JUICIO A GLENCORE POR REPRESIÓN EN ESPINAR

Categoría: PerúPublicado: Jueves, 03 Marzo 2016 15:37Autor: Observatorio de Conflictos Mineros en el PerúVisto: 241

El día de ayer, 29 de febrero, luego de una audiencia preliminar,  la Alta Corte de Londres concedió un plazo adicional antes de dar inicio al juicio contra la empresa minera Glencore (Xstrata) por su responsabilidad en las acciones de violencia que causaron tres muertes y decenas heridos durante la protesta social   de mayo de 2012, en la provincia de Espinar, Cusco.

Durante la audiencia, el juez británico David Foskett,  concedió un plazo adicional para que los abogados de los demandantes, un grupo de 22 comuneros, hombres y mujeres de Espinar; puedan acceder a más pruebas. Sus  abogados solicitaron más tiempo para conseguir documentos de Xstrata, principalmente mensajes de Internet que intercambiaron los dirigentes de la minera durante la crisis, en mayo de 2012.

Los incidentes ocurrieron el 28 de mayo de 2012, cuando, después de varios días de intensas protestas contra la mina de cobre de Xstrata, la policía disparó a los manifestantes, siguiendo, según los demandantes, órdenes de la empresa minera. Los afectados afirman que la policía operaba bajo las instrucciones y el control de la dirección de la empresa, señalan además que la policía recibió casi medio millón de dólares de la empresa para proteger la mina. La empresa ha negado dichas alegaciones.

En el momento de las protestas, la mina pertenecía a Xstrata Tintaya S.A. (renombrada luego como Companía Minera Antapaccay), una filial de la empresa suiza Xstrata, que en 2013 fue adquirida por la británica Glencore, para formar Glencore Xstrata.En un comunicado en 2013, la empresa afirmó: “lamentamos profundamente que las protestas que tuvieron lugar en 2012 en Espinar derivaran en violencia (…) Pese a nuestros intentos por mantener un diálogo con las comunidades y alcanzar una solución pacífica (…) las protestas siguieron adelante”.

01 de marzo de 2016CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Fuente: MiningPress, Diario GestiónFoto: MiningPress

http://www.conflictosmineros.net/component/search/?searchword=Antapaccay&searchphrase=all

Gobierno ocultó evidencia de contaminación minera en niños y adultos de Espinar

Categoría: PerúPublicado: Miércoles, 25 Noviembre 2015 17:45Autor: La RepublicaVisto: 314

Los afectados son habitantes de las comunidades de Huisa y Alto Huancané, en Espinar (Cusco)que están ubicadas a pocos metros de las operaciones de la entonces minera Xtrata Tintaya. Los resultados de los análisis arrojaron que el 100% que los comuneros estuvieron expuestos a arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales considerados por la OMS como altamente cancerígenos. De esta contaminación minera se supo desde el 2010, pero no se hizo nada al respecto.

Este martes 24 de noviembre, La República publicó una investigación reveladora sobre la verdad de la contaminación de los pobladores de Espinar por parte de la actividad minera. A continuación te presentamos un resumen, pero si quieres leer el informe completo entra a este enlace.

Primer estudioEn el 2010, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), que depende del Ministerio de Salud, tomó muestras de sangre y orina de los habitantes de las comunidades de Huisa y Alto Huancané, en Espinar (Cusco).

Estas comunidades están ubicadas a pocos metros de las operaciones de la entonces minera Xtrata Tintaya.

Los resultados de los análisis arrojaron que el 100% que los comuneros estuvieron expuestos a arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales considerados por la OMS como altamente cancerígenos.

Los pobladores no fueron informados de los alarmantes resultados.

Respuesta del gobiernoEn el 2012, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal visitó la zona y aseguró que el estudio de Censopas no se realizó en el área de influencia de minera Xtrata.

Segundo estudioLos comuneros tomaron conocimiento del peligro que tenían en sus cuerpos, luego que en el 2013 la minera Quechua, subsidiaria de la japonesa Pan Pacific, le pidió a Censopas un nuevo estudio, pues pretendía realizar operaciones en la zona que se superponía a la que estaba trabajando Tintaya, empresa que en ese año se fusionó con la suiza Glencore.

Los resultados de ese estudio provocaron una justa protesta por parte de los pobladores, quienes solicitaron realizar un nuevo examen médico, que confirmó la alta contaminación.

Sin embargo, el procedimiento se dio de manera irregular, debido a que las autoridades responsables del trabajo entregaron constancias médicas sin sellos oficiales que certifiquen la veracidad de la información.

Gobierno reconoce el errorTres años después que el ministro Pulgar Vidal dijera que los pobladores no estuvieron expuestos, por no estar cerca a la zona de la actividad minera, su viceministro, Mariano Castro, confirmó a Convoca.pe y a La República que sí estaban ubicados en el área de influencia del proyecto Quechua y minera Tintaya Antapaccay.

Mientras tanto, los comuneros se quejan de que los médicos de Espinar les aseguran que no tienen nada. No se pierda la segunda parte de esta investigación que saldrá publicada en La República.

COMPAÑÍA CHINA EN LAS BAMBAS, APURÍMAC

Categoría: PerúPublicado: Domingo, 04 Octubre 2015 21:18Autor: Joan Martínez AlierVisto: 575

La mina Las Bambas en Apurímac en Perú está casi pronta a empezar su producción de cobre (y también de oro, plata y molibdeno). Ha estado en las noticias porque desde el 28 de septiembre ha habido una sucesión de víctimas campesinas y policías muertos en accidentes, decretos de emergencia,   militarización, debates parlamentarios en Lima, que han estropeado la imagen de progreso minero sin controversias que se estaba difundiendo en este caso.

Los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, habían iniciado sus protestas el 25 de septiembre pasado contra el proyecto minero porque consideran que será perjudicial para su salud y sus tierras. Este megaproyecto (Las Bambas estaría entre las mayores tres minas de cobre del mundo) contempla un tajo abierto y la construcción de una planta de procesamiento de minerales en la parte alta del río Chalhuahuacho.

La empresa suiza Xtrata era la propietaria inicial. Xtrata fue absorbida por Glencore quien vendió este megaproyecto por casi diez mil millones de dólares a  la empresa china MMG para ponerlo en operación a partir del 2016. El proyecto duplicará la producción de cobre del Perú.

Uno ve cómo las empresas chinas (en este caso, con participación australiana) van  aprendiendo a comportarse como piezas de un nuevo imperialismo, pidiendo apoyo de sus embajadas si hace falta para que les sirvan de intermediarias con los gobiernos nacionales para que éstos ordenen a la policía y las fuerzas armadas actuar de forma que se garantice el sistema de economía extractivista exportadora. Lo mismo ocurre actualmente con la mina de cobre de El Mirador en Ecuador, en territorio shuar, también de propiedad china.

Por ahora todo iba relativamente bien en Las Bambas, en comparación con otros proyectos paralizados en Perú, como Tía María en Islay y otros. Más o menos la mitad de los proyectos mineros resultan ser conflictivos y de éstos, algo así como la quinta parte acaban con un triunfo de la justicia ambiental y son paralizados definitivamente o durante un tiempo largo. Una excelente fuente de información es el archivo de OCMAL (Observatorio de conflictos mineros de América Latina), y otra es el EJAtlas, el Atlas mundial de Justicia Ambiental, www.ejatlas.org que ofrece información sobre 1600 conflictos socio-ambientales alrededor del mundo, incluidos unos 30 conflictos mineros en Perú.

En el proyecto Las Bambas se planteaba la construcción no solamente de la inmensa mina a cielo abierto sino también de un mineroducto de 206 km hasta la región del Cusco (Antapaccay). Xtrata (Glencore) posee la conflictiva mina de Tintaya en el Cusco, y hasta ese lugar pensaba enviar el mineral de Las Bambas para ser procesado atravesando varias comunidades. Precisamente en Tintaya ha habido muchos muertos en sucesivas protestas a lo largo de los años. Sin embargo, este plan del mineroducto fue desechado, por la oposición de comunidades indígenas cuya posición está reflejada en el video rodado en 2013 en El Espinar, https://www.youtube.com/watch?v=Npcbc4dNrNw.

Más tarde, al comprar los chinos de Minmetals (MMG) el proyecto Las Bambas se ha planteado construir una planta de procesamiento de concentrados del cobre cerca de la mina de Las Bambas. Este concentrado irá, por vía férrea, al Puerto de Matarani a 295 km de distancia. Se espera que esta mina tenga una vida próspera y pacífica de 20 años con 400 000 toneladas anuales de producción de cobre pero ahora ha habido en Las Bambas esa gran protesta contra la planta de tratamiento prevista, resultando muertos varios comuneros y policías. El 28 de septiembre la policía arremetió con bombas lacrimógenas y disparos de bala contra los manifestantes. El enorme proyecto había tenido hasta ahora una trayectoria más

tranquila que otros en Perú, y el gobierno estaba feliz anunciando el inicio de la exportación de cobre de Las Bambas para 2016.

Baja el precio del cobre en los mercados mundiales y sin embargo, absurdamente, Perú y Chile se preparan a exportar más cantidad y a competir entre sí, aunque Codelco en Chile ha dado marcha atrás en algunos grandes proyectos como el llamado Expansión Andina 244 (cercano a Santiago de Chile) con una inversión prevista de casi siete mil millones de dólares y que afectaría una zona de glaciares. Con menos violencia estatal que en Perú, también en Chile (el mayor productor mundial de cobre) hay mucha oposición indígena a nuevos proyectos mineros, frecuentemente por la contaminación del agua.

Las inversiones son tan grandes, el empeño en una política económica basada en el extractivismo es tan firme, que es posible que a pesar de las protestas el proyecto de Las Bambas salga adelante mediante una combinación de represión y cooptación. Pero eso no siempre ocurre.

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Joan Martínez Alier

ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Spain

www.ejolt.org

www.eco2bcn.es

www.ecologiapolitica.info

New book: Ecological Economics from the Ground Up, 2012

http://www.routledge.com/books/details/9781849713993/ 

POBLADORES DE ESPINAR AFECTADOS A SU SALUD POR PRESENCIA DE METALES INICIAN DEMANDA DE CUMPLIMIENTO CONTRA EL ESTADO PERUANO POR NO ATENDER SUS DEMANDAS

Categoría: PerúPublicado: Jueves, 14 Mayo 2015 02:21Autor: Derechos Humanos sin Fronteras- DHSFVisto: 351

Miembros del Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar, así como diferentes organizaciones y comunidades afectadas por el proyecto minero de Glencore en Espinar como son: la asociación ADEPAMI, FREDERMICE, Comité de Usuarios de Qetara, Sector Pacpacco de la comunidad  de Alto Huancane y la

Comunidad de Huisa presentaron el día de hoy en el  Juzgado Mixto de Espinar una Demanda de Acción de Cumplimiento para que el Gobierno Central establezca políticas públicas en favor de la salud y el medio ambiente para las personas afectadas por metales pesados en su organismo en el área de influencia del proyecto minero de Tintaya - Antapaccay en Espinar.

Como se sabe a raíz del conflicto de mayo del 2012 suscitado  entre la empresa minera Xstrata, hoy Glencore, y la población de Espinar se realizaron varios monitoreos e informes por diferentes entes sectoriales del Estado, uno de estos informes fue realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) que en el 2013 dio como resultado, que de 180 personas que participaron en las muestras, se detecto la presencia de metales pesados como: cadmio, arsénico, mercurio, plomo y talio. Además en este caso se detectaron una serie de irregularidades, ya que  inicialmente solo se informó a la población del análisis de 06 metales pesados, sin embargo a finales del 2014 el CENSOPAS entrego resultados de 11 metales pesados adicionales de los que los afectados no tenían conocimiento.

Por ello los afectados por metales pesados han venido exigiendo la atención a su salud desde hace varios años, ya que el informe de CENSOPAS y de las otras instancias del Estado solo evidenciaba que estas personas conviven con estos metales en su organismo, sabiendo que estos pueden afectar gravemente a su salud, sin presentar ni implementar en su momento desde el MINSA un plan de atención integral para la salud de estas personas.

Frente a esta inacción del Ministerio de Salud y de otros entes sectoriales del gobierno central los afectados se organizaron en un Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar y mediante esta organización vienen demandando al Ministerio del Ambiente, OEFA, al Ministerio de Salud y sus órganos descentralizados (CENSOPAS y DIRESA), al Ministerio de Agricultura y sus órganos descentralizados (SENASA y ANA) así como el Gobierno Regional del Cusco, solicitando expliquen la causa de la presencia de metales pesados e implementen políticas públicas integrales y participativas a favor de las personas afectadas a su salud. De otro lado se solicita al Ministerio del Ambiente (MINAM), para que declare en emergencia sanitaria y ambiental las zonas afectadas, y se ordene la inmediata realización de un examen epidemiológico y toxicológico a las personas afectadas.

Estas acciones constituyen un esfuerzo conjunto de varias organizaciones sociales y comunales que vienen impulsando la demanda, así como con el apoyo de instituciones como el Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos sin Fronteras, APORVIDHA, Cooperaccion, Solsticio, IDLAS y el Medico Fernando Osores.

Finalmente todos estos hechos fueron públicamente presentados en una Conferencia de Prensa realizado en la sala de prensa del Gobierno Regional del Cusco el día de hoy martes 12 de mayo del 2015, a partir de las 9:30 de la mañana.

Palabras de los que participan en la conferencia de prensa:

Melchora Surco, afectada por metales pesados de la Comunidad de Alto Huancane en Espinar: “Nosotros venimos a denunciar para que haya justicia, queremos vivir igual que ustedes sanos, yo vivo afectada por esta empresa minera y a mi salud por más de 30 años, ¿Cuándo nos van atender?...”

Abogado Juan Carlos Ruiz del IDL: “En un Estado constitucional, cuando el Gobierno no cumple con proteger los derechos, corresponde a los jueces hacer control al Gobierno para que lo hagan…”

Oficina de comunicación de Derechos Humanos sin Fronteras- DHSF

14° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

Categoría: PerúPublicado: Lunes, 21 Julio 2014 15:20

Autor: Revista Bajo la LupaVisto: 1557

El 14° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú,  elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, CooperAcción y Fedepaz, en esta edición hace un balance de los conflictos por macro regiones: sur, centro y norte. Si bien es cierto, es menor el número de conflictos así como su intensidad, pues los estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros) no se han reproducido; la balanza ha girado hacia el sur andino, siendo además la región que concentra el 53% de inversiones mineras del país.  Apurímac es el departamento que concentra este año el mayor número de conflictos sociales.

El informe hace un análisis del impacto del  recién aprobado Proyecto de Ley  que establece un conjunto de medidas tributarias, la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Este proyecto de Ley debilita las funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM), ejemplo de ello es que  el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) priorizará temas de educación y difusión de la normativa, dejando de lado su función principal que es la de sancionar por tres años.

Asimismo,  el MINAM ya no podrá crear áreas naturales protegidas, tampoco fijará los Estándares de Calidad Ambiental y los Límites Máximos Permisibles, entre otros. Este paquete  de reformas legislativas recuerda a los Decretos Legislativos que originaron los trágicos sucesos de Bagua.

Este paquete  es una  respuesta  a las presiones de los círculos empresariales que desataron una fuerte campaña desde el año pasado  señalando que la economía del país se estaba desacelerando, incluida la minería. Sin embargo, no se puede ser tan categórico en el caso de este sector, pues pese a la caída de los niveles de producción  del oro y las menores cotizaciones internacionales, la evolución del PBI minero metálico podrá seguir siendo positiva en los próximos años, sustentada sobre todo en el salto productivo del cobre, que en principio se duplicaría hasta el 2016. Asimismo, las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas muestran que las inversiones en minería se incrementaron un 18% entre el año 2011 y 2012, superando en el 2013 los US$ 9,700 millones.

El informe sostiene que  las bases objetivas que explicaban el aumento de los conflictos vinculados a las actividades mineras no han cambiado. Además, con la aprobación de ese paquete no sería extraño que aparezcan nuevos escenarios de conflictividad asociados a esta medida. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al mes de mayo, se reportan 135 conflictos socioambientales, es decir, el 63,7% del total (212). De éstos, el 74,1% están vinculados a conflictos generados por la actividad minera (100 casos), situándose a la cabeza de la lista. Además, según los últimos datos, el 20,23% del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir casi 26 millones de hectáreas.

Otro aspecto que caracteriza este momento es el calendario electoral. Este hecho tiene una fuerte influencia, pues los conflictos mineros tienden a “electoralizarse”, de tal manera que los diferentes actores  (líderes sociales y empresas mineras) buscan canalizar sus expectativas, demandas y propuestas. Está claro que para las empresas mineras las elecciones son un escenario clave en este periodo y lograr alcaldes funcionales a sus intereses es un objetivo central.

Uno de los conflictos más relevantes del primer semestre ha sido el de los mineros informales y la organización de la denominada Marcha de los Cuatro Suyos. A pesar del nuevo Decreto Supremo que se promulgó el 20 de abril, por el cual el Gobierno ha puesto en marcha la llamada Etapa de Saneamiento, -que en realidad es una interpretación más flexible de los plazos del proceso de formalización (El Decreto Legislativo N°110 estableció como fecha límite el 19 de abril)-; lo cierto es que los problemas estructurales que han minado hasta ahora el proceso de formalización minera se mantienen y plazos más o menos flexibles no garantizan mayor efectividad (la nueva estrategia tiene como objetivo final el año 2016).

 Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de un Estado con capacidad de actuación multisectorial; además de la coordinación eficiente entre los diferentes ministerios y diversos organismos estatales, es necesario articular con las

regiones.  Conviene recordar que de los 59,556 mineros que se han inscrito en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos, apenas 100 mineros han cumplido con los requisitos. En definitiva, se sigue constatando que desde el Estado no se cuenta con estrategias integrales, con capacidad de intervención multisectorial sostenida en el campo para enfrentar un fenómeno que ha alcanzado niveles alarmantes en varias regiones de país.

La macro región sur. Las regiones de Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna concentran algo más del 35% de los conflictos sociales que se producen en el país,  en su gran mayoría vinculados a la actividad minera.

De estas regiones, Apurímac es, según la Defensoría del Pueblo, la zona que registra el mayor número de conflictos sociales a nivel nacional, representando los socioambientales el 64% de los mismos. Además, el 68% del territorio está concesionado a la industria minera. Entre las principales causas de conflictos destacan temas vinculados al acceso y afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento de compromisos asumidos por las empresas y autoridades nacionales, el uso de tierras sin autorización y la creciente actividad minera informal. Incluso episodios de violencia comienzan a aparecer en el escenario vinculado a la minería informal, como el asesinato de la familia del dirigente de los mineros artesanales de la comunidad de Pamputa, Carmelo Anjo, ocurrida el 19 de septiembre de 2013.

Algunos hechos que, sin duda, marcarán la agenda en esta región en los próximos años son: en primer lugar, la concreción de la venta del proyecto Las Bambas a la empresa china Minmetales por US$ 5,850 millones, y en segundo lugar, el anuncio de una nueva modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas.

Puno es el tercer departamento con el mayor número de conflictos sociales, después de Apurímac y Ancash, con un total de 18 casos, de los cuales la mitad responden a problemas socioambientales principalmente vinculados a la actividad minera. Uno de los temas más complejos en esta región es el de la minería informal y minería artesanal que impactan desde hace varios años las reservas y captaciones de agua de las cuencas de los ríos Suches y Ramis. En cuanto a la minería formal, se registran denuncias de poblaciones por la actividad de Minera La Poderosa, Minsur, Bear Creek, Arasi S.A. y Sillustani. Las demandas giran en torno a los pedidos de consulta previa y temas de compensación por los impactos ambientales.

En la región Cusco, el 23% de su territorio está concesionado a la minería, y el 84% de los conflictos (más de 11 al mes) son por razones medioambientales, vinculados una gran parte de ellos a la minería. Comparte las causas de los conflictos que afectan a Apurímac. Los conflictos alrededor de la gran minería también aparecen en la agenda, siendo el más conocido el de la provincia de Espinar, en torno a las operaciones de la mina Tintaya, en proceso de cierre y el del nuevo proyecto de Antapaccay, propiedad del conglomerado suizo Glencore-Xtrata.

Arequipa (48,4% de su territorio concesionado) aparece, en comparación con las anteriores regiones mencionadas, como una zona con menores niveles de conflictividad, aunque  sí registra algunos casos de conflictos largos y complejos, como es el caso Tía María de la Southern Perú que ha vuelto a la palestra este año tras ser relanzado, luego de varios años de paralización por la oposición de la población al proyecto. La empresa ha señalado que no escatimará  gastos para sacar adelante el proyecto y se anuncia que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) será aprobado próximamente. Alrededor de este caso no se registra un proceso de diálogo formal.

Moquegua es  una región con el 70,6% de su territorio concesionado a la industria minera,   y presenta bajos índices de conflictividad. No obstante, en los últimos meses se han registrado en promedio tres conflictos sociales activos, uno de ellos de carácter socioambiental vinculado a la presencia de la empresa minera Southern, que mantiene actividades de extracción, fundición y refinería en dos provincias de la región. Otro tema importante en Moquegua es el posible desarrollo del proyecto Quellaveco de la empresa Anglo American.

Finalmente, en Tacna- con el 53,9% de su territorio concesionado a la minería-  también se ubica la empresa minera Southern por más de cincuenta años, explotando el yacimiento de Toquepala. Adicionalmente, desde el 2012, la empresa Minsur realiza actividades de exploración en el proyecto Pucamarca, muy cerca de la frontera con Chile.

La macro región centro. Esta zona muestra el renacer de un dinamismo productivo en minería con problemas ambientales que se arrastran.

En Junín, -con el 27% de su territorio concesionado a la minería-,la entrada en producción del mega-proyecto Toromocho, de la empresa Chinalco, se reafirma todo un corredor minero dinámico y con proyección para nuevas inversiones. Este

proyecto avanza pese a tener varios temas pendientes que no han sido solucionados: la falta de diálogo y los problemas ambientales y sociales por el reasentamiento del distrito de Morococha siguen sin solución, a lo que se le suma un inicio accidentado de la fase productiva.

Los administradores del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), en su intento por salir de la crisis, continúan apostando por la reestructuración, aunque ello le cueste la oposición de los trabajadores. Los problemas financieros y laborales de esta corporación están llegando a un punto crítico con el reciente anuncio de la paralización de las operaciones y por el hecho de que el pasado 10 de junio, la Junta de Acreedores de DRP aprobó finalmente el plan de venta del complejo de La Oroya y la mina de Cobriza, presentado por el banco de inversión suizo UBS. La fecha anunciada  para la venta es el próximo 8 de diciembre. Entre los posibles compradores interesados de este complejo con más de 90 años de funcionamiento y que requiere una inversión aproximadamente de US$ 768 millones para su modernización están la empresa Cormin (Trafigura), Buenaventura, Volcan y Glencore. Finalmente, dos temas de fondo que siguen sin abordarse en La Oroya: el estado actual de la población (por exposición a los gases tóxicos) y la responsabilidad de la remediación de los suelos que recae en el Estado peruano.

En la región Pasco, donde el 17,6% de su territorio está concesionado a esta industria, la situación parece ser la misma año tras año. Un Estado ausente para encarar el proceso de reasentamiento involuntario que no termina de reglamentarse y que tampoco enfrenta el grave problema de contaminación del aire, suelo y agua, que afecta la salud de la población a niveles muy elevados. De las doce empresas que trabajan en Pasco, cinco están vinculadas a la empresa Volcan, que en la última década ha logrado consolidarse y expandirse a través de empresas subsidiarias. A nivel de fiscalización ambiental, en febrero del 2014, el OEFA impuso dos multas por un total de 250 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a Volcan por infringir la normativa ambiental en la Unidad Minera de Cerro Pasco. Pese a estos recurrentes problemas ambientales, Volcan tiene proyectado seguir creciendo en Pasco, con una explotación diversificada en metales base y preciosos.

La macro región norte. Esta zona ha estado fuertemente vinculada al proceso de expansión minera y ha sido el epicentro de una fuerte conflictividad en diversos momentos. Cajamarca, Piura y ahora también Amazonas y Lambayeque son casos representativos de varios ejes centrales de la conflictividad social vinculada a la minería en lo últimos años.

Amazonas cuenta con el 6,7 % de su territorio concesionado a la minería. Durante el primer semestre de 2014 la Defensoría del Pueblo reportó sólo un conflicto minero en  esta región -que nace en el 2008-: el caso entre comunidades nativas del distrito de El Cenepa y las empresas mineras que proyectan actividades en sus territorios; específicamente la Compañía Minera Afrodita en la Cordillera del Cóndor, por los riesgos de impactos negativos e irreversibles en los frágiles ecosistemas de la zonas y las fuentes de agua que son el sustento de sus habitantes, quienes temen que un futuro cercano se repita el trágico escenario de Madre de Dios.  Las organizaciones indígenas consideran que es ahora el momento adecuado para suspender el otorgamiento de más concesiones mineras y restituir la extensión inicial acordada en 2004 del Parque en la Cordillera del Cóndor como área natural protegida. Si bien la empresa insiste en la titularidad directa e indirecta de varias concesiones mineras en esta cordillera, aún no inicia los trámites necesarios para la explotación de oro a tajo abierto que se había proyectado en la zona.

Cajamarca cuenta con el 40,2% de su territorio concesionado a la industria minera. Esta región mantiene una participación estelar en la cartera de inversiones mineras ocupando el tercer lugar en el ranking. Además registra un gran número de conflictos, el 92% de ellos por causas socioambientales, mayoritariamente relacionados con la actividad minera. Sin duda, el conflicto más importante sigue siendo el del proyecto Minas Conga. Como se sabe, el proyecto pretende explotar dos depósitos con contenido de cobre, oro y plata, afectando todo un sistema de lagunas alto andinas, lo que ha provocado el rechazo y reacción de la población al mismo. En abril se retomaron las movilizaciones, y en mayo la DINOES intervino a un grupo de personas. En ese mismo mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las medidas cautelares sobre el caso Conga solicitadas por varias organizaciones. Este organismo exige al Estado peruano que adopte una serie de medidas para garantizar la vida y la integridad de líderes cuya vida e integridad personal están amenazadas y en riesgo. Además, la detención del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ha causado sorpresa y preocupación, y se especula que es una suerte de “sanción” por oponerse al proyecto Conga.

Piura, con el 30,6% de su territorio concesionado, figura entre las regiones con mayor conflictividad socioambiental. En el semestre, los principales casos de conflicto están vinculados a la creciente presencia de la actividad minera informal, sobre

todo en el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca; y en el distrito de Las Lomas, en Piura; lo que está generando un clima de inseguridad y violencia entre los comuneros, y está afectando las actividades tradicionales de la zona, como es la agricultura. Aunque no hay cifras oficiales, la minería ilegal instalada en el distrito de Suyo, produciría aproximadamente 8 mil kilos de oro al año. Los dirigentes de los mineros de La Servilleta, en Suyo, participaron con una delegación en la protesta nacional denominada Marcha Minera de los Cuatro Suyos, realizada en el mes de marzo y que llegó a la ciudad de Lima. Asimismo, dos casos han marcado la agenda en esta región: el proyecto Tambogrande y el de Río Blanco. En ambos casos, luego de situaciones de enfrentamiento entre la población y los promotores de proyecto, las organizaciones sociales y las autoridades municipales organizaron procesos de consulta que mostraron con claridad y contundencia el rechazo a los respectivos proyectos.

Finalmente, Lambayeque no es una región que haya estado vinculada a la actividad minera en el país, pero han avanzado las actividades de exploración en los últimos años (25% del territorio concesionado a la minería).   Sin duda, el caso más conocido es el del proyecto Cañariaco, ubicado en el distrito de Cañaris. Se ha convertido en un caso relevante porque se trata de una comunidad campesina, reconocida formalmente como indígena, que reclama su derecho a la consulta previa, libre e informada frente a la posibilidad que se desarrolle el proyecto minero. Además de la ausencia de un proceso de consulta, existen serios cuestionamientos a los permisos del uso del terreno superficial. Del otro lado, la denuncia de la comunidad de San Juan Cañaris presentada a la CIDH se encuentra en trámite y ya ésta habría remitido al Estado para que realice sus descargos. En cuanto a la Mesa de Desarrollo instalada desde enero de 2013 y que ha concluido en marzo de 2014, el Gobierno dio por concluida su labor; sin embargo, ha mostrado esta mesa serias limitaciones que han puesto de manifiesto la ausencia de una perspectiva de desarrollo local y clara situación de relación asimétrica entre los actores.

Ratifican sanción a Glencore Xstrata por despidos anti-sindicales

Categoría: PerúPublicado: Jueves, 17 Julio 2014 13:15Autor: Observatorio de Conflictos Mineros en el PerúVisto: 550

Mediante la resolución Nº 009-2014-GR-CUSCO/DRTPE-OZTPEPAA, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo de las Provincias Altoandinas, del Gobierno Regional de Cusco, se ratifica en las sanciones impuestas a la compañía Minera Antapaccay S.A., filial de Glencore Xstrata, por el despido de 35 trabajadores por haber fundado su sindicato.

Cabe resaltar que el descargo presentado por Walter Renán Fuentes Dongo, en representación de la empresa minera fue declarado improcedente; y la multa asciende a S/. 13,376 nuevos soles por infracción al orden sociolaboral.

El poder judicial por su lado, viene dilatando su resolución, pese a que la vulneración de los derechos fundamentales está clara.

15 de julio de 2014

Las discrepancias en las proyecciones del crecimiento de la minería

Categoría: PerúPublicado: Miércoles, 07 Mayo 2014 21:55Autor: CooperacciónVisto: 511

Al parecer las discrepancias entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) continúan. A los dimes y diretes entre el ministro Castilla y el presidente del BCRP, Julio Velarde, le ha seguido la publicación del Marco Macroeconómico Multianual (MEF) y del Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2015 (BCRP).

Si bien las proyecciones que hacen ambos organismos del Producto Bruto Interno para el presente año no varían mucho1, sí llama la atención las diferencias en los pronósticos del sub sector de la minería metálica. Mientras el MEF proyecta un crecimiento de 9,4%, el BCRP apunta a un modestísimo 1,9%. Una diferencia de más de 7 puntos porcentuales.

 

Por qué el BCRP es notoriamente menos optimista que el MEF en el caso de la minería metálica? En el documento mencionado, el ente encargado de preservar la estabilidad monetaria señala que ha revisado “el crecimiento del sector minero metálico de 9,1 por ciento a 1,9 por ciento. Esta reducción contempla una menor producción de cobre esperada por la disminución de las leyes del mineral principal y los depósitos del mineral en algunas minas importantes y un menor ritmo de producción de Toromocho, de acuerdo a lo anunciado por la propia empresa”2. También se menciona la tendencia a la baja de la producción de oro, como consecuencia de la política de interdicción en regiones como Madre de Dios.

Si bien las proyecciones de ambos organismos no siempre han coincidido en el pasado, sí llama la atención la gran diferencia. Por ejemplo, mientras que el año pasado el MEF pronosticó un crecimiento de 3.5% para la minería metálica, el BCRP proyectó un crecimiento del 2%. Finalmente el resultado consolidado de la minería metálica el año 2013, fue de 2.18%.

¿Qué puede pasar finalmente este año? Lo cierto es que en los primeros meses del año el crecimiento de la minería metálica ha continuado boyante. En enero fue 8,13% y en febrero casi bordeó los dos dígitos: 9.80%. Los reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática señalan que los niveles de crecimiento logrados se respaldan, sobre todo, en el crecimiento sostenido por los mayores niveles de extracción de Antamina, asociada a la ampliación de su capacidad de tratamiento de minerales, Southern, El Brocal, Milpo, la consolidación de Antapaccay y por supuesto el aporte del proyecto Toromocho, que inició su fase operativa en los últimos meses del año 2013.

Si bien el argumento de una menor ley de mineral debe ser considerado, parece difícil pensar en una suerte de parada en seco de la dinámica productiva alcanzada en los últimos meses. El aporte de Toromocho, así sea a un menor ritmo de lo esperado, por los problemas ambientales que ha ocasionado, es un adicional a los niveles de producción alcanzados el año pasado.

En todo caso lo que debe quedar claro es que la minería ha iniciado desde el año 2012 una nueva etapa de expansión productiva, aunque todavía queda por ver cuáles son los niveles que finalmente se lograrán. Si en algo coinciden el MEF y

el BCRP, es que el 2015 la minería alcanzará los niveles más altos de expansión de los últimos 20 años: el MEF proyecta un crecimiento de 14,7% y el BCRP de 15,6%.

Habrá que seguir con atención las cifras de los diferentes productos mineros en los próximos meses para ver cuál de las dos proyecciones se acerca finalmente a la realidad.

1 Mientras el MEF proyecta un crecimiento de la economía peruana del 5,4%, el BCRP apunta a un 5,5%.

2 Reporte de Inflación. Abril 2014. BCRP.

07 de mayo de 2014

Espinar resumen informativo

Categoría: PerúPublicado: Viernes, 16 Agosto 2013 16:47Autor: Observatorio de Conflictos Mineros en el PerúVisto: 1248

 

Son varios los hechos en Espinar que han exacerbado los ánimos de la población y sus autoridades. El recorte en el monto por canon minero que recibe la municipalidad sumado a la solicitud de la fiscalía de diez años de pena privativa de la libertad para el alcalde provincial Oscar Mollohuanca y otros líderes de la provincia son hechos que han generado malestar y el anuncio de posibles movilizaciones en la provincia.

A continuación presentamos los principales hechos del presente periodo:

 

REGISTRO DE OCURRENCIAS  

01.07.13EspinarA comienzos de junio, se desarrolló en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Espinar (MPE) la reunión de consolidación del Informe final del Monitoreo Ambiental Participativo. Participaron los representantes del MPE, Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Agricultura (MINAG), Gobiernos Regional de Cusco (GORE CUSCO), Instituto Geolçógico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicion Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente (CENSOPAS), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Frente de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE) y sociedad civil. Se lograron incluir observaciones importantes del MPE, con el apoyo del MINAM, OEFA y DIGESA.Representantes del MPE, MINAM, MINEM, MINAG, GORE CUSCO, INGEMMET, ANA, SENASA, CENSOPAS, OEFA, DIGESA, FUDIE, FUCAE y sociedad civil

09.07.13EspinarEl cierre de la unidad minera de Tintaya , que opera en la provincia cusqueña de Espinar, requerirá una inversión aproximada de *US$215 millones.

El ingeniero Luis Espinoza, superintendente de Gestión de Cierre de Tintaya, indicó que desde fines del 2012 se inició el cierre progresivo de la mina y se estima podría concluir en el año 2039.

“La inversión total será de US$215 millones, incluyendo costos directos e indirectos, de los cuales 56,36% corresponden al cierre progresivo; 35,90% al cierre final; y 7,74% al post-cierre.

Ingeniero Luis Espinoza, superintendente de Gestión de Cierre de Tintaya

17.07.13 EspinarMás de 200 comuneros de Mamanoca Pichigua y de Collpa Bertana en la cuenca del río Salado, participaron del informe final del monitoreo ambiental realizado en la provincia de Espinar,  por especialistas del Ministerio del Ambiente, del OEFA, ANA y la DIGESA.

18.07.13EspinarSe llevaron a cabo reuniones de la Secretaría Técnica de la Mesa de Diálogo (MPE, MINAM, MINEM, GORE CUSCO, XSTRATA, FUDIE y FUCAE), en la cual acordaron modificar las conclusiones del Informe Final del Monitoreo para que refleje el contenido de dicho informe, como parte de un Informe Final de la Mesa de Diálogo.

Secretaría Técnica de la Mesa de Diálogo

01.08.13EspinarA través de un pronunciamiento, el Municipio Provincial de Espinar ha manifestado su disconformidad por los recortes en los montos de las transferencias por concepto de canon minero para este ñaño 2013. En efecto, los montos recibidos se han reducido en más del 92%, por lo que la municipalidad provincial, al igual que sus distritos, vienen exigiendo que se cumplan con las transferencias previstas para este año y se restituyan los presupuestos recortados.Municipio Provincial de Espinar

01.08.13IcaLa titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, María Ley Tokumori, solicitó diez años de prisión para el alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, Óscar Mollohuanca, por protestar violentamente contra la minera Xstrata Tintaya entre el 21 al 30 de mayo del año 2012. La medida restrictiva también fue planteada para los dirigentes del Frente Único de Defensa, Herbert Huamán Llave y Sergio Huamaní. Según la fiscal, se les acusa de haber sido autores de los delitos de atentado contra la seguridad, disturbios y apología del delito.Titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, María Ley Tokumori

02.08.13LimaEl MINAM dio a conocer  que la reducción de la transferencia del canon minero a las regiones y municipalidades del país, dentro de las que se encuentra Espinar, en Cusco, no impedirá la continuidad del proceso y los acuerdos definidos en la última reunión de la Secretaría Técnica de la Mesa de Diálogo.MINAM

04.08.13LimaMinistro de Agricultura reafirmó que Majes II se ejecutará cuando se entreguen estudios hídricosMinistro de Agricultura

ALGUNOS ELEMENTOS PARA EL ANALISIS:

Un primer elemento positivo que se debe destacar es que se está en la última etapa del Informe Final del Monitoreo Ambiental, que presenta las siguientes conclusiones:

•Como primera conclusión, se estableció que sólo indicaría que el 52.71% de puntos muestreados exceden los estándares ambientales. Más de la mitad de los puntos muestreados presentan contaminación.

•La segunda conclusión, se menciona la asociación de las muestras de aguas superficiales y subterráneas cercanas a las operaciones de Xstrata, que exceden los estándares ambientales y la zona de actividad minera.

•La conclusión de CENSOPAS, se menciona la presencia de metales pesados en las comunidades de Alto Huarca y Huisa.

•Lo referido a SENASA, se dice que la muestra no es representativa y que se necesita un estudio para determinar la muerte de animales.

El MINAM ha anunciado que estas conclusiones van a ser aclaradas y redactadas en un lenguaje entendible para toda la población de Espinar, para así facilitar la comprensión de las mismas por todas las comunidades de la provincia. 

Por otro lado, un hecho que ha preocupado a la población y que ha motivado un enérgico pronunciamiento desde la municipalidad provincia ha sido la drástica reducción de las transferencias del canon minero, lo que significa un recorte de más del 90% de los ingresos programados para este año. 

Hay que considerar que si bien las cotizaciones de los principales metales han cedido en los mercados internacionales y ha habido retrasos en el desarrollo de algunos proyectos debido a los niveles de conflictividad, si llama la atención que en regiones en las que no existen retrasos en los cronogramas de ejecución de la cartera de inversión minera, hoy hayan fuertes recortes en las transferencias del canon minero.

La región Cusco es un claro ejemplo pues los proyectos mineros no parecen haberse retrasado: el proyecto Antapaccay inició su etapa de producción, de acuerdo a lo previsto, en el último trimestre del año pasado. Otros proyectos, como el de Constancia en la provincia de Chumbivilcas, sigue desarrollándose de acuerdo a lo planificado.

¿Por qué un recorte tan drástico en el caso del Cusco? Aparentemente un factor es la menor producción de la mina de Tintaya (en procesos de cierre) y el inicio de Antapaccay, que todavía no se encuentra en plena producción. Pero además, el otro tema que debe ser por lo menos considerado, tiene que ver con la permanencia de algunos beneficios tributarios, como la devolución anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), etc., o los convenios de estabilidad tributaria que en una coyuntura de menor bonanza se dejan sentir.

Otro tema relevante que vale la pena analizar es por qué han fallado en tal magnitud las proyecciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. En efecto, la transferencia programada para Espinar era de 65´531,309.00 millones de soles y van a recibir apenas 5´031,688.88 millones de soles. ¿Qué explicaciones ha dado el MEF al respecto? ¿No tiene acaso alguna responsabilidad en haber presentado montos inexactos que han inducido a los municipios a error al planificar sobre montos irreales? 

Finalmente, la solicitud de 10 años de prisión contra el alcalde de Espinar y varios dirigentes de Espinar han generado mucho malestar en la población, quien amenaza con nuevas protestas ante una solicitud fiscal que de lejos es desproporcionada e injusta.

El conflicto entre la comunidad de Espinar y la minera Xstrata Tintaya

Hace poco se dio a conocer en los medios una lista de conflictos sociales a punto de estallar en el país. Sin embargo, el conflicto socioambiental existente en la provincia de Espinar, región Cusco, entre la comunidad y la minera Xstrata Copper – Tintaya, no considerado en dicha lista, es el que ha saltado a titulares hoy. Al respecto de este caso, la Defensoría del Pueblo en su reciente informe lo define (pdf, pag. 40) de la siguiente manera:

La Provincia de Espinar demanda a la empresa minera Xtrata Copper – Proyecto Tintaya Antapacay ampliar los aportes al desarrollo socioeconómico; cerrar o reubicar la presa de relaves de Huanipampa; y asumir compromisos ambientales ante posibles impactos susceptibles de generarse como consecuencia de sus actividades en la zona.

El conflicto va, al momento de escribir esto, por el octavo día de huelga indefinida de la comunidad, y los actos de protesta escalan tanto a hechos de violencia como de represión. Pero no se trata de un conflicto reciente. En el blog de la Revista Willanakuy Cusco, hacen unacronología de los hechos que han conducido a la situación actual:

1. A partir del año 2000 la población de Espinar se moviliza exigiendo a la Empresa Minera (en ese entonces BHP Billiton) suscribir un acuerdo; para establecer reglas claras de convivencia con la actividad minera, debido a la existencia de denuncias por contaminación ambiental y violaciones a los derechos humanos; como resultado de varias movilizaciones sociales, finalmente el año 2003 se suscribe un acuerdo, que ahora se conoce como Convenio Marco. […]

5. En el año 2010, cobra mayor fuerza la necesidad de una revisión del Convenio Marco y se plantea claramente la fiscalización económica y un balance de los compromisos y actividades asumidos por Xstrata Tintaya dentro del Convenio Marco; […] En este mismo año 2010, continúan las denuncias sobre apariciones de nacimientos de animales deformados, acusando a la actividad minera de ser la causante.

Entre los hechos más recientes anotan:

8. El 28 de noviembre del 2011, la Municipalidad Provincial de Espinar, cursa una carta notarial a los representantes de Xstrata Tintaya; adjuntando la propuesta de Reformulación del Convenio Marco.

11. El 10 de febrero del 2012 […] se conoce en Espinar el estudio de riesgos a la salud por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar, […] en este documento se advierte la necesidad de realizar monitoreos permanentes en la población, “…28 personas con valores superiores al lìmite de referencia con mercurio; 24 personas con valores de arsénico superiores al límite referencial y 10 personas con valores de cadmio por encima del valor referencial; las muestras de agua tienen concentraciones de arsénico y mercurio por encima de los estándares de calidad ambiental…”

La actual huelga corresponde a un acuerdo tomado por la comunidad el 22 de marzo, en vista que tras varias reuniones con la minera, no se ha llegado a ningún acuerdo sobre si se iniciará o no el proceso de reformulación del Convenio Marco. El día 21 de mayo se inició la huelga y al día siguiente se reportó que no hubo mayor respaldo a la medida. Los informes del segundo día de huelga sin embargo dieron cuenta de dos heridos de bala cuando los manifestantes intentaron tomar la caseta de bombeo de agua cerca al campamento de la empresa minera.

El tercer día de huelga vió un enfrentamiento en la entrada del centro poblado de Marquina, cuando policías desalojaban a pobladores que ocupaban la vía pública, resultando heridos 11 pobladores y algunos detenidos, exigiéndose además la presencia del Presidente del Consejo de Ministros en la zona. Por su parte el Ministro de Energía y Minas declaró que la empresa Xstrata “tiene bastante responsabilidad ambiental y social” y agregó que “hay grupos que pueden tener otros intereses para crear conflictos.” La empresa informó mediante un comunicado que en todo momento han promovido el diálogo.

El cuarto día de huelga se realizó una marcha al campamento de Xstrata, lo que ocasionónuevos enfrentamientos, quedando esta vez siete heridos, entre ellos el alcalde de Espinar. Un representante del ejcutivo declaró que no se podría instalar comisión de alto nivel debido a la carencia de condiciones de seguridad al respecto.

El quinto día de huelga fue testigo de una paralización completa de la ciudad así como de bloqueo de carreteras, pero también del anuncio por parte del ejecutivo del envío de una delegación para promover el diálogo y establecer una agenda de trabajo, y de las declaracionesdel Presidente Humala sobre que en Espinar “Hay grupos de la misma filiación que la de Cajamarca, violentista, tratando de llevar un petitorio extremista”.

El sexto día de huelga llegó con la información de que la provincia de Espinar pierde 200 mil soles por cada día de huelga, y luego, que el diálogo entre los representantes del ejecutivo que habían llegado la noche anterior y la comunidad, se había frustrado. Y mientras los manifestantes pedían que la reunión con los Viceministros fuera pública, éstos pedían a los manifestantes deponer la huelga y no postergar el diálogo.

El sétimo día de huelga fue relativamente tranquilo, aunque las actividades continuaron paralizadas en la ciudad y había piquetes por varias zonas, mientras el campamento minero era resguardado por más de 100 policías. El Viceministro de Minas descartó el cierre de la mina, yrecalcó ademas que el paro “tiene el mismo modelo” que el de Cajamarca. Por su parte el presidente de la Sociedad Nacional de Minería indicó que Xstrata Copper está dispuesta a dialogar, añadiendo que hay “una política concertada para rechazar la inversión privada en el país, y este es un proyecto importante, pues estamos hablando de una inversión de más de 4,000 millones de dólares.”

El octavo día de huelga empezó con las declaraciones del Primer Ministro Valdés indicando que los “Manifestantes en Espinar solo quieren radicalizar sus protestas”. Luego se confirmó el rumor de que diez trabajadores de empresas concesionarias de la minera habían sido retenidospor los manifestantes ayer, siendo liberados el día de hoy lunes. Luego, pasado el medio día seinformó de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, en cerros aledaños al campamento minero de Xstrata Tintaya, que terminaron con el trágico saldo de dos manifestantes muertos y por lo menos seis heridos.

En horas de la tarde se supo del secuestro del fiscal provincial de Espinar por parte de los pobladores quienes además incendiaron el vehículo en el que se desplazaba y lo habrían llevado descalzo al poblado de Yauri (Posteriormente se informó que estaba a salvo). También se indicaque se habría incendiado el local de la Fundación Tintaya en Espinar. (Ver fotos de la jornada de protestas acá.) El Ministro del interior informó que hasta el momento hay 76 policías heridos productos de todos estos días de enfrentamientos. Ante estos hechos de violencia el gobierno optó, en horas de la noche, por declarar el estado de emergencia en la provincia de Espinar durante 30 días.

Uno de los informes provenientes de Espinar que más ha impactado a la tuitósfera local es el de un video donde se aprecia a un francotirador de la policía apuntando y disparando a un camarógrafo, el cual graba hasta el momento que la bala le impacta La minera Xstrata Tintaya ha informado que no cederá a las demandas económicas solicitadas por el alcalde de Espinar, pero que sin embargo, continuará apostando por el diálogo. Cabe indicar que la provincia de Espinar recibió 300 millones de soles de presupuesto en el 2011 pero la pobreza sigue en 64.4%. Así que es dable pensar que el problema no está en los recursos si no en el uso que se les dá y cómo se administran. Esto por supuesto, es muy aparte de los problemas y daños medioambientales que puedan estar ocasionando las actividades mineras en la zona y que se ilustran en los videos a continuación (partes en quechua, sin subtitular).

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL CONFLICTO EN LAS BAMBAS

El proyecto minero de Las Bambas se ha convertido en el centro de un grave conflicto social. En esta nota especial, LaRepublica.pe enumera los puntos más importantes para entender este tema.

Las protestas dejaron un saldo de 3 muertos y varios heridos entre manifestantes y policías.

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en varias provincias de varias regiones de Apurímac y Cusco a raíz de las protestas en contra del proyecto minero Las Bambas, que ya han dejado un saldo de tres fallecidos y varios heridos. A continuación LaRepublica.pe explica las claves para entender este conflicto social.

1. Antecedentes

Corría el año 2004 cuando la empresa Xstrata Copper obtuvo la licencia para explorar Las Bambas. Este proceso concluyó en el 2008 luego de que la empresa perforara un total de 306 908 metros acumulados.

 

En el 2010 se realiza la primera audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en Apurimac. Asimismo se suscribe el contrato de transferencia de la titularidad de las concesiones mineras con el Estado con una inversión estimada en 5 mil millones de dólares. Al año siguiente (2011) el Estado aprobó el EIA con lo que se inicia el proceso de construcción de la inversión planeada.

Si bien hasta entonces la relación de las comunidades con el proyecto había tenido algunos altibajos, el trato era predominantemente positivo. Pero todo cambió cuando en mayo del 2013 las empresas Glencore (australiana) y Xstrata (china) se fusionaron. Debido a las leyes antimonopolio de China, Xstrata se vio obligada a vender el proyecto de cobre.

Así, en abril del 2014, Las Bambas fue comprado por un consorcio conformado por las empresas MMG Limited (62,5 %), una subsidiaria propiedad de Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %). A diciembre de este año, el avance del proyecto se encontraba en el 80%, pero la situación dio un giro.

2. ¿Qué piden los opositores al proyecto?

Con la compra del megaproyecto minero también hubo modificaciones en este lo que provocó el rechazo de varias comunidades campesinas y organizaciones de las zonas de impacto en la región de Apurimac. 

Entre estos cambios se encuentran: la no construcción del mineroducto (que pone en riesgo las zonas aledañas por el transporte del mineral); la construcción de una planta de molibdeno en Fuerabamba (que podría afectar al río Challhuahuacho) y la construcción de otra planta de filtros en el lugar.

Los manifestantes piden que estan plantas sean retiradas y que el proyecto sea puesto a consulta previa, aduciendo los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Por otra parte, las comunidades de los distritos de Grau, Challhuahuacho, Maray Ccapacmarca, piden ser incluidos en la zona de influencia del proyecto debido a que se ubican en la Línea de Transmisión Eléctrica y la Vía de Transporte de Carga Pesada.

3. La respuesta del gobierno

Tras lamentar la violencia que se dio en las protestas, el presidente Ollanta Humala  decretó estado de emergencia en varios distritos de las regiones de Apurímac y Cusco. Mientras que el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba-Cotabambas, Ronald Bello Abarca, explicó que desde hace varios meses vienen pidiendo el diálogo con el gobierno, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, minimizó la existencia de dicho frente en un programa de televisión.   Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado en el que asegura que la empresa presentó en el 2013 un Informe Técnico Sustentatorio(ITS) sobre "la incorporación de la planta de molibdeno y de filtrado" con el que se concluyó que no tendrá un impacto ambiental significativo en la zona. Asimismo asegura que no se ejecutaron los talleres de participación ciudadana porque en el caso de los ITS, esta información solo se difunde a "las autoridades locales y provinciales correspondientes". El gobierno no puede alegar que no sabía de las preocupaciones de la población por los cambios en el proyecto porque el gobernador regional de Apurímac,Wilber Venegas, lo informó en su momento al Ministerio de Energía y Minas pero le respondieron que estas modificaciones "no eran sustanciales y estaban de acuerdo a ley".

4. La importancia del proyecto Las Bambas

Con reservas minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales por 10.5 millones de toneladas métricas de cobre, Las Bambas es el proyecto minero más grande del país y cuenta con una inversión de 10 000 millones de dólares. Para el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva la economía peruana depende, entre otros factores, de este tipo de proyectos comiencen a operar. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, la minería representa el 11% del Producto Bruto Interno. Otros proyectos mineros importantes son el de Toromocho, con una inversión de US$3 500 millones; Constancia, con US$1 400 millones; y la ampliación de Cerro Verde por US$4 600 millones.

En el Perú se han reportado 214 conflictos sociales, de acuerdo al último informe mensual de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

Estos involucran tanto a sectores institucionales como a privados. El informe precisa, además, que 150 son conflictos activos y 64 conflictos latentes. De los registrados, 78 se encuentran en proceso de diálogo.

La Defensoría también alertó que en setiembre se registraron 4 nuevos conflictos en el país, todos ellos relacionados a problemas socioambientales. 

Por otro lado, el reporte de setiembre indica que la mayor parte de los actuales problemas sociales se concentran en las regiones de Apurímac (22 casos), Áncash (20 casos), Puno (19 casos), Cusco (16 casos), Piura (15 casos), Cajamarca (14 casos), Loreto (13casos), Ayacucho y Junín (12 casos).

¿En quiénes recae la principal competencia de los conflictos sociales actuales? En el Gobierno Nacional, con 137 casos, el 64% de los registrados. A nivel regional, 42 casos (19.6%) y a nivel local, 22 casos (10.3%).

Llamado a candidatos

En conversación con El Comercio, Vladimiro Huaroc, ex jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, precisó que "el Ejecutivo ya no tiene acciones preventivas (respecto a los conflictos sociales), pues ha renunciado a todas ellas".

Además, hizo hincapié en que el Gobierno actual ha perdido las oportunidades para solucionar los conflictos sociales. Por otro lado, sugirió a los candidatos a la presidencia que se planteen una política de gobierno para darle solución a este tipo de problemas y cumplan con lo que se comprometen. "Que garanticen las inversiones y le den gobernabilidad al país", recalcó. 

Revisa este interactivo para conocer qué tipo de conflictos sociales son los más recurrentes en el país.

Creo que el Gobierno ha perdido la brújula, el horizonte, en cuanto se refiere a la acción preventiva de los conflictos. Se ha dejado en manos de instituciones diversas que, al no tener una responsabilidad centralizada, hacen muy poco para prevenir los conflictos que podemos tener en los próximos meses”.

Ley de Consulta Previa no es un remedio milagroso según especialistas

Por Tiffany Grabski / Business News Americas

La Ley de Consulta Previa de Perú podría ayudar a resolver algunos de los conflictos sociales que enfrenta el sector minero, pero claramente no

es una solución infalible, de acuerdo con José de Echave, fundador de la ONG CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental del

Ministerio del Ambiente.

“Tal como están las cosas en el país, especialmente la relación con pobladores indígenas y sobre todo relacionado con el conflicto vinculado con

las industrias extractivas, yo creo que no hay remedio milagroso, es decir, no hay un solo instrumento que permita que estos conflictos se vayan

a canalizar”, dijo De Echave a BNamericas en el marco del foro de las industrias extractivas organizado por CooperAcción para celebrar sus 15

años.

La Ley de Consulta Previa fue aprobada por el Congreso en agosto del 2011 y tiene por fin cumplir con el convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo sobre el derecho de las comunidades indígenas a participar en proyectos de desarrollo en sus tierras. El reglamento de

la norma fue promulgado en el Diario Oficial en abril de este año.

Participantes del sector creen que contar con acuerdos previos entre las compañías y las comunidades locales son una manera de avanzar en

muchos proyectos mineros que se han retrasado en Perú por la oposición local.

A fin de comenzar a implementar la ley, el gobierno indicó en abril que estaba trabajando en un catastro de todas las comunidades indígenas que

deben ser consultadas y de sus representantes. Sin embargo, este aspecto clave de la norma sigue pendiente. Un funcionario del Ministerio de

Cultura dijo a BNamericas que el catastro estaría listo dentro de los próximos meses.

AUDIENCIA ANTE CIDH

En tanto, organizaciones indígenas locales agrupadas en el Pacto de Unidad tienen previsto solicitar cambios a la aplicación de la ley ante la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 1 de noviembre, según informó la prensa local.

Las organizaciones pidieron que se realizara la audiencia porque argumentan que el gobierno no está escuchando sus opiniones.

“No basta la ley y el reglamento”, aseveró el abogado Javier La Rosa, quien representará al Pacto de Unidad ante la CIDH, de acuerdo con el

diario Gestión. El profesional también indicó que todavía no se crea la base de datos de las comunidades indígenas y que tampoco se ha

publicado la guía como lo estipula la ley.

“El Estado, creo yo, ha perdido hace mucho tiempo la confianza de la población. La población no confía en el Estado ni tampoco en los

instrumentos que ese Estado tiene para hacer frente a los conflictos”, señaló De Echave al ser consultado el motivo del descontento de las

organizaciones indígenas con la norma.

CONFLICTO SOCIAL E INVERSIONES

Los retrasos que han sufrido proyectos mineros a causa de la oposición social se han ido extendiendo en los últimos años. Ello incide en la

cartera de inversiones de Perú, que suma unos US$53.700mn. En el último año se han organizado protestas en contra de proyectos u

operaciones de compañías internacionales como Newmont Mining (NYSE: NEM), Barrick Gold (NYSE: ABX), Xstrata(LSE: XTA), Southern

Cooper (NYSE, BVL: SCCO) y Anglo American (LSE: AAL).

En el 2013 está prevista una inversión de US$4.000mn en actividades mineras en Perú, cifra que constituye un descenso respecto de los

US$6.000mn anticipados anteriormente y de los US$7.200mn contemplados para este año, manifestó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo

y Energía (SNMPE).

Perú registró 238 casos de conflictos sociales en septiembre, de los cuales 167 (70,2%) están activos y 71 (29,8%) están latentes, de acuerdo

con un reporte de la Defensoría del Pueblo.