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LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL SUBDESARROLLO DE

GUINEA ECUATORIAL. Oportunidades perdidas y propuestas frustradas en la década de los ochenta. Relato documentado de un cooperante. Luis de la Rasilla Madrid, 31.12.16

Texto transmedia e hipertextual en proceso de ediacción

NOTA DEL AUTOR Cuando me enfrento a la tarea de dar una clase, impartir una conferencia o intervenir en una

mesa redonda, suelo proceder del siguiente modo. Preparo, dejando un generoso margen a la repentización, un ‘relato introductorio’ lo suficientemente desenfadado, ameno y provocador para mantener la atención constante, propiciar un animado debate y animar a la sosegada y reflexiva lectura posterior del ‘texto ad hoc’, facilitado a los asistentes, en el que desarrollo el

tema anunciado con la debida sistematización. Y eso fue lo que hice en mi intervención en el III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE GUINEA ECUATORIAL: un relato introductorio —reconozco que apasionado— que provocó un intenso debate y la entrega de un texto, en este caso, una e.novela de texto, transmedia e intertextual, titulada NOTICIA DE UN AMANECER FUGAZ, que incluye una detallada y documentada narración autobiográfica de mi experiencia como director del Programa de la UNED en Guinea Ecuatorial en la década de los ochenta.

Ahora, con ocasión de esta publicación que prepara la UNED, pongo a disposición de los lectores de la misma los siguientes materiales complementarios: a) El vídeo íntegro de mí intervención, editado por la UNED, que incluye la presentación por

parte del profesor Juan Aranzadi, el ‘relato introductorio’ y el animado debate que éste provocó.

b) El ‘texto ad hoc’ de desarrollo del tema anunciado, preparado expresamente para dicha

publicación, que ofrece dos modalidades alternativas de lectura a la edición en papel.

c) Y, por supuesto, la citada novela que puede descargarse gratuitamente.

ALTERNATIVAS DE LECTURA DEL TEXTO IMPRESO DE LA PONENCIA

Como alternativas a la lectura de esta edición impresa que prepara la UNED invito al lector a recurrir a un formato más apto para visualizar cómodamente las numerosas notas insertadas al final del mismo o, si lo prefiere, a experimentar un novedoso ejercicio de actolectura empleando esta EDIACCIÓN TRANSMEDIA E HIPERTEXTUAL. Ediacción que proporciona acceso directo al contenido de la mayor parte de los documentos citados y ofrece la posibilidad de participar en ciberacciones que podrían ser de su interés. E, incluso, de incorporar al texto

aquellas de las que tenga conocimiento o se le ocurran durante el proceso de actolectura. Requisito: utilizar un comunicador adecuado conectado a Internet.

PROPUESTAS YA INCORPORADAS DURANTE EL PROCESO DE EDIACCIÓN

01.01.17. Relaciones de políticos españoles con Obiang Nguema

01.02.17. Investigación oficial sobre el asesinato de Carmen Samaranch

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ÍNDICE

SINOPSIS

APUNTE HISTÓRICO Del comercio de negros… El presagio de una tumultuosa colonización Un país sin credibilidad para… cooperar

UN FRACASO ANUNCIADO El escaparate de la ayuda española El origen: un esquema ineficaz abocado a la descomposición El relevo: la indecisión socialista 1985: la redefinición del objetivo

La normalización de las relaciones a toda costa La evaluación oficial Otra oportunidad perdida en África Discrepancias en el seno del Gobierno Desidia parlamentaria y desacierto gubernamental Un panorama desolador

UNA REACCIÓN INDIGNADA La voz de alerta o “Una voz en el desierto Una cruzada en toda regla Represalias Una confesión personal

INICIATIVAS FRUSTRADAS Un II Informe al Congreso de los Diputados Retomar la iniciativa e insertar la cooperación en un marco multilateral eficaz Estrategia y modus operandi Una cooperación al servicio del retorno de los guineanos del exilio Guinea Ecuatorial país hispánico En la senda de la Declaración y del Pacto de Madrid

El Pacto de Madrid

CONCLUSIÓN

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SINOPSIS

España, el país “sin fuerza para litigar”, que en el París bullicioso de los albores

del siglo XX apenas pudo salvar algunos jirones de sus viejas posesiones en el Golfo

de Guinea, reaparece, a punto de finalizar el milenio, en el París amigo y socialista del

ocaso, sin credibilidad para… cooperar.

Relato documentada: a) de un nuevo fracaso en África por la probada

incompetencia de los Gobiernos de época; b) de cómo la opinión pública fue

reiteradamente engañada por los sucesivos responsables gubernamentales y, en

general, por una clase política que, a pesar de las abrumadoras denuncias de los

medios de comunicación y de la evidencia de los hechos, tardó nueve años en decidir

la constitución de una Comisión Parlamentaria que, a pesar de las maniobras de su

presidente para evitarlo, constató el fracaso; c) de la pertinente denuncia ciudadana

ante la opinión pública y las Cortes; d) de la inaceptable actitud de los políticos

españoles ante un tema demasiado complicado e insignificante como para permitir

que se interpusiera en sus carreras; e) de cómo se toleró el rebrote de los viejos

hábitos coloniales que hicieron el juego a grupos minoritarios que manejaron sin

escrúpulos los hilos de la política de cooperación con total impunidad; f) de la

malversación del dinero del contribuyente, con el agravante de causar perjuicios

irreparables a los destinarios de los fondos de ayuda al desarrollo ―un pueblo que

estaba y sigue estando en la miseria―; g) de cómo los nuevos demócratas, sin la

existencia de un estatuto del cooperante, impusieron fácilmente el silencio a los

testigos cualificados, represaliando y violando los derechos constitucionales de quienes

se atrevieron a denunciar los hechos; h) del relevo de España por Francia en Guinea

Ecuatorial como fórmula para salvaguardar in extremis los intereses occidentales

dominantes en la zona; i) de la pérdida de toda credibilidad para cooperar al

desarrollo; j) de las oportunidades perdidas tras el abandono de la estrategia que se

plasmó en el frustrado Pacto de Madrid para la Democratización y el Autodesarrollo de

Guinea Ecuatorial, de marzo de 1989; en fin, k) de la responsabilidad en ello del

presidente González Márquez y de los ingenuos dirigentes de la oposición

ecuatoguineana que se dejaron embaucar.

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A mi buen amigo Donato Ndongo Bidyogo, intelectual

ecuatoguineano internacionalmente reconocido, honesto e indoblega-ble, contra quien relevantes políticos españoles, que ahora tratan de hacer negocios con Obiang, maniobran para que España, su país de asilo político, le niegue el pan y la sal.

Si indefinición, improvisación, inexperiencia, ineficacia, dispersión y descontrol

constituyeron, en esencia, las conclusiones de la Comisión de Estudio de la

Cooperación con Guinea Ecuatorial, constituida en el Congreso de los Diputados el

09.02.88, podemos entrever que el título de este artículo no va descaminado. Y

eso que el Gobierno de la época, con la connivencia de los restantes grupos

representados en la misma, impidió que el diputado Gerardo Iglesias, secretario

general del Partido Comunista de España y representante de Izquierda Unida,

incluyese en la resolución final el término corrupción, en referencia a la propiciada por

la Administración española.

El guion básico de este texto incluye cuatro apartados: un muy breve y necesario

apunte histórico, la descripción documentada de un fracaso anunciado, la peripecia de

una denuncia ciudadana ante la opinión pública y las Cortes y, por último, las

propuestas colectivas que se plasmaron en el frustrado Pacto de Madrid para la

Democratización y el Autodesarrollo de Guinea Ecuatorial, de marzo de 1989.

APUNTE HISTÓRICO

Del comercio de negros…

Como es bien sabido, la presencia española en el Golfo de Guinea se inició el 24

de marzo de 1778. El Tratado del Pardo, celebrado entre la Reina María I de Portugal

y el Rey Carlos III, ratificó los acuerdos de primero de octubre de 1777, alcanzados

entre D. Francisco de Souza Coutinho y el Conde de Floridablanca en San Ildefonso,

mediante los que su Majestad Fidelísima cedía a su Majestad Católica “la isla de

Annobom, en la costa de Biafra, con todos sus derechos, posesiones y acciones que

tiene a la misma, para que, desde luego, pertenezca a los dominios españoles, del

mismo modo que hasta ahora ha pertenecido a los de la Corona de Portugal, y

asimismo todo el derecho y acción que tiene o pueda tener a la isla de Fernando Poo,

en el Golfo de Guinea, para que los vasallos de la Corona de España se puedan

establecer en ella y negociar en los puertos y costas opuestas a la isla como son los

puertos del río Gabón, de los Camarones, de Santo Domingo, de Cabo Formoso y otros

de aquel distrito”. Una instrucción reservada, dada el 20 de octubre de 1777,

reconocía que “la finalidad de las islas era hacer el comercio de negros en la costa de

Guinea y tener alguna arribada propia en la ruta de Filipinas”.

El presagio de una tumultuosa colonización

La expedición para posesionarse de los nuevos territorios, presagio de una

tumultuosa colonización, resultó harto accidentada. Las fragatas Santa Catalina y

Nuestra Señora de la Soledad, acompañadas por el bergantín Santiago, zarparon del

puerto de Montevideo el 17 de abril de 1778 al mando del Conde de Argelejos. Tras

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arribar a la isla de Príncipe tuvieron que aguardar casi cuatro meses la llegada de Fray

Luis Caetano de Castro, el comisionado real que debía presidir la entrega oficial.

Reanudada la navegación avistaron la isla de Fernando Poo el 21 de octubre. Tres días

después tuvo lugar el desembarco en una bellísima bahía que bautizaron con el

nombre de San Carlos, hoy bahía de Luba. Según las crónicas los expedicionarios

tomaron posesión de aquel trozo de África con “lanzamiento de salvas y quebranto de

ramas”.

En la travesía hacia la isla de Annobón, así llamada por haber sido descubierta el

primero de enero de 1475 por los portugueses João de Santarém y Pêro Escobar,

falleció el Conde de Argelejos y asumió el mando el coronel don Joaquín Primo de

Rivera. El 29 de noviembre las naves arribaron a su destino, sin embargo, la actitud

belicosa de los annoboneses les impidió tomar posesión de la isla, viéndose forzados a

poner rumbo a Santo Tomé.

De vuelta a Fernando Poo, con intención de fundar en las costas del continente

africano algunos establecimientos militares y comerciales, las cosas se complicaron aún

más. La falta de quinina para combatir el paludismo y la escasez de víveres diezmó la

expedición. El sargento Jerónimo Martín se sublevó, arrestó al coronel y ordenó el

regreso a Santo Tomé. Primo de Rivera, liberado al llegar a la isla portuguesa, tuvo

que aguardar un año en aquellos insalubres parajes en espera de socorro e

instrucciones. El 12 de febrero de 1783 la expedición arribó a Montevideo con los

exiguos restos de una tripulación que tuvo que resistir los ataques de tres fragatas

inglesas al bergantín Santiago.

Tras esos largos y penosos años que demoró tamaña peripecia atlántica España

olvidaría aquellos territorios. De hecho, en 1827, el Anuario Real Británico incluía la

isla de Fernando Poo como dominio colonial inglés. Aún habría que aguardar hasta el

23 de febrero de 1843 para que el capitán de navío Juan José Lerena y Barry arribase

a Fernando Poo a bordo del bergantín Nervión y proclamase a Isabel II reina soberana

de aquel rincón de África. Desde aquella lejana mañana de 1778, en la que el Conde

de Argelejos zarpó de Montevideo, hasta que la expedición de Lerena hizo efectivos los

derechos españoles en el Golfo de Guinea, transcurrieron 65 años. Dilatado tiempo de

desinterés y abandono que no culminó con la firma de un acuerdo hispano-británico de

compraventa de la isla de Fernando Poo gracias a que las Cortes Españolas rechazaron

in extremis la propuesta del general Espartero.

Un país sin credibilidad para… cooperar

Cuando medio siglo después, el 2 de febrero de 1900, el embajador de España

don Fernando León y Castillo, asistido por don Gonzalo de Reparaz, tuvo que afrontar

el duro trance de negociar el futuro de las posesiones españolas en África con el

ministro de negocios extranjeros Delcassé, era plenamente consciente de que no

corrían buenos tiempos. La España de la época, tras los desastres de Cuba y Filipinas,

era, según su conocida sentencia, un “país sin fuerza para litigar”. A punto de finalizar

el milenio, Alabart, otro embajador de España, iba a pasar un mal trago en la audiencia

concedida por el jefe del Estado de la antigua colonia ecuatorial al ginecólogo sevillano

Luis Yáñez Barnuevo, a la sazón secretario de Estado de Cooperación Internacional e

Iberoamérica.

Acomodado frente al negro dictador ecuatoguineano en el sofá azul turquesa de

una lujosa suite de la segunda planta del exclusivo Hotel de Crillon comprobó que la

España de la democracia, que él y sus acompañantes representaban, era un país sin

credibilidad... para cooperar. Y es que si, en el París bullicioso de los albores del siglo

XX, el marqués del Muni salvó algunos jirones de las viejas posesiones españolas en el

Golfo de Guinea, él, probablemente, albergaba serias dudas de que en el París amigo y

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socialista del ocaso la nueva misión alcanzase a convencer al dictador de las buenas

intenciones del Reino de España. Máxime cuando sabía, y lo corroboraba el diario Le

Monde de la víspera, que Obiang y Mitterrand acababan de rubricar en el Eliseo el

definitivo ingreso de la antigua Guinea Española en el llamado círculo de la francofonía.

Y ello, como se lamentaba el vespertino, "a pesar de las numerosas violaciones de los

derechos humanos"

UN FRACASO ANUNCIADO

El escaparate de la ayuda española

Tras el derrocamiento de Macías, en 1979, la situación en Guinea Ecuatorial era

catastrófica: apenas había alimentos, no llegaban suministros del exterior, los

hospitales carecían de medicinas y España, por evidentes razones de solidaridad y

responsabilidad histórica, se volcó brindando una cooperación masiva con el objetivo

global de reconstruir el Estado y el país. Dicho de otro modo: la dura realidad se

impuso desde el primer momento provocando la adopción de facto de unos

compromisos tan amplios como dispersos. En la época de la UCD tuvo lugar, tanto el

refrendo jurídico-formal del programa de ayuda, como la formulación político-

internacional del compromiso con Guinea Ecuatorial. De hecho, el 23.10.80 se firmó el

Tratado de Amistad y Cooperación, cuyo análisis no deja lugar a dudas sobre la

amplitud y globalidad de la cooperación bilateral que regulaba. Y en abril de 1982,

ya en vísperas del relevo socialista, se celebró en Ginebra la Conferencia Internacional

de Donantes en la que el destacado protagonismo español, en su organización y

desarrollo, supuso tanto el refrendo ante la comunidad internacional del citado objetivo

de su política exterior en Guinea, como de la voluntad y del compromiso de asumir la

responsabilidad histórica de hacer frente a la reconstrucción de Guinea Ecuatorial. Y

ello, como recalcara el subsecretario Ortega Salinas, presidente de la delegación

española, “con independencia del grado de participación internacional en el proceso de

reconstrucción económica de dicho país”. Matización ésta nada baladí que no sólo

da idea cierta de la profunda convicción que respaldaba el compromiso nacional

adquirido, sino que dejaba traslucir un primer uso, ¿imprudente, tal vez, a la luz de los

resultados?, de la cuestión guineana como medio de reforzar la, por aquellos años

emblemática, política de presencia española en los foros internacionales.

El origen: un esquema ineficaz abocado a la descomposición

La modalidad específica fue la ayuda oficial articulada principalmente mediante

donaciones de emergencia, asistencia técnica y acuerdos económico-financieros

ventajosos. Decenas de miles de millones de pesetas que constituyeron, tanto en

términos absolutos como relativos, el esfuerzo de cooperación al desarrollo de mayor

envergadura emprendido nunca por el Estado español, como da idea el hecho de que

fue superior a toda la ayuda dispensada en la época a América latina. Por su carácter

global y masivo comprometió prácticamente a todos los órganos de la Administración

española en múltiples acciones directamente gestionadas in situ que pretendieron

hacer de la cooperación con la ex-colonia la piedra de toque —el escaparate, valga la

expresión— de la política de ayuda al Tercer Mundo de la incipiente democracia

española.

Sin embargo, en mi opinión, el presidente Adolfo Suárez cometió un error de

partida: nombrar embajador en Malabo al funcionario José Luis Graullera, un

incondicional que ya había colaborado estrechamente con él cuando fue director

general de Televisión Española. Cierto que su condición de interventor de Hacienda y

su previa experiencia como subsecretario de la Presidencia y secretario de Estado de la

Función Pública avalaban un buen conocimiento de la Administración española, pero

aquello era África, una realidad compleja que, como él mismo manifestó, desconocía

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completamente. Además, sus desmesuradas atribuciones, expresadas por el propio

rey Juan Carlos ante Obiang, potenció su natural carácter resolutivo a la hora de

hacer y deshacer lo que estimó oportuno. Se le había encomendado la tarea de

reconstruir la inexistente Administración guineana y se puso a ello con un notable brío

que, ayuno del más mínimo conocimiento de la idiosincrasia del país, sólo podía abocar

al fracaso. De ahí que la interacción del todopoderoso masa valenciano, de aquellos

que prestos le acompañaron con sus antiguos hábitos coloniales intactos, de la

pléyade, excepciones aparte, de bisoños funcionarios y colonos atraídos por los

elevados emolumentos y/o los pingües beneficios que producía el mercado negro

y, claro, de unos dirigentes nativos tan recelosos de España como propensos a la

corrupción, sólo podía alumbrar el esquema de cooperación ineficaz y abocado a la

descomposición que no tardó en convertir a Guinea Ecuatorial, como señaló el Informe

Donovan del FMI, en el segundo país más corrupto del mundo. Lamentablemente una

ocasión perdida para institucionalizar la cooperación moderna que ya practicaban con

éxito los países de nuestro entorno, como lo prueba la nula presencia de

organizaciones no gubernamentales (ONG) y la ausencia de cualquier atisbo de

cooperación al desarrollo con participación empresarial, en el sentido propugnado

desde hacía años por las diversas corporaciones financieras de desarrollo europeas y

norteamericanas.

El relevo: la indecisión socialista

Aunque la llegada del Gobierno del PSOE, a finales del 82, se caracterizó por el

mantenimiento formal del objetivo global de nuestra política guineana consensuada en

la época de UCD, pronto surgió una incipiente tendencia abandonista y con ella el

inicio de una seria discrepancia en el seno socialista. De hecho, durante este

periodo contrasta el impulso inicial, consecuente con el compromiso de una ayuda

masiva y global —protagonizado por la Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial,

hasta la dimisión, en septiembre de 1983, de su director el diplomático Ricardo Peidró

y la salida de José María Castroviejo, otro diplomático sensato e inteligente

como él— con el entorpecimiento, cuando no la paralización de facto, de la cooperación

por parte, fundamentalmente, de los responsables económicos. En la práctica hubo

graves dificultades presupuestarias que, traducidas en falta de liquidez, afectaron

negativamente al trabajo de los cooperantes y repercutieron negativamente en la

ejecución de los programas de cooperación previamente acordados con la parte

ecuatoguineana.

1985: la redefinición del objetivo

Resulta fácil perderse en el complejo panorama de la acción española en Guinea

Ecuatorial durante esta década si no se tiene en cuenta un hecho esencial: la

modificación sustancial del objetivo de nuestra cooperación forjada a lo largo de

1985. De su inicial carácter global de ayuda masiva, justificada por el grave deterioro

del país, se pasó a un planteamiento que primaba esencialmente la consolidación de la

hispanidad. Una modificación sustancial que suponía un cambio radical del soporte

ideológico de nuestra política de cooperación al desarrollo. Ésta, coincidiendo con un

gobierno socialista, dejó de justificarse por sí misma, esto es, por las razones de

justicia y solidaridad que están en la base de su indiscutible obligatoriedad jurídico-

internacional, para hacerlo sólo en la medida en que resultare un instrumento útil

desde la perspectiva del interés nacional del donante. Qué duda cabe que tamaña

desviación de la política española de cooperación al desarrollo en un sentido inmovilista

o, más precisamente, reaccionario, tuvo consecuencias alarmantes que no se hicieron

esperar. Vayamos paso a paso.

Tras el relevo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en 1985 —Fernández

Ordoñez sustituyó a Morán— y la subsiguiente creación de la Secretaría de Estado para

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la Cooperación Internacional e Iberoamérica, tuvo lugar la aprobación por la III

Comisión Mixta Hispano-Ecuatoguineana (Malabo, noviembre de 1985) del Plan

Marco de Cooperación citado. Este hecho, que se produce cuando Guinea Ecuatorial ya

es miembro de pleno derecho de la Unión Aduanera y Económica de África Central

(UDEAC), supuso la renuncia a un modelo de cooperación global de carácter

sustitutorio destinado a suplir o a reemplazar a la Administración guineana en lo que

estaba fuera de su alcance, que era casi todo dado el estado del país. La redefinición

del objetivo general de la política de cooperación se hizo en el triple sentido:

a) de proceder a su delimitación, como única vía razonable de afrontar la acción y

evaluar objetivamente los resultados; b) de renunciar a continuar abarcando la

totalidad y la dispersión de los sectores objeto de la cooperación; y c) de, en palabras

del artífice de esta política, el embajador Núñez García-Sáuco, “desjustificar la

cooperación por si misma e instrumentarla al servicio de un fin político”. En

resumen:

“Frente a una Cooperación global, autojustificadora, desprovista de prioridades y

objetivos, se propone una cooperación esencialmente finalista, orientada no sólo a la defensa y potenciación de la lengua y cultura comunes, sino a incentivar el carácter hispánico de Guinea Ecuatorial (único en toda África negra), como factor de identidad e

independencia nacional”.

La normalización de las relaciones a toda costa

Quedaría incompleto el panorama si no añadiésemos una breve reflexión en

torno al permanente fracaso en el intento de normalizar las relaciones diplomáticas

bilaterales entre Guinea y la ex-metrópoli. Y es que tras estos grandes rasgos que

caracterizaron los nuevos objetivos jurídicos-formales de la acción española en Guinea,

se oculta la intencionalidad real de una incipiente política exterior española en el África

subsahariana para la que, obviamente, la presencia en Guinea se reveló inicialmente

como la más adecuada vía de penetración en la zona. Sin embargo, la lamentable

evolución posterior de los hechos acabó dando al traste con las expectativas que había

generado la reconstrucción española de la ex-colonia. La consecuencia no se hizo

esperar: la drástica y forzada reducción del atractivo de Guinea Ecuatorial como objeto

y como instrumento de la política exterior española en África que, sin duda, está en la

base de la generalizada y creciente sensación de abandonismo que los medios de

comunicación trasladaron paulatinamente a la opinión pública. No obstante, esta

reducción progresiva de las expectativas españolas en la zona encontró un tope

difícilmente franqueable, al menos en lo que atañe a la formulación político formal, en

la necesidad de conservar la hispanidad de Guinea. Cuestión que, como hemos visto,

se convirtió en la idea fuerza del nuevo compromiso contemplado en el Plan Marco de

Cooperación.

Como es bien sabido las relaciones diplomáticas hispano-ecuatoguineanas post-

coloniales se caracterizaron por el permanente conflicto que impedía normalizar sobre

bases sólidas el trato entre ambos países. Situación tensa con conflictos graves y muy

graves en la década de Macías, aunque explicables ante el cariz de los acontecimientos

que siguieron a la independencia, tanto por el alineamiento de Guinea con la Unión

Soviética en un contexto de Guerra Fría, como por el talante del dictador. Menos tensa

y menos grave, pero con insólitas crispaciones intermitentes, desde el inicio de la

segunda dictadura nguemista, por emplear la acertada terminología del profesor

Liniger-Goumaz, pero paradójica en el nuevo escenario marcado por una cooperación

tan gravosa para España. Por ello si, en lo atinente a la formulación político formal del

objetivo de la política exterior, salvar la hispanidad de Guinea constituía, a mediados

de 1985, un fin, teóricamente al menos, irrenunciable para los responsables políticos

españoles, el logro de la normalización real de las relaciones diplomáticas bilaterales

constituyó la tarea prioritaria y urgente que se asignó en Guinea el servicio exterior.

Y es que el mantenimiento permanente de la tensión guineana, siempre presta a

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saltar a los primeros titulares de las noticias, era cada vez más difícilmente sostenible

ante una opinión pública atónita ante lo que sólo podía tildar de fracaso. Y ello

precisamente en un momento y en unas circunstancias en las que la pérdida definitiva

del influjo económico español, unido a la persistencia de los problemas básicos que,

como indicaré a continuación, aquejaban a la ruda maquinaria de nuestra cooperación,

no pueden menos que convertir en quimera —y, por tanto, en pretexto político— la

permanencia de lo hispánico en el Golfo de Biafra. En una quimera y, claro está, en

una estafa para una opinión pública a la que la Secretaría de Estado para la

Cooperación Internacional trataba de convencer de que con ellos las cosas habían

cambiado por fin en las relaciones hispano-guineanas de la época.

La evaluación oficial

Un primer análisis global de la acción de cooperación llevada a cabo por España

fue efectuado con motivo de la elaboración del referido Plan Marco de Cooperación que

señaló sin ambages los siguientes rasgos que la política Yáñez pretendía corregir:

improvisación, inexperiencia, indefinición de los objetivos, falta de programación, falta

de eficacia, dispersión de esfuerzos y ausencia de mecanismos prácticos de control y

evaluación. Oficialmente nunca se hablaba de corrupción, no se sabe si por no ofender

al Gobierno Obiang o para no echar tierra sobre el propio tejado.

Y por si, a estas alturas, alguien continuase dudando de la pertinencia y

veracidad del título de este artículo, puede que el siguiente párrafo, extraído de dicho

documento oficial, que resume espléndidamente el panorama desolador que ya se

reconocía oficialmente en el otoño de 1985, acabe por convencerle. “Así nuestra

Cooperación Técnica se ha visto comprimida y asfixiada entre un Estado guineano sin

infraestructura medianamente eficaz para asimilar con eficacia nuestra aportación y un

Estado español sin unidad de acción exterior y sin una política definida, incapacitado

para ofrecer una ayuda coherente, ordenada y medianamente eficaz al desarrollo de

Guinea”.

Qué duda cabe que esta realidad, asumida por ambos Gobiernos, no es otra cosa

que la constatación oficial de un rotundo fracaso —el de tres años de gobierno UCD y

el de tres años de gobierno socialista— del compromiso oficial español, expresado en la

ONU, de asumir la responsabilidad histórica de hacer frente a la reconstrucción de

Guinea Ecuatorial, incluso “con independencia del grado de participación internacional

en el proceso…”.

Otra oportunidad perdida en África

Tras la actuación de los Gobiernos de la UCD y la titubeante indecisión socialista

en sus primeros tres años resultaba acuciante hacer algo, pero la tarea no iba a

resultar fácil. La situación se había deteriorado hasta límites insospechados y, lo más

grave, España acababa de ser relevada en la zona por Francia. Guinea, con su

economía maltrecha por los zarpazos de la corrupción galopante que su antigua

metrópoli, lejos de combatir, propiciaba, cayó como fruta madura en la red de la Unión

de Estados de África Central tejida en la zona por la hábil y mucho más previsora

diplomacia francesa. España, abocada a dar un giro radical a su presencia en la ex-

colonia, lo hizo, como ya hemos señalado, mediante la reformulación teórica del

objetivo de su política de cooperación. Sin embargo, el escollo no era simplemente

teórico y el éxito no sólo dependía de la cuasi enfermiza obsesión de los representantes

del Palacio de Santa Cruz de evitar conflictos asegurando la unidad de la acción

exterior. Y es que una política de cooperación al desarrollo, máxime en las condiciones

en que se encontraba Guinea Ecuatorial, exigía un marco jurídico, unos esquemas

organizativos y unos mecanismos de actuación específicos difíciles de improvisar. La

pregunta es obvia: ¿atinó Núñez García-Sauco con su hoja de ruta, asumida por el

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Gobierno y concretada en el Plan Marco de Cooperación? No. Lamentablemente

estamos ante otra oportunidad perdida en África. Y ello, de un lado, por haberse

cometido graves errores de planteamiento, diseño y negociación que limitaron de

antemano el alcance de la reforma emprendida; de otro, por no asegurar

razonablemente la unidad de la acción exterior. En cuanto a lo primero cabe señalar

que su proceso de diseño fue excesivamente precipitado —menos de un mes—,

personalista y, en lo sustancial, impuesto por un embajador, tan ambicioso como

oportunista, que limitó, cuando no excluyó expresamente, la participación de los

expertos de las distintas áreas ministeriales. La negociación con la parte guineana,

cuando la hubo, fue apresurada y, en todo caso, superficial. Exteriores optó por jugar

a fondo su papel de donante y no tuvo mayores dificultades en obtener el visto bueno

de la maleable parte receptora. Y ello en el tiempo y en la forma que convenía a una

Embajada de España y a una Oficina de Cooperación con Guinea deseosas de

demostrar sus aptitudes a un nuevo y poderoso patrón que pertenecía, nada más y

nada menos, que al socialista y sevillano “clan de la tortilla”.

Discrepancias en el seno del Gobierno

Si la manifiesta situación privilegiada de poder del secretario de Estado de

Cooperación, que él mismo o sus colaboradores no dejaron de hacer valer ante otros

ministerios u organismos públicos implicados, propició inicialmente una mayor unidad

en la acción exterior, ésta no tardó en toparse con el equipo económico del Gobierno

socialista, que acabó imponiendo la salida del Guinextebank del Banco Exterior de

España, presidido a la sazón por Miguel Boyer. Demasiado tarde ya para dar

respuestas a viejas preguntas que se obviaron en su momento. ¿Quién y por qué

obligó políticamente al Exterior a entrar en la operación Guinextebank? ¿La presencia

de aquella pistola sobre la mesa ―denunciada por su consejero-delegado Martínez

Cortiña― fue un elemento de presión o significaba, tal vez, la garantía de que en

esas condiciones el dinero fluiría fácilmente? Si no, ¿qué sentido tenía tolerar desde el

Gobierno tamaña amenaza? ¿Siempre hubo pérdidas o sólo se anunciaron cuando

interesó hacerlo? ¿Realmente el Gobierno no estaba al corriente de lo que la auditoría

de Pricewaterhouse puso al descubierto? Y sabiendo que el banco público perdería

dinero en la operación ¿por qué su dirección asumió, sin las habituales precauciones

bancarias al uso, un riesgo excesivo en sus créditos sin adoptar a tiempo medidas para

controlarlo? ¿O, acaso, hubo personas o grupos de interés, representados en su

Consejo de Administración, que utilizaron en su beneficio el juego que tan bien

representa la esperpéntica imagen de la pistola? ¿O, en realidad, no era tan grave

dado que siempre cabía la posibilidad de tapar los agujeros que se generasen con el

dinero del contribuyente? ¿Por qué los Gobiernos españoles se obcecaron durante

tanto tiempo en mantenerlo?...

La siguiente noticia, publicada por Fernando Jáuregui en el diario El País, en

octubre de 1988, es especialmente reveladora de la situación creada tras el que se

denominó “escopetazo Boyer”.

Yáñez devuelve a Boyer los ataques sobre la cooperación con Guinea Fernando Jáuregui El Pais, Madrid, 25.10.88.

El secretario de Estado de Cooperación Internacional, Luis Yáñez, devolvió ayer al presidente del Banco Exterior, Miguel Boyer, los ataques y acusaciones lanzados la

semana pasada por éste contra los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores acerca de la marcha de la cooperación con Guinea Ecuatorial. Yáñez explicó ayer ante una comisión parlamentaria que los fracasos de la cooperación financiera "son exclusiva responsabilidad de las autoridades ecuatoguineanas y de las del Banco Exterior de España".

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Esto puso de manifiesto, admitieron medios diplomáticos, las divergencias entre un

sector del Gobierno afín al vicepresidente Alfonso Guerra y el equipo económico del Ejecutivo. Contradiciendo la versión que Boyer ofreció la pasada semana ante la comisión parlamentaria que estudia la cooperación entre España y su última colonia, Yáñez asegura que, desde 1985, intentó que se replanteara la cooperación financiera. El secretario de Estado intentó salvar las responsabilidades del actual ministro de

Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, antecesor de Boyer en la presidencia del Banco Exterior, pero atacó reiteradamente su actuación, sin nombrarle expresamente. Entre las acusaciones de Yáñez figura la de que los responsables del Guinextebank la filial hispano-guineana del Banco Exterior, jamás consintieron en dar cuenta de su actuación a la Embajada española en Malabo: "El Ministerio de Exteriores quiso poner orden en el caos, pero nunca se nos permitió ayudar", dijo Yáñez, en una inequívoca

réplica a las afirmaciones de Boyer. Éste había señalado que los responsables de Exteriores desoyeron sus advertencias y las del ministro de Economía, Carlos Solchaga, que deseaban concluir la cooperación financiera con la ex colonia.

Medios gubernamentales admitieron que las divergencias entre los responsables de la cooperación con los países en desarrollo y, en general, de Exteriores y el equipo

económico que comanda Solchaga, no se limitan al problema de Guinea, y se extienden

"cada año" a la elaboración de los Presupuestos del Estado. La intervención de Yáñez ―quien anunció que el presidente guineano, Teodoro Obiang, realizará una visita oficial a Madrid probablemente en diciembre― clausuró el turno de comparecencias ante la citada comisión parlamentaria, que reiteradamente solicitó, y no obtuvo, la presencia de Fernández Ordóñez. La comisión deberá presentar un informe mañana mismo, antes de disolverse a finales de este mes, como conclusión de sus trabajos y sesiones, que han supuesto la comparecencia de una docena de altos cargos.

Un clima de cierta tensión con los representantes de la oposición en general, y con el democristiano José Manuel García Margallo en particular, rodeó la intervención de Yáñez, quien admitió que la cooperación "no es perfecta". Tanto Yáñez como el presidente de la comisión, el socialista Ciriaco de Vicente, aseguraron que no es voluntad del Gobierno disminuir la ayuda que se presta a Guinea, aunque haya que

partir de bases nuevas: "No me gusta la expresión borrón y cuenta nueva (pronunciada recientemente por Obiang), pero sí la de empezar desde cero", dijo el secretario de Estado. Yáñez aseguró también, contra lo que afirmaban algunos miembros de la

oposición, que Francia no tiene gran interés en penetrar económica y políticamente en Guinea Ecuatorial, y así lo comunicó recientemente el ministro francés de Exteriores, Roland Dumas, al Gobierno español.

La sesión de ayer de la comisión, a la que hoy seguirá la elaboración de un informe "muy crítico con la actuación del Gobierno", según un representante nacionalista, se completó con las comparecencias de dos de los responsables de la cooperación con la ex colonia en el inmediato pasado, Enrique Bernaldo y Gabriel Abad. Ambos reconocieron la existencia de una contabilidad basada en el cambio del ekuele en el mercado negro y los insuficientes medios para un adecuado control de las cuentas, aunque afirmaron que ahora todo se encuentra ya en orden.

Corolario: el Banco Exterior de España permaneció en el Guinextebank mientras

hubo negocio ―no exactamente para el banco público español― y salió cuando la

situación se hizo insostenible y resultó patente la pérdida de influencia española

derivada del ingreso de Guinea en la Unión Aduanera de Estados de África Central

(UDEAC) y de la consiguiente substitución del ekuele por el franco CFA.

Desidia parlamentaria y desacierto gubernamental

La constitución en 1988 de la comisión parlamentaria ad hoc, mencionada en la

anterior nota de prensa, supuso una fecha clave: por fin se iba a investigar la acción

española en la ex-colonia. Un hito histórico en las relaciones hispano-

ecuatoguineanas que aproveché registrando, el 22 de junio, un Informe-denuncia en el

Congreso de los Diputados que tuvo notable impacto como muestra esta nota del

diario El País.

12

El ‘informe De la Rasilla’ Ana Camacho/Fernando Jáuregui El País, Madrid, 08.09.88.

El ex-delegado del programa universitario español en Guinea Ecuatorial, Luis de la Rasilla, envío el pasado mes de junio, un voluminoso informe a los diputados miembros de la Comisión de Estudio de la Cooperación entre España y Guinea Ecuatorial, denunciando no pocas irregularidades en la ex-colonia. El informe, en el que se acusa a la Administración española de “malversar” el dinero del contribuyente, de “engañar” a la opinión pública y hasta de “violar” derechos constitucionales, se convirtió ayer en el

principal testigo de cargo contra la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores y constituyó una constante munición en manos de los diputados de la oposición que interrogaron a Fernando Riquelme, director general de la Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial, y a Antonio Núñez, ex-embajador en el citado país. El informe De la

Rasilla, contra quien el Ministerio de Exteriores interpuso en su día una querella ante la Audiencia Nacional, sugiere que la situación en Guinea “ha tenido beneficiarios claros”, y cita algunos casos de muertes violentas sin aclarar, como el de la hermana Carmen

Samaranch, “quien a todas luces conocía perfectamente la corrupción" imperante. La querella del citado ministerio contra Díaz-Cueto se basaba en la acusación de no haber justificado parte del ejercicio económico de 1985 y de 1986, algo a lo que el delegado del programa universitario español en Guinea Ecuatorial se negaba al alegar que las justificaciones sólo deberían presentarse ante las autoridades universitarias.

El informe, y esto deseo destacarlo, estaba dedicado "A la Hermana Carmen

Samaranch Kirner, universitaria inteligente y honesta, asesinada, ante la

indiferencia del Gobierno y de las Cortes, por haberse atrevido a vencer la

complicidad del silencio. A todos los ciudadanos españoles que en Guinea

Ecuatorial, se han esforzado por acercar la utopía al presente. Al sufrido pueblo

ecuatoguineano, al que la España oficial tanto ha perjudicado”.

El hecho es que nueve largos años de despreocupación parlamentaria o, si se

prefiere, de preocupación superficial, con respecto a cualquier asunto de Estado es

demasiado tiempo para no encontrarse la casa revuelta. Y si, como fue el caso, a la

desidia parlamentaria se sumaba el desacierto gubernamental, la tarea resultaba tan

ingente y comprometida que se corría el riesgo, como ocurrió, de que todo quedase en

agua de borrajas.

Aunque la primera reunión formal de la Comisión tuvo lugar el 22 de junio de ese

año, las comparecencias no se iniciaron hasta después del verano. A partir de ese

momento todo lo relativo a la ex-colonia se convertía en titular candente, en gran

medida por la creciente costumbre del partido socialista, en el poder desde finales del

82, de usar a fondo su mayoría absoluta para bloquear cualquier intento de investigar

de manera efectiva la corrupción galopante que salpicaba al Gobierno de D. Felipe

González Márquez. A ese respecto resulta significativa la negativa del partido en el

Gobierno a mi comparecencia ante la comisión, solicitada por todos los grupos

parlamentarios. Negativa que tuvo un notable efecto boomerang al darme la oposición

la oportunidad de informar y de responder a sus preguntas, personalmente y en

presencia de los medios de comunicación, en una larga comparecencia oficiosa, en el

Edificio de los Grupos Parlamentarios, que tuvo una amplísima difusión mediática.

Reunión que, como editorializó el diario Ya, se interpretó como síntoma del

deterioro de las instituciones al reproducir en plena democracia un fenómeno del

franquismo tardío: las reuniones y asambleas de los “procuradores trashumantes”

fuera del recinto de las Cortes Orgánicas.

13

Un panorama desolador

A finales del verano del 88 las relaciones con Guinea Ecuatorial atravesaban una

fase especialmente delicada. El Congreso de los Diputados, al propiciar la posibilidad

de poner sobre el tapete parlamentario el bochornoso papel jugado por la

Administración española en uno de los escenarios más atrasados y corruptos del

mundo, despejaba el camino para la prosecución de una iniciativa que yo había

comenzado a gestar en Bata a principios de 1986: desenmascarar la connivencia con la

dictadura de Obiang de los sucesivos Gobiernos de la UCD y del PSOE y de ciertos

grupos económicos españoles y atajar cuanto antes un modelo de cooperación

desordenado, ineficaz y dispendioso que, por el volumen de recursos y el grado de

control e influencia que ejercía, interfería negativamente en la realidad socio-

económica, generaba una corrupción galopante y esterilizaba toda posibilidad de

autodesarrollo del país y de progreso hacia la democracia. A este respecto, el editorial

de El País del 28.02.88, es rotundo.

“La cooperación española ha sido y sigue siendo sensiblera, dispendiosa para el bolsillo del contribuyente y absolutamente inútil para el enderezamiento de la economía ecuatoguineana. Sería necesario examinar en profundidad el esfuerzo cooperador de

España, ejercido a través del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), para averiguar dónde están las raíces de tal fracaso, pero probablemente no le es ajeno un anti-imperialismo distorsionado y una política de ayuda a fondo perdido que excluye cualquier filosofía inversora seria”.

Lo cierto es que la cuestión guineana volvía a estar en el candelero. Y es que

cada cierto tiempo, como si de algo inevitable se tratase, desde siempre, la antigua

colonia irrumpía bruscamente en los hogares españoles: el dictador Macías, el golpe de

libertad, el oficialmente olvidado asesinato de la hermana Carmen Samaranch, el

grave incidente del sargento Micó, la extraña muerte de Martínez Líster al pie de la

escalerilla de un avión al que nunca subió, el terrible accidente del “Aviocar”, en enero

del 87. Sucesos excitantes que en la mente de los españoles relevaban al

recuerdo, ¿al desdén?, del anterior acontecimiento y, en el súbito alboroto,

conformaban paulatinamente la parcial, aciaga y confusa imagen de la antigua colonia

ecuatorial. Tras cada espectáculo que sobresaltaba a la opinión pública, fluía un

devenir y una realidad insólitos. Un día a día que configuraba la agitada historia de un

pueblo que no levantaba cabeza: un joven país, mal habituado por los antiguos amos,

ahora títere de la ineficaz y corrupta cooperación internacional liderada por España.

En la ciudad de Bata, capital de la región continental, acababa de ser encarcelado

el secretario general del Partido del Progreso, el abogado José Luis Jones Dougan

que, en compañía del dirigente opositor Severo Moto, había viajado a Malabo para

forzar la legalización de su formación política. A su vez, un elevado número de

disidentes, entre los que se encontraban algunos ciudadanos hispano-

ecuatoguineanos, fueron acusados de un supuesto intento de golpe de Estado. Por su

parte, la organización ecologista Greenpeace denunciaba a bombo y platillo los planes

gubernamentales de convertir la Isla de Annobom en un enorme basurero de desechos

tóxicos que, en un plazo de diez años, albergaría cinco millones de toneladas de

residuos radiactivos, como informaron oportunamente Ana Camacho y Tasio Camiñas…

Así estaban las cosas con respecto a ese pequeño país africano a finales del

verano del 88. Y es que aquel doce de octubre los restos maltrechos de las viejas

posesiones españolas del Golfo de Guinea cumplirían dos décadas de independencia.

Su crónica, en tantos aspectos anunciada, era una amarga mezcla de subdesarrollo y

paranoia. Un esperpento propiciado, a golpe de complicidad y desatino, por el

enjambre insaciable de demasiados nuevos colonos llegados de demasiadas

metrópolis. Un mes después de su independencia Guinea Ecuatorial se había

convertido en el 126 Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Sin

embargo, ya se habían cometido tantos errores históricos que su futuro se encontraba

14

seriamente hipotecado. Pero ¿alguien —como me preguntaba en aquel duro artículo

que el profesor Ramón Tamames me solicitó para el Anuario de El País del 88—

alcanzó a imaginar que, veinte años después, apenas unas horas en la antigua Santa

Isabel bastarían para dar rienda suelta al desaliento? Y es que, sometido a una

inaudita tensión entre la golosina y los ancestros, aquel pueblo pluriétnico era señor,

por supuesto, más también esclavo, de una geografía artificial y dispersa. Buena

gente, sin duda, que continuaba confiando en un futuro que, por incierto que se

vislumbrase, no atinaba a turbar el ritmo sosegado y pastoso de su sangre-yuca

africana. ¡Sería que eran jóvenes!

UNA REACCIÓN INDIGNADA

La voz de alerta o “Una voz en el desierto”

Desde que pisara por primera vez tierra guineana, a principios del 83, supe que

allí, ante aquella penosa e injusta realidad que se percibía por doquier, estaba mi

próximo reto. Primero, un ímprobo esfuerzo, apoyándome a fondo en el principio

constitucional de autonomía universitaria, por librar al programa de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia del irracional corsé de la cooperación española oficial

y tratar de convertirlo en una referencia de cooperación educativa modélica, con

centros dignos en Malabo y Bata y extensiones, asociadas a los centros de enseñanza

secundaria existentes, en toda la región continental. Luego, mi desigual contienda con

el petulante embajador-virrey, Antonio Núñez García-Sauco; el inicio de mi batalla

pública alertando personalmente al secretario de Estado de Cooperación Internacional

con motivo de su primera visita a Malabo y a Bata y, meses después, en una carta

abierta que publicó Diario 16, el 3 de junio de 1986, siendo aún director del

programa universitario español en Guinea, en la que escribí que ”El plan marco de

cooperación con Guinea que propone el embajador Núñez es irrealizable con la

estructura anquilosada de una Oficina de Cooperación que mantiene, curiosamente, a

la gente de siempre. Es un hábil montaje que arropa muchos y variados intereses.

Entre otros, el de un Gobierno teóricamente progresista que desea a toda costa salvar

la cara de algo que ha hecho tan mal como la UCD...”. Y recordaba “Que la

cooperación para el desarrollo es un deber internacional que compromete seriamente a

un Gobierno progresista. Por ello es un grave error ceder la responsabilidad de su

diseño y ejecución, como usted ha hecho, a quienes están dando pruebas de ser

profundamente reaccionarios”. Y le reté abiertamente. ”Aún está a tiempo. Revise el

desarrollo del plan marco de cooperación, abra una investigación sobre las

irregularidades que están sucediendo en la cooperación española en Guinea Ecuatorial

y, ¿por qué no?, atrévase a iniciar una auditoria que aclare lo que ha pasado desde que

llegamos aquí en agosto del 79”.

Una cruzada en toda regla

La cruzada en toda regla para denunciar al Gobierno español, una

apasionante aventura de “orfebrería política”, como la calificaría años después el

diputado vasco Iñaki Anasagasti, me ocupó plenamente desde el verano del 86

hasta finales del 89. Quejas al Defensor del Pueblo. Imperiosa reclamación del

inaplazable estatuto del cooperante para dignificar la incipiente cooperación

española. Continuo y siempre tenso trabajo en los medios de comunicación para

sensibilizar a la opinión pública y desmontar y acallar la sarta de graves calumnias

vertidas por el secretario de Estado Luis Yáñez y sus colaboradores. Constitución de la

Asociación de Amigos de Guinea Ecuatorial. Promoción y, en buena medida

financiación, de la iniciativa Expedición Mil km de Amistad del verano del 87 que,

junto con algunos enviados de los medios de comunicación, RNE entre otros,

recorrimos Guinea Ecuatorial para mantener vivo el interés de la opinión pública sobre

sus dificultades y expectativas. La larga lista de comprometidos artículos en la prensa

15

nacional. Dos informes al Congreso de los Diputados. En fin, mis fructíferas

entrevistas con Obiang en París, recogida por la prensa, y en Malabo. Esta

última el día de Fin de Año de 1988, en la que, como relato con detalle en mi novela

Noticia de un amanecer fugaz, le puse al corriente de las gestiones en curso en torno a

preparación del documento que, dos semanas después, sería la Declaración de Madrid

(a la que aludiré en la última parte) y contribuí, decisivamente creo, a adelantar varias

semanas la salida de prisión de mi recordado amigo José Luis Jones Dougan, ya

acordada con el Gobierno español.

Represalias

Las represalias no se hicieron esperar. El gran batiburrillo de socialistas de

pacotilla, pillos y prepotentes oportunistas en que, día a día, parecía transformarse el

PSOE, era incapaz de digerir que ellos también podían equivocarse. Y cuando, en el

cenit de su poder político, sus prebostes o sus paniaguados eran pillados en el error y

la incompetencia o, simplemente, atrapados con las manos en la masa, la falta

generalizada de convicciones y de solidez democrática sólo les permitía reaccionar

como habían mamado en la dictadura franquista: demonizando a quienes les

criticaban. En los medios, en el Congreso de los Diputados o donde fuese menester. Y

si eso no bastaba, reprimiendo sin escrúpulos y con técnicas inconfesables la osadía de

atreverse a retarles en el coso. No me arrepiento de haberlo hecho tirando a dar,

desde la cuneta de la izquierda, a un poderoso paisano cuyos únicos méritos para ser

secretario de Estado de Cooperación Internacional era, lo reitero, formar parte del

conocido clan sevillano “de la tortilla”, que acababa de hacerse con el control absoluto

de la maquinaria del Estado.

Un primer cese encubierto por parte de Exteriores, del que es exponente la carta

remitida por la rectora Elisa Pérez Vera al subsecretario del departamento,

tensó las relaciones con mi universidad y trascendió a los medios de comunicación.

El cese definitivo impuesto de facto a la UNED gracias a una treta inicua, urdida por

Yáñez, los diplomáticos Núñez y Riquelme y el ministro de Aguas y Bosques, Angel

Alogo, que, servil como era, se prestó a comunicar al rectorado una supuesta amenaza

de expulsión del país del director de su programa. Expulsión pronto desmentida por

orden del propio presidente Obiang, según consta en el insólito documento que cito y

aporto. A partir de ahí dos largos e intensos años de represión política sin cuento

cuyos elementos más destacables fueron sendas falsas denuncias por parte de

Exteriores: una ante la Audiencia Nacional y otra ante el Tribunal de Cuentas. Y digo

falsas porque lo puede probar gracias a la honestidad de la rectora Elisa Pérez Vera y

al apoyo desinteresado de dos buenos amigos y prestigiosos letrados: Juan José Sanz

Delgado y Jaime Gil-Robles. Y es que, como quedó demostrado —y el lector puede

confirmarlo abriendo estos enlaces — ambas instancias las sobreseyeron. Lo

cierto era que no sólo había justificado correctamente los gastos del programa de la

UNED en Guinea, sino que la Junta de Gobierno de la universidad reconoció y me

abonó la deuda contraída conmigo por haber adelantado de mi propio peculio, durante

el tiempo que fui director del Programa de la UNED en Guinea, casi dos millones de

pesetas de la época para asegurar su normal y regular funcionamiento —y el lector

también puede acceder a ese documento insólito abriendo el enlace—.

Una confesión personal

Y al hilo de lo anterior me permitiré hacer una breve confesión personal.

Ciertamente no me resultó agradable, en la década de los setenta, ser multado por el

Gobernador Civil de Madrid; ni ser procesado y condenado en dos ocasiones por el

Tribunal de Orden Público franquista; ni pernoctar varias veces en los siniestros

calabozos de la Puerta del Sol; ni pasar un total de casi siete meses en mis tres visitas

a la tercera galería de la Cárcel de Carabanchel; ni, por supuesto, ser destinado a una

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compañía de castigo durante el servicio militar sólo por el mero hecho de haber

manifestado mis ideas y ejercido mis funciones de representante estudiantil, pero me

resultó mucho más dolorosa, con diferencia, la experiencia vivida en los ochenta a la

que me acabo de referir. Represión política arbitraria, injusta y, sobre todo, impune,

que alteró profundamente mi vida personal y familiar. Ejecutada en plena democracia

por personajes obscuros, oportunistas y reaccionarios como Antonio Núñez-García-

Sauco y Fernando Riquelme Lidón que, no obstante, han gozado de la condición de

embajadores de España. O por mi paisano Luis Yáñez Barnuevo, que tras su anodino

paso por Asuntos Exteriores, nos representó sin pena ni gloria ―elegido, es cierto, por

los votantes socialistas― en el Parlamento Europeo. Y algunos otros, subalternos o no,

de aún peor ralea y condición si cabe, a los que o no conocí o que ni siquiera son

merecedores de este recuerdo. Claro que lo esencial, lo que finalmente compensa

cualquier inconveniente de este tipo, es que ni así lograron apartarme ni un milímetro

de mis dos objetivos esenciales: forzar la convocatoria de una investigación

parlamentaria que pusiese coto a los desmanes españoles en la ex-colonia y promover

la articulación de una nueva cooperación progresista al servicio del autodesarrollo y de

la libertad.

INICIATIVAS FRUSTRADAS

Un II Informe al Congreso de los Diputados

Tras el notable eco mediático de mi primer informe-denuncia al Congreso de los

Diputados consideré, parafraseando a Mongo Beti, como es sabido uno de los

pensadores más críticos de la corrupción y la mala gestión de las dictaduras

africanas, que movida la primera piedra, debía proseguir el esfuerzo para mover la

montaña. Lo esencial era evitar que la política exterior española volviese a errar

tan groseramente. Y para contribuir a ello, el 24.10.88 registré en la Cámara Baja

y entregué personalmente a los miembros de la Comisión un segundo informe

titulado Propuestas para una cooperación alternativa al servicio de la democracia y

del autodesarrollo de Guinea Ecuatorial.

Al confirmar la comisión parlamentaria que el último episodio de la historia de las

relaciones entre España y Guinea había sido un nuevo cúmulo de errores y traspiés

resultaba esencial no errar en la siguiente decisión. Por ello, si mi primer informe-

denuncia al Congreso trató de desenmascarar la complicidad con la dictadura

nguemista y atajar un modelo de cooperación que había violado gravemente el

derecho internacional del desarrollo, al interferir de modo negativo en la realidad socio-

económica de un Estado soberano con consecuencias difícilmente reparables, el

segundo se centraba en un conjunto de propuestas orientadas a poner coto al

gravísimo nivel de corrupción que soportaba el país y a asegurar una cooperación

eficaz al servicio de la libertad y del respeto a los Derechos Humanos.

Retomar la iniciativa e insertar la cooperación en un marco multilateral eficaz

El primer requisito para ello, desde una óptica progresista, era retomar la

iniciativa internacional propiciando una cooperación multilateral. Y me apoyaba

para ello en el espíritu, al menos teórico, que animaba el Acta Única Europea y, por

supuesto, en el de todas las resoluciones de la ONU que habían dado cuerpo al

incipiente derecho Internacional del Desarrollo. Guinea Ecuatorial, como otros

muchos países del Tercer Mundo, no podía permitirse el lujo de ser mendigo

obligado a venderse al mejor postor, ya que la competencia entre los intereses de

los Estados y la descoordinación de sus acciones de cooperación al desarrollo no

tienen justificación en un mundo interdependiente. De ahí que, aunque sólo fuese

por su total descoordinación con el resto de los esfuerzos internacionales en pro de

Guinea, el Plan Marco de Cooperación Hispano-Ecuatoguineano, entonces en vigor,

17

pero que ni siquiera era aceptado ya por el gobierno de Obiang, resultaba

absolutamente inviable. Lo que no significaba que gran parte de su contenido no

resultase útil si, tras revisiones profundas, se enmarcaba dentro de un proyecto de

cooperación multilateral. Y en ese sentido propuse una estrategia con su

correspondiente modus operandi.

Estrategia y modus operandi

La estrategia incluida en mi II Informe al Congreso de los Diputados consistía

en: diseñar una iniciativa o anteproyecto español para la adopción de un plan

comunitario de cooperación al autodesarrollo y a la libertad en Guinea Ecuatorial;

propiciar en el seno de la Comisión europea, aprovechando la Presidencia española,

su elaboración, a partir del anteproyecto español; y lograr que Bruselas convocase

una nueva Conferencia de Donantes en el marco de Naciones Unidas para

coordinarlo internacionalmente. Y ello con el siguiente modus operandi: 1)

Constitución con carácter inmediato, en el seno de las Cortes, de un órgano ad hoc

con funciones de iniciativa, estudio, asesoramiento y control en materia de

cooperación con Guinea, integrado por diputados y/o senadores y asistida por los

responsables gubernamentales en la materia y por expertos propuestos por los

partidos parlamentarios. 2) Elaboración de la referida Iniciativa o anteproyecto

español para la adopción del referido Plan comunitario. 3) Aprobación

parlamentaria. 4) Propuesta a la Comisión y al Parlamento Europeos de la

Iniciativa o anteproyecto español para la adopción de un Plan comunitario de

cooperación al autodesarrollo y a la libertad en Guinea Ecuatorial. 5) Participación

en los trabajos del órgano ad hoc constituido en el seno de ambas instituciones

comunitarias. 6) Negociación del Plan europeo para Guinea Ecuatorial en el

Consejo de Ministros de la Comunidad y respaldo al mismo en el seno del

Parlamento Europeo. 7) Actuación, en los términos acordados, en el marco de la

Conferencia de Donantes de la ONU. 8) Ejecución.

En cuanto a la que denominé Iniciativa o anteproyecto español para la

adopción de un Plan comunitario de cooperación al autodesarrollo y a la libertad en

Guinea Ecuatorial añadí que, además de suplir todas las lagunas de nuestra

cooperación detectadas en los trabajos de la Comisión y, por supuesto, además de

recurrir a los mecanismos imprescindibles ―ONG, estatuto del cooperante,

cooperación con participación empresarial, etc.― ésta debería girar en torno a un

principio que sometí a la consideración de sus señorías.

Una cooperación al servicio del retorno de los guineanos del exilio

Y ello porque hacía tiempo que no tenía la menor duda de que la clave del

futuro de Guinea radicaba en el retorno de los guineanos en el exilio y en su

incorporación, especialmente de los cuadros técnicos, a la vida social, cultural y

político-económica de su país. De ahí mi propuesta de elaborar un Plan de

retorno de los exilados a Guinea Ecuatorial que debería afrontarse inmediatamente

en el seno del órgano parlamentario propuesto. ¿Cómo? La dificultad estribaba en

los innumerables obstáculos que planteaba al efecto un país que no gozaba, ni goza

aún, de la más mínima seguridad jurídica y que, en aquella época, no había puesto

en marcha ni siquiera un atisbo de proceso productivo. No obstante, hice algunas

sugerencias que posteriormente resultarían útiles en la vía civil que emprendimos

cuando el Congreso de los Diputados hizo caso omiso a mis propuestas. Entre

ellas: 1) Auspiciar y posibilitar financieramente los contactos necesarios entre los

portavoces de las distintas etnias, partidos políticos, asociaciones y colectivos

profesionales guineanos presentes en España y en el extranjero con miras a facilitar

la organización de la representación de los guineanos residentes fuera de Guinea

llamados a participar en las negociaciones. 2) Actualizar y/o conocer el censo de

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quienes deseaban regresar; de los cuadros técnicos disponibles; el inventario de

proyectos empresariales, culturales, educativos, etc. existentes; las condiciones y

requisitos exigidos; las posibles alternativas y soluciones… 3) Recurrir con

imaginación a fórmulas y mecanismos de cooperación específicos para posibilitar el

retorno, dando prioridad: a la inclusión generalizada en los programas de

cooperación de la contratación, en los términos más adecuados, de los cuadros

técnicos guineanos disponibles; al desarrollo y financiación de los proyectos

empresariales que facilitasen el retorno de los guineanos. Y todo esto en estrecha

colaboración con las ONG, los mecanismos del Convenio de Lomé, como el Centro

de Desarrollo Industrial (CDI) dirigido a promover la creación de empresas mixtas

en los países ACP, las diversas corporaciones financieras de cooperación al

desarrollo, etc. 4) Condicionando, y logrando que se hiciese internacionalmente,

toda la ayuda al desarrollo a la aceptación inmediata, por parte del Gobierno

guineano, de la negociación del referido Plan de retorno. 5) Organizando

concienzudamente las tareas de mediación entre el gobierno de Guinea y el

colectivo del retorno. 6) Disponiéndose a garantizar efectivamente, durante el

tiempo necesario y en los términos que se conviniesen entre las partes, la

necesaria cobertura y el respaldo jurídico-político y financiero, tanto de los

individuos, como de los proyectos empresariales acogidos al Plan de retorno, etc.

Guinea Ecuatorial país hispánico

El que España, jugando a fondo la baza comunitaria, propiciase el apuntado

esfuerzo coordinado de la comunidad internacional en pro del autodesarrollo y la

libertad en Guinea Ecuatorial, no relevaba a nuestro país de diseñar y ejecutar

eficazmente ―y sugerí, al efecto, contar con los restantes países de la Comunidad

Hispánica― un Plan para la promoción de Guinea Ecuatorial como país hispánico

que, obviamente, incluiría una parte sustancial de los aspectos educativos,

culturales y lingüísticos que contemplados en el vigente Plan marco de cooperación.

En la senda de la Declaración y del Pacto de Madrid

Dos hechos: que el Congreso de los Diputados hiciese caso omiso a este

conjunto de iniciativas y la aparición en escena de una gran luchadora, Clara López

de Letona, que conocía mis denuncias y se interesó por mis propuestas, abrieron la

senda a un amplio esfuerzo colectivo. Persona muy activa en el seno de la

sociedad civil organizada, que tenía las claves para que mi tarea de francotirador

diese paso a una nueva fase de trabajo compartido. Su generosidad, sentido

práctico, habilidad política y buen hacer contribuyeron decisivamente, tanto a

sumar a nuestra lucha el inestimable asesoramiento y apoyo logístico del Instituto

de Estudios Políticos para América Latina y África, dirigido por Carmelo García;

como a favorecer la imprescindible implicación de la oposición guineana en España

y de las llamadas organizaciones culturales. Diré más, sin Clara no habría sido

posible sacar adelante la Declaración de Madrid para la democratización y el

autodesarrollo de Guinea Ecuatorial, de 12.01.89, que propuso el inicio de

conversaciones con el Gobierno de Obiang e invitó a España a actuar como

activadora del proceso democratizador. Declaración, firmada por todos los partidos

y grupos políticos de la oposición y las principales asociaciones culturales y

profesionales ecuatoguineanas: Frelige, Molifuge, Partido del Progreso de GE, Unión

Popular Eriana, Organización de técnicos y profesionales guineanos en españa

(OTEPGE), Asociación Cultural de Guineanos de Levante, Asociación Cultural Unión

de la Hispanidad…

19

El Pacto de Madrid

El Pacto de Madrid, de marzo de 1989, que siguió a la citada declaración

homónima, fue la expresión del compromiso de estímulo y respaldo de los

demócratas españoles ―no de todos― a los demócratas ecuatoguineanos, pero

no me detendré en detallar el conjunto de textos y protocolos que incluía, ya que

pueden ser consultados en el texto que se cita, firmado en una dependencia

del Congreso de los Diputados, en marzo de 1989. Sí transcribiré, sin embargo,

cómo Álvaro Díaz-Cueto, el protagonista de Noticia de un amanecer fugaz,

explicaba a sus interlocutores el sentido profundo que lo inspiró.

… Aquel último sábado de agosto, tras algunas explicaciones técnicas al pie de la

avioneta, Ágata, con un mono de piloto que le habían prestado, caminó hacia el hangar del Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal de Macas en el que Naylea, Ayman y Álvaro aguardaban al Dr. Isaba para acompañarle a pasar consulta en la pequeña población de Taischa, cabecera del cantón homónimo fronterizo con Perú, perteneciente a la

provincia ecuatoriana de Morona Santiago…

—¿En qué consistía aquel plan? —quiso saber Ágata aún a sabiendas de que él aprovecharía la ocasión para enrollarse. ―El Pacto de Madrid era la expresión del compromiso de estímulo y respaldo de los demócratas españoles a los demócratas guineanos y se concretaba en un instrumento de cooperación política flexible basado en una estrategia que conjugaba cuatro principios: retorno en libertad, diálogo oposición-gobierno, cooperación

condicionada y mantenimiento de la hispanidad. A continuación, Álvaro aportó una serie de datos que procedían de una información proporcionada por la Organización de técnicos y profesionales guineanos en España (OTEPGE). Que había 727 ciudadanos de origen ecuatoguineanos graduados en España desde 1969. Que 74 de estos poseían título universitario superior y 332 de grado medio, mientras que los restantes habían finalizado la

formación profesional u otros estudios. Que 67 tenían más de una titulación y 121 eran funcionarios de la Administración española. Que habían regresado a Guinea 91 y sólo tres contratados como cooperantes. Que sólo con este número Guinea, en proporción a su extensión y población, era uno de los países africanos mejor dotados. Y que, dado que más del 80 por ciento de toda la ayuda al desarrollo debe destinarse a

sufragar los salarios de los expertos extranjeros que cubren la falta de personal local cualificado, la aceptación del principio del retorno obligaba a diseñar con imaginación y

financiar con generosidad la ejecución de un plan al respecto. ―Sí, Ágata, el principio del retorno era esencial. ¿O cabe pensar que es viable

un Estado cuando más de la tercera parte de su población y, entre ella, el 85% de sus intelectuales, cuadros técnicos y mano de obra cualificada viven en el exilio? El diálogo oposición-Gobierno ―continuó Álvaro― constituía la única vía para aplicarlo. La primera tarea del Pacto de Madrid era el logro de una ronda de conversaciones Obiang-guineanos del exterior con la mediación de todos los partidos políticos

españoles y las ONG firmantes, que sería la antesala de la constitución efectiva de una mesa de negociación en torno a un plan de apertura democrática y despegue económico. Y yo, recién llegado de Malabo, tenía datos para afirmar que eso era alcanzable a corto plazo.

—¿Qué datos? —Deseos más que fundamentos objetivos; su afán voluntarista por sacar

adelante aquel plan volvió a traicionarle —sentenció Ayman. —Debió ser así a juzgar por lo sucedido hasta la fecha.

—No te quepa la menor duda, Ágata. La llave maestra del plan era la aceptación por los países donantes, al menos por España y Francia, del principio de la cooperación condicionada. Sólo el cumplimiento riguroso por parte de Obiang del calendario de reformas que se hubiese acordado abriría el grifo de una financiación del despegue guineano internacionalmente coordinada.

—Pero ese suponía un riesgo que ni Felipe González, ni Mitterrand, estarían dispuestos a correr —comentó la chica, dando muestras de su fina percepción del problema ecuatoguineano.

—Y yo debí suponerlo tras el revelador comentario de Obiang en aquella entrevista en Malabo el día de fin de año del 88.

—¿Qué te dijo?

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—Me recordó que en la audiencia que nos concedió en el Hotel de Crillon de París

a José Luis Sanz, el periodista de “El Independiente”, y a mí, yo le había hablado de la conveniencia de hacer gestos de apertura política…

—¿Te atreviste? —interrumpió Naylea, sorprendida. —Sí. La ONU se disponía a celebrar en Ginebra una nueva Conferencia de Países

Donantes y estaba convencido de que Obiang sólo conseguiría la financiación que

necesitaba mostrando una nueva imagen. —Y lo que le confesó —se adelantó Ayman— es que había obtenido todo lo que

pretendía sin haber hecho la más mínima concesión en ese sentido. —Lo recuerdo perfectamente: arqueó los ojos y extendió sus brazos

mostrándome las palmas de sus grandes manos para expresar con elocuente cinismo el “ya ve usted… ¿qué puedo hacer?” de quien sabía que otros más poderosos le

necesitaban en el puente de mando. —Pero eso significaba que… —Contaba con el respaldo internacional. —Pero se trataba de un dictador. —Y qué importaba, Naylea. Obiang, dadas las circunstancias del país, era el mal

menor. ¿Quién iba a poner cortapisas al único guineano que había dado muestras

fehacientes de su aptitud para desempeñar con garantía el rol de carcelero de un

pequeño enclave africano que pronto dispondría de ingentes cantidades de petróleo? —Eso no se sabía entonces. —¿Tú crees, Ágata? Esa podría ser una buena pregunta para tu tío el príncipe Jaled Al Saud y tu primo Said. —Ayman tiene razón —terció Álvaro—. Esa es la verdadera clave para entender la larga permanencia en el poder de la segunda dictadura Nguemista. —Y si era así ¿qué sentido tenía vuestra iniciativa de Pacto de Madrid?

―Todo. Comprende Ágata que si Obiang se las había arreglado para que se le considerase la única garantía de mantener bajo férreo control a aquel prometedor país de apenas medio millón de habitantes la solución no podía ser el golpe de Estado que preconizaban algunos incautos. —¡Ah, no! —Carecía de sentido substituir a un dictador por otro que, dadas las

circunstancias, sólo podría haber sido otro nguemista fang menos experimentado. —¿Acaso no había demócratas? —Los había, sin duda, pero en ese momento ninguno capaz de aglutinar a

todo el pueblo guineano y liderar su desarrollo. —¿Quieres decir que sólo Obiang podía hacerlo? —Digo que sólo esa dictadura nguemista evitaba el previsible estallido del latente conflicto de intereses étnicos y tribales que, por amenazar la convivencia

entre los guineanos de la época, comprometía los intereses extranjeros en presencia. —¿Y cómo pensabas resolverlo? —Como todo en la vida: con tiempo, audacia política y mucho sentido común. Por lo pronto, la voluntad de la oposición guineana de recurrir al apoyo y confiar en la mediación española constituía un buen pretexto para intentarlo y reforzar la hispanidad.

—Cuenta. —Lo haré, Ágata, no lo dudes, pero eso ya será en Quiebra el Albor. Y ahora llévanos a la selva amazónica en ese pájaro. —Eladio gesticulaba impaciente para que se acercasen; el mensaje que acababa de recibir le anunciaba la inminente llegada al aeropuerto de su jefe…

Fue a Severo Moto al primero que le hablé de la idea que estaba fraguando. Fue

desayunando en el hotel de San Sebastián en el que nos había alojado la Televisión

Vasca la víspera de un programa en directo en el que nos iban a entrevistar. Recuerdo

que le dije que era esencial crear condiciones en España para que los dirigentes de la

oposición guineana en el exilio y también, recalqué, los de las organizaciones

culturales, pudiesen asesorarse, trabajar y debatir entre ellos en condiciones dignas.

Una estructura colectiva y plural, abierta a todas las ideologías, que debería ser el

caldo de cultivo de un conjunto de líderes demócratas capacitados para aglutinar al

pueblo ecuatoguineano. Y ese era el sentido que tenía la inclusión en el Pacto de

Madrid de una Secretaría Permanente cuya sede, debía ser facilitada ―léase

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financiada― durante turnos trimestrales por las organizaciones firmantes. Por tanto, y

en esto estribaba su originalidad, no se trataba sólo de iniciar negociaciones con

Obiang, sino de crear, con el debido respaldo de los demócratas españoles, las

estructuras imprescindibles para articular una alternativa, consistente y reconocida

internacionalmente, a la segunda dictadura nguemista. Y eso nada tiene que ver con

la práctica al uso de limitarse a apoyar, por presuntas afinidades políticas, a supuestos

líderes no debidamente contrastados.

CONCLUSIÓN

Esta crónica del innegable fracaso histórico en Guinea Ecuatorial de la España

oficial de los años ochenta ante el que siempre se ha considerado un “tema menor” de

nuestra política exterior revela el pésimo resultado de uno más de los elementales test

que no supo superar nuestra incipiente democracia. Y no cabe esgrimir, ni por los

Gobiernos, ni por los representantes políticos, como se hizo, argumentos de buenas

intenciones o de generosidad para eludir impunemente la responsabilidad política,

¿penal?, de actuaciones onerosas para el erario público que tuvieron, y siguen

teniendo, consecuencias nefastas para el pueblo ecuatoguineano. Errores que

enquistaron y aplazaron sine die conflictos cuya solución sólo requería algo de

imaginación, mucho sentido común, tolerancia cero con el rebrote de rancios

hábitos coloniales y cierta dosis de humildad política para atender las sugerencias

ciudadanas. Esto no ocurrió en relación con la política exterior española en relación

con Guinea Ecuatorial y ahí están las consecuencias casi tres décadas después.

Personalmente estoy convencido que la iniciativa colectiva que alumbró la incumplida

estrategia que subyacía al Pacto de Madrid fue otra oportunidad perdida. Seguro que

hacer fermentar aquel caldo de cultivo nos habría llevado tiempo, pero probablemente

menos y con más éxito y, sobre todo, futuro, que lo intentado hasta la fecha.

Desconozco que pasó finalmente con aquel conjunto de iniciativas consensuadas en

interminables reuniones en la sede de Iepala. Arruinado, pero ni cansado, ni

doblegado, tras tan intensa cruzada tuve que abandonar Madrid en 1990 y refugiarme

en una casa de mi familia en una playa del sur de España. Y lo cierto es que hasta que

el profesor Juan Aranzadi me propuso participar en este III Seminario nadie mostró en

todo este tiempo el menor interés en invitarme a participar en ninguna actividad

relacionada con Guinea Ecuatorial. Así que pregúntenle al presidente González

Márquez qué le llevó a desmontarlo y a los representantes ecuatoguineanos en el

mismo qué les ofreció a cambio tan hábil embaucador.

Madrid, enero de 2017.