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LA REFORMA ESCOLAR LIBERAL (1870):

DE LA ILUSIÓN AL FRACASO

ALEXA PÁEZ LOAIZA

LEANDRO BARRAGÁN NIETO

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de

Magister en Educación

Directora

LILIANA DEL BASTO

Doctora en Educación

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

IBAGUÉ-TOLIMA

2015

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3

4

5

DEDICATORIA

A todos aquellos que aún creen y trabajan en la construcción de una utopía formativa,

como fundamento del SER que forjará el cambio social.

6

AGRADECIMIENTOS

A nuestras familias y a la doctora Liliana Del Basto.

7

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN

11

1. ELEMENTOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA REFORMA 17

1.1 REFORMA ESCOLAR Y REGULACIÓN SOCIAL 17

1.2 REFORMA ESCOLAR Y EL CAMBIO EN LAS ESTRUCTURAS SOCIALES 19

1.3 CONCEPCIONES SOBRE LA CIUDADANÍA

21

2. EDUCACIÓN COLOMBIANA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX:

ANTECEDENTES DE LA REFORMA EDUCATIVA LIBERAL

25

3. EL RETO SOCIO-CULTURAL Y PRODUCTIVO QUE AFRONTABA LA

REFORMA EDUCATIVA LIBERAL

32

4. EL PROYECTO REFORMISTA DE LOS LIBERALES: UNA PROPUESTA

ORGÁNICA DESDE LA EDUCACIÓN

36

5. LAS CIUDADANÍAS Y LAS DEMOCRACIAS EN DISPUTA: EL FRACASO

DEL DECRETO ORGÁNICO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

42

6. CONCLUSIONES

52

RECOMENDACIONES

58

REFERENCIAS 60

8

RESUMEN

Este documento muestra los resultados del estudio que se adelantó, para develar el

impacto de la reforma escolar liberal: Decreto Orgánico de Instrucción Pública (DOIP),

en el ámbito social y político del contexto colombiano entre los años 1870 y 1876; a través

del análisis del corpus documental de las investigaciones que han analizado el DOIP. Así

como también caracterizar el estatus ciudadano y, por ende, el carácter de la democracia

que pretendían generar en Colombia las élites políticas, a través del sistema escolar.

Palabras Claves: reforma educativa liberal, DOIP, ciudadanía.

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ABSTRACT

This document presents the results of the research made to reveal the impact of the liberal

schoolar reform: Organic Decree of public instruction (DOIP), in social and politic scope

of colombian context among 1870 and 1876; through this analisys the documentary

corpus of the research that has analized the DOIP. It also pretend to characterize the

citizen status, thus colombian democracy character who pretend to generate in Colombia

the elite through the schoolar system.

Key words: Liberal educational reform, DOIP, citizenship.

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INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XIX la humanidad presenció grandes cambios en los paradigmas del

pensamiento, abanderados por un progresivo capitalismo que fundamentaba nuevas

formas de concebir y apropiarse del mundo; con el objeto de sepultar las tradicionales

estructuras sociales, políticas y, sobre todo, económicas del sistema Feudal, que

representaban una traba a su acelerada expansión y desarrollo. Una de las

transformaciones de las ideas más importantes, reside en el movimiento cultural e

intelectual denominado La Ilustración, que pretendió resolver las necesidades de la

sociedad, a la luz de la razón.

El epicentro de este movimiento tuvo lugar en el mundo Occidental. Su estrecha relación

con los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales toma forma en las

revoluciones Norteamericana y Francesa, en la revolución Industrial, y en el desarrollo

del Despotismo Ilustrado. El cual también influyó en Hispanoamérica, en donde a la luz

de las ideas ilustradas, se logró la Independencia del yugo Colonial.

En general, en América Latina los ideólogos de la Independencia lucharon

por las libertades individuales de los hombres; la libertad de pensamiento,

la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de cátedra, la

libertad de empresa y comercio; y defendieron los derechos naturales e

inalienables de los hombres (Ocampo, 1998, p. 321).

Este proceso toma forma expresa, luego de conquistada la Independencia, en la

organización de un sistema de educación pública, conforme a las necesidades del

desarrollo de un nuevo sistema productivo y legislativo que los republicanos creían

pertinentes para con el proyecto que desde la perspectiva criolla se configuraba.

Los intentos de emergentes sectores sociales ligados a nuevas formas de producción

capitalista, de orientar la educación por los caminos progresistas de la modernidad se

11

expresan durante medio siglo a través de dos significativas experiencias. La primera,

reside en el plan de estudios decretado en 1826 por la administración Santanderina;

reforma al sistema educativo Colonial que pretendía:

Eliminar el divorcio entre educación y producción, modernizando la primera

y generando una corriente en favor del conocimiento científico,

especialmente en el terreno de las ciencias naturales pues son las que

contribuyen en forma directa a la construcción de la base material de la

sociedad (Pardo, 1998, p. 55).

El segundo intento de reformar el sistema educativo republicano se adelantó bajo la

dirección de Mariano Ospina Rodríguez que, desde su perspectiva conservadora,

consideraba las concepciones y formas educativas, las responsables del desorden

político – social que desintegraba a la nación antes de las reformas propuestas por su

gobierno. Es por ello que el nuevo plan educacional se configura acentuando en la

importancia de las ciencias útiles, de la formación moral y, sobre todo, de la disciplina.

De tal manera, que en el marco de la sucesión de gobiernos Liberales y Conservadores,

de los cambios en el modelo de Estado y las continuas confrontaciones bélicas, los

paradigmas educativos de la época estuvieron expuestos a los bruscos movimientos

políticos y económicos de la sociedad colombiana. Es por ello que la necesidad de

concretar un sistema educativo nacional hacia mediados de siglo, fue condicionada por

las determinaciones políticas de cada etapa de gobierno partidista.

Los liberales radicales, luego de la consolidación de su hegemonía política, a la luz de la

constitución federalista de Rionegro en 1863, formularon una política de reforma

educativa hacia 1870, que inicia con la expedición del Decreto Orgánico de Instrucción

Pública, que se caracterizó por contener una concepción amplia de la educación. Este

fue el tercer intento de reforma educativa en Colombia, luego del proceso de

Independencia.

12

Inicialmente, el Decreto Orgánico de Instrucción Pública (DOIP) planteaba que era

obligación del Estado organizar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública, así como la

misma debía ser laica y obligatoria, con lo cual quitaba a la iglesia católica el poder y el

control histórico que ejercía sobre la educación, así como acercaba la escuela al pueblo.

Solo el hecho de convertir a la educación en laica y manejada por el Estado, excluyendo

a la Iglesia, creó un ambiente de confrontación permanente entre los conservadores y

los liberales radicales, que desembocaría en una división socio-política del país y, más

tarde una sangrienta guerra, denominada la guerra de las escuelas.

Es así, como los resultados del presente estudio permitieron develar el impacto de la

reforma escolar liberal: Decreto Orgánico de Instrucción Pública (DOIP), en el ámbito

social y político del contexto colombiano entre los años 1870 y 1876; a través del análisis

del corpus documental de las investigaciones que ha han analizado el DOIP. Así como

también caracterizar el estatus ciudadano y, por ende, el carácter de la democracia que

pretendían generar en Colombia las élites políticas, a través del sistema escolar.

Dicho cuerpo documental se abordó desde la hermenéutica como metodología de

estudio, puesto que se asume como “la capacidad para traducir, interpretar y explicar las

relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece” (Londoño, 2014,

p. 25). El hecho de una reforma escolar (Decreto Orgánico de Instrucción Pública), que

abanderaba un discurso político y educativo profundamente liberal e innovador, que

surge en un contexto hostil por el atraso de las fuerzas productivas del país, y signado

por pobres condiciones socioculturales y discusiones ideológicas entre las elites políticas

del momento.

Toda postura hermenéutica implica el reconocimiento de un horizonte previo, del cual se

desprende el interrogante central, así como la necesidad que surge, en quien lo estudia,

de hallar un sentido y las razones de ser a las preguntas que se derivan (Londoño,

2014). Para lo cual, el presente estudio consideró las producciones historiográficas en

torno del contexto social, económico y político de la época (1870 – 1876) objeto de

13

estudio, las perspectivas de análisis desde las cuales se ha abordado el Decreto

Orgánico de Instrucción Pública y las implicaciones de la reforma escolar liberal, que los

estudios han descrito, en el contexto de los Estados Unidos de Colombia, develando una

inquietud sobre las apuestas de ciudadanía que los liberales radicales querían transmitir

a través de la reforma escolar, y como dicha apuesta, en consecuencia, generó una

respuesta por parte los conservadores; que permitió dilucidar las concepciones políticas

e ideológicas que sobre la ciudadanía y la democracia cada elite partidista abanderaba.

En este sentido, la ruta metodológica partió del esbozó de la situación problemática, pero

sin separarla de su contexto, sin perder de vista el horizonte que la posibilita y le da

sentido; situación problemática que configura el pretexto, cediendo paso al sentido del

texto, para luego configurar el horizonte de sentido o interpretación (Flórez & Tobón,

2001). En términos prácticos, el presente estudio asumió su primer pesquisa a partir de

la identificación del corpus documental de las investigaciones en torno de la Reforma

escolar Liberal (lo que se denominaría el pretexto); para luego someter dicho corpus

documental a análisis e interpretación, a la luz de las categorías definidas para tal fin, a

saber, la de Reforma escolar y ciudadanía (lo que se denominaría el texto); para concluir

con la producción de un nuevo texto (lo que se denominaría el horizonte de sentido), que

para este caso redundó en el análisis de las implicaciones de la reforma escolar en el

contexto histórico de la Colombia entre el periodo de 1870 y 1876, y de las concepciones

de ciudadanía que postularon las élites políticas en el marco de la construcción de la

democracia en el país.

Londoño (2014), señala “hay tres momentos o pasos que son comunes y están

relacionados íntimamente con el círculo hermenéutico; dichos pasos los nominan y

presentan de la siguiente forma: contextualización, clasificación y categorización” (p. 27).

Momentos que el presente estudio asumió a través de la siguiente estructura analítica: a

manera de contextualización, evaluó los antecedentes de la reforma escolar Liberal,

analizando las reformas escolares que caracterizaron la educación colombiana en la

primera mitad del siglo XIX; en relación a la clasificación, como se mencionaba en

párrafos anteriores, se definieron las categorías de análisis: Reforma escolar y

14

Ciudadanía, como tipologías para abordar el corpus documental de las investigaciones

seleccionadas; y en relación a la categorización, se jerarquizó el análisis de la siguiente

manera: primero, la definición de los retos socio-cultural y productivos a los que se

afrontaba la reforma escolar Liberal (ligada al análisis de la historiografía de la época),

segundo, la caracterización del proyecto reformista de los liberales y su propuesta

orgánica de transformación desde la educación, y tercero, la interpretación y análisis

crítico de las concepciones de ciudadanía y de régimen político que las elites partidistas

debatían en la época, y que condicionó el fracaso del Decreto Orgánico de Instrucción

Pública.

En tal sentido, los resultados de este estudio presentan una caracterización de la reforma

educativa liberal: Decreto Orgánico de Instrucción Pública, haciendo hincapié en las

dimensiones de cambio que proponía la reforma en relación con las condiciones de la

época; así como en las implicaciones sociales y políticas que generó, en dicho contexto,

la ejecución del Decreto Orgánico de Instrucción Pública.

En términos generales, de acuerdo con la revisión y evaluación del estado del Arte y las

precisiones hechas por diferentes investigadores Aline, (2001) y Loaiza (2007), existe

un vacío en la historiografía colombiana en torno del análisis de la reforma educativa

(Decreto Orgánico de Instrucción Pública) de los liberales radicales en el siglo XIX.

Para el caso regional, en torno de la reforma, se identificaron diversos estudios (caso

Cundinamarca, Pasto, Boyacá y Tolima) que fundamentan sus perspectivas

historiográficas en dimensiones político-institucionales, socio-educativas, estadísticas

(cobertura), económicas (presupuestos y déficit) y culturales (como el problema

religioso).

Para el caso puntual de la historia educativa tolimense para el siglo XIX, algunos

resultados del presente Estado del Arte dan cuenta de la escasa auscultación, al punto

que no se logra superar ni la edición del Compendio de historia de Ibagué (2003); dado

que la existencia de ciertos trabajos son focalizados hacia la historia local de una de las

provincias constitutivas del Estado Soberano del Tolima, o abordan el tema de manera

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global (el caso de algunos capítulos del susodicho Compendio), o sólo abordan las

postrimerías del siglo a manera de contexto (como el último libro del profesor Clavijo,

(2004).

Al igual, denota la ausencia de estudios contemporáneos (entre el año 2007 y el año

2012) sobre el tema en cuestión. En publicaciones especializadas en historia educativa

(Revista de Historia Educativa de Colombia y Revista de Historia Educativa de

Latinoamérica), y en las diferentes bases de datos sobre ciencias sociales, humanas y

multidisciplinares, solo se encuentran algunos estudios historiográficos nacionales que

analizan el proceso educativo por dimensiones específicas (género, conflicto religioso,

etc.), y tres investigaciones regionales (caso Boyacá, Tolima y Pasto).

16

1. ELEMENTOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA REFORMA

1.1 REFORMA ESCOLAR Y REGULACIÓN SOCIAL

El análisis del Estado del Arte de las investigaciones en torno a la reforma escolar liberal

denominada Decreto Orgánico de Instrucción Pública, impulsada en Colombia a partir

del año 1870, se delinea sobre la precisión conceptual y teórica de la Reforma como

categoría de análisis fundamental para el presente estudio. Dicha precisión se desarrolla

en torno a los aportes realizados por el doctor Popkewitz, (1994) en el libro: Sociología

política de las reformas educativas, en el cual plantea los fundamentos claves para

comprender teóricamente la Reforma en contextos espaciales, temporales y sociales

particulares.

La tesis central de la teoría de Popkewitz, (1994) consiste en que la mejor manera de

entender la reforma es considerarla una parte del proceso de regulación social. En este

sentido, la reforma escolar supone la relación entre el saber (epistemología), las

instituciones y el poder; que se puede identificar en los múltiples estratos de los asuntos

sociales (desde la organización de las instituciones hasta la autodisciplina y la

organización de la percepción y la experiencia a través de la cual actúan los individuos).

Lo cual lleva a precisar que la reforma educativa no solo transmite información sobre

prácticas nuevas. Definida como parte integrante de las relaciones sociales de la

escolarización, la reforma puede considerarse como un lugar estratégico en el que se

realiza la modernización de las instituciones; así como condensa las interrupciones y

rupturas de las relaciones sociales producidas en la epistemología y las instituciones.

Dicha confrontación entre rupturas y continuidad en el cambio social supone prestar

atención sistemática a la relación entre saber y poder que estructura las percepciones y

organiza las prácticas sociales.

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Popkewitz, (1994) precisa que la consideración de la reforma como fenómeno ecológico

permite contemplar los campos en los que se produce la reforma y, al mismo tiempo,

tratar de resolver ciertas cuestiones respecto a las diferentes relaciones entre la

enseñanza y la sociedad en el transcurso del tiempo. Lo cual implica centrar la mirada

en las condiciones históricas, prácticas institucionales y epistemologías. Como fenómeno

ecológico hay que considerar los siguientes aspectos de la reforma educativa:

En primer lugar, la palabra reforma alude a conceptos diferentes en el transcurso del

tiempo, en el contexto de los desarrollos históricos y las relaciones sociales. Al explorar

el contexto ecológico que da lugar a la reforma, este estudio da por supuesto que no

existe una definición constante del término, sino que su significado se modifica en un

ambiente institucional en permanente cambio.

En segundo lugar, la ecología de la reforma está relacionada con las pautas de

regulación social de la escolarización. La escolarización de masas constituyó una

reforma fundamental de la modernidad, institucionalizada durante los últimos doscientos

años, cuando el Estado moderno asumió las tareas de socialización y educación en

respuesta a las rupturas habidas en las pautas de producción y reproducción Lundgren,

(1983). Fijadas en la retórica de la reforma, las pautas de la escolarización y de la

formación del profesorado y las ciencias de la pedagogía son procedimientos, reglas y

obligaciones múltiples y regionalmente organizadas que ordenan y regulan cómo se debe

contemplar el mundo, actuar sobre él, sentirse y hablar de él. El poder, en este sentido

positivo, descansa en los complejos conjuntos de relaciones y prácticas mediante los

cuales los individuos construyen sus experiencias subjetivas y asumen una identidad en

los asuntos sociales.

Tercero, la historia proporciona criterios para reconocer lo que ha cambiado. Pero la

historia a la que nos referimos aquí no define una cronología de hechos o los propósitos

de los individuos. El estudio del cambio contempla las reglas y normas que subyacen al

saber de la escolarización y cómo se produce y se hace aceptable ese saber en cuanta

práctica social y dentro de ámbitos institucionales.

18

Cuarto, este estudio considera el cambio como un problema de epistemología social. La

epistemología proporciona un contexto en el que pueden considerarse las reglas y

normas mediante las que se forma el conocimiento sobre el mundo, las distinciones y

categorizaciones, las formas de responder al mundo y la concepción del “yo”.

1.2 REFORMA ESCOLAR Y EL CAMBIO EN LAS ESTRUCTURAS SOCIALES

Popkewitz (1994) precisa que al considerar la escolarización como parte de las

relaciones de poder, se hacen visibles las reglas por las que determinados tipos de

fenómenos y de relaciones sociales de la escolarización se constituyen en “objetos” de

reforma, así como las condiciones de poder contenidas en estas construcciones y las

continuidades y discontinuidades incluidas en su construcción. A lo cual se suma los

procesos de innovación pedagógica y educativa; sobre los cuales el estudio de la reforma

ilumina las razones por las que algunas personas aceptan y otras se oponen al cambio

e identifican métodos eficaces para organizar a los individuos y sus ambientes. La

participación en la reforma se considera valiosa en la medida en que ayuda a los

individuos a aceptar el ámbito, orientación y gestión del cambio planeado.

El propósito del cambio introducido por la reforma consiste en rediseñar las condiciones

sociales de manera que posibiliten que los individuos muestren los atributos, destrezas

o efectos específicos que puedan considerarse como los resultados apropiados del

cambio diseñado. Y es en este punto en donde Popkewitz, (1994) introduce otra

categoría de análisis, la de estructura, al considerarla como un elemento constitutivo de

la escolaridad. La historia de la reforma escolar no es sólo la de las cambiantes ideas de

sus prácticas de organización, sino de los valores e intereses no reconocidos, inmersos

en las prácticas vigentes en la escolarización.

Así, en principio, cualquier concepto de cambio ha de tener en cuenta las normas de

estructuración. Podemos considerar la estructura como pautas que imponen ciertas

regularidades, límites y marcos en la vida social que facilitan la comprensión y la práctica

en el mundo. El estudio de la estructuras supone la identificación de los supuestos de

19

partida y las reglas no reconocidas ni manifestadas en la vida cotidiana que, sin

embargo, configuran la práctica. Se tienen en cuenta los modos de constitución de las

principales formas de vida colectiva (economía, política y cultura) y su manera de influir

en los aspectos de la escolarización considerados básicos. Las estructuras son principios

globales y universales de ordenación del mundo social.

Popkewitz (1994) retoma a Bourdieu (1977, 1984), al reconocer que este autor tiene en

cuenta los principios que entrelazan cualquier serie de hechos los cuales producen un

habitus: las relaciones estructurales proporcionan las relaciones pautadas y los sistemas

simbólicos de clasificación y categorización que ordenan los espacios sociales en los

que se desarrolla la práctica. Al mismo tiempo, están las percepciones, disposiciones,

actividades y consciencia en relación con los asuntos sociales que están determinados

por la práctica y, a la vez, la determinan. En las relaciones entre estos principios

estructurados y estructuradores pueden evaluarse las relaciones sociales, comprenderse

el poder con sus diversas cualidades dinámicas y reintroducirse la historia sin una

cualidad cronológica o volitiva.

Desde esta perspectiva Popkewitz, (1994) plantea que en vez de considerar el cambio

como entidad monolítica singular, podemos estudiar las pautas plurales e inestables que

sigue el desarrollo de la reforma escolar. Hay diferentes estratos de conducta

institucional cuyas formas de interacción suponen la aparición de conflictos, tensiones y

contradicciones. Los conjuntos de relaciones que constituyen la escolarización se

producen, por tanto, en distintas dimensiones temporales y proporcionan ejemplos de

organización de casos y de reconocimiento de cambios de lo que parece un continuo.

1.3 CONCEPCIONES SOBRE LA CIUDADANÍA

A propósito de las concepciones de ciudadanía que promovían los liberales a través de

la reforma educativa de 1870 en Colombia, así como de las concepciones que defendían

a ultranza los conservadores, se expone una amplia visión sobre el concepto de

ciudadanía y las tendencias teórico – políticas predominantes en esta discusión; a la luz

20

de los aportes de Rubio, (2007), del libro Teoría crítica de la ciudadanía democrática, en

donde, Rubio introduce la discusión planteando que “la ciudadanía ha sido siempre una

categoría multidimensional que engloba, al menos, los aspectos de libertad individual,

igualdad básica, estatuto jurídico, participación política para el bien común y lealtad para

la propia comunidad política.” (p. 12) Aspectos que se encuentran registrados en un

contrato social, a través del cual se adquiere el estatuto jurídico-político de ciudadano,

adquiriendo los derechos y deberes que demandan la participación política.

A pesar de dicha multidimensionalidad, precisa Rubio, (2007) existen acuerdos genéricos

sobre la ciudadanía en torno de su dimensión pública y la inserción de los individuos en

la sociedad política. “Pero existe consenso en que el núcleo básico lo constituye los

conceptos de derechos individuales (subjetivos), pertenencía y participación.” (p. 12).

Las diferencias entre las teorías sobre la ciudadanía radican en aspectos como la

identidad cultural, el territorio nacional, la historia en común y los rasgos étnicos.

A continuación se referencian las tendencias y teorías más relevantes y pertinentes para

los objetivos de la presente investigación.

Es preciso puntualizar según Rubio, (2007), que en el modelo de los partidos políticos,

que siempre habrían acompañado a la democracia en sus diferentes modelos históricos,

se definían por la preeminencia de las tendencias ideológicas más que por su

organización interna y reconocimiento oficial; ante lo cual precisa Rubio, (2007) “a través

de las revoluciones liberales se avanza notablemente hacia una organización de

representantes y electores en agrupaciones que ya anuncian los modernos partidos

políticos, aunque todavía eran organizaciones de élites” (p. 61).

En esta medida se trató de vincular los partidos en el ejercicio de las instituciones

democráticas, a través de unos partidos que se enfocaban hacia las masas, en defensa

de intereses puntuales y obtención de objetivos concretos. Estas reformas en los partidos

pretendía sobrepasar un grave defecto del modelo liberal conservador: “la desvinculación

popular respecto de la democracia” (Rubio, 2007, p. 61).

21

Entre las teorías sobre la ciudadanía más destacadas, Rubio (2007), alude: “T.H

Marshall, (1950) presenta un concepto renovador de ciudadanía desde una óptica liberal,

que viene a sustituir el concepto romano de cives, inoperante desde los regímenes

absolutistas y las revoluciones liberales.” (p. 65). En esta concepción el autor representa

la ciudadanía como un agregado evolutivo de derechos (civiles, políticos y sociales), a

los que el ciudadano accede en la medida que el Estado los reconoce.

Dichos Derechos civiles, políticos y sociales se expresan en relación al:

Modo de pertenencia de los individuos a una comunidad política,

reconocido por el estado- nación y regulado mediante un estatuto de

derechos civiles, políticos y sociales. La ciudadanía liberal es

intencionalmente igualitaria y universalista (inclusiva), aunque en la

práctica se traduce en numerosas restricciones jurídicas e institucionales

tanto en la igualdad como en la universalidad (excluyente) (Rubio, 2007, p.

66).

Sin embargo, la relación Estado – individuo, que precede a la condición de ciudadanía,

está condicionada por dos requisitos que el individuo ha de cumplir: estar emparentado

familiarmente, lazo consanguíneos, con otros ciudadanos y haber nacido en el territorio

al cual se suscribe el Estado – Nación. “Soló el estar en posesión de ambas condiciones

permitirá acceder a una relación contractual con el estado, mediante la que este le

otorgaba los derechos de ciudadanía.” (Rubio, 2007, p. 66).

Atendiendo directamente al concepto de ciudadanía liberal Rubio, (2007), hace una

precisión sobre el concepto liberal:

Para su utilización me atendré aquí, sin embargo, la de la doble

caracterización propuesta por Held de liberalismo <<protectivo>>

(defensivo, conservador, centrado en la libertad negativa, en los derechos

subjetivos y en el individualismo) y de liberalismo <<orientado al

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desarrollo>> (afirmativo, progresista, centrado en la libertad positiva).

Podría distinguirse todavía el liberalismo libertario o radical (centrado en el

<<Estado mínimo>>), pero que viene a ser una versión radicalizada del

liberalismo <<negativo>>) (p. 70).

En síntesis, los rasgos que definen la ciudadanía liberal pueden relacionarse con: el uso

instrumental de la moral pública, el individualismo, la ciudadanía liberal absolutiza los

derechos individuales, la participación política y la neutralidad del Estado, la justicia y el

bien común. Dichos rasgos, en la edificación de sociedades modernas y democráticas,

fueron difundidos a través de diferentes procesos culturales y sociales, con prevalencia

en los procesos de formación, es decir, a través de la educación.

Obviamente, los procesos de instrucción son también importantes. Para

ejercer la ciudadanía activa hay que conocer de modo preciso el alcance

de los derechos y de los deberes, tanto de cada ciudadano como de los

demás, de las instituciones y del mismo estado (Rubio, 2007, p. 160).

Aun así, lo anuncia Rubio, (2007) muchas de las experiencias liberales relacionadas con

la formación ciudadana nunca se plantearon:

Seriamente programas de educación cívico-política. Es más, se comprende

igualmente que desanimase indirectamente todo intento de participación

política de los ciudadanos: la política es cosa de profesionales y expertos.

El discurso era siempre el mismo: despreocúpese de las cuestiones

políticas, que para eso están los políticos, ése es su trabajo (p. 133).

Lo cual introduce la reflexión sobre los ejercicios de adoctrinamiento ideológico que los

partidos políticos ejercen a través de los sistemas educativos, por sobre la generación

de conciencias autónomas que reconocen en los deberes y derechos cívico–

democráticos, su estatuto de ciudadanía.

23

2. EDUCACIÓN COLOMBIANA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX:

ANTECEDENTES DE LA REFORMA EDUCATIVA LIBERAL

La historia de la educación Colombiana para el siglo XIX se inscribe dentro de un

contexto de ruptura y apropiación de paradigmas. El hecho más significativo lo asume la

Independencia del virreinato de la Nueva Granada en 1810 y concretada el 7 de agosto

de 1819. La cual es incentivada por la continua descomposición del sistema Colonial

Español, la incidencia de las ideas Ilustradas y el ejemplo de revoluciones como la

norteamericana y la francesa, además de la invasión Francesa a la península Ibérica que

desencadenarían la anarquía y la posibilidad de emancipación.

Las luchas para la obtención de la libertad y los derechos inalienables de los hombres

sirvieron a los criollos neogranadinos y latinoamericanos para atacar todo signo de

opresión y dominación colonial. Esta lucha debía ser radical para poder obtener el

cambio de las estructuras de la sociedad y la liberación de la dependencia colonial en

relación con España y Portugal (Ocampo, 1998). Ideas de este tenor componen el

discurso político, administrativo y constitucional que se elabora a partir de la

emancipación de algunos países suramericanos. Puesto que la elite criolla que blandía

la bandera independista se encontraba profundamente permeada por el pensamiento

demoliberal, a partir del cual defendían “las ideas de soberanía popular, democracia,

igualdad, libertad, fraternidad, liberalismo económico e independencia” (Ocampo, 1998,

p. 693); determinantes en la consecución de la libertad criolla y en la reordenación del

poder en los nuevos estados nacionales.

La coyuntura emancipadora produjo un trastorno en el orden Colonial y un

vacío político que era preciso llenar: el vacío del estado monárquico y del

sistema colonial, reemplazados por la democracia republicana, pero con

el problema de la definición de las formas de gobierno de este sistema que

se presentaran más adaptables a la realidad hispanoamericana (Ocampo,

1998, p. 704).

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Como respuesta a esta necesidad de orden estatal, ante la amenaza española de una

reconquista y la urgencia de la estructuración de un sistema productivo, en diciembre de

1819 se lleva a cabo el Congreso de Angostura en el que se proclama la creación de la

República de la Gran Colombia, con una marcada centralización de las decisiones.

Sucesivamente, luego de la liberación de Venezuela, el Congreso de Cúcuta aprueba

el 30 de agosto de 1821 una Constitución para la Gran Colombia en la que se establece

una forma republicana de gobierno y se elegía a Bolívar como su primer presidente.

Las leyes del congreso de 1821, relacionadas con el sistema educativo, más que de

carácter reformista, con relación a la tradición Colonial de la instrucción pública, apuntaba

a la reactivación de las instituciones educativas, a su fortalecimiento institucional,

financiero y administrativo. En lugar de generar contradicción o controversia con el

legado cultural de la iglesia católica, se enfocó en el desarrollo de presupuestos cívicos

y el reconocimiento del Estado como eje articulador y ordenador de la sociedad. López,

(1992) comenta que el propósito de las orientaciones dadas por el general Santander, al

sistema educativo, apuntaban a:

Fortalecer nuevas lealtades de los ciudadanos al Estado en formación;

implantar nuevos valores civiles sobre las arruinadas instituciones

educativas y políticas del régimen colonial. Porque la instrucción pública,

dice Santander, prepara la felicidad de los pueblos que, cuando más

ilustrados, conocen mejor sus derechos y se hacen más dignos de su

libertad (p. 22).

Es por ello que, en respuesta a dicha necesidad de re-estructurar el sistema productivo

de la República y haciendo eco a la centralización proclamada en Angostura, “el intento

de una reorganización del sistema de educación pública fue una de las primeras

preocupaciones de las autoridades republicanas. La idea era consecuente con la

formación intelectual ilustrada de la élite criolla” (Jaramillo, 1990, p. 223), caracterizada

por la predominante influencia de la razón y el método científico inculcado por las ideas

ilustradas que rápidamente se propagaban por toda Hispanoamérica. Convencidos de

25

que la Ilustración centralizada en la razón y en la ciencia, libraría a la humanidad de

toda vinculación espiritual y de todos los valores antiguos y tradicionales. “La ciencia se

consideró como el único camino para llegar al conocimiento verdadero y al progreso de

la sociedad” (Ocampo, 1998, p. 168).

Historiadoras, como la doctora Helg (2001), consideran que el general Santander fue el

fundador de la educación pública en la Gran Colombia, puesto que en 1820, siendo

vicepresidente de la República, decretó la creación de escuelas en todas las

comunidades de más de treinta familias, para enseñar a leer, escribir y sumar, así como

a la instrucción en los derechos y deberes ciudadanos. Las cifras oficiales indican que

entre 1822 y 1827, los decretos y demás normas expedidas por el libertador Simón

Bolívar y el general Santander, redundaron en la creación y consolidación de veinte

colegios en toda la República. Lo cual redundaba en el control del Estado sobre la

instrucción pública y el establecimiento de un sistema de instrucción pública bajo

preceptos de gratuidad y unificación.

Estos primeros esbozos de cambio en el sistema de instrucción pública, se consolidaron

de manera más impactante y con un carácter reformista más contundente, en el plan de

estudios en 1826, decretado por el General Santander, que fue enfocado a suplir la

necesidad de mejorar sustancialmente la economía. “Era necesario eliminar el divorcio

entre educación y producción, modernizando la primera y generando una corriente a

favor del conocimiento científico” (Pardo, 1998, p. 55). Organización administrativa,

planta física, financiación, saberes sociales y pedagógicos a impartir, son delineados

escuetamente en el decreto, pues interesaba desarrollar con prontitud y eficacia un

sistema de educación popular que preparara al país intelectual y técnicamente ante los

retos que surgían tras la apertura a un prometedor mercado mundial.

Pese a los esfuerzos dedicados a esta primera reforma educativa por el gobierno de la

República de la Gran Colombia, la hostilidad del contexto político, económico y cultural

incidieron determinantemente en el fracaso del Plan Santanderino. Los realistas aún

continuaban dando la batalla, dominando entre los años 1819-1820 territorios

26

neurálgicos al comercio y al aprovisionamiento de víveres, entre los que cuentan

Cartagena, Riohacha, el Valle del Cauca y Antioquia. Es decir, la guerra estaba vigente,

absorbiendo la mayor parte del porcentaje del presupuesto nacional, dejando escasos

recursos para solventar los gastos que la reforma educativa requería.

Otro aspecto clave que signó el fracaso de la reforma Santanderina, y que se convertiría

en un factor recurrente de conflicto en las demás reformas educativas, se asoció a la

confrontación político – ideológica entre los gobiernos estatal y eclesiástico; respecto a

los métodos pedagógicos a utilizar, las cátedras impulsadas, y las controversias respecto

a la propiedad, la situación legal y los privilegios de la Iglesia católica. Dicha

confrontación se definió más claramente en dos tendencias ideológicas que, a mediados

del siglo XIX, desembocan en la concreción de los partidos políticos tradicionales, a

saber, el liberal y el conservador.

El partido Liberal, asiduo defensor de:

La libertad, de la separación de la iglesia y el estado, la educación laica, el

federalismo, el fortalecimiento de los municipios y los principios

democráticos como base de toda acción política. Mientras el partido

conservador defendía el gobierno fuerte, el orden y la influencia de la

iglesia católica en el Estado (Ocampo, 1998, p. 723).

Prima en las dos ideologías el interés por controlar la estructura gubernamental y

administrativa: palestra estratégica desde donde los paradigmas propios podrían

ejecutarse legítima y legalmente.

Estas posturas ideológico-políticas definieron la historia del siglo XIX en Colombia. Al

punto que la mayoría de la población del país, 90% campesina, se encontraba definida

por su vinculación o proclamación ideológica a uno de los dos partidos políticos; por ello,

la participación en las guerras bipartidistas, estaba ligada más que al argumento

estructural y partidario, al costumbrismo producto de simpatías personales y

27

regionalismos incentivados por clérigos y gamonales. “Las masas liberales y

conservadoras eran indiferentes, por lo general, a las plataformas y declaratorias

políticas, las cuales eran consideradas como parte de una formalidad” (Ocampo, 1998,

p. 723).

Esta dicotomía política y los conflictos ideológicos generados por el rol de la iglesia en la

administración pública, sumado a la primacía de un Estado profundamente oligárquico,

desencadenó la denominada guerra civil de los supremos (1839-1841); acontecimiento

que acaeció durante el gobierno del señor Herrán, y en donde el partido conservador

resultó triunfante. En el año de 1842 tuvo lugar una segunda reforma educativa, luego

del triunfo conservador, el doctor Mariano Ospina Rodríguez, procedió a efectuar una

reorganización en los planes y contenidos de la educación pública legada desde la

constitución de Angostura. Esta reforma acentuaba la importancia de las ciencias útiles,

de la formación moral y, sobre todo, de la disciplina.

Entre estas dos reformas (la de Santander y la de Ospina) se encuentra un subrepticio

cambio en cuanto a la orientación dada a la instrucción pública. El problema religioso,

que remonta una de sus fases más encarnizadas a mediados de siglo, acrecentado tras

el fortalecimiento de las estructuras y plataformas bipartidistas, es más evidente y

encarnizado en los ámbitos del Estado y de la educación. El plan de estudios de

Santander, con posición política liberal progresista, determinaba cierta pérdida de control

eclesiástico sobre la institución educativa, al definir que algunos fondos e infraestructura

de ésta se destinarían a la manutención de la instrucción, así como exoneraba la

obligatoriedad de la misa a escolares hijos de no-católicos. Sin embargo, lo que más

causó escozor al clero fue el avance de las doctrinas liberales, sobrepuestas a la

determinación tradicional de la enseñanza y su contenido.

Los políticos y economistas, tras la guerra de independencia y la consolidación de la

Gran Colombia, introdujeron el utilitarismo para la formación jurídica y económica de los

nuevos dirigentes. Y, por su parte, los educadores buscaron los cambios en las nuevas

experiencias lancasterianas a través del sistema monitorial, en el que los alumnos más

28

adelantados conducían la enseñanza a sus compañeros y el maestro asumía un rol de

control y supervisión más global de los diferentes grupos de aprendizaje. La concepción

conservadora de Ospina, aunque mantenía el sistema monitorial, asumía el utilitarismo

como fuente de amoralidad y perversión, que adoctrinaba a la juventud y la conducía al

desorden político – social.

Tres ideas cardinales dominaban el plan de Ospina Rodríguez:

La primera, sujetar los alumnos a severa disciplina, así en sus costumbres

y moralidad como en sus estudios y adquisición de grados profesionales;

la segunda, introducir el elemento religioso en la dirección universitaria,

completando la instrucción con la educación; y la tercera, reorganizar las

enseñanzas de manera que en ellas se introdujesen elementos

conservadores, y que al mismo tiempo se proscribiesen ciertas materias

calificadas de peligrosas por el gobierno (Jaramillo, 1990, p. 238).

Las dos reformas comparten dos ideas esenciales al carácter de la educación de la

primera mitad de siglo XIX en Colombia, pese a las discontinuidades ideológicas que

comportaban. A saber, la proyección productiva que extienden sobre la instrucción

educativa y el manejo de los mismos métodos pedagógicos y modelos educacionales.

Conscientes del relevante papel que adquiere la educación en la configuración de las

nuevas formas sociales y económicas capitalistas, imprimen cada vez más energía por

hacer de ella el ente ideal a sus propuestas de gobierno. De igual manera, asumen para

sí la pedagogía Lancasteriana, fundada en el rigor, la disciplina, el maltrato verbal y físico,

la obsecuencia y la reproducción memorística del material de enseñanza - aprendizaje.

Sin embargo, una reforma que cambiaría la tradicional concepción educativa de las dos

anteriores reformas, sería la planteada por los liberales radicales en 1870, con el Decreto

orgánico de Instrucción Pública, en el cual se planteaba la educación obligatoria, laica y

gratuita en abierta contradicción con la tradición señorial y eclesiástica, que caracterizaba

al sistema de instrucción pública desde la época colonial, incluso después de la

29

Independencia, el decreto agudizaba los conflictos generados en el bipartidismo en torno

del poder y la forma de asumirlo y organizar el país; lo cual se llamaría en adelante el

problema religioso del siglo XIX en Colombia.

30

3. EL RETO SOCIO-CULTURAL Y PRODUCTIVO QUE AFRONTABA LA REFORMA

EDUCATIVA LIBERAL

El sistema educativo colombiano, entre los años 1868 y 1876, retrata el proceso de

confrontación política y económica entre las dos grandes tendencias ideológicas que

primaban en el país, a saber, el conservatismo y el liberalismo; los primeros, defensores

a ultranza de formas económicas profundamente coloniales y, los segundos, conspicuos

propulsores de los modelos comerciales y administrativos que fulguraban en Occidente.

Es la escuela Colombiana, de la segunda mitad del siglo XIX, una de las instituciones

públicas en donde las clases políticas nacionales libran una batalla ideológica que

permite dilucidar sus intereses económicos, sus percepciones sobre el Desarrollo y sus

concepciones culturales.

De acuerdo con algunos historiadores, la época comprendida entre 1863 y 1875

constituyó un periodo de gran auge económico que posibilitó el interés por distintos

aspectos del desarrollo, entre los que cuentan la construcción de obras públicas y el

impulso a una educación que contribuyera a acentuar dicho progreso económico.

Safford, (1989), en su libro El ideal de lo práctico, reseña esta tendencia económica que

comenzó a primar en la nación, bajo el gobierno de los radicales:

Según algunas cifras oficiales, reconocidas como deficientes, durante la

década de 1830 la Nueva Granada exportó menos de tres millones de

pesos anuales, es decir, 1.5 pesos per cápita. Hacia mediados del decenio

de 1850, con el fortalecimiento de las crecientes exportaciones de tabaco

y de corteza de quina y con la continua contribución de las exportaciones

de oro de Antioquia, los ingresos alcanzaron niveles que fluctuaban entre

los cinco y ocho millones, o sea, entre dos o tres pesos per cápita. Después

de 1863 el nivel de las exportaciones logró un gran incremento llegando

(con algunas bruscas fluctuaciones) a cerca de los 19 millones de pesos

31

entre 1864 y 1885; tomando como base la población de 1870 – tres

millones de habitantes- estas cifras representaban, aproximadamente, seis

pesos per cápita (p. 285)

Dicho crecimiento económico fue producto de la expansión de un mercado que, de

manera incipiente, trataba de insertarse en las dinámicas de un creciente comercio

internacional. Los liberales, a través de una serie de reformas económicas y políticas

implementadas desde la época del gobierno de José Hilario López (1849 – 1853),

comienzan a propugnar por cambios estructurales que eran requeridos por el

establecimiento de la libre competencia y el advenimiento de un progresivo capitalismo.

La reivindicación por la abolición de la esclavitud, por la libertad absoluta de imprenta,

palabra, culto, enseñanza, industria y comercio, por el sufragio universal, y por la

abolición de los monopolios, de los diezmos y de los bienes de manos muertas, se

convertían en medidas que, por una parte, se dirigían a labrar el camino a una economía

basada en el libre cambio y, por otra parte, en una lucha abierta por la propiedad y el

poder.

Ante este proceso de transición económica, al igual que las reformas antes enunciadas,

era necesaria la implantación de un nuevo orden político y estadual, acorde con las

exigencias administrativas y las demandas legislativas que imponía la presencia de un

nuevo sistema de producción económica y de distribución del poder político; ante lo cual

el Estado Colonial, que seguía casi intacto luego de la Independencia, era torpe e

inadecuado. Es por ello que el liberalismo emprendió un proceso para reformar el

Estado, que comprendía diferentes acciones, entre las que se destacó, en el ámbito

económico, la política de desamortización de los bienes de manos muertas, en el aspecto

político – ideológico relevó la adopción de un nueva Constitución política (la de Rionegro

– 1863-) que consagró la soberanía popular por sobre la autoridad del Dios católico,

implantó el federalismo como sistema de gobierno y estableció los derechos individuales

(entre los que sobresalen la libertad de prensa y el libre comercio de armamento), y

fundamentalmente quitaba el monopolio de la educación a la iglesia.

32

De acuerdo con los autores Requena y Pagés, (2002) “La escuela, al transmitir la cultura

a través de códigos precisos y específicos, reproduce la estructura social para incorporar

en cada sujeto los principios de poder y control imperantes” (p. 2). Perspectiva desde la

cual se puede precisar que Liberales y Conservadores comprendían y asumían la

importancia del sistema de instrucción pública en los procesos de Desarrollo y en la

perpetuación del status quo, para lo cual defendían a ultranza modelos educativos que

encarnaban los principios ideológicos de sus visiones políticas y los intereses

hegemónicos de sus intereses económicos. Es por ello que los Liberales, interesados en

quitar el monopolio de la educación a la iglesia, impulsan la supresión de las

comunidades religiosas en 1861 y su prerrogativa de enseñanza, la fundación, con

características laicas, de la Universidad Nacional en 1868, y la expedición del Decreto

Orgánico de Instrucción Pública en 1870. En adelante, la discusión en torno de la

educación y su carácter estuvo resueltamente imbuida en el problema religioso de la

segunda mitad del siglo XIX.

La Iglesia Católica estuvo encomendada a cumplir con la tarea de introyección de un

dogma eclesiástico al pueblo, con el fin de perpetuar una situación de dominación y

tradicionalismo que se enmarcaba en la manutención de un poder oligarca, de la división

social en castas, y de un clero que ejercía control absoluto sobre el Estado, la economía

y la cultura. De tal manera, implementar un sistema educativo libre pensante, laico y

obligatorio, significaba la pérdida, a largo plazo, de la hegemonía ideológica y social que

ejercía sobre la masa artesana y labriega que dominaba demográficamente el país.

Otro aspecto importante a destacar en el evidente interés de los liberales radicales por

la educación pública, gratuita y obligatoria para el pueblo, está ligado a los

requerimientos técnicos y prácticos demandados por la modernización del sistema

productivo, vigente en el terreno de la libre competencia en el que trataba de

circunscribirse la industria y la empresa nacional o los principales centros regionales

exportadores. De acuerdo con Safford, (1989, p, 309) “las principales escuelas para

muchachos, en casi todos los Estados, enseñaban física, historia natural, matemáticas y

geometría plana, y hacia 1875 dos tercios de las escuelas normales también ofrecían

33

cursos de química. Hay dos cosas especialmente notables acerca de este desarrollo:

casi todos los cursos de ciencias eran impartidos por colombianos y, por primera vez,

asignaturas como la física y la química eran enseñadas a estudiantes que no eran

miembros de las clases altas locales”.

Todo este ideario liberal de la cuestión educativa, resueltamente dirigida al afianzamiento

de una cultura democrática y de una eficiencia productiva, descansó sobre el Decreto

Orgánico de Instrucción pública, expedido el 1 de noviembre de 1870, por el presidente

Eustorgio Salgar y el secretario del interior Felipe Zapata. Por medio del cual se pretendía

crear un sistema educativo nacional orientado hacia el desarrollo político y económico

de la federación, que también implicaba la formación de un nuevo ciudadano capaz de

asumir las nuevas relaciones de poder. Requena y Pagés, (2002), destacan la:

Importancia del currículum en la transmisión cultural y en la reproducción

social, puesto que el conocimiento educativo formal o público es el que se

transmite como conocimiento válido; a su vez, evidencian como el

currículum es el reflejo de las de relaciones de poder y la distribución del

control social. Análisis que permite dilucidar algunos trasfondos del

proyecto educativo liberal (p.4).

A manera de cierre, el contexto al cual aduce el presente estudio se enmarca en la

discusión y lucha política que libran los conservadores y los liberales en el ámbito

nacional por el control del Estado y la economía, y que tiene su mayor incidencia pública

institucional en el sistema educativo. Ante el evidente atraso cultural de Colombia, de

acuerdo con las estadísticas para “1863 la tasa de analfabetismo era casi del ciento por

ciento” (Bahamón, 1998, p. 162), se puede afirmar que las familias y los alumnos

representaban grandes capas sociales que eran objeto del juego político y los intereses

económicos hegemónicos que encontraron en el sistema educativo un campo ideológico

ideal para la batalla.

34

4. EL PROYECTO REFORMISTA DE LOS LIBERALES: UNA PROPUESTA

ORGÁNICA DESDE LA EDUCACIÓN

La consolidación partidista de los liberales antes de mediados del siglo XIX, primero que

los conservadores, les representó una gran ventaja política e ideológica que se vio

reflejada en triunfos electorales. Detentando un aparato ideológico más fuerte y

organizado comienzan a incidir sobre el Estado con igual claridad paradigmática.

Expresión de esto último lo conjuga la proclama de la constitución política de Rionegro

en 1863, durante el régimen militar del general Tomás Cipriano de Mosquera, la cual

daba vida a los Estados Unidos de Colombia, organizada bajo una estructura política

que hacía posible el sistema federalista.

De ahí en adelante varios historiadores denominarán este periodo como el de los

presidentes radicales.

Desde el punto de vista del poder, el gobierno de los radicales se esforzó

por establecer, afirmar, preservar las libertades individuales y las garantías

sociales. Se preocuparon por la educación en especial por la enseñanza

práctica de artes y oficios, pues estaban convencidos de la necesidad de

un movimiento renovador en la educación como instrumento supremo del

cambio y de la consolidación nacional (Ocampo, 1998, p. 743).

Así, el federalismo Colombiano conjugó un sistema de gobierno en el que el poder

político estaba dividido entre una autoridad central - nacional y unidades estatales

autónomas, que tenían posibilidad de delimitación jurídica y legislativa.

Los Estados no eran homogéneos ni social ni ideológicamente, más bien comprendían

una heterogeneidad regional y local incentivada por los ánimos bipartidistas y la

segregación implícita en el federalismo, que trajo como consecuencia la disolución del

35

poder ejecutivo central en la “anarquía” estatal, bajo el predominio de gamonales y la

independencia militar de cada Estado.

En líneas generales, la constitución de Rionegro consagró la separación

del Estado y la Iglesia; una libertad absoluta de pensamiento y de prensa;

en la cual la designación presidencial estaba determinada por la mayoría

de votos Estaduales. Y, a tono con el espíritu total de la carta, se eliminó

del texto de ésta el nombre de Dios (Méndez, 1995, p. 999).

Historiadores como Melo, (2004) considera que:

El esfuerzo Liberal por establecer un Estado laico y la respuesta

Conservadora de convertirse en personero de los intereses confesionales

de la iglesia constituyeron el único problema de fondo en el cual los

partidos políticos tuvieron una actitud consistente a lo largo del siglo XIX

(p. 2).

Producto de estas tendencias partidistas fue dificultosa la prelación a los problemas

prácticos, a la urgencia de desarrollar una infraestructura y las condiciones productivas

del país acordes con las exigencias del mercado mundial, sobre los agudos

enfrentamientos ideológicos.

En este contexto es que surge el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, dictado el 1°

de Noviembre de 1870, con claras intenciones de refundamentar la educación pública,

convirtiéndola en un ente de desarrollo político – económico, sin precedentes en la

historia de la educación Colombiana. Reforma que se proponía la consolidación de una

unidad nacional, la normalización del orden público y del desarrollo socio- económico del

país. Se caracterizó:

Por tener una concepción integral del problema educativo ya que incluía

desde la formación del maestro hasta la construcción de los edificios

36

escolares y la formulación de una concepción pedagógica coherente con el

desarrollo de las ciencias y con una concepción política de los fines del

Estado (Jaramillo, 1990, p. 227).

Este decreto gubernamental, entorno al sistema de instrucción pública, obedece a la

fijación de la Constitución Política de Rionegro en 1863, que consolidaba en Colombia el

sistema federalista. En donde, bajo la égida del “Olimpo Radical”, las ideas liberales

radicales toman un sustento jurídico político que consagra “la separación del Estado y la

Iglesia, (junto con) una libertad absoluta de pensamiento y de prensa” (Méndez, 1995, p.

999).

El D.O.I.P. recogía las ideas Constitucionales de secularización, como una tarea del

Estado, en tanto el “…gobierno federal organiza, dirige e inspecciona la instrucción

pública primaria en los territorios nacionales y en aquellos Estados que con el fin de

unificar la educación en el país, aceptan las disposiciones del mencionado decreto” (León

& Andrade, 1998. p. 156). Así, el poder eclesiástico, debilitado en el control del Estado,

es eximido de la posibilidad de intervenir en las decisiones educativas.

Es así como el proceso educativo es abanderado por una elite política liberal-radical,

casada con las ideas del progreso y el desarrollo socio-económico, se da vía libre a la

reforma educativa. Con base en las autorizaciones contenidas en el Artículo 13 de la ley

de Mayo 30 de 1868 y la ley de Julio 2 de 1870, mediante el Decreto orgánico. Según

Rausch, (1993) organizando la educación en tres áreas:

La administración, la enseñanza y la inspección, determinaba como

propósito: procurar que los Estados consagraran en su legislación ciertas

medidas que permitieran el fomento de la instrucción primaria, uniformar

los textos de enseñanza, fundar escuelas normales para la educación de

maestros competentes, crear canales de comunicación entre los Estados

de modo que la experiencia de cada cual sirviera al progreso de los otros,

37

y estimulara el sentimiento público a favor de la educación del pueblo (p.

151).

De tal manera, las anteriores condiciones reflejadas en el D.O.I.P. y en las coyunturas

que signaron su paso, recogían inexorablemente la confrontación ideológica plasmada

en la disputa en torno a la religión, ya fuera por apariencia y demagogia o por principios

partidistas. Acrecentada según las disposiciones del decreto orgánico, en las que

cuentan la no obligatoriedad de la enseñanza religiosa en la escuela oficial, aunque no

la excluyeran, puesto que colaborarían para que los ministros del culto la impartieran.

Pero este tipo de reconocimiento no satisfacía a los espíritus

tradicionalistas ni a la iglesia como institución. De ahí el conflicto que

desencadenó y ello explica por qué la cuestión religiosa y el principio de

obligatoriedad fueron la piedra de toque de los opositores de la reforma

(Jaramillo, 1990, p. 230).

Establecer la enseñanza primaria obligatoria y la neutralidad religiosa del sistema

educativo en un país de las condiciones en que se hallaba Colombia en esos momentos,

era una empresa con muy pocas posibilidades de éxito. La reforma tuvo que enfrentarse

a los siguientes obstáculos Jaramillo, (1990):

La hostilidad de la Iglesia y una población en su inmensa mayoría

católica.

La resistencia de algunos estados federales, localistas y enemigos del

gobierno Nacional.

La falta de recursos fiscales del Estado.

Oposición conservadora e indiferencia de algunos sectores Liberales.

38

El bajo nivel cultural y la miseria de los sectores populares que se

intentaban favorecer (p. 231).

Por lo cual, la reforma se convirtió en la más polémica de la historia educativa del país.

Tal característica se halla evidenciada en la férrea oposición organizada, en la mayoría

de los Estados federales, por los sectores sociales más conservadores del país. Al punto

que:

más que las reservas legales, las objeciones hechas al Decreto Orgánico

sobre motivos religiosos quebrantaron el consenso popular y alcanzaron el

punto de la histeria. De esto más que de cualquier otra cosa, dependió el

destino de la educación pública en Colombia (Rausch, 1993, p. 86).

En las distintas regiones del país ocurrían otra serie de acontecimientos imbricados

dentro de la generalidad de los hechos históricos nacionales, pero condicionados por la

particularidad de cada territorio estatal. Así, hacia 1861 “Mosquera reconocía por decreto

la existencia del Estado Soberano del Tolima, conformado por las que eran provincias

de Neiva y Mariquita” (Ramírez, 1998, p. 32). El cual haría parte de los nueve Estados

que conformarían “Los Estados Unidos de Colombia”.

En el Estado soberano del Tolima para la época en que fue expedido el Decreto

Orgánico, según Ramírez, (1998) gobernaba el régimen Conservador (1868 – 1876).

Bajo cuya hegemonía las políticas educativas en relación con el D.O.I.P. trasegaron las

siguientes etapas:

En la primera (1868 – 1871) el código de Cundinamarca constituyó la

norma básica de la educación Tolimense (…) La segunda va desde la

vigencia del primer acuerdo con la Unión hasta su rompimiento (respecto

del D.O.I.P.) (1872 – 1873) (…) La tercera fase va desde la ruptura del

primer acuerdo (Octubre 73) a la firma del segundo (Febrero del 75) (…)

39

La última fase se inició con la firma del segundo convenio y culminó con la

revolución del 76 (Ramírez, 1998, p. 32).

En general, los Conservadores no actuaron en consecuencia con los planteamientos de

la reforma. Aunque, “la dirigencia Conservadora rechazara el D.O.I.P. no significó el

estancamiento escolar” (Ramírez, 1995, p. 215). Más bien la expansión de la educación

fue significativa: “en el año 1872 el Tolima tenía 46 escuelas primarias con 2145

estudiantes, en contraste con el año 1876 en la que el número de escuelas había

ascendido a 68 con 4088 estudiantes” (Rausch, 1993, p. 169).

Algunos datos de un caso específico de la situación educativa de los colegios en el

Estado Soberano del Tolima señalan una situación de profundos contrastes:

Hacía 1873 mientras el colegio Santa Librada de Neiva era clausurado, el

colegio San Simón de Ibagué, por su cercanía a la sede de gobierno, era

objeto de importantes reformas y recibía apoyo económico. Empero, en

1875 en el gobierno de Joaquín María Córdoba el colegio San Simón

también marchó rumbo al ocaso al no recibir los fondos que le reconocía el

Estado, sumado el desmejoramiento de las enseñanzas; para ser

clausurado el 14 de Septiembre de 1875 (Ramírez, 1998, p. 211).

Es así, como se vivía la confrontación en el ámbito nacional y local por el asunto de la

instrucción pública. Todo ello desembocaría en una de las más cruentas guerras del siglo

XIX, la que se conoce como La Guerra de las Escuelas, acontecida en el año de 1876,

en ella se enfrentaron a muerte los conservadores y los liberales radicales, dando como

resultado el principio del fin de una reforma educativa que propendía por el desarrollo

económico y cultural del país, así como dando como resultado la muerte de más de 1000

maestros formados por los alemanes en el método pestalozziano, que redundaría en el

fracaso de las escuelas normales en todo el país y la frustración de un proyecto

pedagógico renovador.

40

5. LAS CIUDADANÍAS Y LAS DEMOCRACIAS EN DISPUTA: EL FRACASO DEL

DECRETO ORGÁNICO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Sin duda la suerte del Decreto Orgánico de Instrucción Pública, estuvo ligada al carácter

conflictivo de la segunda mitad del siglo XIX, generado por la confrontación política e

ideológica entre los partidos Liberal y Conservador (al cual se ligó la Iglesia católica),

quienes disputaban la definición del carácter del régimen político, discutían el papel de

la religión en los asuntos del Estado, y polemizaban en torno de los propósitos y

orientaciones que debía asumir el sistema de instrucción pública.

Loaiza, (2007) plantea que precisamente

las élites liberales y conservadoras se disputaron de manera acerba el

control del proceso de construcción del Estado nacional; y que dicha

disputa constituyó un conflicto político y cultural que consistió en definir el

lugar, en el nuevo orden republicano, de la Iglesia católica (p. 67).

En este sentido, los conflictos políticos y sociales de la segunda mitad del siglo XIX se

complicaron debido a las fuertes controversias respecto a la propiedad, la situación legal

y los privilegios de la Iglesia católica.

Como se mencionaba en párrafos anteriores, cada partido se diferenciaba explícitamente

en torno de los intereses que defendía en torno a dichos aspectos. Los liberales

propugnaban por el Federalismo, la exclusión de la Iglesia respecto de los asuntos del

Estado, la libertad económica, la educación laica y el desarrollo de principios

democráticos; mientras los conservadores optaban por un Estado centralista que

controlará la economía y las regiones, así como por la incidencia de la iglesia en los

asuntos políticos y educativos (con vocación católica). De tal manera, que una gran

disputa entre los liberales y los conservadores, se generó en torno al asunto religioso.

41

Diferentes análisis historiográficos en torno de los paradigmas que impulsaban los

partidos políticos en el siglo XIX colombiano, dan cuenta de la relevancia del “asunto

religioso”, puntualmente el rol que desempeñaría la institución católica, en el carácter del

régimen propuesto por cada partido político. Aspectos en los que se puede identificar los

elementos genéricos, como lo menciona Rubio, (2007) para precisar las concepciones

de ciudadanía que cada uno proponía, a saber: “la dimensión pública de los individuos,

modo de inserción de la sociedad política, presupuestos antropológicos y concepciones

sobre la relación individuo – sociedad” (p. 12).

Los siguientes son los paradigmas que cada uno de los partidos propugnaba:

Para los liberales colombianos, era necesario civilizar en nombre de la

democracia moderna y de las libertades individuales; era necesario

imponer el Poder Civil sobre los antiguos poderes del ejército y de la Iglesia.

Mientras que para los portavoces ideológicos del catolicismo se trataba

simplemente de construir una sociedad de buenos cristianos y de gobernar

en el nombre de Dios (Loaiza, 2007, p. 67).

El modelo católico-conservador, por su parte, le apostó a la edificación de

una república oligárquica, orientada por el proteccionismo económico, por

un centralismo político férreo y excluyente de las regiones periféricas, de la

diversidad étnico-cultural y de los amplios sectores populares; modelo que,

además, veía en la tradición hispánica, en la moral y religión católicas, y en

el control de la educación por parte de la Iglesia los elementos de cohesión

social, identidad nacional y civilización (Verdugo, 2004, p, 88).

Estas diferencias ideológicas otorgaron a la política del siglo XIX una particularidad

histórica en la que se hibridan, como lo plantea Loaiza, (2007):

Elementos de la modernidad y aquéllos provenientes del Antiguo Régimen:

las contradicciones de individuos conscientes de una tarea pionera de

42

secularización, pero inevitablemente atados a antiguas fidelidades; unas

élites llamadas liberales y republicanas, pero inquietas ante las

consecuencias democráticas de la práctica del principio de la soberanía del

pueblo y del acceso al sufragio (p. 66).

Todo ello combinado con poderes tradicionales, localizados en las localidades y las

regiones, que se concentraban en caudillos militares, gamonales, terratenientes y

antiguos actores, como el clero católico, obrando como heraldos de la nueva vida

republicana.

Desde el punto de vista de Morelli, (2007) quien analiza la producción historiográfica en

torno de los conflictos políticos del siglo XIX,

todas estas particularidades que se combinaron llevaron a reconsiderar los

estudios que concebían la política del momento como producto de

regímenes oligárquicos o incluso tiránicos, donde los procedimientos

electorales no jugaban ningún papel, para proponer la formación de

regímenes en los cuales ciertas prácticas de la modernidad política se

articulaban con valores y prácticas tradicionales (p. 133).

La hibridación de elementos modernos (llegados de Europa y Norteamérica) con

aspectos tradicionales (legados de la época colonial), era palpable en la situación

presentada en torno de los procesos electorales ligados al gamonalismo y el caudillismo

regional; o en el desarrollo de la guerra avivada por las simpatías políticas sin que

hubiese reconocimiento de las plataformas políticas por parte de las capas sociales más

bajas (que representaban más del 90% de la población total de la época). Ya lo advertía

el historiador Ocampo, (1998) que “al tratarse de elecciones y/o de la guerra, las masas

conservadoras y liberales eran indiferentes a las plataformas políticas e ideológicas de

los partidos políticos.”(p. 25).

A pesar de ello, la apuesta liberal radical en torno a la construcción de la democracia y,

por ende, de ciudadanías, representaba una ruptura con la continuidad del sistema

43

colonial, así como una apertura a cambios globales y regionales motivados por la

economía capitalista y la democracia burguesa. La evidencia más palpable de esta

actitud reformista y progresista de los liberales colombianos desde mediados del siglo

XIX, se configura en el Decreto Orgánico de Instrucción Pública (del año de 1870).

Al punto que este decreto representa una de las reformas más avanzadas e innovadoras

de la historia educativa colombiana, considerando el contexto social, económico y político

del país en la segunda mitad del siglo XIX; en la medida que el decreto apuntaba a

organizar el sistema educativo en la nación en todas sus dimensiones, así como intentó

profundizar la secularización del Estado y, de paso, restar poder político y cultural a los

conservadores y a la Iglesia católica.

Así las ideas liberales radicales, condensadas en la constitución de Rionegro y el DOIP,

toman un sustento jurídico político que consagra “la separación del Estado y la Iglesia,

(junto con) una libertad absoluta de pensamiento y de prensa” (Méndez, 1995, p. 999).

El decreto lo anuncia de la siguiente manera: “El gobierno federal organiza, dirige e

inspecciona la instrucción pública primaria en los territorios nacionales y en aquellos

Estados que con el fin de unificar la educación en el país, aceptan las disposiciones del

mencionado decreto” (León, 1998, p. 156). Así, el poder eclesiástico, debilitado en el

control del Estado, es eximido de la posibilidad de intervenir en las decisiones educativas.

Los liberales radicales, de acuerdo al espíritu de la reforma educativa y de la constitución

política de Rionegro, concibieron el sistema de instrucción pública como la institución

socio-cultural fundamental en la formación de un pueblo moderno. Esta tendencia liberal

radical ayuda a entender:

El papel central que desempeñó la militancia masónica en la dirección de

la instrucción pública; el deseo de fomentar otro tipo de sociabilidad de

notables liberales locales, las sociedades de institutores o sociedades

didácticas, (así como) la importancia que la dirigencia radical le concedió a

44

la difusión de una literatura que intentó competir con el tradicional

predominio de la bibliografía católica (Loaiza, 2007, p. 64).

Sin duda, el liberalismo reitero la importancia de la instrucción pública ante la pretensión

de fundar un sistema democrático y generar nuevas ciudadanías para asumirlo. Rubio,

(2007) releva que para poder ejercer una ciudadanía activa, mínimamente los

ciudadanos deben comprender sus derechos y deberes, así como la función de las

instituciones y del mismo Estado. Para suplir esta tarea el DOIP, en el marco de su

organicidad, asumía el asunto de la administración, de la enseñanza y de la inspección

de todo el sistema educativo. Según la historiadora Rausch, (1993) el DOIP determinó

como propósito:

Procurar que los Estados consagraran en su legislación ciertas medidas

que permitieran el fomento de la instrucción primaria, uniformar los textos

de enseñanza, fundar escuelas normales para la educación de maestros

competentes, crear canales de comunicación entre los Estados de modo

que la experiencia de cada cual sirviera al progreso de los otros, y

estimulara el sentimiento público a favor de la educación del pueblo (p.

151).

El conflicto en torno a la cuestión religiosa y el carácter asumido por el sistema de

instrucción pública, generó una amplia discusión política en torno a la educación, sus

valores, sus responsables y sobre las ciudadanías que debía generar frente a los retos

de la Nación. Ello demandó que cada partido expusiera el modelo educativo ideal, de

acuerdo a sus concepciones culturales y los modelos de Desarrollo que concebían para

la Nación. Verdugo, (2004) en su análisis historiográfico del tema educativo del siglo XIX,

determina que:

Mientras los liberales le apostaron a una educación laica, obligatoria y

gratuita que posibilitara la formación de ciudadanos para la República y

capacitación de la fuerza de trabajo para el impulso de un naciente

45

desarrollo capitalista, educación que articulada a una ética civil de los

deberes y derechos sería el eje sobre el cual giraría la construcción de una

auténtica República de corte moderno, los conservadores, con el apoyo

de la Iglesia, propusieron una educación que orientada por la religión y al

moral católica posibilitaría la formación de fieles para la Iglesia y

ciudadanos para una República premoderna de corte autoritaria y

fuertemente conservadurista, incluso de las tradiciones hispanas (p. 81).

La propuesta educativa conservadora, encierra lo que Rubio, (2007) “ha llamado la

tradición republicana de formar en civismo, que se fundamenta en la inculcación de las

virtudes cívicas para definir la ciudadanía, estrechamente ligada a los valores familiares,

el respeto por las instituciones y el bien común” (p. 21) todo ello ligado, para el caso del

análisis del contexto sociocultural de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, a los

valores cristianos de la iglesia católica colonial y del conservadurismo más radical del

país.

Otros autores coinciden con Pedro Verdugo, al determinar que la Iglesia Católica estuvo

encomendada a cumplir con la tarea de introyección de un dogma eclesiástico al pueblo,

con el fin de perpetuar una situación de dominación y tradicionalismo que se enmarcaba

en la manutención de un poder oligarca, de la división social en castas, y de un clero que

ejercía control absoluto sobre el Estado, la economía y la cultura. Es así como para los

dirigentes conservadores “la Iglesia católica llegó a ser el dispositivo más importante para

mantener el orden y la moral social, ella guiaba las pautas de comportamiento ético y

moral de los ciudadanos” (Luna, 2007, p. 14).

En el caso específico de las ciudadanías, la doctora Aristizábal, (2005), precisa que:

Las mujeres de la sociedad colombiana, del siglo XIX, no eran ciudadanos

en el pleno sentido de la palabra, no ejercían profesiones liberales, y

aunque si accedieron a muchos oficios, en particular el de maestra, lo

hicieron desde su condición de subordinación e inferioridad de las

46

decisiones importantes de las provincias. Las mujeres no participaban del

sufragio, nunca fueron alcaldesas, ni miembros de los cabildos en las

distintas provincias (p. 117).

De trasfondo estas son las tradiciones socioculturales que el civismo republicano de los

conservadores reproducía, y configura el contexto sociocultural en el que los liberales, a

través del DOIP, propugnaban por la gratuidad, obligatoriedad y laicidad de la educación

pública en los Estados Unidos de Colombia.

En contraste, los liberales radicales estaban asumiendo el sistema de instrucción pública

como el espacio socio-cultural fundamental no sólo para formar al ciudadano ideal que

demandaba el sistema federal y la democracia que estaba en construcción, sino para

preparar la mano de obra especializada que fortaleciera la producción en la creciente

industria capitalista y contribuyera al crecimiento económico del país:

Los radicales concibieron la educación como factor de desarrollo, por eso,

privilegiaron la enseñanza de las ciencias útiles, o sea, las ciencias

naturales o las ciencias que aplicadas a las naturaleza pudieran garantizar

el aumento de la producción material, el incremento de los bienes y

servicios, la explotación de las riquezas del suelo, la dinamización de la

economía, el comercio y la industria, en general, el progreso del hombre y

de la sociedad (Guerrero, 2001, p. 71).

Es por ello que, en esencia, la concepción de ciudadanía que los liberales radicales

promocionaban con el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, implicaba un agregado

evolutivo de derechos Rubio, (2007), en lo político, en lo social y en lo civil, reconocidos

por un Estado a través de un contrato social (la constitución política de Rionegro -1861-

), en la que la intencionalidad es igualitaria y universalista; pero que en la práctica está

plagada de restricciones jurídicas e institucionales que minan dicha igualdad y

universalidad.

47

La evidencia histórica más palpable de la contradicción o la restricción del universalismo

e igualdad promovida por la ciudadanía liberal, condensada en el DOIP, se asocia a la

situación de las mujeres en este contexto histórico. Aristizábal, (2005) señala que:

En líneas generales él era un ciudadano con plenos derechos y ella no. Un

concepto de supuesta naturalidad rondaba esta concepción, de manera

que era considerado normal que las mujeres fueran educadas para el

mundo de lo privado, en el sentido más estricto del término, y los varones

para el mundo de lo público (p. 117).

A pesar del universalismo y la igualdad profesada por el liberalismo radical, al analizar la

condición socioeconómica, la territorialidad, la etnia, el género, la edad, la oposición

religiosa, la oposición sexual, etc., del 90% de la población colombiana que era

campesina en dicha época, se puede concluir que se trata de un sofismo político, en el

que las mujeres son las más afectadas.

De acuerdo con la historiografía el empeño liberal en el desarrollo de la educación, a la

luz del Decreto Orgánico de instrucción Pública, estuvo acompañado del fortalecimiento

político e ideológico del liberalismo radical. Hecho éste que motivo en los conservadores

una reacción negativa frente a los progresos liberales en el tema de la educación y la

cultura. Así, los conservadores, queriendo contrarrestar las tesis y acciones de los

liberales radicales, trajeron a Colombia comunidades religiosas, para establecer

escuelas gratuitas que les permitiesen formar las masas populares en los oficios y

labores, pero sin abandonar los dogmas cristianos y los lineamientos de la moral católica,

que de acuerdo con la visión de los conservadores, era violada y vulnerada por los

liberales radicales, al establecer un decreto que fomentaba lo laico por encima de la

moral cristiana del pueblo colombiano.

Investigaciones como la de la doctora Aristizábal, (2005) han concluido que:

Así la época de la reforma educativa allá sido de dominio político del

liberalismo radical (asiduo promotor de la separación entre los intereses del

48

Estado y los de la iglesia Católica), la institución religiosa como tal no perdió

su posición hegemónica en la imposición de sus conceptos sobre la

formación de las mujeres en tanto buenas cristianas, con los

correspondientes valores de virtud, silencio, abnegación, recato,

obediencia, sumisión y castidad. El modelo católico permaneció incólume

e intacto. En tal sentido puede decirse que el proceso de secularización y

laicización de la sociedad colombiana fue muy débil (p. 122).

En este aspecto, el de la lucha liberal por secularizar y laicizar al ciudadano a través de

la educación, se puede identificar una de las causas por las cuales fracasó el Decreto

Orgánico de Instrucción Pública. Rubio, (2007) es enfático en señalar:

Porque es obvio que el ciudadano, como el demócrata, no nace, se hace.

No se trata de adoctrinar al ciudadano en una determinada opción política,

desde luego, sino de que tome conciencia y se instruya en deberes cívico-

democráticos, en condiciones de autonomía privada o pública (p. 90).

Y, sin duda, como se ha mencionado y evidenciado en los anteriores argumentos, el

estatuto de ciudadanía que pretendían establecer, a través del DOIP, se asociaba a un

adoctrinamiento ciudadano en función de los principios liberales; que de trasfondo

encierra el interés por el control del Estado, a través de masas populares que se

autoproclamaran liberales y ejercieran su ciudadanía a través del derecho al sufragio

universal.

Historiadores como Melo, (2004) señalaron que evidentemente el único asunto en que

fueron consistentes el partido Liberal y el partido Conservador, durante el siglo XIX, fue

por parte del primero en establecer un Estado laico y por parte del segundo convertirse

en personero de los intereses confesionales de la Iglesia. Desgastando sus esfuerzos

políticos, los recursos públicos y agotando la agenda pública en enfrentamientos

ideológicos, cuando lo urgente, ante las exigencias del mercado mundial, era el

desarrollo de la infraestructura y de las condiciones productivas del país.

49

De tal manera, entre las dificultades que tuvo que afrontar la reforma educativa liberal,

se asocian: la hostilidad de la Iglesia, los regionalismos fortalecidos por el federalismo

constitucional, el déficit fiscal de la nación, el analfabetismo rampante en la mayoría de

la población colombiana y, sin duda la más aguda, el enfrentamiento ideológico entre los

partidos políticos. Al punto que:

Más que las reservas legales, las objeciones hechas al Decreto Orgánico

sobre motivos religiosos quebrantaron el consenso popular y alcanzaron el

punto de la histeria. De esto más que de cualquier otra cosa, dependió el

destino de la educación pública en Colombia (Rausch, 1993, p. 86).

En consecuencia, la Iglesia nunca perdió su posición hegemónica en la determinación

de las concepciones culturales del pueblo colombiano, a pesar de los esfuerzos liberales

por aplicar el decreto en toda la nación. Ante la inevitable condición de una población

90% campesina, en su inmensa mayoría católica, con 95% de analfabetismo y sumida

en la pobreza, la pretensión liberal por adoctrinar en sus principios ideológicos condenó

a la reforma educativa (DOIP) al fracaso, por la siguiente razón que referencia Rubio,

(2007): “No es lógico reclamar del ciudadano una actitud de <<disputabilidad>> pública

si previamente no es impulsada y motivada, desde la misma instrucción pública, su

capacidad reflexiva y critica” (p. 90).

50

6. CONCLUSIONES

La reforma educativa Liberal, Decreto Orgánico de Instrucción Pública –DOIP-, surge

como una respuesta política del partido Liberal, al atraso sociocultural y productivo de

los Estados Unidos de Colombia (como lo consagraba la constitución política de

Rionegro -1863-). A la luz de dicha constitución, pretendieron generar un sistema

educativo que impulsará el cambio y la consolidación nacional, fundamentados en las

libertades individuales, las garantías sociales, la enseñanza de artes y oficios, la no

obligatoriedad de la enseñanza religiosa en la escuela oficial y la gratuidad y el carácter

obligatorio de la instrucción pública oficial. Para ello, el decreto asumía de manera

integral todos los aspectos del sistema educativo: desde la formación de los maestros,

la construcción y dotación de las escuelas, hasta el desarrollo de los contenidos

académicos, estrechamente ligados al desarrollo técnico y a las concepciones

ideológicas del liberalismo.

El gran condicionante de la reforma escolar se asoció a un conflicto estrictamente

ideológico entre el partido Liberal y el partido Conservador. Los liberales se asumieron

como los constructores de un Estado Laico, mientras los conservadores como los

defensores de un Estado confesional católico, al punto que la segunda mitad del siglo

XIX, junto con sus guerras civiles, estuvo signado por el conflicto religioso que suscitó

cada una de estas posturas políticas. Esta consistencia de los partidos en discutir el tema

ideológico, dificultó la prelación, en las agendas políticas de los gobiernos de turno, de

los problemas prácticos del país, asociados a la urgencia del desarrollo de una

infraestructura y de condiciones productivas acordes con las exigencias del creciente

mercado mundial.

En consecuencia, el esfuerzo Liberal por implementar el D.O.I.P., estuvo signado por la

confrontación ideológica generada por la disputa en torno a la religión. Establecer la

enseñanza primaria obligatoria y la neutralidad religiosa del sistema educativo, en un

país de las condiciones en que se hallaba Colombia en esos momentos, era una empresa

51

con muy pocas posibilidades de éxito. La religiosidad de la población, 90% rural y

analfabeta, entregada a la iglesia Católica como única institución cultural presente en los

territorios (legado colonial), sumado a una estructura político-administrativa en la que el

gamonalismo y la oligarquía se acentuó, dada la autonomía que permitía el federalismo

constitucional; determinaron el bajo impacto que tuvo la Reforma escolar Liberal en todo

el país.

A pesar del fracaso de la Reforma educativa liberal, la misma generó profundas

implicaciones para el desarrollo cultural y educativo del país; las cuales no se

evidenciaron tácitamente en el contexto histórico de la época, sino que afloraron

posteriormente en el marco de la inevitabilidad histórica de las causas y los efectos. Es

por ello que una de las grandes implicaciones del Decreto Orgánico de Instrucción

Pública, se relaciona con el estatus ciudadano y, por ende, con el carácter de la

democracia que pretendían generar en Colombia las élites políticas, a través del sistema

escolar.

El partido Liberal y el partido Conservador, a partir de la segunda mitad del siglo XIX,

esbozaron públicamente los modelos de Estado, el carácter de los regímenes políticos

y, por ende, los estatus de ciudadanía que pretendían implementar en el ejercicio del

poder. Como lo caracteriza el presente estudio, los liberales enarbolaron la consigna de

la civilización, en función de la construcción de una democracia moderna y de las

libertades individuales, a través del modelo federalista respetuoso de la libertad de culto

y la promoción de la apertura económica; mientras los conservadores enarbolaron la

consigna del confesionalismo católico, a través del modelo republicano que centralizará

y unificara el poder político y protegiera la economía.

Sin lugar a dudas, los conservadores eran representantes del continuismo de estructuras

legadas del colonialismo hispánico, en donde la Iglesia Católica desempeñaba un rol

determinante en todos los escenarios sociales y políticos, relevando su indiscutible

influencia en la educación y la cultura, en general, del país. Mientras los liberales

representaban el advenimiento del cambio y la transformación, a través de la

52

construcción de la democracia y, por ende, de ciudadanías profundamente diferenciadas

de los legados coloniales que aun pervivían en el país; y que se abrían a las dinámicas

globales y regionales signadas por la economía capitalista y la democracia burguesa.

Aun así, el incipiente intento democrático de los liberales, se enlazaba con las siguientes

contradicciones: primero, el liberalismo radical era el promotor de la secularización de

los asuntos del Estado, aun así la mayoría de la élite política Liberal era católica por

devoción familiar y por arraigo cultural; segundo, esta misma élite política Liberal

proclamaba, ideológicamente, las libertades individuales, la soberanía y el voto popular,

aunque temían las consecuencias de tal apuesta democrática y el costo de la misma;

tercero, el poder político y social estaba detentado en caudillos, oligarcas, gamonales,

terratenientes y en el clero católico, tanto liberales como conservadores, y con quienes

se pretendía fundar una sociedad democrática; y, cuarto, las bases sociales de los

partidos políticos, en su gran mayoría, estaban constituidos por campesinos pobres y

analfabetas, quienes acudían tanto a la guerra como a las urnas, con igual indiferencia

por las plataformas políticas e ideológicas de los partidos Liberal y Conservador; con el

color de cada bando bastaba.

A pesar de ello, la evidencia más palpable de la actitud reformista y progresista de los

liberales colombianos desde mediados del siglo XIX, se configura en el Decreto Orgánico

de Instrucción Pública (del año de 1870). A través del cual los liberales pretendieron

convertir la educación primaria en prioridad para los Estados, así como generar una

coherencia escolar a partir de la formación de maestros en las escuelas normales, la

producción de material pedagógico y didáctico uniforme, y la generación de medios

informativos que permitieran la difusión de experiencias exitosas y lineamientos político-

educativos.

Actitud que marca una diferencia abismal respecto de la postura conservadora. Puesto

que el liberalismo confío a la instrucción pública, la pretensión de fundar un sistema

democrático y generar nuevas ciudadanías para asumirlo. Actitud que es consecuente

con principios esenciales de la democracia, en donde el ejercicio de la ciudadanía activa,

53

demanda de los ciudadanos un mínimo de comprensión de sus derechos y deberes, así

como la función de las instituciones y del mismo Estado. Para ello los liberales, a través

del DOIP, promovieron una educación laica, obligatoria y gratuita, unívoca a la formación

de ciudadanos que detentaran las instituciones del Estado moderno que fraguaban, y

que impulsaran la economía en apertura al capitalismo internacional.

En contraposición, los conservadores, defensores a ultranza de la Iglesia, propusieron

una educación fundada en la religión y la vocación católica, que difundiera una educación

para la formación de fieles católicos y ciudadanos conformes con el Estado oligárquico,

que mantenía incólumes múltiples elementos de la época colonial y su estructura social

fundada en castas. Esta apuesta educativa conservadora, asumía la tradición

republicana de formar en civismo, que se fundamenta en la inculcación de las virtudes

cívicas para definir la ciudadanía, estrechamente ligada a los valores familiares, el

respeto por las instituciones y el bien común; todo ello ligado, para el caso del análisis

del contexto sociocultural de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, a los valores

cristianos de la iglesia católica colonial y del conservadurismo más radical del país.

En este sentido, es preciso denotar que para los conservadores el estatus ciudadano se

reducía a la virtud cívica, en donde la Iglesia Católica estuvo encomendada a cumplir

con la tarea de introyección de un dogma eclesiástico al pueblo, con el fin de perpetuar

una situación de dominación y tradicionalismo que se enmarcaba en la manutención de

un poder oligarca, de la división social en castas, y de un clero que ejercía control

absoluto sobre el Estado, la economía y la cultura. Al punto que la Iglesia católica llegó

a ser el dispositivo más importante para mantener el orden y la moral social.

Respecto del estatus de ciudadanía que promovía el liberalismo radical, a través del

DOIP, es evidente que implicaba un agregado evolutivo de derechos políticos, sociales

y civiles, reconocidos por un Estado a través de un contrato social (la constitución política

de Rionegro -1861-), en la que la intencionalidad es igualitaria y universalista; pero que

en la práctica está plagada de restricciones jurídicas e institucionales que minan dicha

igualdad y universalidad. En últimas, a pesar del contexto histórico y de las

54

contradicciones sociales, el liberalismo no resolvió asuntos políticos que estaban a su

alcance; lo que lleva a definir que su promoción de una ciudadanía democrática no

trascendía el espíritu ideológico y, más bien, era funcional a un sofisma partidista.

La evidencia histórica más palpable de la contradicción o la restricción del universalismo

e igualdad promovida por la ciudadanía liberal, condensada en el DOIP, se asocia a la

situación de las mujeres en este contexto histórico. En torno de las mujeres y su

condición social, existía una concepción que era aceptada de manera pública por

liberales y conservadores, que establecía que los hombres eran ciudadanos con plenos

derechos políticos, mientras las mujeres no lo requerían, por cuanto su función y

educación estaba asociada al mundo de lo privado. A pesar del universalismo y la

igualdad profesada por el liberalismo radical, al analizar la condición socioeconómica, la

territorialidad, la etnia, el género, la edad, la oposición religiosa, la oposición sexual, etc.,

del 90% de la población colombiana que era campesina en dicha época, se puede

concluir que se trata de un sofismo político, en el que las mujeres eran las más

afectadas.

De acuerdo con la historiografía el empeño liberal en el desarrollo de la educación, a la

luz del Decreto Orgánico de instrucción Pública, estuvo acompañado del fortalecimiento

político e ideológico del liberalismo radical; en donde se puede identificar uno de los

objetivos políticos del liberalismo de la época: fortalecer su doctrina ideológica y, de paso,

la base social del partido, a través de la educación, por sobre la necesidad de formar un

ciudadano autónomo y consciente de sus deberes y derechos democráticos. La política

y, por ende, el ejercicio del gobierno estaban sujetos a las élites políticas, que promovían

en las capas sociales una despreocupación por los asuntos políticos, planteando que se

trataba de un tema de políticos, que solo demandaba de la ciudadanía un control a través

del ejercicio electoral. Esta actitud reprodujo un sofisma democrático, en donde los

discursos políticos de promoción de la democracia absoluta, nunca trascendieron a las

implicaciones prácticas de vivir una ciudadanía democrática.

55

En este aspecto, el de la lucha liberal por secularizar y laicizar al ciudadano a través de

la educación, se puede identificar una de las causas por las cuales fracasó el Decreto

Orgánico de Instrucción Pública. El estatuto de ciudadanía que pretendían establecer, a

través del DOIP, se asociaba a un adoctrinamiento ciudadano en función de los principios

liberales; que de trasfondo encerraba el interés por el control del Estado, a través de

masas populares que se autoproclamaran liberales y ejercieran su ciudadanía a través

del derecho al sufragio universal. Es decir, para los liberales radicales no era relevante

la toma de conciencia por parte del ciudadano que, en función de su autonomía y libre

albedrío, se instruyera en los deberes y derechos cívicos democráticos; era suficiente

con su autoproclamación liberal y el ejercicio del voto.

Ante dicho fracaso liberal, triunfó el conservadurismo, la Iglesia Católica y, por ende, el

estatus de ciudadanía que promovían. Dado que la institución religiosa como tal no

perdió su posición hegemónica en la imposición de sus conceptos sobre la formación de

las mujeres en tanto buenas cristianas, con los correspondientes valores de virtud,

silencio, abnegación, recato, obediencia, sumisión y castidad. El modelo católico

permaneció incólume e intacto. En tal sentido puede decirse que el proceso de

secularización y laicización de la sociedad colombiana fue muy débil. En consecuencia,

la Iglesia nunca perdió su posición hegemónica en la determinación de las concepciones

culturales del pueblo colombiano, a pesar de los esfuerzos liberales por aplicar el decreto

en toda la nación. Inevitablemente el liberalismo radical condenó la Reforma educativa y

el espíritu ciudadano que implicaba, al reclamarle al ciudadano una actitud de

disputabilidad pública (ligada al color rojo del liberalismo), sin promover el principio

básico de una educación democrática: el estímulo de la capacidad reflexiva y crítica.

56

RECOMENDACIONES

La reforma escolar Liberal, Decreto Orgánico de Instrucción Pública (DOIP),

representó una de las apuestas políticas más avanzadas en la historia educativa

de Colombia. Aun así sus impactos en el escenario pedagógico y formativo del

país, no fueron tan contundentes en el escenario histórico de su implementación.

En tal sentido, sus implicaciones deben dimensionarse en las características del

sistema educativo colombiano y sus logros en el último medio siglo; puesto que

el liberalismo, a través del DOIP, había confiado a la instrucción pública, la

pretensión de fundar un sistema democrático y generar nuevas ciudadanías para

asumirlo. Actitud que es consecuente con principios esenciales de la democracia,

en donde el ejercicio de la ciudadanía activa, demanda de los ciudadanos un

mínimo de comprensión de sus derechos y deberes, así como la función de las

instituciones y del mismo Estado. Desde esta perspectiva, el fracaso de la

mencionada Reforma educativa, no sólo redundó en un retraso del sistema

educativo colombiano, respecto de los procesos modernistas que acontecían en

el ámbito internacional y en el continente, sino que también significó un retroceso

en la construcción de la democracia y la formación ciudadana en Colombia.

Respecto de este aspecto el estudio presenta un esbozo y una ruta de análisis, e

invita a profundizar en el análisis causal de las crisis que afronta, en la actualidad,

el sistema educativo colombiano.

Todo estatus de ciudadanía, como el que está explícito en la constitución política

de Colombia, implica un agregado evolutivo de derechos políticos, sociales y

civiles; para el caso del país, su intencionalidad es igualitaria y universalista. Por

antonomasia, el sistema educativo es el encargado de generar los mínimos de

comprensión que los ciudadanos deben tener de sus derechos y deberes, así

como de las funciones de las instituciones y del mismo Estado. Es decir, el

sistema educativo es el responsable de generar las ciudadanías para asumir los

agregados democráticos que las naciones establecen a través de sus contratos

57

sociales. En relación a esto, el presente estudio recomienda la evaluación de las

prácticas sociales y políticas del contexto democrático colombiano, para

determinar las restricciones jurídicas e institucionales que minan dicha igualdad y

universalidad. Dado que en el presente estudio se halló que, a pesar del contexto

histórico y de las contradicciones sociales, el liberalismo no resolvió asuntos

políticos que estaban a su alcance, lo que llevo a que su promoción de una

ciudadanía democrática no trascendía el espíritu ideológico y, más bien, era

funcional a un sofisma partidista.

58

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