Conflicto y solución política Las responsabilidades en el conflicto

Conflicto y solucin poltica Las responsabilidades en el conflicto: La necesidad del reconocimiento de una responsabilidad sistmica Hacer la

guerra como si no hubiera negociaciones; negociar como si no hubiera guerra De los acuerdos a los desacuerdos Subversiones intelectuales No diga:

bienes comunes. Diga: bienes comunales! Nuestra Amrica Caravana 43 Capitalismo en crisis Sobre las recientes protestas contra la violencia

policial en los Estados Unidos Neoliberalismo rampante 50 pases pactan en secreto un tratado an ms antidemocrtico y neoliberal que el TTIP Libros

Conflicto social y rebelin armada en Colombia. Ensayos crticos Editorial Trascender la justicia transicional para consolidar la solucin poltica

N 54 JUNIO / 2015 BOGOT, COLOMBIA ISSN- 2215-8332

Jairo Estrada lvarez DirectorJess Gualdrn Sandoval Jefe de redaccin

lvaro Vsquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, Csar Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, Mara Teresa Cifuentes Traslavia, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Snchez ngel, Sergio De Zubira Samper, Vctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (Mxico), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elas (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseo y diagramacin

Espacio Crtico EdicionesPublicacin auspiciada por Espacio Crtico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332N 54, Junio de 2015. Bogot, Colombia

Todo el contenido de esta publicacin puede

reproducirse libremente, conservando sus crditos.

Conflicto y solucin poltica

4

Las responsabilidades en el conflicto: La necesidad del reconocimiento de una responsabilidad sistmicaVctor Manuel Moncayo Cruz

14

Hacer la guerra como si no hubiera negociaciones; negociar como si no hubiera guerra: La necesidad de un cese bilateral al fuegoSantos Alonso Beltrn Beltrn

22

De los acuerdos a los desacuerdos Sobre el papel del movimiento popular frente a las salvedades existentes en la Mesa de La HabanaPatricia Snchez Garca

Subversiones intelectuales

30

No diga: bienes comunes. Diga: bienes comunales!Lo comn sin comunidad en el nuevo neoliberalismo de E. OstromJos Francisco Puello-Socarrs

Nuestra Amrica

38Caravana 43 La negativa a aceptar y el compromiso de resistirMiguel Gualdrn Ramrez

Capitalismo en crisis

46Sobre las recientes protestas contra la violencia policial en los Estados UnidosAaron Tauss, Jonathan Stiven Piedrahita Usuga

Neoliberalismo rampante

54

50 pases pactan en secreto un tratado an ms antidemocrtico y neoliberal que el TTIPCarlos Enrique Bayo

Libros

60Conflicto social y rebelin armada en Colombia. Ensayos crticos

Editorial

66Trascender la justicia transicional para consolidar la solucin polticaJairo Estrada lvarez

Confl

icto

y s

oluc

in

polt

ica

Las responsabilidades en el conflicto:La necesidad del reconocimiento de una responsabilidad sistmica

Vctor Manuel Moncayo C.

Profesor emritoEx Rector de la Universidad Nacional de ColombiaRelator de la Comisin Histrica del Conflicto y sus Vctimas

Responsabilidades y verdad del conflicto

En la fase actual del desarrollo de las conversaciones que se adelantan en La Habana, la atencin se ha volcado sobre las responsabilidades en el conflicto, sobre todo porque el debate gira casi que exclusivamente sobre cmo satisfacer a las vctimas mediante la justicia.

Del lado de las fuerzas alzadas en armas escuchamos casi perma-nentemente que su explicacin remite, de manera inicial, a la admisin de que, como sujetos individuales o como integrantes de la organiza-cin armada, han realizado tanto acciones principales como conexas o complementarias que han producido efectos lesivos, que es la respuesta que desean escuchar los interlocutores gubernamentales y, en general, la opinin pblica, alimentada y aupada por los medios de comuni-cacin, cuya visin exclusiva es relacionar esos comportamientos con las modalidades tpicas de criminalidad definidas en el orden interno o internacional. Pero, se agrega que todo ese accionar corresponde a una decisin considerada legtima de insurreccin o rebelin frente al orden establecido, caracterizado por rasgos de injusticia, desigualdad, inequidad y exclusin.

Esa respuesta es indudablemente insuficiente. Por esa razn, las par-tes del conflicto acordaron hace algn tiempo en la Mesa de Dilogos,

_4 Volver a contenido


organizar una Comisin especializada, que fue de-nominada la Comisin Histrica del Conflicto y sus Vctimas, con la misin de que, en forma indepen-diente y autnoma, sus integrantes contribuyeran a la verdad del conflicto y, de esta forma, dieran a las partes un insumo que fuera til para avanzar en sus deliberaciones. De esta manera, se estaba reconocien-do que para las partes, reconocidas recprocamente como intervinientes en el conflicto, era necesario acercarse a un entendimiento sobre la naturaleza del mismo, como elemento clarificador de las materias de discusin que an restan por acordar, tales como las relativas a las vctimas y a las responsabilidades.

El Orden Social Vigente y la causalidad del conflicto

Aun cuando es indudable que el contenido de los informes de los integrantes de la Comisin y de sus relatores son plurales y heterogneos, un anlisis objetivo de ellos, ms all de las descalificaciones ma-lintencionadas o derivadas del desconocimiento de su contenido, significacin y alcance, permiten avanzar en algunas proposiciones que, en medio de enten-dimientos y lenguajes distintos, aportan claridad y ayudan a marchar en la direccin requerida hoy por el proceso de paz.

En primer lugar, hay que destacar que todos los informes tienen un referente comn, as en algunos casos no se haga explcito. Nos referimos a la tesis central de que el Orden Social Vigente en Colom-bia es la realidad explicativa del conflicto armado. Hablar de Orden Social Vigente significa reconocer que en la sociedad colombiana rige y se reproduce un sistema especfico de organizacin social que, a pesar de los tabes lexicogrficos, no es otro que el sistema capitalista, que algunos defienden y otros controvier-ten con la aspiracin de superarlo y sustituirlo.

Con independencia de las teoras y de las posicio-nes ideolgicas y polticas, es innegable que ese Orden Social Vigente tiene unos rasgos que lo caracterizan

http://noticias.univision.com/article/2152369/2014-12-06/mexico/noticias/cronologia-de-la-desaparicion-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa

N 54, Junio de 2015 Bogot, Colombia Contenido

y que se expresan en la sociedad por relaciones que afectan en forma negativa a la mayora de la pobla-cin y que dibujan un panorama de dominacin y exclusin.

Segn los informes de la Comisin, ese Orden Social Vigente que es realmente existente enfrenta dos posiciones opuestas: La de quienes lo critican y rechazan y la de quienes lo comparten y defienden. En otras palabras las manifestaciones de insurgencia o contrainsurgencia. Ambas saben de su existencia, pero con expresiones frente a l de distinta natura-leza. En este sentido, son inherentes al Orden Social Vigente; como lo planteamos en la relatora de la cual fuimos autores, son fenmenos congnitos del mismo. Nacen con l y lo acompaan durante su existencia.

Esos dos tipos de manifestaciones no son simples, sino que tienen muchas expresiones que revisten complejidad tanto en su presentacin como en su comprensin. Es ms, es habitual considerarlas como realidades que nada tienen que ver con el Orden Social Vigente, como relativamente independientes, autnomas, separadas, desvinculadas, lo cual impide entenderlas debidamente.

Dimensin estatal y aparatos estatalesUna de esas expresiones forma parte del mismo

Orden Social Vigente. Nos referimos a la dimensin estatal. No en el sentido institucional e instrumental de la expresin, sino como una forma particular que requiere el orden para su existencia. Hablamos de dimensin estatal cuando hacemos referencia a esa particular forma de pertenencia que nos define como integrantes de una comunidad poltica, que nos acos-tumbramos a llamar Nacin, y que es la que explica que, como sujetos de ella, aceptemos y reconozcamos que somos partcipes de la definicin, organizacin y funcionamiento del entramado institucional de esa dimensin poltica, ms conocido como el conjunto de los aparatos estatales.

Resulta claro que es esencial el

reconocimiento del Orden Social Vigente como la raz de la verdad del conflicto. En este sentido, es

necesario para la paz que se busca

dar ese paso de identificacin

de la sociedad capitalista como la victimaria esencial.

Obviamente, a partir de all

pueden enlazarse en forma derivada

los procesos y actores que

han intervenido en el conflicto violento, y los

mltiples factores que coadyuvan su persistencia.



La dimensin estatal as entendida es un elemento histrico del siste-ma de organizacin capitalista, que requiere para operar socialmente de aparatos estatales pero que no se confunde con ellos. En otras palabras, nos acostumbramos a llamar Estado a los aparatos institucionales en los cuales se materializa la dimensin estatal, y por ello la identificamos slo en los poderes pblicos (ejecutivo, legislativo, judicial, en los cuerpos que detentan y ejercen el monopolio de la fuerza fuerzas militares y de polica), en el rgimen poltico imperante, en los gobiernos, en las au-toridades, en los partidos polticos, etc. Pero si bien la dimensin estatal requiere esos aparatos y son parte de ella, no son la dimensin misma que, como forma social poltica, los trasciende.

Sabemos, sin embargo, que esa conceptualizacin es difcil, y ms an comunicarla, pero es preciso insistir en ella como gua esencial de la comprensin. Cuando hablamos de dimensin poltica estamos hacien-do referencia a una particular forma de existencia sin la cual el Orden Social Vigente no puede funcionar. Nosotros mismos, con nuestras ac-ciones, sin pensarlo, la construimos, reiteramos y reproducimos cuando nos movemos en ella. Casi que sin saberlo, contribuimos, por lo tanto, a que reine y perdure el Orden Social de dominacin.

La dimensin estatal es, pues, una de las expresiones del Orden Social Vigente y de alguna manera lo materializa, ms all de lo que sean los regmenes polticos, los gobiernos y las autoridades. Como tal esa dimensin est comprometida con la vigencia misma del orden, con su continuidad y reproduccin. En tal sentido, puede afirmarse que la dimensin estatal concreta a nivel superior el Orden Social Vigente y el mantenimiento de sus rasgos (injusticia, desigualdad, inequidad, exclu-sin, dominacin).

Ahora bien; en una negociacin como la que est en curso en La Habana, est sentado en la Mesa un interlocutor de la organizacin guerrillera que no es la dimensin estatal como la hemos entendido, ni siquiera el conjunto de los aparatos estatales que forman parte de ella, sino una parte muy reducida. Quien est enfrente es lo que se llama Go-bierno Nacional, es decir la llamada Rama ejecutiva del poder pblico, que pretende obrar en representacin de toda la dimensin estatal y de todos los aparatos de ella.

La distincin en la cual venimos insistiendo es central: una cosa es el Estado como dimensin estatal y otra el Estado como los aparatos que la conforman. Ambos pertenecen al Orden Social Vigente, pero no pueden confundirse desde el punto de vista de la explicacin histrica. Por ello, si nos referimos al conflicto armado, uno es el compromiso, la


responsabilidad si se quiere, del Estado como dimen-sin estatal, y otro es el de los aparatos estatales que forman parte de esa dimensin. La dimensin estatal responde de manera suprema por el Orden Social Vigente y todas sus consecuencias, mientras que los aparatos estatales tienen responsabilidades derivadas de ese primer orden de responsabilidad.

La responsabilidad sistmicaA partir de lo expuesto, por consiguiente, la tesis

que podra plantearse es la siguiente: la responsabili-dad en relacin con el conflicto armado y sus efectos es del Orden Social Vigente. Como la dimensin estatal representa a nivel supremo ese Orden, es en el Estado donde se materializa esa responsabilidad y sus personeros no pueden ser otros que las autoridades propias de los aparatos estatales.

Estamos, entonces, frente a lo que de manera ex-plcita algunos informes de la Comisin Histrica del Conflicto y sus Vctimas califican como una respon-sabilidad sistmica. Es decir, una responsabilidad que compromete al Orden Social Vigente y como repre-sentante de l a la dimensin poltica que se expresa por medio de los aparatos estatales, as ese Orden Social Vigente tenga variaciones y transformaciones en el decurso histrico.

Esta tesis est cargada de significacin, pues si se afirma el Orden Social Vigente como fuente explica-tiva originaria del conflicto, no en sentido de causa primera, sino de causalidad sistmica permanente, de all se derivan consecuencias como las siguientes:

a) Tal y como lo advertimos atrs, son esenciales y congnitos del Orden Social Vigente, dos procesos opuestos, en conflicto: la insurgencia o subversin y la contrainsurgencia.

b) Esos dos procesos pueden tener mltiples mo-dalidades de expresin.

En pocas palabras, el xito del proceso

de paz exige ese entendimiento

poltico del conflicto violento.

La paz no reside en el abrazo fraterno

y en el perdn, sino en ponerse

de acuerdo sobre una verdad del

conflicto ligada a las caractersticas del sistema social y poltico vigente

en Colombia.



c) En Colombia, por ciertas especificidades his-tricas, cuya naturaleza ha sido explicada en los estudios y anlisis de nuestra realidad, re-cogidos en buena medida por los informes de la Comisin Histrica, esos dos procesos han asumido formas violentas, con diferente inten-sidad y con mltiples formas de participacin.

d) La causalidad sistmica entendida como ori-ginaria, no en el sentido de que haya sido primera en el tiempo, sino como causalidad permanente, no es determinante en forma me-cnica, sino a travs de numerosas y complejas mediaciones histricas que han contribuido y contribuyen a su efectiva presentacin.

e) Esta ltima precisin es clave para considerar como absolutamente impertinentes todas aquellas consideraciones que provienen del concepto de test comparativo, conforme al cual la causalidad y la responsabilidad sistmi-cas son inadmisibles pues no siempre el mismo Orden Social Vigente en otras sociedades ha dado lugar a las expresiones de confrontacin violenta. En efecto, ese test no tiene en cuenta que es imposible su aplicacin a toda sociedad, as impere en ella el mismo Orden Social Vigente genricamente entendido, pues cada una de ellas tiene especificidades hist-rica distintas y, sobre todo, formas diferentes de presentacin del conflicto insurgencia-contrainsurgencia y, en concreto, de balance entre esos dos opuestos.

Apreciemos, ahora, cmo se niega el reconoci-miento de esa responsabilidad sistmica en el con-flicto armado y por qu escapa a toda consideracin, cuando se habla de responsabilidades, especialmente

http://www.torturanuncamais-rj.org.br/quem-somos/galerias-de-imagens/#ad-image-1


las que son materia de la funcin de juzgamiento y sancin por parte del mismo orden y de los aparatos que la ejercen.

Como regla general el Orden Social Vigente no acepta que de l se derivan efectos lesivos en muchos rdenes. Muchsimo menos llega a admitir que pueda existir un juicio sobre esa responsabilidad. Sencilla-mente el Orden Social Vigente no se juzga ni se sanciona a s mismo.

Pero, excepcionalmente ese Orden Social Vigente se ve obligado o compelido a reconocer, de alguna manera, la responsabilidad sistmica. Un caso especfico, casi que paradigmtico, es el que puede derivarse del reconocimiento del delito poltico. En efecto, cuando as procede y admite que las conductas tpicas penales puedan ser amnistiadas o indultadas, est reconociendo que ellas se explican por el Orden Social Vigente, pues se otorga cierta legitimidad a la resistencia o al descono-cimiento del orden.

Lo mismo ocurre cuando el Orden Social Vigente formula y ejecuta determinadas polticas de reparacin o las genricas de bienestar. En este caso, est atendiendo los efectos lesivos del mismo orden, busca mitigarlos al menos.

Pero lo que es ms importante, es que el Orden Social Vigente, a travs de los aparatos de su dimensin poltica, se vea forzado, en deter-minadas circunstancias, a admitir que la funcin de juzgamiento que es parte del monopolio de la fuerza, se aplique de manera especial y dife-rente a quienes lo han controvertido alzndose en armas, como ocurre con la adopcin de las llamadas justicias transicionales, soportando esa decisin en consideraciones tales como la superioridad del valor de la paz, que puede esconder tambin otros menos altruistas, como el resta-blecimiento alterado del funcionamiento econmico-social.

Ms que una justicia transicional, lo que se requiere es una justicia especial, de otro tipo, presidida

por consideraciones distintas de la tipicidad penal ordinaria. Se abre as la perspectiva para configurarla

y disearla, con las particularidades que exige la naturaleza del conflicto armado colombiano.



Formas especiales de justicia para una solucin poltica al conflicto armadoEste es el escenario al cual, al parecer, ha llegado el proceso de paz en curso. Sin entrar

en consideraciones relativas a por qu se ha desembocado en este proceso, hechas en esta misma Revista y en otros espacios de anlisis terico-poltico, ste transita por el terreno de definir formas especiales para el tratamiento de la insurgencia armada y sus efectos.

En esta materia no existen frmulas o modelos preestablecidos por el mismo Orden Social Vigente, ni mucho menos por la denominada comunidad internacional que deban respetarse, como en forma insistente se plantea, para darle cierto alcance a aquella solucin que quiere imponerse. El sistema tiene capacidad y autonoma suficientes, pero, obvia-mente, el sentido de tal decisin depende de una confrontacin poltica y no acadmica o jurdica. En este sentido no es del orden de la razn, sino de la dinmica del conflicto mismo que expresa un estado determinado de la confrontacin. En esta direccin podran entreverse como rasgos de esa alternativa que se busca con cierta desazn en estos momen-tos los siguientes:

1. El punto de partida es un reconocimiento conjunto de las partes de la responsabi-lidad sistmica, con el alcance que se ha precisado, en relacin con la existencia del conflicto armado en Colombia, en sus distintos momentos histricos.

2. Reconocida esa responsabilidad sistmica, las conductas o comportamientos indivi-duales o grupales adquieren una significacin diferente, pues deben entenderse en el marco o contexto en el cual se inscriben, que no es otro que el de la responsabilidad sistmica.

http://www.torturanuncamais-rj.org.br/quem-somos/galerias-de-imagens/#ad-image-1


3. De alguna manera esto supone entender que la responsabilidad del Orden Social Vigente se desplaza, de manera derivada, hacia las responsabilidades de los sujetos.

4. La responsabilidad deja de ser as exclusivamente subjetiva y, ms an, no entra en el terreno del balance de responsabilidades, como es comn apreciarlo en quienes plantean que unos y otros, de uno u otro lado de la confrontacin, tienen respon-sabilidades, hasta llegar a consideraciones cuantitativas o de modulaciones por la presentacin primera en el tiempo.

5. Dada la particularidad de las responsabilidades as comprendidas, es claro que para apreciarlas no estn diseados los aparatos estatales tradicionales de la justicia y, en especial, la penal. Esta no aprecia sino conductas individualizadas, determinadas por razones subjetivas u objetivas, enmarcndolas dentro de las descripciones tpicas de la ley. En ningn caso admite responsabilidades sistmicas en un plano superior que explican las subjetivas, de manera compleja y mediada.

6. Siendo ello as, ms que una justicia transicional, lo que se requiere es una justicia especial, de otro tipo, presidida por consideraciones distintas de la tipicidad penal ordinaria. Se abre as la perspectiva para configurarla y disearla, con las particula-ridades que exige la naturaleza del conflicto armado colombiano.

En ese escenario totalmente diferente, desvinculado de ejemplos o ilustraciones trados de otras situaciones de conflicto violento, cabra apreciar, siempre bajo el primado de la responsabilidad sistmica, responsabilidades individualizables en estas dimensiones:

I. En la dimensin estatal:

a) La responsabilidad de los aparatos estatales: rgimen poltico, gobiernos, fuerzas de-tentadoras del monopolio de la violencia, cuerpos y autoridades, y partidos polticos.

b) La responsabilidad de los agentes individuales que operan en los aparatos estatales: presidentes, ministros, oficiales de las Fuerzas Armadas y de Polica, congresistas, diputados, concejales, gobernadores y alcaldes, funcionarios pblicos de todo nivel, jefes, dirigentes y militantes de los partidos polticos.

En esta dimensin las formas de responsabilidad pueden ser mltiples:

a) Por accin o por omisin, conforme a las reglas del sistema jurdico del Orden Social Vigente o por fuera de ellas.



b) Atribuibles a ciertos rasgos o caractersticas de los aparatos estata-les (imperfecciones, vicios, debilidades, incapacidades).

II. En la dimensin privada:

a) La responsabilidad de los actores insurgentes bajo formas directas o indirectas.

b) La responsabilidad de los actores contrainsurgentes que por accin han obrado de manera directa, indirecta o ligados a los aparatos estatales.

c) La responsabilidad de actores que han favorecido por omisin, to-lerancia, ambivalencia o ambigedad la accin contrainsurgente.

d) La responsabilidad de quienes se han asumido expresamente como contrainsurgentes (paras y narcos), los gremios, sus dirigen-tes y los miembros de organizaciones religiosas o de otro carcter.

III. En la dimensin externa:

a) La responsabilidad de gobiernos extranjeros directamente o en relacin con aparatos estatales o con el sector privado.

b) La responsabilidad de otras organizaciones externas a la sociedad nacional.

En los trminos que se han expuesto, resulta claro que es esencial el reconocimiento del Orden Social Vigente como la raz de la verdad del conflicto. En este sentido, es necesario para la paz que se busca dar ese paso de identificacin de la sociedad capitalista como la victimaria esen-cial. Obviamente, a partir de all pueden enlazarse en forma derivada los procesos y actores que han intervenido en el conflicto violento, y los mltiples factores que coadyuvan su persistencia.

En pocas palabras, el xito del proceso de paz exige ese punto de par-tida, ese entendimiento poltico del conflicto violento. La paz no reside en el abrazo fraterno y en el perdn, sino en ponerse de acuerdo sobre una verdad del conflicto ligada a las caractersticas del sistema social y poltico vigente en Colombia.


Confl

icto

y s

oluc

in

polt

ica

Hacer la guerra como si no hubiera negociaciones; negociar como si no hubiera guerra: La necesidad de un cese bilateral al fuego

Santos Alonso Beltrn Beltrn

Profesor UN-ESAP

El dilogo de paz emprendido por el Gobierno nacional y la in-surgencia de la FARC-EP se dio como una iniciativa bilateral. Las partes acordaron unos parmetros mnimos para iniciar las conver-saciones y se comprometieron con una agenda amplia de discusin. Los plazos para la bsqueda de un acuerdo de paz nunca estuvieron dentro de los parmetros iniciales de las conversaciones, y jams se habl de una rendicin incondicional del movimiento insurgente. Los requisitos bsi-cos para iniciar las conversaciones muestran un momento del conflicto en el que ninguna de las partes se haba impuesto totalmente sobre la otra y en relacin con el cual la evaluacin comn era que la prolonga-cin violenta solo traera para las partes, y para las sociedad en general, mas sufrimiento y ningn avance real de alcanzar la victoria en el corto plazo. En ese mismo sentido, estas condiciones mnimas acordadas y no impuestas por ninguna de las partes reconocan una guerrilla que si bien estaba en un reflujo estratgico no por ello estaba derrotada o sin presencia y capacidad blica en todo el territorio.

En aras de evitar lo que el Gobierno nacional consideraba errores de las anteriores iniciativas de negociacin, el proceso se blind contra la interferencia poltica de mltiples sectores de poder nacional y se le traslad a Cuba. Solo al final de las primeras rondas de negociacin, y por iniciativa de las FARC-EP, se permiti el desarrollo de foros de participacin ciudadana que discutieran los temas de la agenda y



http

://w

ww

.sem

ana.

com

/nac

ion/

gale

ria/e

n-im

agen

es-

asi-f

ue-e

l-par

o-de

-mae

stro

s-en

-bog

ota/

4255

67-3

pudieran servir de insumos para los negociadores. En la misma lnea, se acord la asistencia de delega-ciones de vctimas para que fueran escuchadas por las partes en la Mesa.

Para el Gobierno nacional, la continuidad de la guerra abierta mientras se conversaba en la Mesa se convirti en una exigencia en el objetivo de mostrar a los ulicos de la guerra, dentro y fuera de la adminis-tracin Santos, que no se daba ninguna ventaja a la guerrilla y que las conversaciones no se convertiran en una ocasin para que el movimiento insurgente se fortaleciera. La guerrilla insisti desde el inicio de las conversaciones en la necesidad de un cese bilateral al fuego que redundara en una disminucin real de las tensiones en la Mesa que pudieran ser causadas por las acciones militares de las partes en el terreno. Al final se impuso la visin del Gobierno de Santos y la guerra continu en los territorios.

Como se sabe, posteriormente y en la iniciativa de desescalar el conflicto y dar muestras de paz, la insur-gencia se comprometi con un cese unilateral al fue-go que implicaba la cesacin de las acciones ofensivas contra la fuerza pblica y la infraestructura, as como otras medidas en la perspectiva de la disminucin de la intensidad de la guerra: cesacin del reclutamiento de menores y desminado humanitario. Estas iniciati-vas se sumaban a lo que la guerrilla llam pedagoga para la paz dentro de sus filas. Para la insurgencia, las acciones ofensivas sobre sus tropas en cese al fuego seran respondidas militarmente, toda vez que no podan permitir que la agresin a sus unidades se desarrollara sin respuesta de las tropas atacadas. Por su parte el Gobierno nacional respondi a la guerrilla con la suspensin de los bombardeos areos, que se haban convertido en una de las armas ms efectivas contra los destacamentos guerrilleros.

Las anteriores caractersticas hacan del cese uni-lateral al fuego una iniciativa muy importante en la perspectiva de disminuir la intensidad del conflicto. Adems, se converta en la entrada a un proceso de

http://www.demotix.com/news/2520035/international-day-victims-enforced-disappearances-bogota#media-2519882


construccin de un cese bilateral. Sin embargo, tambin era manifiesta su debilidad e inestabilidad por la falta de voluntad del Gobierno nacio-nal, que, ante el cese unilateral de la guerrilla, insisti en la continuidad de las acciones de la fuerza pblica en todo el territorio.

La historia reciente del proceso de negociacin muestra la debilidad de la medida adoptada unilateralmente por la guerrilla; y el arreciamien-to ulterior de la confrontacin, la incapacidad del establecimiento para avanzar en una disminucin real de la intensidad de la guerra. En un hecho confuso, mezcla de error de la fuerza pblica y reaccin ofensiva de FARC-EP en medio del cese unilateral, la guerrilla asest un gol-pe militar al ejrcito con un saldo infausto de ms de una decena de militares muertos. Las reacciones del sector guerrerista al interior del Gobierno nacional y de la opinin pblica alineada con los sectores ms crticos del proceso, fue la de considerar este hecho como una muestra de la doble estrategia de la insurgencia y, por ello, llamaron si no al rompimiento del proceso s a su suspensin y a la exigencia de condi-ciones imposibles de cumplir por parte de la guerrilla en su calidad de movimiento insurgente an en armas: desarme y concentracin de sus efectivos y abordaje inmediato de la reincorporacin de la guerrilla a la vida civil mediante un proceso casi judicial a sus efectivos.

El Gobierno de Santos presionado por los militares en retiro, por los innumerables detractores del proceso y por la opinin pblica manejada por los guerreristas medios de comunicacin, levant la suspensin de los bombardeos y exhort a los militares a desarrollar labores ofensivas

La terrible y sangrienta tempestad luego del rompimiento del cese decretado por la guerrilla debera poner a pensar

al pas sobre los resultados nefastos de la guerra. En una sola semana decenas de colombianos murieron y

cientos fueron desplazados de sus lugares de origen; el miedo y la zozobra se apoderaron de miles de habitantes

del territorio nacional que viven en las zonas donde la guerrilla tiene presencia y donde con seguridad se

desarrollarn choques armados en lo sucesivo. La guerra no es bella ni siquiera para los guerreros, y su estela de

muerte victimiza a los sectores sociales ms vulnerables.



contra la insurgencia. En los das posteriores la fuerza pblica asest fuertes golpes a es-tructuras de FARC-EP. En el Cauca fueron dados de baja mas de veinte guerrilleros, en Antioquia la cifra pas de diez y en Choco se elimin a un importante comandante del grupo subversivo junto a cuatro miembros mas de su escolta personal. En Caquet, en un operativo militar de la fuerza pbli-ca, murieron dos guerrilleros pero junto a ellos tambin cayeron dos personas civiles, miembros de organizaciones sociales y co-munitarias del departamento. La arremeti-da contra FARC-EP caus terror en las po-blaciones aledaas que se desplazaron a las cabeceras municipales huyendo del fuego cruzado que se desarrollara como respuesta armada del grupo guerrillero.

En menos de una semana, el proceso de paz se vio amenazado y la posibilidad de su ruptura fue casi inminente. Las FARC-EP muy difcilmente encajaron el golpe sufri-do, ms an cuando miembros de la propia delegacin de paz, trasladados a Colombia,

perecieron en los bombardeos. Por su parte, el gobierno de Santos aprovech la situacin para exigir mayor celeridad en los dilogos y azuzar a las tropas para que no cejaran en su labor de atacar a la insurgencia. Como se sabe, el proceso sobrevivi, pero la desconfianza entre las partes se ahond, la desesperanza del pas nacional tambin creci y los enemigos del proceso se cebaron con la desgracia de ms de 70 muertes en menos de una semana.

La importancia del cese unilateral al fuego

Para los defensores de la guerra, el cese unilateral al fuego era simplemente una estratagema de la FARC-EP, y no una verdadera accin tendiente a dar muestras de paz. En este sentido, el Ministro de De-fensa, el Procurador General de la Nacin y el ex presidente y ahora senador Uribe Vlez, como representantes del sector gue-rrerista, llamaban a desatender el seuelo que la insurgencia venda en pos de obligar

Una de las Madres en un acto de recuerdo en la ex ESMA, junto al retrato de su hija desaparecida a los 18 aos. Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Madres_de_Plaza_de_Mayo


Para los defensores de la guerra, el cese unilateral al fuego era simplemente una estratagema de la FARC-EP, y no

una verdadera accin tendiente a dar muestras de paz. En este sentido, el ministro de Defensa, el Procurador

General de la Nacin y el ex presidente y ahora senador Uribe Vlez, como representantes del sector guerrerista,

llamaban a desatender el seuelo que la insurgencia venda en pos de obligar al Gobierno a caminar por el sendero del cese bilateral al fuego. Sin embargo, los resultados

de la medida adoptada por la guerrilla demostraron que, aun con el asedio de las fuerzas militares, los

combates disminuyeron en una proporcin importante y, en consecuencia, tambin el nmero de vctimas.

Las Madres de Plaza de Mayo en la 2. Marcha de la Resistencia, ocurrida entre el 9 y el 10 de diciem-bre de 1982. Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Madres_de_Plaza_de_Mayo



al Gobierno a caminar por el sendero del cese bilateral al fuego. Sin embargo, los resultados de la medida adoptada por la guerrilla demos-traron que, aun con el asedio de las fuerzas militares, los combates dis-minuyeron en una proporcin importante y, en consecuencia, tambin el nmero de vctimas. Para el CERAC, en los cinco meses de cesacin unilateral por parte de FARC-EP, los combates se redujeron en ms de un 90% y se dejaron de producir por lo menos 650 vctimas mortales.

Adems de la disminucin de las vctimas, el cese unilateral permi-ti que las partes se preocuparan por desarrollar mecanismos alternos para disminuir la crueldad de la confrontacin armada; mecanismos encaminados a la finalizacin de la guerra interna. El cese unilateral al fuego puede calificarse como una especie de aprendizaje con miras a desarrollar las acciones intermedias necesarias para la dejacin de armas por parte de la insurgencia. En varias ocasiones, la guerrilla ha manifestado que si bien no habr una entrega de armas, stas sufrirn un proceso segn el cual ya no sern necesarias para el desarrollo de la contienda poltica. La experiencia negativa de la guerrilla respecto de procesos anteriores y el asesinato de militantes y simpatizantes de las guerrillas desmovilizadas, los impele a plantearse la necesidad de desa-rrollar un proceso complejo de dejacin de armas. En este objetivo, el cese unilateral puede calificarse como un primer paso en el aprendizaje que sus militantes deben desarrollar con miras a la reincorporacin a la vida civil. Para el Gobierno nacional esta experiencia puede inter-pretarse como una forma de comprobar que la guerrilla an es una organizacin cohesionada, con capacidad de imponer decisiones en toda su estructura y de garantizar, con ello, que los acuerdos a los que se llegue sern cumplidos por todos sus integrantes. Adems, el Gobierno debera tambin aprender de esta experiencia la forma en la que debe controlar a las fuerzas armadas que debern garantizar la estabilidad de un cese total al fuego.

Tambin con ocasin de la decisin de las FARC-EP, algunos sectores sociales se movilizaron en torno a la exigencia de la disminucin de la intensidad de la guerra. La participacin de la sociedad civil en este pro-ceso ha sido ms bien baja. El modelo impuesto por el Gobierno nacional impidi que el proceso se cubriera de mayor legitimidad a travs de una participacin nutrida y crtica de los diferentes sectores sociales afectados por la confrontacin armada. El cese unilateral al fuego fue en este sentido una oportunidad para que estos sectores se manifestaran de manera ms decisiva y sin las presiones del fuego cruzado entre los combatientes. Ade-ms, las acciones complementarias adoptadas por FARC-EP en relacin


con la terminacin del secuestro, la finalizacin del reclutamiento de me-nores y las acciones de desminado humanitario, fueron seales acertadas en la direccin de ganar legitimidad ante la poblacin civil.

Hacia un cese temporal bilateral como antesala al cese definitivo al fuego

La terrible y sangrienta tempestad luego del rompimiento del cese decretado por la guerrilla debera poner a pensar al pas sobre los resul-tados nefastos de la guerra. En una sola semana decenas de colombianos murieron y cientos fueron desplazados de sus lugares de origen; el miedo y la zozobra se apoderaron de miles de habitantes del territorio nacional que viven en las zonas donde la guerrilla tiene presencia y donde con seguridad se desarrollarn choques armados en lo sucesivo. La guerra no es bella ni siquiera para los guerreros, y su estela de muerte victimiza a los sectores sociales ms vulnerables. Los combatientes que caen de ambos bandos no son ms que campesinos, colombianos y colombianas obligados por la fuerza de los acontecimientos a alinearse en un lado de la confrontacin. De la misma manera los civiles que caen en medio del fuego cruzado son habitantes rurales, los mismos pobres histricos de inicios de esta guerra.

En ese orden de ideas, se precisa la implementacin de un cese bilate-ral al fuego verificable que permita a la Mesa de conversaciones avanzar en los acuerdos necesarios para el fin del conflicto econmico, poltico, social y armado que azota al pas. La verificacin puede tomar la expe-riencia de las organizaciones sociales y movimientos populares que se encargaron de esa tarea en el marco del cese unilateral de las FARC-EP. En este momento existen mecanismos tecnolgicos que permiten garantizar la supervisin para que ninguna de la partes rompa la tregua. Ms que incapacidad tcnica para verificar, lo que hace falta es voluntad poltica del Estado para transitar la nica senda posible para librar al pas de las escenas luctuosas de estos das: filas de cadveres, territorios devastados, madres, viudas y hurfanos llorando a sus familiares. La paz no est a la vuelta de la esquina, pero un cese bilateral al fuego verificable es la cuota necesaria para su consecucin verdadera.



https://www.flickr.com/photos/unaexcusa/8996678995


Confl

icto

y s

oluc

in

polt

ica

De los acuerdos a los desacuerdosSobre el papel del movimiento popular frente a las salvedades existentes en la Mesa de La Habana

Patricia Snchez Garca

Docente Universidad Central y Universidad de La Salle

La Mesa de Conversaciones instalada por el Gobierno de Co-lombia y las Farc-Ep en octubre de 2012, sin duda constituye uno de los principales sucesos de la historia reciente de nuestro pas, ya que del efectivo cumplimiento de los compromisos que en su marco se logren, depende la instauracin de una nueva etapa de la historia del pas.

Constituye entonces, el proceso de dilogo iniciado en su marco, un transcendental avance en la bsqueda de una solucin poltica al conflicto social y armado, el cual ha mostrado en su desarrollo impor-tantes avances representados en los acuerdos parciales logrados frente atres de los puntos de la agenda de dilogo: i) Poltica de desarrollo agrario integral; ii) participacin poltica, y iii) solucin al problema de las drogas ilcitas; otras evidencias frente a los adelantos del proceso es-tn dadas por la divulgacin de los borradores conjuntos que recogen lo logrado, los principios metodolgicos definidos como gua de discusin frente al punto relacionado con las vctimas, la conformacin de la sub-comisin tcnica del fin del conflicto, el arreglo sobre limpieza de minas antipersonales y artefactos explosivos alcanzado en marzo de 2015, y la publicacin, tambin a inicios del presente ao, del Informe de la Co-misin Histrica del Conflicto y sus Vctimas, el cual constituye, hasta el momento, el ms importante insumo acadmico acerca del origen, persistencia y responsabilidades del conflicto colombiano.



https://lahistoriadeldia.files.wordpress.com/2011/05/colombia-fosas-comunes.jpg

Pese a los adelantos que sin duda presenta el actual proceso con respecto a otros intentos de dilogo, no han sido pocos los escollos que ha atravesado, dentro de estos se cuentan los intentos de los sectores ms retardatarios de la derecha por desacreditar el proceso y las partes que se encuentran en dilogo, adems de la actitud reacia del Gobierno frente a la posibilidad de declarar un cese bilateral al fuego, aun cuando su contraparte mantuvo por ms de cinco meses un cese unilateral del fuego y de las hostilidades que, aunque se plante como de carcter indefinido, fue suspendido el pasado 22 de mayo con las graves con-secuencias que este hecho representa en trminos del escalamiento de la guerra.

Sin embargo, existen otros obstculos que enfren-ta el proceso, relacionados con los desacuerdos que persisten entre las partes en el marco de los dilogos propiamente dichos, estos se expresan en la una serie de salvedades sobre los acuerdos parciales que confi-guran el llamado congelador. Teniendo en cuenta que segn el Acuerdo General, en el marco del cual se realizan las conversaciones, establece que estas se desarrollan bajo el principio de nada est acordado hasta que todo est acordado, resulta fundamental conocer y analizar cules son los puntos de consenso y disenso, con el objetivo de hacer un balance real de los avances y limitaciones del actual proceso de dilogo.

A continuacin se desarrollar un repaso sobre lo atinente a los acuerdos y salvedades vinculados al primer punto de la Agenda de dilogo, para luego terminar con una reflexin sobre las implicaciones de la existencia de dichas salvedades, adems de los retos que estas conllevan para el movimiento popular colombiano, en el entendido de que la construccin de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participacin de todos, sin distincin ()., tal como lo establece el Acuerdo General para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera (2012).


De los acuerdosEl acuerdo parcial sobre la poltica de desarrollo

agrario integral con desarrollo territorial fue dado a conocer en La Habana el 21 de junio de 2013. en ste, el Gobierno de Colombia y las Farc-Ep infor-man que, despus de 7 meses de conversaciones, han alcanzado un acuerdo denominado Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral. En este se establece que:

La Reforma Rural Integral (RRI) debe ser el inicio de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo a la no repeticin del conflicto y a la construccin de una paz estable y duradera.

En el marco de este propsito se define una serie de medidas encaminadas a lograr la democratizacin del acceso integral a la tierra en beneficio de los campesi-nos, la regularizacin y formalizacin de los derechos de propiedad sobre la misma, el reconocimiento del papel de la economa campesina, familiar y comuni-taria en el desarrollo del campo, el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de conciliacin y resolu-cin de conflictos, el uso del suelo de acuerdo con su vocacin, la generacin de ingresos de la economa campesina, familiar y comunitaria, y la proteccin de reas de especial inters ambiental.

De llegarse a concretar un acuerdo definitivo que viabilice la aplicacin de lo pactado parcialmente, sin duda se avanzara en el camino indicado en funcin de lograr las transformaciones que el campo colombiano requiere ante los apremiantes niveles de desigualdad en la distribucin de la tierra que lo han caracterizado; no obstante, como se trata de hacer una reflexin integral que lea lo acordado y lo no acordado como parte del mismo proceso, no basta con el conocimiento exclusivo de lo ya pactado sino que se hace indispensable reconocer las salvedades

El escenario ms loable para el logro de una

autntica reforma agraria ser una

Asamblea Nacional Constituyente que, ms all constituir

un espacio refrendatario,

permita asumir el debate y definicin

sobre el modelo de desarrollo que

el constituyente primario quiere

para el pas.



existentes, no con el fin de desconocer los avances obtenidos sobre este punto sino de evitar posturas inocentes o triunfalistas que conllevan los anlisis parciales frente a los resultados de los dilogos.

Sobre los desacuerdos o salvedadesSon 10 las salvedades referentes al pri-

mer punto de la agenda, estas pueden ser agrupadas alrededor de 4 ejes temticos: i) Requerimientos para la efectiva ejecucin de los acuerdos; ii) del uso de la tierra y de los conflictos asociados con el mismo; iii) mo-delo econmico neoliberal, y iv) erradicacin del latifundio improductivo, inadecuada-mente explotado u ocioso y redistribucin democrtica de la propiedad sobre la tierra.

El primer eje temtico en torno al cual giran dichas salvedades da cuenta de que, a pesar de la existencia de elementos ya acor-dados, las partes no han llegado a concretar aspectos tan importantes para que estos se hagan efectivos como la financiacin

de la poltica de desarrollo rural y agrario integral sobre la base de la cual se ejecutara la Reforma Rural Integral RRI, la cuantifi-cacin del fondo de tierras de distribucin gratuita y la institucionalidad encargada de definir las pautas generales frente al ordena-miento territorial, a los usos de la tierra y al tratamiento de los conflictos que de ellos se deriven, que en propuesta de las Farc-Ep se realizara a travs de la creacin de un Con-sejo Nacional de la Tierra y el Territorio. El hecho de que estos aspectos se encuentren en el congelador genera profundas dudas frente a las posibilidades reales de aplicacin de lo ya acordado, puesto que tales aspectos se relacionan con la posibilidad misma de llevarlos a la prctica: sin la financiacin, la institucionalidad y la cuantificacin de las tierras que se entregaran resulta imposible concretar que la reforma sea efectiva.

El segundo aspecto sobre el cual existen salvedades es el modelo econmico neolibe-ral y su influjo sobre la profundizacin de

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article4407074.html


la problemtica de la tierra. No existe acuerdo sobre la detencin de la extranjerizacin del territorio o sobre la revisin y renegociacin de los Tratados de Libre Comercio; el Gobierno Nacional ha sido reacio a abordar estos dos elementos propuestos por las Farc-Ep y que constitu-yen elementos esenciales en trminos de la transformacin de la poltica de desarrollo agrario del pas, puesto que ha sido de la mano del modelo neoliberal que se ha profundizado la crisis del campo colombiano.

En lo referente al uso de la tierra y a los conflictos asociados a ste, los desacuerdos corresponden a una variedad de aspectos ligados a la ex-plotacin de los recursos naturales, como la declaracin de los recursos naturales energticos y mineros como recursos de carcter estratgico, la redefinicin de los contratos de explotacin y de concesin, la deli-mitacin territorial de las economas extractivas, la reformulacin del rgimen de regalas, la suspensin del otorgamiento de nuevos ttulos mineros y concesiones petroleras, el cese de la criminalizacin contra los mineros tradicionales y artesanales, la prohibicin de la explotacin en zonas ambientalmente protegidas y la reparacin integral a las vctimas de devastacin ambiental por actividades extractivas. As mismo, este grupo de salvedades comprende el establecimiento de regulaciones en torno al uso de la tierra para la produccin de agrocombustibles, defi-niciones sobre el derecho real de superficie tendientes a impedir el aca-paramiento y la especulacin con la tierra, adems de la promulgacin de una nueva ley de ordenamiento territorial, social y ambiental que

Los acuerdos y salvedades existentes frente al primer punto de la agenda de dilogo constituyen

un indicador de las profundas limitaciones del proceso de paz actual, asociadas al carcter relativo de los avances logrados, puesto que la efectiva realizacin de lo pactado slo es

posible de generarse transformaciones frente a la excesiva concentracin de la tierra, a su uso

inadecuado y al modelo econmico que ha profundizado la ruina de los agricultores, aspectos

centrales que an permanecen en el tintero.



defina participativa y democrticamente las transformaciones espaciales requeridas en el marco del cumplimiento de un eventual acuerdo.

Un nodo final sobre el versan las salvedades corresponde a la erra-dicacin del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso, as como a la redistribucin democrtica de la propiedad sobre la tierra; la existencia de desacuerdos en este punto resulta crucial a la hora de hacer un balance frente al primer punto de la agenda, ya que la concentracin de la propiedad de la tierra resulta ser uno de los ejes neurlgicos a partir del cual se ha originado y ha persistido el conflicto social, econmico, poltico y armado colombiano: la erradicacin del latifundio y la democratizacin de la propiedad rural son condiciones imprescindibles para que la RRI sea realmente efectiva.

El reconocimiento de la existencia de desacuerdos sustanciales no constituye una invitacin a caer en el pesimismo frente al proceso de paz, sino a lograr una mirada integral de su estado actual de cara a la definicin de los retos que este implica. Las salvedades constituyen, entonces, tanto un indicador del estado de la negociacin como un de-safo que debe ser asumido por la sociedad civil colombiana a partir del reconocimiento de sus implicaciones.

Los desacuerdos o salvedades como indicador y como retoLos acuerdos y salvedades existentes frente al primer punto de la

Agenda de dilogo constituyen un indicador de las profundas limitacio-nes del proceso de paz actual, asociadas al carcter relativo de los avances logrados, puesto que la efectiva realizacin de lo pactado slo es posible de generarse transformaciones frente a la excesiva concentracin de la tierra, a su uso inadecuado y al modelo econmico que ha profundizado la ruina de los agricultores, aspectos centrales que an permanecen en el tintero.

As mismo, las salvedades constituyen un indicador de que, como lo menciona la Delegacin de paz de las Farc-Ep,

En la mesa se enfrentan dos visiones tratando de encontrar pun-tos de coincidencia; una enmarcada en el enfoque neoliberal frente al desarrollo del pas, en cabeza del Gobierno Nacional; y otra, que se manifiesta en favor de una reforma agraria rural integral, por la justicia social y la democracia en funcin de paz con soberana (2013:1).


La distancia existente entre las partes no implica que la firma de un acuerdo final sea imposible. Significa que de llegarse a ste, su alcance ser limitado, a menos que el conjunto de organizaciones y movimientos sociales y populares que por dcadas han enarbolado las banderas del carcter ineludible que una autntica reforma agraria tiene para la supe-racin del conflicto asuma la reivindicacin no slo de lo parcialmente acordado entre las partes, sino de sacar del congelador los dems ele-mentos que son fundamentales para que una transformacin real del campo colombiano sea posible. El escenario ms loable para tal prop-sito ser una Asamblea Nacional Constituyente que, ms all constituir un espacio refrendatario, permita asumir el debate y definicin sobre el modelo de desarrollo que el constituyente primario quiere para el pas.

Referencias Delegacin de paz de las Farc-Ep (3 de octubre de 2013). Primer

informe sobre el estado de las conversaciones de paz. La Habana (Cuba). Recuperado de http://portaldelsur.info/2013/10/informe-de-las-farc-sobre-las-negociaciones-de-paz/

Gobierno de Colombia &Farc-Ep (enero de 2014). Informe conjunto de la mesa de conversaciones. La Habana. Recuperado de http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/INFORME%20CONJUNTO%20PUN-TOS%201%20Y%202.pdf

Gobierno de Colombia &Farc-Ep (26 de agosto de 2012). Acuerdo General para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera. Recuperado de https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf



Enrique Jimnez Chamorro, Falso PositivoTomada de: http://www.colectivoburbuja.org/index.php/jose-sanchez-hachero/falsos-positivos-en-colombia-o-cuando-el-estado-incentiva-el-crimen/


Subv

ersi

ones

inte

lect

uale

s

No diga: bienes comunes. Diga: bienes comunales!Lo comn sin comunidad en el nuevo neoliberalismo de E. Ostrom

Jos Francisco Puello-Socarrs

Escuela Superior de Administracin PblicaUniversidad Nacional de Colombia

El resurgimiento de los bienes comunes como cuestin poltica tiene que integrarse plenamente

en la lucha anticapitalista de forma muy especfica. Desgraciadamente, la idea de los bienes comunes

(como el derecho a la ciudad) est siendo tan fcilmente apropiada por el poder poltico existente

como lo est siendo el valor a extraer de los bienes comunes urbanos por los intereses inmobiliarios

David Harvey, Ciudades Rebeldes

Aunque entre de sus posibles procedencias nativas, el tr-mino bienes comunes tiene como gnesis el Sur Global, ltimamente su popularidad crece intempestivamente en el Norte. Lo anterior no slo se registra entre los mbitos acadmicos. En tiempos recientes, esta nocin viene apareciendo con relativa gran fuerza en distintos espacios y debates polticos en los centros de la economa-mundo capitalista. Sin embargo, por paradjico que pueda parecer esta situacin lejos de estar avalada por una contestacin crtica al statu quo viene siendo promovida por el neoliberalismo in extenso.



http://trincheradelaimagen.cl/wp-content/uploads/2012/01/estadio-nacional.jpg

En este marco, se debe subrayar la importante tarea que viene jugando el pensamiento de Elinor Ostrom en la colonizacin en el sentido amplio de esta ex-presin y la privatizacin semntica de lo comn. Gracias a su mediacin intelectual, la hegemona dominante pretende atentar contra la actualidad poltica potencialmente productiva de lo comn y, al decir de L. Wittgenstein (primo de F.A. Hayek!), someter-lo-comn bajo el juego del lenguaje neolibe-ral, desvirtundolo como una realidad emergente que viene generando alternativas autnticas al capitalismo, incluyendo su fase neoliberal.

Hay que insistir sobre un hecho clave relevante para esta discusin. Si bien el capitalismo neoliberal enfrenta una crisis sin precedentes, sobre todo al nivel de sus referentes ideolgicos, hoy este proyecto econ-mico poltico de clase contina an vigente. Una de las varias operaciones tcticas desde las cuales se ha querido reactivar la renovacin neoliberal tiene que ver con la bsqueda de nuevas frmulas ideolgicas que le permitan trascender en el tiempo perfeccionando as la alienacin y el ocultamiento de sus contradicciones, las cuales muestran ya lmites sin antecedentes histricos. El calidoscopio complejo, estructural y global de las crisis en minscula (alimenticia, energtica, ambien-tal, biolgica, econmica, poltica y social), las cuales convergen en la mal llamada Gran Recesin, la Crisis en mayscula calificada de civilizatoria, es un sntoma irrefutable en este sentido.

El concepto de bienes comunes es uno de los ejemplos ilustrativos. Su construccin propiamente neoliberal ha sido posible a partir de una desposesin semntica, metdica y silenciosamente ininterrumpida que invoca lo comn pero sin comunidad. Situacio-nes de este tipo no son novedosas y hacen parte del modus operandi histrico del pensamiento colectivo neoliberal1.

1 Activando la memoria histrica, en otra oportunidad, opera-dores del pensamiento neoliberal como J. Hicks combina-ron la teora keynesiana con la gramtica neoclsica (las


La confusin al respecto resulta pasmosa y, en cierto sentido, dramtica, en particular por las impli-caciones que retiene en la batalla de ideas que hoy se libra en el campo ideolgico de la hegemona.

Distintos crculos de izquierda han venido exal-tando sea implcita sea inconscientemente pero al fin y al cabo en forma reiterada la perspectiva de los bienes comunes la Ostrom como si esta provocacin fuera una disyuntiva crtica frente al neoliberalismo, cuando en realidad se trata de todo lo contrario: Un intento de reafirmacin! (velada, por supuesto). Por ejemplo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), plataforma globalmente reco-nocida por sus iniciativas desde el pensamiento crti-co en el Sur Global, y ms puntualmente en Nuestra Amrica, el territorio poltico existencial donde se libran las batallas populares en las ideas y en las prcticas ms determinantes contra la hegemona neoliberal, cuenta hoy con un concurso de ensayos dirigido a los investigadores de la regin bautizado en homenaje a Elinor Ostrom2. Un impasse que, valdra la oportunidad, debera ser rectificado.

Aunque por momentos la obra de David Har-vey resulta ser indulgente con Ostrom3 tambin

corrientes ortodoxas de raigambre angloamericano), lo que se denominara posteriormente la sntesis neoclsico-keyne-siana. Se trat del vaciamiento de los conceptos y el anlisis propuesto por JM Keynes para mantenerlos ahora resignifi-cados a la medida de las lgicas y semntica neoliberales. Se re-produjo como en el caso que nos ocupa: lo comn pero sin comunidad un keynesianismo pero sin Keynes! J.F. Puello-Socarrs, Nueva Gramtica del Neoliberalismo. Bogot: Universidad Nacional de Colombia, 2008, pp.

2 Premio Elinor Ostrom - Derecho al conocimiento como bien comn: la promocin del acceso abierto en Amrica Latina y el Caribe (http://bit.ly/1cLKZNb). Uno de los tpicos que ms sintonizaron las teoras de Ostrom y el pensamiento de F.A. Hayek fue el conocimiento.

3 Las oportunas referencias sobre la ancdota ostromiana en la obra de Harvey las debo a Mara Ceci Araujo Miso-czky, a quien agradezco su generosidad por compartir lci-das reflexiones en torno a este tema.

Las evocaciones de lo comn en Ostrom, por

ms creatividad que supongan,

se dirigen entre otros detalles de

su teorizacin hacia la instalacin

de una lgica pblico-privada

en la cual la cooperacin no implica la

construccin de vnculos comunales

de solidaridad en la produccin y

reproduccin de las relaciones sociales.



ha sido una de las excepciones que de-muestra detalladamente cmo la perspec-tiva sobre el Gobierno de lo Comn y las ideas tales como la gobernanza policntri-ca (de inspiracin hayekiana; crticas que aplican a otros conceptos inaugurados por Ostrom como el sistema socio-ecolgico) si bien cuestionan la ortodoxia econmica si-multneamente se sintonizan plenamente con las estrategias de clase neoliberales de la reproduccin social que pretende actualizar este proyecto4. En el mismo sentido, Silvia Federici ha destacado que lo comn en Ostrom representara una tentativa real por cooptar este lenguaje y sus prcticas bajo un perfil procapitalista y, peor an, atraparlo en un sentido eminen-temente neoliberal:

Desde hace aos, parte del esta-blecimiento internacional capitalista (empezando por el Banco Mundial)

4 D. Harvey, Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolucin urbana, Madrid, Akal, 2013, p. 28 y 131.

ha venido promoviendo un modelo suavizado de privatizacin, apelan-do al principio de lo comn, como remedio al intento neoliberal de subsumir todas las relaciones eco-nmicas al dictado del mercado. Se ha comprendido, de hecho, que las lgicas de mercado llevadas a su extremo se convierten en contra-productivas inclusive desde el punto de vista de la acumulacin de capi-tal, excluyendo el tipo de coopera-cin necesaria para un sistema de produccin eficiente Apelando a lo comn tambin se da un giro po-sitivo en la privatizacin, debilitando las resistencias esperadas5.

Como bien sealan David Bollier y Burns Weston respecto a la discusin en torno a la Gobernanza verde, el objetivo de

5 Silvia Federici y George Caffentzis, Commons Against and Beyond Capitalism, Upping the Anti: a Journal of theory and action. No. 15 (Sept. 2013), pp. 83-97.

http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-dia-en-que-la-historia-se-partio-en-dos/


este tipo de estrangulaciones tericas sera recon-ceptualizar la dicotoma neoliberal Estado/Mercado hacia una triarqua Estado/Mercado/Lo Comn para adaptar la autoridad y aprovisionamientos de nuevas maneras mucho ms provechosas6.

Las evocaciones de lo comn en Ostrom, por ms creatividad que supongan, se dirigen entre otros detalles de su teorizacin hacia la instala-cin de una lgica pblico-privada en la cual la cooperacin no implica la construccin de vnculos comunales de solidaridad en la produccin y repro-duccin de las relaciones sociales. Antes bien, esa propuesta significa la apertura de un espacio (tercer sector) ms all del Estado pero ms ac del Mer-cado que permita la coordinacin exitosa entre los actores econmicos y fortalezca la relacin mercan-til bajo una nueva modalidad7.

Precisamente, esta es una de las debilidades histricas en el funcionamiento real de los merca-dos pero que contemporneamente resulta ser ms evidente e igualmente insostenible en el capitalismo tardo del nuevo milenio, tanto en las realidades so-ciales en general como en los presupuestos tericos. Las fallas de mercado que allende no se acepta-ban en el discurso del fundamentalismo ortodoxo (el dogma de la omnipotencia del Mercado en una poca de ofensiva neoliberal) ahora son incorpora-das sistemticamente por el pensamiento neoliberal heterodoxo, el cual, a pesar de mostrarse crtico de la ortodoxia antes propona Harvey resulta ser ms neoliberal an, retornando a sus orgenes y produciendo el discurso defensivo de la doxa (el Mercado) (Bourdieu dixit!), en su afn de avanzar

6 Citado por Silvia Federici y George Caffentzis, ibdem.

7 E. Ostrom, The future of the commons: beyond market failure and government regulation. London: Institute of Economics Affaires (IEA), 2012, pp. 68-83. Esta publicacin se basa en la conferencia impartida por Ostrom en el marco de la reu-nin anual que este Instituto realiza en honor a F.A. Hayek (Memorial Lecture).

Lo comunal surge como

abigarramiento, es decir, un ejercicio

creativo constituido por la unidad

que no disuelve la diferencia y as

garantiza la (re)produccin de

nuestra vida por medio del trabajo

colectivo. Los bienes y riquezas

se valoran entonces por su uso y no

estn dominados exclusivamente

por la lgica del intercambio ni

para propsitos comerciales.



hacia la renovacin ideolgica y la recomposicin real de este proyecto de clase que le asegure mantener y consolidar su hegemona en medio de esta crisis.

A travs del aclamado retorno del Estado, la insistencia en reva-lorizar el papel que juegan las instituciones (aunque exclusivamente en funcin de los mercados no de las comn-unidades) y variadas formas institucionales (Nueva Gestin Pblica), de acciones econmicas y polticas (Gobernanza) e instrumentos (alianzas pblico-privadas) el neoliberalismo ha mutado internamente con el nico propsito de superar las crticas y su propia crisis y blindar su continuidad en el tiempo.

El discurso de lo comn entra as a jugar un rol crucial, tanto en los cambios ideolgicos como en sus transformaciones prcticas, y en este escenario Ostrom entre otros neoliberales crticos del neolibera-lismo (Sen, Stiglitz, por ejemplo) resulta ser una pieza clave8. Ostrom sintetiza un locus donde lo pblico funciona como-si fuera privado, es decir, la privatizacin de lo pblico aunque bajo un nuevo mantra pblico-no-estatal que enrarece el sentido comunal de lo comn.

8 Elinor Ostrom es clebre no solo por haber alcanzado el nobel en Economa, conside-rado por antonomasia el Nobel de las ciencias sociales, tambin por ser, hasta este momento, la nica mujer y la primera cientista poltica en alcanzarlo.

http://radio.uchile.cl/2013/08/26/la-muerte-lenta-de-los-desaparecidos-en-chile-nuevo-libro-es-presentado-en-sala-master


El lenguaje es tambin un campo de lucha: no diga comunes; diga: bienes comunales.

Lo comn en su sentido comunal propone una versin diferente y est enmarcado en una perspectiva no neoliberal de autntica comuni-dad, unidad-en-comn.

Lo comunal no supone lo pblico-privado como algo dado sino un proyecto a producir. Tampoco se trata de una simple hibridacin privada-y-pblica pues, como bien ha ilustrado Silvia Rivera Cusican-qui, lo hbrido conjuga pero no crea (el cruce, por ejemplo, de un caballo con una burra [del cual] sale una mula, la cual no puede reproducirse!). Lo comunal surge como abigarramiento, es decir, un ejercicio creativo constituido por la unidad que no disuelve la dife-rencia y as garantiza la (re)produccin de nuestra vida por medio del trabajo colectivo. Los bienes y riquezas se valoran entonces por su uso y no estn dominados exclusivamente por la lgica del intercambio ni para propsitos comerciales, tal como Federici y Caffentzis lo han subrayado frente a la propuesta neoliberal de Ostrom.

Una ventaja que tiene la expresin bienes comunales es su proxi-midad con comunalista, nocin ms cercana a varias alternativas recientes como la del Partido de Trabajadores del Kurdistn (PPK), la cual enarbola un proyecto anticapitalista y comunalista basado en los valores de autogobierno, democracia y libertad.

Al contrario, la expresin bienes comunes tiene la desventaja de encontrarse ms prxima al comunitarismo, incluso en sus versiones neo-comunitaristas, asociadas por lo general aunque no exclusi-vamente a propuestas polticas inclinadas hacia la derecha. En Colombia, recordemos, se acu en tiempos del gobierno neoliberal ultraderechista de lvaro Uribe Vlez, el Estado Comunitario como referente poltico, una versin criolla del capitalismo popular, expre-sin anloga y colindante a la proclamada durante la dictadura de A. Pinochet en Chile en las dcadas de 1970 y 1980 en el inicio in vivo del neoliberalismo a nivel global.



https://hangarpolitico.files.wordpress.com/2013/09/origin_9584201675.jpg


Nue

stra

Am

ric

a

Caravana 43La negativa a aceptar y el compromiso de resistir

Miguel Gualdrn Ramrez

Magster en FilosofaUniversidad Nacional de ColombiaEstudiante del Doctorado de FilosofaUniversidad DePaul, Chicago

Es posible que hayamos escuchado la historia antes, incluso ms de una vez. Una de la maneras de comenzar este texto sera ofreciendo otro breve recuento de los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (Mxico): contar, por ejemplo, cmo, en dos momentos distintos durante la noche, miembros de la polica ataca-ron los buses en los que se transportaban los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Ral Isidro Burgos de Ayotzinapa, matando 6 estudiantes y transentes, y cmo les entregaron a 43 estudiantes reteni-dos a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes, a su vez, los des-aparecieron. Podramos intentar explicar igualmente las conexiones del alcalde de Iguala (de quien se presume orden el ataque), pero tambin las del Partido de la Revolucin Democrtica (PDR) con este cartel del narcotrfico, la corrupcin de la polica y de miembros del Batalln 27 del ejrcito y la subsecuente evasin del tema por parte del gobierno de Enrique Pea Nieto, adems de sus evidentes esfuerzos por minimizar los incidentes y culpar a algunos pocos policas corruptos de las desapa-riciones. Las frases finales del hipottico prrafo introductorio de este texto sealaran cun poco parece haber cambiado la situacin hasta el da de hoy, 8 meses despus de los incidentes: la investigacin oficial ha sido cerrada por parte de la Fiscala General, declarando muertos a los desaparecidos, aunque ni los estudiantes ni sus cuerpos sin vida han sido encontrados. El gobierno ha cesado todo esfuerzo por encontrarlos


Nuestra Amrica

http://elpais.com/elpais/2014/11/06/album/1415235942_806612.html#1415235942_806612_1415236403

con la lapidaria sentencia del Fiscal General, Jess Murillo Karam, Ya me cans. Ocho meses despus, al momento de escribir estas lneas, el ejrcito y la polica de Mxico han cercado militarmente distintas ciudades de Guerrero, han acosado en distintas oca-siones la Normal de Ayotzinapa, reteniendo a varios de los estudiantes, y siguen persiguiendo a los padres, madres y dems familiares de los 43 desaparecidos.

El recuento de esta historia que queremos evitar aqu fue precisamente el objetivo principal de la Caravana 43, un proyecto que, en palabras de sus organizadores, intent ofrecer un foro internacional para los padres y madres que han perdido a sus hijos gracias a la violencia y la impunidad sistemtica del gobierno para informar de la situacin en Ayotzina-pa y en Mxico, encontrar respuestas e involucrar a la comunidad internacional en su lucha. La Caravana visit 40 ciudades en Estados Unidos, 20 en Europa y 6 en Suramrica, llevando las voces de padres y ma-dres de familia, otros familiares y estudiantes de la Normal que sobrevivieron a los ataques, en una serie de marchas, protestas, foros comunitarios y confe-rencias de prensa dirigidas a comunidades que haba escuchado poco, a veces nada, acerca de los eventos de esa noche. Adems, la Caravana recibi el apoyo de la poblacin inmigrante de Mxico y Latinoam-rica en Estados Unidos y Europa, pero tambin el respaldo de gobiernos locales, estudiantes, profesores y profesoras universitarias, y muchas organizaciones sociales.

Sin embargo, el acto de contar la historia de nue-vo, de afirmar una verdad que posiblemente hemos odo innumerables veces en el pasado, tiene para la Caravana un significado distinto, un significado que es poltico no slo porque intente descubrir la verdad o informar de la situacin a personas que pueden no haber escuchado mucho sobre ella. Narrar, recontar 66 veces, en 66 ciudades distintas, en Nhuatl, Espa-ol, Ingls, Francs, Alemn, los eventos de esa noche en Iguala y todo lo que pas en los siguientes 8 meses


es, en s mismo, un acto que encarna una resistencia frente a la versin oficial, constituye un rechazo de las mentiras y contradicciones detrs de la investigacin gubernamental y est dirigido no slo a la denuncia, sino que especialmente se enfoca en encontrar a los 43 desaparecidos: una resistencia destinada a recibir con vida a aquellos que fueron extrados con vida de sus familias y comunidades.

***La versin oficial de los eventos, la misma que los

familiares han estado resistiendo por 8 meses, fue presentada el 27 de enero por parte de Murillo Ka-ram, quien con certeza legal afirm que el ataque tuvo lugar por rdenes del alcalde de Iguala (Jos Luis Abarca). Temiendo que los estudiantes estuvie-ran viajando de Ayotzinapa a Iguala para interrumpir por la fuerza el evento poltico que su esposa (Mara de los ngeles Pineda) iba a llevar a cabo esa noche, Abarca habra ordenado a miembros de la polica ata-car el grupo de buses de los normalistas. Luego del ataque, que cobr la vida de algunos estudiantes, as como transentes y miembros de un equipo aficio-nado de ftbol que vena de jugar un partido, los 43 estudiantes detenidos habran sido asesinados y sus cuerpos quemados en un basurero cerca de Cocula, un pueblo aledao. El cartel de Guerreros Unidos habra estado interesado en los estudiantes, segn se sugiri en la rueda de prensa del organismo oficial, en razn de la supuesta infiltracin en la Normal por parte de pandillas y carteles rivales, de los que Gue-rreros Unidos quera tomar venganza.

Esta ltima sugerencia oficial, segn la cual los es-tudiantes habran estado conectados con narcos, o se-ran narcos ellos mismos, y, as, se lo estaban buscando, despert un nuevo sentimiento de rechazo por parte de los familiares, sumndose a la indignacin general por la falta de inters de las autoridades en la suerte de los 43. La mencin de esta acusacin por parte de Murillo Karam todava genera el mismo sentimiento

Los familiares visitaron durante

cinco meses decenas de

ciudades para reclamar apoyo

y respuestas, para denunciar la

complicidad de los gobiernos de los

pases desarrollados en estos eventos y en la violencia

general de Mxico. Es precisamente esta pregunta la

que pone esta lucha particular de

una comunidad en un escenario

global, en el frente de una batalla, y

la convierte en un cuestionamiento

que no es slo mexicano, sino de toda Amrica. Las

preguntas por la Iniciativa Mrida

son tambin las preguntas por el Plan Colombia

o por el Plan Central Amrica.


Nuestra Amrica

en los padres y madres de familia: en Chica-go, Mara de Jess Tlatempa Bello, madre de Jos Eduardo Bartolo Tlatempa, se rehus incluso a repetir esta declaracin oficial por respeto a los estudiantes mismos. Vale la pena comentar que la propia Rigoberta Mench, cuya fundacin recibi del Ins-tituto Nacional Electoral US$10.000 para promocionar la participacin en la jornada electoral del 7 de junio en Mxico (jornada que numerosas organizaciones sociales han llamado a boicotear, entre ellas los familiares de los 43) sugiri que los normalistas desapa-recidos estaban participando en actividades relacionadas con el crimen organizado y las mafias, y llam a los familiares, y no al Go-bierno, a contar la verdad de las acciones de sus hijos.

Sin embargo, ms all de poner de pre-sente la crueldad e indiferencia con la que el Gobierno ha tratado a sus familias, a los desaparecidos, los familiares de los norma-listas han venido diciendo desde enero que

no hay ninguna evidencia concluyente que pueda defender esta hiptesis oficial, acu-sando al gobierno de Enrique Pea Nieto de esconder informacin y de encubrir los motivos reales de la desaparicin, as como el paradero de los estudiantes. El gobierno de Pea Nieto, y la investigacin oficial, de acuerdo con los familiares de los 43, ha obstruido sistemticamente la participacin de fuentes independientes de investigacin, ha eclipsado la participacin del Batalln 27 del Ejrcito (quienes, como mnimo, saban del ataque y decidieron no hacer nada para evitarlo o pararlo durante las 4 horas que dur) y ha mentido acerca de los hallazgos y resultados de su propia inves-tigacin: primero, trat de pasar los restos de 28 cuerpos distintos como los restos de algunos de los normalistas, y slo acept su engao cuando fue forzado a ello por la demanda de los familiares de que intervi-niera un equipo independiente de forenses argentinos. Este mismo equipo confirm

http://elpais.com/elpais/2014/11/06/album/1415235942_806612.html#1415235942_806612_1415236403


luego que solamente uno de los fragmentos seos recobrado perteneca a uno de los estudiantes, pero comparti pblicamente sus dudas con respecto al lugar original del que fue recuperado el fragmento, pues a los miembros del equipo se les impidi estar presentes en la diligencia. La Caravana ha explicado tambin el punto de vista de otros expertos, segn los cuales el estado del terreno y el clima del basurero donde la quema masiva habra tenido lugar haran imposible creer en esta tesis: varios testimonios de testigos sealan que no hay evidencia de las caracte-rsticas que se requieren para quemar un nmero tan elevado de cuerpos y que las condiciones del lugar no han cambiado de la manera en la que el Gobierno dice que lo han hecho. Ms importante an, tal vez, los padres y madres insisten en el hecho de que el mo-dus operandi (incinerar los cuerpos a cielo abierto) no tiene precedente y no corresponde a la manera en la que los carteles del narcotrfico operan en la regin.

Adems de revelar estas inconsistencias, algunos de los miembros de la Caravana y numerosos asis-tentes a los eventos de protesta han sugerido que es necesario cuestionar el rol que juegan los gobiernos de Estados Unidos y Europa en este contexto, en particular sus polticas internacionales. En el caso de Estados Unidos, la Caravana llam a resistir la ayuda militar que este gobierno da al de Mxico por medio de la Iniciativa Mrida en la lucha contra las drogas, y el hecho de que estos recursos monetarios y logsticos sean usados de manera efectiva, por parte de fuerzas oficiales, en acciones como la desaparicin de los 43 estudiantes. El gobierno de Estados Unidos se ha negado recientemente a condenar a Mxico por estas acciones y ha ofrecido su continuo respaldo al gobierno de Pea Nieto, sin reconocer siquiera el dao que esta iniciativa est causando al pueblo mexicano.

***

Rehusarse a aceptar la muerte

de los 43 no es un capricho: rehusarse

a ello manifiesta el deber de resistir

la versin oficial porque est llena

de mentiras, manipulaciones y encubrimientos,

porque no ha incluido nunca a

los padres y madres de familia ni a los sobrevivientes, es

el resultado de una investigacin

que comenz nicamente 72

horas despus de los hechos y se ha llevado a cabo en su mayor parte en secreto por parte de un Gobierno

que no puede ya juzgar sus propias acciones y que se niega a aceptar la

responsabilidad por sus propios actos.


Nuestra Amrica

https://www.flickr.com/photos/atoqwallpasua/15798161092/


Rehusarse a aceptar la muerte de los 43 no es un capricho, tal y como Omar Garca (un estudiante de la Normal de Ayotzinapa que sobrevivi a los ataques en Iguala) ha manifestado (ver esta entrevista o sus palabras en la bienvenida a la Caravana en Chicago1): rehusarse a ello manifiesta el de-ber de resistir la versin oficial porque est llena de mentiras, manipulacio-nes y encubrimientos, porque no ha incluido nunca a los padres y madres de familia ni a los sobrevivientes, es el resultado de una investigacin que comenz nicamente 72 horas despus de los hechos y se ha llevado a cabo en su mayor parte en secreto por parte de un Gobierno que no puede ya juzgar sus propias acciones y que se niega a aceptar la responsabilidad por sus propios actos. De hecho, el gobierno mexicano ha estado por mucho tiempo no slo conectado con el trfico de drogas en Mxico, sino que ha perseguido y estigmatizado a disidentes polticos como los normalistas de Ayotzinapa. En este gesto poltico de resistencia es posible ver mucho ms que la mera exigencia de memoria, es decir, solamente la necesidad de saber qu pas con ellos: Los familiares quieren encontrarlos, con vida, donde quiera que estn, de cualquier manera posible!

Lo que est haciendo la comunidad de Ayotzinapa, ejemplificado en la Caravana 43, constituye un acto admirable de resistencia poltica: la resistencia ante una versin oficial que no puede sino ser falsa, que, por la

1 https://www.informate.com.mx/reportajes-especiales/especiales/no-es-capricho-no-aceptar-la-muerte-de-los-43-omar-garcia.html | https://www.youtube.com/watch?v=TXcRRzmwWew&feature=youtu.be&t=17m36s

https://www.flickr.com/photos/kinderforever/15816944545


Nuestra Amrica

manera en la que se ha llevado a cabo, pero tambin por los vnculos del Gobierno mis-mo con los actos de violencia, persecucin y narcotrfico, carece de cualquier legitimidad para reclamar ser verdadera. Al afirmar que esta investigacin es ilegtima, y que sus resultados no pueden ser verdaderos, los familiares estn afirmando que debe ser falsa y que, por lo tanto, los 43 estn vivos, en algn lugar, hasta que alguien los encuentre efectivamente sin vida; la versin oficial sera capaz de explicar la mera desaparicin de 43 personas (pequea en nmero, si se compara con la de ms de 20.000 en la ltima dcada por parte de mafias, carteles e instituciones oficiales), pero es incapaz de explicar las cir-cunstancias y detalles efectivos del ataque del 26 de septiembre, la participacin de policas y militares, los encubrimientos, el silencio, la inaccin. Con esta pregunta, los familiares visitaron durante cinco meses decenas de ciudades para reclamar apoyo y respues-tas, para denunciar la complicidad de los

gobiernos de los pases desarrollados en estos eventos y en la violencia general de Mxico. Es precisamente esta pregunta la que pone esta lucha particular de una comunidad en un escenario global, en el frente de una bata-lla, y la convierte en un cuestionamiento que no es slo mexicano, sino de toda Amrica. Las preguntas por la Iniciativa Mrida son tambin las preguntas por el Plan Colom-bia o por el Plan Central Amrica.

Es nuestro deber resistir junto con la Caravana, aunque las acciones relacionadas con este proyecto hayan llegado ya a su fin inmediato; esto es, es nuestro deber llevar con vida hasta Ayotzinapa a los 43, porque Vivos se los llevaron, y vivos los queremos!.

https://www.flickr.com/photos/makarenko_mg/7983969215


Capi

talis

mo

en C

risis

Sobre las recientes protestas contra la violencia policial en los Estados Unidos

Aaron Tauss

Profesor Asistente Departamento de Ciencia Poltica Universidad Nacional de Colombia, sede Medelln

Jonathan Stiven Piedrahita Usuga

Estudiante de la Maestra en Estudios Polticos Universidad Nacional de Colombia, sede Medelln

A mediados de abril la ciudad de Baltimore, Maryland, fue escenario de varias protestas masivas contra la brutalidad policial persistente. El motivo de la indignacin popular fue la muerte de Freddie Gray, un joven afroamericano de 25 aos que se encontraba en custodia de la polica tras su detencin ilegal. Algunos das despus, la procuradora del Estado de la ciudad, Marln Mamby, present cargos contra seis policas involucrados en el trgico acontecimiento. El pasa-do 9 de agosto, el asesinato a manos de un polica de Michael Brown, otro joven afroamericano, tambin provoc jornadas de disturbios y manifestaciones de protesta en la ciudad de Ferguson, Missouri. Segn una reciente investigacin del Washington Post, la polica ha matado al menos 385 personas durante el ao 2015, lo cual equivale a 2,6 personas por da. De acuerdo a las estadsticas, el 16% de las vctimas estaban desarmadas y el nmero de afroamericanos es tres veces ms alto que el de otros grupos raciales1. Durante los ltimos quince aos, al menos

1 The Washington Post (2015): Fatal police shootings in 2015 approaching 400 nation-wide, 30 de mayo, http://www.washingtonpost.com/national/fatal-police-shoo-tings-in-2015-approaching-400-nationwide/2015/05/30/d322256a-058e-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html?tid=pm_national_pop_b


Capitalismo en Crisis

http://noticias.univision.com/article/2152369/2014-12-06/mexico/noticias/cronologia-de-la-desaparicion-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa

5.600 personas han muerto en los Estados Unidos a causa de la violencia policial, donde la gran mayora de las vctimas se relaciona con casos que involucran a las autoridades estatales2.

Como sucede en muchas otras ciudades de Esta-dos Unidos, la historia de Baltimore y Ferguson ha estado fuertemente marcada por la discriminacin racial, la desigualdad socio-econmica y la represin poltico-legal de la poblacin afroamericana3. Apenas despus de la llegada del primer barco de esclavos a la orilla de Virginia en el ao 1619, los colonizadores europeos empezaron a utilizar e implementar distin-tas formas de control y dominacin sobre los esclavos africanos: la difusin del miedo, el maltrato fsico, la separacin de familias y la discriminacin legal se hicieron frecuentes, adems del establecimiento de estereotipos e imaginarios raciales que caracteriza-ban al hombre afroamericano como un delincuente o como la misma encarnacin del peligro. Durante los siguientes siglos las clases dominantes lograron institucionalizar estos prejuicios y patrones de pen-samiento, facilitando su reproduccin en la mente de las personas. Al mismo tiempo, el linchamiento de esclavos rebeldes se convirti en un fenmeno co-tidiano y frecuente, especialmente en los Estados del Sur; donde los asesinatos eran celebrados en pblico y tenan el propsito de aterrorizar a la poblacin afroamericana para hacerle recordar su lugar en la sociedad.

La abolicin de la esclavitud en los Estados Uni-dos en el ao 1865 tras la Guerra Civil (1861-1865) no se tradujo en una mejora de las condiciones reales de vida de la poblacin afroamericana ni en

2 Germn Lpez/ Anand Katakam (2015): Interactive map: US police have killed at least 5,600 people since 2000, http://www.vox.com/2014/12/17/7408455/police-shoo-tings-map

3 Caitlin Goldblatt (2015): The Struggle Continues in Balti-more, https://www.jacobinmag.com/2015/05/baltimore-protests-freddie-gray-black-lives-matter/


un avance sustantivo hacia la igualdad social. Por el contrario, los derechos que sta haba ganado inme-diatamente empezaron a restringirse en los Estados del Sur a travs de la introduccin de leyes discrimi-natorias y raciales cuya finalidad era dar continuidad a la exclusin social y a la marginalizacin poltica de los que antes haban sido esclavos4. Al final de la era de la reconstruccin (1865-1879) este nuevo sistema de segregacin, conocido como Jim Crow, haba asumido formas bastante concretas. Basndose en la lgica de separados pero iguales, Jim Crow estableci por vas legales que la poblacin afroa-mericana no poda atender a los mismos colegios, co-mer en los mismos restaurantes, viajar en los mismos buses ni utilizar las mismas instalaciones sanitarias que sus homlogos blancos. Al mismo tiempo, el antiguo imaginario del hombre negro como amenaza para la sociedad se vio fortalecido, lo cual contribuy al aumento significativo de los linchamientos durante 1880 y 1930. Finalmente, despus de que se presenta-ra la mayor oleada de protestas contra la segregacin durante la dcadas de los 50 y los 60, el sistema de Jim Crow fue abolido formalmenteen los Estados del Sur en el ao 1964 con la firma de la Ley de Dere-chos Civiles (Civil Rights Act) durante la presidencia de Lyndon B. Johnson. Sin embargo, la discrimina-cin racial y la exclusin social continuaron, ahora en forma rediseada.

Hacia el nuevo Jim CrowA partir de la dcada de los 70 el encarcelamien-

to masivo empez a revertir muchos de los avances logrados por los movimientos que apoyaban los derechos civiles en las dcadas anteriores. El 18 de Junio de 1971, cuando el crimen relacionado con las drogas en realidad estaba en declive, el presidente Ri-chard Nixon proclam la llamada Guerra contra las

4 Douglas A. Blackmon (2008): Slavery by Another Name. The Re-Enslavement of Black Americans from the Civil War to World War II; New York: Anchor Books.

En la actualidad, la formacin social estadounidense no slo se caracteriza por el gran poder de los mercados financieros y por

la debilidad de la clase obrera,

sino tambin por la inexistencia de

un movimiento afroamericano de resistencia,

hecho que refleja particularmente la crisis general

de la Izquierda y su incapacidad

para organizarse.

_48 Volver a conteni

Conflicto y solución política Las responsabilidades en el conflicto

Documents

Transcript of Conflicto y solución política Las responsabilidades en el conflicto