Post on 26-Dec-2019
La Cámara de Zonas Francas del Uruguay organizó un foro con los abogados Juan Bonet, Ignacio de Posadas y Alberto Varela.
Tributaristas analizaron impacto del levantamiento automático del secreto bancario
La Cámara de Zonas Francas del Uruguay organizó un foro para abordar los desafíos que enfrenta el sector bancario ante la decisión asumida por el gobierno uruguayo de avanzar en acuerdos automáticos de información fiscal sin orden judicial previa con terceros países. Los abogados Juan Bonet, Ignacio de Posadas y Alberto Varela participaron de un encuentro que se desarrolló en el hotel Sheraton y fue moderado por el profesor Leonardo Costa, titular de Derecho Financiero de la Universidad Católica.
Orlando Dovat, presidente de la Cámara, destacó el compromiso de la gremial empresarial con los temas nacionales y manifestó que el objetivo de propiciar el debate fue contribuir a la formación de opinión. El empresario abrió la exposición dando lectura a una entrevista realizada al ministro de Economía, Mario Bergara, en relación al compromiso de intercambio de información tributaria asumido por Uruguay en el Foro Global de Transparencia realizado en Berlín.
Con esa base y ante una amplia concurrencia de público, los expertos intercambiaron opiniones sobre la posible afectación del derecho a la intimidad ante la posibilidad de que se active el levantamiento automático del secreto bancario.
Por otra parte, Dovat celebró que se cumplieran 27 años de vigencia de la Ley de Zonas Francas y garantizó que la Cámara continuará impulsando el análisis de temas de interés para el país. Además, realizó un reconocimiento a Daniel Carriquiry, quien presidió la entidad desde el año 2008 hasta abril de este año.
Cámara Uruguaya de Zonas Francas Secreto Bancario en el Uruguay: desafíos y oportunidades Orlando Dovat Muy buenos días. En nombre de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, quiero darles a todos la bienvenida. El tema que hoy vamos a plantear es un tema que ha despertado mucho interés, y eso lo confirma la excelente respuesta a esta convocatoria. Antes que nada quiero compartir con ustedes que hoy, pero hace 27 años, el 16 de diciembre de 1987 se aprobaba la ley de Zonas Francas o sea que ya podemos ir pensando que tiene 27 años -‐ está por acá el contador Ricardo Zerbino que fue el firmante de esa ley y uno de los promotores además de autor de la ley de Zona Franca -‐ un tema muy importante para el país que si hoy lo miramos en perspectiva como la propia ley forestal, la ley de promoción de inversiones, leyes importantes que se aprobaron en aquellos años, podemos tener algunas respuestas a los excelentes resultados del presente en cuanto a la generación de empleo que se ha creado a lo largo de estos años, en la inversión y en la participación en el producto bruto interno del país. Eso quería destacar hoy, un acontecimiento que se casualmente porque nadie convocó a esta conferencia por ese motivo; les queríamos recordar a los directivos y gente de zonas francas que casualmente hoy podemos celebrar esa fecha. En segundo lugar quería hacer un reconocimiento especial al Cr. Daniel Carriquiry, con quien iniciamos en el 2008 la Cámara de Zonas Francas del Uruguay y en quien recayó la responsabilidad de su liderazgo y ser el primer Presidente de la misma desde su fundación hasta este año 2014. A partir de abril de este año debí asumir este cargo yo. Así pues, desde 2008 hasta ahora el Cr. Carriquiry se puso al hombro la Cámara por dos períodos, estando al frente por 6 años. Institucionalmente ya ahora podemos decir que existimos, que somos y que reunimos un grupo de usuarios y explotadores muy importante y tenemos una voz a ser escuchada por el gobierno, por las fuerzas vivas en general. Contamos con el reconocimiento de todos los actores involucrados con las zonas francas del Uruguay. Se procede a la entrega de una placa de reconocimiento a Cr. Carriquiry Este es un reconocimiento por los años de esfuerzo, casi diría que se hace entre casa porque ustedes saben que con Daniel hemos sido socios años, fundamos el estudio Dovat Carriquiry, después de eso creamos la Zona Franca de Montevideo, creamos antes Costa Oriental, luego cada uno corrió por caminos distintos, él con Costa Oriental y yo con Zonamerica. Daniel es un gran trabajador, un hombre que ha dado todo su esfuerzo por esta causa. En nombre de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, muchas gracias Daniel por el esfuerzo realizado en estos seis años.
Y para darle entrada al tema, un tema que realmente es del interés de todos y de mucha más gente que la que está acá, yo creo que para ponerlo e contexto elegí un artículo que salió en el diario El Observador hace unos días donde el ministro Bergara nos dice cuál es la posición de alguna manera del gobierno a efectos de dar una base para que en esta mesa redonda podamos tener la voz del gobierno que es muy importante en todo este tema.
Entrevista realizada al Ministro Mario Bergara en el Diario El Observador
Esto salió publicado el 5 de diciembre del 2014 y el autor es Carlos Loaiza Keel y dice lo siguiente: Nada mejor que la última edición del año de Consultor Tributario, este espacio que dirigimos en El Observador con el apoyo de Thomson Reuters, para enfocarnos en el tema que ha generado más repercusión e interés en materia tributaria en los últimos tiempos: el compromiso que Uruguay asumió en el Foro Global de Transparencia de poner en práctica el estándar de intercambio automático de información tributaria para el año 2017. Sabemos que este compromiso no es un acto aislado, sino parte de una estrategia coherente y constante del gobierno en la materia, y es por ello que entendimos esencial contar con una visión completa del asunto de parte de nuestras autoridades. En este sentido, agradecemos al Sr. ministro de Economía, Mario Bergara, por concedernos la muy interesante entrevista que hoy publicamos, así como al subsecretario, Ec. Jorge Polgar. Y como si poco fuera, también recibimos en este número la calificada opinión del doctor Leonardo Costa, a quien también agradecemos enormemente por su generoso aporte, hecho desde su rica experiencia en el sector privado y responsabilidades de gobierno. Por nuestra parte, y como hemos venido sosteniendo desde hace ya años, creemos en una concepción tributaria en la que Uruguay sea fiel a su bien ganada reputación internacional y apueste por la transparencia y mejores prácticas internacionales en materia fiscal, sin por ello renunciar, con un enfoque de realpolitik, a las ventajas que puede presentar como centro de servicios y logístico para toda la región. Es más, creemos que Uruguay debe apostar seriamente por medirse con los mejores, como única senda para encaminarse seriamente al desarrollo. Claro que consideramos asimismo, a partir de las corrientes internacionales y de nuestra propia experiencia profesional acompañando a los contribuyentes, que éste es también el momento propicio para emprender reformas que aprovechen la transparencia e ingente información de que las Administraciones disponen en favor del contribuyente, a saber: límites temporales para las inspecciones, reducción del período de prescripción, incremento de deducción de gastos en impuestos a las rentas y justicia tributaria especializada, entre otras. Estamos persuadidos de que este es el momento de la transparencia, pero también el de trabajar juntos por un indispensable pacto social: el que asegure un equilibrio entre el imprescindible derecho del Estado de recolectar impuestos para satisfacer necesidades públicas, y el respeto de los derechos individuales, ambos cruciales para un progreso humano genuino.
A continuación, la entrevista concedida por el Sr. ministro de Economía y Finanzas, economista Mario Bergara. ¿Qué implica para Uruguay el compromiso asumido el 29 de octubre pasado en Berlín, en la reunión anual del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines Tributarios? Permíteme, en primer lugar, poner un poco de contexto. Para analizar la agenda en materia de cooperación tributaria internacional desarrollada por los gobiernos del FA es necesario tener presente, al menos, dos planos. Me refiero, por un lado, al punto de partida, al estado de situación que encontramos al inicio del primer gobierno de Tabaré Vázquez en marzo de 2005 y, por otro lado, a las tendencias y realidades que se han desplegado en la materia en los últimos años a nivel internacional. Basta con señalar que la situación de opacidad construida a lo largo de los años y décadas en torno a la plaza financiera era, desde todo punto de vista, insostenible. El proceso de desmontaje del conjunto de normas y prácticas que le daban sustento no ha sido una tarea sencilla y, ya desde la reforma tributaria con la eliminación de las SAFI dimos pasos decisivos en la buena dirección. El proceso continuó con los ajustes legales relativos a las condiciones de acceso a la información bancaria, la eliminación del secreto de los titulares de acciones al portador y la firma de acuerdos de intercambio de información, entre otros ajustes. Pero, además, sería un grave error, en el cual lamentablemente han caído sectores de la oposición así como sectores privados interesados, desconocer las tendencias y realidades internacionales. Desde hace varios años, y especialmente desde la crisis financiera global de 2008, ha habido un intenso y sistemático proceso de convergencia de las normas nacionales e internacionales que tienen como objetivo combatir la evasión fiscal y promover la transparencia. Ignorar este proceso es, reitero, un grave error. Uruguay, junto a 121 países y jurisdicciones del mundo, integra el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios y, en su marco, ha participado del llamado “Proceso de Revisión entre Pares”. Hemos cumplido con la llamada Fase 1, que analiza la normativa existente en cuanto a su capacidad para cooperar en un marco de transparencia, y estamos transitado la Fase 2, que está orientada a la evaluación del efectivo intercambio de información. No hay espacio para estrategias nacionales que hagan de la opacidad en materia fiscal una fuente de competitividad. Por el contrario, entendemos que la estrategia nacional de desarrollo exige comprender a cabalidad las tendencias y realidades en la materia que nos compete, las nuevas reglas en materia de fiscalidad internacional. Es desde esa comprensión que podremos definir, con la mayor autonomía posible, los tiempos y las características de nuestra agenda y la promoción del interés nacional. Somos partidarios de que Uruguay sea un centro de servicios globales, incluyendo los servicios financieros, y trabajamos desde el sector público y el privado en esa dirección. Pero nunca sobre la base de pretender que la opacidad sea una ventaja competitiva. No estamos dispuestos a que la reputación y la inserción internacional del país sean rehenes de pequeños intereses privados ni de concepciones políticas obsoletas y reaccionarias. Es en este marco que asumimos los compromisos ya conocidos en materia acuerdos de intercambio de información previo requerimiento. Actualmente el país lleva suscritos 16 convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal y 15 acuerdos
de intercambio de información.Respondiendo al proceso internacional del que dimos cuenta, el gobierno manifestó formalmente su compromiso con la nueva norma global sobre intercambio automático de información, señalando que se intentará que los primeros intercambios puedan realizarse a fines de 2017 o en 2018. ¿Cuáles serán los próximos pasos en el proceso de convergencia a los estándares internacionales de intercambio de información tributaria para Uruguay? La próxima administración deberá realizar una serie de ajustes normativos y enfrentar importantes desafíos institucionales, a los efectos de estar en condiciones de implementar el intercambio de información automática. Las adecuaciones y los ajustes normativos, que deberán tener aprobación parlamentaria, refieren al acceso de cierto tipo de información en poder de las instituciones de intermediación financiera y otras entidades obligadas por el secreto bancario por parte de la DGI. Asimismo se debería impulsar una norma legal que expresamente establezca que la información obtenida por la DGI pueda ser intercambiada en el marco de instrumentos internacionales. Por otro lado, se debería extender al cumplimiento del estándar automático de intercambio de información tributaria las obligaciones de notificación y diligencia debida que ya existen para las instituciones financieras en materia de lavado de activos. Asimismo, se deberá elegir un instrumento legal para el intercambio de información. En el caso de los Acuerdos de intercambio de información tributaria, hasta la fecha, nuestro país únicamente se ha comprometido a acuerdos previo requerimiento, lo que implicaría la necesidad de renegociar los mismos incluyendo, eventualmente, la modalidad de intercambio automático. En el ámbito administrativo, y para activar y hacer operativos los intercambios automáticos, se necesitan memorandos de entendimiento entre autoridades competentes de los países. Estos memorandos detallan la información que será objeto de intercambio y tratan cuestiones prácticas como el momento y el formato del intercambio. Más allá de la razonable adecuación en materia de infraestructura, y sin perjuicio de que eventualmente se deban tener que dictar alguna norma complementaria, nuestro país cuenta con un marco adecuado en materia de confidencialidad y protección de datos. ¿Está previsto que Uruguay adhiera al Acuerdo Multilateral de Intercambio de Información Tributaria?, ¿cuál es la política de Uruguay respecto de otros procesos de transparencia, como por ejemplo la Ley FATCA de Estados Unidos? Nuestra estrategia de desarrollo incorpora nuestra vocación de cooperación internacional. No nos incorporamos irreflexivamente a dinámicas sin analizarlas detenidamente ni aceptamos imposiciones. Sólo entendemos que está en el interés nacional mirar al mundo, como país pequeño y abierto que somos. La inserción externa del Uruguay debe hacerse a base de credibilidad y transparencia. La imagen y la reputación deben reflejar la realidad de manera transparente, sin maquillajes, para que agreguen valor a la prestación global de servicios. Un caso claro es el de la Ley FATCA, para la cual el sistema financiero uruguayo ya está prácticamente pronto para cumplir. Una vez más, las políticas de opacidad están absolutamente fuera de nuestro
menú de opciones.
Con la presente lectura creo haber arrojado luz sobre la posición del Gobierno, sabiendo a través de ella qué es lo que opina y hacia dónde quiere ir. Ahora vamos a tener otros puntos de vista. Para ello convocamos a una serie de expertos en el tema y le pido al Dr. Leonardo Costa, que es además nuestro asesor jurídico en la Cámara, un experto en los temas de ordenamiento financiero y tributario, que oficie de coordinador y presentador de los profesionales que nos acompañan.
Dr. Leonardo Costa
Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Primero que nada creo que Orlando acaba de dar una introducción bastante exhaustiva de lo que ha sido la posición del actual Ministro de Economía
Yo voy a moderar, no voy a hablar del tema, pero sí me parecía relevante esta introducción que hace Orlando para enfocar. Y acá quizá las preguntas que tenemos para responder son: ¿Existen opciones? ¿Cómo se ha venido desarrollando el mundo? ¿Hacia dónde debiera ir el Uruguay? ¿Qué caminos posibles hay? ¿Qué cambios legislativos habría que plantear? ¿Está bien, está mal? Yo creo que hay temas de dirección y velocidad que también quizá haya que ver. Para esto hemos convocado a tres juristas. Al Dr. Juan Bonet que es profesor de derecho financiero de la Universidad Católica. Tiene posgrados en España sobre todo sobre temas de fiscalidad internacional. Acá se da la casualidad que hay dos personas con las cuales trabajé y con los dos me formé. Uno como jefe y el otro como ayudante, con lo cual es un placer estar con Alberto Varela, otra persona que también tiene mucha experiencia en los temas tributarios, es profesor de Derecho Financiero en la Universidad ORT, ha dado cientos de conferencias de estos temas, integrante del Instituto de Estudios Tributarios, ha publicado extensamente sobre temas tributarios. El otro invitado es Ignacio de Posadas, abogado, profesor de Derecho en la Universidad Católica, además de toda su experiencia pública que ustedes conocen en estos temas tiene una vasta experiencia y es también un placer tenerlo acá con nosotros, quien también ha escrito de estos temas y ha tenido una posición en estas situaciones y parece ser importante conocer también otros puntos de vista.
Vamos a empezar por el Dr. Juan Bonet.
Dr. Juan Bonet
Buenos días para todos, gracias por asistir en estas fechas complicadas, días complicados, creo que el horario favorece y a la prueba está la convocatoria que se tuvo y además creo que es un tema de actualidad. Voy a aprovechar mis 15 minutos sin intentar solaparme con los demás asistentes y expositores con lo cual voy a tocar básicamente tres temas.
En primer lugar, un poco la introducción que Orlando Dovat realizó respecto de la parte descriptiva llamémosle, de la nota en la que participó Mario Bergara ya me da mucha tienda para no tocar esa parte descriptiva sino algunas cuestiones relacionadas con el tema del “CRS”, del Common Reporting Standard al que Uruguay se comprometió el 28 y 29 de octubre en Berlín, pero es importante igual nombrar, al menos desde el punto de vista descriptivo del documento de Berlín, determinadas cuestiones que hay que considerar.
En primer lugar, las consideraciones que se pueden hacer respecto del intercambio automático al que se compromete Uruguay tiene varias cuestiones que surgen explícitamente del documento:
-‐ No es un intercambio automático de toda la información a efectos fiscales, sino que en principio es un intercambio automático de información financiera, no se habla de otro tipo de información.
-‐ Es un intercambio que va a ser paulatino, Uruguay tiene que hacer ajustes grandes en su legislación para poder a fines del 2017, según lo que dice el documento, cumplir con ese estándar de intercambio automático.
-‐ Obviamente, todos esos ajustes van a redundar en un cambio necesario y prácticamente evidente en la normativa interna del levantamiento del secreto bancario a efectos fiscales. Eso es clarísimo.
En segundo lugar, hay una cuestión que no se toca básicamente en la presentación pero que es una derivada necesaria que entendemos así, al menos en la parte profesional en Guyer. El secreto bancario tiene larga data en Uruguay, desde el año 82 básicamente, sin perjuicio que a los efectos fiscales el código tributario actual del año 74 tenía un inciso que hablaba del levantamiento del secreto bancario que la ley del 82 terminó derogando, hay que tener en cuenta que es una subespecie de secreto profesional. No se está diciendo en ningún momento qué va a suceder con aquellos sujetos que no están amparados por secreto bancario si no que están amparados por secreto profesional pero que manejan información financiera. Ahí hay un brete a mi entender enorme en el sentido de que va a suceder porque en el secreto profesional, como ustedes saben, el artículo 302 del Código Penal siendo que es el género y el secreto bancario es la especie, por ejemplo hay sujetos que no tienen esa protección del secreto bancario, tienen el secreto profesional. ¿Cómo va a quedar esto? no se sabe.
Eso fue la parte descriptiva. Para poner un aditamento en las valoraciones o motivaciones que llevaron a Uruguay a asumir este compromiso. Sin nombrar en profundidad nada del 2 de abril de 2009, de Uruguay y la inclusión en las listas gris y negra, que ya todos sabemos y es repetitivo, para aprovechar el tiempo (Uruguay pasó a la lista blanca a fines del 2011 de la revisión por pares del Foro de Transparencia Global) hay cuestiones nuevas que como ven, dan muestras de que esto es muy dinámico y que hacen que Uruguay tenga una cierta posición y que las autoridades también asuman una posición en pos de lo que se ha llamado “la búsqueda de la transparencia”.
En primer lugar la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), desde el año 2010 una ley americana que se llama la ley de incentivo del empleo, que es la “Hire Act de Estados Unidos, la normativa Fatca lo que hace es obligar, (-‐es una ley americana totalmente extraterritorial -‐ tal es así que está en el código tributario interno estadounidense artículos 1471 y siguientes) a las instituciones financieras y a algunas instituciones no financieras “de todo el mundo” a reportar cuentahabientes americanos y hacer un complaince también para acreditar que no hay cuentahabientes americanos directamente al IRS. Hoy Uruguay no tiene lo que se conoce como el IGA, no tiene un acuerdo que permita regular el tema FATCA. Pero Estados Unidos -‐ y acá ya conecto con el documento de Berlín-‐ tomo en cuenta el tema Fatca y dijo yo voy a cumplir el CRS, el intercambio automático de información financiera en el marco de Fatca. Acá está clarísimo que Estados Unidos, dijera Sinatra, lo va a hacer “MY
WAY”, a su manera, va a decir cómo va a aplicar el intercambio automático, y como va a aplicar ese estándar y lo va a hacer a través de FATCA. Algunos han hablado no sé si irónicamente o no de GATCA porque al final termina siendo un tema global, es una ley extraterritorial que obviamente choca -‐en principio-‐ con la normativa que tenemos vigente hoy del secreto bancario, de protección de datos personales y alguna otra, pero Estados Unidos puede darse el lujo de hacerlo y los Bancos no pueden darse el lujo de no hacerlo como está la situación. Soy totalmente realista.
También se ha hablado un poco de que en realidad -‐y quiero entrar en materia de mi exposición-‐ que esto es en “búsqueda de la transparencia” y de una “homogeinización internacional de los estándares”. La verdad yo opino que eso es bastante relativo. Yo no digo que no sea así, digo que es relativo, ¿por qué?, porque el concepto de contexto internacional es un concepto totalmente multiforme y hasta difícil de aprehender. Entonces por qué lo digo. Porque si no uno ve lo que es el intercambio automático de información que han aplicado otros países, han aplicado matices. No hay un contexto internacional que deba ser aplicado en bloque para que Uruguay diga: “esto es lo que dice la transparencia internacional, esto es lo que dice la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Hay documentos, hay cuestiones a considerar, pero también hay matices. ¿Cómo Uruguay puede lograr aplicar sus matices? Y partiendo de un presupuesto fundamental, y esto ha salido mucho en trascendidos de prensa -‐yo lo he escuchado mucho, ustedes lo deben haber escuchado-‐ que es “no demonicemos a la OCDE”, yo estoy de acuerdo. “No demonicemos a la OCDE”, pero agrego “tampoco la endiosemos”. Son dos cosas distintivas, es un balance con razonabilidad y que Uruguay pueda aplicar una política que considere conveniente en la medida de sus posibilidades. ¿Cuáles serán esas posibilidades? Y la verdad que pocas. Esa es la realidad. Pero yo quiero en realidad decir que se adopta el intercambio automático por las razones correctas, no porque esto sea como una especie de certificación ISO y digan esto es así. En realidad hay matices y les voy a mencionar.
Obviamente, acá no hay un tema en intercambio automático de tributación efectiva. Claramente no lo hay. Es decir, los países centrales no les importa en absoluto-‐ y ni siquiera es el caso de Uruguay-‐ que la tributación de los no residentes sea baja o nula. Tal es así que se da la “ironía fiscal” que es que al final con el sistema de TAX CREDIT a todos los países centrales que son exportadores de capital y aplican el concepto de renta mundial les conviene que se invierta en paraísos fiscales. Porque al no pagar impuestos en el país donde de recepción de la inversión ¿cuál es el crédito fiscal que va a tener en impuesto a la renta por renta mundial de esos países? Cero. Los Estados centrales (desarrollados) van a recaudar más si se invierte en países que no tributen, con lo cual el problema es que se dice que con esos países, esas rentas no se declaran y ahí viene el enganche con el intercambio de información y ahí viene el enganche de lo que se busca acá. Tal es así que si ustedes recuerdan en el año 2013, nuestro vecino Argentina sacó una norma que cambió totalmente el paradigma de lo que se considera baja o nula tributación a los efectos de precios de transferencia. Ya no importaba que no tributaran sino que no existiera intercambio efectivo de información. Entonces por ahí van los tiros, por ahí va el estándar al que Uruguay se está comprometiendo, es el estándar que de alguna manera debemos analizar.
La otra cuestión obviamente relevante es que esto va asociado claramente no solo al instrumento FATCA, no solo al instrumento intercambio automático de información financiera, si no al instrumento de compliance en materia de prevención de lavado de activos. Todo esto, si queremos aprovechar los meses venideros y Leonardo ya en épocas
anteriores de alguna forma se ha pronunciado sobre el punto es decir bueno, el círculo se cierra de alguna manera con el delito fiscal como el delito base del de lavado. Ese es el marco completo, ese es el tándem que se puede tomar en consideración para ver cuáles son las cuestiones que se deben discutir.
La pregunta es si esto conviene o no conviene a Uruguay, eso puede tener una valoración política. Mi valoración es técnica. Yo lo que puedo decir es lo siguiente: obviamente la ley 18.718 del año 2010 previó un levantamiento judicial del secreto bancario caso por caso con distintos requisitos. Si es un requisito de un pedido de fisco extranjero se tiene que tener algún convenio con cláusula internacional de intercambio de información, o un convenio puro y se deben respetar los requisitos de cada convenio. Como decía Orlando Dovat cuando citó a Bergara, todos nuestros convenios, absolutamente todos, tienen intercambio a previo requerimiento con lo cual (dos más dos): con el intercambio automático, esa ley que ya prácticamente no se ha aplicado en los hechos va a tener que cambiar. Obviamente también en lo que hace al intercambio de información (y vuelvo) hay que ver si específicamente la política que se ha dado internacionalmente ha sido de aceptar en bloque las cuestiones de intercambio automático. Y acá les voy a citar, hace nada, hace aproximadamente quince días que salió una sentencia del Tribunal Supremo español, lo que sería nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo en donde se analizó el levantamiento del secreto bancario a efectos fiscales y por eso tomé el caso español, estamos hablando de Unión Europea, totalmente miembro activo del comité de asuntos fiscales de la OCDE, entonces todo eso marca una cuestión de contexto a ver como se desempeña. La verdad y si ustedes leen esa sentencia y con gusto el que no la tengo se la podemos pasar, según específicamente el derecho a la intimidad (artículo 28 de nuestra constitución, artículo 7, artículo 72 con el artículo homónimo español, ¿no?) se nombra específicamente que implican las expediciones de pesca. Entonces, a lo que voy: sin valorarlo les quiero trasmitir mi percepción del asunto de que países centrales, que fueron los primeros que adoptaron el intercambio a nivel de Fatca por ejemplo, marcan una tendencia en relación a qué opinan sobre esas cuestiones y el Tribunal Supremo se pronunció sobre esas cuestiones.
Y además obviamente nosotros, al menos desde el punto de vista de la asesoría de nuestros clientes, es claro, yo creo que nadie puede tener una posición imparcial, todos somos parciales –en nuestro caso soy asesor de la parte privada y voy a decir la posición que defienda a los clientes con razonabilidad-‐ y esa posición es que en muchos casos si un cliente me pregunta si el intercambio automático de información es un intercambio que propende a la protección de derechos, yo la verdad voy a contestar que no. O sea, no digo que no sea la intención del Gobierno proteger esos derechos. Lo que pasa es que en mi opinión no vemos como un intercambio automático pueda proteger en su totalidad esos derechos, no veo una cuestión de relación de protección total como se podría dar con un intercambio a previo requerimiento. Porque ¿qué sucede?: si hay un intercambio a previo requerimiento de alguna manera el administrado puede controlar la pertinencia del intercambio de información. Y no me quiero ir muy lejos sin nombrar el caso Falciani, que ustedes deben haber escuchado de las bases robadas que se dio por Hervé Falciani en donde actualmente están llegando las notificaciones de la Administración Fiscal de Ingresos Públicos, la AFIP, a contribuyentes diciendo genéricamente tres tipos de cuestiones: 1. Sabemos que usted tiene cuenta no declaradas en tal jurisdicción en aplicación de tratados internacionales que se tienen en vigor. No se dice que tratado, como ustedes saben Argentina renunció, esto es, dejó de tener en vigor tratados de intercambio de información.
2. Sabemos que usted tiene cuenta en tal jurisdicción y es tal número de cuenta. 3. Usted tiene cuenta y la posición. Entonces, acá hay una mezcla muy grande. Se busca la transparencia que es la ausencia de opacidad con toda la valoración que implican esas connotaciones. En realidad Argentina está buscando un tema de protección de cambios, de lo que implica la repatriación de monedas que influyen enormemente. Si ustedes escucharon el caso Procter & Gamble que salió en prensa hace dos semanas, a la Procter & Gamble se le suspendió el QUIT Lo que sería el RUT nuestro, el registro único tributario, no podía operar porque Procter & Gamble lo que hizo fue pagar regalías y pagar servicios en una única factura. Y se dijo que hubo sobrefacturación, y vuelve el tema de la transparencia, el intercambio automático como todas estas cuestiones. Yo estoy dando un dato de la realidad y eso es lo que ha sucedido. Ustedes lo valorarán, nosotros haremos nuestra valoración pero es lo que ha sucedido, y además, lo que si se debe tener en cuenta, y acá término, es que si nosotros hacemos un intercambio automático de información a efectos financieros, nada nos garantiza que el uso de la información sea para fines fiscales, nada. O sea hoy en día no está estructurado en los documentos que saca la OCDE como en realidad se van a proteger esos derechos. Se habla de secreto tributario a nivel internacional. Lo que pasa es que esta es una ola que se viene, o sea va a estar no les puedo decir que no va a suceder que se adopte el estándar (lamentablemente o afortunadamente, de acuerdo al prisma con que se lo mire). Esto va a ser así. El tema es si nosotros podemos asumir de alguna manera que el criterio que se tome en cuenta para el intercambio automático protege derechos individuales. A mí me da la sensación que los derechos individuales se pueden restringir por razones de interés general, el tema del interés general acá hay que ver si ese interés general es el evitar sanciones. Considero que Uruguay no puede estar y no debe estar y no tiene el mérito para estar en ninguna lista de nada. Uruguay ha cumplido todas sus obligaciones, el intercambio automático no lo hace en ese estándar móvil que se habla en general por los especialistas, no ha dejado de cumplir con todas las condicionantes, el tema es, vuelvo a decirlo, razonar y tener en cuenta que la demonización de la OCDE no es buena (porque tiene muchas externalidades positivas). Tener en cuenta que la indexación de la OCDE tampoco es buena, sino un camino del medio, digamos. Entonces esas son las cuestiones que se van a discutir y obviamente quedamos a disposición para preguntas.
¡Gracias!
Dr. Ignacio de Posadas
Bueno, la verdad que no dejo de sorprenderme la cantidad de masoquistas madrugadores que hay en Montevideo. En lo cual no incluyo a los integrantes del estudio que saben que si no vienen a escucharme están despedidos.
Yo creo que es importante tratar de poner en contexto todo esto. Creo que es muy importante en todo sentido ubicar esto en la realidad.
El primero es este tema del secreto bancario porque nosotros en esa tendencia a facilitar, a encapsular, vamos repitiendo una cosa y muchas veces haciéndolo, lo distorsionamos. Porque uno puede pensar que el secreto bancario es una suerte de privilegio en favor de los bancos, cuando en realidad no es así. Lo que está en juego acá no es un privilegio comercial para cierta actividad. Lo que está en juego acá, como lo dijo Juan, es una de las concreciones prácticas de un derecho consagrado por la constitución, que es el derecho a la intimidad que se da en esta actividad, se da en materia profesional, se da en materia tributaria, se da en materia comercial que es uno de los derechos más básicos y más antiguos que hay para el
ser humano. Y eso yo creo que es importante de retener porque de lo contrario se facilita el tipo de argumentación – y sobre esto voy a volver -‐ que escuchamos en boca del actual ministro de Economía, que no ha sido muy original en relación a sus antecesores que argumentaban en los mismos carriles con la misma propensión a un vocabulario cargado de ideología. Entonces acá de lo que se trata no es de un privilegio, no es tampoco – y voy a volver sobre eso -‐ de estos términos como la opacidad que suenan tan bien. Acá de lo que se trata es si el gobierno debe o no debe cumplir con un mandato constitucional de proteger un derecho fundamental de los ciudadanos. Ese es el primer encuadre del tema.
El segundo encuadre que es de tipo práctico, es tener presente que acá no solo está afectado el secreto bancario, o sea ese derecho a la intimidad, sino que hay muchas otras cosas que están siendo empujadas en todo este proceso. La primera es la soberanía, porque más allá de las conversaciones ideológicas y demás, acá lo que hay es una presión – seamos cuidadosos en la elección de los términos-‐ a una serie de países de poderío relativo menor, entre los cuales estamos nosotros. Lo segundo, dentro de poner esto en contexto es que acá ni siquiera ha habido una pelea, un round por knock out. Esto viene ya de tiempo atrás y –voy a volver también sobre ese tema-‐ que lo que provoca es una erosión muy profunda de la previsibilidad, la seguridad, la tranquilidad, lo que normalmente llamamos el estado de derecho. Porque ésta ahora se supone que es la última ¿será la última? Es la más reciente que no es lo mismo. El otro elemento que acá está en juego, y yo creo que en eso y buena medida en este gobierno y el anterior son responsables, es violaciones muy serias a la Constitución en cuanto al principio de separación de poderes. En esta instancia, la más reciente, no la última, la más reciente, están en juego valores jurídicos que de acuerdo a nuestro sistema constitucional corresponden al Parlamento, no al Poder Ejecutivo. Nos estamos mal acostumbrando y es muy peligroso, por ejemplo que un representante del Poder Ejecutivo diga, bueno ahora va a haber que adaptar normas. Eso no le corresponde al Poder Ejecutivo, le corresponde al Parlamento que en esta instancia y en todas las anteriores no fue ni consultado, ni se pasaron los temas a su aprobación, ni siquiera fue informado. No había ni siquiera una instancia, ya no llamémosle jurídica, llamémosle política de por lo menos les voy a explicar lo que ya hice. Ni eso ha habido. Ahí hay otro principio muy importante que está siendo vulnerado.
La otra perspectiva o punto de vista para poner en contexto es, como decía, que esto no empezó ahora. Hagamos rápidamente un poco de memoria. Empezó con la eliminación de las Safis, después vino el abandono del criterio territorial en materia de tributación, una cosa gravísima para nosotros, negativa. Después vinieron flexibilizaciones al secreto bancario, después nos dijeron que había que firmar un mínimo de tratados, 12 creo que eran, después resultó que no era un tema cuantitativo si no que teníamos que firmar los tratados que querían que firmáramos o sea aquellos que más nos perjudican, aquellos que se llaman relevantes o con países relevantes. Después vino la eliminación de las acciones al portador y ahora estamos en el intercambio administrativo sin intervención judicial a puro pedido – también voy a volver sobre esto-‐ que no requiere ni presunción de ilícito, ni siquiera fundamentación, automático y encima voluntario. Pero no termina acá la historia, porque en esta instancia como en las anteriores, el anterior gobierno y este han repetido un modus operandi que para mí es muy peligroso, que es no consultar, no se ha consultado a nadie sobre esto, no informar, comprometerse e inclusive después del compromiso, salvo que de alguna manera se les provoque o mismo fuerce, tampoco hay información cabal posterior. Y creo que al respecto es interesante recordar los argumentos que daba el gobierno cuando la firma del tratado de intercambio de información con la Argentina. Ahí el
gobierno hizo todo un esfuerzo por explicar, fundar, justificar el por qué se firmaba el acuerdo con Argentina y escuchen los argumentos porque es interesante. Lo primero que decía el gobierno (y estos son citas): “no toda la información será objeto de intercambio, únicamente lo será aquella previsiblemente relevante”. Eso era mérito en la instancia de la firma del tratado con Argentina. Entonces ahora se acabó, basta que sea presumiblemente relevante.
Decía el gobierno entonces: “Son aplicables a estos procedimientos (que surgen del tratado con Argentina) las normas internas del Uruguay que fijan el estatuto de protección o tutela jurídica de las personas”. Acá no queda en pie nada. El intercambio es automático y a nivel administrativo.
Decía el gobierno: “La solicitud de información debe ser específica”. Pues ya no, aquello de los fishing expeditions, vayan preparando las cañas porque va a ser así.
Decía: “El levantamiento del secreto bancario deberá ser autorizado por juez competente”. No más.
Y remataba el gobierno en justificación de la firma del tratado con Argentina, vuelvo a citar textualmente: “que el acuerdo no permite el intercambio de información automático, espontáneo, sectorial, fiscalizaciones o comprobaciones simultáneas, ni fiscalizaciones o comprobaciones tributarias en el extranjero”. Ahora comprende expresamente todo eso, absolutamente todo. Todo aquello que habíamos preservado como virtud, ahora fue.
Muy rápidamente vamos a reseñar que es lo que contiene esta nueva instancia y hago hincapié en eso porque en este mecanismo de ir cediendo y cediendo y cediendo, obviamente cada vez se hace más difícil clavar el talón y decir, no, no hasta acá llego. Y no lo hizo el gobierno tampoco en esta instancia.
¿Cuál es el objeto de este acuerdo? con el intercambio de información obviamente, yo no estoy tan seguro en el tema en el texto y en el contexto que haya claramente una limitación a los aspectos financieros. No estoy tan seguro, y además si miro la historia para atrás eso me hace todavía menos seguro. El objeto son las investigaciones tributarias conjuntas, es decir, de otras administraciones y la nuestra y las ajenas, es decir las investigaciones de otras administraciones acá en el Uruguay, la asistencia en la recuperación de impuestos de otros fiscos, y eso relativo a un universo muy amplio de sujetos. Pero más importante del que del asunto del objeto es el cómo está previsto que eso ocurra. Bueno, lo primero como ya había dicho es que se puede pedir cualquier información que sea previsiblemente relevante. ¿Previsiblemente por quién?, probablemente por quien la pide. La información hay que proveerla ante el solo pedido, es decir que ya no hay más aquello de que tiene que haber por lo menos una presunción aunque fuera administrativa de algún tipo de ilícito, de irregularidad. Es el pedido sin fundamentación alguna que tiene que ser respondido. Tampoco para el intercambio automático, es decir, ya no solo el intercambio se va dar aun cuando haya un pedido aún sin fundamentación, sino que puede establecerse de manera regular. Ni siquiera requiere de una solicitud o del caso que ocurra ni lo uno ni lo otro, también se prevé el intercambio espontáneo y periódico e incluso en cooperación de las administraciones y además la posibilidad que haya investigaciones o actuaciones tributarias ajenas en nuestro país, siempre sin necesidad de fundamentación alguna. Incluso llega a comprometerse a dar los pasos necesarios, que ese el término que utiliza, para recuperar reclamos tributarios de otros fiscos en nuestro país.
Y ahora vamos muy rápidamente a las fundamentaciones que se han dado para esto.
El gobierno, tanto para el anterior como este, ha utilizado dos tipos de argumentos. Uno, sobre todo el actual presidente, con ese estilo que lo caracteriza, diciendo bueno, esto es así, los más fuertes nos apretan y nosotros tenemos que aflojar, no hay otra. La otra línea argumental ha sido la de los ministros de Economía, vimos el último ejemplo de la cita de Mario Bergara no es que sea un tema de que nos están presionando, esto es bueno, nos va a llevar a una etapa de desarrollo económico, de bienestar, lo que sea, superior al que tenemos ahora.
Ya llevamos diez años de este, tiempo suficiente para tratar de evaluar las dos formas de argumentación, la de que nos apretan el pescuezo y no tenemos otra o la de que esto es en realidad una bendición que otros están produciendo para nosotros.
La primera línea argumental que yo creo que es la más honesta intelectualmente, la de la presión lisa y llana, me parece que tampoco excusa la postura de nuestro gobierno, tanto el anterior como este. Es obvio que hay presiones pero es igualmente obvio que no ha habido ningún intento, ni del gobierno anterior, ni de este por hacer nada al respecto. Yo no he oído que por ejemplo se plantee en la OCDE “bueno, muy bien, diganme que es lo que ustedes van a hacer, me van a meter en la lista, macanudo ¿y qué significa para mí la lista? ¿Ustedes me están amenazando formalmente? ¿De qué? ¿De medidas de represalias comerciales? ¿Qué concretamente piensan hacer? Porque eso me parece que es un paso elemental que habilita al Uruguay a ir a la Organización Mundial de Comercio y decir yo firmé un tratado con ustedes que no tiene nada de esto. A ver si ustedes me van a aplicar a mí a instancias de una organización que yo no integro y que muchos de ustedes tampoco si me van a aplicar sanciones. E ir al Fondo Monetario y decir acá está la carta, la que yo firmé, yo soy integrante desde el principio y ¿me van a aplicar sanciones a mí?, ¿me van a impedir el acceso a financiamiento?. Lo mismo en el Banco Mundial. Si hay presiones lo menos que tiene que hacer Uruguay es sacarlas a luz ni encarar a quienes se supone que nos van a presionar, para ver, es en violación de normas internacionales. Tan claro como es. Pero yo no he visto nada, en diez años no he visto absolutamente nada de eso, no he visto absolutamente ningún esfuerzo de los gobiernos por aclarar y defenderse, defender al país.
Y en cuanto a la segunda línea argumental, no quiero extenderme mucho porque la verdad me pone de muy mal humor. Creo que ya pasó el tema del cuco financiero y todo este uso de términos cargados de ideología de la opacidad, cuando una de estas instancias anteriores el ministro anterior de Economía dijo muy afectuosamente, el tema es que tu no entendés, estamos ante un nuevo paradigma económico. Bueno, que curioso porque para tener un nuevo paradigma económico uno tendría que ver cosas muy fundamentales como por ejemplo un cambio sustancial en el paradigma de la construcción de capital humano en el país para empezar, eso no existe. O cambios sustanciales en material tecnológica, tampoco existe, o una gran unificación regulatoria de ciertas estructuras básicas en el país, no existe. Me parece que estamos ya en el ocaso del paradigma de la reversión de los flujos y de los precios de los commodities. Entonces esa concepción de que la economía es una especie de espacio reducido donde si entra lo financiero tiene que salir todo lo demás, es una cuestión muy ideologizada y muy elemental y muy nociva para el Uruguay. Y porque además -‐ y vuelvo al principio -‐ acá no está solo en juego la actividad financiera. Acá está en juego una parte muy importante de la actividad económica y más allá de todos los ciudadanos. Y de nuevo, ya va tiempo suficiente como para que uno pueda decir: la verdad es que no me
convencen tus argumentos de que esto es para mejor, porque además no he visto ningún cambio para mejor en nuestras relaciones con los demás. Yo no veo que los países de la OCDE nos estén tratando mejor, no veo que tengamos más facilidad para movernos como con los organismos internacionales. No percibo una modificación muy favorable en cuanto a las relaciones con la Argentina, para mencionar un ejemplo al azar. La verdad es que no son muy visibles estas ventajas que se supone que todo esto nos va a traer a nosotros, con además un agravante -‐y voy a terminar con esto-‐ y es que no solo vista esta realidad de presiones, si no visto el efecto multiplicador que tienen las posturas ideológicas de los gobiernos, haciendo pie en estas coyunturas, este proceso que probablemente no termine acá, en relación a las presiones internacionales, ciertamente no termina acá en cuanto a la realidad interna. Porque acá hay muy poca distancia de todo esto al razonamiento de decir, si le estoy dando todo esto a los demás, a la DGI lo menos que tengo que hacer es darle lo mismo. Y si, paramos la oreja porque el paso siguiente es el crecimiento todavía mayor del gran hermano local.
Gracias.
Dr. Alberto Varela
1era cosa que quiero dejar bien aclarada: 1°) Estoy en contra de la evasión fiscal. Entiendo que cuando alguien no paga sus impuestos nos roba a todos. 2°) Estoy a favor del derecho a la intimidad, a favor del derecho al debido proceso y a favor del derecho a no autoincriminarse que son los 3 derechos constitucionales inalienables que protege el secreto bancario. Por tanto estoy a favor del secreto bancario. ¿Es posible estar en contra de la evasión fiscal y a favor del secreto bancario? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Con un sistema en el que únicamente un Juez pueda levantar el secreto bancario caso a caso cuando hay indicios de que su titular es un evasor. Este sistema es el que rige hoy en Uruguay respecto de la DGI y respecto de los países con los que hemos firmado Tratados. 2ª. cosa: ¿A qué nos estamos obligando? ¿Qué tienen que hacer los Bancos en el 2017 según el nuevo Standard?1
1 Common Standard on Reporting and Due Diligence for financial account information
El Banco pasa a ser un investigador privado de sus clientes al servicio de Fiscos Extranjeros. Tiene que escudriñar en la vida de su cliente para averiguar si a otro país le puede interesar meterle la mano en el bolsillo. En tal caso debe mandar la información a la DGI para que la DGI se la mande al fisco extranjero que el Banco le diga. Si tenemos un tratado de intercambio automático. Claro. Luego ese Fisco le cobrará impuestos por ese depósito, o le iniciará un juicio, o lo citará para preguntarle cómo hizo para ahorrar. El Banco tiene que investigar incluso a sus viejos clientes. Aunque esté plenamente seguro de que se ganan la vida trabajando o en negocios honestos. El due Dilligence que tiene que hacer el Banco no está dirigido a confirmar que su cliente NO obtuvo el dinero en actividades ilícitas (narcotráfico, terrorismo, trata de personas, tráfico de armas, etc,) sino a averiguar cuál sería su lugar de residencia desde el punto de vista tributario. Los bancos deben comunicar todos los años el nombre y domicilio de las personas titulares de cuentas y si es una entidad tiene que llegar hasta la “Controlling Person” de la cuenta. Es muy curioso ver con qué grado de precisión establece el Standard de Berlín los indicios o sospechas a los que debe prestar atención el Banco. El Banco debe desconfiar incluso de la información documental que le dio el cliente respecto de su domicilio. Por ej. Una persona que tiene su apartamento en Punta del Este y que aportó documentos que acreditan que tiene allí su domicilio, pero si los mails que le mandó el cliente al Banco provienen de un servidor que está en otro país, ese es un indicio para dudar de su domicilio y reportar a la DGI. Otro indicios son:
1. si el cliente tiene un número de teléfono fijo en otro país, o 2. si tiene firmada una orden de transferencia de fondos hacia otro país, o 3. si otorgó un poder en otro país o 4. si tiene un HOLD MAIL o un IN CARE OF mail (servicio de retención de correo
electrónico entrante hasta que el usuario lo revise). Cualquiera de estos indicios obligan a comunicar la cuenta al Fisco local para que la envíe al extranjero. Se trata de una verdadera pesquisa secreta a sus clientes y por ende –adelanto-‐ inconstitucional.
El límite cuantitativo de la obligación de reportar para cuentas preexistentes de personas físicas es 1 millón de dólares y para sociedades US$ 250.000 Es un dulce para pasar el dinero de manos de sociedades a personas físicas. Luego lo que harán es bajar el límite de un millón. Pero no hay límite cuantitativo para las cuentas nuevas. Todos tienen que traer el certificado que diga a qué Fisco están sujetos y el banco siempre tiene que dudar del certificado. 3ª Cosa: Esto va a regir respecto de Argentina. La estrategia: “firmo con todos menos con Argentina” es una falacia. Ya lo aprendimos de la forma más dura con los Convenios de Intercambio de Información. Si avanzamos con esto, Argentina va a invocar que Uruguay es una jurisdicción relevante y un minuto después vamos a estar dándole la información bancaria al Fisco Argentino y si no, la OCDE nos va a incluir en una lista “doble black”. 4ª. cosa.-‐ ¿Hay algo para hacer? O somos espectadores de lujo? Hay opiniones muy respetables que dicen que no hay nada para hacer. Hace unos días el Dr. Leonardo Costa en una nota que publicó en el Observador bajo el título “Realista ante la OCDE” dijo que aquel que proponga no hacerle caso a la OCDE “podrá ser muy valiente, pero seguramente será un iluso”. Bueno, yo no creo ser valiente, pero tampoco iluso. Lo que propongo es IMITAR al mejor de la clase. Yo imitaría a Suiza, a Austria, a Bélgica, a Luxemburgo, a Ecuador (que está siendo muy inteligente en esta materia). Hay cosas que deberíamos hacer y otras que no deberíamos estar haciendo. Voy a empezar por las que deberíamos hacer: 1. La 1ª es ser sinceros. Contarle a la gente que estamos siendo objeto de presiones
injustas e ilegítimas. Si tengo tiempo, explico por qué son presiones mentirosas. 2. En 2° lugar hay que analizar qué tan irresistibles son esas presiones injustas. 3. En 3er. lugar, siendo presiones injustas hay que cumplir lo más tarde que se
pueda SIN INCUMPLIR. No hay ningún apuro para hacer cosas que nos perjudican. No dan premios a los primeros.
4. En 4° lugar, hay que avisar que tenemos obstáculos constitucionales que nos van
a obligar a reformar la Constitución. Si no avisamos, después no nos quejemos.
5. En 5° lugar, si cumplimos hay que cumplir dejando la mayor cantidad de loopholes posibles. Sin entusiasmo.
Y Uruguay lo hizo una vez, luego de que casi mete la pata. Me refiero a la ley de identificación de accionistas N° 18.930 de Agosto de 2012. El 27 de diciembre de 2011 el Ejecutivo había mandado al Legislativo un proyecto de ley que era más estricto que el régimen alemán en que se identificaba hasta a los beneficial owners de las acciones. Vino el verano, el gobierno escuchó las críticas que se le hicieron y después salió algo menos malo (con loopholes) que se transformó en la ley 18.930. Es decir, cumplimos pero con menos entusiasmo que en el proyecto original. Lo que no deberíamos hacer es: 1. No deberíamos habernos obligado en Berlín a efectuar los primeros envíos
automáticos de información en el 2017 al igual que los “early adopters” 2. No deberíamos decir cosas equivocadas. Alguien le dijo a la prensa que si
Uruguay no se hubiera obligado en Berlín a mandar información bancaria en el 2017 habríamos quedado en el grupo de países impronunciables como Bahrain, Nauru, Vanuatu, las Islas Cook, y Panamá.
a. Si no hubiéramos firmado estaríamos bien acompañados en el grupo de
Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y muchos otros
b. En todo caso, podríamos habernos comprometido a mandar información en el 2018 y estaríamos también muy bien acompañados por Australia, Austria, Brazil, Canada, China, Costa Rica, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Suiza, etc.
Este apuro pone de manifiesto la desorientación que hay en esta materia.
5ª cosa: El intercambio automático de información bancaria es inconstitucional.-‐ Hoy, manejar el dinero propio a través de un banco es una necesidad social. Lo dice el Poder Ejecutivo en el mensaje del proyecto de Ley de Inclusión Financiera. Tener una cuenta es un derecho de la gente para organizar sus gastos, para disminuir los riesgos, para tener crédito, para poder ahorrar, etc. Es claro entonces que tener una cuenta bancaria es un derecho de la gente y no un lujo de ricos. El secreto bancario deriva de los arts. 28 y 72 de la Constitución y no de normas de rango legal. Forma parte del derecho fundamental a la privacidad y a la intimidad de las personas.
Esto lo reconoce toda la doctrina nacional: Cairoli, Bayardo Bengoa, Gustavo Puig, Opperti, Cervini y Adriazola, etc.2 Pero además, del art. 23 de la Constitución se deriva el principio de exclusividad jurisdiccional que establece que solo un juez y caso a caso puede penetrar en determinadas esferas de la intimidad y levantar el secreto bancario. Este ppio de exclusividad jurisdiccional es reconocido no solo en Uruguay sino también por Cortes Internacionales de Derechos Humanos y por la jurisprudencia europea. Todas las medidas probatorias que invaden la privacidad y que, por lo tanto afectan derechos individuales deben pasar por el FILTRO de una decisión judicial. Por ej. las escuchas telefónicas, la interceptación del correo, el allanamiento domiciliario, la vigilancia audiovisual. En un Estado democrático de Derecho, esas intromisiones las ordena un Juez caso a caso. El intercambio automático de información bancaria sin intervención judicial es lo mismo que haberle dado al Fisco (o peor, a los fiscos extranjeros) la facultad de intervenir teléfonos sin que lo ordene un Juez. Por eso en el 2011 la ley 18.718 estableció que para levantar el secreto bancario, la DGI debe probarle al Juez que existen indicios objetivos que hacen presumir razonablemente la existencia de “evasión tributaria”. ¿Por qué no dispusimos en el 2011 que el secreto bancario se levantaba automáticamente y sin tener que invocar nada? Porque no lo permitía la Constitución. La misma Constitución que está vigente hoy en día. Por tanto, una ley que disponga el levantamiento del secreto bancario con carácter general, sin intervención de la Justicia será inconstitucional. A no decir después que la Suprema Corte de Justicia está flechada o que odian a tal o cual partido. 6ª. COSA: Esta presión no es el fruto de una guerra a la evasión fiscal sino a la competencia fiscal entre estados.
2 “El secreto bancario y la evasión Fiscal internacional”
A los países europeos que dirigen la OCDE no les gusta que los países compitan a bajar impuestos, a ser más eficientes para atraer inversiones. El surgimiento de la globalización en los años 1980 disparó el desarrollo explosivo de la habilidad del capital y de los contribuyentes de salirse de países mal gobernados o con demasiados impuestos hacia alternativas más atractivas. Esto presionó a los gobiernos a la tax competition que es responsable de la dramática reducción de las tasas de los impuestos en el mundo entre 1980 y el 2008. Las reducciones de impuestos de Thatcher y de Reagan fueron seguidas por el resto de los países desarrollados. El promedio de las tasas del impuesto a la renta personal cayeron un 30% (del 67% al 42%) y la del impuesto a la renta empresarial un 50% (del 48% al 24%). A los políticos de los países europeos no les gustó tener menos plata para gastar y usando una estructura antigua, la de la OCDE empezaron a atacar la competencia fiscal. Esto se hace visible en un documento de 1998 que es “Competencia Fiscal Nociva. Un asunto global emergente”. Ahí todavía eran sinceros y no se hablaba de la evasión fiscal. Se decía que la lucha era contra la competencia. Decían que eso era una “race to the bottom” que los perjudicaba. Por suerte en 1998 (Clinton) EEUU todavía estaba a favor de la competencia fiscal. Por eso, cuando la OCDE larga una de sus listas negras con paraísos fiscales el Congreso de los EE UU y el Departamento del Tesoro en Washington se enojan, defienden la competencia fiscal y amenazan a la OCDE con suspender su aporte económico (25%). Resultado: la embestida de la OCDE se entibió. Luego vino la crisis económica del 2007 2008 y ahí pasan 2 cosas: 1) En primer lugar cambiaron el discurso. Dejaron de ser sinceros. No es una guerra a la competencia fiscal sino una guerra a la evasión fiscal. Brillante idea! Acorralan mentirosamente a quien se les oponga en el rincón de los defensores de la evasión fiscal y no de la competencia fiscal. 2) En 2° lugar la crisis trajo algo mucho peor. EE UU se pasó para el otro bando y así, el mundo se quedó sin ningún peso pesado que hable a favor de la competencia fiscal, del secreto bancario, a favor del derecho a la intimidad. 7ª CIERRE
El tiempo dirá si con esta bomba atómica que han tirado, los países europeos en crisis realmente van a encontrar miles de millones ocultos al que meterle mano o si lograron el control de la circulación del dinero, lo cual no es poco. El tiempo dirá si no se enlenteció el reloj del crecimiento económico global como opina Dan Mitchell del CATO INSTITUTE de Washington. Termino citando a los Dres. Raúl Cervini y a mi amigo Gabriel Adriasola (a quien mucho extrañamos). En su obra “El secreto bancario y la evasión fiscal internacional” que tuve el honor de presentar con el Dr. Juan Bonet hace 2 años, ellos citan palabras del francés Robert Moulin para advertir de los peligros de esta embestida contra la privacidad: “Han sido los regímenes totalitarios los que intentaron abolir todas las facetas del derecho a la intimidad con el pretexto de la seguridad nacional o de la eficacia judicial, o en beneficio de la instrumentación de intereses recaudatorios tributarios”.
Muchas gracias.
Dr. Leonardo Costa
Muchas gracias por la presentación a los tres, no voy a hacer uso de la palabra, solo decir que comparto lo dicho por el Dr. Bonet y que mi posición es totalmente diferente a la de los dos otros expositores.
Pero bueno, yo no sé si podríamos hacer una ronda de preguntas entre nosotros o si alguno de ustedes quiere agregar algo con respecto a lo que dijo el otro o abrir una ronda de no más de tres preguntas.
Tres preguntas por si alguien quiere preguntar algo o agregar algo.
Participante:
¿Si pueden comentar algo de la estrategia que Panamá está haciendo al respecto? Hemos visto que han muchos clientes de Uruguay que están yendo a abrir operaciones en Panamá.
Respuesta 1 Alberto Varela: Panamá tiene un pequeño detalle que no tenemos nosotros que es un canal por el que se pasa, así que tiene un poco más de fuerza que no está en proporción a su superficie en kilómetros cuadrados. Es una mezcla de todas estas cosas. Una vez decía Nicolás Juan en una charla sobre estos temas también. Esto es como la vuelta ciclista, no tenemos que querer estar en el pelotón que va adelante ni en el de los rezagados, tiene que andar en el medio observando. Panamá puede darse el lujo de que todavía vaya a atrás y lo empujen. Esto es ajedrez, esto es la habilidad de no salir en los diarios. Si uno ve las cosas que hace Suiza, no tiene un discurso en contra pero pone a negociar en contra y ahí es como hacemos los abogados cuando estamos redactando un contrato buscamos la forma de buscar la mejor relación para nuestro cliente. Entonces a veces hay que acompañar pero sin entusiasmo, sin fanatismo y cuando uno cree que lo que está haciendo está bien lo hace
con fanatismo. Es ahí el click que deberíamos dar. Esa discusión que decía el Dr. De Posadas, ¿estamos haciendo esto porque nos están empujando, porque nos conviene o porque nos presionan? Si es así, hay que reconocerlo y cumplir, si es que vamos a cumplir de la mejor forma, pero habiendo ensayado todas las otras posibles, todas las alternativas posibles, incluso la de llegar a la OMC. No hay apuro para ir al cadalso
Respuesta 2 Leonardo Costa: Dos temas. Yo participé en el primer Foro Global que participó Uruguay, por allá por el año 2003 junto con el Dr. Shaw y con el Cr. Eibe y me acuerdo que había una experiencia que fue que Malta decían que desde el 2015, ellos iban a abrir cualquier norma de secreto bancario, secreto tributario o cualquier secreto entre amigos incluso. Nosotros quedamos impresionados porque Malta en ese momento era un paradigma también de los centros off shore dijera eso. Entonces, yo me aproximé al malteño, maltés o como se le quiera llamar y le dije “¿por qué ustedes hacen esto? Y me dice: “Yo no creo en esto, lo que pasa que de alguna manera corrí la arruga, tire para adelante las cosas”. Yo creo que en eso comparto plenamente con Alberto de la necesidad de inteligentemente correrlo lo máximo que se pueda la arruga, yo creo que eso si eso es una crítica a la estrategia nacional de que no se corre la arruga todo lo que se pueda correr esa arruga. Yo estoy de acuerdo que la dirección, y ahí tengo algunos matices, yo creo que la dirección es ineludible, lo que no es ineludible es la velocidad. Y yo creo que en la velocidad si estamos equivocados. Panamá, estuve recientemente trabajando en la Superintendencia de Bancos de Panamá. Panamá también va a esto, pero no solo porque se lo pide la OCDE, porque Colombia le acaba de armar lío y firmaron por un año una especie de paz armada de que en un año todos los señores colombianos que tienen dinero en Panamá, Panamá les va a entregar la información. Pero también a un año. Pero también me parece que Panamá tiene un canal, no es poca cosa y hay todo un tema de lobby muy fuerte de los estudios que son los que retienen información de las acciones y eso también está en discusión. Pero Panamá está en una lista gris de GAFI y eso es lo que le presiona a salir.
Juan dijo una cosa hoy que para mí es una discusión mucho más fuerte que esta y si se viene el delito fiscal parte de la discusión que planteaba el Dr. Varela, también tiene un cambio porque ahí hay un interés mucho más fuerte, no digo de parte del país pero si de parte de la Justicia “ah no pero acá estamos en presencia de la lucha contra el combate de delitos tales como el narcotráfico, la corrupción y el delito fiscal”. Porque hoy por hoy para el GAFI es todo lo mismo. Increíblemente y yo estoy totalmente en contra porque no es todo lo mismo.
Los desafíos de los próximos años sin dudas van a estar por ahí. Lo que sí me parece, y lo decía recién Orlando cuando hacía mención a todo esto, todos estos embates tributarios internacionales si no van acompañados de mínimas garantías (y los códigos tributarios como el nuestro no la dan) estamos en el peor de los mundos. Ahí yo comparto la reflexión final de Alberto si nosotros no cambiamos los períodos de prescripción. Porque si el Estado tiene toda la información fiscal seguimos en diez y en cinco años. No parece razonable, no parece sensato y no parece equilibrado.
¿Por qué no tenemos una posibilidad de defensa? En una charla los otros días con la Dra. Addy Mazz yo decía que prefería volver al “solve et repete”, es decir que pague y después discuta. Prefiero volver a eso, que la Suprema Corte dijo que era inconstitucional, (la primera del mundo me acota Juan) pero por lo menos honesto, usted pague y después discuta. Hoy el mecanismo tributario es usted si quiere no pague, ahora, lo manda a la justicia penal, lo mando a la justicia civil, lo saco en los diarios y si queda vivo después de
todo eso capaz que gana en cinco años. También la discusión me parece que también hay que hacerlo en lo más micro hay necesariamente un sinceramiento que tiene que darse. Hoy el contribuyente está indefenso, esto está todo fantástico, pero si además le agregamos la indefensión del contribuyente ahí si estamos en el peor de los cadalsos.
Cierre: Orlando Dovat.
Creo que todo el mundo se lleva una materia prima importante para trabajar, creo que había que formar opinión. Creo que este es un inicio, es un tema muy importante, sumamente importante para el país y lo han podido aquilatar todos ustedes. Digamos de alguna forma, la preocupación de que las Cámaras y en este caso la Cámara de Zonas Francas tomara el tema y lo pusiera arriba de la mesa de por sí es una importante contribución a la Comunicad Empresarial de Uruguay. Creo firmemente que estas cosas se tienen que discutir. El gobierno tiene que dar más información y todos nosotros tenemos que estar más formados para poder llegar realmente a conclusiones respecto de los grandes temas nacionales. En definitiva, todas estas cosas van delineando el futuro del país, en definitiva es el país nuestro y tenemos que construirlo entre todos. Tenemos que saber hacia dónde vamos como país, no somos una oveja de un rebaño, somos un país y si nos apreciamos como tal creo que es muy importante ir formando esta opinión. Formar opinión no quiere decir estar a favor de un lado o del otro, la democracia está por arriba de todo, está la ley, está la Constitución pero esta la democracia y en las urnas se demostró quien gano la última elección. Eso no quiere decir que no haya más de un 40% de personas que piensan distinto.
Yo les quiero agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes, agradecerle muy especialmente a los discursantes, contertulios o exponentes muy profesionales que hemos logrado recibir en esta oportunidad y contar con su valiosa opinión. Y la Cámara de Zonas Francas va a continuar en esta línea de ir buscando temas nacionales que sean importantes para nuestros asociados.
Muchas gracias.