 h.

Metro más próximo: Rubén Darío, Línea 5; y autobuses 40 y 147

— Por correo ordinario, en la misma dirección, C.P. 28010 (Madrid)



INFORME

Administración General del Estado

Ministerio de Administraciones Públicas

(Subsecretaría): Sobre movilidad de losfuncionarios. Recomendación para estable-cer una mejor ordenación de los efectivos, te-niendo en cuenta tanto los años transcurridosdesde que se habilitó la posibilidad de con-vocar los «concursos dirigidos», como la exis-tencia de los demás instrumentos para con-seguir una distribución más racional de losfuncionarios.

(Secretaría General para la Administra-ción Pública): Sobre el sistema de promo-ción interna del cuerpo especial de Insti-tuciones Penitenciarias, cuando se hallendestinados en puestos de la AdministraciónGeneral del Estado en virtud de convenios demovilidad interadministrativa.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

(Dirección General de Asuntos y AsistenciaConsulares) Sobre la posibilidad de informaradecuadamente a los interesados de lascausas en caso de denegación de visados deresidencia por reagrupación familiar.

Al Consulado General de España en Shan-gai, para que cese de requerir a los solici-tantes de visado de residencia y trabajo laoferta de empleo que formuló su empresario.

Ministerio de Defensa

(Instituto para la Vivienda de las FuerzasArmadas): Sobre la necesidad de efectuar uncontrol, por la Administración competen-te, de la ejecución de los contratos de con-sultoría y asistencia para las tasaciones deviviendas que se ofrecen en venta, y sobrela ilegalidad de una de las cláusulas que seincluyen en los contratos de compraventa.

Ministerio de Economía y Hacienda

(Subsecretaría): Sobre la necesidad deque se cumplan adecuadamente los trámitesnecesarios para decidir cuál es el órgano

competente para resolver los asuntos plan-teados por los ciudadanos.

Ministerio de Educación y Ciencia

(Dirección General de Cooperación Terri-torial y Alta Inspección): Para que las con-vocatorias de becas y ayudas al estudio per-mitan la deducción de 2.255 euros de larenta familiar por cada miembro familiarafectado de una minusvalía de grado igualo superior al 65 por ciento.

(Dirección General de Universidades): Pa-ra que en los procesos selectivos que se ce-lebren para la concesión de becas de post-grado, en el marco del Programa Nacional deFormación del Profesorado Universitario, serespeten los plazos de resolución que seanestablecidos en las correspondientes basesde la convocatoria.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

(Ministro): Para que en la lucha contra lapornografía infantil se promueva, en el ám-bito europeo y en todos los organismos in-ternacionales, la armonización de las le-gislaciones penales.

Ministerio del Interior

(Secretaría de Estado de Seguridad): So-bre convocatoria de los plenos ordinarios delConsejo de Policía, para que en el futuro serespete la cadencia temporal establecidaen la norma sobre la actividad habitual delConsejo de Policía.

(Dirección General de la Guardia Civil):Para que no se indujera a error a los ciuda-danos indicándoles vías de recurso erróneas.

Para que en los supuestos en los que sehaya propuesto la modificación de una va-cante en el catálogo de puestos de trabajo,no se publique la misma en el Boletín Ofi-cial del cuerpo de la Guardia Civil, hastatanto no se confirme por la Comisión Eje-cutiva de la Comisión Interministerial deRetribuciones si se acepta o no la modifi-cación propuesta y la fecha en que ésta po-

dría efectuarse, para evitar falsas expec-tativas en los interesados y perjuicios fa-miliares y profesionales.

(Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad): Sobre las condi-ciones materiales de los centros de deten-ción e internamiento en los que debe lle-varse a cabo la labor de asistencia letrada.

(Dirección General de Instituciones Peni-tenciarias): Sobre el sistema de promocióninterna a fin de que se adoptasen las medidasprecisas para que los funcionarios del cuer-po de técnicos especialistas, grupo de ser-vicios penitenciarios, puedan acceder a losprocesos selectivos que se convoquen por elMinisterio del Interior a través del sistemade promoción interna en la especialidaddel cuerpo especial de Instituciones Peni-tenciarias, cuando se hallen destinados enpuestos de la Administración General delEstado en virtud de convenios de movilidadinteradministrativa.

(Dirección General de la Policía): Sobreimpartición de instrucciones a las comisa-rías de policía, que guíen el proceder delos funcionarios que intervengan en la de-tención de un menor.

Sobre la adopción de medidas para resol-ver las disfunciones advertidas en las de-pendencias del negociado Documento Na-cional de Identidad-Pasaportes de la Jefa-tura Superior de Policía de Cantabria.

(Dirección General de Tráfico): Para que seimpartiesen las instrucciones oportunas pa-ra que en aquellos casos en que los intere-sados presenten a los agentes fotocopia dela documentación que se requiere, se hagamención a esta circunstancia en la denun-cia, en el supuesto que la documentaciónno se considere válida por algún motivo.

Sobre la modificación de la aplicacióninformática que gestiona la confección delos permisos de conducción, para que ad-mita todos los signos lingüísticos necesa-rios a fin de escribir correctamente elnombre y apellidos que figuren en el do-cumento nacional de identidad de cual-quier persona.

139 recomendaciones, 156 sugerencias

El Defensor del Pueblo formuló un total de 139 recomendaciones y 156 sugerencias en 2005, de las cuales y a fecha de cierre delinforme, habían sido admitidas 42 y 56, respectivamente, como se refleja en los cuadros 24 a 26. También se formularon 96 re-

cordatorios de deberes legales y cinco advertencias (ver cuadro 23).Ofrecemos a continuación un resumen de las recomendaciones y sugerencias admitidas. La relación completa de las rechazadas y

pendientes puede consultarse en el informe completo publicado en la página web del Defensor del Pueblo, www.defensordelpueblo.es.En el resumen de contenido de las resoluciones que se incluyeron en el informe, no constan datos de carácter personal que permi-

tan identificar a los interesados en los procedimientos de investigación, de acuerdo con el deber de confidencialidad que impone laLey Orgánica que regula el funcionamiento de la Institución.

Relación de recomendaciones admitidas

002.RECOMENDACION.25270 3/7/06 22:02 Página 19


INFORMEMinisterio de Justicia

(Ministro): Para que se cree un segundoJuzgado de Menores en la ciudad de Mur-cia y se adopten medidas para reforzar elexistente.

Para que se promuevan las iniciativas le-gislativas que sean necesarias con objeto deevitar que los menores víctimas de delitostengan que comparecer en los juicios ora-les penales.

Sobre reformas legislativas en relación conlos accidentes de tráfico, a fin de que los he-chos derivados de accidentes de tráfico re-ciban en el Código Penal la sanción ade-cuada en función de su gravedad, concre-tando dicho texto en función de las cir-cunstancias que aparezcan en cada caso,cuando la imprudencia es muy grave, gra-ve o leve.

(Secretaría de Estado de Justicia): Sobrela necesidad de adoptar los medios necesa-rios para subsanar las deficiencias obser-vadas en el Registro Civil Central, que se re-fieren tanto a la inadecuada morfología deledificio, insuficiencia de personal, escasez deespacio para los archivos y ubicación inade-cuada de la sede.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

(Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración): Sobre la admisibilidad deotros medios de prueba, distintos del cer-tificado de empadronamiento, para acre-ditar la estancia en España a efectos deacogerse al proceso de normalización.

(Subsecretaría): Sobre cobertura de va-cantes en comisión de servicios.

(Dirección General de Inmigración): Paraque se promueva la promulgación de la nor-mativa de desarrollo relativa a la acredi-tación de requisitos económicos para lasreagrupaciones familiares, y se completela regulación existente respecto a los re-querimientos en materia de vivienda ade-cuada.

(Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal): Sobre reconocimientoautomático de prestaciones, en los casos enlos que se tenga constancia de que los soli-citantes de las mismas reúnen todos los re-quisitos para acceder a ellas, y se desco-nozcan únicamente las bases de cotizaciónque se han de aplicar para el cálculo de laprestación de que se trate.

Administración autonómica


(Consejería de Empleo y Asuntos Socia-les): Para que se incrementen las dotaciones

presupuestarias necesarias para priorizarlas políticas de actuación en el ámbito dela justicia juvenil.

Comunidad de Madrid

(Consejería de Educación): Sobre necesi-dad de dictar instrucciones a los centrosdocentes relativas a la observancia de de-terminadas prescripciones reglamentariasen materia de acreditación de las rentasfamiliares en determinados procesos de ad-misión de alumnos.

(Consejería de Justicia e Interior): Sobrela conveniencia y oportunidad de que re-forme la zonificación existente en el Cuer-po de Bomberos para la activación de emer-gencias en la Comunidad de Madrid.

(Consejería de Sanidad y Consumo): Sobrela necesidad de investigar el incidente ocu-rrido en el laboratorio del CAID de Tetuán,de Madrid, que dio lugar a la ingestión de unbote de orina en lugar de una dosis de meta-dona, por parte de un paciente de dicho cen-tro, y de adoptar las medidas oportunas ten-dentes a prevenir su repetición.

(Dirección General del Servicio Madrile-ño de Salud): Sobre la conveniencia de que,en los casos en los que se determine eltraslado de pacientes a su respectivohospital de referencia, por precisar aten-ción inmediata en régimen de hospitaliza-ción, se verifique previamente que el cen-tro de destino puede asumir y prestar enese momento una asistencia sanitaria decalidad.

Sobre la conveniencia de adoptar medidastendentes a reducir la demora existente pa-ra la realización de densitometrías óseas enel servicio de reumatología del centro de es-pecialidades Argüelles, de Madrid.

Administración local

Ayuntamiento de Barcelona: A fin de queel Ayuntamiento de Barcelona adoptase me-didas para la prestación del servicio de in-formación a los contribuyentes sin contra-prestación económica y, en particular, que dela prestación del citado servicio se suprimie-se la línea 807 que imponía una carga eco-nómica a los ciudadanos para el cumpli-miento de sus obligaciones tributarias no au-torizada por la Ley.

Ayuntamiento de El Espinar (Segovia):Sobre modificación de la Ordenanza regu-ladora del Impuesto sobre Vehículos deTracción Mecánica, para que a los minus-válidos, que por la gravedad de sus lesionesno puedan conducir, no se les exija la apor-

tación de su carnet de conducir ni la pólizade seguro del vehículo a su nombre.

Ayuntamiento de Granada: Sobre pre-vención y sanción de la contaminaciónacústica padecida en la ciudad de Grana-da, generada por el fenómeno «botellón»,y que no se tienda a una indeseable insti-tucionalización del mismo.

Ayuntamiento de Madrid: Sobre inclu-sión en los boletines de denuncia por in-fracciones de tráfico de los nombres queaparezcan en los documentos oficialesaportados por los interesados y que, si losnombres no figuran en lengua castellana,no se proceda a su traducción.

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz(Madrid): Sobre la necesidad de adecuar elprocedimiento que se sigue para la retira-da de vehículos abandonados a lo dispues-to en la legislación general sobre procedi-miento administrativo, de manera que, entodo caso, antes de proceder a la retirada deun vehículo, se notifique al titular del mismola tramitación del correspondiente expe-diente.

Ayuntamiento de Siero (Asturias): So-bre resolución expresa a recursos presen-tados por los ciudadanos.

Otros

Consejo General de la Abogacía Españo-la: Sobre formas de actuación, organizacióny coordinación de los servicios de asisten-cia jurídica a los extranjeros en España.

Federación Española de Municipios y Provincias: Sobre los problemas que pa-ra los ciudadanos acarrea el sistema deestacionamiento regulado de vehículos enlos municipios, recomendando a la Federa-ción Española de Municipios y Provinciasque se valorase la convivencia y oportuni-dad, dadas las repercusiones sociales delsistema de sanciones derivado del aparca-miento regulado, de impulsar en los muni-cipios afectados el más estricto respeto alas garantías del procedimiento sancio-nador.

Fiscalía General del Estado: Sobre for-mas de actuar por parte del Ministerio Fiscalen relación con la asistencia jurídica a losextranjeros en España.

Instituto Cervantes: Sobre procesos deselección de personal, de forma que se ga-rantice plenamente la aplicación de los prin-cipios de igualdad, mérito, capacidad y pu-blicidad y, en consecuencia, que se valoren enla prueba selectiva, únicamente, los méritosallí contemplados y que formen parte de lasbases de la convocatoria de selección.



INFORME



(Subsecretaría): Sobre envío de los es-critos dirigidos al Defensor del Pueblo

(Delegación del Gobierno en la Comuni-dad Autónoma de Extremadura): Sobre de-volución de la cuota del Impuesto sobreBienes Inmuebles de naturaleza rústica delejercicio de 1997, al amparo del Real De-creto Ley 24/1997, de 12 de diciembre.

Sobre Medidas Urgentes para los dañoscausados por inundaciones en el municipiode Azuaga (Badajoz), los días 5 y 6 de no-viembre de 1997.

(Delegación del Gobierno en la Comuni-dad de Madrid): Para que la resolución dic-tada en un expediente de solicitud de per-miso de trabajo por cuenta propia sea no-tificada al interesado con el fin de que éstepueda, en su caso, ejercer el derecho a recu-rrir.

Para que no se materialice la orden deexpulsión de un ciudadano interno en elCentro de Internamiento de Extranjeros deMálaga, en tanto no se haya resuelto porla Administración su petición para aco-gerse al proceso de normalización.

(Delegación del Gobierno en la Comuni-dad Valenciana): Para que se deje sin efectola resolución denegatoria de una solicitudde permiso de residencia y trabajo, por noajustarse a lo previsto en el Real Decreto so-bre derechos y libertades de los extranjerosen España.

(Instituto Nacional de la AdministraciónPública. Comisión Permanente de Selección):Sobre contestación expresa a escrito pre-sentado.


(Dirección General de Asuntos y Asisten-cia Consulares): Sobre resolución expresadel recurso de reposición interpuesto con-tra la resolución denegatoria de un visado deestancia solicitado en el Consulado Generalde España en La Habana.

Para que se permita que la esposa y lashijas de un ciudadano iraquí, con permisode residencia en nuestro país, soliciten loscorrespondientes visados por reagrupaciónfamiliar en el Consulado de España en Da-masco a fin de evitar su desplazamiento aBagdad.

Para que se revise el expediente relativoa unos visados de residencia por reagru-pación familiar tramitado en la Embajadade España en Pakistán, a fin de que se pro-ceda, de confirmarse la existencia de erro-res de apreciación, a la revocación de sudenegación.


(Dirección General del Instituto para laVivienda de las Fuerzas Armadas): Sobre ac-ceso del interesado al expediente de de-claración de obra nueva y división hori-zontal.


(Secretaría General Técnica): Sobre de-moras en la resolución de un expedientede homologación de título universitario ex-tranjero.

Ministerio de Fomento

(Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación): Sobre inicio de una eva-luación del ambiente acústico actual enuna carretera estatal y sobre los trabajosde mantenimiento que al efecto sean nece-sarios.


(Dirección General de la Guardia Civil):Sobre la necesidad de dispensar un trato co-rrecto y esmerado en las relaciones con losciudadanos e impedir cualquier prácticaabusiva, arbitraria o discriminatoria.

Sobre la necesidad de que, en caso de queun ciudadano sea citado para comparecer endependencias de la Guardia Civil se apliquenlas instrucciones de 13 de septiembre de 2000,reiteradas el 6 de junio de 2001, sobre com-parecencia voluntaria de ciudadanos en de-pendencias oficiales del Cuerpo.

(Dirección General de la Policía): Sobreapertura de expediente disciplinario con-tra dos miembros del Cuerpo Nacional dePolicía, dejando en suspenso el mismo aexpensas de la resolución judicial que sedicte en su día.

Sobre el traslado a los funcionarios desti-nados en la comisaría de policía de Quart dePoblet (Valencia), de un conjunto de consi-deraciones relativas a las reglas de actua-ción que deben guiar el proceder de los fun-cionarios que intervengan en la detenciónde un menor, con la finalidad de garantizar

el respeto al superior interés del mismo,evitando actuaciones y comportamientos quepudieran tener un efecto contraproducentepara el menor.

Sobre apertura de un expediente disci-plinario basándose en el contenido de loestablecido en el fundamento jurídico pri-mero de la Sentencia número 112/05, de 13de abril, del Juzgado de lo Penal número 2 deValladolid.

Sobre apertura de un expediente disci-plinario a un funcionario del Cuerpo Na-cional de Policía, dejando en suspenso elmismo hasta la existencia de sentencia fir-me, en orden a evitar la prescripción de laresponsabilidad disciplinaria.

(Comisaría General de Extranjería y Do-cumentación): Para que se permitiera la en-trada en España de un ciudadano cubano,casado con española, al que se denegó laentrada por tener desestimada la tarjetade familiar de residente comunitario y porconstarle una prohibición de entrada en elespacio Schengen.

(Dirección General de Política Interior):Sobre revocación de sanción impuesta ensu día a una ciudadana, que se negó a iden-tificarse en el marco de una actuación dela Policía local de Zaragoza, al no quedardebidamente acreditada su identidad.

(Dirección General de Tráfico): Sobreadopción de las medidas oportunas paraque la Jefatura Provincial de Tráfico deMadrid ofrezca a los ciudadanos un servi-cio de atención telefónica eficaz, que eviteel desplazamiento a sus oficinas cuando ésteno es indispensable.

Ministerio de Medio Ambiente

(Confederación Hidrográfica del Guadia-na): Sobre expropiación e indemnizaciónpor daños producidos en la ejecución dela obra «Mejora de abastecimiento deagua a Badajoz y pueblos de su entorno.2.ª Fase».

Ministerio de la Presidencia

(Presidencia del Consejo de Administra-ción del Patrimonio Nacional): Sobre exclu-sión de la relación de candidatos para lacontratación de personal laboral temporal.


Sobre la revocación de una resoluciónpor la que se declaró extinguida una auto-

Sugerencias admitidas



INFORMErización de residencia y para que se deje sinefecto una resolución de expulsión.


Comunidad Autónoma de Andalucía

(Consejería de Justicia y AdministraciónPública): Sobre elección del sistema de ac-ceso al cuerpo de auxiliares administrati-vos de la Junta de Andalucía.


(Consejería de Educación y Ciencia): So-bre supervisión por la Inspección educati-va de la documentación obrante en el ex-pediente relativo al proceso de admisiónde alumnos para el curso 2004-05 en de-terminado colegio público de Guadalajara.

(Consejería de Obras Públicas): Sobre ins-talación de escalera de evacuación de in-cendios.


(Consejería de Desarrollo Rural) : Sobreobligación de realizar inspecciones para ve-rificar la invasión de una vía pecuaria yadopción, en su caso, de medidas tendentesa la recuperación posesoria de la misma y alrestablecimiento de su integridad.

(Consejería de Educación, Ciencia y Tec-nología): Sobre falta de respuesta a las re-clamaciones formuladas.

Comunidad Autónoma de Galicia

(Consejería de Pesca y Asuntos Maríti-mos): Sobre lo determinante que resultaaportar pruebas documentales a los pro-cedimientos sancionadores en materia deinfracciones contra el medio ambiente.

Comunidad de Madrid

(Consejería de Medio Ambiente y Ordena-ción del Territorio): Sobre respuesta expresaa los escritos remitidos por el interesado.


(Consejería de Territorio y Vivienda. Di-rección General de Calidad Ambiental): So-bre intervención de la Administración au-tonómica en materia de actividades moles-tas y peligrosas, cuando la Administraciónmunicipal no actúa.

Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Presidencia y Goberna-ción): Sobre exigencia indebida de requisi-

tos (permiso de residencia) para la ins-cripción en el Padrón Municipal.

Varias Comunidades Autónomas

Cantabria (Consejería de Industria, Tra-bajo y Desarrollo Tecnológico) y Comunidadde Madrid (Consejería de Economía e Inno-vación): Sugerencias sobre rehabilitaciónde un vehículo y exigencia de los antece-dentes del mismo.


Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas de Gran Canaria): Sobre comprobación deruidos y adopción de medidas cautelaresinstando, en su caso, la cooperación del Ca-bildo Insular.

Ayuntamiento de Atienza (Guadalajara):Sobre solicitud de colaboración a otras ad-ministraciones con el fin de dar cumpli-miento al deber que le corresponde de pro-ceder a la revisión de su planeamiento mu-nicipal.

Ayuntamiento de Camariñas (A Coruña):Sobre la clausura y sellado de un vertederoilegal.

Ayuntamiento de Castellón de la Plana:Sobre apertura de expediente sancionadory, en su caso, clausura y precinto de lasinstalaciones, al titular de una gasolineraque desarrolla su actividad sin sujeción alas normas propuestas en el proyecto pre-sentado para obtener la licencia, incum-pliendo los condicionamientos que se impu-sieron al otorgarla.

Ayuntamiento de Fuente Álamo de Mur-cia (Murcia): Sobre la necesidad de volvera revisar un expediente de expropiación yemitir un informe al respecto, al haberseapreciado ciertas omisiones de interés para ladeterminación del justiprecio.

Ayuntamiento de Guadalupe (Cáceres):Sobre la obligación de realizar inspeccio-nes y demás actuaciones en el marco de laspotestades que en materia urbanística tie-ne encomendadas la Administración munici-pal.

Ayuntamiento de Higuera de Calatrava(Jaén): Sobre respuesta expresa a solici-tud contenida en el escrito presentado por elinteresado.

Ayuntamiento de Madrid: Sobre incoa-ción de procedimientos sancionadores, sila posible infracción no ha prescrito, al ti-

tular de una discoteca cuyos niveles de soni-do superan los máximos admitidos.

Sobre información al público, participa-ción vecinal en el tratamiento de los proble-mas aparecidos tras los trabajos de cons-trucción y puesta en marcha del Palacio Mu-nicipal de Hielo de Madrid.

Sobre suspensión inmediata, y en su casosanción, de actividad que genera daños am-bientales y que carece de licencia de funcio-namiento, pizzería.

Sobre orden municipal de adopción demedidas correctoras al titular de una in-dustria textil y de calzado.

Empresa Municipal de Transportes de Madrid: Sobre el derecho a viajar gra-tuitamente en autobús de la empresa mu-nicipal de transportes por ser mujer de unfuncionario de la misma.

Ayuntamiento de Mérida (Badajoz): So-bre constitución del Consorcio contra In-cendios.

Ayuntamiento de Paterna (Valencia):Sobre las obras que deben ordenarse aldueño de un terreno que está causandoperjuicios al propietario colindante.

Ayuntamiento de Santa María de Cayón(Cantabria): Sobre el sistema de selecciónde personal.

Ayuntamiento de Siero (Asturias): Sobreresolución expresa de recurso de reposi-ción presentado por el interesado.

Ayuntamiento de Siruela (Badajoz): So-bre selección de personal.

Ayuntamiento de Tabernes Blanques (Va-lencia): Sobre aplicación de la legislacióncontra la contaminación acústica a los ca-sales falleros y demás eventos organizados enla vía pública.

Ayuntamiento de Valencia: Sobre adop-ción de las medidas oportunas para pro-ceder a la instalación de bolardos en laplaza Río Duero, de Valencia, de forma quese evite el reiterado estacionamiento inde-bido de vehículos en la misma.

Para que se proceda a dejar sin efecto lasanción de tráfico impuesta a una ciuda-dana, al haberse producido la caducidad delprocedimiento sancionador incoado en sucontra.

Ayuntamiento de Zaragoza: Sobre iniciode una evaluación del ambiente acústico ac-tual en una carretera estatal, y sobre lostrabajos de mantenimiento que al efecto seannecesarios.



ESTADÍSTICAS



— A la Delegación del Gobierno en Me-lilla, sobre el deber legal de ajustarse, en lasactuaciones relativas a los menores extranje-ros, a las normas vigentes del ordenamientojurídico español y lo previsto en los Conve-nios internacionales ratificados por España;así como sobre el deber legal que le incum-be, de dictar las resoluciones administrativaspertinentes en la tramitación de las solicitu-des de permisos de residencia, requiriendode los interesados, si fuera necesario, la apor-tación de documentos o la subsanación deaquellos defectos que se aprecien.

— A la Subdelegación del Gobierno en Va-lencia, para que tramite procedimientos de de-volución de extranjeros en aquellos casos enque se produzcan intentos de fuga de polizonesde los buques en que se encuentran, siempreque alcancen o intenten alcanzar tierra.


— A la Dirección General de Asuntos yAsistencia Consulares, sobre el deber legalde dictar las instrucciones pertinentes paraque la actuación de las representaciones es-pañolas en el exterior se ajuste a lo previsto enla Ley de Régimen Jurídico de las Administra-ciones Públicas y del Procedimiento Adminis-trativo Común y, en consecuencia, se dicte re-solución expresa en los recursos de reposiciónque se formulen por los interesados.


— A la Secretaría de Estado de Defen-sa, sobre el deber legal que le incumbe deadoptar medidas de previsión, reducción dela contaminación acústica y cobertura de da-ños y perjuicios, evitables o no, respecto delas bases aéreas de Cuatro Vientos (Madrid),Rota (Cádiz), San Javier (Murcia), Torrejón(Madrid) y Zaragoza

— A la Subsecretaría de Defensa, sobreel deber legal de dar respuesta expresa a lassolicitudes que le sean presentadas

Ministerio de Economía y Hacienda

— A la Dirección General de Costes dePersonal y Pensiones Públicas, sobre el de-

ber legal que le incumbe de remitir, en tiem-po y forma, la oportuna respuesta a cuantassolicitudes planteen los ciudadanos.

— A los Tribunales Económico-Admi-nistrativos Regionales de Castilla y León,Cataluña, Madrid y Valencia, sobre el de-ber legal que les incumbe de resolver, entiempo y forma, las reclamaciones y solicitu-des que le hayan sido formuladas.


— A la Secretaría General Técnica, so-bre el deber de resolver los recursos y recla-maciones en el plazo legalmente establecido.


— A la Secretaría de Estado de Infraes-tructuras y Planificación, sobre el deber deadoptar medidas de previsión, reducción de lacontaminación acústica y cobertura de dañosy perjuicios, evitables o no, obligatorias para laAdministración pública; y sobre la superaciónen el entorno de una carretera de los nivelesde impacto acústico, imputable a la actividaddel emisor viario, que confiere a los propieta-rios de las viviendas afectadas el derecho a ob-tener financiación para dotarlas de aisla-miento suplementario, así como cumplir eldeber legal de los organismos públicos, de darrespuesta suficiente a las solicitudes que le di-rijan los ciudadanos, y de adoptar medidas deprevisión, reducción de la contaminación acús-tica y cobertura de daños y perjuicios, evitableso no, respecto de los aeropuertos de Madrid-Barajas, Sabadell; y las bases aéreas de CuatroVientos (Madrid), San Javier (Murcia) y Zara-goza.


— A la Secretaría General Técnica, so-bre su deber legal de regirse en sus actua-ciones por los criterios de eficiencia y servi-cio a los ciudadanos.

— A la Dirección General de Institu-ciones Penitenciarias, en el sentido de tras-ladar a un opositor los datos solicitados porlos que, pese a haber obtenido mayor pun-tuación según el baremo de méritos, final-mente no ha sido seleccionado.

— Al Ministerio de Medio Ambiente,sobre el deber legal que le incumbe, de darrespuesta a los escritos que se le cursen por

los ciudadanos en general y por los interesa-dos en particular; en relación con el derechode acceso a la información ambiental, ya queestá obligado por Ley a facilitar cuanta in-formación obre en su poder.

— A la Confederación Hidrográfica delGuadalquivir, sobre el deber que le incumbede incoar, tramitar y resolver con la debida di-ligencia los correspondientes procedimientossancionadores.

— A la Confederación Hidrográfica delSegura, sobre el deber legal que tienen lasadministraciones de actuar de forma coordi-nada, principio constitucional de toda activi-dad administrativa

Ministerio de Sanidad y Consumo

— A la Directora del Instituto Nacio-nal de Consumo, sobre el deber legal que in-cumbe a las administraciones públicas de re-solver, en tiempo y forma, las reclamacionesy solicitudes que le hayan sido formuladas porlos ciudadanos.


— A la Dirección General de Ordena-ción de la Seguridad Social, sobre el deberlegal de que las resoluciones dictadas en ma-teria de prestaciones de la Seguridad Social,además de estar motivadas, incluyan un piede recurso que deberá reseñar la posibilidadde que los interesados formulen la corres-pondiente reclamación previa, órgano ante elque habrá de presentarse y plazo de interpo-sición.


Comunidad Autónoma de Andalucía

— A la Consejería de Medio Ambiente.Agencia Andaluza del Agua de Málaga, so-bre el deber de resolver de manera expresa,y en tiempo y forma, cuantas solicitudes y pro-cedimientos se formulen o inicien por los in-teresados

Comunidad Autónoma de Aragón

— A la Consejería de Agricultura y Ali-mentación. Diputación Provincial de Ara-gón, sobre el deber legal de dictar resolución

Recordatorios de deberes legales

Durante el año 2005 el Defensor del Pueblo emitió 10 recordatorios de deberes legales a la Administración General del Estado,12a las Administraciones Autonómicas y 31 a las locales y otros organismos.

003.ESTADISTICAS(I).25270 21/6/06 12:18 Página 23


ESTADÍSTICASen los recursos de alzada interpuestos por losreclamantes.

Principado de Asturias

— A la Consejería de Medio Ambiente,Ordenación Territorial e Infraestructuras,sobre el deber legal de resolver el recurso dereposición interpuesto por el interesado.


— A la Consejería de Empleo y AsuntosSociales, sobre el deber legal de actuar con-forme al principio de eficacia y con pleno so-metimiento al ordenamiento jurídico vigente,a fin de evitar que se produzcan problemas enla tramitación de los permisos de residenciade menores extranjeros no acompañados queimpidan la documentación de éstos.


— A la Consejería de Economía y Ha-cienda, sobre el deber de custodia de los do-cumentos reunidos en el ejercicio de su fun-ción por los organismos públicos.

Comunidad Autónoma de Castilla y León

— A laConsejería de Medio Ambiente,sobre el deber legal de resolver expresamen-te, en tiempo y forma, las peticiones y recur-sos que le hayan sido formulados.

— A la Consejería de Sanidad, sobre eldeber legal de que cuando un órgano admi-nistrativo se estime impedido para la resolu-ción de un asunto habrá de remitir directa-mente las actuaciones al órgano queconsidere competente, si éste pertenece a lamisma Administración pública.

— A la Delegación territorial en Burgosde la Junta de Comunidades de Castilla yLeón, sobre el deber legal que corresponde ala Administración autonómica de ejercer porsustitución las competencias municipales an-te la inactividad de los Ayuntamientos.


— A la Consejería de Educación, Cien-cia y Tecnología, sobre el deber legal de darrespuesta expresa a las solicitudes que le seanpresentadas.

— A la Consejería de Sanidad y Consu-mo, sobre el deber legal de resolver en losplazos establecidos.

Comunidad Autónoma de Galicia

— A la Consejería de Política Territo-rial, Obras Públicas y Vivienda. Puertos de

Galicia, sobre el deber legal de resolver laspeticiones que se formulen.

Comunidad de Madrid

— A la Consejería de Economía e Inno-vación Tecnológica, sobre el deber legal quele corresponde, de conservar y restaurar demanera diligente y eficaz la integridad de unaantigua Cañada Real.

— A la Consejería de Educación, sobreel deber legal de dar cumplimiento a las pres-cripciones vigentes en el ámbito de gestión dela Consejería de Educación de la CAM, quegarantizan el derecho de los alumnos a cur-sar también en segundo la lengua extranjeraque hubieran cursado como optativa en pri-mero de bachillerato.

— A la Consejería de Transportes e In-fraestructuras, sobre el deber legal de re-solver las peticiones que se le formulen.

— A la Dirección General de Arqui-tectura y Vivienda, sobre el deber legal deacordar de oficio la práctica de los mediosde prueba pertinentes tendentes a demos-trar el momento en que la infracción se pro-dujo con determinación de las personas opersona responsables, de modo que el órga-no de resolución pueda poner fin al proce-dimiento con un acto plenamente conformea Derecho.

Región de Murcia

— A la Consejería de Industria y MedioAmbiente, sobre el deber que regula el dere-cho de acceso a la información ambiental, defacilitar a quien lo solicite la información deque disponga en los términos y con los re-quisitos legales exigidos, así como sobre eldeber legal de dar curso a las denuncias quese reciban y de actuar con eficacia y celeri-dad, removiendo los obstáculos que retrasenla tramitación.

A la Dirección General de Ordenacióndel Territorio y Costas, sobre el deber dedar cumplimiento al derecho de los ciudada-nos a que las notificaciones se practiquen enel lugar que el interesado haya señalado a talefecto, y no en otro; así como a obtener in-formación y orientación acerca de los requi-sitos jurídicos o técnicos que las disposicio-nes vigentes imponen a los proyectos que seproponen realizar.

— A la Consejería de Obras Públicas,Vivienda y Transportes, sobre el deber legalde dar curso a las denuncias que reciban y deactuar con eficacia y celeridad, removiendolos obstáculos que retrasen la tramitación.

— A la Consejería de Presidencia, so-bre el deber legal de ajustar su actuación alo previsto en la Ley, en cuanto a la obligaciónde dar respuesta a los escritos que le cursenlos interesados.


— A la Consejería de Territorio y Vi-vienda, sobre el deber legal de informar a losconsumidores de manera puntual, suficiente,adecuada y actualizada, a través de los me-dios de comunicación apropiados.

Ciudad Autónoma de Ceuta

— A la Consejería de Fomento, sobre eldeber legal de facilitar la información am-biental que esté en su poder, sin obligación deque el solicitante acredite un interés deter-minado.


— Al Ayuntamiento de Águilas (Mur-cia), sobre el deber legal de dar curso a lasdenuncias que reciban y de actuar con efica-cia y celeridad, removiendo los obstáculosque retrasen la tramitación.

— Al Ayuntamiento de Alpedrete (Ma-drid), para que resuelva en tiempo y formalas peticiones y recursos que le hayan sidoformulados.

— Al Ayuntamiento de Badajoz, sobre eldeber legal de resolver de forma expresacuantas reclamaciones y recursos sean pre-sentados por los interesados.

Al Ayuntamiento de Benifaió (Valencia),sobre el deber legal de dar respuesta a las so-licitudes de información que le cursen los ve-cinos.

— Al Ayuntamiento de Bullas (Murcia),sobre el deber legal que incumbe a las admi-nistraciones públicas de resolver, en tiempoy forma, las reclamaciones y solicitudes quele hayan sido formuladas por los ciudadanos.

— Al Ayuntamiento de Burón (León),sobre el deber legal que le incumbe, de dic-tar resolución expresa sobre cuantas solici-tudes y recursos se formulen por los intere-sados.

— Al Ayuntamiento de Cabanas de Ber-gantiños (A Coruña) sobre el deber legal deauxiliar al Defensor del Pueblo en sus inves-tigaciones remitiendo, con carácter prefe-rente y urgente, información suficiente ycompleta en relación con los aspectos plan-teados.

— AlAyuntamientodeCacabelos (León),sobre el deber legal que incumbe a las admi-nistraciones públicas de resolver, en tiempoy forma, las reclamaciones y solicitudes quele hayan sido formuladas por los ciudadanos.

— Al Ayuntamiento de Cáceres, sobreel deber legal que le incumbe de velar por lalegalidad urbanística y el correcto funciona-miento de aquellas actividades clasificadas,sitas en su término municipal.

— Al Ayuntamiento de Cartagena (Mur-cia), sobre el deber legal que tienen las ad-



ESTADÍSTICAS

ministraciones de actuar de forma coordina-da, principio constitucional de toda actividadadministrativa (artículo 103 CE).

— Al Ayuntamiento de Coslada (Ma-drid), sobre el deber legal de considerar, enmateria de contaminación acústica, la comu-nicación telefónica como medio válido de de-nuncia de hechos constitutivos de infracción,ejerciendo de oficio el control y vigilancia delas actividades molestas, sin necesidad de de-nuncias o quejas vecinales y sin exigir a losciudadanos documentos no requeridos por lasnormas aplicables.

— Al Ayuntamiento de Cox (Alicante),sobre el deber legal que le incumbe, en ma-teria de actividades molestas, insalubres, no-civas y peligrosas, de sancionar la inobser-vancia o vulneración de las prescripcionescontenidas en las leyes o en las ordenanzasmunicipales que constituyan infracción ad-ministrativa.

— Al Ayuntamiento de El Berrueco(Madrid), sobre el deber legal que tiene dedar respuesta a los escritos que se le cursen

por los ciudadanos, en general, y por los in-teresados, en particular.

Al Ayuntamiento de El Boalo (Madrid),sobre el deber legal que le incumbe de dictarresolución expresa sobre cuantas solicitudesy recursos se formulen por los interesados.

— Al Ayuntamiento de Madrid, sobre eldeber legal de dar respuesta a los escritosque se le cursen por los ciudadanos en gene-ral, y por los interesados, en particular, asícomo respuesta expresa a las solicitudes quele sean presentadas y a promover las condi-ciones necesarias para el efectivo derecho adisfrutar de una vivienda digna y adecuada.

— Al Ayuntamiento de Marina de Cu-deyo (Cantabria), sobre el deber legal que leincumbe de adoptar los acuerdos municipa-les necesarios, en los que se hagan constar deforma expresa las razones por las que los pro-cesos selectivos para la provisión de una pla-za de auxiliar se llevan a cabo mediante con-curso-oposición y no mediante una oposición.

— Al Ayuntamiento de Méntrida (Tole-do), sobre el deber legal de resolver cuantos

procedimientos tenga en trámite, en relacióncon la protección del medio ambiente.

— Al Ayuntamiento de Moncada (Va-lencia), sobre el deber legal que le incumbede resolver, en tiempo y forma, las reclama-ciones que le hayan sido formuladas.

— Al Ayuntamiento de Naquera (Va-lencia), sobre el deber legal que le incumbede informar a los consumidores de manerapuntual, suficiente, adecuada y actualizada,a través de los medios de comunicación apro-piados.

— Al Ayuntamiento de Oviedo, sobre eldeber legal de servir con objetividad a los in-tereses generales y actuar de acuerdo con losprincipios de eficacia, jerarquía, descentrali-zación, desconcentración y coordinación consometimiento pleno a la ley y al Derecho.

— Al Ayuntamiento de Pinto (Madrid),sobre el deber legal de utilizar las Comisionesinformativas municipales para el fin para elque se crean.

— Al Ayuntamiento de Rota (Cádiz),sobre el deber legal que le incumbe en ma-

Ademas de las recomendaciones, suge-rencias y recordatorios de sus deberes

legales a las Administraciones públicas, elDefensor del Pueblo puede formular adver-tencias, de acuerdo con el artículo 30 de suLey Orgánica de funcionamiento. En el año2005 formuló cinco advertencias:

— A la Dirección General de la Guar-dia Civil (Ministerio del Interior) para elcumplimiento de sus funciones (artículo 11de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-tado) y de acuerdo con los principios bási-cos que rigen su actuación (artículo 5.º de lamisma Ley Orgánica), es necesario un míni-mo seguimiento de las denuncias ambien-tales que recibe, seguimiento que puedeacometer mediante la Delegación del Go-bierno o el Ministerio del Interior.

— A la Consejería de Medio Ambien-te de Cantabria se le advirtió sobre la ne-cesidad de que se interese directamenteen el problema de vertidos al río aunqueno tenga competencia decisoria, pues sí latiene —como órgano ambiental— paraprocurarse datos e instar a otros organis-mos a obtenerlos y a reaccionar en conse-cuencia.

— Al Servicio Territorial de Industria,Comercio y Turismo de Segovia Comuni-dad Autónoma de Castilla y León se le ad-virtió de que, de persistir la falta de colabo-ración con esta Institución, se calificará su

actitud de entorpecedora por no dar cum-plida respuesta a nuestro requerimientode informe.

— A la Presidencia de la ComunidadAutónoma de Extremadura se le adviertede la necesidad de que la Administraciónautonómica se interese más intensamenteen un problema de contaminación acústi-ca que data de años; requiriendo a las Con-sejerías competentes para que cuiden quelos informes de la Comisión autonómica de

Actividades Clasificadas sean cumplidos porlos ayuntamientos.

— Al Ayuntamiento de Madrid, se le ad-virtió para que no deje de tener en cuenta, co-mo ya viene haciendo, la necesidad de pon-derar, entre otras circunstancias, que laopción de acometer obras en horario noc-turno (By-pass Sur M-30) supone o puede su-poner la imposibilidad del descanso noctur-no, básico y vital para la inmensa mayoría dela población.

Cinco advertencias del Defensor del Pueblo

Obras en el nudo Sur de Madrid de la M-30.


El Defensor del Pueblo está legitimadopara interponer los recursos de in-

constitucionalidad y de amparo, de acuer-do con lo dispuesto en la Constitución y enla Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-nal. El Defensor del Pueblo no encontró su-ficientes tachas de inconstitucionalidad enlos once recursos que se le solicitaron in-terpusiera sobre distintas leyes o preceptosconcretos de normas estatales o autonó-micas, o bien porque consideró que ya ha-bían sido interpuestos recursos por otrosórganos con legitimación constitucional pa-ra ello.

A todos los solicitantes se les comunica-ron los fundamentos de las resolucionesadoptadas, cuya literalidad puede consul-tarse en el informe completo que se publicapor la Institución, y que se cuelga en su pá-gina web (www.defensordelpueblo.es) y sepublica igualmente, por las Cortes Genera-les.

Las normas sobre las que se le solicitó alDefensor del Pueblo que interpusiera re-curso de inconstitucionalidad fueron las si-guientes:

1) Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre,para la actualización del régimen local deNavarra.

2) Ley 13/2004, de 27 de diciembre, deCaza de la Comunidad Valenciana.

3) Ley 13/2004, de 29 de diciembre, depresupuestos generales de la Comunidad Au-tónoma de Galicia para el año 2005.

4) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-ciembre, de Medidas de Protección Integralcontra la Violencia de Género.

5) Ley de la Comunidad Autónoma IllesBalears 2/2005, de 22 de marzo, de comer-cialización de estancias turísticas en vivien-das.

6) Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordina-ción de las policías locales de las Illes Bale-ars.

7) Ley 9/2005, de 6 de junio, para compa-tibilizar las pensiones del Seguro Obligatoriode Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensio-nes de viudedad del sistema de la SeguridadSocial.

8) Ley 2/2005, de 16 de junio, de crea-ción del Colegio Profesional de Joyeros, Or-febres, Relojeros y Gemólogos de Cantabria.

9) Ley 15/2005, de 8 de julio, por la quese modifica el Código Civil y la Ley de En-juiciamiento Civil en materia de separacióny divorcio.

10) Ley 17/2005, de 19 de julio, por laque se regula el permiso y la licencia de

conducción por puntos y se modifica eltexto articulado de la ley sobre tráfico, cir-culación de vehículos a motor y seguridadvial.

Debe significarse que fueron dos solicitu-des distintas las que se plantearon postu-lando la interposición de recurso de incons-titucionalidad contra la ley más arribareferenciada, originando, en consecuencia,dos resoluciones de esta Institución que pue-den consultarse en el informe completo y enlas publicaciones citadas.

11) Ley 13/2005, de 1 de julio, por la quese modifica el Código Civil en materia de de-recho a contraer matrimonio.

Mediante cinco escritos presentados enesta Institución, cuatro ciudadanos a títulopersonal y un sindicato solicitaron al De-fensor del Pueblo la interposición de un re-curso de inconstitucionalidad contra la Ley13/2005, de 1 de julio, por la que se modifi-ca el Código Civil en materia de derecho acontraer matrimonio. Los fundamentos dela resolución adoptada pueden consultarseigualmente en el informe completo y en lapágina web del Defensor del Pueblo:www.defensordelpueblo.es.


ESTADÍSTICASteria de control de espectáculos públicos yactividades recreativas, incluida la facultadsancionadora ante posibles infracciones.

— Al Ayuntamiento de San Javier(Murcia), sobre el deber legal de dar cum-plimiento al derecho de los ciudadanos a quelas notificaciones se practiquen en el lugarque el interesado haya señalado a tal efecto,y no en otro; así como a obtener informacióny orientación acerca de los requisitos jurídi-cos o técnicos que las disposiciones vigentesimponen a los proyectos que se proponen rea-lizar.

— Al Ayuntamiento de San Martín delRey Aurelio (Asturias), sobre el deber legalde dar cumplimiento a los requisitos norma-tivos de las pruebas de selectividad para cu-brir plazas de una oferta de empleo público.

— Al Ayuntamiento de Santa Cruz deTenerife, sobre el deber legal de dar cumpli-miento a las disposiciones aplicables en ma-teria urbanística y de resolver expresamente

un expediente de responsabilidad patrimo-nial.

— Al Ayuntamiento de Torrejón de Ar-doz (Madrid), sobre el deber legal de actuarcon eficacia y celeridad, removiendo los obs-táculos que retrasen la tramitación de cual-quier actuación.

— Al Ayuntamiento de Torrevieja (Ali-cante), sobre el deber legal de atender las re-clamaciones vecinales directamente cuandosean asuntos de su competencia, o indirecta-mente cuando no lo sean, ofreciendo indica-ciones suficientes sobre los requisitos jurídi-cos de las cuestiones que le planteen.

— Al Ayuntamiento de Valdescorriel(Zamora), sobre el deber legal de someti-miento al ordenamiento jurídico vigente encada momento y, en consecuencia, de llevara cabo las actuaciones y trámites necesariospara restablecer el orden jurídico infringido,recordando que el urbanismo es una funciónpública cuya titularidad y responsabilidad

corresponde a las administraciones públicasen el ámbito de sus respectivas competen-cias.

— Al Ayuntamiento de Vigo (Ponteve-dra), sobre el deber legal que le incumbe,de resolver expresamente cuantas solicitu-des y recursos se formulen por los interesa-dos

— A la Diputación Provincial de León,sobre el deber legal de aplicar el artícu-lo 20.g) del Reglamento de las estaciones deesquí españolas, que establece la obligaciónde los empleados de la estación de tratar a losusuarios correctamente.

Otros

— A la Junta Vecinal de Cejancas (Can-tabria), sobre el deber legal que le incumbede resolver expresamente cuantas solicitudesy recursos se formulen por los interesados.

Recursos de inconstitucionalidad y amparo



INFORME


— En el Ministerio de Fomento y comoviene siendo habitual en los últimos años, lasquejas que se tramitan con la Secretaría deEstado tienen que ser requeridas dos o tres ve-ces para conseguir que se emita el corres-pondiente informe sobre retrasos en el pagodel justiprecio por expropiaciones forzosas.

— A la Dirección General de Aviación Ci-vil, sobre convalidación del título de contro-lador de tránsito aéreo emitido por un paísextranjero.


— La Consejería de Fomento de la Ciu-dad Autónoma de Ceuta, relativo al difícilacceso a la barriada Príncipe Alfonso.


— El Ayuntamiento de Caravaca de laCruz (Murcia), sobre la falta de resoluciónde un recurso de reposición.

— El Ayuntamiento de Las Ventas de Re-tamosa (Toledo), relativo a una fosa séptica.

— El Ayuntamientode Logroño, relativo auna denuncia como con-secuencia de infracciónurbanística.

— El Ayuntamientode Mérida (Badajoz), re-lativo a omisión del de-ber de conservación porel Ayuntamiento.

— El Ayuntamientode Morón de la Fronte-ra (Sevilla), relativo aldeber de conservación.

— El Ayuntamientode Noja (Cantabria), re-lativo a molestias produ-cidas por un bar.

— El Ayuntamientode Peñíscola (Caste-llón), relativo a molestiaspor ruidos generadospor un hotel.

— El Ayuntamientode Torrevieja (Alican-te), relativo a ocupaciónvial sin contraprestación.

Administraciones que han incumplido o se han retrasado notoriamente en responder al Defensor del Pueblo

Como viene siendo habitual, en el presente capítulo se recoge la relación de órganos y unidades de las distintas administracionesque no han dado adecuada respuesta a las solicitudes o requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo, incumpliendo, por

tanto, la obligación de colaboración de los poderes públicos con esta Institución «con carácter urgente y preferente», que viene orde-nada en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981 que la regula.

En tales supuestos el artículo 18.2 de la citada Ley Orgánica faculta al Defensor del Pueblo para declarar al órgano o unidad ad-ministrativa de que se trate «hostil o entorpecedora de sus funciones», poniendo inmediatamente dicha conducta en conocimiento delas Cortes Generales e incluyéndola en el presente Informe anual, o, en su caso, en un informe especial.

En aplicación de los preceptos citados, a continuación se ponen de manifiesto las actuaciones de carácter negativo que se han pro-ducido a lo largo de 2005.

Administraciones entorpecedoras

Quejas que no han tenido contestación en el año 2005, tras el tercer requerimiento

Administración Generaldel Estado


— A la Secretaría de Estado de In-fraestructuras y Planificación, con motivode las obras de la nueva carretera de acce-

so al puerto de Vigo, tramo de Castrelos-Bouzas, por las que resultó afectada la fincanúmero 160-1 en el término municipal de Vi-go, no habiendo percibido hasta la presentefecha el importe del justiprecio que quedódeterminado por mutuo acuerdo el 12 de ene-ro de 2000.

— Con motivo de la obra CN-620 Burgosa Portugal por Salamanca, autovía de Cas-tilla: p.k. 74,400/86,600, tramo: Magaz-Ven-ta de Baños, resultando afectada la finca nú-mero 117-4, propiedad del interesado, sita enel término municipal de Venta de Baños (Pa-lencia). Abonado el justiprecio en 1995, aún

El Ministerio de Fomento se retrasa en el pago de las expropiacio-nes

004.INCUMPLIMIENTO.25270 21/6/06 12:19 Página 27

no ha percibido el importe de los intereses dedemora que se le adeudan, pese a haber so-licitado el pago de los mismos en diversasocasiones.

— Con motivo de la obra Autovía de Le-vante: p.k. 19,6 al 42,0. Variante de Ar-ganda y Perales de Tajuña, clave T3-M-4800, en la que resultaron afectadas lasfincas números 137 P; 229 P y 231 P, si-tas en el municipio de Perales de Tajuña(Madrid) cuyo justiprecio determinado porel Jurado Provincial de Expropiación el 28de octubre de 1992 fue abonado el 6 de ju-lio de 1994 y, posteriormente, el 18 de juliode 1995 fueron abonados los intereses de de-mora, si bien tan pronunciada demora ge-neró intereses de intereses que fueron apro-bados por resolución de fecha 29 deseptiembre de 1998, que a día de redactareste informe aún no se había procedido alpago de los mismos.

— Con motivo de la obra «31-PO-501,mejora plataforma CN-640 Vegadeo-Vila-garcía», en la que resultó expropiada lafinca número 060, cobrando el interesado eljustiprecio establecido por el Jurado Provin-cial de Expropiación Forzosa de Pontevedramediante resolución de 14 de febrero de 1998,quedando pendiente de abono los interesesde demora correspondientes.

— Con motivo de la interposición de re-curso de alzada, de 25 de febrero de 2003, con-tra el acuerdo adoptado por la Demarcación deCarreteras del Estado en Aragón que declaraque la cantidad global de mutuo acuerdo seentiende como partida alzada por todos losconceptos, incluidos los intereses que se hayanpodido devengar desde la fecha legal de iniciohasta la fecha de la firma, habiendo transcu-rrido en exceso el plazo legalmente esta-blecido para la resolución de este tipo de re-cursos.

— Con motivo de la disconformidad conla valoración efectuada por el Ayunta-miento de Casas del Castañar (Cáceres) devarias fincas que han resultado afectadaspor las obras del proyecto clave: 31-CC-505,así como con el justiprecio establecido por elJurado Provincial de Expropiación que ha si-do recurrido en reposición.


— A la Dirección General de Tráfico, sereiteró una recomendación el 14 de septiem-bre de 2004, sobre la modificación del crite-rio utilizado cuando se constata que los da-tos que figuran en los registros de laDirección General de Tráfico no coincidencon los reseñados en el DNI de un ciuda-dano y el funcionario actuante considera quepudiera haberse producido un error en la ex-pedición del citado documento.


— A la Consejería de Obras Públicas yTransportes de la Comunidad Autónomade Andalucía, se solicitó informe de la su-presión del paso a nivel existente en LaPalma del Condado (Huelva) y con la su-presión de dos pasos a nivel en Gádor (Al-mería).

— A la Consejería de Educación y Cien-cia del Principado de Asturias, se solicitóinforme relativo a bien de interés culturalafecto por proyecto urbanístico.

— A la Consejería de Medio Ambiente,Ordenación del Territorio e Infraestruc-turas del Principado de Asturias, se soli-citó informe relativo a unos vertidos en unaplaya.

— A la Cámara Agraria Provincial deCiudad Real, se solicitó informe relativo a laadjudicación de un local resultante de per-muta por un solar en Puertollano (CiudadReal), propiedad de una asociación de labra-dores.

— A la Consejería de Agricultura y Me-dio Ambiente de la Comunidad Autónomade Extremadura, se solicitó informe relati-vo a la falta de respuesta a una denunciapresentada por una asociación protectorade animales por la realización de una ma-tanza de cerdos ilegal en Barquilla de Pina-res (Cáceres).

— A la Consejería de Medio Ambientey Ordenación del Territorio de la Comuni-dad de Madrid, se solicitó informe relativo amodificación de planeamiento.

— Se solicitó informe el 1 de octubre de2004, relativo a solicitud no contestada deanulación de licencias de vallado.

— A la Consejería de Educación y Cul-tura de la Región de Murcia, se solicitó in-forme relativo a la supresión de una unidady consiguiente reagrupamiento de alumnosen el colegio público existente en la loca-lidad de Rincón de Beniscornia que, unidaa las que en el mismo sentido se han adopta-do en cursos anteriores, está determinando lasalida del centro de alumnos cuyos padresentienden que tales medidas se traducen enuna disminución de la calidad de la ense-ñanza, todo lo cual puede abocar a la desa-parición del colegio.

— Al Departamento de Educación, Uni-versidades e Investigación del País Vasco,se formularon recomendaciones sobre el per-sonal interino al servicio de esa ComunidadAutónoma.

— A la Consejería de Territorio y Vi-vienda de la Comunidad Valenciana, se so-licitó informe relativo a denuncia por obrasilegales.

— A todos estos organismos se les envióun tercer requerimiento.


— Al Ayuntamiento de Alicante, sobrela imposibilidad de obtener una tarjetade residente, con el coste y los inconve-nientes que ello conlleva para las personasque no disponen de una plaza de aparca-miento.

— Al Ayuntamiento de Altea (Alican-te), relativo al mal estado de conservaciónde una urbanización del municipio, así co-mo sobre la falta de todo tipo de servicios.

— Al Ayuntamiento de Alzira (Valen-cia), relativo a una denuncia por la situa-ción de abandono de una barriada, y otrorequerimiento por contaminación por hi-drocarburos.

— Al Ayuntamiento de Barcelona, rela-tivo a denegación de adjudicación a la in-teresada de una plaza en la feria de arte-sanía de Reis de Santa Lucía.

— Al Ayuntamiento de Barruelo de San-tullán (Palencia), relativo a la falta de su-ministro de agua corriente a una viviendadel municipio a pesar de que el propietario loha solicitado reiteradamente en los últimosaños.

— Al Ayuntamiento de Becerril de la Sie-rra (Madrid), se solicitó informe (ampliaciónde la investigación) relativo a los problemaspadecidos por una vecina de la localidad de-rivados de los cortes de agua sufridos.

— Al Ayuntamiento de Benalmádena(Málaga), se solicitó informe relativo a lainstalación de un toldo vertical en la vía pú-blica sin licencia.

— Al Ayuntamiento de Benidorm (Ali-cante), se solicitó informe sobre los motivospor los que no se había procedido a la devo-lución de la tasa pagada por la retirada deun vehículo por la grúa, tras el archivo delexpediente sancionador.

— Al Ayuntamiento de Beteta (Cuen-ca), se solicitó informe relativo a la falta derespuesta a dos reclamaciones en relacióncon la venta de determinados bienes comu-nales sin la previa desafectación de los mis-mos y en relación con la adjudicación de uncoto de caza.

— Al Ayuntamiento de Boceguillas (Se-govia), se solicitó informe relativo a dene-gación de autorización de acceso a domi-cilio desde carretera estatal.

— Al Ayuntamiento de Cabañas delCastillo (Cáceres), se solicitó informe sobreel supuesto trato incorrecto recibido del se-cretario de dicho Ayuntamiento.

— Al Ayuntamiento de Calpe (Alican-te), se solicitó informe ante la falta de res-puesta por parte de la Empresa Mixta Mu-nicipal de Aguas de Calpe a la reclamaciónrelativa a facturas del año 2003.


INFORME


— Al Ayuntamiento de Camargo (San-tander), se solicitó informe relativo a un al-macén de hormigón que impide el paso auna finca.

— Al Ayuntamiento de Canencia de Ca-rracedelo (León), se solicitó informe relati-vo a obras sin licencia incumpliendo nor-mativa técnica.

— Al Ayuntamiento de Canencia de laSierra (Madrid), se solicitó informe al habersolicitado el interesado el 26 de junio de 2001información económica y los presupuestosde los últimos ejercicios, sin obtener res-puesta alguna.

— Al Ayuntamiento de Carballo (A Co-ruña), se solicitó informe relativo a demoraexcesiva en la tramitación de un expe-diente sancionador.

— Al Ayuntamiento de Cehegín (Mur-cia), se solicitó informe relativo a deficienteestado de un tejado colindante.

— Al Ayuntamiento de Cilleros (Cáce-res), se solicitó informe del anteproyecto deconstrucción de una nave-almacén de pien-sos, no habiendo obtenido comunicación al-guna al respecto.

— Al Ayuntamiento de Deltebre (Ta-rragona), se solicitó informe relativo a lascondiciones de la licencia otorgada parala construcción de una perrera.

— Al Ayuntamiento de El Molar (Ma-drid), se solicitó informe relativo a humeda-des causadas por la red general.

— Al Ayuntamiento de Finestrat (Ali-cante), se solicitó informe relativo a la pa-ralización del vallado de una finca.

— Al Ayuntamiento de Fuente de Pie-dra (Málaga), se solicitó informe relativo ala inactividad del Ayuntamiento respectodel cumplimiento de normas urbanísticas.

— Al Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya),se solicitó informe sobre la supresión de per-sonal del Grupo político municipal del Par-tido Popular.

— Al Ayuntamiento de Guadalupe (Cá-ceres), se solicitó informe relativo a la de-molición de una construcción.

— Al Ayuntamiento de Hoyocasero(Ávila), se solicitó informe por presuntasirregularidades urbanísticas en la cons-trucción de una edificación situada en lacarretera C-500, en zona urbana y a una dis-tancia de 7,40 metros del borde de la calza-da de la carretera.

— Al Ayuntamiento de Liendo (Canta-bria), se solicitó informe el 12 de mayo de2004, relativo a la denegación de autoriza-ción de acceso a domicilio desde una ca-rretera estatal.

— Al Ayuntamiento de Llanes (Astu-rias), se solicitó informe relativo a discon-formidad con la clasificación no urbaniza-ble de una parcela.

— Al Ayuntamiento de Marbella (Má-laga), se solicitó informe relativo a denunciapor irregularidades urbanísticas.

— Al Ayuntamiento de Méntrida (Tole-do), se formuló una recomendación, el 18de noviembre de 2004, sobre el uso indebi-do de los datos incluidos en el padrón mu-nicipal de habitantes.

— Al Ayuntamiento de Mérida (Bada-joz), se solicitó informe relativo a inactividaden un expediente de disciplina urbanística.

— Al Ayuntamiento de Moralzarzal(Madrid), se solicitó informe relativo a de-ficiencias en obras de urbanización sin ter-minar.

— Al Ayuntamiento de Nalda (Logro-ño), se solicitó informe relativo a una decla-ración de ruina.

— Al Ayuntamiento de Peñíscola (Cas-tellón), se solicitó informe relativo a ruidoexistente en una zona de bares con activi-dad nocturna del casco histórico.

— Al Ayuntamiento de Pontevedra, sesolicitó informe relativo a su inactividad an-te una denuncia por la realización de unasobras sin licencia.

— Al Ayuntamiento de Pozo Alcón(Jaén), se solicitó informe relativo a mo-lestias provocadas por una explotaciónporcina.

— Al Ayuntamiento de Sa Pobla (IllesBalears), se solicitó informe con motivo delproyecto complementario número 2 de laobra «Reapertura de la línea Inca-Sa Pobla-Alcudia. Primera Fase. Tramo: Inca-Sa Pobla.

— Al Ayuntamiento de San Vitero (Za-mora), se formuló recordatorio sobre el de-ber legal de respetar la Constitución y lasleyes para la provisión de puestos de tra-bajo, así como de prestar colaboración al De-fensor del Pueblo en sus investigaciones.

— Al Ayuntamiento de Santa María LaReal de Nieva (Segovia), se solicitó informerelativo al requerimiento del pago por vía deapremio, de liquidaciones en concepto deconsumo de agua y alcantarillado, sin ha-berlas facilitado previamente para su pagoen periodo voluntario.

— Al Ayuntamiento de Segura de la Sie-rra (Jaén), se solicitó informe relativo almal estado del camino de acceso a un cor-tijo situado en el término municipal, queen determinadas épocas llega a hacerse in-transitable, dada la existencia de tres pasosde agua que se tienen que atravesar sin exis-tir puente alguno.

— Al Ayuntamiento de Sevilla, se soli-citó informe relativo a molestias ocasiona-das por terraza-bar.

— Al Ayuntamiento de Toledo, se soli-citó informe con motivo de la ocupación porla vía de hecho de una extensión de apro-ximadamente 10.000 metros cuadrados de

una finca agrícola junto a la carretera N-301 en el polígono 41, parcela 504, conmotivo de una obra promovida por elAyuntamiento consistente en un puente conuna vía de circulación en razón de la cons-trucción de una variante de la carretera N-400 a su paso por la localidad de Ocaña. Ade-más ha sido suprimido el acceso a la fincaconstruyendo un camino totalmente intran-sitable.

— Al Ayuntamiento de Torrevieja (Ali-cante), se solicitó informe relativo a invasióndel dominio público marítimo-terrestre.

— Al Ayuntamiento de Valdestillas (Va-lladolid), se solicitó informe relativo a la exi-gencia del pago de un precio superior alestipulado inicialmente, al adquirir una vi-vienda de promoción pública.

— Al Ayuntamiento de Valverde de laVirgen (León), se solicitó informe relativo adeficiencias constructivas.

— Al Ayuntamiento de Villamiel (Cáce-res), se solicitó informe relativo a petición decopia de documentación sin atender por elAyuntamiento.

— Al Ayuntamiento de Vinarós (Caste-llón), se solicitó informe relativo a molestiasocasionadas por un local.

— Al Ayuntamiento de Zaragoza, se so-licitó informe relativo a una denuncia porobras sin licencia que afectan al aspectoexterior...

— A la Junta Vecinal de Terán delAyuntamiento de Cabuérniga (Cantabria),se solicitó informe relativo a la tardanza enresolver un expediente abierto para la re-cuperación del camino público que une losbarrios de La Torre y Sepoyo.

Otros

— Al Consejo General de la AbogacíaEspañola, se solicitó información sobre la po-sible denegación por parte de los juzgadoscentrales de instrucción de copia de las ac-tuaciones a los letrados legalmente perso-nados, fundamentando su denegación ensendos acuerdos de la Audiencia Nacional.

— Al Consejo de Colegios de Abogadosde la Comunidad de Madrid, se formuló unasugerencia para que se adecuare la trami-tación de un expediente, del que trae origenla queja, a la normativa vigente.

Por razones de espacio no recogemosaquí el listado de las Administraciones quecontestaron al tercer requerimiento del De-fensor del Pueblo, en 2003 o 2004. La ma-yoría de dichas Administraciones respon-dieron dentro del año 2005. El listado delos Ministerios, Administraciones Autonó-micas y Locales, así como otros organismospúblicos que se encuentran en este caso,puede consultarse en el Informe completo.


INFORME



INFORME

En la ejecución del presupuesto del ejer-cicio 2005 pueden destacarse los siguientesaspectos:

— Elevado índice de ejecución presu-puestaria: 99,96%. Se trata del porcentaje deejecución más elevado de los últimos cuatroejercicios presupuestarios.

— Mejora de las sedes y equipamientosde esta Institución: en noviembre de 2005 laDirección General de Patrimonio del Estadocomenzó la ejecución de las obras de rehabi-litación en la sede de la Institución del De-fensor del Pueblo en la calle Eduardo Da-to, 31, lo que ha obligado a desalojar eledificio y reubicar a una parte del personal enla sede de Zurbano, 42 y en un local de al-quiler situado en Zurbano, 71, con una su-perficie aproximada de 1.200 m2, en el que seubican provisionalmente unas 65 personas.

— Trabajo permanente hacia la conten-ción de los gastos ordinarios de gestión.

— Culminación de la Segunda Fase delPlan de Renovación Tecnológica de la Ins-titución: en abril de este año se pone en fun-cionamiento la nueva aplicación del siste-ma de gestión de quejas, con el objeto demejorar la gestión, la seguridad y la aten-ción al ciudadano. Su financiación se reali-za íntegramente con cargo al presupuestoordinario y se han ajustado las previsionesatendiendo a los medios y finalidades de laInstitución.

— En materia institucional destaca:• Reelección como Defensor del Pueblo

para el quinquenio 2005-2010 de don En-rique Múgica Herzog.

• Elección de don Enrique Múgica Her-zog como Presidente de la Federación Ibe-

roamericana de Ombudsman (FIO) para elbienio 2006-2007.

• Continuación de la colaboración sus-crita con la Universidad de Alcalá de He-nares: como iniciativa más significativa des-taca la entrega por SS.MM. los Reyes del IPremio Rey de España sobre Derechos Hu-manos, a la entidad Pastoral da Criança deBrasil, por su actuación con más de 1,4 mi-llones de niños para reducir la desnutricióny la disminución a la mitad de la tasa de mor-talidad, siendo finalistas la Cruz Roja Meji-cana y la Confederación Nacional de Viudasde Guatemala. Asimismo, se ha realizado la IIEdición del Máster sobre Derechos Humanos.

• Suscripción del Tercer Protocolo ane-xo al convenio con UNICEF para la actuali-zación del estudio sobre la violencia en el ám-bito escolar y, más concretamente, la queafecta a alumnos de educación secundariaobligatoria (ESO) o equivalente. Este estudiose concluirá a finales de 2006.

• Suscripción de un convenio con la Fe-deración Española de Daño Cerebral parala realización de un estudio sobre el daño ce-rebral sobrevenido en España, que fue con-cluido y entregado a esta Institución el pasa-do mayo.

• Suscripción de un convenio con la Uni-versidad Miguel Hernández de Elche, paraorganizar las Jornadas-Taller sobre «La ac-ción humanitaria y la exclusión social en lospaíses desarrollados» celebradas del 9 al 11de junio de 2005.

Realización de varios cursos de verano enUniversidades sobre temas relacionadoscon los Derechos Humanos:

— Universidad Internacional MenéndezPelayo: seminario sobre «La Protección de losDerechos económicos, sociales y culturales».

— Universidad de las Illes Balears (Ibi-za): curso sobre «Los derechos humanos enEuropa desde la perspectiva del Defensor delPueblo».

Liquidación del presupuesto del Defensor del Pueblocorrespondiente al ejercicio de 2005

A la derecha, sede actual del Defensor del Pueblo, en Zurbano, 42, mientras duren las obras de conservación y mantenimiento de la sede antigua, en Eduardo Dato, 31 a la izquierda.

El Defensor del Pueblo considera que tie-ne significación medir algunos aspectos

que reflejan la actividad de la Institución, co-

mo son el servicio de atención telefónicaprestado, las visitas atendidas por personalde la Institución en la propia sede, y las lla-

madas recibidas a través de la línea 900 gra-tuita, básicamente, en demanda de informa-ción.

Información al ciudadano

CUADRO 27. Número de llamadas y visitas recibidas, en 2005, con el fin de prestar servicios al ciudadano

Ene. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total

Sala visitas ......................................... 195 166 205 233 189 166 162 153 187 196 167 124 2.143Teléfono.............................................. 657 647 670 691 804 770 700 452 728 700 600 465 7.884Línea 900............................................ 258 305 311 347 372 310 360 295 310 374 358 235 3.835



INFORME

Alo largo de 2005, el uso de la página web dela Institución ha ido consolidándose. Se re-

cibieron, durante 2005, 116.576 visitas, con untotal de 545.520 páginas visitadas. A título deejemplo debe resaltarse el incremento conti-

nuado de las quejas individuales planteadas através del formulario incluido en la citada pá-gina, de tal forma que ya alcanzan casi el 40%.

Por otro lado, conviene llamar la atenciónsobre las características de las quejas colecti-

vas, habitualmente promovidas a través de aso-ciaciones u otro tipo de organizaciones, que si-guen utilizando el correo postal en lugar de uti-lizar la pagina web. El detalle de las quejas re-cibidas por esta vía se expresa en el cuadro 23.

Actualización de la aplicación informáticaEl Plan Director de Sistemas de información llevado a cabo en la

Institución emprendió un proyecto de reingeniería de procesos ysimplificación administrativa que acabaría por determinar nuestraorganización actual y los requisitos de nuestro principal sistema deinformación: el Sistema de Gestión de Expedientes de quejas(GEX). Este nuevo sistema se puso en explotación en el mes de abrildel año pasado y cubre casi la totalidad de la actividad informáticade la Institución, es la columna vertebral sobre la que se sustenta el90% del trabajo de la misma.

Los objetivos del sistema GEX

Los objetivos principales del proyecto han sido simplificar y opti-mizar los procesos de trabajo, mejorar la seguridad de la informacióny su tratamiento, reducir los tiempos de proceso y trámites, ademásabordaba el proyecto de Firma Electrónica basado en los certifica-dos emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)en dos facetas principales:

— La posibilidad para los ciudadanos de firmar electrónicamen-te las quejas que envían desde el sitio web, y

— La firma electrónica para los escritos de quejas que la Institu-ción dirige a los ciudadanos y a la Administración.

Dentro del primer punto merece la pena resaltar el aumento de lasquejas web respecto a la vía del correo postal: durante el año 2005, 4de cada 10 quejas entraron vía web.

Otro de los aspectos importantes fue la incorporación de la firmaelectrónica para todos los escritos que salen de la Institución, habi-

litando para ello a todo el personal una tarjeta con «chip» incorpo-rado que ofrece las siguientes funciones:

— Certificado digital de autenticación y acceso a los sistemas des-de el puesto de trabajo.

— Certificado digital de firma electrónica.— Control de acceso a la Institución.— Tarjeta de identificación del personal fuera de la institución.

El sistema ha facilitado

— La normalización y sistematización en los procedimientos detramitación.

— El cambio en los modelos de organización del trabajo, desde unenfoque por lotes a un procesamiento y tramitación en línea.

— La eliminación significativa del gran volumen de papel que se mo-vía dentro de la Institución, con la supresión de los carros de expe-dientes.

— Un incremento del trabajo de las personas al poder dedicar sutiempo a tareas de alto valor añadido.

— Un mejor control de los procesos de tramitación para mejorarcada vez más el servicio prestado.

El año 2005 ha sido un año de consolidación y optimización deesta solución, con la que se ha trabajado fundamentalmente en lacapacitación de los usuarios al nuevo sistema y en la introducciónsistemática de mejoras.

Y, sobre todo, ha sido un año para extraer conclusiones y revisarlos objetivos de excelencia que se habían definido y que seguimospersiguiendo.

Aumento de las quejas recibidas a través de la página web

CUADRO 28. Quejas recibidas a través del sitio web del Defensor del Pueblo y por correo postal en 2005

Quejas registradas en 2005 Ene. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total

Quejas web......................................... 658 614 724 496 387 403 432 343 404 687 596 450 6.194Quejas correo postal ......................... 620 749 2.383 2.814 2.843 2.648 1.717 5.054 5.028 4.164 4.598 798 33.416TOTAL MENSUAL ........................... 1.278 1.363 3.107 3.310 3.230 3.051 2.149 5.397 5.432 4.851 5.194 1.248 39.610

Tarjeta digital del Defensor del Pueblo igual a la del resto del personal de la Institución para acceso al puestode trabajo.



ÁREA DE FUNCIÓN Y EMPLEO PÚBLICOS

Se pueden resaltar las quejas referentes ala jubilación de quienes resultaron elegi-

dos alcaldes y concejales en las primeraselecciones locales democráticas y ejercieronsu cargo con dedicación exclusiva sin podercotizar al Régimen General de la SeguridadSocial, ya que la normativa entonces vigenteno contemplaba esta posibilidad.

Otras quejas se han referido, por ejemplo,al funcionamiento anómalo de los ordenado-res con los que debía realizarse una pruebapráctica o a la disconformidad de determi-nados aspirantes con la forma en la que se ha-bían desarrollado las pruebas, ya que no se lespermitió obtener una copia de los exámenesrealizados, o a los retrasos producidos en lapublicación de los nombramientos en el Bo-letín Oficial del Estado, una vez aprobada laoposición.

También se ha denunciado que las basesde determinada convocatoria estaban re-

dactadas de tal forma que daban lugar a unaumento de la discrecionalidad del tribunalcalificador, al no concretarse los puntos quecorrespondían a cada título específico, oque se puntuara el estar empadronado en elmunicipio convocante. Igualmente, un ciu-dadano expresó su disconformidad con laexigencia del pago de la tasa de derechos deexamen, aunque se encontraba en el paro,y se han formulado también quejas contraalgunos ayuntamientos que, con la excusade la urgencia o la necesidad, utilizaban elprocedimiento laboral para cubrir plazasque, por las funciones a realizar, deberíancorresponder a funcionarios o redactabanlas bases de las convocatorias con la finali-dad de favorecer a quienes ya tenían con laCorporación local una relación de interi-nidad.

En las quejas formuladas por funcionarios,se han planteado algunos de los problemas

que se espera que encuentren solución a tra-vés del nuevo Estatuto Básico del EmpleadoPúblico cuyo anteproyecto de Ley está elabo-rando el Ministerio de Administraciones Pú-blicas.

Movilidad de los funcionarios

En cuanto a la movilidad de los emplea-dos públicos, frente a las dificultades exis-tentes hasta ahora para determinadas cate-gorías o ámbitos territoriales, en aplicaciónde lo dispuesto en el Real Decreto 121/2005,de 4 de febrero, por el que se aprobó la ofer-ta de empleo público para 2005, se ha dadoun nuevo enfoque a la ordenación de los fun-cionarios de la Administración General delEstado, prescindiendo de la clasificación delos departamentos y territorios en exceden-tarios y deficitarios, por lo que han desapa-recido las exclusiones a la participación enlos concursos que se venían aplicando a losfuncionarios destinados en ministerios, or-ganismos y territorios definidos como defi-citarios.

Durante el año 2005 no se han recibidoquejas relevantes, ni en un número impor-tante, que confirmen que se está producien-do el incremento significativo de las situa-ciones de acoso laboral o mobbing en elámbito de las administraciones públicas, quela evolución de los casos estudiados el pasa-do año inducía a pensar, de lo que sin dudanos congratulamos.

No obstante, dada la importancia de lacuestión planteada se han a estudiado todoslos casos con suma atención para tratar deconstatar con la mayor precisión la veracidadde las denuncias recibidas, aunque ello con-lleva una gran dificultad, por las versionescontradictorias que producen estas situacio-nes.

Quejas sobre los procesos de selección y oposicionesa la Función PúblicaDisminuyen los funcionarios estatales y aumentan los autonómicos

El personal al servicio de las administraciones públicas ha sufrido una paulatina transformación en los últimos años, ya que handisminuido los empleados públicos pertenecientes a la Administración del Estado y se han incrementado notablemente los fun-

cionarios autonómicos y, en menor medida, los locales, en función de los procesos de transferencias efectuados.Desde 1998, las Comunidades Autónomas han duplicado prácticamente las cifras de empleados públicos, en la actualidad el 49,9%

del total, frente al 22,5% de la Administración estatal y el 23,7% de las entidades locales. El 3,9% restante corresponde al personalde las universidades.

A lo largo del año 2005 se han dirigido a esta Institución muchos de los integrantes de ese colectivo, que representa el 5,45% deltotal de residentes en España, a los que hay que añadir las quejas presentadas por ciudadanos que han participado en alguno de losprocesos selectivos desarrollados para acceder a la función pública.

Siguen produciéndose incidentes en las distintas fases de los ejercicios de oposiciones para fun-cionarios.

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Personal estatutario de los serviciosde salud

La necesidad de que se desarrolle el régi-men jurídico de este personal con una rela-ción funcionarial especial, sobre las bases es-tablecidas en la Ley de Cohesión y Calidaddel Sistema Nacional de Salud, en el Estatu-to Marco y en la Ley de Ordenación de lasprofesiones sanitarias ha llevado a iniciar tresinvestigaciones de oficio que se encuentranen marcha sobre la ordenación y el desarro-llo de este régimen legal, imprescindibles pa-ra la coordinación y cohesión del Sistema Na-cional de Salud.

Por su incidencia en la problemática ge-neral de la gestión de los recursos humanos,se debe hacer mención al retraso producidoen la conclusión del proceso de selección yprovisión de plazas de personal estatutarioque se viene realizando, al amparo de la Ley16/2001, de 21 de noviembre, por la que seestablece un proceso de consolidación de em-pleo, cuestión sobre la que se han formuladodiversas quejas a lo largo del año. Mediantela Orden 4034/2005, de 12 de diciembre, delMinisterio de Sanidad y Consumo, se ha pro-cedido, una vez más, a la modificación delplazo previsto para la culminación del pro-ceso. En este caso, ampliando en doce mesesel plazo máximo contemplado en el artículoúnico del Real Decreto Ley 9/2004, por lo quefinaliza en diciembre de 2006.

También ha sido objeto de estudio la si-tuación de los Técnicos Superiores Sanita-rios, con motivo de una huelga de ámbitonacional convocada por organizaciones re-presentativas de estos profesionales, en rei-vindicación de la equiparación de sus titula-ciones y formación con las del resto de paísesde la Unión Europea.

Función pública docente

Entre las cuestiones planteadas en las que-jas recibidas en este ámbito, se debe señalarla denegación de la solicitud de actuar pormedio de representante en los actos de pre-sentación previos a las oposiciones para ac-ceso al cuerpo de profesores de enseñanzasecundaria en la Comunidad Autónoma deAndalucía.

Considerando que el acto de presentaciónno está incluido en la normativa básica de in-greso de los cuerpos docentes y que en él só-lo se traslada a los participantes una serie dereferencias informativas, indicativas, que norequieren ninguna aportación por parte delaspirante que tenga por finalidad obtener unademostración de sus conocimientos o de sucapacitación, se recomendó que, como enotras comunidades autónomas, se admita enAndalucía la posibilidad de que los candida-

tos puedan actuar en el mismo, por medio deun representante debidamente acreditado.

La exigencia del conocimientode las lenguas cooficialesen las Comunidades Autónomas

En cuanto a los problemas que todavía sesiguen produciendo, en relación con la acre-ditación del perfil lingüístico de euskera enla Comunidad Autónoma del País Vasco, esoportuno hacer mención a la comparecenciaante el Defensor del Pueblo de profesores in-terinos de enseñanza pública no universita-ria, para explicar las consecuencias que sederivaban para ellos del Acuerdo de Estabili-dad entre la Administración y algunos sindi-catos, de 5 de julio de 2004, publicado me-diante Decreto 158/2004, de 27 de julio, en elque se había introducido el condicionante dela acreditación del citado perfil lingüísticopara mantenerse en la estabilidad laboral, sinque se aplicasen los regímenes de exencionesque se contemplaban en anteriores acuerdosde 1998 y 2002 y que abocaba a quienes ca-recían de este requisito a la pérdida del pues-to de trabajo de una manera escalonada.

Aun cuando esta Institución, por estar es-te asunto sometido a un procedimiento judi-cial, debía abstenerse de intervenir directa-mente, consideró necesario hacer llegar aeste profesorado que sería deseable que sehiciesen compatibles los derechos en pre-sencia, de forma que se garantizara, tanto elde los alumnos a recibir la enseñanza en eus-kera o en castellano, como el de los profeso-res que no acreditasen el perfil lingüístico ala permanencia en la situación de estabilidad,que había sido acordada por la Administra-ción vasca respecto al personal interino do-cente, buscándose propuestas conciliadorasque evitasen una quiebra de los principiosque deben regir el funcionamiento de las ad-ministraciones públicas.

Por fin, se ha culminado o está a punto definalizar el proceso de traspaso de los fun-cionarios del cuerpo de profesores de Edu-cación General Básica de Instituciones Peni-tenciarias en las Comunidades Autónomas deAragón, Cantabria e Illes Balears, por lo quesólo queda pendiente el País Vasco, al enten-der esta Comunidad Autónoma que este pro-ceso debe incluirse en una negociación másamplia sobre la Administración penitencia-ria, lo que el Gobierno de la Nación, por elmomento, no ha considerado oportuno.

Con referencia al permiso de lactancia, laAdministración educativa de Extremadura hacomunicado que pretende flexibilizar las con-diciones de disfrute de este permiso, ajus-tándolas a las modificaciones llevadas a cabopor la Administración General del Estado ypor otras Comunidades Autónomas, de forma

que la trabajadora con un hijo menor de nue-ve meses pueda ausentarse del trabajo unahora, que podría dividir en dos fracciones, oreducir la jornada normal en media hora alinicio y al final de ésta, o en una hora al ini-cio o al final de la jornada y que se pretendíaincorporar esta medida al ámbito funcio-narial.

Movilidad del profesorado

Se siguen también recibiendo quejas sobrela movilidad del profesorado, en las que secuestionan los sistemas de concursos de tras-lados de los funcionarios docentes de loscuerpos de profesores de enseñanza secun-daria, al entender que en los que convocanlas administraciones autonómicas se ofertanmás plazas y más atractivas que en los con-cursos de ámbito nacional. Una vez contras-tados los datos relativos al concurso nacional2002-2003, en relación con el concurso auto-nómico 2003-2004, se observa que se ha mo-dificado esta tendencia, y que globalmente sehan ofertado más vacantes en el concurso na-cional.

Enlazando con el derecho a la libre circu-lación de los nacionales de los Estados miem-bros de la Unión Europea debe destacarse lafalta de desarrollo reglamentario del artícu-lo 89 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-ciembre, de Universidades, que debe preverel procedimiento y las condiciones en las quehabrá de realizarse la habilitación del profe-sorado de las universidades de los Estadosmiembros de la Unión Europea.

El Ministerio de Educación y Ciencia haindicado que el procedimiento se aplicaráúnicamente a los profesores de universida-des de los Estados miembros de la Unión Eu-ropea y del Espacio Económico Europeo, enlas que se haya seleccionado el profesoradomediante procedimientos de control públicoequiparables a los de la habilitación nacio-nal en el sistema español y que los solicitan-tes deberán justificar haber desempeñado unpuesto de profesor, equivalente a los que de-sempeñan los funcionarios de los cuerpos do-centes universitarios, durante cinco años enlos diez últimos años inmediatamente ante-riores a la presentación de la solicitud, enuna universidad de la Unión Europea o delEspacio Económico Europeo.

Evaluación del personal docente

Con relación a las quejas relativas a la eva-luación del profesorado universitario, la Se-cretaría de Estado de Universidades e Inves-tigación ha anunciado que pretende adoptardeterminadas medidas, como consecuenciade la recomendación formulada por el Defen-




sor del Pueblo el pasado año, acerca del pro-cedimiento de evaluación para la contrata-ción de personal docente e investigador, lle-vado a cabo por la Agencia Nacional deEvaluación de la Calidad y Acreditación(ANECA) y ha asumido el compromiso de aco-meter las modificaciones legales necesarias,para paliar las deficiencias puestas de mani-fiesto y dar, al menos, cumplimiento parcial ala expresada recomendación. La Dirección Ge-neral de Universidades ha publicado la Reso-lución de 18 de febrero de 2005, sobre el pro-cedimiento de presentación de solicitudes.

Por lo que respecta al seguimiento de ante-riores actuaciones relativas a las deficienciasobservadas en la actuación de la Comisión Na-cional Evaluadora de la Actividad Investiga-dora (CNEAI), el Ministerio de Educación yCiencia ha expresado que el mayor o menoréxito de las evaluaciones está fuertemente de-terminado por la evolución histórica y por losparámetros internacionales de cada área delconocimiento y por su homologación con losestándares internacionales de cada disciplina.

En cuanto a la formalización de los crite-rios, se explica que la CNEAI es la primera in-teresada en llegar a detallar estos criterioscon más precisión, pero que esto no es fácilen las citadas áreas en las que la investiga-ción es poco activa y que, si la Comisión sólotuviera que juzgar áreas como la Física Teó-

rica, la Química Orgánica, la Biología Mole-cular o similares, la evaluación podría ser decarácter reglado y escasa discrecionalidad

Los datos aportados han contribuido a es-clarecer las situaciones planteadas y han per-mitido adquirir una visión de conjunto acer-ca de las evaluaciones realizadas por laCNEAI y de los resultados obtenidos.

No obstante, es importante tener en cuentaque, si bien la Sentencia del Tribunal Supre-mo de 5 de julio de 1996 exonera a la CNEAIde un motivo de nulidad en sus decisiones, es-ta decisión jurisprudencial no debe interpre-tarse como una cláusula de apoderamientoque justifique que las resoluciones dictadasen los procesos de evaluación no incorporenuna motivación lo suficientemente detallada,como para que los docentes evaluados pue-dan conocer el proceso, a través del cual seha llegado a un determinado resultado.

La Administración de Justicia

En referencia a la gestión del personal alservicio de la Administración de Justicia enla Comunidad de Madrid, se ha planteado unaqueja sobre la solicitud de expedición del co-rrespondiente carnet profesional, para quelos funcionarios puedan identificarse al ac-ceder a los órganos judiciales y que en la ac-tualidad no se les facilita.

La movilidad del personal al servicio de laAdministración de justicia es un derecho quedebe ser garantizado de forma continua a tra-vés de los correspondientes concursos detraslado, para responder a las expectativasde estos profesionales a su reagrupamientofamiliar, así como a la realización de un pro-yecto de vida personal y profesional estable,por lo que se ha dedicado especial atencióna observar el cumplimiento de la oferta deprovisión de plazas, habida cuenta de que al-gunos ciudadanos se quejaban de que, desdeel año 2003, el Ministerio de Justicia no ha-bía convocado concurso de traslados para es-tos cuerpos.

En materia retributiva debe hacerse hin-capié en las dificultades que todavía se plan-tean en algunos departamentos para hacerplenamente efectivos los derechos económi-cos de sus funcionarios, en general por pro-blemas de gestión que en los casos examina-dos se han achacado a la implantación denuevas aplicaciones informáticas.

Personal de Instituciones Penitenciarias

Han comparecido ante esta Institución al-gunos trabajadores destinados en el estable-cimiento penitenciario de Valencia, plantean-do la situación de excesiva responsabilidadque tienen que asumir en su centro de traba-jo, como consecuencia de la falta de mediosmateriales y humanos, situación que conside-

ran que está repercutiendo en su vida laboraly personal, así como en la atención a los in-ternos del centro.

Se ha expuesto también la situación de es-casez de plantilla en el área de vigilancia delCentro Penitenciario de Teixeiro (La Coru-ña), acentuada por el notable incremento dela población reclusa.

El sistema de promoción interna de losfuncionarios ha sido cuestionado en el ámbi-to penitenciario, dado que un integrante delcuerpo de técnicos especialistas, grupo deservicios penitenciarios de la Generalidad deCataluña, destinado en el Centro Penitencia-rio de Castellón, objetaba que no podía acce-der mediante promoción interna al cuerpoespecial de Instituciones Penitenciarias enla Administración penitenciaria central.

Atendiendo a la Recomendación del De-fensor del Pueblo se ha acordado la creaciónde un grupo de trabajo entre la Dirección Ge-neral de la Función Pública y la Dirección Ge-neral de Instituciones Penitenciarias paraabordar esta cuestión.

Personal al serviciode la Administración militar

A lo largo del año 2005 se han continuadolas actuaciones iniciadas con la Subsecreta-ría de Defensa en relación con la situación delos militares de complemento y los militaresde tropa y marinería de carácter temporalque cesan en su relación de servicios profe-sionales de acuerdo con lo establecido en laLey 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen delPersonal de las Fuerzas Armadas.

La Administración militar aceptó la reco-mendación formulada el pasado año, en elsentido de que se realizaran por ese Depar-tamento, en el ámbito de sus competencias,las actuaciones necesarias que permitieran,en el plazo más breve posible, la aprobaciónde una nueva normativa o la modificación dela vigente, a fin de que se posibilitase que losmilitares de carácter temporal, que estandode baja médica por insuficiencia de condi-ciones psicofísicas, finalizaran su compromi-so con las Fuerzas Armadas, pudieran perci-bir las prestaciones a las que tienen derechode conformidad con la citada Ley 17/1999 y noquedaran, tras años de prestación de servi-cios profesionales, en situación de desampa-ro. La Administración militar señaló que seestaba elaborando un anteproyecto de Ley so-bre Militares Profesionales de Tropa y Mari-nería en el que se preveía que quienes en elmomento de finalizar su compromiso con lasFuerzas Armadas se encontraran en incapa-cidad laboral, por enfermedad o accidentederivado del servicio, se vieran amparados ensus derechos de desempleo y asistencia sani-taria.



La diferencia de retribuciones en las distintaspolicías es causa constante de quejas.



ÁREA DE FUNCIÓN Y EMPLEO PÚBLICOSFuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Cuerpo Nacional de Policía y Policía Lo-cal. De acuerdo con la Orden del Ministe-rio del Interior por la que se aprueba, concarácter provisional, el Reglamento de or-ganización y funcionamiento interno delConsejo de Policía, el pleno del mismo sedebe reunir en sesión ordinaria, al menos,una vez cada dos meses; sin embargo, en unaqueja se planteó que durante el año 2004tan sólo se había convocado un pleno ordi-nario del Consejo de Policía, en un momen-to esencial de modificaciones estructuralesde la Dirección General de la Policía, posi-ble modificación del Catálogo de Puestos deTrabajo y estudio de un incremento de lasretribuciones.

Iniciada la oportuna investigación, el Mi-nisterio del Interior indicó que, debido a lacelebración de las elecciones generales y ala consecuente formación del actual Go-bierno y reestructuración de los departa-mentos ministeriales, se había consideradoaconsejable aplazar las convocatorias denuevas reuniones del Consejo de Policía yque durante el año 2004 se habían celebra-do dos plenos ordinarios; no obstante, encumplimiento de lo recomendado por el De-fensor del Pueblo, la Dirección General de laPolicía se proponía cumplir en lo sucesivocon la periodicidad prevista en la normati-va vigente.

En relación con los derechos que asisten alos denunciantes, se ha comunicado al Ayun-tamiento de Madrid que el hecho de que nose acuse recibo de las denuncias provoca in-seguridad jurídica e intranquilidad en el ciu-dadano que las formula.

La obligación de acusar recibo en nadacambia la consideración que se deba dar ala solicitud presentada, pero esta comuni-cación garantiza al denunciante que la Ad-ministración ha recibido su escrito y que seva a llevar a cabo la oportuna investigacióny es una salvaguarda de que se actúa contransparencia y eficacia al servicio a los ciu-dadanos.

Por todo lo expuesto, se recomendó alAyuntamiento de Madrid que se dictasen lasinstrucciones oportunas para que los órganoscompetentes acusen recibo, con caráctergeneral, de los escritos de denuncia que re-ciban, para que los denunciantes tenganconstancia de que los mismos han sidoefectivamente recibidos y de que se les va adar la tramitación oportuna, todo ello en arasde los principios de garantía y seguridad ju-rídica.

Guardia Civil. Se desestimó la peticiónpresentada por un guardia civil para que seexpidiera la Tarjeta de Identidad Militar a supareja de hecho, por entender que la condi-

ción de cónyuge, exigida en la Norma que re-gula el derecho al uso de la citada Tarjeta, nopodía equipararse, sin más y a todos los efec-tos, a las relaciones estables de convivenciao uniones de hecho. Esta Institución expresóal Instituto armado que debe ajustarse a lasnuevas realidades sociales y recomendó quese dictaran las instrucciones oportunas, aefectos de que se reconociera el derecho a laTarjeta de Identidad Militar para familiaresdel personal del Cuerpo de la Guardia Civil ala persona que convive maritalmente con elcausante del derecho, en los mismos términosque se prevé para los cónyuges, viudos y viu-das pensionistas y huérfanos, debiendo mo-dificarse, en consecuencia, la redacción dela norma vigente.

En otro orden de cosas, esta Defensoríaestá realizando un seguimiento de las ac-tuaciones que se llevaron a cabo en el año1999, en relación con las bajas médicas pormotivos psicológicos y los suicidios de per-sonal del Cuerpo de la Guardia Civil, pueslos miembros del Cuerpo y sus familiarescontinúan manifestando que las tensionescon los mandos y las sanciones disciplinariasson las principales causas de estas conduc-tas.

En concreto, se solicitó que se indicara elnúmero de bajas por motivos psicológicos yde suicidios que se habían venido produ-ciendo desde los últimos datos aportados enel año 2001, que hacían referencia al año1999 y a los tres primeros trimestres del año2000 y que se concretara si se había produ-cido un incremento o si habían descendidolos casos planteados, como parecía que erala tónica que se desprendía del citado últi-mo informe remitido, se especificara qué me-didas habían sido adoptadas o se preveíaadoptar con el objeto de prevenir estas si-tuaciones y se determinaran las zonas en lasque las mismas se hubiesen producido en unnúmero más elevado o especialmente signi-ficativo.

De los datos facilitados por la DirecciónGeneral de la Guardia Civil se deduce que seha producido un incremento de las bajas psi-cológicas cada año, a excepción del año 2001.Por lo que se refiere a los suicidios, se han ve-nido incrementando en los años 2000, 2001 y2002, descendiendo sustancialmente en elaño 2003, para volver a incrementarse en2004 y en 2005.

Para prevenir esas situaciones, se ha pues-to en marcha el II Plan de Prevención de con-ductas suicidas; y respecto de las bajas pormotivos psicológicos, se ha creado un grupode trabajo, cuyas conclusiones y propuestasserán analizadas para determinar su viabili-dad y, en su caso, aprobar las medidas nece-sarias para llevarlas a cabo.

Personal laboral al serviciode las administracionesy organismos públicos

La necesidad de garantizar por parte de lasdistintas administraciones públicas la concu-rrencia de los principios constitucionales quedeben presidir el acceso al empleo público enlos procedimientos que llevan a cabo, de se-lección y provisión del personal a su servicio,sigue siendo una constante en la actividad su-pervisora de esta Institución, de la que sonmuestra intervenciones basadas en la falta deacatamiento a las bases de las convocatorias.

También se ha realizado una intervención,acerca de las condiciones de prestación deservicios a las administraciones públicas delpersonal en régimen laboral, atendiendo a laqueja formulada por médicos cardiólogos delHospital Central de la Defensa en Madrid, ensolicitud de una regulación legal adecuadade la prestación de las guardias médicas deeste personal civil, de forma que, a la vista delas circunstancias concurrentes y de los mo-delos establecidos en otros regímenes de per-sonal cuya función es homologable, se tengaen cuenta el factor edad como determinantedel límite para la obligatoriedad de la reali-zación de las guardias.

A la vista del contenido de la Ley de Pre-vención de Riesgos Laborales, sobre laprotección debida a trabajadores especial-mente sensibles, en relación con lo previstoen el Convenio Único para el personal labo-ral de la Administración General del Estado,se sugirió al Ministerio de Defensa quevalorara la oportunidad de realizar la eva-luación de las necesidades reales del Serviciode Cardiología del citado Hospital, así comode los efectivos de personal precisos para eladecuado desarrollo de la actividad asisten-cial y procediera a la elaboración de una pro-puesta de regulación de las guardias médi-cas de este personal, a fin de que estamodalidad de prestación se adecue a la si-tuación de los trabajadores, contemplando suexención a partir de una determinada edad.

Ha sido también objeto de intervención ladilatación de la situación de suspensión delcontrato de un trabajador, en excedencia for-zosa tras la existencia de un periodo de pri-vación de libertad por sentencia condenatoria,al que se le había denegado su solicitud dereingreso al servicio activo, por carencia devacantes. En estos supuestos es necesario agi-lizar la resolución de las solicitudes, puestoque disponer de un puesto de trabajo consti-tuye un requisito imprescindible para la con-cesión del beneficio penitenciario de tercergrado, lo que determinó que se interesara dela Dirección General de la Función Públicauna urgente solución. El reingreso del traba-jador fue finalmente autorizado.



ÁREA DE DEFENSA E INTERIOR

En 2005 la Institución visitó los centros pe-nitenciarios de Barcelona-Hombres, Bar-

celona-Mujeres, Bilbao, Nanclares de Oca,Navalcarnero, Pamplona, San Sebastián, Va-lladolid, Victoria Kent de Madrid, Ávila, Gi-rona y Ocaña I.

Fallecimientos en prisión

Causan preocupación los fallecimientosen prisión que, como consecuencia de suici-dios o efectos de sustancias estupefacientes,se vienen produciendo en el ámbito peni-tenciario. El Defensor del Pueblo investigasiempre los casos de muertes de presos de losque tiene conocimiento, y realiza el segui-miento de las tareas que en estos casos com-peten a Instituciones Penitenciarias, en ma-teria de prevención de riesgo de suicidio,lucha contra la drogadicción y sus efectos enlas prisiones.

En 2005 se inició una investigación de oficio,como consecuencia de noticias aparecidas enlos medios de comunicación que se referían aun elevado número de fallecimientos acaecidosen el ámbito penitenciario. En la investigaciónde oficio de referencia se solicitó informaciónsobre un elenco de casos conocidos.

La Dirección General de Instituciones Pe-nitenciarias envió a la Institución un por-menorizado informe sobre todos estos falle-cimientos del que se deducen tres causasfundamentales: la muerte natural derivadadel agravamiento de patologías previas (VIH,hepatitis y otras), la droga (sobredosis o rea-cciones adversas, a veces sobredosis de me-tadona) y el suicidio, este último general-mente por ahorcamiento, si bien hay algúncaso de ingestión de sustancias cáusticas ointoxicación por monóxido de carbono.

La salud de los presos

La Institución se interesa por los reclusosgravemente enfermos, en orden a promoverla aplicación, en su caso, de las previsionesestablecidas en el artículo 196 del Regla-mento Penitenciario, desde las relativas altratamiento odontológico hasta los trasladosde reclusos a los centros hospitalarios paraconsultas ordinarias, en ocasiones fallidos,bien por problemas relacionados con la cus-todia durante el traslado, bien por problemaspropiamente hospitalarios.

El problema de la drogadicción en las cár-celes continúa. Las cifras son desoladoras ycorroboran la triple asociación droga-delito-cárcel. Según el estudio «Drogodependientesque ingresan en prisión: consumo y prácticasde riesgo» citado en la Memoria 2004 relati-va a los «Programas de intervención con dro-godependientes en centros penitenciarios»(Memoria de la Subdirección General de Sa-nidad Penitenciaria, remitida al Defensor delPueblo en octubre de 2005), el 77,2% de losinternos consumía drogas en el mes anterioral ingreso, generalmente en un contexto depoliconsumo.

Además, indica la memoria citada, son fre-cuentes las enfermedades asociadas como elsida, seropositividad al VIH, hepatitis B y C,tuberculosis, enfermedades de transmisiónsexual y patología psiquiátrica. Otras carac-terísticas de los drogodependientes que in-gresan en prisión son la carencia de hábitosde aseo e higiene corporal, conocimientos de-ficientes sobre los riesgos de enfermar, esca-so contacto previo con servicios sanitarios y detratamiento de drogodependencias, bajo ni-vel de estudios, trastornos en el desarrollo dela personalidad, desestructuración familiar,etc.; en definitiva, un conjunto de elementosnegativos de partida que reclaman una vigo-rosa actuación de las administraciones y de to-das las organizaciones sociales que ayudan alos presos a recuperar su propia dignidad.

El Defensor del Pueblo ha continuado rea-lizando un seguimiento de las actuaciones dela Administración en este complejo ámbitode la lucha contra la drogadicción.

Apoyo a las víctimas del terrorismo

La Institución se dirigió al Alto Comi-sionado de Apoyo a las Víctimas del Terro-rismo manifestándole el problema del vacío

legal que sufren las víctimas españolas deatentados cometidos en el extranjero antesde septiembre de 2001 y sus familiares, enorden a conocer si estaba prevista algunainiciativa legislativa al respecto.

El Alto Comisionado citado dio traslado aesta Institución de un informe sobre el bo-rrador del anteproyecto de «Ley integral pa-ra la protección de las víctimas del terroris-mo». A petición del Alto Comisionado, y enrelación con la posición de la Institución delDefensor del Pueblo sobre las víctimas espa-ñolas de atentados terroristas cometidos enel extranjero con anterioridad al 1 de sep-tiembre de 2001, la Institución ha comunica-do a dicho organismo que es totalmente fa-vorable a que las mencionadas personasobtengan el máximo reconocimiento y resar-cimiento posibles.

El «Caso Roquetas»

El fallecimiento de un ciudadano, en elpuesto de la Guardia Civil de Roquetas deMar (Almería), tras ser detenido, en el mesde julio de 2005, dio lugar a una gran con-moción social. El Defensor del Pueblo abrióuna investigación de oficio al respecto. Se-gún se informaba en los medios de comuni-cación, varios miembros de la Guardia Civildel citado cuartel estaban imputados en elprocedimiento judicial que se instruía, ha-biéndose adoptado, al parecer, medidas cau-telares en el ámbito disciplinario.

Se solicitó de la Dirección General de laGuardia Civil un informe sobre las medidasque, en el ámbito disciplinario, se habíanadoptado contra los guardias civiles implica-dos, así como sobre la utilización de mediosde defensa antirreglamentarios. En todo ca-so, será la autoridad judicial la que habrá dedeterminar las responsabilidades que even-tualmente procedan.

Bandas latinas

El Defensor del Pueblo se ha interesadopor los problemas existentes de inseguridadciudadana en diversos barrios y zonas, tantode grandes ciudades como de pequeños mu-nicipios, así como por la inseguridad que re-presentan las denominadas «bandas latinas».El machismo y la violencia, en el marco de

Progresivo aumento de la población penitenciaria

En el año 2005 se ha dado la cifra más alta de presos en las cárceles; fue el 9 de diciembre de 2005, en que alcanzó los 61.405, ré-cord histórico en democracia. En cuanto a preventivos, la cifra más alta se dio el 16 de septiembre, cuando se alcanzaron los 14.435.

En los últimos años la Institución viene expresando su preocupación por el progresivo incremento de la población penitenciaria. Estatendencia se modera en 2005, pero se mantiene.

Centro Penitenciario de Zuera.

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ÁREA DE DEFENSA E INTERIORuna estructura paramilitar (que incluye unauniformidad propia), forman parte de las se-ñas de identidad de estos grupos, que practi-can violencia tanto hacia fuera, como dentrode su propia estructura interna.

La policía es consciente de este problemaemergente, y realiza tareas de represión yprevención en los lugares donde estos jóvenesconcurren, así como en el entorno de los cen-tros de enseñanza, lugar natural de sus re-clutamientos.

El problema de las «bandas juveniles»,nuevo en España, es serio, pues si por unaparte es un factor criminógeno más, que alar-ma con razón a los ciudadanos afectados ymoviliza a las instituciones, por otro signifi-ca, desde una perspectiva cultural, la pre-sencia en grupos organizados de valores pro-fundamente antidemocráticos y atentatorioscontra la dignidad de las personas, como sonel racismo, el machismo o la violencia eje-cutada de diversas formas, en el marco, ade-más, de estructuras jerárquico-autoritarias.

Problemas del aparcamiento regulado

Se constata la notable constricción quepadecen los administrados, sobre todo en lasgrandes ciudades, cuando desean aparcarsu vehículo particular. Además de deberabonar el impuesto de circulación corres-pondiente, han de abonar la tasa estableci-da por aparcar en zona regulada, zona que,por otra parte, es cada vez mayor y no se li-mita a los barrios más céntricos y colapsa-dos. Además de tener que abonar las canti-

dades establecidas, padecen el riesgo de sersancionados por razones que, a veces, no seajustan a la realidad. En muchas ocasiones,personas de ingresos medios y bajos se venacosadas por multas de las que no puedendefenderse de una manera efectiva, lo quegenera un descontento social cada vez ma-yor y una repulsa al sistema de regulación deaparcamientos en los municipios en los queestá establecido.

Se constata también que generalmente noexisten aparcamientos que no sean de pagoen el centro de las ciudades. El ciudadanodebe optar entre una plaza de garaje, aparcarpagando en la zona correspondiente de esta-cionamiento limitado o exponerse a ser mul-tado con fundamento o sin él, dadas las difi-cultades de defensa antes apuntadas. En estesentido, se echan de menos políticas de apar-camientos municipales gratuitos o bonifica-dos para los ciudadanos que más necesidadpuedan tener. Esta realidad agrava los efec-tos sociales negativos del sistema tal y comoestá configurado actualmente.

Por todo lo anterior, se recomendó a laFederación Española de Municipios y Pro-vincias impulsar en los municipios afecta-dos el más estricto respeto a las garantíasdel procedimiento sancionador. En particu-lar, debe asegurarse la tipificación e impu-tación precisas de la presunta infracción,sin referencias genéricas que dificulten ladefensa. Al propio tiempo, se insta desdeesta Institución a una toma de concienciade los serios problemas logísticos y econó-micos que produce el sistema a los ciuda-danos y, en consecuencia, a que se impul-

sen políticas públicas de creación de apar-camientos gratuitos o bonificados para losmismos.

Administración militar

En materia de actuaciones de la Adminis-tración militar, la Institución se ha interesa-do por problemas muy variados. Puede des-tacarse la comparecencia en la Instituciónde la esposa de un sargento del Ejército deTierra, dando cuenta de que su esposo fueherido en una misión en Iraq el 11 de febre-ro de 2004, sufriendo junto a los hombres desu unidad y su jefe de sección un ataque pormedio de una granada de mano en Ad Diwa-niyah.

La Institución solicitó del Ministerio deDefensa un informe sobre la calificación ju-rídica de las heridas sufridas por el interesa-do; si se trataba de un herido en combate, enatentado terrorista, o bien, cuál es la califi-cación jurídica que procede, lo que resultarelevante desde la perspectiva del principioconstitucional de seguridad jurídica y de losderechos que en cada caso puedan corres-ponder al afectado. También se preguntó alMinisterio de Defensa por qué el afectado nofue evacuado de Iraq el día 13 de febrero de2004, esperándose doce días para realizar larepatriación; qué atención recibió el afecta-do en el Hospital Militar Gómez Ulla de Ma-drid y por qué el herido no estaba siendo tra-tado sanitariamente por el Ejército, dadas lassecuelas físicas y psíquicas que padecía. Puessi bien solicitó el alta voluntaria en su día, pa-rece evidente que el Ejército debía preocu-parse por la salud física y mental de quieneshabían sido heridos en el cumplimiento de sudeber.

Por último, se preguntó por qué el sargen-to al que nos referimos no había recibido con-decoración alguna por la misión desempe-ñada, y las razones por las que se le habíadenegado el «pasador» de Iraq, sin tener encuenta que había sido herido allí en cumpli-miento de una misión.

El Ministerio de Defensa remitió al Defen-sor del Pueblo cumplida información sobre elcaso citado, tanto en lo que se refiere a la ca-lificación jurídica de las heridas del sargen-to interesado, como a los derechos que pue-de ejercitar. Igualmente, se detallan en lainformación recibida las circunstancias de laevacuación, la atención recibida en el Hospi-tal Central de la Defensa y, finalmente, se dacuenta de que se le ha concedido el Distinti-vo de Mérito de Operaciones de Manteni-miento de Paz relativo a Iraq, en virtud deResolución 216/11880/05, Boletín Oficial deDefensa número 142.

Las bandas latinas, constituidas, fundamental-mente, por hijos de Inmigrantes que viven enghettos marginales de las grandes ciudades,se han convertido en un problema de ordenpúblico y de seguridad ciudadana.

Los parquímetros son objeto de queja y polémica, especialmente en algunas urbes.

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ÁREA DE JUSTICIA Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Un Informe de la Fiscalía General del Es-tado remitido a esta Institución, con oca-

sión de las investigaciones realizadas, poníade relieve que en el año 2005, la Sala Prime-ra estaba señalando recursos de casación quehabían sido presentados en el año 1999.

Similares dilaciones se producen en la Sa-la Tercera de lo Contencioso-Administrativodel Tribunal Supremo, también reflejadas enanteriores Informes Anuales del Defensor delPueblo.

Falta de juzgados

En cuanto a los órganos unipersonales, lapreocupante situación de retraso que afecta-

ba a los Juzgados de San Vicente del Ras-peig, que el Defensor del Pueblo ya resaltó enanteriores informes, sigue estando pendien-te de resolución, a pesar de las medidas quese han tomado desde las primeras denunciassobre sus disfunciones. Podemos destacar laqueja de un colectivo de abogados de la pro-vincia de Alicante, cuya actividad profesio-nal se veía perjudicada por el mal funciona-miento de los citados juzgados y otra de lasquejas referidas al mismo juzgado, sobre unprocedimiento iniciado en el año 1993 y que,en el año 2005, continuaba tramitándose.

Iniciadas las investigaciones con la Con-sellería de Justicia y Administraciones Pú-blicas de la Comunidad Valenciana y con el

Consejo General del Poder Judicial, el infor-me remitido por la Consellería detallaba lasmedidas acordadas, dentro de su ámbitocompetencial, para adaptar los medios ma-teriales y personales a las necesidades pro-pias. Se promovió la construcción de un nue-vo Palacio de Justicia y se aprobaron planesde refuerzo semestrales genéricos, destina-dos a solventar la problemática derivada dela acumulación coyuntural de asuntos pen-dientes de tramitar. Por su parte, el ConsejoGeneral del Poder Judicial reconocía serconsciente de la delicada y difícil situaciónpor la que atravesaban los Juzgados de SanVicente del Raspeig y añadía que sería in-cluido en el plan de visitas previsto, a fin detener un conocimiento exacto de la situaciónde los Juzgados y proponer las medidas y so-luciones que se estimaran oportunas.

También cabe destacar el deficiente fun-cionamiento del Juzgado de Instrucción nú-mero 1 de Almería. Al respecto, se admitió atrámite la queja presentada por un compare-ciente relativa al retraso que se estaba pro-duciendo en las diligencias previas que se tra-mitaban en ese órgano judicial, a raíz de lapresentación de una querella criminal. El in-forme solicitado no sólo reconoció las demo-ras existentes en las citadas diligencias, sinola situación en la que se encontraba el órga-no judicial. Concretamente, se indicaba que,en el plazo de dos años, se habían producidodos traslados de sede, se había cambiado laplantilla en cuatro ocasiones y, desde el mesde junio de 2004, todos los funcionarios de ca-rrera habían pedido traslado a otros destinosquedando el juzgado servido únicamente porinterinos.

Asimismo, esta Institución considera nece-sario resaltar la situación que afecta al Juz-gado de Primera Instancia número 73 deMadrid. Un ciudadano relataba que había pre-sentado una demanda de juicio ordinario en fe-cha 8 de febrero de 2005 y que mediante pro-videncia de 31 de marzo, se señalaba laaudiencia previa para el día 7 de marzo de2006. De la información recibida del Serviciode Inspección del Consejo se desprendían losmotivos que impedían la práctica de señala-mientos en tiempos inferiores a los que se ve-

Aumentan las dilaciones y retrasos en los procedimientos judiciales

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas como derecho constitucional a que los órganos judiciales resuelvan y hagan eje-cutar lo resuelto en un plazo razonable sigue siendo, lamentablemente, una aspiración, a la vista de las numerosas quejas que con-

tinúan recibiéndose año tras año en esta Institución.La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es una de las que mayores retrasos acumulan. El Defensor del Pueblo viene expresando su

preocupación, en los distintos informes anuales, por los graves retrasos que se producen en la resolución de los recursos de casaciónque conoce la Sala Primera. Un año más, es necesario volver a insistir en que la situación existente, lejos de ser parecida a la del añoanterior, continúa empeorando.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es una de las que mayores retrasos acumulan.

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nían observando. Los motivos alegados veníanreferidos, fundamentalmente, a la necesidadde dar cumplimiento a los principios de inme-diación y oralidad del nuevo proceso judicial,a la carencia de salas de visitas en los edificiosjudiciales, que obligaba a un reparto de lasexistentes entre los juzgados, y al volumen deentrada de asuntos en los juzgados de Madrid.

El 5 de julio de 2005 la Junta de Jueces deMadrid aprobó por unanimidad unos criteriospara unificar el ritmo de señalamientos, con-sistentes semanalmente en 2 audiencias pre-vias, 2 juicios ordinarios y 6 verbales. A la vis-ta de estos datos, quedaba puesto de manifiestoque el Juzgado de Primera Instancia núme-ro 73 de Madrid realizaba, semanalmente, ma-yor número de audiencias y vistas de las acor-dadas por la Junta de Jueces, ya que cada díade señalamiento celebra 2 audiencias previas,2 juicios ordinarios y 4 verbales.

La única solución posible, a juicio del Con-sejo General del Poder Judicial para norma-lizar esta situación, pasaba por la creaciónde nuevos juzgados de primera instancia enMadrid. Por ello, se consideró convenienteiniciar una nueva línea de investigación conel Ministerio de Justicia en orden a conocerlas previsiones del citado órgano para la crea-ción de nuevos Juzgados en Madrid.

Deficiencias respecto del servicio público judicial

El buen o mal funcionamiento de la Ad-ministración de Justicia repercute directa-mente en las víctimas de los delitos. Una ciu-dadana de 76 años víctima de un robo sequejaba de que, después de poner la corres-pondiente denuncia, transcurridos siete me-ses, no había sido reconocida por el médicoforense, ni había recibido comunicación al-guna del juzgado, ni habia sido informada delas ayudas y asistencias legales previstas pa-ra las víctimas de delitos violentos. Tampo-co se informa a víctimas de delitos violentosy contra la libertad sexual, aunque el ConsejoGeneral del Poder Judicial nos confirmó pos-teriormente que había recordado a sus fun-cionarios la obligación legal de informar.

Tras recabar la colaboración del ConsejoGeneral del Poder Judicial, del Fiscal Gene-ral del Estado, de la Secretaría de Estado deSeguridad y de las Consejerías de Interior deCataluña y del País Vasco, al cierre del Infor-me de 2004 se habían recibido todos los in-formes solicitados, excepto el del Consejo Ge-neral del Poder Judicial, y en ellos secomprobaba que, —mediante circulares, ins-trucciones, manuales, guías, etc.— los dis-tintos órganos habían adoptado medidas con-cretas para recordar a sus funcionarios esaobligación legal de informar.

En abril de 2005 el Consejo General delPoder Judicial ha dado respuesta a nuestra

petición de informe y manifestando que porla Jefatura del Servicio de Inspección se dioinstrucciones a todas las Unidades inspecto-ras para que cada una informara sobre su ex-periencia en el tema indicado durante sus vi-sitas de inspección. De estos informes sedesprendía que los órganos judiciales dabancumplimiento al deber de información queestablece el artículo 15 de la Ley 35/1995. Noobstante, se habían apreciado algunas dis-funciones en órganos judiciales mixtos de lasComunidades Autónomas de Madrid, Extre-madura y Cataluña, al no constar que se fa-cilitara expresamente a las víctimas de deli-tos violentos y contra la libertad sexualinformación específica sobre las ayudas a lasque pueden tener derecho y el procedimien-to a seguir para obtenerlas, aunque, en todocaso, las víctimas sí estaban conveniente-mente asesoradas por los Servicios SocialesMunicipales o por los distintos Cuerpos yFuerzas de Seguridad del Estado.

A la falta de medios personales en la Ad-ministración de Justicia se unen, según va-rias denuncias recibidas por el Defensor delPueblo, la falta de coordinación entre las au-toridades que intervienen en las diligenciaspoliciales y judiciales por hechos en los quese produjo la muerte de alguna persona yque dieron lugar a retrasos en las comuni-caciones de esta circunstancia a los fami-liares, a pesar de conocerse sus datos y po-der ser fácilmente localizados. A tal fin seremitió oficio a los fiscales jefes para quevelasen por la más pronta comunicación adichas familias.

Situación en algunos centros de menoresinfractores

Durante el año 2005, los centros de meno-res visitados por los asesores del Defensor delPueblo, sin previo aviso, como es habitual,fueron: «Tielmes» en Madrid; «ConcepciónArenal» en La Coruña; «San Jorge» en Zara-goza; «Las Moreras» en Murcia; «Mesa Pon-te» y «Valle Tabares» en Tenerife; «Gáldar» y«La Montañeta» en Las Palmas, y el terapéu-tico de «Cantalgallo» en Sevilla.

De hecho se han visitado ya dos o tres ve-ces más del 80 por ciento de los centros exis-tentes en España, aparte de los que además seinvestigan de oficio cuando se tienen noticiasde hechos que afectan a menores internados.

De estas visitas merece especial atención,por las peculiaridades del centro, la realiza-da al Centro de Internamiento Terapéuticode Menores Drogodependientes «Cantalga-llo» sito en Dos Hermanas (Sevilla). Estecentro, de titularidad y gestión privada, estádirigido y gestionado por la Fundación Pro-yecto Hombre. Pudimos comprobar un eleva-do grado de satisfacción de los menores con

el centro y con el tratamiento de los trabaja-dores. El centro compagina tratamientos te-rapéuticos con programas de concienciacióny resocializadores.

Como consecuencia de la visita al Centrode Cantalgallo se abrió una queja de oficio porla que se solicitó la colaboración del ConsejoGeneral del Poder Judicial y del Fiscal Gene-ral del Estado para que se pongan los mediosnecesarios al objeto de que los jueces y los fis-cales de la jurisdicción de menores tengan co-nocimiento de la existencia de plazas de in-ternamiento terapéutico, de los programasque en ellas se siguen y la duración mínimade los mismos, así como la conveniencia de in-cluir en los cursos formativos para jueces yfiscales de menores la nula eficacia de la me-dida de internamiento terapéutico, cuando lamisma se acuerda para periodos cortos. Al cie-rre de este Informe se estaba pendiente derecibir respuesta a las comunicaciones dirigi-das al Consejo General del Poder Judicial y alFiscal General del Estado.

Actuaciones contra la violenciadoméstica

Han sido demasiadas las víctimas mortalesque se han producido durante el año 2005,habiendo iniciado la Institución, de oficio, in-vestigaciones encaminadas a comprobar sipor parte de las administraciones con com-petencia en la materia se habían adoptadotodas las medidas necesarias y, en su caso,saber por qué no habían funcionado adecua-damente todos los mecanismos que hubiesenhecho posible que se evitasen estos fatalesdesenlaces. En otros casos, y como conse-cuencia directa de las quejas formuladas porciudadanos, se han abierto investigacionestendentes a que se adoptasen por las admi-nistraciones competentes las medidas pre-ventivas necesarias para garantizar la segu-ridad de las víctimas.

El Defensor del Pueblo ha investigado tam-bién la situación de los procedimientos in-coados en el ámbito civil para solucionar lascrisis de pareja.



La situación del Centro de Menores Infractoresde Gáldar en Las Palmas, llevó al Defensor delPueblo a proponer su cierre.


Quejas sobre el Registro Civil Central

El Registro Civil Central, como ya se hadestacado en otros informes, tiene una cargade trabajo que desborda toda posibilidad deprestar un servicio de calidad con una míni-ma agilidad. Los plazos de resolución de losexpedientes van aumentando. El deficientefuncionamiento de la centralita telefónicaimpide a muchos ciudadanos conocer cómova la tramitación de sus expedientes. Existeun elevado número de quejas sobre retrasosde siete a ocho meses en la expedición decertificados literales de nacimiento, una vezobtenida la nacionalidad española, despuésde varios años de trámite. Sin la citada cer-tificación, el ciudadano no puede obtener elDNI y pasaporte de español, lo que le man-tiene indocumentado por tiempo indefinido ole impide obtener trabajo, cotizar a la Segu-ridad Social, salir de España, convalidar elpermiso de conducir, ... en definitiva, ocasio-na graves perjuicios económicos y personalesa los afectados.

Además, los ciudadanos que nos trasladansu preocupación por estos hechos se quejandel trato de favor que reciben algunos perso-najes de la vida pública, como deportistas yactores extranjeros, a los que los plazos dedemora del Registro Civil Central no parecenafectarles.

Iguales demoras de nueve a diez meses seproducen en la inscripción de menores adop-tados en el extranjero para su inscripción enel Registro Central, después que sus padreshayan sufrido un largo proceso de adopción.

Esta Institución, aun reconociendo los es-fuerzos del Ministerio de Justicia para inten-tar solucionar las disfunciones que aquejan alRegistro Civil Central, considera que las me-didas adoptadas hasta el momento son clara-mente insuficientes. Por todo ello, el Defen-sor del Pueblo consideró conveniente remitir

en el mes de febrero de 2005, una recomen-dación en la que se instaba a ese Ministerioa subsanar todas las deficiencias observadas,anomalías que incluían la inadecuada mor-fología del edificio, insuficiencia de personal,escasez de espacio para los archivos y ubica-ción inadecuada, entre otras. Esta Instituciónconsideraba necesario y urgente un Plan Es-pecial para subsanar todas las deficienciasanteriormente mencionadas y que afectan amiles de ciudadanos. Igualmente, el Defensordel Pueblo ha destacado, una vez más, el de-ficiente funcionamiento de la centralita te-lefónica.

El informe del Ministerio de Justicia a lacitada recomendación fue recibido a finalesdel año 2005 y en el mismo se daban a cono-cer las actuaciones realizadas por ese De-partamento y las medidas que se iban a im-plantar en un futuro próximo. Como eltraslado del Registro Central a un nuevo edi-ficio, que se está terminando de rehabilitaren la plaza de Jacinto Benavente, de Madrid,el aumento y modernización de la capacidadde la actual centralita telefónica, la mejorade las aplicaciones informáticas y el incre-mento de personal, así como la conexión in-formatizada de todos los registros civiles y elaumento de las horas trabajadas para dismi-nuir el retraso, introduciendo, cuando seponga en marcha la Oficina Judicial, un ho-rario de atención al ciudadano de mañana ytarde, de lunes a viernes y el sábado por lamañana.

En lo referido a las modificaciones legisla-tivas, se señala que, con fecha 19 de noviem-bre de 2005, se ha publicado en el Boletín Ofi-cial del Estado la Ley 24/2005, de 18 denoviembre, de reformas para el impulso de laproductividad, que en su disposición adicio-nal séptima, modifica el articulo 16 de la Leydel Registro Civil permitiendo, en los casos deadopción internacional e, igualmente, en lasinscripciones de nacimiento que sean conse-cuencia de la adquisición de la nacionalidadespañola por ciudadanos cuyo lugar de naci-miento sea un país extranjero, que la ins-cripción de nacimiento se extienda en el Re-gistro Civil municipal del lugar del domicilio.

Presos españoles en el extranjero

Como viene quedando reflejado en infor-mes de años anteriores, así como en el volu-men de quejas recibidas, desde esta Institu-ción se presta especial atención a laspersonas que, por determinadas circunstan-cias, se encuentran privadas de libertad enpaíses extranjeros.

Las investigaciones emprendidas van en-caminadas, por imperativo de nuestra LeyOrgánica reguladora, a la supervisión de laactuación de la administración pública es-pañola por lo que la mayoría de las admi-siones a trámite de las quejas recibidas serealizan por dos motivos: la actuación de losConsulados y las demoras en la tramitaciónde los expedientes de traslado.

Hay que tener en cuenta que la actuaciónde las autoridades españolas viene condicio-nada por la de las competentes del país en elque haya sido condenado el interesado. Enmuchas ocasiones, la paralización de los ex-pedientes es por causas exclusivamenteimputables a la administración extranjera, loque desmoraliza a los presos españoles en elexterior, ya que en las prisiones en que se en-cuentran no reúnen las mínimas condicionesde higiene, seguridad o sanidad.

Entre las actuaciones realizadas por el De-fensor del Pueblo durante el año 2005, en re-lación con determinados presos españoles enel extranjero, debemos destacar la peticiónde informe a la Dirección General de Asun-tos y Asistencia Consulares, para conocer lasituación personal de un preso español en Ve-nezuela que fue tiroteado en el centro peni-tenciario, como consecuencia de un robo per-petrado por parte de otros reclusos de lamisma prisión, precisamente el día en el quecobró la ayuda del Consulado, que al parecerera mayor debido al pago de ciertos atrasos.

La respuesta remitida por dicha DirecciónGeneral explicaba que el traslado del intere-sado a otra prisión estaba pendiente de au-torización por parte del juez competente pa-ra adoptar dicha decisión, por lo que todavíano había sido reubicado.

Interpelados por la frecuencia de las visi-tas por parte de los funcionarios del consu-lado a los presos españoles, se nos informóque variaban en función del número de pre-sos, de los centros penitenciarios en los quese encuentren y de la ubicación de éstos, pe-ro que, en cualquier caso, la periodicidad delas visitas era superior al número mínimo fi-jado por la legislación vigente en la materia.

Por último, se nos comunicó que el consu-lado estaba realizando todas las gestiones po-sibles con el fin de agilizar la tramitación desu expediente de traslado, cuyas demoras eranimputables a la actuación de la administraciónpública venezolana. Por ello, el Defensor delPueblo decidió solicitar la colaboración de la



Consulado de España en Tánger (Marruecos)

Registro Civil Central, en su nueva sede de laPlaza de Benavente, Madrid.



ÁREA DE JUSTICIA Y VIOLENCIA DOMÉSTICADefensoría del Pueblo de la República Boliva-riana de Venezuela para que, dentro del mar-gen de sus competencias, interviniese en suagilización, agradeciendo además la informa-ción que nos pudiera remitir sobre la posibili-dad de agrupar a los presos en las prisiones, enfunción de su peligrosidad.

De esa Defensoría venezolana se recibióun resumen de las actuaciones llevadas a ca-bo por ese organismo, del que cabía concluirque habían visitado al interesado en variasocasiones, habiendo incluso conseguido sutraslado al hospital Victorino Santaella de LosTeques, donde fue intervenido quirúrgica-mente como consecuencia de la herida de ba-la. Con posterioridad a la intervención, elinteresado fue visitado en el centro peniten-ciario, constatando la funcionaria de la De-fensoría que se encontraba en buenas condi-ciones físicas.

Presos españoles en Marruecos

Por medio de la Asociación para la defen-sa de los chóferes profesionales de interna-cional (ASOCHOFER), se recibió en la Insti-tución un escrito firmado por un grupo detreinta y nueve españoles presos en Tángerque, según se pudo constatar, fue publicadoparalelamente en algunos medios de comu-nicación.

En la carta se hacía constar el trato reci-bido por los españoles y las pésimas condi-ciones de la prisión en la que se encontra-ban. A la vista de su contenido, el Defensordel Pueblo consideró oportuno profundizaren los problemas que se exponían, razón porla cual se concertó una entrevista con fami-liares de los presos y la presidenta de la men-cionada Asociación.

En dicha entrevista se conoció que dos pre-sos españoles se encontraban en un estadograve de salud, padeciendo uno de ellos unasevera incontinencia, y el otro afectado pordos infartos y una trombosis cerebral, nece-sitando ambos asistencia constante.

Igualmente conocimos que la situación delas mujeres en prisión era peor que la de losvarones, necesitando ayuda psicológica, yaque una de ellas intentó suicidarse ingirien-do pastillas.

Por último se nos informó de que uno de losproblemas principales que afecta a los presosespañoles en Marruecos es la demora con laque el Consulado tramita su certificado depobreza. Documento imprescindible para queel Departamento de Aduanas marroquí anu-le la multa y autorice su traslado a España.Por ejemplo, un español condenado a tresaños de prisión, llevaba dos esperando a queel Consulado le facilitase el certificado.

De la información recabada se dio trasla-do al Consulado de España en Tánger. Dichoorganismo emitió el preceptivo informe co-municando, en primer lugar, que la PrisiónCivil de Tánger tiene capacidad para albergara 1.500 reclusos, aunque en ese momento aco-gía a cerca de 3.000, lo que ya de por sí es undato indicativo de las deficiencias de espa-cio, sanidad y alimentación que podía tenerla prisión.

En el Consulado existe una persona que seencarga única y exclusivamente de la aten-ción a los presos a los que visita dos o tres ve-ces por semana, complementando su actua-ción con la de las religiosas de la Orden Hijasde la Caridad que, además de visitar regular-mente a los presos, administran el dinero queles envían sus familiares y efectúan compraspor encargo.

El pasado mes de noviembre el Consuladoofreció al director de la prisión la posibilidadde que médicos del Hospital español en Tán-ger visitaran a los reclusos españoles en casode que lo necesitaran y el Director remitió susolicitud a la Dirección General de Adminis-traciones Penitenciarias. La Embajada solici-tó el permiso y sólo se dio autorización oral pa-ra necesidad caso por caso, por lo que se reiteróla solicitud de una autorización general.

En cuanto al certificado de pobreza con res-pecto al cual solicitábamos información, noscomunicaron que, conforme al contenido delacuerdo bilateral firmado entre España y Ma-rruecos para el traslado de personas condena-das, puede ser causa de denegación del mismoel no haber satisfecho el importe de la multaimpuesta por sentencia en su totalidad o de lasuma acordada tras la posible negociación delos representantes legales del interesado.

Dicho certificado es un documento que es-tá aportando el Consulado a los efectos deconseguir la condonación de las multas pecu-niarias impuestas a los españoles condenadosen Marruecos. Esta práctica se está llevandoa cabo conforme a la aplicación por analogíade lo dispuesto en la ley procesal marroquí,para lo cual se recaban los informes oportu-nos de las autoridades competentes españo-las. En concreto, necesita reunir un certifica-do del Ayuntamiento del lugar de residenciadel recluso, otro de Hacienda relativo a lostres últimos años, y un último documento delÍndice General de la Propiedad y, en su caso,certificado o nota simple del catastro.

Una vez conseguida la condonación de lasanción económica, el Consulado ha tratadode ir más allá aportando el certificado expe-dido por la Fiscalía en el que se reconoce laconmutación de esta pena, como documen-tación para la tramitación del traslado de lospresos a España. Este documento está susti-

tuyendo en la práctica al que probaría la li-quidación de la sanción.

Si de la información recibida se puedededucir que realmente existe pobreza, seemite el certificado; en caso contrario, pues-to que toda la documentación se pone adisposición de las autoridades marroquíes pa-ra su verificación, no se expide porque seríacontrario a los intereses del resto de los re-clusos que podrían beneficiarse de dicha me-dida. El plazo para recabar la informaciónnecesaria depende de cada uno de los orga-nismos españoles a los que se dirigen.

Cumplimiento de condenas en el país de origen

A la vista de la eficacia de la incorpora-ción de dichos documentos al expediente detraslado, se solicitó a la Dirección Generalde Asuntos y Asistencia Consulares que seestudiase la posibilidad de firmar un proto-colo adicional al convenio suscrito entre Es-paña y Marruecos para el cumplimiento dela condena en el país de origen, con el fin deregular la posibilidad y los efectos de apor-tar el certificado de pobreza para cumpli-mentar la documentación del expediente detraslado.

Además de lo expuesto, se recibió infor-mación individualizada sobre la situación decada uno de los presos, de la cual se dio tras-lado a sus respectivos familiares.

Presos españoles en otros países

En relación con el español condenado amuerte en Filipinas, en un proceso plagadode irregularidades, de las cuales ya dimoscuenta en su día, pudimos conocer, como con-secuencia del seguimiento efectuado con losorganismos implicados, que el Tribunal Su-premo filipino ratificó la sentencia condena-toria, por lo que la única opción posible era so-licitar la clemencia presidencial. El Defensordel Pueblo ha solicitado que se le informe decualquier eventualidad que se produzca (1).

Igual ocurre respecto del caso de otro es-pañol detenido en una prisión de Bolivia,acusado del asesinato de una Fiscal. El pro-ceso que le incumbe se ha visto reiterada-mente retrasado, aparte de los malos tratosrecibidos en la cárcel, según denunció Am-nistía Internacional. Aunque finalmente hasido puesto en libertad provisional con vigi-lancia domiciliaria, al haber permanecidodetenido mas de dieciocho meses sin habersido juzgado. Igualmente, el Defensor delPueblo ha solicitado que se le remita infor-mación sobre cualquier novedad que se pro-duzca en relación con el interesado (2).

(1) Al preso aludido, la Presidenta de Filipinas, le cambió la pena de muerte por dos penas de cadena perpetua en abril de 2006. La familia mantiene los recursos.(2) Este español obtuvo la libertad sin cargos el 13 de marzo de 2006.



ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA

Grupos

Comunidades Autónomasde parentesco Empresa Vivienda

Minusvalías Limitaciones VariosBonificación familiar habitualde la B

Andalucía........................... 100% G. I y II 99,99% I y II 100% Sí EAAragón................................ 100% G. I 95% G. I y II 100% G. I 100% Sí FAsturias.............................. 99% G. I y II Hasta 99% Sí CBaleares ............................. 99% G. I 100% G. I y II �300.000 E Sí PLCanarias............................. 99% G. I y II Hasta 225.000 Sí A, CCantabria........................... Hasta 50.000 E 98% G. I y II 99% G. I Hasta 200.000 Sí E, S, PH, CCastilla/La Mancha .......... 95% G. I

20% G. II 3% 95% Sí EACastilla/León ..................... �60.000 E G. I y II 99% G. I y II Hasta 225.000 Sí E, PH, ICataluña ............................ 95% 95% Hasta 570.000 Sí E, PH, S, T, M, DPUExtremadura ..................... �70.000 G. I 100% G. I y II 100% G. I y II Hasta 180.000 Sí E, EA, PLGalicia................................ �1.000.000 G. I Hasta 216.400 Sí I, CLa Rioja.............................. 99% G. I y II 99% G. I y II 95% G. I y II Sí EAMadrid................................ 99% G. I 95% G. I y II 95% G. I y II Hasta 153.000 Sí E, S, PH, IMurcia................................ 99% G. I., 95% G. II 99 % SíComunidad Valenciana .... 99% G. I 95% G. I y II 99% SíCeuta y Melilla.................. 99% G. I y II 50% todos los grupos 50% todos los grupos 50% todos los grupos Sí

El siguiente cuadro expresa de forma re-sumida la tributación del Impuesto de

Sucesiones y Donaciones en las distintas Co-munidades Autónomas, excluidas el País Vas-

co y Navarra, en que dichas transmisiones es-tán exoneradas de tributación:

Diferente y desigual trato de las Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

El diferente tratamiento fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las transmisiones «mortis causa» de padres a hi-jos y entre cónyuges en las Comunidades Autónomas de régimen común y en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra pro-

vocó la apertura de una queja de oficio, así como la presentación de varias reclamaciones.

Los grupos de parentesco son cuatro gru-pos vinculados al causante en función de sugrado de proximidad, para los que la Ley pre-vé diferentes condiciones en la aplicación delresto de los preceptos del impuesto que cal-culan la cuota tributaria.

El grupo I recoge a los descendientes y adop-tados menores de 21 años. El grupo II englobaa los descendientes y adoptados de 21 o másaños, cónyuges, ascendientes y adoptantes. Elgrupo III incluye a los parientes colaterales desegundo y tercer grado, ascendientes y des-cendientes por afinidad. Y, por último, el gru-po IV contiene a los colaterales de cuarto gra-do, los grados más distantes y los extraños, paralos que no establece reducción alguna.

De las quince Comunidades Autónomas delas que se han podido reunir datos, además deCeuta y Melilla, incrementan las cuantíasexentas establecidas por la normativa comúna través de reducciones o bonificaciones, conexcepción de Asturias, Canarias y Cataluñapara los grupos I y II.

Las empresas que, o bien sean individuales,negocios profesionales o participaciones enentidades que constituyan la principal fuen-te de renta del causahabiente constituyen ladenominada empresa familiar, siempre querecoja los requisitos que establece el artícu-lo 8.4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Im-puesto sobre el Patrimonio. La transmisión de

la empresa familiar encuentra un amplio mar-gen de bonificación, salvo en Castilla-La Man-cha, Castilla-León, Galicia y Valencia, aunquese establecen limitaciones encaminadas a lano transmisibilidad durante un tiempo.

Respecto a la vivienda habitual, debe ha-ber constituido la vivienda habitual del cau-sante, aunque en muchas comunidades seexige que, además, lo fuera del adquirente. Latransmisión de la vivienda habitual tambiénse encuentra bonificada exceptuando en Ga-licia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Mur-cia y Valencia, si bien se exigen determinadosrequisitos para ello.

En lo relativo a las minusvalías, las perso-nas que padecen una minusvalía reconocidaoficialmente también disfrutan de una re-ducción especial, que llega al 100% en Anda-lucía y Aragón, anulando así la tributaciónpor este impuesto. Por el contrario, carecenabsolutamente de ella en Asturias, La Rioja yMurcia. Otras Comunidades Autónomas hanoptado por la enervación de la fiscalidad deuna cuantía fija.

Limitaciones en las reduccioneso bonificaciones

Por lo que respecta a las limitaciones, to-das las comunidades establecen limitaciones

e incompatibilidades con las reconocidas porla normativa común en la aplicación de las re-ducciones o bonificaciones.

La última columna de la tabla recoge dis-tintos conceptos de la regulación según lasComunidades autónomas. A continuación seexplican las siglas:

E. Equiparación parejas de hecho.A. Equiparación en régimen de acogi-

miento o pre-adoptivo.F. Regulación específica de la fiducia su-

cesoria según el derecho civil aragonés.B. Coeficientes. El artículo 22 de la Ley

29/1987, de 18 de diciembre, por la que se re-gula el Impuesto de Sucesiones y Donacio-nes, dispone, dentro del capítulo dedicado alcálculo de la deuda tributaria, unos coefi-cientes multiplicadores que se aplicarán so-bre la cuota íntegra al objeto de obtener lacuota tributaria. Dichos coeficientes se esta-blecen atendiendo al patrimonio preexisten-te del causahabiente, de manera que aquellosherederos que posean un patrimonio mayoren la fecha de fallecimiento del causante ve-rán incrementada la cuota tributaria en un 5,10 ó 20 por ciento, dependiendo del grupo deparentesco en el que se encuentren. Aquellascomunidades que han regulado la tabla decoeficientes multiplicadores han establecidoreducciones o incrementos.

008.AREA DE ADM.ECON.25270 21/6/06 12:23 Página 42

P.L. Previsiones de Regulación en nue-vos Proyectos de Ley. Baleares y Cataluña yExtremadura.

S. Reducción específica para las canti-dades percibidas por pólizas de seguro sobrela vida.

P.H. Patrimonio Histórico y Cultural delEstado o las Comunidades Autónomas.

E.A. Explotaciones Agrarias. Aquellas Co-munidades en las que las extensiones desti-nadas a explotaciones agropecuarias han re-gulado reducciones específicas destinadas aaliviar la presión fiscal en la adquisición mor-tis causa de estas explotaciones, realizandouna aproximación a la fiscalidad de la em-presa familiar.

I. Indemnizaciones percibidas de Ad-ministraciones Públicas.

M. Convivencia de Ayuda mutua. Cata-luña, con carácter único en todo el Estado,incorpora la convivencia de ayuda mutua,que define como aquella convivencia de 2 omás personas en una misma vivienda habi-tual que, sin constituir familia, compartenlos gastos comunes, el trabajo doméstico,tanto si la distribución es igualitaria o dife-rente, y con independencia de quién aporteingresos. Asimila esta figura a los parientesdel grupo III.

Por su parte, la Ley 29/1987, de 18 de di-ciembre, del Impuesto de Sucesiones y Do-naciones, recoge con carácter general paratodo el territorio común reducciones para latransmisión de la empresa familiar, la vivien-da habitual, los casos de minusvalía y tras-misión de patrimonio histórico, por lo que lasbonificaciones establecidas para estos con-ceptos por las Comunidades Autónomas supo-nen un aumento de beneficio fiscal general,salvo en los supuestos de incompatibilidades.Además, la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Mo-dernización de explotaciones agrarias dispo-ne una bonificación general para la transmi-sión de estas explotaciones.

Desigualdad impositiva,según la residencia

Desde la óptica del derecho de igualdadmaterial recogido en el artículo 9.2 de laConstitución española, sorprende que semantengan en muchas de ellas diferenciasentre los Grupos I y II que define la Ley29/1987, de 18 de diciembre, por la que se re-gula el Impuesto de Sucesiones y Donaciones—en su artículo 20.2.ª—, y que, como hemosvisto, engloba en el Grupo I a los descen-dientes y adoptados menores de 21 años, y enel Grupo II al resto de descendientes y cón-yuges, adoptantes y ascendientes, agravandola presión impositiva sobre estos últimos res-pecto de los primeros.

El artículo 39 de la Constitución españolaestablece la protección constitucional de lafamilia, entendida ésta como un todo, sin queestablezca diferenciación entre los hijos porsu edad o estado. La distinción responde, cla-ramente, a una presunción de capacidad eco-nómica a partir de cierta edad, con lo quepersigue otorgar una protección reforzada aaquellos descendientes que, en atención a sucorta edad, carecieran de dicha capacidadeconómica para liquidar los derechos corres-pondientes al patrimonio de sus progenito-res. Pero las circunstancias sociales en la ac-tualidad no permiten apreciar diferencias decapacidad económica entre los 20 y los 22años suficientes como para mantener dichadistinción. A tenor del mismo precepto cons-titucional, se produce un hecho singular, y esque el mismo bien puede estar sometido aimposiciones diferenciadas si hay dos o másdescendientes herederos y uno de ellos esmenor de 21 años, lo que podría dejarle exen-to de tributación por el mismo bien en co-munidades como Aragón, Madrid o Valencia,y sujeto para el adquirente de 22 años. El tér-mino exención se usa, a efectos prácticos ypor simplificar la redacción de estas conclu-siones, por equiparación a los regímenes fo-rales, pero se halla técnicamente sujeto a tri-butación, aunque su cuota sea 0, lo que,materialmente, supone quedar eximido de laobligación de pago.

Igualmente, el cónyuge estaría sujeto enesas mismas Comunidades, y en algunasotras, como en Andalucía, Baleares o Galicia,en las que también estaría sujeto a tributa-ción, según el régimen establecido por la Ley29/1987, de 18 de diciembre para la empresafamiliar.

Esta disgregación de las peculiaridades detributación del mismo hecho imponible enatención a la residencia del causante y la pro-lija regulación con que se recoge en cada Co-munidad Autónoma suponen una dificultadañadida para el contribuyente, que, en susquejas a la Institución, se siente discrimina-do y confundido por la dispersión normativaexistente en el conjunto del Estado.

El contribuyente tiene que tener claro, enaras a la certeza del derecho y por ende a laseguridad jurídica, que su vecindad es indi-ferente para establecer el derecho aplicable,que en el impuesto sobre sucesiones y dona-ciones se fija por el lugar de residencia delcausante.

El artículo 20 de la Ley 21/2001, de 27 dediciembre, por la que se regulan las Medidasfiscales y administrativas del nuevo sistemade financiación de las Comunidades Autóno-mas de régimen común y Ciudades con Esta-tuto de Autonomía regula las normas para de-terminar la residencia habitual de laspersonas físicas y establece en el apartado 4la falta de eficacia del cambio de domicilio

fiscal entre Comunidades Autónomas cuandoel objetivo principal de la modificación sea lo-grar una menor tributación en los tributos to-tal o parcialmente cedidos, como el impues-to de sucesiones.

Privilegios económicos asociados a la vecindad

De los datos estudiados se puede concluirque las Comunidades Autónomas próximasgeográficamente a las que cuentan con ré-gimen foral regulan un régimen fiscal másbeneficioso para sus residentes al objeto deno deslocalizar la riqueza, pues la despo-blación de los municipios incide adicional-mente en los recursos de las arcas munici-pales, así como de la propia ComunidadAutónoma.

Si bien es cierto que no se establecen tra-bas físicas para la libre circulación de perso-nas y bienes en el territorio nacional y que laelección de residencia depende, indudable-mente, del ciudadano, la regulación de unapresión fiscal diferenciada sobre el patrimo-nio en cada Comunidad autónoma podría im-plicar una posible discriminación contrariaal artículo 138.2 de la Constitución española,ya que impone privilegios económicos aso-ciados a la vecindad.

Además, la técnica legislativa empleada noparece la más adecuada a la certeza del de-recho; así muchas Comunidades Autónomasutilizan las leyes anuales de medidas fiscales,administrativas y de orden social para intro-ducir modificaciones en el impuesto de su-cesiones y donaciones para años sucesivos loque genera mayor inseguridad en los ciuda-danos.

Este panorama de dispersión con las dife-rencias que ocasiona en la tributación de lasherencias, en aplicación de un impuesto queen cierto modo castiga el ahorro, junto con lasconsideraciones jurídicas que fueron trasla-dadas en su día a la Administración central—que están recogidas en el Informe 2004—llevan a recomendar nuevamente al Ministe-rio de Hacienda la adopción de la iniciativalegislativa para modificar el impuesto de su-cesiones y donaciones, sentando las bases quederiven en una regulación de cada Comuni-dad Autónoma que produzca unos efectos fis-cales más igualitarios, de tal suerte que no sedesvirtúe el contenido del artículo 31 de laConstitución española y que la residencia novenga inducida por el tratamiento fiscal.

Internet en el aula

El impulso que desde la Administración serealiza en el uso de Internet, en aplicacióndel plan «hogares conectados» integrado enel proyecto «Internet en el aula», ha provo-cado que las empresas integrantes del mer-cado de venta de ordenadores personales en






España se sientan gravemente perjudicadasal permitirse que las entidades bancariaspuedan vender el equipo informático direc-tamente al futuro usuario, financiándolo a untipo de interés cero, en aplicación de una par-tida presupuestaria destinada a tal efecto.

Hogares conectados

La Secretaría de Estado de Telecomunica-ciones y para la Sociedad de la Informaciónestima que la iniciativa «Hogares conecta-dos» pretende impulsar la participación de

las familias en el proceso educativo a travésde las nuevas tecnologías y comprende lapuesta en marcha de una línea de financia-ción preferencial para la adquisición por lasfamilias de un «paquete» que abarca equipa-miento informático, conectividad de bandaancha y formación, todo ello mediante prés-tamos a interés cero que se instrumentarána través de las entidades de crédito que re-sulten seleccionadas. La línea de crédito seha dotado con 100.000.000 E y el importe má-ximo del crédito para cada solicitante seráde 1.000 E, excepto para las familias nume-

rosas cuyo importe máximo se eleva a1.200 E.

A juicio de la Administración se ha teni-do especial cuidado en que el sector mino-rista participe en los beneficios de la ini-ciativa. Así la Resolución de 8 de agosto de2005 establece en su apartado cuarto, pun-to dos, que los beneficiarios de los présta-mos podrán adquirir los componentes del«paquete» en cualquier comercio de su libreelección y que las entidades de crédito es-tarán obligadas a aceptar las solicitudes,siempre que los solicitantes cumplan los re-quisitos de solvencia establecidos por la pro-pia entidad de crédito. El efecto esperadoes, pues, el acercamiento a los comercios deun público que no lo haría si no dispusiesede esta financiación preferente y, conse-cuentemente, el aumento de las ventas. Elpapel de las entidades de crédito en la ini-ciativa «Hogares conectados» no es el decompetidores del sector minorista en el mer-cado de venta de ordenadores personales,sino el de intermediarios financieros que co-laboran con la Administración del Estadosimplificando la tramitación y gestión de lospréstamos, difundiendo la iniciativa y apor-tando plataformas y cursos de formación pa-ra las familias.

También se está cuestionando por los ciu-dadanos la exclusión de los padres de alumnosescolarizados en centros educativos de titula-ridad privada y no sostenidos con fondos pú-blicos de los préstamos previstos en el Pro-grama Hogares Conectados, dentro del PlanAvanza, así como la de los propios alumnos ma-yores de edad escolarizados en cualesquieracentros privados que no presten enseñanzasde régimen general mediante concierto, por loque se tiene abierta una investigación al res-pecto.

Las iniciativas “Internet en el aula” y “Hogares conectados” pretenden impulsar la participación delas familias en el proceso educativo a través de la informática. Foto Red.es.

PUBLICACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN 2005Además de las Recomendaciones y sugerencias emitidas por el Defensor del Pueblo, a las distintas administracionespúblicas del 2001 a 2004, en sendos tomos por año, en el 2005 se han publicado los textos de dos informes mo-nográficos especiales sobre “Contaminación Acústica” y “Asistencia Jurídica a los extranjeros en España”, cuyas por-tadas reproducimos más abajo, así como el Informe 2004 y sus debates parlamentarios.Estas publicaciones pueden adquirirse en: c/ Zurbano, nº 71, DP 28010 Madrido solicitándolas por Internet en: [email protected]


El importante desarrollo legislativo acae-cido en materia de protección ambiental

en los últimos 30 años ha alcanzado los espa-cios naturales, muchos de los cuales, en aten-ción a la importancia de sus valores naturales,se han ido declarando como protegidos.

La declaración de un espacio como prote-gido puede convertirse en una amenaza enlugar de servir al fin de conservación de susvalores ecológicos, todo ello bajo el paraguasde un falso desarrollo sostenible. Así las co-sas, la paradoja está en que un espacio natu-ral puede quedar mejor protegido si no es de-clarado como tal.

Esa parece ser la situación que reflejan al-gunas de las investigaciones seguidas en 2005sobre la gestión de varios parques naturales(Parque Natural de las Dunas de Corrubedo,Parque Natural de las Hoces del Río Riaza yParque Natural del Cabo de Gata). En ellos, la

administración ha aprobado usos y ha autori-zado la construcción de infraestructuras, quese contemplan como una oportunidad de de-sarrollo económico para la zona, con el fin deque todos los municipios que integran el par-que puedan rentabilizar al máximo la situación.

Sin embargo, la conservación de los valo-res naturales, y el impacto que tendrán las ac-tuaciones previstas sobre ellos, aparecen enlugar secundario. Tal orden de prioridadessuele resultar contrario a los Planes de Or-denación de los Recursos Naturales (PORN)del Espacio Natural, a su Ley de creación y ala Ley de espacios naturales de la ComunidadAutónoma. Estas normas siempre planteancomo objetivo prioritario conservar y protegerlos valores naturales del espacio protegido—vegetación, flora, fauna, gea y paisaje—,preservando su biodiversidad y manteniendola dinámica y estructura de sus ecosistemas,

mientras que la promoción del conocimientoy disfrute de sus valores naturales y cultura-les, como el desarrollo socioeconómico de laspoblaciones de su entorno, se presentan co-mo objetivos complementarios al anterior.Urge, por tanto, de conformidad con la nor-mativa vigente, que las administracionescompetentes en gestión de espacios natura-les protegidos se inclinen hacia la filosofíadel turismo conservacionista.

Falta de organización de la Administración hidráulica

Actitud semejante se detecta, al igual queen años anteriores, en la falta de diligencia dela administración hidráulica en el ejercicio dela potestad sancionadora en materia de apro-vechamientos, vertidos y ocupaciones ilegalesdel dominio público hidráulico, que sigue sus-citando un número considerable de investiga-ciones por parte de esta Defensoría, de suge-rencias y de recordatorios de deberes legalesincumplidos por los organismos concernidos.

Esta Institución mantiene abiertas sus in-vestigaciones —a veces durante años— antela administración hidráulica a fin de compro-bar que se ejecutan las sanciones, si es nece-sario de manera forzosa, que las cosas seanrestituidas a su estado anterior, cuando es pre-ciso mediante la iniciación de procedimientosde ejecución subsidiaria, y que se reclaman lasindemnizaciones por los daños producidos.

Comunidades de regantes

En el terreno de los aprovechamientos, lanaturaleza jurídica de las comunidades de re-gantes y su condición de administracionespúblicas ha provocado ciertas controversiasjurídicas. Debe precisarse que, en opinión del


ÁREA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL

La escasa conciencia ecológica contrasta con la crecientesensibilidad ciudadana por los bienes y recursosnaturalesNecesidad de una política unitaria de vivienda en todo el Estado

El telón de fondo sobre el que deben presentarse las reflexiones en materia ambiental es el de la crítica a la concepción todavíaimperante del sistema económico según la cual la gestión de los recursos agredidos no forma parte de los costes internos en la

actividad productiva, concepción que lamentablemente carece todavía de una respuesta adecuada de las diversas administraciones.Urge por tanto en el ámbito público una mayor reflexión sobre cómo la destrucción de bienes, la producción de residuos y la apari-ción de insatisfacción son efectos aparejados al proceso productivo, cuya ausencia contrasta con una creciente sensibilidad ciuda-dana por los bienes y recursos naturales. Hoy sabemos apreciar mejor el valor no pecuniario de, por ejemplo, los bosques y las pla-yas y defender ese valor ante los ataques de la producción de los otros «bienes», los que se intercambian en los mercados.

Esa creciente sensibilidad ciudadana conecta directa y primordialmente con el derecho de acceso a la información ambiental, conla cualidad de interesado en un procedimiento, con la personación en los expedientes, con la acción pública que algunas leyes reco-nocen y con la prohibición general de indefensión. La evaluación de impacto ambiental es un proceso imprescindible de toda obrapública que debe someterse al control administrativo y de la opinión.

Parque Natural del Cabo de Gata en Nijar (Almería). Foto Atan.org.

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Defensor del Pueblo, las comunidades de re-gantes, en cualquier circunstancia temporal,se han constituido como entidades jurídico-públicas de base asociativa y, generalmente,de constitución obligatoria y pertenencia ne-cesaria tuteladas por la Administración y conpersonalidad jurídica independiente.

Oposición a la ubicación de vertederos y plantas de reciclaje de residuos

Un fenómeno peculiar es el de la preven-ción y gestión de los residuos, donde las preo-cupaciones ciudadanas se centran más en lasmolestias que generan los vertederos o las ins-talaciones de gestión de residuos, o incluso lasactividades de valorización que llevan a caboempresas particulares amparadas por la Leyde Residuos, que en los problemas que susci-ta la reducción o la eliminación de los mismos.La oposición vecinal, a veces injustificada, a lasplantas e instalaciones de gestión, que puedeincluso llegar a paralizarlas o ralentizar supuesta en funcionamiento, denota un proble-ma de difícil solución, que seguramente no seha enfocado correctamente mediante la utili-zación de los mecanismos de planificación yparticipación ciudadana en la decisión de laubicación y de información y claridad sobre lasmedidas correctoras a adoptar.

En otros casos, el fenómeno es el contra-rio; las quejas se centran —es habitual añotras año— en la denuncia de la existencia devertederos incontrolados en las cercanías depoblaciones, barrios o urbanizaciones con elpleno conocimiento y consentimiento de lasadministraciones concernidas. En el caso delos vertederos de residuos urbanos irregula-res son muchos los ayuntamientos que, pesea ser conscientes de sus obligaciones legales,

no regularizan su situación alegando dificul-tades de índole económica y presupuestaria.

Ocho años de retraso en la regulación de los residuos orgánicos ganaderos

Es asimismo preocupante que en este ejer-cicio sea necesario referirnos de nuevo, tal ycomo hacíamos en los Informes correspon-dientes a la gestión de los años 2002 y 2003,al uso de los residuos orgánicos ganaderos co-mo fertilizantes, que siguen sin ser objeto deloportuno y preceptivo desarrollo reglamen-tario previsto en la Ley de Residuos.

El retraso en la elaboración de este regla-mento es a todas luces excesivo, toda vez quedebería haber sido aprobado por el Gobiernoen un plazo de nueve meses desde la entra-da en vigor de la Ley; es decir, hace ya unosocho años. La pasividad administrativa en es-

te asunto implica además una merma de efi-cacia de la Ley, puesto que uno de los ámbi-tos de la gestión de residuos que plantea másproblemas —la contaminación que genera eluso de residuos orgánicos ganaderos comofertilizantes— queda sin desarrollo normati-vo y no precisamente a causa de razones queaconsejen retrasar el desarrollo reglamenta-rio de la Ley, sino debido a la persistente fal-ta de consenso entre los dos Ministerios im-plicados y a la falta de impulso y coordinaciónpor parte de la Secretaria General Técnicadel Ministerio de la Presidencia.

Resistencia de las autoridades a enfrentarse con la contaminaciónacústica

El problema del ruido, cuyo protagonismoen nuestra sociedad y en el quehacer delDefensor del Pueblo es lamentablementecreciente, ha dado lugar a la elaboración ypresentación ante las Cortes Generales delInforme monográfico sobre Contaminaciónacústica. Sin perjuicio de remitirnos al con-tenido de dicho Informe, debe reseñarse laresistencia generalizada de las adminis-traciones titulares de las infraestructuras(aeropuertos, carreteras y ferrocarriles) aaceptar nuestras propuestas debido fun-damentalmente a dos «a prioris» a nuestrojuicio incorrectos, a saber: el ruido es uncoste inevitable del progreso; el ruido esuna opción libremente asumida por elciudadano que acercándose al foco emisorlo padece.

Al respecto hay varios casos importantesterminados en 2005; otros igualmenteimportantes siguen en curso (contamina-ción acústica en el entorno de los aero-puertos de Madrid-Barajas y de Barcelona-Prat), aunque con las limitaciones derivadasde que están siendo objeto de actuacionesjudiciales.

La nueva Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas ha ocasionado quejas, tanto por las incidencias ensu funcionamiento inicial, como por la contaminación acústica que causan los aviones en los pasi-llos aéreos que les llevan a las nuevas pistas de aterrizaje y despegue, al encontrarse más próxi-mas a núcleos urbanos.

La oposición a la ubicación de vertederos controlados y plantas de reciclaje de residuos contrastacon el comportamiento ciudadano en cuanto a la dispersión de basuras orgánicas, restos de jardi-nería y de la agricultura, así como de los residuos de muebles o de la construcción, que se espar-cen incontroladamente, emponzoñando los acuiferos y hasta el mar, como éste de Avalos, en LaGomera,según la foto de Atan.




Esta Institución ha podido constatarque en las diferentes legislaciones au-

tonómicas se han ido imponiendo medidasmás o menos ensayadas para aumentar elvolumen de vivienda a precios asequiblesy conseguir enfriar los altos precios delmercado libre. Éstas van dirigidas a aba-ratar la oferta de suelo, las viviendas de al-quiler y las de precio libre, además de con-trolar el fraude de la vivienda protegida.También se parte de incorporar al merca-do casas vacías y acentuar la importanciade la rehabilitación.

En definitiva, se trata de garantizar queel crecimiento y desarrollo de la ciudad nose haga a cualquier precio ni se compro-meta el bienestar de las generaciones fu-turas, buscando otras soluciones alterna-tivas para abaratar el suelo y la vivienda,evitar la especulación con un bien escasocomo es el suelo, simplificar y agilizar laactuación pública en materia de urbanis-mo, y favorecer el acceso de todos los ciu-dadanos a una vivienda digna, sin que ellosuponga quebrar un modelo urbano, socialy de convivencia que es un importante pa-trimonio de todos.

A alcanzar dichos fines responde el Minis-terio de Vivienda con el todavía anteproyec-to de Ley del Suelo y Valoraciones y con elnuevo Plan de Vivienda 2005-2008 convertidoen realidad normativa en julio de 2005.

Los criterios generales que inspiran el an-teproyecto se concretan en cuatro aspectosfundamentales: más transparencia para con-seguir una mayor participación ciudadana,propugnar un desarrollo urbano y rural sos-tenible, garantizar la oferta suficiente de sue-lo para construir viviendas protegidas y nue-vos criterios legales de valoración paraexcluir factores especulativos.

Teniendo en cuenta las funciones que asig-nan al Defensor del Pueblo la Constitución yla Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, merecedestacarse una importantísima aportaciónque realiza el Anteproyecto presentado; y esque, por primera vez, se incluye en una ley es-tatal de suelo un apartado en el que se deta-llan los derechos y deberes de los ciudada-nos, su estatuto jurídico frente al urbanismo.En definitiva, la vivienda y todo su entorno deequipamientos y servicios debe ser tratadacomo un derecho ciudadano y como un deberde los poderes públicos de garantizar el ac-ceso a la misma. A tal fin la norma estatalparte de tal derecho y trata de establecer lastécnicas precisas para garantizar la ofertaadecuada a las necesidades, por medio de sis-temas de promoción de suelo y vivienda que

den prioridad al derecho social frente a laconcepción protectora del derecho de la pro-piedad del suelo. Esta Institución espera queel futuro texto legal con las novedades que,en su caso, finalmente incorpore produzca elefecto deseado y frene la especulación, apor-tando transparencia.

Discrecionalidad y lentitud delplaneamiento y desarrollo urbanísticos

En otro orden de cosas, y al hilo de lo queya se señaló en el Informe correspondiente alaño 2004, ha de destacarse una vez más que elDerecho urbanístico español actual está cadavez más comprometido en muchas de sus fa-cetas con la protección del ambiente rural yurbano; así lo pone de relieve el hecho de quelas más modernas leyes urbanísticas autonó-micas estén incorporando técnicas a través delreplanteamiento general de la actividad urba-nística como herramienta para la realizaciónde un orden concreto de convivencia, presidi-do por los valores constitucionales tales comolos del artículo 45 —derecho al medio am-biente adecuado—, 46 —protección del pa-trimonio cultural colectivo— y 47 —derechoa la vivienda digna y adecuada—.

Entre las técnicas urbanísticas para ga-rantizar un medioambiente adecuado estánaquellas cuyo fin es preservar el espacio rural,presididas por la consistente en la clasifica-ción de los terrenos como suelo no urbaniza-ble; es decir, el ejercicio de la potestad públi-ca a la hora de excluir desde el principio unosterrenos del proceso urbanizador y edificato-rio. Propugna, en estos casos, esta Defensoríala necesidad de que las Administraciones pú-blicas aporten argumentaciones motivadas yobjetivas que justifiquen la clasificación comosuelo no urbanizable, motivación que cobra, sicabe, aún más relevancia en aquellos actosque se dictan en el ejercicio de una potestaddiscrecional, como sin duda lo es la del pla-neamiento urbanístico.

Un segundo bloque de técnicas urbanísti-cas atañe directamente a la protección o me-jora del ambiente urbano, encabezadas por eltradicional establecimiento desde la ley auto-nómica correspondiente, de los denominados«estándares urbanísticos»; la reordenación delos usos inicialmente ordenados, para evitarque, por saturación de algunos, el resultadosea ambientalmente intolerable en algunas zo-nas, o las operaciones de regeneración inte-gral que constituyen verdaderas actuacionesquirúrgicas sobre el tejido urbano degradado

e irrecuperable, en el cual la única soluciónviable es la consistente en diseñar un barrionuevo ya en consonancia con las exigencias decalidad ambiental de nuestros días, operacio-nes instrumentadas a través de los denomina-do Planes Especiales de Reforma Interior.

En otro plano aparecerían aquellas técni-cas urbanísticas con el mismo objetivo perocomunes a cualquier clase de suelo, y, portanto, a cualquier ambiente a proteger, tan-to urbano como rural, y tanto con fines pre-ventivos como correctores y restauradores.Así, por ejemplo, la técnica de la cataloga-ción de elementos singulares que contribuyesin duda alguna a la preservación de una cier-ta imagen, un cierto ambiente, de la ciudady de su entorno, máxime cuando la protec-ción dispensada por la misma afecta hoy aelementos de lo más diverso, tales como pa-lacetes en cascos urbanos, jardines privados,fincas adyacentes a lagos, teatros, cines, etc.

También son técnicas preventivas de ope-ratividad, tanto en el medio urbano como enel rural, los llamados planes especiales de pro-tección de valores ambientales, que incorpo-ran mecanismos de planificación y ordenaciónde espacios y recursos naturales. En este su-puesto es necesario destacar que por desgra-cia son pocos los planes especiales de protec-ción de este tipo los que se aprueban y,además, excesivamente larga su tramitación.

Finalmente, y en el plano del derechosancionador, es igualmente una técnica di-rigida a la protección ambiental la tradicio-nal agravación de las sanciones asignadas alas infracciones que afectan a terrenosvinculados a la preservación de una mejorcalidad de vida —terrenos afectos a dota-ciones públicas (espacios libres, zonas ver-des, etc.)— a lo que se une la también tra-dicional regla de la no-caducidad de laacción de la Administración para procedera la restauración de la legalidad urbanísti-

El déficit en viviendas de VPO, y las viviendasdesocupadas contribuyen a la especulación yal alza de precios

Urbanismo y viviendaEl derecho constitucional a una vivienda digna



ÁREA DE ORDENACIÓN TERRITORIALca vulnerada y de la realidad física alteradaen esos mismos casos.

Quejas contra los «agentesurbanizadores»

Por lo que se refiere a la ejecución del pla-neamiento, un año más ha de destacarse el al-to número de quejas presentadas por ciuda-danos de la Comunidad Valenciana, de las quese deduce su rechazo a la técnica de ejecu-ción urbanística que estableció la Ley de laGeneralidad Valenciana 6/1994, de 15 de no-viembre, reguladora de la Actividad Urbanís-tica y, en especial, a la institución del agen-te urbanizador. Continúa siendo esta figura,objeto de importantes tensiones internas, porsu cuestionamiento en el ámbito jurisdiccio-nal y doctrinal, y externas por la posible apli-cación de la doctrina que ha asentado elTribunal de Justicia de las Comunidades Eu-ropeas en recientes sentencias, referentes ala sujeción de las actuaciones urbanísticas ala normativa de contratación comunitaria.

Esta Defensoría ha podido constatar queen varias de las quejas que, por este motivo,se han recibido en el año 2005, los reclaman-tes cuestionan, como un argumento más encontra de estos desarrollos urbanísticos, pre-cisamente la adecuación de la figura delagente urbanizador y su funcionamiento, a lanormativa de contratación pública estatal ycomunitaria, y alegan, siguiendo la Jurispru-dencia del citado Tribunal, que la naturalezajurídica de la relación entre el agente urba-nizador y la Administración es un contratopúblico de concesión de servicio público y,por tanto, sujeto a sus normas.

Por lo demás, las quejas versan sobre losmismos temas que en años anteriores, es de-cir, disconformidad con los elevados costesde urbanización fijados por el agente urbani-zador en contraste con una valoración insu-ficiente del precio del suelo y de las cons-trucciones existentes, circunstancia esta queobliga a los propietarios a ceder edificabilidaddada su incapacidad para afrontarlos en me-tálico. El resultado es la percepción de unacierta indefensión provocada por la inexis-tencia de competencia efectiva (propuestade un único programa) en el marco de unairresponsable relajación del control munici-pal que vele por los derechos de los afectados.

Sin embargo, es de justicia resaltar los es-fuerzos realizados por la Consejería de Terri-torio y Vivienda de la Generalidad Valencia-na para incorporar a la Ley 16/2005, de 30 dediciembre de la Generalitat, Urbanística Va-lenciana, en vigor desde el 1 de febrero de2006, aquellas modificaciones encaminadasa solucionar los problemas denunciados porlos ciudadanos, de forma que se garanticensus derechos, y se mejore la aplicación prác-tica del modelo y su adecuación a las de-

mandas sociales. La segunda de las iniciati-vas normativas enunciadas para favorecer elacceso de todos los ciudadanos a una vivien-da digna es el nuevo Plan estatal 2005-2008.

Competencias estatales y autonómicas en la promoción de vivienda pública

Este modelo sin embargo está abocado auna profunda transformación que, a diferen-cia de lo que ocurre con la legislación urba-nística, no acaba de fraguar. Transformaciónen primer lugar porque la vivienda es, enefecto, una materia sobre la que, por habili-tación del art. 148.1.3 de la Constitución, to-das las Comunidades Autónomas han asumi-do competencia exclusiva, lo cual pudieraparecer que impide al Estado crear o mante-ner un sistema de normas para el fomento deviviendas, o regular el estatuto de las vivien-das construidas al amparo de un régimen deprotección sustentado sobre sus recursos fi-nancieros. Esta conclusión encontraría suapoyo en las Sentencias del Tribunal Consti-tucional 13/1992 y 39/1992 que niegan que lacapacidad de gasto del Estado sobre sus pro-pios recursos constituya un título competen-cial específico que permita regular normati-vamente el sector económico subvencionadocon aquellos fondos.

Sin embargo, la Sentencia del mismo Tri-bunal 152/1988 ha confirmado la constitu-cionalidad de los Planes estatales de vivien-da, considerando que el Estado dispone de, almenos, dos títulos competenciales para esta-blecer un régimen para las viviendas prote-gidas financiado con fondos estatales. En pri-mer lugar, la competencia sobre las bases dela coordinación económica (art. 149.1. 13.ºde la Constitución); en segundo lugar, la com-petencia para establecer las bases de la or-denación del crédito (art. 149.1.11.º de laConstitución). A esto habría que añadir el tí-tulo estatal exclusivo en la legislación civil ypara dictar las bases de las obligaciones con-tractuales

Pero, como se ha sugerido, ello no es obs-táculo para que las Comunidades Autónomaspuedan asimismo llevar a cabo una políticade vivienda propia, complementando con suspropios recursos las actuaciones de protec-ción. Y como, por otra parte, la Administraciónestatal carece de poder para ejecutar su pro-pia política de fomento de vivienda, la aplica-ción de los planes estatales sólo puede lle-varse a cabo por las Comunidades Autónomas,tal y como señala la Exposición de Motivos delRD 1/2002, por el que se aprobó el Plan esta-tal 2002-2005 recientemente concluido.

En suma, corresponde a las ComunidadesAutónomas integrar en su política general devivienda las ayudas reguladas por el Estado,adaptándolas a sus necesidades concretasdentro de una política propia y específica, de

modo que el reconocimiento del derecho alas ayudas económicas financiadas con fon-dos estatales y la calificación de las viviendaslo hacen las Comunidades Autónomas, deacuerdo con su propio conjunto normativo.

De resultas de ello, en segundo lugar, elsistema de protección que hasta ahora seguíaobedeciendo en lo fundamental al modelo de1978 parece caminar hacia un nuevo esque-ma de perfiles inciertos; tanto por las dero-gaciones puntuales que el citado modelo havenido sufriendo a través de, tanto de nor-mas sustantivas, como de la Ley de Arrenda-mientos Urbanos de 1994, que afecta signifi-cativamente al régimen de vivienda protegidacon destino a arrendamiento; la legislaciónurbanística de la Comunidades Autónomas,que ha consagrado y generalizado la califica-ción de suelo con destino a vivienda protegi-da; o la propia legislación de vivienda de lasComunidades Autónomas, las cuales van, co-mo se ha dicho, generando paulatinamente supropio modelo de vivienda protegida, al mar-gen y con prevalencia sobre el del Estado; olos sucesivos planes estatales de vivienda,que han ido adaptando, cuando no alterando,el sistema surgido en 1978.

Triple tensión que soporta el régimen de vivienda protegida

El proceso someramente expuesto ha abo-cado a una situación, la actual, en que el ré-gimen de vivienda protegida está al menossujeto a una triple tensión dialéctica de difí-cil síntesis, no abordada, ni por tanto resuel-ta, por los poderes públicos:

1.º La tensión de un modelo históricoconcebido como instrumento de fomento pa-ra facilitar el acceso de las familias más des-favorecidas al disfrute de una vivienda, elcual, aun teniendo a sus espaldas más deveinticinco años, persiste en gran medida enla actualidad, con la percepción de la nece-sidad de un nuevo modelo todavía no fragua-do en el plano normativo, pero en el que exis-te coincidencia sobre las dos premisas de quedebe partir: la necesidad de extender la po-lítica de vivienda a amplísimas capas de po-blación (no sólo los más desfavorecidos), da-das las dificultades generalizadas de accesoy, consecuentemente con ello, la necesidadde que la acción pública en materia de vi-vienda dé un giro desde la pura esfera del fo-mento hacia un mayor grado de intervenciónadministrativa.

2.º La tensión existente entre el sistemanormativo estatal cuya virtualidad en el pla-no de la definición del régimen jurídico de lavivienda protegida es la de un ordenamientode carácter supletorio del que al efecto esta-blezcan las Comunidades Autónomas, peroque en el plano de la financiación de actua-ciones tiene competencia plena e indistinta



ÁREA DE ORDENACIÓN TERRITORIALde la que corresponde a las Comunidades Au-tónomas; y el propio régimen sustantivo quecada vez con mayor frecuencia aprueban es-tas últimas en el ejercicio de sus competen-cias exclusivas, régimen a veces desacordecon los objetivos de los planes de financia-ción de actuaciones protegibles aprobadospor el Estado.

3.º La tensión, en fin, de una opción quepodríamos denominar más liberalizadora delrégimen de vivienda, en la medida en que: lavinculación al régimen de protección se mo-dula y reduce en el tiempo; se multiplican lostipos de viviendas protegidas y las condicio-nes de acceso, se suavizan las condiciones deprecio de venta en segundas o ulteriorestransmisiones; se desvincula la sujeción dela vivienda a un régimen de protección de losmecanismos de financiación cualificada y seabre el camino a la elevación de rentas arren-daticias con repercusión de costes por el pro-pietario al inquilino; con una alternativa demayor intervención que opta por una vincu-lación al régimen de protección durante to-da la vida útil de la vivienda.

A esta última filosofía parece responder elnuevo Plan 2005-2008, que, aunque no rom-pe como no podía ser menos con la trayecto-ria del Plan precedente, opta por una perdu-rable sujeción de la vivienda a un estatuto deprotección con un cuadro de fijación de pre-

cios en segundas o posteriores transmisionesde vivienda, restringiendo las posibilidadesde venta de las viviendas con destino al arren-damiento, o mediante la previsión del Re-gistro de vivienda protegida y los registrospúblicos de demandantes de viviendas pro-tegidas cuya constitución había sugerido es-ta Institución.

El derecho a la vivienda, problema de Estado

Pese a ello, la experiencia acumulada enestos últimos años en el tratamiento de lasquejas, en la que se constatan invariable-mente los mismos problemas como son las di-ficultades de acceso a la vivienda protegida,sea de promoción pública o privada, la per-cepción de sobreprecios por parte de los pro-motores privados, el incumplimiento a vecesde los programas anuales de actuaciones pro-tegibles dentro de cada plan, los retrasos enla ejecución de actuaciones, el burocratismodesconectado del conocimiento de la situa-ción de concreta necesidad, la contradicciónentre las normas estatales y autonómicas so-bre vivienda o, en fin, la desconexión del ré-gimen de vivienda protegida de las emergen-tes demandas sociales, contrasta con lasnovedades que van surgiendo en el plano nor-

mativo como el Plan estatal 2005-2008, la Ley13/2005 andaluza de medidas de protecciónde vivienda y suelo, el nuevo Reglamento deViviendas con protección aprobado tambiénen 2005 por la Comunidad de Madrid o el An-teproyecto de nueva Ley Estatal de Suelo yValoraciones, instrumentos todos ellos de losque cabe esperar eficacia en la resolución delos problemas antedichos, pero que no pare-cen alumbrar u orientar un nuevo modelo devivienda que supere las tensiones anterior-mente descritas.

La vivienda desgraciadamente es hoy parala sociedad española un problema de tal mag-nitud que puede ser denominado como pro-blema de Estado que, como tal, debería serabordado. Tal apreciación no significa quedesde esta Institución se postule por «una»sola política de vivienda que ignore el mode-lo de competencia que nos hemos dado, perosí reclama una acción de los poderes públicos«unitaria», lo que implica una acción coordi-nada de las administraciones públicas en laidentificación de los problemas, en la con-templación de los mecanismos de resolucióny en la respuesta normativa, financiera y or-ganizativa que debe darse a los mismos, pro-blemas cuyos perfiles han cambiado tantocomo la propia sociedad española en los últi-mos treinta años.

Acceso al Defensor del Pueblo por Internet Entre en la Web:

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¿Quién puede presentar una queja?Toda persona natural o jurídica que invoque un interés le-

gítimo sin que constituya un impedimento la nacionalidad, re-sidencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, interna-miento en un centro penitenciario o de reclusión, o cualquierrelación especial de sujeción o dependencia de una Adminis-tración o poder público.

La queja ha de presentarse en el plazo máximo de un año,contado a partir del momento en que se tenga conocimiento delos hechos objeto de la misma, y no suspende los plazos pre-

vistos por las leyes para recurrir, tanto en vía administrativa co-mo jurisdiccional, ni la ejecución de la resolución o acto afec-tado.

¿Cómo seguir tu queja?

El acuse de recibo y demás comunicaciones del Defensorse remitirán a la dirección de correo postal que nos facilites.

No obstante, si quieres información sobre el estado de tra-mitación de tu queja, puedes llamar al teléfono 91 432 79 00.



ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Técnicas de reproducción asistida. Hansido muy numerosas las quejas relativas a laaplicación de técnicas de reproducción hu-mana asistida, que evidencian que la estruc-tura asistencial del sistema público sanitariono permite facilitar a los ciudadanos, de for-ma adecuada y directa, una atención sanita-ria incluida entre las prestaciones a financiarpor dicho sistema.

Fibromialgia. Igualmente ha sido eleva-do el número de quejas por parte de personasafectadas por fibromialgia y síndrome de fa-tiga crónica, mediante las que se pone de re-lieve que estos son procesos complejos, deetiología desconocida, evolución variable y al-tamente invalidantes en no pocos casos, paralos que no existen, en la actualidad, marca-dores diagnósticos suficientes que permitanuna adecuada respuesta asistencial.

Atención al daño cerebral. Un apartadoespecial exige también la atención al dañocerebral sobrevenido en España (DCS), queha motivado en los últimos años un repre-sentativo número de quejas ante el Defensordel Pueblo. En un plano de mayor concreción,estas quejas inciden especialmente en dosaspectos: en primer lugar, sobre la prácticainexistencia de unidades o centros específi-cos de rehabilitación para el tratamiento delDCS, y, en segundo término, sobre la necesi-dad de que las instituciones públicas con res-ponsabilidad en la gestión de los servicios so-ciales modifiquen la precaria situación actuale intensifiquen las acciones para la creacióny dotación de centros de día y otros recursossociales de apoyo a estas personas y a sus fa-milias, para así reducir el efecto adverso queel daño ha producido en sus vidas.

El Defensor del Pueblo estimó la conve-niencia de promover un estudio de caráctergeneral sobre la realidad epidemiológica y so-ciosanitaria del DCS en España, que fue ela-borado por la Federación Española de Aten-ción al Daño Cerebral, bajo la supervisión deesta Institución y presentado, en diciembrede 2005, ante la Comisión Mixta Congreso Se-nado de Relaciones con el Defensor del Pue-blo.

Con el informe sobre el DCS, el Defensordel Pueblo ha formulado a las distintas Ad-ministraciones públicas, con competencia enla materia, una serie de recomendaciones ne-cesarias para conseguir una atención sociosanitaria para las personas afectadas, queresponda a las notas de eficacia, eficiencia ycalidad.

Listas de espera. Por lo que se refiere alas listas de espera en los hospitales delServicio Nacional de Salud, hay que desta-car que, en el curso del año 2005, se ha am-pliado el número de servicios de salud delas Comunidades Autónomas que han regu-lado tiempos máximos de acceso a las pres-taciones, de modo que, en la actualidad, lapráctica totalidad de estos servicios hanestablecido garantías en cuanto al acceso alas prestaciones sanitarias, en línea con lasrecomendaciones formuladas por el Defen-sor del Pueblo con ocasión del estudio mo-nográfico elaborado sobre listas de esperaen el conjunto del Sistema Nacional deSalud.

Víctimas de la Talidomida. La Talidomida,medicamento cuya irrupción en el mercadoeuropeo, a finales de los años 50, produjo dra-máticas secuelas, a consecuencia de las cua-les se produjeron no pocos fallecimientos,bien por severas lesiones en órganos vitales,bien por el significativo número de suicidiosante las graves malformaciones generadas pordicho producto. Las Asociaciones de Víctimas

Razones económicas, asistenciales y socialesimpiden la plena universalización del derechoa la asistencia sanitariaExcesivo acento en la atención curativa frente a la preventiva y la paliativa

Las quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo durante el año 2005 en materia de sanidad, inciden, especialmente, en carenciastradicionales y estructurales del sistema público sanitario, que dificultan, si no impiden, la efectividad del derecho a la protección

de la salud en algunos casos. El Ministerio de la Presidencia informó, a principios de 2005, a esta Institución de que los Ministeriosde Sanidad y Consumo y de Trabajo y Asuntos Sociales coinciden en que la universalización de la asistencia sanitaria no solo impli-caría reformas legales de envergadura, como son la modificación de las leyes General de Sanidad y General de Seguridad Social, sinoque tendría otras repercusiones —económicas, asistenciales y sociales— que deberían analizarse minuciosamente desde una perspectivade oportunidad distinta a la meramente jurídica. Por consiguiente, y a tenor del mencionado criterio, son razones de oportunidad, queno jurídicas, las que impiden la plena universalización del derecho a la asistencia sanitaria, proceso todavía pendiente en la sanidadespañola, lo que ha motivado un representativo número de quejas ante el Defensor del Pueblo durante el año 2005.

Discapacitados se reciclan.

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ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

de la Talidomida en España pidieron ayuda alDefensor del Pueblo. La Institución ha man-tenido entrevistas y reuniones con profesio-nales sanitarios y con afectados por la Talido-mida, que han permitido conocer, de la formamás directa posible, la situación real y los pro-blemas de estas personas, que no sólo sonacreedores al conjunto de derechos de los quegoza el resto de los ciudadanos, sino que ade-más son beneficiarios del plus de atención pú-blica que se deriva de los principios de la po-lítica social y económica por la que debenregirse los poderes públicos. En este sentido,el Defensor del Pueblo, con ocasión de la in-vestigación iniciada y todavía en trámite, hapuesto de relieve ante los Ministerios de Sa-

nidad y Consumo y Trabajoy Asuntos Sociales la nece-sidad de impulsar la refor-ma legal adecuada, en or-den al establecimiento deun marco de protecciónque permita dar respuestaa la grave situación en laque se encuentran, en laactualidad, las víctimas dela Talidomida en España.

Falta de atención amenores. La inactividad delas administraciones frentea las demandas y solicitu-des para la protección dedeterminados menores hasido también objeto de in-tervención por parte del

Defensor del Pueblo. En algunos supuestos,los familiares más próximos al núcleo fami-liar denuncian la falta de atención que reci-ben los menores. En estos casos, la Adminis-tración debe realizar una valoración técnicalo más completa posible al objeto de compro-bar la realidad de la situación, la capacidad delos padres para asumir los deberes de la pa-tria potestad y los posibles factores de riesgoen que pudieran encontrarse los menores.

En dos casos planteados ante la Conseje-ría de Bienestar Social de Valencia, quedóacreditado que las familias habían agotadotodos los recursos a nivel domiciliario y, sinembargo, la situación de sus hijos empeora-ba progresivamente, lo que llevó a los propios

facultativos que atienden y conocen las res-pectivas situaciones a desaconsejar el man-tenimiento de los menores en el entorno fa-miliar, debido al riesgo que ello representaba.

En consecuencia, los interesados solicita-ron de la entidad pública de protección demenores que asumiera la guarda o, en su ca-so, la tutela de los menores, ingresándolos enun centro o residencia adecuado a sus nece-sidades. Su solicitud fue desestimada, en in-terés del menor, por no disponer de recursoadecuado para el tratamiento de los proble-mas que presentan estos menores.

El Defensor del Pueblo se dirigió a la Con-sejería mencionada sugiriéndole la atencióninmediata a los casos concretos objeto de es-tas actuaciones, y recomendándole el estudiode la viabilidad de ampliar y diversificar losmedios y recursos para una adecuada atencióna los menores con trastornos de conducta queprovocan alteraciones graves de la convivenciafamiliar y precisan una asistencia terapéuticaespecializada.

En contestación a esta recomendación lacitada Consejería informó que prepara unproyecto de decreto por el que se asignancompetencias específicas a la Consejería deBienestar Social y se amplían y crean nuevosservicios de apoyo psicosocial a niños y ado-lescentes con trastornos mentales graves, asícomo un proyecto de orden por la que se re-gulan las condiciones y requisitos de funcio-namiento de los centros de apoyo psicosocialpara la atención de niños y adolescentes contrastornos mentales graves.

La Ley de Dependencia y la atención a mayores y discapacitados

La situación de las personas mayores, y enespecial la ayuda a las personas que no

pueden valerse por sí mismas, es una preo-cupación constante en nuestra sociedad. Enlos últimos informes, el Defensor del Puebloha incidido en la necesidad de dotar a las per-sonas dependientes de un marco jurídico queles garantice el bienestar a través de un sis-tema de servicios sociales, que atienda susproblemas específicos de salud, vivienda, cul-tura y ocio, conforme a lo previsto en el ar-tículo 50 de la Constitución Española.

El pasado año se dejaba constancia de lapresentación del Libro Blanco de la Depen-dencia, como referente para la elaboracióndel proyecto de ley de atención a las perso-nas dependientes. Hasta la fecha de elabora-ción del presente informe, no había tenidoentrada en el Parlamento el Proyecto de Leyde Autonomía Personal y Dependencia, sibien, a principios de año, el Gobierno pre-sentó el Anteproyecto de dicha norma.

El cálculo de las pensiones. En lo que serefiere a la pensión de jubilación, se han for-mulado un número considerable de quejas,en las que los interesados muestran su dis-

conformidad con el periodo de bases de coti-zación tenidas en cuenta para calcular la ba-se reguladora de la pensión de jubilación, alser éste los quince años inmediatamente an-

Centro de día para mayores enfermos de Alzheimer, foto AZdem.

Efectos de la talidomía.



ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIALteriores a la fecha del hecho causante, lo quegenera en muchos casos perjuicios ya que,debido a circunstancias de empleo, las basesde cotización de mayor cuantía correspondena periodos anteriores a los últimos quinceaños. La citada cuestión fue objeto de trata-miento por el Pacto de Toledo y recogida enel acuerdo entre el Gobierno y los AgentesSociales, del año 2001, concluyéndose que esnecesario ahondar en los criterios de contri-butividad, de manera que se logre una mayorproporcionalidad entre las cotizaciones y laprotección dispensada, lográndose con ellouna mayor equidad en las pensiones.

La Orden de 13 de febrero de 1967, por laque se establecen normas para aplicación ydesarrollo de las prestaciones de muerte ysupervivencia del Régimen General de la Se-guridad Social establecía, en su artícu-lo 21.1.d), la extinción de la pensión de or-fandad en aquellos casos en los que loshuérfanos con incapacidad absoluta contra-jesen matrimonio, lo que motivó que esta Ins-titución instase en su día la modificación dedicho artículo, en base fundamentalmente alas circunstancias económicas y personalesde los perceptores de esa pensión.

Finalmente, el Real Decreto 1335/2005, de11 de noviembre, por el que se regulan lasprestaciones familiares de la Seguridad So-cial, ha introducido determinadas mejoras enel ámbito de esta protección, dejando sinefecto la extinción mencionada.

Falta de regulación de las «uniones dehecho». Las modificaciones del concepto defamilia operadas en los últimos años en la so-ciedad española han dado lugar al aumentode las denominadas uniones de hecho, moti-vo por el cual el Defensor del Pueblo ha ve-nido reiterando la necesidad de regular lasmismas, fundamentalmente en lo que afectaal acceso a la pensión de viudedad, y ha faci-litado información sobre tales actuaciones alos ciudadanos que se han dirigido a esta Ins-titución planteando la falta de regulación deestas uniones.

La disposición adicional quincuagésimacuarta de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre,de Presupuestos Generales del Estado para elaño 2006, prevé que el Gobierno presentaráante el Congreso de los Diputados, previa suvaloración y análisis con los agentes socialesen el marco del diálogo social, un proyecto deley que posibilite el acceso a la pensión de

viudedad de aquellas personas que, sin laexistencia de vínculo matrimonial, confor-men un núcleo familiar.

Pensiones de viudedad. La regulación pro-pia de las pensiones del Seguro Obligatorio deVejez e Invalidez (SOVI) establece un régi-men de incompatibilidades con cualquieraotra pensión del Sistema de la Seguridad So-cial, que en su día fue declarado constitucio-nal por el Tribunal Constitucional.

No obstante, esta Institución, conscientede que la escasa cuantía de dichas prestacio-nes y de que la incompatibilidad de las mis-mas afecta fundamentalmente a pensionistasde viudedad, consideró oportuno, en el estu-dio elaborado sobre la problemática relativa ala pensión de viudedad, hacer referencia a lanecesidad de compatibilizar las citadas pen-siones del SOVI con las pensiones de viudedaddel Sistema de la Seguridad Social.

Tal modificación normativa ha tenido fi-nalmente favorable acogida, al aprobarse laLey 9/2005, de 6 de junio, que compatibilizalas pensiones del SOVI con las de viudedaddel Sistema de la Seguridad Social.

Conciliación de la vida familiar y laboral

En los últimos años se han producido cam-bios significativos en la incorporación de lamujer al mercado de trabajo, con un acerca-miento a las tasas de empleo femenino exis-tentes en los demás países de la Unión Eu-ropea, lo que ha motivado la necesidad dearbitrar políticas dirigidas a generar ayudaspara la conciliación entre la vida familiar y la-boral.

Esta Institución, desde sus inicios, ha in-cidido en la necesidad de modificar y ampliarlas prestaciones de maternidad, pudiendo ci-tarse al respecto distintas propuestas dirigi-das a la Administración en este sentido, talescomo la extensión de la prestación por partomúltiple en el supuesto de adopción, el reco-nocimiento de la misma cuando se produzcaacogimiento provisional y la modificación deldisfrute del descanso en caso de nacimientode bebés prematuros, de las que se ha deja-do constancia en anteriores informes remiti-dos a las Cortes Generales.

La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para pro-mover la vida familiar y laboral de las personastrabajadoras, y el Real Decreto 1335/2005, de

11 de noviembre, por el que se regulan lasprestaciones familiares de la Seguridad So-cial, han recogido algunas de las propuestasanteriormente reseñadas.

Entre los logros obtenidos para la conci-liación se encuentra el derecho de la reduc-ción de jornada para el cuidado del hijo me-nor de seis años, siendo frecuentes lassolicitudes de ampliación de dicha edad, talcomo se ha señalado en otro apartado de es-te informe, haciéndose mención por parte dela Dirección General de Trabajo a la posibleampliación de las medidas tendentes a faci-litar la reducción de la jornada por guardalegal, remitiéndose a la futura regulación enla Ley de Igualdad entre hombres y mujeresasí como a la nueva Ley de Conciliación de lavida familiar y laboral, reiterándose que entodo caso la misma deberá adoptarse en elmarco del proceso de diálogo social.

El Defensor del Pueblo hará un segui-miento de estas futuras normas en las queel Ministerio de Trabajo y Asuntos Socialesadoptará soluciones que promuevan la inte-gración laboral de las mujeres, mejore suscondiciones de trabajo y facilite la concilia-ción del mismo con su actividad familiar.

Incremento de las quejas sobre los «to-do a cien». Finalmente, y por lo que se re-fiere al consumo, cabe señalar que a lo largode los últimos años, se ha venido observan-do un incremento de las reclamaciones in-terpuestas por los consumidores ante los ór-ganos de consumo, lo que parece indicar unaumento de confianza de éstos en los meca-nismos legales puestos a su disposición parala protección de sus derechos.

Es destacable la investigación de oficio ini-ciada recientemente por esta Institución co-mo consecuencia de la publicación en diver-sos medios de comunicación, durante elperiodo navideño del año 2005, de la noticiade que muchos juguetes escapan a los con-troles de seguridad legalmente establecidos,especialmente aquéllos que pueden adqui-rirse en los establecimientos denominados«todo a cien». Por esta razón, se ha solicita-do al Instituto Nacional de Consumo infor-mación acerca de las medidas que hasta la fe-cha se hayan adoptado o se vayan a adoptarcon el fin de obtener una mayor seguridad enla adquisición de juguetes. Esta investigaciónse encontraba en trámite al momento de cie-rre de este informe.

¿Cómo dirigirse al Defensor del Pueblo?Por Internet: a través de la página web: www.defensordelpueblo.esPor correo: c/ Zurbano, 42 DP 28010, MADRIDPor E-mail: [email protected] teléfono: 900 101025 - 91 4327900 - Fax: 91 3081158



ÁREA DE INMIGRACIÓN Y ASUNTOS EXTERIORES

Ante los asaltos masivos al vallado de se-guridad del perímetro fronterizo que separaMelilla de Marruecos, un equipo de la Insti-tución, encabezado por la Adjunta Primera,María Luisa Cava de Llano, se desplazó aaquella Ciudad Autónoma los días 10 y 11 deoctubre de 2005.

El 22 de noviembre de 2005 tuvo lugar unacomparencia ante la Comisión Mixta de Rela-ciones con el Defensor del Pueblo, en la que laAdjunta Primera dio cuenta de las conclusio-nes obtenidas. El informe anual ofrece una sín-tesis de esas conclusiones que comienzan conun análisis de las causas por las que se ha re-crudecido a lo largo del año 2005 la presión so-bre los enclaves españoles de Melilla y Ceuta.

El perímetro fronterizo se encuentra en te-rritorio español, y no existe en las disposi-ciones legales que regulan el acceso de ex-tranjeros a territorio español ninguna normaque permita excepcionar la aplicación plenade la ley española sobre una porción del te-rritorio nacional. Sobre esa base se analizaqué figura jurídica resulta aplicable a aque-llas personas que son interceptadas mientraspretenden acceder a territorio español de for-ma irregular. Tal figura es la devolución, quedebe realizarse de acuerdo con las garantíasy formalidades que se establecen en la propialegislación. No actuar de este modo deja sinposibilidad alguna de solicitar protección alas personas que puedan desear acogerse aese derecho. Para evitar estos problemas seha remitido a la Secretaría de Estado de Se-guridad un recordatorio de deberes legales.

Se ha constatado la ausencia de criteriosclaros para el empleo adecuado de estos me-dios de contención, por lo que resulta nece-sario un protocolo de intervención adaptadoa la estructura del perímetro fronterizo y a lascondiciones en que deben desarrollarse es-tas actuaciones. También se ha indicado a laSecretaría de Estado de Seguridad la necesi-dad de que, por parte de la Administración seinvestiguen tanto las acusaciones de violen-

cia desproporcionada como de devolucionesexpeditivas y, al margen de todo procedi-miento, incluso con personas que habrían re-sultado heridas en el curso de los intentos deacceso irregular.

La Institución sigue la marcha de la inves-tigación interna abierta por la Guardia Civilen relación con las imágenes emitidas poruna cadena de televisión en las que se apre-cia cómo una persona que parece miembro deese Instituto armado propina una fuerte pa-tada a un ciudadano subsahariano que se en-cuentra en el suelo, reducido por otro agen-te del Cuerpo. También se ha dirigido unescrito al Fiscal General de Estado para co-nocer si se ha abierto alguna diligencia judi-cial en relación con este hecho.

Se prestó especial atención al despliegue envarios puntos del entrevallado de líneas de

concertinas en superficie formadas por alam-bre de cuchillas. La instalación de estos ele-mentos fue motivo de grave preocupación,pues ponía en serio riesgo la vida y la integri-dad de las personas. Finalmente, las concerti-nas fueron retiradas. En la investigación lle-vada a cabo se analizó igualmente por estaInstitución el proyecto de instalación de untercer obstáculo, una denominada «sirga tri-dimensional», para dificultar el acceso, sobrecuya ubicación definitiva se ha requerido ma-yor información a la Secretaría de Estado deSeguridad.

El operativo desplegado para la atención alos inmigrantes, articulado en torno al Centrode Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI),merece elogios, especialmente porque jugó unpapel fundamental para que la situación no sedesbordara y se mantuviera la paz social.

Admitidas recomendaciones del Defensor del Pueblo en el proceso de normalización de inmigrantes

Alo largo de buena parte del año al que se refiere este informe, la tramitación de las diferentes quejas e investigaciones de oficiorelacionadas con la extranjería y la inmigración ha coexistido con la fase final de la preparación del informe monográfico sobre

«la asistencia jurídica a los extranjeros en España» (1).En un alto número de quejas se ha apreciado que el proceso para la expedición de un visado de entrada por parte de las oficinas

consulares es extremadamente largo y su demora determina, en ocasiones, la pérdida de vigencia de la autorización de residencia delextranjero, al que no le está legalmente permitido permanecer más de seis meses fuera de España. Esta falta de agilidad obliga a laInstitución a efectuar actuaciones buscando la pronta resolución de los casos individuales de los que se tiene conocimiento.

(1) Consultar en la página web: www.defensordelpueblo.es

Los asaltos masivos a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla

La Adjunta Primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, observa la sirga que coronaba la verja de Melilla, durante su viaje el 10 y 11 de Octubre, tras los asaltos masivos desubsaharianos que pretendían pasar a España. Le acompañan, a su derecha, su Jefa de Gabine-te, Carmen Comas Mata Mira y a su izquierda, el Jefe del Área de Inmigración y Asuntos Exterio-res, Bartolomé José Martínez.

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Devolución de 73 inmigrantes a Marruecos

En el curso de la visita realizada a la Co-misaría Provincial de Melilla se procedió aefectuar un análisis documental de los ex-pedientes tramitados a los ciudadanos ex-tranjeros que fueron finalmente readmitidospor Marruecos el 6 de octubre de 2005. LaBrigada Provincial de Extranjería y Docu-mentación de Melilla resolvió instruir devo-luciones a los interesados. Sin embargo, estaspersonas accedieron al territorio nacional sinser interceptadas por las fuerzas de seguri-dad, se personaron por su propio pie en unprimer momento en la Comisaría y, tras dosdías de permanecer en España en situaciónde libertad de movimientos, se presentaronnuevamente en Comisaría. En tales circuns-tancias, lo procedente hubiera sido instruirprocedimientos de expulsión y no de devolu-ción como se hizo. Ello ha motivado la emi-sión de un recordatorio de deberes legales ala Delegación del Gobierno en Melilla.

El procedimiento elegido y la tramitaciónseguida en las devoluciones fue excesiva-mente parca y, además, no atendió a los prin-cipios de contradicción y audiencia, fue her-mético y estuvo falto de garantías reales. Enestas circunstancias no resulta viable pensarque quienes pudieran tener necesidades deprotección pudieran exponerlas.

Parte de la responsabilidad por esta situa-ción se debe a la forma en que se prestó laasistencia letrada por parte de profesionalesdel Colegio de Abogados de Melilla. En con-secuencia, a comienzos de 2006 se remitióuna recomendación a dicho Colegio para quese adopten las medidas necesarias para me-jorar sustancialmente la asistencia jurídicaque se presta en los trámites de devolución,así como que se establezca un sistema queasegure la disponibilidad de un número sufi-ciente de letrados para situaciones de emer-gencia jurídica.

Por otra parte, la Institución recibió unrelevante número de escritos, en los que sepedía que el Defensor del Pueblo iniciaraactuaciones para evitar que las autoridadesmarroquíes enviaran a zonas desérticas o enconflicto a los extranjeros en situación irre-gular. La Institución comunicó a los peti-cionarios que no resultaba posible efectuaractuación alguna en relación con esa cues-tión, ya que los hechos se estaban produ-ciendo fuera del territorio español y bajo laresponsabilidad de las autoridades marro-quíes. No obstante, también se reclamó an-te la Comisión Mixta de Relaciones con es-ta Institución que los acuerdos decooperación en materia de control fronteri-zo incluyan cláusulas evaluables de salva-guardia efectivas sobre el respeto a los de-rechos humanos de los migrantes.

Repatriación de menores no acompañados

Esta Institución ha manifestado ante losorganismos competentes para instar y ejecu-tar la reagrupación familiar la necesidad derealizar un análisis pormenorizado de las ca-racterísticas del menor antes de adoptar ladecisión de reintegrar a su país a cada uno deellos. Sin embargo, se ha apreciado que, en lamayoría de las ocasiones, una vez puesto elmenor a disposición de los servicios de pro-tección, se insta directamente de la autoridadgubernativa la iniciación de los trámites derepatriación, sin plantearse siquiera la posi-bilidad de que para el interés del menor pue-da resultar más procedente su permanenciaen España.

También se llevó a cabo una investigacióncon la Consejería de Familia y Asuntos So-ciales de la Comunidad de Madrid y con laDelegación del Gobierno en la misma comu-nidad autónoma, que concluyó con dos reco-mendaciones a fin de que cuando el menorque vaya a ser repatriado siga algún trata-miento médico se solicite un informe médicoque establezca un criterio facultativo sobre laconveniencia de aplazar o, en su caso, dejarsin efecto la repatriación, así como las medi-das terapéuticas a adoptar.

Situación en los centros canarios de menores

Durante el año 2005 los servicios de laInstitución han visitado 4 centros de aten-ción de menores extranjeros no acompaña-dos de Fuerteventura (CAMES). El de «LosLlanos Pelados», único existente en Fuerte-ventura, el de «La Isleta» en Gran Canariay los de «Geneto» y «El Portezuelo» en Te-nerife. En el informe se da cuenta de lasconclusiones obtenidas en cada una de lasvisitas, de las que se ha dado traslado a to-dos los órganos administrativos que osten-

tan competencias en materia de menores enla Comunidad Canaria, así como, en funciónde problemas concretos, al Fiscal Generaldel Estado y a la correspondiente Subdele-gación del Gobierno.

Debe destacarse en este ámbito las reco-mendaciones formuladas a la Consejería deEmpleo y Asuntos Sociales de la Comunidadde Canarias y al Cabildo Insular de Fuerte-ventura para que se proceda a clausurar lasinstalaciones del CAME de «Los Llanos Pela-dos», trasladando a los menores a un centromás idóneo.

Visitas a los CIES

En el curso del año 2005 asesores de laInstitución se han desplazado a cinco cen-tros de internamiento de extranjeros [CIES](Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Bar-celona y Madrid) a fin de comprobar la ido-neidad de sus instalaciones, verificar su ade-cuado funcionamiento y garantizar el respetodebido a los derechos reconocidos a los ex-tranjeros.

Debe reseñarse especialmente que, ante elpróximo traslado del CIE de Barcelona a unasnuevas dependencias, se recomendó que semantuvieran las instalaciones visitadas en unnivel bajo de ocupación, dadas sus notablescarencias. De hecho la Institución espera queel nuevo centro sirva para corregir las mu-chas deficiencias apreciadas en el centro deLa Verneda.

Respecto del CIE de Madrid se sigue unainvestigación en relación con las deficienciasde seguridad que padece el centro y que hanocasionado que sólo pueda utilizarse la plan-ta primera.

Protección a mujeres inmigrantes sin papeles, víctimas de malos tratos

En su día se sustanció una investigaciónde oficio en relación con las dificultades de



Centro de menores de Fuerteventura de los Llanos Pelados.


las mujeres extranjeras en situación irre-gular en España para denunciar los malostratos u otros hechos punibles de los queson víctimas, por temor a que se les incoa-ra un expediente de expulsión. En el año2005 la Secretaría de Estado de Seguridad,siguiendo la línea marcada por esta Insti-tución, ha dictado la Instrucción 14/2005,de 29 de julio, «sobre actuación en depen-dencias policiales en relación con las mu-jeres extranjeras víctimas de violenciadoméstica o de género en situación admi-nistrativa irregular». No obstante, debe se-ñalarse la complejidad del procedimientoestablecido, así como que no resulta acordecon el carácter tuitivo de la norma que, enel mejor de los casos, el expediente sancio-nador finalice con la imposición de una san-ción de multa.

En la misma línea, el Defensor del Pueblomantiene su criterio sobre la necesidad deque no se incoe expediente de expulsión alamparo de la Ley de extranjería a los extran-jeros en situación irregular que acudan a lascomisarías de policía para denunciar habersido víctima de delito. La Dirección Generalde la Policía ha estimado que la propuesta deesta Institución no resulta asumible. Por ello,se ha elevado la cuestión a las Secretarías deEstado de Seguridad de Inmigración y Emi-gración, a fin de que se examinen las víasexistentes para acoger el criterio defendidopor esta Institución.

Asistencia a quienes denuncian a redesorganizadas

Resulta igualmente preciso mencionar la in-vestigación realizada con ocasión de la quejaformulada por una ciudadana bielorrusa, quehabía colaborado con las autoridades españo-

las en la persecución de redes organizadas, sinque se le hubiera expedido su autorización deresidencia —lo que le impedía desarrollar untrabajo para sobrevivir— y sin que hubiera re-cibido ayuda alguna para el regreso a su país.La interesada manifestaba que, a falta de ayu-das y sin poder trabajar de forma legal, no lequedaría otra opción que ejercer la prostitu-ción, para la que era precisamente utilizadapor la red a la que denunció.

La Institución consideró que la situaciónpor la que atraviesan estas personas mereceuna atención especializada y, por ello, remi-tió a la Dirección General de Inmigración unarecomendación para que se ofrezca ayuda,particularmente de carácter social y psicosa-nitario, a las personas que se encuentran enesta situación cuando se aprecie carencia derecursos o desvinculación de su medio fami-liar o social.

Urgentes mejoras de la asistenciaconsular

La necesidad de que nuestro sistema con-sular experimente mejoras sustanciales que re-viertan en beneficio de los administrados y delfuncionamiento de todo el entramado de losservicios públicos sigue siendo una prioridad.

En lo que a la actuación telefónica y por víainformativa se refiere, los consulados más so-brecargados presentan, por lo general, defi-ciencias de funcionamiento. A este respectopueden citarse como ejemplos destacados lasoficinas consulares en Lagos, Islamabad, Quito,Bogotá o La Habana.

Por lo que respecta al funcionamiento yatención al público del Consulado Generalde España en La Habana, se realizaron di-versas investigaciones referidas, entre otrascuestiones, a la necesidad de esperar toda lanoche en la ventanilla dedicada a visados.Parte del problema está en la actuación depersonas particulares que guardan los pues-tos en la cola, con ánimo de obtener un be-neficio económico, los denominados «cole-ros». Las actuaciones desplegadas con elMinisterio del Interior cubano para que re-conduzca esta situación no han tenidoresultados hasta la fecha. No obstante la Ad-ministración comunicó que se ha incremen-tado el servicio de atención telefónica y laplantilla de dicha oficina consular para in-tentar paliar en lo posible estas deficiencias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha pues-to de manifiesto que las dificultades con lasque debe trabajar diariamente el ConsuladoGeneral de España en La Habana son un temapreocupante, que se ve agravado ya que las pe-culiaridades de Cuba limitan en gran medidacualquier intento de mejora en la prestaciónde servicios consulares. La Administración hainformado del incremento de la plantilla y dela ampliación de las instalaciones.

Según se apreció en una investigación conel Consulado General de España en Shangai,esa oficina requería a los solicitantes de visa-do la presentación de la oferta laboral originalrealizada a su favor. En un primer momento sereconoció por la Dirección General de Asuntosy Asistencia Consulares que la normativa nodisponía la presentación de ese documento yse señaló que no era necesaria su aportación.No obstante, pudo comprobarse que dichapráctica no había cesado y se justificaba comoun medio para detectar posibles fraudes. Seefectuó una recomendación a la Administra-ción consular a fin de que cesase la prácticade requerir a los solicitantes de visado que hanobtenido autorización de trabajo la presenta-ción de la correspondiente oferta de empleo.La recomendación ha sido aceptada.

Un ciudadano iraquí con residencia legal enEspaña se dirigió a esta Institución indicandoque contaba con la oportuna autorización deresidencia por reagrupación familiar a favorde su mujer y sus dos hijos, pero que al com-parecer su esposa ante la oficina consular deEspaña en Damasco (Siria) para solicitar loscorrespondientes visados, no se le permitiópresentarlos, por no acreditar que tuviera re-sidencia legal en aquel país. El interesado ma-nifestaba que su familia se encontraba en Si-ria dada la situación de su país de origen. ElDefensor del Pueblo tomó en consideraciónque el desplazamiento por vía terrestre entreDamasco y Bagdad resultaba largo y compli-cado para cualquier persona y, en especial, pa-ra una mujer con dos menores de corta edad.En consecuencia se dirigió una sugerencia demanera urgente a la Dirección General deAsuntos y Asistencia Consulares para que sepermitiera presentar dichas solicitudes en larepresentación consular de España en Da-masco. La sugerencia fue aceptada.

Funciones consulares encargadas a empresas privadas

Debe también reseñarse una investigaciónen relación con las medidas adoptadas por la



Consulado de España en Bogotá.

Siguen las colas en las oficinas habilitadas para la regularización y normalización de inmigrantes.



ÁREA DE INMIGRACIÓN Y ASUNTOS EXTERIORESEmbajada de España en Islamabad para latramitación y resolución de visados de rea-grupación familiar. Al acudir los interesadosa la Embajada para tramitar los correspon-dientes visados se les informa por escrito deque la Embajada no podrá tramitar la peti-ción en un futuro próximo ofreciéndole lassiguientes alternativas: mantener su situa-ción y esperar indefinidamente; pagar la can-tidad de 15.000 rupias para que la Embajadagestione más rápidamente la solicitud con laayuda de colaboradores externos; y, final-mente, retirar la documentación.

De la información oficial recibida se des-prende que la Embajada considera escasa-mente fiables los documentos de filiación ex-pedidos por las autoridades locales y que, lascomprobaciones con dichas autoridades sonextremadamente lentas y no siempre obtienenresultados. Por ello se ha optado por ofrecer unsistema que permite que una única firma con-sultora local realice las verificaciones oportu-nas por cuenta de la Embajada. La Instituciónha efectuado una ampliación de la investiga-ción a fin de esclarecer el régimen de actua-ción de esta entidad colaboradora, la forma enque ha sido seleccionada y los controles que seestablecen sobre la misma, así como el tipo deactuaciones que realiza la Embajada en el ca-so de que el solicitante de visado no se acojaa este sistema de verificación.

Destrucción de documentos probatorios

La Institución mantiene abierta una in-vestigación por la práctica seguida por laSubdelegación del Gobierno en Barcelonadurante el proceso de regularización porarraigo de destruir las resoluciones conce-sorias de permiso de residencia que no pu-dieran notificarse por correo certificado, asícomo de los justificantes de los intentos denotificación. La decisión reviste mayor gra-vedad dado el valor probatorio de la docu-mentación destruida. Se ha dado traslado alos órganos competentes de los antecedentesal objeto de que inicien las actuaciones pa-ra depurar las responsabilidades a que pue-da haber lugar.

Problemas con las citas previas para lostrámites de regulación

Las deficiencias apreciadas en el sistemade concesión de cita previa se han extendidoa otros medios telemáticos, como es el casodel sistema a través de Internet habilitado porel Ministerio para las Administraciones Pú-blicas, en lo referente a la provincia de Bar-celona. Una vez solicitada la preceptiva in-formación, se pudo deducir que el problema

radicaba en que más de un setenta por cien-to del total de las citas se concentraba en unnúmero reducido de personas. Tras la inter-vención de esta Institución, la Subsecretaríadel Ministerio para las Administraciones Pú-blicas introdujo modificaciones en el sistemainformático que impiden acumular citas. Noobstante, debe señalarse que los problemaspara la obtención de cita por vía telemáticahan persistido.

Otro grupo de investigaciones guarda rela-ción con las demoras generales detectadasen el funcionamiento ordinario de algunasoficinas de extranjeros. Casi siempre relacio-nadas con una escasa dotación de medios ma-teriales, informáticos y personales; lo que uni-do en ocasiones a la falta de adecuación delas instalaciones da lugar a que los ciudada-nos se vean obligados a realizar prolongadasesperas, incluso a la intemperie, a que se pro-duzcan graves demoras en la tramitación desus expedientes, o a que sean tratados de unmodo inadecuado.

El requisito de empadronamiento para la residencia

Han sido numerosas las actuaciones reali-zadas desde esta Institución en relación con eldesarrollo del proceso de normalización, al quepodían acogerse los extranjeros en situaciónirregular, siempre que acreditasen su residen-cia en España antes del 7 de agosto de 2004 yun contrato de trabajo. El asunto sobre el quemás quejas se han recibido es el relativo a laexigencia de presentar un certificado de em-padronamiento como único medio de pruebade la residencia continuada en España.

En el mes de marzo de 2005 esta Institu-ción dirigió una recomendación a la Secreta-ría de Estado de Inmigración y Emigración,instando a dicho organismo a aceptar en elproceso de normalización otros medios deprueba indubitados, distintos del certificadode empadronamiento, para acreditar la resi-dencia en España.

En un primer momento, la Administraciónrechazó el criterio de esta Institución. Noobstante, el Defensor del Pueblo remitió unnuevo escrito insistiendo en la necesidad deque se ampliaran los medios de pruebapara acreditar la estancia en España, da-do que muchos inmigrantes que se encon-traban en España y podían acreditarlo noestaban inscritos en los padrones munici-pales por diversas causas. Finalmente, la Ad-ministración fue sensible a los postulados deesta Institución y mitigó los efectos de la res-tricción de los medios de prueba de la resi-dencia, mediante la figura del empadrona-miento por omisión, ya prevista en lanormativa reguladora del empadronamiento.

Expulsiones durante el proceso de normalización

Durante el desarrollo del proceso de nor-malización se recibieron quejas provenientesde diversos puntos del territorio nacional,presentadas por ciudadanos extranjeros quepretendían acogerse al proceso de normali-zación y que parecían cumplir con los requi-sitos exigidos, pese a lo cual habían sido ob-jeto de detención e incoación de expedientesde expulsión por estancia irregular, en losdías previos al inicio de dicho proceso, o in-cluso durante la vigencia del mismo. Muchasde estas personas estaban realizando los trá-mites oportunos para obtener la documenta-ción que había de acompañarse con las soli-citudes de normalización y vieron frustradasu pretensión al ser internados y, en la ma-yoría de los casos, expulsados.

De otro lado, se están recibiendo con cier-ta frecuencia en esta Institución quejas delas que se desprende que, en la tramitaciónde las solicitudes de autorización de trabajoy residencia, formuladas al amparo del pro-ceso de normalización, se está solicitando laemisión de informe gubernativo en relacióncon el ciudadano extranjero que pretendeacogerse al proceso. La emisión de informedesfavorable determina usualmente la dene-gación de la correspondiente solicitud. El cri-terio del Defensor del Pueblo es que la sim-ple existencia de un informe gubernativodesfavorable no puede constituir causa di-recta de denegación de la autorización de tra-bajo y residencia presentada dentro de esteproceso de normalización, salvo que su con-tenido refiera circunstancias incompatiblescon la permanencia del solicitante en Es-paña.

Criterios homogéneos para la reagrupación familiar

La legislación de extranjería condicionael derecho de reagrupación familiar de losextranjeros residentes legales en España aque los solicitantes acrediten, entre otrosextremos, que cuentan con medios de sub-sistencia necesarios para atender las nece-sidades de su familia una vez reagrupada,así como que disponen de un alojamientoadecuado para la misma. Sin embargo, fal-tan instrucciones generales respecto a lascantidades económicas exigibles a los rea-grupantes y a los requisitos mínimos que de-ben reunir sus viviendas, lo que ha ocasio-nado una disparidad de criterios en lasdistintas delegaciones y subdelegaciones delgobierno, en las que se han fijado unos pa-rámetros con diferencias poco razonables enocasiones. La inexistencia de instrucciones




Bajo el presente epígrafe se agrupan lasactuaciones desarrolladas en relación

con los problemas que pueden padecer losciudadanos españoles cuando se encuentranfuera del territorio nacional, bien sea de for-ma estable, bien de manera ocasional.

Comenzando por el colectivo de emi-grantes españoles —1.497.817 personas,según las cifras oficiales referidas al año2004—, la Institución sigue con interés laevolución de esta presencia en las diferen-tes áreas geográficas, pues eso afecta a lademanda de servicios que pueden efec-tuarse a la Administración española.

Desde el día 26 de octubre de 2005, Esta-dos Unidos exige a todas las personas que

deseen entrar en el paíspasaporte de lectura me-cánica y fotografía digi-talizada. En caso de nodisponerse de este tipode pasaporte debe solici-tarse un visado de entra-da con anticipación alviaje. España expide es-tos pasaportes desde elaño 2003, si bien se handetectado problemas enla mayoría de los con-sulados para la expedi-ción de este tipo de do-cumentos.

La Administración con-sular ha comunicado que

generales sobre el tema genera una situa-ción de inseguridad jurídica que puede darlugar a arbitrariedades.

En consecuencia, se dirigió una recomen-dación a la Dirección General de Inmigracióninstando a la Administración a que procedie-ra a la promulgación de la Orden Ministerialprevista en el Reglamento de extranjería quedetermine los requisitos económicos exigi-bles a estos efectos. También se hacía men-ción a la conveniencia de que esa disposiciónse completara con algunas indicaciones sobrela idoneidad de la vivienda familiar. En la res-puesta recibida, el citado departamento mi-nisterial se muestra favorable a aceptar la re-comendación.

Por otra parte, la Secretaría de Estado deInmigración y Emigración no ha acogido larecomendación formulada en su día por estaInstitución para que se equiparara a efectosde reagrupación familiar a las parejas de he-cho no casadas que pudieran acreditar unarelación estable.

Exención del certificado de penales a trabajadores comunitarios

A través de las quejas recibidas en esta Ins-titución se pudo conocer que a los familiaresde ciudadanos comunitarios que solicitabanla tarjeta de residencia, sin haber obtenidopreviamente visado, se les exigía la presen-

tación de certificado de antecedentes pena-les. Este requisito no está previsto en el RealDecreto 178/2003, de 14 de febrero, donde tansólo se indica que excepcionalmente las au-toridades encargadas de resolver sobre laconcesión de la tarjeta de residencia puedensolicitar informes a las autoridades del Esta-do de origen o de otros Estados sobre posiblesantecedentes judiciales del solicitante. Así sele ha recordado a la Comisaría General de Ex-tranjería y Documentación, a fin de que cesela práctica referida.

Baja el número de las solicitudes de asilo

La tendencia a la baja de personas que so-licitan asilo en España tiene sus causas en di-versos factores: el desarrollo de falsos este-reotipos por parte de mafias o traficantes depersonas, la falta de una adecuada orienta-ción jurídica una vez que se llega al territo-rio español, o la apreciación de que el proce-dimiento puede retrasar las posibilidades deacceso al territorio nacional de los solicitan-tes, aunque sea en situación de irregularidad.También ha tenido una especial incidenciala exigencia de visado de estancia a los na-cionales de países que con anterioridad nonecesitaban este documento para trasladar-se a España.

Entre las actuaciones realizadas en elámbito de la protección del derecho de asi-

lo, puede citarse la investigación iniciadaante la Delegación del Gobierno en Ceuta yante la Dirección General de la Policía co-mo consecuencia de los sucesos desarrolla-dos el 28 de diciembre de 2004 en Ceuta.Tras un cotejo de huellas dactilares con los fi-cheros policiales, quedó acreditado que se ha-bían producido expulsiones expeditivas depersonas que se encontraban en Ceuta, pen-dientes de que se tramitara su solicitud deasilo, al margen de procedimiento alguno. LaDirección General de Política Interior facili-tó el regreso de algunas de estas personas quefueron localizadas en territorio marroquí.

Por su parte, la Delegación del Gobiernoen Ceuta negó los hechos, e indicó que en esafecha habían sido detenidas personas queacababan de entrar en España y que fueronpuestas a disposición de las autoridades ma-rroquíes en aplicación del acuerdo de read-misión firmado entre ambos países el 13 defebrero de 1992. Esta Institución no puedeadmitir tales explicaciones; en primer lugarporque no reconocen una realidad que ha si-do ya probada por otras vías y, además, por-que pretenden defender que el acuerdo dereadmisión con Marruecos permite la devo-lución inmediata y sin sujeción a trámite al-guno de las personas que se encuentran ya enel territorio nacional y han sido sorprendidasen las inmediaciones del perímetro fronteri-zo. Por ello, se ha pedido a la Delegación queproceda a la apertura de una investigaciónreservada a fin de depurar responsabilidades.

Emigrantes españoles en Argentina.

Emigración y asistencia a ciudadanos españoles en el extranjero




está prevista la implantación progresiva delos medios que permitan la emisión de pasa-portes digitalizados, como ya se hace, porejemplo, en el Consulado de España en Zu-rich. El Defensor del Pueblo efectuará un se-guimiento del proceso de implantación de lanueva tecnología. Al tiempo se ha indicado ala Administración que, en tanto subsista laactual situación, debería admitirse la posibi-lidad de que los residentes en el extranjeropuedan gestionar la renovación de su pasa-porte en una demarcación consular distintaa la de su lugar de residencia.

Demoras en la tramitación de pensiones

Entre las funciones de nuestras represen-taciones en el exterior se encuentra la aten-ción a los emigrantes españoles que puedanestar en situación de recibir una pensión asis-tencial. El reconocimiento de estas pensio-nes y ayudas se produce por los servicios cen-trales, dependientes de la Dirección Generalde Emigración. No obstante, resulta funda-mental la labor de las oficinas consulares co-mo receptoras de las solicitudes y como re-cursos informativos eficaces para que loseventuales beneficiarios presenten adecua-damente sus solicitudes, evitando así demo-ras y reiteraciones de trámites.

Las demoras en la tramitación de losexpedientes de pensiones asistenciales porparte de ciudadanos españoles residentesen Argentina, el país con mayor número deespañoles domiciliados en el extranjero, han

sido especialmentesignificativas. Partesustancial de la res-ponsabilidad por es-tas demoras corres-ponde a nuestrarepresentación en elexterior, al apreciar-se que en ocasionesson necesarios bas-tantes meses paraque las solicitudespasen de los centrosde recepción —habi-tualmente viceconsu-lados honorarios— ala Consejería Laboraly de ésta a los servi-cios centrales en Es-paña.

Esta Institución hasolicitado a la Di-rección General deEmigración que agili-ce la resolución de

los expedientes en los que se han aprecia-do demoras dilatadas, habida cuenta de quelos solicitantes de las ayudas o pensionesse encuentran en situaciones precarias y,además, son personas de edad avanzada, loque hace que se encuentren en una situa-ción especialmente vulnerable en muchoscasos.

En el año 2005 han continuado las actua-ciones con la Dirección General de Emigra-ción, en relación con la grave situación dedesprotección padecida por el colectivo deemigrantes mayores de 65 años que retorna-ban a España y, que pese a carecer de medioseconómicos, no podían disfrutar de pensiónno contributiva ni de pensión asistencial porancianidad.

La Administración ha regulado la cues-tión mediante un Real Decreto de 30 de di-ciembre de 2005 que atiende las indicacio-nes de esta Institución, ya que en sudisposición adicional tercera elimina la exi-gencia de que los emigrantes mayores de 65años hayan sido beneficiarios en el país deresidencia durante dos años de la pensiónasistencial por ancianidad para poder per-cibirla una vez retornados a España, siem-pre que acrediten el cumplimiento de losrestantes requisitos previstos en la Ley Ge-neral de la Seguridad Social para acceder auna pensión no contributiva, con excepcióndel periodo de residencia. No obstante, hade señalarse que la nueva disposición seaplica con limitados efectos retroactivos,pues deja fuera del ámbito de protección aaquellos emigrantes que retornaron con an-terioridad al 1 de enero de 2004.

Pensiones a los «niños de la guerra»

La Ley 3/2005 reconoce una prestacióneconómica a los ciudadanos de origen espa-ñol desplazados durante su minoría de edadal extranjero, en el periodo comprendido en-tre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciem-bre de 1939, como consecuencia de la guerracivil y que desarrollaron la mayor parte de suvida fuera del territorio nacional. La Admi-nistración española ya había adoptado conanterioridad distintas medidas a favor de co-lectivos concretos de «niños de la guerra»,aunque esta norma tiene un alcance más ge-neral.

La prestación económica que regula lanueva ley es una medida que pretende com-pensar las carencias de los ciudadanos cuyasperspectivas personales y profesionales sevieron truncadas como consecuencia deaquel conflicto. Esta Institución debe mos-trar su satisfacción por la promulgación de lamisma. No obstante, tras la entrada en vigorde esta Ley se han recibido en la Instituciónnumerosas quejas de ciudadanos, todos ellosniños durante la guerra civil, exponiendo susduras vivencias personales y reclamando laextensión de sus previsiones a su situación.En todos estos casos, el Defensor del Puebloha informado a los interesados de que la de-terminación de los supuestos de hecho quedan derecho a la prestación corresponde alPoder Legislativo.

Atención y trato en las oficinasconsulares

Investigadas las quejas de ciudadanos enlas que se hace referencia al posible trato in-correcto de los funcionarios o empleados con-sulares, resulta frecuente en este tipo de que-jas que la falta de elementos probatorios y ladiferencia de versiones de los implicadosconstituya un obstáculo para que puedan lle-gar a exigirse responsabilidades al personalactuante.

Todas las representaciones de España en elexterior deben poseer un servicio de emer-gencia que cubra las veinticuatro horas deldía, capaz de atender de modo rápido y efec-tivo cualquier posible incidencia grave queacontezca a ciudadanos españoles cuando seencuentren fuera de nuestras fronteras. Trasla intervención del Defensor del Pueblo, sehan impartido instrucciones generales paraque, fuera de las horas de oficina, todos losconsulados conecten sus teléfonos a un con-testador automático en el que se facilite unnúmero de teléfono al que acudir para su-puestos de urgencia.

Colas ante el consulado de España en Buenos Aires para solicitar vi-sado. Foto cortesía “La Región” de Orense.



ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Violencia escolar

En diciembre del año 2005 el Defensor delPueblo suscribió un convenio con el ComitéEspañol del Fondo de Naciones Unidas parala Infancia (UNICEF) para realizar un nuevoestudio de ámbito nacional en relación con elgrave problema de la violencia escolar. Conesta investigación se pretende no sólo cono-cer el estado actual del problema, sino tam-bién la evolución que haya tenido desde queesta Institución publicó los resultados del tra-bajo anterior (1999-2000) y disponer de datosconcretos sobre la efectividad de las medidase intervenciones de todo tipo puestas en mar-cha hasta ahora para atajar el fenómeno.

El trabajo de campo se está llevando a ca-bo a lo largo del primer semestre de este año

2006 e incluye, entre otras tareas, la reali-zación de encuestas a alumnos, profesores yjefes de estudios de al menos 300 centroseducativos de todo el territorio nacional queimpartan niveles de educación secundariaobligatoria. Si no surgen dificultades o re-trasos imprevistos, se pretende que los re-sultados de esta nueva investigación pue-dan hacerse públicos a finales de este mismoaño.

En relación con las quejas tratadas a lo lar-go de 2005 en materia de educación de nivelesanteriores a la universidad, puede decirse quedisminuyen las quejas respecto a las instala-ciones escolares, bien sea en lo que se refierea deficiencias o falta de adecuación a los re-quisitos mínimos obligatorios de las instalacio-nes ya existentes, o bien a la carencia de ins-

talaciones en determinadas zonas o para de-terminados niveles educativos. Un año no essuficiente para establecer un plazo en el que sevaya a dar respuesta a deficiencias y necesida-des denunciadas por la comunidad educativa yreconocidas por las autoridades competentes.

La dotación y el mantenimiento de in-fraestructuras educativas exige a menudotrámites administrativos complejos, con par-ticipación de autoridades o administracionesdiversas, lo que explica, pero no justifica, queactuaciones necesarias como éstas se dilatentanto en el tiempo con el evidente perjuicioque esta falta de agilidad provoca en la cali-dad de las prestaciones educativas que reci-ben los ciudadanos.

Faltan plazas en educación infantil

En materia de escolarización, las más fre-cuentes quejas afectan al problema de la con-centración de alumnos de origen inmigrante ocon necesidades educativas específicas en de-terminados centros docentes y a la carencia deplazas escolares para alumnos de educacióninfantil, especialmente para alumnos de 3años. Estas deficiencias se producen en ámbi-tos geográficos concretos y afectan más a nú-cleos urbanos con gran concentración de po-blación y elevados índices de inmigrantes, ocon planes o programas de desarrollo urbanís-tico, circunstancias que a menudo van unidas.

En cuanto a la concentración de alumna-do de origen inmigrante, esta Institución vie-ne recomendando, aunque sin mucho éxito,que se adopten medidas tendentes a favore-cer, e incluso en determinadas circunstan-cias a imponer, la redistribución equilibradade este alumnado, no sólo entre los centrospúblicos sino también entre éstos y los cen-tros privados sostenidos con fondos públicos.También en relación con este alumnado, yasimismo con el que por otras circunstanciasprecise apoyos específicos en su educación, elDefensor del Pueblo ha recomendado con-

Por un sistema educativo no sometido a los vaivenes electorales

Alo largo del año 2005 el sistema educativo español ha estado, un año más, pendiente de reformas y modificaciones normativascuando todavía no se ha finalizado la implantación de las reformas previstas en otras normas anteriores. Una vez más en este in-

forme anual se hace un llamamiento a quienes tienen capacidad de decisión en materia educativa para que doten a nuestro sistemade la necesaria estabilidad para que pueda desarrollarse plenamente y alcanzar resultados adecuados a las necesidades de nuestrasociedad.

Por encima de las discrepancias políticas e ideológicas es necesario, —incluso exigible, en opinión del Defensor del Pueblo— unesfuerzo por parte de todos para alcanzar acuerdos básicos en materia educativa que permitan configurar una estructura sólida y es-table, no sometida a los vaivenes electorales, sobre la que cimentar un sistema en el que las administraciones educativas, los docen-tes y los restantes profesionales relacionados con la educación puedan trabajar a largo plazo.

Firma de Convenio con UNICEF sobre violencia escolar. La presidenta de UNICEF España, Consuelo Crespo, firma con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, un convenio para la realización de un nuevo estudio sobre violencia escolar, que actualice el que ya se realizó por laInstitución en el año 2000. A la derecha, el Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar, en cuya adjuntía se lleva a cabo la coordinación de dicho informe.

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cretamente a la Comunidad Autónoma de Ma-drid la supresión de límites cuantitativos pa-ra la dotación de profesorado de apoyo a loscentros que escolaricen a un elevado núme-ro de alumnos de estas características a finde dotarlos con este tipo de profesorado demanera suficiente en relación con sus con-cretas necesidades.

En lo que se refiere a la carencia de plazaspara alumnos de educación infantil y especí-ficamente para alumnos de tres años, el pro-greso ha sido considerable, si bien todavía seaprecian carencias, particularmente en zo-nas de intenso desarrollo urbanístico en lasque las previsiones y la planificación no pa-recen haber sido las adecuadas para dar res-puestas ágiles a necesidades educativas per-fectamente previsibles.

Admisión de alumnos

En materia de admisión de alumnos si-guen planteándose problemas en relacióncon la acreditación de las rentas familiaresen cierta medida solventadas al obtener lasautoridades educativas los datos económicosdirectamente de las autoridades tributarias,si bien esta solución parece plantear difi-cultades por el desfase temporal entre la ren-ta tomada en consideración y el año acadé-mico en el que se solicita plaza en lossupuestos en los que la renta familiar ha su-frido en ese período de tiempo variacionesconsiderables.

Por otro lado, existe un considerable re-traso en la regulación de la admisión de alum-nos en los centros educativos dependientesde la Administración española en el exterior,cuyo desarrollo normativo está pendiente des-de el año 1993 sin que hayan sido suficientesestos casi diez años para llevarlo a cabo.

No puede dejar de mencionarse el radicaldesacuerdo del Defensor del Pueblo con elcriterio sostenido por algunos ayuntamientostitulares de centros educativos que primanla admisión de alumnos cuyas familias acre-ditan el abono de rentas de arrendamientourbano más elevadas o que acreditan ser deu-dores hipotecarios por importes más cuan-tiosos. Dado que la capacidad de endeuda-miento o de pago de rentas parece vincularsedirectamente a la capacidad económica, esmás que discutible el que estos criterios de-ban favorecer la admisión de alumnos a cen-tros educativos que, en alguna medida, esténsostenidos con fondos públicos.

Técnicos en diagnóstico por imagen

En materia de ordenación académica sedestacan en este informe dos asuntos. El pri-mero de ellos, en vías de resolución satisfac-

toria, es el relativo a los efectos académicosy profesionales reconocidos al antiguo títulode Técnico Especialista en Medicina Nuclear,a quienes hasta ahora la equivalencia los con-vertía en Técnicos Superiores en Radiotera-pia, lo que les excluía del ejercicio profesio-nal y de las plazas laborales relativas aldiagnóstico por imagen. Iniciadas las perti-nentes actuaciones, el Ministerio de Educa-ción y Ciencia ha informado de que está entramitación un proyecto en el que se con-templa la equivalencia del Título de TécnicoEspecialista en Medicina Nuclear, corres-pondiente a la anterior ordenación de las en-señanzas de formación profesional, que aho-ra se establecerá con el actual de TécnicoSuperior en Diagnóstico por Imagen, tal y co-mo viene demandado el sector de titulados enmedicina nuclear afectado.

Educación especial

En cuanto a la educación especial, las que-jas recibidas siguen haciendo hincapié en lacarencia de medios personales y materiales oen la inadecuación de las instalaciones en ra-zón de las características del alumnado con-creto que se escolariza en estos centros. Seha apreciado un incremento en el número dequejas en las que se plantean retrasos, o in-cluso negativas, en la sustitución de personaldocente y no docente que por razones tem-porales o permanentes cause baja en centrosordinarios que escolaricen alumnos de edu-cación especial, o en centros de educaciónespecial propiamente dichos. Es evidente queeste alumnado precisa de un apoyo perma-nente e intenso por parte de las autoridadeseducativas y no debieran escatimarse medioso recursos para proporcionarles los apoyoseducativos que necesiten.

Otros asuntos que se mencionan en esteinforme y respecto de los que esta Instituciónha intervenido a lo largo de 2005, serían, en-tre otros, los relativos al problema de la ob-tención de títulos correspondientes a ense-ñanzas postobligatorias por parte de alumnosextranjeros en situación irregular, problemaresuelto a partir de la aprobación del RealDecreto 2393/2004, así como el acceso de losalumnos extranjeros a becas y ayudas para laadquisición de libros de texto. También, porúltimo, cabe mencionar las actuaciones to-davía en curso en orden a eliminar los lími-tes de acceso a las pruebas libres de certifi-cación que existen en determinadas escuelasoficiales de idiomas y en relación con algunasde las lenguas impartidas en ellas.

Faltan profesionales de la Salud

En materia de educación universitaria yconcretamente en lo que se refiere al acce-

so a estudios elegidos en primera opción, eldescenso de número de estudiantes y la ma-yor disponibilidad de plazas, unido a la im-plantación del distrito abierto para todo elterritorio español, han supuesto una dismi-nución significativa del número de quejasrecibidas en esta materia, como ya vienesiendo habitual desde hace varios años, sibien las dificultades parecen mantenersefundamentalmente en el Área de Cienciasde la Salud, donde parece persistir un grandesequilibrio entre la oferta y la demanda deplazas.

Dado que diversas informaciones de me-dios de comunicación han puesto de mani-fiesto a lo largo de este año la carencia deprofesionales de la salud en algunos ámbitosde nuestro sistema sanitario, parece necesa-rio adoptar medidas que corrijan el desequi-librio antes mencionado, especialmente enlas áreas de conocimiento y profesiones enlas que nuestro sistema universitario no pro-porciona titulados suficientes.

Coordinación de plazos de matrícula

En otro orden de cosas, se ha detectadoque como consecuencia del actual sistema depreinscripción, los plazos de matrícula de lasdistintas universidades con frecuencia se so-lapan de forma que al estudiante no le resul-ta posible esperar a conocer el resultado de to-dos los procesos de admisión de lasuniversidades solicitadas antes de que finali-ce el plazo de formalización de matrícula enalgunas de ellas, lo que obliga a veces alalumno a abonar el importe de la matrícula enla universidad que ya lo ha admitido, antes deconocer si obtuvo o no plaza en la universidad


ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Las diferencias salariales entre autonomías yla falta de equiparación de las titulaciones sani-tarias con el resto de Europa mantienen des-motivados a los profesionales sanitarios.



ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURAsolicitada en primera opción. Deben puescoordinarse estos plazos y los procedimientoscorrespondientes para evitar estos problemas.

Retrasos en la homologación de títulosextranjeros

En materia de homologación de títulos ex-tranjeros, donde siguen persistiendo las que-jas por retrasos en la tramitación de los ex-pedientes, debe darse la bienvenida al nuevoprocedimiento implantado por el Real De-creto 285/2004, de 20 de febrero, dotado demayor coherencia y simplificación de trámi-tes, pero que no ha entrado en vigor hastaseptiembre de 2005, por lo que difícilmenteel Defensor del Pueblo puede hacer en esteinforme una valoración objetiva de los bene-ficios que previsiblemente se derivarán de es-ta norma y de la influencia que tendrá en lanormalización de la situación de colapso queafectaba a los servicios correspondientes enel año 2004, según los datos facilitados por elMinisterio de Educación y Ciencia durantedicho período.

Enfermería. También debe darse la bien-venida a la publicación y entrada en vigor delReal Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobreespecialidades de Enfermería, con lo que seha puesto en práctica una recomendación delDefensor del Pueblo formulada al Ministeriode Educación y Ciencia en el mes de marzode 2000 para la sustitución del Real Decreto992/1987, de 3 de julio, por el que se regula-ba la obtención del título de Enfermero Es-pecialista, con el fin de acomodarlo a las exi-gencias que establecen las directivaseuropeas en la materia

ATS. Más dificultades padecen los posee-dores de los títulos de Ayudante Técnico Sa-nitario para obtener la convalidación por losde Diplomados en Enfermería, una vez de-clarada la homologación a éstos por Real De-creto 111/1980, condicionada a superar en elplazo de cinco años un curso de nivelación deconocimientos para obtener la correspon-diente convalidación académica. Modificadoslos términos de este plazo, ha quedado final-mente establecido en el período comprendi-do entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de di-ciembre de 2008, si bien a finales del año 2005todavía no se habían iniciado las actuacionesnecesarias por parte de la UNED, organismoacadémico al que se encomienda la tareapara comenzar en fechas más o menos próxi-mas la impartición del mencionado curso denivelación.

Psicólogos. También han persistido a lolargo del año 2005 los problemas que afectanal colectivo de Psicólogos que aspiran a la ob-tención del Título de Especialista en Psicolo-gía Clínica. Son muy numerosos los expedien-

tes que deben resolverse y más aún cuandohan sido ampliados los plazos para que quie-nes reúnen los requisitos necesarios solicitenla expedición de este título de especialista.

En materia de becas y ayudas al estudiodebe acogerse favorablemente el incre-mento del 12,8% de los fondos destinados aeste fin, lo que ha permitido que los um-brales de renta exigidos para tener derechoa becas o ayudas se hayan elevado por tér-mino medio un 5% y que la cuantía de lasbecas y ayudas también haya aumentadoaproximadamente en un 4%. Pese a ello,aún siguen siendo numerosas las dificulta-des que encuentran los alumnos para cur-sar estudios postobligatorios en los centrosacadémicos de su libre elección, ya que niel número de becas que se conceden ni lacuantía de las mismas permite sufragar elcoste que estudios, desplazamientos y resi-dencia suponen.

En este informe se hace especial hincapiéen el rigor con el que por parte de la Admi-nistración se aplican algunos criterios paraseleccionar a los alumnos beneficiarios de be-cas que de un modo u otro fomentan la mo-vilidad de los estudiantes, tanto en la geo-grafía nacional como en el exterior. Lacuantía de las ayudas que otorgan los pro-gramas Séneca y Erasmus es insuficiente, yel rigor de los requisitos económicos que seexigen para el otorgamiento de becas de mo-vilidad, excesivo. Todo ello dificulta el cum-plimiento de los fines que justifican estas be-cas, que no es otro que fomentar la movilidadde nuestros estudiantes entre los distintoscentros académicos.

Cooficialidad lingüística

En materia de cooficialidad lingüística seha apreciado un notable incremento de lasquejas en relación con el volumen habitualen otros años. Muy probablemente el debatepolítico surgido en torno a la reforma del Es-tatuto de Autonomía para Cataluña tenga re-lación con ello, ya que se refieren a esta Co-munidad Autónoma buena parte de lasquejas recibidas en el año 2005. Por parte deesta Institución se hace un llamamiento eneste Informe anual a fin de que el ejerciciode los derechos lingüísticos refleje el marcode libertad y respeto que la Constitución di-seña, sin imposiciones ni trabas, de modoque el libre uso de la lengua de la propiaelección suponga un enriquecimiento perso-nal y social y no un factor de discordia o dediscriminación.

En cuanto a los medios de comunicacióny de difusión siguen siendo numerosas lasquejas que se reciben, particularmente fren-te a la programación televisiva, sin que que-pa apreciar más que una leve mejoría tras lafirma del Acuerdo para el Fomento de la Au-torregulación sobre Contenidos Televisivos eInfancia, suscrito en diciembre de 2003 en-tre el Gobierno y representantes de las ca-denas de televisión de ámbito estatal. Que-da mucho por hacer, si bien nos hallamos enun compás de espera en tanto en cuanto setramitan los proyectos normativos a travésde los cuales se pretende reformar el mode-lo de televisión pública y el actual sistema decontrol.

El Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar Belda, cuarto por la izquierda, en el II Foro Nacional “Infancia, televisión y Educación”, celebrado en RTVE. A la izquierda del Adjunto, el Defensor del Menor de la CAM, Pedro Núñez Morgades.



INFORME

Relaciones con los comisionadosautonómicos

En este apartado se recogen únicamentelas reuniones y encuentros más relevantesdel año 2005 con los comisionados autonó-micos. Como es habitual, se ha evitado la re-lación prolija de los numerosos contactospuntuales mantenidos con las distintas insti-tuciones autonómicas.

Reunión con el Procurador Común de Ca-narias, Manuel Alcaide Alonso (sede de laInstitución, 25 de enero).

Participación de la Adjunta Primera en lasII Jornadas sobre Reformas Estatutarias,Derechos Sociales y Defensores del Pueblo,organizadas por el Defensor del Pueblo An-daluz, con la conferencia «Configuración Es-tatutaria de los Defensores del Pueblo Auto-nómicos desde la experiencia de estas insti-tuciones en la defensa de sus derechos» (Ba-eza, Jaén, 5 y 6 de mayo).

Participación de la Adjunta Primera en lasII Jornadas del XX Aniversario de la Leydel Sindic de Greuges de Catalunya, orga-nizadas por el Sindic de Greuges, con la con-ferencia «El Ombudsman como Comisionadode defensa de los derechos. Control de la Ad-ministración y otras funciones» (Barcelona,29 de septiembre).

XX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo

Las XX Jornadas de Coordinación de De-fensores del Pueblo se celebraron durantelos días 16 al 19 de octubre en Alicante,organizadas por el Sindic de Greuges de laComunidad Valenciana.

Las Jornadas fueron inauguradas por el Vi-cepresidente y Secretario de la GeneralidadValenciana, Víctor Campos Guinot y clausu-radas por el Presidente de las Cortes Valen-cianas, Julio de España Moya. El tema mar-co fue «La respuesta de las Administracionespúblicas ante diferentes fenómenos y proble-mas que afectan a la infancia y a la juven-tud».

Entre las ponencias que se estudiaron ydebatieron, de las que se extrajeron las con-clusiones que pueden consultarse en el in-forme completo, destacan la de «Contenidosdelictivos en Internet», «La Administraciónde Justicia a menores», «Los nuevos retos pa-ra la salud de los jóvenes», «La violencia ju-venil en la sociedad actual», «La violencia es-colar y familiar», «El análisis de los sistemasde protección de menores y la prevención dela violencia», «La juventud y la violencia degénero» y una mesa redonda sobre «Tribusurbanas y violencia», en la que intervinieron

el Defensor del Pueblo de España y el Sindicde Greuges de la Comunidad Valenciana, Ber-nardo del Rosal.

Cada una de las ponencias anteriormentecitadas fueron moderadas por alguno de loscomisionados autonómicos, e intervinieronexpertos en cada tema, aparte de los ponen-tes.

Los talleres de trabajo previos a estas Jor-nadas se celebraron en las sedes del Defen-sor del Pueblo de Andalucía, del Diputado delComún de Canarias y del Justicia de Aragón,y versaron sobre las «Nuevas realidades tec-nológicas y mediáticas» (Sevilla); la «Admi-nistración de Justicia y Menores» (SantaCruz de Tenerife) y los«Nuevos retos para lasalud de los jóvenes» (Zaragoza).

Las conclusiones de estos talleres, así co-mo de las XX Jornadas de Coordinación re-señadas pueden consultarse en el informecompleto, y en la página web del Defensor delPueblo de España: www.defensordelpueblo.es

Reuniones relacionadas con expedientesde queja

Igualmente, en el informe completo sepuede consultar la relación pormenorizadade las reuniones mantenidas o audienciascelebradas en la sede de la Institución porel Defensor del Pueblo o sus Adjuntos conlos titulares de quejas personales o colec-tivas que quisieron transmitir a la Institu-ción sus puntos de vista sobre los temasque planteaban.

De entre estas reuniones, por su reper-cusión pública destacamos las siguientes:

— Del Alcalde de Salamanca, JuliánLanzarote Sastre, en relación con la quejapresentada sobre la devolución a Cataluña dela documentación existente en el Archivo Ge-neral de la Guerra Civil Española, sito en Sa-lamanca (20 de enero).

— Con los representantes de una aso-ciación de perjudicados por las obras delCirco Estable (1 de febrero).

— Con dos organizaciones vecinales deMadrid y con el Concejal del Ayuntamientode esa ciudad, Pedro Sánchez ( 2 de febrero).

— Entrevista con representantes de laFundación Española del Corazón, en rela-ción con las necesidades de los pacientes (3de febrero).

— Entrevista con el representante de laAsociación de Vecinos Nuevo Baztán y Vi-llar del Olmo (3 de febrero).

Relaciones institucionales

El Defensor del Pueblo y los comisionados autonómicos asistentes en Alicante, del 16 al 19 de octubre, a las XX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, coordinadas por el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, en las que, entre otros temas, se trató sobre «Las tribus urbanas y violencia» y la reforma de la Ley del Menor.

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— Reunión con el Alcalde de Rota (Cá-diz), Lorenzo Sánchez Alonso, acompañadode su Delegado de Hacienda, Juan AntonioLiaño Pasos, para tratar el tema de la com-pensación de impuestos y la imposibilidadde hacerla efectiva por parte de dichoAyuntamiento (9 de febrero).

— Reunión con vecinos del municipio deAlmadén (Ciudad Real), sobre la falta decumplimiento por parte de Minas de Almadénal compromiso adquirido para uso y disfrutede una dehesa como recreativa (22 de febre-ro).

— Reunión con el Portavoz del GrupoParlamentario Socialista de la Asambleade Madrid, Rafael Simancas Simancas, ycon los Grupos Municipales del PSOE delos Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón,Las Rozas de Madrid, Boadilla del Monte,Brunete, Tres Cantos, Villanueva del Par-dillo y Majadahonda (24 de febrero).

— Reunión con los profesores interinosde Enseñanza Pública del País Vasco sobreel perfil de estabilidad (28 de marzo).

— Reunión de trabajo con el Jefe delcuerpo de Bomberos de la Comunidad deMadrid, Javier Sanz, con el Jefe del Servi-cio Sanitario del cuerpo de Bomberos de laComunidad de Madrid, Sebastián Cartón, ycon dos representantes de la Sección Sin-dical de Comisiones Obreras (12 de abril).

— Reunión con el Alcalde de San Lo-renzo de El Escorial (Madrid), José LuisFernández Quejo del Pozo (10 de mayo).

— Reunión con el Consejero de Sanidadde la Junta de Extremadura, GuillermoFernández Vara (17 de mayo).

— Reunión con un colectivo cultural deAragón que presenta una queja sobre eluso de la lengua catalana en Aragón, la pre-servación de su identidad cultural, así comolos problemas que plantean por razón del usode dicha lengua (laborales, económicos cul-turales,...) (26 de mayo).

— Reunión con representantes vecina-les del Barrio del Carmelo, de Barcelona,que expusieron los muy diferentes proble-

mas que afectaron a los asociados con mo-tivo del hundimiento de varias casas y co-mercios (30 de mayo).

— Reunión con miembros de las Agen-cias de Adopciones Internacionales, sobreel funcionamiento de estas agencias (1 dejunio).

— Con dos familiares de militares des-tacados en Irak ( 20 de junio).

— Entrevista con Javier Conde, Direc-tor de Movilidad del Ayuntamiento de Ma-drid, acompañado del Adjunto al Departa-mento Administrativo, Álvaro de la Vega Mar-cos, en relación con un expediente abierto enesta Institución. Recibidos por la Adjunta Pri-mera el 13 de julio.

— Reunión con un miembro de la Co-misión Mixta de Relaciones con el Defen-sor del Pueblo, con el presidente de laFederación Catalana de Espeleología ydos ciudadanos de Cataluña interesadosen una petición de indulto. Recibidos porel Defensor del Pueblo y su Jefe de Gabi-nete en la sede de la Institución el 14 dejulio.

— Reunión con la Concejala del GrupoSocialista en el Ayuntamiento de Madrid,Carmen Sánchez Carazo, y otro ciudadanopara tratar sobre la política del gobiernomunicipal en relación con las personas condiscapacidad (22 de julio).

— Reunión con asesores de la Secreta-ría de Estado de Inmigración para tratarsobre temas de protección de menores ycon organizaciones no gubernamentalesmarroquíes y españolas (22 de julio).

— Reunión con el Alcalde de BollullosPar del Condado (Huelva), Juan CarlosSánchez Álvarez, interesado en la peticiónde indulto de un vecino de la localidad (26de julio).

— Entrevista con representantes veci-nales de la Barxeta sobre las líneas de al-ta tensión (20 de septiembre).

— Reunión con los vecinos afectadospor las obras en el Parque Eugenia de Mon-tijo, de Madrid. (29 de septiembre).

— Visita a la Ciudad Autónoma de Me-lilla para la investigación de las actuacio-nes desplegadas ante la entrada irregularde extranjeros, efectuada por la AdjuntaPrimera, acompañada de su Jefa de Gabi-nete y del asesor responsable del Área deInmigración y Asuntos Exteriores, durantelos días 10 y 11 de octubre.

— Reunión con representantes de unaasociación vecinal de Vicálvaro (13 de oc-tubre).

— Visita realizada por la Adjunta Pri-mera a los presos españoles internados enlas cárceles de Asunción (Paraguay) en elmes de noviembre.

— Reunión con el presidente de la Con-federación Española de Agrupaciones deFamiliares y Personas con EnfermedadMental (14 de diciembre).

— Entrevista con el director de la Ca-sa de Refugiados e Inmigrantes Menores yJóvenes no acompañados «La Merced», Pa-blo Pérez Pérez (15 de diciembre).

— Reunión con representantes de unaasociación de enfermos celíacos de Cata-luña (27 de diciembre).

Actividad internacional

Durante el año 2005 ha continuado la in-tensificación de la actividad institucionalen el ámbito internacional. El principal ob-jetivo de este esfuerzo es el de apoyar lasiniciativas destinadas a mejorar la promo-ción y defensa de los derechos y libertadesen otros países, impulsando principalmen-te la creación y el fortalecimiento de lasinstituciones defensoriales.

En este capítulo destaca este año la de-signación del Defensor del Pueblo comopresidente de la Federación Iberoamerica-na de Ombudsman (FIO). Esta designaciónse produjo en el mes de noviembre en laciudad de Asunción (Paraguay) para unperiodo de dos años.


INFORME

En el X Congreso de la FIO, celebrado en Asunción (Paraguay) del 14 al 17 de noviembre de 2005, fue elegido Presidente de la organización,por un periodo de dos años, el Defensor del Pueblo de España, Enrique Múgica, quien aparece en el centro de la foto de familia de los defensores,(foto de la izquierda), procuradores y comisionados de derechos humanos de Iberoamérica asistentes al citado congreso y dirigiendo las sesiones.


En este X Congreso de la FIO se trató eltema «Sistemas Internacionales de Promo-ción y Protección de los Derechos Humanos»,y hubo una exposición del Defensor del Pue-blo, Enrique Múgica, en representación de laRegión europea, sobre «Experiencias y ac-tuaciones de las instituciones europeas enmateria de protección de la infancia». Igual-mente, el Defensor del Pueblo asistió a la ce-lebración de la Asamblea General de la FIO,en Asunción (Paraguay), del 14 al 17 de no-viembre.

En dicho Congreso se aprobó la «Decla-ración de Asunción», cuyo texto puede con-sultarse en el informe completo y en la rei-terada página web del Defensor del Pue-blo: www.defensordelpueblo.es

Participación en otros eventosinternacionales

— El Defensor del Pueblo participó enotros actos de carácter internacional. Porejemplo, los celebrados con motivo del 50aniversario del Ombudsman danés, en Co-penhague (Dinamarca) del 30 de marzo al 2de abril.

— En el XVI periodo de sesiones de laReunión anual del Comité Internacional deCoordinación de las Instituciones Nacio-nales. 61º periodo de Sesiones de la Comi-sión de Derechos Humanos, celebrado en elPalacio de las Naciones, Ginebra, del 13 al 15de abril.

— En la V Reunión de la Junta Directi-va del Fondo Especial para Ombudsman eInstituciones Nacionales de Derechos Hu-manos en América Latina y el Caribe, tam-bién celebrado el 15 de abril en Ginebra.

— En el II Coloquio Luso-Brasileño deDefensores, organizado por el Provedor deJustiça de Portugal, con la conferencia «ElDefensor del Pueblo, Institución del Esta-do», en Lisboa, Portugal, el 31 de mayo.

— En la Conferencia OSCE sobre anti-semitismo y sobre otras formas de intole-rancia. Moderación en la Sesión Plenaria nú-mero 3, dedicada a «Respuestas contra loscrímenes antisemitas y de odio: el papel delos Gobiernos, las Instituciones, la legisla-ción, los mecanismos de aplicación de la Leyy la Sociedad Civil» (Palacio de Congresos deCórdoba, 8-9 de junio).

— Asistencia al V Seminario del Om-budsman de la Unión Europea, organizadopor el Defensor del Pueblo Europeo y elDefensor del Pueblo de los Países Bajos(La Haya, Holanda, 12-14 de septiembre).

Visitas y actos oficiales

— Reunión con el Presidente de la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos,Sergio García Ramírez.

— Visita del Embajador del Reino deMarruecos en España, Omar Azziman.

— Reunión en Chile con el Presidentedel Tribunal Constitucional, Juan Colom-bo, con el Ministro de Justicia, Luis Bates,con el Ministro Secretario General de laPresidencia, Eduardo Dockendoff y conMagistrados del Tribunal Supremo.

— Reunión con el Comisionado Presi-dencial para los Derechos Humanos deGuatemala, Frank la Rue, y con la Vicemi-nistra de Relaciones Exteriores, Marta Al-tolaguirre.

— Presentación de la conferencia sobre«La seguridad en Europa y los DerechosHumanos», a cargo del Comisario de Dere-chos Humanos del Consejo de Europa, Álva-ro Gil-Robles.

— Reunión con el Defensor Nacional dela Defensoría Penal Pública de Chile, Ro-drigo Quintana Meléndez, con el DefensorRegional de la Región Metropolitana, Eduar-do Sepúlveda, con el Jefe de Gabinete del De-fensor Nacional, Gonzalo Berrio, y con elEncargado de Cooperación Internacional,

Alejandro Salinas. — Visita del Embaja-

dor de Suecia, AndersRönquist.

— Reunión con elProfesor Titular de laUniversidad Central deVenezuela y exMinistrode Ciencia y Tecnología,Carlos Genatios.

— Reunión en Jeru-salén del Defensor delPueblo con su homónimoen Israel, Micha LindensTrauss.

— Asistencia a la ce-remonia de entrega delPremio Samuel Toledano2005.

Colaboración

— Reunión con los Adjuntos del Prove-dor de Justiça de Portugal, José Luis Pe-reira Coutinho y Antonio Manuel Macedode Almeida.

— Visita de Fiscales uruguayos que rea-lizan pasantía en el Centro de Estudios Ju-rídicos del Ministerio de Justicia.

— Reunión con el Comisario para losDerechos Humanos del Consejo de Europa,Álvaro Gil-Robles Gil-Delgado.

— Reunión con una delegación del De-fensor del Pueblo de Suecia, presidida porsu Adjunta Primera, Cecilia Nordenfelt.

— Lectura de la Lección Magistral «Larelación del Defensor del Pueblo con elParlamento y las administraciones loca-les», a invitación de la Facultad de Dere-cho de la Universidad de Chile.

— Conferencia «El papel del Defensordel Pueblo de España, en la tutela de losDerechos Humanos», a invitación de la Fa-cultad de Derecho de la Universidad deChile.

— Visita del Defensor del Pueblo a laRepública de Chile para apoyar los es-fuerzos en pro de la creación de la figurade un Ombudsman. Encuentro con el Pre-sidente de la Cámara de Diputados de Chi-le, Gabriel Ascencio, con la Comisión deDerechos Humanos, Nacionalidad y Ciuda-danía y con el Presidente de la ComisiónDefensora Ciudadana, Francisco Fernán-dez Fredes.

— Reunión con el Personero Municipalde Cali (Colombia), Adolfo León López Gi-raldo.

— Reunión con grupos de las centralessindicales de UGT, CCOO y USO que, juntoa una delegación de dirigentes sindicalescolombianos, expusieron los problemas so-bre el deterioro de los derechos humanos ysindicales en Colombia.

— Reunión con el Director General dela Asociación para la Prevención de la Tor-tura, Mark Thomson en relación con la pre-sentación del Protocolo preventivo en cen-tros de internamiento.

— Reunión con el Ombudsman deSindh, Karachi (Pakistán) sobre inter-cambio de puntos de vista del funciona-miento de ambas Instituciones.

— Encuentro con una comisión de par-lamentarios europeos en misión de infor-mación sobre la aplicación de la Ley Re-guladora de Actividad Urbanística de la Co-munidad Valenciana.

— Reunión con el Representante de Es-paña del Alto Comisionado de las NacionesUnidas, Carlos Boggio, con el Director Ad-junto del Bureau de Europa del ACNUR,Oluseyi Bajulaiye, y con Deborah Elizondo.


INFORME

Delegación del Ombudsman de Corea del Sur en visita a la Institu-ción del Defensor del Pueblo, donde se interesó por el funciona-miento de la misma.



INFORME— Reunión con el Defensor del Pueblo

de la República Bolivariana de Venezuelay Presidente de la FIO, Germán Mundaraín,y su Directora de Asuntos Internacionales,Raizabel Díaz.

— Reunión con el Comisionado Nacio-nal de los Derechos Humanos de Hondurasy Presidente del Consejo Centroamericanode Procuradores de Derechos Humanos,Ramón Custodio.

— Reunión con una delegación de la Re-pública de Serbia, encabezada por el Mi-nistro de Administración Estatal y Auto-gestión Local del Gobierno, Zoran LoncarTema.

— Encuentro con la Defensora del Pue-blo de la Ciudad de Buenos Aires, AliciaBeatriz Pierini, acompañada por el Emba-jador de Argentina, Carlos Bettini.

— Reunión con el ex-Ministro de Cien-cia y Tecnología de Venezuela, Carlos Ge-natios.

— Visita de alumnos provenientes dedistintas Administraciones públicas de paí-ses del sur de América, a través del Centrode Estudios Locales y Territoriales delINAP.

— Visita de una delegación del Om-budsman de Corea del Sur.

— Reunión con el Comité Europeo pa-ra la Prevención de la Tortura.

— Asistencia a la audiencia pública so-bre la Agencia de Derechos Fundamentalesde la Unión Europea.

— Reunión de trabajo con miembros dela Asociación «Human Rights Watch» paraanalizar el informe sobre «Medidas antite-rroristas en España».

— Visita de un miembro de la Funda-ción Internacional para Iberoamérica deAdministración y Políticas Públicas(FIIAPP), Miguel Utray, para presentar elProyecto EUROsocial.

— Reunión con el Provedor de Justiçade Portugal, Henrique Nascimento Rodri-gues, y el Raonador del Ciutadá de Ando-rra, Pere Canturri Muntaya.

— Entrevista con un antiguo preso delPenal Perito Moreno de Quito (Ecuador)para la entrega de un informe sobre la si-tuación penitenciaria en aquel país.

— Reunión con Antonio Alonso Marcos,de Helsinki España, para presentación delproyecto de educación en Derechos Huma-

nos en centros de primaria y secundaria dela Comunidad de Madrid.

— Reunión con participantes en el Ter-cer Curso para asesores Jurídicos Parla-mentarios Iberoamericanos y de la UniónEuropea.

— Reunión en la Agencia Española deCooperación Internacional en relación conel apoyo al Programa Regional a las De-fensorías del Pueblo en Iberoamérica pro-movido por el CICODE y para tratar sobrela programación en el 2006 en los Centrosde Iberoamérica.

— Asistencia a la VII Conferencia Ibe-roamericana de Ministros, Ministras y Altosresponsables de infancia y adolescencia.

— Asistencia a las Jornadas celebra-das con motivo de la posible creación de lafigura del Defensor del Pueblo en Uruguay.

— Reunión con el Director General dela Oficina de la OIT en España, Juan Feli-pe Hunt Ortiz, y la Directora del ProgramaRegional para las Américas, Martha Pa-checo.

— Reunión con un grupo de expertosde la Comisión Europea contra el Racismoy la Intolerancia (ECRI).

Cooperación técnica, divulgación y difusión

Se trata de iniciativas mediante las que la Institución procura fomentar su presencia en la sociedad para, de esa manera, acercarsus recursos institucionales al conjunto de los ciudadanos.

Actividades de cooperación

— Jornadas internacionales sobre te-rrorismo islamista, organizadas por la Co-munidad de Madrid y la Fundación Justiciaen el Mundo, de la Unión Internacional deMagistrados. Participación en la Mesa Re-donda «Las Instituciones y las Administra-ciones Públicas frente al terrorismo islamis-ta».

— Participación en una mesa redondasobre el «Recuerdo y memoria del Holo-causto: acto de homenaje a las víctimas y re-flexión», organizada por Diálogo Europeo.

— Conferencia en la V Jornada del Pro-yecto «La Escuela, promotora de una cul-tura de paz. Decenio 2001-2010», con el tí-tulo «Los derechos de las personas y la paz».

— Reunión con el Subdirector Generalde Inspección de Personal y Servicios deSeguridad del Ministerio del Interior, Ma-ximiliano García Cantos.

— Asistencia al testimonio del acto dedonación por parte de César Egido Serra-

El Rey de España, Don Juan Carlos, entrega el premio con su nombre sobre “Derechos Humanos”en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, a la fundadora de Pastoral de Criança, Zilda Arns Neuman. Foto Dalda.


no, de la Fundación Gestión Mecenazgo, delos derechos de autor generados por suobra «Euzkadi: el crimen y las sombras», afavor de la Fundación Víctimas del Terro-rismo.

— Participación en la Sesión Conme-morativa del Centenario del Ilustre Cole-gio de Abogados de Sabadell con la confe-rencia «La evolución de nuestro Estado de-mocrático y de Derecho desde la aprobaciónde la Constitución».

— Auspiciado por el Instituto Cultural Is-rael-Iberoamérica y por la Asociación deAmistad Israel-España, conferencia en elInstituto Truman de Investigación y Pro-moción de la Paz, con el título «Identidadesy fronteras culturales en España».

— Jornadas-Taller sobre «La acción hu-manitaria y la exclusión social en los paí-ses desarrollados», organizada por el De-partamento de Salud Pública, Historia de laCiencia y Ginecología de la Universidad Mi-guel Hernández de Elche y apoyadas por elDefensor del Pueblo.

— Reunión con la Asociación Dignidady Justicia.

— Reunión con el presidente y miem-bros de la Fundación Independiente.

— Reunión con la Unión y Entidades deAtención al Drogodependiente (UNAD).

— Reunión con la Responsable de Cam-pañas e Investigación de la Sección Espa-ñola de Amnistía Internacional, Giulia Ta-mayo, con el Investigador del SecretariadoInternacional, Roberto Stefani, y con la Coor-dinadora del Equipo de Refugiados, Icíar RuizJiménez.

— Reunión del Jurado que acordó lospremios a los escolares de enseñanza pri-maria y secundaria participantes en el con-curso de dibujos «Defensor del Pueblo2005» para la promoción de los DerechosHumanos.

— Reunión de trabajo con el Presiden-te del Consejo General de la Abogacía Es-pañola, Carlos Carnicer.

— Visita de Elena Zarraluqui, miembrode la Asociación de Abogados de Familia.

— Inauguración del 12 Encuentro de laAsociación Española de Abogacía de laFamilia.

— Reunión de trabajo con el SecretarioGeneral de la Coalición Española contra elRacismo y la Xenofobia (CECRA).

-Participación en las Jornadas sobre Pro-tección Jurídica en la Incapacidad, orga-nizadas por el Gobierno de La Rioja, con laconferencia «Hacia la integración social delas personas discapacitadas, su protección enel ordenamiento jurídico».

— Participación en las Jornadas sobrela Justicia Tributaria y el Defensor del Con-tribuyente en España, organizada por la Ofi-cina del Defensor del Contribuyente del

Ayuntamiento de Madrid, con la conferencia«La defensa de los derechos y garantías delcontribuyente por el Defensor del Pueblo».

— Asistencia a la conferencia imparti-da por el Secretario General del Frente Po-lisario, Mohamed Abdelaziz.

— Participación en el II Encuentro deMagistrados organizado por la AsociaciónProfesional de la Magistratura, con la con-ferencia «La imagen de los jueces».

— Jornada de trabajo con la Fundaciónpara las Relaciones Internacionales y el Diá-logo Exterior con participación en la MesaRedonda «Presión migratoria y situación de lasfronteras en Ceuta y Melilla. Propuestas de ac-ción desde España y la Unión Europea».

— Participación en el III Congreso sobreViolencia contra la Mujer organizado por laDiputación Provincial, con la conferencia «Lanecesidad de otorgar un tratamiento integralal fenómeno de la violencia de género (LaLey Orgánica 1/2004, de Medidas de Protec-ción Integral contra la Violencia de Género)».

— Asistencia a los actos del Año Europeode la Ciudadanía a través de la Educación,celebrados en el Ministerio de Educación yCiencia.

— Conferencia en el Máster en Necesi-dades y Derechos de la Infancia y la Ado-lescencia en la Universidad Autónoma de Ma-drid.

— Asistencia a la clausura del I Congre-so de Protección de Menores: Programasde Acogimiento, organizado por la Conseje-ría de Familia y Asuntos Sociales de la Co-munidad de Madrid.

— Reunión con el Presidente de UNI-CEF y el Director de Movilización Social yEducación para el desarrollo de esta or-ganización.

— Participación en la Mesa Redonda so-bre «La Defensa Institucional de las per-sonas con discapacidad», organizada por la

Confederació Coordinadora de DiscapacitatsFisics de la Comunitat Valenciana.

— Reunión con el Rector de la Univer-sidad de Alcalá, Virgilio Zapatero.

— Asistencia a la presentación del PlanMadrid de Convivencia Social e Intercultu-ral en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

— Conferencia en el VI Curso de Ascen-so a la categoría de Comisario Principaldel Cuerpo Nacional de Policía «La activi-dad policial valorada desde la Institución delDefensor del Pueblo», celebrada en el Centrode Promoción de la División de Formación yPerfeccionamiento de la Dirección Generalde la Policía.

Divulgación y difusión

— Encuentro con los alumnos del Cole-gio Nuevo Equipo de Madrid, con motivode la celebración del Día Cultural, dedica-do a «La paz y la no violencia».

— Presentación del libro La destrucciónde los judíos europeos, de Raúl Hilberg, enel Círculo de Bellas Artes de Madrid.

— Participación en el Primer Seminariosobre inmigración: ante el reto del sigloXXI, organizado por la Academia de Guardiasy Suboficiales de la Guardia Civil Úbeda-Ba-eza con la conferencia «El papel del Defen-sor del Pueblo en relación con el fenómeno dela inmigración».

— Asistencia al acto de entrega del IIPremio Joven de Investigación de Familia,organizado por la Fundación Acción Familiaren el Consejo Económico y Social de Madrid.

— Asistencia a la audiencia con Su Ma-jestad el Rey concedida a la Comisión Ges-tora, al Jurado y al galardonado de la XIXedición del Premio Juan Lladó de apoyo ala cultura y a la investigación.

— Presentación del libro El genocidiode Guatemala a la luz de la sociología mili-


INFORME

Acto celebrado en el Salón de Columnas del Congreso de los Diputados para la entrega de lospremios escolares del concurso de dibujos sobre Derechos Humanos organizado por el Defensordel Pueblo con asistencia del Presidente del Congreso, Manuel Marín. Foto Povedano.


tar, de Prudencio García, organizado por laCasa de América, la Editorial SEPHA y la Aso-ciación Foro Milicia y Democracia.

— Curso organizado por la FundaciónFrancisco Largo Caballero, dentro de losCursos de Verano de la Universidad Com-plutense «España en la memoria de tres ge-neraciones: de la esperanza a la repara-ción», celebrado en El Escorial (Madrid).Participación con la conferencia «Memoriade la transición política».

— Intervención en el acto de aperturade la Conferencia Europea sobre CalidadAsistencial, organizada por el Instituto Eu-ropeo de Salud y Bienestar Social en el Pala-cio de Congresos de Madrid.

— Lección inaugural del curso 2005-2006 organizado por el Club La Opinión-ElCorreo de Zamora con la conferencia «LosDerechos constitucionales, culminación deldeseo de libertad».

— Inauguración del Seminario «Propie-dad, conocimiento y derecho intelectual»,organizado por la Sociedad de Gestión de Ar-tistas Intérpretes o Ejecutantes y la Univer-sidad de Alcalá.

— Participación en las XIV Jornadas deIntegración – II Jornadas Hispano-Lusasde Parálisis Cerebral, organizadas por laUniversidad de Extremadura con la confe-rencia «Violencia escolar entre iguales: In-forme del Defensor del Pueblo».

— Intervención en la apertura del Semi-nario del Proyecto Europeo «Justicia, De-rechos e Inclusión para personas con dis-capacidad intelectual», organizado por laUniversidad de Alicante, FEAPS e InclusiónEurope con el título «Acceso a la Justicia delas personas con discapacidad».

— Asistencia al acto de entrega del XIPremio Pelayo para Juristas de Reconoci-do Prestigio, organizado por Pelayo Mutuade Seguros en el Casino de Madrid.

— Conferencia-desayuno en el HotelRitz de Madrid organizada por el Foro dela Nueva Sociedad, Tribuna de Nueva Eco-nomía consagrada a los temas socialescon el título «Defensa de los derechosconstitucionales y control de la Adminis-tración».

— Participación en la inauguración delSeminario «Propiedad, conocimiento y de-recho intelectual», organizado por la So-ciedad de Gestión Artistas Intérpretes oEjecutantes y la Universidad de Alcalá, ycon la conferencia «Propiedad intelectual yDerechos Humanos». En este mismo ámbito,al Defensor del Pueblo se le impuso la becay título de miembro honorífico del ClaustroUniversitario de las Artes.

— Inauguración del Simposio «Discri-minación por la edad, una cuestión de de-rechos humanos: de las palabras a la ac-ción», organizado por la Confederación de

Organizaciones de Mayores, en el Palacio deCongresos y Exposiciones de Madrid.

— Conferencia «Los Derechos Humanosy el progreso social» organizada por la Cá-tedra «Almirante Álvarez Ossorio» de la Es-cuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

— Intervención en el Congreso «La Fun-ción Pública al servicio de los ciudadanos»,organizado por la Comunidad de Madrid(Consejería de Presidencia) con la confe-rencia «Las quejas de los ciudadanos ante elfuncionamiento de los servicios y los em-pleados públicos», en la Fundación Canal deIsabel II.

— Participación en el I Congreso In-ternacional del Centro de Estudios sobre latransición democrática española, «El ago-tamiento del franquismo y las raíces de latransición política» con la intervención en laSexta Sesión «Hablan los protagonistas», enla Universidad de San Pablo-CEU.

— Lectura del artículo 54 de la Consti-tución Española con motivo de la conme-moración de su XXVII Aniversario, organi-zado por el Ayuntamiento de Madrid.

— Conferencia en los actos conmemo-rativos del Día de la Constitución organi-zados por la Diputación Provincial de Bur-gos con el título «Derechos constitucionalesy consolidación democrática».

— Jornada de Lectura Escolar de la De-claración de Derechos Humanos 2005, or-ganizada por la ONG Globalización de De-rechos Humanos realizada en la Sala deColumnas del Congreso de los Diputados,

donde se hace entrega de los premios del«Concurso Defensor del Pueblo 2005».

— En la entrega de los Premios Previ-sión Sanitaria Nacional a los Profesiona-les, se dictó la conferencia «La importanciade los Colegios Profesionales en la defensade los derechos fundamentales de los ciuda-danos» en el Colegio Oficial de Médicos deMadrid.

— Asistencia a la presentación de lacampaña del Consejo General de la Abo-gacía «Conocer la Constitución, es tu dere-cho».

— Participación en el II Foro Nacional«Infancia, televisión y educación», en el Sa-lón de Actos de Radio Televisión Española.

— Asistencia a las Jornadas de «Violen-cia e Infancia», organizadas por UNICEF yrealizadas en el Congreso de los Diputados.

— Conferencia en el Instituto Nacionalde Administración Pública para los Secre-tarios de Ayuntamientos.

— Participación en las II Jornadas deCalidad en el Centro de Servicios Socialesde Logroño con la conferencia «La gestiónde la calidad en los Servicios Sociales».

— Asistencia al XII Encuentro de la Aso-ciación Española de Abogados de Familia.

— Asistencia y participación en el X Con-greso Internacional de Educación Familiar,organizado por el Departamento de Educa-ción, Asociación Internacional de Formacióne Investigación en Educación Familiar, de laUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria,con la conferencia «La violencia intrafami-


INFORME

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, da las gracias tras recibir el primer premio «José Maríade Llanos a la Labor Educativa y a la Defensa de los Derechos Humanos», en un acto celebradoel 29 de Septiembre, en la Fundación José María de Llanos, en el Pozo del Tío Raimundo. Actoque presidió la Vicepresidenta Primera del Gobierno, M.ª Teresa Fernández de la Vega.



INFORME

liar desde la perspectiva del Defensor delPueblo».

— Entrevista con la Presidenta de laAsociación «Stop Accidentes».

— Inauguración de las Jornadas sobre«El Derecho y los derechos de los niños» or-ganizado por la Universidad de Alcalá.

— Clases impartidas a los alumnos del IIMáster sobre Protección de los DerechosHumanos de la Universidad de Alcalá enrelación a los temas «El Defensor del Pueblode España: la tramitación de quejas en la Ad-juntía Primera» y «Derechos Humanos y de-sarrollo ante el siglo XXI».

Visitas, homenajes y actos oficiales

Se relacionan a continuación algunos en-cuentros y actos diversos de naturaleza sin-gular, que contaron con la participación ola asistencia del Defensor del Pueblo.

— Acto de entrega del Premio de Dere-chos Humanos Rey de España (primeraedición) a Pastoral da Criança, de Brasil,bajo la presidencia de Sus Majestades losReyes.

— Acto del Día Oficial de la Memoriadel Holocausto y la prevención de los crí-menes contra la Humanidad, organizadopor el Congreso de los Diputados.

— Participación en la Mesa Redonda«Avances jurídicos por la libertad», dentrodel homenaje a Gregorio Ordóñez «1995-2005 Gregorio Ordóñez: diez años de luchacontra el miedo».

— Visita de la promoción de alumnos2004-2005 de la Escuela de Práctica Jurí-dica del Colegio de Abogados de Vizcaya.

— Visita de los alumnos del Centro deEstudios Locales y Territoriales del INAP.

— Asistencia a la entrega del II PremioSolidaridad de Telemadrid a Santiago Me-ro López.

— Asistencia al Acto Solemne de con-memoración del XXV aniversario del Tri-bunal Constitucional.

— Inauguración de la sede de la Insti-tución de la Defensoría del Pueblo de Cas-tilla-La Mancha.

— Participación en el ciclo conmemora-tivo del XX Aniversario de la Ley del Sindicde Greuges de Catalunya con la conferencia«El Ombudsman como Comisionado de defen-sa de los derechos. Control de la Administra-ción y otras funciones».

— Entrega de los Primeros Premios Jo-sé María de Llanos a la Defensa de los De-rechos Humanos a Enrique Múgica Herzog yel de la Labor Educativa al Padre RobertoGuevara Rubio.

— Asistencia al Acto de conmemoracióndel XXV Aniversario del Consejo Generaldel Poder Judicial.

— Asistencia al XXX Aniversario de laProclamación de S.M. el Rey.

— Asistencia al acto de entrega de losPremios de Previsión Sanitaria Nacional alos Profesionales Universitarios.

— Asistencia a la presentación del libroComentarios a la Constitución Europea, di-rigido por el Catedrático de Derecho Consti-tucional, Enrique Álvarez Conde.

— Asistencia a la imposición de conde-coraciones San Raimundo de Peñafort alos ponentes que elaboraron el informe dela Ley Concursal.

— Visita de estudio a la localidad deCuritiba (Brasil), por invitación de «Pas-toral da Criança», entidad galardonadacon el I Premio Rey de España de DerechosHumanos.

Cursos propios

— Seminario «La protección de los de-rechos económicos, sociales y culturales»,patrocinado por el Defensor del Pueblo, den-tro de los Cursos de Verano de la Universi-dad Internacional Menéndez Pelayo, reali-zado en el Palacio de la Magdalena de San-tander, del 29 de agosto al 2 de septiembre.

— Seminario «Los Derechos Humanosen Europa desde la perspectiva del Defen-sor del Pueblo», organizado por la Uni-versitat d’Estiu d’Eivissa y Formentera ypatrocinado por el Defensor del Pueblo,en colaboración con la Universidad de lasIlles Balears y el Consell Insullar de Ei-vissa i Formentera, realizado en Ibiza, del5 al 9 de septiembre.

Convenios y acuerdos

Forman parte integrante de la actividadordinaria del ejercicio aunque su desarro-llo potencial abarque un periodo temporalmás prolongado.

— Convenio de colaboración entre la Uni-versidad Miguel Hernández de Elche y el De-fensor del Pueblo para la organización de unasJornadas-Taller sobre «La acción humanitariay la exclusión social en los países desarrolla-dos». Firmado en Madrid, el 11 de mayo.

— Convenio de colaboración entre la Ins-titución del Defensor del Pueblo, el Governde les Illes Balears, el Consell Insular D’Ei-vissa i Formentera y la Universitat de lesIlles Balears para la organización de la sex-ta edición de la Universitat d’Estiu d’Eivis-sa i Formentera 2005, firmado en Eivissa, el24 de junio y la Addenda a dicho convenio, fir-mada también en Eivissa, el 5 septiembre.

— Convenio de colaboración entre laInstitución del Defensor del Pueblo y laUniversidad Internacional Menéndez Pela-yo para la organización de un encuentrosobre «La protección de los derechos eco-nómicos, sociales y culturales»,firmado enMadrid, el 26 de agosto.

— Firma del Convenio de Colaboraciónentre la Institución del Defensor del Pue-blo y el Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas-Estación Biológica Doñana, fir-mado en Madrid, el 4 de noviembre.

— Tercer Protocolo de Colaboraciónanexo al Convenio de Colaboración entre elComité Español del Fondo de Naciones Uni-das para la Infancia (UNICEF) y la Insti-tución del Defensor del Pueblo, firmado enMadrid el 1 de diciembre.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, durante el curso que impartió en el verano del 2005 en laUniversidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander.

Imprime: Closas-Orcoyen, S.L. – Depósito Legal: M- -2006


Las quejas al Defensor del Pueblo se incrementaron el 37,1 ... · trasos en la publicación de los...

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