Discurso_Presidente_JCE_JurJE
-
Upload
junta-central-electoral-jce -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Discurso_Presidente_JCE_JurJE
1
Discurso del Presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez, en ocasión de la juramentación de las 155 Juntas Electorales del país, el martes 29 de noviembre de 2011
Distinguidos Miembros Titulares de la Junta Central Electoral
Honorable Monseñor Agripino Núñez Collado
Honorable Presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, doctora María Eugenia Villagrán de León
Honorable Presidente Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, doctor Eugenio Chicas
Distinguido doctor Hilario Espiñeira, Secretario General del Pleno
Distinguidas personalidades presentes
Este acto tiene una significación especial para quienes desde la función
electoral desarrollamos nuestros mejores esfuerzos para aportar a la
construcción de la democracia y para organizar los procesos que renuevan
cada determinado tiempo todo el personal que ha de ejercer las funciones
de los poderes públicos establecidos, esto es, el Ejecutivo, el Legislativo, y
éstos a su vez, por delegación, el Judicial.
2
La Constitución de la República, en su artículo 2, consagra que “la soberanía
reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes,
los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en
los términos que establecen esta Constitución y las leyes.”
Este poder soberano no puede ser expresado sin las labores propias de
todos los hombres y mujeres que nos encontramos reunidos en esta augusta
sala, ya que nos corresponde crear las condiciones objetivas que permitan
designar a los encargados de representar estas instancias del Estado. De
este esfuerzo surgen los dignatarios revestidos de la legalidad y la
legitimidad necesaria, lo que le ofrece a la función electoral un rol
trascendente en el interminable camino de la democracia.
Las Juntas Electorales que hoy juramentamos poseen una característica
especial, debido a que la Constitución vigente, en su artículo 213 pone a su
cargo las labores administrativas que le son propias y las define como
órganos estatales que dependen, o están subordinadas, a la Junta Central
Electoral en las funciones administrativas, y les atribuye competencia como
instancias de primer grado para conocer de los diferendos que surjan a lo
interno de los partidos políticos y entre éstos, es decir, que aunque
dependan administrativa y financieramente de la Junta Central Electoral,
tendrán una relación en el aspecto contencioso electoral, como órgano
dependiente, con el Tribunal Superior Electoral.
3
La Ley Electoral No. 275‐97 vigente, en su artículo 22, establece que éstas
son órganos permanentes, y atribuye a la Junta Central Electoral
competencia para su designación y para la remoción de sus Miembros, si lo
considerara conveniente; y al conformarlas, según este articulado, debe
procurar que estén integradas por personas que carezcan de militancia
partidista reconocida, o en su defecto, que haya un equilibrio, de tal manera
que las diversas fuerzas políticas se encuentren representadas.
Estas ciento cincuenta y cinco (155) Juntas Electorales han sido el resultado de un
arduo trabajo llevado a cabo por la Comisión de Juntas Electorales y Partidos
Políticos, coordinada por el Lic. Eddy de Jesús Olivares Ortega, Miembro Titular de
la Junta Central Electoral, quien tuvo a su cargo dirigir toda esta labor con
persistencia y total consagración, procurando que las fuerzas políticas
desempeñaran su rol en el difícil proceso de construcción de consensos y en la
administración de los disensos que se presentaron y que fueron exitosamente
trabajados, que todas las Juntas Electorales, en sentido general, cuenten con el
aval y la aceptación de los partidos políticos reconocidos y las organizaciones de la
sociedad civil en cada comunidad, lo que representa una amplia satisfacción en
los actores del sistema político, que se ha expresado en una avenencia total y
absoluta hacia las mismas.
4
Es importante destacar, que de un total de mil cuatrocientos un (1,401) Miembros
Titulares y Suplentes de Juntas Electorales aquí reunidos, novecientos ochenta y
seis (986) han sido ratificados en sus cargos, para un setenta por ciento (70%), de
ciento cincuenta y cinco Presidentes de las mismas, ciento diez (110) están siendo
ratificados, para un setenta y un por ciento (71%), veinticuatro (24) desarrollaban
otra función y actualmente fungen como Presidentes, y sólo veintiuno (21) son de
nueva designación, es decir, que el ochenta y seis por ciento (86) de los actuales
Presidentes de Juntas Electorales está siendo ratificado como Miembro de la
misma; además, sólo una de éstas su composición es completamente nueva. El
noventa y seis por ciento (96%) de las Juntas Electorales está compuesto con
personal con experiencia en procesos anteriores como Miembros de Juntas
Electorales.
Siempre he considerado que los ciudadanos que logran ser valorados por su
comunidad para desempeñar una función honorífica y altruista, como lo es
la de ser Miembro de una Junta Electoral, asumen un compromiso enorme,
en razón de que no recibirán ninguna compensación material, sino más bien,
y con mucha frecuencia, la ingratitud de los demás; de todas maneras, no
deja de ser motivo de orgullo el ser señalado y aceptado por sus
conciudadanos como una persona de gran solvencia moral, digna de
representarle y arbitrar los procesos políticos más importantes.
5
El hecho de que un porcentaje tan elevado de ustedes hayan sido
confirmados en su condición de miembros, con el aval de todos los partidos,
debe ser interpretado como un descargo satisfactorio a todas las Juntas
Electorales que administraron los comicios de medio término reciente,
constituyendo esto una muestra de cuán pulcros y transparentes fueron los
procesos en que ustedes participaron.
Sin duda, que las situaciones vividas por una gran parte de ustedes, injustas
por demás, no han disminuido su espíritu de servicio y compromiso social,
significa que han hecho suyo el criterio de “perseverar en el cumplimiento
de su deber y guardar silencio que es la mejor respuesta…”. (George
Washington), conscientes de que, como diría Baltazar Gracián, “ya nadie
actúa correctamente… todos dan el peor pago al mejor trabajo… esta falta
de agradecimiento no hay que imitarla… es una invitación a la cautela.
Uno se arriesga a perder la rectitud cuando ve el comportamiento ruin.
Pero el hombre de ley nunca se olvida de quién es, hagan lo que hagan los
demás”; por esa razón, que bien actúan al aceptar nuevamente esta
designación.
Como hemos indicado, a los órganos electorales en cada municipio les
corresponde organizar los procesos que permiten al ciudadano el ejercicio
del derecho al sufragio, prestando especial atención a la conformación de
6
colegios electorales idóneos, que respondan a los criterios de selección que
han sido aplicados en la propia integración de las Juntas Electorales,
garantizando la equidad y la transparencia en estas unidades fundamentales
de administración electoral, esforzándose en obtener colegios que a su vez
lleven a cabo un buen escrutinio y ejerciendo con idoneidad su papel de
garantizar una transmisión de resultados objetiva y ágil, en lo jurisdiccional o
contencioso, como diría el ex Magistrado de la Junta Central Electoral,
Mariano Rodríguez, guiándose “por los principios de independencia,
eficacia, justicia e imparcialidad”.
Nos encaminamos a un proceso electoral relativamente fácil de administrar
y organizar, en comparación con los procesos anteriores. Como recordarán,
en el año 2010 tuvimos una contienda electoral en la que concurrieron 16
mil 605 candidatos inscritos, para 4 mil 036 cargos a elegir, que
correspondían a las funciones de Senadores, Diputados, Alcaldes, Regidores,
Directores de Distritos Municipales, Vocales, Diputados Nacionales y
Representantes al Parlamento Centroamericano.
En esta ocasión estamos llamados a celebrar un certamen en el territorio
nacional donde se vislumbra que concurran aproximadamente siete
fórmulas presidenciales, que representarían apenas 14 candidaturas
inscritas, con un listado de electores al 25 de noviembre de 2011 de 6
7
millones 460 mil 925, y 14 mil 291 colegios electorales (sin incluir los del
exterior), para los cuales necesitaremos aproximadamente 75 mil personas
para su conformación. Se destaca el gran esfuerzo realizado por la
comunidad dominicana en el exterior, que a la fecha ya reporta como
inscritos en la lista de electores en el exterior 265 mil 108 dominicanos, de
los cuales 179 mil residen en Estados Unidos.
A este momento el calendario regresivo electoral ha sido ejecutado en un
cuarenta y siete punto uno por ciento (47.1%), tal como fue programado; se
han captado 136 mil 565 ciudadanos, a los cuales le han sido impartidos dos
mil setenta y cinco (2,075) talleres de capacitación y entrenamiento para
fines de evaluación y calificación, para conformar el banco de elegibles de
ciudadanos que serán tomados en cuenta para llevar a cabo la
administración del colegio electoral y del escrutinio del resultado.
Paralelamente avanzamos en el proceso de adquisición de materiales
electorales, habiendo licitado y/o adquirido a la fecha aproximadamente el
sesenta y seis por ciento (66%) de los mismos, e iniciado las labores
administrativas fundamentales en la coordinación y asignación del personal
interno para la logística electoral.
8
En el curso del mes de diciembre próximo está prevista como una tarea la
realización de una prueba regional del cómputo electoral. A esto se agrega
la conformación de las principales Oficinas de Coordinación de Logística
Electoral en el Exterior (OCLEE), que realizarán las labores similares a las
Juntas Electorales en los municipios.
De su parte, el Pleno de la Junta Central Electoral ha venido despachando los
Reglamentos y Resoluciones que han sido aprobados, previa consulta con
los partidos políticos.
Estas estadísticas ponen de manifiesto que la ciudadanía se ha integrado
en la organización de los procesos electorales a través de la administración
de los colegios, quedando esta importante acción de manera fundamental
en manos de la propia ciudadanía, ejercicio que cada vez más se viene
perfeccionando, mediante un riguroso proceso de capacitación para
alcanzar lo que es una meta: Colegios Electorales bien administrados.
El voto, es la decisión de la ciudadanía. Es libre, es secreto, directo, es un
deber y un derecho, universal, igual para todos, así como propio e
individual, es responsabilidad de los miembros de los colegios protegerlo y
escrutar esa voluntad con toda la objetividad que demanda su sagrada y
trascendental investidura.
9
La Junta Central Electoral ha venido cumpliendo con las responsabilidades
puestas a su cargo. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de contribuir
con su accionar a la construcción de la democracia, ejerciendo plenamente
los derechos de elección y participación, no sólo a través de las instituciones
políticas y con el ejercicio directo del voto, sino con la integración decidida
en las unidades fundamentales de decisión electoral, que lo constituyen los
colegios electorales; ustedes deben estimular su integración y su formación.
Con relación a la observación nacional, más de quince organizaciones e
instituciones no gubernamentales han expresado su interés de observar el
referido proceso, que al tenor de la ley, se abrirá en los primeros días del
mes de febrero del año 2012. Entre las instituciones que serían parte de la
observación, se encuentran varias academias. Ya la Organización de Estados
Americanos (OEA), informó que observará ampliamente el proceso electoral
venidero, en atención a una invitación que cursáramos en sus oficinas en
Washington, D. C., y que también fue canalizada a través de la vía
diplomática correspondiente.
La JCE está abierta para que cualquier organización, nacional o
internacional, se acredite y ejerza a voluntad la observación, simplemente lo
que ha acordado la institución en el Reglamento de Observación que tuvo a
10
bien emitir, es que procurará y dará las más amplias posibilidades a una
observación plural, proclive a habilitar a todas las organizaciones que
deseen hacerlo, en el interés de obtener el mayor nivel de integración
ciudadana y de expertos en la materia para auscultar el desarrollo del
proceso.
Como ya hemos visto, el proceso electoral marcha por buen camino, a
diferencia de otros tiempos, los partidos políticos reconocidos tienen en sus
manos hace más de un año la lista o padrón electoral y mensualmente
reciben un corte con las adiciones y las inhabilitaciones en el mismo, asisten
con frecuencia a las actividades propias de evaluación y monitoreo de la
marcha del proceso electoral. En pocas palabras, la JCE es un libro abierto, al
que todos los ciudadanos pueden accesar y abrevar.
No es ocioso recordar, que en el proceso electoral del año 2008, en el
período cubierto de febrero del 2007 al 16 de mayo del 2008, alrededor de
la institución se produjo un serio escarceo, elevados cuestionamientos en
varios aspectos de la administración del proceso; sin embargo, a partir del
17 de mayo todos los medios de comunicación, sin excepción, destacaron
los estándares de transparencia y la calidad del proceso electoral, y muchas
de las instituciones y personas que hoy se inquietan, y otros que nos
apoyaron, se volcaron en elogios hacia la institución, algunos llegaron a
11
decir “esta Cámara Administrativa, con su Presidente Roberto Rosario a la
cabeza, se fajaron y no dejaron detalles ni puntos sueltos en la
organización de unos comicios que son, sin dudas, de los mejores
organizados que ha tenido el país” (Periódico Hoy). O el Presidente de la
Conferencia del Episcopado Dominicano, que calificó como “magnífico el
montaje de las elecciones”. Como el periódico El Caribe, que tituló “El
trabajo de los honorables Miembros de la Junta Central Electoral
demuestra que los dominicanos sí podemos cambiar las cosas”. Del
matutino Diario Libre: “La Junta montó impecablemente las elecciones y
hay que felicitarla por ello”. FINJUS, que felicitó “por la eficiencia y
pulcritud de las elecciones las cuales afirmó son un referente para el
desarrollo de la cultura electoral en el país”. La UASD “por cumplir a
cabalidad con sus funciones”, y reclamó “que a la JCE se le otorguen
poderes reales para someter al orden a los partidos políticos”. Y
obviamente su Eminencia Reverendísima, Cardenal Monseñor Nicolás de
Jesús López Rodríguez, quien aseveró que “la democracia dominicana se ha
fortalecido y a pesar de algunos episodios y acusaciones entre candidatos
las elecciones fueron un ejemplo para el país y el mundo”.
Todos estos comentarios y consideraciones, entre otros, sobre el desarrollo
del proceso electoral del 2008, pareciera como si no se hubiesen producido,
si se repitieran en esta misma fecha; pero todos, sin excepción, estaban
dirigidos a la Junta Central Electoral, a la institución que ha creado una
12
estructura de sistemas, funcionarios y técnicos que garantizan la equidad, la
legalidad y la legitimidad de los procesos que están puestos a su cargo, que
ha construido una imagen de transparencia, elevados niveles de eficiencia,
credibilidad y confianza en la población, que supera con creces las
individualidades y personalismos del Pleno de la Junta Central Electoral y sus
funcionarios.
Los Miembros Titulares de la Junta Central Electoral, incluyendo su
Presidente, sus funcionarios y técnicos, que fueron receptores de todas
estas opiniones, son exactamente los mismos que ya han ejecutado
prácticamente el cincuenta por ciento (50%) del calendario regresivo, y que
se aprestan a concluir el resto de las actividades del calendario.
A propósito, es oportuno prestar atención al análisis que la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que en su sexto informe
dedica varias cuartillas a analizar el tema de la confianza, indicando cuáles
son los factores determinantes de la confianza en las instituciones, y nos
reseña lo siguiente: “Según Carolina Segovia, hay dos factores que se
toman en cuenta para evaluar la confianza en las instituciones: la
capacidad percibida de una institución y la benevolencia percibida de la
misma. La percepción de la capacidad de una institución política se refiere
a la creencia que la institución está capacitada o técnicamente preparada,
13
para realizar aquello que de ella se pide y se espera… La benevolencia se
refiere a la creencia de que la institución será fiel y responderá
positivamente a la confianza en ella depositada porque tiene la voluntad
de contribuir al bien común, porque tiene un genuino interés por el bien
común o intereses coherentes con el bienestar de los ciudadanos”.
Si esta conceptualización de confianza tiene un nivel de certeza aceptable,
habría que colegir que la Junta Central Electoral se ha ganado a pulso la
confianza de la población. Recordemos que el año pasado las instituciones
Latinobarómetro y Barómetro de Las Américas en estudios de opinión
realizados, determinaron que la Junta Central Electoral era la institución
mejor valorada y de mayor confianza en la población. Si a eso agregamos el
más reciente estudio de opinión presentado por la encuestadora Gallup, con
los auspicios del periódico Hoy, que establece que el sesenta y cuatro por
ciento (64%) de la población cree y confía en que las autoridades de este
órgano constitucional cumplirán su compromiso con la debida imparcialidad
y transparencia que la población espera, habría que concluir que no existen
razones para la especulación.
La Junta Central Electoral es el órgano constitucional regulador del sistema
de partidos, canaliza sus recursos y supervisa sus actividades hasta donde le
es posible; los partidos tienen todo el derecho que le otorgan la
14
Constitución y las leyes para criticar, sugerir, recomendar, acompañar y
buscar solución al lado de la Junta Central Electoral a todas las situaciones
propias del trabajo político‐electoral que maneja la institución, y en ese
sentido, estamos abiertos a recibir de la totalidad de los partidos políticos,
sin excepción, como bien expresé en una ponencia el pasado domingo, a
propósito de participar como orador invitado a la décimo octava graduación
extraordinaria de la Universidad de la Tercera Edad (UTE), “los partidos y los
diversos actores sociales deben cuidar de ejercer la más amplia
participación en todos los temas propios de la JCE, pero no pueden
constituirse en la institución misma; deben ser consultados, escuchados y
tomados en cuenta por ésta…”.
Y a propósito de estos derechos, que nadie pretende desconocer a los
diversos actores políticos y sociales, rememoro algunos de los comentarios
contenidos en la obra El arte de la prudencia, de Baltazar Gracian, cuando
dice “no basta la sustancia, también se necesita la circunstancia. Los malos
modos todo lo corrompe, hasta la justicia y la razón. Los buenos todo lo
remedian: doran el no, endulzan la verdad y hermosean la misma vejez. En
las cosas tiene gran parte el cómo… Hablar y portarse de buen modo
resuelve cualquier situación difícil”.
15
Es de necios insistir que en la República Dominicana desde hace tiempo las
elecciones son pulcras, limpias y transparentes, que en la Junta Central
Electoral no se cuentan votos, ni se ganan, ni se pierden elecciones, que los
Miembros de Juntas Electorales que hoy se juramentan, tampoco
contabilizan votos, salvo las excepciones legales, que las elecciones se
ganan, y se pierden, en los Colegios, que los votos se cuentan de manera
escrupulosa y que las actas que son levantadas en esas unidades básicas de
administración electoral, una vez llenadas, son firmadas por los
representantes de los partidos, por los cinco integrantes de los colegios, que
son plastificadas y protegidas de tal manera que es imposible su
adulteración. Siendo así, ¿acaso no deberían ser los colegios electorales el
centro de atención de los partidos políticos y de las organizaciones de
observación electoral?
Si aquí hemos dicho, y demostrado, que las Juntas Electorales son quienes
conforman los colegios electorales, y éstas fueron integradas con el
beneplácito y el respaldo de todos los partidos, ¿por qué no apoyarlas y
confiar en el fruto de su trabajo?
En otro sentido, en este mismo escenario, exactamente el 21 de noviembre
del año 2007, mi antecesor, el ex Magistrado Presidente de la Junta Central
Electoral, Dr. Julio César Castaños Guzmán, trajo a colación algunas
16
reflexiones de John Roberts, ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de los Estados Unidos de América, que sentenció “el público no asiste a los
partidos a vitorear a los árbitros (los jueces); concurre a aplaudir los
jugadores”.
Este comentario viene a propósito del reclamo persistente a la Junta Central
Electoral para que asuma funciones y atribuciones propias de otros órganos
y poderes del Estado, ya sea del Legislativo o del Judicial. Por siempre la
sanción, el juzgamiento y la persecución de los delitos electorales ha sido
facultad de los Tribunales de la República; ahora es competencia, en parte,
del Tribunal Superior Electoral; tradicionalmente ha sido atribución del
Congreso de la República, y en algunos casos del Poder Ejecutivo, dictar
leyes y reglamentos. La Junta Central Electoral ha sometido un proyecto de
Ley de Partidos Políticos y en las próximas horas someteremos un Proyecto
de Ley Orgánica que establece el régimen electoral; como es lógico, ambas
iniciativas, por su contenido, desbordan el límite de la competencia y
atribución de la Junta Central Electoral para su aprobación; incursionar por
las vías reglamentarias en esas materias, es un terreno resbaladizo, que los
sabios de la política y el derecho electoral no recomiendan.
17
Es importante destacar, que no existe posibilidad de emitir un reglamento
el uso de los medios de comunicación, si no se cuenta con el respaldo de los
mismos, y si éstos no asumen como un compromiso ciudadano la necesidad
de regular la actividad política en tiempos de campaña en los medios de
comunicación; la Junta Central Electoral no puede atribuirse, por sí sola, la
representación de toda la sociedad, ya que estas reformas requieren, no de
imposición, sino un pacto social más allá de los intereses particulares.
Los medios de comunicación se han convertido, por su propia fuerza, en
instrumentos esenciales en el desarrollo de elecciones democráticas. Unas
elecciones libres, transparentes y justas no consisten sólo en la emisión de
un voto en condiciones adecuadas, sino que también debe contar con la
información responsable y oportuna; la regulación de estos aspectos en que
incursionan los partidos en la actividad política y los medios de
comunicación, deben ser resultado de un compromiso nacional, ético y
responsable.
Abundando sobre este tema, mi antecesor expresó la siguiente
consideración: “Es que existe una gran tentación en cada juez, de pretender
ocupar el lugar del Legislativo (a veces del Ejecutivo en materia
reglamentaria), confundiendo su papel de intérprete de la Ley o aplicador de
la misma con el de hacedor de leyes, lo cual sería terrible en el orden de
trastocar la función indelegable de cada Poder del Estado. Sobre todo
18
porque nuestra Constitución expresa en el art. 99 que: ‘Toda autoridad
usurpada es ineficaz y sus actos son nulos’”.
Ciertamente la Constitución de la República, en su artículo 212, establece
que la Junta Central Electoral tiene facultad para “reglamentar los tiempos y
límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios
de comunicación”.
En interés de avanzar en este aspecto, hemos hecho todos los esfuerzos que
están a nuestro alcance para que en tiempo hábil se aprueben ambas
iniciativas legislativas; sin embargo, informo a esta audiencia que existe un
compromiso entre Monseñor Agripino Núñez Collado, que hoy nos
acompaña, y el suscrito, para convocar un encuentro con los propietarios y
directores de medios de comunicación y líderes de opinión para consensuar
todo lo relacionado con la propaganda, la publicidad y el acceso a los medios
de comunicación, compromiso que por demás hace más de un mes le fue
comunicado por escrito a estas personalidades, por lo que reiteramos la
disposición de concretar ese encuentro tan pronto haya disponibilidad de
tiempo y las circunstancias lo permitan.
Esto propiciará que cualquier decisión que se tome sea el resultado de la
consulta y el consenso con todos los sectores organizados. Intentar aprobar
19
una legislación o un reglamento sobre el acceso a los medios de
comunicación sin agotar este paso, constituiría un esfuerzo inútil, pero como
tenemos fe y los propósitos que nos inspiran se erigen en los mejores para
el país, sabemos que podremos anclar en buen puerto.
Pero más allá de esta demanda, en nuestra opinión, la Junta Central
Electoral y los Miembros de las Juntas Electorales estamos llamados a
superar los procesos electorales anteriores, a aportar mayores niveles de
transparencia y a consolidar a este órgano como un poder real que se
reconozca como la base esencial de la legitimidad de la democracia; el
vientre de las instituciones fundamentales de la República Dominicana, y por
ende, de la democracia.
Las debilidades detectadas debemos afrontarlas con decisión y consagrar
nuestros mayores esfuerzos a mejorar y perfeccionar el escrutinio del
resultado, con la objetividad en las mesas de escrutinio y la agilidad en la
transmisión de las actas emanadas de los colegios, pero si algo debe
caracterizar a los Miembros de las Juntas Electorales, es el trato fluido,
flexible y receptivo con todos los actores del sistema y la comprensión del
rol que corresponde a cada Junta Electoral.
20
En su espacio cada uno de ustedes debe actuar con responsabilidad,
honestidad, imparcialidad y firmeza, convencidos de actuar con la mejor de
las intenciones, y siempre en el entendido de que es preferible hacer caso al
testimonio de su conciencia que a los juicios que los demás se hagan de sí.
Al final de la jornada, al igual que hoy, se impondrá el resultado
transparente de su trabajo.
En ese mismo sentido, en este escenario, quien fue el decano de todos los
Magistrados de América Latina, Dr. Carlos Alberto Urruty, nos dejaba la
siguiente enseñanza: “Los individuos que administran una elección y
aquellos a los que se ha encomendado su juzgamiento, son personas de
carne y hueso inmersas en un medio social que les transmite simpatías y
antipatías por los partidos políticos y candidatos que disputan una elección.
Pretender que los administradores y jueces electorales sean neutrales, si tal
calificativo exige que la persona a tener en cuenta carezca de simpatías
políticas o exhiba antecedentes equidistantes de todos los partidos políticos,
supondría reducir la búsqueda de los candidatos a desempeñar esa tarea a
seres de probeta”.
Lo que sí debemos, y estamos obligados hoy, es comprometernos a actuar
con plena imparcialidad, a hacer conciencia del papel que nos toca
desempeñar y que espera la sociedad de nosotros, a apegarnos a la ley
21
como el náufrago desahuciado que se aferra a un tronco podrido, sin
importar cuán difícil sean las decisiones que se adopten y los intereses que
se afecten.
En nombre de la Junta Central Electoral y de los Miembros de las Juntas
Electoral aquí presentes, garantizamos que en el proceso electoral venidero
no existirán traumas, ni retrocesos, que haremos nuestro mejor y más
efectivo esfuerzo en facilitar que los frutos del escrutinio, una vez recibidos,
sean rápidamente transmitidos, que actuaremos con total y absoluta
imparcialidad, equidad y transparencia, de respeto a la voluntad popular
libremente expresada y depositada en las urnas, y que nueva vez sea posible
el ideal de que el resultado final no se manchado siquiera por una pisca de
duda o de desconfianza en los mismos. Garantizar que tenemos un
compromiso con Dios, con la patria, con nuestro honor, con nuestras
familias en cumplir fielmente con las responsabilidades que nos han sido
confiadas, de tal manera que el país pueda mostrar orgulloso un sistema
electoral fuerte, garante de todos los derechos de participación y
representación, conforme a la Constitución y las leyes.
Finalmente, me permito evocar el pensamiento imperecedero de Winston
Churchill, en uno de los momentos más difíciles de la historia mundial.
Citamos: “No puedo decir a la Cámara más de lo que ya he dicho a los
22
hombres que han aceptado formar parte del Gobierno: sólo puedo
ofreceros sangre, sudor y lágrimas. Estamos ante la más grave de las
pruebas y debemos enfrentarnos a muchos largos meses de lucha y
sufrimiento. Pero nuestra meta sólo será una: ¡la Victoria!, ¡la Victoria
cueste lo que cueste! Afronto la obligación que se me ha encomendado,
completamente seguro de que la causa no será perdida, pero tengo el
derecho de exigir la intervención de todos, y por ello os digo: ¡Venid y
marchemos unidos!”.
Muchas gracias….
Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente JCE