La lucha de Magallanes –que hizo retroceder momentáneamente el alza del gas impulsada por el gobierno- obtuvo varias conquistas. La primera es la movilización masiva en las calles. La segunda, la creación de un nuevo

organismo de lucha, la Asamblea Ciu-dadana de Magallanes (ACM), que al calor del proceso separó aguas entre los patrones, por un lado, y los trabaja-dores junto al pueblo, por el otro. La tercera conquista, fue el cuestiona-

miento a la autoridad patronal. Duran-te el paro indefinido se abrió una “incómoda” pregunta para las autori-dades: ¿quién manda en Magallanes?

El ataque del gobierno y

la respuesta de Magallanes

Magallanes sorprendió al país a inicios del 2011; dos movilizaciones -el 5 y el 9 de enero-, dieron el toque de alerta. Luego vino el paro indefini-do que duró 7 días, entre el 12 y el 18 de enero. Magallanes se puso de pie. ¿Contra qué luchó? Contra el alza de un 16,8% para el gas natural, que es expresión directa de la lógica privatiza-dora de la derecha, que continúa las políticas neoliberales anteriormente implementadas por la Concertación y la dictadura. Contra las falsas prome-

sas de esta democracia para ricos: en la campaña presidencial todos los candidatos patronales (Piñera, Frei, Marco Enríquez-Ominami) prometie-ron el cielo y la tierra a cambio de votos. Piñera había prometido mante-ner los precios del gas al pueblo ma-gallánico.

El “gobierno de los gerentes” de la derecha, actuó como tal: en una reunión del directorio de ENAP, el 28 de diciembre, el ex ministro de ener-gía Raineri y el entonces ministro de minería (ahora biministro), Lawrence Golborne, avalados por Piñera y su gobierno, tomaron –junto a otros ge-rentes- una decisión que iba a afectar a miles de personas en Magallanes: un alza de un 16,8% para el gas natural. ¡Así actuó Lawrence Golborne, la figu-ra más popular en las encuestas del gobierno de Piñera desde el rescate a los 33 mineros!

El ministro Raineri, exhibien-do sin tapujos su prepotencia patro-nal, declaró el 5 de enero, que “se les había acabado la fiesta” a los magallá-nicos. El pueblo de Magallanes, el 9 de enero, realizó la segunda gran mani-festación. En ella participaron alrede-dor de veinte mil personas de diversos puntos de la región.

Pero no sólo se trató de mo-vilizaciones. Además, se formó una

organización para la lucha: la Asam-blea Ciudadana de Magallanes (ACM), que reunió a 22 organizaciones socia-les: la CUT, la ANEF, la CPC, la AGIA (industriales y artesanos), organiza-ciones de colectiveros, jubilados y camioneros (entre otros actores so-ciales). Esta organización exigió que se volviera atrás con la medida, no se aceptaría ningún alza, por muy míni-mo que fuese. De no haber una res-puesta favorable del gobierno, el miércoles 12 se decretaría el paro

indefinido. El paro se realizó. El gobierno se negó a retro-

ceder. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que “se acabaría el gas en la región si no se aumentaban sus precios”. ¿Era así? No. El gobierno quería en realidad dos cosas: 1) Bajar el consumo de gas, para favorecer a la empresa canadiense Methanex, que de sus cuatro plantas tiene en funcio-namiento sólo una. Los precios más altos iban a significar menos consumo en los hogares. El gobierno, como fiel defensor de los intereses patronales, prefirió condenar al frío al pueblo magallánico y beneficiar de ese modo a la multinacional canadiense. 2) El otro objetivo de aumentar el precio del gas, era la “atracción de inversio-nistas”, también de empresas multi-nacionales. Implementar un “precio

atractivo” para sus futuras ganancias. Quiso mostrar también que ENAP no tiene recursos para realizar explora-ciones nuevas y que es insustentable. ¿Entonces, no hay gas? Sí, hay gas, pero como negocio para las empre-sas.

Esta es la lógica neoliberal que impera desde la dictadura pino-chetista y que la Concertación –permitiendo, por ejemplo, el 2007, las exploraciones privadas de petróleo- conservó y profundizó. Junto a Rodri-go Hinzpeter y Raineri, Lawrence Gol-borne se encargó de exponer el argu-mento de la “posible quiebra”, el 10 de enero, desde La Moneda. Señaló que “ENAP debe US$ 4.500 millones sobre su patrimonio de US$ 3 mil mi-llones. “Es una responsabilidad de ENAP cuidar el patrimonio de esta empresa de todos los chilenos. Para ello nosotros tenemos que traspasar estas alzas y el precio real de la ener-gía a los consumidores” (El Mercurio, 11 de enero). Como vemos, este “sonriente” ministro, usó su populari-dad para atacar los bolsillos del pue-blo trabajador magallánico. A nivel local, la intendenta Liliana Kusanovic, apoyó en todo momento la política gubernamental.

No sólo de privatizaciones se vale la derecha en el Gobierno. Con el

correr de los días, el gobierno, en pos de ver realizado su objetivo de pasar el alza, se sirvió de las amenazas y la fuerza represiva. El martes 11 se tras-ladó a la zona el subsecretario del in-terior, Rodrigo Ubilla. Rodrigo Hinzpe-ter advertía desde Santiago que defen-derían el orden público y Cristián Llé-venes, general de Carabineros, jefe de la duodécima zona, después de la pri-mera jornada de protestas, solicitaba a la autoridad central el reforzamiento de la presencia policial. Según él esa noche “grupos de exaltados pusieron en riesgo la seguridad de las personas, y eso es algo que no podemos darnos el lujo de permitir” (El Patagónico, 12 de enero). Hubo más de 30 detenidos la primera noche. Pero el hecho más oscuro, sin duda es el asesinato de dos mujeres, Melissa Silva (23) y Claudia Castillo (19) en una barricada. Fueron atropelladas por un marino mercante, que conducía una camioneta. En el funeral de las jóvenes, el viernes 14, miles de personas gritaban que no aceptarían la nueva propuesta del gobierno, de subir en un 3% durante 10 meses el gas…

Las fuerzas que enfrentó el pueblo de Magallanes son poderosas: los intereses de los empresarios de Chile y las empresas transnacionales; el gobierno de derecha, que sólo sigue las políticas privatizadoras de la Con-certación; las fuerzas represivas. Y se puso a la altura de las circunstancias: el paro fue casi total. Las movilizacio-nes fueron constantes, todos los días de paro: autos y casas con banderas negras, bocinazos, cortes de calles, bloqueos de rutas, concentraciones en las plazas y edificios públicos, barrica-

das en las noches. Al tercer o cuarto día de pa-

ro, comenzó a abrirse una nueva eta-

pa en la lucha…

Dos etapas: de la “unidad

regional” a la “escisión”

entre empresarios y

trabajadores En el proceso de Magallanes podemos distinguir dos etapas. La primera se caracteriza por el rechazo

transversal al alza. En ella, no sólo los trabajadores y los pobres de Magalla-nes (con la CUT, la ANEF y las juntas de vecinos), sino también los empre-sarios del turismo y del comercio (expresados en la CPC), los empresa-rios del transporte, los partidos políti-cos de los patrones (de la Alianza, la Concertación, los “regionalistas”), el Partido Comunista, los alcaldes, los parlamentarios y la Iglesia (con el obispo Bastres), manifestaron su opo-sición al aumento de un 16,8% en los precios del gas. Esta etapa generó la falsa ilusión de que la pelea era de toda la población de Magallanes co-ntra una decisión del gobierno cen-tral. La dirección de la lucha, en buena medida, recayó en esta parte del pro-ceso, en el “regionalismo” del diputa-do Marinovic, del senador Bianchi y el alcalde Mimica. El Partido Comunista, contribuyendo a esta ilusión, firmó –a través de su dirigente local Francisco Alarcón Navarro- una declaración jun-to a Renovación Nacional, la UDI, la DC, el PPD, el PS, el PRSD y el PRI, con-denando los “actos vandálicos” y “valorando la unidad y la solidaridad

de toda la comunidad de Magalla-nes”, que incluía, por supuesto, en ese momento a la CPC. Esto mientras sus dirigentes nacionales limitaban su solidaridad a declaraciones de apoyo. Días antes del paro, incluso la alcalde-sa de Torres del Paine, la UDI Anahí Cárdenas, en una asamblea en Puerto Natales, intentó mostrarse a favor de cortar la ruta hacia su comuna. Pero esta lucha no era de “toda la región”. Mientras los trabajadores y los pobres luchaban genuinamente contra un ataque directo a sus suel-dos y condiciones de vida, los empre-sarios y sus agentes políticos mentían con un doble objetivo. Por una parte, no querían que la lucha se les escapa-ra de las manos. Si apoyaban abierta-mente al gobierno, podrían haberse visto en aprietos. La lucha podría haberse radicalizado afectando sus propios negocios (por ejemplo, los hoteleros terminaron indignados por-que el paro hizo que se cancelaran un sinnúmero de reservas). Por otra par-te, los políticos patronales (Goic, Pa-redes, Mimica, Marinovic, etc.), hací-an cálculos de cara a las próximas elecciones municipales y parlamenta-rias. No quieren perder sus cargos. Por eso –y sólo por eso- buscaron generar la apariencia de apoyar la lucha del pueblo. Pero a días de iniciado el paro, estos señores empezaron a mostrar su ver-

dadero rostro. Por ejemplo el alcalde de Punta Arenas, el señor Mimica, amenazó en su municipio con sancio-nes y descuentos a los trabajadores organizados en la ASEMUCH si no asistían al trabajo. El dirigente local de la CPC, el señor Alejandro Kusano-vic, además de retirarse de la Asam-blea Ciudadana de Magallanes, llamó a los empresarios a deponer el paro (lo que fue acatado por el comercio y el turismo), y empezó a defender la propuesta del gobierno de un alza de un 3% por 10 meses, denunciando la “intransigencia” y la falta de disposi-ción al diálogo de la ACM. El alcalde Mimica terminó negociando junto al alcalde Paredes (Puerto Natales), en paralelo a la Asamblea Ciudadana de Magallanes, en un claro intento de restarle validez. Un dirigente local del PC y la CUT, Alarcón, tildó por esto de traidores a estos alcaldes que en rea-lidad sólo respondieron a sus inter-eses reales.

Los medios de comunicación dijeron que la ACM se debilitaba por-que se había quebrado. ¿Era realmen-te así? ¿Se debilitaba con este quie-bre? Por el contrario: sin los patrones, ahora los trabajadores y el pueblo de Magallanes podrían perseguir sus propios intereses. Ahora, el movi-miento realmente podría fortalecerse aún más para una solución de fondo.

Se abrió así una segunda

etapa caracterizada por la escisión o fractura entre los empresarios y el pueblo trabajador. Alcaldes, parla-

mentarios y patrones, abandonaron la pelea y se empezaron a acercar a las posiciones del gobierno.

Una lección que es necesario sacar es que los trabajadores y el pue-

blo pobre no pueden luchar de la ma-

no con los empresarios y sus políticos,

porque tienen intereses contrapues-

tos. Lo ocurrido en Magallanes revela que estos señores le tienen mucho más miedo a la lucha del pueblo tra-bajador que a un alza del gas que para ellos no es nada. Revela que el discur-so del “regionalismo” es falso. No hay unidad entre los intereses de los tra-bajadores y pobres que Piñera quería condenar al frío y estos señores que se llenan sus bolsillos explotando y mintiendo. Los verdaderos aliados de los trabajadores y pobres de Magalla-nes, eran los trabajadores de todo el país. Eran los pobladores. Eran tam-bién los estudiantes y mapuche.

¿Quién mandaba en

Magallanes? La crisis de

autoridad que espantó a los

empresarios

Cuando Rodrigo Ubilla arribó a Punta Arenas, se reunió con el alcal-de Mimica de aquella ciudad y Pare-des de Puerto Natales, junto a la in-tendenta Liliana Kusanovic, intentan-do buscar una solución. Entre otras cosas, se conversó la posibilidad de posponer en un mes el alza y crear una mesa de diálogo. Pero la extensa cita de casi ocho horas sólo demostró su completa esterilidad. La Asamblea Ciudadana de Magallanes había difun-dido una declaración en la que señala-ba que el 12 de enero el paro se reali-zaría sí o sí. Algunos camiones ya ini-ciaban cortes de ruta. ¿Es que acaso no eran estos alcaldes los represen-tantes del pueblo de Magallanes? ¿Quién mandaba en la ciudad?

Durante el paro indefinido la ac-

ción de las masas transformó a la ACM en una fuerza efectiva con capa-

cidad de incidir en la vida de la ciu-

dad. Eso abrió una “crisis de autori-

dad”. Habiendo transcurrido 72 horas

de paro, la ACM organizaba la vida

cotidiana de la ciudad: *Determinó los horarios de apertura y

cierre de los comercios para asegu-rar el abastecimiento. Los supermer-cados y las grandes tiendas podrían abrir entre 10 y las 16 hrs. para faci-litar la compra de productos de uso familiar.

*Determinó la circulación y el trans-porte. Se facilitaría el traslado de personas por necesidades médicas, se flexibilizarían los accesos de la ciudad cada 12 horas, durante lap-sos de una hora, para permitir el ingreso de productos de primera necesidad. También dispuso de vehí-culos especiales para el traslado de quienes lo requirieran;

*Organizó cocinerías para asegurar el alimento de los manifestantes, las que eran provistas de mercaderías por los propios vecinos.

Este peso efectivo de la ACM re-

sultó intolerable para los empresarios y sus políticos, pues de haberse man-tenido hubiese puesto en entredicho el “imperio de la ley” necesario para los negocios.

Otro motivo de espanto para los empresarios fue que los trabajadores

comenzaron a intervenir con sus pro-

pios métodos. Los obreros de ENAP advirtieron el 14 de enero con cortar el suministro de gas a Methanex y mantenerlo sólo para el pueblo maga-llánico, mostrando que un sector de los trabajadores podía comenzar a hacer la experiencia de su fortaleza y a través de eso adquirir la conciencia de su rol diferenciado en la lucha. Si se hubiese realizado tal acción se hubiese cuestionado directamente la autoridad del directorio de ENAP y a través de eso, del gobierno, y se hubiese mos-trado al pueblo pobre de Magallanes la capacidad de los trabajadores de dirigir el proceso de la lucha de clases, en base al rol jugado por éstos en el proceso productivo. La CPC y el con-junto de empresarios y políticos de la patronal no podían aceptar siquiera que se insinuara una “bofetada” al poder de los capitalistas, contrariando los pactos ENAP-Methanex.

Además la Confederación minero-energética-metalúrgica, que organiza a 120.000 trabajadores, discutía la posi-bilidad de impulsar un paro nacional del sector en solidaridad con los traba-jadores de ENAP de Magallanes. Las organizaciones de esta confederación, agrupan a trabajadores que producen un 20% del PIB. La ANEF se declaró en “estado de alerta”. La posibilidad de que la lucha de Magallanes se exten-diera en el país, también operó como un motivo de espanto para la patronal.

De este modo, la lucha de Maga-llanes se transformó en la lucha del pueblo trabajador magallánico, y pasó a la ofensiva. Correlativamente logró poner a la defensiva al gobierno. Éste se vio obligado a recurrir a la media-ción de la iglesia, a reconocer a la ACM como interlocutor válido; y a realizar un cambio de gabinete que hizo caer al ministro de Energía Raineri.

Pero la “defensa” del gobier-no no se quedó ahí. Era necesario res-tablecer “el orden público” y la autori-dad patronal, defender las inversiones de las empresas. En ese preciso mo-mento, Rodrigo Hinzpeter –en un ges-to típicamente derechista- declaró que implementaría la Ley de Seguridad del Estado. Aseguró que “hacer respetar el orden público es un principio del gobierno y que (…) hemos visto actos que sobrepasan o que escapan de lo que es una legítima protesta ciudada-na”. Además comentó: “hemos visto que ciertos dirigentes o ciudadanos no

han tenido ningún límite” para blo-quear rutas, puertos, el aeropuerto y que tampoco han “tenido preocupa-ción por otros ciudadanos de Magalla-nes, turistas, personas enfermas” (La

Tercera, 18 de enero). Esta decisión –que fue de-

puesta luego del acuerdo entre la ACM y el gobierno- sólo contribuyó a aumentar los roces internos en la de-recha y entre ésta y la Concertación. Pero no consiguió el efecto esperado. Para sacar a las masas de las calles fue necesario, como explicaremos, el des-vío de la lucha…

En las declaraciones a la prensa junto con Piñera, Hinzpeter dijo que “se repuso la autoridad”, admitiendo de ese modo que la habí-an perdido.

Resultados, lecciones y

perspectivas de lucha

Este proceso ha sido, ante todo, una enorme conquista del pue-

blo trabajador. Nos demostró que con la lucha y la construcción de organiza-

ciones para la misma, se pueden fre-nar los ataques del gobierno, la dere-cha, la Concertación y los patrones. Es, por lo tanto, una fuente de leccio-nes para los trabajadores y pobres de todo el país. Podría incentivar proce-sos de lucha en el futuro próximo, justo cuando el gobierno piñerista ha anunciado siete grandes reformas. Revela que los ataques de la derecha en el poder, podrían encontrar enor-mes resistencias.

Quienes militamos en el PTR-Clase contra Clase, sacamos las si-guientes lecciones del proceso de Magallanes:

Es posible hacer retroceder al

gobierno y los patrones con la

movilización Si bien el pueblo de Magalla-

nes no consiguió los objetivos formu-lados al inicio de la lucha –0 % de al-za, renuncia de Liliana Kusanovic de la intendencia (de acuerdo a lo declara-do por la Asamblea Ciudadana de Magallanes)- sí consiguió hacer retro-ceder al gobierno. Éste, no podrá im-plementar para el 1 de febrero el alza de 16,8%, y tendrá que conformarse con un 3% durante diez meses. Del mismo modo, tuvo que acceder a otorgar 18.000 subsidios.

La lucha de los trabajadores y el pue-

blo, puede hacer entrar en crisis al

gobierno

El costo más importante es el

debilitamiento político de la adminis-tración piñerista. Luego de los suce-sos en Magallanes, quedan las “heridas” del cambio de gabinete precipitado (14 de enero), que obligó a la renuncia de tres ministros (trabajo, defensa y energía) y de la serie de roces internos en la derecha y entre el conjunto de actores políti-cos nacionales. Si la huelga de ham-bre mapuche de hace algunos meses abrió una crisis política, el proceso de lucha en Magallanes –en el que inter-vinieron las masas y la clase trabaja-dora con el método de paro- lo hizo a una escala mucho mayor. Probable-mente eso aliente la falta de cohesión

interna. ¿No es muestra de eso la burda maniobra de Piñera y Hinzpeter el 18 de enero, con su conferencia de

prensa paralela a la de Golborne, co-municando el “logro del acuerdo”? ¿No fue la reivindicación que hizo Piñera de Hinzpeter y Ubilla una muestra demasiado clara de que bus-caban que el biministro no se llevase todas las “estrellas” del acuerdo? Los roces con los presidentes de partido y parlamentarios no fueron menores. Recordemos que la propuesta de Ma-rinovic de interpelar al ahora ex mi-nistro de energía Raineri encontró apoyo también en el oficialismo.

El gobierno utiliza políticas pa-

ra sacar la lucha de las

calles y llevarla al parlamento

o a comisiones de diálogo

Es precisamente gracias al retroceso de su objetivo inicial que el gobierno consiguió desviar el proceso. Ganó tiempo para contraatacar en el futuro con el alza (o prontamente, con represalias en los lugares de tra-bajo, descuentos de días no trabaja-dos, etc.), si el pueblo trabajador ma-gallánico no persiste en su lucha o al menos en estado de alerta. De acuer-do al acta de acuerdo entre la Asam-blea Ciudadana de Magallanes y el gobierno, “se establecerá, a partir del 1 de marzo de 2011, una mesa técnica consultiva de trabajo conformada por representantes del Gobierno (Ministerio de Energía y otros) y de la comunidad magallánica, con la finali-dad de que le haga llegar propuestas o recomendaciones al Gobierno, que tengan por objeto proponer un nuevo sistema de regulación tarifaria del gas para Magallanes. Estas propuestas o recomendaciones se recibirán por el Gobierno en el contexto de su trabajo

LUNES 24 DE ENERO DE 2011

Edición Especial

Aporte Voluntario

destinado al envío de un proyecto de ley de tarificación de gas para la zona (“Proyecto”)” (El Patagónico, 18 de enero). De no prosperar un proyecto, a partir de octubre, se aplicaría el alza de 16,8% resuelta por el directorio de ENAP.

Como vemos, este punto del acuerdo retira la discusión de las ca-lles, lugares de trabajo y apaga las ba-rricadas. Sitúa el debate en una mesa técnica que tendrá meramente el rol de “aconsejar” al gobierno que, junto al parlamento, tendrá la última pala-bra. Según el acuerdo, que se imponga o no el alza en diez meses, ya no de-pende de la fuerza y las acciones de los trabajadores y el pueblo de Magalla-nes y de los actos de solidaridad que en otros puntos del país podrían haberse desarrollado, sino de conver-saciones y acuerdos en salones y pasi-llos ministeriales, gubernamentales y parlamentarios.

No da lo mismo quién dirige,

qué política predomina, qué

partidos actúan

El desvío no hubiese sido po-sible sin la ayuda de los dirigentes de la ACM que terminaron aceptando la propuesta del gobierno pese al eviden-te ánimo de lucha y a las muestras de solidaridad. Aunque el empresariado y sus representantes se fueron de la ACM, predominó su política de no lle-var la lucha hasta el final. El cambio de la composición social interna de la ACM -con un mayor peso de las orga-nizaciones obreras como la CUT (que asumió la vocería con el dirigente local Eterovic en la segunda etapa del pro-ceso) no se tradujo en un predominio

de una política obrera independiente, es decir, en una hegemonía de los tra-

bajadores. Este proceso fue interrum-

pido. La propuesta finalmente acepta-da es casi idéntica a la que la CPC, Mi-mica y sus consortes buscaban que se aceptara ya en el tercer día de paro. La clase trabajadora no se pudo despojar de la política de los regionalistas y los empresarios.

Otro factor que contribuyó al desvío es la completa claudicación de las direcciones nacionales de la clase trabajadora. Los dirigentes de la CUT se limitaron a escribir su solidaridad, pero no impulsaron movilizaciones de apoyo ni mucho menos el paro nacio-nal que hacía falta. Raúl de la Puente y los dirigentes de la ANEF sólo se decla-raron en estado de alerta pero no soli-darizaron activamente con los funcio-narios en paro en Magallanes. A nivel

político, el PC no puso sus fuerzas en sindicatos y federaciones estudiantiles al servicio de la lucha del pueblo tra-bajador de Magallanes. Esto fue de-terminante para que terminara predo-minando la propuesta de 3% del go-bierno, que si bien expresa un retro-ceso, es tramposa pues se revisará en 10 meses quedando abierta la posibili-dad de que se reponga el alza de 16,8%. J. Gajardo, militante del PC y dirigente del Colegio de Profesores, en el mismo momento en que la Con-certación aprobaba la reforma educa-tiva en el senado, llamaba a unirse con… ¡la Concertación! Supuestamen-te para luchar contra la reforma…He ahí una incoherencia propia de un partido que confía en nuestros enemi-gos. ¿No podía el Colegio de Profeso-res haber preparado una lucha nacio-nal para apoyar a sus hermanos de Magallanes y unir esa pelea con la lucha contra la reforma de Lavín?

Por una izquierda obrera y

socialista, que luche por crear

organismos de

autodeterminación de los

trabajadores y oprimidos Por todo esto, una de las

lecciones centrales que podemos sa-car de este proceso, es que hacen

falta nuevos dirigentes, clasistas y combativos, con una política de la clase trabajadora que sea indepen-

diente de toda variante patronal: ni la derecha nueva o vieja, ni la Concerta-ción, ni MEO, ni los “regionalistas”, sirven a los intereses de la clase tra-bajadora. Hay que recuperar la CUT para los intereses de la clase obrera. Y también hace falta refundar los sindi-catos en base a comités de delegados, de abajo hacia arriba, para acabar con los métodos burocráticos y las deci-siones a espaldas de la base. Y unir las organizaciones sindicales (como la CUT, la UNT, la CAT, la CGT, etcétera) en base a un congreso de unificación, para favorecer la solidaridad de clase. Una política que luche por poner en pie organismos para la lucha, basados en la democracia directa de los traba-jadores junto al pueblo: con decisio-nes discutidas y votadas en asam-bleas, donde todos los partidos pue-dan intervenir para poner sus políti-cas bajo la decisión de los trabajado-res y todos los que luchan; con dele-gados que actúen con mandato de asamblea, rotativos y revocables. La ACM, en el segundo momento, unió la capacidad de organizar la vida dia-ria de la ciudad -mostrando que no hace falta la autoridad patronal-, con el poder de los trabajadores y sus métodos como la paralización de acti-vidades. Pero no desarrolló métodos

de democracia directa de los trabaja-dores y oprimidos, lo que es uno de sus límites.

En Magallanes no hay que bajar la guardia. Hay que impedir nue-vas alzas. Para preparar nuevas lu-chas, se hace necesario formar comi-

tés de base de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, en los lugares de tra-bajo, las poblaciones, colegios y uni-versidades, sin empresarios ni políti-cos patronales. Comités de base que funcionen en base a delegados man-datados y revocables, en la perspecti-va de que la ACM se convierta en una Asamblea Obrera y Popular. Una Asamblea que prepare la lucha por una ENAP estatal que funcione en base a la administración de sus pro-pios trabajadores y que obligue al estado a invertir en exploraciones.

Para dar todas estas peleas es necesario poner en pie un Gran Partido de la Clase Trabajadora, inser-to en miles de fábricas, en las minas, los puertos y en todos los centros laborales del país, en colegios, univer-sidades, poblaciones y entre los pue-blos originarios. Un partido de comba-te que se proponga construir una Re-pública de Trabajadores para acabar con toda explotación y miseria. Esta es la lucha que damos los militantes del PTR-Clase contra Clase.