ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL ......8) Por acuerdo del Pleno Corporativo, en sesión...

SECRETARÍA GENERAL

Plaza Viriato, S/N 49071- ZAMORA 980 559 300 980 530.430

Acta de Pleno

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. PRESIDENCIA.- SRA. MARTIN POZO

En la ciudad de Zamora, y a las diez horas del día cuatro de septiembre de dos mil quince, previa convocatoria cursada en legal forma, se reúne el Pleno de la Excma. Diputación, en el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, para celebrar sesión ordinaria bajo la Presidencia del titular, Ilma. Sra. Dña. María Teresa Martín Pozo, con asistencia de los Sres. Vicepresidentes: D. Juan Emilio Joaquín Dúo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero y D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández, así como de los señores Diputados: D. Antonio Iglesias Martín y Dña. Maribel Escribano Hernández, D. José Luis Bermúdez Lorenzo, D. José Ángel Ruiz Rodríguez, D. José Luis Pernía Fernández, D. Pablo Rubio Pernía, D. Ángel Prada Barrios, D. José María Nieto, D. Antonio María Claret Plaza Escudero, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Jesús Ángel Anton Rodríguez, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García., Dña. Laura Rivera Carnicero, Dña. Ana Belén González Rogado, D. David Vicente García y D. David Carrión Gallardo; estando presente la Viceinterventora de Fondos Provinciales Doña Rosario García Marcos, asistidos por mi, el Secretario General de la Corporación D. Juan Carlos Gris González.

No asisten a la sesión las Sras. Diputadas Dña. Leonor González Cadenas y

Dña. Sandra Veleda Franganillo.

0.- ACTAS

0.1 Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno de 14 de agosto de 2015.

Declarada abierta la sesión por la Ilma. Sra. Presidenta y conforme determinan los artículos 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, y 71.1 del Reglamento Orgánico de esta Diputación, la Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno de 14 de agosto de 2015, cuya copia se ha distribuido con la convocatoria. No produciéndose ninguna observación el acta de dicha sesión quedo aprobada por unanimidad.

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1.- PRESIDENCIA

1.1 Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia desde la última sesión ordinaria celebrada por la Diputación, y que van desde el Decreto 4127/2015, de 7 de agosto, al decreto 4546/2015 de 28 de agosto.

Seguidamente y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 62 del Reglamento

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD. 2568/86, de 28 de noviembre, se ponen a disposición de todos los Sres. diputados presentes las resoluciones dictadas por la Presidencia, y que van desde el Decreto 4127/2015, de 7 de agosto, al decreto 4546/2015 de 28 de agosto.

Todo ello a efectos de control y fiscalización de su gestión, según prevé el

artículo 33.2e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,

Y preguntando la Sra. Presidenta si es el deseo de alguno de los presentes

conocer cualquier extremo respecto a estos Decretos, no se producen peticiones en tal sentido.

2.- POLITICA SOCIAL E INMIGRACIÓN

2.1 Aprobación, si procede, de la actualización del precio de la hora del Servicio de Ayuda a Domicilio prestado por la empresa UTE CLECE SERALIA para 2015.

Se pone en conocimiento del Pleno la propuesta formulada por la diputada

delegada del Área de Política Social, Familia e Igualdad, relativa a la revisión de precios del contrato de gestión del servicio público de Ayuda a Domicilio en la provincia de Zamora.

Vista la propuesta, la Presidencia concede la palabra al Sr. Carrión Gallardo,

portavoz del grupo Mixto-Ciudadanos, quien anuncia que su voto será a favor tanto en éste como en el siguiente punto del orden del día, por entender que es un precio razonable y acorde al servicio prestado.

Para el diputado del grupo socialista Sr. Folgado Becerra es importante que

haya habido una reducción en el coste del servicio y que ésta repercuta en la Diputación y en los usuarios, si bien es de esperar que a estos últimos se les devuelva urgentemente la parte cobrada de más.

En todo caso, dice que el grupo socialista se abstendrá dado que entienden

que el procedimiento de prórroga aprobado en el Pleno de abril de 2014 no fue el más correcto.

Responde a las intervenciones anteriores el portavoz adjunto del equipo de

gobierno, Sr. Tomás Fernández, recordando que la revisión anual de precios de estos dos servicios es un acto puramente reglado que viene recogido en el propio

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pliego de cláusulas, habiéndose reducido en doce céntimos por ser ésta la disminución del IPC del pasado año.

Finalmente destaca que éste contrato se adjudicó a la empresa que presentó la

mejor oferta económica. Empresa que cuenta con todos los informes técnicos favorables y sigue cumpliendo correctamente con la prestación del Servicio.

Y tras esta intervención, la Sra. Presidenta somete a votación ordinaria la

propuesta de actualización del precio de la hora del servicio de Ayuda a Domicilio: � Votos a favor: CATORCE, (los de los Sres. Diputados: Dña. María Teresa

Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía, D. José Ángel Ruiz Rodríguez y D. David Carrión Gallardo).

� Votos en contra: NINGUNO

� Abstenciones: NUEVE (las de los Sres. Diputados: Antonio María Claret

Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García, Dña. Laura Rivera Carnicero, Dña Ana Belén González Rogado y D. David Vicente García).

En consecuencia y por mayoría, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente

acuerdo:

“La Comisión Informativa de Política Social e Inmigración, en sesión extraordinaria, celebrada el día 24 de agosto de 2015, dictaminó, favorablemente, por mayoría, con 4 votos a favor, (los Diputados del Partido Popular) y 2 abstenciones (los representantes del PSOE y de Izquierda Unida), la propuesta formulada por la Diputada Delegada del Área de Política Social, Familia e Igualdad, que se describe a continuación, relativa a la revisión de precios del contrato de gestión del Servicio público de Ayuda a Domicilio en la provincia de Zamora:

“Visto el procedimiento instruido relativo a la revisión de precios del contrato de gestión del Servicio público de Ayuda a Domicilio, se han apreciado los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1) Por acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2010, se dispuso la adjudicación del contrato de gestión para la concesión del servicio público de Ayuda a Domicilio en la provincia de Zamora, a favor de la empresa CLECE, S.A. Y LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, con C.I.F. nº U49264583, por importe de TRECE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (13,34 €) por hora, más CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (0,53 €) correspondiente al IVA.

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2) Con fecha 17 de diciembre de 2010 se formaliza el correspondiente contrato administrativo entre esta Diputación y dicha empresa.

3) El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Zamora, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2012, Aprobó la actualización del importe de la hora del Servicio de Ayuda a Domicilio en la cantidad de TRECE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (13,61 €) más CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (0,54 €) a la ya citada empresa a partir del 1 de enero de 2012.

4) Por acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2012, se aprobó la prórroga del contrato relativo a este servicio para el año 2013, firmándose el anexo a dicho contrato, suscrito el 17 de diciembre de 2010, el día 28 de junio de 2012.

5) En sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2013, el Pleno Corporativo aprobó la actualización del importe de la hora del citado Servicio en la cantidad de TRECE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (13,95 €), más CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (0,56 €), a la empresa CLECE, S.A. Y LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA, S.A., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, a partir del 1 de enero de 2013.

6) Por acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2013, se aprobó la prórroga del contrato relativo a este Servicio para el año 2014, firmándose el anexo al citado contrato, suscrito el 17 de diciembre de 2010, el día 28 de junio de 2013.

7) En sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2014, el Pleno de la Corporación Provincial aprobó la actualización del importe de la hora del citado Servicio en la cantidad de TRECE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (13,99 €), más CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (0,56 €), a la citada empresa, a partir del 1 de enero de 2014.

8) Por acuerdo del Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2014, se aprobó la prórroga del contrato relativo a este Servicio para el año 2015, firmándose el anexo al citado contrato, suscrito el 17 de diciembre de 2010, el día 30 de junio de 2014.

9) En escrito de fecha 13 de febrero de 2014 la empresa CLECE, S.A. Y LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, solicita la actualización del importe de la hora del Servicio de Ayuda a Domicilio, en función del 85 % del Índice de Precios al Consumo del año 2014 publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

8) Se aporta informes de la Jefa del Servicio de Bienestar Social y de la Sra. Interventora, de fecha 17 de marzo de 2015, respectivamente, acreditativos de la conformidad con la revisión propuesta.

Sobre estos antecedentes cabe formular las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera. Punto 2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contrato se regirá por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

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Segundo.- El Artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, establece en el punto 1, que la revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en el Capítulo II de este texto legal y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión.

No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de ejecución del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por ciento de la prestación.

Tercero.- Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su Cláusula Novena, como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, permiten la revisión de precios, fijándose en ambos que se llevará a cabo mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y estableciendo que la revisión no podrá superar el 85 por 100 de variación experimentada por dicho índice, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 78.3 de dicha Ley.

Cuarto.- Es competente para aprobar la revisión de precios del contrato el Pleno de la Corporación Provincial al ser el órgano que en su día determinó el índice de revisión que debía aplicarse y dispuso la adjudicación del contrato, por analogía con lo establecido en los Artículos 78.2 y 194 de dicha Ley.

Por todo lo expuesto, se adopta el siguiente

ACUERDO

Aprobar la actualización del importe de la hora del Servicio de Ayuda a Domicilio en la cantidad de de TRECE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (13,87 €), mas CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (0,55 €) a la empresa CLECE, S.A. Y LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, CIF. nº: U-49264583, a partir del 1 de enero de 2015”.

2.2 Aprobación, si procede, de la actualización del precio

terminal/mes del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria prestado por la empresa ILUNIÓN SOCIO SANITARIO, S.A.

Al Pleno Corporativo se presenta para su aprobación, si procede, propuesta formulada por la diputada delegada del Área de Política Social, Familia e Igualdad, relativa a la revisión de precios del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en la provincia de Zamora.

Vista la propuesta y entablado debate sobre la misma, toma la palabra el diputado del grupo socialista Sr. Folgado Becerra manifestando que, al igual que con el punto anterior del orden del día, también en este caso se alegran de la bajada en

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el coste del servicio y que ello repercuta tanto en la Diputación como en los usuarios, así como que se les devuelva a estos de manera urgente lo cobrado de más.

En cualquiera de los casos dice querer matizar que este punto del orden del día es consecuencia de la solicitud de revisión de precios cursada por la empresa adjudicataria. Revisión que se efectuará entre el 8 de mayo de 2015 y el 8 de mayo de 2016. Sin embargo si se tiene en cuenta que el contrato vence el 31 de diciembre de 2016, y que éste habrá de renovarse, si la Diputación no tiene inconveniente, puesto que así lo ha requerido también la empresa en su escrito, resulta que lo primero que habrá que hacer es aprobar dicha renovación hasta diciembre de 2016 para luego pasar a fijar los precios, porque lo que es incongruente, dice el Sr. diputado, es aprobar ahora unos precios hasta mayo de 2016 estando desde el 1 de enero caducado el contrato.

Por lo expuesto, pide que este punto del orden del día se deje sobre la mesa y antes de determinar precios se estudie la prórroga del contrato.

Descarta esta opción el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Sr. Tomás Fernández, por cuanto que estando como está en vigor el contrato, la empresa está en su perfecto derecho de solicitar la revisión del precio, como mínimo desde mayo de este año.

Insiste el Sr. Folgado Becerra en que está fuera de lugar renovar un precio hasta mayo del año que viene cuando el contrato finaliza el 31 de diciembre de 2015.

Se cierra el debate con una última intervención del Sr. Tomás Fernández manifestando que, se diga lo que se diga, lo cierto es que desde el pasado mes de mayo la empresa que está prestando este servicio tiene derecho a esta revisión e precios así como también a solicitar la renovación del contrato el 31 de diciembre, fecha en la que si no tiene lugar tal renovación, se procederá a llevar a cabo un nuevo concurso para adjudicar el servicio a otra empresa.

Y sin otras intervenciones, la Presidencia somete en primer lugar a votación ordinaria la petición del grupo socialista de que el punto se deje sobre la mesa:

� Votos a favor de dejarlo sobre la mesa: SEIS, (los de los Sres. Diputados:

D. Antonio María Claret Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García).

� Votos en contra: CATORCE, (los de los Sres. Diputados: Dña. María

Teresa Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía, D. José Ángel Ruiz Rodríguez y D. David Carrión Gallardo).

� Abstenciones: TRES (las de los Sres. Diputados: Dña. Laura Rivera

Carnicero, Dña Ana Belén González Rogado y D. David Vicente García). Así pues, rechazado por mayoría el dejar el asunto sobre la mesa, se procede a la

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votación de la propuesta de la actualización del precio del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria:

� Votos a favor de aprobar la propuesta: CATORCE, (los de los Sres. Diputados: Dña. María Teresa Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía, D. José Ángel Ruiz Rodríguez y D. David Carrión Gallardo).

� Votos en contra: SEIS, (los de los Sres. Diputados: D. Antonio María

Claret Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García).

� Abstenciones: TRES (las de los Sres. Diputados: Dña. Laura Rivera

Carnicero, Dña Ana Belén González Rogado y D. David Vicente García).

En consecuencia y por mayoría, el Pleno Corporativo adopta el siguiente acuerdo:

La Comisión Informativa de Política Social e Inmigración, en sesión extraordinaria, celebrada el día 24 de agosto de 2015, dictaminó, favorablemente, por mayoría, con 4 votos a favor, (los Diputados del Partido Popular) y 2 abstenciones (los representantes del PSOE y de Izquierda Unida), la propuesta formulada por la Diputada Delegada del Área de Política Social, Familia e Igualdad, que se describe a continuación, relativa a la revisión de precios del contrato de gestión del Servicio público de Teleasistencia Domiciliaria en la provincia de Zamora:

“Visto el procedimiento instruido relativo a la revisión de precios del contrato de gestión del Servicio público de Teleasistencia Domiciliaria, se han apreciado los siguientes


1.- Por acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2014, se dispuso la adjudicación del contrato de gestión para la concesión del Servicio público de Teleasistencia Domiciliaria en la provincia de Zamora, a favor de la empresa PERSONALIA, S.A., con C.I.F. nº A-82438995, por importe de ONCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (11,49 €) más CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (0,46 €) correspondiente al IVA terminal/mes.

2.- Con fecha 8 de mayo de 2014 se formaliza el correspondiente contrato administrativo entre esta Diputación y dicha empresa, cuyo período de vigencia se extiende desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2014.

3.- Por acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2014, se aprobó la prórroga del contrato

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relativo a este servicio para el año 2015, firmándose el anexo a dicho contrato el 21 de noviembre de 2014.

4.- En escrito de fecha 3 de junio de 2015, la empresa ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A. (anteriormente denominada PERSONALIA, S.A.), solicita la revisión de precios al amparo de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así como en el de Prescripciones Técnicas, dado que se ha llevado a cabo la duración inicial del contrato en la que no procedía revisión del precio.

5.- Constan en el expediente informes favorables de la Jefa del Servicio de Bienestar Social y de la Intervención de fechas 9 y 13 de julio de 2015, respectivamente.



PRIMERO.- El artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece en el punto 1, que la revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en el Capítulo II de este texto legal y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.

No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación.

SEGUNDO.- Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su Cláusula Novena, como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, permiten la revisión de precios, fijándose en ambos que se llevará a cabo mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y estableciendo que la revisión no podrá superar el 85 por 100 de variación experimentada por dicho índice, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90.3 de dicho Texto Refundido.

TERCERO.- Es competente para aprobar la revisión de precios del contrato el Pleno de la Corporación Provincial al ser el órgano que en su día determinó el índice de revisión que debía aplicarse y dispuso la adjudicación del contrato, por analogía con lo establecido en los artículos 90.2 y 210 del citado Texto Refundido.


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ACUERDO

Aprobar la actualización del importe del precio del terminal/mes del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en la cantidad de ONCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (11,47 €), mas CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (0,46 €) de IVA, a la empresa ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A. (anteriormente denominada PERSONALIA, S.A.), con CIF. nº: A-82438995, desde el 8 de mayo de 2015 hasta el 7 de mayo de 2016”.

2.3 Aprobación, si procede, de la suscripción del Acuerdo

Marco entre esta Diputación Provincial y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para la cofinanciación de los Servicios Sociales de los ejercicios 2015 y 2016.

Conoce la Corporación propuesta formulada por el Vicepresidente de la

Comisión Informativa de Política Social e Inmigración, relativa al Acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y esta Diputación sobre la cofinanciación de los Servicios Sociales que hayan de prestarse por ésta durante los ejercicios 2015 y 2016.

Vista la propuesta, la Presidencia declara abierto el debate concediendo el uso

de la palabra el Portavoz del grupo mixto Ciudadanos, Sr. Carrión Gallardo, para quien es fundamental la aprobación de un instrumento, como es este Acuerdo Marco, que regula los Servicios Sociales en Castilla y León porque desde Ciudadanos entienden que hablar de servicios sociales es hablar ante todo de personas y votar su aprobación es apoyar a éstas.

Interviene seguidamente la portavoz del grupo de Izquierda Unida, Sra. Rivera

Carnicero, manifestando que al margen de que este Acuerdo Marco es sin duda alguna insuficiente dada la situación de la provincia, lo que en realidad sucede es que este año se “tropieza” con la Ley Montoro, que lo que hace no es más que quitar a los ayuntamientos y diputaciones la mayoría de las competencias de los servicios sociales para pasarlas a la Junta. Una Ley que se aprobó en 2013 y que no ha sido obstáculo para que desde la Junta de Castilla y León se le proponga a esta Diputación un acuerdo para cofinanciar y gestionar los servicios sociales durante 2015 y 2016. Lo cierto es, continúa diciendo la Sra. diputada, que si bien durante este año hay una transitoriedad de aplicación de la Ley, de cara a 2016 todos los técnicos que informan este expediente advierten que no hay “cobertura legal” para gestionar estos servicios, pues es la Junta quien debería hacerlo y de no ser así, al menos abonar a esta Diputación el 100% del coste.

Es por ello que entiende la Sra. Rivera que ha surgido una complicación

innecesaria que tiene a los técnicos y a los políticos en vilo, no siendo de recibo que el Partido Popular apruebe un Acuerdo Marco para prestar unos servicios sociales sin que la Diputación tenga las competencias delegadas.

Por tales motivos, anuncia que Izquierda Unida, sin rechazar evidentemente

este dinero de la Junta, se abstendrá en ese punto por esa falta de cordura que

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denota el Partido Popular, porque “si la Ley es buena ha de cumplirse y si no lo es habrá que cambiarla”.

También el grupo socialista por boca del Sr. Folgado Becerra adelanta que se

abstendrán en la votación de un Acuerdo Marco que es caduco, irreal y carente de apoyo para los dependientes y sus familias. Caduco, porque se presenta en septiembre para su aprobación un Plan con fecha de inicio de enero de 2015, con una duración de dos años y, por tanto, con una caducidad en el mes de diciembre de 2016, que no es real, pues con la “Ley Montoro” esa fecha es de 31 de diciembre de este mismo año.

Pero no sólo es caduco, dice el Sr. diputado, también es irreal, porque en 2016

todos, incluidos lógicamente los dependientes, tendremos un año más de edad y, por tanto, mayores necesidades. Sin embargo se aprueba un Plan, año tras año, sin revisar las partidas en función del aumento de las necesidades.

En tercer lugar, añade que es un Acuerdo carente de apoyo para los

dependientes y sus familiares. Por lo expuesto, entiende el Sr. diputado que hay que buscar alternativas de

cara a otras anualidades, retirando para ello la Ley Montoro y llevando a cabo entre todos los grupos políticos un programa real en el que se valore la situación de envejecimiento alarmante de la provincia, así como las necesidades sociales que se derivan de las situaciones de dependencia para hacer llegar a la Junta de Castilla y León las verdaderas carencias de esta provincia y los programas a aplicar.

Da respuesta a quienes le han precedido el portavoz adjunto del equipo de

gobierno, Sr. Tomás Fernández, destacando que no hay la menor duda de que este Convenio Marco junto a los Planes Provinciales, son de los asuntos más importantes que se debaten en esta Diputación.

Un convenio, con cuya aprobación se pone de relieve no sólo el compromiso

de esta Corporación con los servicios sociales, sino la necesidad e importancia de la Ley Montoro que en realidad viene a establecer, por una parte, que los gastos no pueden ser mayores que los ingresos y, por otra parte, atribuir a cada administración las competencias en función de las materias, algo que los grupos en la oposición han venido demandando un día sí y otro también.

En cualquiera de los casos, continua manifestando el Sr. diputado, ha de

quedar muy claro que con esta Ley y este Acuerdo Marco, que efectivamente no es lo más correcto en estos momentos, ninguna persona de la provincia corre el riesgo de quedar desatendido en cuanto a servicios sociales se refiere, entre otras cosas porque el Área de Servicios Sociales es la que cuenta con mayor dotación presupuestaria en la Diputación, más de quince millones de euros, o lo que es lo mismo, un 25% del Presupuesto se destina a este fin, resultando que incluso en estos duros años de crisis la Diputación ha venido manteniendo y prestando todos estos servicios y prestaciones sociales, sin que a fecha de hoy exista lista de espera ni persona alguna que haya quedado sin acceso a las ayudas a domicilio, teleasistencia o de urgente necesidad por falta de dotación económica por parte de

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la Diputación, hasta el punto de que incluso sobra presupuesto en algunos casos por falta de demandantes.

Ya para finalizar asegura que el grupo popular entiende que, tal y como

establece la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, es la Junta de Castilla y León quien debe y tiene la obligación de asumir los servicios sociales y cubrir el coste total de estos de forma que si no lo hace esta Diputación a partir del 1 de enero del año que viene llevará una contabilidad específica para conocer todos los costes derivados de la prestación de estos servicios y así, conforme dice la propia Ley Montoro, repercutir esos gastos a la Junta si ésta no hace la delegación como deber hacerla.

Abierto por la Presidencia un turno de réplica vuelve a hacer uso de la palabra

la Sra. Rivera Carnicero alegando que es evidente que la intervención del portavoz popular obedece a la necesidad de tener que defender algo en lo que no se cree, pues lo que no se puede es que la Diputación siga comprometida con los servicios sociales y al mismo tiempo defienda la Ley Montoro, cuando lo correcto sería pedir la derogación de la Ley , ya que ésta no permitirá prestar estos servicios ni a los ayuntamientos ni a las diputaciones, siendo estas administraciones las más cercanas, las que están viendo directamente las necesidades y las que pueden atenderlas de manera más eficaz.

Lo que es del todo inadmisible, dice la Sra. diputada, es lo que hace la Junta de

Castilla y León, que no presta estos servicios y encima no paga el 100% a quien si lo hace. Así pues, continua manifestando, o se deroga la Ley Montoro o se le dice a la Junta que se quede con las competencias, que es lo que establece la Ley, y si no lo hace pues que se pague a la Diputación el 100% del coste de su prestación. Y en este sentido se expresan los técnicos de esta Corporación cuando en sus informes dicen claramente que “a fecha de 31 de diciembre de 2015, si la Comunidad Autónoma de Castilla y León no hubiera asumido, como sería su obligación, las competencias a las que nos venimos refiriendo, ni las hubiera delegado en la forma legalmente establecida, y no parece ser esa precisamente su intención si nos atenemos a lo informado por el servicio gestor, dichas competencias deberán ser ejercidas por la Diputación, con cargo a la Comunidad Autónoma, debiendo transferir la Comunidad Autónoma las cuantías precisas para ello, o de lo contrario, aplicándose retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora”

Concluye la Sra. Rivera puntualizándole al portavoz popular que esta provincia

sigue perdiendo población, en su mayoría en el mundo rural, de manera tal que llegará un momento en que no habrá listas de espera de ningún tipo, sencillamente porque no habrá gente a la que atender. En palabras del diputado socialista Sr. Folgado Becerra no hay duda de que “el grupo popular es cómplice del ataque que ha supuesto la mal titulada Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, cuyas disposiciones quebrantan elementos estructurales y estratégicos del sistema, inmiscuyéndose en el autogobierno de las comunidades autónomas y su capacidad de organizar los servicios sociales”.

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Lo cierto es, continua diciendo, que si el equipo de gobierno no pide a la Junta de Castilla y León la financiación del 100% del coste de los servicios sociales, es sencillamente porque están en contra de la Ley Montoro.

En cualquiera de los casos, se requiere una solución, porque en estos

momentos hay un gran desconcierto al existir dos normas contrarias. Se cierra el debate con una última intervención del Sr. Tomás Fernández

destacando que lo único que pide el grupo popular es que cada administración asuma sus competencias y si la Ley Montoro dice que estas funciones corresponden a la Junta de Castilla y León deberá aceptarlas, de ahí que asegure que esta Diputación se ha demorado en traer este convenio al Pleno, porque no se cumple lo que dispone la Ley. No obstante, si la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de este año no hubiera sumido estas competencias ni las hubiera delegado en la forma legal, será el Gobierno de la Nación apoyándose en esta Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local quien detraerá de la Junta e Castilla y León el 100% del dinero que le haya costado a esta Diputación prestar estos servicios sociales.

Concluye su intervención asegurando que, pase lo que pase, la Diputación

seguirá garantizando los servicios sociales en la provincia, tanto con Ley Montoro, tanto con convenios o delegaciones de la Junta de Castilla y León.

Dicho lo cual, la Presidencia, entendiendo que el asunto ha sido

suficientemente debatido, lo somete a votación ordinaria: � Votos a favor de la suscripción del Acuerdo Marco: CATORCE, (los de los

Sres. Diputados: Dña. María Teresa Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía, D. José Ángel Ruiz Rodríguez y D. David Carrión Gallardo).

� Votos en contra: NINGUNO.

� Abstenciones: NUEVE (las de los Sres. Diputados: D. Antonio María

Claret Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García, Dña. Laura Rivera Carnicero, Dña Ana Belén González Rogado y D. David Vicente García).

Por lo tanto, el Pleno de la Corporación por mayoría adopta el siguiente

acuerdo: La Comisión Informativa de Política Social e Inmigración, en sesión ordinaria

celebrada el día 28 de agosto de 2015, dictaminó, favorablemente, por mayoría, con 5 votos a favor (los Diputados del Partido Popular y el del Grupo Mixto) y 2 abstenciones (el representante del Partido Socialista y el de Izquierda Unida), la

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propuesta formulada por el Vicepresidente de la Comisión Informativa de Política Social e Inmigración, que se describe a continuación, relativa al Acuerdo ente la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y esta Diputación sobre la cofinanciación de los Servicios Sociales que hayan de prestarse por ésta durante los ejercicios 2015 y 2016:

“Examinado el procedimiento iniciado relativo a la aprobación y suscripción del

Acuerdo Marco entre esta Diputación Provincial y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León sobre la cofinanciación de los Servicios Sociales que hayan de prestarse por ésta durante los ejercicios 2015 y 2016, se han apreciado los siguientes

ANTECEDENTES

1) La Diputada Delegada del Área de Política Social e Inmigración dispuso la incoación de expediente para la aprobación y suscripción del convenio al que se refiere este informe, con fecha 10 de abril de 2015.

Dicha orden se remitió a este Servicio en unión de la siguiente documentación: o Informe de la Jefa del Servicio de Bienestar Social de fecha 10 de abril de

2015. o Borrador del convenio a suscribir.

2) Recibida dicha documentación e incoado expediente por el Servicio de

Contratación con fecha de 14 de abril de 2015 se le atribuyó el numero 0059/15/08/20.

3) Dicho expediente fue informado por el Jefe del Servicio de Contratación en

funciones con fecha de 15 de abril de 2015, y por la Interventora de Fondos Provinciales con fecha de 11 de mayo de 2015, informe emitido con reparos en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 del TRLRHL.

4) Con causa en dichos reparos el expediente de paralizó en su tramitación,

habiéndose remitido con posterioridad por la Junta de Castilla y León, en fecha de 9 de julio de 2015, Addenda al Acuerdo Tipo de Colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y las Entidades Locales de más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales de la Comunidad sobre la cofinanciación de los Servicios Sociales que hayan de prestarse por las mismas, en la que se establece la cláusula de garantía de pago de las acciones que desarrolle la Diputación derivadas del Acuerdo Tipo de colaboración.

5) Teniendo en cuenta los reparos formulados por la Intervención y a la vista de

la referida Addenda, se emite nuevo informe por la Jefa del Servicio de Bienestar Social, con fecha de 15 de julio de 2015, y con posterioridad al informe que ahora se emite habrá de solicitarse uno nuevo a la Intervención de fondos Provinciales.

6) Con fecha de 21 de agosto de 2015 emite el pertinente informe crítico la

Intervención de Fondos Provinciales.


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Primero.- El objeto del Acuerdo Marco de conformidad con la estipulación primera es la “aceptación de las condiciones y la distribución de los créditos de los presupuestos de gastos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León respecto de la Diputación de Zamora” en la cofinanciación de los servicios sociales que hayan de prestarse por la misma, y en particular en determinados objetivos subvencionables de los sectores a proteger que se especifican en la estipulación segunda del Acuerdo.

La normativa actualmente aplicable ha cambiado radicalmente el ámbito

competencial respecto del vigente cuando se han aprobado en los últimos años convenios idénticos al que ahora se informa.

Así, el artículo 36.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

de Régimen Local (LBRL), en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), establece como competencias propias de las Diputaciones Provinciales, la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.

El artículo 25.2 e) de la misma ley contiene las competencias propias de los

municipios en el ámbito de los servicios sociales, circunscribiéndolas a la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, siendo por tanto esas las únicas competencias de las entidades locales en este sector.

En este sentido, la disposición transitoria segunda de la LRSAL, bajo la rúbrica

“Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales”, establece lo siguiente:

“1. Con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local.

2. En el plazo máximo señalado en el apartado anterior, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.

3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

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5. Si en la fecha citada en el apartado 1 de esta disposición, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Entidades Locales, o en su caso, no hubieren acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora.”

De la redacción de dicho precepto, transcrito íntegramente, parecen evidentes, a juicio de quien suscribe, las siguientes conclusiones:

- Las Comunidades Autónomas deben asumir la titularidad de las competencias en materia de servicios sociales a fecha de 31 de diciembre de 2015.

- Esa asunción será independiente del hecho de que su ejercicio se haya estado realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local y, por tanto, es obvio que independientemente de lo que pueda disponer cualquier normativa anterior en el tiempo o de menor rango legal a ésta, normativa a la que extensamente se ha referido el informe del servicio gestor y a dicha argumentación me remito para evitar reiteraciones.

- Para que, pese a lo dicho, las Entidades Locales citadas, entre ellas esta Diputación, pudieran seguir ejerciendo dichas competencias sería necesaria la previa delegación de la Comunidad Autónoma, y obviamente ser ésta aceptada por dicha Entidad Local, respetando además lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

- Por último, como cláusula de cierre, establece la citada disposición que en el supuesto de que, aún estando obligada a ello, la Comunidad Autónoma no asumiera las referidas competencias ni las delegara, los servicios seguirán siendo prestados por las Entidades Locales, entre ellas la Diputación, de modo obligatorio por tanto, pero en ese caso a cargo de la Comunidad Autónoma, es decir, costeando ésta el 100 % de su importe, de la forma establecida en la citada disposición.

La Junta de Castilla y León aprobó en su momento el Decreto-Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con la intención, según su exposición de motivos, de “determinar con toda urgencia la forma en que han de ejercerse las competencias que en su día fueron atribuidas por parte del legislador sectorial autonómico a las entidades locales antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”.

Y con el mismo espíritu se dictó una Circular interpretativa el 1 de abril de 2014 en la que se llega a decir, a los efectos que nos ocupan, que “las competencias de las Diputaciones Provinciales en materia de educación, salud y servicios sociales no se encuentran afectadas por las Disposiciones transitorias (de la LRSAL). Las leyes autonómicas dictadas con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que atribuían competencias a las diputaciones provinciales

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en materia de educación, salud y servicios sociales siguen en vigor de modo que también en estos ámbitos, el ejercicio de las mismas sigue estando sujeto a dichas normas sin necesidad de ningún requerimiento adicional”.

Con todos los respetos a lo regulado por la Comunidad Autónoma, no se va ni siquiera a entrar a considerar lo regulado en ambas disposiciones autonómicas puesto que según establece la disposición adicional quinta de la LRSAL, esta Ley se dicta al amparo de los títulos competenciales recogidos en los apartados 14 y 18 del artículo 149.1 de la Constitución (por tanto, competencia exclusiva del Estado).

Y ello aunque deba también dejarse constancia que están actualmente en trámite en el Tribunal Constitucional diversos recursos de inconstitucionalidad contra muchos preceptos de la LRSAL, entre ellos la propia disposición transitoria segunda. Pero hasta que el alto tribunal, en su caso, estimara dichos recursos, quien suscribe no puede sino estar a lo dispuesto en la normativa actualmente vigente.

Por tanto, a fecha de 31 de diciembre de 2015, si la Comunidad Autónoma de Castilla y León no hubiera asumido, como sería su obligación, las competencias a las que nos venimos refiriendo, ni las hubiera delegado en la forma legalmente establecida, y no parece ser esa precisamente su intención si nos atenemos a lo

informado por el servicio gestor, dichas competencias deberán ser ejercidas por la Diputación, con cargo a la Comunidad Autónoma, debiendo transferir la Comunidad Autónoma las cuantías precisas para ello, o de lo contrario, aplicándose retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora.

Del expediente se desprende, a la vista del Acuerdo y de la Addenda remitido, que la Comunidad Autónoma no tiene intención ni de asumir la competencia ni de delegarla, pareciendo únicamente dispuesta a financiar lo que pormenorizadamente consta en el informe del servicio gestor, al que me remito, pero que no alcanza el 100 % del importe.

Si esta situación se confirma en los términos analizados, la Diputación deberá seguir ejerciendo la competencia pero igualmente deberá repercutir en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la forma establecida, el 100 % del coste del ejercicio de la competencia, y sólo en ese caso sería posible la aprobación de este convenio, lo cual tendrá que ser tenido en cuenta por el órgano competente para la aprobación del mismo.

Segundo.- Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y establecida

en dichos términos la competencia de la Diputación Provincial para actuar en dicha materia, la posibilidad de suscribir un Acuerdo de este tipo viene avalada por la previsión contenida en el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 781/86, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que dispone que las Entidades Locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico, o a los principios de la buena administración.

Dichos convenios de colaboración se encuentran excluidos del ámbito de

aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por disponerlo así expresamente su art. 4.1 c), el cual dispone que quedan fuera del ámbito de la Ley de Contratos los convenios de colaboración que celebre la Administración

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General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley.

Tales convenios, según lo dispuesto en el art. 4.2 del TRLCSP, se regularán

por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Además el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones publicas, establece la posibilidad de celebración de convenios de colaboración interadministrativa (concretamente entre Estado y Comunidades Autónomas).

En el mismo sentido, la base 47 de las de ejecución del vigente presupuesto,

dispone que los convenios, como regla general, son instrumentos para regular relaciones interadministrativas, en el ejercicio de sus competencias.

Tercero.- Por lo que respecta al procedimiento de aprobación del convenio la indicada Base 47 prevé que “en general, el régimen de suscripción y autorización de los convenios será, analógicamente a lo establecido en el art. 7 del D. 248/98, de 26 de noviembre, publicado en el B.O.C. y L. número 232, de 2 de diciembre (debe entenderse que se refiere al actual Decreto 66/2013, de 17 de octubre), y en la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por la Ley 4/99, de 26 de noviembre, deberá comprender al menos:

a) Orden de incoación del expediente.

b) Certificación de existencia de crédito (RC) en la partida correspondiente.

c) Informe del centro gestor promovedor de la propuesta relativo a los aspectos jurídicos y de legalidad del convenio a suscribir.

d) Fiscalización previa del expediente por la Intervención.

e) Aprobación del Convenio y autorización para su suscripción por el órgano que según los casos resulte competente. La aprobación del convenio dará lugar a la fase contable “A”. La firma del mismo por ambas partes, dará lugar a la contabilización de la fase “D”, salvo en los supuestos en que se trate de inversiones, en cuyo caso, la contabilización de la fase “D” se realizará por el importe de la adjudicación.

Los expedientes para la suscripción de dichos convenios deberán ser

debidamente registrados e instruidos por el Servicio de contratación a instancia del servicio o Área gestora correspondiente”.

Cuarto.- Por lo que respecta al órgano competente para la aprobación de este

protocolo, el artículo 41.3.r) del Reglamento Orgánico de esta Diputación dispone que le corresponde al Pleno la aprobación de convenios de colaboración con otras

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administraciones o con entidades privadas, siempre que se cuantía o duración corresponda al Pleno según la reglas sobre competencia en contratación (apartado 1.l del mismo articulo); es decir su cuantía sea superior al 10% de los recursos ordinarios, o 6.000.000 €, o su duración superior a cuatro años. Si fuera inferior a dichas cifras o a la indicada duración su aprobación correspondería al Presidente de la Corporación. Todo ello resulta congruente con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del TRLCSP que establece las competencias locales en materia de contratación.

En el presente caso, la vigencia del Acuerdo es de 2 años (desde el 1 de enero

de 2015 al 31 de diciembre de 2016). No obstante la cuantía del Acuerdo supera los porcentajes anteriores, motivo por el que se considera que el órgano competente es el Pleno Corporativo.


ACUERDO

1º.- Aprobar el expediente nº 0059/15/08/20, relativo a la suscripción del Acuerdo Marco entre esta Diputación Provincial y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León sobre la cofinanciación de los Servicios Sociales que hayan de prestarse por ésta durante los ejercicios 2015 y 2016.

2º.- Aprobar el texto del convenio que figura en el expediente”.

3.- RECURSOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.1 Aprobación, si procede, de la desestimación del recurso de reposición interpuesto por el portavoz del grupo socialista contra el acuerdo plenario de 14 de julio de 2015 sobre creación de las comisiones informativas

Vista la propuesta formulada por el diputado delegado de Modernización e

Innovación Institucional, Recursos Humanos y Participación Ciudadana referida al expediente de resolución del recurso de reposición interpuesto por el portavoz del grupo socialista en relación a la composición de las Comisiones Informativas, al Plano de la Corporación se plantea que acuerde la desestimación de dicho recurso.

Conocida la propuesta y abierto el debate sobre la misma, se le concede la

palabra al portavoz del grupo socialista, Sr. Plaza Escudero, quien ya anuncia que por coherencia votarán en contra de esta propuesta para que no decaigan los derechos a futuro, estando a la espera de que la Presidencia cumpla con su compromiso de modificar la composición de las comisiones informativas para actualizarlas al número de representantes que tienen cada grupo político.

Responde el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Sr. Tomás Fernández,

manifestando que con éste y el siguiente punto del orden del día se da cumplimiento al compromiso al que alude el diputado socialista, siendo de destacar que con el informe jurídico que obra en este expediente por el cual se rechaza el recurso

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interpuesto, viene a ratificar las premisas de que todos los grupos políticos estén representados en las comisiones, que el grupo que tiene mayoría en el Pleno la conserve en las comisiones y que exista una proporcionalidad en la representación de dichos grupos en la medida en que ello resulte posible.

Y sin otras intervenciones, se somete a votación ordinaria la propuesta de

aprobación de desestimar el recurso de reposición: � Votos a favor de esta propuesta: TRECE, (los de los Sres. Diputados:

Dña. María Teresa Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía y D. José Ángel Ruiz Rodríguez).

� Votos en contra: SEIS, (los de los Sres. Diputados: D. Antonio María

Claret Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García).

� Abstenciones: CUATRO (las de los Sres. Diputados: Dña. Laura Rivera

Carnicero, Dña Ana Belén González Rogado, D. David Vicente García y D. David Carrión Gallardo).

Así pues, el Pleno de la Corporación por mayoría adopta el siguiente acuerdo: La Comisión Informativa de Modernización e Innovación Institucional, Recursos

Humanos y Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de agosto de 2015, dictaminó favorablemente por mayoría (4 votos a favor de los diputados del Grupo Popular, 1 voto en contra del diputado del Grupo Socialista y 2 abstenciones de los diputados del Grupo Izquierda Unida, y del Grupo Mixto – Ciudadanos-) la propuesta formulada por el Diputado Delegado del Modernización e Innovación Institucional, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, que se describe a continuación:

Examinado el procedimiento iniciado relativo al expediente de resolución del recurso de reposición interpuesto por el portavoz del Grupo Provincial Socialista en relación a la composición de las Comisiones Informativas, se han apreciado los siguientes


1º.- Con fecha de 31 de julio de 2015 el portavoz del Grupo Provincial Socialista interpone recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 14 de julio de 2015 mediante el cual se crean las Comisiones Informativas de esta Diputación por entender que dicho acuerdo no respeta el principio el principio de proporcionalita en la composición de las mismas.

2º.- El 3 de agosto del actual se procede a incoar el oportuno procedimiento por parte del Presidente en funciones de esta Diputación.

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3º.- Mediante oficio del Diputado de Recursos Humanos, Modernización e Innovación Institucional y Participación Ciudadana fechado el 3 de agosto de 2015 se comunica al recurrente el plazo máximo para dictar y notificar la resolución, así como el sentido del silencio ante la falta de resolución expresa.

Con fecha de 26 de abril de 2013, se inició el correspondiente procedimiento para la aprobación del citado Reglamento.

4º.- A través de oficio del Diputado de Recursos Humanos, Modernización e Innovación Institucional y Participación Ciudadana de 3 de agosto del presente se procede a otorgar un plazo de diez días al resto de grupos políticos provinciales a los efectos de que aleguen lo que estimen pertinente.

5º.- El Secretario Accidental evacua informe al respecto con fecha de 17 de agosto de que concluye con la desestimación del recurso arriba citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con el informe aludido en el antecedente de hecho 5º, el recurso de reposición contra el acuerdo plenario de 14 de julio de 2015 esta interpuesto por persona legitimada para ello en tiempo y forma y contra un acto administrativo susceptible de tal recurso.

II.- Atendiendo al informe reseñado el acto administrativo impugnado es conforme a la legalidad vigente toda vez que, según se manifiesta en aquel, responde a los criterios jurisprudenciales y doctrinales en la materia y, en particular, respeta el principio de proporcionalidad en la composición de las Comisiones Informativas “hasta donde ha sido posible”.


ACUERDO

Primero- Admitir el recurso de reposición interpuesto por el portavoz del Grupo Provincial Socialista con fecha de 31 de julio del actual contra el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 14 de julio de 2015 mediante el cual se crean las Comisiones Informativas.

Segundo- Desestimar el recurso de reposición aludido en el apartado precedente.”

3.2 Aprobación inicial, si procede, de la modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Zamora

Al Pleno de la Corporación se presenta para su aprobación, si procede,

propuesta formulada por el diputado delegado de Modernización e Innovación

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Institucional, Recursos Humanos y Participación Ciudadana relativa a la modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Zamora.

Conocida la propuesta, la Presidencia declara abierto el debate concediéndole la palabra al portavoz del grupo socialista, Sr. Plaza Escudero, quien adelanta que votarán a favor de la propuesta en la medida en que atiende la petición que habían hecho, si bien una vez esto dice querer hacer un llamamiento a una renovación o revisión total del Reglamento Orgánico. Un Reglamento que entiende se encuentra algo obsoleto en algunas cuestiones técnicas y políticas y que habría que adaptar a la nueva realidad política de esta Diputación.

Tras esta intervención y antes de dar paso a la votación de este punto, por el Secretario de la Corporación se advierte de que la redacción correcta de la modificación propuesta debe ser en el sentido de que donde en el dictamen se dice: “Artículo 130.1 El Pleno, a propuesta del Presidente de la Diputacion, fijará discrecionalmente el número…”, debe de decir: “Artículo 130.1 El Pleno, a propuesta de la Presidencia de la Diputación, fijará discrecionalmente el número….”

Y con esta corrección en la redacción de este artículo, se somete la propuesta a votación ordinaria:

� Votos a favor: VEINTE (los de los Sres. Diputados: Dña María Teresa Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Dúo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero y D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández, D. Antonio Iglesias Martín y Dña. Maribel Escribano Hernández, D. José Luis Bermúdez Lorenzo, D. José Ángel Ruiz Rodríguez, D. José Luis Pernía Fernández, D. Pablo Rubio Pernía, D. Ángel Prada Barrios, D. José María Nieto, D. Antonio María Claret Plaza Escudero, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Jesús Ángel Anton Rodríguez, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez y D. Luis Segovia García y D. David Carrión Gallardo).

� Votos en contra: Ninguno.

� Abstenciones: TRES (los de los Sres. Diputados: Dña. Laura Rivera

Carnicero, Dña. Ana Belén González Rogado y D. David Vicente García).

Por consiguiente, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría el siguiente acuerdo:

La Comisión Informativa de Modernización e Innovación Institucional, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de agosto de 2015, dictaminó favorablemente por mayoría (6 votos a favor de los diputados de los Grupo Popular, Socialista y Mixto y 1 abstención del diputado del Grupo de Izquierda Unida) la propuesta formulada por el Diputado Delegado del Modernización e Innovación Institucional, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, que se describe a continuación:

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Examinado el procedimiento iniciado relativo al expediente de modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Zamora, se han apreciado los siguientes


Único.- El actual Reglamento Orgánico de esta Diputación limita, con el carácter máximo, el número de miembros de las Comisiones Informativa a una tercera parte del número legal de miembros de la Corporación.

Esta previsión supone una importante limitación a la hora de dar el cumplimiento más adecuado posible al principio de proporcionalidad que, respecto de la composición de estos órganos, establece el artículo 32.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.


I.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a las provincias, en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, potestad de autoorganización.

II.- Las normas que tengan el carácter de orgánicas, como la presente, tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, según dispone el artículo 47.2.f) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Esto, a su vez, trae consigo que el órgano provincial competente para su aprobación, según lo establecido en el artículo 33.2.ñ) de esa misma norma, es el Pleno de la Diputación.

III.- La aprobación de este Reglamento se ajustará al siguiente procedimiento (artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local):

- Aprobación inicial por el Pleno con el quórum reseñado en el fundamento precedente.

- Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Este trámite se produce mediante la inserción del pertinente anuncio en el Tablón de Edictos de la Diputación Provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el acuerdo inicial se puede establecer que, si no se presentan reclamaciones, la Ordenanza o Reglamento se considerará aprobada definitivamente de forma automática.

- Publicación del acuerdo y texto íntegro de la Ordenanza o Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia. La norma en cuestión no entrará en vigor hasta que no se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, esto es el que se otorga a la Administración estatal y autonómica para requerir a la Entidad local con el fin de que ésta anule un acto cuando infrinja el

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ordenamiento jurídico (este plazo es de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la recepción de la comunicación del correspondiente acuerdo).

IV.- Se ha evacuado, con fecha de 27 de julio de 2015, el preceptivo informe por parte de la Secretaría General de esta Corporación, concluyendo el mismo con la procedencia de la modificación propuesta conforme al régimen expuesto en susodicho informe.


ACUERDO

Primero.- Aprobar inicialmente la siguiente modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Zamora:

♦ Artículo 130.1. El Pleno, a propuesta de la Presidencia de la Diputación, fijará discrecionalmente el número total de Comisiones Informativas, su respectiva denominación y el número de miembros de cada una de ellas.

♦ Disposición final.- Esta modificación entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Segundo.- Abrir un trámite de información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. A tales efectos, se insertará el pertinente anuncio en el Tablón de Edictos de la Diputación Provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si no se presentan reclamaciones, la modificación del Reglamento Orgánico se considerará aprobada definitivamente de forma automática.

Tercero.- Una vez se haya aprobado definitivamente esta modificación del Reglamento Orgánico, publicar el acuerdo y texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia

4.- ECONOMÍA Y HACIENDA

4.1 Aprobación, si procede, de la Cuenta General de la Diputación Provincial correspondiente al ejercicio 2014.

Vista la propuesta formulada por el diputado delegado del Área de Economía y

Hacienda relativa a la aprobación de la Cuenta General de la Diputación Provincial correspondiente al ejercicio 2014, y abierto el debate por la Sra. Presidenta, solicita hacer uso de la palabra el portavoz del grupo mixto-Ciudadanos, Sr. Carrión Gallardo, para en breve intervención manifestar que le complace ver como la Cuenta General pone de relieve que se ha ido reduciendo la deuda, si bien también dice echar un poco de menos mayores inversiones reales.

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Para la portavoz del grupo de Izquierda Unida, Sra. Rivera Carnicero, es justo reconocer que el equipo de gobierno presenta una Cuenta General muy “cumplidora”, por cuanto que atiende a los grandes principios que impone el Gobierno de España y el de Europa. Principios que no son otros que el de estabilidad financiera, el de cerrar el ejercicio con superávit y el de destinar el superávit a reducir la deuda con los bancos. No obstante, asegura que no puede decirse lo mismo con respecto al cumplimiento con las gentes de esta provincia. Y para ello basta con ver que el gasto por habitante, la inversión por zamorano y el esfuerzo inversor son los más bajos de los últimos diez años.

Resulta preocupante, continua diciendo, que se presupuesten casi veintisiete

millones de euros para invertir y sólo se gasten en inversiones reales siete millones en una provincia repleta de necesidades.

La cuenta refleja también, en opinión de la Sra. diputada, la política económica

de esta Institución y las prioridades en el gasto. Una política subordinada a las directrices del Gobierno del Partido Popular en España, con dos mil habitantes menos en el último año y con más de quince mil parados contabilizados ayer mismo.

Es seguidamente el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Sr. Tomás

Fernández, el que toma la palabra para recordar a quienes no estaban como diputados en el pasado mandato, que el Presupuesto inicial del año 2014 fue de 61 millones de euros de ingresos y de 60 millones de gastos. Posteriormente hubo una serie de incorporaciones, entre ellas la de un remanente del año 2013 de 23 millones de euros que dio lugar a que el Presupuesto final de la Diputación ascendiera a 98 millones de euros.

Y el destino de esos 23 millones de remanentes no fue otro que los pueblos de

la provincia, de manera tal que fueron treinta y cinco las carreteras que se aprobaron. Asimismo se elaboró un plan especial para los ayuntamientos, además del plan bianual que ya tenían. Se aprobaron más de un millón de euros para sequía y casi otros veinte millones para caminos.

Lo que también dice que es cierto es que del dinero de ese remanente sólo se

pudo gastar un tercio, puesto que la incorporación hubo que hacerla en el mes de mayo y fue imposible ejecutar todas las obras antes de finalizar el año. Pese a ello, asegura que a día de hoy todas esas treinta y cinco carreteras están concluidas o a punto de estarlo.

Así pues, aún con retraso, reitera que todo el dinero se ha gastado en inversión

en la provincia. Y si estas obras no se han hecho antes, ello obedece a que iban con cargo a remanentes y la Ley Montoro estableció con qué criterios había que aplicar estos remanentes. En cualquier caso, afirma el Sr. Tomás Fernández, ni un solo euros de ese superávit se ha destinado a amortización de deuda.

Por todo ello, manifiesta que difícilmente se puede sustentar el argumento de

que esta Diputación no ha estado cerca de sus pueblos y de las necesidades de sus gentes, pues nunca los pueblos de esta provincia han tenido dos planes provinciales

383

en un año y con la posibilidad de haber podido tramitar ellos mismos sus propias obras.

Pero es que además, continua manifestando el Sr. diputado, los datos de la

Cuenta General ponen de relieve que esta Institución Provincial ha seguido manteniendo los servicios sociales, las ayudas a todos los colectivos de las diferentes áreas culturales, deportivas, etc, además de haber cumplido con la totalidad de sus compromisos, y los de alguna administración más, en los Consorcios de la UNED, Centro de Idiomas, Relaciones Laborales, IFEZA…, y todo ello sin olvidar que la deuda se ha ido rebajando paulatinamente desde 2011 hasta alcanzar a final de 2014 un índice de endeudamiento del 49%.

Abierto por la Presidencia un turno de réplica pide la palabra la portavoz del

grupo de Izquierda Unida, Sra. Rivera Carnicero, agradeciendo que el portavoz popular venga a corroborar con su intervención todo lo que antes ha dicho el grupo de Izquierda Unida, si bien “embarullándolo y mezclando Presupuestos con Cuenta General”. Y ello porque es evidente, dice la Sra. diputada, que el equipo de gobierno es incapaz de gestionar el dinero del Presupuesto, algo que ponen de manifiesto los informes de los técnicos, los números y la Cuenta General.

Concluye la portavoz de IU destacando que no hay que olvidar que, “aunque

pueda ser casual”, los Presupuestos se aprobaron antes de las Elecciones Municipales, con un gran reparto de remanentes de años anteriores, y resulta que ahora es posible también que esos Presupuestos se den por finalizados antes de las Elecciones Generales.

Para el Sr. Tomás Fernández resulta sorprendente que quien le ha precedido

pueda insinuar que el equipo de gobierno actúa de forma tan maquiavélica que ajusta y hace coincidir en el tiempo los Presupuestos, los remanentes y las obras con elecciones municipales o generales.

Insinuar o pensar esto es, a juicio del Sr. diputado, sacar las cosas de contexto

y de la realidad, porque lo único cierto e indiscutible es que esta Diputación en el año 2014 destinó cuarenta millones de euros a inversión en la provincia, y ello lo hizo con criterios objetivos, cumpliendo con la Ley y con el visto bueno del Consejo de Alcaldes.

Y sin más intervenciones, la Presidencia somete a votación ordinaria la

aprobación de la Cuenta General de la Diputación correspondiente al ejercicio 2014: � Votos a favor de su aprobación: TRECE, (los de los Sres. Diputados: Dña.

María Teresa Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía y D. José Ángel Ruiz Rodríguez).

� Votos en contra: TRES (los de los Sres. Diputados: Dña. Laura Rivera


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� Abstenciones: SIETE, (los de los Sres. Diputados: D. Antonio María Claret Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García y D. David Carrión Gallardo).

En consecuencia y por mayoría, el Pleno Corporativo adopta el siguiente

acuerdo: La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Especial de Cuentas,

Patrimonio y Mantenimiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2015, dictaminó favorablemente por cuatro votos a favor (los de los Sres. Diputados del Grupo Popular), ninguno en contra y tres abstenciones (las de los Sres. Diputados del Grupo Socialista, de Grupo I.U. y Grupo Mixto), la propuesta de dictamen formulada por el Diputado Delegado del Área de Economía y Hacienda para su elevación al Pleno Corporativo, que se describe a continuación:


Único.- Dictaminada la cuenta general del ejercicio 2014 por la Comisión

Especial de Cuentas celebrada el 01/06/2015 y expuesta al público durante el plazo de quince días hábiles y ocho días mas sin que se hubieran presentado reclamaciones, reparos y observaciones a la misma.

Existe informe de la Intervención de Fondos de esta Diputación de Zamora.


I.- De conformidad con lo previsto en el artículo 212.1 RDL 2/04 y en la

Regla 414.1 ICAL los Estados y Cuentas anuales de las Entidades Locales serán rendidos por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.

II.- En ese sentido debemos señalar que el documento sometido a la

tramitación del procedimiento previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Real Decreto 500/1990 ha sido elaborado cumplimentado los requisitos formales previstos en el referido Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en ese sentido conforme a lo específicamente dispuesto en el artículo 212 y siguientes del citado Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales incorpora tanto las cuentas de la propia entidad municipal como de sus organismos autónomos y estado de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal.

III.- Según establece la Regla 98 ICAL la Cuenta General de la Entidad

constará de las siguientes partes: a) Balance de situación, que expresará la composición y situación del

Patrimonio al día del cierre del ejercicio.

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b) Cuenta de resultados, que expresará los resultados del ejercicio desde el punto de vista económico-patrimonial, reflejando las fuentes de procedencia del mismo.

c) Liquidación del presupuesto. Contenido de la liquidación del presupuesto: La liquidación de Presupuesto

se realizará el día 31 de diciembre, y pondrá de manifiesto: - La del presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los

créditos iniciales, sus modificaciones, los créditos definitivos, los gastos autorizados, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

- La del presupuesto de ingresos, y para cada partida presupuestaria, las

previsiones iniciales, sus modificaciones, las previsiones definitivas, los derechos reconocidos, los derechos anulados, los derechos recaudados y las devoluciones de ingresos.

En cuanto a la agrupación de presupuestos cerrados, debe poner de

manifiesto los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

De la liquidación del presupuesto deberá obtenerse: - Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de

pago a 31 de diciembre. - El resultado presupuestario del ejercicio. - Los remanentes de crédito. - El remanente de tesorería. IV.- De conformidad con lo previsto en la ICAL a los Estados Anuales habrán

de acompañarse, a efecto de ampliar la información contenida en la misma, la memoria comprensiva de las siguientes partes:

1.- Organización 2.- Gestión indirecta de servicios públicos 3.- Bases de presentación de las cuentas 4.- Normas de valoración 5.- Inversiones destinadas al uso general 6.- Inmovilizaciones inmateriales 7.- Inmovilizaciones materiales 8.- Inversiones gestionadas 9.- Patrimonio público del suelo 10.- Inversiones financieras 11.- Existencias

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12.- Tesorería que ponga de manifiesto su situación y las operaciones realizadas durante el ejercicio.

13.- Información sobre el endeudamiento, que reflejará las operaciones de creación, amortización, pago, extinción, conversión y canje de capitales, así como las de reconocimiento, pago y extinción de los intereses devengados.

14.- Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

15.- Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería 16.- Ingresos y gastos 17.- Información sobre valores recibidos en depósito 18.- Cuadro de financiación 19.- Información presupuestaria 20.- Indicadores de gestión V.- La Cuenta General correspondiente, con los informes de la Comisión

Especial de Cuentas y las reclamaciones y reparos presentados, se someterá al pronunciamiento del Pleno Provincial antes del 1 de octubre.

En consecuencia, se adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar la Cuenta General de la Diputación Provincial correspondiente al ejercicio 2014, en los términos que ha sido formada de conformidad con lo establecido en la Regla 100 y siguientes de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se rinda al Consejo de Cuentas de Castilla y León.

4.2 Aprobación, si procede, las líneas fundamentales del Presupuesto de 2016.

Conoce la Corporación propuesta formulada por el diputado delegado del Área de Economía y Hacienda relativa a la aprobación de las líneas fundamentales del Presupuesto de 21016.

Vista la propuesta y una vez abierto el debate por la Presidencia, toma la palabra la portavoz del grupo de Izquierda Unida, Sra. Rivera Carnicero, manifestando que en el avance del Presupuesto del año que viene que presenta hoy el equipo de gobierno no se especifica en absoluto, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la definición de las principales políticas que inspiran el Presupuesto, con indicación de ingresos y gastos. A la vista de ello, dice que el grupo de Izquierda Unida, entiende que esas líneas seguirán siendo las mismas de años anteriores y que han llevado a esta provincia a ocupar los puestos de cola.

Por lo expuesto, adelanta que su grupo no apoyará este punto, máxime cuando en esta previsión del Presupuesto se reduce la inversión a menos de la mitad. Los ingresos totales aumentan casi dos millones de euros y los gastos disminuyen en

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cerca de doce millones, sin embargo gran parte de esa diferencia se destina a reducir la deuda con los bancos.

Interviene seguidamente el portavoz adjunto del grupo popular, Sr. Tomás Fernández, señalando que es lógico que la inversión disminuya el año que viene, sencillamente porque es imposible contar todos los años con los veintitrés millones de euros de remanente que se han incorporado en 2014 al Presupuesto.

Respecto al pago de la deuda, dice que cualquier administración responsable y sensata cuando pide un préstamo lo devuelve, estando además demostrado que esta Diputación tiene capacidad para seguir reintegrando los préstamos sin necesidad de solicitar otros nuevos.

En turno de réplica vuelve a tomar la palabra la Sra. Rivera Carnicero para quien resulta evidente que el ajuste de la deuda que se está llevando a cabo “es un ajuste exprés para cumplir unos compromisos del gobierno de España”, porque nadie discute que las deudas haya de pagarlas, pero no con esta rapidez“pues antes están las personas que los Bancos”.

Se pone fin a este debate con la intervención del Sr. Tomás Fernández para negar que nada de esto tenga que ver con Ley Montoro, entre otras cosas, porque se está hablando de préstamos solicitados hace ocho-diez años, tratándose además de algo tan elemental como devolver lo que te han dejado dentro de unos plazos y condiciones pactadas.

Y entendiendo la Presidencia suficientemente debatido este asunto, lo somete a votación ordinaria con el siguiente resultado:

� Votos a favor de la aprobación de las líneas fundamentales del Presupuesto de 2016: TRECE, (los de los Sres. Diputados: Dña. María Teresa Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía y D. José Ángel Ruiz Rodríguez).

� Votos en contra: TRES (los de los Sres. Diputados: Dña. Laura Rivera


� Abstenciones: SIETE, (los de los Sres. Diputados: D. Antonio María Claret Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García y D. David Carrión Gallardo).

Así pues, y a tenor de este resultado, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría el siguiente acuerdo:

La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Especial de Cuentas, Patrimonio y Mantenimiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2015, una vez declarada la urgencia por mayoría de seis votos a favor (los de los Sres. Diputados del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Mixto), y una abstención (la de la Sra. Diputada del Grupo IU) de sus miembros, dictaminó favorablemente por mayoría de cuatro votos a favor (los de los Sres. Diputados del

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Grupo Popular), y tres abstenciones (las de los Sres. Diputados del Grupo Socialista, de Grupo I.U. y Grupo Mixto), la propuesta de dictamen formulada por el Diputado Delegado del Área de Economía y Hacienda para su elevación al Pleno Corporativo, que se describe a continuación:

“ANTECEDENTES DE HECHO

Examinado el procedimiento iniciado relativo a la elaboración de las líneas fundamentales del Presupuesto para esta Corporación 2016, se han apreciado los siguientes antecedentes:

1- Abierta la aplicación informática – en la oficina virtual de entidades locales- para el envío de las Líneas Fundamentales del Presupuesto 2016; obligación de remisión que esta recogida en la Orden HAP/2105/2012, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

2- La aplicación para el envío de esta información se cerrara el 14/09/2015



1- De conformidad con el articulo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LO 2/2012 se establece la obligatoriedad del suministro de información sobre las Líneas Fundamentales:

“1- Antes del 15 de septiembre de cada año: Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente conteniendo toda la información necesaria conforme a la normativa europea y al menos la siguiente información: a) Definición de las principales políticas que inspiran el presupuesto con indicación

de las medidas de ingresos y gastos en las que se basan. b) Saldos presupuestarios y explicación de su adecuación al objetivo de estabilidad

fijado. Toda la información complementaria que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad y necesidad de financiación calculada conforme a normas del sistema europeo de cuentas.

c) Información sobre los ingresos previstos en el proyecto de presupuestos, tanto en lo relativo a los recursos del sistema de financiación sujetos a entregas a cuenta y posterior liquidación como al resto de ingresos en sus principales rúbricas.

d) Información sobre las dotaciones de gastos contenidas en el proyecto de presupuesto y sus evoluciones respecto al ejercicio precedente.

e) Modificaciones significativas en los criterios de presupuestación que permitan una comparativa homogénea con el ejercicio precedente.

f) Información sobre las diferencias existentes en los objetivos y previsiones, así como en las medidas o resto de variables consideradas para la elaboración de las líneas fundamentales de los Presupuestos del ejercicio siguiente, en relación a las utilizadas para la elaboración del plan presupuestario a medio plazo

389

establecido en el artículo 6. En el caso de producirse tales diferencias, debe procederse a la remisión de la información actualizada relativa a dicho plan presupuestario.

g) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda. h) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de

estabilidad y del límite de deuda. .”

2- El articulo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, determina los sujetos obligados a la remisión:

“1. La remisión de la información económico-financiera correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de cada Comunidad Autónoma o Corporación Local se centralizará a través de:

b) En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus

funciones.”

3- De acuerdo con el artículo 15.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, le corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad elaborar periódicamente un informe de situación de la economía española. Dicho informe contendrá, entre otras informaciones, la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, que limitara la variación del gasto de las Administraciones Publicas. Según el último informe de situación de la economía española, de 10/07/2015, se estima para el periodo 2016-2018 como limite el 1,8; 2,2 y 2,6 respectivamente.

Objetivo (%) 2016 2017 2018

Estabilidad 0.00 0.00 0.00

Deuda pública 75.00 75.00 75.00

Tasa de gasto 1,8 2,2 2,6

4- Las proyecciones de ingreso y gasto para el periodo 2016, se obtienen tomando como años base la media de las liquidaciones de los ejercicios 2013, 2014 y las estimaciones de la liquidación de 2015.

5- Las presentes líneas fundamentales para el 2016 constituyen líneas de actuación, no obstante, si la Corporación percibiese mayores o menores ingresos de los previstos (nuevas líneas de subvenciones tanto autonómicos como estatales), estas líneas deberán de ser ajustados.

En consecuencia, se adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar las líneas fundamentales del Presupuesto de 2016 de conformidad con el siguiente detalle:

390

1.- Que el perímetro de consolidación a los efectos previstos en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, e 12 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Entidades que se han considerado integran la Corporación Local en los ejercicios que contemplan el Marco 2016:

Entidad Principal o dependiente Tipo de

contabilidad

Se considera integrada en la Corporación en el

ejercicio Denominación CIF 2015 2016

Diputación Provincial de Zamora P4900000C Limitativo SI SI Consorcio Fomento Musical V49028293 Limitativo NO SI

Consorcio regulador de la Gest. Serv. Prevención y Extinción de Incendios

Zamora V9202294 Limitativo NO SI

Patronato Provincial de Turismo P9900001J Limitativo SI SI Institución Ferial de Zamora (IFEZA) G49130594 Limitativo No No

Escuela de Relaciones Laborales G4910536 Imitativo No No S. Desarrollo de la Provincia de Zamora A49237928 Empresarial SI SI

2.- Datos Económicos consolidados. Ingresos. Estimación de derechos reconocidos netos para el periodo 2016:

INGRESOS

CAPITULO DENOMINACION DE LOS

CAPITULOS DR 2015

%VARIACION 2016/2015

DR 2016

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.793.150,00 2,32% 1.835.660,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.744.050,00 -2,77% 2.670.140,00

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 2.851.602,00 0,00% 2.851.602,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.336.645,00 3,08% 56.065.119,05

5 INGRESOS DE CAPITAL 379.000,00 0,00% 379.000,00 TOTAL 62.104.447,00 2,66% 63.801.521,05

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00% 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00% 50.000,00

TOTAL 50.000,00 0,00% 50.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 0,00% 100.000,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00% 0,00

TOTAL 100.000,00 0,00% 100.000,00

PRESUPUESTO 62.254.447,00 2,65% 63.951.521,05

3.- Datos economitos consolidados. Gastos. Estimaciones de obligaciones reconocidas netas para el periodo 2016:

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CAPITULO DENOMINACION DE LOS

CAPITULOS Obligaciones

2015 %VARIACION

2016/2015 Obligaciones

2016

1 GASTOS DE PERSONAL 15.024.220,33 0,99% 15.174.462,53

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.045.458,83 1,96% 15.346.368,01

3 GASTOS FINANCIEROS 220.649,76 1,96% 225.062,76

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.159.479,32 0,00% 12.159.479,32

5 FONDO DE CONTINGENCIA 400.000,00 0,00% 400.000,00 TOTAL 42.849.808,24 1,05% 43.305.372,62

6 INVERSIONES REALES 13.246.594,42 -54,74% 5.995.506,65

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.297.407,90 -38,94% 6.898.095,51

TOTAL 24.544.002,32 -47,47% 12.893.602,16

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 0,00% 100.000,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 5.594.826,49 -5,14% 5.307.152,87

TOTAL 5.694.826,49 -5,05% 5.407.152,87

PRESUPUESTO 73.088.637,05 -15,71% 61.606.127,65

4.- Saldos y otras magnitudes:

2015 2016

SALDO DE OPERACIONES CORRIENTES 19.254.638,76 20.496.148,43

SALDO OPERACIONES DE CAPITAL -24.494.002,32 -12.843.602,16

SALDO OPERACIONES NO FINANCIERAS -5.239.363,56 7.652.546,27

SALDO OPERACIONES FINANCIERAS -5.594.826,49 -5.307.152,87

AJUSTES SEC 95 142.658,77 0,00

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACION -5.096.704,79 7.652.546,27

DEUDA A 31/12 de cada ejercicio 21.503.744,46 16.196.591,59

RATIO DEUDA/INGRESOS CORRIENTES 34,63% 25,39%

Segundo.- Que dichos Planes sean enviados al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Oficina virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales antes del 14/09/2015.

392

5.- MOCIONES

Ya en el punto de las mociones, por la Sra. Presidenta se manifiesta que son varias las que se han presentado por los distintos grupos políticos, dándose comienzo por aquellas que presenta el grupo mixto-Ciudadanos:

• Moción del portavoz del grupo mixto instando a que por el Pleno se estudie la posibilidad de conceder una subvención o ayuda económica a los equipos de Futbol Sala participantes en la nueva Liga Senior de Zamora.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la anterior temporada (2014-2015), los equipos de la provincia de Zamora que participaban en la Liga Senior

de Fútbol Sala y que aún pertenecían a la Federación Española de Fútbol de Castilla y León decidieron, de

forma conjunta y unánime, abandonar dicha federación y pasar a formar parte de la Asociación Nacional de

Fútbol Sala. Una mejorable organización y el enorme coste que suponía jugar en dicha competición fueron

algunos de los motivos principales para que, siguiendo el mismo camino que la mayoría de provincias, todos los

equipos decidieran realizar el cambio.

Cuando se jugaba la Liga Provincial Senior Federada, la Diputación Provincial de Zamora contribuía con sus

participantes de manera generosa, ayudando a los distintos equipos con subvenciones que rondaban los 1.000

euros por formación.

Dado que se considera el deporte, y en este caso particular el fútbol sala, una herramienta fundamental para el

desarrollo y la convivencia de los jóvenes de nuestra provincia, se presenta para su debate y aprobación por el

Pleno de la Corporación la siguiente

MOCIÓN

Conceder, a los equipos participantes en la nueva Liga Senior de Zamora, una subvención o ayuda económica

que asegure su continuidad en la competición, o que al menos sirva para cubrir algunos de los gastos que la

misma genera, estableciendo un importe que oscile entre los 450 euros y los 500 euros por formación,

dependiendo del número de componentes de los equipos.

En la nueva temporada la liga contará con unos 14 equipos, por lo que más de 150 jóvenes se verán

beneficiados de esta contribución que, por otra parte, sólo podrán solicitar los equipos que debidamente

justifiquen los requisitos que les sean requeridos y que como mínimo deberán ser, la aportación del justificante

de pago de inscripción en la competición y el justificante de pago de los seguros deportivos. La concesión de

esta pequeña ayuda económica no es en absoluto desorbitada y que puede marcar la diferencia entre que unos

jóvenes puedan disfrutar de su deporte preferido durante el año, o no, más aún cuando en este tiempo de

crisis los patrocinadores escasean.

Confiamos que nuestra propuesta cuente con el apoyo del resto de grupos de la institución, quedando abiertos

a todas las ideas u opiniones que puedan surgir al respecto.

Una vez justificada la urgencia de la moción por el proponente y acordada dicha urgencia por unanimidad del Pleno Corporativo, la Presidencia vuelve a conceder la palabra al portavoz del grupo mixto, Sr. Carrión Gallardo, para que defienda la moción.

Defendida ésta en base a los argumentos que en la misma se exponen, es la

portavoz del grupo de Izquierda Unida, Sra. Rivera Carnicero, la que interviene indicando que no le queda muy claro si lo que se pide en la moción es la concesión

393

a estos equipos de fútbol sala de una subvención nominativa, porque desde luego IU es partidario de que estas subvenciones sean en régimen de concurrencia competitiva.

Toma la palabra el portavoz adjunto el equipo de gobierno, Sr. Tomás

Fernández, manifestando que el grupo popular estaría dispuesto a aprobar la moción siempre y cuando, al amparo de lo establecido en el artículo 76 bis del Reglamento Orgánico de esta Diputación, se acepte la siguiente enmienda de modificación y, en vez de hablar ya de conceder determinadas cantidades, se diga lo siguiente:

“Estudiar la posibilidad de conceder a los equipos participantes en la nueva Liga Senior de

Zamora, una subvención o ayuda económica que asegure su continuidad en la competición, o que al menos sirva para cubrir algunos de los gastos que la misma genera”

A la vista de ello, se somete a votación la moción del grupo mixto con la

enmienda planteada por el equipo de gobierno:

� Votos a favor: CATORCE, (los de los Sres. Diputados: D. David Carrión Gallardo, Dña. María Teresa Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía y D. José Ángel Ruiz Rodríguez).


� Abstenciones: NUEVE, (las de los Sres. Diputados: D. Antonio María

Claret Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García, Dña. Laura Rivera Carnicero, Dña Ana Belén González Rogado y D. David Vicente García).

Así pues, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría el siguiente acuerdo:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En la anterior temporada (2014-2015), los equipos de la provincia de Zamora

que participaban en la Liga Senior de Fútbol Sala y que aún pertenecían a la Federación Española de Fútbol de Castilla y León decidieron, de forma conjunta y unánime, abandonar dicha federación y pasar a formar parte de la Asociación Nacional de Fútbol Sala. Una mejorable organización y el enorme coste que suponía jugar en dicha competición fueron algunos de los motivos principales para que, siguiendo el mismo camino que la mayoría de provincias, todos los equipos decidieran realizar el cambio.

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Cuando se jugaba la Liga Provincial Senior Federada, la Diputación Provincial de Zamora contribuía con sus participantes de manera generosa, ayudando a los distintos equipos con subvenciones que rondaban los 1.000 euros por formación.

Dado que se considera el deporte, y en este caso particular el fútbol sala, una

herramienta fundamental para el desarrollo y la convivencia de los jóvenes de nuestra provincia, es por lo que el Pleno Corporativo acuerda:

UNICO: Estudiar la posibilidad de conceder a los equipos participantes en la nueva Liga Senior de Zamora, una subvención o ayuda económica que asegure su continuidad en la competición, o que al menos sirva para cubrir algunos de los gastos que la misma genera.

* * *

Otra de las mociones presentadas por el portavoz del grupo mixto, Sr. Carrión

Gallardo, es la que sigue:

• Moción del portavoz del grupo mixto para que el Pleno respalde la Iniciativa Legislativa Popular interpuesta por la Asociación FM Unión y Fuerza para la protección social de los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica encefalomielitis miálgica.


Con motivo de la solicitud de apoyo que ha sido recibida y que a continuación detallamos, “DOÑA PILAR BETEGÓN GONZÁLEZ, mayor de edad, natural de Toro (Zamora) y vecina de

Salamanca, con domicilio en Avenida de Portugal, 108, 6º-C, y con DNI. nº 11715574-H. INTERVIENE en su propio nombre y derecho y, además, como voluntaria y colaboradora de

ayuda de la ASOCIACIÓN FM UNION Y FUERZA (Madrid) en los hechos a los que, seguidamente, se hará referencia:

EXPONE: I).- Que, en su día, la ASOCIACIÓN FM UNIÓN Y FUERZA, representada por Doña María del

Mar Carrasco Lozano, interpuso una INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR, como Proposición de Ley, sobre protección social de los enfermos de fibromialgia (FM) y síndrome de fatiga crónica.encefalomielitis miálgica (SFC-EM), en el Congreso de los Diputados de las Cortes Generales de España.

Admitida a trámite dicha I.L.P. fue aprobada por la Mesa de la Cámara, en su reunión de 30 de

septiembre de 2014, y publicada en el B.O. de LAS CORTES GENERALES, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS en la Serie D, Núm. 528, Pág. 4, de fecha 3 de Octubre de 2014.

II).- Que, con el fin de que la citada I.L.P. prospere en sus trámites legales posteriores, el

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS de las CORTES GENERALES DE ESPAÑA, se necesita la aportación de 500.000 firmas presenciales, estampadas en pliegos de 21 firmas cada uno y sellados por la Junta Electoral Central, en Madrid.

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A dichos efectos, las personas que componen la Asociación FM Unión y Fuerza, y otras muchas personas como voluntarias y a título personal, están recabando en toda España cuantas firmas se puedan para lograr a los fines referidos, pues nuestra salud va ello y convivir con estas enfermedades no es nada fácil.

En muchas ciudades y pueblos de España están colaborando, informando y recabando firmas,

y en muchos de ellos las Corporaciones Municipales han aprobado Mociones de apoyo a esta causa, por unanimidad de todos los partidos políticos, como por ejemplo las referidas anteriormente, debido a que dichas Mociones son de gran importancia y ayuda para nuestros fines.

Con anterioridad a las elecciones se presentó en ese Ayuntamiento documentación a los

efectos que el presente escrito refiere pero, debido a las elecciones municipales, dejé todo en suspenso hasta la fecha, en que la remito nuevamente y con más documentación que aportar.

III).- Que expuesto cuanto antecede, SOLICITA:

Que, en la medida de lo posible (como en otros Ayuntamientos se ha realizado), sea presentada una MOCIÓN DE APOYO a la I.L.P. referida, PARA QUE SEA APROBADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZAMORA.

En Salamanca, a 28 de agosto de 2015 Pilar Betegón González.” Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la

Corporación la siguiente

MOCIÓN Trasladar al Gobierno de la Nación el respaldo de la Diputación Provincial de Zamora a la

Iniciativa Legislativa Popular impulsada por Asociación FM Unión y Fuerza a fin de que pueda avanzarse en el diagnóstico y tratamiento sanitario y social de los enfermos, así como respaldar la campaña de recogida de firmas que está llevando a cabo la Asociación en la provincia de Zamora.

Confiamos que nuestra propuesta cuente con el apoyo del resto de grupos de la institución,

quedando abiertos a todas las ideas u opiniones que puedan surgir al respecto.” Visto el contenido de la moción y una vez defendida su urgencia por el Sr.

diputado, la Presidencia somete a votación tal urgencia:

� Votos a favor de la urgencia: CUATRO, (los de los Sres. Diputados: D. David Carrión Gallardo, , Dña. Laura Rivera Carnicero, Dña Ana Belén González Rogado y D. David Vicente García).

� Votos en contra: TRECE, (los de los Sres. Diputados: Dña. María Teresa

Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía y D. José Ángel Ruiz Rodríguez)

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� Abstenciones: SEIS, (las de los Sres. Diputados: D. Antonio María Claret Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez y D. Luis Segovia García).

En consecuencia, no lográndose el voto favorable de la mayoría absoluta del

número legal de miembros de la Corporación exigido en el artículo 47.2 de la Ley 7/85, conforme al artículo 83 del ROF y artículo 51 del RDL 781/86, de 18 de abril, el Pleno Corporativo acuerda rechazar por mayoría la urgencia de esta moción.

* * *

Como tercera moción del Sr. Carrión Gallardo está la que dice así: • Moción del portavoz del grupo mixto requiriendo que esta

Diputación promueva, incentive e incluso exija en determinados casos, planes de actuación para llevar a cabo labores de limpieza en solares y fincas abandonadas en el interior de los pueblos para evitar el riesgo de incendios.


La provincia de Zamora, como tantas otras, se viene caracterizando en los últimos tiempos por

un acusado éxodo rural, y por consiguiente, un gran abandono de las actividades agroganaderas. Dichas circunstancias traen consigo que, en la mayoría de los casos, lo que en su día fueron huertas explotadas por sus dueños, hoy se han convertido en poco menos que selvas, repletas de zarzas y maleza, y expuestas al fuego el día menos pensado. Muchas de estas fincas se encuentran en el casco urbano y a escasos metros de otras viviendas habitadas, aumentando así el riesgo que esto conlleva a que pueda sucederse un incendio.

Al inicio del presente verano, el Ayuntamiento de Trabazos aprobaba una ordenanza a través

de la cual, se llevó a cabo y se sigue llevando, lo que se vino a denominar “LIMPIEZA DE FINCAS CONSIDERADAS PELIGROSAS”, su objetivo principal es el de evitar posibles incendios. Esta iniciativa ha sido acogida con gran satisfacción por todos los vecinos y ha sido considerada un verdadero éxito.

Como todo en esta vida, debería intentarse aplicar lo que es bueno, y por lo tanto, creemos que

la iniciativa del Ayuntamiento de Trabazos debe servir de ejemplo para el resto de municipios de nuestra provincia, especialmente, y por las características de su terreno, para los de las comarcas de Aliste, Tábara, Alba y Sayago.

Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la

Corporación la siguiente

MOCIÓN

Instar a la Diputación Provincial de Zamora a que promueva, incentive e incluso exija en determinados casos, planes de actuación similares en los diferentes pueblos de nuestra provincia. Para ello, la Diputación debe poner a disposición de los ayuntamientos que así lo necesiten, las diferentes máquinas y herramientas de que dispone y que serían de gran utilidad para llevar a cabo las correspondientes labores de limpieza, desbroces, podas, etc. Dichas actuaciones deberán llevarse a cabo lo antes posible, con el fin del verano y la entrada del otoño, ya que en numerosos casos sólo se toma conciencia del verdadero peligro de incendio cuando lo tenemos cerca.

Estamos convencidos que se debe aprovechar la relativa cercanía en el tiempo de las

desgracias derivadas del fuego que se han producido a lo largo de este verano, y ponernos manos a

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la obra. Si dejamos pasar el tiempo, probablemente en unos meses ya nadie se acuerde de este problema, y llegaremos a la nueva temporada estival con el mismo problema, incluso agudizado.

Confiamos que nuestra propuesta cuente con el apoyo del resto de grupos de esta institución,

quedando abiertos a todas las ideas u opiniones que puedan surgir al respecto. Conocida la moción y tras ser defendida su urgencia por el portavoz del grupo

mixto, la Presidencia pide al Pleno que se pronuncie al respecto:

� Votos a favor de la urgencia: CUATRO (los de los Sres. Diputados: D. David Carrión Gallardo, Dña. Laura Rivera Carnicero, Dña. Ana Belén González Rogado y D. David Vicente García).


� Abstenciones: DIECINUEVE, (los de los Sres. Diputados: Dña María

Teresa Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Dúo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero y D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández, D. Antonio Iglesias Martín y Dña. Maribel Escribano Hernández, D. José Luis Bermúdez Lorenzo, D. José Ángel Ruiz Rodríguez, D. José Luis Pernía Fernández, D. Pablo Rubio Pernía, D. Ángel Prada Barrios, D. José María Nieto, D. Antonio María Claret Plaza Escudero, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Jesús Ángel Anton Rodríguez, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez y D. Luis Segovia García)

A la vista de ello y al no obtenerse el voto favorable de la mayoría absoluta del

número legal de miembros de la Corporación exigido en el artículo 47.2 de la Ley 7/85, conforme al artículo 83 del ROF y artículo 51 del RDL 781/86, de 18 de abril, el Pleno Corporativo acuerda rechazar por mayoría la urgencia de esta moción.

* * * Seguidamente por la Presidencia se propone el debate conjunto de las

mociones presentadas por el grupo de Izquierda Unida y por el grupo socialista referente a la adopción de medidas en apoyo del sector lácteo, al guardar una íntima conexión, propuesta que es aceptada por unanimidad.

Dichas mociones son del tenor literal siguiente:

• Moción de la portavoz del grupo de IU solicitando el apoyo

del Pleno a las reivindicaciones de los ganaderos de vacuno de leche y del sector en toda la Comunidad y en la provincia de Zamora.


Según datos de los sindicatos agrarios, la provincia de Zamora perdió 28 explotaciones de vacuno de leche en los últimos tres años. En este tiempo 238 granjas de la región, regentadas por ganaderos profesionales, cerraron sus puertas, pasando de 2.327 en 2010 a 2.089 contabilizadas a finales del año pasado.

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Estas cifras reflejan la situación que han sufrido los ganaderos en los últimos años, provocada por precios «ruinosos» y con unos costes de producción «inasumibles» para la viabilidad de sus explotaciones.

A ello se ha unido la reforma reciente de la PAC, que podría ser «la puntilla definitiva» para «muchos» ganaderos de leche de la comunidad, ya que los países del centro y norte de Europa producen «con costes inferiores» a los españoles.

En estos días, se están produciendo movilizaciones en todas las provincias de la Comunidad, como la denominada “Marcha blanca” de León a Madrid y las concentraciones ante los supermercados de las ciudades

Entre sus reivindicaciones destaca la formalización de contratos que cubran los costes de producción, tal y como se ha hecho ya en Francia y Reino Unido, donde la industria está obligada a pagar a cada ganadero entre 35 y 39 céntimos por litro, mientras que en España el Gobierno está a la espera de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la legalidad de dichas medidas.

Las organizaciones agrarias piden también la creación de una mesa de negociación arbitrada por Agricultura en la que estén representados productores, la industria y los distribuidores, con el objetivo de llegar a la firma de dichos contratos y exigir que se recoja la totalidad de la leche producida en Castilla y León.

Por otra parte, solicitan el apoyo de la Administración para llevar a cabo campañas de promoción del consumo de leche nacional, dotar al sector de las medidas necesarias para que mejore su capacidad exportadora a países emergentes y controles para evitar "prácticas demoledoras para el sector como la venta a pérdidas por parte de la distribución, que utiliza la leche como producto reclamo".

Por lo expuesto, al Pleno de la Corporación se propone que adopte el siguiente acuerdo:

1. Apoyar las reivindicaciones de los ganaderos de vacuno de leche y del sector en toda la Comunidad y en la provincia de Zamora, entre la que destacan: la formalización de contratos que cubran los costes de producción; la creación de una mesa de negociación arbitrada por Agricultura en la que estén representados productores, la industria y los distribuidores; y la recogida de la totalidad de la leche producida en Castilla y León.

2. Apoyar las movilizaciones de todos los agentes implicados en la defensa del sector.

3. Apoyar campañas de promoción de consumo de la leche provincial.

4. Instar a la Ministra de Agricultura a apoyar al sector del vacuno de leche en todos los ámbitos, con el fin de mantener el futuro del sector.

• Moción del portavoz del grupo socialista instando al

Gobierno de Castilla y León para que elabore un Plan de Ayudas al Sector Lácteo en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

“Castilla y León en la Segunda Comunidad Española en producción de leche después de Galicia,

769.000 toneladas, lo que supone el 13% de la producción nacional. Y Zamora es una de las provincias con mayor producción láctea de Castilla y León.

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El sector lácteo, además de producir un alimento básico en la dieta, es un sector estratégico en la estructura económica de nuestra provincia, porque:

− Las ganaderías están afianzadas en el territorio: Los ganaderos viven en el pueblo

donde esta establecida la granja − Los ganaderos están vinculados a la tierra y a su entorno − Generan riqueza y puestos de trabajo indirectos: Sus granjas consumen: Pienso, forraje,

medicamentos El Sector lácteo, esta sufriendo doblemente las consecuencias de la crisis: Pues ha invertido mucho dinero en modernizar las explotaciones: que las hace mas eficientes y

dan un producto de mejor calidad a los consumidores. Aun así, ven como se reducen sus ingresos, pues el coste de producción del producto esta entre

30-33 cms/litro Mientras que el precio de litro le es pagado entre 23-28 cms/litro Esto significa que los ganaderos están produciendo A PERDIDAS, es decir, LOS GASTOS

SUPERAN A LOS INGRESOS La SITUACION critica DEL SECTOR queda reflejada en las cifras de empresas que han cerrado

en los últimos años, como puede observarse en el siguiente cuadro, elaborado a partir de datos facilitados por las Organizaciones Agrarias:

TERRITORIO

AÑO

NUMERO DE EMPRESAS

EMPRESAS CERRADAS

CASTILLA Y LEON 2010

2.327

CASTILLA Y LEON 2013 2.089 - 238

CASTILLA Y LEON

2.014

2.061

CASTILLA Y LEON 2.015 1.419

- 642

(31 % del sector ha

cerrado)

ZAMORA 2014

265

ZAMORA 2.015 182

- 83

(31 % del sector ha cerrado)

En Zamora, han cerrado en el último año 83 explotaciones ganaderas dedicadas a la producción de leche

Esta situación, de mantenerse, condenaría al 60% de las granjas productoras de la provincia al

cierre al medio plazo, al hacerlas económicamente inviables

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Estamos ante una situación insostenible. Es URGENTE, afrontar el problema para asegurar a nuestros productores unos precios

mínimamente remuneradores que eviten el cierre de las explotaciones. Esta situación, lejos de arreglarse se agrava día a día y ya perdura meses sin que conozcamos

medida alguna tanto del gobierno de España como de la Junta de Castilla y León. Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA: “La Diputación de Zamora insta a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a fin de

que se realicen las siguientes actuaciones: 1.°- Creación inmediata de la figura del mediador en Castilla y León, con capacidad legal para

intervenir en casos de desacuerdo entre el vendedor y el comprador de leche, que garantice condiciones desigualdad en la conformación de los precios entre industrias, cooperativas y productores.

2.- La puesta a disposición del sector de ese paquete de ayudas directas a la renta calculada

en función de la producción real, así como de una línea de financiación con créditos ICO subvencionados dirigidos fundamentalmente a la refinanciación de la deuda contraída por la modernización de las explotaciones en especial atención a la contraída por jóvenes ganaderos.

3.°- Establecer un sistema de control e inspección que asegure que todas las operaciones de

compra de leche se realizan sobre contrato y que en este se incluya un sistema de referencia para el cálculo del precio teniendo en cuenta los costes de producción. Esto es, exigir la formalización de contratos entre productores/cooperativas e industria, que garanticen un precio mínimo de la leche, que cubra los costes de producción.

4.°- Intensificar y hacer efectivos los controles de calidad, sanidad y etiquetado de los

productos lácteos que se venden en Castilla y León, con el objetivo de evitar la arbitrariedad y decisiones unilaterales en detrimento de la actividad y garantías de nuestros productores.

5.°-exigir la implantación del DOBLE ETIQUETADO de los productos ganaderos y agrícolas

que permita conocer la trazabilidad del producto. 6.- Apoyo de la Administración al cooperativismo para concentrar la oferta y mejorar el poder

de negociación de los ganaderos”. Visto lo propuesto en las mociones, y justificada la urgencia de la del grupo de

Izquierda Unida por el Sr. Vicente García, y de la del grupo socialista por el Sr. Segovia García; la Presidencia somete a la consideración del Pleno de la Corporación dicha urgencia, la cual es acordada por unanimidad en ambos casos.

Formalizado este trámite y, por tanto, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81.3 del Reglamento Orgánico de la Diputación, se declara abierto el turno de defensa de las mociones con la intervención en primer lugar del Sr. Vicente García para exponer lo que se plantea en el texto de la moción de su grupo, haciéndose a continuación lo propio por el Sr. Segovia García quien defiende un precio para la leche que evite el cierre de las explotaciones ganaderas y permita que la gente pueda vivir de su trabajo, y no de subvenciones, que al final no dejan más que ser “papeles para engañar a otros y vivir unos terceros”.

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Toma seguidamente la palabra el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Sr. Tomás Fernández, señalando que su grupo coincide básicamente con el fondo de las dos mociones, si bien no apoyarán la del grupo socialista porque entienden que en ella se entra en propuestas muy concretas que, de alguna manera, las recoge mucho mejor la moción de Izquierda Unida en su primer punto. De ahí, que sea ésta última la que dice contará con el apoyo del equipo de gobierno siempre y cuando se acepte una matización en el apartado tercero de la moción, en el sentido de que donde dice “Realizar campañas de promoción del consumo de la leche nacional”, se diga “Apoyar campañas de promoción de consumo de la leche provincial”.

Interviene también el portavoz del grupo mixto-Ciudadanos, Sr. Carrión

Gallardo, proponiendo que se introduzca también en la moción que resulte aprobada un punto en el que se reconozca expresamente la labor que hace en la provincia de Zamora la cooperativa Gaza.

No procede, en opinión del Sr. Tomás Fernández, apoyar una cooperativa en

concreto cuando de lo que se está hablando en estos momentos es de potenciar campañas de promoción de la leche provincial.

Y sin más intervenciones, la Presidencia somete a votación en primer lugar la

moción del grupo de Izquierda Unida, con la enmienda de modificación propuesta por el grupo popular,; a lo que el Pleno de la Corporación, por unanimidad, presta su conformidad a la moción y, por tanto, acuerda:

1. Apoyar las reivindicaciones de los ganaderos de vacuno de leche y del sector en toda la Comunidad y en la provincia de Zamora, entre la que destacan: la formalización de contratos que cubran los costes de producción; la creación de una mesa de negociación arbitrada por Agricultura en la que estén representados productores, la industria y los distribuidores; y la recogida de la totalidad de la leche producida en Castilla y León.

2. Apoyar las movilizaciones de todos los agentes implicados en la defensa del sector.

3. Apoyar campañas de promoción de consumo de la leche provincial.

4. Instar a la Ministra de Agricultura a apoyar al sector del vacuno de leche en todos los ámbitos, con el fin de mantener el futuro del sector.

Porque, como ellos mismos dicen, “El futuro de Zamora también es la leche”

Adoptado este acuerdo, se somete a votación la moción del grupo socialista con el siguiente resultado:

� Votos a favor de su aprobación: DIEZ, (los de los Sres. Diputados: D.

Antonio María Claret Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García, Dña. Laura Rivera Carnicero, Dña Ana Belén González Rogado y D. David Vicente García y D. David Carrión Gallardo).

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� Votos en contra: TRECE, (los de los Sres. Diputados: Dña. María Teresa Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía y D. José Ángel Ruiz Rodríguez).

Por consiguiente, y dado que no se obtiene el voto favorable de la mayoría

absoluta del número legal de miembros de la Corporación exigido en el artículo 47.2 de la Ley 7/85, conforme al artículo 83 del ROF y artículo 51 del RDL 781/86, de 18 de abril, el Pleno Corporativo acuerda rechazar por mayoría La moción.

* * *

Otra de las mociones que se presentan al Pleno por la Sra. Rivera Carnicero es

la que sigue:

• Moción de la portavoz del grupo de IU en relación con la

pretensión de despedir a 1300 trabajadores por parte de la empresa Vodafone España.

El pasado 28 de julio, un año después de la adquisición de ONO por parte de Vodafone por

7.200 millones de euros, el Consejero Delegado de Vodafone España presentó oficialmente un ERE de 1.298 empleados/as a la RLT de Ono y Vodafone con una afectación de un 60% (780 empleados) y el 40% (520 trabajadores) respectivamente.

Vodafone comunicó a los representantes de los trabajadores en España la apertura de un

proceso de despido colectivo que afectará al 21% de la plantilla, y les ha convocado para iniciar el próximo 1 de septiembre el periodo de consultas.

Este ajuste se suma al que sufrió Vodafone ESPAÑA, con 500 millones de beneficio, el 1 de

Abril de 2013, un ERE con afectación a más del 20% de su plantilla, la cual supuso 130 externalizaciones, 620 despidos y 150 cambios de condiciones salariales.

Por su parte, Ono también realizó un ERE a finales de 2008, que afectó a 1.300 de los 4.300

trabajadores que tenía entonces, es decir un 30% de la plantilla. Cuando firmó el último convenio colectivo, la empresa se comprometió a no hacer ningún despido hasta 2015. De esta forma, estamos hablando de una reducción de empleo en unos 3.200 empleados y empleadas desde 2008.

Cuando Vodafone compró ONO, su equipo gestor aseguró que esperaba obtener unas

sinergias de 240 millones al año a través del ahorro de costes durante cuatro ejercicios, hasta 2018. Una previsión que se basaba principalmente en el ajuste de la plantilla y en la posible venta de algunos de los edificios corporativos de la empresa adquirida.

Por otro lado, esta destrucción de puestos de trabajo va en contra del Pacto Mundial (Global

Compact) SUSCRITO POR VODAFONE ESPAÑA, una iniciativa internacional impulsada en 1999 por el que fue Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, con el objetivo de implantar 10 principios mundialmente aceptados en las actividades que realicen esas empresas y que se encuentran clasificados en las materias de Derechos Humanos, Condiciones Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción y que, además, persigue que las empresas contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) enunciados también por la ONU.

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Este hecho se enmarca en el proceso de consolidación que está viviendo el sector de las telecomunicaciones, el cual se está traduciendo en fuertes pérdidas de empleo, y desde nuestro Grupo Municipal denunciamos que no se puede tolerar que empresas del sector de telecomunicaciones, intensivas en capital, provoquen un impacto social de tanta magnitud.

Este conflicto, como otros de los que hemos sido testigos, es fruto de un marco normativo legal

donde el trabajador o trabajadora está totalmente indefensa y desprotegida como consecuencia de las últimas reformas laborales impuestas en España que permiten ERES por parte de empresas que tienen beneficios.

Es conocida de la notable repercusión que poseen las campañas de desprestigio a las

empresas que realizan este tipo de medidas injustas y de la posibilidad por parte de la Administración pública de utilizar todos los medios a su alcance dentro de la legalidad para apoyar a los trabajadores y trabajadoras e impedir la destrucción de empleo.

En este sentido, desde el Grupo de IU somos conscientes de que Vodafone mantiene

importantes relaciones comerciales con las Administraciones Públicas y, consideramos que es nuestra obligación denunciar estas actuaciones, así como trabajar para que en nuestra Provincia no tengan cabida empresas que, con el objetivo de aumentar sus beneficios, sea capaz de destruir tantos puestos de trabajo y destrozar tantas familias como pretende.

Por todo lo expuesto, se propone al pleno de la Diputación De Zamora la adopción del

siguiente ACUERDO: PRIMERO.- Instar a VODAFONE ESPAÑA a que abandone su pretensión de despedir a 1.300

trabajadores y trabajadoras, y ejerza de empresa socialmente responsable en el apartado laboral. SEGUNDO.- Instar a la Diputación de Zamora en Pleno a que se solidarice con todos los

trabajadores/as de VODAFONE ESPAÑA y apoye las movilizaciones que lleven a cabo en defensa de sus puestos y condiciones de trabajo.

TERCERO.- Instar a la Diputación de Zamora a que, en solidaridad y apoyo a los trabajadores/as de VODAFONE ESPAÑA y sus familiares, revise, y en su caso, resuelvan:

• Cualquier relación contractual (publicitario o de prestación de servicios) que sean competencia directa de la Diputación.

• Las actividades de todo tipo que pudieran ser organizadas o promocionadas por la marca.

CUARTO.- Publicar dicho acuerdo a través de los medios de comunicación. Planteada la moción y defendida su urgencia, se somete a votación ordinaria

esta urgencia � Votos a favor de la urgencia: TRES (los de los Sres. Diputados: Dña.

Laura Rivera Carnicero, Dña Ana Belén González Rogado y D. David Vicente García).

� Votos en contra: TRECE, (los de los Sres. Diputados: Dña. María Teresa

Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía y D. José Ángel Ruiz Rodríguez).

� Abstenciones: SIETE, (los de los Sres. Diputados: D. Antonio María Claret

Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado

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Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García y D. David Carrión Gallardo).

Así pues, al no obtenerse el voto favorable de la mayoría absoluta del número

legal de miembros de la Corporación exigido en el artículo 47.2 de la Ley 7/85, conforme al artículo 83 del ROF y artículo 51 del RDL 781/86, de 18 de abril, el Pleno Corporativo acuerda rechazar por mayoría la urgencia de esta moción.

* * *

Una nueva moción, en este caso del portavoz del grupo socialistas, dice así:

• Moción del portavoz del grupo socialista para instar a la

Junta de Castilla y León a que financie el tratamiento de la hormona del crecimiento cuando sea necesaria y se financie el tratamiento de Sara Gato.

ANTECEDENTES La hormona de crecimiento es un tratamiento médico ordinario dentro de la prestación

farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, estando por lo tanto incluido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y en concreto, dentro de la cartera de servicios relativos a la prestación farmacéutica del anexo V del Real Decreto 1030/2006 de 16 de septiembre. Pudiendo ser prescrito por los facultativos encargados de los servicios sanitarios sin que que condicionada tal prescripción a la aprobación del Comité Asesor para la Hormona de Crecimiento.

. Siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley General de la Seguridad Social,

según el cual “los facultativos encargados de los servicios sanitarios de este Régimen General podrán prescribir libremente las formulas magistrales y las especialidades farmacéuticas reconocidos por la legislación sanitaria vigente que sean convenientes para la recuperación de la salud de sus pacientes”

Son varias las sentencias en las que se condena al SACYL a pagar los tratamientos que

denegaba a los niños, como la sentencia de 8 de marzo de 2011 del juzgado de lo social numero 3 de Valladolid, o sentencia de 25 de marzo de 2011 del juzgado de lo social numero 1 de Valladolid en las que se indica que “son los facultativos los que han de prescribir los tratamientos médicos y farmacológicos que estimen oportunos, con los criterios de racionalidad, sin estar excluida su financiación por el sistema público de seguridad social, independientemente de su aprobación o no por comités asesores de ciertos medicamentos.

En el caso de Sara Gato, dicha prescripción se realizó por la jefa del servicio de

endocrinología infantil, y ante la negativa de financiar por el SACYL el tratamiento, dicha médica le sigue haciendo el seguimiento del tratamiento de la medicación comprada particularmente con ayuda de familiares y amigos, recurriendo a la beneficencia. Con un resultado de una respuesta excelente al tratamiento suministrado

El artículo uno de la Constitución Española, define el estado como un Estado Social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, atrás quedo el sistema de beneficencia

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en la Diputación Provincial formula la siguiente Moción, a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes ACUERDOS:

1. Instar a la Junta de Castilla y León a que se compensen los gastos que ha tenido la

familia de Sara Gato y se le financie los medicamentos necesarios para su problema de déficit de de la Hormona de Crecimiento.

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2. Instar a la Junta de Castilla y León a que se garantice el tratamiento de la Hormona de

Crecimiento cuando sea necesario y que no suponga para los familiares tener que estar reclamando judicialmente dicho tratamiento.

Expuesta la moción y una vez que se ha defendido su urgencia por el diputado del grupo socialista Sr. Folgado Becerra, la Presidencia socialista del Pleno Corporativo que se pronuncie sobre tal urgencia:

� Votos a favor de la urgencia: NUEVE, (los de los Sres. Diputados: D. Antonio María Claret Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García, Dña. Laura Rivera Carnicero, Dña Ana Belén González Rogado y D. David Vicente García).


� Abstenciones: CATORCE, (las de los Sres. Diputados: Dña. María Teresa

Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía, D. José Ángel Ruiz Rodríguez y D. David Carrión Gallardo).

Por lo tanto, también en esta ocasión el Pleno Corporativo acuerda rechazar

por mayoría la urgencia de esta moción al no obtenerse el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación exigido en el artículo 47.2 de la Ley 7/85, conforme al artículo 83 del ROF y artículo 51 del RDL 781/86, de 18 de abril, el Pleno Corporativo acuerda rechazar por mayoría la urgencia de esta moción.

Ya como última moción del grupo socialista está la que es del siguiente tenor: • Moción del portavoz del grupo socialista instando a la

recuperación de las partidas de de Cooperación Municipal de los Planes Provinciales en los Presupuestos Generales del Estado y de la Junta de Castilla y León.

ANTECEDENTES

Una vez conocidos los Presupuestos del Gobierno de España para el año 2016,

constatamos, por quinta vez, la ausencia de partidas de Cooperación Local para contribuir a los Planes Provinciales de Cooperación, lo que supone una pérdida de fondos para los municipios y para la actividad económica provincial. Además, hay que tener en cuenta que la Junta de Castilla y León, a la hora de efectuar los presupuestos, sigue el dictamen del Gobierno de España y temiéndonos que tampoco disponga de partida para este fin.

Los Planes Provinciales de Obras y Servicios y el Fondo de Cooperación Local, gestionados por las Diputaciones, con la participación activa de los Ayuntamientos de su ámbito territorial, han venido siendo una de las herramientas financieras más potentes, eficaces y eficientes con que han contado los pequeños municipios para su mantenimiento y desarrollo socioeconómico.

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Podemos afirmar que:

- En el ámbito local resulta complicado y casi siempre erróneo homogeneizar la gestión de todas las entidades locales dadas las desigualdades que, de partida, se dan entre grandes y pequeños municipios, medio urbano y medio rural.

- Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en este país son idénticos vivan éstos

donde vivan, pertenezcan al medio rural o urbano, residan en pequeños municipios o en grandes ciudades. Siendo así las cosas, resulta evidente que, para que puedan ejercerse los derechos ciudadanos, se ha de tener la posibilidad de prestarlos y, en el ámbito de los pequeños municipios, sólo es posible si se cuenta con las infraestructuras y los servicios básicos que la puesta en marcha de los Planes Provinciales posibilita.

- En los últimos años, las partidas presupuestarias de los Planes Provinciales se han

visto mermadas, al contar únicamente con fondos propios de la Institución Provincial. Resulta evidente que el despliegue anual de la contratación pública de pequeñas infraestructuras a escala local genera por sí misma el incremento y mantenimiento del empleo directo en las pequeñas y medianas empresas locales, uno de los sectores más castigados por la crisis, que ha generado la mayor bolsa de desempleo en nuestro país, así como el desarrollo económico de nuestros pueblos.

Por lo tanto, es responsabilidad de esta Corporación Provincial, defendiendo los intereses de la propia Diputación y la de todos los Ayuntamiento de la Provincia, reclamar, tanto al Gobierno de España, como a la Junta de Castilla y león, que sus presupuestos contemplen las partidas necesarias para los Planes Provinciales.

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en la Diputación Provincial formula la siguiente

Moción, a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes ACUERDOS:

1. La Diputación Provincial de Zamora reclama la recuperación de las partidas de Cooperación Municipal para los Planes Provinciales en los Presupuestos Generales del Estado y de la Junta de Castilla y León, e insta a los parlamentarios nacionales y autonómicos a que realicen y apoyen las enmiendas oportunas para poder recuperar al menos las mismas cantidades que incluían en 2011

2-Dar traslado del presente acuerdo a los parlamentarios Zamoranos, a la FEMP, al a FRMP, a

los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados, del Senado y de las Cortes de Castilla y León

Planteada la moción y después de que se defienda su urgencia por el diputado

del grupo socialista Sr. Ramos Pascual, la Presidencia somete a la consideración del Pleno esta urgencia:

� Votos a favor de la urgencia: DIEZ, (los de los Sres. Diputados: D. Antonio María Claret Plaza Escudero, D. Jesús Ángel Antón Rodríguez, D. Eduardo Folgado Becerra, D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Antonio Santiago Sánchez, D. Luis Segovia García, Dña. Laura Rivera Carnicero, Dña Ana Belén González Rogado, D. David Vicente García y D. David Carrión Gallardo).


� Abstenciones: TRECE, (las de los Sres. Diputados: Dña. María Teresa

Martín Pozo, D. Juan Emilio Joaquín Duo Torrado, D. José Luis Prieto Calderón, D. José María Barrios Tejero, D. Aurelio Nicolás Tomás

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Fernández; D. José Luis Bermúdez Lorenzo, Dña. Maribel Escribano Hernández, D. Antonio Iglesias Martín, D. José María Nieto Vaquero, D. José Luis Pernía Fernández, D. Ángel Prada Barrios, D. Pablo Rubio Pernía y D. José Ángel Ruiz Rodríguez).

Concluye el punto de mociones con la que firman Don José María Barrios

Tejero, Portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Zamora, don Antonio Mª Claret Plaza Escudero, portavoz del Grupo Socialista, doña Laura Rivera Carnicero, portavoz de Izquierda Unida y don David Carrión Gallardo, portavoz del grupo mixto-Ciudadanos, que dice así:

� Moción de los portavoces de los grupos políticos con

representación provincial manifestando su satisfacción con la edición de las Edades del Hombre que se celebrará en Toro en el año 2016.

La Diputación Provincial de Zamora en el ejercicio de las competencias

legalmente establecidas en materia fomento del patrimonio y la cultura en general y de la promoción turística en particular, y a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 de la Ley 10/1997 de 19 de diciembre, de Turismo en Castilla y León, tiene como finalidad la promoción, difusión y fomento de los recursos turísticos de la provincia, en coordinación con los municipios, encaminada a la atracción del turismo hacia la provincia de Zamora, y todas aquellas acciones para posibilitar el posicionamiento de la oferta turística de la provincia en los mercados turísticos de carácter nacional e internacional, bien sea de forma directa o a través del Patronato Provincial de Turismo como organismo autónomo local, reconociendo la gran importancia y la magnífica proyección que suponen todas las acciones que tengan que ver de manera directa con el arte sacro, cuyo mayor exponente es, sin duda, la magna exposición Las Edades del Hombre, manifiesta:

Primero:

Que en el Pleno celebrado en la Diputación Provincial el pasado 14 de agosto, con el fin de responder al interés de la sociedad en su conjunto, aprobó por unanimidad de todos los Grupos Políticos representados en la Institución (Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Ciudadanos) una moción mediante la cual ha quedado patente el apoyo firme a esta Magna Exposición.

Segundo: El prestigio de la Exposición “Las Edades del Hombre”, la calidad y el éxito de

los trabajos que, desde sus inicios, ha desarrollado la Fundación en investigación, conservación y difusión del arte sacro de toda la Comunidad Autónoma –el más importante de Europa– hace que esta solicitud se haya perfilado como una gran oportunidad para el municipio y la comarca de Toro, y para toda la provincia.

Tercero:

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Una vez hecho público el anuncio, el pasado 28 de agosto, de que la ciudad de Toro el ciclo de esta magna exposición en las sedes episcopales, queremos felicitar a todos los toresanos y a toda la provincia de Zamora, entendiendo que tan magnífica noticia redundará en beneficio de todos los zamoranos.

Por todo ello, se propone que el Pleno de la Corporación adopte el siguiente acuerdo:

ÚNICO: Todos los Grupos Políticos de la Diputación de Zamora manifiestan su satisfacción porque la edición que se celebrará de las Edades del Hombre en el año 2016, haya recaído en la ciudad de Toro. Este acontecimiento, será una magnífica oportunidad para todos los zamoranos. Para Toro y para nuestra provincia, de ahí nuestro compromiso de trabajo y nuestro deseo de convertirnos en un referente a nivel nacional e internacional mostrando toda la riqueza patrimonial, cultural, turística, gastronómica que poseemos.

Conocida la moción y acordada precisamente su urgencia por unanimidad, el

Pleno de la Corporación, sin intervención alguna al respecto, acuerda también por unanimidad aprobar la moción y, por tanto, convertirla en resolución corporativa.

* * *

Adoptado este acuerdo y antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, por la

Sra. Presidenta se manifiesta que hay presentadas por el grupo socialista otras mociones fuera del plazo marcado por el artículo 81.1 del Reglamento Orgánico de esta Diputación, no pudiéndose por tanto debatir en el Pleno.

No obstante y puesto que versan sobre cuestiones importantes, invita a quien

las ha presentado a que lo haga de cara al próximo Pleno con la antelación suficiente.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS Comenzado el turno de ruegos y preguntas, se da lectura al que se presenta

por el grupo de Izquierda Unida por boca de la diputada Sra. González Rogado, que dice así:

“Desde el Grupo de izquierda Unida apelamos a la sensibilidad social de la Sra. Presidenta y

de los diputados y diputadas para que, ante la tragedia de los refugiados sirios y de otros países en guerra, nos manifestemos en esta Institución a favor de colaborar en la medida de lo posible en su acogida en Zamora y sus pueblos, y que nos declaremos de manera simbólica “Provincia Refugio”.

XXX Es seguidamente el portavoz del grupo socialista, Sr. Plaza Escudero, el

que dice querer formular un ruego, manifestándosele por la Sra. Presidenta que ello no es posible en este momento de la sesión, pues el Reglamento Orgánico dispone que los ruegos deberán presentarse por escrito antes del inicio de la misma.

Y a este respecto pide al Secretario de la Corporación que de lectura del

artículo que regula este asunto.

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Así pues, toma la palabra el Sr. Secretario indicando que conforme al artículo

83.2 del Reglamento Orgánico de esta Diputación: “Los ruegos se habrán de anunciar sucintamente por escrito al Presidente antes del comienzo de la sesión”.

Por lo tanto, aclarado este extremo, la Presidencia concede de nuevo la

palabra al Sr. Plaza Escudero pero para que de lectura a una pregunta que presentó en el último Pleno que dice como sigue:

¿En qué situación legal se encuentran los concejales tesoreros nominados

recientemente para el ejercicio de su función como tesorero? ___ Contesta a ello el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Sr. Tomás

Fernández, señalando que por la Sra. Presidenta se han pedido informes sobre todo este asunto, con la esperanza de que se llevará a cabo una rectificación y las cosas seguirán estando como hasta ahora, puesto que “se ha creado un problema donde no lo había”.

Tras estas palabras y puesto que no hay otros asuntos que tratar, ni más

ruegos y preguntas que contestar, se levanta la sesión siendo las once horas y cincuenta minutos del día al principio señalado, extendiéndose de todo lo tratado la presente acta, de la que yo, el Secretario de la Corporación, doy fe.

Vº Bº LA PRESIDENTA, EL SECRETARIO, María Teresa Martín Pozo Juan Carlos Gris González

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL ......8) Por acuerdo del Pleno Corporativo, en sesión...

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