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El extractivismo, los conflictos sociales y la necesidad de refundar
la República
Marco Sipán Torres
La primera década del siglo XXI nuestra América Latina ha estado
marcada por la emergencia y la trascendencia de las luchas sociales y
los movimientos populares que han alcanzado incluso gobiernos en
varios países. Se trata, sin lugar a dudas, de una década en
movimiento1. El Perú no está exento a este impulso de la protesta
social, de la emergencia y reactivación de conflictos sociales que
expresan una crisis de representación dentro del marco democrático
actual2. Y cuya atención debe involucrar a la política como un proceso
de reconocimiento sociocultural y como participación democrática en
las decisiones colectivas de cada localidad3. La participación de los
Movimientos Sociales en las decisiones dentro de la institucionalidad
del Estado, es un proceso de democratización que se ha venido
alcanzando mediante la lucha social e intenta romper la hegemonía
neoliberal dentro del Estado, convirtiendo a este - también - en un
campo de lucha4.
1 MODONESI, Massimo y REBON,J. Una década en movimiento. Lucha populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI. Ed. CLACSO, Prometeo. Buenos Aires. 2011.2 CARDENAS, María. Conflictos sociales y desarrollo: el caso peruano. SEPIA VIII. Cusco. 2009.3 QUERO, Morgan. Pura Literatura. La Política como representación. Metapolítica Nº 21. México, Enero-Febrero 2002. 4 GARCIA LINERA, Alvaro y varios. Estado. Campo de lucha. Ed. Muela del Diablo. La Paz. 2010.
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El sistema -mundo- moderno5 exige una gran demanda global por los
recursos minerales y energéticos (petróleo y gas natural). América
Latina ha basado su crecimiento en estas últimas décadas, en las
actividades extractivas de estos recursos que tienen como destino los
EEUU y Europa, pero no cabe duda que el mayor mercado en estos
momentos, es la República Popular de China6. Si bien la historia de
América Latina está vinculada a la exportación de materias primas
desde la época de la colonia, la implementación del neoliberalismo en
la región en la década de los ochenta y noventa establecieron un tipo
de modelo de desarrollo7 para nuestros países (con un marco jurídico
que garantizó ello) hizo primar la extracción de recursos naturales,
consolidando la continuidad del colonialismo.
La implementación del modelo neoliberal comandado por los
funcionarios de organismos multilaterales (OMS, FMI, BM, BID, entre
otros) junto a las élites locales condicionaron la reestructuración del
capitalismo en el país, uno de sus grandes impactos proviene de
destinar a las funciones del Estado - que se habían establecido como
derechos por las luchas sociales de décadas atrás - una ubicación en
el mercado, convirtiendo a los beneficios sociales públicos en
mercancías. Los sectores de salud, educación y el sistema de
pensiones, por un lado; servicios de telefonía, agua y luz por otro, se
5 Inmanuel Wallerstein menciona: “Quienes proponemos el análisis de sistemas-mundo […] venimos hablando acerca de la globalización desde mucho antes de que el término fuera inventado (no, empero, como de algo nuevo sino como de algo que había sido un elemento básico para el sistema-mundo moderno desde que éste comenzara en el siglo XVI). hemos argumentado que los compartimientos estancos de análisis —lo que en las universidades se denomina disciplinas— son un obstáculo y no una ayuda en la comprensión del mundo. Hemos argumentado que la realidad social en que vivimos y determina cuáles son nuestras opciones no ha sido la de los múltiples estados nacionales de los que somos ciudadanos sino algo mayor, que hemos llamado sistema-mundo. Hemos dicho que este sistema-mundo ha contado con muchas instituciones —estados y sistemas interestatales, compañías de producción, marcas, clases, grupos de identificación de todo tipo—y que estas instituciones forman una matriz que permite al sistema operar pero al mismo tiempo estimula tanto los conflictos como las contradicciones que calan en el sistema. Hemos argumentado que este sistema es una creación social, con una historia, con orígenes que deben ser explicados, mecanismos presentes que deben ser delineados y cuya inevitable crisis terminal necesita ser advertida”. En: WALLERSTEIN, Immanuel. Análisis del Sistema –Mundo. Una Introducción. Ed Siglo XXI. Madrid.2006.6 Para ver los datos sobre la relación comercial entre China y América Latina en los últimos años, ver: JENKINS, Rhys. El impacto de China en América Latina. En Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 85-86. 7 Para entender en que consistió la implementación del neoliberalismo y el contexto favorable para realizarse ver: STIGLIZT, Joseth. Los Felices 90. La semilla de la destrucción. Ed. Taurus. Madrid.2010.
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convirtieron en amplios nuevos mercados y donde se establecieron
nuevas formas monopólicas, generalmente.
Estos cambios en la economía establecidos en tres décadas han
registrado un crecimiento macroeconómico diferenciado en nuestros
países, pero a su vez ha generado mayores desigualdades en
nuestras sociedades latinoamericanas y momentos de grandes crisis
que crearon respuestas desde la ciudadanía, las comunidades y
grandes sectores de excluidos, con virajes hacia gobiernos
progresistas post neoliberales (Venezuela, Bolivia y Ecuador), que sin
embargo vienen manteniendo las actividades extractivas como
fuentes de ingresos para financiar las políticas sociales.
El presente trabajo intenta tener un análisis múltiple de los conflictos
desde la problematización de actores: la Empresa, el Estado y la
Coalición Social, además plantea la hipótesis de estos conflictos como
procesos potenciales para el cambio institucional como parte de la
implementación de la Refundación de la Republica8. También se
intenta de manera sucinta dar una perspectiva comparada con los
países de Ecuador y Bolivia.
Nuestra orientación nos impulsa a buscar los mecanismos que
permitan construir el dialogo9, así como marcos de reconocimiento en
los aspectos socio-económicos culturales de los pueblos y las formas
de institucionalización para dar participación democrática a la gente
en la toma de decisiones colectivas. El entendimiento de estos
mecanismos, marcos y formas son esenciales dentro de la política de
implementación de la Refundación de la República del Perú como
8 La propuesta de Refundar la Republica, es un componente dentro de una propuesta política programática del PCP – Patria Roja denominada Nuevo Curso. En el presente trabajo se propone considerar las experiencias de conflictos sociales, los mecanismos generados de reconocimiento y de dialogo como experiencias que genere una nueva institucionalidad democrática que cimente el proceso de Refundación de la Republica. La mayoría de movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda bajo diferentes denominaciones consideran como eje de transformación de la sociedad peruana la transformación del estado. Ver: Manifiesto al País. VIII Congreso Nacional. Lima. 2010.9 Entendemos el dialogo en el sentido que propone Boaventura. Para una explicación de su propuesta ver: DE SUOZA SANTOS, Boaventura. Conocer desde el Sur Para una cultura política emancipatoria. Fondo Editorial Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional Mayor de San Marco. Lima. 2006.
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proceso de transformación del Estado dirigido desde una propuesta
de nueva hegemonía popular nacional.
1. El diablo se llama “extractivismo”
El extractivismo es comúnmente vinculado a la actividad minera, pero
en realidad es una actividad que es realizada, generalmente, por una
empresa extranjera para extraer un recurso determinado como los
minerales o el petróleo, que en su gran mayoría son materias primas
(el recurso se elimina dentro de su entorno natural), luego es vendido
en el mercado, por lo general, internacional. Es el Estado quien
permite a través de contratos de concesiones que las empresas
comiencen a explorar y posteriormente a extraer, y se beneficia a
través del cobro de impuestos. Y con el efecto que se denomina – por
la tecnocracia neoliberal - como “goteo” (se supone hacia abajo),
pretende generar un sentido común argumentando que otras
actividades económicas se ven beneficiadas por la circulación del
dinero y la ciudadanía también.
La economía del país, cuyo indicador más resaltante es el PIB10, crece
gradualmente a medida que los recursos no explotados
anteriormente se integran en el proceso económico. En las últimas
décadas se presenta una proliferación de formas complejas de la
financiación, como la titulización de deudas o hipotecas, entre otras.
El “extractivismo” es dependiente de la economía financiera y los
mercados internacionales. Su producción transita por un proceso de
doble extracción: el primero consiste en tomar los recursos que
poseen los territorios y el segundo es el de exportar los recursos fuera
del país productor. El dinamismo económico se basa entonces en esta
dualidad entre extracción y exportación. En cierto modo es el
10 El crecimiento económico del Perú del 2000 al 2011, ha tenido un crecimiento de 6.9% como promedio anual, en el 2011 el PBI del país alcanzó 176.8 millones de dólares, y según el MEF las proyecciones 2012-2014 eran mantener un crecimiento al 6%. Ver esta información en el Portal Web del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en la siguiente dirección http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/documents/porqueinvertirperu.pdf. El 2014 el crecimiento fue 2.8% poniendo en cuestión las proyecciones.
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resultado de la promoción de un crecimiento basado en las
exportaciones (export-led growth), que en los años 1980 y 1990,
alentó a los países a confinarse en un sector de la economía
designado como ventaja comparativa11.
El crecimiento basado en la exportación se ha realizado sin la
preocupación por el desarrollo de una estructura industrial para
diversificar la economía y sustituir importaciones. El “extractivismo”
simplifica aún más este enfoque, ya que no tiene en cuenta el
desarrollo de una industria nacional e identifica simplemente lo que
vende más caro en los mercados internacionales para realizar la
extracción y exportación12. Este tipo de desarrollo se realiza sin una
reflexión seria sobre el ambiente lo que ha ocasionado alteraciones
en los territorios y graves impactos ambientales, así como conflictos
con las comunidades indígenas y las poblaciones locales, en los
lugares donde se han establecido los grandes proyectos de
extracción. Producto de la violencia de los enfrentamientos entre los
actores en disputa de estos recursos ha habido sucesos trágicos, la
perdida de vida de muchos pobladores y policías, así como daños
materiales, estancamiento de las actividades locales, una alta
desconfianza hacia el estado y de las industrias extractivas.
El “extractivismo” es visualizado de dos maneras: para sus
defensores es una oportunidad para desarrollar nuestros países, para
los críticos es una amenaza para el ambiente y el ser humano. En el
Perú el “extractivismo”, más allá de los empresarios vinculados al
sector, es defendido por los políticos neoliberales, los organismos
multilaterales, el staff de tecnócratas que ocupan las instituciones
estatales y las grandes empresas de medios de comunicación que se
han puesto al servicio de la gran minería y que caricaturizan los
11 Los argumentos contradictorios a favor y en contra sobre la actividad extractiva han sido recogidos del texto: BEBBINGTHON, Anthony, Industrias extractivas conflicto social y dinámicas institucionales en la región andina. Ed. IEP, 2013 Lima.12 El desarrollo conceptual sobre el extractivismo ha sido contribuido por el planteamiento encontrado en el portal web http://www.conflictosmineros.net/contenidos/18-internacional/12097-ique-es-extractivismo
5
conflictos con lo cual no generan un serio debate sobre las políticas
públicas que deben regular esta actividad. Los críticos a esta forma
de defender el “extractivismo” vienen desde diferentes sectores
políticos, en especial desde los territorios subnacionales, así como
espacios académicos, comunidades campesinas e indígenas,
poblaciones urbanas locales, ongs, etc. Que fundamentan que esta
actividad no genera valor agregado y produce la sobrevaluación de la
moneda nacional, reduce la competitividad de los otros sectores de
las economía nacional, aumenta la vulnerabilidad ante la oscilación
de precios, muestra características de enclaves (espacios modernos y
desarrollados en las industrias dedicadas a la actividad, pero
marginación y pobreza en el resto del país), genera rentísmo, ya que
termina distorsionando el sistema político hacia la captura de esas
rentas, produce conflictos violentos para apoderarse de las mismas y
surge de un estado que responde a los intereses de las empresas
extractivas antes que a sus ciudadanos.13
El contexto nos muestra que no hay una expresión continental no
extractivista en los países, además de la fragilidad de las sus
instituciones. Estamos frente al periodo más prolongado de
democracia en América Latina, sin embargo siendo una región
democrática somos la más inequitativa del planeta14.
No obstante, el “extractivismo” dio un nuevo rostro en América Latina
después de la elección de una serie de gobiernos progresistas, donde
se viene asumiendo participación de la producción con mayor
regulación y mayor recaudación de la renta que permite financiar
grandes proyectos de infraestructura y programas sociales.
13 Para mayor explicación ver: BEBBINGTHON, Anthony. Op.cit. 14 PNUD. Nuestra Democracia. Ed. FCE. Mexico D.F. 2010.
6
2. Los conflictos sociales como experiencias y esperanzas
democratizadoras
El conflicto social surgido alrededor de las industrias extractivas, en
especial las mineras, es percibido desde algunos espacios
académicos con un rol potencial,15 esto es, ser la fuerza
transformadora para cambios en la relación estado– movimiento
social. Desde este punto de vista, en el cual nos adherimos, los
conflictos son los precursores de un cambio institucional que puede
lograr un nuevo arreglo institucional progresivo.
Pensar a los conflictos sociales como potenciales para un cambio
institucional, es decir la instauración de una Nueva República, puede
ser simple entusiasmo, necesitamos una mirada empírica ha algunos
casos. En el país, la expansión de proyectos extractivos generó
muchos conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo viene
presentando una serie de informes, por ejemplo, en su observatorio
de conflictividad (informe N°156) son 221 los conflictos, de los cuales
los socio-ambientales ocupan el 64,7%16 (143 casos) que son los que
están relacionados justamente a la industria extractiva. Estos
reportes son producidos tras un estudio que se conecta de manera
directa con los casos que son denunciados por las Coaliciones
Sociales, con lo cual la Defensoría interviene (adecuada o
limitadamente) antes que estos conflictos se agudicen y puedan
llegar a generar violencia, aunque algunas veces con poco éxito.
El diálogo entre los actores para generar soluciones debe ser el
sentido que los movimientos sociales trasladen a la institucionalidad
estatal, con lo cual sus experiencias son fundamento de esperanza
para transformar el Estado. Poder plantear mecanismos de dialogo
15 Conflictos sociales llevan a ajustes internos de los sistemas o, por el contrario, a la quiebra de los órdenes sociales existentes, dando lugar a la emergencia de una nueva estructura social. LEWIS, Coser. Nuevos aportes a la teoría del conflicto social. Amorrortu editores. Buenos Aires. 1970.16 En: http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3
7
que buscan resolver estos conflictos, generar nuevas instituciones
que brinden confianza para poder enfrentar este fenómeno, debe ser
un compromiso con la cual se organice la nueva institucionalidad
estatal.
La experiencia en las áreas, departamentos u oficinas de resolución
de conflictos en los gobiernos regionales que se vienen
implementando, desde luego con limitaciones, son espacios que los
conflictos sociales han dado apertura y que con su participación
deben ser entes democratizadores.
La presión social que impulsan las Coaliciones Sociales exige mejores
parámetros para la regulación de la actividad extractivista.
Definitivamente esto es una respuesta política que ha sido implicado
por los conflictos y está generando dinámicas movilizadoras en los
territorios en torno a los coaliciones organizadas que buscan mejoras
en la redistribución de la renta de la extracción de los recursos del
subsuelo o también buscan el reconocimiento como poblaciones o
comunidades indígenas y ciudadanos (con derechos civiles y
políticos), también se busca ser considerados en la participación
dentro los grupos de interés para las estrategias de desarrollo de sus
territorios, ha esto nos referimos como experiencia esperanzadora
para la implementación de una nueva institucionalidad. A
comparación de lo que sucede en la actualidad donde, desde el
Estado, estos elementos no se evalúan de manera, por lo que si no se
dan estos tres elementos: redistribución, reconocimiento y
participación, los cambios no son sostenibles. Por eso una nueva
institucionalidad debe garantizar una gestión con funcionarios de los
diferentes niveles estatales que tengan una mirada amplia con
conocimiento de la historia, la memoria y la cultura local.
Sobre las evaluaciones de la situación actual de la conflictividad
social desde el Estado y la prensa pro neoliberal, se cree muchas
veces que los actores tienen claras las cosas (conspiración contra el
8
sistema), pero salvo la empresa (debido que su único objetivo es la
renta), ni el Estado ni la Coalición Social saben que es lo que quieren,
no tienen la salida clara (estrategia de solución), es más, dentro de
ambos existe oposiciones en las decisiones que alcanzan fricciones de
alta intensidad.
Una rápida mirada a los gobiernos progresistas en la área andina
como son el Ecuador17 y Bolivia; nos advierte en el primer caso el
presidente Rafael Correa, en los primeros años de su gobierno
expresó su oposición a las actividades extractivas, fue respaldado por
las organizaciones que agrupan a los pueblos originarios, convocó a la
realización de una nueva constitución donde se reconocían derechos
a la naturaleza y se estableció el mandato minero, posteriormente
tras el declive del sector de hidrocarburos, el gobierno ecuatoriano
urgiendo por fuentes de ingreso a iniciado la exploración del Yasuni,
donde viene construyendo la infraestructura para comenzar la
extracción del petróleo dentro de la amazonia, y está redactando
decretos legislativos para sustituir el mandato minero. Las
organizaciones indígenas, ongs y algunos grupos de izquierda han
salido a protestar en diferentes oportunidades y han sido reprimidos
por las fuerzas policiales. El gobierno ecuatoriano a empoderado a la
empresa estatal de hidrocarburos para que sea a través de esta en
cooperación con empresas extranjeras las que comiencen a operar,
así como a establecido el fortalecimiento de instituciones estatales
que controles las actividades extractivas. Sin el impuesto de los
hidrocarburos difícilmente podría generarse el presupuesto que
sostiene el proceso de reformas (ingreso, construcción de
infraestructura, reformas de salud, educación, programas sociales)
que está habiendo en el Ecuador. En la misma línea Evo Morales líder
indígena, cuyo ascenso al gobierno fue producto de innumerables
movilizaciones indígenas que constituyeron el Movimiento al
17 ALBUJA, Verónica y DAVALOS, P. Extractivismo y posneoliberalismo: Caso Ecuador. En estudios críticos del desarrollo, vol. III, núm. 4, 2013, pp. 83–112
9
Socialismo y lograron alcanzar la presidencia con amplia mayoría18,
sin embargo luego de la nacionalización de algunas empresas
dedicadas a la actividad extractivas junto a consorcios internacionales
en especial brasileños viene expandiéndose en territorios que son
reclamados por las comunidades indígenas que apoyaron a Evo y las
cuales ahora se ven enfrentadas a su gobierno. EL gobierno de Evo ha
acusado a las ong´s y algunos líderes indígenas de ser parte de la
derecha y de la estrategia divisionista del imperialismo19. Y ha
mencionado que si no quieren que haya extracción del gas, entonces
tampoco habrá programas sociales. En ambos casos existe un fuerte
empoderamiento del estado en la actividad extractiva y la
consideración de los gobiernos como actividad importante para el
desarrollo de sus países.
La experiencia en el Perú, parte desde contratos de estabilidad
jurídica que exonera de impuestos a las industrias extractivas,
iniciándose en la década del gobierno de Fujimori y que perduran
hasta la actualidad20. Hasta el reconocimiento público del ex
presidente Alan García de considerar las poblaciones de los territorios
andino-amazónicos como ciudadanos de segunda categoría21 que
impiden en desarrollo del país al oponerse a las industrias extractivas.
En el país, las organizaciones indígenas no están organizadas con el
nivel que en Ecuador y Bolivia, sin embargo los datos electorales y
algunos pronunciamientos de dirigentes populares mostraron el
apoyo a Ollanta en el proceso electoral del 2011, quien al ingresar a
la presidencia, dio un giro a su programa inicial (denominado la Gran
Transformación) y estableció la continuidad del modelo neoliberal22,
18 Sobre la experiencia del accenso de Evo Morales al poder, su discurso y las reivindicaciones indígenas ver: ERREJON Iñigo. Tesis Doctoral. La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo. Universidad Complutense. Madrid. 2012. 19 GARCIA LINERA, Alvaro. El “Oenegismo” Enfermedad Infantil Del Derechismo. Edi. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz. 2012.20 CAMPODÓNICO, Humberto. Las reformas estructurales en el sector minero peruano y las características de la inversión 1992-2008. En: http://www.cristaldemira.com/descargas/lcl1208e.pdf 21 GARCIA, Alan. El síndrome del perro del hortelano. Publicado en el Diario El Comercio. Domingo 28 de octubre de 2007. Presidente de la Republica del Periodo 2006-2011.22 DESCO. Peru Hoy. La gran continuidad. Ed. Desco. Lima. 2012.
10
en ese sentido tenemos un estado alejado de las poblaciones locales
y las comunidades, con débil institucionalidad e incapaz de controlar
y regular a las empresas extractivas, tampoco se cuentan con
empresas extractivas estatales y no pueden ser constituidas por
mandato constitucional. Además muchos de los funcionarios que se
encuentran en el área del estado que deben negociar con las
industrias extractivas provienen de haber trabajado para estas,
distorsionando la institucionalidad estatal, que es uno de los factores
generan los conflictos.
Podemos considerar que debido a los conflictos sociales alrededor del
“extractivismo” se ha generado (incluso ha ayudado) a la
reorganización de los grupos sociales, un ejemplo de esta articulación
es el conflicto Conga, donde los focos locales de resistencia a la
minera (reconociendo las historias de las rondas como organizaciones
sociales) se han articulado como una coalición en la que incluso el
gobierno subnacional, el presidente del gobierno regional de
Cajamarca, ha estado involucrado en el conflicto en contra de la
implementación del proyecto minero Conga. Esto se había visto ya en
Tambo Grande y en Majas. El movimiento social surgido de este
contexto, ha aprendido formas de negociación con el Estado. Sin
embargo hasta la actualidad el Estado utiliza una estrategia de
primero dar la concesión, imponer el proyecto a través de la policía y
cuando surge la resistencia social, ejerce represión para recién poner
una mesa de diálogo y entablar un acercamiento a la población, esto
ha dado un giro debido a la presión social con la promulgación de la
ley de consulta previa, sin embargo la presión de los agentes
neoliberales más radicales han frenado la aprobación del reglamento
que impide el cumplimiento de dicha ley.
Deberíamos tener algunos trabajos etnográficos realizados desde los
diferentes organismos del Estado para ver esos vaivenes y las
oposiciones dentro los mismos, examinar las limitaciones y
capacidades de los funcionarios que están relacionados con este
11
fenómeno, para poder entender sus narrativas e imaginarios y las
presiones de los propietarios de las industrias extractivas que les
reduce márgenes de actuación y decisión, considerando también las
relaciones de poder en los espacios locales y regionales. En muchos
casos tanto en Ecuador, como en Bolivia antes de ser funcionarios
estuvieron en los espacios de resistencia contra el “extractivismo”.
Algo que debe considerarse dentro del fenómeno de los conflictos
sociales es que existen dentro de la coalición social fricciones, en
especial el de las agendas locales, que se posicionan antes de las
agendas globales, y por ello se puede, por parte de los dirigentes
locales (son más pragmáticos), llegar a negociaciones más
rápidamente, en tal sentido hay una relativización de la idea de
contaminación. La plataforma de la contaminación sirve porque ha
construido un imaginario de “mala reputación” de las industrias
extractivas con respecto a los problemas ambientales. Esto pone en
duda la afirmación perse de que la población local y la comunidad
indígena tienen innata conciencia ambiental. Es por ello falsa la Idea
de que los actores sociales tienen ideas definidas es por ello que
reaccionan, en su mayoría, a los escenarios que se presentan, tienen
un sentido pragmático y negocian de manera diferente en cada
momento. Las empresas, de igual forma tienen posiciones diferentes
sobre la responsabilidad social, hay algunas que tienen en esa área a
un personal de seguridad, mientras que otras tienen 20 especialistas.
Los conflictos sociales son una vía a la inclusión a la vida política de
los diferentes actores locales. Muchos dirigentes de Coaliciones
Sociales han asumido instancias de gobierno subnacional como
Francisco Ojeda líder del frente de defensa de Tambo Grande, dos
veces alcalde. Wilson Ibáñez, líder de Hancabamba, alcalde
provincial. Carlos Martinez, cuatro veces alcalde de San Ignacio y líder
del frente por el desarrollo de la frontera norte. Oscar Moquehuanca
alcalde en Espinar, Gregorio Santos presidente del gobierno regional
12
de Cajamarca, reelegido para un segundo periodo, y varios que
provienen del magisterio nacional.
Se reconoce como un riesgo que se termine institucionalizando el uso
de la violencia para reclamar derechos ciudadanos. Y eso nos
demuestra la invisibilización que existe hasta hoy a las pueblos de los
territorios andino -amazónicos. El “extractivismo” es un tema que se
analiza de manera interesada porque formula el debate de qué tipo
de desarrollo le conviene al país. Y a fin de cuentas son un pequeño
grupo quienes se benefician hoy del “extractivismo” a costa de
perjuicios de otros. Es por eso que los conflictos están planteando
cambio en la manera de gestionar los recursos, pero eso no está claro
aún. Estos escenarios de “transición” son reconocibles por que
existen grupos de interés que no quieren cambios.
3. Hacia la Refundación de la Republica
Los cambios que se requiere en el país para la instauración de una
Nueva República, soberana, democrática, popular, descentralista y de
regeneración moral, comienza por generar confianza de los pueblos
de nuestro territorio hacia el Estado.
Una Nueva República debe contar con instituciones estatales que
estén orientadas por la política del reconocimiento a los actores
sociales, entendiendo la importancia de su histórica y de las
relaciones y formas políticas dentro de los territorios. Una nueva
institucionalidad con un nuevo sentido de la gestión estatal, debe
entender las trayectorias y objetivos de los dirigentes dentro de las
Coaliciones Sociales, problematizarlo como actor social para
comprenderlo, entender que tras el conflicto contra el “extractivismo”
existen trayectorias complejas, con reivindicaciones más profundas
que la redistribución de la renta extractivas, que lo que buscan es
13
romper la invisibilidad del Estado hacía estos sectores. Los
organismos y los procedimientos gubernamentales deben
reconfigurar la relación entre el gobierno central y los gobiernos
locales que representan de manera directa a las poblaciones locales y
que se ven inmersos en los conflictos. Los conflictos no son negativos,
son manifestaciones de irregularidades en la relación entre el Estado
y la Comunidad. Los actores políticos nacionales deben contribuir a
este debate, para poder entender dinámicas del cambio institucional
a largo plazo y con proyectos concretos.
No puede haber cambio institucional que incluya a los sectores en
protesta, dentro del marco democrático, sin reconocimiento de sus
derechos como ciudadanos y sin plantear un Proyecto de Desarrollo
Nacional. Esto es un conjunto de acciones de envergadura nacional
que garantice el buen vivir de todos los peruanos y en especial de los
que habitan las zonas andino-amazónicos. El Proyecto de Desarrollo
Nacional tiene que ser construido en amplios espacios de
participación con todas las organizaciones sociales. Y esto no debería
quedar como un planteamiento, sino debe de ser una decisión política
con acciones concretas desde el Estado y con metas fijas. Construir
una institucionalidad creíble y a la vez que tenga la capacidad de
decidir las políticas generales de infraestructura para el desarrollo de
las actividades económicas y de generar el dialogo con las relaciones
de políticas de las comunidades, así como establecer
coordinadamente las políticas de promoción de canales comerciales
de productos, el remapeo y zonificación económico-social, redirigir el
modelo de desarrollo de la extracción y las mejoras en la
redistribución de la riqueza nacional, todo esto posible con la
instauración de un Gobierno Nacional democrático, progresista,
popular y de regeneración moral. El cual tenga la intención de
generar un nuevo escenario, con nuevas respuestas a los problemas
nacionales, entendiendo que cada conflicto tiene distintas
poblaciones en todo el país y son distintos los momentos, siendo
flexibles a los casos específicos, pero generando un nuevo contrato
14
social entre todos los peruanos que debe expresarse en una Nueva
Constitución.
Un debate inteligente de parte de los pueblos de los territorios y la
ciudadanía en su conjunto debe borrar el imaginario de las élites, que
miran a las zonas andinas-amazónicas como paisajes despoblados.
Cualquier modelo de desarrollo que implique una territorialidad tiene
que entablarse en base a una relación coordinada entre el Estado y
grupos organizados, donde la industria extractiva debe tener
asignado un rol en el desarrollo local, para superar conflictos y
democratizar nuestra sociedad.
Esta perspectiva del cambio institucional debe preocuparnos para
actuar con urgencia (pero sin desesperación) y no entrar en una
espiral viciosa, donde los conflictos cada vez sean más violentos
Estas grandes reformas: Nueva República, Gobierno Democrático
Popular, Proyecto de Desarrollo Nacional y Nueva Constitución no
pueden ser vistas como amenazas, por lo tanto debe abrirse el
debate y la reflexión que ayude a la democratización de nuestro país.
Deben buscarse los mecanismos jurídicos adecuados para poder
romper los candados de los tratados comerciales internacionales que
priman la actividad a favor del modelo neoliberal es por eso la
necesidad de anteponer la visión del país que se quiere para los
próximos años desde una mirada de los ciudadanos, donde la
actividad extractiva sea una palanca para impulsarnos y no una traba
para rezagarnos.
Sin embargo, vemos que las narrativas que se vuelven
institucionalizadas, son los discursos en la que los grandes causantes
de los conflictos sociales son “los extremistas y ongs internacionales”
argumentando un gran complot antinacional. La producción y
reproducción de estas narrativas por parte de los medios de
comunicación no ayudan al diálogo y más bien, exacerban los ánimos
de los diferentes actores.
15
Muchas veces lo actores sociales no tienen muy claros los tipos de
cambio que quieren, un proceso de gran dialogo político nacional
permite construir socialmente una idea colectiva de desarrollo. Un
debate institucional inteligente he informado debe hacer entender a
los empresarios nacionales que estos cambios al mediano y largo
plazo les beneficiaran a ellos y a todos.
Alberto Flores Galindo decía: “Una voluntad política no es sinónimo de
mesías. Es el resultado del encuentro entre ideas, programas,
planteamientos y fuerzas sociales capaces de llevarlos a cabo”23.
Referencias Bibliografía
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