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2 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
Ttulo Original:
Informe de Resultados del 2do. Censo Nacional Penitenciario
Empresa Consultora:
Newlink Research Group
Redaccin:
Oficina Nacional de Defensa Pblica
Cuidado de Edicin a cargo de:
Carlos Villaverde
Mara Dolores Daz
Derechos Reservados
Fundacin Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS)
Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernizacin de la Justicia (CARMJ)
Oficina Nacional de Defensa Pblica
Julio 2012
Diseo de portada, diagramacin y arte final:
Claudia Chez Communication Consulting (4cc)
Impresin:
Publicacin editada con los auspicios de:
Santo Domingo, DN
Repblica Dominicana
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INDICEPresentacin 5
Introduccin 7
Metodologa 6
Contexto del Sistema Penitenciario 10
Resultados
Datos Generales de los Centros 16
Datos Socio-demogrficos 19
Datos Procesales 28
Datos sobre Tipos Penales 39
Datos sobre Condenas y Ejecucin de la Pena 45
Datos sobre las Condiciones Sociales, Educativa y Sanitarias 54
Situacin de los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario 73
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Presentacin Al interior del sistema de justicia dominicano se expresan, como en la realidad global del
pas, un conjunto de cambios e innovaciones que apuntan a la modernizacin y solucin de
ancestrales carencias, al tiempo que persisten algunos problemas que desafan la calidad de la
democracia y la efectividad de sus organizaciones.
Dentro de estos ltimos, uno de los ms agudos lo constituye la situacin del sistema
penitenciario, rea en donde a la par de los cambios que ha significado el Nuevo Modelo
Penitenciario puesto en marcha en algunos recintos a nivel nacional, en la mayora de los
centros se continua reportando la situacin de hacinamiento y violacin de derechos humanos
que ha sido objeto de reiteradas crticas, tanto a nivel nacional como internacional.
La situacin de las personas internas en el sistema penitenciario, tanto los condenados como
los de status preventivo, entra en contradiccin con el nuevo marco constitucional adoptado
en enero del 2010, que proclama la vigencia del Estado Social y Democrtico de derecho, la
revalorizacin de los derechos fundamentales y la priorizacin de las medidas que conlleven a
fortalecer la dignidad, la integridad y el desarrollo de los habitantes de la Repblica.
Por ello, como un instrumento para incidir en la definicin de polticas pblicas que humanicen
y hagan ms eficiente el sistema penitenciario, la Oficina Nacional de Defensa Pblica, la
Fundacin Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y
Modernizacin de la Justicia, en el marco de los planes de trabajo de la Comisin Nacional
de Ejecucin Procesal Penal (CONAEJ) y del Programa Accin Ciudadana por la Justicia y la
Trasparencia, decidimos auspiciar la realizacin del Segundo Censo Nacional Penitenciario,
cuyas conclusiones ponemos a la disposicin de la sociedad dominicana en esta publicacin.
Disponemos ahora de las informaciones que permitirn a las autoridades del sistema de
justicia y del subsistema penitenciario, a los investigadores y acadmicos, a las organizaciones
sociales comprometidas con el mejoramiento de la situacin penitenciaria en el pas, evaluar
la evolucin de los problemas que fueron detectados en 2006 y analizar la efectividad de las
medidas de poltica criminal que se adoptaron en este lapso.
Las instituciones responsables del Censo agradecen a las autoridades de la Procuradura
General de la Repblica por las facilidades otorgadas para su realizacin, y de manera especial
a New Link Research, entidad que tuvo a su cargo los procesos tcnicos de esta experiencia,
por su empeo y dedicacin.
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Introduccin En el ao 2006 se llev a cabo el primer Censo Penitenciario de la Repblica Dominicana
auspiciado por La Oficina Nacional de Defensa Pblica, la Fundacin Institucionalidad y
Justicia (FINJUS), el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernizacin de la Justicia y la
Procuradura General de la Repblica, en el marco del plan de trabajo de la Comisin Nacional
de Ejecucin Procesal Penal (CONAEJ). El objetivo de ese Censo fue el de extraer resultados
que permitieran detectar las caractersticas de los centros penitenciarios para la elaboracin
de una poltica criminal que integre la rehabilitacin y la reinsercin social de las personas
privadas de libertad.
El censo determin el nivel de hacinamiento que existe en las crceles dominicanas, las
condiciones en las que se encuentran los reclusos y las caractersticas de los mismos. Los
datos tambin mostraron la situacin jurdica de los detenidos y, por lo tanto, se lograron
extraer elementos para determinar la situacin del proceso judicial en el pas con relacin a
dicha poblacin.
Estos resultados evidenciaron la necesidad de fortalecer el sistema judicial de la Repblica
Dominicana, y por igual, la importancia de continuar con el proceso de reforma del sistema
penitenciario. Estas observaciones y otras recomendaciones, que surgieron a partir del primer
censo, son parte de las polticas que se han venido proyectando, muchas de las cuales, se
encuentran sistematizadas en Los Lineamientos de la Poltica Criminal Dominicana, proyectados
por la Procuradura General de la Repblica.
A cuatros aos del Primer Censo Nacional Penitenciario y como parte de las recomendaciones
finales del informe de resultados, las instituciones participantes han visto conveniente realizar
un segundo censo este ao. En esta oportunidad, adems de obtener la informacin relevante
sobre los 33 centros penitenciarios, se realizar una comparacin de estos resultados con
los resultados anteriores. Esta comparacin permitir medir los logros y avances que se han
alcanzado con las polticas estatales en materia de reforma del sistema penitencial y con los.
Objetivo GeneralRealizar un Segundo Censo en todos los recintos penitenciarios de la Repblica Dominicana, que
exponga las caractersticas de la poblacin privada de libertad y permita medir el impacto de
la reforma penitenciaria. La actualizacin de los datos permiti realizar un anlisis comparativo
entre estos resultados y los del censo anterior. Las preguntas centrales del estudio son:
Cuntas personas privadas de libertad hay en los recintos penitenciarios dominicanos?
Quines son? Cul es el perfil o los rasgos socio demogrficos de las personas privadas
de libertad?
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Cul es el estatus de los internos?
Cules son los delitos ms frecuentes por los cuales han sido procesados o condenados
dichos reclusos?
Cules son las condiciones en las que viven los reclusos dentro de los centros?
Cul ha sido el impacto de la reforma penitenciaria en los centros de reclusin?
Objetivos Especficos Determinar el nmero de NNA en los centros penitenciarios de la Repblica Dominicana.
Determinar las caractersticas demogrficas de la poblacin (sexo, edad, estado civil, nivel
de educacin, nacionalidad, empleo antes de ingresar a la prisin y en lo posible nivel de
ingreso).
Identificar el estatus procesal de los NNA que permita determinar la necesidad de oferta
del servicio de defensa pblica gratuita.
Disponer de informacin sobre las condiciones generales de los recintos penitenciarios y
los distintos servicios que disponen los internos.
Profundizar en los resultados sobre la situacin de las nias y las adolescentes dentro de los
recintos penitenciarios, explorar las condiciones en que viven y las necesidades particulares
de su condicin
MetodologaFaseI. PreparatoriaIntegracin de Equipo Interinstitucional
Esta primera fase comprendi la integracin del equipo de Newlink Research con los
responsables del 2do. Censo Nacional Penitenciario: Oficina Nacional de Defensa Pblica, la
Fundacin Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Comisionado de Apoyo a la Reforma y
Modernizacin de la Justicia y la Procuradura General de la Repblica.
Para coordinar esta parte se present un esquema de trabajo. Una vez aprobado el esquema
de trabajo, Newlink Research realiz una sesin de trabajo con las instituciones participantes
con el objetivo de analizar el formulario propuesto y verificar o ajustar las preguntas, en base
a las nuevas necesidades y/o requerimientos de evaluacin de programas existentes en los
centros penitenciarios.
En esta fase Newlink Research recopil todas las observaciones para incorporarlas en el
formulario. Este documento se socializ ampliamente entre las instituciones participantes para
su validacin y aprobacin final.
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Diseo del Estudio
En esta fase, el equipo de Newlink Research elabor la metodologa de recoleccin de datos
en los centros de reclusin de acuerdo a la experiencia pasada y a las recomendaciones de las
instituciones participantes. Asimismo, se present un cronograma de trabajo de campo para
los 33 centros a nivel nacional.
Recorrido por los centros del modelo penitenciario tradicional
Como parte de las actividades preparatoria, el supervisor general del trabajo de campo de
Newlink Research, hizo un recorrido por los centros penitenciarios del modelo tradicional, con
el objeto de identificar los espacios ms adecuados, as como familiarizarse con las condiciones
especficas de cada centro, que permitiese definir la estrategia ms adecuada y efectiva a
seguir en cada centro.
Otro de los objetivos de las visitas previas fue realizar un primer contacto con las autoridades
penitenciarias, en particular conocer a los Alcaides y a los encargados de seguridad de
cada centro.
Reclutamiento de los entrevistadores
El proceso de reclutamiento del personal para trabajar en el 2do. Censo Penitenciario estuvo
a cargo de Newlink Research. Para estos fines se identificaron personas que trabajaron en
el pasado Censo de Poblacin y Vivienda (CPV), cercana a las zonas aledaas a los centros
penitenciarios. Se priorizaron a jvenes entre 23 y 30 aos, que tuvieran estudios universitarios.
Asimismo, se gestion el reclutamiento a travs de profesores universitarios. Se trat de
seleccionar ms hombres que mujeres, sin embargo esto no fue posible, ya que quienes tenan
ms experiencia y eran estudiantes universitarias eran mujeres, por lo que al final la mayora de
los encuestadores resultaron ser mujeres.
Sensibilizacin y promocin
Concomitantemente con las actividades propias del estudio, se inici un proceso de
sensibilizacin en los centros penitenciarios con el objeto de dar a conocer la importancia de
la realizacin de un censo penitenciario que permitiese actualizar el estatus procesal de los
internos y las condiciones generales de los recintos penitenciarios. Asimismo, como forma de
sensibilizar se dieron a conocer los principales beneficios obtenidos en su momento como
resultado del primer censo penitenciario.
El proceso de sensibilizacin incluy visitas y charlas acompaadas de material promocional
en todos los centros. Asimismo, se distribuy un afiche con el calendario, con las fechas
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programadas para la realizacin del Censo en cada centro penitenciario. Otro aspecto importante
del proceso de sensibilizacin fue la realizacin de una rueda de prensa con las instituciones
coordinadoras del Censo con el objeto de dar a conocer a la ciudadana dominicana sobre la
fecha de inicio y objetivos de esta iniciativa.
Capacitacin de supervisores y entrevistadores
La capacitacin del equipo de investigacin, integrado por supervisores y entrevistadores,
estuvo dividida en dos sesiones:
1. Capacitacin con relacin al trato y contacto con las personas privadas de libertad. En este
punto se instruy sobre los protocolos de seguridad y confidencialidad de la informacin
que se deban de seguir, as como las polticas y protocolos de tratamiento de las personas
privadas de libertad.
2. Capacitacin de los supervisores y de los entrevistadores, para que los equipos se
familiarizaran con el instrumento de encuesta y el sistema de administracin de entrevistas
con el dispositivo IPOD. Asimismo, se estuvieron explicando los trminos legales y/o
tcnicos utilizados en el cuestionario, para una efectiva aplicacin.
Fase II. Levantamiento de InformacinPrueba Piloto
Se realiz una prueba piloto por un da, con el propsito de validar el formulario, el sistema
interactivo de captura de datos y hacer los ajustes necesarios al formulario de encuesta. Una
vez verificada la prueba piloto, se pas a la implementacin y recoleccin de datos en toda la
poblacin privada de libertad en los centros penitenciarios de la Repblica Dominicana.
Recoleccin de Datos
Se aplic el formulario en los centros, mediante entrevistas directas a cada uno de los internos.
Las entrevistas directas requirieron el permiso y preaviso de llegada a cada centro. Los
formularios fueron completados directamente en el sistema Newlink Survey va IPOD.
Al final de cada jornada de trabajo, el supervisor enviaba las entrevistas al sistema general y al
coordinador del estudio para el control de recepcin y calidad de los datos.
Los datos no requirieron transcripcin, con excepcin de aquellos centros con menos de 200
internos, donde se aplicaron encuestas fsicas. Se realiz la consistencia de la muestra, para
luego pasar al anlisis de los datos.
Los datos se procesaron con el programa SPSS 18.
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El trabajo de campo se realiz del 5 al 20 de mayo del 2011.
Asimismo, como parte de la logstica interna para la realizacin del trabajo de campo en los
centros penitenciarios se coordin:
Los permisos y accesos correspondientes a los centros de reclusin.
Coordinacin interna en los centros para facilitar la aplicacin del formulario.
Disposicin de un espacio para la aplicacin de los formularios donde los entrevistadores
y supervisores puedan ejecutar el censo, para que los entrevistados no sientan ningn tipo
de presin.
La seguridad de los entrevistadores y supervisores.
Recursos con que contaron los entrevistadores y supervisores:
IPODs con el formulario en el sistema.
Un cuestionario versin en papel.
Credenciales de la empresa consultora.
Fichas de control.
Dos lpices, dos borradores.
Fase III. Sistematizacin, anlisis y presentacin de la informacinUna vez concluida la Fase II, se pas a la sistematizacin de los resultados, la tabulacin de
datos, el anlisis por variables, y a la elaboracin del informe con los resultados finales.
Este trabajo incluy un anlisis comparativo de los resultados, con el primer censo, que permiti
extraer resultados sobre el impacto de las polticas y programas implementados durante los
cuatro aos que separan a los dos censos.
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2DO. CENSO NACIONAL PENITENCIARIOContextoSistema Penitenciario Dominicano
En el sistema penitenciario dominicano convergen dos modelos de gestin penitenciaria, uno
denominado tradicional, cuyos recintos son conocidos como crceles y penitenciarias, conforme
lo establecido en el artculo 1 de la Ley 224 del 1984. As como un nuevo modelo, en donde se
trata de dignificar el tratamiento dispensado a las personas privadas de libertad, al cambiar no
solo la denominacin de su estructura por la de Centros de Correccin y Rehabilitacin (CCR),
sino al pasar de ser llamados los ingresados en dicho sistema de presos o condenados
-con la estigma social grave que conllevaba en el estado emocional de los mismos-, a ser
nombrados como internos, todo ello, con la finalidad de transparentar la funcin de la pena
constitucionalmente reconocida en el artculo 40.16 de nuestra Constitucin, que no es otra
que, la de lograr la reeducacin y reinsercin social de la persona privada de libertad, a travs
de la implementacin del sistema progresivo.
Cabe resaltar que en la actualidad, en vista de la sobrepoblacin existente en los recintos
penitenciarios del modelo tradicional, que incrementa regularmente su capacidad mxima
de ingreso de un 200 a un 300%, adems de la falta de preparacin especializada de sus
agentes de seguridad (policas y guardias), la no segregacin por estatus jurdico, edad y
tipo penal, as como los niveles de violencia existentes, a consecuencia de las condiciones
inhumanas en las que conviven. Sin desmeritar el hecho de que no se ha podido implementar
el sistema progresivo dispuesto en el artculo 13 de la Ley 224, lo que ha determinado en el
pas, el desarrollo sostenido de los centros pertenecientes al nuevo modelo, el cual se inici
a partir del ao 2004, con la inauguracin del ubicado en Puerto Plata. Y para el ao 2011 se
encontraban funcionando la cantidad de trece (13), encontrndose en proyecto a corto plazo
para ser habilitado en el 2012 el CCR de La Romana. Lo cual podra decirse que ha constituido
un remedio, pero no la cura para la enfermedad anteriormente descrita, puesto que solo abarca
menos del 20% de la poblacin privada de libertad.
Las condiciones en las cuales los privados de libertad se encuentran, constituye una obligacin
ineludible del Estado Dominicano, a travs de las instituciones creadas por el legislador para
asumir dicha funcin, como es la Direccin General de Prisiones, conforme a lo dispuesto en el
artculo 6 de la Ley referida, en tal virtud, el Estado se encuentra en una posicin especial de
garante frente a las personas privadas de libertad, toda vez que las autoridades penitenciarias
ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia.
De este modo, se produce una relacin e interaccin especial de sujecin entre la persona
privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado
puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en
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donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades bsicas
que son esenciales para el desarrollo de una vida digna 1.
La privacin de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la afectacin del goce
de otros derechos humanos adems del derecho a la libertad personal. Esta restriccin de
derechos, consecuencia de la privacin de libertad o efecto colateral de la misma, sin embargo,
debe limitarse de manera rigurosa 2. Asimismo, el Estado debe asegurar que la manera y
el mtodo de ejecucin de la medida no someta al detenido a angustias o dificultades que
excedan el nivel inevitable de sufrimiento intrnseco a la detencin, y que, dadas las exigencias
prcticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estn adecuadamente asegurados 3, lo
cual no est siendo cumplido parcialmente por el Estado Dominicano, mientras mantenga ms
de un 85% de la poblacin carcelaria ingresada en recintos penitenciarios que no cumplen ni
siquiera son los estndares mnimos nacionales e internacionales.
No podemos obviar indicar que aun cuando reconocemos la necesidad de que el Estado
Dominicano iniciar un proceso de reforma penitenciaria, vemos que en la misma se comenz
de manera errada, es decir, en vez de iniciar con la poblacin ms vulnerable, que es la de los
adolescentes, que constituyen un porciento mnimo en relacin a los adultos y mujeres, se
lleva a cabo con estos ltimos. Lo que ha implicado la imposibilidad material de erradicacin
de los males carcelarios en un 100% de los privados de libertad adultos, y la continuacin de
vulnerabilidad de los adolescentes, por las condiciones en las que regularmente subsisten en
los distritos judiciales en donde no hay implementados Centros de Atencin Integral, teniendo
que ser ingresados a las reas preventivas (destacamentos). Siendo tratados en su mayora
por un personal no especializado, tanto de seguimiento durante su encierro, como en el
mantenimiento de su seguridad.
1 Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia) vs. Venezuela, prrafo 87; Caso Garca Asto y Ramrez
Rojas, Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, prr. 221; Caso Raxcac Reyes. Sentencia de 15
de septiembre de 2005. Serie C No. 133, prr. 95, y Caso Fermn Ramrez, Sentencia de 20 de junio de 2005.
Serie C No. 126, prr. 118.
2 Cfr. Caso Lpez lvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, prr. 105; Caso Instituto de
Reeducacin del Menor, supra nota 127, prr. 154, y Caso Cinco Pensionistas. Sentencia de 28 de febrero de
2003. Serie C No. 98, prr. 116
3 Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia) vs. Venezuela, prrafo 86.
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No obstante lo anteriormente expresado, como muestra de la preocupacin del Estado
Dominicano de efectivizar la proteccin de los derechos y garantas de los privados de
libertad, es instaurado con la entrada en vigencia del Cdigo Procesal Penal, el proceso de
judicializacin de la etapa de ejecucin de la pena, lo que ha determinado que todas las
decisiones de esta etapa procesal, que impliquen una modificacin de la determinacin de la
pena (cambios en la duracin temporal del encierro o cambios sustanciales en las condiciones
de cumplimiento) sean tomadas por un juez, como rgano judicial independiente de la
administracin penitenciaria, que aplique para la toma de decisin un proceso respetuoso de
los principios del derecho procesal penal. Mxime el consagrado en el artculo 28 al referir que:
la ejecucin de la pena se realiza bajo el control judicial, con lo cual no solo se le atribuye
a los jueces hacer ejecutar lo juzgado. Sino tambin la de velar que la pena se ajuste a sus
fines constitucionales4, as como para que el cumplimiento de las penas privativas de libertad
se lleven a cabo con sujecin al rgimen jurdico legalmente establecido, con lo cual se ha
logrado en cierta medida adecentar las actuaciones dentro del sistema penitenciario nacional,
no solo de los condenados definitivos, sino tambin de aquellos preventivos, que aleguen
alguna vulneracin a sus derechos fundamentales.
Las penas privativas de libertad, as como cualquier medida de seguridad, impuesta por autoridad
judicial competente debern estar orientadas hacia la reeducacin y reinsercin social de la
persona condenada, sin que puedan consistir en trabajos forzados, conforme lo previsto en el
numeral 16 del artculo 40 de la Constitucin Dominicana y la parte infine de la Regla 58 de las
Reglas Mnimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU. Lo cual deber ser observado
por el juez de ejecucin de la pena al momento de ejercer el control del cumplimiento de las
mismas. As como cualquiera de las cuestiones que se susciten durante la ejecucin, exigiendo
en dicha supervisin el cumplimiento de los estndares referidos a cada uno de los operadores
del sistema penitenciario, independientemente de pertenecer al modelo tradicional o al nuevo.
Durante la fase de ejecucin de la pena es absolutamente indiscutible que se ejerce poder
punitivo estatal. Es ms, es en ese momento justamente cuando ste se ejercita con mayor
vigor y desenfado, cuando mayor descarga de violencia imprime5. Por lo tanto, ms que
4 Artculo 40.16 de la Constitucin Dominicana.
5 Desde ptica debe tenerse presente la caracterizacin ya clsica de Roxin (1997) en cuanto entiende la
dinmica de la pena estatal desarrollada en tres momentos diversos de actuacin: el de conminacin legal, el
de determinacin judicial, y el de ejecucin penal; consignado en el Ensayo La judicializacin de la ejecucin
de la pena en la provincia de Buenos Aires: Notas sobre un proceso inconcluso, realizado por Gabriel Bombini,
Docente Universidad Nacional del Mar del Plata.
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 15
nunca los conceptos jurdicos que se desarrollan (en la etapa de ejecucin de la pena) deben
construirse sistemticamente en funcin de los principios de respeto y dignidad de la persona,
antes mencionados y conforme el esquema de principios fundamentales de ellos derivados
que forman el marco normativo constitucional para la aplicacin de las penas con el objeto de
minimizacin de la violencia estatal.
Otro aspecto que ha permitido cierto nivel de adecentamiento del sistema penitenciario
dominicano es la figura del defensor pblico, como baluarte de aquellos que se encuentran
en estado de indefensin frente a todo el aparato del Estado, con todas sus connotaciones,
reconocido el servicio nacional de defensa pblica legalmente con la Ley 277-2004, y
constitucionalmente en el artculo 176 de la Constitucin Dominicana vigente. Por ello, el Dr.
Roberto Santana al deponer en el Tercer Congreso Nacional de Defensa Pblica6 refiri que
como el privado de libertad es una especie de ente, a merced de la omnipotencia del Estado
con todos esos medios la creacin de la Defensa Pblica se define como un acto de justicia..,
mxime si este funcionario pblico tiene como funcin obligatoria la de concurrir regularmente
a los lugares de detencin y asistir a las visitas carcelarias, conforme lo prescribe el artculo
29.4 de la Ley referida.
Sin embargo, independientemente de los avances que ha tenido el sistema penitenciario
nacional, falta mucho por hacer, debido a que como seala la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, al interpretar el artculo 5.2 de la Convencin que: las personas privadas
de la libertad el propio artculo 5.2 de la Convencin establece que sern tratadas con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En tal sentido, los Estados no pueden
alegar dificultades econmicas para justificar condiciones de detencin que sean tan pobres
que no respeten la dignidad inherente del ser humano 7, lo que implica que aun cuando sea
necesario que el Estado Dominicano para lograr eliminar el modelo tradicional tenga que
erogar grandes fondos econmicos, est en la obligacin internacional de hacerlo, pudiendo
incurrir en responsabilidad por su incumplimiento, conforme lo previsto en los artculos 1.1 y 1.2
de la Convencin, as como el artculo 74.4 de la Constitucin Dominicana.
6 Conaej, Comisionado de Apoyo a la Justicia, Septiembre 2010 Tutela judicial, derechos humanos y privacin
de libertad, pgina 58.
7 Caso Montero Aranguren y otros (Retn de Catia) Vs. Venezuela, prrafo 85. Case of I.I v Bulgaria. Judgment
of 9 June 2005. Application No. 44082/98, para. 77; ECHR, Case of Poltoratskiy v. Ukraine. Judgment of 29
April 2003. Application No. 38812/97, para. 148.
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RESULTADOSLugar del levantamiento del 2do. Censo Penitenciario El levantamiento de informacin de este 2do. Censo Penitenciario abarc los recintos
penitenciarios pertenecientes tanto al modelo tradicional, denominados crceles, fortalezas
o penitenciarias, as como a los del nuevo modelo de gestin penitenciaria, mejor conocidos
como centros de correccin y rehabilitacin (CCR). Tambin abarc algunas reas de detencin
preventiva ubicadas dentro de de los Palacios de Justicia del pas.
Al momento de la realizacin de este levantamiento existan en el pas veintids (22) recintos
penitenciarios del modelo tradicional y trece (13) del nuevo modelo, lo que determina
la existencia de treinta y cinco (35) recintos penitenciarios que albergan la poblacin
penitenciaria adulta. Por igual, se hizo el levantamiento en siete (07) reas de detencin
preventiva, las cuales sumadas a los recintos referidos arrojan un total de cuarenta y dos (42)
recintos sometidos a anlisis.
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 17
Distribucin por tipo de centro De un total general de 20,007 internos privados de libertad, vemos que los pertenecientes
al modelo tradicional comprenden la cantidad de 16,298, lo que representa un 81.5% de la
poblacin total, en comparacin con los 3,452 recluidos en los del nuevo modelo que alcanzan
un 17.2%. Aunque tienen como aspecto coincidente el estar guardando prisin por orden
motivada y escrita de autoridad judicial competente, contrario a los 257 ingresados en las
reas de detencin preventiva, que abarcan un 1.3%, quienes estn en espera de conocrseles
las vistas de medida de coercin, a fin de legalizar su estado de prisin u ordenar su libertad,
o en el peor de los casos, habindoseles conocido la medida, an el juez de la instruccin de
jurisdiccin permanente no les ha notificado la decisin.
18 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
Partiendo del informe suministrado por la Direccin General de Prisiones denominado Relacin
de internos en instituciones penitenciarias, la capacidad mxima del sistema penitenciario es
de 11,505, por lo que su nivel de sobrepoblacin es de un 73.9%, ya que hay 8,502 internos por
encima de dicha capacidad. Lo que se traduce en la imposibilidad material de llevar a cabo
la implementacin del sistema progresivo dispuesto en el artculo 13 de la Ley 224-84, sobre
Rgimen Penitenciario, reflejada esta realidad en las condiciones deplorables en las que los
privados de libertad logran subsistir dentro de este modelo penitenciario.
La sobrepoblacin en estos recintos penitenciarios genera los grandes males que afectan al
sistema carcelario tradicional del pas, cuya vctima directa son los privados de libertad ingresados
en este rgimen, los cuales sufren diariamente con: la falta de higiene, aprovisionamiento
insuficiente de alimentos, enfermedades de la piel y respiratorias, sistema elctrico inadecuado,
ventilacin insuficiente, entre otras. Por igual, genera la vulneracin del derecho a la igualdad
material, en base a que incentiva altos niveles de discriminacin entre la poblacin que alberga,
ya que aquellos que tienen recursos econmicos son los que pueden ser beneficiados con
condiciones de habitabilidad adecuadas, lo que se traduce como corrupcin, ya sea de las
autoridades penitenciarias civiles como castrenses.
La problemtica descrita en las crceles, no ocurre en los centros del nuevo modelo de gestin
penitenciaria (CCRs), puesto que, teniendo una capacidad mxima de 4,942, al momento de
la realizacin de este censo, solamente haba 3,452. Es decir, tena disponibilidad para 1,490
internos ms, por ello su nivel de ocupacin estaba en un 69.9%. Habiendo sido aumentada
dicha capacidad con la inauguracin del CCR-Anamuya, ubicado en la Provincia de Higey para
albergar la cantidad de 1,050, lo que determina la posibilidad de ingresar la cantidad de 5,992.
Esta situacin obedece a la poltica instaurada por la Oficina Coordinadora del Modelo de
Gestin Penitenciaria, dirigida por el Dr. Roberto Santana, quienes establecieron la prohibicin
de ingreso por encima de la capacidad mxima de cada centro, as como de los imputados
con medida de coercin distinta a la prisin preventiva, como por ejemplo los de garanta
econmica impuesta.Palacios de Justicia - 1.3
Modelo PenitenciarioTradicional - 81.5
Nuevo Modelo Penitenciario - 17.3
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 19
DATOS SOCIO DEMOGRFICOSDistribucin de internos por provincias
Sexo En el sistema penitenciario nacional existen recintos del modelo tradicional en los cuales se
encuentran guardando prisin hombres y mujeres indistintamente. Ejemplo de ello son las
crceles de Montecristi y de La Romana. Otros son exclusivamente de hombres (la Victoria,
Najayo, Vega, Seibo, Moca, 15 de Azua, 19 de Marzo, San Juan, entre otros), contrario a los
del nuevo modelo, en los cuales la poblacin est debidamente segregada por sexo, es decir,
existen CCRs exclusivamente para ingresar mujeres (Najayo, Ban y Rafey) y otros para
hombres (Rafey, La Isleta, San Pedro de Macors, Puerto Plata, Vista al Valle, Monte Plata,
Mao Valverde, Elas Pia, Dajabn y Haras Nacionales). Sin embargo, consideramos necesario
que se realice una segregacin por sexo real y efectiva en los recintos del modelo tradicional,
lo cual solamente se logra erradicando la convivencia de mujeres y hombres en las mismas
instalaciones penitenciarias, debido al riesgo previsible que dicha falta de separacin puede
generar, como son: abuso por parte de las autoridades penitenciarias, tanto verbal como
fsico, y hasta sexual.
PROVINCIA %
Santo Domingo 25.3
San Cristbal 14.8
Espaillat (Moca) 6.3
La Vega 5.3
El Seibo 5.0
Peravia (Bani) 4.4
Duarte (San Francisco de Macors) 3.9
Santiago 3.7
Azua 3.4
La Romana 3.4
Barahona 3.1
Puerto Plata 2.6
San Pedro de Macors 2.6
Snchez Ramrez (Cotu) 2.3
La Altagracia (Higuey) 2.1
San Juan de la Maguana 2.1
Monte Cristi 1.7
Bahoruco (Neyba) 1.6
Saman 1.0
Monte Plata 1.0
Valverde (Mao) 1.0
Santiago Rodrguez 0.7
Elas Pia 0.5
Mara Trinidad Snchez (Nagua) 0.5
Hermana Mirabal (Salcedo) 0.5
Distrito Nacional 0.5
Dajabn 0.4
Pedernales 0.4
TOTAL 100%
20 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
Del total general de 20,007 privados de libertad entrevistados, solamente 671 son mujeres,
lo que representa un 3.4%, en contraposicin con los 19,336 que son hombres. Con lo cual
determina que el 96.6% de la poblacin carcelaria pertenecen al sexo masculino, y que el
porcentaje de mujeres privadas de libertad es un porcentaje mnimo, lo que podra traer como
conclusin que la mujer dominicana en pocas ocasiones se involucra en hechos delictivos.
Cabe resaltar que en comparacin con el Ier Censo Penitenciario realizado en el ao 2006,
disminuy la cantidad de mujeres privadas de libertad en un 0.1%, ya que haba un 3.5%,
aumentando respecto a los hombres en el mismo porcentaje, al existir un 96.5%. Sin embargo,
dichos porcientos fueron sobre la base de una poblacin carcelaria total de 12,708, respecto
a los 20,007 actuales. Por ello, este dato no es representativo, puesto que en el indicado ao
2006 haba 449 mujeres, y en el 2011 aument a 671, y respecto a los hombres de 12,259 en
el 2006, aumentando a 19,336.
Edad La distribucin etaria de la poblacin que se encuentra privada de libertad en los recintos
penitenciarios y centros censados, reflejan que un 77.5% es predominantemente joven, debido
a que 15,909 tienen edades comprendidas entre igual o mayor de 18 aos y menor de 40, de
los 20,007 existentes. Lo que refleja un aumento de un 0.8% respecto al censo realizado en el
ao 2006, en el que haba un 76.7%, con la cantidad de 9,739 internos en dichos parmetros
de edades.
2011
FRECUENCIA PORCENTAJE
Hombre 19,336 96.6
Mujer 671 3.4
Total 20,007 100.0
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 21
Sin embargo, lo relevante de este anlisis, lo determina la poblacin con edades de ms de
60 aos, quienes an cuando conservan la misma cantidad porcentual de 1.5% en los dos
censos realizados, vemos que de 194 en el ao 2006, aument a 308 en el 2011. Lo que debe
llamar a preocupacin a las autoridades que tienen la obligacin de dictar la poltica criminal
del Estado, a fin de verificar cuales son las causales que han originado este incremento en la
poblacin envejeciente, con la consecuente aplicacin de polticas precautorias.
Estado Civil Segn los resultados de los internos/as censados el 51.6 % son solteros, el 33.7% son casados
y el 7% han formado su familia en unin libre, lo que determina respecto al ao 2006 una
disminucin en un 14.6% respecto a los primeros, ya que se reportaron 8,411, que reflejaba un
66.2%. As como de un incremento de un 24.4% en cuanto a los segundos, al haber 1,179, con
un 9.3%, y una disminucin de un 16.6% referente a los unidos libremente, quienes tenan un
23.6%, con 2,996.
2011
FRECUENCIA PORCENTAJE
22 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
Con lo anterior se refleja que los privados de libertad la mayora son solteros. No obstante,
ha aumentado los que han formado su familia legalmente o por el matrimonio cannico-,
disminuyendo aquellos con familias no formales, en tal virtud, podra establecerse que
la sociedad dominicana ha avanzado ms en torno a la necesidad de formar una familia
estable, an dentro del marco de la situacin irregular en la cual conviven los internos con
sus respectivas parejas e hijos.
Lo anteriormente referido, puede tener tambin otro tipo de lectura o interpretacin, en
cuanto a que el aumento que ha habido no es respecto al inters del privado de libertad de
formalizar su relacin de pareja. Sino ms bien, que se ha producido un incremento de los
hombres y mujeres que delinquen estando casados, lo cual resultara bastante preocupante,
por el hecho, de que estaramos visualizando la destruccin del entorno familiar de 6,750
familias estables, por el ingreso en prisin de la madre o del padre.
Tienes hijos? De la poblacin penitenciaria censada un 72.5% tiene hijos, en contraposicin con un 27.3%
que dijo no tenerlos. Lo que resulta contradictorio con las cifras descritas previamente en
torno al porcentaje de solteros, ya que de ese 51.6% la gran mayora tiene hijos, lo que se
traduce en relaciones de parejas inestables o culminadas.
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 23
En comparacin con el ao 2006, vemos que en este aspecto, no se produjo un cambio
sustancial, puesto que, en el referido ao hubo un 70.7% que dijo tener hijos, y un 27.8% que
indic no tenerlos. Siendo coincidente la situacin descrita en torno a que la gran mayora
de solteros tiene hijos, ya que la poblacin penitenciaria ubicada en dicho estado civil era de
un 66.2%.
Cuantos hijos tienes? La mayora de los internos tiene de uno a dos hijos, con un porcentaje de un 57%, siendo la
menor proporcin aquellos que tienen ms de ocho hijos, con un 2.2%, disminuyendo en un
1% la cantidad porcentual referida en el ao 2006 respecto a los internos con 1 o 2 hijos, que
abarcaban la cantidad de 5,207 internos, el cual se podra consignar su no representatividad.
Puesto que en la actualidad hay 8,271 internos dentro del rango referido, en contraposicin
con el aumento que hubo en torno a aquellos internos con ms de 8 hijos, de un 1.3%, sobre
la base de 315 internos, ya que en el 2006 solo haba un 0.7% al haber 59.
Cabe resaltar que el 83.7% de los internos censados en el ao 2011 tienen de 1 a 4 hijos,
es decir, 12,135 internos de 20,007. Lo que determina la necesidad de que las instalaciones
penitenciarias donde se encuentran recluidos, les permitan realizar actividades productivas,
con las cuales puedan devengar beneficios econmicos destinados, no slo para su consumo
personal a lo interno del recinto, sino tambin para poder colaborar con la manutencin
de sus hijos. De all que en aquellos recintos penitenciarios donde no existen las mismas
-que regularmente son las crceles del modelo tradicional- los internos se dedican a realizar
trabajos informales lcitos (venta de comidas, pelculas, ropas, calzados, entre otros) e ilcitos
(venta de minutos para celulares, drogas, licores, juegos de azar, pasillos, camas, goletas,
24 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
entre otros), con la finalidad de proveerse de los recursos econmicos necesarios para poder
subsistir. Lo cual tiene su causa en que lo promovido en estas crceles no es otra cosa que
un ocio permanente.
Cul es su nacionalidad? Cul otra? La poblacin carcelaria en los recintos penitenciarios de nuestro pas es mayormente
dominicana, con un porcentaje mnimo de un 6.1% de nacionales extranjeros, con slo 1,230
internos, de un total de 20,007 privados de libertad, habiendo 18,777 dominicanos, los cuales
representan un 93.9%. Sin embargo, aun cuando se pueda visualizar como mnimo en relacin
a la totalidad de internos recluidos, vemos que en comparacin con el ao 2006 dicha cifra
se ha duplicado, debido a que de 525 nacionales extranjeros existentes para un 5.9%, en el
2011 existen los 1,230 internos referidos, lo cual podra deberse a la crisis econmica mundial
existente, as como a las medidas utilizadas para contrarrestar la misma, que no es otra que
involucrarse en el trfico internacional de sustancias controladas, lo cual podremos visualizar
ms adelante.
Cabe resaltar que del 6.1% de nacionales extranjeros privados de libertad, la nacionalidad que
ms abunda es la de los nacionales haitianos, quienes representan un 4.2%, al haber 843. Lo
que refleja un aumento porcentual de un 1%, respecto al porcentaje consignado en el censo
del ao 2006, en cuanto a los nacionales haitianos, ya que haba un 3.2%, de un total de 5.9%.
Sin embargo, lo ms preocupante de este aspecto analizado, no es el aumento del 1%, sino
ms bien, lo que esto significa en trmino de cantidad de internos haitianos ingresados al
sistema penitenciario nuestro, ya que de 285 ingresados en el 2006, en el 2011 dicha cifra casi
se triplico a 843, lo que debe sensibilizar a las autoridades penitenciarias, y a los encargados
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 25
de aplicar la poltica criminal del Estado Dominicano, debido a que esta problemtica refleja
la carencia de oportunidades de empleo formales e informales para stos poder mantenerse,
as como el xodo masivo de los mismos al territorio nacional.
Nacionalidad de los internos extranjeros por zonas geogrficas Los internos censados extranjeros pertenecen un 73.7% a la regin de Centroamrica y el
Caribe, principalmente de Hait con un 68.9%, y de Europa un 13.4% (Espaoles, Holandeses,
Franceses e Italianos). Existiendo un porcentaje mnimo de internos de frica con un 0.4%.
Nivel acadmico alcanzado La poblacin penitenciaria en su mayora son analfabetos funcionales debido a que slo un
7.5% reporta haber culminado su bachillerato. Ms an un 75.9%, es decir, 15,194 internos de
20,007, refieren haber estudiado de primero de primaria a no haber culminado el bachillerato.
Sin obviar el hecho de que existe un 10.5% que no ha realizado ningn curso acadmico, es
decir, que es iletrado. Sin embargo, dichas cifras han reflejado un ligero aumento positivo en
torno a los resultados obtenidos del censo del ao 2006, en donde los internos graduados
del bachillerato eran apenas un 6.2% con 793 internos, los que haban estudiado de primero
de primaria a la no culminacin del bachillerato fueron de 75.4% con 9,591 internos, y los
26 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
analfabetos se redujeron en un 1.9%, al haber un 12.4%. Aun cuando dicho datos es significativo
a nivel porcentual, pero respecto a cifras no, ya que en el 2006 haban 1,581 internos iletrados,
y en el 2011 una cantidad mayor de 2,091.
Los datos referidos previamente, tanto del ao 2006, como del 2011, reflejan una realidad
alarmante respecto al bajo ndice de escolaridad de la poblacin carcelaria general. Lo que
determina las pocas probabilidades de integracin efectiva y oportuna de stos en un entorno
laboral manejado por la demostracin de competencias, as como las perspectivas reales de
stos involucrarse en actividades ilcitas, en busca del sustento personal y de sus familiares.
No obstante, lo relevante despus de manejar las cifras referidas, es que las autoridades
penitenciarias logren captar a todo ese pblico ansioso por adquirir los conocimientos
acadmicos y tcnicos necesarios para ser entes productivos a favor del desarrollo de la
nacin dominicana.
Cabe resaltar que an cuando las informaciones referidas en torno al bajo ndice de escolaridad
de los privados de libertad, no escapa a los internos ingresados en los CCRs, esta situacin
se ha logrado mitigar, ya que en los mismos se aplica la etapa de tratamiento del sistema
progresivo. Es decir, se imparten cursos de alfabetizacin, y en algunos hasta el bachillerato,
como por ejemplo en Haras Nacionales y Monte Plata. Aunque existen otros que slo se
imparte hasta el octavo, como ejemplo el de San Pedro de Macors. Lo que implica que los
internos que estn a un nivel superior, se ven en la imposibilidad real de avanzar en sus estudios
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 27
acadmicos, todo lo cual debe ser tomado en cuenta por las autoridades penitenciarias,
con la finalidad de que las mismas lleguen a un acuerdo posiblemente con el Ministerio
de Educacin, para impartir los mismos en estos centros con el aval correspondiente. As
como tambin en las crceles del modelo tradicional, de las cuales solamente la Penitenciaria
Nacional de La Victoria cuenta con un Liceo en donde se imparte hasta Educacin Secundaria.
Cul fue su ltimo oficio u ocupacin? La ocupacin previa al ingreso en prisin ms frecuente de los internos censados era la de
ser empleado privado con un 25.1% en el 2011, respecto a un 28% en el 2006, seguida por
la de dedicarse a un trabajo informal, reflejada con un 22.4% en el 2011 en comparacin con
un 18.6% del 2006. Siendo el dato ms alarmante el incremento porcentual y numrico de
los internos que se encontraban desempleados al momento de ser sometidos a la accin
de la justicia, como son 389 internos para un 3.1% en el 2006, en contraposicin con los 883
internos para un 4.4%, al haberse casi duplicado.
28 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
An cuando existe un porcentaje mayoritario de internos que previamente ocupaban
funciones en empresas privadas, es necesario resaltar que es un dato representativo que
el 35.9% en el 2011 y el 42% en el 2006, se dedicaba a actividades productivas informales
independientes, tanto tcnicas y no profesionales, as como profesionales, debido al ndice
de desempleo que afecta a la poblacin dominicana en sentido general.
Tipo de defensa Conforme a los resultados del presente censo, la Oficina Nacional de la Defensa Pblica (ONDP)
cubre el 47.4% del universo de casos que ingresan al sistema penitenciario nacional, con la
cantidad de 9,483 internos, de los 20,007 censados, lo que refleja un incremento de un 10.2% de
los privados de libertad a los cuales asista en el ao 2006, que eran 4,733. No obstante, dicho
porcentaje podra ser aumentado por la cantidad representativa de internos que refirieron no
tener ningn tipo de defensa, que es de 14.8%, es decir, 2,910. Los cuales regularmente se
encuentran en esta situacin irregular, por haber sido abandonados por los defensores privados
que los asistan en sus procesos ordinarios, regularmente por stos no haberles podido pagar
las sumas acordadas por concepto de gastos y honorarios, o an cuando les fue pagado, ya
haban concluido la asistencia para la cual fueron contratados, lo cual representa un 3.9% menor
de la cantidad de internos carentes de asistencia legal del ao 2006.
De los internos censados existe un 37.6% que son asistidos por defensores privados, lo que
refleja una disminucin de un 5.4%, respecto a la cifra de internos que representaban en el
ao 2006, que era un 43.0%. Sin embargo, vemos que en trminos numricos incrementaron
la prestacin de su servicio de 5,468 en el 2006 a 7,524 en el 2011.
Cabe resaltar que la cantidad de internos representados por defensores pblicos aument en
comparacin con los asistidos por defensores privados en el presente censo, debido a que en
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 29
los resultados del censo del 2006, estos ltimos tenan una mayor cantidad de casos. Por ello,
ocupaban el primer lugar en el rengln analizado, con un 43.0%, versus el 37.2% representados
por la Defensa Pblica, y en el del ao 2011 se establece una situacin contraria. Sin embargo,
con lo anteriormente plasmado se constata la inexistencia de una competencia desleal por
parte de la ONDP respecto al ejercicio privado de la profesin de derecho.
Cruce tipo de defensa por sexo De los 9,483 casos de privados de libertad manejados por la Defensa Pblica, el 97.2% son
hombres, y el 2.8% mujeres, con ello, se confirma la proporcin mnima de fminas que
delinquen. Lo cual tambin se refleja en las asistidas por defensores privados, que es de un
3.5%, en contraposicin con el 96.5% de asistencia a hombres.
Cabe resaltar que respecto a este rengln no hubo ninguna variacin respecto al censo
realizado en el ao 2006, en donde el 3.1% de mujeres y el 96.9% de hombres estaban siendo
asistidos por la Defensa Pblica. As como el 3.9% de mujeres y el 96.1% de hombres se
encontraban siendo representados por defensa privada.
Cruce tipo de defensa por edad Las edades de las personas privadas de libertad censadas que mayor porcentaje tiene,
independientemente de ser asistidas por la defensa pblica o por abogado privado, es la de
19 a 29 aos con un 46.7%, seguida de los que tienen de 30 a 39 aos con un 30.8%. Lo que
indica que la poblacin carcelaria es bastante joven.
La Defensa Pblica abarca el 81% de internos con edades comprendidas entre los 18 y 39
aos, lo que implica que la asistencia est siendo prestada en su mayora a personas jvenes,
principalmente a los privados de libertad de 19 a 29 aos, quienes representan el 48.9%,
traducido en cifras a 4,640 internos. Por igual, representa a un porcentaje minoritario de
los internos de ms de 60 aos de edad, que es un 1.3% de un total de 4.9%, teniendo los
defensores privados un 1.6%.
30 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
Las cifras referidas no representan un cambio significativo a nivel porcentual de las recabadas
en el censo del ao 2006, en donde los privados de libertad de edades comprendidas entre
los 18 y 39 aos eran asistidos en un 79.6% por la Defensa Pblica, destacando tambin que
el porciento mayoritario perteneca al rengln de internos con edades de 19 a 29 aos con
un 50.5%. Sin embargo, en trminos numricos si es un dato relevante, puesto que de 2,392
internos asistidos en el 2006 del parmetro atareo referido, se ha casi duplicado en el ao
2011 con 4,640. Por igual, respecto a los internos asistidos con ms de 60 aos, quienes en el
2006 solamente haban 75, y en el censo actual existen 128, sin desmeritar el hecho de que
el ltimo sector etario referido de 194 internos en general que guardaban prisin en el 2006,
pasaron a 308.
Cruce tipo de defensa por nivel acadmico alcanzado El nivel acadmico alcanzado por los internos censados, que se destaca con un mayor
porcentaje en este censo, son aquellos que llegaron a un nivel de escolaridad de quinto a
octavo curso de primaria con un 34.6%, seguido por un 24.8% de aquellos que no concluyeron
el bachillerato, al igual que los que solamente alcanzaron un cuarto curso de primaria con un
16.5%. Sin embargo, el dato ms relevante es que de los 20,007 internos censados el 10.5%
no ha obtenido ningn nivel de escolaridad, es decir, es analfabeto.
El 78.3% de los internos censados que pertenecen a la Defensa Pblica son analfabetos
funcionales, por tener un nivel bajo de escolaridad, puesto que, no han concluido el bachillerato
completo, teniendo una mayor proporcin de internos que han aprobado el quinto curso,
pero no han concluido el octavo, reflejado en un 36.6% representado por 3,471 internos, as
como de los privados de libertad que no han realizado ningn estudio acadmico (no saben
leer, ni escribir), con un 12.5%. Por igual, este tipo de defensa maneja slo un 5.4% de usuarios
que han culminado el bachillerato, y un 1.1% con estudios universitarios completos, lo que
determina que el defensor pblico deba manejar los procesos con mayor cuidado respecto
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 31
a la forma de comunicarse con stos, con la finalidad de lograr transmitir los conocimientos
tcnicos de los procesos a sus usuarios directos, de forma tal que haya una comunicacin
asertiva y efectiva, a consecuencia de las limitaciones que genera la baja escolaridad.
Contrario a lo referido respecto al nivel acadmico alcanzado por los usuarios de la Defensa
Pblica, vemos que el porcentaje de usuarios manejados por el defensor privado, tienen
un menor ndice con baja escolaridad, ya que slo alcanzan a un 74.2% los que no han
concluido su bachillerato completo, as como los que no tienen ningn nivel acadmico
alcanzado que es de un 5.8%. Sin embargo, es mayor el porcentaje de casos que representan
en comparacin con los de la Defensa Pblica respecto a aquellos que han culminado sus
estudios secundarios, con un 10.7%, as como con carreras completas, que es un 3.5%.
Lo anteriormente referido, en torno a que los usuarios de la Defensa Pblica regularmente son
de baja escolaridad, y los de la defensa privada tienen un nivel de escolaridad ms elevado,
se ha mantenido constante en la poblacin penitenciaria, conforme a los datos porcentuales
que arroj el censo anterior, del ao 2006. En donde la Defensa Pblica manej un 77.3% con
una escolaridad de primero de primaria a un bachillerato incompleto, un 14.4% de usuarios sin
ningn grado acadmico, y un porcentaje mnimo con bachillerato completo (4.4%) y estudios
universitarios completo (1.1%). Contrario a los de la defensa privada que manejaron un 74.8%
con una escolaridad de primero de primaria a un bachillerato incompleto, un 8.1% de usuarios
sin ningn grado acadmico, y un porcentaje mnimo pero ms alto que los de la Defensa
Pblica- con bachillerato completo (8.6%) y estudios universitarios completo (2.9%).
32 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
Cruce tipo de defensa por ltimo oficio u ocupacin El oficio u ocupacin que en mayor proporcin tenan los privados de libertad censados, antes
de ser sometidos a la accin de la justicia, indistintamente de ser asistidos por la defensa
pblica o por abogados privados, es haber sido empleados en una empresa privada, con un
25.1%, seguido del trabajo informal con un 22.4%, as como empleado pblico con un 13.3%.
La ocupacin u oficio de los privados de libertad que tienen los servicios de la Defensa
Pblica regularmente son aquellos con trabajos informales, reflejados en un 25.6%, seguido
por empleos en empresa privada con un 22.7%. Pero el dato ms preocupante es el bajo nivel
ocupacional de estudios de los usuarios del servicio con un 1.2, as como de aquellos que no
tenan empleo al momento del sometimiento judicial con un 4.4%. Con lo que se evidencia la
imposibilidad material de stos proveerse de una defensa privada, por la poca probabilidad
de obtener los recursos econmicos necesarios para sufragar dichos servicios.
Panormica diferente se visualiza con los privados de libertad que dijeron tener los servicios de
defensores privados, puesto que, tienen una proporcin ms elevada de aquellos que tenan un
empleo privado previo al sometimiento judicial en un 29.4%, as como que se dedicaban a los
estudios con un 1.9%. En consecuencia, lgicamente tienen un menor porcentaje de internos que
se dedicaban a trabajos informales con un 18.9%, o de los que no tenan empleo con un 3.9%.
La tendencia referida se ha mantenido en los aos transcurridos, despus de haberse
producido en I Censo Penitenciario en el ao 2006, puesto que, en el aquel momento la
Defensa Pblica manejaba en mayor proporcin los casos de los privados de libertad que
tenan antes del sometimiento judicial trabajos informales 20.8% que los que tenan defensa
privada con un 15.7%. As como en menor medida aquellos con empleos privados con un
26.7% versus el 30.5% manejado por los abogados privados, al igual que eran estudiantes
con un 0.8% respecto al 1.5% de los privados.
Sin embargo, lo que ha evidenciado una modificacin en el aspecto analizado es respecto a
la cantidad de usuarios manejados por la Defensa Pblica que no tenan empleo en el 2006,
con los del 2011, en comparacin con los que tenan representacin privada, ya que en el
ao 2006 asuman un 2.8%. Sin embargo, los privados tenan un 2.9%, y en el 2011 ocurre lo
contrario, en virtud de que la Defensa Pblica maneja el 4.4% y el 3.9% lo representa la defensa
privada. Es decir, que anteriormente los abogados privados tenan un mayor porcentaje de
privados de libertad que al momento del sometimiento judicial no tenan empleo que los
representados por la Defensa Pblica, contrario a lo que reporta el censo realizado en el
2011. Lo que significa que el servicio nacional de la defensa pblica est siendo prestado a la
poblacin de escasos recursos de la sociedad dominicana mayormente.
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 33
Frecuencia de contacto con abogado Este censo refleja que la frecuencia de contacto de los privados de libertad con su abogado es
slo en el tribunal con un 29.4%, seguido por una vez a la semana, reflejado con un 14.8%. Sin
embargo, el dato ms relevante, por evidenciar altos niveles de indefensin por parte de los
internos, son aquellos que nunca han tenido contacto con su abogado, que tienen un 22.9%.
La Defensa Pblica segn este censo, tiene contacto frecuentemente con sus usuarios directos
en varias ocasiones durante cada mes en un 29.2% (2,766 internos), al ser visitados los privados
de libertad en los diferentes recintos penitenciarios por los defensores pblicos. Teniendo los
mismos un contacto ms frecuente con estos una vez a la semana, con un 11.5%, segn lo
informado por 1,089 internos. Sin embargo, el mayor ndice lo representa el 30.6% con 2,900
usuarios que dicen ver a sus defensores en el Tribunal, as como un 26.1% que declararon nunca
haber visto a sus defensores pblicos asignados, lo cual an cuando es un dato preocupante,
determina la necesidad de establecer cules son las causales que originan esta irregularidad
en el servicio ofrecido por la ONDP. Ya que para prestar el mismo de manera eficiente deben
converger diferentes aspectos, que no se han podido cubrir por falta de presupuesto suficiente,
como son: el nombramiento previo concurso de oposicin y meritos, y superacin del curso
de formacin de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), de una cantidad suficiente
de defensores pblicos, los cuales puedan realizar visitas regularmente en los recintos
penitenciarios, sin tener la necesidad de descuidar el conocimiento de sus audiencias, que es
lo que ha ocurrido en el 2011. Por igual, la creacin de Oficinas de Defensa Pblica en los trece
(13) distritos judiciales en donde an no se han podido instaurar por falta de presupuesto.
La situacin descrita se presenta tambin con los privados de libertad asistidos por
defensa privada, pero con un porcentaje menor, posiblemente debido a que no manejan la
cantidad de casos representados por cada defensor pblico (9,483). De all que tengan ms
oportunidades para visitar en los recintos penitenciarios a sus usuarios, en consecuencia,
estos frecuentemente durante el mes visitan a sus privados de libertad en un 40.3%, teniendo
una proporcin mayor de aquellos visitados una vez por semana con un 19%, as como
un 19.2% de usuarios que dijeron nunca haber sido visitados por el abogado privado, en
contraposicin con un 28% que seala que tiene contacto con ellos solo en el tribunal.
Respecto a los resultados del Censo del ao 2006 en comparacin con este, vemos que ha
habido un agravamiento de la irregularidad referida previamente, en cuanto a la proporcin
de internos que refieren nunca ver a su abogado, independientemente de ser pblico o
privado, puesto que en el 2006 haba un 13.1% de internos que sealaron esta situacin, y en
el 2011 hay un 45.3%. Es decir, hubo un incremento de un 32.2%, es decir, de 1,352 internos se
ha pasado a 3,919 que se quejan de no haber sido visitados por sus representantes legales.
34 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
Tipo de contacto ms frecuente con el abogado El tipo de contacto ms frecuente con el abogado, indistintamente sea defensor pblico o
privado, es el fsico, cara a cara, con un 52.3%, seguido por el contacto por telfono con un
23.0%, y a travs de otra persona con un 13.2%. Sin embargo, resulta preocupante de que de
internos censados un 22.7% refiri no haber tenido nunca contacto con su abogado.
El ms frecuente que sealaron los privados de libertad tener con su defensor pblico es el
fsico o cara a cara, con un 54.0%, lo cual coincide con los datos dados por los usuarios de la
defensa privada con un 50.2%, seguido por la va telefnica, con un 17.2% los de la Defensa
Pblica y un 30.3% de los abogados privados. Con lo que se evidencia que los abogados
privados se comunican ms con sus usuarios por telfono, que los defensores pblicos. Lo
mismo ocurre con el contacto a travs de otra persona, debido a que un 15.1% de los privados
de libertad asistidos por defensores privados son contactados por va de otra persona, en
contraposicin con un 11.7% de los usuarios de la Defensa Pblica, lo que determina que los
defensores pblicos le dan mayor prioridad al contacto directo con el privado de libertad,
que hacerlo a travs de otra persona, contrario a los usuarios de abogado privado.
Cabe resaltar que la jerarquizacin de los datos referidos se han mantenido, debido a que
en el ao 2006, el tipo de contacto ms frecuente fue el fsico o cara a cara con un 63.0%,
seguido por el va telefnica con un 27.7%, y como ltimo, el contacto a travs de otra persona
con un 16.3%.
Etapa en la que se encuentra su caso De los 20,007 internos censados, el 47% es condenado definitivo (9,271), el 43% es preventivo.
Esto al estar su proceso en el juzgado de la instruccin (3,862 que representa un 20%) o en el
juzgado de primera instancia (4,487 que refleja un 23%), y un 10% de los privados de libertad
estn esperando la decisin de los recursos de apelacin (1,271) y casacin (882) interpuestos,
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 35
por lo que son condenados no definitivos. Lo que en comparacin con los resultados obtenidos
en el Censo del ao 2006 refleja un aumento porcentual de los casos de internos con condena
definitiva (de un 31% a un 47%), respecto a los preventivos. Sin embargo, no se refleja en las
cifras numricas, debido a que en el 2006 haba 3,987 y en el 2011 la cantidad de 9,271 que
eran condenados definitivos, en contraposicin con la cantidad de 4,881 en el 2006 y en el
2011 la cantidad de 10,502. Es decir, se mantiene constante la alta tasa de preventivos versus
condenados, ya que si se observa la cantidad de preventivos entre el 2006 y el 2011 se ha casi
triplicado, lo que requiere una mayor atencin por parte de los operadores del sistema de
justicia, a fin de lograr que los procesos sean conocidos con mayor celeridad.
Cabe resaltar que de los 9,377 usuarios censados que pertenecen a la Defensa Pblica, el
52% de los internos son preventivos y/o condenados no definitivos y el 48% es condenado
definitivo. En contraposicin al 61% de usuarios representados por abogados privados que
son preventivos y/o condenados no definitivos, as como el 38% que es condenado definitivo.
36 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
No obstante, los datos porcentuales referidos, es bueno destacar, que de la cantidad de
2,870 internos censados que dijeron no tener asistencia letrada pblica, ni privada-, el 67%
dice ser condenado definitivo, y el 46% es preventivo y/o condenado no definitivo. Con lo
que se visualiza la necesidad de que se implemente una mayor atencin a los internos cuyo
proceso ha concluido, para que se le de seguimiento ante el juez de ejecucin de la pena, por
estar estos en la fase de ejecucin. As como a los que an no ha sido decidido de manera
definitiva su caso, ya que esta falta de asistencia legal podra llegar a involucrar la vulneracin
del plazo razonable, la presuncin de inocencia, el debido proceso, entre otras, como garanta
de la tutela judicial efectiva, dispuesta en el artculo 69 de la Constitucin Dominicana.
Le fijaron un monto de fianza? El 85% de los privados de libertad no les fue fijada garanta econmica, en cambio, al 14.9% si
les fue impuesta dicha medida de coercin.
De los 1,653 usuarios que dicen pertenecer a la Defensa Pblica, solamente un 15.2% refiere que
le fue impuesta la medida alternativa de coercin de garanta econmica (fianza). Es decir, 251
privados de libertad, en contraposicin con aquellos a los cuales se les dict prisin preventiva,
que es un 84.8%. Lo cual ocurre de manera similar con los usuarios atendidos por abogados
privados (14.3% con garanta econmica impuesta versus un 85.7% con prisin preventiva).
Con lo anterior, se visualiza de manera positiva el hecho de que los juzgadores no muestran
ningn tipo de preferencia al momento de imponer medidas alternativas distintas a la
prisin, segn sea el imputado asistido por la Defensa Pblica o por abogado privado. Sin
embargo, demuestra una tendencia mayor de los rganos del sistema de justicia penal a dictar
prisin preventiva, lo cual contradice el espritu de lo dispuesto en el artculo 234 del Cdigo
Procesal Penal, en torno a que la libertad es la regla, y la prisin la excepcin. Mxime si por
la prolongacin de esta ltima, puede llegar a constituirse en una pena anticipada, que en
muchos casos sobrepasa su tiempo lmite de doce meses, consignado en el artculo 241.3 de la
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 37
norma referida, lo que trae como consecuencia negativa inmediata la sobrepoblacin existente
en los recintos penitenciarios tradicionales de todo el pas.
Ha tenido revisin de la medida de coercin? En este censo se refleja que el 76.5% de los internos censados sealan que no han tenido
revisin de medida de coercin, an cuando el Cdigo Procesal Penal refiere en su artculo
239 la revisin obligatoria de la prisin preventiva por parte del rgano jurisdiccional, y solo el
23.5% si la ha tenido.
El 80.2% de los usuarios de la Defensa Pblica refieren no haber tenido revisin de la medida
de coercin de prisin preventiva que padecen. Y el 19.8 refieren que si, en contraposicin a
los 30.3% de los privados de libertad asistidos por defensa privada que indican que si se les ha
interpuesto dicha va de impugnacin, aunque el 69.7% indica que no les ha sido depositado.
La tendencia referida se ha mantenido, segn los datos consignados previamente, confrontados
con los resultados del censo del 2006, donde la cantidad de internos con depsitos de
revisiones de medidas de coercin representaba un 20.57%(566), en contraposicin con el
79.42%(2185), quienes refirieron que no les haba sido depositada. Por igual, en cuanto a la
proporcin de revisiones depositadas a favor de los usuarios de la Defensa Pblica (39.22%),
las cuales eran menores que las depositadas por los defensores privados (60.78%).
Con los datos anteriores, respecto a que la defensa privada deposita ms recursos de
revisin de medida de coercin que los defensores pblico, no debe entenderse como que el
defensor pblico no los deposita porque as lo desea, en virtud de que an cuando lo desee
interponer con mayor frecuencia, se encuentra atado a la presentacin de presupuestos que
determinen la variacin de las condiciones en las cuales se pronunci la medida de coercin
de prisin preventiva. Por ello, los imputados y familiares de la Defensa Pblica al tener baja
escolaridad, as como realizar en mayor proporcin trabajos informales, y hasta ni siquiera
poseer acta de nacimiento y cdula, regularmente no disponen de presupuestos suficientes
para poder ser ofertados al juzgador a fin de determinar la no existencia de peligro de fuga,
y en consecuencia, lograr que le sea variada la medida a su representado. Contrario a lo que
38 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
ocurre con los usuarios de abogados privados, quienes tienen mayores posibilidades de ofrecer
presupuestos ms slidos para obtener la modificacin de la medida de coercin, debido a los
recursos econmicos que manejan sus privados de libertad o sus familiares, como seran la
presentacin como garanta de presentacin del interno de un inmueble o un vehculo, o de
un garante personal, ya sea propietario de un negocio, debidamente registrado, con registro
nacional de contribuyente y nmero de comprobante fiscal, o administrador de un negocio
reconocido, adems de asistir a Clubes, Iglesias o Juntas de Vecinos con mayor credibilidad,
al reunirse en ellas la poblacin de clase media alta o alta. Con esto no queremos significar que
los presupuestos que son entregados al defensor pblico por el imputado o sus familiares, no
tengan algn tipo de vlidez, sino que no resultan regularmente suficientes.
Desde cuando est recluido? Los internos censados que tienen ms tiempo recluido son aquellos que tienen de uno a cinco
aos con un 35.1%, seguidos por los que tienen menos de uno con un 32.3%, y en un tercer lugar
los que tienen de cinco a diez aos con un 10.2%. Aun cuando indicaron no tener respuesta
respecto a esta interrogante un 19.1% de los privados de libertad consultados.
Dentro de los internos que estn guardando prisin con sentencia definitiva, que tienen un
mayor porcentaje son los que tienen de uno a cinco aos, con un 48.1%, y los que no tienen
sentencia definitiva son los que tienen menos de un ao con un 44.3%, lo cual coincide con
aquellos que son preventivos con un 65.7% con prisin de menos de un ao. De all que se
destaca en este censo, que la poblacin privada de libertad en el pas es mayormente aquella
que no se le ha sido conocido an su proceso de manera definitiva.
Cabe resaltar que de la poblacin preventiva existe un 0.8% (32 internos) que tiene ms de 10
aos sin haber sido resuelta su situacin procesal de manera definitiva, y un 1.3% (52 internos)
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 39
que tiene de cinco a diez aos. Lo cual denota una crisis gravsima en el sistema de justicia penal,
en cuanto a la poca celeridad con la cual se estn conociendo los procesos de 84 internos.
Sin embargo, un dato relevante es que el 77.6% de los internos censados, es decir, 15,524,
no sobrepasa los diez aos. Lo que denota que la poblacin carcelaria es mayormente la
ingresada despus de haber sido puesto en vigencia el Cdigo Procesal Penal, el cual consigno
la excepcionalidad en la aplicacin de la medida de coercin de prisin preventiva, de all que
debe cuestionarse el sistema judicial la aplicabilidad efectiva de la norma procesal referida.
Confrontados los resultados referidos con el Censo producido en el 2006, veremos que ha
habido una variacin negativa en torno al tiempo de duracin, debido a que en el 2006, el
tiempo que mayor porcentaje obtuvo fue el de los internos que tenan hasta un ao guardando
prisin con un 48%. Sin embargo, en el 2011 son aquellos que tienen ms de un ao hasta cinco
con un 35.1%, lo que implica que existen ms internos guardando prisin con ms tiempo de
duracin, independientemente de ser preventivos o no.
Acto infraccional (Delito del que se le acusa o acus) Los delitos ms frecuentes por los cuales fueron acusados los internos censados son homicidio
con un 32.1%, droga con un 30% y robo con un 20.9%. Lo cual confrontado con los datos del
censo del 2006 reflejan que ha habido una disminucin respecto al tipo penal de homicidio en
un 3.2%, ya que en aquel momento era de un 35.3%. Sin embargo, se constata un incremento
en los casos de drogas de un 12%, ya que en el 2006 se report un 18%, y en la actualidad es
un 30%. As como un aumento del tipo penal de robo con un 5%, al haberse reportado un
20.9% en el 2006, y en este ltimo censo un 25.9%, lo cual an cuando debe ser observado
por las autoridades que manejan la poltica criminal del Estado, no se compara con el aumento
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referido de la presunta vulneracin de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas,
tipo penal que estaba en un tercer nivel de frecuencia, y ahora esta hasta por encima del de
robo simple o agravado.
Acto infraccional (Delito del que se le acusa o acus) Tipo de Defensa La Defensa Pblica, segn las informaciones recabadas en este Censo, maneja un 30.6% de
los privados de libertad sometidos o condenados por violacin al artculo 295 del Cdigo
Penal. Es decir, por homicidio, seguido muy de cerca con un 29.2% del tipo penal de drogas,
y en tercer lugar, por robo con un 23.6%. Tendencia que vara con los casos manejados por
los abogados privados, quienes tienen en primer lugar el tipo penal de droga con un 32.9%,
seguido de homicidio con un 32.5% y robo con un 17.8%. Diferencia que podra ser determinada
por los recursos econmicos que se presume deben manejar los usuarios que eligen este
tipo de defensa, adems de que el consumo, distribucin y trfico de sustancias controladas
regularmente maneja mucho dinero siempre y cuando no sea el micro trfico-.
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 41
Dentro de los internos censados que refirieron no tener ningn tipo de defensa, vemos que la
tendencia consignada con los usuarios representados por la Defensa Pblica se mantiene, es
decir, en mayor proporcin el homicidio con un 36.0%, droga con un 25.3% y robo con un 20.2%.
Comparado lo anterior con los datos recabados en el censo del 2006, vemos que los tipos
penales manejados por la Defensa Pblica se han modificado, puesto que se han incrementado
los casos por el tipo penal de droga. En virtud de que, en el 2006 manejo el 15.9%, y en el 2011
un 29.2%, pasando a un nivel superior que el tipo penal de robo, debido a que en el 2006
se report un 30.1% del mismo, y ahora un 23.6%, y respecto al tipo penal de homicidio; aun
cuando contina con el mayor nivel de frecuencia con un 30.6% en el 2011, tuvo una ligera
disminucin respecto al 2006, que hubo un 33.8%. Con lo anterior, se aprecia que en el 2006
los tipos penales ms frecuentes eran homicidio, robo y droga, en ese mismo orden. Y en
el 2011 son homicidio, droga y robo; lo cual ocurri por igual con los casos por tipo penal
manejados por la defensa privada (homicidio un 38.3%, robo un 21.3% y droga un 21.0% en el
2006). Sin embargo, vari respecto al tipo penal con mayor incidencia de homicidio (32.5%) a
droga (32.9%).
42 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
Acto infraccional (Delito del que se le acusa o acus): Ha sido condenado De los 11,239 internos que refirieron haber sido condenados en este censo obviando los 8,684
que no han recibido condena-, un 39.2% fue por homicidio, 29% por drogas y un 17.3% por
robo. Seguido este ltimo en un 9.1% por violacin o agresin sexual y un 2.6 por posesin
ilegal de armas, as como un 1.7% por violencia intrafamiliar.
En este censo se aprecia que en base a los tipos penales ms frecuentes, el tipo penal por
el cual han sido condenados con mayor frecuencia los privados de libertad censados es el
de homicidio con un 68.8%, seguido por el de droga con un 54.5% y finalizando con el robo
con un 46.5%. Existiendo una proporcin mnima de condena del tipo penal de violencia
intrafamiliar, respecto a los tres tipos penales referidos anteriormente, con un 38.6%. Lo cual se
encuentra justificado por haber solamente 497 privados de libertad por dicho tipo penal, en
contraposicin con los 6420 de homicidio, 5,995 de droga y 4,189 de robo.
Un dato preocupante respecto a las cifras referidas es que el tipo penal de robo ostenta un
53.3% de no condenas, as como un 61.2% de violencia intrafamiliar, en comparacin con el
30.9% de homicidio y el 45.2% de droga.
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 43
Sin embargo, resulta contradictorio los datos obtenidos respecto a que tenga mayor frecuencia
de condena el homicidio, que los casos de drogas, debido a que regularmente los elementos
de prueba que han de aportarse a los tribunales del orden judicial respecto al tipo penal de
homicidio son regularmente ms complejos que los de droga. A no ser que respecto a este
ltimo se est manejando la violacin del mismo dentro de una criminalidad organizada, en
donde s se verifica niveles de dificultad en la obtencin de las pruebas, lo que se traduce en
mayor inversin de tiempo por parte del rgano investigador.
Contrastando los resultados referidos con el censo del 2006, se puede apreciar que se
ha mantenido la tendencia del tipo penal con mayor frecuencia de condena, que es el de
homicidio con un 44.1%. Contrario al robo que paso de estar en un segundo lugar con 20.1% al
tercero, suplantado por el de droga que de un 15.9% paso a un 54.5% en el 2011. Cabe resaltar
que la condena de los privados de libertad en torno al tipo penal de violencia intrafamiliar ha
aumentado con relacin al 2006, al pasar de un 1.7% a un 38.6%. Sin embargo, respecto al
tipo penal de violacin o agresin sexual disminuy de un 12.4% de internos condenados en el
2006 a un 9.1% en el 2011.
Acto infraccional (Delito del que se le acusa o acus): Tipo de preso De los internos censados preventivos el tipo penal ms frecuente es el de drogas con un 30.6%,
seguido por el de robo con un 25.9% y homicidio con un 21.1%. Respecto a los condenados con
sentencia no definitiva el porcentaje ms alto lo tiene el tipo penal de drogas con un 29.3%,
seguido por el de homicidio con un 29.0% y el robo con un 23.5%. En relacin con los internos
con sentencia definitiva el tipo penal con mayor frecuencia es el homicidio con un 39%, seguido
por el de droga con un 30.1% y el de robo con un 17%.
44 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
Contrastado con los datos consignados en el censo del 2006 vemos que existen grandes
diferencias, puesto que la frecuencia del tipo penal de los preventivos mayor fue el de robo
con un 35%, seguido por el de homicidio con un 21.9% y el de droga con un 21.4%, contrario al
2011 que fue droga (30.6%), robo (25.9%) y homicidio (21.1%). Con lo que ninguno de los tipos
referidos mantuvo la tendencia iniciada en el 2006. Respecto a los condenados sin sentencia
definitiva vemos que el porcentaje ms alto lo tuvo el tipo penal de homicidio con un 47.8%,
seguido por el de robo con un 20.3% y el droga con un 13.1%, contrario al del 2011 que fue droga
(29.3%), homicidio (29.0%) y robo (23.5%). Y en relacin con los condenados definitivos ocurri
lo referido en los tipos de presos consignados previamente, ya que en el 2006 el porcentaje
ms alto lo tuvo el tipo penal de homicidio con un 41.4%, seguido por el de robo con un 19.5%
y el droga con un 18.3%, en cambio en el 2011 variaron con homicidio (39%), seguido de droga
(30.1%) y robo (17%).
Otros delitos cometidos De los tipos penales distintos a los que han tenido mayor frecuencia, referidos previamente,
vemos que el de secuestro tuvo mayor frecuencia con 10, seguido de incendio con 7, y estafa.
As como violacin a mayor con 5, resultando contraria la tendencia del tipo penal de trfico
de personas con solo 3.
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 45
Ha sido condenado? Ha disminuido la cantidad de internos condenados respecto a los que no lo han sido en este
censo, en comparacin al del 2006. Toda vez que en el del 2011 hay un 56.2% de condenados,
habiendo disminuido en un 4.4%, ya que en el 2006 se report un 60.6%. Por ello, aumento la
tendencia en el 2011 de no condenados a 43.4% versus el 39.1% del 2006.
46 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
A cuntos aos lo condenaron? Las condenas de ms de cinco aos son la que tienen mayor frecuencia en los internos censados
con un 64.2%, seguida por la de ms de dos y menos de cinco con un 27.7% y por ltimo, con
menor frecuencia las de menos de dos aos con un 6.6%.
La Defensa Pblica tiene un porcentaje mayor de internos condenados con penas mayores de
cinco aos con un 60.1%, seguida de las de menos de cinco y ms de dos con un 31.0%, teniendo
un porciento minoritario de condenados con menos de dos aos con un 7.3%. Tendencia que se
mantiene con los usuarios asistidos por abogados privados con un 64.5% con penas mayores
de cinco aos, un 27.4% con condenas de ms de dos aos y menos de cinco y un 6.5% con
menos de dos aos.
Cabe resaltar que las condenas de aquellos que refieren no tener abogado, aumentan los que
tienen sanciones mayores a cinco aos con un 74.5%, en comparacin con el 60.1% de los de la
Defensa Pblica y el 64.5% de los abogados privados.
Cumpli su condena actual? Porqu razn se encuentra privado de libertad? El 97% de los internos censados refirieron no haber cumplido su condena actual, habiendo
aumentado este aspecto en relacin con el 2006 en un 7.1%, ya que se report que un 89.9%
no haba cumplido su condena. Lo que determin una disminucin porcentual de un 2.3%
respecto de los que s han cumplido su pena privativa de libertad, al haber consignado en el
2006 un 5.0%, y en el 2011 un 2.7%.
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 47
Del porcentaje que estableci haber cumplido su condena actual, se aprecia que los mismos
no han obtenido su libertad en razn de que no le llegado su libertad en un 40.6%, un 23.4%
no ha podido pagar la multa y un 7.8% tiene otro caso pendiente. Lo cual junto con el 3.6%
que no ha sido libertado por no haber podido pagar el monto de la garanta econmica
impuesta, determinan posiblemente no slo un congestionamiento del sistema penitenciario
con personas que debieron haber sido liberadas, sino tambin:
1. La falta de seguimiento por parte del juez de ejecucin de la pena, en torno a los internos
que no han podido pagar la multa, posiblemente por el incumplimiento de lo dispuesto
en el artculo 438 del Cdigo Procesal Penal, respecto al apoderamiento de oficio, el cual
ordena a la secretara del tribunal ltimo que conoci el proceso que adquiri la autoridad
de la cosa irrevocablemente juzgada, la notificacin a dicho rgano del Poder Judicial,
para la ejecucin del cmputo definitivo. Permitiendo con esta inaccin que los internos
permanezcan presos ms all del tiempo que establezca la sentencia como pena privativa
de libertad, sin que el juez de ejecucin los convoque para preguntarles la forma en cmo
han de pagar la misma, en virtud de lo contemplado en el artculo 446 del CPP, y el Captulo
X, numerales 4, 5 y 7 de la Resolucin No.296-2005 de la Suprema Corte de Justicia, que
crea el Reglamento del Juez de Ejecucin de la Pena; y
2. Un procedimiento retardatario en la depuracin de las libertades, tanto por parte de los
jurdicos de los diferentes recintos penitenciarios, as como por parte de la Direccin General
de Prisiones, a quienes se les enva las mismas, para que realicen una nueva depuracin.
48 2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO
Comparando lo anterior con los resultados del censo del 2006 se verifica que la tendencia
porcentual respecto a las razones por las cuales no han obtenido su libertad se mantiene con
ciertas diferencias, ya que respecto a la razn de por no haberle llegado la libertad tuvo una
disminucin de 58.1% en el 2006 a 40.6% en el 2011. Lo que es un dato relevante positivo,
aunque esto pierde efectividad respecto al inters de paliar la sobrepoblacin existente en los
recintos penitenciarios cuando vemos que aument el porcentaje de internos que habiendo
cumplido su condena siguen presos por no haber podido pagar la multa, es decir, de un 15.6%
aument a un 23.4%. Y por dems, resulta un dato negativo el hecho de haberse incrementado
el porcentaje de interno que aun cuando han cumplido su condena actual no han podido ser
liberados por tener un caso pendiente, dicho aumento fue de un 0.5, ya que de 7.3 en el 2006
paso a 7.8% en el 2011.
Ha cumplido condena anteriormente? Un 83.8% del total de internos censados refirieron no haber cumplido condena anteriormente
(16,765), lo cual determina un aumento de un 4.3% respecto a los que indicaron lo mismo en
el ao 2006 (79.5%) con 10,101 internos de un total de 12,708. Presentndose una disminucin
porcentual positiva de aquellos internos que si han sido anteriormente condenados de un 0.2%,
ya que en el 2006 haban 16.0% y en el 2011 un 15.8%.
2DO.CENSONACIONALPENITENCIARIO 49
Con lo anterior, se observa la no existencia de un alto ndice de privados de libertad reincidentes
generales o especficos, en base a las pocas oportunidades de regeneracin que el sistema
penitenciario tradicional les ofrece.
Ha sido deportado? En este censo hubo un aumento en relacin con el realizado en el 2006, respecto a los internos
que respondieron haber sido deportados, ya que en el 2006 solo alcanz un 4% con 513
internos, de los cuales 186 pertenecan a la Defensa Pblica (3.9%) y 221 a abogados pri