Post on 27-Sep-2018
Evaluación de las instituciones universitarias militares
argentinas: el riesgo endogámico*
Ricardo Biazzi
Docente-investigador Universidad Nacional de Misiones (UNaM)
Posadas, Provincia de Misiones. República Argentina
ricardobiazzi@arnet.com.ar
Abstract. This work intends study the model of university education of the
Argentine Armed Forces developed during period 1990-2015. It tries to examine
the characteristics of the military university institutions from the moment of its
creation, to the light of the processes of institutional evaluation and of
accreditation of programs made specific by the Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU) and how they impact on the military
autonomy, exerted by the Armed Forces in the control of the military education.
Resumen. Este trabajo tiene por objeto de estudio el modelo de educación
universitaria de las Fuerzas Armadas Argentinas desarrollado durante el periodo
1990-2015. Pretende examinar las características de las instituciones
universitarias militares desde el momento de su creación, a la luz de los procesos
de evaluación institucional y de acreditación de carreras concretados por la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y de
qué modo ellos obraron impactando sobre la autonomía militar, ejercida por las
Fuerzas Armadas en el control de la educación castrense.
*Endogamia: Término utilizado en ciencias sociales en referencia a personas o instituciones que están o viven
encerradas en ellas mismas. Para la Real Academia Española, “Actitud social de rechazo a la incorporación de
miembros ajenos al propio grupo o institución”. Diccionario, 23°Edición (2014).
http://dle.rae.es/?id=FDj2R4z, consultado en línea el 14 de julio de 2016.
Introducción
En el contexto del proceso de transición a la democracia y a partir de la asunción del
Presidente Raúl Alfonsín (diciembre de 1983), se concibieron propuestas de educación
militar que permitieran cursar en el ámbito de las universidades nacionales carreras de
grado o materias de las mismas necesarias para el perfeccionamiento en disciplinas no
militares. Sin embargo, esas ideas primigenias fueron modificándose por la debilidad del
poder político civil a la hora de definir y sustentar sus políticas para el sector y por el
interés de cada Fuerza militar de tener su propia institución universitaria y asegurar, así,
una mayor injerencia en las políticas de formación de sus respectivos cuadros.
Fue así que en los inicios de la década de 1990, la conducción de las Fuerzas
Armadas Argentinas transitó por un proceso de redefinición de proyectos institucionales y
curriculares de sus academias de formación básica de oficiales (Colegio Militar de la
Nación, la Escuela Naval Militar y Escuela de Aviación Militar), incorporándolas como
unidades de los nuevos institutos universitarios castrenses que se crearon, a saber: el
Instituto de Estudios Superiores del Ejército, creado en 1990, y desde 2013 denominado
Instituto Universitario del Ejército; el Instituto de Estudios Navales y Marítimos, creado en
1991, y desde 1998 denominado Instituto Universitario Naval; y el Instituto Universitario
Aeronáutico, desde 1993 con esa denominación. A su vez, las reformas de la educación
superior llevadas a cabo en aquella primera década, habilitaron a dichas instituciones a
otorgar, además del grado militar correspondiente al egreso como subteniente (Ejército),
guardiamarina (Armada) y alférez (Fuerza Aérea), licenciaturas universitarias con
titulaciones de validez nacional.
Digamos aquí que desde su creación, y mas allá de los esfuerzos que pudieron estar
destinados a mejorar la calidad de la educación castrense, en estas instituciones se
produjeron múltiples problemas derivados de la relación Fuerzas Armadas-sociedad civil,
y Fuerzas Armadas-poder político aún no resueltos y que se reproducen o reflejan en la
vida de las mismas. Los análisis institucionales realizados por el órgano estatal de
evaluación y acreditación de las universidades del país, la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (en adelante, la CONEAU), así como diversos
estudios realizados desde las ciencias sociales, especialmente en los últimos años, advierten
sobre no pocas de tales dificultades1.
Las líneas de investigación
Para el desarrollo de este trabajo, hemos asumido una perspectiva teórica y metodológica
heterodoxa, inscribiendo la investigación en la intersección de dos campos de estudio de las
ciencias sociales: por un lado los estudios de la defensa nacional, en especial de las
relaciones civiles-militares; y por el otro los estudios sobre educación superior, con énfasis
en los modelos organizacionales y los procesos evaluatorios de los mismos. Se trata de un
estudio de tipo explicativo con el que pretendemos identificar las características de la
educación universitaria militar en Argentina. Esto es, buscar relaciones causales,
relacionando variables (tipos de instituciones con características de la formación) que,
contrastadas con las unidades de análisis, nos permiten determinar los grados de autonomía
o heteronomía de las distintas instituciones universitarias militares y en los diferentes
momentos de su historia reciente. En consecuencia, tras el relevamiento previo de la
bibliografía, fue necesario organizar, en primer término, la lectura y análisis sistemático de
textos y autores de los dos corpus teóricos mencionados (relaciones civiles-militares y
políticas universitarias de evaluación). En cuanto a las unidades de análisis tomadas para el
trabajo (las tres instituciones universitarias militares de las Fuerzas Armadas), el
conocimiento sobre ellas surgió a partir de la información brindada por las propias
instituciones, así como de las evaluaciones institucionales realizadas por la CONEAU,
verificándose también las transformaciones que sufrieron a lo largo del tiempo. En la etapa
final del trabajo, intentamos vincular las tendencias relevantes identificadas en el desarrollo
conceptual con las registradas, a su vez, como producto del estudio de las instituciones
concretas tomadas como unidades de análisis.
1 Al cuadro descripto debemos sumarle la creación, en 2014, de la Universidad de la Defensa
Nacional que funciona en el ámbito del Ministerio de Defensa. Una construcción político-institucional inédita
en el país que importa, de hecho, una reconfiguración de los institutos preexistentes y su integración como
unidades académicas de aquella y que, lejos de resolver las cuestiones no resueltas del diseño institucional de
los establecimientos dedicados a la educación universitaria de los militares, pareciera haberlas dejado abiertas
sin perspectivas de una definitiva resolución.
Educación Militar: la formación universitaria de los oficiales de las Fuerzas
Armadas
La educación militar tuvo sus antecedentes modernos con la creación de las academias
militares a comienzos del siglo XIX en Europa y los Estados Unidos. Dichas instituciones
educativas dedicadas a la formación de oficiales no mantuvieron, en general, relaciones
con las universidades de sus países, pues se partía de la base que la educación de un
conductor militar no demandaba conocimientos teóricos y prácticos ofrecidos por los
modelos universitarios. Es más, la educación militar y la universitaria sólo tendieron a
converger en procesos intelectuales e institucionales comunes recién hacia fines del siglo
XX y principios del siglo XXI en la mayoría de los países occidentales (Soprano, 2014).
Precisamente, analizando el modo en que las categorías conceptuales y simbólicas
utilizadas por el Ejército argentino para definir públicamente su identidad institucional, se
fueron modificando a lo largo del siglo veinte, Máximo Badaró nos recuerda que la
ponderación positiva de los estudios universitarios como política de esa Fuerza es algo
reciente, pues los mismos “comenzaron a valorarse a la hora de los ascensos, a partir de la
década de 1950” (Badaró, 2009:197; 2013:141).
Pero aquella percepción fue mudando con el tiempo, a punto tal que a fines del siglo
XX se reconoce ya una marcada tendencia en distintos países occidentales a incorporar sus
tradicionales academias militares al sistema de educación general, haciéndose público el
interés por establecer algunos modos de relacionamiento entre la educación militar y
universitaria.
Como lo anticipáramos, en Argentina ese proceso se desarrolló desde los primeros
años de la década de 1990 con la creación de los Institutos Universitarios de las Fuerzas
Armadas, y luego en el marco de la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995. Esa
transformación direccionada hacia el sistema de educación superior nacional e impulsada
desde la propia conducción de las Fuerzas Armadas, mostró, así, la búsqueda de ese
estrechamiento de vínculos entre el mundo universitario y el mundo militar, pensado desde
una perspectiva de modernización, democratización y de apertura a la sociedad. La
propuesta trajo aparejada, a su vez, la posibilidad de ofrecer títulos de grado
correspondientes a las formaciones académicas y al desarrollo de las profesiones del ámbito
civil (Badaró, 2013: 146; Frederic y Soprano, 2010: 8).
Una modernización que, a nuestro entender, intentaba una reconversión en orden a
la representación social de los militares, tras la situación de desprestigio y la abrupta
pérdida del poder político que vivieron las Fuerzas Armadas hacia finales de la década de
1980 (dictadura militar y guerra de Malvinas). Pero que significaba, además, la posibilidad
de seguir manteniendo bajo el poder castrense el control de la profesionalización militar.
Recordemos que la institucionalización de los aprendizajes no solo estuvo en manos de las
Fuerzas Armadas, sino que, además, históricamente éstas evidenciaron resistencia a ceder
total o parcialmente ese espacio educacional al que se reforzaba, precisamente, a través la
naturaleza cerrada, disciplinaria y conservadora de la institución militar2.
Queda claro, entonces, que existieron y existen diferentes interpretaciones acerca
de los motivos que apuntalaron la decisión de creación de estos institutos dentro del ámbito
de las Fuerzas Armadas. Lo que sí resulta evidente, es que tal decisión excluyó, como bien
lo afirma Sabina Frederic, otras opciones como pudo haber sido el avanzar con los
convenios con universidades nacionales para que acreditaran las titulaciones universitarias
de las academias militares, o incluso para que los cadetes cursaran en ellas, como en el caso
español (Frederic, 2013).
Lo cierto es que, durante más de dos décadas, paralelamente a la subordinación al
gobierno civil que expresaban en el contexto del sistema democrático recuperado, las
Fuerzas Armadas mantuvieron amplios márgenes de autonomía para gestionar sus propios
asuntos. Y entre ellos, desde luego, los educativos. Esos grados de autonomía –derivados
de la sistemática delegación de la conducción y administración de la defensa nacional y los
temas militares a favor de las propias Fuerzas Armadas- son los que le permitieron tomar
decisiones como la de creación de las instituciones universitarias en el propio ámbito
militar. Es tal el cuadro descripto, que la CONEAU en su primer informe de evaluación
2 Se sostiene, en ese sentido, que la estrategia adoptada por las Fuerzas Armadas con la creación de sus
institutos fue, entonces, un camino deliberado que buscó, por una parte neutralizar los riesgos de
“contaminación” identitaria que podría implicar para los cadetes el contacto con un “afuera” universitario
civil, y mantener “control exclusivo sobre la socialización de sus reclutas”, por la otra (Pion Berlin, 1996: 23-
24).
externa del Instituto Universitario Naval llega a interpretar, incluso, que la propia creación
del mismo resulta un “esfuerzo realizado por la Armada” que “debe ser valorado
cuidadosamente, en tanto y en cuanto marca un cambio significativo en lo formativo
cuando se viene de una tradición marcada por el autismo al considerar que la institución,
cerrada sobre sí misma, podría brindar toda la educación que necesitaba un oficial”
(CONEAU, 2007:5).
Convengamos, llegados a este punto, que la subordinación de los militares a la
autoridad política no es, ni ha sido, un problema exclusivo de nuestro país ni de ese tiempo.
Por el contrario, es uno de los más viejos en torno a la gobernabilidad humana, y que
interroga acerca de cómo una sociedad controla a aquellos que detentan el poder último de
la coerción o la fuerza física (Donadio, 2003: 13).
La cuestión planteada hace al problema en sí de la legitimidad de las Fuerzas
Armadas en un estado democrático y está, como nos lo recuerda Andrés Fontana,
directamente vinculada a la subordinación a la autoridad civil la que, afirma, debiera ser
“sustantiva”, es decir que “además del reconocimiento formal de la misma por parte de las
fuerzas armadas, exista un control efectivo de las actividades militares por parte de esa
autoridad civil y una aceptación de la legitimidad y pertinencia de ese control por parte de
los miembros de las fuerzas armadas” (Fontana, 1991)3.
En síntesis, en el marco del sistema democrático, la subordinación militar al orden
constitucional constituye un requisito sine qua non, pero al que inexorablemente debe
sumársele voluntad política, capacidad y eficiencia desde el gobierno civil de los asuntos
inherentes a la defensa nacional y a su instrumento militar. La confluencia o no de ambos
componentes y el desempeño alcanzado en este terreno, dan cuenta de los éxitos o fracasos
en torno a la cuestión nodal de las relaciones civiles militares en nuestro país.
Procesos de evaluación y acreditación universitaria, llevados a cabo en las
instituciones universitarias militares
3 Estima Fontana que lo contrario lleva a una mera subordinación formal, a partir de la cual ellas “tienden
indefectiblemente a incrementar su autonomía y a expandir su rol y, como consecuencia, a caer en la
desprofesionalización y la ilegitimidad” (Ibídem).
Paradojalmente, la precedentemente señalada estrategia de las Fuerzas Armadas para el
manejo autónomo de la formación de sus recursos humanos, importó la necesidad de
someterse a un encuadramiento legal de simultánea configuración temporal (Ley de
Educación Superior N° 24521, año 1995)4.
En nuestro país, con la vigencia de la nueva ley y la puesta en marcha de la
CONEAU, se comenzó a exigir a todas las instituciones universitarias, la sujeción a
mecanismos de evaluación institucional, a políticas, procedimientos, criterios y estándares
que, en este caso, irrumpieron en la vida de los institutos universitarios militares como
condicionantes que morigeraron aquellos grados de autonomía iniciales y el escenario
propio de actuación, derivando en la incorporación, con diferentes resultados, de lógicas y
prácticas universitarias en la vida de las mismas. En la última década, a su vez, se suman a
lo antedicho, las orientaciones impartidas desde el gobierno civil del Ministerio de Defensa
que abrió una instancia de reformulación de planes de estudio, del régimen de internado, así
como de sus normas estatutarias, mediante una reforma que estuvo dirigida a avanzar en el
denominado proceso de “ciudadanización” y “profesionalización” de las Fuerzas Armadas.
Digamos, aquí, que el avance de las reformas y nuevas orientaciones mencionadas,
no estuvo ni está exento de contrariedades, especialmente evidenciadas en la permanencia
de concepciones y prácticas educativas tradicionales, fuertemente arraigadas en los
institutos militares encargados de la formación de los oficiales de las Fuerzas Armadas.
Lo cierto es que, al igual que a las demás instituciones universitarias del país, la
evaluación institucional llegó a los institutos universitarios castrenses bajo el régimen legal
vigente para todas ellas. La Ley de Educación Superior establece, en ese sentido, que las
instituciones universitarias, deben asegurar el funcionamiento de instancias internas de
evaluación institucional con el objeto de analizar los logros y dificultades en el
cumplimiento de sus funciones y proveer medidas para el mejoramiento de las mismas5.
4 Situación, por otra parte, diferente a la de Brasil cuyos militares regulan su sistema de educación mediante
la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional N° 9394 (art. 83) y las respectivas leyes específicas
para cada Fuerza. 5 En función de ello, la Res. N° 382/11 de la CONEAU establece, en su Anexo II, las pautas para la
autoevaluación institucional la que, para que cumpla con su objetivo (mejora de la calidad), debe: asegurar la
participación de los miembros de la comunidad universitaria, abordar a la institución de manera integral,
teniendo en cuenta su perspectiva contextual e histórica; contener información cuantitativa y cualitativa que
Sobre la base de este análisis singular, respetuoso del proyecto institucional que la propia
institución determina para sí misma, y de la autoevaluación realizada, el proceso de
evaluación externa a cargo de la CONEAU concluye con la recomendación de cursos de
acción para el mejoramiento de la calidad (art. 44).
Es oportuno que señalemos también, que la tarea de la CONEAU tiene, sin
embargo, un límite infranqueable, pues no emite juicio sobre las razones que llevaron a la
creación de las instituciones que evalúa o sobre la conveniencia o no de seguir
preservándolas, pues su campo de acción se restringe a formular apreciaciones y
recomendaciones para superar debilidades detectadas, para resolver problemas e
insuficiencias en la ejecución del proyecto institucional respectivo.
Partiendo entonces de la sui generis arquitectura institucional, así como del modo
particular en que los institutos universitarios militares se incorporaron al ordenamiento de
la Ley de Educación Superior, veamos algunas de las cuestiones más significativas
destacadas en los informes de evaluación externa realizados por las comisiones de pares
evaluadores de la CONEAU:
La importante cuestión de la autonomía universitaria ha sido advertida en las
evaluaciones externas ya que la gestión y administración de instituciones universitarias
castrenses, tomando en cuenta su peculiar sistema de gobierno, tiene diferencias
sustanciales respecto a lo establecido en la Ley de Educación Superior con relación a las
instituciones universitarias convencionales. En esta norma, se define a las mismas como
entidades autónomas, es decir con capacidad para dictarse su propios estatutos, elegir sus
autoridades, designar a sus profesores, todo ello sin interferencia alguna de los poderes
constituidos que forman el gobierno del orden político, lo cual marca una diferencia
decisiva con estos institutos militares dado que ellos forman parte orgánica de sus
respectivas Fuerzas, tanto en los aspectos de la normativa que los rige, como en lo que
respecta a la dependencia funcional de sus autoridades. Y tales diferencias se deben a que el
artículo 77 de la Ley de Educación Superior dispone que las instituciones constituidas al
amparo de la ley de universidades provinciales, (ley de facto N° 17778) -tal el caso de los
permita una interpretación de la realidad institucional, analizar los logros y las dificultades e incluir
propuestas de mejoras.
establecimientos universitarios militares, equiparados a ellas- quedan por esa Ley de
Educación Superior categorizadas como “institutos universitarios”, y “establecerán su
sistema de gobierno conforme a sus propios regímenes institucionales, no siéndoles de
aplicación las normas sobre autonomía y sobre gobierno de las instituciones universitarias
nacionales que prevé la presente ley”. Otro tanto ocurre con el sistema de arancelamiento
que los Institutos Universitarios de las Fuerzas Armadas han implementado para sus
carreras de grado y posgrado.
Ambas cuestiones (pérdida de autonomía y arancelamiento de los estudios) son
graves en nuestra opinión, pues entran en contradicción manifiesta con la Constitución
Nacional que consagra principios en materia de autonomía, gratuidad y equidad y que
resultan ajenos al régimen institucional de los institutos universitarios militares.
Concretamente, pone en manos del Congreso la atribución de sancionar leyes “que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la
autonomía y autarquía de las universidades nacionales” (art. 75, inc.19).
Pero no es únicamente por las condiciones legales y organizativas apuntadas que los
institutos universitarios militares carecen de autonomía. A esto se le debe agregar el hecho
de que, en general, sus autoridades son militares de carrera en actividad y que los cargos
académicos guardan un paralelismo con los rangos castrenses. La verticalidad, establecida
desde los más altos niveles de decisión de la Fuerzas Armadas, se ejerce simultáneamente
desde el organigrama académico y desde el organigrama militar.
En lo relativo a la definición de las políticas educativas y los respectivos proyectos
institucionales, los institutos militares no los concretaron por sí solos. Por el contrario,
siempre fue competencia de los ámbitos jerárquicos de sus Fuerzas y de las autoridades de
la Defensa más recientemente, siendo allí donde se definen los perfiles pertinentes.
En lo académico, y en lo que respecta al manejo de los campos disciplinarios
específicos, la entidad evaluadora ha dejado sentado claramente desde sus primeros
informes, la posibilidad de estar frente a “cátedras cristalizadas en el tiempo, de profesores
adheridos a formas perimidas que denotarían la presencia de un currículo oculto y un
entorpecimiento indirecto a las políticas de cambio de planes de estudio”. En este sentido, y
en un esfuerzo de síntesis que compartimos y al que recurrimos, respecto a los contenidos
de las distintas evaluaciones externas realizadas a las instituciones universitarias militares,
Frederic y Soprano (2010:169) concluyeron señalando las más importantes
recomendaciones que emergieron de ellas y el énfasis puesto en la necesidad de que las
instituciones evaluadas pudieran, entre otros desafíos, alcanzar una planta docente
calificada, con saberes actualizados, con posgrados, con antecedentes de docencia e
investigación, mayor dedicación en la institución, accediendo por concursos a sus cargos
para facilitar una renovación competitiva de la planta docente y evitando, así, los riesgos
de su auto-reproducción; incorporar materias de contenido humanístico a los planes de
estudios, “facilitando a los cadetes mayor cantidad de tiempo destinado al estudio y que, en
lo posible, éstas materias puedan cursarse en el ámbito de universidades nacionales a fin de
evitar restringir las instancias de formación exclusivamente a los límites internos de la
academia militar”; así como promover una valorización positiva equivalente entre la
adquisición de saberes académicos generales y saberes y prácticas profesionales militares
específicos, evitando cualquier forma de ponderación diferencial de estos últimos sobre los
primeros.
En síntesis, podemos afirmar que durante veinticinco años de vida institucional los
Institutos Universitarios de las Fuerzas Armadas obraron, conjunta o individualmente, con
diferentes grados de autonomía según fueran las condiciones que incidieran sobre ellos en
las diferentes etapas político-institucionales por las que atravesó el país. Al presente, a su
vez, aún subsisten una serie de tensiones que derivan del intento de compaginar las lógicas
y prácticas universitarias con las relaciones en materia de educación y sociabilidad de los
cadetes de las escuelas militares. Tensiones que mostraron, en paralelo, claros esfuerzos
enderezados a resolverlas así como –en sentido contrario– núcleos de resistencia o
inmovilismo, renuentes a los cambios intentados.
Señalemos, finalmente, que la nueva institución creada, la Universidad de la
Defensa Nacional, genera no pocos interrogantes en torno a la viabilidad del diseño
institucional implementado. Por ello nos preguntamos si estamos frente a la apertura de una
perspectiva diferente en el proceso de incorporación de las academias militares al sistema
universitario general o, por el contrario, si no es más que la preservación o profundización
de las estrategias y sentido del camino escogido por los institutos preexistentes desde su
etapa fundacional.
Las definiciones que emergen de la Ley de su creación, así como del proyecto
institucional presentado y que diera pie al dictamen favorable de la CONEAU para la
puesta en marcha de la institución (Res. N°597/15), nos indican que seguimos en presencia
de las mismas unidades académicas autocontenidas (antes, los Institutos de cada Fuerza;
ahora, las Facultades de cada Fuerza), reproduciendo, en la estructura de gestión y
administración para el gobierno de toda la universidad, una matriz fragmentaria que lejos
de superarla, supone preservar la tendencia al funcionamiento de cada una de ellas en los
términos preexistentes y sobre la base de sus propias dinámicas, lógicas y objetivos
particulares, con serio riesgo de cristalizar lo que hacen, cómo lo hacen y quiénes están a
cargo de lo que se hace.
No podríamos finalizar este trabajo sin formular una reflexión específica acerca de
la evaluación de este tipo de instituciones universitarias militares. En efecto, resulta
oportuno destacar el valioso aprendizaje que trae aparejado la experiencia de los procesos
de evaluación y acreditación llevados a cabo en las instituciones universitarias castrenses.
A nuestro entender, ellos permitieron y permiten dimensionar con mayor claridad la
notoria diversificación de tipos institucionales que se registra en la educación superior;
tomar nota, en definitiva, del significado de la presencia de estas instituciones “singulares”,
con una “fisonomía particular”, frente a las tradicionalmente conocidas.
La CONEAU, en algunos casos dejó sentado que pudo advertir esa singularidad al
tiempo de interpelar una institución de esas características. Así lo reflejan los informes
finales de las evaluaciones externas respectivas. Pero ello no siempre ocurre y tampoco,
entendemos, es suficiente con advertirlo. Creemos que resulta imprescindible que, tanto
dicha Comisión en sus políticas de evaluación, como los comités de pares que se
constituyan y los equipos técnicos que intervengan, asuman la clara dimensión de la
heterogeneidad y complejidad del contexto general de la educación superior, así como la
especificidad institucional de los casos particulares, lo que obliga a todos ellos a calibrar
ajustadamente los propios parámetros de intervención con los que han de observarse y
evaluarse a este tipo de modelos universitarios menos convencionales, sin que ello implique
resignar, en modo alguno, el aseguramiento de los fines existenciales, así como las
funciones básicas que toda institución universitaria del país debe garantizar.
Conclusiones
Existe en la actualidad un notorio consenso sobre la importancia de la adecuada formación
universitaria de los cuadros militares. Ello es esencial en orden a la construcción de las
políticas de defensa de un estado, así como para el afianzamiento del propio sistema
democrático. Una cuestión que no es menor en ninguna nación del mundo, pero que cobra
aún mayor significación en países como el nuestro en el que sobreviven resabios de una
relación traumática entre sociedad civil y fuerzas armadas, especialmente luego de la última
y trágica experiencia militar (1976- 1983).
Sostenemos que, correctamente concebida, dicha formación debe posibilitar una
mejor integración a los principios que rigen la vida político-institucional de nuestra nación;
facilitar el perfeccionamiento de los cuadros militares, aumentando su profesionalización y
permitiendo una mejor interacción con la sociedad en su conjunto.
No obstante lo expresado precedentemente, y a poco de transcurrir más de tres
décadas desde la recuperación democrática argentina, podemos afirmar–a la luz de las
experiencias analizadas- que persiste una cierta y preocupante debilidad del poder político
civil a la hora de delinear criterios para el manejo de las Fuerzas Armadas, al menos sobre
temas como los aquí analizados. Y ello puede, de algún modo, seguir favoreciendo el
manejo castrense “autónomo” de decisiones políticas estructurales, como lo son las
inherentes a formación de sus recursos humanos. Podemos verificar, también, la
permanencia de las tensiones no resueltas hacia el interior de estas instituciones, entre la
disciplina y el orden que nutre el mundo castrense y el consustancial campo de libertad del
mundo universitario, tal como lo anticipaba la CONEAU, ya desde la primera evaluación
externa efectuada al Instituto Universitario Aeronáutico, indicando que en este tipo de
instituciones: “… convergen dos racionalidades o lógicas institucionales, no siempre
fácilmente armonizables. Por un lado, es una institución académica que debe estar regida
por los valores de búsqueda de la verdad, autonomía y libertad y en la que la participación
de todos los miembros es una condición para la construcción de un espíritu de indagación y
para la consolidación de un clima de contrastación de perspectivas y convergencia de
saberes. Por otro, forma parte de una institución de naturaleza jerárquica, que responde a la
verticalidad propia del campo militar, con objetivos centrales que no son los de la
generación, reproducción y transferencia de conocimientos”. (CONEAU, 2002b: 17).
En definitiva, con el modelo diseñado y en vigencia, creemos que la formación
universitaria del militar argentino, desarrollada en sus propios establecimientos educativos,
bajo sus peculiares reglas de organización institucional y curricular, favorece procesos
endogámicos y de aislamiento que obstruyen una adecuada integración con la sociedad
civil6.
Recordamos, en este aspecto, las expresiones vertidas por la CONEAU en el
informe de la primera evaluación externa realizada al Instituto Universitario del Ejército, en
el sentido que una de las principales debilidades de su política institucional la advierte en la
“tendencia de la casa de estudios a circunscribir al oficial dentro del sistema militar con la
existencia de una fuerza centrípeta predominante, reflejada en la decisión de la Institución
Ejército de generar instancias de formación universitaria dentro de sus propios límites antes
que apoyarse en el conjunto del sistema universitario” (CONEAU, 2002a: 52).
¿Cuáles son esas características que han profundizado un modelo, como hemos
visto, caracterizado por tal tendencia endogámica? En nuestra opinión, la propia creación
de este tipo de instituciones universitarias en el ámbito militar, es una de las principales
causas de la profundización de un modelo, sesgado por el encapsulamiento. Con la decisión
-originada más en razones esgrimidas por cada Fuerza que en políticas de Estado- de crear
estas instituciones de educación superior, se reprodujeron y se siguen reproduciendo
patrones de cierta segregación profesional, cultural y hasta espacial, ya vivenciados por los
militares en etapas previas de su formación y de la vida castrense, tales como los de los
colegios militares, barrios militares, instituciones deportivas militares, entre otros. Derivado
de ello, se genera un proceso que conlleva a vinculaciones y relacionamientos personales y
profesionales selectivos o de interacciones reducidas.
6 Digamos, sin embargo, que en todas las evaluaciones internas (autoevaluaciones), así como en las
publicaciones oficiales, las autoridades y miembros de estas instituciones reivindican la especificidad de su
modelo institucional y, desde luego, la decisión fundacional y la continuidad hasta el presente de las mismas.
Lo antes dicho pareciera demostrar que ni la vocación democrática que debe guiar
el funcionamiento de las instituciones castrenses, ni los esfuerzos por ubicar la educación
universitaria en un plano relevante para el desarrollo institucional y la vida de cada
miembro de las mismas, así como la voluntad expresada de llevar adelante un proyecto
educativo más amplio y flexible, parecieran suficientes para resolver las deficiencias
estructurales planteadas. En consecuencia, sigue flotando la idea de permanencia de un
modelo fuertemente impregnado por lo “militar” y marcadamente corporativo que se fue
nutriendo al amparo de las indefiniciones o complacencia del poder político civil. Y al que
hoy no debiera pensárselo solo en términos de optimización, sino de reformas estructurales
diseñadas y dispuestas por la autoridad civil, bajo cuya responsabilidad actúan y debieran
actuar inexcusablemente las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Hipótesis de
reformas entre las que no debe descartarse, la concreta y específica de disolución definitiva
de las actuales instituciones universitarias militares de nuestro país, tal como han sido
concebidas.
Finalizamos destacando que, tal como lo reseñamos, las evaluaciones internas y las
externas han sido las herramientas que el sistema universitario argentino ha puesto en
marcha desde hace veinte años, y es a ellas que debemos tanto el alumbramiento de una
mejor caracterización de las instituciones analizadas como el emerger de sus
vulnerabilidades, y a las que hemos dedicado nuestra particular perspectiva de análisis.
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