Aveledo - La Historia de La República Liberal Democrática de Venezuela 1959 1999

Asesores de la serie: Germn Carrera Damas y Naudy Surez Figueroa.

Coordinacin de la edicin: Ivn Castro Delgado.

De esta edicin para todos los pases

Fundacin Rmulo Betancourt, 2013.

Urb. Altamira, 8va. Transv. entre 6ta. y 7ma. Avenida,Quinta Pacairigua, Caracas, 1060 Venezuela.Telfs.: +58 212 261.6840- + 58 212 [email protected]

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Revisin de textos: Hayde Seijas.

Seleccin de imagen:Imagen de la portada:

Hecho el depsito de Ley

Depsito Legal: lf53920139003179ISBN:

Diseo de coleccin y portada: Analiesse Ibarra.Paginacin y arte final:Helen Maso

Impresin:

La segunda Repblica liberal democrtica / 1959-1998

Guillermo Tell Aveledo Coll

Presentacin

Dentro del designio de promover y difundir un conocimiento intelectualmente crtico de la historia poltica del pas, la Fundacin Rmulo Betancourt ha puesto en marcha la edicin de las series antolgicas Cuadernos de Ideas polticas y de Historia contempornea de Venezuela, derivada sta ltima de la experiencia de los diplomados sobre dicha materia dictados con la Universidad Pedaggica Experimental Libertador. En la siguiente pgina el lector encontrar el programa del diplomado.

Cada uno de los ttulos de la serie de Historia contempornea de Venezuela comprende un estudio especfico sobre un periodo temporal determinado, a partir de la transformacin poltica iniciada en 1810-1811, acompaado de una antologa de documentos pertinentes al mencionado periodo y una cronologa.

En medio de una polmica como la actualmente entablada entre nosotros en lo que atae al ms conveniente de los sistemas poltico-sociales aplicable al pas en la presente coyuntura histrica, estos textos tienen en comn el mostrar la forma cmo, con tropiezos y hasta eclipses temporales, pero de forma, a la larga, segura y definitiva, los venezolanos se han movido y siguen movindose desde hace ya justamente dos siglos en direccin del ms libre, igualitario y, en fin de cuentas, humano de dichos sistemas: el democrtico.

Dr. Naudy Surez FigueroaPresidente Fundacin Rmulo Betancourt

Diplomado de Historia contempornea de Venezuela1

Programa*

N Mdulos y conferencias Horas1 Desarrollo de las potencialidades humanas 62 Continuidad y ruptura en la Historia contempornea de

Venezuela3 3.1. De la abolicin de la Monarqua hacia la instauracin

de la Repblica 1815-183012

3.2. La primera revolucin de Caracas 1808-1812 124 4.1. La instauracin de la Repblica liberal autocrtica.

Claves para su interpretacin 1830-1899 12

4.2. La construccin de la Repblica 1830-1850 124.3. La era de los gendarmes. Caudillismo y liberalismo autocrtico 1861-1936

5 Instauracin del Estado moderno y auque de la Repblica liberal autocrtica 1899-1935

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6 6.1. Ocaso de la Repblica liberal autocrtica 1935-1945 186.2. El sistema poltico venezolano durante el decenio 1936-1945

7 La primera Repblica liberal democrtica. La Revolucin de Octubre 1945-1948

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8 La dictadura militar 1948-1958 129 9.1. Concertacin y confrontacin en la Historia

republicana de Venezuela 195812

9.2. La segunda Repblica liberal democrtica: auge y crisis 1959-1998

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Eplogo sobre la Venezuela contempornea en perspectiva histrica (Conferencia de clausura)

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Total horas presenciales 1601Para mayor informacin sobre el diplomado: duracin, fechas de inicio, requisitos, costo, lugar, preinscripcin, materiales de lectura, etc., favor comunicarse con la Fundacin Rmulo Betancourt por el correo [email protected]

Conferencistas que han participado en el Diplomado

Aveledo, Ramn GuillermoAveledo, Guillermo TellBruni Celli, Marco Tulio

Caballero, ManuelCarrera Damas, Germn

Castillo, OcarinaConsalvi, Simn Alberto

Garca Ponce AntonioLeal Curiel, Carol

Mayobre, EduardoPlaza, Elena

Rey, Juan CarlosSerrano, EzioStraka, TomsSurez, Naudy

Ttulos de la serie antolgica Historia contempornea de Venezuela2

N 1 De la abolicin de la Monarqua hacia la instauracin de la Repblica, 1810-1830. Estudio introductorio de Germn Carrera Damas. Caracas, 2009.

N 2 Instauracin de la Repblica liberal autocrtica: claves para su inter-pretacin, 1830-1899. Estudio introductorio de Toms Straka. Cara-cas, 2010.

N 3 Instauracin del Estado moderno y auge de la Repblica liberal auto-crtica, 1899-1935. Estudio introductorio de Manuel Caballero. Cara-cas, 2010.

N 4 Ocaso de la Repblica liberal autocrtica, 1935-1945. Estudio intro-ductorio de Antonio Garca Ponce. Caracas, 2010.

N 5 La Revolucin de Octubre. La primera Repblica liberal democrtica, 1945-1948. Estudio introductorio de Simn Alberto Consalvi. Caracas, 2010.

N 6 Venezuela, 1948-1958. La dictadura militar. Estudio introductorio de Eduardo Mayobre, antologa coordinada por Mirela Quero. Caracas, 2013.

N 7 La segunda Repblica liberal democrtica, 1958-1998. Estudio intro-ductorio y antologa de Guillermo Tell Aveledo Coll. Caracas, 2013.

N 8 La disputa de la Independencia en Venezuela: auge, tregua y reanuda-cin, 1815-1821. Estudio introductorio de Germn Carrera Damas. Caracas, 2012.

N 9 Venezuela: 1830-1850 la construccin de la Repblica. Estudio introduc-torio, antologa, cronologa y bibliografa de Elena Plaza. Caracas, 2011.

N 10 Venezuela: 1861-1936. La era de los gendarmes. Caudillismo y libera-lismo autocrtico. Estudio introductorio, antologa, cronologa y bi-bliografa de Toms Straka. Caracas, 2013.

Ttulos en preparacin

N 11 Sobre continuidad y ruptura de la Historia contempornea de Vene-zuela. Germn Carrera Damas.

N 12 La primera revolucin de Caracas (1808-1812): Juntismo, elecciones e independencia absoluta. Carole Leal Curiel.

2 Para obtener informacin sobre precios, venta, etc., favor comunicarse con la Fundacin Rmulo Betancourt por el telfono 0212-261.6840, de 9:00 am a 12:00 m, o por el correo electrnico [email protected]

Ttulos complementarios a la Serie antolgica Historia contempornea de Venezuela

Serie Cuadernos de Ideas PolticasN 1 Punto Fijo y otros puntos. Los grandes acuerdos polticos de 1958. Es-

tudio preliminar de Naudy Surez Figueroa. Caracas, 2006.N 2 El Plan de Barranquilla. Estudio preliminar de Manuel Caballero. Ca-

racas, 2007.N 3 La Generacin del 28 y otras generaciones. Antologa de textos. Com-

pilacin de Naudy Surez Figueroa. Caracas, 2007.N 4 La nacionalizacin petrolera. 1976. Culminacin de una poltica. Estu-

dio preliminar de Eduardo Mayobre. Caracas, 2007.N 5 Personalismo o liderazgo democrtico. El caso de Rmulo Betancourt.

Estudio preliminar de Juan Carlos Rey. Caracas, 2008.N 6 El joven Betancourt. De la Semana del Estudiante al Plan de Barran-

quilla. 1928-1931. Estudio preliminar de Naudy Surez Figueroa. Ca-racas, 2008.

N 7 Emergencia de un lder. Rmulo Betancourt y el Plan de Barranquilla. Germn Carrera Damas. Caracas, 2008.

N 8 Rmulo Betancourt en la Conferencia de Bogot, 1948. Estudio preli-minar de Simn Alberto Consalvi. Caracas, 2008.

N 9 La primera Repblica liberal democrtica, 1945-1948. Documentos bsicos. Germn Carrera Damas. Caracas, 2008.

Ttulos en preparacinN 10 El sistema poltico venezolano durante el decenio 1936-1945: los go-

biernos de Lpez Contreras y Medina. Juan Carlos Rey.

Videos

N 1 De la abolicin de la Monarqua hacia la instauracin de la Repblica (1815-1830). Germn Carrera Damas, 60 minutos.

N 2 Instauracin de la Repblica liberal autocrtica: claves para su inter-pretacin, 1830-1899. Toms Straka. Caracas, 2010. 60 minutos.

N 3 Instauracin del Estado moderno y auge de la Repblica liberal auto-crtica, 1899-1935. Manuel Caballero. Caracas, 2010. 60 minutos.

N 4 Ocaso de la Repblica liberal autocrtica, 1935-1945. Antonio Garca Ponce. Caracas, 2010. 60 minutos.

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La segunda Repblica liberal democrtica (1959-1998)

Guillermo Tell Aveledo CollEscuela de Estudios Liberales, UNIMET

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Cualquier fuerza poltica doctrinariamente democrtica tiene que ad-mitir cierto relativismo en el anlisis y tratamiento de todas las cuestiones sociales. La poltica no es una ciencia exacta que pueda reducirse a ecuacio-nes (). Se ha dicho que gobernar es escoger; escoger entre alternativas, todas posibles, alguna simplemente mejor o menos mala, a veces todas in-gratas. () Hoy las opciones son muy arduas para quien intente concentrar la completa responsabilidad de ellas tiene que juzgarse a s mismo dotado con un repertorio de conocimientos colindante con el prodigio. Adems, an si esta capacidad nica existiera y estuviera en funciones, las soluciones que acuerda slo seran buenas en relacin con algn punto de vista especial o en funcin de algn determinado sector de intereses. () Por eso no hay decisin que no deje descontentos. Y por eso tambin los problemas pol-ticos, segn lo han constatado grandes estadistas, no admiten verdaderas soluciones sino arreglos ms o menos felices. La modestia reclama su culto. En poltica, esta virtud puede alcanzar la ms sorprendente eficiencia.1

Con estas palabras, Gonzalo Barrios se diriga a sus compaeros de partido apenas un ao despus de la derrota electoral de su candi-datura en 1968. La segunda Repblica liberal democrtica venezolana iniciaba entonces su segunda dcada de existencia, y en la pesadumbre de una fuerza poltica recin convertida en oposicin democrtica, se notaba una sabia constatacin: las transformaciones polticas no son frmulas mgicas de las cuales, como desde la varita de un hechice-

1 Gonzalo Barrios (1969): Mensaje por el 28 aniversario de Accin Democrtica, 13-09-1969, recogido en BARRIOS, Gonzalo (1982): Mensajes Aniversarios del Partido. Caracas, Fundacin Nacional Gonzalo Barrios, pp. 11-12.

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ro, emanan leyes y decretos. Se trata ms bien de procesos histricos prolongados, en donde la voluntad humana y sus expresiones institu-cionales influyen apenas parcialmente en fenmenos de larga data y de desarrollo a veces imperceptible. As, las expectativas de perfeccin inalcanzable seran la negacin del saber poltico prctico y esto en-tre todas las creaciones polticas de la humanidad es ms evidente para la democracia y su manifestacin contempornea: la democracia liberal. sta es un hbrido histrico de fuentes diversas que confluyen: el liberalismo como la racional bsqueda de limitacin y reparticin pluralista del poder, junto con la democracia como la aspiracin ideo-lgica a una sociedad justa e igualitaria.

Qu es la democracia liberal? Se trata de un sistema poltico que puede estar acompaado de

modos de vida determinados o de culturas polticamente particulares, pero de manera fundamental, es un conjunto de instituciones y reglas que se legitima a travs de la soberana expresada en la participacin poltica regular y razonable de millones de individuos, el demos, para la seleccin de los miembros del poder pblico por medio de elecciones regulares, plurales y competitivas. Tpicamente, esto implica el ejerci-cio liberal del poder; es decir, la presencia e influencia de una opinin pblica variada y libre, la existencia progresiva de cartas de derechos, as como la instauracin de arreglos constitucionales que garanticen la divisin y la limitacin de los poderes pblicos en ejercicio. Todo esto descansa sobre un ideal: el de facilitar la distribucin del poder y sus efectos a favor de los variados intereses as organizados y formulados. Es decir, que los gobernantes elegidos y regulados por tal sistema ex-presan la voluntad popular2; pero como tal voluntad es imposible de

2 A decir de Sartori, la democracia es tanto un mecanismo de legitimacin (el poder deriva del pueblo), como un sistema poltico (que intenta resolver la tensin entre la titularidad del poder y su ejercicio concreto) y un ideal (la aspiracin de autogobier-no). SARTORI, Giovanni (2008): Democracia, en Elementos de Teora Poltica. Ma-drid, Alianza, pp. 29-79.

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precisar, este sistema requiere de mecanismos que eviten que la frus-tracin ante esa imposibilidad termine decantando en un sistema po-ltico que privilegie la fuerza o la tradicin como modos de legitimar el ejercicio del poder.

De este modo llegamos a lo que ser una constatacin central: la democracia slo es posible donde la posesin del poder dependa de la voluntad de la poblacin, lo cual hace de su ejercicio un hecho a la vez incierto y competido. Incierto, porque la poblacin puede cambiar de opinin, y competido porque cualquier sector social relativamente or-ganizado puede influir en el ejercicio del poder de diversas maneras. Adems, existe una pretensin adicional que dice ms de la forma de Estado que hemos preferido contemporneamente el Estado Social de Derecho que de su sistema poltico predominante la democracia liberal: a las enormes exigencias que para la estabilidad tiene ya el sistema democrtico, le hemos aadido el objetivo histrico de satis-facer las necesidades econmicas, sociales y culturales de la poblacin; lo cual, si bien podra ser considerado accesorio a la democracia libe-ral, era parte del cuadro ideolgico esencial de los lderes polticos que la propiciaron entre nosotros. Estas dos tensiones la derivada de la imprecisin de la voluntad popular, y la derivada de sus crecientes as-piraciones de poder y de satisfaccin de sus cambiantes necesidades implican que no puede existir una democracia perfecta.

La segunda Repblica liberal democrtica, cuyas primeras cua-tro dcadas examinaremos en este ensayo, no fue perfecta. Pero con-tinu y mejor los procesos que eclosionaron de manera dramtica en la primera Repblica liberal democrtica, y dieron lugar a la mani-festacin ms estable del proyecto histrico nacional: la transmisin de la soberana desde los mecanismos de la tradicin monrquica o el personalismo armado, hasta su ejercicio popular organizado y libre. Durante esas cuatro dcadas se puso en prctica la aspiracin original de nuestra repblica, redefinida modernamente en las etapas hist-ricas anteriores: con la invocacin de la soberana popular sustitutiva de la repblica aristocrtica y de la autocracia caudillista (en el Plan de

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Barranquilla de 1931, los programas del PDN y Accin Democrtica, y el Estatuto para la Eleccin de Representantes a la Asamblea Nacio-nal Constituyente de 1946), la restitucin del principio de legalidad y la redefinicin de las relaciones entre el Estado ahora asistencial y la sociedad (de manera paternalista con el Programa de Febrero y la Constitucin de l936, y de manera garantista y progresiva a partir de la Constitucin de l947, coincidente con los manifiestos programti-cos de los partidos octubristas), y el reconocimiento de una voluntad pblica construida a partir de una pluralidad de intereses e ideologas (notable como aspiracin en los documentos fundacionales del parti-do Copei entre l946 y 1947, y explcitamente manifestada en el Pac-to de Punto fijo de 1958, el Avenimiento Patronal-Obrero y los otros acuerdos de finales de la dcada de los 1950)3. La manifestacin ms acabada de estos tres elementos (soberana popular, Estado social y pluralismo poltico) se encontrar en la Constitucin de 1961, como flexible marco de referencia de la evolucin poltica del perodo, la cual permiti que las conductas y valores asumidos por la perspicaz lite fundadora del sistema permeasen progresiva y perdurablemen-te al resto de la sociedad, la cual termina asumiendo que el orden de-mocrtico es el nico e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos4.

Si los valores de la Repblica liberal democrtica slo pudieron institucionalizarse y hacerse exigibles durante las cuatro dcadas, en-tre 1958 y 1998, esto es el resultado de una serie de acontecimientos polticos que apuntaban hacia el proceso general de la democratiza-cin planteado, como meta histrica, desde los inicios de la Repbli-ca. El xito de esta etapa la nica con predominio de una lite civil

3 VALLS, Oscar (1992): Los antecedentes programticos del Pacto de Punto Fijo. Proyecto de consolidacin democrtica 1946-1948, en Politeia, N 15. Instituto de Estudios Polticos. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurdicas y Polticas.

4 Constitucin de la Repblica de Venezuela, Prembulo. Caracas, 1961.

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legitimada y alternada democrticamente a travs de elecciones de masas deriv de:

a) la neutralizacin de sus alternativas ms notables (pretorianas, aristocratizantes, marxistas-revolucionarias) a travs de su derrota o su eventual cooptacin;

b) la aceptacin por parte de los sectores sociales previamente escpticos (Iglesia, Empresariado, Fuerzas Armadas) de la posibilidad de la instauracin de una democracia, como reclamaba la soberana popular organizada;

c) el fortalecimiento institucional de importantes sectores socia-les de apoyo (partidos polticos, sindicatos y gremios, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales), que impulsaron, de ma-nera ms o menos generalizada, un espritu de entusiasmo, o al me-nos de fidelidad, ante el esquema poltico planteado durante su etapa de formacin y auge.

De manera importante, la Repblica liberal democrtica pudo sus-tentar sus tres primeras transiciones electorales de gobierno, y esto fue la clave para su eventual longevidad5. Las consultas electorales ya no seran meras excepciones ni confirmaciones formales de arreglos pre-vios, sino competencias efectivas con resultados no predeterminados.

5 Tras los intentos de golpe de Estado y levantamientos militares producidos entre 1959 y 1962, de distinto signo ideolgico, as como el paso de la accin poltica de la izquierda revolucionaria hacia la violencia insurreccional, cuyo auge se dara entre 1961 y 1965, influidos y asistidos por la Repblica de Cuba. En este ltimo fenme-no, la derrota militar, la falta de apoyo orgnico, el respaldo electoral a los partidos legales, la desunin de las facciones de la izquierda marxista y el proceso de Pacifica-cin, llevaran a la neutralizacin de este proyecto durante varias dcadas, y a la rein-corporacin de sus cuadros a la vida poltica democrtica-liberal, no sin las heridas histricas derivadas de las diferentes interpretaciones de los hechos y la respuesta del Estado. Por otra parte, luego del tercer proceso electoral de la segunda Repblica liberal democrtica, con el triunfo de Rafael Caldera y la transmisin de mando a un partido previamente opositor, se inicia un proceso de distensin poltica notable de-rivado de la derrota a las amenazas militar-autocrticas ocurridas durante la admi-nistracin de Rmulo Betancourt, y la derrota y repliegue de las guerrillas marxistas ms significativas iniciada en aqulla y concluida durante el gobierno de Ral Leoni.

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Esta es una diferencia crucial con otros procesos de transicin desde un rgimen poltico autoritario: mientras haba un acuerdo m-nimo acerca del curso de las polticas pblicas a desarrollar, y un apo-yo general al sistema, no exista en el pacto de Punto fijo una regla con respecto a la alternabilidad que forzara una distribucin de poder entre los partidos. Lo que si hubo fue una admisin del derecho a gobernar conforme al resultado electoral, principio que sigui vigente a lo largo de todo el periodo, no obstante las tensiones naturales de la vida poltica.

* * *

Los Procesos Histricos

En su conferencia inaugural del Diplomado FRB-UPEL en 2011, el Dr. Germn Carrera Damas nos invit a aproximarnos al extendido proceso histrico de larga marcha hacia la democracia en Venezuela como la amalgama de otros procesos, que iban concurriendo hacia el objetivo de establecer la Repblica liberal democrtica. Estos procesos estuvieron orientados a:

completar la sociedad venezolana, impulsar la conformacin de la Nacin,promover la formacin de la ciudadana,formar una sociedad democrtica, ycontrarrestar los desajustes que amenazaban la empresa general. En ellos se aprecia la tensin entre los hbitos y prcticas contra-

rias al establecimiento de un gobierno democrtico, y la voluntad de los protagonistas en promover y defender el sistema alcanzado, en ocasio-nes confundido con su propio poder. En cierto modo, podemos afirmar que estas cuatro dcadas pueden dividirse en dos periodos diferencia-dos gracias al estado de integridad relativa de sus actores principales, los partidos polticos, y la implementacin de su proyecto histrico.6

6 Manuel Caballero ha sugerido cinco puntos generales de este programa:1) la conversin de Venezuela en un pas capitalista avanzado; 2) el establecimiento de polticas sociales de mejoramiento y resguardo del nivel de vida de los trabajado-

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En efecto, los partidos polticos fueron a la vez la fortaleza princi-pal y la mayor fuente de debilidad del sistema poltico social restaurado en 1958. No porque, como es obvio por su naturaleza, se concentrara en ellos la responsabilidad de la dirigencia del pas, sino porque su enor-me eficacia social los hizo insustituibles an ante la incapacidad de la sociedad de generar alternativas crebles. El notable y en modo algu-no inevitable xito de las primeras dcadas estableci inercialmente el predominio de ciertas prcticas polticas, con las cuales los lderes haban enfrentado un pas muy distinto al que haban recibido origi-nalmente, y cuya accin poltico-administrativa haba transformado.

Este xito, fundamentalmente poltico pero tambin en trminos de gestin, se vio recompensado electoral e institucionalmente, has-ta que la fuerte crtica de sectores relevantes se sum al desinters y eventual hostilidad de la poblacin, hecho constatable pese a nuestra particular visin acerca de la poca resiliencia7 y conciencia histrica de los electores. Pero la democracia liberal encara ese riesgo.

res; 3) mejoramiento de la calidad de vida con una inversin creciente en programas sanitarios; 4) la expansin educativa y la erradicacin del analfabetismo; y5) la implantacin de un Estado liberal de libre competencia poltica, influencia de gru-pos de presin social y control civil del sector militar. CABALLERO, Manuel (2010): Historia de los Venezolanos en el siglo XX. Caracas, Editorial Alfa, p. 207

7 Resiliencia(del verbo latinoresilio, resilire: saltar hacia atrs, rebotar) tiene va-rios significados segn el contexto:en ingeniera, laresilienciaes una magnitud que cuantifica la cantidad de energa por unidad de volumen que almacena un material al deformarse elsticamente debido a una tensin aplicada; en sistemas tecnolgicos, laresilienciaes la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones; en ecologa, laresilienciaes la capacidad de las comunidades de so-portar, adaptarse y recuperarse a perturbaciones ambientales adquiriendo nuevas herramientas; en psicologa, laresilienciaes la capacidad de las personas o grupos de sobreponerse al dolor emocional para continuar con su vida, y salir fortalecido de dicha experiencia; en sociologa, es la capacidad que tienen los grupos sociales para sobreponerse a los resultados adversos; reconstruyendo sus vnculos internos, a fin de hacer prevalecer su homestasis colectiva de modo tal que no fracasen en su pro-pia sinergia; en la Cultura Emprendedora, laresilienciaes la capacidad que tiene el emprendedor para confrontar situaciones que compliquen la generacin y desarrollo de su plan de negocios o su proyecto a emprender, generando sinergia con sus socios

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Examinemos, entonces, los hitos del proceso de democratizacin venezolana en este perodo, lo cual, haremos no con atencin a la cro-nologa, sino a los grandes rasgos estructurales del perodo 1958-1998.

1. Procesos orientados a completar la sociedad venezolana:Con esto se refera el Dr. Carrera a aquellas decisiones y logros que

promovieran la participacin en la formacin del Poder pblico como en el ensanchamiento ilimitado de la participacin social.

Como es evidente, en trminos de derechos polticos la Consti-tucin de 1947 y el Estatuto Electoral del ao anterior sirven de pre-sagio al texto constitucional de 1961, en el cual la soberana popular se eleva al rango de disposicin fundamental (artculos 3 y 4); y con-vertida en su prembulo en el mecanismo preferente de defensa y lo-gro de los derechos individuales y sociales, all enumerados en lo que ha sido considerado como un proyecto social progresista: proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social; lograr la participacin equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, segn los principios de la justicia social, y fomentar el desarrollo de la economa al servicio del hombre; mantener la igualdad social jurdica, sin discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o con-dicin social, luego desarrollados en su ttulo III, en el cual incluye al voto como un derecho y un deber de todos los venezolanos mayores de dieciocho aos (arts. 110, 111 y 113).

El principio de soberana popular por medio del voto universal es reiterado en los artculos 19, 27, 29, 148, 151 y 183 (al referirse al origen electoral del Presidente, los Diputados y Senadores, los inte-grantes de las Asambleas legislativas estadales y los Consejos Muni-

o colaboradores para salir airoso y con determinacin de ella; basado en la previsin del riesgo; en derecho, laresiliencia jurdicaes la capacidad de las personas, dentro del marco general de los derechos humanos, de recuperar su estado original de libertad, igualdad, inocencia, etc. despus de haber sido sometido a las acciones de fuerza del Estado. 1 Se ha incluido la palabraResilienciaen los avances de la 23 edicin delDic-cionario de la lengua espaolade laReal Academia Espaola. http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia

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cipales), y potencialmente, para los Gobernadores de Estado (art. 22) y para la aprobacin de reformas constitucionales (art. 246, ord. 4). Todo esto reforzado por el carcter universal y secreto del voto, y la aceptacin del principio de representacin proporcional de las mino-ras, expresin de la mxima voluntad de todos los partidos polticos involucrados en su redaccin8; esto se sum al carcter programtico de los derechos sociales y econmicos que seran expandidos y promo-vidos por las polticas pblicas apoyadas popularmente.

Las previsiones electorales de la Constitucin de 1961 vincula-ban, as, al sufragio con las realizaciones efectivas del sistema demo-crtico. Como se dijo en algn momento, el gobierno que el pueblo se dio, y el sistema poltico en general deban satisfacer las aspiraciones programticas de la poblacin, que ejerca el poder a travs de sus re-presentantes, concentrados de manera abrumadora en los dirigentes de los partidos polticos9.

El principio de soberana popular, efectivo para el sufragio ge-neral, estaba implcito para la competencia interna en los colectivos organizados en partidos que encarnaban al pueblo, y con eso tenan una enorme influencia en la distribucin del poder dentro del Estado para casi todos los cargos de designacin poltica (inclusive tras 1989, cuando se aade a la influencia directa del electorado los cargos de Al-calde y Gobernador de Estado).

8 La Comisin Bicameral que redact el proyecto entre 1959 y 1960 inclua parlamen-tarios de todas las regiones y tendencias polticas, incluidos no slo AD, COPEI y URD unidos en una coalicin gubernamental sino tambin a independientes y miembros del Partido Comunista Venezolano y de Integracin Republicana, un pequeo parti-do. En este sentido, la Constitucin de 1961 fue a la vez el resultado de la mirada de ideologas del espectro poltico venezolano del momento, y tras su ratificacin por las Asambleas Legislativas, un documento nacional.

9 Esta Constitucin busca el progreso, anima el cambio, persigue la justicia; preten-de hallarlos mediante la consolidacin del orden y la paz, la libertad y la armona. No son slo dos aos los que se vertieron en el texto; son ciento cincuenta aos de vida, en que las resplandecientes credenciales de este pueblo nacido para hacer historia grande se han visto empaadas por interminables fracasos. Rafael Caldera, discurso en el Acto de Promulgacin de la Constitucin. Saln Elptico. 23 de enero de 1961.

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Durante dcadas, esto funcionaba con una altsima legitimidad y sin mayores contratiempos ya que dentro de los partidos se refle-j la diversidad del pas, no slo por su alcance nacional, sino por las funciones especficas de sus aparatos de interaccin con la sociedad, en donde comits de militantes reproducan los intereses sectoriales existentes en sta: mujeres, jvenes, profesionales, tcnicos y organi-zaciones sindicales (cuya masa ms influyente provena de los sindica-tos magisteriales, de empleados pblicos y de obreros de las crecientes empresas estadales).

Todo esto contribuy con la prctica generalizada de un modo de vida democrtico. Cabe destacar los rasgos de los procesos electorales, los cuales pese a los diversos cambios de las reglas, no restringieron en modo alguno el principio de la universalidad del voto, y mantuvieron la proporcionalidad en la asignacin de resultados.

En primer lugar, aunque las preferencias electorales tuvieron en un principio una marcada influencia regional, no haba relacin signi-ficativa entre el voto y la clase social: todos los sectores sociales parti-cipaban masiva e incluso festivamente, sin que las divisiones sociales derivaran en fragmentaciones polticas, ni en la abstencin de algn sector particular (lo cual cambiara, sin embargo, a partir de 1989).

En segundo lugar, llegaron a ser socializados los mtodos electora-les de decisin, no slo entre los partidos polticos, sino en la poblacin en general, que los reproduca en sus propios fines y a su propia escala. Esto llev a su vez al respeto del principio del gobierno alternativo, ante el cual la influencia electoral del gobierno de turno se vea minimiza-da, y tambin a que se aceptasen estrechas ventajas de los ganadores.

La regularidad electoral, a su vez, puso en su justa dimensin la aparicin y eventual desaparicin de fenmenos electorales (de vo-tacin concentrada en el centro urbano del pas), y la sustitucin del multipartidismo fragmentado con la eventual y no predeterminada normalizacin poltica derivada del bipartidismo.

Es preciso describir el desarrollo de este sistema de partidos: en el inicio del perodo, y tras la desmovilizacin derivada de la represin

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poltica de la dcada militar, los partidos se encontraban con organi-zaciones menguadas en sus cuadros y estructuras. Sin embargo, la di-nmica electoral del ao 1958 llev a los partidos protagonistas del primer intento republicano liberal democrtico (Accin Democrtica, Unin Republicana Democrtica, Copei y el PCV) a reorganizarse r-pidamente, junto a la presencia fugaz de pequeos partidos de inde-pendientes de centro-izquierda.

Slo AD contaba con un arraigo nacional, y se convirti en el par-tido dominante; su maquinaria fue la determinante de su victoria. En los sucesivos procesos electorales, slo el partido Copei lograra for-jar una maquinaria nacional comparable a la de AD, as como expe-rimentar un crecimiento sostenido. Hasta mediados de la dcada de los setenta, la aparicin de partidos de cuadros poco estructurados o personalistas, y el declive de URD, impidi la formacin de una ter-cera fuerza. La izquierda marxista, tras su compromiso con la lucha armada y su alejamiento del juego electoral, regres fragmentada a la legalidad ya como respuesta a las divisiones del marxismo mundial, ya en atencin a los debates internos acerca de las posibilidades del socialismo en Venezuela, siendo el Movimiento al Socialismo, hasta inicios de la dcada de los noventa, el principal partido de ese sector. El bipartidismo cuya vigencia efectiva cubri apenas cuatro perodos constitucionales fue, por tanto, el resultado de la dinmica poltica real, y no consecuencia de un diseo preconcebido, y, por tanto, una realidad modificable.

En cualquier caso, la observancia de los lapsos y perodos electo-rales, la independencia poltica del sistema electoral, el respeto a los resultados del sufragio y el desarrollo de los mecanismos modernos de campaa, corri en paralelo con el desarrollo de partidos nacionales muy organizados y funcionalmente especializados en la obtencin del apoyo popular, lo cual, sumado al consenso ideolgico bsico de inicio del periodo y el inters de atraer masas de simpatizantes, contribuy a atenuar las diferencias ideolgicas y estimul la moderacin de las ac-

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titudes polticas: incluso en ausencia de mayoras parlamentarias10, se lleg al llamado pacto institucional a partir de 1968 (que trascendi las administraciones lideradas por AD y Copei) y a la Comisin Legis-lativa con la enmienda constitucional segunda de l983, favorable a la direccin pluralista de las cmaras legislativas y el consenso incluyen-te en materias de inters nacional.

En ese sentido, puede afirmarse que el eficaz xito electoral de los partidos fue correlativo a los avances institucionales alcanzados paulatinamente en la segunda Repblica liberal democrtica. Se logr una efectiva separacin entre las distintas ramas del poder Pblico y el equilibrio cooperativo entre ellas, pese al arraigado peso del poder Presidencial presente incluso en las atribuciones ejecutivas estable-cidas en la Constitucin de 1961.

La habilitacin legislativa del Presidente, buscada incluso por los gobiernos que gozaban de una mayora parlamentaria, fue excepcional y limitada, y no produjo la sensacin de un permanente gobierno por decreto: el Congreso legisl con bastante independencia, y del total de la legislacin dictada durante esas cuatro dcadas, ms de mil instru-mentos legales fueron aprobados por el debate parlamentario y poco menos de sesenta decretados gracias a leyes habilitantes. As tambin, pese al predominio de la iniciativa del Poder Ejecutivo, la iniciativa le-gislativa parlamentaria produjo importantes resultados, as como el progresivo activismo en sus funciones contraloras y de investigacin, sin que el predominio oficialista impidiera el trabajo parlamentario.

En ese mismo proceso, otras instituciones pblicas continuaron sus avances tcnicos y funcionales durante estas dcadas, muchas ve-ces en contraposicin a un supuesto control por parte del poder ejecu-tivo. El Ministerio Pblico, la Contralora General de la Repblica, la

10 De todos los gobiernos electos en el perodo 1958-1998, slo los gobiernos de Be-tancourt, la primera administracin de Prez y el de Lusinchi tuvieron a su vez un apoyo parlamentario mayoritario compuesto por su partido o por una coalicin for-mal de apoyo a sus polticas. Dicho esto, apenas Prez y Lusinchi lograron mantener este apoyo hasta el final de sus respectivos mandatos.

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Autoridad Electoral, el Banco Central, y en general la funcin pblica de los distintos rganos y entes del poder pblico, crecieron en esta-bilidad y capacidad profesional, aunque crecientemente desbordados por las demandas sociales y la presin negativa de las prcticas clien-telares arraigadas, incluso a pesar de las reformas a la carrera funcio-narial a inicios de la dcada de los 1970.

Las reformas que aparecieron en la Ley de Carrera Administrativa no modificaron sustancialmente la presencia en el servicio pblico de cuadros polticos que subordinaban la eficiencia a su seguridad labo-ral. Lo que era atenuado por la competencia electoral entre partidos, dej de serlo sin que los funcionarios se hicieran necesariamente ms responsables ya ante el partido, ya ante los electores, lo cual se haca ms notorio a medida que el Estado expanda sus tareas de gestin, e inicialmente descansaba en la constatacin, ampliamente difundida, segn la cual la democracia no era tecnocracia. Esto era particularmen-te evidente en los dos sectores de la administracin pblica con mayor influencia en el desarrollo de los objetivos polticos de la Repblica li-beral democrtica, es decir, el sector salud y el sector educacin. Es as como el gasto social dedicado fundamentalmente a ambos sectores era absorbido, ms y ms, por las presiones salariales de sus funcionarios.

La administracin de justicia, por su parte, qued siempre reza-gada en el avance institucional de las dcadas precedentes. El poder judicial, tanto por sus magnitudes concretas como por sus prcticas procesales, no fue capaz de producir una justicia oportuna, y en ese sentido, debilitaba la percepcin acerca de su idoneidad y confiabilidad. En 1969 se aprob la Ley del Consejo de la Judicatura; esto decidida-mente disminuy la influencia del Poder Ejecutivo en el nombramiento de los jueces, pero proporcion la oportunidad para la influencia inde-bida de escritorios jurdicos (no necesariamente vinculados a partidos polticos) en este proceso, en desmedro de la tecnificacin generaliza-da de la profesin jurdica. Slo a finales de la dcada de los 1990 se enfrent este problema de forma consensuada, pero fue interrumpido por las convulsiones polticas de la dcada.

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2. Procesos orientados a impulsar la conformacin de la Nacin, la ciudadana y una sociedad genuinamente democrtica

En esta seccin nos referiremos a aquellos procesos que permi-tan articular a las regiones, sectores econmicos y actores poltico-sociales con un proyecto nacional y republicano. Si bien la articulacin de un orden poltico nacionalmente reconocido precede a la instaura-cin inicial de la Repblica liberal democrtica, el peso histrico de la disgregacin nacional, el desequilibrio sociopoltico entre las diversas regiones del pas, y la existencia de conflictos histricos no resueltos fueron aspectos relevantes de la accin poltica de las lites fundado-ras del sistema.

La articulacin constitucional de la segunda Repblica liberal democrtica tuvo lugar teniendo como uno de sus requisitos el voto aprobatorio de los rganos legislativos estadales, en representacin del pueblo venezolano; lo cual anulaba el carcter de predominio re-gionalista de otros procesos de cambio poltico. Pese a la reticencia de los redactores de la Constitucin de 1961 hacia el Federalismo, ste se reconoci como parte del proyecto histrico nacional y se dej el es-pacio abierto a eventuales reformas conducentes hacia mayor control local y regional sobre el proceso de polticas pblicas.

Inicialmente esto se reflej en la desconcentracin de la puesta en marcha de las polticas pblicas; que, aunque estaban determina-das por los rganos de planificacin centralizada, iniciaron polticas de articulacin econmica y social de las zonas pobladas del territorio, y la concrecin de la expansin econmica industrial hacia el sur del pas, as como la creacin de regiones administrativas a finales de los sesenta y la gestin de corporaciones regionales de desarrollo: Corpo-zulia (1970); Corporiente (1971); Corpoccidente (1972); Corpollano (1982); Corpocentro (1983) que antecedieron a la devolucin de com-petencias planteadas en la redefinicin federal de 1989.

Ya no se trataba del mero hecho de la potencia del Estado como gigante fiscal, adems se esperaba que, no obstante la existencia de ga-rantas a la propiedad privada, ste se reservara la facultad de dictar

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medidas para planificar, racionalizar y fomentar la produccin, y re-gular la circulacin, distribucin y consumo de la riqueza, a fin de im-pulsar el desarrollo econmico del pas (art. 98). As se confirmaba el mpetu iniciado durante el gobierno provisorio, a finales de 1958, con la creacin de la Oficina Central de Coordinacin y Planificacin de la Presidencia, CORDIPLAN, y de todo el sistema nacional de planifica-cin, as como la proliferacin de institutos y entes destinados a la pro-mocin de una u otra accin social, econmica, cultural o deportiva.

El Estado no actuara slo (el artculo 109 del texto constitucional indicaba la obligacin de formar cuerpos consultivos que se juzguen necesarios para or la opinin de los sectores econmicos privados, la poblacin consumidora, las organizaciones sindicales de trabajado-res, los colegios profesionales y las universidades, en los asuntos que interesan a la vida econmica), pero sera el actor principal y ms di-nmico de este entramado de relaciones, en las cuales era ductor y no rbitro, suspendidas como estuvieron las garantas econmicas duran-te casi dos dcadas. Las contradicciones sociales entre sectores indus-triales y comerciales, entre obreros y patronos, entre grupos de inters y otros actores sociales, pasaban en su resolucin por la relacin que stos mantuviesen con el sector poltico partidista, ayudado ste por su prolongada legitimidad.

Fundado en el auge petrolero y los propsitos ideolgicos larga-mente debatidos y declarados, el Estado se aboc a la tarea de la trans-formacin radical de Venezuela y de la abrumadora elevacin del nivel de vida de la mayora de los venezolanos generando ndices de desa-rrollo humano notables, incluso cuando se los compara con los estn-dares histricos actuales.

Estas mejoras en la calidad de vida del venezolano se lograron principalmente a travs de:

la reforma agraria y la mejora productiva de la agricultura, la modernizacin y diversificacin del aparato productivo, la expansin educativa y cultural,

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la promocin de la construccin de infraestructura escolar, mdi-co-asistencial, deportiva, cultural, puertos y aeropuertos, vialidad troncal y rural y de vivienda urbana y rural,

la electrificacin del pas, la dotacin de sistemas sanitarios y de alcantarillado, de agua

potable y de riego, la transformacin de hbitos culturales y de consumo. En trminos de infraestructura, el perodo histrico contina y

expande la ruta iniciada desde 1936 y potenciada enrgicamente des-de 1945: la transformacin del paisaje rural e inculto venezolano, y la modernizacin de los centros poblados urbanos. Tanto en desarrollos privados de urbanizacin, oficinas y comercio, como en grandes pro-yectos de construccin pblica, se crearon los grandes hitos fsicos de la Venezuela contempornea:

los puentes sobre el Lago de Maracaibo, el ro Orinoco y el ro Caron,

los tneles de la Planicie, el Valle, la Trinidad y el Paraso, la ma-yor parte de los distribuidores y autopistas metropolitanos e interurbanos,

las grandes represas hidroelctricas de Guri y las Macagua I y II, el Metro de Caracas, el Complejo Cultural Teresa Carreo, los Museos de Bellas Artes y Arte Contemporneo, el Poliedro de Caracas, el Foro Libertador (la nueva sede de la Biblioteca Nacional), los Parques del Este, Oeste y Caricuao, Estadio Brgido Iriarte, el Parque Naciones Unidas, as como los grandes hospitales y centros mdico-asistenciales

de las principales ciudades. Esto sin mencionar la complejidad de redes de vas de comunicacin, parques e infraestructuras de-rivadas de la descentralizacin.

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El venezolano promedio de 1958, que era todava rural, analfa-beta y malnutrido especialmente si se trataba de mujeres o nios pasara al cabo de pocas dcadas a saber leer, alimentarse de manera completa y diversa, y a vivir una vida urbana y relativamente segura, con mayor capacidad de consumo y crecimiento en el salario. A esto se aadi la incorporacin creciente de la participacin femenina en la vida poltica, as como en la esfera econmica, con un progresivo reconocimiento de sus derechos laborales y civiles, como se evidencia en las providencias especiales de las leyes del Trabajo y la reforma al Cdigo Civil de 1982, as como de su participacin poltica, y el creci-miento de la supervivencia infantil frente al azote de las enfermeda-des y el trabajo temprano.

Todo esto, junto con la consolidacin de las corrientes inmigrato-rias provenientes de Europa y el resto de las Amricas, permitirn un notable crecimiento demogrfico tanto cuantitativo como cualitativo, que deriv en la expansin de la poblacin urbana (con una presin inusitada en la red de servicios sociales urbanos, y en las capacidades de respuesta del sistema poltico). Estos factores contribuyeron a la dinamizacin de la burguesa nacional y las concomitantes demandas de prcticas civilizadas de vida social: la autonoma en la gestin de conflictos sociales, la expansin generalizada de la libertad de prensa y expresin, el fomento de la libre capacidad asociativa de profesionales y trabajadores en la defensa de sus objetivos y modos de vida (incluso a expensas de la funcin partidista de organizacin de intereses, pero nunca disociada de la bsqueda del beneficio estatal).

Los datos estadsticos de las primeras dcadas del perodo mues-tran rasgos alentadores en el desarrollo social, en especial en las reas de salud y educacin: la tasa de analfabetismo disminuye de un 35% a menos del 20%; la tasa de escolaridad pasa de poco ms del 30% a niveles cercanos al 70%; la tasa de mortalidad infantil de cerca de un 70% a poco menos del 40%. Significativamente, el gasto en educacin y en salud, salvo en la amenazada primera administracin democr-tica, siempre super el gasto en defensa, lo cual implic una evidente

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masificacin de las redes de atencin social, as como en los programas de vivienda para los sectores populares y medios. Sin embargo, la po-ltica social desarrollada no era perfecta: no se logr la estabilizacin de sistemas universales de asistencia social y sanitaria, y las presio-nes administrativas y sindicales implicaban que de manera creciente el presupuesto social se destinaba al gasto administrativo y no a la in-versin.11 Incluso, en tiempos de auge del sistema poltico econmico surgido en 1958, algunos retos salientes permanecan como evidencia del rezago entre la capacidad de la administracin pblica y las nue-vas presiones demogrficas y sociales12: cuadruplicada la poblacin, y hecho definitivo el xodo del campo a las ciudades, concentrndose la poblacin econmicamente activa en el sector terciario de la economa.

En relacin con el petrleo, se persigui la transformacin del pas con respecto a su doble dependencia petrolera: en primer lugar, la dependencia frente a la influencia de las compaas extranjeras en el negocio petrolero; en segundo lugar, el peso del petrleo en la vida econmica del pas.

La estrategia frente a la dependencia de la influencia de las com-paas extranjeras en el negocio petrolero, llev a la nacionalizacin de la industria en l976: la comisin presidencial para la reversin de la industria, formada en l974, era la expresin ms acabada de la con-certacin de todos los sectores polticos y de experticia tcnica del

11 ZAMBRANO, Luis y ESPAA, Luis Pedro (1991): Buenos o malos gobiernos? Es-tadsticas seleccionadas de Ocho Gobiernos Venezolanos 1951-1990. Caracas, Institu-to de Investigaciones Econmicas y Sociales, UCAB; COVA, Claudia (1996): Realidad Social de Venezuela. Caracas, Centro Gumilla; GONZLEZ, Lissette y LA CRUZ, Tito (2008): Poltica Social en Venezuela. Caracas, Centro Gumilla-UCAB.

12 Se pueden mencionar, a ttulo de ejemplos, la incapacidad del sistema educativo para marchar al ritmo del desarrollo econmico, los problemas de la marginalidad y la desocupacin abierta o disfrazada de los grupos con menor nivel de capacitacin, al lado de la escasez de tcnicos y obreros calificados, las deficiencias subsistentes en los sistemas de salud y bienestar social, el estado deprimido de algunas regiones, y en el sector pblico, la falta de adaptacin de la administracin a las nuevas condiciones del pas MAYOBRE, Jos Antonio. Desde 1936 hasta el ao 1976, Poltica y Eco-noma en Venezuela 1810-1991, Fundacin John Boulton, 1991.

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pas (no slo miembros del gabinete ejecutivo y parlamentarios de to-dos los partidos incluyendo la izquierda marxista y a los derivados del perezjimenismo sino adems a sindicalistas, representantes de las cmaras de empresarios, profesores universitarios, y miembros de los colegios profesionales de abogados, ingenieros y economistas), lo mismo que el vivo debate parlamentario que discuti el proyecto de Ley derivado de este esfuerzo.

Se trataba de un escaln adicional en el proceso de forja nacional de este rubro que se inici con:

la regularizacin derivada de la Ley de Hidrocarburos de 1943, las polticas de conservacin, y fin de las nuevas concesiones, el principio crecientemente aplicado de participacin razonable, la formacin de cuadros tcnicos criollos en el manejo del nego-

cio y la explotacin petrolera, el inicio de la Corporacin Venezolana de Petrleo la promocin de la Organizacin de Pases Exportadores de Pe-

trleo (1960), las nacionalizaciones del Gas y del mercado interno de derivados

de los hidrocarburos y la Ley de Reversin de 1971.

Pero el proceso sigui avanzando luego de la nacionalizacin; se cre la corporacin estatal Petrleos de Venezuela y se mantuvo la apli-cacin de criterios tcnicos y administrativos (lo que permiti mejoras notables en el proceso de refinacin y en la diversificacin e interna-cionalizacin de nuestros mercados), su independencia poltica y su escalafn meritocrtico, no siempre libre de tensiones y suspicacias derivadas del hermetismo tcnico que se perciba como caracterstico de la industria.

En segundo lugar, se busca eliminar la dependencia frente al peso econmico del petrleo que de modo pesimista era denominada co-mo la carrera perdida de la absorcin de ese capital rentstico, como la denominara Juan Pablo Prez Alfonzo con la poltica de industriali-

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zacin por sustitucin de importaciones, dependiente a su vez del in-flujo petrolero, que condicion la actitud del empresariado venezolano hacia la economa de mercado a pesar de que en trminos generales este sector se haba integrado inicialmente a los objetivos generales del sistema identificando su propia existencia con la democracia civil y a su colaboracin con los objetivos del Estado.13

Con la diversificacin real del aparato productivo en los aos se-senta, y con el establecimiento de parques industriales privados basa-dos en el financiamiento pblico y la construccin de infraestructuras, se logr tambin la especializacin del sector patronal organizado en cmaras productivas y de servicios (ganaderas, industriales, comer-ciales, etc.) que reflejaban la complejidad creciente de la estructura de la economa privada, con la emergencia de cmaras industriales re-gionales en paralelo a las vetustas cmaras comerciales de las grandes ciudades, no siempre buscando la promocin de la competencia, la efi-ciencia y la especializacin productiva y gerencial, ni la separacin de sus vnculos con el Estado (ya para la proteccin de mercados, ya para el acceso a bienes de importacin).

13 todos los hombres son polticos, y todos estn en el irrenunciable deber de hacer pol-tica. Es ms, todos estamos haciendo y propiciando poltica a cada hora, cuando realizamos o simplemente reclamamos conductas o medidas para erradicar la delincuencia, para mejo-rar la administracin de justicia, para asegurar los derechos y libertades del individuo, para construir hospitales o carreteras, para proteger o capacitar a los menores o, en general, para mejorar el nivel de vida de los pueblos. Todos los que nos sentimos miembros de la sociedad en que actuamos, todos los que nos sabemos solidarios del destino de nuestros semejantes () somos irremisiblemente polticos. (...) el empresario es, en este sentido amplio, poltico por excelencia. tiene en primer lugar el deber de defender y apoyar los lineamientos ge-nerales, el orden sociopoltico que es indispensable para el ejercicio de su actividad. Oscar Machado Zuloaga, El Empresario, la poltica y el desarrollo, 1968.Tenemos que fijarnos como objetivo el desarrollo del pas y unificar todos los esfuerzos hacia ese fin. Para lograrlo necesitamos que el Gobierno adopte una poltica definida de desarrollo nacional, subordinando todos sus esfuerzos a este gran objetivo. De lo contrario, continua-remos haciendo esfuerzos dispersos que, en definitiva, nada resuelven, y perdemos quizs la oportunidad histrica de construir un pas donde todos los hombres puedan ver con espe-ranza el porvenir. FEDECMARAS, Carta econmica de Mrida, 1963.

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El Estado a su vez asuma un creciente rol empresarial: CADAFE, la CVG, la compra de la CANTV, y la nacionalizacin de las industrias del hierro y el petrleo, entre tantas otras; sin embargo, no todas estas empresas respondan con el mismo criterio de eficiencia administrati-va. El crecimiento del capitalismo privado nacional iba de la mano con el desbordamiento del capitalismo de Estado.

La segunda Repblica liberal democrtica finiquit el conflicto histrico entre el Estado Secular y la Iglesia Catlica. Si bien el primer intento liberal democrtico fue testigo de mutuos reproches y oposi-ciones, el derrumbe del rgimen militar entre 1957 y 1958 tuvo como uno de sus protagonistas principales a la Iglesia (pese a las notables concesiones del rgimen al desarrollo de la actividad clerical). Como parte de los acuerdos iniciales del sistema democrtico, y con la reno-vada confianza del clero en esta forma de gobierno, se reanudan las conversaciones entre el poder civil y el poder espiritual. El Concordato o Modus Vivendi entre la Santa Sede y la Repblica, negociado por el gobierno de Rmulo Betancourt y firmado por el Presidente Ral Leo-ni y el papa Pablo VI, fue discutido y aprobado por las diversas fuerzas polticas del Congreso (no sin las necesarias tensiones que las conce-siones estatales podan tener en la cultura anticlerical de las lites), y ratificado en junio de 1964.

Este convenio liber a la Iglesia de su subordinacin al poder civil, dotndola de personalidad jurdica, reconocimiento poltico-social y mayor autonoma en su administracin interna y la gestin de sus re-cursos; se mantuvieron las asignaciones eclesisticas estadales esta-blecidas en el rgimen de Patronato y sostenidas desde una perspectiva de relacin semi-corporativa con el Estado. Desde entonces, la Iglesia Catlica ha tenido un rol privilegiado en la estructura gubernativa es-tablecida durante el dominio de los partidos civiles, convirtindose, de un potencial adversario al sistema, en un promotor general del siste-ma, con un significativo crecimiento institucional y de su feligresa, en la que disminuy su activismo poltico directo, y sin amenazas a la

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libertad de cultos como principio de la Repblica, y manteniendo una importante influencia en el sector educativo.

Otro sector de importante dinamismo en este perodo fue el de las organizaciones sindicales. Recuperadas de la cooptacin estatal su-frida durante el perodo militar, el movimiento sindical se refunda, no sin las contradicciones y rupturas derivadas de su vinculacin con los partidos polticos y sus dinmicas, y el crecimiento de la clase obrera y funcionarial sindicalizada. El hegemn de las confederaciones obre-ras fue la CTV, vinculada inicialmente a Accin Democrtica, pero que fue retada en su desarrollo por la CUTV, CODESA, la UTIT, el Nuevo Sindicalismo, etc. En su auge, pese a su carcter pluralista, era noto-ria la influencia de Accin Democrtica (a travs de su bur sindical) sobre las decisiones polticas, pero tambin era considerable su auto-ridad en las negociaciones laborales dentro del Estado y frente a las cmaras patronales, consistente con el auge econmico y las mejoras sociales de las dcadas de los sesenta y setenta, y la nueva combativi-dad sindical de los ochenta.

Por ltimo, uno de los objetivos iniciales del sistema, derivado de una ruptura popular frente a un rgimen pretoriano, fue el estableci-miento de un ejrcito nacional y no partidista. En trminos de equipa-miento, profesionalizacin, mejora social y modernizacin, las Fuerzas Armadas se beneficiaron de las reformas previas a 1958 las cuales no cesaron de ah en adelante; pero es con el rgimen liberal democrtico que stas adquieren el carcter de institucin apoltica, obediente y no deliberante () al servicio de la Repblica, y en ningn caso al de una per-sona o parcialidad poltica (art. 132, C.N. 1961). Esto fue confirmado con la derrota de elementos pretorianos y de la influencia marxista en los primeros aos del sistema democrtico14, y el prolongado perodo

14 Fieles fueron a su deber profesional e institucional de respaldar con las armas que de ellas hizo depositaria la Repblica al rgimen legtimamente constituido. Cuantas veces los aspirantes a hombres providenciales y los extremistas de la seudoizquierda amotinados pre-tendieron desquiciar las bases del gobierno, all acudieron infantes, marinos, aviadores y guardias nacionales a debelar insurrecciones de grupos minoritarios, y a hacer bueno el ju-

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sin la ocurrencia de asonadas militares, lo que deriv en un renova-do prestigio de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, se produjo una compenetracin de las fuerzas armadas con la lite poltica, por medio de la cual aqullas se beneficiaban de ciertas zonas de influencia en las polticas pblicas de defensa y poltica exterior y, para evitar conflictos entre la burocracia armada, gozaban adems de una relativa autono-ma administrativa15 que se proyectaba en ocasiones sobre la adminis-tracin civil, sin retar el imaginario histrico militar en permanente tensin con el proyecto histrico de la Repblica liberal democrtica y su pretensin de alcanzar un sector militar profesional y subordinado a la autoridad civil (cuya expresin ms acabada ser el resurgir de la alianza militar-revolucionaria a partir de la dcada de 1980).

3. La crisis y los procesos dirigidos a contrarrestar las conse-cuencias potencialmente perversas de la democratizacin de la sociedad

La segunda Repblica liberal democrtica no se inici sin contrin-cantes ni escepticismo acerca de sus objetivos e institucionalizacin; se advertan los riesgos potenciales que su implementacin tendra en la vida republicana. Desde muy temprano, la crtica fundamental hacia el sistema democrtico se concentr en los partidos polticos y en el modo en que stos mediaban las relaciones entre el Estado y la socie-

ramento suyo, por Dios y por la patria, en presencia de la bandera, de defender a todo trance las instituciones de la Repblica. Las incitadoras proposiciones de los mercaderes de golpes de Estado y las provocaciones insolentes de los comunistas y de sus aliados se estrellaron frente a una decisin razonada y responsable de cumplir con sus misiones especficas: la de apoyo al gobierno legtimo; la de garantizar el orden pblico y la de insomne vela permanente pa-ra defender la intangibilidad de las fronteras terrestres, areas y martimas de la nacin. Rmulo Betancourt, Presidente de la Repblica, en su Mensaje al Congreso, 1964.

15 BIGLER, G. E. (1981): La Restriccin Poltica y la Profesionalizacin Militar en Vene-zuela, en Politeia, N 10. Instituto de Estudios Polticos. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurdicas y Polticas; GUARDIA I. y OLIVIERI, G. (2005): Estudio de las Relaciones Civiles-Militares en Venezuela desde el siglo XIX hasta nuestros das. Caracas, UCAB/Centro Gumilla, Temas de Formacin Sociopoltica, n 42.

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dad, determinando no slo los objetivos de la funcin pblica lo cual era lgico en un sistema derivado de decisiones electorales sino in-cluso su composicin, lo que en conjunto con la bonanza econmica, deriv en una expansin del Estado y en un crecimiento de la vincu-lacin clientelar entre los partidos que ocupaban la administracin pblica, el electorado y los sectores sociales polticamente relevantes.

En este sentido, la bsqueda de la paz criterio fundacional de la segunda Repblica liberal democrtica fue reduciendo el dinamis-mo del liderazgo poltico y llevndolo al pragmatismo: no es que los partidos hayan secuestrado la voluntad popular, sino que no busca-ban e incluso teman una movilizacin permanente de la poblacin: durante las primeras tres dcadas del sistema y obviando las convul-siones de la administracin Betancourt los intereses diversos de la sociedad fueron canalizados y apaciguados por los partidos a travs del Estado y sus recursos. Esto tiene a su vez una explicacin histri-ca: los grandes partidos polticos modernos fueron los antecesores y pioneros de la sociedad civil moderna en Venezuela, y es as como ya por su influencia, ya por su iniciativa muchas organizaciones socia-les eran cooptadas en perfecta consonancia con su legitimidad social, por los partidos, en el entendido que stos satisficieran las demandas de los distintos sectores sociales.

La abundancia fiscal estuvo acompaada por la ineficiencia admi-nistrativa y la complacencia poltica, derivada del esquema de relaciones antes descrito: la promocin de sus fines ideolgicos de satisfaccin social sin alterar las relaciones sociales existentes ni la legitimidad de intereses sectoriales reconocidos (que en circunstancias normales de conflicto habra tenido que ser reevaluada).

La Repblica liberal democrtica tema no sin fundamento que emergieran las preferencias autoritarias de la sociedad, por lo que se postergaba la revisin del paradigma rentstico y de regulacin esta-tal de la economa (como sucedi con la reforma fiscal intentada por el gobierno de Leoni, o con la apertura econmica promovida inicial-mente por el gobierno de Herrera Campns) a la vez que se cerraban

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filas en torno al hermetismo partidista, lo que deriv en una crecien-te alienacin de sectores influyentes e informados de la opinin p-blica (cuyos efectos en la participacin poltica no se dejaron ver, sin embargo, sino hasta finales de la dcada de los 1980). A partir de los aos setenta, la sociedad que sin distingo de clase se le haba estimu-lado a la bonanza, no se le haba exigido ser ms productiva, ni ms eficiente, ni ms autnoma.

El auge econmico de los setenta impuls en nuestra economa poltica un proceso que llevara a un shock mayor: la bonanza fiscal, que impuls el gasto pblico as como un boom de las importaciones y el consumo particular, gener tambin la inicial aparicin de la in-flacin sin que se sincerase el valor real del bolvar. Esto aumentaba las presiones de demanda salarial, de mayor gasto pblico y endeuda-miento, con el paralelo proceso de descrdito de la moneda y la huda de capitales. Este ciclo, obligado por la necesidad de consensos sociales, se hizo insostenible y se manifest en la devaluacin del bolvar decre-tada el viernes negro, de febrero de 1983. Simblica y prcticamente, el proceso de ascenso socioeconmico venezolano se haba detenido, y con ello parte del prestigio de la dirigencia poltica.

As, las crticas reemergieron, con la confusin entre las debilida-des de la gestin progresista que el programa democrtico exiga, y la adhesin a su peculiaridad poltica. La desmejora de ndices de desa-rrollo social, y la desaceleracin de las clases medias como sector din-mico, empezaron a generar rezagos en los objetivos sociales histricos:

la construccin de viviendas, aunque creciente, fue insuficiente para evitar el dficit inmobiliario;

la alfabetizacin y la masificacin educativa no haban generado una mano de obra calificada, ni los egresados del sistema educati-vo obtenan un empleo productivo (concentrndose la poblacin activa ya en el sector terciario de la economa, ya en el empleo informal), lo que aument la desercin escolar.

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En trminos generales, con la dcada de los aos ochenta se inicia un proceso de desaceleracin y deterioro de la infraestructura de asis-tencia social, sanitaria y educativa, unida a un crecimiento exponencial de la poblacin, al aumento de la inflacin y al rezago de los salarios reales (que durante dcadas haban superado la capacidad productiva de la sociedad): el aumento muy acelerado de los ndices de pobreza a partir de la recesin econmica de los ochenta, pese al mantenimien-to de los ndices generales de desarrollo humano, afectaron la calidad de la vida de la mayora de la poblacin, lo que implic niveles de pri-vacin contrarios a la lgica inicial del periodo.16

Sera falso afirmar que hubo exclusin, ya que as expresadopa-reciera que esto se derivara de una poltica deliberada, pero es preciso reconocer que los procesos dinamizadores de la formacin de ciudada-na y de la sociedad democrtica haban perdido su fuelle, y esto result en la reemergencia de las protestas sociales, tanto espontneas como planificadas por sectores reactivos ante el sistema liberal democrti-co. Es ms, el nfasis de la vinculacin poltico-social al Estado para obtener beneficios sociales a travs de sindicatos y el empleo atado a los esquemas de seguridad social, disminua las posibilidades pro-gresivas de la distribucin rentstica inicial a medida que sectores cre-cientes de la poblacin no participaban de la economa industrial o de servicios de manera formal.

Uno de los elementos que estimul las protestas fueron las cr-ticas hacia la percibida corrupcin del sistema, develada por la vigi-lancia periodstica y por las acciones espectaculares de polticos que hicieron sus carreras en la denuncia de hechos concretos, y la propa-ganda de crtica entre los grandes partidos, que maximizaban sus mu-tuas acusaciones de dolo e ineficiencia. As se gener la nocin segn la cual la corrupcin era la causa de la ineficacia del sistema poltico en el cumplimiento de sus objetivos sociales, y sta a su vez era deri-vada de la conformacin desviada o no de las instituciones polticas liberal-democrticas, estimulando el resurgimiento de la tradicin an-

16 Cova, op. cit., pp.66-78.

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tipartidista, antes representada por medio de los efmeros fenmenos electorales. Por una parte se criticaba a los partidos como falseadores de la democracia, y por otra resurga el desdn hacia la democracia de masas y sus elementos populistas: para crticos de izquierdas y dere-chas ocurra simplemente un carnaval electoral rutinizado.

A travs de la crtica a los partidos, protagonistas del poder en estas dcadas, se canalizaba tanto la frustracin real de la poblacin como las agendas histricas no resueltas de sectores inicialmente cr-ticos a la formacin de la Repblica liberal democrtica: intelectuales y promotores culturales, medios de comunicacin, militantes de la iz-quierda marxista, viejos polticos desplazados tras el fin de la Rep-blica liberal autocrtica, logias militares, no siempre consustanciadas o leales con el sistema. La reemergencia de la alianza pretoriana-mar-xista, y la aceptacin social y electoral de las frmulas de all deriva-das, demuestra que el temor del liderazgo poltico no era infundado. La abstencin electoral, un fenmeno apenas perceptible en las pri-meras tres dcadas del perodo, apareci para ser interpretado como un factor de deslegitimacin y crtica al funcionamiento del Estado.

Pero los problemas no escapaban a la atencin del liderazgo pol-tico partidista, que tena conciencia de la necesidad de cambios aun-que no un acuerdo claro acerca de cmo acometerlos: no slo era el cambio y la ampliacin de la oferta democrtica una recurrente pro-mesa electoral (a veces planteada de forma grandilocuente) tanto de los dos grandes partidos como de sus emergentes rivales.

Sin embargo, la articulacin poltica y social de los partidos ms importantes fue relegada por las manifestaciones de protesta calleje-ra ya espontneas, ya promovidas por organizaciones civiles y socia-les, o por grupos polticos organizados de pequea magnitud pero de creciente significacin, sin necesidad de que fueran estimuladas por medidas de ajuste econmico estructural.

El Caracazo, y los disturbios y saqueos violentos en la conurba-cin de la gran Caracas entre finales de febrero e inicios de marzo de 1989, fueron el cnit de tales protestas y demostraron el nivel de de-

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sazn social existente, incapaz de ser canalizada a travs de los proce-dimientos ordinarios de protesta (el voto, la oposicin parlamentaria, la huelga sindical o estudiantil, etc.). La respuesta del Estado fue de inmediato, correspondientemente violenta a los hechos, y pese a las investigaciones posteriores, insatisfactoria para lograr un renovado prestigio para el sistema poltico.

Antes de estas dificultades, incluso antes de la crisis de 1983, ya se asomaban posturas de reforma que decantaron en:

la conformacin en medio del consenso poltico-partidista so-bre su necesidad de la Comisin Presidencial para la Reforma del Estado en 1984,

el acuerdo de los candidatos presidenciales participantes en la contienda electoral de 1988 para llevar adelante los resultados sugeridos por esa Comisin, al menos de manera parcial.

La COPRE conformada pluralmente reafirm la percepcin ge-neral sobre la ineficacia y la estatizacin de la sociedad venezolana (una sociedad de Estado), y la excesiva influencia de los partidos que haban inhibido el desarrollo adicional de la potencialidad democrtica17. A di-

17 Al Estado venezolano frecuentemente se le seala como un ente que interviene desme-suradamente y que ha venido copando espacios reservados a la sociedad civil. Sera un Es-tado desbordado, incapaz de reconocer sus lmites, que, por esa va, mediatiza el avance de las formas de organizacin ciudadanas, o simplemente las impide. Esta visin no es precisa, las diversas formas de organizacin de la ciudadana fuera del Estado, de alguna manera han sido estimuladas, precedidas o acompaadas por el desarrollo estatal. Venezuela, des-de las postrimeras del gomecismo en adelante se va conformando por dcadas como una sociedad-de-Estado, en la cual las ms diversas formas de organizacin tienen alguna in-fluencia estatal, salvo en el caso de los partidos polticos modernos (...) [La concentracin de recursos por parte del Estado] desata una dinmica estatizante de desarrollo. De all que el Estado se transforme en un creador social, en un factor de desarrollos embrionarios, o simplemente en estimulador de la aparicin de otros. El cambio de rostro de la economa nacional; el surgimiento de un empresariado moderno; la expansin de la clase obrera; los desarrollos embrionarios de sectores medios estudiantiles y profesionales; la formacin de una burocracia pblica, estn todos vinculados a las posibilidades fiscales. (...) [La socie-dad venezolana] nace intervenida por un Estado omnipresente, que condiciona todas las dems formas en que ella se constituye y expresa. El escaso desarrollo de la sociedad civil

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ferencia de otras crticas, el programa de Reformas de la COPRE parta de la conviccin en que slo era posible realizar las reformas del siste-ma liberal-democrtico si no se abandonaban sus criterios fundacio-nales ni sus objetivos progresistas18. Entre sus propuestas polticas, administrativas, econmicas, sociales y culturales, se encontraban:

la despartidizacin y tecnificacin del aparato burocrtico na-cional,

la racionalizacin de la planificacin y de la regulacin estatal, el desmantelamiento del capitalismo de Estado, la reconcentracin de las tareas y capacidades estatales hacia reas

imprescindibles e intransferibles, la mejora de la eficacia del sistema tributario, la profundizacin de la democracia interna,la transparencia de los mecanismos de financiamiento de los par-

tidos polticos, la reforma de la Ley del Sufragio (que incorporara la votacin

uninominal y diera menos poder a la burocracia de los partidos durante el proceso electoral),

las reformas descentralizadoras (la reforma a la Ley Orgnica del Rgimen Municipal, la eleccin de Alcaldes y Gobernadores, la progresiva transmisin de competencias y recursos a las enti-dades federales).

Acaso fue ste ltimo aspecto de la reforma el ms exitoso y con mayores races histricas, a expensas de las prevenciones centralistas

dise el curso ulterior del proceso, al hacer que la estructuracin de la Nacin moderna se diera alrededor del Estado. COPRE, Proyecto de reforma integral del Estado, 1988.

18 ... Es posible afirmar que la presente reformulacin del proyecto nacional venezolano no reviste el carcter de trance histrico mayor, como lo fueron, en cambio, el trnsito de la sociedad monrquica a la republicana, y la subsiguiente reorientacin de esta ltima. La carga de conflictos, traducida en violencia social, que acompa estos trances histricos del pasado, no est presente hoy. Ello se explica porque la actual reformulacin se plantea a par-tir de un rgimen democrtico, y no lleva consigo ninguna modificacin esencial del sistema poltico, sino que propende a su perfeccionamiento. COPRE, ibd.

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de la lite fundacional de la democracia, y el empeo actual de recen-tralizar competencias, recursos y nombramiento de autoridades.

A las reformas propuestas por la COPRE, adelantadas de forma variable debido a las menguadas capacidades del sistema y a las di-ferencias en el diagnstico con el gobierno de Jaime Lusinchi19, su-cedieron otras reformas que retaban el escepticismo conservador de elementos dentro de la lite partidista concentrados en un cambio de elenco a sectores no corrompidos.

Durante la dcada de los noventa se intentaron mltiples re-formas que alteraron el poder histrico de los partidos polticos, pero cuyos efectos salvo en el caso de la descentralizacin fueron parcia-les o interrumpidos; as ocurri con:

el intento de Reforma Constitucional de 1992, descarrilado por la presin de los medios de comunicacin;

las privatizaciones y la Apertura Petrolera, que recibieron la cr-tica de los sectores sindicales y la izquierda poltica;

la Reforma Judicial, la cual, tras un complejsimo proceso de consultas tcnicas y acuerdos, fue truncada a partir del proceso cons-tituyente de 1999.

Junto con las reformas introducidas, se pusieron en marcha nu-merosos planes de poltica social focalizados y compensatorios para intentar paliar el deterioro de las estadsticas sociales y los efectos del replanteamiento de las redes asistenciales del Estado derivados de las

19 Para este gobierno, las medidas de austeridad no eran la salida automtica al des-barajuste fiscal y a la recesin econmica derivada de la debilidad del bolvar y el de-clive del precio del petrleo: Entre estas concepciones destacan la valoracin positiva asignada a la sobrevaluacin del bolvar y a la disminucin del gasto pblico, la con-dena generalizada a las operaciones de financiamiento, la asociacin del gasto social con lo improductivo, los mritos asignados al legalismo restrictivo como medio de control del desorden y la corrupcin, y la identidad entre aumento de gasto pblico y despilfarro. Estas concepciones son tambin ataduras mticas que, en la actual co-yuntura histrica, han logrado un inmerecido consenso que conduce a una suerte de expiacin colectiva por los derroches del pasado. El inmovilismo del Estado resulta as justificado como una penitencia necesaria () ese mismo diagnstico es de una formidable fuerza recesiva Lineamientos generales del VII Plan de la Nacin, 1984.

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polticas de ajuste estructural del VIII Plan de la Nacin y la Agenda Venezuela20. Sin embargo, la fragmentacin del sistema poltico en un multipartidismo inestable, y la falta de consenso general hacia el curso de polticas que deban aplicarse lo cual fue especialmente evidente en la segunda presidencia de Rafael Caldera llevaron al electorado a ensayar propuestas salvficas que se enfocaban slo en las limitacio-nes del sistema poltico, y no enfrentaban la economa poltica que lo sustentaba.

As, a diferencia de los momentos fundacionales del rgimen li-beral democrtico, el liderazgo poltico con sus excepciones no logr articular la voluntad de poder o de la conciencia histrica que le per-mitiera someter a sus crticos y alinear todos los apoyos necesarios, ya de las lites21, ya desde la opinin pblica y del electorado22: el es-fuerzo de ese liderazgo no fue poco, pero quizs fue tardo o basado en una sobreestimacin de la madurez poltica de la sociedad y el acuerdo programtico entre sus agentes principales.

* * *

20 Entre 1990 y 1999 se implementaron numerosos programas de enfrentamiento a la pobreza por medio de subsidios directos e indirectos: la Beca Alimentaria, el Vaso de Leche Escolar, el Programa Ampliado Materno Infantil, la Dotacin de Uniformes Escolares, los Hogares de Cuidado Diario, incrementos a las pensiones de vejez y sub-sidio al pasaje estudiantil, entre otros. Gonzlez y La Cruz, op.cit, pp.50-61

21 KORNBLITH, Miriam (1998): Venezuela en los 90: las crisis de la democracia. Ca-racas, Ediciones IESA/Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jur-dicas y Polticas.

22 Resulta chocante afirmar que el electorado venezolano, escptico como lleg a serlo de sus grandes partidos, no ha sido proclive a votar a favor de las reformas des-tinadas a la economa poltica. En el ciclo electoral nacional entre 1988 y 1998 por-que las elecciones regionales obedecen a su propia dinmica y otros objetivos de los electores los candidatos ms proclives a la realizacin de las reformas (apertura eco-nmica y redefinicin del rol del Estado ante la sociedad), o cuyo liderazgo emana-ba directamente de stas (como alcaldes o gobernadores) no obtuvieron la victoria. Mientras que posturas restauradoras, conservadoras o de sustitucin purificadora del sistema lograron la ventaja.

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Comentarios finalesLa revisin acadmica que en los aos recientes ha dado nueva

luz sobre la segunda Repblica liberal democrtica, termina arrojando, polticamente, un saldo positivo. Sus logros polticos, sociales e insti-tucionales no slo significaron el alcance de metas largamente plan-teadas por la sociedad venezolana, sino que adems implicaron una variante importante dentro del patrn institucional predominante; esto reta la sabidura convencional acerca de las capacidades de cons-truccin social de los venezolanos. En 1958 una de las alternativas de sustitucin del rgimen fue la restauracin de un gobierno pleno de las Fuerzas Armadas; esto se evit por la activacin de los partidos y la sociedad, la cual tras esa efervescencia de movilizacin ha preferido consistentemente la ruta electoral para la resolucin de sus disputas polticas. Ningn intento de fuerza ha logrado tomar el poder en es-tos cincuenta y tres aos, por lo que ha reducido incluso a sus adver-sarios histricos a asumir ya reconvenidos, ya fraudulentamente la apelacin electoral a la soberana popular.

Tambin hemos adquirido una conciencia adicional acerca de las fallas del sistema liberal-democrtico, y de las presiones que son pe-culiares a su ejercicio: no hay modo de gobernar ms difcil que ste, precisamente por su conjuncin con la libertad de los individuos y su exigencia permanente y no desdeable de un modo mejor de vida. Los vicios y problemas de la democracia no son o lo son en muy pe-quea medida consustanciales a sta; el autoritarismo del jefe de partido, la apata poltica, la corrupcin, el despilfarro, no surgen con la democracia sino que se mantienen a pesar de sta. Se nos dice, con la apariencia de ejemplos forneos, que slo es posible lograr mayo-res tasas de crecimiento econmico por medio del autoritarismo, o mejores ndices sociales a travs de la renuncia a las libertades civiles. Eso pudo haber sido cierto en otros momentos histricos, pero no en el caso de la historia venezolana: hoy Venezuela est territorialmen-te integrada, socialmente ms exigente, culturalmente ms prolfica.

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Es por eso que la sociedad advertida de las ineficiencias del pasa-do y con la relativa bonanza de estos tiempos se resiste a abandonar los patrones de vida democrticos y los caracteres mnimos del rgi-men de libertades. Las sugerencias en contrario han sido rechazadas: el pluralismo poltico y su manifestacin en el campo electoral siguen siendo los mecanismos preferidos para la resolucin de conflictos. Pero la democracia liberal (como el poder emanado de la voluntad popular y sujeto a lmites institucionales y sociales) no ha sabido resguardarse, ya institucional, ya culturalmente, de su tenaz y engaoso adversario: la demagogia salvadora. Corre el riesgo, ante el cual tampoco es inmune, de recaer ante el impulso regresivo de restringir la voluntad popular al mero trmite plebiscitario o al espacio de unos pocos.

Quedan como necesarias, por eso, algunas redefiniciones de curso: para mantener a la Repblica liberal democrtica es preciso replantear nuestra relacin, en tanto que individuos y componentes de la socie-dad, con el Estado tal cual existe: asumir la responsabilidad ciudadana que no en pocas ocasiones hemos entregado a restauradores y salvado-res, y a la ddiva de un munificente seor. La institucionalizacin de la Repblica liberal democrtica es un proceso tambin dependiente del contexto cultural y socioeconmico sobre el que se intenta. Y por eso la constatacin de Rmulo Betancourt debe funcionar como lec-cin inescapable en esta era de bicentenarios:

La democracia es, en lo esencial, un asunto pedaggico; un lento pro-ceso educativo que permite a las mayoras intervenir directamente en la vida colectiva. Es el proceso que facilita la transformacin del hom-bre en un miembro socialmente til a la comunidad. Para lograr este anhelo () debemos darle al sistema democrtico aquellas condiciones que no pudieron arbitrar los Padres de la Patria (): firmeza y seguri-dad institucionales. (). Para lograr la estabilidad apetecida por todos los venezolanos debemos pensar en las condiciones bsicas que asegu-ran la permanencia democrtica: solidaridad y justo equilibrio social23

23 Rmulo Betancourt, Presidente de la Repblica, en alocucin con motivo del CLI aniversario de la Independencia, 5-07-1962.

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Seccin Antolgica

Seleccin de documentos recomendados

1. Discurso del Presidente Rmulo Betancourt en el acto de firma de la Ley de Reforma Agraria, en el Campo de Carabobo. 5 de marzo de 1960.

2. Discurso de Amrico Martn en el mitin de la Juventud de Accin Democrtica en vsperas de la fundacin del Movimiento de Iz-quierda Revolucionaria (MIR). Maracaibo, 8 de abril de 1960.

3. Discurso pronunciado por el Presidente de la Repblica, seor R-mulo Betancourt en el acto de la firma de la nueva Constitucin Nacional, celebrado en el Saln Elptico del Capitolio Federal. Ca-racas, 23 de enero de 1961.

4. Discurso del Presidente de la Cmara de Diputados, doctor Rafael Caldera, en el acto solemne de la firma de la Constitucin, 23 de enero de 1961.

5. Douglas Bravo y Elas Manuit, Documento de la Montaa, Fren-te de Liberacin Nacional, Iracara, 18 de octubre de 1964.

6. Discurso del Presidente Carlos Andrs Prez con motivo de la pro-mulgacin de la Ley Orgnica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Nmero 1.769 Extraordinario. Congreso de la Repblica. Caracas, 19 de agosto de 1975.

7. Seleccin de Hundindonos en el excremento del diablo. Juan Pablo Prez Alfonso. Caracas. Editorial Lisbona, 1976.

8. Discurso de Carlos Rangel en el acto de graduacin del Primer Pro-grama Avanzado de Gerencia. El Nuevo Pas. IESA, Caracas, 1984.

9. Seleccin de Ms y Mejor Democracia. Compiladores: Marcel Gra-nier y Jos Antonio Gil Ypes. Editorial Grupo Roraima, 1987.

10. Seleccin de La Reforma del Estado. Caracas. Comisin Presiden-cial para la Reforma del Estado (COPRE), 1988.

11. Exposicin de motivos de la Ley Orgnica de Descentralizacin, Delimitacin y Transferencia de Competencias del Poder Pblico. Gaceta Oficial N 4.153, de fecha 28 de diciembre de 1989.

12. Carta de Los Notables al Presidente Carlos Andrs Prez. Caracas, 10 de agosto de 1990. Arturo Luis Berti, Alfredo Boulton, Miguel ngel Burelli Rivas, Mara Teresa Castillo, Jacinto Convit, Tulio Chiossone, Jos Romn Duque Snchez, Arnoldo Gabaldn, Ignacio Iribarren, Eloy Lares Martnez, Ernesto Mayz Vallenilla, Domingo F. Maza Zavala, Jos Melich Orsini, Hernn Mndez Castellanos, Pastor Oropeza, Pedro A. Palma, Rafael Pizani, Carlos Guillermo Rangel, Jos Vicente Rangel, Rafael Alfonzo Ravard, Elas Rodr-guez Azprua, Isbelia Sequera Segnini, Jos Santos Urriola, Artu-ro slar Pietri, Martn Vegas.

13. Entrevista de Juan Barreto a Klber Ramrez para la revista Febre-ro Rebelde, N 3, 15 de mayo de 1992, bajo el ttulo La salida a la crisis es el pueblo en el control de un nuevo Estado.

14. Ensayo Sin sembrar el petrleo. Arturo Uslar Pietri, 1992.15. Discurso del senador vitalicio Rafael Caldera ante la sesin con-

junta del Congreso Nacional, con motivo de la asonada militar del 4 de febrero de 1992.

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1Discurso del Presidente Rmulo Betancourt

en el acto de firma de la Ley de Reforma Agraria, en el Campo de Carabobo

5 de marzo de 196024

SE ESCOGI CON ACIERTO el sitio para promulgar, de acuerdo con pautas constitucionales, la Ley de Reforma Agraria. Este Campo de Carabobo es ms cal de huesos de libertadores que propia tierra. Aqu dieron su sangre y su vida mantuanos y Negros Primeros para que Venezuela alcanzara su estatura de nacin libre y soberana. Hoy ve-nimos, en esta hora saturada de inocultable emocin venezolanista, a estampar el ejectese a una legislacin elaborada por el soberano Congreso de la Repblica que complementa y remata lo que con las armas en la mano conquistaron los abuelos prceres en la batalla del segundo Carabobo.

Tres fueron los fundamentos del pensamiento de Bolvar, ide-logo a ms de conductor de la revolucin de independencia: conquista de la soberana nacional, con su irrenunciable corolario de que fuese el pueblo mismo quien eligiese sus propios gobernantes; liberacin del hombre venezolano de la coyuntura de la esclavitud y disfrute para l del respeto inherente a su cualidad de ente humano, y democratiza-cin de la riqueza, mediante el usufructo generalizado para una po-blacin eminentemente agrcola, como lo es la nuestra, de ese don de la naturaleza, que es la tierra.

De estos tres codicilos del que se ha calificado como testamento poltico del Libertador, se haban cumplido ya dos de ellos. Venezuela es una nacin en ejercicio cabal de su soberana, y despus de un acci-dentado devenir hoy, y ya para siempre, en ella es el pueblo quien esco-ge a quienes han de gobernarlo, a elaborarle las leyes y a aplicarlas en

24 BETANCOURT, Rmulo. Seleccin de escritos polticos (1929-1981). Compilador Naudy Surez Figueroa. Caracas, Fundacin Rmulo Betancourt, 2006. pp. 342-346.

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tribunales de justicia. Desde mediados del siglo pasado fue abolida la esclavitud y no obstante la plebeyez aristocratizante de nuestras dic-taduras porque el contrasentido se dio fue conquistada en la Guerra Federal y en tantas otras luchas esa fisonoma niveladora e igualitaria que tiene la democracia social en nuestro pas. Pero quedaba desodo el llamado bolivariano a la democracia agraria. Incumplida su Ley de Repartos de 1817, que promova la equitativa reparticin entre la vas-ta masa rural integradora de su Ejrcito desde los comandantes hasta los soldados rasos de las tierras confiscadas a los espaoles y criollos realistas. La geofagia latifundista transform la Ley de Haberes Mili-tares, cuando ya el Libertador agonizaba en Santa Marta, en un ins-trumento amaado para que el latifundio colonial pasara sin solucin de continuidad de manos de una vieja casta terrateniente a las de los comerciantes canastilleros, a las de los hbiles rbulas, que siempre operan en las retaguardias de las grandes revoluciones de pueblos, y aun a las de algunos esclarecidos fundadores de la Repblica, quienes en la hora del cese de la guerra se revelaron inferiores a sus propias glo-rias. Lo que sucedi despus fue lo que haba previsto Bolvar. Lo que dijo con hermosa frase de potico acento: Edificar sobre una base gti-ca un edificio griego al borde de un crter. En el molde de una estructura econmica semifeudal y esclavista se pretendi vaciar una imposible repblica democrtica. En vez de los capitanes generales gobernaron presidentes, imperiosos o benvolos, pero todos actuando de espal-das al clamor colectivo de tierra, de cultura, de posibilidades de vida nueva. El

Aveledo - La Historia de La República Liberal Democrática de Venezuela 1959 1999

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