Elizabeth Muñoz Barquero y Egennery Venegas Villegas

Camino al encierro sin fin y con fin.Las penas en Costa Rica, siglo XIX

Abstraet. Conceming punishment we findthat during the 19th century our legislation showsa gradual but firm preference for prison, often ba-sed on the criteria of moral and public order. As forthe ends of punishment we indica te how the crite-ría of retribution and the one of crime - sin - sal-vation (repentance - amends) tend to prevail.

Resumen. Respecto a las penas encontra-mos que en el siglo XIX nuestra legislación pre-senta una paulatina pero marcada preferenciapor la pena de prisión, fundamentada a menudoen los criterios de moral y orden público. Res-pecto a los fines de la pena señalamos cómo seperfila la prevalencia de los criterios de retribu-ción y del delito - pecado - salvación (arrepen-timiento - enmienda).

I. Doctrinas y orientacionessobre la justificación de la pena

La noción de pena ha variado y varía deacuerdo con las justificaciones que de ella se deny a la vez estas justificaciones cambian según elaspecto que se conciba como fin de la pena. Paradeterminar en el anterior sentido las tendenciasmás o menos teóricas subyacentes en nuestra le-gislación en el siglo XIX (que abarca las Consti-tuciones, los códigos penales y de procedimien-tos, leyes, decretos, reglamentos, circulares yacuerdos conectados con el tema) hemos tenidoen cuenta las siguientes perspectivas filosóficas ofilosófico-jurídicas.

En general las doctrinas de la pena suelen di-vidirse en dos categorías: las absolutas y las rela-tivas. Las absolutas son las doctrinas retribucio-nistas que conciben la pena como fin en sí mis-mo, o sea como castigo, compensación, repara-ción o retribución del delito, justificada por suvalor axiológico intrínseco, por un deber ser me-tajurídico que tiene en sí mismo su fundamento(quia peccatum est). Las doctrinas relativas sontodas las utilitaristas, que consideran y justificanla pena sólo como un medio para la realizacióndel fin utilitario de la prevención de futuros deli-tos (ne peccetur). Para las doctrinas retribucio-nistas la legitimidad externa de la pena es a prio-ri, esto es, no está condicionada por fines extra-punitivos, mientras que para las utilitaristas la le-gitimidad está condicionada por su adecuación alfin perseguido, externo al derecho y necesita unbalance entre el valor del fin que justifica elcuándo de la pena y el coste del medio para elque está justificado el cómo (Roder, 1876; Ferra-joli, 1995).

El utilitarismo parte de estos supuestos: lo-grar la máxima felicidad dividida entre el mayornúmero; la pena debe ser un medio para prevenirfuturos delitos y los sufrimientos penales sonprecios necesarios para impedir males mayores.

Hemos acogido la siguiente clasificación dedoctrinas utilitaristas, según las funciones pre-ventivas asignadas a la pena: 1) prevención espe-cial positiva o de la corrección, con la funciónpositiva de corregir al reo. 2) Prevención espe-cial negativa o de la incapacitación, con la fun-ción negativa de eliminar o neutralizar al reo. 3)

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Prevención general positiva o de la integración,con la función positiva de reforzar la fidelidad delos asociados al orden constituido. 4) Prevencióngeneral negativa o de la intimidación, con la fun-ción de disuadir a los ciudadanos mediante elejemplo o la amenaza de la pena (Cruz, 1990; Fe-rrajoli,1995).

Dentro del marco de la prevención especial sepuede ubicar una de las orientaciones más anti-guas y extendidas que es la que concibe el fin dela pena como salvación o enmienda del reo, aso-ciado con la proximidad entre los conceptos de de-lito y pecado, propia de teólogos, juristas y legis-ladores, por ejemplo en el siglo XVI: la violaciónde la ley penal ofende a Dios (Tomás y Valiente,en: Beccaria, 1984: 19; Ferrajoli, 1995: 265).

Subrayamos dos cuestiones señaladas porFerrajoli: que las funciones mencionadas puedenpresentarse combinadas, y que las legislacionespenales típicamente correccionales solo se desa-rrollan en la segunda mitad del siglo XIX a la parde la difusión de concepciones organicistas delcuerpo social (Ferrajoli, 1995: 264).

11. Pena y separación

La orientación de salvación o enmienda, lapoena medicina lis, se vislumbra, por ejemplo,en una notable relación entre rosario, pan, gri-llete y varilla: los reos condenados a obras pú-blicas y destinados al presidio deberán rezar elrosario y después de cenar, guardar el mayor si-lencio. Mas durante horas de trabajo debentraer grillete, mancuerna o trozo al pie. Y si co-metían faltas, podían ser castigados con varilladesde 10 a 12 palos, con cepo de campaña, condoble tarea en el trabajo, pero nunca con la pri-vación de alimento (Reglamento del PresidioUrbano, Decreto III, 22 de febrero de 1839).Encontramos claramente tal orientación en elCódigo Penal de 1841, el cual establece que ca-be la posibilidad de conseguir una rebaja de lapena por medio del arrepentimiento y de la en-mienda. Ambos deben traducirse en un com-portamiento ejemplar (art. 100-102). Casi 40años más tarde, en el Código de 1880 (art. 112)se legisla de modo similar.

En 1864, el Reglamento de la Casa Nacionaly Cárcel Provisional de Mujeres (Decreto LXI, 28de junio) establece que entre los deberes del cape-llán está el exhortar a las reos convictas al arre-pentimiento y enmienda y persuadirlas de que noes el castigo sino su crimen el que las ha degrada-do y que un arrepentimiento verdadero y una en-mienda sincera pueden hacer que castigo y cri-men sean olvidados por la sociedad, así como elpecado es perdonado por Dios (art. 15). El Gober-nador designará la lectura nocturna -que estará acargo de la Directora o ellas mismas- tomando encuenta máximas morales o religiosas, y saluda-bles ejemplos, para inspirar horror al vicio, amora la virtud y afición al trabajo (art. 79). Desde es-te punto de vista la evasión de un reo se concibecomo la prueba de su impenitencia (Memoria delMinistro de Obras Públicas, 8 de mayo de 1874).

En atención a que el servicio religioso con-tribuye mucho a despertar y cultivar en el espíri-tu de los reclusos los sentimientos de moralidadque han de decidir de su enmienda y poner obs-táculos a la reincidencia, en 1908 se acuerda es-tablecer un servicio religioso en el presidio deSan Lucas. Aquellos penados que no son católi-cos no tienen que ir a misa pero todos deberánconcurrir a las lecciones de moral (Acuerdo 460,27 de febrero).

También al finalizar la primera década delsiglo XX se dispone que en ningún caso se otor-gará la rehabilitación si el penado no hubieramostrado con su conducta, arrepentimiento y en-mienda (Decreto 118, 18 de octubre, 1909, Leyde Gracia, arto 27).

La asociación delito/pecado (salvación/en-mienda) depende, en este contexto, de un castigoejemplar: en 1830, el Jefe de Estado, Juan Mora,le recuerda a la Asamblea que deben arreglarselos vacíos reglamentarios de la Corte para que nose perjudique la vindicta pública, en el castigo yescarmiento de los delincuentes (Meléndez,1981: tomo 1, 51). Es de interés público el pron-to castigo de los delincuentes para su correccióny debido escarmiento (Resolución XVIII, 22 deenero de 1840).

La otra corriente doctrinal que encontramosen el siglo XIX en nuestro país es el retribucio-nismo. Recuérdese que en esta corriente no se

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distingue el derecho de la moral (y acaso tampo-co de la religión): la pena se presenta como unvalor moral correlativo al disvalor moral ontoló-gicamente asociado al delito. Según Kant (a pro-pósito de la pena de muerte) la ley penal es unimperativo categórico y la pena se dirige contrala maldad interna de los criminales (Kant, 1974:147 y 149). Al igual, ha de tenerse en mente queen esta perspectiva prevalece la idea de que infli-gir penas tiene un valor intrínseco y no persigueotra cosa que la justa retribución de los delitos ypor tanto la pena no tiene ningún fin. La expre-sión doctrinal más extrema de esta tesis la encon-tramos asimismo en Kant: "La pena jurídica (...)no puede nunca aplicarse como un simple mediode procurar otro bien, ni aun en beneficio del cul-pable o de la sociedad; sino que debe siempreserio contra el culpable por la sola razón de queha delinquido." (Kant, 1974: 147). Y, según lo ve-mos, el mejor ejemplo criollo de aplicación deesta tesis lo encontramos en el código de Carri-llo: "El reo condenado a prisión la sufrirá (...) sinmás trabajo ni mortificación que no poder salirde su recinto interior hasta cumplir su condena."(art. 67).

Pero la "razón punitiva" de la que habla Fou-cault (Leonard, 1982: 43) paulatinamente se ha-ce una con la "razón encerradora". Y aquí estima-mos que se cruzan y entreveran dos puntos devista: el que supone que los delincuentes puedeny deben mejorar (ora por el arrepentimiento y laenmienda, ora, conforme avanza la penología,por técnicas cada vez más específicas como la re-habilitación, la reinserción y demás) si están ais-lados de la sociedad, y el que supone que la leni-dad en las penas origina una mayor delincuenciay que por tanto, es menester hacer más severaslas penas de prisión.

"Los grillos, sin embargo de ser prohibidosson indispensables con la falta de cárceles segu-ras y de fondos con que construirIas; se acordórecomendar al Gobierno la construcción de ellasespecialmente en los pueblos principales." (Or-den, 30 de marzo de 1826). Para 1834 está en elambiente la idea de que "el progreso de la inmo-ralidad depende en buena parte de la falta de fon-dos para establecer cárceles seguras (...)" (Jines-ta, 1940: 121). En 1849 se establece que se cons-

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truyan penitenciarías y cárceles para asegurar alos reos y delincuentes (Decreto XXXV, 20 de ju-lio, Reglamento de Policía). Don Juan Rafael Mo-ra, en 1858, le recuerda al Congreso que ya es ne-cesario ensayar el sistema penitenciario tan gene-ralizado en el día, para que el castigo de los crí-menes no empeore la situación de los delincuen-tes, y más bien los convierta en buenos ciudada-nos (Meléndez, 1981: tomo 1, 215). En 1863 seinstituye una casa nacional de reclusión de muje-res que servirá también como cárcel, mientras nohaya un edificio separado para ese fin (DecretoXVIII, 30 de julio). Este establecimiento de mu-jeres sigue teniendo en 1864 el doble carácter depenitenciaría y cárcel. Según su Reglamento deese mismo año, es el lugar donde exclusivamentedeben ejecutarse el arresto y prisión como mediosde seguridad, el apremio corporal y el arresto, pri-sión, reclusión y trabajo forzado, en concepto depenas (art. 48) (Decreto DLXI, 28 de junio).

Poco más tarde, en 1867, esta vez el presi-dente José María Castro, le recuerda al Congresoque el país aún no cuenta con una penitenciaríaque corresponda al poder y civilización de la Re-pública (Meléndez, 1981: tomo 11,56).

A partir de la década de los setentas aumen-ta la creación de establecimientos penales y decorrección. Corre el año 1872: "Para procurardisminuir los delitos (...) se autoriza la construc-ción de una cárcel en que se custodien los reos yuna casa correccional en donde sufran su conde-na los reos sentenciados a reclusión. También seautoriza un presidio formal en un punto de la cos-ta o cualquier otro lugar conveniente." (DecretoXXXIV, 27 de julio). El lugar designado comoconveniente será la parte norte de la isla de SanLucas (Resolución VII, 28 de febrero de 1873).En su primer reglamento (Decreto VII, 25 de fe-brero de 1874) se dice que solo serán admitidoslos reos condenados a presidio, obras públicas oreclusión; en el segundo (Decreto XIX, 28 deabril de 1884) se dice que solo se admitirán losreos condenados a presidio en San Lucas, o a de-portación, presidio interior mayor o menor,mientras estas tres últimas penas tengan que pur-garse en él (art. 13). Esto no obstante, para 1892encontramos que un Juan Rafael Martínez estádescontando una pena de siete meses de presidio

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en San Lucas, por simple delito de hurto (Acuer-do CDXIV, 10 de noviembre). Según lo vemos,esta situación se debió o a que como no se habíaconstruido aun la penitenciaría -solicitada en1858 por Mora, en 1867 por Castro, por ejemplo,y formalmente instituida en el Código Penal de1880--- ya no cabía la gente en otros estableci-mientos, o a que el señor Martínez fue enviado ala isla por un error judicial.

Apenas creado el presidio de San Lucas seconsideró de conveniencia pública establecerotro presidio en 1874, el de la isla del Coco (De-creto XXXI, 3 de julio) especialmente para losreos condenados a pena capital, a quienes el Po-der Ejecutivo tuviera a bien conmutar la pena, ypara otros a quienes por la gravedad de sus crí-menes o las circunstancias de éstos, fuera necesa-rio emplear mayor rigor y alejarlos de los centrosde población de la República. También estabandestinados al Coco los reos condenados a presi-dio en San Lucas y que hubieran intentado fugar-se. En 1878, se decreta que también irán a la isladel Coco los criminales reincidentes por terceravez (Decreto XVII, 21 de enero).

En 1881 provisionalmente y por razones deeconomía se dispone que los reos condenados ala isla del Coco, lo sean a la de San Lucas (De-creto XXX, 15 de junio), mas en 1882, ahora porrazones de conveniencia y utilidad pública se res-tablece el presidio del Coco (Acuerdo IX, 22 defebrero). Finalmente, de nuevo por razones eco-nómicas, en 1882 se dispone trasladar a los reosque estuvieran en ese momento en el Coco, a SanLucas, y también se dispone hacer lo necesariopara convertir a esta última isla en un lugar salu-bre (Decreto VII, 6 de octubre). 1

Un decreto de 1880 había dispuesto en todocaso que mientras se construía en la capital la pe-nitenciaría donde habrían de purgarse las penasde reclusión y presidio interior, la primera seconmutaba en la de multa o en la de arresto y lasegunda se descontaría en San Lucas (VII, 11 demayo). Para 1885 el Colegio de Abogados se pro-pone como tarea allegar cincuenta, cien mil pe-sos, para la construcción de la penitenciaría (ElForo, 23 de enero de 1885, 128).

Casi al tiempo, y según el Considerando delDecreto VI, 21 de abril, 1887, se percibía como

excesiva lenidad aquella con que el Código Penal(de 1880) castigaba a los criminales, y se estima-ba como la causa de que aumentara la comisiónde delitos; además como se había convertido ladeportación en 10 años de presidio en San Lucas,desapareció una de las gradas de la escala penal,y se determinó que se establecía así una igualdadperjudicial para delitos y crímenes. Entonces sedecretó que la pena de deportación que aparecíaen el Código Penal, se convirtiera en 20 años depresidio en San Lucas y que la de presidio en SanLucas se agravara con una mitad más del tiempode duración correspondiente. Se dispuso tambiénque no se conmutaran las penas de deportación,presidio en San Lucas y presidio interior.

El 1 de mayo de 1887 en su mensaje anual elpresidente Bernardo Soto se dirigió a los miem-bros del Congreso en estos términos: "Esfuerzoslaudables se han hecho y continúan haciéndosepara perfeccionar el sistema penitenciario, tanmal establecido como se halla, no solo desde elpunto de vista material, que es lamentable, sinodesde el netamente legal que adolece de gravesvicios, especialmente por la lenidad de las penas.En cuanto a lo primero el Gobierno tiene en mi-ra (...) fundar una penitenciaría con todas las con-diciones necesarias (...) y cuanto a lo segundo(...) Yo os encarezco esa materia porque la crimi-nalidad aumenta notablemente." (Meléndez,1981: tomo III, 33).

Acercándose ya el siglo XX y esta vez en re-lación con los menores de ambos sexos, se partede que conviene corregir eficazmente a los vicia-dos, para formar ciudadanos útiles a la Patria yponer coto al aumento de la criminalidad, y en-tonces se establece la Casa Nacional de Correc-ción (Decreto 17, 12 de julio de 1894).

Ya tiene el país en donde encerrar a mayoresy menores de ambos sexos. Pero también llegó aconcebirse una ciudadela penitenciaria, con mu-cho viso de ciudad (¿universitaria?):

Complemento obligado de la Ley de los Tribunales es laexistencia de establecimientos adecuados a la ejecución delas penas. Aceptado ya el sistema mixto de penitenciaría ycolonia penitenciaria, según la naturaleza de los delitos, co-mo el más apropiado para el país, ha resuelto el Poder Eje-cutivo levantar en las cercanías de esta capital una ciudadelapenitenciaria que comprende, debidamente aislados entre sí,

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cuanto establecimiento de prevención y penalidad haya de fun-darse, incluyendo en aquéllos las casas de corrección de menoresy los departamentos de vagos de ambos sexos. (Mensaje del Pre-sidente de la República, don Rafael Iglesias, al Congreso Consti-tucional, 1 de mayo de 1897. (Meléndez, 1981: Tomo ID, 96).

Esta ciudadela no pasó del papel a la realidadcomo no lo hicieron muchos otros intentos en pa-recida dirección en el siglo XIX. La penitenciaríaque se esperaba erigir ya hacía tanto tiempo, solose hizo realidad en 1909 (Decreto 29, 20 de ma-yo). A esa función se destina la Cárcel Nuevacreada en 1905 (Ley 7 del 31 de mayo).

La nueva cárcel era para entonces moderna(versión nacional del viejo sueño de Bentham)? encuyo "panóptico o semicírculo central se montó,con sus respectivas escalas y barandas, la platafor-ma que se usa para vigilancia general interna."(Informe de la Inspección General de Obras PÚ-blicas, 1909). En esta penitenciaría se cumpliránlas penas de reclusión y presidio interior y ahí po-drán ser trasladados los reos condenados a esaspenas que estén en San Lucas y que no sean pró-fugos potenciales. Pero los temblores de 1910 nofavorecieron esta iniciativa, ya que se arruinó laparte del edificio destinada a la penitenciaría y porlo tanto, como se consideró que era imprescindi-ble asegurar a los reos sentenciados a presidio in-terior o reclusión y la efectividad de sus condenas,se decretó que el edificio quedara con el nombrede Cárcel Pública de San José y que los reos con-denados a descontar sus penas en la Penitenciaríafueran trasladados con el mismo fin a San Lucas,con el favorecimiento de rebajarles una cuartaparte de su condena (Decreto 16, 7 de junio).

111. Encierro es encierro

Hemos documentado cómo se desarrolló elcamino de intento de construcción o de construc-ción de instalaciones carcelarias y cómo para1841 se legisló para que el encierro no tuvieracomo fin más que él mismo, o sea cómo se legis-ló para un encierro sin fin. De la comparación en-tre los códigos penales de 1841 y 1880, que seofrece a continuación, se puede desprender cómose perfiló la preferencia por la pena de prisión,pero esta vez con fin.

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Antes de la emisión del Código de Carrillonuestro estilo punitivo dependió del modelo colo-nial, que era continuación del régimen jurídico es-pañol. Entre otras, se usaban las penas de ahorcay el garrote vil. Vale recordar que en 1813 lasCortes abolieron la pena de azotes en toda la mo-narquía y que tal prohibición se hizo extensiva alos establecimientos de corrección y se exigió queen lugar de azotes se agravaran las penas de pre-sidio y obras públicas (tendencia que, como se havisto, continuará durante la vida independiente).A partir de 1821 se conserva la pena de muerte(fusilamiento o la ahorca), así como el destierro,las penas pecuniarias y de trabajos públicos.

Códigos de 1841 y de 1880

En el código de Carrillo (1841) se encuentrala siguiente clasificación de penas: corporales(e.g. muerte, presidio, extrañamiento, obras pú-blicas, etc.); no corporales (infamia, inhabilita-ción para ejercer profesiones o cargos) y pecu-niarias (multas, pérdida de efectos). La pena demuerte no es abolida sino a partir de 1877 y, co-mo se ha señalado, la prisión, pena en sí misma,no tiene fin.

En relación con el código de Carrillo, el có-digo penal de 1880 presenta un cambio notableen cuanto a la clasificación y ejecución de las pe-nas: de crímenes (deportación, presidio en SanLucas, presidio interior mayor), de simples deli-tos (presidio interior menor, reclusión menor, ex-trañamiento menor) y de faltas (arresto). Agregaunas penas adicionales comunes a los tres tiposanteriores y otras denominadas accesorias a losdos primeros tipos. Las comunes son multa ypérdida o comiso de los instrumentos o efectosdel delito. Las accesorias, para pena de crímenesy simples delitos, son caución o sujeción a vigi-lancia de las autoridades, o celda solitaria o in-comunicación con personas ajenas al estableci-miento penal.

Otro aspecto importante es que de la ejecu-ción de algunas penas de crímenes, se producenefectos como el sujetar al reo a trabajos penososy forzados. Por ejemplo la pena de deportaciónconsiste en el traslado del reo al establecimiento

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de la isla del Coco para destinarlo a trabajos pe-nosos y forzados (art. 41).

Un cambio en relación con el código del 41está en el ampliar la aplicación del principio delegalidad: ahora no solamente el infractor debeser juzgado de acuerdo con un delito que esté es-tablecido en una ley anterior, sino que también laejecución de la pena debe realizarse en concor-dancia con lo prescrito en la ley (art. 68).

Otra cuestión relevante del código del 80 esque regula el destino del producto del trabajo delos condenados a deportación y presidio, reclu-sión y prisión.

Si se repara en la reducción del tipo de pe-nas, se puede concluir que de las penas privativasde libertad, la prisión se convierte paulatinamen-te en la pena por excelencia.

En las disposiciones del Código Penal de1841 relativas a los tipos de penas, su gradación yejecución, así como en las normas sobre los pro-cedimientos en los juicios criminales, aparece lafigura de la prisión como la manifestación puniti-va que asegura la separación del reo y su castigo.A prisión corresponden las penas de presidio, lareclusión, la prisión en una fortaleza y el arresto(arts. 28, 67 Y 74). Las autoridades judicialescompetentes para juzgar y sentenciar, detendránprovisionalmente en la "cárcel" al acusado de de-lito que importe pena corporal e iniciado el proce-so de instrucción el juez de primera instancia estáfacultado para decretar "prisión" si de la pruebasse concluye la culpabilidad del detenido. En elexamen de las normas de este código revisten im-portancia las dirigidas al régimen de las cárceles,lugares para los "detenidos y presos".

La legislación penal siguiente, código de1880, mantiene una concepción similar en cuan-to a la importancia y significado de la prisión co-mo pena de crimen, delito y falta (arts. 22 a 25).La prisión, sigue siendo encierro y separación delinfractor aun cuando sus modalidades sean la de-portación, el presidio en San Lucas, el presidiointerior, la reclusión y el arresto.

En el código penal de 1880 el trabajo, peno-so o no, es obligatorio (excepto para los mayoresde 60 años) con un doble fin: económico y disci-plinario-terapéutico: la vagancia es la madre detodos los males. Con este código y su reglamen-

tación, seguimos rogando y con el mazo dando,encerrados con un fin que podemos denominarpreventivo (ne peccetur). Pero aunque pueda te-ner otros sinónimos, encierro es encierro.

Hacemos notar que en este vasto y complejocampo de los supuestos ético-jurídicos (orienta-ciones, doctrinas, teorías) que informan o han in-formado las legislaciones nacionales, considera-mos que es arriesgado afirmar cambios tajantesdel siglo XIX al XX. Esto por cuanto como se hacitado, todavía en 1909, encontramos, en la Leyde Gracia, que se otorgará la rehabilitación cuan-do el penado muestre con su conducta, "arrepen-timiento y enmienda" (No. 118, 18 de octubre).

Pero si bien observamos que a principios delsiglo XX, se "cuelan" en la legislación orientacio-nes "expiatorias" -que también podríamos ejem-plificar en el siglo XXI- asimismo hallaremos demanera explícita orientaciones hacia el correccio-nalismo'', la defensa social, el régimen progresivoy la prevención mediante los derechos y deberes.Mas al igual encontraremos cárceles repletas y vi-gente la unidad de la idea de que a mayor lenidad,de la pena, más crece la delincuencia y el remedioes aumentar el encierro.

Notas

l. Movimientos de opinión se manifestaron a favorde cambios: "Cuando la ciencia penal llegue ahacerse campo entre nosotros, se abandonará esearraigado error de considerar a la pena como unmal y ese día desaparecerá - el arto42 del Códi-go Penal de 1880 - (...) inspirado por el antiguocriterio de que es justo mortificar al delincuentey ser cruel con él, y se comprenderá la enormeinjusticia que se comete manteniendo un presidioen lugar tan malsano como San Lucas." (RicardoJiménez, "Disertación del examen público pararecibir el título de abogado", Revista El Foro,#36,19 de octubre de 1884).Al igual "Tiempo esya de que los hombres bien intencionados que in-tervienen en la dirección y manejo de los nego-cios de interés general (...) se decidan a suprimirel presidio de San Lucas, vergüenza de una so-ciedad que blasona de culta." (Alfonso Jiménez,"El presidio de San Lucas", Revista El Foro, #11,15 de marzo de 1906). Estos deseos no se veráncumplidos sino hasta más de 80 años después.

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2. Véase de Bentham, The Panopticon Writings.3. Vale señalar que ya en el año 1906 el abogado To-

más Fernández Bolandi expresó su preocupaciónacerca de la importancia que reviste en la prácti-ca la elección de la clase de penas que el juzgadorimpone a los delincuentes. Es su opinión que porese motivo se pueden cometer errores que impli-can a menudo la pérdida de la posible correccióndel delincuente. Añade que el fin de la ley no estener las cárceles llenas de prisioneros sino con-tribuir a la defensa social. Por lo tanto, los juecesdeben penetrar el espíritu de la ley: así se mejora-rá la administración de justicia y se contribuirá ala mejora moral y social del individuo ("Aplica-ción de las penas alternativas"; Revista El Foro,#11, 15 de marzo).

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