La Libertad de prensa en VenezueLa

Discurso del Orador de Orden Eleazar Díaz Rangel en la Sesión Especial con motivo

del 44 aniversario del 23 de enero de 195823 de enero de 2002 Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

Libertad de prensa en VenezueLa. Junio, 2006. Impreso en la República Bolivariana de Venezuela.Depósito Legal: lf87120063801351

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en cualquier momento de 1917, desa-rrollándose como estaba la primera conflagración mundial, vista la forma

como en la prensa y en las agencias noticiosas se restringía la información, se ocultaban o de-formaban los hechos, el senador norteamericano Hiram Johnson dijo que “la primera víctima en una guerra es la Verdad”. Seguramente esa frase no recorrió el mundo en esos días, pero recogió una realidad presente desde hacía décadas, si-glos atrás se diría, y se hizo evidente en todos los conflictos armados posteriores y, de manera par-ticular, en la guerra del golfo y en la invasión a Grenada, acá, cerca de nuestras costas orientales, cuando la información fue secuestrada y admi-nistrada por las fuerzas expedicionarias.

De la misma manera, podría decirse que la libertad de prensa es la primera víctima de las dictaduras. Basta mirar un poco esa historia en América Latina. Así ocurrió en Venezuela en la

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década de los 50, aunque haya sido el gobierno democrático y constitucional de Rómulo Galle-gos el que, poco antes de ser derrocado el 24 de noviembre de 1948, suspendió las garantías, li-mitando la capacidad de las movilizaciones po-pulares en su defensa y que los medios divulga-ran lo que estaba ocurriendo.

Ese Estado carente de las libertades de infor-mar y de opinar se mantuvo y prolongó durante todo ese período dictatorial, que empezó por la clausura de los diarios El País, Panorama, El Día, Fronteras y de decenas de semanarios. No era po-sible una noticia que, sencillamente, incomodara no sólo al alto poder, a los más importantes fun-cionarios públicos, sino al más insignificante jefe civil. Tampoco se concebía un artículo breve o comentario en una columna o crónica que igual-mente significase una crítica a cualquier gestión gubernamental, por trivial o intrascendente que fuera. Una vigilante censura y una lógica auto-censura en medios, periodistas o colaboradores cerraban cualquier posibilidad de difusión.

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Algunas veces se produjeron desafíos, y cada vez que ocurrió, en los primeros años del régi-men, a veces por interpolación mecánica de al-gún linotipista hubo la inmediata reacción. Es famosa la que apareció en las páginas de El Na-cional el 22 de abril de 1950, cuando en lugar de “los miembros de la Junta de Gobierno” se leyó “los tres cochinitos”. El diario pudo reaparecer el 3 de mayo. En esos mismos días, El Univer-sal fue suspendido por la interpolación de una breve nota a favor de la huelga petrolera que se preparaba. Las sanciones fueron debidamente comprendidas como una advertencia a la prensa y la radio, que se limitaba a leer una selección de noticias y cada vez que alguien las olvidó sufrió las consecuencias. El 10 de julio de 1953, como represalia por algunos artículos no publicados, oigan bien, no difundidos pero retenidos en la Junta de Censura, fue salvajemente golpeado por supuestos desconocidos el columnista de El Universal José González González. Entre 1956 y 1957 Miguel Ángel Capriles fue convocado 10 veces a la Seguridad Nacional y 16 veces al des-pacho del ministro Vallenilla Lanz, según se lee

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en Pedro Estrada y sus crímenes, de José Agustín Catalá.

En mi libro La Prensa venezolana en el siglo XX, termino el capítulo respectivo así:

“Se puede afirmar que durante el pe-ríodo de gobiernos militares autoritarios, obviamente de libertad restringida o sin ninguna libertad, el panorama de la prensa y del periodismo fue ensombrecido por rígi-dos controles, la censura y otras formas de represión. Sin embargo, como ya lo dijimos, las empresas periodísticas se desarrollaron como modernas empresas capitalistas”

La represión hacia la prensa no varió hasta enero de 1958, cuando fue obligada a rechazar la insurgencia militar del 10 de enero, comanda-da por el teniente coronel Hugo Trejo. Todos los diarios tuvieron que publicar una nota condena-toria, cuyo texto original les fue enviado desde el Ministerio del Interior, aunque pudieron in-troducir ligeras variantes. El Universal calificó el alzamiento de “criminal atentado”; Últimas No-

ticias “se hace eco del repudio del pueblo” y El Nacional decía: “condenamos el exabrupto de las acciones del día de Año Nuevo”.

“Pocos días después escribo esa misma prensa fue factor fundamental en el derro-camiento de Pérez Jiménez. Con la activa participación de los periodistas y trabaja-dores gráficos, agrupados en la Asociación Venezolana de Periodistas, el SNTP y en la Federación de Trabajadores de la Industria Gráfica, comenzó el 20 de enero la huelga de la prensa, que sirvió como señal catalizado-ra en el desencadenamiento de una huelga general el día 21. Esto y la intervención de la mayoría de las Fuerzas Armadas, obligó al dictador Pérez Jiménez a huir en la madru-gada del 23”

No podía ser de otra manera. Después de la actividad política, ninguna otra fue tan afectada durante ese período como el periodismo. Debió guardar un obligado silencio. No fue casual que periodistas como Fabricio Ojeda, Claudio Cede-ño, Arístides Bastidas, Andrés Miranda, Omar

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Pérez; editores como Miguel Otero Silva, Miguel Ángel Capriles, el Padre Hernández Chapellín y sindicalistas gráficos como José Gil Gutiérrez, es-tuviesen comprometidos en la lucha final contra la dictadura, y que promovieran dos veces en ese enero la paralización de los diarios. La última, exitosa, fue el detonante de la huelga general del 21 de enero y de un movimiento militar donde se imbricaron diversos grupos de oficiales de las cuatro fuerzas que estuvieron conspirando, du-rante varios días, sin conexión entre sí.

Es obligante valorar cómo pudo la Junta Pa-triótica en la más cerrada clandestinidad, ante la más dura represión de los agentes de la Se-guridad Nacional, desarrollar sus actividades. Los actores principales fueron Guillermo García Ponce, por el Partido Comunista, cuyo secretario general, Pompeyo Márquez, había impulsado una política de unidad nacional contra la dicta-dura; por Unión Republicana Democrática, apo-yados en una declaración unitaria de Jóvito Vi-llalba en el exilio, inicialmente estuvieron Fabri-cio Ojeda, José Vicente Rangel y Amilcar Gómez,

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pero fue Fabricio quien asumió la representación permanente y, en diciembre de 1957, asumió su Presidencia; después lograron la representación de Acción Democrática, pese a que, en el exte-rior, Rómulo Betancourt se oponía a cualquier contacto con los comunistas; al frente de la reor-ganización de su estructura clandestina estaban Simón Sáez Mérida y otros dirigentes que, dos años después, se separaron de ese partido y for-maron el Movimiento de Izquierda Revolucio-naria. Silvestre Ortiz Bucarán por AD y Enrique Aristigueta Gramko, de Copei, completaban su integración.

Sus primeras acciones se limitaron a la redac-ción, impresión y difusión de comunicados. No era menuda tarea en esos años. Una pequeña imprenta que los comunistas habían logrado preservar de tantos zarpazos de la policía, que fue destruyendo gradualmente todo el aparato clandestino de AD, imprimió esos papeles. Con procedimientos riesgosos llegaban los paquetes a los centros de distribución; después se mul-tiplicaban y así se repartían de mano en mano

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y por correo esas hojas de la subversión. Nada de estas actividades se asomaba a la superficie, éstas se cumplían con sigilo, con justificadas pre-cauciones. Era preso y podía ser torturado quien cayera en esas tareas. Esas hojas, gradualmente, fueron creando conciencia en, cada día, más ve-nezolanos de que algo desconocido se movía en contra de la dictadura. ¿Qué era esa Junta Patrió-tica? ¿Quiénes la integraban? En julio de 1957, después de la rebelión militar del 1° de enero, apareció el primero de esos papeles, y el último. Con mayor periodicidad la Junta Patriótica emi-tía un Boletín Informativo multigrafiado, cuyas informaciones nutríamos los periodistas cerca-nos a Fabricio Ojeda.

Ese lento reaccionar del país tuvo dos antece-dentes. En mayo de 1957, a pesar de que ninguno de los medios dieron cuenta del hecho, ni siquiera La Religión, con motivo del día del obrero, hubo una pastoral de Monseñor Arias Blanco sobre la crítica situación social que fue leída en algunas iglesias, muchos la conocimos por un ejemplar de la revista Time, que alguien trajo a escondidas,

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y entonces se supo que algo cambiaba en la Igle-sia, como, en efecto, se vio en su órgano oficial dirigido por el padre Jesús Hernández Chapellín. Después, en diciembre, el burdo fraude en el re-ferendo aclamacionista, igualmente contribuyó a generar descontento entre numerosos oficiales, y empezaron o se multiplicaron los contactos entre ellos.

Se discute que sin 1° de enero, aludiendo a la rebelión dirigida por Trejo, del Ejército y Martín Parada, de la Aviación, no habría habido 23 de enero. Por supuesto, vistos los hechos en cadena, y es lo que trato de unir y relacionar en Días de enero, entre el día 1°, y el día 22 hay un proceso in crescendo que termina el día 23 con la huída de Pérez Jiménez. Es verdad que ese movimiento estimuló a la gestación de otros, pero la misma circunstancia de que a pesar de haber sido derro-tado por Pérez Jiménez y detenidos decenas de oficiales, rebela que existían todas las condicio-nes para que, en algún momento, se produjera la acción militar. La derrota de Trejo, en lugar de desmoralizar, estimuló muchas otras pequeñas

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conspiraciones en las cuatro fuerzas, de las cua-les las de la Marina las dirigían algunos de sus comandantes. De manera que parecía inevitable la reacción en el seno de las Fuerzas Armadas, aunque, indudablemente, fue precipitada por las acciones del 1° de enero.

Paralelamente, crecía el movimiento popular contra la dictadura, Brigadas del Frente Universi-tario de la Juventud Comunista y de la Juventud de AD recorrían barriadas distribuyendo hojas volantes, agitando, haciendo pintas, con mítines relámpago, eludiendo la persecución policial, no siempre con éxito. Los calabozos de la Seguridad Nacional fueron desbordados en esos días. Pese a que la Universidad Central estaba infiltrada de espías, era centro de algunas de esas actividades. Su primer grito se había escuchado el 21 de no-viembre, una manifestación interna que fue di-suelta por la Seguridad Nacional, reprimida has-ta la Plaza Venezuela y sus alrededores. Héctor Rodríguez Bauza y Héctor Pérez Marcano, junto a José de la Cruz Fuentes y Rafael Rodríguez Mudarra, de las juventudes Comunista, de AD

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(que aportaron sus cuotas mayores), de Copei y URD estuvieron al frente de los grupos universi-tarios de la resistencia.

Pese a las precarias condiciones del movimien-to sindical, igualmente disperso, ilegalizado y perseguido, fue posible que algunos de sus líde-res como Eloy Torres, Américo Chacón, Dagober-to González y Vicente Piñate, constituyeran un comité, vinculado a la Junta Patriótica, que debía llevar esas consignas al mayor número posible de trabajadores. No fue nada fácil ganárselos en esas condiciones, pero progresivamente fue to-mando impulso la lucha antidictadura.

Mucho más fluida fue la incorporación de los sectores profesionales e intelectuales. Estos sus-cribieron un documento que igualmente se editó y distribuyó clandestinamente, y que, más tarde, fue reproducido en multígrafos. Los firmantes estaban encabezados por Mariano Picón Salas, Francisco de Venanzi, Oscar Machado Zuloaga, Eduardo Arroyo Lameda, el presbítero Manuel Montaner, Miguel Otero Silva, José Nucete Sardi,

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Miguel Acosta Saignes y, luego, 300 individuali-dades, a quienes se sumó la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Periodistas.

Otros sectores de la clase media se hicieron presentes a través de documentos similares, médicos, profesores, ingenieros, abogados, los sectores medinistas. Igualmente, se organizaban brigadas de mujeres, eficientísimas en el reparto de propaganda, y en su oportunidad, en la red telefónica para convocar la huelga.

La inesperada salida de Laureano Vallenilla Lanz, ministro del Interior, y de Pedro Estrada, jefe de la tenebrosa Seguridad Nacional, eran indicios de nuevas dificultades al interior del régimen y, en efecto, el general Rómulo Fernán-dez, jefe del Estado Mayor, quien percibió el cre-ciente descontento, presentó un memorandum exigiendo la salida de ambos y otras medidas. Pérez Jiménez cumplió algunas, designó un ga-binete, casi todo integrado por militares, pero se sintió fuerte y detuvo y expulsó a Fernández.

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Todos estos hechos, de los cuales la prensa ape-nas difundía lo que autorizaba la censura, contri-buyeron a impulsar las conspiraciones al interior de las Fuerzas Armadas, así como en la calle, en el movimiento civil. Cuando caía una de esas tardes, los caraqueños que transitaban por El Silencio quedaron sorprendidos cuando, inesperadamen-te, surgieron de la nada voces de protesta contra la dictadura y alguien, identificado más tarde como Alberto Lovera, años después preso, torturado y desaparecido por la Digepol, gritó un breve dis-curso, y entonces fueron más las voces de “¡abajo Pérez Jiménez!”. Nunca antes se había escucha-do ese grito en pleno centro caraqueño, quizás en marzo de 1954, en la última protesta pública contra el gobierno, cuando se reunía en Caracas la Conferencia de la OEA, donde se selló la suerte del gobierno de Jacobo Arbens en Guatemala. Por supuesto, tampoco tardó la acción policial, que se extendió a la avenida San Martín porque El Silen-cio fue apenas el epicentro de la protesta.

Es en esos días, cuando se establecen los vín-culos entre la Junta Patriótica y el Frente Uni-

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versitario, representados por Fabricio Ojeda y Rodríguez Bauza, y el Comité cívico militar que animaban el farmacéutico Oscar Centeno y el Te-niente José Luis Fernández, de la Academia Mi-litar. Fue entonces cuando empezó a pensarse en la necesidad de una huelga que propiciara la ac-ción militar. ¿Cómo planificarla casi sin recursos organizativos y con apenas los propagandísticos sustentados en el multígrafo? Hazañosa tarea la que se emprendía.

El 15 de enero, en la farmacia Gran Avenida, se reunieron oficiales de varias fuerzas, entre quie-nes estuvo el teniente coronel Moncada Vidal y el capitán de fragata José Vicente Azopardo, quien en lo sucesivo devendrá en coordinador de la ac-ción militar, pues faltaba todavía la vinculación con otros oficiales del Ejército y de la Guardia Nacional que ya se sabía que andaban en la mis-ma dirección.

Se agilizaron los contactos, era estimulante ver como esa lucha, cada día, sumaba más, se hacía más abierta y desafiante; se multiplicaron las

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acciones estudiantiles y de las juventudes comu-nista y de AD que, a cada rato, debían enfrentar-se a la policía uniformada. Los acontecimientos subterráneos adquieren un ritmo violento, de inusitado dinamismo y multiplicados efectos. Se ha acordado convocar una huelga general el 21 de enero; esa noche insurgirían las unidades militares comprometidas y la palabra clave era “Camacaro”. Fue febril la actividad en esas ho-ras que vinieron, hasta el lunes 20, cuando de-bían paralizarse los periódicos. Una reunión el domingo anterior con los dirigentes de los pe-riodistas y obreros gráficos tomó la decisión. A mi me correspondió informarlo inmediatamente a Teodoro Petkoff, cerca de la Iglesia San Pedro, quien la transmitió a la dirección clandestina del PCV.

Todo marchó como se había acordado. En la mañana del día 21 no hubo prensa, pese a los es-fuerzos que a última hora hizo la Seguridad Na-cional. Cuando, a las siete de la noche, allanaron los periódicos, los encontraron vacíos. La falta de periódicos era una señal de anormalidad. Y

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por supuesto, ni noticieros de radio que fueran leídos. Al mediodía comenzó la huelga general, al menos en Caracas, y algunas acciones en Pun-to Fijo, Acarigua, Valencia, Maturín y Valle de la Pascua.

En Caracas todo empezó al mediodía con un corneteo y toque de campanas en varias iglesias. Varios sacerdotes se la jugaron esos días. Gru-pos ubicados en la plaza Miranda y otros sitios del centro, empezaron a gritar contra la tiranía, la agitación tuvo efectos, la gente se incorpora-ba. Unos corrían, siempre es así. La policía, que estaba preparada, intervino rápidamente con el auxilio de agentes de la SN. Hubo choques vio-lentos, empezaron a quemar autobuses y la in-surgencia popular tomó tales características que el gobierno debió dictar el toque de queda desde las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana. Había sido una gran demostración de repudio a la dictadura, extendida a San Juan, San Agustín, Antímano, Catia y otras parroquias. En el balan-ce había 70 muertos y centenares de heridos y detenidos.

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La noche fue de espera angustiosa. Decenas de militares comprometidos y los dirigentes de la Junta Patriótica, así como de los partidos clan-destinos y otros enterados estuvieron toda la no-che a la espera de un avión que debía sobrevolar Caracas a medianoche. Era la señal del inicio de la acción militar. El vicealmirante Wolfgang La-rrazábal, recién incorporado al movimiento, y el capitán Azopardo, estuvieron en la Comandan-cia de la Marina esperando esa señal. Así estaban otros en la Academia Militar y al frente de sus unidades en el Ejército o en la Guardia Nacional. Amaneció en el cielo de Caracas, el avión nunca voló.

Incertidumbre y desánimo el día 22 hasta que, gradualmente, llegaron noticias del alzamiento de la Marina. En Palacio, Pérez Jiménez había ordenado un recorrido por los principales cuar-teles y terminaba la tarde cuando le trajeron noti-cias desalentadoras; es cuando el general Llovera Páez le dice que no hay nada que hacer, todo está perdido. El avión “La Vaca Sagrada” ya estaba listo en La Carlota. Ordenó que recogieran sus

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valores y a medianoche abandonó el palacio con algunos de sus colaboradores. Antes, habló con Azopardo en la Escuela Militar, donde funciona-ba el comando insurrecccional, para pedirle que le permitiera salir, y así ocurrió. A las dos de la madrugada su avión surcó los cielos de Caracas con destino a la República Dominicana.

En la Academia Militar se formó una Junta de Gobierno, otra en el Ministerio de la Defensa, en La Planicie, y esa madrugada coincidieron en Mi-raflores, deben conciliar para integrarse en otra. Una tercera que ha formado el comité cívico-mi-litar llega tarde y queda excluida. La Junta Pa-triótica ni pensaba en Gobierno. Esa mañana en la calle, cerca del Palacio Blanco, están Fabricio, García Ponce y Amilcar Gómez gritando “¡civiles a la Junta!”, consigna que se convirtió en reclamo popular, 24 horas después estaban complacidos: entraron Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. Si en el llamamiento a la huelga solo se exigía “am-nistía total y nulidad del plebiscito”, se pueden imaginar si sus líderes estaban en capacidad de ir más allá en sus exigencias. Días más tarde,

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cuando en el Partido Comunista evaluaba ese hermoso y heroico proceso, alguien sostuvo que pretender avanzar más allá podía significar que una victoria táctica se convirtiera en una derrota estratégica. Y así quedaron las cosas.

Caracas se había levantado más temprano que nunca ese 23 de enero, un día como hoy hace 44 años, desde la madrugada cogió la calle, alboro-zada, llena de alegría, como ríos bajó la gente de cerros y barriadas y llegaban a la plaza Bolívar, a El Silencio, a Miraflores, a la Ciudad Universi-taria. Eran miles, miles de miles con pancartas, banderolas y consignas improvisadas. Después, algunos comunistas formaron grupos que pre-sionaron para que libertaran a los presos de la cárcel del Obispo, y otros, entre quienes se distin-guían Douglas Bravo y Luben Petkoff, rodeaban la Seguridad Nacional, en la plaza Morelos.

Había algunos, mientras tanto, más preocupa-dos por la toma del poder, que se ocupaban de formar Gobierno.

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Después de una laboriosa investigación, de ha-blar con casi cien personas, escribí así el cierre del libro Días de enero:

“A la hora de la formación de Gobierno es de tal magnitud ese movimiento que, tanto su real dirección militar como la civil, fueron desbordadas, entre otras razones, porque ni una ni otra tenían real noción del poder ni era su objetivo conquistarlo. No tuvieron acceso a los altos niveles del Gobierno ni presiona-ron para alcanzarlo. Ninguno de los militares que conspiraron desde fines de 1957, ni de los integrantes de la Junta Patriótica, para sim-bolizar en ellos el movimiento civil, aspira-ron a formar parte de la Junta ni del Consejo de Ministros. Fueron suplantadas por la alta jerarquía militar y por el poder económico, los cuales condujeron, con el impulso del movimiento popular, el proceso de rescate de la democracia y de las libertades”

Y así termina mi relación de los hechos ocurri-dos hace 44 años, donde se produjeron la unidad popular y la convergencia de un movimiento ci-

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vil con uno militar que logró el derrocamiento de una dictadura que, hasta semanas antes, parecía inamovible.

Ahora es oportuno preguntarse ¿qué ocurrió con esa libertad que había sido la primera víctima de la dictadura y que, el 23 de enero, fue la pri-mera en ser rescatada, como se reflejó esa mañana en las emisoras de radio de todo el país y en las ediciones extras de los diarios que aparecieron esa tarde?

Ese año de 1958 fue de pleno ejercicio de las li-bertades de informar y de opinar, e instrumento para su defensa, como se evidenció en los intentos de regresión de julio y septiembre. Sin embargo, institucionalizada esa naciente democracia, lue-go de las elecciones de diciembre, el período que presidió Rómulo Betancourt fue negador de tales libertades. Voy a resumirlo, extraído de La prensa venezolana en el siglo XX: Presiones sobre el diario La Razón, expulsados sus propietarios; decomi-so de ediciones, asalto a talleres, suspensión en varias ocasiones de los semanarios Izquierda y

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Tribuna Popular, hasta la clausura definitiva; sus-pendidos los diarios Clarín, La Hora; El Imparcial, de Maracay, El Tiempo, de Valera, y El Día, de Acarigua; clausura del diario El Venezolano. En junio de 1962 se estableció la censura, el decreto del Ministerio de Relaciones Interiores decía:

“Se ordena que todas las publicaciones del país, sea cual fuere su naturaleza, se abstenga de dar informaciones relacionadas con el orden público (...) sin consultar pre-viamente con los funcionarios designados al efecto por este Despacho, o por las respecti-vas gobernaciones de Estado” (Julio 6, 1962)

La Cámara de Diputados aprobó, en julio de 1963:

“Declarar que la libertad de prensa en Venezuela atraviesa en los actuales momen-tos por una de sus más graves y difíciles etapas, debido a la supresión sistemática de diversos órganos periodísticos y a la per-secución de profesionales de la prensa, así como el régimen de censura vigente”

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Les invito a rastrear las páginas de los dia-rios a ver si encuentran alguna declaración que refleje la protesta del Bloque de Prensa o de la Sociedad Interamericana de Prensa. Encontrarán una sorpresa, hubo prensa que no publicó esta declaración de la Cámara. La AVP, que entonces presidía la insigne luchadora Analuisa Llovera, emitió oportunamente su denuncia ante la mis-ma Cámara de Diputados, y formó parte de ese expediente.

En esos mismos años hubo un boicot contra el diario El Nacional, al cual gradualmente le reti-raron la publicidad como mecanismo de presión contra su línea informativa. Dos editoriales, del 8 y del 28 de junio de 1961, denunciaron “la per-sistencia de los manejos reaccionarios”, y su pro-pietario y director, Miguel Otero Silva, escribió en agosto de ese año que “al rechazar la tesis re-accionaria, según la cual la orientación política y periodística de una publicación ha de ser deter-minada por los grandes anunciantes y no por el criterio de los directivos de esa publicación, El Nacional hace armas en salvaguarda de la inte-

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gridad y de la decencia del periodismo venezo-lano”.

¿Cómo concluyó ese episodio? Para que re-gresaran los avisos, Miguel Otero Silva y otros miembros de la redacción de ese diario, debimos salir, junto a varios de sus colaboradores, de la página cuatro.

También guardaron silencio el Bloque y la SIP. Un procedimiento similar utilizaron en Colom-bia contra La Nueva Prensa y otra vez calló la SIP.

El gobierno del doctor Raúl Leoni tiene, igual-mente, una historia con agresiones a los medios. Fue clausurado el diario La Extra y suspendida temporalmente la revista Venezuela Gráfica. En abril de 1965, fueron allanados los locales de Úl-timas Noticias, La Esfera y El Mundo, y detenido el editor Miguel Ángel Capriles. El Bloque acordó investigar los hechos y la SIP se limitó a “lamen-tar la detención” de Capriles, pero no pidió su libertad ni protestó.

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Durante el gobierno del doctor Rafael Caldera, en octubre de 1971, fue decomisada una edición del diario El Mundo, allanados los talleres de Crí-tica, de Maracaibo y de La Religión, y confiscada la revista Punto Negro.

Con Carlos Andrés Pérez se suspendió por dos días a Radio Caracas TV, fue decomisada una edición de la revista Al Margen, y otra de Resu-men, y detenido su editor Jorge Olavarría. En su segundo período estableció abiertamente la cen-sura y fueron atropellados varios periodistas. En época de Luis Herrera Campins se levantaron expedientes a periodistas de izquierda y se abrió un juicio a María Eugenia Díaz.

Sin embargo, el período más negro, de mayores restricciones a las libertades de opinar y de infor-mar, no dejó huellas. Se utilizaron procedimien-tos como en ciertas torturas, cuidando de que no quedaran las marcas y obtenían los mismos efectos, el silencio. Esta vez, no se detuvo a un periodista ni se suspendió ningún medio, pero se controló a todos, con la excepción de El Nacional

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que insurgió contra ese sistema. Las presiones se ejercieron a través del chantaje en la entrega de dólares mediante el Régimen de Cambios Dife-renciales (Recadi).

En El Diario de Caracas, Marcel Granier escribió que era:

“(...) el instrumento de control de la sociedad más poderoso del que ha dispuesto ningún gobierno. Ni la dictadura de Juan Vicente Gómez llegó, en sus tiempos negros, a disponer de la décima parte del poder que representa el régimen de cambio diferencial”

El Director de The Daily Journal, Tony Bianchi, escribió que:

“sin duda alguna, el peor período para la libertad de expresión en Venezuela en los últimos 10 años se dio durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Utilizando el arma del otorgamiento de dólares a una tasa preferen-cial para la adquisición de papel periódico

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en el exterior, el gobierno de Lusinchi pudo controlar, casi por completo, la información periodística en Venezuela”

Debo aclarar que el control incluía la radio y televisión, que igualmente necesitaban importar insumos, equipos, instalaciones, películas, para su operatividad. En su oportunidad declaré que desde la época de Pérez Jiménez, ésta de Lusin-chi era la de mayores limitaciones a la libertad de informar.

¿Protestaron el Bloque de Prensa, las cámaras de radio y la de televisión? Nunca. La de radio no lo hizo ni siquiera cuando prohibieron su pro-grama diario del mediodía.

En los años más recientes, con el segundo go-bierno de Caldera, y el provisional del doctor Ra-món J. Velásquez, no se registran limitaciones a estas libertades, sin embargo, no puede olvidarse aquella campaña nacional y en América Latina, encabezadas por el Bloque de Prensa, las cáma-ras de los medios audiovisuales y de la SIP, ¡otra

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vez la inefable SIP!, y la Asociación Internacional de Radiodifusión, contra la propuesta del doctor Caldera de reclamar para la sociedad el derecho a recibir información veraz, reconocer lo que es un principio ético universal del periodismo. Fue despiadada esa campaña que hizo creer que se propiciaba el control de la información. Cam-paña que repitieron cuando aquí se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente ese y otros principios, como el de réplica, que finalmente fueron incorporados a la nueva Carta Magna por abrumadora mayoría. Y vean ustedes como, pese a la desproporcionada campaña, que apenas de-jaba espacio para la defensa de esos principios, en una encuesta se supo que el 70% de los ve-nezolanos estaban de acuerdo con esas proposi-ciones.

El 15 de noviembre de 1998 el Bloque de Pren-sa fijó posición contra un Presidente que no había sido electo, llevó a la SIP la propuesta de una declaración alertando sobre las amenazas y peligros a la libertad de prensa en el supuesto de que ganase ese candidato. Era la primera vez que

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esos organismos se adelantaban a acontecimien-tos que ellos creían ocurrirían.

Desde entonces, hasta ahora, las relaciones de los medios con el Gobierno se han caracterizado por períodos de tensión y, más escasos, de disten-sión. De duras críticas y ataques del Presidente contra determinados medios, contra algunos pro-pietarios y, en sus primeros tiempos, contra varios periodistas, y del uso, a veces desmedido, de las cadenas audiovisuales. De parte de la mayoría de los medios, de la prensa, la radio y la televisión, ha habido una persistente campaña contra el Pre-sidente y contra su gobierno. Desde 1936, hasta ahora, nunca el gobierno ni su respectivo jefe de Estado, habían sido objeto de los más persistentes ataques, bordeando los elementales límites de la decencia, como los que vemos ahora.

Sin embargo, pese a esas circunstancias, nadie puede mostrar aquí o en el exterior, ejemplos de una sola noticia o de un solo artículo que no hayan sido difundidos como consecuencia de la acción gubernamental y no ha habido un perio-

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dista preso o perseguido, un medio suspendido o clausurado. Aunque se han percibido amena-zas de lesionar el ejercicio del periodismo y de vulnerar la libertad de expresión, hasta ahora, ni las llamadas intimidaciones han ejercido alguna influencia en la línea opositora de la mayoría de los medios.

No obstante, en el exterior se tiene la creencia de que en Venezuela no existe libertad de pren-sa. Se entiende que sea así entre quienes sólo se guían por las informaciones que les llegan des-de aquí, lejos. Pareciera existir una ley conforme a la cual la gente tiene tendencia a confiar más en las noticias en tanto el centro de los aconte-cimientos está más distante, porque le resulta más difícil verificarlas. Pero aquí, en Venezue-la, nadie —repito— puede mostrar ejemplos de concretas limitaciones a la libertad de informar y de opinar. Sin embargo, se han producido tantas declaraciones, planteamientos y denuncias en el exterior, como nunca antes, en ninguna época; y podría ocurrir que repetida tantas veces esa mentira, pudiese ser creída por muchos como

una verdad. Una vez escribió Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique y estudioso de la comunicación, que si la prensa, la radio y la televisión lo dicen, es verdad aún cuando sea mentira.

No quiero concluir sin algunas referencias al papel que en estas especiales condiciones que vive Venezuela le corresponde a la Asamblea Nacional, donde hace pocas horas se desarrolló un amplio debate, el quinto, creo, desde su insta-lación, sobre la libertad de prensa. Me satisfizo, como creo que a todo el país, y antes que nada, al gremio periodístico, cómo coincidieron en rechazar los atropellos que con demasiada fre-cuencia se cometen en la calle contra reporteros y fotoreporteros en pleno trabajo profesional. Pese a todos los esfuerzos para que distingan el ejercicio profesional de las políticas editoriales e informativas de los medios, es evidente que esos grupos fanatizados, partidarios del Go-bierno, han continuado acosando o atacando a trabajadores de los medios. Esta unanimidad en el repudio debería reflejarse en los partidos que

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tienen o pudieran tener alguna capacidad de in-fluir en esas conductas. No se les puede seguir tolerando.

Al lado de esa, mi satisfacción, debo expresar-les mi sorpresa porque en las ocasiones en que se ha planteado la conveniencia de exhortar a los medios a dictar mecanismos de autorregulación en la conducta ética, no mereciera igualmente los votos de todos. Varios de los más importan-tes diarios de América Latina tienen sus respec-tivos libros con las respectivas normas éticas, y entre los más recientes pronunciamientos sobre tan importante materia, están el de la III Cum-bre de Jefes de Estado de las Américas, reunida hace poco en Québec, Canadá, donde se compro-metieron “a fomentar la auto-regulación de los medios de comunicación, incluyendo normas de conducta ética”. Más recientemente aún, la Con-ferencia Episcopal de la Iglesia, en un documen-to dedicado a los medios, que tan poca difusión ha tenido, vuelve sobre ese asunto. La Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea tiene en vi-gencia desde hace casi diez años el Código de

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Ética Periodística. La ética, como ha escrito Ga-briel García Márquez, no es condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. ¿Qué ha hecho que las iniciativas traídas al seno de la Asamblea no encontraran igualmente unánime apoyo?

Acá, en Venezuela, los periodistas tenemos un Código de Ética que rige nuestra conducta profe-sional, corresponde a los medios y a sus organis-mos dotarse igualmente de esos instrumentos. La democracia, toda la sociedad, los lectores y demás usuarios de los medios, ganarán.

Pienso que esta Asamblea Nacional, escenario de la confrontación y del diálogo político, ambos inherentes a la democracia, nos envía señales equívocas cuando debe enfrentar algunas situa-ciones concretas. En la oportunidad de la reac-ción habida por la forma como fueron aprobadas las 49 leyes surgidas de la ley habilitante, creo que ésta sigue siendo la instancia institucional para escuchar las reservas, críticas y propuestas de reformas, examinarlas, discutirlas y, si es el

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caso, introducir en aquellas leyes que lo requie-ran los cambios necesarios.

Aquí, en esta misma Asamblea Nacional, el Presidente Chávez trajo su mensaje anual en un tono que todos celebramos, que entraña, inevi-tablemente, diálogo sin descartar confrontación cuando hay intereses opuestos irreconciliables. Entre las instancias para esa apertura y búsque-da de acuerdos donde sea posible, pocas con tantas condiciones para que sea epicentro de esa política.

Quiero ofrecer apenas dos ejemplos. El de la leyes de Pesca y de Espacios Acuáticos, que llevó a que más de mil embarcaciones de la llamada flota de pargo-mero, de Margarita, tuvieran que paralizar sus actividades, no en el paro empresa-rial del 10 de diciembre, sino hace poco. Más de mil pescadores artesanales que consideran ne-cesarios algunos reajustes para que no terminen lesionados sus intereses. Y el del sector turismo, que junto a la nueva política impositiva, la ley correspondiente de la habilitante se suma a los

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factores que pueden golpear duramente esa ac-tividad. ¿Es muy difícil conocer las propuestas y hacer, si es el caso, algunas concesiones?

La Asamblea Nacional tiene otra deuda con el país, y me atrevería a decir, con la Constitución Bolivariana en tanto recibe el mandato de ejercer el control sobre el Gobierno y la Administración Pública. Pienso que no ha tenido la diligencia y celeridad para enfrentar ese monstruo de mil ca-bezas que es la corrupción. Ni investigó los casos más recientes de gobiernos anteriores, ni lo hace con los que se han presentado y denunciado en estos años, donde aparecen civiles y militares. Inconcebible que a estas alturas nadie haya sido sancionado por hechos de corrupción. Ese flagelo no ha hecho sino extenderse, sin que el Ministe-rio Público, la Contraloría General, los tribunales y esta Asamblea hayan sido suficientemente acti-vos y diligentes para promover las investigacio-nes en profundidad y los juicios respectivos para castigar a los culpables ¿por qué siguen siendo impotentes?, ¿qué impide enfrentarlo con deci-sión y coraje? y ¿por qué esta soberana Asamblea

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Nacional no ha asumido la vanguardia de ese combate?

Termino mis palabras, ciudadano Presidente, ciudadanos diputados. Lo hago complacido por la oportunidad que ustedes me dieron para decirles cuanto he dicho. Conscientes de que en la situa-ción que vive el país, cancelado un ciclo histórico iniciado en octubre de 1945, en una incierta tran-sición cuyo desenlace no está claro, y donde cada vez es más difícil asumir posiciones de equilibrio que propicien el diálogo. No sé si estas palabras mías las ven inscritas en esa búsqueda.

Hoy se desarrollaron dos manifestaciones de signos opuestos, con un aparente común denomi-nador, celebrar los 44 años del 23 de enero, cada una desde ópticas distintas, aunque heterogéneas, y que quisiera no sean irreconciliables. ¿Qué suce-derá si además de distintas, mañana sean opues-tas y terminen por enfrentarse?, ¿qué será del país si las posiciones extremas devienen dominantes?, ¿acaso no nos llevarán a violentos enfrentamien-tos de impronosticables desarrollos? He dicho.