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CASO DE MORALES FELICIANO Y EL HACINAMIENTO CARCELARIO

EL CASO MORALES FELICIANO Y EL ATAQUE DELIBERADO DE

CAUSAR SUFRIMIENTO

Carlos E. Ramos González*

A Harvey B. Nachman (q.e.p.d.), por su compasión.

I. INTRODUCCIÓN

Pocos litigios, bien en la jurisdicción federal o en Puerto Rico, han impactado la

sociedad puertorriqueña como el llamado caso Morales Feliciano.1 Hoy, año 2003,

luego de veintitrés (23) años de radicado, continúa litigándose en la jurisdicción federal.

Desde una perspectiva jurídica e incluso académica, es muy escaso, si alguno, el análisis

serio y riguroso que se ha hecho de este proceso judicial. El presente escrito tiene como

propósito cumplir con la encomienda de la Junta Editora de nuestra Revista Jurídica de

hacer una breve reflexión matizada por las anécdotas y conocimiento personal que el

autor tiene del caso. Por su propósito limitado, nos concentramos en sus etapas iniciales.

El estudio formal del fenómeno Morales Feliciano queda sobre el tapete como agenda y

reto para los juristas y otros científicos sociales. Ojalá que la narración que prosigue les

sirva de estímulo a tan necesaria investigación.

II. ORIGEN DEL CASO

La década de los 70, produjo en Estados Unidos una explosión de litigios relacionados

con las condiciones de confinamiento de los sistemas carcelarios estatales y

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federales. Las causas fueron múltiples, pero todas apuntan a una realidad ineludible: por

demasiado tiempo los norteamericanos pensaron de forma consciente que la función de

la cárcel era una exclusivamente punitiva y represiva. La Constitución de Estados

Unidos y de muchos estados no acompañaba al confinado dentro del penal. Por tanto, y

revelando una indiferencia brutal hacia la condición humana del reo, los tribunales

adoptaron una actitud de “manos afuera” cuando el confinado tocaba sus puertas con

demandas de reivindicación de derechos civiles. Un evento desgraciado motivó un

cambio en esta visión: la revuelta de la prisión más grande del Estado de Nueva York,

Áttica, la cual dejó perplejos a muchos. Por primera vez, la opinión pública

norteamericana veía una institución penal “por dentro”.2

Puerto Rico no pudo escaparse de ese movimiento. En 1974, ocurrió un motín de

proporciones humanas dantescas en la institución penal más antigua del país, La

Princesa, construida en 1837.3 Evocando lo sucedido en Estados Unidos, a través de la

llamada “Ley de Derechos Civiles” (Civil Rights Act),4 en el Tribunal de Distrito de

Estados Unidos en Puerto Rico, se sometió una acción de clase cuestionando las

condiciones de confinamiento en dicho penal. El tribunal (Hon. J. Torruellas) ordenó el

cierre de la institución.5 La noticia produjo una reacción inmediata de los confinados en

el resto de las instituciones penales del país. Decenas de cartas y acciones por derecho

propio comenzaron a recibirse en dicho foro. Es evidente que, tanto en Puerto Rico

como en Estados Unidos, un confinado estatal no tenía muchas esperanzas de que el

sistema judicial que lo sentenció le abriera las puertas para litigar las condiciones de su

confinamiento. Si bien es cierto que algunos jueces y juezas, por su cuenta, daban

seguimiento a las decenas de cartas que recibían a menudo, no existía ningún plan

sistemático para encauzar esas quejas. En la jurisdicción federal, sin embargo, estaba en

pleno apogeo la doctrina que establecía que las cartas-querellas y/o demandas por

derecho propio de los confinados debían ser interpretadas liberalmente, a los fines de

determinar si había jurisdicción federal y si planteaban una causa de acción válida.6 Más

aún, los magistrados federales ayudaban a dirigir esos reclamos. En 1975, el tribunal

acogió una acción de clase cuestionando la constitucionalidad de los procedimientos en

la Junta de

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Libertad Bajo Palabra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El caos que reinaba en

esta agencia era de tal magnitud que el Gobierno de Puerto Rico tuvo que firmar unas

estipulaciones reglamentando un proceso adecuado a seguirse.7 Estas estipulaciones

aumentaron aún más las cartas/querellas de los confinados en la jurisdicción federal.

Desde el punto de vista de la administración de la justicia, el Tribunal Federal encaraba

un gran reto: dar una respuesta adecuada a estos reclamos. ¿A quién referir los asuntos?

¿Cuántos abogados estarían disponibles para representar a los confinados?

Harvey B. Nachman, un abogado norteamericano residente en Puerto Rico desde hacía

muchos años, especialista en casos de daños y perjuicios en la jurisdicción federal,

considerado por muchos el mejor abogado litigante de ese foro y uno de los más

respetados, decidió insertarse pro bono público en este tipo de litigio. A él se le unió

José Fernández Seín, prestigioso abogado puertorriqueño, quién venía de una intensa

experiencia trabajando como asesor del gobernador Rafael Hernández Colón y, luego,

como abogado litigante de Servicios Legales de Puerto Rico (en adelante, SLPR). Por

su participación en el caso Montero Torres, ambos recibían muchas cartas de confinados

expresándoles sus angustiosos problemas de confinamiento.8 También, eran requeridos

por la jurisdicción federal, mediante asignaciones de oficio, para investigar querellas de

confinados. Posteriormente, se unieron al litigio otros dos abogados reconocidos de

derechos civiles en Puerto Rico: Carlos V. García Gutiérrez y Harry Anduze Montano.

Ante la gran cantidad de cartas y quejas recibidas, llegaron a la conclusión de que

resultaba casi imposible responder individualmente a cada reclamo. La estrategia a

seguirse sólo podía ser una: presentar una acción de clase. Escogieron como

representante de la clase a un confinado, cuyos reclamos los habían conmovido: Carlos

Morales Feliciano, entonces recluido en la Cárcel de Arecibo construida casi para la

época de La Princesa en San Juan. Estábamos a fines del año 1978.9

Poco tiempo antes de presentarse la demanda, SLPR decidió crear una unidad de litigio

especializada en los derechos del confinado. Ésta inició operaciones bajo la dirección de

la licenciada Nora Rodríguez Matías, quien había sido abogada y profesora del

Programa de Educación Clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad

Interamericana de Puerto Rico. A ella se unió otra abogada de experiencia, proveniente

de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico, Vilma Santiago Irizarry y un

abogado recién graduado con mucho interés en litigios de derechos civiles y en la

jurisdicción federal, Carlos E. Ramos González, autor de la presente reflexión. Los

licenciados Nachman, Fernández Seín y García Gutiérrez invitaron a SLPR a unirse al

caso. Con ello, perseguían ampliar los recursos humanos y financieros necesarios para

un litigio de esta magnitud. Hasta ese momento, el pleito había sido financiado por la

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oficina de Nachman.10 Tanto para SLPR como para los abogados de la práctica privada,

el litigio tenía un objetivo dual: mejorar a la brevedad posible las condiciones de

confinamiento de la población penal, atendiendo de forma sistemática las evidentes

violaciones a sus derechos constitucionales y provocar en el Estado el uso intenso de

medidas alternativas a la reclusión. 11

III. LAS CAUSAS DE ACCIÓN INVOCADAS Y REMEDIOS SOLICITADOS

La demanda incoada incluía, prácticamente, todos los problemas, con implicaciones de

índole constitucional, que padecían los confinados.12 A modo de resumen, digamos que,

prácticamente, la totalidad de las condiciones de confinamiento estaban mencionadas:

hacinamiento; condiciones de salud alarmantes; ausencias de sistemas adecuados de

clasificación; alimentación paupérrima, particularmente para aquéllos en necesidad de

dietas especiales; y la situación de los confinados enfermos mentales. Como remedios

en equidad, se solicitaban un injunction y daños. Se trataba, en esencia, de invocar la

jurisdicción del tribunal para lo que el reconocido jurista y procesalista norteamericano

Owen Fiss llamaba el “injunction estructural”.13 Ya para 1979, se debatía intensamente

en Estados Unidos la conveniencia de forzar la reforma de las gigantescas burocracias

gubernamentales a través de los tribunales y el uso del injunction. Las experiencias en

esta dirección habían sido muy exitosas en litigios relacionados con discrimen racial en

los sistemas de instrucción pública de los estados.14 Al momento de radicarse el caso, ya

existían instituciones penales e incluso algunos sistemas correccionales “gobernados”

por remedios extraordinarios de este tipo, emitidos por tribunales de la jurisdicción

federal. Es importante resaltar que la demanda incoada también solicitaba la concesión

de remedios por daños. Al cabo de veintitrés (23) años de litigio, la celebración de una

vista dirigida a establecer los daños aún no se ha materializado.

La presentación de la demanda el 7 de febrero de 1979 causó que, eventualmente, casi

la totalidad de los jueces que tenían casos pendientes de confinados, particularmente

demandas por derecho propio o interpeladas por abogados de SLPR, quedaran

consolidadas con Morales Feliciano. Desde un punto de vista administrativo, el tribunal

resolvió una gran congestión de casos.

Desde temprano en el litigio (2 de abril de 1979), los demandantes solicitaron y

obtuvieron la certificación de la clase, que incluía tanto convictos como confinados en

espera de juicio (sumariados) de todo el sistema correccional. Es decir, el litigio

abarcaba las instituciones cerradas, abiertas (campamentos) y los Hogares de

Adaptación Social,

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para un total de diecinueve (19) instituciones penales.

IV. EL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA

La primera reacción de los funcionarios públicos demandados, comenzando con el

gobernador Romero Barceló y la Administradora de Corrección, Irba Cruz de Batista,

fue negar los hechos esenciales alegados.15 Lo anterior, marcó la tónica adversativa que

caracterizaría el litigio por los próximos años. A juicio del autor, si algo influyó el

ánimo del juez a cargo del caso, honorable Juan Pérez Giménez, fue esta actitud

contumaz. El juez Pérez Giménez estaba muy sensitivo a los reclamos de la población

penal, pues previo a su nombramiento como juez, se había desempeñado como

magistrado federal. En tal capacidad, había recibido centenas de cartas de confinados

quejándose de las condiciones de su confinamiento.

Los demandantes optaron por un descubrimiento de prueba costoso, pero efectivo: toma

de deposiciones, fotografías, películas y visitas de peritos. El financiamiento de SLPR

hizo posible ejecutar esta estrategia con éxito. Gradualmente, todos los superintendentes

de las diecinueve (19) instituciones penales tenían que acudir a la oficina del licenciado

Nachman para prestar testimonio y producir documentos. Simultáneamente, se obtuvo

una orden del tribunal para entrar a todas las instituciones penales, con autorización

irrestricta para tomar fotografías y películas de las mismas. Para ello, los demandantes

contaron con uno de los fotógrafos de mayor prestigio del país, José Charrón, y un

equipo de filmación de primer orden, Sandino Films. Estos últimos, contaban con

figuras de gran relieve en el cine nacional puertorriqueño como: Roberto Gándara,

Marcos Zurinaga y Milton Graña. Demás está decir que el expediente del caso refleja

cómo los demandados presentaron sin éxito todos los obstáculos posibles para evitar

que el descubrimiento se diera de esta manera.16

Los peritos contratados por los demandantes fueron, particularmente, notorios: se optó

por identificar lo mejor disponible en materia correccional, tanto en Puerto Rico como

en Estados Unidos. De este último país, se contrató al Dr. David Rundel (psiquiatra),

Dr. Lambert King (médico) y David Fogel (criminólogo). Estos tres eran considerados

las figuras más prestigiosas en el campo correccional. De Puerto Rico, se contrató al Dr.

Antonio Díaz-Royo, psicólogo de gran prestigio procedente de la Universidad de Puerto

Rico.

De inmediato y casi por espacio de un año, los demandantes se dedicaron a tomar

deposiciones. Simultáneamente, SLPR administró un cuestionario a toda la población

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penal, que en ese momento ascendía a 4,000.17 Las estadísticas compiladas por la

Administración de Corrección forzaron esta estrategia, pues no tenían la capacidad de

establecer con certeza, incluso, la cantidad de confinados bajo su custodia.

Subsiguientemente, comenzaron las visitas a los penales.

Las visitas mostraban a los abogados y abogadas de los demandantes, un mundo

particularmente dantesco. El hacinamiento, las condiciones de salud, el aislamiento de

los confinados con enfermedades mentales y la pésima alimentación de los reclusos,

ocuparon los primeros lugares de la inhumanidad que se revelaba a peritos, abogados y

abogadas, y que quedaba perpetuada a todo color en fotos y películas. Varios incidentes

marcaron la estrategia próxima a seguirse por los demandantes: la llamada “Máxima de

Locos” en la Institución Regional de Bayamón y varios confinados que estaban en

estado de salud muy precaria, fueron salvados justamente por la visita casual de los

peritos médicos. Lo encontrado en la “Máxima de Locos” resulta difícil de plasmar en

palabras: enfermos mentales agudos, desnudos, en celdas sin ventilación, bañados en su

propio excremento, sin facilidad alguna para hacer sus necesidades, que nunca salían de

su celda y cuyo espacio o sección jamás era visitado por las autoridades carcelarias. La

atención de éstos estaba a cargo de uno de los mismos reclusos, quien de paso los

“bañaba” con manguera ocasionalmente.

Lo anterior marcó a la representación legal de los demandantes para el resto del litigio:

la realidad carcelaria de nuestro país es una emergencia constante en materia de salud y

hacinamiento. Por recomendación de los peritos y previo a concluir el itinerario de

visitas a las instituciones, se solicitó con carácter de emergencia una vista para dilucidar

el “injunction preliminar”.

V. LA PRIMERA VISTA DEL CASO

A través de los últimos veintitrés (23) años, se han celebrado decenas de vistas en el

caso. Algunas, han producido sentencias recogidas en decisiones y órdenes que han sido

publicadas (diecinueve en total)18 y otras no. A tenor con el propósito de este escrito,

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comentamos a continuación la primera vista del caso, cuyos pormenores se recogen en

la primera decisión publicada.19 La misma se prolongó durante varias semanas (17 días

laborables) y en ella testificaron cuarenta y cinco (45) testigos, se presentaron miles de

documentos, 400 fotografías y películas de todas las instituciones cerradas y de un

campamento penal.

Los demandantes presentaron su caso llamando como testigos adversos a todos los

superintendentes que habían sido depuestos. Con este mismo testimonio, se autenticaron

y admitieron en evidencia la prueba fílmica y de fotográfica. La contundencia de la

prueba demostrativa hizo que este testimonio fuese, en su mayoría, prueba de

corroboración o de impugnación a lo dicho en las deposiciones. En su afán adversativo,

fue realmente patético el intento de los demandados de rehabilitar a sus testigos durante

el “contra interrogatorio” de sus propios empleados. A su vez, se probó la mala fe del

Estado y poco deseo de resolver los problemas fuera del modelo litigioso. La prueba de

los demandantes finalizó con el testimonio de varios confinados. El dramatismo y

sinceridad de sus testimonios contrastó con los intentos fracasados por parte de los

demandados para impugnarlos. En más de una ocasión, produjo incredulidad en el Juez

y en los abogados la pretensión de impugnar los testimonios por medio del historial

penal de éstos, a pesar de que, obviamente, el mismo estaba estipulado. El gobierno fue

incapaz de entender que, con independencia de sus sentencias, los confinados tenían

derechos constitucionales que debían respetarse. Hubo una ocasión en que un confinado

testificó que había sufrido una intervención quirúrgica en el área intestinal conocida por

“colostomía”. La ausencia de tratamiento adecuado lo llevaban a utilizar bolsas plásticas

de pan en sustitución de las bolsas higiénicas que requería esta operación. La

impugnación fue dirigida a establecer que ya estaba curado gracias a la pronta

intervención de las autoridades carcelarias. Su torpeza y contumacia quedó evidenciada

cuando el testigo se viró hacia el Juez y quitándose su camisa le mostró las bolsas

plásticas caseras que todavía tenía que utilizar para proteger sus intestinos. Luego de

cada día de vista, se emitía una orden protectora prohibiendo a los demandados tomar

represalias contra los confinados que habían testificado.20

Los demandados presentaron prueba para establecer que la realidad no era la que

mostraban las películas, fotos y testimonios. Incluso, hubo intentos fallidos de utilizar a

confinados para impugnar lo dicho por sus propios compañeros. Era obvio que

perdieron toda credibilidad ante el tribunal. Debe añadirse que, diariamente, hubo

amplia cobertura de las vistas por todos los periódicos y noticieros televisivos del país.

Fue interesante que la prensa no ocultó su alarma ante lo que revelaba la prueba.

Morales Feliciano se había

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convertido en una de las noticias más importantes de la década de los ochenta, que

entonces comenzaba.21

VI. EL INJUNCTION PRELIMINAR EMITIDO

A comienzos del año de 1980, el 3 de enero, el juez Pérez Giménez emitió su histórica

opinión. 22 El sistema correccional de Puerto Rico se unía al reducido y desprestigiado

grupo de estados de la nación norteamericana, cuyos sistemas correccionales habían

sido encontrados en violación de la Octava Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos, según ésta se aplica Puerto Rico a través de la Quinta o Decimocuarta

Enmienda de la misma Constitución. El tribunal dio credibilidad absoluta al testimonio

de los peritos de los demandantes, particularmente a los de los doctores Rundle, King y

Díaz-Royo.

Las determinaciones de hecho y conclusiones de Derecho de la opinión, en efecto,

corroboran la barbarie del mundo carcelario de Puerto Rico. De forma detallada, a

través de 81 incisos de determinaciones de hecho, se describen cada una de las diez (10)

instituciones cerradas, entonces existentes. El lector debe examinarlas por sí mismo para

apreciar la magnitud de la emergencia e inmundicia encontradas. Debe destacarse uno

de lo principales problemas: el hacinamiento. Muchos confinados dormían en el piso

con o sin colchones, en celdas o dormitorios con problemas de servicios sanitarios, sin

agua, donde en ocasiones hacían turno para dormir dado lo limitado del espacio. La

Institución Regional de Bayamón, construida como prisión modelo una vez se cerró la

Cárcel de La Princesa e inaugurada hacía sólo cuatro (4) años, era una de las más

hacinadas y en peores condiciones. La descripción de una de las celdas merece

reproducirse:

The inmates in “Máxima de Locos” are kept in cells naked, without beds, without

mattresses, without any private possessions, and most of them without toilets that work

and without drinking water. They are being cared for by an inmate who washes them

daily. There are feces all over their cells and the stench is overpowering. Only two of

the 18 are receiving medication ...23

Las conclusiones de Derecho fueron igualmente dramáticas. El sistema correccional del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue declarado en su conjunto como uno que

violaba la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, es decir, que

castigaba de forma particularmente bárbara. Aunque reconoció que la Constitución no

ordenaba un espacio o tamaño particular de celdas, el tribunal concluyó que el espacio

vital ofrecido a los confinados puertorriqueños ni siquiera se acercaba a los estándares

sugeridos por respetadas entidades privadas en Estados Unidos como la American

Correctional Association.

Ante este cuadro, el tribunal ordenó una serie de remedios que serían objeto de litigio

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por las próximas dos (2) décadas. Como preámbulo a la orden, concluyó lo siguiente:

The Court also will not appoint a Master to operate the facilities at the time. The failure

of the officials of the Commonwealth of Puerto Rico to perform the duties imposed

upon them by statute and the Constitution is more than casual deliberate indifference. It

approaches a deliberate attempt to inflict pain and suffering. Nevertheless, without

foreclosing the possibility of such an appointment in the future, or any other remedy

that maybe necessary, the Court is of the opinion that the Commonwealth officials must

learn to run their own prisons.”24

A renglón seguido, detalló dieciocho (18) órdenes o remedios específicos que debían

cumplirse en unos plazos estipulados. Uno de ellos, requería proveer un espacio mínimo

de setenta (70) pies cuadrados para confinados en celdas individuales y cincuenta y

cinco (55) pies cuadrados a aquéllos en dormitorios o galeras. Un remedio,

particularmente novel, fue ordenar que se permitiera la entrada irrestricta al interior de

las instituciones penales a los abogados y abogadas que habían participado en el juicio.

Así, por ejemplo, tendrían autorización para entrevistar a sus clientes en sus celdas o

dormitorios (“calabozos”), inspeccionar o visitar las áreas médicas, cocinas, baños,

etc.25 De esta forma, convertía a los abogados y abogadas de los demandantes en una

especie de “inspectores” o “monitores” de sus órdenes.

El injunction emitido fue ampliamente divulgado por la prensa. Diez meses después,

Carlos Romero Barceló fue reelecto como gobernador de Puerto Rico.26 Ciertamente, el

litigio no tuvo impacto directo en los resultados electorales. Desde sus inicios, la causa

de los demandantes fue contra sus custodios a través del Estado con independencia de

criterios políticos partidistas. Para desgracia del país, la próxima década se tornaría

particularmente litigiosa. Por razones que otros tendrán que analizar, los gobiernos de

turno nunca captaron o quisieron captar la magnitud del problema carcelario. La dejadez

e indiferencia era la señal del tiempo. El progreso que lograban los demandantes se

debía a la presión ejercida a través del tribunal.

VII. EL LITIGIO DURANTE LA DÉCADA DE 1980

Durante los próximos cinco (5) años, los abogados y abogadas de los demandantes

optaron por visitar contínuamente las cárceles para verificar el cumplimiento con las

órdenes del tribunal.27 Los hallazgos reflejaban lo poco que hacían los demandados por

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cumplir. El hacinamiento, lejos de disminuir, empeoraba. En 1980, el gobierno aprobó

una legislación para establecer el régimen de sentencias determinadas. Los críticos a la

legislación hicimos claro que ello agravaría el problema de hacinamiento. El legislador

fue particularmente indiferente. La criminalidad en el país continuaba su espiral

ascendente. Los derechos constitucionales de los confinados y cumplir con las órdenes

dictadas no era prioritario. ¿Qué hacer para obligar al Estado a cumplir con las

constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico? Durante los primeros seis años (1980-

1986), los demandantes trataron sin éxito de iniciar dos (2) procesos de desacato contra

los demandados.28 La posición del tribunal fue ofrecer al gobierno tiempo para cumplir

con sus obligaciones.

En 1985, ocurrió un cambio de gobierno en Puerto Rico.29 Como suele suceder, también

cambió el equipo de abogados que representaría a los funcionarios públicos

demandados. Para los confinados, el cambio de gobierno era indiferente. No tenían

razón alguna para detener o aminorar el paso de sus reclamos. Los demandantes

solicitaron al tribunal que interviniera para obligar a los demandados a cumplir con las

órdenes dictadas hacía cinco (5) años. Para éstos, era obvio el incumplimiento. Los

abogados de los demandantes habían corroborado, personalmente, en visitas continuas a

las instituciones penales, que las órdenes no se estaban cumpliendo. Entre mayo y junio

de 1984, el propio juez Pérez Giménez había realizado más de quince (15) inspecciones

oculares en diez (10) instituciones penales. Los demandantes llegaron a la conclusión de

que el Gobierno de Puerto Rico era incapaz de resolver por sí mismo la tragedia

carcelaria. Luego de mucho meditar, y como producto de intensas reflexiones entre el

grupo de abogados, concluimos que era indispensable solicitar un monitor que en

representación del tribunal diese seguimiento a las órdenes dictadas. Aún más, era

necesario expandir las mismas para cubrir áreas que no habían sido objeto de litigio en

la primera parte del caso, pero que estaban alegadas en la demanda. La reacción del

gobierno de turno fue muy desgraciada. Aunque a su inicio planteaban la posibilidad de

sacar el caso del ámbito litigioso-adversativo, con sus actos fueron confirmando lo

contrario. En esa ocasión decidieron, incluso, contratar sus propios peritos para probar

que estaban en cumplimiento de las órdenes o al menos en camino de hacerlo. Se inició

una nueva ronda de vistas. El 21 de marzo de 1986, se dictó una nueva orden, esta vez

ampliando las anteriores y designando dos (2) monitores.30

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La presencia de los monitores cambió, cualitativamente, el caso. Los abogados tendrían

un rol más pasivo. En los próximos años, la oficina del Monitor se encargaría de

inspeccionar las instituciones y presentar informes sobre sus hallazgos. De hecho, el

Monitor logró que, en enero de 1987, las partes estipularan un acuerdo para proveer el

espacio carcelario mínimo necesario en celdas y dormitorios, siguiendo los parámetros

de la orden emitida seis (6) años antes. Durante los próximos meses, el Estado intentaría

sin éxito una modificación a lo estipulado.31 Los informes del Monitor, claramente,

reflejaban un incumplimiento reiterado y, nuevamente, en manifiesta indiferencia a las

órdenes dictadas. Aunque en dos (2) años, el Estado había aumentado el número de

espacios carcelarios de 5,400 a 7,000, el hacinamiento empeoraba. Es decir, el número

de espacios disponibles no iba a la par con las personas que ingresaban a las

instituciones penales. Toda solicitud de tiempo adicional para cumplir era seguida por

incumplimiento reiterado.

La frustración en los demandantes no podía ser mayor. El caso de Morales Feliciano no

lograba forzar al Estado a buscar alternativas a la reclusión y/o en mantener

instituciones penales que cumplieran con los derechos constitucionales del confinado.

Peor aún, el efecto parecía ser el contrario. Se planificaba construir más cárceles. Los

demandados se obstinaban en no asumir sus obligaciones constitucionales. Los

demandantes optaron por solicitar al tribunal que encontrara en desacato a los

demandados e impusiera como remedio multas por cada día que pasara sin cumplir con

lo estipulado en lo concerniente al espacio que, por orden emitida, tenían derecho a

disfrutar los confinados.32 Así lo hizo el tribunal mediante orden de 23 de julio de

1987.33 En una detallada orden, el Juez encontró incursos en desacato a los demandados

y les impuso una multa de $50,000 más una multa diaria de $10.00 por cada confinado

encarcelado en exceso del espacio estipulado entre las partes, seis (6) meses atrás. El

Monitor se encargaría de verificar el cumplimiento presentando al tribunal un informe

semanal en el cual se calcularía lo anterior. Los demandantes estaban confiados en que

las multas sacudirían la burocracia e indiferencia de las ramas políticas del gobierno. Si

no aparecían los recursos en emergencia para resolver el problema de hacinamiento, el

Gobierno de Puerto Rico se enfrentaría a multas millonarias. Cualquier estructura

gubernamental, mínimamente, sensitiva y eficiente hubiese asumido la multa impuesta

como señal de emergencia. El Estado tenía que cambiar su política pública: el

encarcelamiento tenía que ser una sanción penal a usarse sólo cuando no hubiese

alternativas. Se trataba de una

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magnífica oportunidad de convocar al país para discutir lo anterior. Para sorpresa de la

Corte y de los demandantes la reacción fue irresponsable, los demandados optaron por

denunciar al tribunal, iniciar un programa masivo de construcción de cárceles e ignorar

las multas que a diario se imponían. Optaron, además, por apelar la orden imponiendo

multas. De hecho, para ese entonces las multas ya ascendían a $3,500,000. A través de

una opinión suscrita por el hoy juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Stephen

Breyer, el Primer Circuito de Apelaciones confirmó el desacato y las multas

impuestas.34 El mecanismo de pago de multas fue, posteriormente, modificado con la

esperanza de que el gobierno reaccionaría al encarecerlo. Sin embargo, nada era capaz

de modificar la conducta del Estado delincuente. Durante los próximos dos (2) años, las

multas llegarían a proporciones insospechadas: para 1991 ya el gobierno había pagado

sobre $68,000,000.35 Para fines de ese mismo año, esa cantidad ascendía a cerca de

$105,000,00.36 El gobierno fue incapaz o no quiso resolver el problema constitucional

que provocaba su sistema carcelario.37

Así concluiría la década de 1980.38 El litigio continuaba tan adversativo como había

comenzado. Aunque hubo momentos de esperanza,39 el pronóstico de la próxima década

no era alentador.

VIII. EL LITIGIO EN LOS ÚLTIMOS TRECE AÑOS

Durante los siguientes diez (10) años, el litigio continuó un patrón similar. La Oficina

del Monitor continuó operando varios años, costando a los demandados millones de

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dólares. Los intentos por resolver extrajudicialmente el litigio fracasaban.40

Con un plan millonario de construcción y remodelación masiva de instituciones penales,

incluyendo acuerdos para privatizar algunas de ellas, el Estado se libró de mayores

multas por problemas de hacinamiento. Sin embargo, la década de 1990 fue una muy

litigiosa en las áreas de servicios médicos, ausencia de sistemas adecuados de

clasificación, violencia y seguridad carcelaria, comidas y dietas adecuadas, y salud

ambiental. Entre enero y marzo de 1999, se celebraron veintitrés (23) sesiones de vista

donde el Monitor “presentó”41 pruebas sobre lo antes mencionado. Más de veintiún (21)

testigos fueron escuchados. El 25 de enero de 2000, el juez caracterizó así la conducta

observada por los demandados, entre 1990 y 2000:

The failure of defendants to act despite their knowledge of the serious harm and the

substantial risk of serious harm to plaintiff class cannot come as a surprise to any person

familiar with the conditions at AOC facilities, even to those minimally familiar with

them. The record in this case is replete with examples of defendants see-sawing cyclical

behavior. Their conduct has followed a cyclical pattern that generally can be described

as follows: A particular problem or deficiency is identified. Defendants and plaintiffs

execute a stipulation in which defendants agree to remedy the deficiency. Almost

invariably, defendants would fail to comply with the stipulation. Defendants and

plaintiffs would execute yet another stipulation to resolve noncompliance, but thew later

stipulation would be even more detailed and prescriptive than the earlier ones. Yet,

defendants would also fail to comply with what they agreed to do so.”42

Al momento de redactarse esta reflexión, los confinados continúan su litigio en el

Tribunal de Distrito Federal. Dos eventos importantes han afectado la naturaleza del

litigio. Los demandantes son representados por una corporación financiada con los

fondos de las multas (Corporación de Acción Civil)43 y ésta, a su vez, es una ingeniosa

estructura que permite sufragar los gastos del litigio mientras atiende reclamos de

servicios legales individuales de la población penal. La ley federal, conocida como

Prison Litigation Reform Act,44 provocó esta respuesta creativa. Un análisis de la ley,

sin duda, rebasa los propósitos de esta breve reflexión. Basta señalar que la misma

refleja el ambiente sombrío prevaleciente en el Congreso de Estados Unidos hacia los

litigios sobre derechos de

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confinados en la jurisdicción federal.

IX. COMENTARIOS FINALES

El caso Morales Feliciano merece ser analizado con detenimiento. En un sentido, el que

en sus inicios fue una representativa acción de clase de confinados en la jurisdicción

federal, eventualmente, se convirtió en una atípica. El caso ha ofrecido casi el mismo

número de respuestas que de interrogantes. Su unicidad y, a su vez, pertinencia fue

citada recientemente y de forma extensa por el juez asociado del Tribunal Supremo de

Estados Unidos, honorable Stephen Breyer, en una opinión disidente relacionada con

los derechos de los confinados.45

Han quedado plasmadas importantes lecciones sobre la eficacia y eficiencia del uso del

injunction para vindicar los derechos civiles frente a las grandes burocracias

gubernamentales y frente a los funcionarios públicos que las operan. Su desarrollo en

los últimos veintitrés (23) años, casi los mismos que el autor lleva en el ejercicio de la

profesión, conduce a la irremediable conclusión de que no importa los “colores” del

Gobierno de Puerto Rico,46 la reclusión como principal sanción penal es un fiasco a los

contribuyentes, una inversión en la criminalidad y un monumento a nuestra propia

inhumanidad.

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_______________________________________________________

*Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto

Rico. 1 Morales Feliciano v. Romero Barceló, 497 F. Supp. 14 (D.C.P.R. 1980). La orden

publicada señala de forma incorrecta la fecha del 3 de enero de 1979 cuando debió decir

1980. 2 Este proceso ha sido ampliamente documentado y analizado. Véase IRA P. ROBBINS

CLARK BOARDMAN, LTD., PRISONERS AND THE LAW (1985); Alvin Bronstein,

Offenders Rights Litigation en REPRESENTING PRISONERS 17 (1981). Más

reciente, J. Brooks, How Can We Sleep While the Beds are Burning? The Tumultuous

Prison Culture of Áttica Flourishes in American Prisons Twenty-Five Years Later, 47

SYRACUSE L. REV. 158 (1996). 3 Este motín daría inicio a una nueva realidad en la subcultura de nuestro sistema

correccional. El surgimiento de Carlos Iriarte Torres, alias “Carlos La Sombra”, como

líder de los confinados y su posterior asesinato en el Presidio Estatal, marcaba una

etapa, aún sin terminar, de nuevas formas de asociación entre los confinados. De hecho,

fueron decenas las muertes escabrosas ocurridas dentro del penal durante esos años. 4 42 U.S.C. § 1983. 5 Martínez Rodríguez v. Jiménez, 409 F. Supp. 582 (D.C.P.R.1976), aff.537 F.2d 1 (1st

Cir., 1976). 6 Bounds v. Smith, 430 U.S. 817 (1977); Ex parte Hull, 312 U.S. 546 (1941). 7 Efraín Montero Torres v. Rafael Hernández Colón, Civil No. 75-828, United States

District Court for the District of Puerto Rico. 8 Id. 9 Carlos Morales Feliciano escribió al tribunal el 9 de noviembre de 1978. La carta fue

referida al Lcdo. Nachman el 3 de enero de 1979 y el 7 de febrero se radicó la demanda.

Varios años después fue excarcelado al extinguir su sentencia. Posteriormente, murió en

la Florida. 10 Más adelante, se integrarían al pleito los licenciados Ivonne Díaz de SLPR, Jeffrey

Williams y Pía Gallego. 11 Carlos E. Ramos González, La Industria del Dolor, 36 REV. JUR. U.I.P.R. 323, 326

(2002). 12 Puede verse copia de la misma como ANEJO I de esta reflexión. 13 O. FISS, THE CIVIL RIGHTS INJUNCTION (1978). 14 R. Easton, The Dual Role of the Structural Injunction, 99 YALE L.J. 1983 (1983). 15 Los demandados fueron, inicialmente, representados por el Departamento de Justicia

y una abogada del la Oficina de Puerto Rico de Asuntos Federales en Washington. Con

ello, comenzó el desfile de un gran número de abogados puertorriqueños y

norteamericanos que representarían al gobierno durante las próximas dos décadas. Los

demandantes siempre mantuvieron su mismo grupo de abogados. 16 Las películas (no videos) y fotografías aún permanecen en la bóveda del tribunal.

Permanece como un proyecto inconcluso, solicitar su desglose para preparar un

documental que quizás llevaría por nombre el título del presente escrito. 17 Al momento de escribirse este artículo, febrero de 2003, la población penal es de unos

15,000 confinados. 18 Morales Feliciano, 497 F. Supp. 14; Morales Feliciano v. Romero Barceló, 605 F.

Supp. 967 (D.C.P.R. 1985); Morales Feliciano v. Romero Barceló, 672 F. Supp. 591

(D.C.P.R. 1986); Morales Feliciano v. Hernández Colón, 697 F. Supp. 26 (D.C.P.R.

1987); Morales Feliciano v. Hernández Colón, 672 F. Supp. 627 (D.C.P.R. 1987);

Morales Feliciano v. Hernández Colón, 697 F. Supp. 25 (D.C.P.R. 1987); Morales

Feliciano v. Hernández Colón, 697 F. Supp. 37 (D.C.P.R. 1988); Morales Feliciano v.

Hernández Colón, 697 F. Supp. 51 (D.C.P.R. 1988); Morales Feliciano v. Hernández

Colón, 704 F. Supp. 16 (D.C.P.R. 1988); Morales Feliciano v. Parole Bd. Of Puerto

Rico, 887 F. 2d 1 (D.C.P.R. 1989), cert. den., 494 U.S. 1046 (1990); Morales Feliciano

v. Hernández Colón, 754 F. Supp. 942 (D.C.P.R. 1991); Morales Feliciano v.

Hernández Colón, 757 F. Supp. 139 (D.C.P.R. 1991); Morales Feliciano V. Hernández

Colón, 775 F. Supp. 477 (D.C.P.R. 1991); Morales Feliciano v. Hernández Colón, 771

F. Supp. 11(D.C.P.R. 1991); Morales Feliciano v. Hernández Colón, 775 F. Supp. 487

(D.C.P.R. 1991); Morales Feliciano V. Rosselló, 13 F. Supp. 2d 151 (D.C.P.R. 1998);

Morales Feliciano v. Rosselló, 124 F. Supp. 2d 774 (D.C.P.R. 2000); Morales Feliciano

v. Rullán, 303 F.3d 1 (1st Cir. 2002). 19 Supra nota 1. 20 Un incidente de represalia en violación a este tipo de órdenes se recoge en Morales

Feliciano, 704 F. Supp. 16. El licenciado Nachman y el autor de esta reflexión

entrevistaron a un confinado que se había quejado mediante carta sobre las condiciones

de confinamiento de la Institucional Regional de Guayama. Al día siguiente de dicha

visita, el confinado fue atacado por varios guardias penales en clara represalia por la

reunión sostenida con sus abogados. 21 Veáse por ejemplo EL NUEVO DÍA, 13 de noviembre de 1979. 22 Morales Feliciano, supra nota 1. 23 Id., en la pág. 29. 24 Id., en la pág. 38 (énfasis suplido). 25 Id., en la pág. 41. 26 Al tiempo de radicarse la demanda se unió al pleito un bufete de Washington, D.C.,

Bernon, Macpherson & Lipsitt, como abogados del gobernador Romero Barceló. Este

mismo bufete representaría al mismo gobernador en una acción civil ante el foro federal

instada por los familiares de los jóvenes asesinados en el Cerro Maravilla. 27 En 1980, el autor fue invitado a integrarse al claustro de la Facultad de Derecho de la

Universidad lnteramericana de Puerto Rico para organizar una clínica de derechos de

confinados, la cual estuvo funcionando durante un año con fondos federales. 28 El primero, estaba relacionado con las condiciones de la llamada “Unidad de

Tratamiento Intensivo” (en adelante, UTI), la cual forma parte de la Penitenciaría

Estatal de Río Piedras, y el otro, buscaba mover la burocracia excesiva e indiferente a

las necesidades de los confinados en la Junta de Libertad Bajo Palabra. 29 Con este cambio, también se alteraban, automáticamente, los nombres de los

demandados en el caso. Conforme las Reglas de Procedimiento Civil Federal, 28

U.S.C.A. Rule 25 (d)(1), el caso se llamaría Morales Feliciano v. Hernández Colón. La

representación legal de los demandados seguía privatizada: el bufete de Marcos

Ramírez estaría a cargo del caso. Otra vez, el caso Maravilla tendría tangencia con

Morales Feliciano, pues ese mismo bufete había colaborado en la investigación que

hizo el Senado de Puerto Rico sobre estos incidentes. 30 Véase Morales Feliciano, 672 F. Supp. 591. Uno de los monitores designados era

Vincent Nathan, considerado el especialista número uno en esta materia en Estados

Unidos. Mientras era profesor de Derecho de la Universidad de Toledo, Nathan había

escrito un artículo de revista que se convertiría en un clásico dentro del campo. Véase

V. Nathan, The Use of Masters in lnstitutional Reform Litigation, 10 TOL. L. REV. 419

(1979). 31 Morales Feliciano, 672 F. Supp. 627. 32 Se incluye como ANEJO II la moción solicitando el desacato e imposición de multas.

(Motion for an Order to Show Cause Why Defendants should not be found in Contempt

of Court and Appropriate Fine Sanctions). 33 Morales Feliciano, 697 F. Supp. 26. 34 Morales Feliciano, 887 F.2d 1. 35 Morales Feliciano, 775 F. Supp. 477. 36 Puede consultarse el informe del Monitor titulado Summary of the Morales Feliciano

Litigation de 11 de enero de 1995, radicado el 7 de febrero de 1995. 37 En más de una ocasión, el autor ha pensado que el Gobierno de Puerto Rico tenía

esperanzas de algún día recuperar estos fondos. De ahí que algunos, equivocadamente,

han pensado que se trataba de una “cuenta de ahorro forzada.” Este error de cálculo, una

vez más, prueba que el caso nunca ha sido bien entendido por el desfile de abogados

que ha asumido la representación legal de los demandados. Las multas impuestas

forman parte de un fondo especial creado por el tribunal, que establece,

específicamente, que este dinero sólo podrá utilizarse para crear programas de ayuda a

los confinados que sean de naturaleza extraconstitucional. Dicho de otro modo, no

podrá ser utilizado para que el Estado sufrague las obligaciones impuestas por el

tribunal que, a su vez, están basadas en lo dispuesto, tanto por la Constitución de Puerto

Rico como la de Estados Unidos. Veáse la Orden del tribunal de 24 de octubre de 1989. 38 En 1988, los abogados de los demandantes solicitaron, por primera vez en los ocho

(8) años del litigio, que se les pagaran los attorney's fees a que tenían derecho, conforme

establece el 42 U.S.C. § 1988. Hasta ese momento, los costos del litigio los había

sufragado Servicios Legales de Puerto Rico y la oficina del licenciado Harvey

Nachman. El tribunal estableció un esquema de compensación que, eventualmente, hizo

que el Estado pagase cifras millonarias en honorarios de abogados. Véase Morales

Feliciano, 697 F. Supp. 51. 39 En 1989, se aprobó una ley para aumentar la llamada “bonificación” por buen

comportamiento de los confinados. Para esa fecha, también se creó el proyecto que hoy

se conoce como “Fianza Acelerada”, el cual facilita la prestación de fianzas en

determinados casos criminales. Véase Morales Feliciano, 775 F Supp. en la pág. 480. 40 Los demandantes siempre se han sostenido en que cualquier intento de negociación

tenía que ser con el propio Gobernador o un representante del más alto nivel autorizado

por éste. En 1993, el gobernador Rosselló González nombró como su representante

personal al, entonces Secretario de Estado y hoy juez asociado del Tribunal Supremo,

honorable Baltasar Corrada del Río. En 1991, el gobernador Hernández Colón había

nombrado a su Secretario de Hacienda, honorable Ramón García Santiago. 41 Obsérvese una interesante modalidad de adjudicación. La prueba era presentada por

el monitor designado por el tribunal. Teóricamente, las partes se convertían en partes

“adversas” al monitor si no estaban de acuerdo con sus hallazgos. 42 Morales Feliciano, 124 F. Supp. 2d 774 (énfasis suplido). 43 La Corporación es dirigida por uno de los abogados que inició el pleito en 1979, el

licenciado Carlos V. García Gutiérrez. 44 18 U.S.C. § 3626. 45 Miller v. French, 530 U.S. 327 (2000). 46 Véase supra nota 18. Obsérvese que aparecen como demandados en las diferentes

etapas del litigio los gobernadores Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón y

Pedro Rosselló González. En la publicación más reciente aparece como demandado el

actual Secretario de Salud, Dr. Johnny Rullán.

ANEJO I

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT

FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO

CARLOS MORALES FELICIANO,

individually, and a representative of the entire class of

convicted felons in the custody of the CORRECTIONS

ADMINISTRATION OF THE COMMONWEALTH

OF PUERTO RICO,

Plantiff,

v.

CARLOS ROMERO BARCELO,

in his personal capacity, and in his representative capacity

as GOVERNOR OF THE COMMON-WEALTH OF

PUERTO RICO; IRBA CRUZ DE BATISTA in her

personal capacity, and in her representative capacity as

ADMINISTRATOR OF THE DEPARTMENT OF

CORRECTIONS OF THE COMMOWEALTH OF

PUERTO RICO; JUAN DEL VALLE LÓPEZ, in his

personal capacity, and in his representative capacity as the

presiding member of the PAROLE BOARD OF THE

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO FÉLIX

RODRÍGUEZ PIÑERO, in his individual capacity, and in

his representative capacity as a member of the PAROLE

BOARD OF THE COMMONWEALTH OF PUERTO

RICO ZULMA MARTÍNEZ DE CONE, in her;

individual capacity, and in her representative capacity as a

member of the PAROLE BOARD OF THE COMMON-

WEALTH OF PUERTO RICO,

Defendants.

Civil No. 79-4

ACTION FOR INJUCTIVE,

EQUITABLE AND LEGAL

RELIEF UNDER 42 USC §1983

JURY TRIAL IS DEMANDED

ON ALL LEGAL CLAIMS FOR

DAMAGES

COMPLAINT

TO THE HONORABLE JUAN R. TORRUELLA, United States District Judge.

COMES NOW the plaintiff, by his undersigned attorneys, and complaining of the

defendants, does respectfully allege and pray:

Página 261

ALLEGATIONS COMMON TO ALL COUNTS:

1. Plaintiff is a citizen of the Commonwealth of Puerto Rico and of the United States of

America.

2. Plaintiff is a convicted felon under the custody of the Corrections Administration of

the Commonwealth of Puerto Rico. * [1] *

3. Carlos Romero Barceló is the Governor and Chief Executive Officer of the

Commonwealth of Puerto Rico.

4. Carlos Romero Barceló is responsible for his governments adherence to the

Constitution of the United States and to the lawful orders of this Court directed to him,

his cabinet members and his agency heads, and other executive personnel.

5. Irba Cruz de Batista is the Administrator of the Commonwealth of Puerto Rico.

6. The Corrections Administrator is a creation of the Commonwealth of Puerto Rico,

formed by Law No. 116 of July 22,1974 (4 L.P.R.A. § §11011282, inclusive.)

7. The purpose of the Corrections Administration is to administer an integrated

correctional system and to set standards to structure more effective ways of

individualized treatment including rehabilitation programs in the community (4

L.P.R.A. §1111).

8. Irba Cruz de Batista, as a administrator of the Corrections Administration is charged

with the duties, inter alia:

To establish the internal organization of the Administration and to designate the

necessary auxiliary officers.

To plan, direct and supervise the function of the Corrections Administration.

To formulate correctional policy to prescribe program guidelines and standard for the

institutional regime.

To approve, amend and repeal regulations to implement the law, which, in turn, have

the face of law.

To advise the Governor and other governmental officers on the operation of the

Administration. (4 L.P.R.A. §1113).

9. Irba Cruz de Batista, in her personal and representative capacity, was a party

defendant in the case of EFRAIN MONTERO TORRES, et al, Plaintiff v. RAFAEL

HERNANDEZ COLON [sic], et al, Defendants and ROBERTO MORALES

ESCUDERO, et al, *[2]* Intervenors, in the United States District Court for the District

of Puerto Rico, bearing Civil Number 75828.

10. The Parole Board of the Commonwealth of Puerto Rico is established by law (Law

No. 118 of July 22, 1974) (4 L.P.R.A. §§15011516, inclusive).

11. Juan A. Del Valle López and Zulma I. Martínez de Cone, are members of the Parole

Board of the Commonwealth of Puerto Rico.

12. Juan A. Del Valle Lopez [sic], Felix [sic] Rodriguez [sic] Rivera and Zulma I.

Martinez [sic] de Cone, were parties defendant in the lawsuit hereinabove mentioned in

paragraph 9.

13. Irba Cruz de Batista and Juan Del Valle Lopez [sic] were signatories of a stipulation

for Entry of Judgment dated September 29, 1977 in the aforesaid lawsuit.

14. Judgment was entered in the aforesaid lawsuit on October 1, 1977 by the Honorable

Jose [sic] V. Toledo, Chief United States District Judge for the District of Puerto Rico.

Página 262

15. The Judgment entered on said Stipulation on October 1, 1977 bound all the

defendants, herein. A certified copy of said Judgment and Stipulation for Entry of

Judgment is annexed hereto as Exhibit I, and made an integral part of this Complaint.

16. The defendants herein continued to violate the federally guaranteed rights of

prisoners after October 1, 1977 and actions were filed as interventions in the aforesaid

lawsuit, and continue to be filed up to and including the date hereof.

17. Among the interventions filed was that of Juan Serrano Martinez, [sic] which

resulted in a further stipulation and a further and supplementary judgment which was

entered on the 28th day of April, 1978. A certified copy of said Judgment is annexed

hereto as Exhibit II and is made an integral part of this complaint. * [3] *

18. Among the interventions filed was that of Pedro Jimenez [sic] Alvarado, which was

given a separate civil number, as well, Civil No. 78-247, and this case was tried before

the Honorable Jose [sic] V. Toledo, Chief United States District Judge for the District of

Puerto Rico and a Judgment was entered therein on the 5th day of February, 1979. A

certified copy of said Judgment is annexed hereto as Exhibit III and is made an integral

part of this Complaint.

19. In all their deeds hereinabove and hereinafter set forth, the defendants herein acted

under color and authority of the laws, regulations, customs and usage of the

Commonwealth of Puerto Rico.

20. In all cases where orders of this Honorable Court were violated, the defendants did

so, as individuals, as well as in their representative capacities as elected and appointed

officials of the Commonwealth of Puerto Rico.

JURISDICTION:

21. This Honorable Court has jurisdiction over the parties and the subject matter of this

litigation by virtue of:

a) 28 U.S.C. §1343 (3)

b) Under the outstanding orders in Civil No.75-828.

22. This action arises under the Constitution and laws of the United States and more

particularly:

a) The Fifth Amendment to the Constitution

b) The Sixth Amendment to the Constitution

c) The Eighth Amendment to the Constitution

d) The Fourteenth Amendment to the Constitution

e) 42 U.S.C. §1983

CLASS ACTION:

23. The plaintiff seeks to represent all other prisoners of the Corrections Administration

of the Commonwealth of Puerto Rico, because:

a) 1. the class is so numerous that joinder of all members is impracticable.

2. there are questions of law or fact common the class.

3. the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or

defenses of the class; and

4. the plaintiff will fairly and adequately protect [sic] the interests of the class.

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b) In addition to the foregoing, the action should be maintained as a class action

because:

1. The prosecution of separate actions by the individual member of the class would

create a risk of inconsistent or varying adjudications with respect to individual members

of the class which would establish incompatible standards of conduct for the defendants

herein; and

2. The adjudications with respect to the individual member of the class would, with the

exception of individual damages, as a practical matter; be dispositive of the interests of

other members not parties. It will also be more economical and more expeditious.

24. This Court should, as soon as practicable, determine that this action should be

maintained as a class action, and should determine the course of proceedings and

prescribe such measures for intervention by other members of the class that will prevent

undue repetition or complication in the presentation of evidence or argument.

25. This Court, once it determines that a class action exists, should grant but one notice

of pendency of action to other members of the class to prevent any unnecessary

interruption in the orderly conduct of the penal institutions. Due notice of all decisions,

however, should be made available to all members of the class. (Rule 23, Federal Rule

*[4]* of Civil Procedure).

RELIEF SOUGHT

26. Plaintiff seeks, on behalf of himself and on behalf of all other persons similarly

situated, a preliminary land permanent injunction as will be more particularly delineated

in the several claims for relief.

27. Because the plaintiff is indigent and because almost all members of the class are

indigent, the provisions of Rule 65 (c) of the Federal Rules of Civil procedure should be

waive and no security required.

28. Plaintiff also seeks declaratory relief as to the extent of plaintiffs rights and the

rights of all members of the class in respect to their right to be free from cruel and

inhuman treatment, to the right of due process toward being considered eligible for

parole, to the right of representation by counsel, to the right of statutory and

constitutional due process at their parole hearings and parole revocation hearings, and to

all other areas where they claim violations, including the condition of their confinement.

(28 U.S.C. §2201 and §2202.)

29. Plaintiff may be entitled to further relief, including damages for all violations of his

rights under the laws or under the decisions heretofore entered by this Honorable Court.

30. Plaintiff, for himself and for all other members of the class, seek the award of

attorneys fees to his undersigned attorneys for all work performed according to the

provisions of 42 U.S.C. §1988.

FOR A FIRST CLAIM FOR RELIEF:

31. The Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico provides that the public

policy of the Commonwealth is to use the penal law and penal institutions to provide for

the moral and social rehabilitation Art. VI, Section 19. *[5]*

32. The Penal Code of Puerto Rico, in Article 58, provides that the Courts of Puerto

Rico shall in case of a sentence for a felony pronounce an indeterminate sentence so that

a prisoner might be able to be rehabilitated. 34 L.P.R.A. App. Rules of Criminal

Procedure of Puerto Rico, Rule 178, 33 L.P.R.A. 3282.

33. The purpose of the Corrections Administration is, inter alia to set standards to

structure more

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effective ways of individualized treatment including rehabilitation programs in the

community. 4 L.P.RA. §1111.

34. The Parole Board and the parole system is part of the rehabilitative system for

prisoners in Puerto Rico. 4 L. P. RA. §1503 (a).

35. In order to be considered eligible for parole, a prisoner in the Corrections

Administration of Puerto Rico, must have been evaluated by the Corrections

Administrator and must have completed his minimum sentence.

36. The plaintiff, and many of the prisoners in the custody of the Corrections

Administration of Puerto Rico must for their own protection,/ [sic] seek asylum from

physical harm within the prison system.

37. The internal rules, regulations, customs and usages of the Corrections

Administration require that persons seeking asylum and protection be placed in

maximum custody.

38. The internal rules, regulations, customs and usages of the Corrections

Administration automatically classifies all persons in maximum custody as maximum or

median risk prisoners.

39. The internar rules, regulations, customs and usages of the Parole Board of the

Commonwealth of Puerto Rico rejects prisoners from consideration for parole unless

they are classified by the Corrections Administration as minimum risk prisoners. * [7] *

40. The plaintiff, and all other prisoners who are maximum or median custody for their

own protection or for reasons of health, and any prisoner may at some time be in such a

situation, are deprived of their right to parole by the failure to classify inmates as

minimum risks, who but for their health or safety have no disciplinary actions against

them.

41. The denial of being considered for parole under situations hereinabove described,

deprives the plaintiff, and all prisoners who now are or who hereafter may be, in similar

situations of the equal protection of the laws, of the due process of the laws and subjects

all of them to prolonged cruel and inhuman treatment.

42. The plaintiff and all other persons who for heir own protection or for reasons of

health are classified as maximum custody are not allowed to work and obtain additional

work credits against their sentence as they are entitled to, under 4 L.P.RA. §1162.

43. Plaintiff and all other persons classified as medium custody are not transferred to

agricultural camps where they can obtain higher additional work credits for agricultural

work, under 4 L.P.RA. §1162.

FOR A SECOND CLAIM FOR RELIEF:

44. Plaintiff repeats, reiterates and realleges each and every allegation contained in

paragraphs 1 through 35 of the complaint with the same force and effect, as if set forth

at length herein.

45. In addition to the necessity of being evaluated by Corrections Administration and

having completed ones minimum sentence, a prisoner must have a plan for reintegration

into the general community before he will receive favorable consideration for parole by

the Parole Board of Puerto Rico. *[8]*

46. The plaintiff, although originally sentenced to a term of two to four years was not,

according to his social file, seen by a sociopenal worker for nearly the first fifteen

months of his correctional life.

47. The plaintiff was in the custody of the Corrections Administration nearly five years

before he procured a friend and advisor which is the basic step in developing a plan for

reintegration into the

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general community.

48. The plaintiffs plan for reintegration into the general community is still not complete

according to his social file, although plaintiff has a trade, a place to live and physical

and mental resources to be reintegrated into the general community.

49. The plaintiff was not provided with the aid of a SocioPenal Worker in developing a

plan for his reintegration into the general community.

50. The case of the plaintiff is not a typical of the prisoners who are in the custody of

the Corrections Administration.

51. The plaintif, and all other prisoners similarly situated, are, by the actions of the

defendants and those acting under their orders, being deprived of their opportunity to be

paroled, because of the failure to provide meaningful sociopenal assistance in plans for

reintegration into the community.

52. The acts of the defendants are violating the rights of plaintiff, and all other prisoners

similarly situated, to the due pracess of laws, to the equal protection of the laws, and are

causing them to suffer prolonged cruel and inhuman treatment.

FOR A THIRD CLAIM FOR RELIEF:


paragraphs 1 through 52 of the complaint with the same force and effect as if set * [9] *

forth at length herein.

54. The plaintiff and all other persons in the custody of the Corrections Administration

are not provided by the Administration with adequate law libraries nor with assistance

from persons trained in the law in violation of the inmates’ rights to the due process of

law and the equal protection of the laws guaranteed; to plaintiff and all other similarly

situated by the Constitution of the United States.

FOURTH CLAIM FOR RELIEF:

55. Plaintiff repeats, reiterates and realleges each and every allegation in paragraphs 1

35, and 45-51 and 54, with the same force and effect as if set forth at length here in.

56. Plaintiff, as a prisoner in the custody of the corrections Administration of the

Commonwealth of Puerto Rico had to be classified by the Treatment Committee every

time he was transferred from one institution to another.

57. Classification by the Treatment Committee of an institution is indispensalbe [sic] for

determining the nature of custodial care and ability to work or study and thus to obtain

additional bonus credits to shorten the period of rehabilitation, confinement and to be

considered eligible for parole.

58. According to the usages and customs of the Parole Board, no one who has been

classified by the Treatment Committee in any classification other than minimum will be

considered favorably for parole.

59. The plaintiff, and all other prisoners in Puerto Rico, are entitled to know who sits on

their classification committees and the reasons for their classification so that the

inmates, or their representatives, can make a meaningful presentation before the Parole

Board of Puerto Rico.

60. Pursuant to the Order entered by this Honorable Court on the 1st of October, 1977,

in Civil No. 75-828, the *[10]* President of the Treatment Committee is obligated to

transmit said Committees recommendations to the Parole Board of Puerto Rico at least

nineth [sic] (90) days prior to the completion of the minimum sentence.

61. Pursuant to the Order entered by this Honorable court on April 28, 1978, in Civil

No. 75-828, the Corrections Administration was obligated to (1) prepare a Manual of

Criteria for the Treatment

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Committees of each penal institution of Puerto Rico in determining custodial

classification of prisoners, and the rights of prisoners to passes and other privilege or to

disciplinary action; (2) provide for publication and distribution of the aforesaid Manual

of Criteria; (3) the minutes and actions, including dissenting votes of Treatment

Committee members was to be reduced to writing; (4) a copy of said report of the

Treatment Committee was to be placed in the file of each prisoner.

62. The defendants, Carlos Romero Barcelo, [sic] individually an in his representative

capacity as Governor an Chief Executive Officer of the Commonwealth of Puerto Rico

and the defendant, Irba Cruz de Batista, individually and as Administrator of the

Corrections Administration of the Commonwealth of Puerto Rico failed to obey the

hereinabove mentioned order of this Honorable Court.

63. On the 5th day of February, 1979, this Honorable Court entered an Order in Civil

75-828 and Civil 78-247; (Pedro Jimenez Alvarado, Petitioner), finding Irba Cruz de

Batista guilty of contempt and ordering the publication of the aforesaid Manual.

64. The Administrator failed to properly classify, or even to have standards of

classification for inmates of the Corrections Administration of the Commonwealth of

Puerto Rico and thus deprives the plaintiff and all other prisoners similarly situate of

due process of law, the equal treatment of the laws, of the right to effective assistance of

counsel, and subjects them *[11]* to cruel, prolonged and inhuman punishment.

FOR A FIFTH CLAIM FOR RELIEF:


paragraphs 1-35, 45-51, 54 and in paragraphs 56-64 of the complaint with the same

force and effect as if set forth at length herein.

66. The plaintiff, in accordance with the Order of October 1, 1977 (paragraph 9 of said

Order), was granted a hearing before the Parole Board of the Commonwealth, of Puerto

Rico, in June, 1978.

67. The aforesaid hearing was in violation of paragraph 9 of the Order of October 1,

1977, because it was not within six (6) months of the effective date of said order.

68. The Parole Board of Puerto Rico took no decision on June 9, 1978, but instead

requested a review of court sentences, liquidation of sentences by the Corrections

Administration, a report of adjustment and behavior in the Corrections Administration,

and a report from the Parole Program of the Corrections Administration. The Parole

Board adjourned the hearing for 150 days.

69. The Parole Board of Puerto Rico never sent the prisoner any copy of any report

received by them in connection with the plaintiffs parole hearing.

70. The Parole Program of Corrections sent a report wherein it was alleged that plaintiff

had no offer of employment or study program (and no mention that he had a trade); that

he had no friend and advisor (he had ever since January 4, 1978, a friend and advisor - a

second one was named on September 26, 1978 and no corrected advice was forwarded

to the Parole Board); and that plaintiff had no home awaiting him (he had two; his

fathers and the friend and advisor).

71. The Center for Diagnosis, Classification and Treatment has ceased to function.

However, a 1977 report was *[12]* forwarded to the Parole Board which stated that

confinement is hurting the plaintiff’s adjustment and rehabilitation; that he needed

invidivualized [sic] treatment and psychiatric evaluation. All these recommendations

were contrary to the classifications. No psychiatric evaluation has ever been given to the

plaintiff.

72. The Corrections Administration reported that plaintiff had completed his minimum

sentence in 1976 and that he would finish his maximum sentence in July, 1980.

Inexplicably, this was later recomputed to end April, 1981.

73. Despite the fact that these reports were contradictory of other reports in his file, the

Parole Board never notified the plaintiff of these reports and gave him no notice of what

reports they sought or what reports they were considering and gave him no opportunity

to refute any statement or opinion.

74. The Parole Board, afforded no further hearing in accordance with its decision of

June 9, 1978, but instead denied parole on the ground that plaintiff had no plan arrange

for rehabilitation into the community.

75. The foregoing procedure utilized in plaintiff’s case by the Parole Board and the

Corrections Administration in violation of the Orders of this Honorable Court of

October 1, 1977, April 28, 1978 and February 5, 1979 and of the regulations

promulgated by the Parole Board.

76. The plaintiffs case is typical of many cases being handled by the Parole Board of

Puerto Rico and the Corrections Administration of the Commonwealth of Puerto Rico

factually and in relation to the procedure employed.

77. The procedures of the Parole Board and the Corrections Administration violate

plaintiff’s and all other prisoners similarly situated, rights to due process of law, to the

effective assistance of counsel, to the equal treatment of the laws and subject them to

cruel prolonged and inhuman treatment. *[13]*

FOR A SIXTH CLAIM FOR RELIEF:


paragraphs 1-35, 45-51, 54, 56-64 and 66-76 of this complaint with the same force and

effect as if set forth at length herein.

79. Plaintiff and other convicts who are entitled a hearing by the Parole Board have not

been notified in advance of the criteria that will be used for determining whether parole

may be granted and the types of rights that will be available at the hearing in violation

of the Paragraph 8 the Stipulation and Judgment entered by this Court in MONTERO

TORRES v. HERNANDEZ COLON, [sic] Civil No. 75-828 on October 1, 1977 and

April 26, 1978; and of plaintiffs right to the due process of the law and equal protection

of the laws guaranteed to him and all others similarly situated, by the Constitution of the

United States.

80. Hearings held by the Parole Board are not conducted under the rules and regulations

promulgated by the Board in violation of the plaintiff’s right to the due process of law

and the equal protection of the laws guaranteed to plaintiff and all others similarly

situated, by the Constitution of the United States.

FOR A SEVENTH CLAIM FOR RELIEF:


paragraphs 1-35, 45-51, 54, 56, 66-76 and 79-80 of this complaint with the same force

and effect as if set forth at length herein.

82. Plaintiff has been and still is confined in an institution which is overcrowded, he has

not been provide with a bed and must sleep on the floor on blankets which he has had to

procure for himself, is exposed to unsanitary conditions and is not adequately fed, given

necessary medical treatment or allowed to take exercise. On information and belief, the

plaintiff alleges that the same unsanitary and *[14]* inhuman conditions prevail at other

institutions in which he has not been confined.

83. The conditions in which plaintiff and other convicts are confined constitute cruel

and unusual

punishment in violation of the Eighth and Fourteenth Amendments to the Constitution

of the United States.

FOR AN EIGHTH CLAIM FOR RELIEF:

84. Plaintiff repeats, realleges and reiterates each and every allegation contained in

paragraphs 1-35, 45-51, 54, 56-64, 66-76, 79-80 and 82-83 of the complaint with the

same force and effect as if set forth at length herein.

85. Plaintiff has been found to be in need of individualized psychiatric treatment by

personnel examining him on behalf of the Corrections Administration.

86. Plaintiffs situation is typical. Many prisoners are in need of medical attention or

psychiatric attention and do not receive any treatment except maximum confinement.

87. The Corrections Administration is under an obligation to provide medical treatment.

88. The failure to provide medical treatment to plaintiff and to all other prisoners

similarly situated is a denial of the due process of the laws and subjects them to cruel

and inhuman treatment.

FOR A NINTH CLAIM FOR RELIEF:


paragraphs 1-35 and in paragraphs 45-51, 54, 56-64, 66-76, 79-80, 82-83, and 85-87 of

the complaint with the same force and effect as if set forth at length herein.

90. Plaintiff and many other prisoners, have been subjected to disciplinary praceedings

without notice and without hearing in violation of regulations of the Corrections

Administration dated December 26, 1973, March 8, 1974 and July 24, 1975 and in

violations of various Orders of this Honorable * (15] * Court in cases involving the

rights of prisoners.

91. These disciplinary proceedings in violation of its own regulations, and without

notices and without hearings are violations of the inmates rights to due process of law,

the equal treatment of the laws, the effective assistance of counsel and subject them to

cruel and inhuman treatment.

FOR A TENTH CLAIM FOR RELIEF:


paragraphs 1-35 and paragraphs 45-51, 54, 56-64, 66-76, 79-80, 82-83, 85-87 and 90-91

of this complaint with the same force and effect as if set forth at length herein.

93. Plaintiff has complained by letter directly to the defendant, Carlos Romera Barcelo

[sic], who has knowledge of all the facts herein alleged.

94. Plaintiff has complained by letter directly to the defendant, lrba Cruz de Batista,

who has knowledge of all the facts herein alleged.

95. Plaintiff has been summoned to the Parole Board at the behest of the defendant,

Juan A. Del Valle Lopez [sic], who has knowledge of all of the facts herein alleged, as

do the other defendant members of the Parole Board.

96. On January 8, 1979, plaintiff was summoned before the Parole Board and was

notified that an immediate new parole hearing could be had if he would sign a “release”

waving notification as required in the Orders of this Honorable Court dated October 1,

1977 and April 6, 1978.

97. On information and belief, the Parole Board ha offered many prisoners the

opportunity of “speedy hearings” if the prisoners would waive their rights to notice of

hearings.

98. The actions of the Parole Board and the individual defendants, members of said

Board, in requesting these “releases” or “waivers” is a subterfuge to avoid notifying the

*[16]* inmates with the

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issues and facts to be considered in the parole hearing, and to deny the prisoner the

opportunity to prepare a case to establish his right to freedom on parole, and to deny

him the effective right of counsel.

99. Waivers by prisoners under the circumstances alleged herein are not meaningful

waivers of rights.

100. The “waivers” and “releases” signed by the prisoners should be declared null and

void and the Parole Board should issue no more because they are sought and procured

solely for the purpose of denying due process of law, the effective assistance of counsel,

and subjecting the inmates to cruel, prolonged and inhuman punishment.

WHEREFORE, plaintiff, in accordance with paragraphs 26-30 hereof, respectfully

prays this Honorable Court:

(1) To declare this a class action on behalf of all the prisoners in custody of the

Corrections Administration of the Commonwealth of Puerto Rico.

(2) To declare this a class action on behalf of all prisoners pending parole hearings or

decisions before the Parole Board of Puerto Rico.

(3) To declare plaintiff’s and all members of the classes he represents [sic] rights under

the Fifth, Sixth, Eighth and Fourteenth Amendments to the Constitution of the United

States and that these rights include:

(a) that no prisoner seeking asylum for physical or medical protection be classified as a

maximum security risk for parole purposes solely because he sought such asylum;

(b) that the Corrections Administration is under an affirmative duty to assist the

prisoners and particularly the felons in devision a plan for reintegration into the

community as part of their rehabilitation;

(c) that proper access to law books or attorneys be made available to the prisoners so

that they may not *[17]* be deprived of access to the courts and so that they may have

effective assistance of counsel;

(d) that standardized and published criteria be adopted for the classification of prisoners

and that the prisoners be notified of these classifications and reasons therefor [sic];

(e) that the prisoners be sent copies of all reports and decisions concerning their

behavior and adjustment (except for certain medical reports determined by professional

to be against their interests), that will be taken into consideration in parole

determinations;

(f) that the prisoners be notified by the Parole Board of the criteria that will be used by

the Parole Board in making parole determinations;

(g) that the plaintiff and all other prisoners be given beds to sleep on; wholesome and

adequate food; sanitary conditions and proper hygiene;

(h) that the plaintiff and all other prisoners be given medical and psychiatric attention

when necessary;

(i) that plaintiff and all other prisoners be given notification and a hearing with the right

of confrontation of witnesses who may testify against them; and,

j) that plaintiff and all other prisoners be given plenary parole hearings with complete

and

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due notice, with the right to seek counsel, and that there be no waivers of these rights

for the convenience of the Parole Board.

(4) To issue a preliminary and permanent injunction directing the defendants, in their

individual capacity and all persons working under their direction or in consort with

them in their representative capacity, or any agent, employee, contractor, servant,

representative, attorney or successor of them, in their representative capacity, do every

act consonant with the securing of the rights plaintiffs have been granted, *[20]* and

enjoining said persons from performing any act to deprive said prisoners of these rights.

(5) To grant damages to plaintiff and to each individual class member for each day any

right secured by a prior order of this Honorable Court or any right ordered to be

enforced herein is denied by any person acting by, for or on behalf of or as successor in

interest, to any of the defendant.

(6) To grant reasonable attorneys fees to plaintiffs attorneys for all services performed

on his behalf or on behalf of the class he is held to represent.

(7) To grant such other and further legal and equitable relief that this Honorable Court

may seem just and proper in the premises.

Santurce, Puerto Rico, February 6, 1979.

JOSÉ E. FERNÁNDEZ SEIN

CARLOS GARCÍA GUTIÉRREZ

HARVEY B. NACHMAN

Attorneys for Plaintiff

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ANEJO II

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT

FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO

CARLOS MORALES FELICIANO, et al.

Plaintiffs,

v.

RAFAEL HERNÁNDEZ COLÓN, et al,

Defendants.

CIVIL No. 79-001 (PG)

MOTION FOR AN ORDER TO

SHOW CAUSE WHY DEFENDANTS

SHOULD NOT BE FOUND IN CONTEMPT

OF COURT AND APPROPRIATE FINES IMPOSED

TO THE HONORABLE COURT:

COME NOW the plaintiff, by their undersigned attorneys and respectfully allege:

1. On September 5, 1980, after a hearing on plaintiffs’ motion for emergency relief, this

Honorable Court entered an Order directing the defendants and their successors in office

to provide each confined person in the custody of the Administration of Correction with

at least thirty-five square feet of personal living space and to provide a plan within six

(6) months of that date (or by March 5, 1981) that would ensure each inmate in the

system at least fifty-five square feet of personal living space.

2. After numerous notices of alleged “compliance” by the defendants (to which a cross-

motion for affirmative relief was filed-by the undersigned), this Honorable Court held

hearings in 1984 and 1985 both in the closed institutions and in open Court. As a result

of those hearings a decision was rendered on March 1986, reaffirming the [1] and Fritz

Byers, Esq. as Court Monitors of the Orders entered in this action.

3. After the appointment of the Court Monitors, discussions were begun to see if a

Stipulation concerning prison population could be negotiated for submission to the

Court. The undersigned attorneys filed a motion seeking a contempt order against the

Administrator of Correction. This motion was contested and prior to any resolution

thereof a Stipulation concerning prison population was reached on 26th day of

September, 1986.

This Court provisionally approved this Stipulation and directed defendants to adhere to

its provisions according to the time schedule set forth therein. On January 26, 1987,

after a hearing pursuant to Rule 23(e) of the Federal Rules of Civil Procedure, the Court

gave its final approval to the

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Stipulation. Relying on the representations made by the defendants throughout the

numerous sessions of negotiations held, and on the terms and conditions of the

stipulation, plaintiffs withdrew their motion to hold defendants in contempt and the

Court once again admonished defendants to comply with the terms of the Stipulation.

4. The Stipulation, a copy of which is annexed hereto as Exhibit I, has three deadlines.

As of November 30, 1986, the State Penitentiary including the area known as the

Intensive Treatment Unit (UTI) was to house no more than 1147 inmates all of whom

would be confined in cells. The inmates in UTI were to be convicted inmates and no

more than one person could be confined to a cell, at UTI. The rest of the State

Penitentiary could be converted into “open-celling” with double cell [2] occupancy

provided that the inmates who were doble-celled were pretrial detainees, and also

provided that certain enumerated conditions were maintained as to their care and

custody. At State Penitentiary there are twenty-three large cells in Sections B-1 and C-1

where emergency closed celling can occur.

5. As of December 31, 1986, the Administration of Correction was to provide thirty-five

square feet of personal living space while observing certain minimum hygienic

standards, and each institution was given a maximum number of inmates. As renovated

or new living quarters became available, the square feet of personal living space to each

confined prisoner or pretrial detainee was to be raised to fifty feet.

6. As of December 31, 1987, the Administration of Correction was compelled to

provide fifty-five square feet of living space to each person entrusted to its custody.

Other conditions and prohibitions are set out in the Stipulation relating to certain

specific areas.

7. Since the date that the Stipulation first went into effect at the State Penitentiary, the

Administration of Correction has failed to comply with it.1 Initially, the daily population

reports (which are [3] not daily, at all; they are not prepared on weekends or holidays)

reported the Federal prisoners at the State Penitentiary as if the were in a separate

prison. Realizing full well that the daily reports of population are inaccurate, we can,

nevertheless, rely upon them for the sole purpose of showing that since compliance with

the accepted stipulation was ordered, the Administration has failed to adhere to its

bargain, by its own admissions.

8. On February 3, 1987, the Monitors, Messrs. Vincent Nathan and Fritz Byers, issued a

“Second Report Of The Court Monitors” which was the first report relating to the terms

of the September 28, 1986 Stipulation (EXHIBIT l). That Report covered the

corrections system institutions and found numerous cases of violations at each closed

institution. At some of the institutions, the Monitors found that there were errors in

computations as to either the number of cells, or the actual square footage of the space,

or of the dormit

CASO DE MORALES FELICIANO Y EL HACINAMIENTO ......esta agencia era de tal magnitud que el Gobierno...

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