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XIV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Salvador de Bahia, Brasil, 27 - 30 oct. 2009

Vigilancia, sociedad y privacidad en México1

Nelson Arteaga BotelloRoberto Fuentes Rionda

El contexto social de la vigilancia en México

Independientemente del desarrollo tecnológico y del campo de problemas al que responden los sistemas de vigilancia en los distintos países, su expansión implica cambios en la organización del espacio y en los órdenes legal, económico y productivo, mismos que afectan las actividades cotidianas realizadas por los individuos en los espacios público y privado. De hecho, la expansión de los sistemas electrónicos de vigilancia da la impresión de modificar la frontera entre ambas esferas (Zureik, Harling and Smith, 2006). Sin duda, existe una particular preocupación por la violencia que los diferentes dispositivos de vigilancia puedan ejercer sobre la privacidad, ya que lo privado refiere a esa zona de inmunidad y relajamiento que los individuos agencian respecto del orden social externo (Duby, 1989): la privacidad sería aquel punto donde la individualidad puede expresarse “en sí misma”, sin la necesidad de dar cuenta de cosa alguna al resto de la sociedad.

Empero, si, como apunta Lyon (1994), los muros de la privacidad están siendo digitalmente disueltos, esto no sucede igual en todos los países: los valores culturales impregnan de un sentido específico —al igual que las formas de organización política y social— a la relación entre privacidad y vigilancia. En este sentido, México ha vivido un proceso importante de transformación en distintas esferas de la vida social.

De manera significativa, en los últimos veinticinco años se ha observado una metamorfosis de ciertos valores sociales. Si se revisan los resultados de la Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey, 2005; 2000) es posible advertir un cambio en las dos dimensiones que pueden definir este rubro: aquella que contrapone valores “tradicionales” y “seculares”, y aquella que contrapone “valores de escasez" y "valores de autoexpresión". Dicho de otro modo, si para la década de los ochenta México presentaba una tendencia que apuntaba hacia la consolidación de valores “seculares” y de “autoexpresión”, a partir de la década siguiente estos parecen moverse en un espectro de valores marcados por los “valores de autoexpresión” y los “valores tradicionales”.

En México, por lo tanto, se puede observar una sociedad que, en términos generales, tiende a conceder una importancia relativamente alta al trabajo, a acentuar la obediencia como una virtud que debe enseñarse a los hijos, a considerar a la familia como substancial, a creer que "Dios es importante", a conceder poca importancia a la política, al tiempo que se puede observar una mayor tolerancia a la diversidad, una expansión de los niveles de confianza interpersonal, así como una mayor consideración a la autoexpresión y a la participación en la

1 Otras versiones de este documento se publicará en “Privacy and Surveillance in Mexico and Brazil” bajo el libro colectivo coordinado por Elia Zureik, L. Lynda Harling Stalker, Emily Smith, David Lyon, y Yolan de E. Chan, Privacy, Surveillance and the Globalization of Personal Information: International Comparisons, McGill-Queen's University Press (2009, en prensa), y en el libro Sociedad de la vigilancia en el Sur-Global. Mirando América Latina, Miguel Ángel Porrúa, México (2009, en prensa).

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toma de decisiones en todos los niveles, incluyendo el político, esfera en la cual existe, además, una clara tendencia a la condescendencia en la disminución del apoyo a gobierno obsesos, aceptando el hecho de que el Estado se descargue de la responsabilidad de satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos (Moreno, 2005).

Semejante desplazamiento debe ser considerado en el análisis de la relación entre privacidad y vigilancia en México, ya que la emergencia de estos temas coincide con la reciente consolidación de sus instituciones democráticas y la redefinición de nuevos límites a la ingerencia del Estado, instancia caracterizada por mucho tiempo por su constante intervención en la esfera privada de los individuos y grupos sociales, siempre bajo el argumento de garantizar, de esta forma, la detección de cualquier actividad que pudiese echar abajo la estabilidad y la “paz” social. Debido a ello, este apartado intenta explorar las condiciones en que se está definiendo la relación entre la privacidad y la vigilancia en México, considerando como telón de fondo a los valores culturales. La hipótesis aquí sostenida es que la relación entre privacidad y vigilancia está siendo triangulada por ciertos valores culturales que sirven de zócalo, donde el individuo se sostiene para construir su privacidad. Para decirlo de otra manera —puesto que todas estas metáforas son aproximativas—, los valores culturales, en particular los temas relacionados con la confianza, gobernanza, autoridad y las relaciones de género, constituyen una cierta superficie que permite distinguir los puntos de tensión entre la privacidad y la vigilancia. No obstante, dichos zócalos y superficies también se encuentran relacionados con una serie de soportes objetivos como instituciones democráticas, leyes que garantizan la protección de los individuos frente al poder estatal, así como una estructura social que tiende a cuestionar el exceso de las desigualdades sociales y de poder. Por ello, este trabajo apunta a determinar qué tanto se retroalimentan los zócalos de valores culturales y los soportes objetivos en la conformación de la relación entre privacidad y vigilancia en México.

Para sustentar dicho argumento, el presente apartado se divide en cuatro partes. En la primera se hace un breve recuento de las características que definen el contexto político y social de México, no únicamente con el afán de comprender el marco general en el que se inscribe el presente análisis, sino con el objetivo de prestar atención en los “nuevos” espacios de intervención gubernamental en la vida privada a partir de estrategias relacionadas con políticas encaminadas al fortalecimiento de la democracia, la atención a la pobreza y el “combate” a la delincuencia.

En una segunda parte se exploran aquellos valores culturales que darían cuenta de los zócalos que median la relación entre privacidad y vigilancia. En la tercera parte se examina, precisamente, la reconfiguración de la esfera de la vida privada en México a la luz de la expansión de la sociedad de la vigilancia. En la cuarta parte, se explora la expansión de los dispositivos de vigilancia en México desde el ámbito gubernamental, es decir, público, así como desde la esfera privada. Por último, se desarrollan algunas reflexiones finales que buscan establecer en qué medida la relación entre privacidad y vigilancia se encuentra alimentada por aquellos zócalos de valores culturales y por determinados soportes objetivos.

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Para el caso aquí analizado, esta relación entre la privacidad y la vigilancia se percibe de forma característica, lo que permite argüir la existencia de un espacio de experiencias particular. Por ejemplo, la encuesta mundial sobre privacidad y vigilancia (Ipsos, 2006) muestra que la mayoría de los ciudadanos en el país considera que la utilización de CCTV en la comunidad y en centros comerciales permite reducir las incidencias delictivas, al igual que se plantea como necesaria la utilización de distintos dispositivos de vigilancia en los aeropuertos. Inclusive se acepta que las entidades gubernamentales y privadas intercambien la información obtenida de las personas con el fin de proveer cierta seguridad, pese a que se tiene una baja confianza en el gobierno y las entidades privadas respecto al manejo y a la protección de los datos personales.

Empero, los mexicanos desarrollan estrategias de protección de datos personales y quizás por este hecho se aventuran a proporcionar información en sitios Web. Pese a este contraste, en la sociedad mexicana existe una alta aceptación del uso de cartas de identidad, aunque se considere que las leyes vinculadas a salvaguardar la seguridad nacional, en muchos casos, califican como violatorias de la vida privada. En el país, la relación entre vigilancia y privacidad se encuentra, en este sentido, muy ligada a las tecnologías de monitoreo más expandidas a escala global, como los CCTV, las cartas de identidad, los sistemas nacionales de huellas digitales (en una proporción mucho menor que en los países desarrollados, en México el indicador alcanza un 17% de reconocimiento social) y, al mismo tiempo, a la poca familiaridad con las nuevas tecnologías como los GPS y los sistemas biométricos y de reconocimiento facial (mismos que, a lo mucho, un 14% de la población del país llega a mencionarlos). Aún más, la presencia de las formas expandidas de vigilancia permite observar que existe una aceptación importante a monitorear, a través de CCTV, las actividades que desarrollan los empleados en sus espacios laborales (Ipsos, 2006). Con todo, si bien estos primeros resultados permiten una aproximación a la relación entre privacidad y vigilancia, ésta no se entiende como una experiencia social con cierto sentido —localizada en múltiples lógicas de acción de los individuos—, si no que se vincula, de alguna manera, como el resultado de la articulación de un zócalo de valores culturales en el contexto de un espacio determinado de soportes objetivos. A ello obedece que el presente capítulo tiende a resaltar estos elementos a fin de proporcionar una determinada coherencia a esta relación.

Democracia, pobreza, violencia y dispositivos de vigilancia

Durante los últimos 25 años, México ha vivido un proceso intenso de transformaciones políticas, así como, en el conjunto, de su estructura social. Aquí interesa sobre todo exponer aquellas modificaciones vinculadas con los escenarios de transición democrática, la profundización de la pobreza y desigualdad, además del crecimiento de los índices delictivos. Tres temas que han inaugurado nuevas formas de convivencia social, pero también han posibilitado la emergencia de mecanismos de control, con el fin de reforzar los proyectos de consolidación de instituciones democráticas, la solución a los altos índices de pobreza y el combate al crimen en todas sus modalidades. Todo esto en un escenario donde no es posible divisar una transformación generalizada de las instituciones autoritarias en democráticas y, más bien, la convivencia de unas con otras.

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Así, durante los últimos años es posible notar la convergencia entre los procesos de desarticulación social y la emergencia de mecanismos de intervención en la vida privada tendientes a obtener información para orientar las políticas de atención a la pobreza y el “combate” al crimen organizado para comprender el papel de los soportes objetivos sostenidos en los zócalos de valores culturales que permiten la construcción de las relaciones entre vigilancia y privacidad.

En efecto, México entró al siglo XX envuelto en una revolución popular campesina que duró poco más de diez años (1910-1921). De las cenizas de ella se conformó un régimen autoritario que abarcó más de setenta años, periodo durante el cual un partido hegemónico —el Partido Revolucionario Institucional (PRI)— basó su poder en un sistema corporativo y clientelar que, si bien no canceló de manera formal la democracia, estableció un férreo control de los procesos electorales: los gobiernos estatales y federal jugaban el papel de juez y parte, por lo que el manejo ilícito de recursos públicos para apoyar las campañas electorales del PRI era evidente y, cuando esto no funcionaba, no se dudaba en hacer uso de la fuerza y la violencia del Estado para mantener el control político. Cabe decir que el régimen posrevolucionario nunca suspendió la conformación de otros partidos políticos —exceptuando al Partido Comunista en 1979— e incluso fomentó su creación con la pretensión de evidenciar la existencia de una democracia. Sin embargo, a partir de 1988, poco después de una competencia electoral sumamente reñida —gracias a una enorme participación social—, se hizo patente el desgaste del corporativismo y el clientelismo del régimen, obligándolo a realizar varias reformas institucionales para garantizar la transparencia de los procesos electorales y el respeto al voto. Gracias a ello, durante la década de los noventa fue posible observar la alternancia partidista en distintos municipios, entidades y, en el año 2000, en la propia presidencia de la República.

Como se puede observar, en la historia política de México se estableció un régimen autoritario que permitía un cierto juego democrático —artificial, ciertamente— que aseguraba una estrecha movilidad de partidos y políticos en puestos de representación, lo que contrasta con los regímenes autoritarios de corte militar impuestos en otros países de la región latinoamericana —sobre todo en el cono sur, por ejemplo en Chile o Argentina—, donde fueron suspendidos los sistemas de representación y las formas de participación política. Por otro lado, la presencia en México de una estructura corporativa y de prácticas clientelares posibilitó la conformación de un Estado centralista e interventor en las distintas esferas de la vida económica y social, limitando por mucho tiempo la conformación y participación ciudadana. Respecto al fortalecimiento de las instituciones democráticas, pese a que él ha transformado este panorama, a veces da la impresión de que las viejas instituciones no dejan de morir y las nuevas no acaban de nacer, mezclándose unas con otras; no se ha consolidado una esfera ciudadana sólida.

La descomposición del clientelismo y de las estructuras corporativas ha venido a redefinir la percepción que tenían de sí mismos los ciudadanos, pero también ha generado un extrañamiento con respecto a las instituciones que cambiaban poco con la alternancia partidista2, lo que debe destacarse, en tanto que la ciudadanía parece no encontrar

2 Algunos estudios que comparan los procesos de democratización en América Latina y Europa del este, coinciden, de alguna manera, en el hecho de que en el caso de América Latina las transiciones a la democracia se llevaron a cabo

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mecanismos legítimos y eficaces que regulen las relaciones y los conflictos sociales, sobre todo entre los individuos y las instituciones.

En México, al acceso a la democracia real lo han acompañado cambios importantes en la vida económica y social. La desigualdad social y la pobreza, al igual que los hechos delictivos, se han incrementado de manera significativa. La pobreza, a comienzos del proceso de democratización –entre 1984 y 1989–, alcanzaba al 40% de los hogares, como resultado de que los ingresos por hogar disminuyeron en los grupos sociales más desprotegidos, mientras que aquellos ubicados en los estratos sociales más altos presentaron un incremento en sus ingresos (Pastor y Wise, 1997). Tendencia que, por lo demás, se reforzó en la década de los noventa, cuando la pobreza por ingreso aumentó de manera importante, sobre todo después de la crisis financiera de 1994 (Boltvinik, 2001), a lo que hay que sumar la reducción del gasto social durante esos años (Ward, 1993, Pastor y Wise, 1997)3. En la actualidad, se calcula que en México poco más del 33% de los hogares vive por debajo de la línea de pobreza (ECLAC, 2004). Al igual que la pobreza, el delito se incrementó en más o menos el mismo periodo de tiempo, coincidiendo con los primeros pasos hacia la democratización del país y con el incremento de la desigualdad social (Pascual, 2004; Sosa, 2004): robos, homicidios, asesinatos políticos, secuestros, ajustes de cuentas entre narcotraficantes y violencia guerrillera marcarán estos años, extendiendo sus efectos hasta el día de hoy (Arteaga, 2006).

El proceso de democratización, así como el incremento de la pobreza y la violencia delictiva han propiciado la construcción de sistemas de recolección de datos personales por parte del Estado, pero también por parte de las entidades no públicas. Bajo el principio de que es necesario contar con información para poder establecer las políticas convenientes y adecuadas para consolidar la democracia —con la conformación de los padrones electorales—, así como para combatir la pobreza y el crimen, el gobierno mexicano ha establecido una demanda constante de datos personales. En el caso de la pobreza, por ejemplo, los programas de política social exigen una serie de datos a las personas consideradas como sus posibles beneficiarios: información sobre el número de integrantes de la familia, edades, nivel educativo, historial epidemiológico, peso, talla, habitaciones en la casa, número de electrodomésticos, ingresos, entre otros datos, todo lo cual permite al gobierno determinar el acceso o no de las personas a los beneficios del programa. Tal es el caso de programas como “Oportunidades” (De Araújo y Lima, 2005; Arteaga, 2005). Por lo que refiere a la violencia, la recolección de información sobre las condiciones sociales de los barrios considerados como peligrosos se ha vuelto cada vez más frecuente para establecer políticas de prevención de delitos (Arraigada y Godoy, 1999).

fundamentalmente a través de pactos entre las elites políticas más que por amplias movilizaciones y el protagonismo de la sociedad civil, como fue el caso de los países de Europa del Este.3 En este sentido, Larry Summers ha señalado que la crisis de México en 1994 fue inducida por las innovaciones financieras de los años anteriores y los avances en la tecnología de la información y las comunicaciones, los que propiciaron que se propagara de un modo sin precedentes a escala global. Luego, no es de extrañar que Michel Camdessus, del Fondo Monetario Internacional, la haya definido como la primera crisis del siglo XXI (Castells, 1988).

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Resulta extraño, sin embargo, que esta expansión de la recolección de datos personales esté acompañada de un andamiaje insuficiente en el área de la protección a la privacidad, como ocurre en México, donde la privacidad es más bien un concepto del orden legal, un derecho abstracto alejado de la práctica cotidiana. La violación de la privacidad es un fenómeno recurrente en la vida social de los mexicanos: intervenciones telefónicas sin una orden judicial -sobre todo de políticos envueltos en casos de corrupción-, video-grabaciones ilegales que también intentan poner al descubierto comportamientos que se consideran como inapropiados, venta y tráfico de bases de datos —como el padrón electoral, que contiene información de las personas mayores de 18 años con datos relativos a direcciones, códigos postales, fechas y lugares de nacimiento, fotografías y huellas digitales- e intercambio de bases de datos entre bancos, tiendas departamentales y entidades crediticias públicas y privadas4.

En este ámbito, la diferencia del marco legislativo de México con respecto al resto de América Latina radica en que, si bien se comparte un cierto pasado autoritario, -en el caso de México, el paso a una democracia real se ha llevado a cabo a través de una serie de modificaciones a las leyes electorales, sin tocar el marco constitucional general, todo lo contrario a lo que sucedió en Brasil, Chile y Argentina-, esta experiencia ha hecho más sensible a las sociedades de estos y aquellos países latinoamericanos que pasaron por un gobierno de juntas militares, ante la necesidad de incorporar en sus constituciones el recurso del habeas data, con el fin de proteger la individualidad y los datos personales de sus ciudadanos. En el caso de México, en cambio, una vez instalada la democracia real, las preocupaciones se centraron en la construcción de una maquinaria electoral transparente y, todavía en la actualidad, la privacidad y protección de los datos personales parecen no ser una prioridad, pues las bases de la democracia todavía no están lo suficientemente consolidadas, como lo mostró la reciente elección para presidente de la República, en julio de 2006.

La presencia de un régimen político autoritario en la historia de México está acompañada de una particular esfera de valores culturales, entendidos como ciertas creencias que guían nuestras actitudes y comportamientos (Bellman, Jonson, Kobrin y Lohse, 2003). Sin duda, el acceso del país a regímenes políticos democráticos ha permitido cierto cambio en dichos valores, pero la persistencia de prácticas no democráticas en amplios sectores de la vida social y política del país sugiere, muchas veces, que éste no ha sido tan rápido ni profundo.

4 La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), aprobada en junio de 2003, establece las bases que garantizan el derecho a la información sobre las acciones que realizan las entidades gubernamentales. En dicha ley, de hecho, es posible encontrar algunos principios orientados a la protección de datos personales. Por ejemplo, en su artículo tercero se señala que los datos personales son confidenciales y no pueden ser revelados sin una causa legal (datos que incluyen información sobre el origen racial o étnico, atributos morales o emocionales, teléfono, propiedades, ideología política) ni cualquier información que permita dar cuenta de su condición física y mental, preferencia sexual o cualquier otra información que afecte la intimidad de las personas. Es el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) la entidad pública a cargo de implementar, en el marco de la mencionada ley sobre el acceso a la información, los mecanismos necesarios para salvaguardar la privacidad de los datos personales. Debido a ello, en el 2003 se creó al interior del IFAI la Dirección General de Datos Personales en el 2003, la cual, no obstante, cerró sus operaciones un año después debido a problemas financieros que le impedían garantizar adecuadamente su función.

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Esto quizás resulta evidente si se observa que en México se presenta una cierta resistencia al cambio en los valores culturales (Hofstede, 1980), lo que sugiere que los mexicanos consideran a la incertidumbre como una verdadera amenaza, siendo sumamente conservadores con respecto al cambio en las leyes y en el orden social. Con relación a valores como la confianza, gobernabilidad, autoridad y las relaciones de género, se pueden observar a través de la antes referida Encuesta Mundial de Valores la presencia de ciertos valores culturales no democráticos. Con respecto a la confianza interpersonal, por ejemplo, un 35% de los mexicanos considera que sí se puede confiar en la gente. Si se toma la opinión que los mexicanos tienen sobre cuál es el principal objetivo de la gobernabilidad por parte del Estado, responden que la libertad (51%) sobre el orden (49%). En este sentido, cabe señalar que el 62% de los mexicanos considera que sería conveniente reforzar a futuro el respeto a la autoridad. Finalmente, en lo referente a las relaciones de género, un dato relevante es la ponderación de la oportunidad del acceso al trabajo entre hombres y mujeres: la mayoría de la población (65%) considera que ni las mujeres ni los hombres deberían tener más derechos a acceder a puestos de trabajo cuando estos son escasos, en tanto que poco más de un tercio de la población considera que sí es necesario que los hombres tengan más derecho a acceder a un trabajo cuándo estos escasean.

Estos datos coinciden, en cierta forma, con los índices de Hofstede (1980) que se tienen para el caso de México. La calificación sobre el Power Distance Index muestra una alta tolerancia (70%) a las desigualdades de poder entre grupos, así como una aceptación a la centralización del poder en algunos de ellos. México se encuentra dominado por valores autoritarios, en un contexto político autocrático en el que los grupos sociales consideran como normales las divisiones jerárquicas y desiguales; de ahí los resultados de la Encuesta Mundial de Valores respecto al creciente incremento del respeto a la autoridad. En tanto que en el Individualism Index (índice que permite apreciar la distinción entre la cultura colectivista e individualista), México alcanza una calificación de 38 puntos, lo que muestra que existe una calificación muy baja de la individualidad, en tanto se ponderan las viejas amistades, las decisiones grupales tradicionales por encima de las individuales y, sobre todo, las relaciones familiares. En otras palabras, en México las relaciones sociales están determinadas por la pertenencia a un grupo, además de que tienden a la conformidad y el orden, lo que concuerda con la baja confianza en las relaciones sociales no fincadas en colectividades y comunidades.

Los datos hasta aquí exhibidos permiten considerar que México tiende a presentar una sociedad con una baja capacidad de resistencia al poder estatal y una disminuida disposición para cuestionar la autoridad. Igualmente, se subrayan los vínculos colectivos y grupales en detrimento de las expresiones de individualidad, al mismo tiempo que se manifiesta una tolerancia importante a las desigualdades sociales y de poder. Estos zócalos de valores culturales refuerzan los soportes objetivos —instituciones, condiciones políticas y sociales— y legitiman las acciones del poder estatal.

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En un escenario como ese, los vínculos colectivos tienden a hacer altamente valorados, siendo incluso considerados necesarios para garantizar cierta protección y capacidad de negociación frente al poder estatal o los grupos poderosos, particularmente por parte de los amplios sectores de la población que viven en condiciones de pobreza o que experimentan en sus formas más crudas las expresiones de desigualdad social y de poder. Aunado a ello, la falta de confianza entre las personas evidencia la poca capacidad para establecer redes sociales que permitan consolidar una sociedad civil fuerte y autónoma con respecto al poder del Estado, al tiempo que se le demanda a éste un mayor control social para garantizar la gobernabilidad, aunque con ello se pierda cierta libertad. Después de todo, la presencia de una cultura masculina que atribuye un alto valor social al éxito material y a la movilidad social ascendente, sólo refuerza la tolerancia a la desigualdad en la concentración del poder y dinero. Sobre el análisis de estos zócalos de valores culturales será preciso comprender el sentido otorgado, en el país, a la privacidad y, con ella, una relación con los dispositivos de vigilancia.

Seguridad, privacidad y vigilancia en México Los soportes objetivos y el zócalo de los valores culturales adquieren una especificidad, determinada al momento de analizar las experiencias puestas en juego entre la privacidad y la vigilancia. Al respecto, se presentan a continuación los resultados de dos grupos, divididos cada uno en dos subgrupos de enfoque, realizados en México durante el 2004: el primer grupo estuvo conformado por trabajadores y viajeros, mientras que el segundo lo estuvo por consumidores y público en general. Participaron en él un total de 18 personas por los dos grupos (Ipsos-Bimsa, 2004b; 2004c; 2004d). Cabe resaltar que dichos grupos responden a un sector muy específico de la sociedad, reflejando, en todo caso, las opiniones de esa capa, muy probablemente no mayoritaria de la sociedad mexicana, pero sí representativa de los sectores urbanos de clase media y clase alta. De este modo, las afirmaciones y conclusiones preliminares que lleguen a formularse se encuentran limitadas por las características de los sectores sociales y los espacios urbanos seleccionados para llevar al cabo los grupos de enfoque.

En general, los mexicanos vinculan privacidad con seguridad personal. En gran medida, las condiciones de inseguridad que vive el país y, en particular, la Ciudad de México, son un telón de fondo insoslayable. De hecho, dos semanas antes de que se realizaran las entrevistas del estudio referido, se celebró la “Segunda Marcha Nacional contra la Inseguridad”. Por esto, quizás, no resulta extraño que la palabra “seguridad” fuera relacionada inmediatamente con ciertos dispositivos de control, entre ellos alarmas, bardas electrificadas, zonas habitacionales cerradas y calles habilitadas, así como usos convenientes del espacio público (como no caminar en áreas consideradas como peligrosas o procurar no prestar atención a las solicitaciones de extraños en las calles).

Desde hace tiempo, la importancia otorgada por la sociedad mexicana a la seguridad ha vuelto posible que la relación entre privacidad y vigilancia adquiera una connotación distintiva.

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En un primer momento, se considera la exigencia de beneficiarse con mecanismos de vigilancia para poder obtener cierta privacidad frente a un entorno calificado como peligroso, a la vez que se protege la integridad personal y familiar, además del espacio físico donde se llevan a cabo las actividades cotidianas. La referencia constante a la persona y a su entorno familiar como ejes sobre los cuales debe girar la protección de la privacidad, permite visualizar como ésta última sólo puede ser pensada en función de una dupla que involucra al individuo y sus relaciones sociales más inmediatas. La protección de la privacidad no es considerada por los mexicanos como un derecho emanado de un marco legal normativo; más bien, se le visualiza como un bien adquirido por algunos, derivado, ello, de sus ingresos económicos5. De esta manera, la privacidad remite a formas de vida exclusiva, privilegiada y con amplios soportes que permiten cierto confort y bienestar, excluyendo a la mayoría de la posibilidad de acceso a ella. Esta idea de exclusividad permite entender que la privacidad sea un factor adicional para exteriorizar y justificar las relaciones jerárquicas, lo cual funciona en una sociedad como la mexicana, tendiente a constituirse como sumamente tolerante frente a la desigualdad en la concentración del poder y el dinero. El habitar en zonas cercadas y protegidas que cuentan con sistemas de video-vigilancia, policías privadas y otros dispositivos de vigilancia, los cuales, en general, permiten salvaguardar a la persona y su familia, es considerado como un avance en la privacidad, en tanto le permite a aquélla distanciarse de los demás.

Si la privacidad se entiende como una propiedad, de ello se desprende un sentimiento de pérdida, profundamente relacionado con la sensación de merma del control sobre ciertos espacios físicos. En el caso de los entrevistados que aludieron una pérdida de la privacidad, hicieron referencia, por ejemplo, al hecho de que, en los centros de trabajo, las oficinas son cada vez más pequeñas y no alcanzan a cubrir más que la mitad del cuerpo —por lo que es posible que las personas estén siendo observadas constantemente, ya no sólo por su jefe, sino por otros compañeros. Otro ejemplo es el uso de los celulares: se piensa que ahora cualquier persona es localizable en cualquier lugar y a cualquier hora, lo que genera la impresión de que ya no existe un lugar en el cual la persona no pueda ser encontrada. O también, por ejemplo, una referencia más a la pérdida de privacidad está vinculada a la expansión de los sistemas de videovigilancia en lugares públicos (calles, plazas y parques), así como en espacios privados (centros comerciales, centros de negocios, elevadores).

La pérdida de privacidad se encuentra, a su vez, vinculada con un cierto sentimiento de intromisión en los datos personales. Por ejemplo, la mayoría de las personas que participaron en los grupos de enfoque aprobó la puesta en marcha de la Clave Única del Registro de la Población (CURP), así como la exigencia de las empresas para que los empleados proporcionen una enorme cantidad de datos personales, bajo el argumento de efectuarlo por “razones de seguridad”. La necesidad, además, de facilitar una serie de datos personales para poder obtener préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito, al igual que el incremento del telemarketing y la información suministrada en muchas de las ocasiones a través del Internet, son algunas de las prácticas cotidianas que generan la sensación de pérdida de la privacidad.

5 Cuando, en algún momento, se vincula a la privacidad con el derecho, se hace en el sentido de temas morales más que de carácter estrictamente legal. De ahí que se le vincule a cuestiones como el derecho a la soledad, el vivir con paz interior y otro tipo de sentimientos ligados a la soledad.

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De hecho, la impresión generalizada es que hoy en día hay menos privacidad que hace cinco años y se piensa que en un futuro ésta se reducirá aún más. No obstante, cuando se indaga en el modo en que se ha experimentado esa pérdida de privacidad, las imágenes que se consiguen apuntan nuevamente a los temas que subrayan la pérdida de la dupla individuo-familia en el contexto de sus bienes (como los robos en vía pública y a casa habitación, fraudes a tarjetas de crédito y débito). Este marcado temor por la pérdida de la privacidad como un valor y un bien, y no tanto como un derecho, puede considerarse el motivo de la sensación de urgencia para el aumento del número de sistemas de vigilancia —incluso si esto implica, paradójicamente, la pérdida de algunas libertades, de ahí que se presuma que, eventualmente, la privacidad se verá reducida por las nuevas tecnologías, permitiendo dar cuenta de quién es y qué hace cada individuo. En este sentido, se percibe cierta resignación ante tal escenario, quedando claro que hoy en día no existe un marco legal para regular el funcionamiento de los distintos mecanismos de vigilancia y del manejo de información personal. Inclusive, se pudo observar que, en algunos momentos, se hicieron referencias explícitas a la privacidad como un derecho establecido en alguna parte de la Constitución, considerado ante todo, empero, como una buena intención legal, más que como una realidad.

Derivado de lo anterior, se puede afirmar, de manera general, que la privacidad en México está construida a partir de la experiencia de los individuos con su entorno familiar. El mexicano, aparentemente, no se puede concebir sin pensar en su primer vínculo de relaciones, su núcleo social más próximo; su privacidad referirá entonces, fundamentalmente, al trabajo que la persona y la familia desarrollen para protegerse. Por ello, el primer paso es la vigilancia del entorno, ponderado como siempre amenazante para la burbuja persona-familia; por ello, se dispensan el mayor número de recursos económicos. Si bien se considera que esto podría ser distinto y que el Estado debiera garantizar la seguridad y privacidad, la baja disposición para cuestionar la autoridad y una débil sociedad civil tornan poco factible la construcción de una presión importante para la modificación de esta situación. Además, la falta de confianza entre ciudadanos, por lo regular, conduce a no consolidar los reclamos espontáneos de protesta en verdaderos movimientos civiles, tal como sucedió con Segunda Marcha Nacional contra la Inseguridad, la cual no pudo articularse en un grupo sólido que generara una presión social representativa hacia el gobierno, para que se proveyera una mayor seguridad.

Adicionalmente, la alta tolerancia hacia las desigualdades permite que no sea mal visto el hecho de que sólo algunos sectores de la población tengan mejores condiciones para vigilar su entorno y mantener su privacidad; por el contrario, esto se considera como una prueba palpable de su éxito material. En el caso mexicano, la privacidad y la vigilancia, por tanto, se mueven paralelamente, como una manera de construir “muros” de protección que ofrecen seguridad y tranquilidad a la dupla persona-familia. Una visión equivalente se encuentra en la importancia otorgada por los mexicanos a la protección de los datos personales: es aceptable, por ejemplo, que las empresas exijan cada vez más datos a las personas que van a contratar -en tanto se cree que con ello se construye un ambiente de vigilancia que permite mantener la seguridad del ámbito laboral-, pero, a la vez, se considera importante ponderar la oferta de información en otros espacios, a causa del riesgo de que sea utilizada para fines como el telemercadeo o, peor aún, para cometer fraudes bancarios y secuestros.

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Así, la construcción de la privacidad en México se encuentra ligada a la propia experiencia de las personas con la familia y el hogar; es en este espacio de relaciones estrechas donde debe buscarse el mayor confort, el bienestar y la seguridad, para lo cual se considera necesario una importante inversión económica, lo que implica una visualización de la privacidad como un valor o un bien y no tanto un derecho. Los espacios más allá al hogar son considerados como potencialmente riesgosos para la privacidad, por lo que se cree que deben extremarse las precauciones. La demanda de información que diferentes instituciones exigen es observada, por ende, como algo normal, pero que resulta preocupante en tanto se desconoce el manejo que posteriormente se hará de dicha información.

Los zócalos de valores culturales que apuntan a una baja ponderación de la individualidad parecen concordar con el hecho de que la privacidad no se puede entender sin las redes familiares y grupales más próximas a la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, en México es posible observar que la referencia a alarmas, bardas, policías y sistemas de videovigilancia (como dispositivos asociados fuertemente a la privacidad) apelan a la protección física de las personas y sus familias, lo que, en gran medida, depende del grado de significación que se otorga a la privacidad, basada, sobre todo, en la protección y el cuidado al cuerpo. Por otra parte, gracias a que en México las amenazas a la privacidad se encuentran fuera de la “burbuja protectora” establecida alrededor de las personas y sus familias, la idea dominante es que ellas se derivan del mal manejo de sus datos personales (como fraudes, robos y secuestros), lo cual concuerda con el hecho de que los mexicanos juzgan que la mayor amenaza a su privacidad está en el uso que se pudiese hacer de su información personal por parte de empresas privadas y organismos gubernamentales.

El tema de la vigilancia en México pareciera estar conformando muchas experiencias que se asimilan cada vez como más comunes y aceptables. Tal es el caso del monitoreo de las actividades verificadas en los lugares de trabajo: llamadas telefónicas, uso del Internet e instalación de videocámaras, cuya existencia se justifica en tanto garantía de seguridad para las corporaciones y el propio ambiente laboral. La expansión de los sistemas de video-vigilancia en los espacios públicos también se considera algo necesario para mantener un control más efectivo del tráfico, o para prevenir actos vandálicos y delictivos. La mayoría de los mexicanos aprobó estos dispositivos al considerar que proporcionan mayor seguridad en los espacios donde son colocados; aunque también reconocen que los criminales estarían desarrollando estrategias para burlar la efectividad de estos dispositivos (como cubrirse el rostro). Sin embargo, tales tecnologías pueden utilizarse para otros fines distintos. Es interesante observar que, en el estudio aquí referido, los participantes mencionaron constantemente que existe la posibilidad de que la policía pueda ocultar crímenes o programarlos en contubernio con bandas del crimen organizado, lo cual contrasta con el hecho de que en otros espacios, como, por ejemplo, los aeropuertos no existe un cuestionamiento al incremento de la vigilancia porque se cree que sirve para proveer de seguridad, así como cubrir las necesidades de seguridad nacional de cada país.

Así, la construcción de la privacidad en México pudiese estar conformada a partir de tres niveles: uno refiere a la persona en relación a su familia; otro, a la delimitación de un espacio donde se establecen vínculos sociales estrechos entre la persona y la comunidad; y, el tercero, a la información de las personas.

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Cada uno de estos niveles refiere a la privacidad en aspectos como un espacio, una propiedad, una personalidad y cierta autonomía individual, mirada sobre la privacidad que se desarrolla en un contexto como el mexicano, en el cual se cruzan valores de autoexpresión y valores tradicionales (Moreno, 2005). Es decir, las experiencias de la sociedad mexicana en torno a la privacidad se encuentran mediadas por el avance de una cierta individualidad espiritual —a diferencia de una espiritualidad colectiva—, pero con una fuerte referencia a relaciones grupales (como la familia) y a un supuesto rescate de aquello considerado tradicional (la comunidad cerrada que quiere alejarse de aquellas expresiones de vida moderna que se consideran dañinas).

De esta suerte, se vive una privacidad centrada en la colectividad, más que una individualidad ajustada o dependiente de la colectividad. La referencia de lo privado, vinculada con la familia, y no la familia como centro de la privacidad, expresaría una construcción particular de esta última desde una perspectiva semejante a la que era posible hallar en Francia a mediados del siglo XX, en donde la vida privada se desdoblaba: dentro de la vida privada de la familia se erigía una vida privada individual, donde los individuos tenían una cierta autonomía, encontrándose la familia en un proceso de des-institucionalización (Prost, 1989). Por su parte, las funciones y el rostro en el contexto de la sociedad mexicana son muy distintas de aquellas mostradas durante el período de gobierno autoritario de mediados de la década de los ochenta. La privacidad en México adquiere, así, una connotación donde lo colectivo-familiar no desaparece, cobrando importancia ese núcleo para la propia constitución de la individualidad, la autonomía y la libertad.

En esta lógica, la relación de la privacidad con la vigilancia remite a dos talantes: por un lado, se reconoce en la vigilancia un mecanismo para mantener al individuo y su burbuja de relaciones lejos de los riesgos del exterior; por otro, la vigilancia representa una amenaza cuando se lleva a cabo desde el exterior de esa burbuja. El problema recae, entonces, en las estrategias y capacidades —en gran medida económicas y políticas— de cada persona para mantener una relación favorable con los dispositivos de vigilancia, aprobando una mayor protección de la privacidad más que la posibilidad de su violación. Esto muestra que el espacio de la privacidad es entendido como una propiedad o valor al que sólo accederían algunos cuantos, permitiendo sostener la idea de que se obtiene mayor privacidad al tener mayores recursos económicos, convirtiéndose esto en un factor más de desigualdad en la estructura social de México.

El autoritarismo que pervive en los nuevos tiempos de la democracia en el país, no favorece mucho un cambio en este escenario; el gobierno demanda a la población una mayor cantidad de información personal con distintos objetivos: consolidar padrones electorales, atender la pobreza y combatir el crimen. Esto se puede admitir como una intervención más a la privacidad por parte del Estado, en tanto que el gobierno no se caracteriza por el uso adecuado de la información obtenida de las personas. La denuncia acerca de que las bases de datos con la información de los beneficiarios de los programas contra la pobreza son usadas con fines políticos, o que los padrones electorales son vendidos de manera ilegal a empresas de telemarketing, deja la sensación de que la esfera de la privacidad se reduce poco a poco.

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Sin duda, esta tendencia hará que los habitantes de México se piensen a sí mismos, primariamente, en torno a su grupo más próximo, desalentando la confianza entre ciudadanos al exterior, es decir, al espacio público.

La presencia de valores culturales que tienden a cuestionar muy poco la autoridad y, más bien, a aceptar sus decisiones, conduce a la conformación de una sociedad civil poco capaz de enfrentar el nuevo contexto de demanda y manejo de información tanto de entidades públicas como privadas. De hecho, el que un 75% de los mexicanos hayan mencionado que no tuvieron ningún contacto con sus gobiernos durante un año, atestigua la profunda brecha que existe entre el Estado mexicano y su sociedad civil (Ipsos, 2006).

Se observa, de ese modo, que las tensiones entre privacidad y vigilancia son, en cierta medida, el reflejo de los soportes objetivos y de los zócalos de valores culturales. México se conforma como espacio donde la consolidación de la sociedad de la vigilancia tenderá a recrudecer la fragmentación social, construyendo una privacidad basada en el proyecto del recogimiento grupal, definido a contracorriente de la consolidación de una sociedad civil fuerte. La consecuencia de esta tendencia es preocupante: al dejar de lado la discusión sobre una privacidad, en el contexto de la sociedad de la vigilancia, la sociedad mexicana percibe a la privacidad como una arquitectura que depende, más bien, de recursos personales, legitimando el acceso desigual a la privacidad y adicionando una barrera social a las muchas que ya existen (como aquellas de la pobreza o la violencia), para que, así, amplios sectores de la población accedan al ejercicio de su ciudadanía.

Vigilancia en el orden público y privado

Dentro de este contexto político y sociocultural, la vigilancia se ha consolidado como orden social. Tanto en el orden del gobierno como a nivel de organismos privados se expande de modo fluido una diversidad de estrategias de vigilancia, sustentadas en la idea del control del crimen, de los comportamientos considerados como desviados y de la lucha contra la violencia en general. Si se analizan, por ejemplo, los discursos sobre la seguridad pública, se puede advertir que se encuentran basados en la idea de la “guerra” y el “combate” contra un enemigo que, por sus características, resulta sumamente ambiguo. La intención de frenar a la delincuencia común, y al crimen organizado en particular, conduce a lo que se podría denominar una guerra armamentista a pequeña escala (por circunscribirse únicamente al espacio territorial del país) pero de amplia escala. En ella, los aparatos policíacos, el ejército y el crimen organizado persiguen, de manera constante, una mayor capacidad de fuego, con miras a obtener superiores ventajas bélicas. Esta dinámica se consolida con la insistencia de involucrar —más claramente durante la última década y media— al ejército en las distintas organizaciones policíacas del país en sus diferentes ámbitos. Igualmente, al echar mano de las fuerzas armadas para trabajar en programas y operativos cuyo objetivo consiste en cercar barrios y colonias calificados como lugares peligrosos (Arteaga, 2006). Durante la década de los años noventa, y en los primeros años del presente siglo, la inclusión de militares, con el objeto de enfrentar la violencia criminal, constituyó una práctica común en la capital del país.

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No obstante, durante los últimos meses del sexenio del presidente Vicente Fox Quezada, en particular durante el proceso de transición del poder a su sucesor, una serie de acontecimientos incrementaron la aparente exigencia de incluir al ejército en las labores de seguridad. Estos hechos fueron la serie de decapitaciones que se presentaron en el país durante el mes de abril y diciembre del año 2006, en medio de un ríspido proceso electoral para elegir presidente, que alcanzaron la cifra de 17 decapitados dentro del conjunto de 1,237 ejecuciones entre grupos del narcotráfico6. En un contexto como el mexicano, donde el tema de la seguridad ha logrado alcanzar una posición central en la agenda política, las ejecuciones y decapitaciones han impactado de forma directa en la definición de las políticas de seguridad (interpretadas como el exceso de la violencia criminal), llegando a constituirse en piedra de toque para redondear el tema de la inseguridad, aunque esto, es cierto, de forma encontrada. Por un lado, las autoridades gubernamentales consideran que las decapitaciones no representan un peligro para la seguridad de los ciudadanos en general, argumentando que se encuentran localizadas de manera específica en el llamado mundo del narcotráfico7. Pero, por otro lado, estos acontecimientos parecen urgir a que se lleven acabo acciones que extiendan los dispositivos de seguridad más allá de ese mundo, es decir, en los espacios públicos como carreteras, plazas y barrios —sobre todo marginados.

En este sentido, a partir de la violencia que se relaciona con el mundo del narcotráfico se construye un argumento para justificar el ensanchamiento de variados y diversos dispositivos de seguridad basados, en gran medida, en la vigilancia y control de la población, lo que debe destacarse pues, como apunta Gros (2006), los dispositivos de seguridad designan un proceso sin interrupción de protección y control de los individuos, más que la eliminación de hostilidades y peligros entre la sociedad, en el que se consolida un cierto éthos de precaución, conforme al cual lo importante es la vigilancia de cada uno de los ciudadanos. Esto tiene, a largo plazo, un efecto en la conformación de los espacios de legalidad que trata de definir el Estado mexicano, ya que, en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, se establece una categorización de la sospecha, según la cual todos son prácticamente presuntos delincuentes (Marx, 1988). Esto se puede observar en las movilizaciones del ejército que se llevaron al cabo a partir de diciembre del 2006, a través de retenes en carreteras, caminos y calles, en distintas entidades de la república, y que tuvieron como punto de arranque el estado de Michoacán.

Efectivamente, el 11 de diciembre de 2006, desde Los Pinos, sede del poder ejecutivo nacional, se dio a conocer la Operación Conjunta Michoacán, plan en el que participaron las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. En dicha presentación, el Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, señaló:6 El Universal, 22/06/2006; La Jornada, 22/06/07.7 Sin duda, este panorama ha cambiado desde mediados del año 2008, luego del incremento en delitos violentos y de privación de la libertad (como homicidios, robos a mano armada y secuestros), y de la firma, por varios actores políticos y civiles del país, públicos y privados, del llamado “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”. En este sentido, la urgencia en el incremento de mecanismos de seguridad se ha justificado bajo el presupuesto de que el peligro se encuentra arraigado en el tejido social, bajo el “cobijo” de “familias y comunidades enteras”. Desde este nuevo punto de vista, la necesidad de dispositivos de seguridad apoyados por tecnologías de vigilancia se hace patente, al considerar la potencialidad del riesgo ya no únicamente en grupos identificados como separados del orden social del país, sino en la población en general, haciendo a todo ciudadano sospechoso (Veáse “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, 2008).

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Una de las tres prioridades del Gobierno del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, es fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias en todas las regiones del país. Esto inmediatamente traerá la recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado; recuperación que acabará con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la salud de nuestros hijos y la tranquilidad de nuestras comunidades. En esa convicción y de acuerdo con la orden emitida por el Presidente de la República, desde el primer día de su Gobierno hemos privilegiado la planeación y ejecución conjunta del Gabinete de Seguridad en el establecimiento de las acciones estratégicas para enfrentar con efectividad al narcotráfico y la delincuencia organizada. En acuerdo con el gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, informamos a los mexicanos el Inicio de la Operación Conjunta Michoacán, con un despliegue de más de cinco mil efectivos para esta operación en la cual se desarrollarán actividades de erradicación de plantíos ilícitos, establecimiento de puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, ejecución de cateos y de órdenes de aprehensión, así como ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas. La Operación Conjunta Michoacán forma parte de las diferentes actividades contra la delincuencia que se han venido ejecutando desde el día 1 de diciembre tal como se comprometió, el Presidente Calderón de velar por la tranquilidad y seguridad de todos los mexicanos.8

Para coordinar estas actividades se estableció un Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia en el cuartel general de la 43 zona militar en Michoacán. Como se señaló durante la puesta en marcha de la proyecto, éste responde a los acontecimientos delictivos que sucedieron en dicha entidad durante el año 2006, sobre todo con un importante incremento de los “ajustes de cuentas” entre bandas de narcotraficantes, así como constantes ejecuciones9. La operación implicó, también, en palabras de las distintas corporaciones policiales y militares, el “sellar” las fronteras de las entidades vecinas como Jalisco, Morelos, estado de México y Guerrero, a fin de garantizar que los distintos grupos de narcotraficantes no trasladaran sus operaciones criminales de Michoacán hacia ellas10.

La reacción de la élite gobernante, empresarial y eclesiástica, ante ese tipo de operativos fue positiva. Esto se puede notar en la crónica de un periodista de la entidad que asistió al festejo de fin de año del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán:

Cerca de las tres de la tarde, el anfitrión y presidente del órgano cúpula, Ricardo Rubí, tomó la palabra para agradecernos a los casi 300 asistentes y hacer de portavoz de una noticia de la cual ninguno de nosotros estábamos enterados aún: la llegada de más de cinco mil militares a Michoacán para el combate al crimen […] Flagrantemente conmovido, Rubí agradeció en nombre de sus colegas ‘la gestión de nuestro gobernador y la sensibilidad de nuestro Presidente’. Consecuencia: un sonoro aluvión de vítores y aplausos frenéticos en la terraza. Exultantes, cientos de hombres de negocios de las regiones de Zitácuaro, Sahuayo, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas puerto, Morelia, Apatzingán y La Piedad, celebraron.

8 Anuncio sobre la Operación Conjunta Michoacán, Residencia Oficial de Los Pinos. Lunes, 11 de Diciembre. Conferencia de Prensa.9 El Universal, 11/12/2006.10 El Universal, 9/12/2006; El Universal, 15/12/2006; El Universal, 16/12/2006; El Universal, 20/12/2006

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La carretada de aplausos se nutrió de los provenientes de la mesa de honor, que incluía, además de a un par de directores de periódicos, como yo, al gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel; al presidente municipal panista de Morelia, Salvador López Orduña; al arzobispo, Alberto Suárez Inda. (López, 2006)

En cierta medida, la puesta en marcha de la Operación Conjunta Michoacán fue una especie de ensayo cuya postrimería consistiría en dar cuerpo a una estrategia de mayor envergadura, completada en marzo de 2007 con el despliegue, a nivel nacional, de la llamada “Estrategia Integral para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia”. En la instalación de dicha propuesta, el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, señaló que recuperar la seguridad pública era uno de sus principales objetivos como jefe del ejecutivo para, así, recuperar las “condiciones mínimas de seguridad en el país que nos permitan convivir y vivir en paz y recuperar paulatinamente las calles, las plazas, los pueblos y las ciudades de nuestro querido México para los mexicanos”. Esto acarrearía, según el presidente, frenar al crimen y a la inseguridad que desde varias décadas ha disminuido la calidad de vida de la ciudadanía, además de obstaculizar el desarrollo del país. Para ello, la estrategia que se propuso estaba articulada en cuatro principios: el primero, realizar campañas de información en contra de las adicciones a través de mecanismos que permitan reforzar la vigilancia comunitaria de colonias, barrios y escuelas; en segundo lugar, impulsar programas entre los policías que fortalezcan la honestidad y transparencia de quienes están a cargo de la seguridad pública; en tercer lugar, fortalecer la participación ciudadana; y, en cuarto lugar -y quizás el más importante-, por el peso específico adquirido en la propuesta de la estrategia, es la puesta en marcha de un Sistema de Indicadores de Medición de la Seguridad Pública y la llamada Plataforma México.

Ese sistema de indicadores tiene como objetivo “… [concentrar y armonizar] todos los datos, absolutamente todos los datos que tiene el Estado en sus distintos órdenes de Gobierno y poder así configurar el mapa de la delincuencia en todo el país”. Por su parte, la Plataforma México pretende poner al alcance “…de la investigación de las policías” y de los tres ordenes de gobierno, “…instrumentos relevantes, información sustantiva, pero sobre todo bien clasificada y salvaguardada por órdenes de confianza y actualizada, que permita combatir con eficacia y contundencia a los criminales”. Las metas que se pretenden alcanzar con este programa consisten en generar organismos y protocolos de inteligencia policial mediante el intercambio de información y el desarrollo de mapas “geodelictivos”, tanto a nivel federal como estatal. Sobre esta base se busca, adicionalmente, generar una base de información adecuada que facilite el intercambio de información con otros países en el contexto de la lucha internacional contra el crimen organizado, es decir: “el narcotráfico, tráfico de personas, de armas, terrorismo y lavado de dinero”11.

Entre las virtudes que el actual gobierno considera que aportará la Plataforma México, destaca Genaro García Luna, titular de la SSP federal, ella contendrá una enorme base de datos con “la información de todas las órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales pendientes de cumplimentar en el país”12, además de que operará dispositivos que 11 De hecho, casi un mes después, el gobierno mexicano y colombiano firmaron un convenio en materia de seguridad pública para intercambiar información sobre narcotráfico, utilizando para ello la Plataforma México (La Jornada, 13/04/2007).12 La Jornada, 15/08/2007.

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habilitarán la vigilancia del desempeño de los cuerpos policiales. El sistema está basado en un red de “…interconexión de datos, voz y video entre municipios, estados y la Federación"13, lo que hará posible tener "información sustantiva, en tiempo real, que permitirá desarrollar inteligencia policial para atacar a fondo la estructura criminal"14. De ese modo, dicho sistema vendría a significar "la piedra angular en la estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia"15. Para el actual gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, esta meta se basa en que “las guerras —y habla por supuesto de aquella que se lleva contra el crimen— se ganan con tecnología, con inteligencia, y por ello debemos dotar a nuestras fuerzas de los adelantos tecnológicos y los servicios de inteligencia que esta lucha exige”16.

En los últimos años, como se puede notar, se ha conformado un espacio de organización de la vigilancia desde el orden gubernamental, el cual busca articular varias bases de datos poseídas en diferentes ámbitos de gobierno, con el fin de garantizar, aparentemente, un mayor control social. Para ello, se echa mano de sistemas de información cuyo propósito es sistematizar y organizar datos, y con ello, eventualmente, construir indicadores que permitan la definición de estrategias en el llamado “combate al crimen”. Lo importante es, entonces, generar información que, posteriormente, sea susceptible de ser procesada en datos estadísticos y cartográficos. La Plataforma México estaría fundada en una sistematización de la vigilancia que se demanda rutinaria, pues sólo en tal medida podría reducir lo aleatorio, contener el peligro e identificar y, posiblemente, manejar, el mayor número de riesgos en un espacio determinado. A partir de un acoplamiento diferencial de información de diverso tipo y distinto nivel, la seguridad pública en el país se consolidaría gracias a la localización de contingencia en lugares y espacios específicos, consintiendo una micro-gestión de los riesgos y los miedos —administración a pequeña escala cuya forma es adquirida a partir de la identificación real o no de ladrones y, en general, toda clase de indeseables y posibles desestabilizadores sociales y políticos.

No obstante, lo importante radica, hoy en día, en la creación de bases de datos y el intercambio de información que posibilite la localización de los riesgos que representa la inseguridad, con el propósito de poner en práctica acciones articuladas desde las diferentes instancias policiales, al mismo tiempo que sintonizar, en una perspectiva “integral”, los programas y las estrategias de seguridad pública, base sobre la cual se organiza la actividad de la policía. Con ello se decidela participación, o no, de distintos cuerpos policiales (municipales, estatales y federales) en determinados operativos e, incluso, se pondera la participación del ejército. El que cada una de estas instancias aparezca en escena responde, claramente, a una micro-política de la inseguridad y revela una determinada solución a un específico número de problemas detectados, las cuales se basan, en última instancia, en identificar el riesgo que representan ciertos grupos considerados como peligrosos.

Ahora bien, no sólo el ejército y la policía han expandido sus dispositivos de vigilancia con el objetivo de reconstituir la seguridad pública.

13 La Jornada, 15/08/2007.14 La Jornada, 15/08/2007.15 La Jornada, 15/08/2007.16 La Jornada, 30/05/2007.

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De igual forma, durante los últimos años se ha dado un crecimiento exponencial de los organismos privados de seguridad o, como Volkov (1999) apuntaría, de las corporaciones empresariales que generan ganancias, de forma legal, a partir de administrar cierta violencia en lugares determinados. En la actualidad, los servicios de seguridad privada abarcan aspectos, no sólo relacionados con el oficio de guardia, sino que también se vinculan a las actividades que incluyen la instalación y el mantenimiento de alarmas, la investigación, el manejo de bienes y valores, la consultoría, así como la instalación de sistemas electrónicos de vigilancia y seguridad (Newburn, 2001). Por ende, el crecimiento de las empresas privadas de seguridad pública se halla contextualizado por el desarrollo de las empresas orientadas a la gestión y administración de dispositivos electrónicos de vigilancia17. Si en 1989 el INEGI censó 210 establecimientos catalogados como de servicios de protección y custodia, en 1999 la cantidad alcazaba ya 1,857 unidades, casi diez veces más en un lapso de diez años18. Los ingresos de estas empresas, a finales del siglo pasado, hablan de la pujanza económica de estos servicios. La protección por parte de personal de seguridad de inmuebles, es decir, de casas habitación, empresas e instalaciones públicas, reportó ingresos por un total de 2,133 millones de pesos (222 millones de dólares); la protección de personas —guardaespaldas y escoltas—, 63 millones de pesos (6 millones de dólares); y, los llamados servicios especiales de vigilancia y protección —monitoreo, alarmas silenciosas con policía privada, radio alarmas, cercos eléctricos y el mantenimiento de dispositivos electrónicos de vigilancia— representó retribuciones por un total de 402 millones de pesos (41 millones de dólares)19.

En un análisis de poco más de 60 empresas de seguridad privada se constató que stas dividen sus actividades en cuatro grandes sectores, los cuales no necesariamente se excluyen entre ellos20.

17 La ley de Seguridad Privada, aprobada el 6 de julio de 2006, señala, en su artículo segundo, fracción primera, que se entenderá por Seguridad Privada la actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas a la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad, además de aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública. 18 Para los datos de 1989: INEGI. X Censo de Económicos 1989. México. 1990; para los de 1999: INEGI. XII Censo de Servicios Económicos 1999. Diciembre 2000. 19 INEGI. XII Censo de Servicios, Servicios Proporcionados. Censos Económicos 1999. Febrero 2001. Cabe señalar que, de acuerdo al Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP), se calcula que, para el primer semestre del 2008, el gasto en seguridad por particulares alcanza los 120 mil millones de pesos, que representaría el 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB); mientras que el gasto empresarial en el mismo rubro suma 64 mil 350 millones de pesos, cantidad equivalente al 0.8 % del PIB (El Universal, 27/08/08).20 La Ley de Seguridad Privada establece, en su artículo 15, las distintas modalidades de los servicios de seguridad privada: Seguridad privada a personas (protección, custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal del prestatario); seguridad privada en los bienes (cuidado y protección de bienes muebles e inmuebles); seguridad privada en el traslado de bienes o valores (servicios de custodia, vigilancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores, incluyendo su traslado); seguridad de la información (preservación, integridad y disponibilidad de la información del prestatario, a través de sistemas de administración de seguridad, de bases de datos, redes locales, corporativas y globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como respaldo y recuperación de dicha información, sea ésta documental, electrónica o multimedia); sistemas de prevención y responsabilidades (prestación de servicios para obtener informes de antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas), y finalmente actividad vinculada con servicios de seguridad privada (instalación o comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, y de los equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados).

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El primer de ellos estarían las empresas dedicadas a la seguridad de información de empresas y entidades públicas, con el fin de salvaguardar su integridad y disponibilidad a través de sistemas de administración de seguridad de bases de datos articuladas en redes locales, corporativas y escala global, garantizando la protección de sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como el respaldo y la recuperación de información, particularmente electrónica y multimedia. Muchas de estas empresas, además, se especializan en la obtención de información sobre antecedentes relativos a la solvencia, localización y actividades de personas que se encuentran de alguna manera vinculadas con entidades privadas o públicas. Aún más, varias de dichas compañías plantean que “la seguridad no es ya un lujo, sino una necesidad”, que requiere de la puesta en marcha de dispositivos que permitan ubicar contraespionaje industrial, detección de líneas telefónicas intervenidas, instalar sistemas electrónicos de monitoreo, así como “barridos electrónicos” para detectar fugas de información, análisis de llamadas telefónicas, monitoreo satelital (GPS) o monitoreo vehicular, todo ello con el objetivo de reducir “riesgos”, de igual forma que establecer “protocolos de crisis”.

Un segundo grupo de firmas privadas de seguridad estaría orientado a la instalación de dispositivos electrónicos de vigilancia que permiten el control del acceso a empresas, casas habitación y fábricas, tales como teclados de contrachapa eléctrica, lectoras biométricas de mano, lectoras de proximidad, tarjetas con bandas magnéticas, lectoras de iris, de pulgares, sensores de movimiento y video porteros. La gran mayoría de estas empresas se dedican también a la comercialización, instalación y mantenimiento de circuitos cerrados de televisión de todo tipo (análoga, digital, vía Internet, con sistemas de reconocimiento facial). A propósito de ello, en casi todas las empresas analizadas se sugiere que un buen sistema de vigilancia debe articularse con distintos dispositivos, de monitoreo y control, con el propósito de integrarlos en una perspectiva que apuntaría hacia el modelo de “edificio inteligente”, estableciendo esto un paradigma de seguridad y protección. Los beneficios de estas empresas sitúan su mercado en la vigilancia de personas, empleados, transporte, niños o adolescentes, localizados en distintos espacios: escuelas, parques, guarderías, hoteles, casinos, aeropuertos, tiendas o fábricas. Incluso algunas empresas de seguridad privada ofrecen sistemas basadas en el desarrollo de la inteligencia artificial a partir del algoritmo NMD (Non-motion Detection), el cual permite el análisis en video de comportamientos sospechosos, detección de accidentes (caídas y resbalones), detección de intrusos, conteo de gente y vehículos, detección de asaltantes y de objetos abandonados. Por lo general, estas compañías se avocan, a su vez, a la promoción de sistemas de vigilancia para la planeación y el desarrollo urbano, gracias a la oferta de sistemas computarizados de semáforos articulados con sistemas de CCTV, así como controladores computarizados de tráfico (que incluyen detectores de prioridad de luz verde para vehículos de seguridad y emergencia, como patrullas y ambulancias).

En cuanto al tercer vector de actividad de las empresas de seguridad privada, éste se halla orientado a la instalación y comercialización de sistemas de blindaje en diferentes tipos de vehículos automotores. Los niveles de protección van desde un asalto, hasta actos terroristas, pasando por secuestros. Las formas en que se ofertan estos servicios son amplios.

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Desde aquellos que ofrecen blindar los automóviles públicos y privados, gubernamentales o empresariales, con diferentes tipos de protección para hacer frente distintos calibres de armamento, hasta aquellos que brindan servicios de personal y renta de automóviles blindados21. Para este último servicio, los precios, como algunas empresas señalan, varían dependiendo del tiempo de renta (el cual puede ser por hora, día o mes) e incluye chofer en español, inglés, portugués, italiano, francés o polaco. Regularmente en este tipo de vector se encuentran otro más, conformado por las actividades tendientes a la prestación de servicios de custodia, así como de vigilancia y cuidado de bienes o valores, incluyendo su traslado. En este espacio se incluyen además la contratación de guardaespaldas con diferentes niveles de preparación, capacitados para responder a situaciones de diverso riesgo y peligrosidad.

Gran número de estas entidades sostienen un discurso tendiente a reforzar el sentimiento de inseguridad y la necesidad de recurrir al tipo de servicios que ellas ofertan. Su exposición se caracteriza por subrayar la presencia de un entorno agresivo, el cual requeriría una solución definitiva, sustentada ésta en criterios de ponderación de riesgos y en el cálculo probabilistico de situaciones de peligro. Las empresas de seguridad dibujan, en sus documentos de presentación, una imagen que refuerza, paradójicamente, el sentimiento de inseguridad de por sí ya expandido en el conjunto de la sociedad. Términos como profesionalidad, calidad óptima, calidad total, especialización, certificación, vanguardia, capacidad, innovación, capacitación, experiencia, integralidad, procesos de servicio y seguridad total, se complementan con la utilización de tecnologías de información, de modo tal que algunas aseguran que proporcionan lo mejor de dos mundos: “la protección electrónica y el personal de guardia”.

Dichas formas de organización de la vigilancia en el ámbito gubernamental y privado tienden a poner un acento particular en la utilización de la tecnología que permite la construcción, el manejo y la gestión de bases de datos, con el objetivo de definir estrategias de actuación en materia de administración de riesgos y peligros. En términos generales, tanto las entidades privadas como públicas están previstas, en términos de la ley, para funcionar de manera conjunta, en tanto se obliga a las primeras a aportar datos para la investigación de delitos por parte de las segundas; ambas instancias acoplan sus distintos dispositivos de vigilancia. Mientras que aquellos instalados por las entidad públicas se orientan a tratar de establecer bases de datos a nivel nacional, proporcionándoles no sólo un sistema de indicadores con información estadística y georeferenciada para la definición de estrategias, sino, además, con cierta flexibilidad para intercambiarse y complementarse con sistemas semejantes de otros países, esto con la intención de enfrentar al narcotráfico, al tráfico de personas, armas y terroristas. Adicionalmente, la seguridad privada, por su parte, se encamina a consolidar mecanismos de gestión de riesgos a escalas micro-sociales, personales: fábricas, escuelas, zonas residenciales, espacios de diversión o centros comerciales. Ambas instancias, la seguridad pública y la privada, reafirman, en su actuación, un ethós de prevención y vigilancia hacia ciudadanos, reclamando de ellos la certificación de su identidad en distintos grados (electrónico o biométrico), regulando su movilidad, desbloqueándoles la entradas o las fronteras de determinados espacios —así como excluyéndolos de otros— y organizándolos en flujos y localizaciones urbanos, lo cual implica una nueva reconfiguración

21 Los automóviles, además de blindarse, pueden incluir, por ejemplo, sistemas de expulsión de gas en los costados del automóvil.

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de la privacidad y el propio espacio público. La organización de estos dispositivos de vigilancia responde, ciertamente, a una emergencia localizada en cada espacio donde se instalan y, por tanto, dependen de aquello definido como riesgoso o peligroso para la permanencia del estado normal de las cosas, lo que, de igual manera, implica un determinado proyecto de sociedad que se quiere imponer. Indiscutiblemente, cada espacio y cada requerimiento responden a una lógica diferente. Por tal motivo, más bien habría que pensar que existen diferentes tipos de sociedad que se acoplan de manera diferencial, respondiendo a distintas formas de organización de poder.

La modulación de la vigilancia en México

En el país existe un escenario donde la rutina enfocada a la observación de detalles personales, con el propósito de influenciar, administrar, cuidar y controlar a una población determinada, o a parte de ella, se encuentra creciendo en algunos espacios y en otros está ya consolidada. Dicha rutina se halla sustentada en un espacio político particular, con un zócalo de valores determinado, en el que la idea de lo público y lo privado comienza a formular cierta reestructuración. La construcción de una sociedad de la vigilancia en México no puede entenderse desatendiendo —como se ha tratado de hacer en este apartado— la forma en que esos tres aspectos se cruzan cristalizándose en la instalación y operación de diversos dispositivos de vigilancia.

Efectivamente, la lenta disolución del régimen autoritario mexicano —que pervivió más de setenta años del pasado siglo— y la aparición de débiles prácticas sociales e institucionales de carácter democrático que no acaban por consolidarse, han generado un espacio donde las rutinas de vigilancia por parte del gobierno no son lo suficientemente transparentes, consintiendo, en algunos casos, su utilización para garantizar el control social de personas o grupos considerados como potenciales representantes de una cierta disidencia política. En este sentido, ¿quién puede garantizar que las bases de datos, la información, la georeferenciación y los indicadores que se construyan desde la llamada Estrategia Integral para la Prevención del Delito y el Combate a la Delincuencia, así como el funcionamiento de la Plataforma México, no sean utilizados en algún momento para otros fines distintos de aquellos para los que aparentemente fueron creados?

De acuerdo al planteamiento ofrecido por el gobierno, el crimen organizado (definido fundamentalmente bajo las figuras del narcotráfico, el tráfico de armas y el terrorismo) tiene secuestrado el bienestar de la sociedad mexicana. Esto sugeriría que sólo genera el incremento del sentimiento de inseguridad acerca de los riesgos que aparentemente enfrenta el país, justificando, de ese modo, la construcción de un amplio sistema de control social –aparato que no necesariamente podría convertirse en un enorme mecanismo de ejercicio autoritario del poder, pero que, inversamente, garantiza un sentido siempre orientado a la preservación de la seguridad pública. La determinación del terrorismo como un peligro para México —que de alguna manera el gobierno justifica con los atentados a las instalaciones de la industria petrolera en México o plazas públicas, por ejemplo—, conduce a la mesa de discusión, nuevamente, las condiciones a partir de las cuales alguien puede ser considerado como un posible terrorista.

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De hecho, la ausencia de una legislación que garantice la protección de datos personales expresa, en gran medida, la carencia de un soporte institucional que procure a los ciudadanos del conocimiento acerca del manejo de la información obtenida gracias a algún dispositivo de vigilancia, efectuado por las distintas instancias públicas y privadas –en particular de aquella adquirida y conservada por medios electrónicos disponible posteriormente para distintos propósitos.

Ciertamente el zócalo de valores autoritarios, que tienden a valorar mínimamente la individualidad y mayormente la comunidad, habilita la fundación de un espacio donde la vigilancia adquiere un acento particular. En México, la construcción de la privacidad está conformada a partir de tres niveles: uno, refiere a la persona en relación a su familia; otro, a la delimitación de un espacio donde se establecen vínculos sociales estrechos entre la persona y la comunidad; y, finalmente, aquel que refiere a la información personal. Cada uno de estos niveles configura a la privacidad, en algunos aspectos, como un espacio, una propiedad, una personalidad o una autonomía individual. Esta tipificación de la privacidad se desenvuelve en un contexto específico, en este caso, el mexicano, donde se cruzan valores de autoexpresión y valores tradicionales (Moreno, 2005). Es decir, las experiencias en torno a la privacidad se encuentran mediadas por el avance de una cierta individualidad espiritual, a diferencia de una espiritualidad colectiva, pero con una fuerte referencia a relaciones grupales (como la familia) y a un supuesto rescate de aquello considerado tradicional (como las comunidades cerradas alejadas de aquellas expresiones de vida moderna declaradas dañinas). Se vive, entonces, una privacidad centrada en la colectividad, más que una individualidad ajustada o dependiente de la colectividad. El que se hable de lo privado con un fuerte vínculo familiar, y no la familia como centro de la privacidad, refiere su establecimiento desde una perspectiva particular, donde la vida privada se fracciona: en el centro de la privacidad de la familia se establece una privacidad individual, donde las personas tiene una cierta autonomía, des-institucionalizando, en cierta medida, a la familia. En México, en este sentido, la vida privada consigue una significación distinta: lo familiar no desaparece, convirtiéndose la composición de la individualidad, la autonomía y la libertad, en el eje de importancia de los individuos.

En esta lógica, el contacto de los ciudadanos con la vigilancia se conduciría en dos sentidos: primeramente, se la considera como un medio para mantener al individuo, y a sus relaciones próximas, lejos de los riesgos del exterior. En otro sentido, la vigilancia representaría una amenaza al individuo y a su privacidad en cuanto es efectuada por medios externos. La cuestión recae, así, en los mecanismos y las disposiciones personales que le permiten al individuo mantener una relación favorable con la vigilancia, protegiendo su privacidad más que transgrediéndola. Esto abre la vía para concluir que la vida privada es definida en México como una propiedad o valor, accesible sólo para algunos, adquiriendo mayor privacidad quienes poseen mayores recursos económicos y políticos, siendo esto un posible un factor adicional de desigualdad en los bordes de la estructura social. La presencia de valores culturales que tienden a cuestionar la autoridad y, más bien, a aceptar sus decisiones, lleva a la conformación de una sociedad civil poco capaz de enfrentar el nuevo contexto de demanda y manejo de información tanto de entidades públicas como privadas. La cifras que muestran el nivel de acercamiento de los mexicanos con sus gobiernos, expresaría la profunda distancia entre ambos actores sociales.

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Debido a ello, las tensiones entre privacidad y vigilancia, en cierta medida, expresan tanto los soportes objetivos como aquello que hemos llamado zócalos de valores culturales. México se conforma, al considerarlo desde esta perspectiva, como una sociedad donde la consolidación de la vigilancia tenderá a intensificar la fragmentación social, construyendo una vida privada basada en un proyecto de recogimiento grupal, en sentido inverso a la sociedad en amplio sentido. La consecuencia de esta tendencia es significativa: al dejar de lado la discusión de una privacidad en el contexto de la sociedad de la vigilancia, la población mexicana experimenta la privacidad como una arquitectura que depende más bien de la obtención de recursos personales, legitimando cierto acceso desigual a ella, constituyéndola en una nueva barrera social, ocasionando, de esta manera, amplios sectores de la población queden fuera del ejercicio de sus derechos sociales como ciudadanos.

Si a todo lo anterior se suma el discurso “guerrero” que actualmente impregna a los programas de seguridad pública, así como el incremento significativo de instancias policiales y militares, publicas y privadas, en aquello denominado el “combate a la inseguridad”, se estaría ante la puesta en marcha de un complejo mecanismo de violencia, en gran parte condenado a producir mayor violencia. El miedo es un aliado importante en esta maquinaria de la violencia, en tanto funciona, como señala Davis (2002), como su principal esteroide. No se precisa mantener la mirada únicamente sobre los grandes procesos de establecimiento de los diferentes dispositivos de vigilancia a escala nacional –como la Plataforma México– para dar cuenta de las implicaciones que tendría un proyecto de esta magnitud en la construcción de las relaciones sociales en nuestro país. En la vida cotidiana, en el día a día de la ciudad, se pueden advertir –quizás de mejor manera– los efectos de la micro-gestión del riesgo, así como el temor inscrito en el desarrollo de las actividades de cada uno de nosotros. Como apuntan de manera correcta Deleuze y Guattari (1988), los mecanismos de gestión micro-política coexisten con las líneas macro-políticas, es decir, cuanto más fuertes son estas últimas, más suscita la molecularización de sus elementos, sus relaciones y aparatos elementales. Entre ambas formas de gestión política se crean líneas de correspondencia que a veces se impulsan y otras se repelen, se acoplan. Como ya se ha propuesto, este texto trata de reparar en lo micro, examinando la definición de las técnicas de vigilancia en la sociedad mexicana, muchas de las cuales responden, incluso a contrapelo, a las dinámicas más generales de vigilancia articuladas a nivel nacional, regional y hemisférica. Sin embargo, su tamaño no es equivalente a su significado. Por el contrario, estas estrategias a menor escala reflejan, al parecer, la cristalización de dinámicas más profundas de vigilancia y, en última instancia, evidencian la expresión de procesos más robustos de una macro-política de la vigilancia a escala nacional.

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Reseña Biográfica

Nelson Arteaga Botello (1969). Sociólogo. Doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, España. Profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación son: los campos de problematización y los dispositivos en torno a los problemas de violencia social y desigualdad en México y América Latina, así como estudios sobre vigilancia social en la región. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: “The Merida Initiative Security-Surveillance Harmonization in Latin America” en European Review of Latin American and Caribbean Studies (2009, en prensa).Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.Ciudad Universitaria, Cerro de Coatepec, s/n, Toluca, Estado de México. México. C. P. 50100.Tel: (722) [email protected]

Roberto J. Fuentes Rionda (1983). Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Candidato a Maestro en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Asistente de investigación y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Autónoma del Estado de México.Temas de investigación: Violencia y Estudios sobre la Vigilancia en el Sur Global; así mismo, epistemología, filosofía política y ética.Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.Ciudad Universitaria, Cerro de Coatepec, s/n, Toluca, Estado de México. México. C. P. 50100.Tel: (722) [email protected]

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