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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y ENTIDADES ADSCRITAS

AL SECTOR ADMINISTRATIVO DE JUSTICIA NOVIEMBRE 2014 - OCTUBRE 2015

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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MINISTERIO DE JUSTICIAY DEL DERECHO, 2015

Calle 53 No. 13 -27Bogotá, D.C.PBX: 4443100

www.minjusticia.gov.co

Derechos exclusivos de publicacióny distribución de la obra

YESID REYES ALVARADOMinistro de Justicia y del Derecho

ANA MARÍA RAMOS SERRANOViceministra de Promoción de la Justicia

CARLOS MEDINA RAMÍREZViceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa

ÁLVARO GÓMEZ TRUJILLOSecretario General

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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y

ENTIDADES ADSCRITAS AL SECTOR ADMINISTRATIVO DE JUSTICIA

EQUIPO DIRECTIVOMinisterio de Justicia y del Derecho

Margarita OteroGrupo de Asuntos Legislativos

Paula López VargasGrupo de Comunicaciones.

OFICINAS DEL DESPACHO

Carolina MurilloOficina Asesora Jurídica

Isaías Sánchez RiveraOficina Asesora de Planeación

Jorge Sanin PomboOficina de Asuntos Internacionales

Gloria Margot Cabrera RubioOficina de Control Interno

Suzy Sierra RuizOficina de Información en Justicia

VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

Javier Andrés FlórezDirección de Política de Lucha contra las Drogasy Actividades Relacionadas

Catalina Díaz GómezDirección de Justicia Transicional

Gloria Marcela Abadía CubillosDirección de Política Criminal y Penitenciaria

VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

Adela del Pilar Parra GonzálezDirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Ramiro Vargas DíazDirección de Justicia Formal y Jurisdiccional

Fernando Arévalo CarrascalDirección del Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

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SECRETARÍA GENERAL

Luis Ernesto OspinaSubdirección de Sistemas

Libardo Gauta RincónGrupo de Control Disciplinario Interno

Alfredo Gomez ArboledaGrupo de Gestión contractual

Luis Ernesto OspinaGrupo de Gestión Administrativa

Uriel RamirezGrupo de Gestion Financiera y Contable

Camilo Sarmiento GarzonGrupo de Gestión Humana

Sandra Torres RiosGrupo de gestión documental

ENTIDADES ADSCRITAS

Claudia Alejandra Gélvez RamírezDirector de la Unidad de Servicios Penitenciariosy Carcelarios (Uspec)

Adriana María Guillén ArangoDirectora de la Agencia Nacional de DefensaJurídica del Estado

Brigadier General Jorge Ramírez AragónDirector del Instituto Nacional Penitenciarioy Carcelario (Inpec)

Jorge Enrique Vélez GarcíaSuperintendente de Notariado y Registro

MINISTERIO DE JUSTICIAY DEL DERECHO, 2015

Calle 53 No. 13 -27Bogotá, D.C.PBX: 4443100

www.minjusticia.gov.co

Derechos exclusivos de publicacióny distribución de la obra

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CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN

1.1. Justicia transparente y de calidad

1.1.1. Reforma de Equilibrio de Poderes y a la Administración de Justicia

1.1.2. Agenda Legislativa 1.1.3. Principales Decretos Expedidos1.1.4. Veintiséis (26) Proyectos Especiales o Iniciativas Estratégicas1.1.5. Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procura-

dores o Fiscales Generales de las Américas - REMJA

2. OFICINAS ASESORAS DEL DESPACHO

2.1. OFICINA DE CONTROL INTERNO

2.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.

2.3. OFICINA ASESORA JURIDICA

2.4. OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

2.5. OFICINA DE INFORMACIÓN EN JUSTICIA

3. VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA3.1. Menos normas y más claras

3.2. Justicia más cercana al ciudadano

3.3. Justicia al servicio de la convivencia pacifica- fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolucion de conflictos

3.4. Acceso a la justicia con enfoque diferencial

4. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA4.1. Política Contra las Drogas

4.2. Justicia Transicional

4.3. Política Criminal y Penitenciaria

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5. SECRETARIA GENERAL5.1. Principales resultados en el Fortalecimiento Institucional del Ministe-

rio de Justicia y del Derecho

5.2. Políticas de Ahorro

5.3. Políticas de Desarrollo Administrativo y de Bienestar

6. ENTIDADES ADSCRITAS6.1. Superintendencia De Notariado y Registro - SNR

6.2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

6.3. Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado - ANDJE

6.4. Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Y ENTIDADES ADSCRITAS AL SECTOR ADMINISTRATIVO DE JUSTICIA

NOVIEMBRE 2014 - OCTUBRE 2015

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1. PRESENTACIÓN

Al asumir el reto de diseñar estrategias que hicieran de la justicia un servicio cercano al Ciuda-dano y que dieran respuesta a los problemas cotidianos de las personas, dibujamos un mapa que le ayudará al Ministerio a alcanzar los objetivos trazados.

Nos propusimos desarrollar una batería de veintiséis (26) proyectos que en conjunto, dejan un terreno propicio para que la administración de justicia sea el cimiento en el que se fundamente la paz. Proyectos que le apuntan a facilitar el acceso, a mejorar el servicio y a promover una cultura de convivencia ciudadana apoyada en el diálogo como único mecanismo para dirimir las controversias.

Ese mapa nos ha permitido llegar a regiones del país donde el acceso a la justicia era todavía una quimera. Jornadas móviles de atención y orientación a víctimas en un municipio diferente cada semana, jornadas de Casas de Justicia en las veredas, acceso a mecanismos de justicia de mujeres víctimas de delitos sexuales, programas de prevención de consumo de drogas en pueblos y ciudades, apoyo a proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en 17 departamentos y la posibilidad de resolver los conflictos como apoyo de más de 31.000 conciliadores en equidad y en derecho sirviendo a todo el territorio nacional, hacen parte de esa apuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho por abonar un terreno propicio donde la paz comience por el reconocimiento de los derechos de todos.

Estos son algunos de nuestros principales logros sumados a los resultados de nuestras entidades adscritas, todos ellos producto de una administración transparente con un manejo austero y efi-ciente de los recursos. Entendemos que solo así, cuidando el presupuesto público y trabajando exclusivamente en función de la justicia es como logramos construir un nuevo país.

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1.1. Justicia transparente y de calidad

1.1.1. Reforma de Equilibrio de Poderes y a la Administración de Justicia

Luego de la aprobación por el Congreso de la Republica del Acto Legislativo No 02 de 2015 “Por el cual se dicta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, el Ministerio realizó un proceso de consulta participativa y de recolección de insumos a nivel nacional, dirigido a la construcción de la Reforma de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, cuyo proyecto fue radicado ante el órgano legislativo el pasado 30 de septiembre.

Con este propósito, se viene liderando la realización de foros regionales en distintas ciudades del país, como Ibagué, Manizales, Medellín, Pasto, Yopal, Barranquilla, Bogotá, Buga, Popa-yán, Palmira, Rionegro, Cartagena, Riohacha, Florencia y Cali, los cuales han contado con la participación de empleados y funcionarios judiciales, miembros de la academia, centros de pensamiento, centros de investigación, estudiantes, abogados litigantes, colegios de abogados, organizaciones sindicales, expertos en administración de justicia y usuarios en general.

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1.1.2 Agenda Legislativa

Con el propósito de darles impulso a diversas iniciativas para hacer del sistema de justicia de mayor calidad, pronta, eficiente y al alcance de todos, desde el Ministerio de Justicia y del Derecho se resalta la importancia de mantener una efectiva comunicación con el Congreso de la República, con miras al fortalecimiento de los lazos de confianza e interacción con los ciu-dadanos, proponiendo diversos proyectos que tengan impacto en el mejoramiento del acceso y de la convivencia de las personas en una sociedad con una justicia puesta al servicio de la reconciliación.

Gracias a estos objetivos, la gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho muestra resultados satisfactorios tras el trabajo realizado en el Congreso de la República, presentando un balan-ce del período legislativo comprendido entre el 20 de junio de 2015 y el 16 de diciembre de 2015.

Los proyectos de ley radicados por el Ministerio de Justicia y del Derecho en Cámara y Senado durante el referenciado período legislativo, fueron dedicados a temas de reforma al Código de procedimiento Penal, Código Penal y alternativas de financiamiento de la rama judicial, la reforma constitucional de equilibrio de poderes, estatutaria de administración de justicia y comisión de aforados.

En aras de brindar una mayor información, mediante cuadro resumen podrá encontrar cuáles de las iniciativas del Ministerio de Justicia se encuentran en trámite y cuáles se han convertido en Ley de la República e igualmente, se da una mirada puntual a estos logros que redundarán en una justicia más efectiva para el país.

i. P.L. 159 de 2014 Cámara- 60 de 2015 Senado “Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción”.

• Análisis: Este proyecto fue radicado el 31 de octubre de 2014 en la Secretaría Ge-neral de la Cámara de Representantes.

• Estado: Actualmente se encuentra pendiente de darle el último debate en Plenaria de Senado.

• Síntesis del proyecto: En mayo de 2013 Colombia fue invitada a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta orga-nización tiene el objetivo de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Entre el cúmulo de buenas prácticas que Colombia debe implementar antes de unirse a la OCDE, se encuentran aquellas contempladas en la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

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Como parte del objetivo trazado con la presentación del proyecto de ley al Congreso se cumplió el objeto implementar esa convención. Para esos efectos, se estableció un régimen de responsabilidad administrativa para las personas jurídicas que hayan incurrido en soborno transnacional y modifica el tipo penal de soborno transnacional. Algunas de las normas de la presente ley modifican la Ley 1474 de 2011, también conocida como Estatuto Anticorrupción, la cual fue revisada por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE. .Con esta ley se logran dos grandes ajustes:

a. Deroga el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 y en su lugar establece un régimen sancio-natorio para todas las personas jurídicas, con o sin ánimo de lucro.

b. Definición de soborno transnacional en el artículo 433 del Código Penal para evitar vacíos en la aplicación de la Convención, en particular el artículo 1º que define las conductas que los Estados se han comprometido a sancionar.

Estos ajustes son pieza clave en el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE. En efecto, constituyen la Hoja de Ruta aprobada el 20 de septiembre de 2013 por la organización.

ii. P.L. 118 de 2015 Senado “Por medio de la cual se regulan los procedimientos de la comisión de aforados y se dictan otras disposiciones”.

• Análisis: Este proyecto fue radicado el 10 de noviembre de 2015 en la Secretaría General del Senado de la República.

• Estado: Pendiente rendir ponencia para primer debate en Comisión Primera de Senado.

• Síntesis del Proyecto: El 1° de julio pasado, el Congreso de la República aprobó la creación de una Comisión de Aforados para investigar y acusar al Fiscal General de la Nación y a los magistrados de las Altas Cortes por sus presuntos delitos y faltas disciplinarias. Esta decisión fue producto de la Reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional, una norma dirigida a resolver los desajustes provocados por la figura de la reelección presidencial y resolver el problema de la ausencia de controles efectivos en algunas esferas del Estado.

La Comisión de Aforados debe remplazar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cá-mara de Representantes en sus funciones investigativas. Para cumplir ese fin, se hace necesario regular el procedimiento que esta aplicará en sus distintas investigaciones. La presente iniciativa busca regular el procedimiento de investigación y juzgamiento de los funcionarios aforados a los que se refiere el artículo 178-A de la Constitución Política de Colombia.

iii. P.L. 130 DE 2015 Cámara “Por medio de la cual se desarrolla parcialmente el acto legislativo 2 de 2015, se reforma la ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.

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• Análisis: Este proyecto fue radicado el 30 de septiembre de 2015 en la Secretaría General de la Cámara de Representantes.

• Estado: Actualmente se encuentra pendiente de terminar primer debate en Comisión.

• Síntesis del Proyecto: La presente iniciativa tiene por objeto desarrollar los man-datos del Acto Legislativo número 2 de 2015 en relación con la Rama Judicial, el cual ordena al Gobierno nacional “presentar antes de 1° de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administra-ción judicial”. Con ese fin regula las funciones de los órganos de gobierno y administra-ción de la Rama Judicial y de los órganos encargados de disciplinar a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial; reglamenta la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; establece parámetros de transparencia y rendición de cuentas por parte de la Rama Judicial; y actualiza las normas legales perti-nentes para hacerlas concordar con el Acto Legislativo número 2 de 2015.

iv. P.L. 48 de 2015 Senado – 171 de 2015 Cámara “Por medio del cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado”.

• Análisis: Este proyecto fue radicado el 11 de agosto de 2015 en la Secretaría Gene-ral del Senado de la República.

• Estado: Pendiente enviar a Comisión Primera de Cámara de Representantes para darle tercer debate.

• Síntesis del Proyecto: Este proyecto busca descongestionar el sistema judicial a partir de la consagración de un procedimiento especial abreviado para aquellas conductas punibles de menor lesividad para la sociedad colombiana. Estas últimas conductas pueden ser delitos o contravenciones penales, categoría que se incorpora ahora a la parte especial del Código Penal colombiano, como desarrollo del artículo 19 de esa codificación; para ambas hipótesis, las contravenciones penales y algunos delitos que pese a generar un gran impacto en la sociedad suponen individualmente un grado reducido de afectación al bien jurídico, se diseña un procedimiento abrevia-do que haga más ágil su juzgamiento.

• Por ello, esta iniciativa consta de tres ejes fundamentales: i) la caracterización de las conductas contravencionales en un nuevo Libro Tercero de la parte especial del Có-digo Penal; ii) la estructuración de un proceso bipartito para la investigación y juzga-miento de las mismas, y iii) la consagración de un sistema de conversión de la acción penal que permita radicar en cabeza de un particular las facultades de investigación y acusación penal cuando se trate de contravenciones penales.

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1.1.2.1. Proyectos de Ley y/o Acto Legislativo que actualmente son Ley de la República.

i. Acto Legislativo 02 de 2015 del 01 de julio de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”

• Análisis: Esta iniciativa fue radicada el 3 de septiembre de 2014 en la Secretaría General del Senado de la República y comprende ajustes en tres áreas centrales de la democracia colombiana: ajustes electorales, mejoras en la administración de justicia y sistema de controles.

a. Respecto de los ajustes electorales, se planteó de manera central la eliminación de la reelec-ción presidencial y la ampliación de requisitos para suplir vacancias temporales o absolutas en el Congreso de la República.

b. Respecto de las mejoras en la administración de justicia, plantea la modificación de los or-ganismos encargados de la administración de los recursos asignados a la rama judicial, la creación de un organismo del más alto nivel encargado de llevar a cabo las investigaciones sobre los magistrados de las altas Cortes y el Fiscal General de la Nación.

El proyecto incluye iniciativas encaminadas a mejorar los procesos establecidos para la elec-ción y postulación de servidores públicos atribuidas a las Cortes mediante la inclusión de me-canismos meritocráticos, exigir perfiles de altísimas características profesionales, académicas y morales, que revistan a quienes ostentan estos cargos, con lo cual se profesionalizará el ejercicio de la función judicial.

c. Respecto del sistema de controles, el proyecto propone reformas dirigidas al mejoramiento del sistema de controles adoptando reglas para impedir el intercambio de favores entre contro-ladores y controlados, la implementación de procesos de transparencia efectiva para la postu-lación y elección de candidatos a los órganos de control, así como un sistema de eliminación de la reelección de cualquier alto cargo de control, entre otros.

ii. Ley 1760 de 2015 del 06 de julio de 2015 “Por medio de la cual se modifica par-cialmente la ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”.

• Análisis: El objeto es introducir adiciones y modificaciones puntuales al texto del ordenamiento de procedimiento penal para precisar la figura de la medida de asegu-ramiento privativa de la libertad –tanto en establecimiento de reclusión como en lugar de residencia del imputado-, con una acentuada orientación de apertura de garantías legales aplicables a la detención de las personas, respetando el valor superior de la libertad, los límites materiales del debido proceso y el margen de configuración

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del legislador. Se establecen criterios, términos y momentos procesales para el uso razonable de la detención preventiva (domiciliaria o carcelaria) previa valoración del Juez con función de Control de Garantías de considerar alguna de las otras nueve (9) alternativas de procedencia de medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

La detención preventiva, como medida de aseguramiento privativa de la libertad, debe tener un uso racional por parte de las autoridades judiciales, de manera que no se afecte el derecho a la libertad y la presunción de inocencia de una persona investigada, por lo cual es necesario llenar de contenido los vacíos de la norma procesal penal vigente.

Los tópicos esenciales de este proyecto normativo están determinados por:

a. El término perentorio de un año para la detención preventiva como medida de asegura-miento privativa de la libertad, de modo que si vencido el mismo no se ha proferido fallo ejecutoriado, se debe disponer la libertad del imputado o acusado, sin perjuicio de que se sustituya por otra u otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. En casos ante la justicia especializada o de tres o más investigados o tramitados por la Ley Antico-rrupción, dicho término podrá ser hasta de dos años.

b. Rigurosidad en los requisitos para la procedencia de la detención preventiva (carácter de última ratio de la privación de la libertad). No es suficiente calificar de “grave” la conducta para optar por su imposición. Lo que obliga a probar ante el juez de control de garantías la insuficiencia de las demás medidas de aseguramiento.

Celeridad procesal que se refiere a los plazos para adelantar ciertas etapas procesales cuando el acusado se encuentre privado de la libertad, como el máximo que ha de transcurrir entre la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación y el inicio de la audiencia de juicio; y el máximo de duración de tal audiencia sin que se haya dado lectura del fallo o su equivalente.

iii. Ley 1743 del 26 de diciembre de 2014 “Por medio de la cual se establecen alterna-tivas de financiamiento para la rama judicial”

• Análisis: Esta iniciativa fue radicada el 28 de noviembre de 2014 en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el cual fue tramitado bajo mensaje de ur-gencia. Esta Ley no genera nuevas cargas tributarias ni crea barreras para el acceso a la justicia. Por el contrario, redestina recursos ya existentes a un solo fondo, de tal for-ma que se administren de forma eficiente los ingresos provenientes de diversas fuentes.

Los seis (6) tipos de recursos de financiación viables y adecuados para aumentar los recursos de la Rama Judicial, son: (i) depósitos judiciales en condición especial y los depósitos judiciales no reclamados, (ii) multas, (iii) impuesto de remate y adjudicaciones, (iv) juramento estimatorio,

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(v) compartición de bienes ilícitos y (vi) la contribución especial arbitral. Estos son administrados por el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforman el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Admi-nistración de Justicia.

La Ley busca que las alternativas de financiación previstas se dirijan principalmente a permitir la puesta en marcha de los sistemas de oralidad, las reformas procesales en materia civil, admi-nistrativa, penal y de extinción de dominio. También se destina a la promoción y utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos como medida preventiva de descongestión, especialmente para el cumplimiento del Plan Nacional de Conciliación y los programas de justicia en equidad, casas de justicia y centros de convivencia ciudadana.

1.1.3. Principales Decretos Expedidos

1.1.3.1. Decreto Único del Sector Justicia y del Derecho.

Teniendo en cuenta que las normas reglamentarias son el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado, la Presiden-cia de la República, estableció con carácter ineludible el desarrollo de la política pública para la simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio, con el fin de asegu-rar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.

Para tal efecto, emprendió en coordinación y colaboración de las Oficinas Jurídicas de cada una de las entidades que dirigen los sectores administrativos, la tarea de revisión de la vigencia de las normas expedidas con ocasión de la facultad reglamentaria del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, con el objeto de compilar en un solo instrumento las que se ajustan a la realidad institucional en cada sector y que están vigentes.

Durante el desarrollo de dicha tarea el Gobierno Nacional verificó que ninguna de las nor-mas que fueran objeto de compilación hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secretaría General del Consejo de Estado.

Para el caso particular del Sector de Justicia y del Derecho, el Gobierno Nacional cumplió con la política de racionalizar y simplificar el ordenamiento jurídico, con la expedición del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, a través del cual se compilaron los decretos reglamentarios del sector.

Particularmente, el decreto compiló la información del sector en tres grandes libros. El primero describe la estructura general administrativa del sector; el segundo reúne las normas vigentes que fueron expedidas por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades reglamen-tarias; y el tercero trata sobre el régimen de las derogatorias y su vigencia. Sobre el segundo

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libro, encontramos que cuenta con siete títulos que hacen referencia a las materias centrales del sector, a saber: (i) Régimen carcelario y penitenciario; (ii) Política Criminal; (iii) Promoción de la Justicia; (iv) Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos; (v) Justicia Transicional; (vi) Notariado y Registro; y el (vii) Ejercicio de la profesión de abogado.

Así pues con el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, la sociedad colombiana cuenta con un nuevo instrumento jurídico para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y afianzar la seguridad jurídica, permitiendo un fácil acceso a la infor-mación del sector que se encuentra ajustada a la realidad institucional y a la normativa vigente.

1.1.3.2 Otros Decretos Importantes

• Modificación del componente sexo. En desarrollo del principio constitucional de la dignidad humana y los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la igualdad, se desarrolló el trámite para la corrección, por vía no-tarial, del componente sexo en el Registro Civil, dirigido a la población transgénero.1 Con este Decreto, las personas simplemente acudirán a un notario, como cuando se cambia el nombre. En este trámite NO se podrá exigir pruebas distintas a la declaración juramentada del solicitante, basta indicar la voluntad de corregir el componente sexo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que este decreto constituye un paso fundamental en el camino a garantizar el reconocimiento pleno de la identidad de personas trans, e insta a los Estados a continuar adoptando medidas garantistas, incluyendo medidas legislativas y en materia de políticas públicas, en fa-vor de personas trans, y personas lesbianas, gays, bisexuales e intersex.

• Especiales condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad. Con el fin de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y como medio te-rapéutico para lograr los fines resocializadores de la pena se regularon las especiales condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad.2

• Cambio de nombre de integrantes de comunidades indígenas. Con el objetivo de salvaguardar la identidad personal, cultural, tradiciones y de lenguaje de los pueblos indígenas, se eximió a la población indígena del pago de derechos notariales para el trámite de cambio de nombre y de corrección de errores u omisiones en el Registro del Estado Civil a través de escritura pública.3

1 Decreto 1797 de 2015.2 Decreto 1797 de 2015.3 Decreto 1797 de 2015.

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1.1.4 Veintiséis (26) Proyectos Especiales o Iniciativas Estratégicas.

Con el fin de crear un portafolio de proyectos para promover la resolución pacífica de conflic-tos, acercar la justicia al ciudadano y convertirla en un mecanismo para la reconciliación en Colombia.

El Ministerio de Justicia y de Derecho actualmente lidera 26 proyectos o iniciativas estratégicas que resuelven problemas concretos para la gente y que serán el respaldo de una transforma-ción en la justicia para generar un cambio positivo en la vida de los colombianos. Dichas iniciativas o proyectos están agrupados en tres ejes temáticos:

• Acceso: Tiene como propósito: i) Acercar la justicia formal y no formal a las comuni-dades. ii) Lograr una justicia efectiva, eficiente, oportuna y de calidad. iii) Promocionar la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos

• Servicios: Su propósito es acercar la justicia al ciudadano, a través de las tecnolo-gías de información y comunicaciones

• Convivencia: Su propósito es: i) promover la adopción de comportamientos afines con una convivencia pacífica. ii) Racionalizar el uso de la detección preventiva. iii) Generar espacios que garanticen condiciones adecuadas de atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad. iv) Promover la reintegración de las personas pospenadas a la sociedad.

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Algunos proyectos a destacar son:

a. Implementación de Centros de Asistencia para Pospenados- Casa Libertad

Actualmente no existe una línea estratégica clara para la atención de la población pospenada. Si bien se cuenta con iniciativas, como la suscripción de convenios con fundaciones y la orien-tación a los preliberados, estas carecen de divulgación, accesibilidad y no están vinculadas a una política nacional alineada con la política criminal del Estado. Esta situación aumenta los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los pospenados, generando así un am-biente propicio para la reincidencia en la comisión de conductas punibles.

El propósito del proyecto es facilitar el reencuentro a la vida en libertad de la población pospe-nada, a través del establecimiento de un espacio de atención integral orientado a: a. Facilitar el acceso al empleo, a programas de rehabilitación para superar adicciones, a la

educación financiera, a actividades recreativas (yoga, teatro, música) y a charlas u orienta-ciones que permitan el crecimiento personal.

b. Apoyar y orientar en el acceso a becas para estudio, capacitaciones, acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

c. Generar espacios de confianza y participación de los pospenados y preliberados.

Los actores clave en este proyecto son: Colsubsidio, INPEC, Fundación Teatro Interno, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, SENA, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Las actividades programadas son:

• Diseño del modelo de atención de la Casa Libertad.

• Realización de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas.

• Alistamiento de la implementación (adecuación física de la Casa Libertad, capacita-ción del personal, promoción de la Casa Libertad en la población penitenciaria).

• Puesta en marcha de la Casa y seguimiento a su funcionamiento.

• Plan de réplica en otras ciudades del país.

b. Fortalecimiento del modelo de casa de justicia

Las Casas de Justicia juegan un papel clave para el acceso a la justicia. Con todo existen algu-nas deficiencias que ameritan acciones de mejoramiento, entre ellas: la falta de articulación in-terinstitucional y de presencia institucional, las debilidades en los mecanismos de seguimiento a

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la gestión, la insuficiencia presupuestal para la sostenibilidad del modelo en algunos municipios y la falta de conocimiento de esta oferta integrada de justicia por parte de las comunidades.El proyecto tiene como propósito realizar un ajuste al modelo de gestión de las casas de justicia que permita una mejor armonización entre la oferta y la demanda de justicia en el territorio; el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el incremento de la efectividad y la oportu-nidad de respuesta en la solución pacífica de conflictos; y la desconcentración de los servicios a través de brigadas móviles. Actores clave: Entidades territoriales, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Medicina Legal, Ministe-rio del Trabajo e ICBF.

c. Grupo Élite de Investigación en Homicidios - GESPOL

Los fiscales, policías y jueces, son un símbolo de autoridad en la sociedad, de ellos depende en buena medida la seguridad y la justicia de los demás ciudadanos. Por ello, pero además, por los riesgos implícitos al ejercicio de su función, es necesario que los atentados contra la vida de estas personas reciban una atención prioritaria por parte del Estado, no como una forma de discriminación respecto de la que reciben las demás víctimas, sino como una forma de garantizar que los derechos de estas puedan materializarse.

Sin contar las muertes ocurridas en conflicto armado, cada año son asesinados más de 50 policías en el país, por su parte los homicidios de fiscales y jueces sumaron 10 en los últimos

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tres años. Las investigaciones por estos casos se encuentran dispersas en varias regiones del país y muchas de ellas no cuentan con avances significativos que permitan la identificación y sanción de los responsables. Esto ocurre en buena medida por la ausencia de una reacción oportuna al momento de ocurrencia de los hechos y por la falta de estrategias de investigación adecuadas para el trámite de los casos.

Por esta razón, se creó un Grupo Especializado (GESPOL) para investigar delitos de homici-dios, cometidos contra jueces, fiscales, servidores en funciones permanentes de policía judicial y miembros de la Policía Nacional, en ejercicio de sus funciones y con ocasión de las mismas. Se exceptúan los miembros de la Policía Nacional abatidos por causa del conflicto armado.

Gespol será liderado por la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, quien coordinará las actividades de investigación frente a este tipo de homicidios.

Este grupo especializado estará conformado por un Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, dos Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito y tres asistentes de Fiscal y servidores pertenecientes al área de la policía judicial (CTI y Policía Na-cional). Gespol se articulará con el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el Ministerio de Defensa y con la Policía Nacional, para obtener el apoyo necesario. Para este propósito, se crearán comités y mecanismos de colaboración y cooperación que se requieran. Actualmente cuenta con 15 casos, de los cuales 4 ya están cubiertos con medidas preventivas a los presun-tos responsables, en 3 se están tramitando y 1 ya tiene preacuerdo.

d. Alternativas de Financiación para la Rama Judicial

El mejoramiento del sistema de justicia requiere de la suma de diversos factores, que incluyen ajustes normativos, adecuación de los modelos de gestión y de los mecanismos de articulación interinstitucional, capacitación a funcionarios y empleados, articulación interinstitucional y dis-ponibilidad de los recursos presupuestales que permitan el fortalecimiento del talento humano y de la infraestructura de la Rama Judicial. En el marco de este último componente se han realizado importantes esfuerzos en los últimos años, que se evidencian en un incremento de más del 50% del presupuesto de la Rama en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2014. Sin embargo, la implementación de los nuevos códigos procesales y el incremento de la demanda de justicia obligan a seguir realizando ac-ciones que permitan cubrir las necesidades reales del sistema; pero además que estos recursos se administren de manera adecuada para que generen un impacto en la efectividad, oportuni-dad y el acceso a la justicia de los ciudadanos. En este contexto, es necesario crear nuevas fuentes de financiación de la Rama Judicial que sir-van para incrementar los recursos que se reciben anualmente del presupuesto nacional, dentro de las que se cuentan los depósitos judiciales en condición especial, la compartición de bienes ilícitos y las contribuciones parafiscales.

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e. Formulación de un sistema de estadísticas judiciales

Contar con información confiable y de calidad sobre las diversas temáticas que abarca el funcionamiento del sistema judicial, es fundamental para el diseño de políticas públicas, para dimensionar las necesidades del sistema, para evaluar sus resultados y para fortalecer la ren-dición de cuentas y la transparencia en la administración de justicia. Desde 1996, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se le asignó al Consejo Superior de la Judicatura la responsabilidad de contar con un sistema de información sobre la gestión judicial, el cual aún no ha comenzado a funcionar. Por su parte, entidades guberna-mentales, ONG’s e instituciones multilaterales y académicas, han desarrollado indicadores que monitorean la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y en las instituciones. Sin embargo, estos indicadores se encuentran dispersos, lo que dificulta analizar de manera ágil y pronta el panorama global de la confianza ciudadana en la justicia.

Así pues, pese a los diferentes esfuerzos, la información relacionada con el funcionamiento del sistema judicial del país es incompleta, contradictoria y de difícil acceso, tanto para el Estado como para los ciudadanos.

Se podrá contar entonces, con una batería de indicadores que permita realizar el seguimiento y el diseño de políticas públicas para el sistema judicial en lo que corresponde a la Rama Ju-dicial y a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Los indicadores se dividirían en las siguientes temáticas: acceso a la justicia, movimiento de procesos, política penitenciaria, política criminal, confianza en la justicia y variables presupuestales. En una segunda etapa, se pretende ampliar la cobertura de los indicadores a la justicia que administran autoridades administrativas y los particulares.

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Actores clave: Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Superinten-dencias, INPEC, Ministerio de Hacienda. Actividades a desarrollar son:

• Diagnóstico de las necesidades de información y de los ejercicios previos de construc-ción de indicadores.

• Diseño y alimentación de los indicadores.

• Diseño de un sistema en web que permita la consulta y divulgación de los indicadores.

• Construcción de una solución tecnológica que permita cargar, procesar, analizar, ob-tener reportes, intercambiar datos y facilitar el seguimiento de indicadores en justicia.

• Actualización periódica de los indicadores.

f. Ajuste legal para la racionalización de la detención preventiva

Pese a este carácter excepcional, la detención preventiva se viene utilizando en numerosos ca-sos. Sin embargo, el Código de Procedimiento Penal establece nueve tipos distintos de medidas no privativas de la libertad (prohibición de concurrir a determinados lugares o de comunicarse con determinadas personas, prohibición de salir del país, prestación de cauciones, entre otras) que en muchos casos serían suficientes para garantizar el trámite procesal y la protección de la comunidad y de las víctimas. En diciembre de 2014, el 33,5% de la población privada de la libertad correspondía a perso-nas que aún no habían sido condenadas, situación que no solo va en contravía de las garan-tías de los procesados, sino que también tiene un impacto en el hacinamiento carcelario, que llegó a su nivel más alto en los últimos 10 años en enero de 2014, cuando alcanzó el 58,6%. Por otra parte, muchas de las personas que se encuentran en detención preventiva han pasado años en esta situación en la espera de una sentencia. En diciembre de 2014, el 33,5% de la población privada de la libertad correspondía a perso-nas que aún no habían sido condenadas, situación no solo va en contravía de las garantías de los procesados, sino que también tiene un impacto en el hacinamiento carcelario, que llegó a su nivel más alto en los últimos 10 años en enero de 2014, cuando alcanzó el 58,6%. Por otra parte, muchas de las personas que se encuentran en detención preventiva han pasado años en esta situación en la espera de una sentencia.El uso inadecuado de la detención preventiva también tiene efectos presupuestales relevantes, materializados en las demandas por privación injusta de la libertad, cuyas pretensiones suma-ron 22,9 billones en junio de 2014, lo que equivale al 10% de las pretensiones en las deman-das contra el Estado.

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Son varias las razones que explican que se haya desfigurado el carácter excepcional de la detención preventiva, dentro de las que se cuentan la falta de capacitación y la presión de los medios de comunicación (CISPA, 2014). Otra de estas es el marco legal vigente, que es flexible respecto a los supuestos que deben darse para su imposición y el tiempo máximo de su duración El propósito del proyecto es racionalizar el uso de la detención preventiva y reivindicar su ca-rácter excepcional a través de ajustes normativos que haga más rigurosos los requisitos para la imposición de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, que impongan un tiempo máximo para su duración y que precisen los plazos de ciertas etapas proceso penal.Actores clave: Congreso de la República, Fiscalía General de la Nación.Actividades programadas

• Diagnóstico.

• Redacción del proyecto de ley.

• Socialización.

• Radicación y seguimiento al trámite de la iniciativa.

• Seguimiento a la implementación.

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g. Resocialización a través de oportunidades de trabajo y proyectos producti-vos en establecimientos de reclusión

La resocialización constituye la función fundamental de la pena, que determina las posibili-dades de que las personas cuenten con herramientas para reintegrarse a la sociedad y en consecuencia en los niveles de reincidencia en el delito. Esta función se cumple a través de actividades de trabajo, estudio y enseñanza que se realizan al interior de los establecimientos de reclusión, las cuales, además, son un mecanismo de redención de la pena. Respecto del trabajo penitenciario, el Código Penitenciario y Carcelario establece el derecho para que las personas privadas de la libertad, atendiendo a sus actitudes y capacidades, puedan trabajar y desarrollar actividades productivas, permitiendo la comercialización de los bienes y servicios que resulten de ellas. En 2014 el INPEC registró que cerca de un 75% de la población privada de la libertad estuvo vinculado a actividades de resocialización y, entre ellos, casi un 50% lo hizo a través del tra-bajo penitenciario. Sin embargo, pese a la importancia que tiene esta opción resocializadora, subsisten problemas importantes en su implementación, entre ellos, la escasa participación del sector privado, la falta de enfoque competitivo y productivo y las deficiencias en la infraestruc-tura para el desempeño de estas labores.

El propósito del proyecto es expandir y fortalecer las oportunidades de trabajo y desarrollo de proyectos productivos al interior de los establecimientos de reclusión con el fin de incrementar las posibilidades de resocialización de los condenados. Los actores clave para su desarrollo y ejecución son: INPEC, Ministerio del Trabajo y entidades del sector privado.Actividades programadas

• Visita y selección de establecimientos.

• Identificación de actividades productivas y oportunidades de trabajo.

• Alistamiento de los pilotos: celebración de convenios, identificación y consecución de presupuesto, ajustes en organizacionales y de infraestructura.

• Implementación de las pruebas pilotos.

• Seguimiento y ajustes al modelo.

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1.1.5. Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fisca-les Generales de las Américas - REMJA

La Décima Reunión de las REMJA se llevó a cabo el 14 y 15 de octubre de 2015, en Bogotá, Colombia, con el apoyo del Departamento de Cooperación Jurídica de la Organización de Estados Americanos - OEA, en calidad de Secretaría Técnica de la REMJA. A este encuentro participaron las delegaciones, encabezadas por su Ministro de Justicia, Procurador o Fiscal, de 22 países miembros de la OEA: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela.

Como fruto de las reuniones preparatorias y de la rica participación de los países de la región asistentes a la REMJA, surgieron importantes recomendaciones que, como en ocasiones ante-riores, contribuirán a consolidar el Estado de Derecho en la Región a través de políticas para modernizar la justicia y fortalecer la cooperación jurídica internacional, propiciando para ello el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas y procesos de cooperación efectivos.

Cabe destacar la participación de la Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, con quien dialogamos sobre sobre la cooperación que ese país le presta a Colombia en aspectos como el sistema penitenciario, persecución de delitos transnacionales como la ciberdelincuen-cia y lavado de activos. Bahamas, país que fue electo Vicepresidente junto con México para este encuentro, ofreció ser sede de la próxima REMJA en 2017.

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2. OFICINAS ASESORAS DEL DESPACHO

2.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 y los Decretos reglamentarios, la Oficina de Control Interno adelanta su gestión de acuerdo con el plan de acción formulado para cada vigencia, estableciendo las actividades necesarias para el fortalecimiento del control interno institucional a través de los roles de asesoría, evaluación, seguimiento, fomento de la cultura de autocontrol y atención a entes externos.

2.1.1. Auditorias

2.1.1.1. Auditorías internas

En el último trimestre del 2014 y hasta octu-bre del 2015 en ejercicio de la función eva-luadora la Oficina de Control Interno realizó 17 auditorías internas a los procesos y pro-cedimientos de direccionamiento estratégico, proyectos de inversión, proyectos financiados por organismos internacionales, trámites para resolver indultos y solicitudes de extradición pasiva y activa, así como los relacionados con la gestión financiera, administrativa, con-tractual, presupuestal, de tecnologías de la in-formación y de atención al ciudadano.

Los informes de auditoría fueron presentados al Señor Ministro y a los responsables del pro-ceso para la formulación de las acciones de mejora correspondientes.

2.1.1.2 Auditorías de calidad

En el periodo informado se han realizado audi-torías de calidad a los 15 procesos del Sistema Integrado de Gestión-SIG del Ministerio y en los informes de cada uno de los procesos au-ditados, se identificaron las oportunidades de mejora, aportando insumos adicionales para la mejora integral de la gestión institucional.

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En el 2015 se realizaron las auditorías de verificación de eficacia de las acciones de mejo-ra registradas y cumplidas en el SIG, procediendo al cierre de aquellas que subsanaron las situaciones inicialmente observadas o a la solicitud de reformulación y/o reprogramación de aquellas que no han sido eficaces.

2.1.2 Informes

2.1.2.1 Evaluación sistema de control interno

En los meses de enero y febrero de 2015 se realizó la evaluación del Sistema de Control In-terno con corte a 31 de diciembre de 2014, a través del diligenciamiento de la encuesta en el aplicativo administrado por el DAFP, obteniendo un puntaje de 82,15% con un nivel de madurez satisfactorio que de acuerdo al estándar de interpretación de resultados definido por el DAFP, significa que “ La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la infor-mación interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos”.

2.1.2.2 Evaluación sistema de control interno contable

Atendiendo lo establecido en la Resolución 357 del 23 de julio de 2008 de la Contaduría Ge-neral de la Nación y de acuerdo con la metodología establecida por esa entidad, en febrero del 2015 se elaboró y reportó con corte a 31 de diciembre del 2014, en el Sistema Consolida-dor de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP, el informe anual de evaluación del control interno contable del Ministerio (valoraciones cuantitativa y cualitativa), obteniendo una calificación de 4,86.

2.1.2.3 Informe de derechos de autor

En cumplimiento de la Directiva Presidencial 02 del 2002 y la Circular 04 del 2006 del Con-sejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, en marzo de 2015, se re-portó a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con corte a 31 de diciembre de 2014, el cumplimiento de las normas de licenciamiento de software, los mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva y el procedimiento establecido para la destrucción del software que ha sido dado de baja.

2.1.2.4 Plan de mejoramiento institucional

En la forma y términos establecidos por la Contraloría General de la República (Resolución 7350 de 2013) se realizó seguimiento permanente al avance del Plan de Mejoramiento Insti-

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tucional y se presentaron los informes semestrales relacionados con el cumplimiento de las metas propuestas; en julio del 2015 se reportaron al Sistema SIRECI de la CGR los siguientes resultados con corte a 30 de junio del 2015:

2.1.2.5 Informes de seguimiento

En concordancia con los requerimientos legales y de los entes de control, en la vigencia 2014 y durante el 2015, se han realizado los informes de seguimiento establecidos normativamente.

2.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.

A continuación se presentan los principales logros de la Oficina Asesora de Planeación entre Noviembre 2014 y Octubre 2015.

2.2.1. Alineación de las herramientas de planeación y programación presupues-tal (Plan Estratégico, Plan de Acción, Proyectos de inversión y el Plan de Uso de Recursos Presupuestales)

Para la consecución de este logro, la Oficina Asesora de Planeación ejecutó las siguientes actividades.

• Despliegue de las estrategias identificadas, convirtiéndolas en actividades medibles en el Plan de Acción, a través de metas e indicadores; garantizando de esta manera alcanzar los objetivos misionales.

• Construcción del Plan de Acción con base en el presupuesto asignado a las diferentes dependencias, logrando uniformidad tanto en la gestión como en los indicadores.

• Elaboración del Plan de Uso de Recursos Presupuestales del Ministerio, donde se regis-tró la manera como se invertirán los recursos presupuestales de la vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión.

• Seguimiento a la ejecución del Plan de Uso de Recursos Presupuestales, convirtiéndose en una herramienta esencial en la toma de decisiones para las dependencias ejecuto-ras y para la Alta Dirección.

ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 30 de junio de 2015

Total Hallazgos

Hallazgos Cumplidos al 100%

Hallazgos en Ejecución % Estimado de Cumplimiento

% Estimado de Avance

Hallazgos vencidos

Hallazgos dentro del plazo previsto

61 41 1 19 99% 71%

20

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2.2.2. Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados en la vigencia y elaborar la programación de los recursos requeridos para la vigencia siguiente del Sector Justicia y del Derecho.

La Oficina Asesora de Planeación elaboró los siguientes reportes periódicos donde se registró la utilización de los recursos asignados, tanto al Ministerio como a cada una de las entidades que conforma el sector administrativo de Justicia y del Derecho; buscando con ello, tener una organización eficiente y efectiva, integrada y coordinada, bajo parámetros de calidad y auto-control y así mejorar la ejecución presupuestal y dar cumplimiento a cada uno de los objetivos misionales del sector.

• Reporte mensual de seguimiento a la ejecución de los recursos apropiados en la vi-gencia 2014 y 2015 de cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho; así como de las entidades adscritas, generando alertas tempranas para la toma de decisiones con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales o pérdida de recursos apropiados en el año.

• Comparativo mensual de lo proyectado, en el Plan de Uso de Recursos Presupuestales, con lo realmente ejecutado, permitiendo detectar la oportunidad de la ejecución de las actividades programas.

• Evaluación de la utilización de los recursos presupuestales asignados al Ministerio y a las entidades adscritas, generan reportes comparativos entre varios periódicos que permiten el análisis sobre la utilización de los recursos asignados.

• Consolidación y elaboración del anteproyecto de presupuesto, con base en los histó-ricos de la ejecución presupuestal y en las necesidades identificadas en cada una de las dependencias del Ministerio.

2.2.3. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión del Ministerio.

Para alcanzar este cometido, la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Justicia y del Derecho en la vigencia 2014 y en lo corrido del 2015, realizó:

• Elaboración del Plan Plurianual de Inversiones 2014 - 2018; del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho de acuerdo con las metas establecidas.

• Apoyo a las diferentes dependencias y entidades adscritas en el levantamiento de la leyenda de “Previo Concepto” de los proyectos de inversión, a fin de garantizar la oportuna ejecución de los recursos.

• Diseño e implementación de formatos de verificación para realizar el seguimiento a los proyectos de inversión, con el fin de garantizar la calidad y oportunidad de la información.

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• Retroalimentación mensual a los responsables de los proyectos de inversión para me-jorar la calidad de información registrada en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI.

2.2.4. Mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión – SIG.

Durante el año 2014 y lo corrido del 2015 la Oficina Asesora de Planeación ha venido reali-zando actividades para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión – SIG; para lo cual, se adelantaron las siguientes acciones conjuntamente con las dependencias:

• Actualización y mejoramiento de los Indicadores.

• Apoyo y asesoría a las dependencias del Ministerio en la modificación, actualización, creación o eliminación de procedimientos, formatos y las caracterización de procesos.

• Apoyo a la actualización y seguimiento de las acciones de mejora, administración de riesgos, producto no conforme y normograma.

• Fortalecimiento de los conocimientos de los líderes de calidad a través de capacitacio-nes en temática relacionada con el Sistema Integrado de Gestión - SIG.

• Consolidación y publicación periódica de informes sobre el estado de avance de las actividades ejecutadas para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG.

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2.3. OFICINA ASESORA JURÍDICA

2.3.1. Decreto Único del Sector Justicia y del Derecho.

Con el fin de racionalizar y simplificar del ordenamiento jurídico como herramienta para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, que compila los decretos regla-mentarios del Sector. Dicha norma se ha actualizado de forma permanente, a fin de preservar la seguridad jurídica y la unidad de las disposiciones reglamentarias vigentes en el Sector.

2.3.2. Principales decretos expedidos.

De igual forma, con el propósito de fortalecer el sistema de justicia de mayor calidad, pronta, eficiente y al alcance de todos, desde el Ministerio de Justicia y del Derecho se destacan los siguientes decretos.

• Sistema eKogui. Se implementó el Sistema para el seguimiento de las actividades, procesos y procedimientos inherentes a la actividad judicial y extrajudicial del Estado, ante las autoridades nacionales e internacionales.

Así mismo estableció la responsabilidad de los usuarios frente al Sistema, con el fin de garantizar el suministro, la centralización y unificación de la información sobre la actividad litigiosa del Estado. 1

• Conformación del Consejo Superior de la Carrera Notarial. Se estableció el mecanismo de elección para la elección de los notarios pertenecientes al Consejo Superior de la carrera notarial con sus respectivos suplentes personales. 2

• Derecho de preferencia. Se estableció la forma en que los notarios que han ingre-sado a la carrera notarial procederán a ejercer el derecho de preferencia y dispone lo perti-nente a cuanto a su aplicación, vigencia y extinción, con el fin de garantizar seguridad jurídica en el ejercicio de la función nominadora. 3

• Consejo Superior de Política Criminal. Se reglamentó el funcionamiento del Con-sejo Superior Política Criminal como organismo colegiado asesor Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal y a través del decreto se reglamenta su funcionamiento, como todos los asuntos relacionados con las instancias técnicas y demás que se requieran para su adecuado desarrollo. 4

• Suspensión condicional de la ejecución de la pena. Se aclaró lo pertinente a la aplicación del beneficio jurídico de suspensión condicional de la ejecución de la pena, 1 Decreto 2052 de 2014. 2 Decreto 2053 de 2014.3 Decreto 2054 de 2014.4 Decreto 2055 de 2014.

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conforme al marco legal vigente y lo dispuesto por la Corte Constitucional, dentro del marco de justicia transicional. 5

• Estructura y planta de la Superintendencia de Notariado y Registro. Se realizó la medicación de la estructura 6 y planta de personal de la entidad.7

• Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Admi-nistración de Justicia. Se regularon los procedimientos para el recaudo e inversión de los recursos que integran el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Admi-nistración de Justicia. 8

• Modificación del componente sexo. En desarrollo del principio constitucional de la dignidad humana y los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la igualdad, se desarrolló el trámite para la corrección, por vía notarial, del componente sexo en el Registro Civil, dirigido a la población transgénero.9

• Conservación de la calidad de acreedor hipotecario en el marco de ope-raciones de titularización. Reglamenta el beneficio por el cual el acreedor cedente con-serva el derecho real de hipoteca, respecto del cesionario (titularizadora o fiduciaria) sobre el inmueble para respaldar créditos distintos del cedido, por ministerio de la ley, en el grado, con las condiciones y según los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley 1555 de 2012. 10

• Partición del patrimonio en vida y otros trámites notariales. Reglamentó los artículos 487 parágrafo y 617 del Código General del Proceso, referentes al trámite de partición de patrimonio en vida ante notario y otros trámites notariales de su naturaleza no contenciosa. 11

• Especiales condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad. Con el fin de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y como medio terapéutico para lograr los fines resocializadores de la pena se regularon las especiales condi-ciones de trabajo de las personas privadas de la libertad. 12

• Cambio de nombre de integrantes de comunidades indígenas. Con el ob-jetivo de salvaguardar la identidad personal, cultural, tradiciones y de lenguaje de los pueblos indígenas, se eximió a la población indígena del pago de derechos notariales para el trámite de cambio de nombre y de corrección de errores u omisiones en el Registro del Estado Civil a través de escritura pública. 13

• Reglas de reparto de tutelas masivas. Se establecieron reglas de reparto para tutelas masivas, orientadas a racionalizar y desconcentrar el conocimiento de las acciones de

5 Decreto 2637 de 2014.6 Decreto 2723 de 2014.7 Decreto 2724 de 2014.8 Decreto 0272 de 2015.9 Decreto 1227 de 2015.10 Decreto 1310 de 2015.11 Decreto 1664 de 2015.12 Decreto 1664 de 2015.13 Decreto 1797 de 2015.

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tutela; con el fin de asegurar la coherencia, igualdad y homogeneidad en la solución judicial de tutelas idénticas. 14

• Registro de bienes baldíos. Con el fin de proteger los predios baldíos rurales y garanti-zar la seguridad en el tráfico económico y en la circulación inmobiliaria de los predios del país, se estableció la asignación e identificación registral de bienes baldíos sin antecedente registral, mediante la apertura de folios de matrícula inmobiliaria. 15

• Sistema de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Se creó el Sis-tema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes-SNCRPA en el nivel nacional y regional, con el fin de que sea una instancia de coordinación, evaluación y articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica con el compromiso de todas las ra-mas del poder público y las entidades territoriales, para el seguimiento y la evaluación de las acciones contempladas en las leyes 906 de 2004, 1098 de 2006, 1453 de 2011, 1622 2013 Y 1450 de 2011 en lo relacionado con responsabilidad penal para adolescentes. 16

• Registro Único de Propietarios Urbanos (Armero). Se adoptaron medidas requeridas para la restitución jurídica de los terrenos urbanos ubicados en la desaparecida ciudad de Armero. 17

2.2.3. Concurso notarial.

Liderazgo y acompañamiento al concurso para la provisión y nombramiento de notarios en pro-piedad e ingreso a la Carrera Notarial, en el marco del Consejo Superior de la Carrera Notarial.

2.2.4. Defensa Jurídica.

El Ministerio de Justicia y del Derecho en el marco de su función de la defensa judicial de los intereses de la Nación registró18 la terminación favorable de doscientos sesenta y uno (261) procesos, cuyas pretensiones y/o condenas en contra ascendían a doscientos sesenta y ocho mil cuarenta y dos millones ochenta y ocho mil trescientos veintidós pesos con sesenta centavos (COP$268.042.088.322,60).

2.2.5. Extinción de dominio.

En desarrollo de la función de intervención en los procesos de extinción de dominio, con corte a 31 de octubre de 2015, se han proferido doscientos veinte un (221) sentencias de las cuales en ciento noventa y ocho (198) se ha declarado la extinción de dominio a favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado –FRISCO-, so-bre bienes por un valor de seis millones novecientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta y siete dólares (US$6.967.867), un millón doscientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta euros (€1.249.150) y dos mil novecientos setenta y ocho millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos (COP$2.978.852.000), aproximadamente.

14 Decreto 1834 de 2015.15 Decreto 1858 de 2015.16 Decreto 1885 de 2015.17 Decreto 2205 de 2015.18 Información tomada de los informes mensuales de contingencias proyectadas.

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2.4. OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

La Oficina de Asuntos Internacionales coordina y gestiona las actividades del Ministerio de Justicia y del Derecho en los temas de asistencia judicial, traslado de personas condenadas y extradiciones en virtud de los convenios internacionales vigentes en materia penal y jurídica. A la Oficina de Asuntos Internacionales también le corresponde gestionar los proyectos y progra-mas de cooperación técnica orientados al mejoramiento, desarrollo e innovación en la justicia colombiana financiados por agencias bilaterales de cooperación, organismos internacionales, y realizar alianzas estratégicas con fundaciones y organizaciones internacionales no guberna-mentales.

2.4.1. Políticas para el desarrollo

El objetivo del área es definir el marco de acción que permita un acercamiento más eficiente con los cooperantes buscando generar alianzas, identificar campos de acción y articular pro-gramas de cooperación y definir prioridades, ya que la cooperación internacional no se tradu-ce únicamente en recursos sino en la viabilidad y necesidad de nuevos tratados de extradición o traslado de personas condenadas, sino en acuerdos de asistencia mutua o intercambios de buenas prácticas que permitan hacer una cooperación judicial más efectiva.

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• República Federal de Alemania: El 1 y 2 de diciembre de 2015 se realizaron las Consultas Intergubernamentales con el Gobierno alemán, espacio en el cual el Mi-nisterio de Justicia y del Derecho presentará dos proyectos con el fin de ser vinculados a la cooperación alemana en el país:

a. El primero es el proyecto Cooperación Colombo – Alemana para Aportar a la Conserva-ción Ambiental del Área de Traslape del Parque Nacional Natural Nukak con el Resguardo Indígena Morichal Viejo en el Departamento del Guaviare. Dicha propuesta se articularía a REDD+ (Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero causadas por la Defo-restación y Degradación de los Bosques, la Conservación y el Incremento de las Capturas de CO2), programa de la segunda área prioritaria política ambiental, protección y usos sostenible de recursos naturales. Con el fin de tener un rol más activo, se propone que el Ministerio de Justicia y del Derecho sea contraparte ejecutora de REDD+, para complemen-tar las acciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, contraparte natural de esta iniciativa.

b. El segundo es el Proyecto Establecimiento de Sistemas Acuapónicos para 100 Familias en el Sur del Tolima como Estrategia de Estabilización Socioeconómica, Reducción de Vulnera-bilidad y Transición a la Legalidad, cuyo objetivo es fortalecer las condiciones socioeconó-micas de 100 familias de los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Ríoblanco en el Departamento del Tolima por medio de la implementación de sistemas acuapónicos. El cual apunta a la 3 área prioritaria Desarrollo Económico Sostenible.

El 10 de febrero de 2015, se firmó el Memorando de Entendimiento entre el Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia y la Encargada para la Política de Drogas del Ministerio de Salud de la República Federal de Alemania, el cual tiene como objetivo:

- Intensificar su cooperación en materia de política internacional de drogas y adelantar acti-vidades conjuntas en el marco de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND).

- Profundizar su cooperación en el área de ambiente y protección y uso de recursos naturales.

- Explorar iniciativas en el área de desarrollo alternativo como la promoción de cultivos lícitos para reducir los cultivos ilícitos, en el Marco del citado Memorando de Entendimiento.

• Austria: El día 28 de septiembre de 2015, se suscribió el Memorando de Entendi-miento firmado por los Ministros de Justicia de Colombia y Austria, en materia de ex-periencias y cooperación. Durante la visita, el Ministro austriaco manifestó la intención de su gobierno en cooperar con Colombia en el ámbito de la justicia especialmente en apoyo tecnológico en sistemas de datos. También invitó a Colombia a ser parte del Programa de Cooperación contra la Corrupción.

• Ecuador: Colombia en cumplimiento de los compromisos presidenciales adquiridos en el III Gabinete binacional entre ambos países, mantiene los lineamientos en el área

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de Traslado de Personas Condenadas dando cumplimiento al acuerdo de Tulcán don-de ser acordó la repatriación de 1.200 colombianos recluidos en Ecuador, lista que posteriormente tras revisiones quedó en 381 ciudadanos colombianos.

• Estados Unidos: El 21 de septiembre de 2015, el Ministerio de Justicia y del Derecho recomendó la firma de la enmienda No. 37 al Convenio para la Ayuda Económica y Técnica y Afín del año 2004, por un valor de USD$10,750 millones de dólares, que fue firmado entre la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín, y el Embajador de los Estados Unidos de Américas, doctor Kevin Whitaker.

• En total se incorporarán recursos adicionales para la cooperación en temas de fortale-cimiento del Estado de Derecho con el Ministerio de Justicia y del Derecho y con estos recursos se adelantarán dos proyectos de:

• Fortalecimiento y reforma de las instituciones del sector justicia – USD$9.750.000

• Reforma del sistema penitenciario – USD$1.000.000.

• Italia: El Estado colombiano está trabajando en la posible suscripción de Tratado sobre Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal, Tratado en Materia de Extra-dición y Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas. El Ministerio de Justicia y del Derecho remitió sus comentarios el 3 de agosto de 2015 al Ministerio de Relacio-nes Exteriores, respecto del texto del Tratado sobre Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal. En virtud del Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas, se está estudiando la viabilidad de esta suscripción y se espera una nueva reunión para realizar el intercambio de textos.

En relación con el Tratado en Materia de Extradición se han intercambiado varios textos sobre el Proyecto de acuerdo. El día 27 de Febrero de 2015 se informó al Ministerio de Relaciones Exteriores que no se encontraban más observaciones a las manifestadas sobre el texto. Se es-pera que para la segunda o tercera semana de enero de 2016 el gobierno italiano realice una vista a Colombia con una delegación técnica.

• Lituania: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Lituania y el Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, están trabajando conjuntamente con el fin de suscribir un Acuerdo de Cooperación de Traslado de Personas Condenadas.

• Perú: Colombia en virtud de los Compromisos presidenciales adquiridos en el III Gabinete binacional entre ambos países se encuentra en el intercambio de textos del proyecto del Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas.

Se acordó que se realizaría un Intercambio de Experiencia Penitenciarias entre el Instituto Na-cional Penitenciario (INPE) de Perú y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia. El encuentro estuvo programado del 25 al 27 de noviembre de 2015, pero por motivos logísticos se informó a este Ministerio el día 24 del mismo mes y año que la delegación no podría venir a Colombia y que por tanto se requería reprogramar.

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• Reino Unido: El 10 de noviembre de 2015, se realizó la reunión bilateral entre la Embajada del Reino Unido en Colombia y el Ministerio de Justicia y del Derecho, con los siguientes propósitos:

• Obtener recursos para proporcionar orientación a los fiscales en materia de asistencia judicial recíproca, y trabajar para mejorar la coordinación internacional, con el fin de hacer más efectiva la recopilación de casos con un aspecto internacional de pruebas.

• Explorar las posibilidades de cooperación e identificar las áreas prioritarias de interés común respecto a las drogas ilícitas, la política criminal, justicia transicional, la justicia para las mujeres, la responsabilidad penal de los jóvenes, el lavado de dinero, proyec-tos contra la corrupción, y la situación de la LGBTTTI.

• República Popular China: Colombia y la República Popular China se encuentran en el estudio y viabilidad de poder suscribir un Tratado de Traslado de Personas Condena-das. El día 26 de noviembre de 2015 arribo a Colombia el primer ciudadano colom-biano repatriado de la República Popular China.

El Viceministro de la República Popular China, doctor Zhao Dacheng, visitó Colombia junto con una delegación del gobierno chino. En dicho encuentro realizado del 25 al 27 de noviembre de 2015 se hizo entrega oficial de la contrapropuesta del tratado planteado por la República Popular China. Se espera que en el primer trimestre del año 2016, este Ministerio envíe una delegación a la República Popular China para poder avanzar en la suscripción del tratado.Colombia ha presentado dos proyectos a las convocatorias del gobierno Chino para el forta-lecimiento a la justicia:

- “Hacer paz es hacer Justicia: Fortalecimiento al Acceso de Justicia”- “Proyecto para la Adquisición de Tecnología y Elementos para la Modernización Ejecutiva y Operativa de la Educación en la Escuela Penitenciaria Nacional”

• CAF - Banco de Desarrollo de América Latina:

El Ministerio de Justicia y del Derecho y la CAF han fortalecido alianzas, las cuales se tradu-cen en la construcción de la Cárcel de Popayán bajo la modalidad de PPI (Iniciativas Público Privadas). De igual forma se están explorando nuevas opciones de cooperación para otras iniciativas priorizadas por parte de Ministerio.

• Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB):

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha sido representado en la COMJIB por la Viceministra de Promoción de la Justicia, se habló de la importancia de los proyectos que EUROSOCIAL II ejecuta y a través de la Conferencia se ha manifestado la importancia de ampliar la cooperación con COMJIB en el acompañamiento a políticas en materia de inserción social y laboral, en el forta-lecimiento de políticas asociadas a violencia de género, en la mejora de las Casas de Justicia.

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• Organización de Estados Iberoamericanos (OEI):

El Ministerio de Justicia y del Derecho y OEI iniciaron conversaciones para el apoyo económico y administrativo de aquellos proyectos de la entidad, que impacten de manera directa en el mejoramiento del acceso de los ciudadanos a la justicia. En este sentido, se escogieron para el respectivo apoyo, el sitio web legalapp.gov.co de la Dirección de Justicia Formal y el proyecto de Casa Libertad liderado desde el despacho del Ministro.

Con el fin de suscribir un convenio marco en el cual se ejecuten las actividades, la OEI envió un modelo de convenio marco, el cual fue evaluado y comentado por las áreas del ministerio res-ponsables en la materia (Despacho del Ministro, Dirección de Justicia Formal, Oficina de Asun-tos Internacionales y la Oficina Jurídica). La OEI dio respuesta sobre los comentarios hechos por el Ministerio y del convenio marco, documento ya se encuentra listo para la respectiva firma.

• Organización Internacional para la Migraciones (OIM):

La OIM está en proceso de generar su estrategia para el periodo 2015 –2019 a partir de un análisis del contexto del país, las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 y los lineamientos estratégicos de OIM a nivel global. Teniendo en cuenta las posibles áreas de cooperación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, se solicitó tener en

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cuenta tres temas prioritarios para esta cartera, con el fin de ser incluidos en el Plan Indicativo de Trabajo de la OIM en Colombia 2015-2019, los cuales se ajustan a los pilares de implemen-tación del mismo:

- Justicia juvenil- Tráfico de migrantes- Comisarías de familia

De igual manera, se está proyectando por parte de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, el modelo de Memorando de Entendimiento en el cual se acuerden los temas de cooperación entre la OIM y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

• ONU Mujeres

El Ministerio de Justicia y del Derecho participó en la validación el Marco de Cooperación de ONU-Mujeres en Colombia para el período 2015 - 2019. De igual forma, se llevó a cabo una reunión con la Representante país con el fin de definir la agenda de cooperación con el Ministerio de Justicia, a su vez las partes manifestaron el interés de suscribir un Memorando de Entendimiento una vez el Convenio Marco entre en vigencia.

• ONU – Transparencia - ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Se ha realizado el intercambio de textos sobre la implementación y revisión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Por lo cual este Ministerio ha enviado los comentarios sobre el texto inicial. En San Petersburgo Rusia, del 2 al 6 de noviembre de 2015 se llevó acabo la Conferencia de Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, a la que este Ministerio por motivo de austeridad no pudo participar, sin embargo fueron enviados todos los insumos suficientes para el buen desarrollo de la misma. Actualmente, se está trabajando en el envío de los comentarios con relación al cierre del Pri-mer Ciclo de Examen de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

• Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR):

El día 30 de octubre de 2015 en Montevideo Uruguay, se realizó la III Reunión de Ministros del Consejo Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Accio-nes contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a la que este Ministerio por motivo de austeridad no pudo participar, sin embargo fueron enviados todos los insumos suficientes para el buen desarrollo de la misma. El día 12 de noviembre de 2015, el Secretario General de la UNASUR, doctor Ernesto Samper, realizó una reunión con las entidades con el fin de conocer los pormenores de cada entidad.

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• Asamblea General de las Naciones Unidas Sesión Especial (UNGASS):

Diálogo Internacional sobre Políticas de Drogas con el objetivo de apoyar el proceso hacia la UNGASS 2016, los Gobiernos de Colombia, Suiza, Ghana y México, con el apoyo de Méxi-co Unido contra la Delincuencia, Transnational Institute, Washington Office on Latin America (WOLA) y Open Society Institute (OSI). El diálogo es el punto de partida para desarrollar recomendaciones operacionales concretas que podrían ser respaldadas por las prioridades comunes identificadas entre los participantes. También ayudará a identificar mecanismos para promover estas recomendaciones durante el proceso de negociación en la CND, que se inicia-rá en diciembre en Viena, y durante la UNGA en Nueva York.

• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF):

El 2 de octubre de 2015, se firmó el Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia con el objeto aunar esfuer-zos, recursos, físicos y administrativos entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y UNICEF con el fin de priorizar acciones en el corto y mediano plazo para el fortalecimiento del Siste-ma Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA), que permitirá desarrollar las capacidades nacionales y locales, tanto del Ministerio de Justicia y del Derecho como de las entidades que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), así como el desarrollo de estrategias y programas tendientes a la cuali-ficación de la atención que se brinda a los y a las adolescentes vinculados a dicho sistema.

• Unión Europea:

El Ministerio de Justicia y del Derecho en representación del Gobierno de Colombia se presentó a la convocatoria COPOLAD II - Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea sobre la Política de Drogas, cuyo objetivo general es el fortalecimiento del diálogo birregional entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a través del establecimiento de sinergias para mejorar aún más la cooperación con respecto a la política de drogas y la prevención de dupli-cidad en las acciones que ejecuten los países.

Además, ejecutó el Proyecto FORSISPEN Fortalecimiento al Sistema Penal Colombiano me-diante el convenio de financiación DCI – ALA/2010/022-249. De igual forma se desarrolló el Proyecto FORVIC Fortalecimiento de la Víctimas en Colombia, el cual ha finalizado.

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (UNODC):

El Ministerio de Justicia y del Derecho, ha participado en la validación del Marco Programático 2015 - 2019 de UNODC, se han enviado los comentarios al documento con el fin de incluir te-

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mas que son competencia del Ministerio, tales como el desarrollo rural integral y justicia juvenil.2.4.2. Sistema Integrado de Cooperación Técnica Judicial y Penal Internacional

Apoyo Institucional al Sistema Penal Colombiano (2012-2017)

Este proyecto tiene una inversión total de €8.900.000 compuesto por €7.400.000 donada por la Unión Europea (UE) y €1.500.000 por contrapartida nacional, durante este periodo se ejecutaron €1.180480 de la UE y €431.430 de contrapartida nacional; los logros alcanzados hasta el momento son:

• Entrega del campus virtual para la Institución Conocimiento e Innovación para la Jus-ticia (CIJ), adscrita a la Fiscal General de la Nación,

• Dotación de equipos para el laboratorio de la elaboración de Objetos Virtuales de Aprendizaje para la CIJ.

• Entrega de 8 unidades móviles para el traslado y realización de autopsias e inspec-ción de cadáveres y evidencias físicas del procesamiento de la escena para la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

• Entrega de equipos para realizar audiencias virtuales en diferentes cárceles del Institu-

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to Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

• Capacitación para servidores del INPEC en Atención y tratamiento penitenciario.

• Capacitación a servidores públicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familias ICBF en el sistema penal de adolescentes.

• Apoyo a la realización del diseño de políticas públicas en justicia restaurativa para adolescentes en el proceso penal, apoyo a la política de lucha contra la droga, diseño de modelos de resocialización para excombatientes.

2.4.3. Fortalecimiento Institucional para la Atención a las Víctimas (FORVIC)

El Equipo de Gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho está elaborando el cierre de este proyecto, cuyo propósito fué fortalecer el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad en Colombia, con el fin de contribuir a que las víctimas de violaciones de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, pudieran ejercer la reclamación efectiva de sus derechos a la verdad, justicia y reparación, dentro de los logros alcanzados podemos mencionar:

• Entrega de equipos para los laboratorios de genética del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

• Entrega de equipos para los laboratorios de genética del Cuerpo Técnico de Investiga-ción de la Fiscalía General de la Nación (C.T.I).

• Suministro de un software de georreferenciación para actualizar el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

• Dotación de equipos para modernizar las sedes regionales de la Defensoría del Pue-blo donde operan los modelos de atención integral a las víctimas.

• Capacitación a funcionarios de la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación en seguridad integral.

• Capacitación para el personal de la Defensoría del Pueblo en materia de asistencia legal y provisión de servicios de apoyo psicosocial, para la atención psicojurídica a las víctimas.

2.4.4. Apoyo al Programa de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en Colombia (AECID)

En este proyecto se ha desembolsado $868.568.188,00 por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los logros más importantes han sido:

• Prestar el apoyo necesario para desarrollar las sesiones de la Comisión Nacional de

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Coordinación del sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena y la so-cialización de los productos de esta comisión.

• Apoyar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la elaboración y validación del protocolo de alcance institucional y nacional para la investigación judicial, atención y prevención de las muertes con sospecha de violencia basada en feminicidio

• Apoyar la formación de los Comisarios de Familia y herramientas para la investiga-ción penal orientado en violencias basadas en género y aplicación de instrumentos de prevención

• Entrega de equipos al INPEC para realizar audiencias virtuales en 15 cárceles del país.

2.4.5. Fortalecimiento de los servicios judiciales (BID)

El Banco Interamericano de Desarrollo suscribió cuatro (4) contratos y adicionó cuatro (4) con el propósito de obtener: la evaluación final del proyecto; el diseño e implementación de nue-vas funcionalidades del aplicativo CICLOPE para facilitar las condiciones de consulta de los usuarios del Sistema SUIN-JURISCOL; y, la auditoría externa a los estados financieros del pro-yecto de las vigencias 2014 y de cierre 2015; el inventario de las normas de carácter general y legal a nivel de Resoluciones generales, Circulares normativas y/o Decretos que contengan Reglamentos Técnicos, que hayan sido publicados en el Diario Oficial y que correspondan a los sectores de la Administración Pública del nivel nacional relacionados con Justicia y Dere-cho, Comercio, Industria y Turismo, y Minas y Energía desde 1991 hasta 2014. El Ministerio de Justicia y del Derecho logró la participación de un consultor que ejerció durante el período señalado la administración/coordinación del proyecto.

En desarrollo del proyecto, el Ministerio de Justicia y del Derecho logró los siguientes productos:

• Nuevas funcionalidades de la herramienta CICLOPE como son el desarrollo e imple-mentación de un módulo de consultas que sirva de base para obtener estadísticas de legislación para el sistema SUIN-JURISCOL.

• Ajuste de la URL del portal SUIN – JURISCOL; web service (servidor) que permite la in-teroperatividad con otros sistemas de información; incorporación de google search en el portal SUIN-JURISCOL para que lea y clasifique los documentos (Normas y Jurispru-dencia); incorporación de reglamentos técnicos de los sectores en plexo documental de normas; página Web de SUIN-JURISCOL ajustada y personalización de su aspecto visual en consonancia con los estándares institucionales del Ministerio de Justicia y del Derecho (diseñado con tecnología “Responsive Web Design”).

• Un total de 4.192 documentos de los tres sectores mencionados antes, distribuidos así en 2.134 de minas y energía; 1.464 del sector de comercio, industria y turismo; 548 de justicia y derecho y, 46 sentencias de las cortes.

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2.4.6. Traslado de personas privadas de la libertad

La Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos, se reunió cinco (5) veces para estudiar solicitudes de traslado provenientes tanto de colombianos priva-dos de la libertad en el extranjero, como de extranjeros privados de la libertad en distintos cen-tros penitenciarios de la República de Colombia, cuatro (4) de dichas sesiones se celebraron de manera ordinaria de conformidad con lo normado en el Decreto 4328 de 2011 y la restante, se celebró extraordinariamente en consideración a los recursos interpuestos en esa oportunidad.La Comisión Intersectorial estudió doscientos treinta y ocho (238) solicitudes de traslado, de las cuales ciento ochenta y dos (182) fueron interpuestas por ciudadanos colombianos condenados y privados de la libertad en el extranjero y cincuenta y seis (56) de ciudadanos extranjeros condenados y privados de la libertad en Colombia.

De los anteriores casos sometidos a estudio de la Comisión Intersectorial, fueron aprobadas ciento veintiún (121) solicitudes de traslado en razón del cumplimiento de los requisitos conte-nidos en los tratados suscritos y ratificados por Colombia, o por razones humanitarias debida-mente fundadas y probadas; adicionalmente, se aprobaron siete (7) solicitudes en virtud de recursos de reposición interpuestos en los cuales se modificó la decisión inicial. En el mismo sentido, fueron negadas setenta y cuatro (74) solicitudes de traslado por no ajus-tarse a los parámetros contenidos en los tratados suscritos y ratificados por Colombia o por no haber demostrado razones humanitarias debidamente justificadas; así mismo, se confirmó la negativa de veinticuatro (24) recursos de reposición interpuestos contra actos administrativos precedentes.

2.4.7. ExtradiciónDurante este periodo se recibieron 210 solicitudes de extradiciones de diferentes países, de las cuales se aprobaron 183 extradiciones y se hicieron efectivas 173 extradiciones, 146 colom-bianos y 27 extranjeros, de estos 99 fueron extraditados hacia Estados Unidos.

Por otra parte, el Estado colombiano ha presentado 37 formalizaciones de extradiciones ac-tivas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y ha recibido 12 personas en extradición, de estas solicitudes 6 colombianos fueron entregados por España.

2.4.8. Asistencia Legal Mutua en Materia Penal La Oficina de Asuntos Internacionales tramitó ante los diferentes despachos judiciales naciona-les y autoridades centrales extranjeras, aquellos requerimientos de asistencia penal internacio-nal originados en investigaciones, juicios y actuaciones referentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del estado requirente al momento de solicitarse la asistencia. Durante este periodo, se recibieron y tramitaron un total de 91 solicitudes de asistencia judicial, de ellas 88 activas y 3 pasivas, cabe destacar que el 90 por ciento de ellas vienen de Estados Unidos.

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2.5. OFICINA DE INFORMACION EN JUSTICIA

El Ministerio de Justicia y del Derecho entre sus funciones, tiene la de formular, adoptar, promo-ver y coordinar las políticas y estrategias en materia de socialización de la información como mecanismo garantista del respeto por los derechos y el reconocimiento de la institucionalidad en el sector administrativo.

En este contexto, la Oficina de Información en Justicia busca hacerle frente a estos retos en materia de información pública mediante la generación de instrumentos de Buen Gobierno que faciliten el suministro de una información transparente, eficiente y de calidad, con miras a garantizar la participación y satisfacer las expectativas de la comunidad en general.

Dado que la gobernabilidad de la información es un proceso complejo que inicia con la iden-tificación de la información disponible, la obtención, recolección y clasificación de la misma, el análisis del estado de la información en términos de disponibilidad y calidad y la exploración para determinar su aplicación, creando nuevos procesos de producción de información y uso de la misma; de forma tal que se constituya en un valor agregado para la toma de decisiones que satisface necesidades específicas de información de la Alta Gerencia y de los diferentes grupos de interés.

Para ello, la Oficina de Información en Justicia aporta al cumplimiento de dicho cometido garantizando, tanto a nivel interno como sectorial, la aplicación de los lineamientos definidos por los entes rectores en materia de información pública tales como los son: el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadística, Departamento Administra-tivo de la Función Pública y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunica-ciones; así como su aplicación por medio de la implementación de Planes de Información con alcance institucional y sectorial bajo un modelo integrado de gestión de datos e información y el desarrollo de estrategias para su difusión y promoción.Es así que la Oficina de Información en Justicia en el último año viene desarrollando las siguien-tes actividades:

• Implementación Plan Estratégico de Datos e Información (PEDI). En la primera etapa de implementación del Plan generó los siguientes servicios de información o reportes cuyas temáticas fueron priorizadas por la Alta Dirección: i) Métodos alternativos de solución de conflictos y justicia formal. ii) Justicia criminal y penitenciaria. iii) Cultura de la legalidad y política contra las drogas. iv) Justicia transicional o postconflicto. Así como, la elaboración de un reporte de información a nivel sectorial haciendo referen-cia a las Entidades Adscritas del Sector Administrativo de Justicia.

• Se encaminaron esfuerzos en la creación conceptual de un Modelo de Gestión de Información (MGI) para abordar de manera integral el estudio de la justicia, conside-rando los aspectos funcionales, tecnológicos, administrativos y financieros bajo tres (3) enfoques: Ciudadanos, tomadores de decisiones y expertos.

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• Con el fin de responder a la demanda de información del sector justicia, se cuenta con un sistema de estadísticas judiciales que contiene los indicadores en las temáticas de acceso a la justicia, política penitenciaria, política criminal, confianza en la justicia y variables presupuestales, con enfoque al ciudadano a través de visualización en web. Lo anterior, en concordancia con la iniciativa estratégica “Formulación de un sistema de estadísticas judiciales” del Señor Ministro Yesid Reyes Alvarado y los proyectos de inversión a cargo de la Oficina de Información

• Elaboración del Plan Estadístico Nacional junto con el DANE. A través de mesas de trabajo se incluyeron ocho (8) procesos estadísticos del Ministerio y se desarrolló una cartilla de lineamientos general, el cual hace énfasis en las etapas y consideraciones en los procesos de operaciones estadísticas y generación de registros administrativos.

• La Oficina de Información en Justicia como líder de la mesa de Gobierno en Línea, recibió el premio a la Excelencia GEL, “ExcelGEL”, el día 13 de noviembre de 2015 en la ciudad de Manizales, esta distinción resalta el interés permanente del Ministerio de Justicia y del Derecho de llevar a cabo proyectos novedosos y el desempeño en la implementación de la nueva estrategia de GEL.

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• Como líder de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano, la Oficina de Información en Justica, realiza las gestiones pertinentes que permitan la actualización permanente de la información publicada en la página web, cumpliendo con la publicación y actualización de los instrumentos definidos en la Ley 1712 de 2014 y su Decreto Reglamentario 103, buscando siempre un mayor acercamiento con la ciudadanía a través del ofrecimiento de una información clara, oportuna y en lenguaje sencillo.

• Fortalecimiento Institucional para el servicio al ciudadano. Mediante Resolución 338 del 26 de Junio de 2014 del Ministerio de Justicia y del Derecho, se creó el Grupo de Servicio al Ciudadano adscrito a la Oficina de Información en Justicia, el cual se con-formó efectivamente el 1º de septiembre de 2014 con el objeto de facilitar la interac-ción de la ciudadanía con la entidad, consolidar la estrategia de servicio al ciudadano y propender por el cumplimiento de los requerimientos normativos en estas materias.

En este sentido, se han adelantado diferentes actividades:

a. La adecuación de un espacio físico para la atención presencial de ciudadanos (Articula-ción con la norma NTC 6047 de Accesibilidad al Medio Físico y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión), a través de un Centro Integral de Atención al Ciudadano, con el fin de que los distintos usuarios de los servicios de la Entidad cuenten con los canales de con-tacto necesarios para mantener una interacción y comunicación más accesible, de calidad y efectiva.

b. La adecuación y actualización de procesos y procedimientos internos enfocados al mejora-miento en la prestación del servicio al ciudadano.

c. Fortalecimiento institucional para reconocer al ciudadano como eje central en la gestión de la entidad.

• Participación Ciudadana. Con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades, expectativas e intereses de la ciudadanía a nivel nacional, el Grupo de Servicio al Ciudadano en cooperación con las áreas misionales de la entidad y en el marco de la política pública de servicio al ciudadano liderada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, coordina las dife-rentes actividades que garanticen la participación exitosa de la entidad en las Ferias de Servicio al Ciudadano a través de la designación de delegados, quienes cuentan con experiencia y relacionamiento con la comunidad a nivel territorial.

Adicionalmente se han identificado ejercicios de participación realizados por las áreas misio-nales y que tienen como propósito interactuar de manera efectiva con los ciudadanos fortale-ciendo de este modo la democracia a través de acciones enfocadas en la transparencia.

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3. VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

Se encarga de asesorar y trazar directrices en la formulación de políticas públicas que orien-ten el sistema judicial del ordenamiento jurídico. También promueve acciones en materia de justicia y del derecho que involucren a la comunidad en la resolución pacífica de conflictos mediante la utilización de los mecanismos formales y alternativos de justicia. Asimismo, asiste al Ministro en lo que concierne a la iniciativa legislativa, la investigación y análisis de las materias relacionadas con los objetivos, la misión y las funciones del Ministerio y del sector justicia. Lo anterior, con el fin de materializar los derechos de los ciudadanos, mediante el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

El Viceministerio de Promoción de la Justicia cuenta con tres direcciones: la Dirección de Desa-rrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Los resultados obtenidos durante el último año son:

3.1. Menos normas y más claras

En relación a la depuración del ordenamiento jurídico, para simplificar el ordenamiento legal se ha avanzado en la metodología para reducir el volumen de Normas, de manera que en el sector administrativo de Justicia se han identificado 652 normas más depurables, de 1.065. Esta metodología es base para coordinar el Proyecto Interinstitucional de Armonización Norma-tiva, el cual tiene como finalidad: i) determinar el universo de normas jurídicas con fuerza de ley que actualmente se encuentran vigentes y ii) depurar el universo de normas jurídicas con fuerza de ley vigentes, aquéllas que los sectores de la administración pública consideren jurídicamente obsoletas, inútiles o en desuso (caducas por vencimiento de plazo o por cumplimiento de su objeto), con el fin de fortalecer el principio constitucional de seguridad jurídica.

Pasamos de tener detectadas 937 normas, en el año 2014...

... 10.234 normas de rango legal identificadas.

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En aras de contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica, en la dirección electrónica www.suin-juriscol.gov.co se encuentra la base de datos con normas desde 1991 hasta la fecha, con la información jurídica contenida en los sistemas SUIN (administrada por el Ministerio de Justicia y del Derecho) y JURISCOL (administrada anteriormente por el Banco de la República), hoy llamado sistema SUIN-JURISCOL, donde la ciudadanía puede consultar de manera gratuita información normativa colombiana.

El Sistema Único de Información Normativa del Estado Colombiano - SUIN – JURISCOL permite ubicar, de forma rápida y gratuita, normas de carácter general, actos legislativos, leyes, de-cretos, directivas presidenciales, resoluciones, circulares, entre otros, así como sus respectivas concordancias y afectaciones normativas y jurisprudenciales. Igualmente se pueden realizar consultas de jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad proferidas por la anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional.

3.1. JUSTICIA MÁS CERCANA AL CIUDADANO

3.2.1. LegalApp En marzo de 2015 el Ministerio lanzó oficialmente el sitio web www.legalapp.gov.co, de con-sulta gratuita a nivel nacional y disponible en teléfonos móviles con acceso a internet. Este bus-ca mediante un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para los usuarios, ofrecer información y orientación sobre trámites, procedimientos o “rutas de justicia” para resolver un conflicto, así como indicar las entidades a las cuales acudir, a través de un directorio de autoridades que indica la ubicación exacta en el municipio de interés del usuario. A la fecha, el sitio Web cuenta con ciento treinta y tres (133) trámites o temas de justicia, orientados a distintos públicos, esperando alcanzar los 150 temas al final de 2015. En materia de directorios, Legalapp centraliza en un solo sitio información de 20.000 autoridades, entre juzgados, fiscalías, casas de justicia, comisarías de familia, conciliadores, entre muchos otros.

http://www.suin-juriscol.gov.co

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Tan solo siete meses después del lanzamiento el sitio web, este cuenta con más de 430.000 visitas, logrando un incremento de 3.5 veces en el número de visitantes mensuales, desde el lanzamiento. Las preguntas más frecuentes formuladas por los ciudadanos tienen que ver con temas relacionados con la custodia o los alimentos de menores de edad o de adultos mayores, arrendamientos de inmuebles, deudas, acción de tutela, unión libre, presentación de denuncias penales, convivencia vecinal, prestaciones sociales, servicio de salud y violencia intrafamiliar. LegalApp no solamente cuenta con visitas desde Colombia, sino que ha sido consultada en di-ferentes países como Estados Unidos, México y Argentina; además de un amplio movimiento en redes sociales y la articulación con otras entidades y programas como Urna de Cristal, Puntos Vive Digital, SíVirtual, DNP, Universidades, entre otros.

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3.2.2. Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana

Las Casas de Justicia son centros interinstitucionales de información, orienta-ción, referencia y prestación de servicios de acceso a la justicia y resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal, articulando la oferta de acceso a la justicia de diferentes entidades del orden nacional y local. Con las Casas de Justicia se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Actualmente, el Programa cuenta con ciento cuatro (104) Casas de Justicia en operación, ubicadas en veintiocho (28) departamentos y ochenta y ocho (88)

municipios del territorio nacional. Del año 2014 al año 2015, han entrado en operación die-cinueve (19) Casas de Justicia, de las cuales doce (12) están en el departamento de Antioquia y fueron financiadas por el ente territorial. Este es el periodo durante el cual se ha puesto en funcionamiento el mayor número de casas durante la operación del programa.Los Centros de Convivencia Ciudadana son un espacio donde se promueve la convivencia

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Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho - Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

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ciudadana a través de la articulación de entidades prioritariamente de orden local (Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía, Oficinas de Desarrollo Comunitario, Oficina de Asesoría Jurídica, Consultorio Psico-lógico, entre otros), que desarrollan programas psicosociales y de acce-so a la justicia, a través de mecanismos formales y alternativos, relacio-nados con la prevención, la atención y la solución de conflictos, con el fin de contribuir a la reconstrucción del tejido social en las comunidades. En los Centros de Convivencia, se hace más énfasis en la prevención

del conflicto que en la atención de casos, y se cuenta con programas para acercar a los estu-diantes de los colegios y a la población infantil, a través de espacios como la ludoteca, y la biblioteca en sus instalaciones. Actualmente, el Programa cuenta con treinta y tres (33) Centros de Convivencia Ciudadana en operación, ubicadas en dieciocho (18) departamentos y (33) municipios del territorio nacional. Del año 2014 al año 2015, han entrado en operación cuatro (4) Centros de Convivencia Ciudadana:

Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho - Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

3.2.3. Centros de Convivencia Ciudadana

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Entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, las Casas de Justicia reportaron al Sistema de Información del Ministerio de Justicia y del Derecho 324.432 personas atendidas, correspon-diente a 452.584 solicitudes

3.2.4. Comité Nacional de Casas de Justicia.

Es la máxima instancia de coordinación del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, es la encargado de trazar los lineamientos y directrices del Progra-ma. El Comité Nacional está presidido por el Ministro de Justicia y del Derecho y la Secretaría Técnica está a cargo de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.

El Comité Nacional se reunió el pasado 1 de octubre de 2015, luego de 10 años de su última sesión. Estas instituciones tienen en la articulación la respuesta concreta al conflicto y a las necesidades en los territorios, están diseñadas para atender la demanda de justicia específica, sirve para llegar a las poblaciones más vulnerables y es una herramienta para llevar la institu-cionalidad donde no ha existido.

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La pasada sesión del Comité generó las siguientes conclusiones:

• Se establecieron dos niveles de trabajo: i) el Comité Nacional se reunirá por lo menos una vez al año y ii) Creación de la Mesa Técnica integrada por los enlaces técnicos designados con criterio misional que representan a cada entidad vinculada al Progra-ma y que se reunirá por lo menos tres veces en el año.

• Se requiere trabajar temas relacionados con el fortalecimiento misional del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, a través de pilotajes para validar lo que se va a implementar.

• Las Federaciones de Municipios y de Departamentos brindarán apoyo en sus respec-tivas organizaciones para que alcaldes y gobernadores se comprometan consecuen-temente con el Programa de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana.

• El Comité Nacional se reunirá dentro de seis (6) meses, para tomar decisiones con base en el trabajo de la Mesas Técnica y de los casos de fortalecimiento de Casas de Justicia en (Chaparral, Buenaventura y El Bagre) pilotos que se están adelantando.

• Se aprobó la integración al Programa Nacional de Casas de Justicia la Policía Nacio-nal, la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas - UARIV, la Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR y la Unidad Administra-tiva para la Consolidación Territorial – UACT.

3.2.5. Fortalecimiento del Modelo de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana

El Ministerio de Justicia y del Derecho se propuso realizar un ajuste al modelo de gestión de las Casas de Justicia, para lo cual se están desarrollando las siguientes actividades en Buena-ventura, El Bagre y Chaparral:

1. Diagnóstico de las CJ y de la conflictividad de su zona de influencia.

2. Propuesta de ajuste al modelo de CJ y diseño de prueba piloto.

3. Implementación de la prueba piloto.

4. Monitoreo del piloto y propuesta de réplica en otros municipios del país.

Como parte del proceso, se identificaron los aspectos críticos del Programa Nacional, recono-cidos a través de diagnósticos y evaluaciones parciales realizadas por distintas entidades del orden local y nacional y se consolidaron las propuestas para mejorar el modelo de gestión. Los hallazgos dan cuenta de los siguientes aspectos:

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Como beneficios identificados en distintas investigaciones realizadas desde su puesta en mar-cha, una Casa de Justicia:

• Facilita la prestación descentralizada de servicios de justicia por parte de entidades del orden nacional, local, representantes de las comunidades y universidades presen-tes en la zona, orientados a evitar el escalamiento de los conflictos y la generación de mayores niveles de violencia.

• Familiariza a la comunidad con el uso de métodos alternativos en la solución de conflictos.• Orienta al usuario sobre sus derechos y deberes e integra a la comunidad en torno a

la defensa de los derechos humanos.• Previene la violencia intrafamiliar.• Fortalece la presencia y legitimidad del Estado en sectores y áreas poblacionales ex-

cluidas y marginadas.

CATEGORÍA ¿QUÉ PROBLEMA SE DEBE RESOLVER? ¿QUÉ SE REQUIERE?

Servicio de calidad

Falta de privacidad de las oficinas Mobiliario en mal estado Hacinamiento/falta de oficinas Instalaciones deterioradas

Espacios amigables Infraestructura adecuada

Desconocimiento de las Casas de Justicia (54%1)

Contaminación visual

Información clara para usuarios

Competencias cruzadas o replicadas Migración de los usuarios entre oficinas

Protocolos y rutas de atención

Rotación de personal Capacitación esporádica al personal

Funcionarios capacitados y estables laboralmente

Capacidad diferenciada de las Casas para desarrollar actividades de prevención

Actividades de prevención de la violencia

Evaluación continua

Desarrollo de las casas extremadamente desigual

Información incompleta, inoportuna, imprecisa

Aseguramiento de disponibilidad de información externa e interna de calidad

Medición de la satisfacción

Evaluación de impacto

Operación eficiente

Papel disperso del Ministerio de Justicia Baja presencia institucional del orden nacional Desarticulación institucional Descoordinación Inestabilidad laboral Sistema de coordinación nacional y local

inoperante

Refuerzo del Gobierno nacional y local

Definición de modelo de financiación sostenible

1 Análisis de impacto de la Universidad Nacional

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• Une a la comunidad y al Estado generando confianza y el sentido de pertenencia, en cuanto la comunidad se siente beneficiada por la oferta de servicios que allí encuentra.

• Fomenta la construcción de tejido social.• Es un modelo cooperativo e interagencial.

Un aspecto importante a reconocer es que la Casa de Justicia es un sistema articulado de servi-cios de justicia formal y no formal, que se presta en una infraestructura física en la que conver-gen entidades locales y nacionales, para resolver a la mayor brevedad, conflictos (pequeñas causas) de la comunidad, con el propósito de promover la convivencia pacífica, disminuir la violencia y aumentar la legitimidad del Estado en todo el territorio nacional.

De acuerdo con este contexto, se propone un fortalecimiento del modelo de gestión de Casas de Justicia, con el propósito de consolidar la oferta institucional de justicia, la gobernabilidad frente al Programa, los mecanismos de coordinación y generar sostenibilidad financiera para su mantenimiento y operación, de manera que se mejore su eficiencia y calidad.

3.2.6. Casas Móviles

Así mismo, se llevaron a cabo en 2015 jornadas de Casas de Justicia móvil en Cáceres (vereda el Tigre), Vegachí (vereda el Pescado), Turbo y El Bagre (Antioquia), Cartagena (Bolívar), Istmi-na, barrio Cubis (Chocó), Barranquilla (Atlántico), Girardot, veredas Barzalosa y Agua Blanca (Cundinamarca), Tuluá y Buenaventura (Valle del Cauca) y Mocoa (Putumayo).

3.2.7. Jornada de acceso a la Justicia: Conciliatón en Bogotá y Soacha.

El 20 y 21 de noviembre se llevó a cabo la Gran Conciliatón en Bogotá, una acción impulsada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuyo propósito consistió en ofrecer servicios de conciliación extrajudicial en derecho y en equidad, completamente gratuitos y de forma masiva a la población de estratos 1, 2 y 3 del Distrito Capital.

Este evento persiguió contribuir al posicionamiento de la conciliación como un método alternati-vo de solución de conflictos que es reconocido por la ciudadanía como una forma de acceso a la justicia legítima y confiable. El alcance es promover, no sólo el uso del método, sino también el diálogo y la autogestión de los conflictos con plenos efectos jurídicos como una alternativa eficiente y eficaz, que contribuye a la convivencia pacífica de las comunidades. Más aún, ante el reto de lograr una transición hacia la paz que sea sostenible y duradera.

Atendieron a la convocatoria del Ministerio de Justicia 50 centros de conciliación, privados, pú-blicos y universitarios, 142 conciliadores en equidad, 55 jueces de paz, 17 Casas de Justicia, 6 Unidades de Mediación y Conciliación, algunas Comisarías de Familia de Bogotá y la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá. En total, contamos con la participación de más de 600 conci-liadores en derecho y en equidad y fueron programadas 2.751 audiencias de conciliación.

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3.2.8. Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición-SICAAC.

Sistema de información ajustado a las nue-vas tecnologías de la información y las co-municaciones, que permitirá integrar en una sola herramienta las funcionalidades de los dos sistemas de información que se mane-jan actualmente: Sistema de Información de la Conciliación (SIC) y Sistema Electrónico para el Control, Inspección y Vigilancia a los Centros y entidades (SECIV), gracias a que se desarrollará con modernas herra-mientas de programación e integrará el cambio normativo que ha sufrido la legis-lación en materia de Métodos Alternos de Solución de Conflictos en el país.

Se busca que el SICAAC no sólo sea un sistema que le permita al Ministerio de Justicia y del Derecho ejercer de mejor manera su función de control, inspección y vigilancia a los centros y entidades, así como recibir reportes y documentación entre otras actividades, sino que también sea una plataforma de utilidad para los centros mismos, donde estos puedan dis-poner de la información que remiten, ela-borar estadísticas a partir de esta, reali-zar estudios socio jurídicos, proyecciones y en general, tomar decisiones que con-tribuyan a mejorar el ejercicio de cada entidad en el desarrollo de los MASC.

Durante los dos días, se realizaron 1.270 audiencias de conciliación, de las cuales 986 corres-ponden a acuerdos alcanzados; 250 reprogramaciones, 284 no acuerdos; 504 inasistencias y 21 desestimientos.

Así, en la Conciliatón fueron atendidos alrededor de 2.045 conflictos, que incluyeron temas de alimentos (23,08%), arrendamientos (15,38%), familia (10,99%), responsabilidad contractual (8,79%), custodia, cuidado y visita de hijos (7,69%), y créditos (6,59). Las Localidades que más conciliaciones realizaron fueron Santa Fe (211), Antonio Nariño (124), Chapinero (100), Can-delaria (76) y Engativá (31).

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Para este objetivo se han tomado en cuenta las opiniones y necesidades de los usuarios direc-tos que operan el sistema, a fin de crear una herramienta más útil, efectiva y completa.

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3.3. JUSTICIA AL SERVICIO DE LA CONVIVENCIA PACIFICA FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

3.3.1. Justicia en Equidad

El conciliador en equidad ees una persona con reconocimiento comunitario y alto compromiso social que administra justicia de manera gratuita, motivando a que las personas involucradas en un conflicto construyan por sí mismas, a través de un mutuo acuerdo, la solución al mismo. El Conciliador en Equidad no decide la solución del problema; actúa de manera neutral y moti-va a las partes para que solucionen ellas mismas, con base en el sentido de igualdad, la justicia natural y el beneficio común. Esa solución queda consignada en un documento denominado Acta de Conciliación en Equidad, la cual tendrá efectos de tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.

95 municipios fortalecidos con Conciliadores en

Equidad(2010-2015)En el 2015 ingresaron

Miranda - Cauca, Montelibano y

Puerto Libertador - Córdoba,

Pradera - Valle y Bogotá - DC.

En la actualidad el país cuenta 8.330 Conciliadores en

Equidad

A septiembre 30 de 2015, los

Conciliadores en Equidad atendieron 115.487 motivos, discriminados así:

Con corte a septiembre 30 de

2015, se suscribieron

16.471 actas de conciliación en equidad, estos

trámites evitaron que esos procesos

llegaran a los despachos judiciales.

en veintinueve (29)

departamentos

ubicados en doscientos

cuarenta y dos (242) municipios

20.788 motivos relacionados con

arriendos

16.118 de asuntos

económicos

10.527 de tipo familiar

10.394 relacionados con

vecinos y comunidad

Fuente: Ministerio de Justicia y de Derecho - Reportes de operación y estadísticas del Progra-ma de Justicia en Equidad

En la actualidad se desarrolla la fase 3 (evaluación documental del Ministerio para el aval correspondiente) de la implementación de la conciliación en equidad en los municipios de Miranda y Caloto, en los cuales hay 54 y 42 postulados respectivamente para ser designados como conciliadores en equidad. Así mismo, se lleva a cabo una actividad de fortalecimiento a través de un diplomado de actualización a los conciliadores en equidad en Popayán, Puerto Tejada y Santander de Quilichao.

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3.3.2. Formación en Conciliación en Insolvencia de Persona Natural No Comerciante

Se suscribió el Contrato No 553 del 2015, con la Universidad de Medellín para capacitar a abogados, conciliadores en derecho, funcionarios públicos y directores de los Centros de Con-ciliación en el tema de Conciliación en Insolvencia de Persona Natural No Comerciante.

Este procedimiento contemplado en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) permite que cualquier persona natural, que no haya podido cumplir con sus obligaciones financieras, pueda realizar acuerdos con sus acreedores que le permitan recuperar su buen nombre comer-cial y su vida crediticia en una especie de salvavidas financiero.

El Ministerio de Justicia desde el 2014 y en lo que va corrido del 2015, ha proferido 29 actos administrativos de autorización a Centros de Conciliación para conocer de los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante. En ese mismo periodo se profirieron 11 actos administrativos de otorgamiento, también a Centros de Conciliación, de aval para capa-citar abogados en este procedimiento especial.

Este contrato con la Universidad de Medellín, ha permitido capacitar a más de 100 personas entre abogados del Ministerio de Justicia y del Derecho, Superintendencia de Sociedades, Procuraduría General de Nación, Dirección Nacional de Derechos de Autor, abogados conci-liadores y Directores de Centros de Conciliación. El énfasis en las capacitaciones se ha dado en Bogotá y Cali, donde está aumentando la demanda de casos en insolvencia de persona natural no comerciante y cada vez se está requiriendo la cualificación, tanto de operadores de la conciliación, como de abogados litigantes, en este tipo de procedimiento.

Todo lo anterior, para asegurar la garantía de los derechos de las partes (deudores y acree-dores), en un ambiente de convivencia pacífica y de mejoramiento de las relaciones sociales.

Entidades avaladas para impartir formación en Insolvencia

Fuente:Ministerio de Justicia y de Derecho - Portal de internet Conciliación www.conciliación.gov.co

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3.4. ACCESO A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL

3.4.1. Correcciones del Nombre en el Registro Civil de la Población de Comuni-dades Indígenas

Ante la inconformidad expresada por miembros de diferentes comunidades indígenas del país, relacionadas con las dificultades para realizar el trámite de cambio de nombre en sus registros civiles y documentos de identificación, se expidió el Decreto 1797 de 2015 “Por el cual se adi-ciona un literal al artículo 2.2.6.13.2.9.1.de la Subsección 9 de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.

En la comunidad Wayuu, por ejemplo, las dificultades para realizar el cambio de nombre se derivaban, según lo manifestaban, en tratos discriminatorios hacía un significativo número de miembros de esta etnia debido a que figuraban con nombres que no obedecían a sus usos y costumbres, lo que generaba una serie de burlas y faltas de respeto hacia estas personas. Este decreto materializa las posibilidades contempladas en los artículos 91, 93 y 94 del Decreto Ley 1260 de 1970 modificado por el Decreto 999 de 1988, es decir, efectuar correcciones en el registro del estado civil de las personas y el cambio de nombre, incluyendo aquellas que hacen parte de comunidades indígenas. Además, contempla la exención de derechos notariales para dicho trámite.

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3.4.2. Red de Discapacidad

3.4.2.1 Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social

3.4.2.2 Programa de Formación en Discapacidad para Operadores de Justicia

El Ministerio de Justicia y del Derecho desarrolló junto a la Universidad de los Andes, el Pro-grama de Formación en Discapacidad para Operadores de Justicia, con el objetivo de ofrecer insumos académicos y técnicos para el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad en los servicios de acceso a la administración de justicia; este programa fue cursado por cien (100) personas de veintidós (22) municipios. La guía de estudio construida en el marco de esta iniciativa, será distribuida a los operadores de justicia y a todas las facultades de Derecho del país, para su difusión interna.

3.4.2.3. Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta Red busca aunar esfuerzos para el acceso oportuno y efectivo a la justicia de las personas con discapacidad, generar una transformación de la comunidad jurídica en torno a la discapa-cidad y optimizar el impacto social de la labor de las Universidades. Actualmente hacen parte de la Red 43 universidades con Facultad de Derecho, de Bogotá D.C, y los Departamentos de Antioquia, Valle, Atlántico, Santander, Risaralda, Tolima, Nariño, Sucre, Boyacá, Bolívar, Cau-ca, Norte de Santander y Caldas. La información relacionada con RUNDIS puede ser consul-

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tada en la página web www.minjusticia.gov.co/Reddiscapacidad , espacio en el que también podrá encontrar investigaciones socio-jurídicas, normas, resumen y textos de la jurisprudencia que sobre el tema han proferido la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Con-sejo de Estado, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3.4.2.4 Elaboración de Guía de Atención a las Personas con Discapacidad en el Acceso a la Justicia Ofrece a los operadores de justicia herramientas para asegurar que su actuar posibilite el ple-no disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Adicionalmente, brinda a esta población, sus familias y redes de apoyo, información acerca de qué esperar de la atención por parte del sistema de justicia.

3.4.2.5 Mesa Técnica Discapacidad.

La Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, lideran la mesa técni-ca encargada de la construcción del proyecto sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que será presentado al Congreso de la República.

Capacitación

Divulgación y sensibilización

Asesoría jurídica, conciliación

Investigaciónsociojurídica

Representaciónjudicial

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3.4.3. Fortalecimiento de las comisarías de Familia para atender la violen-cia contra las mujeres.

Las Comisarías de Familia son entidades administrativas municipales cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia. Dentro de sus fun-ciones principales se encuentran la adopción de medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar y de violencia contra las mujeres, el restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes y la conciliación de temas relacionados con alimentos y visitas.Estas entidades son una importante puerta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar: 71 de cada 100 casos reportados de violencia contra la mujer son atendidos por las comisarías de familia. 7 de cada 10 personas que acuden a las comisarías de familia son mujeres. (PGN, 2012). En el año 2010, el 80.1% de las Comisarías de Familia del país informaron que durante el año conocieron un total de 108.778 casos de violencia al interior de la familia y se profirieron un total de 171.094 medidas de protección. (PGN, 2012).

El propósito del proyecto del Viceministerio es fortalecer la capacidad institucional de las Comi-sarías de Familia para atención de las violencias basadas en género y demás asuntos relacio-nados con la familia, a través de la identificación, desarrollo e implementación de herramientas de TIC que faciliten la gestión interna de estas entidades y su interacción con los ciudadanos.

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Lo anterior, y con ocasión de lo dispuesto en el Decreto 2897 de 2011 y el Decreto 4799 de 2011, al MJD le corresponde ““Definir lineamientos técnicos en materia de competencias, pro-cedimientos y acciones relacionadas con las funciones de atención a la violencia basada en género por parte de las Comisarías de Familia y otras autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales”.

En cumplimiento de esta obligación, el Ministerio ha desarrollado las siguientes acciones:

• Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el abordaje de la violencia intra-familiar con enfoque de género.

Con el fin de llevar a cabo la difusión y capacitación de la cartilla guía pedagógica sobre el procedimiento para abordar la violencia intrafamiliar con enfoque de género, se llevaron a cabo entre el 10 de diciembre al 19 de diciembre de 2014, la totalidad de treinta (30) jornadas en veintitrés (23) ciudades de Colombia, con duración de cinco (5) horas cada una, contando con un total de 1053 asistentes.

• Lineamientos técnicos: i) marco normativo en torno a la violencia basada en el género; ii) lineamientos técnicos en violencias basadas en el género para las comisarías de familia.

Con el fin de llevar a cabo la socialización de los instrumentos, se llevaron a cabo 22 jornadas de capacitación a nivel nacional entre los meses de junio y noviembre de 2013 a 1.026 funcio-narios integrantes de las comisarías de familia de la mayoría de los departamentos del país. En estas jornadas se contó con la presencia principal de comisarios y comisarías de familia, secretarias, auxiliares administrativas de estos despachos e integrantes de los equipos interdis-ciplinarios con énfasis en profesionales de la psicología y trabajo social.

• Herramientas de Valoración, Seguimiento, Estándares de Calidad y Generación de Rutas.

a. Instrumento de valoración del riesgo para la vida y la integridad personal por violencias de género al interior de la familia.

b. Instrumento de seguimiento a la medida de protección impuesta por los comisarios/as de familia por violencias de género al interior de la familia.

c. Instrumento de seguimiento a la medida de atención impuesta por los comisarios/as de familia por violencias de género al interior de la familia

d. Estándares de calidad para la atención de las violencias de género en los comisarios de familia.

e. Rutas para el procedimiento de atención a víctimas por violencias de género al interior de la familia en las comisarías de familia.

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3.4.4 Seminario Internacional Sobre Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial

El 23 y 24 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el Seminario Internacional Sobre Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial organizado conjuntamente con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas-CEJA-, con el auspicio de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Corporación Excelencia en la Justicia y Dejusticia. Se contó con la participación de expositores de Argenti-na, México, Chile, Estados Unidos, Costa rica y Canadá, además de reconocidos expositores nacionales logrando un intercambio académico y de experiencias exitosas en MASC.

Casas de Justicia y Sistemas Multipuerta en América Latina, Justicia Comunitaria y en Equidad, Resolución Online de Controversias, entre otros, fueron los principales ejes temáticos debatidos en este foro, en el que diferentes opiniones fueron expuestas gracias a la variedad de exposi-tores y público asistente.

• Enfoque étnico en programas

De manera articulada con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, se está trabajan-do en la construcción conjunta con los funcionarios y operadores de las casas de justicia de Uribía (La Guajira), Chaparral (Tolima), Buenaventura (Valle del Cauca), El Bagre (Antioquia) e Ipiales (Nariño), al igual que con las autoridades indígenas, las rutas de atención diferenciada de conflictos con enfoque étnico. Para esto se adelantan con ellos en la actualidad seminarios acerca de la Jurisdicción Especial Indígena, lo que una vez culminados permitirán que se lleven a cabo los encuentros en los que surja la construcción conjunta de tales rutas de atención.

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4. VICEMINISTERIO DE POLITICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

El Viceministerio de Política criminal y Justicia Restaurativa tiene a su cargo tres direcciones: Di-rección de política contra las drogas y actividades, Dirección de Justicia Transicional, Dirección de Política Criminal y Penitenciaria. Los resultados obtenidos durante el último año son:

4.1 Política Contra las Drogas

La Dirección de política contra las drogas y actividades relacionadas tiene a cargo el diseño y coordinación de las políticas e iniciativas del estado colombiano para prevenir y controlar las problemáticas de las drogas y acciones conexas; está conformada por la Subdirección de Estrategia y Análisis y la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes.

La Subdirección de Estrategia y Análisis, se encarga entre otras acciones, de adelantar estudios e investigaciones relacionados con el problema mundial de drogas ilícitas en sus diferentes manifestaciones y proponer estrategias de seguimiento; apoya iniciativas territoriales para ge-nerar evidencia que consolidan una política de drogas estratégica para abordar el problema de la producción de drogas.

La Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, se encar-ga de implementar una las estrategias encaminadas al control de ciertas sustancias y productos químicos utilizados frecuentemente para la producción de drogas ilícitas. Este control responde a una serie de compromisos internacionales señalados principalmente en la Convención de

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las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, la Decisión 602 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones; la Estrategia Hemis-férica de Drogas de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas – CICAD y obedece a necesidades regionales establecidas normativamente en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y demás leyes expedidas por el Gobierno Nacional y las Resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes.

La Dirección de política contra las drogas y actividades relacionadas entre sus logros y avances a destacar durante el último año1 se encuentra:

1. 1.Informe final de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, que contiene un diagnóstico de la problemática de las drogas en Colombia y recomen-daciones para un nuevo enfoque de esta política en el país. La Comisión Asesora le entregó al Gobierno Nacional este informe el 13 de mayo del presente año.

2. Diálogo Nacional sobre el Futuro de la Política de Drogas en Colombia: esta iniciati-va busca recopilar percepciones y opiniones de los ciudadanos sobre la política de drogas mediante foros regionales y nacionales. Se han realizado 3 foros regionales y 3 foros nacionales. Dos foros más están programados en lo que resta del año con estudiantes y periodistas.

3. La coordinación y la articulación entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Mi-nisterio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha logrado fortalecer el rol de liderazgo del Estado colombiano en los escenarios internacionales en materia de drogas, mediante la participación activa y relevante en las reuniones de preparación y discusión sobre el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas en el 2016- UNGASS. Producto de este trabajo coor-dinado y consensuado ha sido la presentación de la posición de Colombia en materia de drogas (Non Paper) a la Comisión de Estupefacientes, insumo para el documento de resultados de la UNGASS 2016.

4. Fortalecer y estructurar el Observatorio de Drogas de Colombia como un centro de generación de conocimiento y evidencia técnica en la temática de las drogas en el ámbito nacional y territorial que contribuya a la toma de decisiones de política públi-ca; continuar con la misión asignada por el CNE de consolidar la información de las diferentes manifestaciones del problema. En la actualidad, el Observatorio se enfoca en dos ejes fundamentales, el desarrollo de estudios e investigaciones sobre droga y consolidar el sistema de información sobre las diferentes temáticas ( www.odc.gov.co)

5. Formulación y desarrollo del “Sistema de Alertas tempranas en drogas” , creado con el fin de mitigar y reducir el impacto de las drogas emergentes a partir de la oportuna detección, evaluación del riesgo y generación de información confiable dirigida a las

1 Noviembre de 2014-Octubre de 2015

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autoridades relacionadas y la comunidad en general (generación de evidencia, ca-racterizaciones regionales, georreferenciación y realidades regionales). El SAT nace en 2013 en el marco del Observatorio de Drogas de Colombia y cuenta con una red interinstitucional y avances en su formalización. A la fecha se han producido seis alertas en las cuales se ha puesto en evidencia la presencia de alrededor 20 nuevas sustancias psicoactivas en el país para alertar a la comunidad sobre sus riesgos en la salud.

6. El Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de Salud y Protección Social lidera-ron la construcción del Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención del Consumo de SPA decenal, el cual fue aprobado por el CNE mediante Resolución No. 007 de 2015. El MJD apoya la implementación de programas y proyectos para prevenir y atender la problemática del consumo de drogas en el país.

7. Caracterización y comprensión de la problemática del microtráfico y narcomenudeo; diseño de una metodología a partir del enfoque de vulnerabilidad territorial y social que pueda ser replicable a todo el país; lineamientos de política pública para atender esta problemática que afecta al país.

8. Gestión y coordinación interinstitucional para la conformación de la Alianza del Buen Gobierno –ABG, que vincula a la Unidad Administrativa de Consolidación territorial- UACT y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito– UNODC, para la implementación de actividades y proyectos a nivel regional, departamental y municipal para el desarrollo de la política de drogas y materializar el nuevo abordaje interinstitucional al problema de la producción de drogas ilícitas en zonas vulnerables.

4.1.1 Promoción de Desarrollo Alternativo en los departamentos de Guajira y Magdalena ($1450.000.000 invertidos)

Guajira

• DIBULLA (Resguardo Kogui -541 familias): Proyecto por $70.000.000 para la adqui-sición de equipos de tostado de café que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de la estrategia comercial, de café del pueblo kogui, logrando mejor valor agregado en

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la cadena de valor del café Kogui, permitiendo que el resguardo disminuya los costos en el componente industrial.

• DIBULLA (Resguardo Kogui -541 familias): Proyecto por $232.448.300 para la asisten-cia técnica y la adquisición e instalación de equipos para el procesamiento del café Kogui.

• DIBULLA (Red Ecoagro Prosierra -58 familias): Proyecto por $210.000.000 para el fortalecimiento de la red de agricultores ecológicos del norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, red ECOAGRO mediante la adecuación del trapiche panelero, para la promoción y aplicación de buenas prácticas de manufactura para la producción de panela por sus integrantes ubicados en la vereda Alto san Jorge.

Magdalena

• SANTA MARTA, FUNDACIÓN (UNODC –50 familias): Proyecto por $75.000.000 para el mejoramiento de las condiciones ambientales y de calidad del café en las fincas cafeteras de los beneficiarios del proyecto.

• PUEBLO VIEJO (Asoprobendi, Asopropes, Asopesmat, Asopespor -1060 familias): Proyecto por $460.000.000 para el fortalecimiento de la capacidad productiva y empresarial de las familias beneficiarias. Diseño, construcción y dotación del dentro de acopio para la transformación y comercialización de productos pesqueros, cerdo, pollo y sus derivados.

• SANTA MARTA (Asociación Guardabosques De La Sierra -120 familias): Proyecto por $202.000.000 para el fortalecimiento de la asociación mediante la construcción, adecuación y dotación del centro de acopio y beneficio del grano de cacao. Comer-cialización de cacao Premium, fino y aroma.

• SITIO NUEVO (Comunidad Nueva Venecia -2.547 familias): Proyecto por $200.000.000 para el fortalecimiento a la infraestructura “proyecto cancha palafítica”.

4.1.2. Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención del consumo 2014-2021

Se expidió la Resolución No. 007 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes por me-dio de la cual se aprobó el Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención del consumo 2014-2021, que adopta los enfoques de salud pública y derechos humanos. El nuevo Plan plantea como objetivo reducir la magnitud del uso de drogas y sus consecuencias adversas mediante un esfuerzo coherente, sistemático y sostenido, dirigido a la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, a la prevención del consumo y a la atención de las personas y las comunidades afectadas por el consumo de drogas, esto acompañado del forta-lecimiento de los sistemas de información y vigilancia en salud pública.

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De igual forma, la realización de un trabajo coordinado con las demás autoridades y entida-des que participan en la ejecución del control de sustancias químicas, así como la concertación y atención de las dinámicas empresariales relacionada con la utilización lícita de las sustan-cias, logrando la expedición de la Resolución 0001 de 2015, por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Esta Resolución unifica y actualiza la normatividad de control de las sustancias químicas que pueden ser utilizadas en la fabricación ilícita de drogas, al tiempo que implementa un nuevo mo-delo de control en Colombia, en el cual se focalizan las acciones administrativas, operativas, de interdicción e inteligencia sobre treinta y tres (33) sustancias y productos químicos abordando dos frentes de acción: (1)Treinta (30) sustancias químicas y productos químicos controlados en todo el territorio nacional, (2) Tres (3) productos químicos, considerados de uso masivo, controlados en los diez (10) departamentos de mayor afectación por la presencia de cultivos ilícitos.

4.1.3. Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos (SICOQ)

El Ministerio de Justicia y del Derecho en alianza institucional con la Policía Nacional de Co-lombia, se encuentran implementando la herramienta tecnológica “SICOQ (Sistema de Infor-mación para el Control de Sustancias y Productos Químicos), diseñada especialmente para el registro electrónico de las transacciones.

Con esta herramienta las empresas registran los movimientos de las sustancias y productos quí-micos controlados y solicitan la autorización para su utilización. De esta manera se conoce en tiempo real el manejo que las empresas dan a las sustancias, se reducen los tiempos de expe-dición de los certificados que autorizan su manejo y se interconectan y coordinan los diferentes entes y autoridades de control.

4.1.4. Campaña Nacional de Comunicaciones de Prevención de Consumo de Drogas

“Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide”, la campaña trae un mensaje nuevo enfocado a los jóvenes pero va dirigida a la sociedad en general, ya que la responsabilidad en la prevención del consumo de drogas debe ser compartida entre todos (Estado, comunidad,

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familia, amigos, educadores, etc.). Se reconoce a los jóvenes como personas capaces de tomar decisiones en beneficio de ellos mismos y de su comunidad. La campaña apunta únicamente a los efectos del consumo de drogas; es fundamental la segunda parte del mensaje: “Métele mente y decide” es un juego de palabras para que, antes de consumir, los jóvenes reflexionen sobre las posibles consecuencias y tomen una decisión informada. Esto es un componente clave de la prevención.

Por otra parte, también se logró el posicionamiento y liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho en escenarios nacionales e internacionales sobre la reforma de la Política de Drogas en el país, basados en los enfoques de Derechos Humanos, Salud Pública y Desarrollo Huma-no. Eliminación de la aspersión

4.2 Justicia Transicional

Los objetivos de la Dirección de Justicia Transicional son: diseñar, coordinar e implementar polí-ticas, planes, programas y proyectos de justicia transicional propiciando la participación de los distintos sectores sociales y con enfoque diferencial. Las funciones de la Dirección de Justicia Transicional, se agrupan en las siguientes líneas de acción: A) Diseño y formulación de política pública en materia de justicia transicional, B) Fortalecimiento de espacios de coordinación in-terinstitucional, C) Producción de conocimiento en materia de justicia transicional y D) Gestión de trámites y solicitudes.

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Los avances más representativos durante el último año2 por parte de la Dirección son:

4.2.1 Diseño y formulación de política en materia de justicia transicional

Apoyo técnico a la Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto entre el Gobier-no Nacional y las FARC-EP

La Dirección de Justicia Transicional ha apoyado técnicamente a la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Conversaciones en La Habana, en el desarrollo de las discusiones sobre el punto quinto de la agenda relativo a los derechos de las víctimas. En especial, ha contribuido en el logro de acuerdos históricos en materia de justicia transicional en Colombia, tales como la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para el Escla-recimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición en nuestro país (acuerdos sobre búsqueda de personas dadas por desaparecidas).

4.2.2 Fortalecimiento de espacios de coordinación interinstitucional

a. Novecientos setenta y seis (976) excombatientes postulados a la Ley de Justicia y Paz se resocializan exitosamente en seis (6) establecimientos carcelarios

Diseño e implementación de un programa especial de resocialización dirigido a personas postuladas a la Ley de Justicia y Paz en clave de garantía de no repetición. Hasta el día de hoy contamos con la participación en el programa de un total de novecientos setenta y seis (976) postulados (62% del total de postulados que se encuentran privados de la libertad en pabellones de Justicia y Paz) y que a la fecha cuenta con 314 personas graduadas en seis

2 (Fecha de corte: De noviembre de 2014 a Octubre de 2015)

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(6) establecimientos carcelarios, dentro de los que resalta la inclusión de treinta y cuatro (34) mujeres excombatientes pertenecientes a grupos de guerrilla, que culminaron la totalidad del programa el 2 de julio de 2015 (graduación que contó con la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho) y diez (10) mujeres que se encuentran recluidas en Bogotá. El programa de diez meses de duración, diseñado con apoyo de la Universidad de los Andes, contiene cuatro módulos de formación y atención: ruta jurídica y puente a la vida libre, emprendimiento empresarial, atención psicosocial, y derechos humanos y justicia restaurativa.

b. Catorce mil ochocientas sesenta y siete (14.867) víctimas participaron en incidentes de re-paración en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz, desde enero de 2014.

La Dirección ha apoyado directamente la participación efectiva de Catorce mil ochocientas sesenta y siete (14.867) víctimas acreditadas en treinta y tres (33) sesiones de incidentes de reparación integral en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz en el periodo comprendido entre 27 de marzo de 2014 y el 29 de octubre de 20153. Esto como parte del liderazgo en la coordinación interinstitucional requerida para el desarrollo del mismo.

c. Coordinación interinstitucional para la implementación de la Ley 1424 de 2010.

La Dirección, como responsable de la coordinación de la política pública de justicia transicio-nal, lidera la mesa interinstitucional de la Ley 1424 de 2010. De esta Mesa hacen parte la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General de la Nación y la Mapp-OEA. Este espacio de coordinación ha sido fun-damental para identificar los retos en la implementación de la Ley 1424 y para la búsqueda y puesta en marcha de soluciones conjuntas. Adicionalmente, en el marco de esta Mesa, y para responder a uno de los principales problemas identificados, se llevaron a cabo jornadas de análisis y sensibilización sobre la aplicación de esta ley con operadores judiciales presentes en Cali, Santa Marta, Medellín y Bogotá. De igual manera, la Mesa tiene productos concretos relacionados con instrumentos para hacer pedagogía sobre la aplicación y el alcance de esta ley. De manera innovadora se busca que estos instrumentos sean útiles para que las personas desmovilizadas entiendan su rol en la transición política.

d. Cuarenta y nueve mil seiscientas ochenta y un (49.781) víctimas fueron atendidas por la Unidad Móvil de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado

Desde el año 2012 esta Dirección del Ministerio de Justicia y del Derecho, junto con la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas han puesto en marcha una estrategia móvil de acceso a la justicia y reparación a víctimas del conflicto armado, por medio de la cual se acerca la insti-tucionalidad en su conjunto a aquellos lugares en los que las personas no pueden acceder para obtener información y resolución a sus necesidades jurídicas. Desde el 2012, la Unidad Móvil ha recibido un total de cuarenta y nueve mil seiscientas ochenta y un (49781) víctimas, ha visitado doscientos veintiseis (226) municipios apartados de veinticuatro (24) departamentos.

3 En el periodo comprendido entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, se apoyó la participación efectiva de (4.804) victimas acreditadas en el proceso penal especial de Justicia y Paz, esto en el marco de 12 sesiones de incidentes de reparación integral

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Los servicios que se ofrecen son: Información y orientación oportuna en niveles:

• Autoridades municipales: Ofrecer información actualizada a los funcionarios del nivel territorial frente a la oferta, rutas y procedimientos relacionados con el tema, fortale-ciéndolos para que puedan dar respuesta a los requerimientos y necesidades de la población víctima.

• Grupal: Al conjunto de población víctima que se recibe en cada jornada se les informa sobre sus derechos, las rutas para acceder a ellos y las entidades competentes.

• Individual: De manera personalizada y con el objetivo de que la víctima comprenda la mayor cantidad de información posible sobre su caso particular, se le informa en tiempo real sobre el estado de sus solicitudes y de ser el caso se realizan en el mismo lugar las acciones pertinentes para satisfacer la necesidad de cada víctima.

• Elaboración y radicación directa a la entidad competente de solicitudes, derechos de petición y remisiones.

Es así como la estrategia busca garantizar la igualdad real y efectiva de las víctimas, mediante una estrategia que facilita el llegar a lugares apartados de las ciudades capitales en donde la oferta del Estado es muy escasa, garantizando los medios e instrumentos físicos y tecnológi-cos para contar con la información, ofrecer una asesoría y a la vez acompañamiento que les permita a la víctimas acceder y ejercer sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En el año 2014 la estrategia fue reconocida como la tercera mejor practica en el V premio a la excelencia en la justicia organizada por la corporación Excelencia a la Justica, entre 70 prácticas de todo el país.

En este mismo año y por considerarla una estrategia innovadora de atención y acceso a la justicia a nivel internacional la Unidad Móvil fue seleccionada al interior del Banco Mundial para ser beneficiaria de una evaluación de impacto cuyos resultados aporten de manera signi-ficativa en la formulación, implementación y evaluación de política pública en temas de acceso a la justicia y atención a la población. En el periodo julio 2014 a junio 2015 el equipo técnico del Banco Mundial en conjunto con el equipo técnico de la Estrategia desarrollaron la fase pre-paratoria de esta evaluación con la recolección de datos y el diseño de la metodología. Para el 2016 se proyecta la aplicación de la evaluación

e. Novecientas (934) mujeres denunciaron hechos de violencia sexual en el marco del conflic-to armado gracias a la Estrategia especial de acceso a la justicia liderada por la DJT

Puesta en marcha de la estrategia de acceso a la justicia y a la reparación de mujeres so-brevivientes de violencia sexual en conflicto armado, logrando la eliminación de las barreras especiales y desproporcionadas que enfrentan estas víctimas y determinan el subregistro y falta de denuncia penal en estos casos garantizando un trato digno, discreto y confiable por parte de las entidades y de sus funcionarios hacia las víctimas.

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Para la ejecución de esta estrategia la Dirección de Justicia Transicional ha trabajado de la mano con 4 organizaciones de base: Iniciativa de mujeres colombianas por la paz –IMP-, Aso-ciación de Mujeres Afrocolombianas por Pizarro- AMAPI-, Organización Femenina Popular – OFP-, Meta con Mirada de Mujer y la Fundación Círculos de Estudio Políticos y Sociales. A la vez ha contado con el apoyo del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo – PNUD y la Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD.

En marzo de 2015 , se puso en marcha una fase de seguimiento en la cual las mujeres obtie-nen información oportuna sobre el estado actual de los trámites realizados, los pasos a seguir dentro del proceso judicial y el administrativo y las rutas de oferta institucional a nivel nacional y local. En el año 2015 se desarrollaron 10 jornadas con las mujeres que participaron en las jornadas de declaración y denuncia en los años 2013 y 2014.

4.2.3 Producción de conocimiento en materia de justicia transicional

• Evaluaciones novedosas y exclusivas de los instrumentos de justicia transicional existen-tes en Colombia.

En la actualidad la Dirección lidera las siguientes evaluaciones a los instrumentos de justicia transicional en Colombia, con el fin de identificar lecciones aprendidas y buenas práctica para el diseño de los nuevos mecanismos de transición: (i) evaluación de impacto de la Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del conflicto, con el apoyo del Banco Mundial, (ii) evaluación de la Ley de Justicia y Paz en sus diez años, enfocada en el cumplimiento de los objetivos finales e intermedios de la justicia transicional, y no en los objetivos inmediatos de la Ley, y (iii) evaluación de la Ley 1424 de 2010, con el fin de mejorar la implementación de este Mecanismo Extrajudicial de Contribución a la Verdad.

La estrategia se implementó en doce

(12) ciudadesrealizando 14

jornadas

atendiendo psicosocialmente a

novecientos noventa y ocho (934) mujeres

víctimas de violencia sexual

y recogiendo novecientas (934) denuncias y

ochocientas ochenta y uno (881) declaraciones de violencia sexual. Esto

representó un incremento del 233% en el número

anual de denuncias hechas por delitos sexuales en el

marco del conflicto armado

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4.3 Política Criminal y Penitenciaria

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho desa-rrolla su gestión fundamentalmente en tres frentes: i) Política Criminal, a través de generación de insumos, asesoría e intervención en escenarios de definición de lineamientos y orientaciones de la Política Criminal del Estado; ii) Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, encargado de hacer seguimiento y coordinación institucional en relación con la ejecución de sanciones y garantía de derechos, así como de las actividades relacionadas con políticas de prevención; iii) Seguimiento Penitenciario, encargado de trabajar articuladamente y coordinar con diversas instituciones la protección y garantía de derechos de la Población adulta Privada de la Libertad (PPL), el mejoramiento de las condiciones de reclusión y el trámite de actuaciones administrativas y tutelas relacionadas con la PPL.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Asesora de Política Criminal, ha defendido la necesidad de contar con una política criminal respaldada empíricamente, que adopte una perspectiva de derechos (tanto de los victimarios, como de las víctimas), que entienda el derecho penal como ultima ratio, y se tome la prevención en serio. Desde esta perspectiva la política criminal no se puede reducir a un proceso constante de ampliación de delitos y el tiempo de las penas, ni debe contemplar la privación de la liber-tad como única sanción penal. La construcción de una paz estable y duradera requiere tam-bién de un cambio de perspectiva en la gestión de los conflictos sociales que permita avanzar hacia la reconstrucción del tejido social, la convivencia y la reconciliación.

4.3.1 Fortalecimiento de la Política criminal

Para garantizar que la política criminal sea racio-nal, fundada empíricamente, participativa, cohe-rente y articulada, la Dirección de Política Crimi-nal y Penitenciaria, como secretaría técnica del Consejo Superior de Política Criminal ha encami-

nado sus esfuerzos para el fortalecimiento de este órgano asesor del Estado colombiano, en el que intervienen las diferentes entidades y autoridades que participan en la política criminal. Si bien el ámbito de intervención del Consejo Superior resulta de amplio espectro, se podrían destacar las siguientes acciones y resultados:

• La emisión de conceptos sobre los proyectos de ley con relevancia para la política criminal que se encuentran en trámite en el Congreso de la República. Cada vez es mayor la relevancia que han adquirido los conceptos en el trámite legislativo y se ha podido introducir en el debate los principios que deben orientar a la política criminal.

• El diseño y consolidación del Observatorio de Política Criminal que será una de las herramientas principales para la generación de insumos que permitan fortalecer la construcción, evaluación y seguimiento de la política criminal. El Observatorio debe

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cumplir un papel de analista de las distintas fuentes de información disponibles, y a partir de estas debe construir insumos para el diseño de las políticas públicas y para apoyar los procesos de seguimiento y evaluación de la política criminal. A finales de este año el Observatorio socializará la propuesta de documento técnico.

• La implementación de los mecanismos de participación para la construcción de la po-lítica pública, a través del trabajo con población privada de la libertad, la generación de espacios académicos y la construcción de la página web www.politicacriminal.gov.co. A través de estos procesos de participación se generarán insumos para la construcción de la política criminal, en particular para el Plan Nacional de Política Criminal.

• Expedición del Decreto 1606 de 2015 para la organización y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de las condiciones de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.

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4.3.2 Fortalecer la capacidad institucional desde una perspectiva integral con miras a garantizar la efectiva resocialización de la población privada de la libertad y el cumplimiento de los fines constitucionales de la pena en condi-ciones de dignidad humana

El anterior enunciado es el objetivo principal que consagra el Documento CONPES 3828 de 2015 sobre Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia. El Gobierno Nacional a través de este documento planteó la necesidad de entender la política penitenciaria como parte integral de la política criminal y de superar una respuesta concentrada en la generación de cupos a los problemas del sistema penitenciario y carcelario. Desde esta perspectiva, este documento CONPES se ha definido tres ejes estratégicos: 1) la generación de condiciones de infraestructu-ra (no sólo física, también tecnológica, humana, adecuada para la atención de salud, etcétera) que garantice condiciones de dignidad humana para la población privada de la libertad; 2) la integración de la política penitenciaria como parte integral de la política criminal con miras al cumplimiento del fin resocializador de la pena, y 3) la integración nación-territorio y las rela-ciones público-privadas para el cumplimiento de los fines del sistema penitenciario y carcelario.

La inversión total en materia de infraestructura penitenciaria supera un billón de pesos, para el horizonte del CONPES 3828

Noventa y siete mil ochocientosveinticuatro (97.824) millones de pesos serán invertidos en tratamiento penitenciario (programas educativos, de orientación ocupacional, etc)

Se fortalecerá la labor del Consejo Superior de Política Criminal para

estudiar el impacto de los proyectos de ley y se puso en funcionamiento la

Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión

Entre 2015 y 2018 se generarán once mil

ochocientos cuarenta y tres (11.843) nuevos cupos

USPEC, INPEC y Ministerio de Justicia

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La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria es enfática en subrayar que uno de los prin-cipales fines de la sanción penal es la resocialización. Actualmente ochenta mil (80.000) personas privadas de la libertad se encuentran en actividades de estudio, trabajo, enseñanza y desarrollo de actividades productivas. Además, la Reclusión de Mujeres de Bogotá; los esta-blecimientos de Tunja y el de San Andrés, serán los primeros centros de reclusión en Colombia en implementar teletrabajo.Una política penal completa enfocada a la reintegración debe incluir el desarrollo de pro-gramas que brinden oportunidades para quienes cumplieron con su pena y recuperaron su libertad. El 22 de julio se puso en funcionamiento la “Casa Libertad” en Bogotá, un lugar con oferta de emprendimiento, capacitación en educación financiera, oportunidades de crédito, asesoría para la creación de empresa. Se han gestionado alianzas con empresas como Avon, Bancamía, Bancolombia y Banca de las Oportunidades. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Colsubsidio contribuirá en el ingreso y ubicación laboral. Igualmente, se contará con el apoyo del Sena.

4.3.3 Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA

El Sistema Nacional de Coordinación del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes - SRPA es una instancia para la coordinación, articulación interinstitucional, intersectorial e in-tersistémica y fijación de parámetros técnicos en materia de políticas públicas, que tiene como propósito realizar el seguimiento y la evaluación de este sistema. Fue creado por el Decreto 1885 de 2015 con el objetivo de orientar, coordinar e articular el diseño de las políticas públi-cas relacionadas con el SRPA.

Los ejes estratégicos de este plan de acción se orientan a: i) el diseño y formulación de po-líticas; ii) la creación y consolidación de un sistema único de información; iii) la gestión del conocimiento que fortalezca el funcionamiento del SRPA; iv) la articulación nación-territorio, y v) la financiación del SNCRPA. Se espera que con estas acciones se logre una mayor articulación entre las distintas entidades que intervienen en el SRPA, se fortalezca el funcionamiento de un sistema penal específico, diferenciado y pedagógico; que logre el restablecimiento de derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal y materialice formas de justicia restaurativa frente a los conflictos generados por el delito.

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5. SECRETARIA GENERAL

5.1 Principales resultados en el Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho

En el marco del objetivo estratégico de gerencia efectiva y desarrollo institucional, a través del cual se buscan implementar de manera permanente las mejores prácticas que incentivan y promueven las transformaciones en la gestión, orientándola hacia una gerencia pública de resultados, la Secretaría General del Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del desa-rrollo de las estrategias de implementación de modelos efectivos de gestión y modernización tecnológica, ha enfocado sus esfuerzos en:

1. La adopción de prácticas presupuestales que garanticen la provisión permanente e ininterrumpida de los bienes y servicios a su cargo.

• Programación de la ejecución presupuestal a través del Plan Anual de Adquisiciones.

• Seguimiento mensual con todas las áreas del Ministerio a la ejecución presupuestal.

• Revisión permanente de las obligaciones y pagos de los diferentes proyectos.

2. La implementación de un manejo presupuestal, contable y de tesorería ceñido a los principios de eficiencia, economía y equidad.

• Programación mensual del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), ceñido a los compromisos efectivamente asumidos por la entidad.

• Registro contable de los diferentes hechos económicos en la forma en que estos han sucedido.

• Homologación de las NISP y las NIIF para garantizar su aplicación a partir del 1 de enero de 2017.

• Reportes anuales de información exógena a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda Distrital de manera oportuna.

• Publicación mensual de los Estados Financieros en la página web del Ministerio.

• Se unificó el procedimiento en la radicación de cuentas por parte de los contratistas para efectos de hacer más ágil el trámite de pago.

3. Desarrollo de competencias con miras a potenciar el talento humano orientado a la cultura del buen servicio y a la generación de confianza ciudadana.

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• Ejecución de 2 Jornadas de Fortalecimiento Institucional basadas en principio y valores propios de la entidad.

• Jornadas de Capacitación de ética del servidor público; constructores de paz; peda-gogía de paz; servicio al ciudadano; archivos para la transparencia; gestión contrac-tual; gestión de calidad, MECI y Gestión Ambiental; Normas NIIF; diseño de políticas públicas; redacción y estilo; jornadas de inducción y reinducción a funcionarios.

4. La generación de un ambiente en el que se propicien comportamientos de equidad, justicia, armonía, respeto y tolerancia de los servidores públicos.

5. El desarrollo de una gestión contractual eficiente y transparente:

• Modificación y actualización del Manual de Contratación en su integridad y se incor-poró el manual de supervisión e interventoría en un solo documento, bajo los linea-mientos del Decreto 1510 de 2013 y a los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión para una mayor eficiencia en el cumplimiento de las funciones misionales de esta cartera ministerial.

• Puesta en marcha de un plan de choque para poner al día el atraso de las liquidacio-nes de contratos del Ministerio desde el 2012.

• Cierre de las acciones correctivas pendientes de las auditorías internas y de la Contra-loría General de la República.

• Registro y actualización permanente de todos los informes y novedades contractuales, en el sistema de información contractual (SIC).

• Actualización permanente de la información que se reporta a la Cámara de Comercio.

6. La renovación de la plataforma tecnológica y elaboración del Plan Estratégico de Tec-nologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2016-2019 con el acompañamien-to de la Corporación Colombia Digital, basado en la nueva estrategia de Gobierno en Línea (GEL) y en el modelo de Arquitectura Empresarial.

7. Se desarrollaron nuevas funcionalidades para el sitio Web Legalapp, apoyando a la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional.

8. Implementación de un Centro de Datos alterno externo, como plan de contingencia en caso de fallos del principal (localizado en el 2° piso).

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9. Se creó el Plan Estratégico de Seguridad Vial, y con la Resolución 0817 de 2015 se conformó el Comité de Seguridad Vial del Ministerio de Justicia y del Derecho.

10. El Grupo de Gestión Humana está implementando el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), el cual contiene información de carácter institucional.

11. Creación dentro de la estructura funcional del Ministerio, del Grupo de Gestión Docu-mental que tiene la tarea de planificación, manejo, organización y preservación de la documentación producida y recibida por la entidad desde su origen (recepción o pro-ducción, clasificación, radicación y distribución) hasta su destino final (organización en archivo de gestión, custodia y disposición final de acuerdo con la tabla de retención documental) con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

12. Se adoptó el Sistema de Gestión Ambiental y la creación del Comité Integral de Ges-tión Ambiental

5.2 Políticas de Ahorro

En respuesta al ahorro inducido con la implementación de la Ley de Presupuesto General de la Nación 1737 de 2014, la Entidad atendió esta reducción mediante una mayor racionalidad en la ejecución de los gastos generales, que equivale a la suma de $855.6 millones. De manera adicional, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 06 de 2014, se programó un aho-rro de $614.89 millones, especialmente en los rubros de papelería e impresos y publicaciones, telefonía, servicios públicos y suministro de combustibles; logrando un ahorro total de $1.470.5 millones en la actual vigencia.

5.3 Políticas de Desarrollo Administrativo y de Bienestar

En cuanto a las nuevas directrices de bienestar para los funcionarios y contratistas, actividades de talento humano y eficiencia administrativa, en lo corrido de la presente vigencia podemos destacar los siguientes logros:

• Traslado de sede Ministerio de Justicia y del Derecho con beneficios asociados tales como:

• Accesos directos por la Avenida Caracas, Carrera 13 y Carrera 7, por corredor vial de la Calle 53.

• Disminución de costos por alquiler de parqueadero para el parque automotor del Mi-nisterio de Justicia y del Derecho, ya que el edificio cuenta con una capacidad de 27 parqueaderos, generando un ahorro de $ 180 millones al año.

• Se adelantaron gestiones con Almacenes Éxito de la calle 53 para que los funciona-rios y contratistas interesados del Ministerio contaran con un servicio de parqueadero a menor costo de los ofrecidos en el sector, cuyo resultado fue el beneficio de 50

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funcionarios y contratistas del Ministerio, generando un ahorro para funcionarios y contratistas de $12 millones al año.

• Puesta en marcha de la cafetería y habilitación de la terraza.

• Mejores instalaciones sanitarias.

• Se adecuó un espacio físico dentro de las instalaciones del MJD para el funcionamien-to del gimnasio, para fomentar un estilo de vida saludable y disminuir el sedentarismo, desde el mes de junio a la fecha se han registrado 1.187 asistencias.

• Traslado de toda la infraestructura tecnológica desde la anterior sede de la Av. Jimé-nez, incluyendo Data Center, redes de datos, telefonía y redes eléctricas.

• Se realizó adecuación del auditorio, en el cual se han realizado diferentes actividades tales como el Foro de Ley Estatutaria, Foro de Responsabilidad Penal Adolescente, Foro de Equilibrio de poderes y Consejo de Política Criminal, entre otros.

• Se adecuaron dos (2) salones como lugar para reuniones y/o capacitaciones en el segun-do piso de la nueva sede del Ministerio.

• Realización de Ferias de Servicios Financieros, de EPS, Fondo Nacional de Ahorro.

• Semana de la Salud, con la participación de todos los funcionarios.

• Caminatas Ecológicas en Fusagasugá y en Villeta.

• El Ministerio de Justicia y del Derecho suscribió el pacto para la implementación del pro-yecto de Tele-trabajo y se encuentra desarrollando las etapas previas para iniciar con una prueba piloto en el mes de enero de 2016.

• Se inició proceso de bilingüismo, con el fin de mejorar las competencias laborales de los funcionarios del Ministerio, atendiendo la política del Gobierno Nacional en esta materia.

• Se realizaron los juegos internos (torneo de fútbol y bolos interno en el Ministerio) , olim-piadas del sector y participación en los juegos de la Función Pública en diferentes discipli-nas, actividades que redundan en la calidad de vida de los funcionarios y contratistas del Ministerio.

• A través del Decreto 1937 de octubre 1 de 2015 se realizó la creación de nuevos cargos de conductores en la planta de personal del Ministerio y que garantizan la continuidad del servicio de transporte en el Ministerio.

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6. ENTIDADES ADSCRITAS

6.1. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR

Reestructuración de la Superintendencia de notariado y Registro: Se expidió los Decretos 2723, 2724 y 2725 de 29 de diciembre de 2014, para hacer de la superintendencia una entidad moderna acorde a las exigencias de los servicios de notariado, registro y de tierras. Ventanilla Única de Registro – VUR

• Se mejoró la posición del Ranking Doing Business en la categoría del Registro Inmobi-liario, al pasar del lugar 78 en 2009 a 42 en el 2015.

• Se amplió la cobertura de la Ventanilla Única de Registro con la firma de los siguientes convenios: Cartago, Barbosa, Pamplona, Málaga, Barrancabermeja, Vélez, Girón y Simacota

• Se efectuó réplica del liquidador de derechos de registro en las ORIPs de las ciudades de Montería, Filandia, Yopal, Popayán, Barranquilla y Soledad. Adicionalmente se capacito en este servicio a las notarías de los municipios de Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Circasia y Salento, Marsella.

• Se integró a la VUR el webservice consulta predial del municipio de Chía

• Identificación Biométrica

• Actualmente se cuenta con 742 notarias autorizadas para operar con el sistema biomé-trico, es decir el 82% del total de notarías en servicio.

• La autenticación biométrica es la confirmación electrónica sobre una de las particula-ridades físicas únicas que tiene un0a persona. Uno esos rasgos es la huella dactilar que en Colombia solo es almacenada en forma oficial por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Concurso Notarial

El Consejo Superior de la Carrera Notarial en sesión del 09 de abril de 2015, aprobó el Acuer-do 01 de 2015, mediante el cual se convoca a concurso de méritos y abierto para el nombra-miento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial. El proceso de convocatoria e ingreso a la Carrera Notarial en su tercera versión se desarrolla con transparencia y seriedad en cada una de sus etapas,

Inscritos: 11.048; Admitidos: 9.551; Convocados: 7.860

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Numero de notarías por categoría

Número de personas convocados por ciudad donde se realizaran las prue-bas del total de inscripciones admitidas definitivas

Bogotá 41%

Barranquilla

14%

Medellín

15%

Cali

19%

Bucaramanga

11%

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Protección Patrimonial de Predios - Protecciones colectivas y Protecciones Individuales

2.522 Medidas de protección individual.484 Levantamiento de medidas de protección colectiva.

• RUPTA INDIVIDUAL Y COLECTIVA: La Superintendencia de Notariado y Registro coad-ministra junto con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, el Sistema de Protección Patrimonial de Tierras, cuya finalidad es amparar los derechos de pro-piedad sobre los bienes inmuebles de quiénes han tenido que abandonarlos o están en riesgo de tener que hacerlo a causa de la violencia, protegiendo la voluntad de disposición del inmueble por parte de los titulares de derechos.

4.181 Estudios Registrales• Así mismo que de forma específica y para atender las investigaciones relacionadas

con la restitución jurídica de la propiedad de los predios despojados y la recuperación de baldíos de propiedad de la Nación. Estudios registrales individuales de la historia jurídica de la propiedad de los predios rurales en proceso de Restitución de tierras despojadas a las víctimas del conflicto armado (Ley 1448 de 2011), así como el aná-lisis y recuperación de los baldíos de la Nación que han sido objeto de usurpación y falsa tradición.

• 1.300 sentencias de restitución inscrita a través de las cuales se atendieron 15000 órdenes objeto de registro

Formalización de la propiedad

• Se han realizado 116 jornadas de asesoría jurídica en saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria a través de las cuales se han atendido 8.692 ciudadanos

• Con el objeto de ejecutar las Políticas nacionales sobre la formalización de la pro-piedad Rural y Urbana , la Delegada de Tierras ha implementado el programa de Formalización de Tierras , mediante el cual , conjuntamente con los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Vivienda , el INCODER , y el IGAC se promueve el registro de la propiedad , prestando el servicio a través de las Unidades Móviles y de las Oficinas de registro e Instrumentos Públicos (ORIP), adelantando campañas de comunicación y capacitación y realizando jornadas asesoría jurídica gratuita en temas de saneamiento y formalización de la propiedad

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6.2. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

• Programa Delinquir no Paga. Su objetivo es implementar y desarrollar estrategias edu-cativas a fin de sensibilizar a los participantes sobre la prevención del delito; está diri-gido a estudiantes mayores de 14 años de edad de colegios y universidades. 43.754 estudiantes vinculados.

• El Programa de Atención Psicológica está dirigido al diseño, planeación e implemen-tación de programas concernientes a la Atención e Intervención Psicológica Penitencia-ria dirigidos a la Atención Social y Tratamiento Penitenciario de la población interna, orientada al desarrollo de sus potencialidades humanas, así: (i) asistencia psicología 12.526, (ii) orientación psico-jurídica (8.620), (iii) atención en crisis (280), (iv) interven-ción psicológica (8.268).

• Desde finales del 2014, se encuentran en funcionamiento 16 comunidades terapéuti-cas con 492 participantes, se contribuye a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los ERON.

• Para el cuatrienio (2015-2018) se da inicio a la implementación de estos cinco pro-gramas de tratamiento penitenciario de forma progresiva en los Establecimientos de Reclusión: (i) preparación para la Libertad, cadena de vida (cobertura 476 internos en 13 ERON), (ii) intervención penitenciaria para adaptación social – PIPAS (cobertura 207 internos en 6 ERON), (iii) Programa para la Educación Integral – PEC (cobertura 98 internos en 6 ERON) (iv) responsabilidad integral con la vida – RIV (cobertura 636 internos en 8 ERON); se da continuidad a dos programas de tratamiento que ya se venía implementando con anterioridad: (i) inducción al Tratamiento Penitenciario (co-bertura 3.172 internos en 60 ERON) y (ii) Misión Carácter (cobertura 2.236 internos en 111 ERON).

AntioquiaCesarValle Del CaucaCórdobaCaucaSantanderTotal

13.925 títulos entregados en el marco del programa de formalización de la

propiedad

12.25134656514945

56913.925

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• Convenios y logros alcanzados con entidades públicas y privadas: Delegados por la Secretaria General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoame-ricanos (COMJIB), organismo de cooperación internacional que adelanta el proyecto de “Inserción Socio-Laboral de las personas privadas de la libertad” del programa Eurosocial II, compartieron experiencias y realizaron asesorías especializadas para impulsar programas de reinserción social y laboral mediante propuestas de un modelo normativo, metodologías de producción para el mejoramiento de procesos y el apoyo a la suscripción de acuerdos con empresas que permitan la inclusión de los productos elaborados por las personas privadas de la libertad.

• Marca Libera Colombia: para el 2014, (i) apertura del primer punto de venta identifi-cado con la marca Libera Colombia®, el cual se encuentra ubicado en la Dirección General del INPEC. Total de ventas $ 26.548.000,00, (ii) 4 convenios de cooperación con particulares marco Dirección General del INPEC, (iii) 83 convenios establecidos en las (6) Direcciones Regionales, (iv) diseño de la página web Libera Colombia® http://liberacolombia.wix.com/liberacolombia. Para el 2015, (i) participación en (2) ferias con la vinculación de los ERON a nivel Nacional: Jóvenes Empresarios y XXXII Feria del Hogar. Total de ventas $ 9.541.000, (ii) Apertura del segundo punto de venta identificado con la marca institucional Libera Colombia ®, ubicado en CASA LIBERTAD.

• La educación de las personas privadas de la libertad es concebida en el Inpec, como un factor determinante para la resocialización. Es un proceso que recoge la meto-dología de educación para adultos en articulación con los objetivos del tratamiento penitenciario. Para el 2015, 45.762 internos se encuentran vinculados en actividades de educación formal, para el trabajo y desarrollo humano, informal y cultura, deporte y recreación.

• Proyectos de inversión: para el 2015, se efectuó (i) implementación de gestión docu-mental Inpec, a nivel nacional, (ii) implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio al ciudadano. Para el 2016, hay una apropiación de $3.371.315.288,00, divididos en seis proyectos suscritos en la vigen-cia, así: (i) desarrollo tecnológico para el sistema misional penitenciario y carcelario, $1.500.315.288 nacional (ii) mejoramiento de los procesos educativos en los ERON, $500.000.000 (iii) implementación cárceles para la paz nacional $100.000.000, (iv) implementación de documental Inpec, a nivel nacional $330.000.000, (v) implementa-ción de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio al ciudadano $481.000.000, y (vi) diseño herramientas de evaluación, $460.000.000 nacional.

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• Sinergia:

• Equipos de seguridad: (i) se adquirieron 48 cámaras para sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), mediante contrato No. 152 de 2014, para los Establecimientos Reclusión de Mujeres Bogotá (Seis móviles y diez fijas), Establecimiento Carcelario La Modelo Bogotá (Seis móviles y diez fijas) y EPMSC Medellín (Seis móviles y diez fijas), integradas en el CEDIP – Centro Estratégico de Información Penitenciaria ubicado en Bogotá, (ii) 34 cámaras fijas y 4 móviles mediante Contrato N° 075 de 2014, apoyan la seguridad del edificio de la Dirección General, (iii) adquisición de 3 Maquinas RX asignadas a EPC Neiva, EPMSC Montería, EPAMSCAS de Palmira, mediante contrato No. 193 de 2014.

• Audiencias virtuales: Se incrementó la realización de audiencias virtuales con el Con-sejo Superior de la Judicatura y se realizaron 353 videoconferencias institucionales. El Inpec, cuenta con 90 cámaras de videoconferencia, instaladas en 58 SALAS adecua-das en 52 establecimientos. Se recibió donación de la Unión Europea de 20 cámaras de videoconferencia para la realización de audiencias virtuales, instaladas en 18 establecimientos.

• Implementación solución de bloqueadores señales comunicaciones móviles: (i) enero del 2015, Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta Seguridad de Valledupar con un 100%, (ii) junio de 2015, el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones autorizó la inhibición o bloqueo de telecomunicaciones móviles en el Establecimiento Penitenciario y carcelario de Barranquilla –El Bosque, La Modelo e Itagüí, (17 de julio del 2015, el Establecimiento de Barranquilla (El Bosque), entra en funcionamiento el Bloqueo en el Penal con un 100%.

6.3 . AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - ANDJE

• Gracias a la efectiva labor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- en coordinación con las unidades de defensa de los diferentes sectores, el Estado ha ahorrado entre 2014 y 2015, $20,7 billones de pesos. Esto ha sido posi-ble gracias a mecanismos como la mediación en conflictos entre entidades públicas, recuperación de recursos embargados, procesos judiciales y arbitrales favorables al Estado y exitosos procesos de conciliación, entre otros.

Indicador Meta 2015

Ejecución % Avance

1. Hacinamiento 51.90% 55.42% -7% 2. Bloqueo de señales 5 3 60% 3. Personas clasificadas en fase

Tratamiento Mínima y confianza 1390 2218

159%

4. Biometría 40% 0,90% 19.71%

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• La Agencia hace acompañamiento e intervención al 52% del valor total de las pre-tensiones de los 452.609 procesos que cursan contra la nación ($274 billones en pretensiones). Actualmente la Agencia acompaña 304 procesos con pretensiones por $143.3 billones de pesos.

• La Agencia trabaja diligentemente en la asunción y coordinación de la defensa efec-tiva del estado colombiano, en los 402 asuntos de litigios ventilados ante Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

• 4.6 puntos porcentuales aumentó la tasa de éxito procesal. Al cierre del 2014, fue del 50,50%, frente a la registrada al cierre de diciembre 31 de 2013, del 45,90%. En el 2010 ésta tasa se encontraba en un 27%. Así mismo al cierre del 2014 se presentó una disminución del 19% en el pago de sentencias y conciliaciones: en el 2014 se pagó $1 billón y en 2013 se pagaron $1,23 billones.

• La Agencia diagnosticó la defensa del Estado, es decir la labor de 3.500 abogados dedicados a esta actividad y a partir de estos resultados diseñó un Modelo Óptimo de Gestión para mejorar la defensa jurídica, el cual empezó a implementarse en las 20 entidades de mayor litigiosidad, que agrupan el 75% del total de los procesos judicia-les en contra del Estado. Con este modelo se busca estandarizar buenas prácticas y la aplicación de soluciones administrativas dirigidas a optimizar la gestión de la defensa. Este es un modelo replicable a todas las entidades públicas del orden nacional. Así mismos se viene trabando con el DAFP en la conformación de los comités sectoriales de la defensa jurídica, la revisión de competencias requeridas para los operadores jurídicos, así como en el tema del fortalecimiento de las capacidades y el tema de incentivos a los abogados de la defensa.

• En materia de Prevención del daño antijurídico, la ANDJE ha impulsado la elaboración de políticas de prevención de daños recurrentes, siguiendo los pasos establecidos en el “Manual para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico” ela-borado por la Agencia, lo que les ha permitido a 171 entidades emitir las resoluciones que contienen su política de prevención y se encuentran en proceso de evaluación por parte de la Agencia.

• 386 operadores jurídicos de las entidades públicas del orden nacional con capacida-des de defensa jurídica más fortalecidas: La Agencia ha desarrollado, entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, 9 diálogos jurídicos que permiten actualizar a los ope-radores jurídicos en temas relevantes para la defensa jurídica del Estado, a través de charlas informales con los actores de la rama judicial.

• La Agencia viene desarrollando el proyecto Comunidad Jurídica del Conocimiento (CJC), el cual promueve una comunidad jurídica que facilita a los operadores jurídicos de las entidades públicas del orden nacional el acceso, intercambio, sistematización y aprendizaje de información. En el 2015 se vienen adelantando labores de apropia-ción de la comunidad a través del desarrollo de 8 boletines que le llegan a 4.000

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abogados aproximadamente con temas de interés para la comunidad. Así mismo se han adelantado actividades para compartir conocimiento, buenas prácticas y discutir estrategias de defensa y lo que les gustaría que la comunidad abordara y por último, en este periodo, se llevó a cabo una sesión de coaching tecnológico dedicada a apps para abogados.

• La Agencia lanzó en el 2015 un novedoso Sistema de Información Litigiosa del Estado denominado e-KOGUI con nuevas funcionalidades al cual están accediendo 2.504 abogados del Estado y 65 Jefes de Control Interno. Ofrece a las entidades dos no-vedosos aplicativos dirigidos a facilitar el trámite de pago de sentencias y el cálculo de costo – beneficio a efectos de identificar la viabilidad fiscal de conciliar. La salida en producción de eKOGUI, contribuye a que todos los actores del ciclo de defensa jurídica del Estado gestionen de forma más eficiente su actividad litigiosa y con los mayores estándares de calidad. A la fecha, 282 entidades tienen procesos judiciales registrados en el Sistema.

• Entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, se capacitaron en total 335 usuarios de Ekogui en los perfiles de Administrador de entidad, Apoderado y Jefe de Control Inter-no, que representaron a 201 entidades públicas del orden nacional. Así mismo, en el mes de septiembre se iniciaron las visitas a regionales para dar cobertura a entidades ubicadas o con representación judicial fuera de Bogotá; en ese sentido, se dictó la capacitación en la ciudad de Pereira y asistieron 126 personas.

6.4. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Deshacinamiento y habitabilidad.

• Durante el período han sido entregados al INPEC 772 cupos así: 672 cupos en Tierral-ta el 04 de junio y 100 cupos en Palmira el 12 de agosto de 2015.

• Programa rehabilitación. El avance de obra para la generación de cupos penitencia-rios y carcelarios es de 2.414 cupos, así: Girardot 83%, Bogotá 86%, Espinal 89,9%, Combita 93,8%, Cartagena 92%, EPAMS Valledupar 87%, Cali 95%, Ibagué 100%, Bucaramanga 88%, Cúcuta 50%, Girón 15%, Pamplona 45%, Jericó 50%, Bellavista de Medellín 50%.

• Programa de Construcción de Pabellones para la generación de 768 cupos, el avance de obra es: Espinal 70%, Tuluá 61,5%, Buga 61%, Girón 3,24%, Ipiales 1,76%, Ibagué 31,31%

• Réplicas de pabellones. 408 cupos. Bellavista de Medellín (Patio 5) 16%.

• Programa de Diseño de ERON: El avance en este programa es: Fundación (3.000 cupos) 20%, Pereira (1.500 cupos) 100%, Riohacha: (1.500 cupos) 6%. Dado el ex-ceso de uso en general y el estado de la infraestructura de algunos establecimientos

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de reclusión, resulta fundamental la intervención en obras de mantenimiento. En 2014 se realizó intervención en obras de mantenimiento en 79 ERON así: Mantenimiento general en 57 ERON, mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 19 esta-blecimientos y plantas de tratamiento de agua en 3 centros.

• Con presupuesto de la vigencia 2015, a 30 de septiembre se encontraban en ejecu-ción obras de mantenimiento general en 84 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional –ERON-.

• Como medida para reducir los niveles de hacinamiento, se presta regularmente el Ser-vicio de Vigilancia Electrónica a los internos con detención domiciliaria, manteniendo una cobertura de 4.400 dispositivos mensuales.

Seguridad y tecnificación ERON.

• Con el fin de dotar Establecimientos de Reclusión con salas para audiencias virtuales, para evitar traslados de internos a las diligencias judiciales, se entregaron e instalaron elementos en los establecimientos de Espinal y Sincelejo en 2014 y Valledupar y Pita-lito, en 2015.

• La detección de elementos prohibidos constituye acción importante para la seguridad de los ERON. Se dotaron con equipos para detección los establecimientos de Palmira, Montería y Neiva.

• Durante la presente vigencia se adjudicó contrato por valor de 1.288 millones, con el fin de entregar 9 máquinas de RX (seguridad) para los ERON de Popayán, Girón, La Dorada, Ibagué (COIBA), La Picota (COMEB Bogotá), Valledupar (EPMSC), Villavicen-cio, Santa Marta y las Heliconias de Florencia.

• Coadyuva con el tema de seguridad la instalación de Circuitos cerrados de televisión CCTV: Se entregaron en enero de 2015 equipos para la Reclusión de Mujeres de Bo-gotá, el Establecimiento Carcelario de Bogotá (La Modelo) y Bellavista de Medellín.

La salud de la población interna.

• Con el fin de mejorar el servicio de salud NO POS para la población privada de la libertad, se disminuyeron los tiempos de entrega en el 75 % de los servicios solicitados.

• Procesos de apoyo.

• Se dio inicio a la implementación del Sistema de Seguridad de la Información de la Unidad en los procesos de Infraestructura y Tecnología, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido sobre la materia en la normatividad vigente.

• Para atender las necesidades requeridas por el Sistema Penitenciario y Carcelario, se

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ha realizado un total 286 contratos por un valor de $ 77.077.134.761.

• A 31 de octubre de 2015 medida en compromisos es de 64,87%. Esta misma ejecu-ción medida en obligaciones alcanza un 37, 82%.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR ADMINISTRATI-VO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

La asignación presupuestaria para el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho aprobada en el año 2015 y vigente a 31 de Octubre de 2015, es de $2.6 billones. Esta apropiación atiende en un 74,28% los gastos de funcionamiento y un 28,72%; los gastos de Inversión. Con corte a 31 de Octubre de 2015 el 75,10% del presupuesto del Sector Administrativo está comprometido, esto es $1,9 billones. Ahora, en términos de obligados la ejecución presupuestal del Sector Administrativo a Octubre 31 de 2015 alcanza un porcentaje del 63,60%.

Al desagregar el nivel de compromisos sectoriales se evidencia que los gastos de funcionamien-to a Octubre 31 de 2015, alcanzan la cifra de $1,3 billones, que corresponde al 72,29% del valor apropiado. Los obligados ascienden la cifra de $1,2 billones representando el 65,47% de lo asignado.

En el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, durante los primeros diez meses del 2015, los Proyectos de Inversión contaron con un presupuesto de $758.695 millones, de los cuales se comprometió la suma de $622.684 millones; cifra que corresponde al 82,07% del valor asignado en la vigencia; así mismo los obligados ascendieron al valor de $447.310 millones, el cual representa el 58,96% del valor apropiado en la vigencia.

En el siguiente cuadro se relaciona la ejecución presupuestal con corte a 31 de Octubre de 2015 alcanzada por cada una de las entidades que integran el Sector Administrativo de Justi-cia y del Derecho.

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SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO

Apropiación % Ejecución Comp./Aprop.

% Ejecución Oblig./Aprop Ejecución Presupuestal

Octubre 31 2.641.896 75,10% 63,60% Funcionamiento 1.883.200 72,29% 65,47% Inversión 758.696 82,07% 58,96%

ENTIDADES APR. VIGENTE COMPROMISOS % OBLIGADOS % MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

91.243,32 60.391,07 66,19% 51.204,28 56,12%

Funcionamiento 78.339,67 48.528,29 61,95% 43.821,17 55,94% Inversión 12.903,65 11.862,78 91,93% 7.383,11 57,22%

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

802.046,95 678.391,00 84,58% 641.193,38 79,94%


INPEC 917.348,27 703.123,46 76,65% 666.740,39 72,68%

Funcionamiento 914.348,27 700.437,37 76,61% 666.285,93 72,87% Inversión 3.000,00 2.686,09 89,54% 454,46 15,15%

AGENCIA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

52.077,44 36.752,21 70,57% 28.792,18 55,29%


UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

779.180,10 505.469,12 64,87% 292.335,08 37,52%


INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE …. en... · Brigadier General Jorge Ramírez...

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