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“PALABRAS EN OCASIÓN DE LANZAMIENTO NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)”
Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente Junta Central Electoral
En esta ocasión les hemos convocado a un acto de singular importancia, se trata de la
presentación del Programa de Identidad Institucional de la Junta Central Electoral, que
servirá de base para la aplicación de una nueva imagen institucional dentro de su política
de comunicación, la cual se enmarca en la programación de su Plan Estratégico para el
sexenio 2010‐2016.
Para poder explicar la decisión que hemos adoptado de introducir una nueva imagen
institucional en todos los aspectos del accionar de la Junta Central Electoral, es necesario
que nos ubiquemos en el contexto de lo que ha sido y es esta institución, y a tal efecto,
debemos situarla en tres períodos fundamentales de su historia:
El primero, que va desde su fundación en el año 1923 hasta el año 1961, que recoge todo el
proceso de instalación de esta institución en medio de procesos convulsos y durante un
largo período de gobierno dictatorial. Un segundo período, del año 1961 hasta el 1994, que
estuvo caracterizado por avances y retrocesos, y un tercer período desde el año 1994 hasta
la actualidad, que podría definirse como el período de las reformas, del crecimiento y
consolidación institucional de la Junta Central Electoral.
Durante la primera y la segunda etapa la Junta Central Electoral era concebida como una
institución gestora y administradora de procesos electorales exclusivamente. Esta ejercía
una función limitada, ya que aspectos importantes del propio proceso electoral, como lo
eran las llamadas Oficinas de Negociado de Cédulas y el Registro del Estado Civil, estaban al
margen de su esfera de influencia, aunque poseían una fuerte incidencia en los procesos
electorales que se desarrollaban en esa época.
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En la segunda etapa todos los cambios que se introdujeron fueron el fruto de situaciones de
crisis postelectorales, que obligaron a introducir reformas coyunturales, que de manera
similar iban siendo superadas, como por ejemplo, el caso de los colegios cerrados, la doble
fila, las dos tandas de votación, entre otras.
De cara a la nueva política que estamos adoptando dos importantes reformas se
introdujeron en el sistema electoral dominicano. La primera de ellas, como consecuencia de
la crisis económica de las filas y las colas y la crisis política del año 1990, se produjo un
acuerdo en la clase política que dio lugar a varias reformas, la reforma del Código
Tributario, al Código de Trabajo, y en el caso que nos ocupa, la Ley 8‐92 del año 1992, que
transfirió a la Junta Central Electoral el control y administración sobre la Oficina Central del
Estado Civil, el Registro del Estado Civil y las Oficinas de las Cédulas de Identidad.
Este órgano estatal, que estaba concebido sólo para la administración de procesos
electorales, recibe estas nuevas instituciones de servicios públicos sin contar con la
capacidad técnica, administrativa y financiera que permitiera gerenciar adecuadamente
estas nuevas funciones y responsabilidades. Sin proponérselo, ésta sola decisión
transformó a la Junta Central Electoral, desde el punto de vista legal, en una institución
diferente a la concebida.
No menos significativas fueron las reformas fruto de los acuerdos y la concertación de la
clase política en el año 1994, que introdujo la doble vuelta electoral, el umbral del cincuenta
por ciento más uno para ser considerado ganador del certamen electoral presidencial, para
representar una mayoría calificada, la no reelección y la doble ciudadanía. Estas reformas
fueron ampliadas en el año 1997, con la Ley 275‐97; en todo este período se unificó la
cédula de identidad con el carnet electoral, creando la cédula de identidad y electoral, y
estableciendo la obligatoriedad de que toda cédula debía tener como soporte un acta; en
este lapso de tiempo se inició el proceso de construcción del actual padrón electoral.
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Fruto de todos estos avatares las diferentes composiciones de la Junta Central Electoral
necesitaban un lema que representara la realidad de ese momento y que permitiera al
órgano electoral reponerse de esa imagen, se necesitaba fortalecer la idea de que la Junta
Central Electoral estaba “comprometida con la verdad”, que la voluntad popular sería
respetada y que desde el órgano electoral, en ese tiempo con plenitud de jurisdicción, no se
alterarían los resultados; por tanto, este slogan representó una época en la vida
institucional de este organismo que hoy podemos decir se encuentra superada.
Paralelamente la Junta Central Electoral fue creciendo en servicio público, pero de manera
inadvertida, pues el foco de atención de la ciudadanía continuaba siendo los procesos
electorales. Sin embargo, en la base de sustentación de la Junta Central Electoral la relación
directa con el ciudadano no era en los procesos electorales, sino en las Oficialías del Estado
Civil, la Oficina Central del Estado Civil y los centros de cedulación, y peor imagen no podía
haber, ya que todas se encontraban arrabalizadas y hacinadas, motivo permanente de
vergüenza histórica de quienes hemos ostentado esta función.
Como es normal, los ciudadanos mal servidos cada día se construían a sí mismos una
imagen deteriorada de la Junta Central Electoral, ya que estas oficinas de servicio público
realmente funcionaban como pequeños feudos, manejados por quienes eran colocados en
este cargo sin ningún tipo de supervisión, ni fiscalización, por lo que aunque legalmente era
una función pública, en la práctica era un servicio de carácter privado.
A estas naturales deficiencias de servicio se agregaron la sensación de fraude que dejaron
las experiencias electorales de los años 1990 y 1994, dando lugar al surgimiento de
organizaciones de carácter cívico, cuyo única razón de ser era luchar por la transparencia y
pulcritud de los procesos electorales, instituciones éstas en ese momento de gran incidencia
en los sectores de clase media y en los creadores de opinión pública y con sólido soporte
internacional, por demás acompañados en toda América Latina con un proceso de
democratización, y con demanda en todo el hemisferio de una democracia electoral
efectiva.
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En la primera fase de la tercera etapa, que hemos llamado de consolidación institucional, los
esfuerzos estuvieron dirigidos a fortalecer la política de transparencia, se inició la
aplicación del nuevo padrón electoral incorporando la foto en los listados, o lo que
llamamos padrón fotográfico a color, se realizaron las elecciones de medio término y con
sus luces y sombras se registraron incidentes en este tipo de elección, a esto se agregó la
existencia de un órgano electoral tricéfalo, con dos Cámaras, una Administrativa y otra
Contenciosa, y un Pleno de Jueces, con total independencia y autonomía funcional,
administrativa y presupuestaria . Este proceso se mantuvo hasta el año 2010, aunque ya
desde el año 2006 se produjeron importantes y significativos avances.
De todos estos avances, el más significativo lo constituye el uso de la tecnología desde los
mismos centros de escrutinio en el año 2008, permitiendo que en un espacio de tiempo
sumamente rápido tuviéramos resultados provisionales de las actas, que incluso fueron
transmitidas simultáneamente a los centros de cómputo de los partidos, y más aún,
transmitidos por los medios de comunicación, produciendo esto en algunos dirigentes del
espectro político un espasmo o espanto electoral, evidentemente la modernidad había
llegado al proceso electoral inesperadamente.
El 26 de enero del año 2007, la historia de la Junta Central Electoral registra uno de sus
hechos más trascendentales que impactó toda la política de servicio público que
administraba la institución, en materia de recaudación, en materia de respuesta oportuna a
los requerimientos ciudadanos, en materia de control y fiscalización, en materia de
gerencia y administración de procesos y servicios, que lo fue la puesta en vigencia del
Reglamento que estableció tarifas fijas a los servicios ofrecidos en las oficinas y la
asignación de sueldos a los Oficiales del Estado Civil y personal auxiliar y una reingeniería
en el funcionamiento de las oficialías y los centros de servicio, el establecimiento de un
sistema de cobros, la designación de un personal de recursos humanos en labores de caja y
un personal administrativo, así como la obligatoriedad de que todas las transacciones se
reflejaran on‐line en el sistema automatizado.
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Los resultados no se hicieron esperar, reflejándose esto en el primer año de recaudaciones;
una sola mención es motivo de indignación, al comprobar la cantidad de recursos que se
desviaban de las arcas públicas.
A todo esto, debemos agregar la creación de la Escuela Nacional de Formación Electoral y
del Estado Civil (EFEC), como soporte fundamental de todos estos procesos de cambios y
reformas, que desde su fundación ha capacitado un total de cuatro mil seiscientos sesenta y
dos (4,662) personas, de ellas cuatro mil treinta y cinco (4,035) pertenecientes a la Junta
Central Electoral, quinientos treinta y siete (537) a organizaciones políticas y ciento
cincuenta y cuatro (154) a la sociedad civil.
Como hemos indicado anteriormente, la República Dominicana vive en un ambiente de
cambios y transformaciones de sus instituciones pública, la proclamación de la Constitución
el 26 de enero de 2010, ha dispuesto un rediseño del Estado impactando la función
electoral, incluyendo derechos y deberes ciudadanos e instituyendo derechos y deberes de
los partidos políticos, por primera vez definidos en el artículo 216 de la Carta Magna con un
rango constitucional; todos estos constituyen signos de modernidad y de cambio, vivimos
en ese momento de ebullición de las ideas y de reformas.
En efecto, la convicción más generalizada de la actualidad consiste en que vivimos una
época nueva, nueva no sólo porque en ella se haya transformado la sociedad, sino también
porque la misma sociedad ha ingresado a un nuevo proceso de transformación. Esta
continuidad del cambio, de la mutación histórica, de la desaparición de lo viejo y el
surgimiento de lo nuevo, es el rasgo dominante de la sociedad moderna, organizada apenas
hace dos siglos, pero dotada de tan grande potencialidad innovadora que sus propios logros
parecen efímeros ante la realización de otros que se precipitan inconteniblemente.
“Entre los inventos mecánicos con que se desató la Revolución Industrial del siglo XVIII y las
computadoras que hoy día rigen la producción o resuelven problemas de los viajes
interplanetarios, median poco menos de doscientos años. En este lapso, una sociedad
tradicional, arcaica y pre‐capitalista se ha transformado en una sociedad moderna,
industrializada y en trance de dejar de ser capitalista. Los cambios han sido rápidos, las
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transformaciones profundas y las mutaciones producidas han afectado todos los órdenes de
la vida social, sin que por ello pueda preverse un estancamiento en las profundas corrientes
que impulsan el desarrollo social”.
“El hábito de vivir entre lo nuevo ‐nuevos países, nuevos productos, nuevas artes, nuevas
ciencias, nuevos sistemas educativos, nuevos medios de transporte, nuevas técnicas, nuevos
juegos, nuevas guerras, nuevas políticas, en fin, nuevas maneras de existir‐ debilita nuestra
admiración, nuestro asombro, ante las maravillas que ha descubierto el hombre o ante las
cosas que ha creado o que las produce y reproduce a voluntad, siguiendo el ritmo creciente
de las necesidades y anhelos de la sociedad. Esta realidad de lo nuevo está inseparablemente
unida a los tiempos modernos y ha surgido de la sociedad que se ha formado en ellos”.
Cuando se habla de lo moderno, se habla de un concepto meramente cronológico; se olvida
que tiene, además, otras significaciones que dependen del contexto en que se sitúa; por
ejemplo, no debe confundirse le "época moderna" con una "sociedad moderna", ni con el
"proceso de modernización". Son tres conceptos distintos, cuya significación adquiere
sentidos muy precisos.
Hasta principios del siglo XX, "lo moderno" tenía una significación marcadamente subjetiva
para contrastar costumbres, ideas, creencias, valores y técnicas del pasado, con actitudes y
realidades surgidas en el tiempo y que podían considerarse como actuales o nuevas Desde
este punto de vista, lo moderno se identificaba con lo nuevo, con lo que era distinto de lo que
se había hecho o conocido en épocas pasadas.
En nuestro caso, lo nuevo y lo moderno van de la mano. El auge administrativo alcanzado
durante las décadas citadas, así como el comportamiento ponderado y ecuánime en los
últimos tres lustros, aumentaron la estatura de este órgano constitucional, permitiéndole
transitar por nuevos senderos que lograron su máximo esplendor en los primeros años de
este siglo, en lo que han sido sus nuevos roles en los servicios ciudadanos como lo
relacionado con el Registro del Estado Civil y lo referido a la Identidad ciudadana. Aspectos
estos últimos, que aunque en la normativa legal habían sido asignados a la Junta Central
Electoral desde el año 1992, en términos reales fueron incorporados al quehacer
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institucional a partir del 26 de enero del año 2007, fecha en que fueron asumidos los retos de
transformación que entrañaba lograr dotar a cada dominicano y dominicana de su Identidad
y con ello de sus Derechos a ejercer su participación ciudadana, con estándares de
modernidad y garantías institucionales.
Las nuevas tecnologías permitieron y permiten que la Junta Central Electoral esté
modernizándose y agregando constantemente nuevas formas de atención a los ciudadanos.
En el año 2006 contábamos con pocas oficinas automatizadas. La inmensa mayoría de
oficinas de servicios operaban de forma manual, con máquinas de escribir; es decir, hasta
enero del año 2007, en pleno siglo XXI, el noventa y ocho por ciento (98%) de los procesos y
las oficinas de la Junta Central Electoral operaban manualmente, sin hacer uso de las
herramientas tecnológicas a nuestra disposición.
En contrapelo, hoy contamos con 345 oficinas automatizadas, de ellas 141 Oficialías del
Estado Civil, 140 Centros de Cedulación, 30 Delegaciones de Oficialías en Hospitales, 18
Centros de Servicio en el Exterior, 10 Unidades Móviles de Declaraciones Tardías de
Nacimiento y 7 Centros de Servicio y Legalización. Este proceso de modernización y
automatización representa una cobertura del 94% de los servicios ofrecidos a la
ciudadanía. Antes de finalizar este año 2011, nos hemos propuesto la meta de completar el
100%, y así integrar de forma definitiva los servicios automatizados en las oficialías civiles
del país. Como parte de este avance tecnológico, todos los dominicanos residentes en el
exterior disfrutan del privilegio de poder obtener sus documentos de identidad desde el
extranjero en el lugar donde se encuentran, sin la necesidad de tener que desplazarse a
territorio dominicano.
La mayor evidencia de la transformación de la Junta Central Electoral en una institución
básicamente de servicios la constituye la siguiente estadística: Hemos procesado veintiún
millones seiscientas treinta y un mil ochocientos treinta y siete (21,631,837) solicitudes de
servicios en el Registro Civil y cedulación del año 2007 a la fecha.
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Un resumen de los principales proyectos y actividades que hemos estado ejecutando en
este proceso de transformación y modernización (estos volúmenes de servicio con la
correspondiente satisfacción), nos permite apreciar todo lo realizado hasta la fecha, con una
inversión en construcción de edificaciones, remodelaciones, adecuaciones y compra de
activos de aproximadamente mil millones de pesos, en beneficio de los ciudadanos que
acuden a cada una de las dependencias de la JCE en cada rincón del país:
En este mismo período en la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento
(UCDTN) ya se han trabajado y completado las declaraciones de más 300 mil personas en
tan solo 3 años y medio de operación. En relación al registro de los hijos (as) de madres
extranjeras no residentes legales en el país, se implementó en el año 2008 el Libro de
Extranjería, el cual ha permitido que más de 5,400 niños(as) hayan podido obtener su
registro de nacimiento.
La ley adjetiva No. 8‐92 nos impulsó por el sendero de la modernidad legislativa, y a tal
efecto, se consignó la obligatoriedad del establecimiento de un Número Único de Identidad
(NUI), con el propósito de unificar todos los datos de los ciudadanos bajo una denominación
única. En esa dirección hemos trabajado, a través de las Oficialías del estado Civil,
Delegaciones de las Oficialías en los Hospitales y el Ministerio de Educación, asignando a
niños, niñas y adolescentes este número, el cual será su número de Cédula de Identidad y
Electoral cuando adquieren la mayoría de edad, su licencia de conducir, pasaporte y la
propia Acta de Nacimiento y su número de identificación escolar. Hasta la fecha, el Número
Único de Identidad se ha asignado a 542 mil 299 personas.
En octubre del 2008, iniciamos el Proyecto de Captura de Datos Biométricos con el objetivo
de asegurar la identidad de los dominicanos al incorporar tecnología de reconocimiento de
huellas y reconocimiento facial a nuestros documentos de identidad. Esta tecnología AFIS
para huellas y rostros nos ha permitido detectar inscripciones no deseadas y disminuir la
probabilidad de fraude o suplantación de la identidad de las personas. Al día de hoy, fruto
del trabajo realizado en el proyecto de captura de datos biométricos se han incorporado
más de tres millones ochocientas cincuenta y cinco mil personas (3,855,000).
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Este proyecto ha permitido a su vez, que la Junta Central Electoral haya podido cooperar
con los órganos de investigación del Estado, con un soporte técnico de punta y con ello
esclarecer la identidad de ciudadanos o casos de desaparecidos o asesinados a los que se les
haya querido borrar su identidad. Tal es el caso del cadáver de una mujer descuartizada,
cuyo cuerpo desmembrado fue rescatado de las aguas del río Haina por pescadores que
dieron parte a la Policía.
Luego de los trámites de rigor para estos casos, y previo levantamiento de las huellas
dactilares del cadáver encontrado, fue solicitada la intervención de la Junta Central
Electoral y sus sistema de datos biométricos, lo que permitió que en pocas horas, el país
conociera la identidad del cadáver y la Policía Científica continuara sus labores
investigativas, para dar con el homicida. Tal vez, sea éste el ejemplo más palpable, de cuánto
ha significado el uso de esta tecnología y cuanto ha garantizado para la identidad de los
ciudadanos y lo útil que ha sido la huella dactilar digital en el proceso de integración a la
identificación ciudadana y por qué se constituye en el símbolo de modernidad, de eficiencia,
de unicidad bajo el concepto un acta, una cédula, un voto, de identidad ciudadana y de
garantía de ejercicio de derechos fundamentales.
Una expresión más de los avances de la Junta Central Electoral en el uso de la tecnología lo
constituye el servicio de atención a solicitudes de actas vía internet.
En tiempos atrás, ¿quién se imaginaría que la Junta Central Electoral recibiría solicitudes de
actas vía internet, las procesaría y el ciudadano las recibiría en la comodidad de su hogar,
con todas las garantías y seguridad que este servicio ofrece, economizando tiempo y dinero
al ciudadano y descongestionando nuestras oficinas? En el año 2010 atendimos diecisiete
mil (17,000) solicitudes, y en lo que va de año hemos recibido más de diez mil (10,000)
solicitudes que han sido procesadas a través de internet.
No puedo dejar de utilizar este escenario para insistir en la información de las mejoras
introducidas, las cuales han permitido que gran parte de la problemática actual de registro
civil sean solucionadas por la vía administrativa. En este sentido se ha creado una nueva
unidad dentro de la JCE que atenderá las siguientes situaciones:
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1. Cambios de letras en nombres, apellidos o en los datos generales del folio
2. Abreviaturas de nombres y apellidos.
3. Conjunciones.
4. Inclusión del número de Cédula cuando esté omitido o cuando figure el
número de la Constancia de Solicitud de Cédula.
5. Omisión y cambios de dígitos en los números de Cédulas.
Esta unidad ayudará a solucionar muchos problemas que hoy presentan los ciudadanos, y
como muestra informamos que en tan solo dos semanas de operación, ya hemos recibido
más de seiscientas cincuenta (650) solicitudes de correcciones directamente en la oficina
habilitada en la Dirección de Registro Civil, sin incluir las que se han presentado en las
Oficialías del Distrito Nacional, el interior del país y en el exterior.
La modernización de la Junta Central Electoral también ha impactado la gestión y
administración de los procesos electorales, nuestra atribución primigenia. Como parte del
proyecto de incorporación de nuevas tecnologías al proceso electoral, aunque se había
iniciado en el año 2004 y se amplió en el año 2006 el uso de tecnología en los procesos, no
fue hasta el año 2008 que se usó con mayor intensidad y que la ciudadanía pudo notar el
impacto positivo en los procesos de transmisión y cómputo electoral, que han permitido
poder obtener y ofrecer resultados electorales en tiempo récord: Uso de escáneres en las
Juntas Electorales, Instalación de computadoras con sus escáneres en los recintos de
votación, transmisión de las actas a los centros de cómputos de los partidos políticos,
sistema de inscripción de candidaturas y pactos políticos, presentación de actas de
escrutinio y resultados electorales en pantallas gigantes. A propósito del cierre del proceso
electoral del año 2008, recuerdo la expresión de una distinguida dama, quien dijo que esas
elecciones serían conocidas como las “elecciones de los escáneres”.
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Todos estos avances han colocado a la Junta Central Electoral en una posición privilegiada,
con recursos humanos y capacidad tecnológica instalada, para poder ofrecer el 20 de mayo
del año 2012 resultados provisionales instantáneos como la mayor muestra de
transparencia y eficiencia en los procesos electorales, garantizando información oportuna y
segura, disminuyendo la ansiedad en los momentos de cierre de los actores del proceso,
medios de comunicación y los ciudadanos, así como el inicio de los trabajos a partir del mes
de agosto del año 2012 para la expedición del nuevo carnet de identidad conteniendo los
datos biométricos integrados y las tareas relativas a la incorporación del voto electrónico
en los colegios electorales en el año 2016.
Al definir las líneas estratégicas de trabajo de la Junta Central Electoral en el sexenio
correspondiente a esta gestión, establecimos con claridad cuáles consideramos nuestras
fortalezas, las oportunidades de avanzar y las debilidades propias de una institución en su
accionar, y entendimos como visión de la Junta Central Electoral el “ser una institución
modelo de servicio público con prestigio nacional e internacional, con gran sentido de
la responsabilidad social, que de manera eficiente haga uso de la tecnología de
vanguardia y de los recursos humanos, con el principal objetivo de organizar procesos
electorales con equidad, de forma transparente, cuyos resultados estén basados en la
credibilidad y legitimidad; y administrar el Registro Civil y la Identidad con un alto
grado de vocación de servicio, apegados a la correcta aplicación de las leyes”, lo cual
nos llevó a establecer la misión de este organismo, que no es otra que “garantizar la
integridad y seguridad de la identidad de los ciudadanos, disponiendo de datos del
registro civil seguros, confiables y permanentes, ofreciendo un servicio eficiente y de
calidad cumpliendo con las normativas legales existentes”. “Organizar los procesos
electorales con transparencia para que los resultados expresen la voluntad ciudadana,
basados en la legitimidad y credibilidad; garantizando los derechos políticos de los
ciudadanos; consolidando los procesos democráticos en el país y en los partidos
políticos”.
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Asimismo, hemos identificado cuáles son los valores que deben normar nuestras
actuaciones y decisiones, que lo constituyen la credibilidad, objetividad, transparencia,
equidad, integridad, lealtad y eficiencia. Todo ello nos condujo a comprender que una
institución pública que se proponga brindar un servicio adecuado a los ciudadanos y que
trate de estar a la altura de la nueva norma constitucional, debe estar en capacidad de
responder a las demandas ciudadanas y debe actuar como una corporación de servicios
públicos, con la conciencia de sus integrantes de ser agentes de ese servicio público, y que
nuestra función principal como agente del Estado es crear, organizar y asegurar el
funcionamiento ininterrumpido de los servicios públicos.
En tal sentido, al presentar la nueva imagen institucional de la Junta Central Electoral lo
hacemos conscientes de la complejidad del proceso de modernización en que estamos
envueltos y prestando atención a las peculiaridades históricas y estructurales de la
sociedad dominicana y de una institución como la nuestra, por ello la inversión en
infraestructuras; es decir, nuevos edificios (confortables e integrados), en tecnología, en
mobiliarios y equipos, en capacitación y entrenamiento de los recursos humanos, tiene el
único propósito de lograr el mayor nivel de satisfacción posible del ciudadano, de tal
manera que todo el proceso de modernización que llevamos a cabo tiene que expresarse en
símbolos y formas consustanciales a la actividad que desarrollamos.
Al concluir, deseo referir dos situaciones que en el ejercicio de mis funciones me
demostraron la certeza de la necesidad del cambio de imagen de la Junta Central Electoral.
La primera, al rendir un informe ante la Comisión de los Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos (OEA), cuando al concluir mi exposición los miembros
de ese organismo no se explicaban las razones por las que la institución que
representábamos se llamaba Junta Central Electoral; y el segundo caso, al encontrarme en
presencia de un Ministro y un equipo de técnicos de la Unión Europea, en presencia de
varios directores de medios de comunicación que me acompañaban, al escuchar el asombro
del señor Jorge Caballería y otros de los presentes de la Unión Europea por el nombre de la
institución, ya que a decir de ellos, jamás imaginarían que este órgano constitucional
tuviera tantas responsabilidades al margen del tema electoral, e incluso manifestaron que
no esperaban que esos fueran los temas que les trataría, además de indicar que en materia
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electoral la República Dominicana no es tema de preocupación, y que por esa razón no
organizan procesos de observación, amén de sugerir el cambio de nombre de la Junta
Central Electoral, para estar más cónsono con sus funciones y atribuciones.
Una institución que cada cuatro años organice procesos electorales, pero que día a día
ofrezca servicios públicos permanentes en las materias que son de su competencia, necesita
que su imagen vaya en correspondencia con su esencia y que el ciudadano se sienta parte
de esa imagen institucional, lo que hoy le hemos presentado es lo que en esencia es la Junta
Central Electoral, como lo indica su lema, “Garantía de la Identidad y la Democracia”, y el
cambio que hoy estamos presentando, también simboliza un cambio de siglo, estamos
trayendo la Junta Central Electoral del siglo XX a la actualidad, por lo que concluyo mis
palabras diciéndoles: ¡He aquí la Junta del siglo XXI!
Muchas gracias…
Julio, 2011