IMPUESTO DE VALORIZACION

Johanna Sanabria, Ginna Hernández , Juan Pablo Díaz, Marcela Benavidez, Roció Parra

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA demanda a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga llamada CDMG.

Antecedentes de cada parte.

La CDMG expresa en un acuerdo llamado el acuerdo No 866 del 13 de julio de 1988 la contribución de valorización por la obra la Iglesia y el 31 de mayo de 1999 el director del CDMB expidió una resolución llamada la Resolución No 456 en donde distribuye la valorización, el consejo directivo de la CDMG dijo que el director de esta entidad tenia la facultad de definir la distribución y el recaudo de la contribución de valorización.

El director de la CDMG expidió una resolución llamada resolución No 1207 del 13 de diciembre de 1999 la cual dejo sin efecto es decir anulo la anterior resolución la No 456, luego de esto este mismo directos profirió la resolución No 319 el 14 de abril de 2003 en donde distribuye formalmente la contribución de valorización por el proyectos de canalización de la quebrada La iglesia.

Luego de esto el 16 de julio de 2003, el Director de la CDMB expidió la Resolución No. 000640 “Por medio de la cual se distribuye la Contribución por Valorización del proyecto de canalización Quebrada La Iglesia, Municipios de Bucaramanga y Girón, Departamento de Santander”, con la cual se impuso gravamen al SENA por la suma de $256.733.645, por concepto de valorización a los predios de propiedad de dicha entidad.

Después el Servicio Nacional de Aprendizaje interpuso recurso de reposición, el cual fue degenerado mediante la Resolución No. 000991 del 21 de diciembre de 2003, que confirmó el primer acto. El SENA procedió a demandar la nulidad de las Resoluciones 640 del 16 de julio de 2003 y 000991 del 21 de octubre de 2003, expedidas por el Director General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB.

El SENA Sustenta el concepto de violación afirmando que las Corporaciones Autónomas Regionales no pueden fijar una tarifa de contribución por valorización

hasta tanto el Congreso señale por ley el sistema y método para que dichas entidades puedan hacerlo, como en la actualizad no existe una norma que permita que las corporaciones autónomas fijen tasa o valores de contribución de valorización entonces esta contribución deben ser anulada.

El SENA Afirma que las leyes le atribuyen exclusivamente a los concejos municipales la facultad de diseñar esquemas de financiación de inversiones cuando se trata de servicios públicos; por tanto, le correspondía al Concejo de Bucaramanga autorizar a la Corporación, si pretendía establecer el sistema y método de costos y beneficios y la forma de hacer el reparto de la citada Contribución por Valorización.

Prueba que en el caso objeto de estudio, los recaudos generados por la valorización deben destinarse a la financiación del proyecto; a pesar de esto, la obra se financia con los recursos de las tarifas que pagan los usuarios por el servicio de alcantarillado, con lo cual se estaría pagando dos veces por el mismo proyecto.

El Tribunal Administrativo del Santander, mediante sentencia de 11 de febrero de 2010, declaró la nulidad de los actos demandados de acuerdo con las siguientes consideraciones:

El principio de legalidad consiste en la predeterminación de los elementos del tributo en una ley ordenanza o un acuerdo; por tanto, las contribuciones no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, de conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política.

Afirma el Tribunal que de acuerdo al análisis realizado en la Sentencia de la Corte Constitucional C-155 de 2003, con la cual se determinó la constitucionalidad de los artículos 2° y 5° del Decreto No. 1604 de 1966, “Por el cual se dictan normas sobre valorización”, se puede concluir que en la medida que el Decreto 1604 no señaló el sistema ni el método para que las entidades del orden nacional fijen las tarifas de contribución por valorización, dichas tarifas no se pueden fijar.

Por tanto, a partir del 23 de febrero de 2003, fecha de la sentencia, ninguna autoridad administrativa del orden nacional podrá fijar tarifas de contribución por valorización, hasta tanto el Congreso expida una norma que señale el sistema y método para que esas entidades puedan hacerlo.

Resalta que de acuerdo con los artículos 1° y 2° del Decreto 1768 de 1994 y la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 9 de junio de 2005, radicación 17478, las Corporaciones Autónomas Regionales son personas jurídicas públicas del orden nacional, a las cuales resulta aplicable la sentencia C-155 de 2003.

Expone la Sala a quo que en el caso concreto de acuerdo con el análisis del marco normativo y jurisprudencia y la comparación entre la Ley 99 de 1993 y el artículo 338 de la Constitución Política; se advierte que la corporación autónoma no tenia competencia para expedir los actos demandados, por cuanto la CDMB es una entidad publica del orden nacional, de conformidad con la sentencia C- 155 de 2003; por tanto, no podía fijar la tarifa de contribución por valorización hasta que no se expida una ley para fijar el sistema y método con el cual pueda hacerlo.

En igual forma, se aclara que el Decreto 1604 de 2003 es una norma habilitante para fijar la contribución de valorización, pero sólo para las entidades del nivel departamental y municipal, porque en estos casos se trata de una competencia compartida entre el Congreso, las Asambleas y Concejos Municipales, lo cual faculta a las entidades territoriales para señalar el sistema y método para fijar la tarifa de contribución por valorización a través de Ordenanzas o Acuerdos.

Resalta que las resoluciones demandadas se expidieron a partir del 16 de julio de 2003, fecha en que se tenía plenos efectos la sentencia C-155 del 23 de febrero del mismo año; por tanto, el Director de la CDMB carecía de competencia para distribuir la contribución de valorización del proyecto de canalización Quebrada La Iglesia, razón por la cual se anulan dichos actos.

Luego a esta la CDMB, por medio de apoderado judicial, interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y expuso como motivos de inconformidad los siguientes:

Que existen normas de carácter superior que habilitan la capacidad y competencia de la CDMB, para haber procedido a decretar, imponer y distribuir la contribución por valorización cuestionada.

Insiste en que la Corporación obró en ejercicio de la función legal que le fue atribuida mediante el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala entre otras: “Promover y ejecutar las obras de irrigación, avenimiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción…”

Asimismo, explica que la imposición distribución y recaudo de la de contribución obedecen a la función reglada y parámetros contenidos en el Estatuto del Sistema de Valorización de la CDMB, Acuerdo 865 de 1998, él se encuentra acorde con el artículo 317 del Constitución Política y la Ley 99 de 1993.

Adicionalmente, el Consejo de Estado decidió, mediante sentencia del 29 de agosto de 2002, el proceso de nulidad contra el Acuerdo 865 de 1998, declarando que el Estatuto del Sistema de Contribución de Valorización de la CDMB, era un acto administrativo perfectamente válido y como tal, la CDMB lo había proferido de acuerdo a su competencia.

Considerando los motivos de inconformidad con la decisión de primera instancia expuestos por la sociedad apelante, el problema jurídico se concreta en determinar si la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, tiene competencia para expedir las Resoluciones Nos. 0640, 0939 y 940, por medio de las cuales se estableció la contribución por valorización del proyecto de canalización Quebrada La Iglesia.

El Consejo de Estado ha concluido que las Corporaciones Autónomas Regionales son personas jurídicas del orden público nacional, que cumple fines públicos de interés del Estado.

Determinado que las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades del orden nacional, corresponde revisar si la ley ha señalado el sistema o método para fijar la tarifas con ocasión de la aplicación de contribuciones por valorización, pues es claro que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, sí otorgó la facultad a estas entidades para imponer, distribuir y recaudar las contribuciones por valorización con ocasión de la ejecución de obras publicas que adelante dichas entidades.

Teniendo en cuenta que los actos demandados es decir las Resoluciones 640 del 16 de julio de 2003 y 000991 del 21 de octubre de 2003, fueron expresados con posterioridad a la Sentencia C-155 de 2003 resulta que la CDMB y su Director, carecían de competencia para distribuir la contribución por valorización del proyecto relacionado con la canalización de la Quebrada La Iglesia; por ello, debe darse razón al demandante y en consecuencia, procede la nulidad de los actos.

En esta sentencia nos colocan un ejemplo donde el Sena implanta una demanda a la CDMB por los pagos realizados por concepto de contribución de valorización en vista que no se cumplieron los términos y condiciones establecidos para las obras públicas que benefician la meseta de Bucaramanga.

Teniendo en cuenta los estudios realizados y análisis en la demanda impuesta por la CDMB expone sus argumentos para salir en su defensa pero la determinación tomada por la administración en la Negación de la Nulidad de la resorción 640

OPINIONES PERSONALES SOBRE LA DEMANDA

OPINION PERSONAL JUAN PABLO DIAZ

En mi opinión considero que como se estipula en el artículo 338 de la constitución política la ley permite delegar en las autoridades administrativas la fijación de las tarifas de las tasas y contribuciones que se cobren a los contribuyentes por ende la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL estaba en total poder de imponer, distribuir y recaudar dichas contribuciones de valorización con que se le hubiera de gravarse la propiedad del inmueble en propiedad del SENA, pero por tratarse del SENA y esta a su vez por ser una entidad pública tienen unos requisitos fundamentales y especiales los cuales son otorgados directamente por el Congreso de la Republica quienes son directamente los que señalan el sistema y el método para fijar las respectivas tarifas de contribución de valorización, esto según lo confiere la ley en el artículo constitucional ley 489 del año1998 en el articulo 68 reza que todas las entidades descentralizadas del orden nacional así como los establecimientos públicos se acogen a dicha ley. Por lo tanto el SENA esta en todo su derecho de solicitarle a la CDMB la restitución correspondiente al valor de las cuotas mensuales que le hayan sido canceladas por objeto de contribución de la valorización y a su vez la corrección monetaria por razón de la desvalorización de la moneda desde que se inicio los pagos de manera periódica hasta que se efectué el reintegro de dichos valores.

OPINION PERSONAL MARCELA BENAVIDEZ

Es importante tener en cuenta en esta contribución que los ciudadanos lo vemos como una carga mas como un impuesto mas pero no vemos resultados con las obras publicas pues seguimos estando en las mismas condiciones, y si pensamos que es bastante caro en comparación a los resultados que se ven.

OPINION PERSONAL JOHANNA SANABRIA

En cuanto al proceso de valorización de la Corporación Autónoma y SENA no se tuvieron en cuenta ni se analizaron las leyes, tarifas ni las tasas y contribuciones que solo pueden ser fijadas por las autoridades administrativas conforme a la ley, de acuerdo a las reformas establecidas de la corte constitucional y por no tener

en cuenta estos procesos se ven afectadas. Muchos sistemas administrativos gubernamental de la zona afectada que genera demandas perdidas para la nación en sobre costos, retrasos en las obras a realizar.

Por tanto estos antecedentes generan tiempo, gente afectada, terrenos afectados daños en el medio ambiente y unos intereses muy altos en cuanto a nivel regional

OPINION PERSONAL GINNA VIVIANA HERNANDEZ

Desde mi punto de vista considero que el CDMB carecía de argumentos suficientes y desconocimiento de la norma para proferir las resoluciones por la cuales se desencadeno este alegato, no tuvieron en cuenta que las contribución por valorización no las pueden dictaminar ellos mismo sino que tiene que ser proferidas por unos entes superiores a ellos como lo era el Consejo de Bucaramanga.

Nosotros como ciudadanos debemos estar enterados de estos temas ya que de pronto sin saber y conocer las leyes podemos caer en el error de pagar un valor por impuesto sin serlo cierto.

Considero que esta sentencia me sirvió para aprender como giran las leyes, como una entidad puede hacer uso indebido de esta y aplicarlas para su beneficio.

OPINION PERSONAL ROCIO PARRA

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