LUNES 26 DE MAYO DE 2003 || CONTACTENOS | PRINCIPAL
PRINCIPAL :: PRIMERO ARGENTINA
UN PAIS EN SERIO Primero Argentina PRIMERO LA PRODUCCIONEn un país en serio, la industria es nacional
En la Argentina de los '90 todo era importado. Alimentos, ropa, autos,calzado, puertas y ventanas, muebles, maquinarias. ¿Cuánto más podíaaguantar un país que sólo consumía y no producía? Los años deneoliberalismo sin control, sin protección del trabajo argentino y deapertura indiscriminada provocaron la quiebra de la industria nacional ysu secuela inevitable: la desocupación y la miseria para millones deargentinos.
Un modelo de producción y trabajo exige articular inteligentemente ycon sentido nacional, lo público y lo privado. Estado y mercado nodeben confrontar, sino asociarse en la construcción de un país distinto,con un perfil productivo donde aprovechemos nuestras ventajascompetitivas. El Estado: promueve, regula y controla. El mercado:invierte, produce y gana. Los Argentinos: pueden vivir dignamente desu trabajo.
PRIMERO LA JUSTICIA En un país en serio, los delincuentes van presos
La crisis de seguridad en la Argentina no sólo es un problema social-miseria, marginalidad, desocupación- ni tampoco únicamente policial-legislación blanda, justicia lenta o corrupción de las fuerzas deseguridad-. La polémica entre "garantistas" vs. "manos duras" no sóloes estéril sino que también es incompleta. Somos desde hace muchotiempo una sociedad que carece de un sistema de premios y castigos.En la Argentina casi nadie quiere cumplir la ley y todos quieren escapara las penas. Más de la mitad de los contribuyentes obligados a pagarimpuestos no lo hacen.
La sociedad percibe que sólo va preso "el ladrón de gallinas". La ley penal debe alcanzar a todos los que delinquen.La sociedad en su conjunto debe advertir que la noción de premio y castigo vuelve a instalarse en la Argentina.
PROPUESTA POLITICA
DEUDA EXTERNA - FMI
Quita de capital. Reprogramación. Quita de intereses.
Solicitud de la extensión de los plazos de pago de los servicios.
POLITICA CAMBIARIA - DOLAR
Establecimiento de un sistema de tipo de cambio de flotación vinculado a las necesidades del sistemaproductivo que permita promover las exportaciones y lograr una sustitución eficiente de las importaciones.
Mantenimiento de un dólar libre, teniendo en cuenta la integración regional para no perder nuevamentecompetitividad.
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DESEMPLEO - SALARIO
Puesta en marcha de un plan neokeynesiano de obras públicas, sin déficit, que incluya la construcción de tresmillones de viviendas para generar cinco millones de puestos de trabajo.
Lanzamiento de un plan de generación de empleos en el que el Estado subsidiará parte de los costos laborales.
Creación de un programa de trabajo, orientado a microemprendimientos.
Recuperación del sistema de cooperativas.
La progresiva redistribución de los ingresos es uno de nuestros objetivos irrenunciables.
SERVICIOS PUBLICOS - TARIFAS
Apertura de una renegociación de contratos y tarifas por empresa, revisando el cumplimiento de los pliegos.
Fortalecimiento de los organismos de control mediante la incorporación de usuarios y consumidores y para queel Estado recupere protagonismo regulador.
Revisión de los contratos de concesión de servicios aéreos porque las empresas planifican sus destinossolamente teniendo en cuenta su rentabilidad. Tienen que hacerse cargo de los lugares rentables y de los queno lo son.
SEGURIDAD
Programa integral de seguridad a largo plazo, que abarque cuestiones preventivas y normativas. DerechoPenal especial del menor. El plan será práctico, con capacidad de respuesta y no criminalización de la protestasocial.
Cambio en la formación académicas de las fuerzas de seguridad. La policía debe ser ágil, honesta y moderna,comprender los problemas de la comunidad y estar a la altura de las exigencias.
Combate de los delitos de alta intensidad vinculados con el narcotráfico y las redes de prostitución.
OBRAS PUBLICAS
Desarrollo de un fuerte plan de inversión pública para la construcción de viviendas, rutas y servicios esencialespara la población, lo cual generará empleo en forma directa e indirecta.
Plan de infraestructura que beneficie la reactivación de las economías regionales.
Reactivación de los ferrocarriles para unir social, productiva y turísticamente a la Argentina.
REFORMA DEL ESTADO
Creación de la figura de "quiebra" de provincias o municipios para las malas administraciones. Cuando estosuceda, se recurrirá a un fondo anticíclico creado en el Presupuesto para que no haya que echar empleados,aumentar impuestos o emitir bonos. Si la quiebras es dolosa, el gobernador o intendente irán presos.
Convertir a los intendentes en "gobernadores de pago chico" con la descentralización.
Eliminación de listas sábanas, menores requisitos para formación de nuevas agrupaciones políticas, limitacióndel gasto en legislaturas.
REFORMA IMPOSITIVA
Simplificación del esquema impositivo y cambio del actual sistema regresivo por uno progresivo, en el que sepague en función de la capacidad contributiva.
Rebaja gradual de los impuestos al consumo como el IVA, siguiendo las pautas de recaudación y sin frenar; enuna primera etapa, la necesaria inversión pública.
Fuerte combate a la evasión y al contrabando, potenciando la AFIP.
Transferencia del cobro de los impuestos automotor e inmobiliario a los municipios para darles mayorindependencia.
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INTEGRACION INTERNACIONAL
Instrumentación de una política exterior seria, estable y abierta al mundo; sin alineamientos automáticos y derespeto recíproco. Una Argentina integrada al mundo a partir de un proyecto de identidad nacional.
Afianzamiento de la integración con los países del Mercosur.
Negociación para lograr la eliminación de las asimetrías arancelarias y así tener políticas integradoras ycapacidad de otorgar subsidios cuando sea necesario.
EDUCACION
Creación de un sistema educativo federal y unificado que reemplace el actual sistema anarquizado. Calendarioescolar mínimo de 220 días.
Otorgamiento de becas para reducir la deserción y la repitencia que se produce en algunas provincias.
Promoción de la investigación científico-tecnológica y afianzamiento del vínculo con las empresas privadas.
Rearticulación de un sistema nacional de formación y evaluación docente.
SALUD
Reimplantación del sistema solidario de salud y reforma total del sistema sanitario con eje central en loshospitales públicos, que deben contar con médicos, tecnología y remedios adecuados a las necesidades de lapoblación.
Fortalecimiento de los laboratorios nacionales para facilitar el acceso a los medicamentos de toda la población.
Mantenimiento y perfeccionamiento de la política de medicamentos genéricos y de atención materno infantil.
AYUDA SOCIAL
Mantenimiento de los planes sociales mientras dure la emergencia y paulatino reemplazo de los mismos portrabajo genuino para los sectores excluidos.
Aplicación de políticas contra la pobreza por regiones y no globales, de manera que se puedan planificaracciones sociales que respondan a necesidades particulares.
Creación de un gabinete social federal para concentrar todos los planes sociales. Estará integrado porrepresentantes del Poder Ejecutivo, de los Estados provinciales y del gobierno porteño.
LOS EJES ECONOMICOS DE KIRCHNER
Plan de obras públicas
Reestructuración del sistemaimpositivo
Consolidación de exportaciones,sustitución de importaciones ysubsidios
Reprogramación de la deudaexterna
Revisión de los contratos deservicios públicos
Recuperación de la rentapetrolera y acción de oro
Defensa de la banca pública
Eliminación de cuasimonedas yquiebra de provincias ymunicipios
Reformulación de lacoparticipación
La prioridad del Mercosur
PRIMERO LA EDUCACIONEn un país en serio, la educación es la base del futuro
En la Argentina hubo un tiempo en el que estudiar fue garantía de progreso social y crecimiento personal. En laArgentina hubo un tiempo donde nuestra educación era orgullo nacional. Masividad en la escolaridad primaria ymedia y excelencia en la universidad fueron sus símbolos.
Reconstruir un Sistema Nacional de Formación y Evaluación Docente que asegure igualdad educativa desde LaQuiaca hasta Ushuaia. Garantizar no menos de 220 días de clases efectivos para los alumnos de todo el país,devolverá a la escuela pública su condición de garante en el acceso a las oportunidades de vida.
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La necesidad de contar con universidades productoras de conocimiento, exige volver a pensar a la educación públicacomo una función indelegable del Estado.
PRIMERO EL TRABAJOEn un país en serio, obra pública es mano de obra
La obra pública es un formidable motor para revertir la pérdida depuestos de trabajo producto de años de recesión, desinversión ydestrucción del empleo nacional.
En un país en serio, el Estado -cuidando su equilibrio fiscal- realiza obrapública para garantizar una infraestructura básica social y dereconversión económica (viviendas, caminos, red de agua potable,escuelas, hospitales).
Así se reactiva la construcción, madre de todas las industrias, donde lacreación de cada puesto de trabajo demanda una inversiónrelativamente menor a la que demandan otras actividades.
PRIMERO LA EQUIDADEn un país en serio, los que más tienen son los que más pagan
Cambiar la regresividad del actual sistema impositivo por una de mayorprogresividad que no castigue el consumo y que apunte a la rentaociosa.
Esta es una deuda pendiente de las instituciones políticas argentinascon el valor equidad. La equidad impositiva no es sólo un valor socialsino esencialmente moral, y como tal contribuye a la paz social. Lasociedad debe percibir que el esfuerzo que se demanda a cada uno delos ciudadanos es justo.
PRIMERO LA SALUDEn un país en serio, crecer sano es un derecho
Debemos construir un Sistema Nacional de Salud, en consenso con losdistintos subsectores (públicos, privados y de las obras sociales) en elque el eje referencial de la red sea el hospital público, tanto en la macrocomo en la micro gestión con base en el desarrollo local, garantizandouna mejor calidad en las prestaciones.
En lo macro, haciendo que el hospital sea el Centro de Excelencia parala investigación junto a centros universitarios y de formación, operando como vértice y referencia académica para laformación de postgrados, residencias, maestrías, formación en gerenciamiento, etc.
En lo micro, será parte estratégica para el desarrollo local, haciendo accesible este servicio público, alcanzandometas de calidad e indicadores de resultados, con estándares regionales.
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PRINCIPAL :: PRIMERO ARGENTINA :: LOS EJES ECONOMICOS DE KIRCHNER
LOS EJES ECONOMICOS DE KIRCHNER "Somos el modelo de producción y trabajo" Plan de obras públicas
Desde el primer día de gobierno, es necesario poner en marcha un plan de obras públicas que incluya laconstrucción de viviendas dignas para nuestra gente y servicios que hoy son fundamentales. Con tres millones deviviendas en cuatro años, que generarán cinco millones de puestos de trabajo, empezaremos a generar la movilidadeconómica que ponga otra vez a la sociedad en marcha. Proponemos inversión pública sin déficit fiscal y laimplementación de políticas neokeynesianas como primer elemento de reactivación para salir de depresioneseconómicas. Estas políticas ya fueron aplicadas en la década del '30 con Franklin Roosevelt en los Estados Unidos,en Alemania con el Plan Marshall después de la guerra, en la España post Franco y en Italia. La recaudación crecióde enero a la fecha de 3000 a 6000 millones de pesos. Nosotros podemos llegar de 6000 a 6600 millones derecaudación para generar los fondos necesarios para un fuerte plan de inversión pública genuino con una Argentinasustentable. Roosevelt pudo hacer inversión pública con un Estado sin reservas, quebrado y en recesión y no generóhiperinflación. Nosotros creemos que esto va a reactivar la economía y va a dar poder adquisitivo a la gente. Esteplan de obra pública va a constituir una inyección de generación de trabajo, que no es lo mismo que dar subsidios.Aunque éstos han sido de gran ayuda, es esencial un cambio cultural para reconstruir la moral del trabajo. Estosignifica que lo que gana el ciudadano adquiere mayor valor, ya que se trata del fruto de la labor que realizó. Laobra pública puede ser una fuerte contribución para lograr esto. En ese sentido, se realizarán obras deinfraestructura para redefinir el perfil productivo del país a través del desarrollo de la industria agroalimentaria, elturismo, la energía, la minería, la industria del software y las nuevas tecnologías como principales motores.
Reestructuración del sistema impositivo
Para llevar adelante el plan económico que proponemos es fundamental la lucha contra la evasión y el contrabando.Para ello necesitamos un fuero penal tributario que condene a los evasores y una DGI que esté en la callecontrolando. No hay Nación posible sin un Estado que recaude con eficacia. En principio, hay que reorganizar elEstado Nacional y recuperar la pirámide fiscal. La idea es hacer del impuesto directo el principal aporte al recursotributario nacional, simplificar el sistema impositivo al máximo posible y cambiar el actual regresivo por unoprogresivo para que impongan los que más tienen. Se debe modificar la legislación vigente y hacer de laprogresividad el eje del nuevo modelo. Los tributos a las ganancias deberán tener mayor incidencia en el porcentajede lo recaudado en detrimento de los impuestos al consumo. Simultáneamente, es necesario crear un fuero PenalTributario para que de una vez por todas la Justicia vuelva a la Argentina y los grandes evasores que no paguenvayan presos. Sólo así se creará una cultura del pago de impuestos. En los países desarrollados la gente los paga noporque sean mejores personas que nosotros sino porque el que no lo hace va preso.
Consolidación de exportaciones, sustitución de importaciones y subsidios
Hay que combinar producción, trabajo, sustitución de importaciones, aprovechar la capacidad tecnológica,profundizar el marco de las exportaciones tradicionales y consolidar las exportaciones que no lo son para generarbeneficios muy importantes y penetrar los distintos mercados del mundo. Es necesario aplicar políticas de subsidios,para ayudar a nuestras pequeñas y medianas industrias. Si en la Argentina del 1 a 1, donde la producción local tuvoasimetrías cambiarias muy fuertes, hubiésemos protegido la producción propia, ahora no tendríamos el cuadro dedesempleo y pobreza. En mi provincia refinancié a los productores locales a 25 años con un dos por ciento sobresaldo y tres años de gracia. Yo propuse hacer un fondo fiduciario extrabancario que compre las hipotecas que tienenlos productores y que beneficie a la gente pagando con tasas de interés razonables para la situación que tiene. Esdecir, a los pequeños productores, que están al borde de perderlo todo, darles hasta 30.000 pesos a devolver acinco años sin interés y al resto devolverles el dinero prestado a una tasa internacional baja, de manera que el costodel dinero sea absolutamente inferior a la expectativa de rentabilidad, porque todo el que produce o tiene unaempresa es lógico que quiera ganar dinero. Cuando el costo financiero es superior a la rentabilidad nadie invierte ennada. Pero si se combina la evolución del capital operativo con el estímulo a la rentabilidad, se pone en marcha laestructura productiva. A la Argentina hay que pensarla estratégicamente. Hay que tener en cuenta que paraaquellos momentos en que tengamos asimetrías en el mercado internacional, donde nuestros productos no tenganniveles de competitividad, tenemos que subsidiar al productor. Yo lo hice con la lana en Santa Cruz: subsidié el 50por ciento del producto durante gran parte del proceso de convertibilidad porque la lana había sido afectada por elexceso de producción australiano y precios internacionales negativos. Esto nos permitió mantener en pie a unacantidad de productores, que en caso de no haberlo hecho se hubieran caído del sistema. Si hubieran hecho lomismo con la industria avícola para mitigar el efecto que tenía el ingreso, 4 veces más bajo el pollo brasilero que
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nuestro país, no estaría prácticamente fundido ese sector. Si nosotros hubiéramos tenido una política de ayuda y desubsidios para que no pierdan competitividad, hoy tendríamos un alto nivel de producción, un rápido crecimiento yuna recuperación de la plata que en su momento hubo que poner para salvar al sistema debido a las asimetrías queteníamos.
Revisión de los contratos de servicios públicos
Las empresas de servicios públicos acumularon ganancias durante toda la década del 90 y evidentemente se abre uncapítulo de discusión y de resolución. Hay que crear un ente de contralor con participación del usuario para que elEstado recupere los instrumentos macroeconómicos y estas empresas contribuyan a un proyecto estratégico delEstado. Este ente deberá tener como función supervisar y controlarlas y no debe convertirse en un peaje parafuncionarios, diputados o senadores. No hablamos de estatizar, no hablamos de intervenir, no hablamos denacionalizar. Hablamos de un Estado que tenga el control de los instrumentos macroeconómicos y direccione elcumplimiento eficiente y útil del funcionamiento de los servicios. El hacer funcionar correctamente los serviciospúblicos no es una cuestión de derecha, de centro o de izquierda. No tiene ideología. Es un servicio objetivo que sele presta a la ciudadanía y que hay que prestarlo bien. Y esto debe garantizarlo el Estado. La discusión sobre si hayque re-estatizar o no los ferrocarriles es absurda porque los trenes son del Estado y lo que se hizo de 1992 a 1994fue concesionarlos. Hoy, lo que pasa con los ferrocarriles es una verdadera vergüenza porque no se ha hecho ningúntipo de inversión y la gente viaja como ganado. No se puede aceptar que tengamos trenes concesionados, por loscuales el Estado paga subsidios, que no cumplen con el servicio que le deben brindar a la gente. La Argentina tieneque volver a estar unida por una línea férrea para generar un planteo de desarrollo, un concepto de integraciónnacional. Hay que hacer cumplir los pliegos de las concesiones y generar nuevas inversiones para que el sistemaferroviario integre productiva, turística y económicamente a la Argentina. También es necesario recuperar la línea debandera porque no puede ser que la Argentina esté sufriendo el capricho de las empresas que nos generan vuelos ydestinos solamente solamente teniendo en cuenta el concepto y la visión de su rentabilidad. Tienen que hacersecargo de los lugares rentables y de los que no son rentables.
Recuperación de la renta petrolera y acción de oro
Hay que recuperar nuestra renta petrolera, que es el control de los instrumentos macroeconómicos, y la acción deoro. Somos el único país del mundo, junto con Rusia, que no conduce la explotación petrolera y sus reservas. Hacefalta discutir la privatización de YPF porque se dejó a miles de trabajadores en la calle, prácticamente sin ningún tipode defensa, y se generó una discrecionalidad muy grande en el marco de las explotaciones y de la defensa de lacuestión ecológica. Había un paquete accionario bien fragmentado. El Estado tenía el 20%, los trabajadores entre el10 y el 15%, las provincias el 11%. Santa Cruz tenía un promedio del 4%. Entonces, para discutir las políticasestratégicas del petróleo, participábamos activamente y había una acción de oro que generaba el derecho a veto. Elpaquete accionario de YPF estaba lo suficientemente fragmentado como para que los distintos actores puedandiscutir las políticas, el concepto macroeconómico de la inversión petrolera y de la reserva energética. Existía unadiscusión racional para el marco de la inversión anual: cómo se iba a hacer, cómo se iba a estructurar, cómo semanejaban los negocios internacionales, lo que era muy importante. En 1998, para seguir sosteniendo el déficitfiscal que tenía la Argentina, se vendió, entre otras cosas, más del 51% del paquete accionario a Repsol. A partir deesta venta, se perdió la acción de oro y las provincias nos vimos obligadas a vender. Hay que generar unaverdadera Ley de Hidrocarburos que regule definitivamente la funcionalidad del petróleo y los instrumentosmacroeconómicos y es necesario adecuar rápidamente el funcionamiento para que podamos tener los resortes ydecisiones que corresponden a un campo tan importante para la política económica argentina.
Defensa de la banca pública
Debemos hablar de la banca pública con absoluta claridad, pero sin calidades demagógicas. La banca pública sedebe sostener, aunque no de cualquier manera, porque en muchos casos ha servido para mantener grupos locales ypara financiar con el dinero de todos los argentinos a los amigos del poder y a sectores improductivos que no hanhonrado sus deudas. Es muy importante poner la banca al servicio de la producción y el trabajo. Tiene que haber unBanco Nación muy fuerte, no privatizado y que sirva al funcionamiento estructural de la economía argentina.Además, hay que discutir la conformación de un Banco de Desarrollo, que puede hacerse con capital del Estado yprivado para generar una fuerte promoción productiva y una fuerte reconversión industrial.
Reprogramación de la deuda externa
Hay que lograr una reprogramación de la deuda, una quita de intereses y un aporte de capital que ponga en marchala capacidad productiva de nuestra economía, a través de una negociación digna y responsable. Con el nivel deobligaciones de pagos que hay ahora, la deuda no la podemos pagar. La Argentina tiene que hablar de entre un 50y un 70% de quita para lograr sustentabilidad. Es decir, el FMI nos tiene que dar viabilidad interna para que laArgentina sea sustentable porque ¿ de qué nos sirve cumplir internacionalmente si la Argentina esta destruida? Hayque hablar sin miedo del tema de la deuda externa que tanto desvela a algunos que dicen 'Los argentinos somosincorregibles, no cumplimos'. El acuerdo que se firmó con el FMI es importante porque el próximo gobierno nollegará con las manos atadas y esto permitirá garantizar la transición. Además, me parece comprensible que se hayafirmado hasta agosto. Creo que lo que negoció Lavagna es muchísimo más digno que los anteriores acuerdos. Bastaver la política de tasas aplicadas del 3,5 para la refinanciación y del 6,9 para las que tenían mora contra elmegacanje de Domingo Cavallo. No hay comparación.
Eliminación de cuasimonedas y quiebra de provincias y municipios
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Kirchner Presidente http://www.kirchnerpresidente.com.ar/kirchner/sec_primero_argentina/economia/default.asp
Hay que generar políticas conjuntas con las provincias para monetizar definitivamente las economías y terminar conlas cuasimonedas, que generan ciudadanos de segundo nivel en la Argentina y perjudican las economías deproducción. Es muy diferente una economía funcionando con la moneda que tiene que funcionar, que con monedasde segundo orden. La monetización debe hacerse rápidamente una vez que el próximo gobierno esté en marcha,aunque ya hay políticas en el gobierno actual para empezar a disminuir este mecanismo. Estas son las primerasmedidas que se deben tomar con absoluta decisión. La relación de fondo entre el Estado y las provincias tiene queser muy cristalina y fuera del alcance de cualquier decisión arbitraria de un gobierno coyuntural. Yo siempre hablode la quiebra de provincias y municipios. En ese sentido, hay que crear un fondo anticrisis en el PresupuestoNacional antes de la distribución primaria de fondos entre Nación y provincias. Luego de la declaración de quiebra, laprovincia sería transitoriamente financiada con un fondo anticíclico, creado previamente con fondos coparticipables.Con ese dinero, se evita echar gente, aumentar los impuestos o imprimir bonos provinciales. Si la quiebra es dolosa,el gobernador o intendente va preso. Si es negligente, no se lo va a votar nunca más. Con este sistema, al próximogobernante le va a dar superávit fiscal y se van a terminar todas las cosas raras. Las provincias o municipios queacumulen deudas deben quebrar porque no pueden seguir funcionando como lo hacen hasta ahora. Hay que ponerleun fin a esto, para que el drama del Estado no siga envolviendo todas las variables económicas. Cada peso menosque entra a la provincia es menos trabajo, educación, justicia, equidad y dignidad. La Argentina falla social yeconómicamente porque su sistema político no tiene un régimen de premios y castigos. Da lo mismo administrarbien que tener un alto nivel de endeudamiento y emitir bonos para saldar cuentas. La idea es eliminar la lógica deque los estados provinciales o los municipios no pueden quebrar tal como hizo Nueva York, que luego de declarar suquiebra en la década del '80, culminó exitosamente con la gestión de Rudolph Giulani.
Reformulación de la coparticipación
Hay que implementar un plan coordinado de inversión pública en infraestructura para recuperar estructuralmente alas provincias y volver a darles potencialidad. La coparticipación provincial tiene que ser automática. Los intendentestienen que recaudar íntegramente los impuestos automotor e inmobiliario, como sucede en Santa Cruz, paraconvertirse en administradores de Estado chico que tenga capacidad para resolver las cuestiones cotidianas y que notenga que ser un mero delegado que tenga que ir todos los días a la capital provincial o nacional. A Buenos Airesdeben restituirle los 8 puntos de coparticipación federal que se le quitaron durante el gobierno de AlejandroArmendáriz y la devolución para Buenos Aires no tiene que salir de los ingresos de las otras provincias sino de laNación.
La prioridad del Mercosur
En la década del ´90 se adscribió acríticamente al modelo basado esencialmente en el Consenso de Washington, quepregonaba que las ideologías habían muerto y que no había posibilidades de desarrollo razonablemente autónomode un país. En Argentina se aplicaron recetas económicas (apertura indiscriminada, privatizaciones escandalosas,etc.) que ni los países centrales que las dictaban las aplicaban dentro de sus propios países. Los fantasmas delpasado quieren volver para profundizar este modelo de apertura indiscriminada y adscripción 'sin beneficio deinventario' a la globalización. En la próxima elección, tendremos que elegir entre los que creen que la solución es eldólar y quienes sostenemos que es una moneda nacional fuerte, entre los que proponen el ALCA y los queproponemos el MERCOSUR, entre los que piden relaciones carnales y los que planeamos relaciones serias con elmundo pero con objetivos nacionales. Lo que decimos es diseñar un proyecto permita ingresar al mundo conidentidad nacional, es decir una Argentina que se pueda sustentar a sí misma. Luego de la segunda guerra mundial,el General Perón no adscribió ni a un bloque ni al otro, imaginó que era posible una tercera posición, se comportócomo un estadista y construyó un país con la certeza de tener un destino como Nación. El esquema del MERCOSURva a servir si podemos superar las asimetrías arancelarias que tenemos, si podemos hacer políticas verdaderamenteintegradoras y si tenemos capacidad de generar políticas de subsidios cuando las tengamos que generar.
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Kirchner Presidente http://www.kirchnerpresidente.com.ar/kirchner/sec_primero_argentina/economia/default.asp
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Todo lo que contiene este trabajo es el resultado de una tarea realizada, durante
dos años, por más de 8.000 profesionales técnicos que se pusieron a mi lado
para escuchar mis ideas, y para acercarme las suyas. En estos equipos de
trabajo, en el que hay hombres y mujeres maduros que además de su saber
hacen gala de una invalorable experiencia de vida, aparece la juventud con su
energía y propuestas nuevas. Todos ellos con un sentimiento dominante: el
amor al país. En todos estos meses le dieron forma, en más de 40 ciudades y
pueblos de la República Argentina, con más de 15 plenarios realizados, y en
incontables reuniones de trabajo, a la radiografía más completa y detallada de
todas las actividades productivas, administrativas, legales y financieras que
“desde siempre” nos viene faltando, seguramente porque desde siempre nos las
han venido ocultando, escondiendo, y hasta robando. Este es mi “Plan de
Gobierno”. Nuestro Plan de Gobierno. El plan de Kirchner y Scioli, pero
también, y este es mi mayor compromiso con ustedes, seguramente el más
poderoso, el plan de gobierno de cada uno de los argentinos.
Ahora lo que debemos hacer es trabajar juntos, todos ustedes, todos ellos, y yo,
en esta tarea de “hacer de nuevo” este país al que, con seguridad, “todavía
amamos”. Juntos, codo a codo, como dice Mario Benedetti, somos muchos más
que dos. Seremos todos. Y cuando esto ocurra, desde el primer momento como
Presidente, cuando tome la primera de las acciones de Gobierno con la mirada
siempre puesta en el hombre y en la familia; en el empleo y en la producción,
nos encaminaremos sin ninguna pausa hacia el orgullo de ser argentinos, hacia
ese sentimiento que, a pesar de los históricos golpes que nos vienen dando
desde hace tanto, no pudieron lograr que perdiéramos. Nos espera el futuro,
traducido en trabajo, paz, seguridad, educación y una justicia verdadera.
Nosotros, los argentinos, vamos a hacer realidad ese nuevo país, el nuestro, el
de siempre y el que tanto amamos.
Néstor Kirchner Argentino
www.kirchnerpresidente.com.ar
CONTENIDO
1.-DESARROLLO SOCIAL DESDE UNA RED DE POLITICAS PUBLICAS FEDERALES CON EJE EN LA PERSONA Y EN LA FAMILIA ARGENTINA
! Red Federal de Políticas Sociales Integrales ! Educación con Justicia Social ! Política de Vivienda ! La Gestión Cultural ! Deporte y Turismo Social ! Medio Ambiente
2,.EL TRABAJO Y LA PRODUCCION COMO EJE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
! La Cultura del Trabajo ! Políticas Laborales ! Políticas para el Desarrollo Regional ! Ideas básicas para una Política Industrial ! Ciencia y Tecnología ! Minería . Caso testigo Fomicruz ! Sector Energético ! Sector Agropecuario ! Sector Forestal ! Pesca ! Las Pequeñas y Medianas Empresas ! Comercio Exterior ! Turismo
3.-LA INFRAESTRUCTURA Y LA OBRA PUBLICA AL SERVICIO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO
! Transporte Ferroviario ! Transporte Aerocomercial ! Políticas para el sector Vial ! Puertos y vías navegables ! Recursos Hídricos ! Comunicaciones
4.-LA ECONOMIA, UNA HERRAMIENTA PARA DEFINIR UN PROYECTO DE PAIS
! Política Fiscal ! Sistema Financiero – La Nueva Agencia de Desarrollo Económico y Social ! Mercado Cambiario ! Propuestas para la Deuda Externa
5.-ARGENTINA EN EL MUNDO
! Relaciones Exteriores ! Política Nacional Antártica
6.JUSTICIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO PARA EL DESARROLLO HUMANO
! La Fundamental Reconstrucción del Estado ! Transparencia en la Gestión del Estado ! Política de Seguridad, Personas Seguras en una Sociedad Democrática Segura
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Desarrollo social desde una red de políticas públicas
federales con eje en la persona y en la familia Argentina
www.kirchnerpresidente.com.ar
Red federal de políticas sociales integrales
“La economía al servicio del hombre, la producción al servicio del consumo
y el capital al servicio de la economía”
Estamos en una Argentina fragmentada, con
regiones sueltas, sin identidad, y sujetas a una inequidad
alarmante que ha quebrado el tejido social. Las tasas de
desempleo, de pobreza y de indigencia, los índices de
mortalidad infantil, como así también las dificultades de
acceso a la educación y a la salud, es el panorama que
día a día nos viene cubriendo. Por todo esto es urgente
la consolidación de una Red Federal de Políticas
Sociales Integrales que posibilite el cumplimiento de
cada uno de los derechos de quienes habitamos este
país.
El Estado, de la manera más urgente posible, debe dar
respuestas a los siguientes puntos:
• Empleo
• Salud
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• Educación
• Alimentación
• Vivienda
Afirmando entonces:
• Los Derechos del Niño y de la Mujer
• La Inclusión Social de los Jóvenes
• La Atención de la Tercera Edad y la Discapacidad
Es así que desde un Estado activo, presente, promotor, y
cuando sea necesario protector -un Estado de Inversión Social- se
construirá con justicia social, desde la equidad territorial, en el
marco del Proyecto Nacional, la Red Federal de Políticas Sociales
Integrales, con eje en la Persona y en la Familia Argentina, como
unidad decisiva para el desarrollo social y económico de nuestro
país.
Se superará entonces el concepto tradicionalista asistencial,
afirmándose esta política en los siguientes pilares:
• La preocupación del hombre por el hombre.
• La solidaridad como accionar principal.
• La integralidad de lo económico-social.
• La localización de las políticas sociales, priorizando
los espacios barriales y comunitarios.
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Esta construcción superará la instancia discursiva desde una
Democracia Participativa y Pluralista a través de:
• Cuatro líneas estratégicas
• Una nueva institucionalidad operativa
Cuatro líneas estratégicas 1. Sistema nacional de salud
2. La emergencia social y sanitaria
3. El desarrollo a escala humana
4. La seguridad desde la previsión social
Sistema nacional de salud
“Actualmente no puede haber medicina sin medicina
social, y ésta no puede existir sin una Política Social del Estado…”
Ramón Carrillo
El Estado asumirá su rol articulador y regulador de una
política sanitaria integral y de integración, a partir del consenso
con los distintos subsectores públicos, privados y de las obras
sociales.
Producto de ello, el Sistema Nacional de Salud se
consolidará en red, donde el eje referencial será el Hospital
Público y los Centros de Salud de referencia tanto públicos
como privados.
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La acción del hospital, tanto en la macro como en la micro
gestión, tendrá base en el desarrollo local, garantizando una
mejor calidad en las prestaciones y servicios. En la primera
posibilitando que él mismo sea el centro de excelencia para la
investigación, junto a centros universitarios y de formación,
operando como vértice y referencia académica para la formación
de post-grados, residencias, maestrías, formación en
gerenciamiento, etc. En la micro-gestión tendrá un rol
estratégico en lo local, facilitando el acceso al servicio de salud,
alcanzando metas de calidad e indicadores de resultados, con
estándares regionales.
Las acciones e intervenciones que se profundizarán en la
red serán:
Salud Comunitaria
La Salud Comunitaria tendrá como pilar estratégico la
atención primaria desde el hospital y/o centros de salud de
referencia, utilizando como instrumento la Epidemiología Social;
buscando el fortalecimiento y la articulación con los centros
estratégicos (escuelas, hospitales, centros deportivos, etc.) y
organizaciones de la comunidad, para garantizar el cumplimiento de
las políticas socio - sanitarias.
Alta Complejidad
Se fortalecerán los Centros Regionales para la realización de
prestaciones de Alta Complejidad, Hospitales Universitarios e
INCUCAI, y también se desarrollarán en todas sus posibilidades los
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programas de investigación y asistencia que llevan adelante los
Laboratorios de referencia Nacional (Por Ejemplo: Instituto Carlos
E. Malbrán, Instituto Nacional de Enfermedades Virales, Centro
Nacional de Genética Médica, etc.)
Reconversión del Modelo tradicional de Asistencia en
Salud Mental.
• Se promoverán hábitos y estilos de vida saludables, a fin de
reducir los factores de riesgo de trastornos mentales
desarrollando a nivel de promoción y prevención integral,
acciones estratégicas que respeten las pautas culturales
locales, para lo cual se reorientarán los recursos humanos al
modelo de atención primaria.
• Se replanteará el modelo de atención médica para crónicos y
agudos articulando las acciones con las familias, las distintas
instituciones de la comunidad y cuando correspondiere con la
Justicia, desde equipos interdisciplinarios.
Abordaje Integral en Enfermedades Sociales
Se encausará y promoverá, junto a las provincias y al
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, un trabajo
comunitario, preventivo y asistencial a nivel de adicciones,
trastornos alimentarios, violencia social y otras patologías que
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impiden la integración social, desde programas integrales,
vinculados a líneas de desarrollo local, consolidando y articulando
la red asistencial para el tratamiento médico, psicológico y social.
Medicamentos Accesibles
• Se ampliará y consolidará la política de genéricos.
• Se trabajará en la integración de la actividad de todos los
laboratorios que se dedican a la producción pública de
medicamentos básicos esenciales, con la activa participación de las
universidades.
• Se apoyará a los laboratorios nacionales, tanto privados como
estatales, desde una política de consensos donde prime el interés
común.
• Se desarrollará una política nacional a fin de cubrir los
medicamentos para patologías de baja frecuencia y altos costos
(Esclerosis múltiples, Hemofilia, etc.).
Acreditación de Niveles
• Se acreditarán los niveles de complejidad prestacional
alcanzados por los diferentes prestadores y efectores de servicios de
salud, a partir de la creación de una base de datos, con indicadores
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de nivel que permitirá la observación en tiempo real, en donde el
Estado recuperará su rol regulador y promotor de la salud.
Organismos Críticos
Se generarán normas que simplifiquen y den transparencia
a la acción de los organismos críticos (PAMI, ANMAT, etc.)
• PAMI
! Se reducirá el déficit operativo,
utilizando los recursos en beneficio directo de
los afiliados para normalizar las prestaciones
hoy en conflicto (geriátricos, prótesis,
transplantes, medicamentos, insumos, etc.).
! Se apoyará a las unidades de gestión
local, transfiriendo capacidad de decisión y
recursos para la resolución de las problemáticas
específicas en sus territorios.
• ANMAT
! Se avanzará en el marco del
MERCOSUR en acciones regionales respecto a
alimentos y medicamentos para integrar
compras, producción y desarrollo de tecnología.
! Se desarrollarán normas que
faciliten la habilitación de los laboratorios
estatales, apoyándolos en la producción y
elaboración de medicamentos, asistiéndolos en
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el logro de los estándares de calidad y en la
coordinación de su distribución.
Emergencia social y sanitaria.
“Cuando la crisis social supera la capacidad de respuestas de una sociedad,
instrumentar medidas de emergencias de carácter temporal, es una necesidad…”.
1. Se continuará, durante la emergencia con la cobertura
alimentaría, poniendo especial énfasis en que el destinatario
efectivo sea la familia, en el marco de la promoción del compre
local y de los productos de la economía social (huertas, granjas,
panificación, etc.).
2. Se garantizará la integración de los programas
alimentarios, a partir de concertaciones y acuerdos entre Nación,
provincias y Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires,
municipios y organizaciones de la sociedad civil.
3. Se ampliará la cobertura de los servicios de salud y
acceso al medicamento básico en todas las localidades del país,
asegurando sustentabilidad.
4. Se garantizará y fortalecerá la asistencia para los
programas protegidos, unificando esfuerzos entre los distintos
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actores sociales. (vacunas, leche fortificada, oncológicos,
tuberculostáticos, hemofilia, HIV/sida, etc.)
5. Se proveerá y efectivizará la cobertura del Plan
Materno Infantil, a fin de dar calidad de vida a madres y niños
asegurando su normal crecimiento y desarrollo, desde controles
prenatales, control del niño sano, inmunizaciones y programas
nutricionales etc.
6. Se continuará, hasta tanto sus beneficiarios resulten
incluidos en empleos genuinos, con el volver “a la cultura del
trabajo”, con el Programa Jefes y Jefas de Hogar promoviendo la
presentación de proyectos en función de su sustentabilidad,
viabilidad y respuesta a las realidades locales y regionales, para
lo cual:
• Se tendrá en cuenta el plan de reactivación de la obra pública
nacional, el perfil productivo, el de servicios en general, el
turismo, y del medio ambiente en particular. En definitiva que
permitan formar capacidades para la inclusión al mercado
laboral.
• Se asistirá con insumos y bienes de capital a los beneficiarios
del programa, a través de los diversos proyectos.
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Desarrollo a escala humana
“La participación será la estrategia del desarrollo social y la sustentabilidad
de proyectos, que hacen al mejoramiento de la calidad de vida”
Comunidades organizadas a partir del desarrollo local
• Se construirá con la ciudadanía capital social
(formas de colaboración en las relaciones de trabajo, valores
éticos, de respeto, de normas, de costumbres, clima de
confianza y de convivencia en la sociedad) desde una política
participativa, y comunicacional, en donde la comunidad
organizada tenga un rol estratégico en su proceso de
desarrollo.
• Se asistirá con recursos económicos y técnicos a
los actores predominantes: provincias, gobierno autónomo de
la Ciudad de Buenos Aires, municipios, organizaciones de
base, juntas vecinales, grupos solidarios, vecinos activos,
instituciones intermedias, eclesiásticas, comercios, empresas,
y otros actores ligados a la toma de decisiones político-
institucionales, expertos, profesionales y los vinculados a la
acción sobre el terreno, etc.
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• Se promoverán acciones integrales que permitan
articular en la agenda local, las políticas de salud y acción
social, y en la contingencia, la atención de la emergencia,
desde espacios territoriales. Dichas acciones y/o programas
serán sustentables desde los bienes (infraestructura y
equipamiento) y recursos (financieros, materiales, técnicos
y humanos).
• Se crearán y apoyarán centros estratégicos
comunitarios existentes y/o modelos innovadores similares,
con prestaciones y servicios de salud y acción social y otros
que tengan que ver con la satisfacción de las necesidades de
la comunidad, desde espacios de cogestión y participación,
entre Nación, provincias, gobierno autónomo de la Ciudad de
Buenos Aires, municipios, centros estratégicos y
organizaciones de la comunidad.
• Se pondrán en marcha, en conjunto con las áreas
de Educación y Deporte, Talleres de Educación para la Salud
que fortalezcan a los jóvenes en valores y prevención de
nuevas enfermedades sociales.
• Se promoverá el fortalecimiento de la sociedad
civil, a través de la promoción de espacios institucionales de
gestión compartida y asociada, para la cooperación y
participación de las organizaciones en la construcción,
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ejecución y evaluación de programas sociales, desde sus
distintos grados de organización.
Economía social a partir de las realidades locales
• Se crearán nuevas modalidades de Empleo
Social promoviendo, en el marco de la economía social,
emprendimientos que incluyan proyectos productivos y de
servicios, a partir de un rápido diagnóstico de mercado
territorial y regional y de las capacidades de los solicitantes.
En el caso de los emprendimientos se considerarán
prioritarios los que involucren gestiones asociadas a través de
cadenas productivas, micro-emprendimientos productivos y
de servicios, cooperativas y experiencias de autoempleo.
• Se otorgarán incentivos fiscales, asistencia
técnica, y se pondrán en marcha créditos sociales
generalizados con garantías solidarias para los sectores de
medianos y escasos recursos. Para ello se articulará un fondo
rotatorio de inversión y promoción social. Las categorías a
considerar serán: emprendimientos individuales, talleres
unifamiliares de producción ó servicios, talleres de grupos
familiares asociados y/o grupos de autogestión, de
producción o servicio en cadena, micro-emprendimientos
colectivos y sociales, grupos pre-cooperativos, cooperativas,
mutuales, etc.
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Comunidades solidarias en la atención de grupos
vulnerables
• Prioridad “La Niñez”, por lo que la cobertura y
la atención integral de la madre y el niño (seguro materno
infantil), se consolidará progresivamente a partir de un
diagnóstico socio-económico de cada realidad territorial, en
articulación entre otros, con el programa materno-infantil, el
hospital y/o centros estratégicos de la comunidad, teniendo
como objetivo prioritario promover la equidad en la atención.
Para lo cual se:
! Garantizará a todos los niños, al
momento de nacer, el derecho a la identidad,
asegurando la gratuidad para el primer registro
y su documentación.
! Priorizará la atención de las madres
embarazadas desde el momento del
diagnóstico; los niños hasta los 5 años, y las
mujeres en edad fértil.
! Logrará la disminución de la
morbilidad materno-infantil, atacando sus
causas reducibles.
! Estimulará el crecimiento y
desarrollo psico-social de los niños.
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! Promoverá la participación
comunitaria en las tareas de apoyo y extensión.
a través de una estrategia articulada con base
en el Hospital Público y la red de los Consejos
de la Comunidad.
• Se reformularán los alcances del Consejo
Nacional del Menor y La Familia desde una perspectiva
federal, dando representación efectiva y participación activa a
todas la provincias y gobierno autónomo de Ciudad de
Buenos Aires. Se transformará el mismo en un Consejo
Federal de la Niñez y Adolescencia.
• Se elaborarán, junto a las comunidades
aborígenes, programas que contribuyan a su desarrollo,
respetando su identidad cultural.
• Se crearán programas integrales y focalizados
para dar respuesta a la problemática de los niños y
adolescentes en conflicto con la ley penal, y se articularán las
relaciones interinstitucionales de servicios para menores con
conductas de riesgo social.
• Se generarán acciones y/o programas
estratégicos para la protección y contención a grupos
familiares (niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos,
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ancianos) en situación de vulnerabilidad social (violencia,
abandono, enfermedades sociales: adicciones, trastornos
alimentarios, etc), desde responsabilidades articuladas con
distintos actores sociales (instituciones, organizaciones
intermedias, hospital, centros estratégicos comunitarios, etc.),
• Se fortalecerá el Consejo Federal de Mayores,
realizando un trabajo de consolidación de los consejos
provinciales y del gobierno autónomo de la Ciudad de
Buenos Aires, y se potenciarán los programas para la tercera
edad en los niveles territoriales locales (Plan Mayores,
Cuidadores Domiciliarios, Mayores Ahora, Promotores
Comunitarios, etc.), rescatando sus capacidades, idoneidades,
saberes y experiencias de vidas.
Discapacidad
• Se reconocerá el carácter de sujeto pleno de
derechos a todas las personas con discapacidad, orientando
las apoyaturas a los impactos de las limitaciones concretas
de sus capacidades.
• Se propiciará que, sin otro requisito que la
idoneidad, las personas con discapacidad tengan derecho al
empleo remunerado en el mercado abierto.
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• Se fortalecerá la tarea de la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas,
del Consejo Federal de Discapacidad y de los Consejos
Provinciales, adecuándolas al cumplimiento de sus objetivos,
dándoles el recurso adecuado para el desempeño de sus
funciones.
• Se trabajará para que las personas con
discapacidad permanezcan preferentemente en sus
comunidades locales, y reciban el apoyo adecuado que
necesitan en el marco de las estructuras comunes de
educación, salud, empleo y servicios sociales. Lo que
requerirá el funcionamiento efectivo de equipos técnicos,
estructuras y/o centros de atención a nivel local y/o
provincial.
Redes Juveniles
• Se generarán acciones y/o programas
participativos que conlleven al desarrollo integral de los
jóvenes, desde el desarrollo local, poniendo énfasis en la
capacitación y la posibilidad de empleo.
• Se desarrollarán, junto con los jóvenes,
actividades que fomenten el sentimiento de identidad, de
compromiso y de responsabilidad ciudadana y social.
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• Se protegerá el desarrollo y los intereses de
todos los jóvenes a partir de servicios y programas con base
en la comunidad (relacionados con el medio ambiente, el
deporte, la recreación, la cultura, etc.) que promuevan la
integración social y la conformación de redes juveniles.
• Se promoverán e intensificarán redes regionales,
con foros permanentes en el País en donde se definan las
temáticas de interés para este grupo etáreo. (Programa
FORJAR “Foro de Juventudes Argentinas”), con los Países
del MERCOSUR y en el resto de la Región Latinoamericana.
Seguridad desde la previsión social
“El porvenir de la Patria dependerá de la Seguridad Social de sus habitantes”
Juan D. Perón
La situación en el Sistema Previsional es preocupante dado
que el porcentaje de trabajadores excluidos es muy alto, con lo que
de hecho la cobertura previsional universal de acuerdo con las
normas alcanza a sectores muy reducidos. Por ello:
1. Se promoverá la participación activa de los actores en
el diseño de políticas y en la gestión de la seguridad social
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2. Se consolidará definitivamente la eliminación de las
jubilaciones de privilegio
3. Se readecuarán los aportes patronales.
4. Se ordenará el Sistema vigente de las AFJP y libertad
de opción con el Régimen de Reparto.
5. Se propiciará la regulación, recaudación y fiscalización
a manos del Estado. Que la ANSES vuelva a recaudar los
aportes previsionales, garantizando el ingreso de los futuros
jubilados.
6. Se promoverá la participación de los Jubilados y
Pensionados en programas y proyectos que tengan que ver con el
área a través del Consejo del Adulto Mayor.
7. Se revisarán los criterios de otorgamiento de las
Pensiones no Contributivas.
8. Se garantizarán los fondos para la cobertura de
las Pensiones Asistenciales no Contributivas.
Nueva institucionalidad operativa “Democratización interna del aparato
de gestión pública desde su articulación sustantiva, para el mejoramiento de la capacidad organizacional,
seguimiento y evaluación de las políticas sociales.”
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Gabinete federal Se conformará un Gabinete a nivel federal que siguiendo las
cuatro líneas estratégicas construya, articule y conduzca la red de
políticas sociales en el marco del respeto de las jurisdicciones
intervinientes, a partir de un planeamiento integral, local,
provincial, regional y nacional.
1. Se reforzará en la red, como forma institucionalizada
de participación en las Políticas Sociales, los Consejos de la
Comunidad, a nivel de fomento local, los que cubrirán un rol de
acompañamiento, asesoramiento, y velarán por el buen
cumplimiento de las políticas sociales. Estos Consejos de la
Comunidad serán de carácter inclusivo, y estarán integrados con
la participación de las organizaciones de base, intermedias,
confederaciones, cámaras empresariales, municipios,
universidad, centros profesionales, empresarios, comerciantes,
etc.
2. Se fortalecerá la asistencia técnica, y la capacitación
en los dos niveles territoriales: el nivel federal con activa
participación de las provincias y el Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires, y el nivel de fomento con articulación
local.
Este fortalecimiento se efectivizará con centros de
formación, universidades, y organizaciones, promoviendo el
desarrollo del capital humano, cultural y social, y estará
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orientado a satisfacer las necesidades, rescatando actitudes,
aptitudes, saberes populares para lograr el objetivo superior de
mayor justicia social, recomposición del tejido socio-productivo
y equidad territorial. Las actividades serán:
• Educación Social: confección junto a los
responsables del área educativa de planes de estudios para la
educación formal y no formal: formación para servicios de
apoyo y contención de grupos vulnerables, formación de
monitores y promotores de salud barrial, etc.
• Capacitación y actualización ocupacional en
las siguientes temáticas: construcción junto al Área
Educativa y la Universidad de programas de formación
profesional y capacitación laboral flexible, vinculados con el
desarrollo socio-productivo local, regional, nacional, y del
MERCOSUR, tendientes a promover la empleabilidad
(empleo joven, prácticas laborales y pasantías en servicio
para empleos en oficios tradicionales, etc.) y la capacitación
en las nuevas modalidades de empleo:
! Empleos relacionados con la vida
comunitaria (crear espacios comunitarios,
periódico barrial, sala comunitaria para el
cuidado de niños, etc)
! Empleos relacionados con la
atención del individuo (cuidados y atención de
niños, ancianos, discapacitados, red de
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encuestadores, apoyo a los jóvenes con
dificultades de inserción social, servicios de
comidas, etc).
! Empleo relacionados con la
identidad cultural y de pertenencia (servicios
culturales a la comunidad, conjuntos
musicales, talleres de orfebrería, artesanías
populares, etc )
! Empleo relacionados con el turismo
y el medio ambiente (eliminación y reciclado
de residuos, preservación de espacios
naturales, campings sociales, cooperativos de
guías turísticas, etc.)
• Perfeccionamiento profesional: residencias,
pasantías, tutorías, etc.
• Producción Científicas: investigación, tesis,
ensayos, etc.
• Post-grado: realización de pasantías a nivel de
empleo, salud, acción social, medio ambiente, recreación y
deporte, especializaciones, maestrías y doctorados, etc., con
una fuerte presencia de las Universidades en la Construcción
Social.
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• Fortalecimiento Institucional: para el
desarrollo de habilidades de gerenciamiento y capacidades
de gestión, desde espacios de intercambio, cooperación y
aplicación de saberes entre distintos actores sociales con la
finalidad de integrar los recursos políticos-institucionales, el
trabajo en red, la formulación de diagnósticos territoriales, el
diseño, planificación, ejecución y evaluación de políticas
públicas en forma participativa que mejoren las condiciones
del desarrollo local, regional y nacional. Ejemplos: mesas de
gestión asociadas para trabajar experiencias asociativas y
propositivas en temáticas de niñez, adolescencia, tercera
edad, discapacidad, aborígenes, foros, Consejos Consultivos,
etc.
• Fortalecimiento de la Sociedad Civil:
implementación de acciones activas que contribuyan al
desarrollo, fortalecimiento y profesionalización de la
capacidad institucional de las organizaciones sociales, y la
construcción de redes populares a partir de la vinculación
entre las instituciones que hacen al desarrollo local (escuela,
hospital y municipio), y que permitirán la reconstrucción de
las relaciones sociales, la creación de lazos a nivel local y la
consolidación de prácticas democráticas-.
3. Se apoyará progresivamente a la Red Física de
acompañamiento de los programas, en función de las prioridades
determinadas y convenios de concertación a nivel financiero, y
de gestión con las distintas Provincias y el Gobierno Autónomo
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de la Ciudad de Buenos Aires, para la construcción (Ej.: de
nuevos hospitales, jardines maternales, centros estratégicos
comunitarios, etc), refuncionalización del recurso físico
instalado, y equipamiento de alta, mediana y baja complejidad.
4. Se elaborará un Sistema de Información
Epidemiológica y Social, que unifique las distintas bases de
datos existentes, desde la construcción de mapas socio-sanitario-
cultural-económico, para la toma de decisiones en Políticas de
Estado.
5. Se cualificará y estructurará un Sistema de Monitoreo y
Evaluación que posibilite la gestión integral de las líneas
estratégicas, para la generación de información, conocimiento y
aprendizaje que retroalimente la toma de decisiones, y posibilite
la indagación y valoración continua de los procesos de
resultados y de los impactos sociales (logros, costos,
cumplimiento de objetivos, metas, etc.).
6. Se acompañará la efectividad de las políticas sociales
con el desarrollo y adecuación de los aspectos normativos. Por
ejemplo: reformas tributarias a nivel de cooperativas y mutuales;
revisión de situaciones legales que garanticen los derechos para
la minoridad en riesgo, con articulación en los procesos de
cambio en la legislación nacional y provincial, para la aplicación
de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, etc.
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7. Se promoverá desde la administración presupuestaria
de las partidas asignadas, de acuerdo al desarrollo de estas
líneas estratégicas con la mirada de la Inversión Social, la
aplicación, distribución y articulación de los fondos que
busquen la equidad territorial, en la provisión de las
prestaciones y servicios, incentivando los acuerdos y la
cooperación Nación- Provincia.
8. Se consolidará la reserva de un fondo de atención a
contingencias, emergencias y catástrofes.
9. Se trabajará articuladamente, desde una Coordinación
Intersectorial Pública, a través de estilos de coordinación y
gerenciamiento integral, tanto a nivel de programas como de
gestión. El objetivo será siempre evitar la existencia duplicada o
triplicada de programas y acciones a los fines de no superponer
funciones, presupuestos, áreas o estructuras. Por ejemplo: con
las Áreas de Infraestructura, Educación, Producción, Deporte y
Turismo, etc.
(Aquí el material está acompañado de un gráfico que parece bastante
claro y útil)
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Educación con justicia social
La educación es para nosotros un factor de cohesión y desarrollo social capaz de promover, efectivamente, la inclusión sostenida en la idea de la especificidad y diversidad de los individuos y de los grupos humanos, teniendo en cuenta la riqueza de las expresiones culturales de cada uno de los grupos que componen una sociedad, y el debido respeto a las diferencias entre los mismos. Es por ello que proscribimos toda forma de enseñanza que se oriente a limitar, a través de un mismo molde cultural e intelectual, el pleno desarrollo personal. Es necesario trabajar sistemáticamente para recuperar el ámbito educativo como espacio formativo de consolidación de valores, y concretar un ejercicio efectivo de protagonismo y organización de todos los actores sociales.
La educación tiene una íntima relación con el mejoramiento
de la calidad de vida y el progreso sostenido de una sociedad que
valoriza el desarrollo de la potencialidad de las personas,
jerarquizando el conocimiento y el saber, pero también la
recuperación de los valores.
Uno de los objetivos principales de nuestro proyecto de
“Educación permanente” apunta a desarrollar las capacidades y las
habilidades para lograr un amplio abanico de saberes: aprender a
vivir juntos; aprender a ser; aprender a conocer; aprender a aprender.
También lo es capacitar para manejar los nuevos instrumentos que
ofrece la comunicación, la información, la ciencia, la tecnología y el
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arte, a la vez que nos proponemos firmemente recuperar los valores
democráticos de tolerancia, de participación y de compromiso
social.
La educación es para nosotros un fuerte factor de cohesión y
desarrollo social, capaz de promover efectivamente la inclusión
sostenida en la idea de la especificidad y diversidad de los
individuos y de los grupos humanos, teniendo en cuenta que las
distintas expresiones culturales enriquecen la construcción de la
identidad nacional.
Sostenemos una educación pública y gratuita
para todos, con la justicia social como principal garantía
de la igualdad en el acceso a las oportunidades vitales.
Proponemos un Sistema Educativo Federal que, bajo la
orientación y coordinación estratégica del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, tenga como eje primordial la recuperación de
la identidad nacional y el crecimiento y progreso de las personas y
del país a partir de políticas de calidad y de igualdad.
Estas políticas se articulan con el campo cultural, la
producción, el mundo laboral, el cambio tecnológico y políticas de
desarrollo social, para que así el ciudadano viva y trabaje con
dignidad y libertad, participando de manera activa y democrática en
el desarrollo político, social y económico del país.
Para concretar estos objetivos la Nación, desde un papel
activo y promotor, cooperará con las provincias para consolidar el
Sistema Federal de Educación, que tendrá su eje central en la
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“educación pública y gratuita”, permitiendo así a toda persona
acceder a las tres dimensiones de la educación:
• ética y cultural
• científica y tecnológica
• económica y social
Este plan se desarrollará a través de los siguientes objetivos
estratégicos:
1. Garantizar a todos el acceso a la educación, como así
también la posibilidad efectiva de completar la
escolaridad con una formación de calidad.
Este primer punto tiene como objetivo convertir a la
educación en uno de los factores clave para el desarrollo, el progreso
y el crecimiento, tanto de las personas como del país. Tras la
finalidad de lograr la escolaridad universal y extendida para toda la
población, desarrollaremos dos puntos:
a) - Ampliación de las oportunidades de acceso, permanencia
y egreso, a una educación con calidad.
• Atención prioritaria a los vastos sectores de la
población socialmente desfavorecida, garantizando las
condiciones básicas indispensables para lograr una
educación de calidad, coordinando con las áreas
sociales pertinentes programas de salud y de inclusión
social.
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• Construcción de redes sociales e interinstitucionales
con organismos gubernamentales, organizaciones
socioeducativas, religiosas, cooperadoras escolares,
sindicatos y otros, que accionen de manera articulada y
responsable en el marco del desarrollo local.
• Atención diferenciada e integral para superar
indicadores de repitencia, sobreedad y deserción.
• Acciones presenciales y semipresenciales para la
educación de jóvenes y adultos tendientes a compensar
la desigualdad en las trayectorias escolares.
• Atención particular a las necesidades educativas
especiales, promoviendo conciencia social de
integración y facilitando oportunidades de acceso al
conocimiento para la participación social y la inserción
laboral.
• Provisión de útiles escolares, material didáctico, y
otorgamiento de becas para los estudiantes de menores
recursos.
b) – Promover estrategias que orienten impactos significativos
en la escuela.
• Actuando para que adquieran la formación básica y los
conocimientos teóricos necesarios para seguir
aprendiendo durante toda la vida y la capacidad para
“aprender a aprender”.
• Favorecer acciones de desarrollo organizativo que
promuevan una cultura escolar inclusiva.
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• Desarrollar la capacidad de discernimiento y
pensamiento crítico.
• Imprimir mayor fuerza y dinamismo al mejoramiento
curricular.
• Extender las jornadas escolares.
• Dotar a las escuelas de soportes informáticos y
audiovisuales.
• Pasantías para estudiantes y docentes.
2. Promover la integración del Sistema Educativo Nacional y
Federal.
Desarrollo de programas de asistencia técnica y financiera
para promover el desarrollo de acciones vinculadas a:
• Construcción de estructuras curriculares y organizativas
que, enmarcadas en lineamientos concertados entre la
Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires,
permitan atender la realidad de la población de cada
región respetando la estructura curricular del Sistema
Educativo Nacional.
• Articulación de las diferentes modalidades de la
enseñanza en un proceso de formación permanente.
• Revisión de la estructura de la Educación Polimodal y de
los acuerdos que la regulan.
• Definición de un modelo y de las estructuras curriculares
para la educación técnica.
3. Rearticulación de la formación y evaluación del docente
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Garantizar, en todo el territorio nacional, la oferta de
actualización y capacitación permanente promoviendo
desarrollos profesionales que articulen la práctica áulica con la
gestión institucional en la búsqueda de una educación de calidad.
Para esto se pondrá especial énfasis en los siguientes aspectos:
• La atención de la práctica cotidiana.
• Los contenidos que se enseñan.
• Las formas a través de las cuales se enseña.
• El clima de las instituciones.
• El pensamiento y la mirada del profesorado en relación
con la tarea que se desarrolla, sus relaciones con los
estudiantes, y el modo como se ejerce, con la finalidad de
crear determinadas condiciones que produzcan buenas
prácticas.
Programas de mejoramiento de la calidad de la formación
docente.
• Construcción de programas de articulación entre los
planes de formación docente de los institutos de
educación superior no universitaria con los planes de las
universidades, por un lado, y por el otro con las
problemáticas concretas de las escuelas, en las que
potencialmente se insertarán sus egresados.
• Políticas centradas en el mejoramiento e innovación en la
práctica docente con mecanismos de promoción y
subvención de las mismas.
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4. Mejorar e incrementar la infraestructura y el
equipamiento escolar, articulando acciones con las
distintas provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
• Apoyo a las provincias en la construcción, ampliación,
refacción edilicia y equipamiento escolar, estableciendo,
en la asignación de los recursos, una función polinómica
acordada en el marco del Consejo Federal de Cultura y
Educación.
5. Democratizar efectivamente el hecho educativo.
Fomentar la participación en proyectos colectivos en los que
los ciudadanos adquieran un mayor sentido de compromiso y
pertenencia con relación a la comunidad en la que viven, apoyando
iniciativas locales, provinciales y regionales que contemplen
espacios educativos de participación.
Mediante espacios de participación:
• Medios de información y comunicación: implementación
de proyectos en los que la tecnología y los medios de
comunicación funciones como herramientas de trabajo
sobre el desenvolvimiento de contenidos que,
semanalmente, se desarrollarán, brindando material de
apoyo y planeamientos didácticos que sean atractivos
para los alumnos.
• Ampliar concretamente los espacios de participación en
el Consejo Federal de Educación para llegar a consensos
sobre los desarrollos del contenido educativo a
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universidades, organismos no gubernamentales,
academias nacionales y la comunidad educativa.
• Fortalecer el carácter de servicio de los medios de
comunicación nacionales, en el diseño y desarrollo de
políticas que asuman la función educativa. Para esto será
necesario asignar espacios efectivos para su vinculación
con la educación formal y no formal.
• Organizar el portal www.edu.ar en función de dos
premisas: contenidos y comunidad.
6. Desarrollar la capacidad de emprendimiento e inserción
en el medio productivo.
• Programas de formación técnico profesional y
capacitación laboral, enmarcado esto en la
profesionalidad como posibilidad de achicamiento de las
brechas existentes en la polarización de las oportunidades
ocupacionales.
• Creación de oportunidades educativas para jóvenes y
adultos en el marco de la educación no formal, que
fomenten su inserción en el campo laboral.
• Pasantías con las empresas.
• Incubadoras de empresas.
7. Fortalecer la formación profesional de educación superior
no universitaria.
Este punto está dirigido a recuperar el potencial educativo
como factor esencial del desarrollo nacional.
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Se creará una comisión federal permanente de evaluación y
acreditación de instituciones de educación superior no universitaria,
para mejorar la calidad de la formación profesional.
Se reforzarán los vínculos de cooperación entre los distintos
niveles de Gobierno, la educación superior, y el sistema productivo.
• Desarrollo y financiamiento de proyectos de formación
técnico profesional, que articulen los avances y
demandas tecnológicas y del sector productivo con los
planes de formación.
• Capacitación, por parte de las instituciones, de
formación técnico profesional hacia las empresas
vinculadas al desarrollo productivo local ty regional.
8. Poner las capacidades educativas, científicas y
tecnológicas que representa el sistema universitario, al
servicio del desarrollo estratégico de la Nación.
• Articular el sistema universitario con el de ciencia y
técnica y con el sistema productivo, con la finalidad de
optimizar los recursos y posibilitar que la actividad
universitaria se traduzca en contribuciones concretas de
conocimiento al desarrollo nacional.
• Fortalecer el rol de consultor preferencial de las
universidades nacionales con el sector público nacional.
• Superar la atomización del sistema universitario, creando
mecanismos de articulación con el resto del sistema
educativo, las organizaciones sociales, las empresas y el
sector público.
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• Orientar el otorgamiento de becas estudiantiles a fin de
favorecer el acceso, permanencia y egreso de los jóvenes.
• Mejorar los rendimientos del sistema universitario a
través de la optimización de los recursos disponibles, el
fortalecimiento de la carrera docente, la reformulación de
ciclos y planes de estudio, la promoción de la
cooperación internacional y el perfeccionamiento del
sistema de evaluación institucional y pedagógico.
• Revalorizar el conocimiento cultural, científico y
tecnológico promoviendo el sistema universitario como
editor de material bibliográfico, audiovisuales y software
con interés pedagógico cultural o científico.
• Implementar un sistema de acreditación y certificación
flexible, que permita la circulación, dentro del sistema de
educación superior, sin perder la rigurosidad en la
evaluación de la formación.
Política de Vivienda
Al desarrollar específicamente la Política de Vivienda tomamos como eje a la persona y a la familia. Desde la perspectiva de que se trata de una política económico-social que trasciende la clásica línea economicista -en la que la construcción de viviendas es solamente una herramienta necesaria para la reactivación económica,
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que genera empleo y en la cual solamente se mide la producción-, la que nos ocupa contiene un enfoque integral que maneja conceptos y modelos que son más comprensivos del hombre en su conjunto.
Es por eso que esta Política de Vivienda genera la necesidad
de un estado que desempeñe los siguientes roles:
• Previsor: Para poder establecer una planificación
racional.
• Promotor: Que permita desarrollar la promoción social
y económica del hombre en su conjunto.
• Presencial: estando presente en todas las actividades.
• Protector: Desarrollando una fuerte sensibilidad hacia
todo lo que ocurre en su entorno.
La planificación y el desarrollo de esta política se realiza
teniendo en cuenta los siguientes tres aspectos que consideramos
centrales:
Aspecto político-social
Al ser esta una clara política de inclusión social definimos con
claridad qué hacer en las dos etapas que contiene la ejecución de una
vivienda; período de construcción, y entrega de la vivienda al
adjudicatario.
En el período de construcción todo el esfuerzo debe centrarse
en la generación de la mayor cantidad de puestos de trabajo dignos
que sea posible, ya que el trabajo es el principal ordenador social.
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En la otra etapa, la de la entrega, esta se debe realizar
estableciendo una focalización de la demanda, donde los programas
desarrollados den prioridad a las familias más vulnerables,
estableciendo criterios de equidad y de solidaridad.
Aspecto urbano
Las viviendas que se construyan deben generar un impacto
urbano positivo en las ciudades y pueblos y deben mejorar la calidad
de vida de los adjudicatarios. Es por esto que los prototipos de las
viviendas deben tener estándares mínimos adecuados a cada región
del país, y la planificación urbana que se realice debe contener las
redes de infraestructura, el equipamiento urbano necesario, y todas
las obras de urbanización que resulten necesarias con la finalidad de
elevar el perfil urbano de esas poblaciones, con el propósito de
elevar su calidad de vida.
Aspecto económico
En este sentido no tan solo debemos considerar a la
construcción de vivienda como un gran dinamizador de la economía,
por la gran cantidad de rubros que contiene, sino que resulta
necesario orientar toda la política de vivienda para que permita el
desarrollo integral de las distintas regiones, potenciando las
capacidades y el esfuerzo de los que se organicen en diferentes
formas para la construcción de la vivienda -organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro, cooperativas de trabajo, etc.-,
como así también a las pequeñas empresas, reduciendo el número de
viviendas de cada licitación. También debemos promover a todas las
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pequeñas industrias para que desarrollen algunos componentes de
las viviendas, mediante la planificación estratégica y sustentable de
la inversión con incentivos concretos para el sector.
Acciones a realizar
Para mantener esta Política de Vivienda se deben concretar los
siguientes puntos:
1. Mantener la especificidad del fondo con destino a la
construcción de viviendas, lo que nos permitirá desarrollar
una planificación más racional.
2. Mantener la federalización del sistema, propiciando que cada
provincia continúe dictando sus normas, con el objetivo de
que se posibilite el fortalecimiento de las economías
regionales, el desarrollo humano potenciando sus capacidades,
y la creación de pequeñas empresas e industrias locales.
3. Robustecer y optimizar el sistema de recupero de las cuotas de
amortización de las viviendas, incorporando nuevos
mecanismos de financiamiento y gestión que generen una
cultura del arraigo, y también la solidaridad y la valorización
de su patrimonio.
4. Propiciar que las provincias incorporen en sus normas los
mecanismos necesarios que permitan la optimización del
sistema.
5. Impulsar las medidas que resulten necesarias, en el orden
nacional, provincial y local, tendientes a incorporar al sistema
alternativas de financiamiento, tanto públicas como privadas.
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6. Estimular la unificación de todas las áreas que tengan que ver
en forma directa con la inversión en vivienda, uso del suelo y
desarrollo sustentable de las ciudades.
7. Establecer registro y monitoreo de toda la inversión pública
en vivienda, en todos los estratos sociales, para desarrollar
una planificación armoniosa de la inversión, estableciendo
una focalización de la demanda, priorizando la misma en
aquellos programas que den preferencia a las familias más
vulnerables, a la generación de mayor cantidad de empleo, y
que establezcan criterios de solidaridad y mitigación de la
pobreza.
8. Estructurar el financiamiento del sistema para que una vez
eliminado el déficit, el mismo tenga un desarrollo sustentable
en el tiempo. Estableciendo que la cantidad de viviendas que
se construyan anualmente sea compatible con la producción
industrial instalada de los insumos de la vivienda en ese
momento y con el crecimiento demográfico del país.
9. Establecer que la distribución de los fondos tenga criterios
compensatorios que permitan priorizar las regiones del país
con mayor nivel de pobreza y desempleo.
10. Propiciar que la inversión pública y privada en soluciones
habitacionales sea la necesaria para poder eliminar el déficit
habitacional estructural actual y proyectado, en dos planes
quinquenales.
Estas diez medidas posibilitarán poder cumplir con el objetivo
de permitir que todas las familias tengan acceso a una vivienda
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digna y a la calidad de vida que merece, tal como establece nuestra
Constitución Nacional.
La gestión cultural
La crisis que se está viviendo, la más profunda de los últimos 100 años, no lo es solamente en lo económico, financiero, judicial y político; también es, fundamentalmente, una verdadera y dolorosa crisis cultural. No es solo el aspecto económico y la falta de futuro material lo que mueve a la juventud a dejar el país, sino una virtual sensación de no pertenencia, de no poder encontrar en nuestro territorio lo que deben reconocer como su especial lugar en el mundo. La mejor manera de abordar esta crisis terminal que nos castiga es recuperado nuestro sentido de pertenencia a este paisaje rico y diverso que forma el universo territorial y cultural de nuestra nacionalidad. De cara a la nueva alternativa que se nos presenta, como pueblo, debemos hacer de ese espacio cultural del Estado la verdadera y contundente herramienta de construcción de nuestro futuro.
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Si el problema al que debemos enfrentarnos fuera únicamente
de origen económico, político o judicial, sólo tendría que
preocuparnos la dimensión del mismo para entonces lograr alcanzar
una solución a mediano o a largo plazo. Pero el verdadero nudo de
esta crisis terminal está en lo cultural, lo que nos lleva a asegurar
que, recuperando nuestros más sentidos y recónditos orgullos de ser,
con la mayor amplitud democrática y aprovechando al máximo el
generoso y amplio paisaje que nuestra cultura nos propone, podemos
lograrlo.
Hoy es más que necesario que el sector cultural del Estado se
comprometa con la promoción de las industrias culturales como una
eficaz herramienta de desarrollo económico, realizando los acuerdos
necesarios entre todos los integrantes, participando de un conjunto
de políticas tendientes a aumentar su producción. Con el mismo
objetivo se propone defender en los foros internacionales la
diversidad cultural y la participación justa de las industrias del sector
en los mercados internacionales, poniendo un especial énfasis en la
integración regional, Mercosur, y respetando las identidades locales.
Nuestro proyecto fomenta la preservación y la difusión del
patrimonio cultural argentino en todas sus formas, y el rescate del
pensamiento nacional a favor de la construcción de un proyecto de
nación que nos contenga a todos y nos proyecte hacia un destino
superior.
Industrias culturales
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Es un hecho demostrado que las industrias culturales son un
motor del desarrollo económico para muchos países. En los Estados
Unidos y en la Unión Europea su aporte al PBI supera al de otros
sectores productivos.
Estas industrias también crean empleos de calidad, ya que en
cada una de las etapas de la cadena productiva de este sector se hace
difícil, cuando no imposible, reemplazar el trabajo por capital.
Además fortalece lazos sociales, y es un vehículo que permite
expresar los contenidos simbólicos de una comunidad.
Las industrias culturales inciden en los procesos de desarrollo
cultural o formativo, y en las relaciones de poder existentes en el
interior de cada sociedad o entre las naciones.
Políticas públicas
Asegurar una fuerte presencia de productos
de la industria cultural nacional en el mercado interno
Puede parecer una obviedad, pero no hay posibilidades de
desarrollar el intercambio internacional de bienes o servicios
culturales, si estos antes no tienen aceptación en el mercado interno
y no cubren una parte mayoritaria de este.
Para contribuir a aumentar el consumo, el Estado dispone de
herramientas que pueden incidir en cada una de las etapas de
producción, que van desde la creación hasta el consumo. La elección
de la intervención dependerá de los resultados de un diagnóstico
previo.
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Realizar un diagnóstico sectorial de cada sector
de la industria, identificando fortalezas y debilidades específicas
El diagnóstico debería abarcar, y definir, toda la cadena
productiva que va desde la creación hasta el consumidor. Sería
fundamental contar con información sobre el grado de incidencia de
capitales extranjeros, y sobre la manera en la que estos influyen en
las decisiones de producción.
Los resultados de la información deben sostener la
presentación de normas que establezcan políticas para el desarrollo
de cada rama del sector.
Una clave para elaborar y/o reelaborar una normativa sobre
las industrias culturales es la compatibilización con las normas que
rigen en el Mercosur, de manera especial en Brasil.
Dimensión normativa de las políticas
públicas sobre las industrias culturales
1. Actualización de normas sobre derecho de autor y derechos
conexos.
2. Análisis y revisión de la legislación sobre inversiones
extranjeras en cada uno de los subsectores.
3. medidas de apoyo al desarrollo de las industrias culturales.
4. Medidas para promover la difusión de la producción nacional-
5. Medidas para estimular la creación.
6. Producción de contenidos culturales.
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El Estado debe estimular la formación profesional de
técnicos y profesionales en cada rama del sector
La experiencia internacional en la materia indica que el
conocimiento sobre las técnicas de comercialización y sobre la
gestión deberían tratarse prioritariamente.
En cuanto a la formación artística, que puede considerarse
como una de las fortalezas existentes, deberá integrarse al sistema
productivo, relacionando a creadores y empresas, tanto públicas
como privadas.
Es necesario producir un encuentro fundacional entre el
sector público y el sector privado, para fijar objetivos comunes a
alcanzar sobre la base de una fuerte colaboración mutua
La aparición de foros sobre industrias culturales, que reúnen
sindicatos y asociaciones empresarias, es un hecho que debe ser
valorado. Ninguna política pública para desarrollar las industrias
culturales locales se podrá llevar adelante sin la participación de las
organizaciones que integran todos los sectores.
El Estado debería ser el promotor del encuentro que reúna a
los máximos referentes sectoriales para que, en base a los datos
obtenidos del diagnóstico, se comprometan a llevar a cabo las
acciones que correspondan a cada uno.
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El crecimiento del comercio internacional de productos
de la industria cultural nacional debe verse como un objetivo
central de las políticas públicas
En este sentido, el Estado debe tomar posición respecto de los
establecido por la Organización Mundial de Comercio, OMC. Sea
cual fuere esta, es necesario asegurar la participación permanente en
las reuniones internacionales, ya sean multilaterales, regionales o
bilaterales, que tratan la cuestión.
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Deporte y Turismo Social El deporte, articulado con la educación, la salud y la
seguridad, es uno de los pilares fundamentales en la tarea de
reconstrucción de nuestra sociedad. Se debe garantizar la
inclusión de los habitantes, y su permanencia, en la practica del
deporte, la actividad física y la recreación. Se elaborarán proyectos
y se pondrán en marcha programas que estimulen la participación
de los individuos. El turismo social por su parte debe garantizar el
acceso de los sectores socialmente vulnerables al derecho de
esparcimiento.
Jerarquización
• Invertir en un plan de infraestructura deportiva que, junto
a la optimización de la ya existente, permita que toda la
población tenga a su alcance instalaciones para practicar
deporte social recreativo y comunitario, y que los
deportistas dispongan de espacios adecuados para el
entrenamiento de medio y alto rendimiento.
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• Complementar la legislación existente para conformar un
marco jurídico que contemple todos los aspectos del
desarrollo deportivo, profesional y aficionado.
El deporte como escuela de vida
• El deporte trae como inmediata consecuencia el ahorro
en gastos de salud, y también actúa como eficiente
contenedor de poblaciones en riesgo de adicciones y
delincuencia juvenil.
• Esta actividad actúa como motor del desarrollo de los
valores individuales, reforzando los compromisos
comunitarios y adquiriendo conductas eficientes y
efectivas.
El deporte, el turismo y el empleo
• A través del fomento de determinadas practicas
deportivas como por ejemplo carreras automovilísticas,
desarrollar actividades de promoción turística que
sirvan de nexo social y cultural.
• Es un generador de empleo, y también de riqueza, a
través de las múltiples transacciones económicas que
provoca.
Turismo Social
El Turismo social se debe instaurar como un derecho real del
trabajador argentino resolviendo sus necesidades recreativas y de
cambio de ambiente.
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• Poner en marcha actividades recreativas como una
herramienta eficaz para la contención social y la
realización humana.
• Mejoramiento y nuevos servicios para el desarrollo
del turismo social con sentido federal. como por
Ejemplo Chapadmalal, Embalse y otros lugares. El
Estado actuará como garante del derecho de los que
menos tienen ampliando los servicios y los alcances
del turismo social.
Medio ambiente Desde hace mucho tiempo se sabe que entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente no se da un juego de suma cero; que es bueno inclinarse por la prevención en lugar de hacerlo por la restauración, que contaminación es sinónimo de ineficacia, y que la regulación medioambiental no es opuesta para nada al crecimiento económico.
El desafío y la oportunidad que implica un nuevo gobierno es
inherente a todo recambio político democrático. El balance entre
potencialidades y restricciones suele servir para medir los riesgos de
la gobernabilidad. En este caso hay un elemento que minimiza el
riesgo, y es que el Gobierno no tendrá sobre sus espaldas, desde el
primer día, un lastre como el que supuso la convertibilidad. Sin
embargo, cuando los problemas llegan al punto de gravedad que
tiene hoy la Argentina en materia de su situación social, de tal
magnitud que gran parte de ese problema se ha transformado en
estructural, se supone que los cambios a realizar tendrán ese mismo
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carácter. La lucha contra la pobreza es, además de principal
problema a afrontar, un gigantesco reto inserto en gran medida en la
agenda ambiental interna de la Argentina, en articulación con salud
y acción social, y resulta la máxima prioridad en ese campo.
Política ambiental Se debe apuntar a una gestión que en lo interno tenga como
lineamientos estratégicos actuar sobre el eje “ma-pobreza” para
atender los temas más urgentes, y al eje “ma-turismo” para impulsar
el desarrollo interno a través de la puesta en valor y el
aprovechamiento inteligente de los recursos del ambiente.
Se deben comenzar a desentrañar, y encontrarles un cauce
correcto, aquellas cuestiones de real incumbencia ambiental que han
derivado en conflictos jurisdiccionales o administrativos crónicos:
residuos industriales y peligrosos; contaminación petrolera; aguas
interprovinciales, y reparación institucional del rol de COFEMA.
Es importante que la autoridad ambiental comience a incidir
en aquellas materias que, sin ser de su órbita de competencia directa,
son decisiones demoradas en el país con relación a debates
ambientales claves, como la política integral en materia de
organismos genéticamente modificados, y conflictos potenciales por
el manejo de las aguas internacionales con Chile.
En el orden externo se debe fortalecer la alianza estratégica
con Brasil para apoyar una agenda común que potencie intereses
convergentes y que también sume los propios de cada nación que no
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se opongan a aquellos. Asimismo es fundamental plantarse, con o
sin Brasil, ante los organismos de crédito, en la búsqueda de una
asistencia excepcional y específica. También se deben jerarquizar las
representaciones e imponer una presencia calificada en los foros
ambientales y en los convenios de regulación ambiental global;
enriquecer los contenidos y la representación nacional en los
organismos de regulación del comercio internacional -reunión clave
de la OMC en septiembre del 2002-, e impedir que los convenios
internacionales sobre sustancias contaminantes de efecto global
inhiban la transferencia tecnológica para la producción de sustancias
alternativas menos contaminantes a los países en desarrollo.
El Gobierno debe establecer una alianza con la gente para la
gestión de los principales conflictos ambientales cualquiera sea su
escala; desde un megaproyecto a una Pyme que contamina un barrio.
Esto de por sí implica participación y requiere no solo técnicos, sino
funcionarios en la calle. En segundo término deben estar los
mecanismos para que la sociedad civil participe y se involucre, de
manera especial en los sobreabundantes conflictos ambientales
crónicos, en el convencimiento de que el paso previo y fundamental
a estos procesos es que el Estado manifieste una voluntad real de
participar, informar e involucrar al ciudadano o a las organizaciones
sociales.
La cuestión federal Cualquier reforma institucional de la situación actual debe
apuntar a una refundación integral de la institucionalidad ambiental,
incluyendo la rejerarquización del rol de COFEMA, y a una
optimización de la relación nación-provincias. Como esta resulta
naturalmente potestad de las provincias, en la instancia de
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conformación del nuevo gobierno sólo deberá apuntarse a una
primera etapa de esa reforma, que tendrá como objetivo, como ya se
ha dicho, dotar de poder a la autoridad ambiental nacional hacia
adentro del Poder Ejecutivo Nacional, y también en la relación con
la institucionalidad regulatoria internacional.
El trabajo y la producción como eje de desarrollo
económico y social
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La cultura del trabajo
El cuadro actual es de alta gravedad, por lo que no hay que dudar en adoptar aquellas medidas que sean generadoras del cambio de rumbo y activadoras de recursos propios, humanos y económicos. Es por eso que las principales acciones serán aquellas que terminen con la especulación y el individualismo, para asegurar la producción y la cooperación, el esfuerzo propio y la solidaridad, la defensa de nuestro trabajo y del tejido productivo. Una acción conjunta para asegurar una cultura del trabajo.
Es imprescindible una acción conjunta de todos los resortes
del Estado que coordine los distintos aspectos de la política a partir
de un sistema de planificación que optimice y potencie el uso de los
recursos humanos y productivos de la Nación. La política fiscal, la
monetaria, la financiera, la de aduana, la educativa, la de ciencia y
técnica, la de infraestructura, la de comercio exterior, la de medio
ambiente, la de turismo, estarán en línea con estos principios que
aseguren una verdadera cultura del trabajo.
Es la producción la que marca cada una de las políticas de
Estado. La educación se orienta de acuerdo al modelo de país y su
perfil productivo, y las obras de infraestructura, los caminos, el
transporte, depende de las actividades productivas y de la generación
de riqueza y trabajo en cada región.
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El propósito de mediano plazo será orientar la acción de
todos los agentes económicos con la finalidad de diseñar una
estructura productiva moderna y competitiva, ampliadora de
mercados, y que también posibilite un armónico desarrollo regional,
fomente la capacitación, impulse el desarrollo científico y
tecnológico, asegure el estricto cumplimiento de las normas sobre
calidad y sea sustentable en lo ambiental.
El desarrollo debe hacerse sobre nuestras máximas
capacidades, como la industria agroalimentaria, el turismo y la
cultura. Y no como proyectos separados sino como valores
integrados de una misma cadena interna y externa. Tenemos que
volver a construir el ser nacional, a refundar la patria y decirle a
todos los hombres y mujeres del mundo que hay una Argentina que
renace. Somos la generación que volverá a poner de pie a la
Argentina construyendo un país equilibrado con lugar para todos los
argentinos.
Se puede hacer una Argentina distinta. Tenemos que tener
coraje, recuperar la fuerza sanmartiniana, el concepto de país de la
solidaridad y de la justicia de Perón y de Eva Perón. Tenemos que
recuperar la fuerza moral y volver a poner sobre el tapete las
convicciones y las ideas.
Este será el gobierno de la planificación, de la producción
nacional y el de pleno empleo. Así podremos sacar al pueblo
argentino del actual estado de aislamiento productivo, social,
institucional y político.
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Políticas laborales
La profunda crisis que agobia al mundo del trabajo y del empleo, no es sino la consecuencias directa de un modelo económico aplicado en nuestro país desde mediados de la década del 70 y que fue profundizado durante los años ’90. En ese modelo se registra la causa del deterioro del salario real, la insuficiencia de las rentas del trabajo, la desocupación generalizada y la precarización laboral. Conocemos la estrecha relación entre la falta de trabajo y la exclusión. Sabemos que el desempleo es marginación y pobreza, pero esto es algo inadmisible en una sociedad con base en la justicia y en la igualdad. Y es por esto que reivindicamos al trabajo como mecanismo básico de inclusión social y de la dignificación del hombre.
Para lograr estos objetivos proponemos recuperar la moral del
trabajo como reconstructor del orden social, apuntando a incorporar
al desocupado al campo productivo mediante la generación de
empleo digno y estable. Los planes sociales serán mantenidos para
solucionar la emergencia coyuntural, pero serán reemplazados lo
antes posible por trabajo y producción.
Promoveremos la inversión pública y privada para lograr un
fuerte e inmediato aumento en los niveles de empleo, con eje en la
construcción de viviendas y la concreción de obras públicas que
potencien el desarrollo integrado del país.
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Se asignarán, en este sentido, políticas diferenciadas para
pequeñas y medianas empresas nacionales que generen, en forma
efectiva y verificable, nuevos empleos. También se les dará
preferencia a los proyectos con alta incidencia ocupacional en la
programación de la inversión pública, ponderando positivamente la
cantidad de puestos de trabajo a crearse. Idéntico criterio se habrá de
aplicar en los procesos licitatorios de obras y servicios públicos.
Resolveremos la crisis del empleo mediante la aplicación de
un plan económico con base neokeynesiana, sin déficit fiscal e
integrado con políticas activas que recuperen la centralidad de las
cuestiones laborales.
Descreemos de la lógica del mercado como único mecanismo
en la asignación y distribución de recursos en el mundo del trabajo.
La regla del juego libre entre el capital y el trabajo tiene elementos
positivos siempre que las partes se encuentren en condiciones de
igualdad, ya que de no ser así se provocan situaciones de injusticia y
se lesiona la cohesión social.
No promovemos un Estado que suplante el libre juego de los
actores sociales, sino un Estado garante de la solidaridad y que
sintetice la defensa del interés general. Vemos el estado como el
instrumento de transformación de las relaciones de fuerza en
relaciones de derecho.
Tampoco pensamos al Estado como la antípoda del mercado.
Hoy ambos deben complementarse en el mundo del trabajo,
superando la acción pendular de haber pasado de un Estado
omnipresente y distorsionado a un Estado que se auto excluyó en
beneficio de los sectores más concentrados.
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Las reformas aplicadas en nuestro sistema laboral con el
pretexto de combatir el desempleo y mejorar la competitividad, se
tradujeron en mayor desempleo, precariedad, y trabajo en negro. En
este sentido advertimos que no se trata de aplicar
indiscriminadamente la máxima flexibilidad en el mercado laboral,
sino de implementar una modernización cuidadosamente analizada
de las instituciones y regulaciones que afectan al mercado laboral.
El progresivo retiro del estado, en consonancia con las
políticas neoliberales, se expresó también en el campo laboral al
desertar este de su función de contrapeso entre los interlocutores
sociales, olvidando que no hay mayor injusticia que tratar como
iguales a los desiguales.
El deterioro de la situación laboral que caracteriza a la
Argentina no solo se expresó en los elevados niveles de
desocupación abierta, sino también en el detrimento que se causó en
las condiciones laborales.
Por ello es necesario convocar al acuerdo a los sectores de la
producción y el trabajo, sobre nuevas y actualizadas formas de
regulación que alienten la producción, fomenten el empleo digno, y
que acompañen las transformaciones técnicas y económicas
operadas en el mundo del trabaja actual. En este sentido alentaremos
los consensos y fomentaremos la negociación y el diálogo en todos
sus niveles.
Sintetizando podemos afirmar que frente al drama social y
ocupacional que exhibe nuestro país no nos detendremos en los
diagnósticos por todos conocidos y padecidos. Está claro y decidido
que venimos para combatir el desempleo, la exclusión, y la pobreza.
Estamos convencidos de que no puede haber gobernabilidad
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democrática sin la recuperación de la integración y la movilidad
social que caracterizó a la Argentina.
Partimos de los lineamientos generales orientados al
desarrollo productivo y a la generación de empleo genuino. Hemos
rescatado como motores de la reactivación a la inversión pública, el
apoyo a las Pymes -especialmente las pequeñas y medianas
empresas orientadas a la sustitución de importaciones-, a la
exportación, el estímulo al consumo y al mercado interno, por
señalar aquellas políticas de mayor incidencia directa sobre el
empleo.
Coherentes con nuestra trayectoria y compromiso,
rechazamos las soluciones basadas en reformas laborales dirigidas a
debilitar a los actores sociales, así como las propuestas
irresponsables que sugieren la creación mágica de millones de
“supuestos puestos de trabajo”.
Es por todo eso que apostamos a un cambio de orientación
dirigida a:
1. Comenzar un proceso de redistribución del ingreso que, más
allá de las políticas fiscales, sociales, sanitarias y educativas,
se dirija a una mejora de los salarios con plena participación
de los actores sociales en los niveles macro, de actividad y
de empresa, a través de consensos colectivos. Para la
recomposición del salario real, y dentro de un acuerdo social,
el Estado aportará una rebaja del Impuesto a las Ganancias
para el fomento del empleo y la mejora de los ingresos. Se
abrirá la negociación de los convenios colectivos de trabajo
por rama y empresa. En ellos se discutirá no solo el nivel
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salarial, sino también las condiciones de inversión física y de
capital humano, y su vínculo con la productividad.
2. Desarrollar políticas activas de empleo, que acompañen el
proceso de reactivación, y orientadas a: a) programas de
empleo público dirigido a producir obras o servicios de
infraestructura en pequeña escala con rentabilidad social; b)
promoción del empleo en el sector privado, alentando la
preservación y generación de empleo en empresas con
posibilidades, y c) mecanismos de consenso tripartito locales
para el desarrollo de la producción y el empleo en
determinadas regiones.
3. Recuperar el rol del Estado como garante y equilibrador en
las relaciones de trabajo, especialmente en el combate a la
evasión y al empleo no registrado, adoptando claras
decisiones políticas en materia de inspección del trabajo,
prevención del fraude laboral y cumplimiento de las normas
convencionales y legales.
4. Fomentar políticas públicas destinadas a ampliar la
protección social de las nuevas formas de trabajo,
propiciando regulaciones inclusivas de los miles de
trabajadores de la economía social, de las microempresas, de
empresas recuperadas, de las auténticas cooperativas y de
todas aquellas relaciones atípicas, hoy desamparadas o
marginales, que impliquen un paso de la economía informal
a la formal.
5. Estimular un cambio de la cultura de empresas como
“proyecto común” o “comunidad de intereses”, para mejorar
la eficiencia de las empresas y el aumento de la seguridad en
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el trabajo, reflejando una relación equilibrada entre
inversión, productividad y justas condiciones de trabajo.
Esto implica entender que las empresas, para ser
competitivas, también deben estimular el trabajo genuino,
compartir los aumentos de productividad, propiciar algún
grado de participación y asumir compromisos de seguridad
laboral.
6. Promocionar el diálogo social, rescatando y fortaleciendo la
representatividad de los protagonistas tradicionales,
reconociendo la emergencia de nuevos actores y la necesidad
de un renovado compromiso para el diseño estratégico de un
modelo de desarrollo socio productivo.
7. Establecer un Sistema de seguridad Social que sea universal,
solidario, plural, equitativo y sustentable. Deberá ser
formulado técnicamente, y tendrá que contar con el consenso
de los actores sociales y políticos tal lo previsto en la Red
Federal de Políticas Sociales Integrales.
Lineamientos de las políticas laborales
• Fomento de la negociación colectiva articulada a través de un
diálogo tripartito que permita organizar, en forma descendente,
una nueva estructura de esta fundamental institución, superando
un debate paralizante y dando respuesta a las exigencias de
equilibrio, justicia y eficiencia que el actual contexto socio
productivo nos exige.
• Consenso estratégico en materia de jornada laboral, a fin de que
este aspecto sea eficazmente regulado, atendiendo a la generación
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de empleo, la protección psicofísica del trabajador, y las nuevas
demandas y posibilidades de la organización del trabajo.
• Estímulo de nuevos mecanismos de solución de conflictos
laborales, estimulando la prevención y la preservación de la
relación de trabajo.
• Protección del crédito laboral para evitar la repetición del actual
estado de indefensión de los trabajadores frente a concursos,
quiebras o simulaciones diversas, teniendo en la mira la
preservación de las fuentes de trabajo siempre y cuando las
condiciones de mercado y de competencia así lo sugieran.
• Delimitación de la tercerización de servicios y la subcontratación,
con el objeto de reconocer las nuevas realidades productivas, y
combatir eficazmente el uso de estas figuras comerciales como
mecanismos de elusión de las responsabilidades empresarias.
• Reformulación del seguro de desempleo, ampliando la base de
protección y favoreciendo a los sectores más críticos. Esto
implica adaptar el seguro por desempleo a la nueva realidad
sociolaboral, extendiendo el campo de sus eventuales
beneficiarios, favorecer la conformación de emprendimientos
productivos mediante la promoción del pago único, y asistir a los
desempleados para la adquisición de nuevas habilidades.
• Creación del Sistema Nacional Tripartito de Formación
Profesional. Generando un marco de cooperación institucional
con el Ministerio de Educación y los actores sociales
involucrados de acuerdo a lo previsto en “La Red Federal de
Políticas Sociales Integrales” y en la Propuesta de “ Educación
con Justicia Social”(puntos 6 y7).
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• Conformación del Observatorio Nacional del Empleo, con
integración tripartita, con el objeto de comprometer a los
protagonistas sociales al monitoreo del mercado de trabajo en
tiempo real, la elaboración de políticas y programas con impacto
directo en la ocupación y la intermediación laboral.
• Propiciar el ordenamiento de nuestra dispersa legislación laboral,
para así facilitar el verdadero conocimiento por quienes son sus
principales destinatarios. Para esto se convocará a los más
calificados especialistas en la materia y se efectuará una
promoción extensiva de los textos resultantes.
Educación, trabajo, tecnología y producción constituyen los
factores que interactúan para determinar el desempeño económico y
social de los países que están en una etapa como la actual de la
Argentina, en la que están en plena transformación los paradigmas
básicos.
A estos cuatro factores no se los concibe en una secuencia de
causalidad, sino en una activa interrelación, en la que cada uno de
ellos constituye insumo y producto, condicionante y estímulo, causa
y consecuencia de los restantes, en un horizonte temporal que no se
agota en el presente sino que debe extenderse en la determinación de
sus efectos en el tiempo. Estos conceptos, de aplicación al conjunto
del país, plantean exigencias específicas para responder a la
heterogénea situación de cada una de las provincias e, incluso, de las
regiones que las integran, particularmente si el objetivo que se
persigue es la construcción de un país equilibrado económica, social
y políticamente.
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Políticas para
el desarrollo regional
La política para el desarrollo regional es una política de corrección de desigualdades. Es la construcción de una nación integrada, más igualitaria y más justa para todos sus habitantes, superando la fragmentación y la exclusión social.
En nuestro país se produjo un profundo proceso de reformas
que dio lugar a un desigual desarrollo territorial, tanto económico
como social, que amplió en consecuencia las diferencias regionales
en los indicadores de bienestar de la población, las condiciones de
vida y las perspectivas y oportunidades económicas futuras,
profundizando de esta manera las desigualdades provinciales ya
existentes.
Existe hoy en nuestra sociedad una permanente y justa
demanda por puestos de trabajo. Las condiciones generales hacen
difícil satisfacer este requerimiento, y las soluciones se limitan a
planes asistencias que son insuficientes y de muy difícil control.
Existen componentes regionales específicos en el problema del
desempleo, ya que este, en cada zona, está determinado por los
factores que afectan a todo el país, pero también por otros que son
propios de la región. A esto se debe agregar que las provincias están
con nula capacidad propia para corregir las diferencias generando
desarrollo. Esto se debe a su carencia de ingresos superavitarios, a
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las políticas de ajuste por déficit fiscal, y también por sus altos
endeudamientos.
Por consiguiente, estas son las ideas fuerza a aplicar:
• La política de desarrollo regional es una política de
corrección de desigualdades. Es la construcción de una
nación integrada, más igualitaria y más justa,
superando la fragmentación y la exclusión social.
• Afirmamos la vigencia de un país federal. La política
de desarrollo regional tiene base en las autonomías
provinciales.
• El desarrollo regional no es posible por el libre juego
del mercado. Por lo tanto será una política de Estado.
• El crecimiento de las zonas marginadas también
mejora los grandes centros productivos.
• Ello implica una planificación de conjunto con las vías
de comunicación, energía, servicios, educación y
comercio integradas al desarrollo productivo,
agropecuario, turístico e industrial.
• Se promoverá un régimen de incentivos para lograr
inversiones en dichas zonas que no disminuyan la
recaudación actual, y que permita a futuro sanear las
deudas provinciales. También se instrumentarán
créditos para el saneamiento y la gestación de nuevos
micro y pequeños emprendimientos.
• Los centros locales y regionales de desarrollo serán el
núcleo de descentralización de cada una de las
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acciones, que así lo requieran, del ámbito nacional,
provincial y municipal, reuniendo a todos los actores
involucrados para la generación productiva y de
empleo.
En definitiva se trata de aumentar la producción, general
empleo, radicar población, reducir la pobreza, mejorar nuestra
perspectiva de defensa y hacer más viables las economías y finanzas
provinciales con más recursos disponibles para las áreas sociales y
de infraestructura.
Los ejes de gestión, desde el Estado nacional, que aparecen
como necesarios, son:
• Lograr un territorio integrado más competitivo y más
atractivo.
• Propiciar una organización territorial más equilibrada y
más solidaria.
• Promover a las regiones con mayores dificultades.
Para lograr esto se propone un plan de desarrollo regional e
integración territorial. Debe contener planes para alentar inversiones
y sanear las finanzas provinciales, y créditos blandos que favorezcan
las perspectivas de las micro y pequeñas empresas, aprovechando la
diversidad regional, mejorando la competitividad, promoviendo la
conservación del patrimonio natural y cultural, consolidando la
cohesión económica y social, y propiciando las iniciativas locales
sin dejar de lado lo referente a la infraestructura en sus múltiples
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aspectos; energéticos, vías de comunicación y transporte, vivienda,
medio ambiente, etc.
Para lograr esto habrá que combinar crecimiento y desarrollo
con equilibrio y protección, en un plan que requiere un trabajo
conjunto de la Nación y las provincias, y la coordinación de ambos
niveles de políticas sectoriales.
Atender lo urgente no debe impedir hacer lo importante:
adoptar las soluciones duraderas planificando el futuro y
modificando los aspectos estructurales que impiden el desarrollo.
Este aspecto, el desarrollo regional, no es posible por el libre
juego del mercado, y por lo tanto debe ser una política de Estado, de
un Estado presente que combine la concepción de nación
sudamericana con las iniciativas y la actuación local.
Ideas básicas para
una política industrial Debido a los altos niveles de endeudamiento, desocupación, subocupación y pobreza que afectan a la
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economía nacional, es fundamental el impulso de una agresiva política industrial, por ser esta la actividad más dinámica para gene rar riqueza genuina, elevar la productividad global, mejorar la recaudación fiscal y, por lo tanto, crear de manera acelerada puestos productivos de trabajo mediante la elaboración de mercancías y la prestación de servicios. Pero la tareas que nos planteamos como objetivo solo podrá encararse si se la ubica en el marco de una problemática mucho mayor, que abarca no solo asuntos económicos sino también políticos, sociales y culturales. Será necesario un gran esfuerzo de concertación que ponga el interés común por encima del interés propio o corporativo.
La reindustrialización, factor clave de esta propuesta, se
iniciará produciendo lo que al país le conviene por tener ventajas
comparativas y/o competitivas, por fomentar la formación de
cadenas de valor y por favorecer la expansión del complejo agro-
industrial. Se reconstruirá el tejido manufacturero mediante la
eliminación de las “deseconomías externas” que hoy traban la
producción nacional. Con este objetivo se implementarán “políticas
de entorno” orientadas a generar regiones productivas, a lo largo del
país, en las que se integren redes de industrias que sumen a cada
materia prima característica del lugar el mayor valor agregado
posible, asistidas por empresas de servicios y, en su conjunto,
complementándose en formas asociativas con universidades, centros
de investigación nacionales y provinciales, aplicados a la a la zona
de referencia.
Las siguientes son las ideas básica para la política industrial:
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• Se aplicará una política industrial que tendrá por
cometido principal reconstituir el tejido productivo
doméstico, mediante la elevación de la
productividad global, para crear puestos
productivos de trabajo, a través de la elaboración de
bienes y de la prestación de servicios.
• La reindustrialización se instrumentará mediante un
ordenado proceso de sustitución de importaciones,
que tendrá al mercado interno como demanda de
base para impulsar, a partir de él, una agresiva
estrategia exportadora.
• A los fines anteriores se fortalecerán los organismos
de administración y control de comercio exterior.
• Los incentivos fiscales que se establezcan tendrán
por objeto la formación de capital.
• Se fomentará la pequeña, mediana y microempresa,
mediante el acceso a un financiamiento
competitivo, y la promoción de formas asociativas.
• Se aumentarán los recursos destinados a ciencia y
tecnología, promoviendo una íntima relación entre
la industria y los organismos de investigación.
• La calidad será política de Estado.
• El Plan de Producción se encuadrará dentro de un
proyecto nacional que planifique la aplicación de
las herramientas crediticias, logísticas, de
infraestructura y de apoyo tecnológico. Además,
será sustentable desde el punto de vista ambiental.
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Las acciones de fomento para alcanzar los objetivos se
basarán en la instrumentación de políticas activas, la fijación de
aranceles, el tratamiento del tipo de cambio, la promoción de las
exportaciones y, básicamente, en el apoyo a las pequeñas y
medianas industrias.
Políticas activas: Estas políticas deben estar dirigidas a la
eliminación de las deseconomías externas que le restan
competitividad a la producción local. La mecánica se basará en
sistemas de costo fiscal neutro en el corto plazo, como
“amortizaciones aceleradas” para inversiones, y “desgravaciones”
para quienes usen bienes de capital de producción nacional y
quienes aporten capitales genuinos así como el sistema de
capitalización de loas deudas provinciales.
Calidad: La calidad de la producción argentina será política
de Estado. Se procederá a la estandarización de normas de manera
que las nacionales sean compatibles con las utilizadas en los
mercados exteriores, y a su vez se facilitará el acceso a la
información actualizada de las normas nacionales e internacionales
en vigencia, para que nuestra industria tenga una rápida respuesta
ante clientes de diversa procedencia.
Capacitación: Se apoyará enfáticamente a la industria en su
gestión de capacitación, ya sea desde el punto de vista financiero
como desde el educativo. Argentina debe crear una nueva
generación de profesionales en Recursos Humanos, aptos para
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instalar una nueva conducta laboral y un nuevo concepto de las
relaciones en el trabajo, tendientes a un mayor respeto por las
personas y a ver la responsabilidad y el compromiso como valores
básicos del ámbito productivo.
El desarrollo de la agroindustria: A este punto se le dará
toda la fuerza necesaria. La agricultura, la ganadería y todas las
especialidades dentro de la actividad primaria, necesitan máquinas,
tecnología, innovación, desarrollo e inventiva, lo que se logra si hay
una acción ininterrumpida de las investigaciones sobre las
posibilidades de los productos primarios, y en el desarrollo de las
manufacturas, tanto las vinculadas al campo como las que prestan
servicios. La biotecnología y el desarrollo de semillas híbridas serán
considerados temas estratégicos para el desarrollo y la
independencia del sector.
Ciencia y Tecnología
Desde siempre la Argentina ha demostrado que su capacidad para los avances científicos y tecnológicos está a la altura de los países más desarrollados del mundo, a pesar del escaso presupuesto que siempre se ha destinado a esta actividad. Es nuestro objetivo revertir la situación actual, no solo con un aumento en el presupuesto, sino con un firme propósito para que la ciencia y la tecnología se integren al proceso de la
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producción. Una modificación de los contenidos científicos y tecnológicos en los que se basa la organización productiva constituye una verdadera revolución, y también forma parte, promueve y condiciona profundas repercusiones en las dimensiones económicas, sociales, culturales y educativas. La educación, el trabajo, la tecnología y la producción, constituyen en nuestra propuesta los factores que interactuarán para determinar el desempeño económico y social en una etapa como la actual.
Si bien la importancia de la ciencia y el desarrollo
tecnológico se asocian normalmente con los países industrializados,
es imperioso asumir que la ciencia y la tecnología tienen una función
primordial que cumplir en países como la Argentina en busca de una
mayor autodeterminación y de la solución de sus problemas
particulares.
La tecnología constituye un conjunto de conocimientos
directamente aptos para la producción, y tal conjunto tecnológico
puede provenir de fundamentos empíricos de actividades de
producción, o bien de la actividad de investigación y desarrollo del
sistema científico-tecnológico propiamente dicho.
Para asumir las proposiciones que este plan formula más
adelante, es esencial señalar que la tecnología constituye, hasta
cierto punto, una forma especial de “mercadería”. Siendo inmaterial,
es acumulable, entra como un recurso en la producción, es
susceptible de todas las transacciones económicas corrientes
(compra, venta, importación, exportación, etc.), y representa un
verdadero patrimonio. Así pues, está sujeta a posibilidades de
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sustitución, a caer en obsolescencia y a otros factores que afectan los
bienes corrientes.
Internacionalización del conocimiento Pese a que es necesario compensar el costo de la producción
del nuevo conocimiento tecnológico, y retribuir el esfuerzo que ha
demandado originarlo, resulta una realidad concreta que el mundo
en desarrollo requiere que ese conocimiento sea compartido. Esta
exigencia contribuirá al logro de una comunidad internacional, en la
que cada país debe asumir la mejor disposición para dar su aporte al
bienestar de los demás. Preservando su autonomía y su capacidad de
gestión.
Dependencia tecnológica Ciertos sectores de nuestra economía han dependido, y aún
dependen, de la importación de tecnología extranjera. Eliminar
totalmente la importación de tecnología no es un paso próximo a
lograr, pero la misma debe ser reducida a lo estrictamente
imprescindible.
La sociedad que anhelamos para el futuro debe comprender
que el problema científico-tecnológico es uno de los fundamentos
esenciales para el desarrollo de un país independiente. Sin una base
propia y suficiente en esa materia, este anhelo se hace imposible. El
mundo es, en este tema, cada vez más independiente, y nuestro
potencial actual ya tiene la capacidad crítica necesaria para
permitirnos una política nacional inteligente que concentre todo ese
potencial, lo trabaje con programas efectivos y unidad de criterios, y
opere recíprocamente con todos los centros del mundo.
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Debe generalizarse la idea de que la dependencia tecnológica
es más difícil de revertir que la dependencia comercial o financiera.
En la primera de estas rápidamente pueden modificarse estructuras,
y en la segunda lograrse cambios. Pero lo científico-tecnológico
requiere una larga sedimentación, que exige la acción decantadora
del tiempo y sólo rinde frutos reales cuando alcanza cierto nivel de
costo y un aceptable grado de perfectibilidad.
Es importante saber que, en materia de ciencia y tecnología,
debe trabajarse para el presente y el futuro al mismo tiempo. Esta es
una clara orientación que los gobiernos deben tener en cuenta para
establecer reglas de juego precisas en el proceso de incorporación de
tecnología y de capital extranjeros, así como para el comportamiento
de los sectores productores y usuarios de tecnología a nivel nacional.
Como el ritmo de crecimiento depende del ritmo de aplicación
de la tecnología en función productiva, en la medida en que se
quiera un crecimiento suficiente del producto será también necesario
llegar a, por lo menos, cierto nivel de desarrollo tecnológico propio.
La cuestión es fundamental, pues no puede existir desproporción
alguna entre el nivel de suficiencia científico-tecnológica y el de los
recursos que se vuelquen en su desarrollo.
Elección de objetivos El campo científico-tecnológico debe tener un nivel de
conocimiento suficiente como para poder ser razonablemente
autónomo. Ningún país puede aspirar hoy a una total autarquía, y el
nuestro no puede cubrir hoy, con igual eficiencia, todas las
necesidades de este sector.
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Es vital entonces que las decisiones sobre el desarrollo de
nuevos conocimientos, y particularmente los que se incorporen a
nuevas inversiones, queden en manos nacionales, que sean
gobernables por el país. Debe haber, en consecuencia, un poder
nacional de decisión para conducir lo científico-tecnológico que nos
interese. El objetivo no es hacer la acumulación de conocimientos,
sino tratar de identificar al conocimiento científico-tecnológico que
es indispensable para el modelo de país que proponemos.
Consideramos que este campo debe aportar conocimientos
para poder dominar los siguientes aspectos:
• Desarrollar una adecuada capacidad que permita
disponer del suficiente poder nacional de decisión, ya
que cada sector de conocimiento contribuye a
fortalecerlo.
• Tener disponible, en el momento preciso, la tecnología
adecuada para lograr los mejores resultados en cada una
de las actividades económicas y exportar tecnología con
el máximo grado de complejidad posible.
• Sustituir progresivamente la importación de tecnología,
realizándola aquí a niveles adecuadamente económicos.
• Establecer los sectores de conocimientos necesarios
para que sean asumidos por el país, a fin de estar en
condiciones de adoptar las pautas que se ajusten a su
propia fisonomía.
Incentivación de la creatividad La sociedad que visualiza el presente plan debe asignar a este
campo la misma importancia que se asigna a los ámbitos ya
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considerados. Se requiere la máxima incentivación del esfuerzo
creativo, desarrollando también criterios para la adaptación de
tecnología externa en la medida en que sea conveniente, pero sin
ubicar a nuestro país dentro de un simple modelo adaptativo.
Este modelo científico-tecnológico creativo debe elaborar
programas y proyectos integrados desde la concepción científica
hasta la aplicación final. A partir de allí será necesario establecer
adecuados controles de evaluación, de tales proyectos y desarrollos,
como así también de la eficiencia del sistema científico-tecnológico
en su totalidad.
El hombre de ciencia y el tecnológico Es importante establecer un adecuado sistema científico-
tecnológico, con centralización de conducción y descentralización
de ejecución. De esta manera se contribuirá a una verdadera
federalización, tanto de los recursos como de la toma de decisiones
en materia científico-tecnológica.
Una de las primeras tareas del sistema consiste en asegurar, a
los científicos y técnicos, confianza perdurable. Esta confianza
requiere cumplir, entre otros, los siguientes puntos:
• Respeto a la tarea del hombre de ciencia y del técnico.
• Una adecuada estabilidad.
• Reconocimiento social a su función.
• Un nivel de remuneraciones que retribuya dignamente
su consagración y su esfuerzo, y que cree las
condiciones que permitan su consagración plena a la
disciplina que cultiva.
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• Adecuados medios de promoción, según valores
auténticos.
También hace falta, tanto desde el gobierno como desde el
empresariado, una clara toma de conciencia. Ambos sectores tienen
la responsabilidad, histórica y moral, de ocupar a todos los
científicos y técnicos del país. Esto no debe entenderse simplemente
como un paliativo del éxodo. En realidad, configura una grave
incoherencia social impulsar a nuestros hombres a desarrollar líneas
de especialización sin darles después la posibilidad de aplicar sus
aptitudes en forma socialmente útil.
El avance científico-tecnológico requiere una tarea planificada
e interdisciplinaria, como también la asignación de recursos
suficientes para poder alcanzar niveles óptimos de desarrollo.
Criterios de política y programación Dentro de este ámbito de organización, la política de ciencia y
tecnología tendrá que fundarse principalmente en las necesidades
reales del país, antes que en el estímulo de tipo indirecto. Así como
en lo económico se exige cierto nivel de empresa para que haya
eficiencia, también en el campo que nos ocupa se requiere un nivel
de trabajo para iguales fines, y la política de este campo debe
asegurarlo. Si nuestra sociedad científico-tecnológica es
suficientemente creativa, planteará demandas de recursos en mucha
mayor magnitud de la que el país requiere.
Si falta creatividad nunca se generará la demanda suficiente
de ciencia y de tecnología como para impulsar el desarrollo
nacional. La creatividad, y particularmente su incentivación, están
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en la base de la política que en este sector deseamos para nuestro
país.
Es imprescindible establecer los medios adecuados para la
formación profunda del científico y del técnico, ya sea bajo
avanzadas formas de postgrado, a través de institutos especializados,
o estrechando vínculos adecuados con el exterior.
Este plan propone la recíproca cooperación internacional, que
es sin dudas imprescindible. En el futuro será necesario arbitrar
todos los recursos a nuestro alcance para establecer una clara
política internacional. Habrá que desarrollar así un conjunto de
acuerdos con todos los países con los que podamos emprender
esfuerzos conjuntos de investigación y desarrollo, pero siempre
procurando trabajar al ritmo del más rápido.
Propuestas a adoptar en el corto y mediano plazo
• Los sectores de la producción, las instituciones
financieras, y la capacidad de los centros de
investigación y desarrollo tecnológico, serán los
principales protagonistas del crecimiento económico de
la Argentina.
• Es por esto que los principales esfuerzos del organismo
responsable de las políticas públicas de este sector
estarán dirigidos a fortalecer la presencia del sistema y
de sus integrantes en el desarrollo del país. La
articulación entre los tres sectores (producción,
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finanzas, y ciencia y tecnología) será una actividad
privilegiada en la gestión pública.
• La Ley del Sistema de Ciencia y Tecnología,
sancionada en el 2001, será una herramienta apropiada
para reordenar las funciones que deben cumplir cada
una de las instituciones del sector; universidades,
CONICET, organismos de la administración central,
autoridades provinciales, COFECYT, etc.
• El Plan Plurianual de Ciencia y Tecnología, establecido
por la ley recién citada, será el eje sobre el cual se
ordenarán las acciones del sector. Más que un
documento donde simplemente se identifican
prioridades temáticas y geográficas, ha de ser el plan
maestro que permitirá a toda la comunidad científica y
tecnológica encontrar su lugar en un marco de
previsibilidad.
• Tanto los recursos económicos y presupuestarios
disponibles en los sectores público y privado para la
promoción de la investigación básica y aplicada, como
la transferencia, el desarrollo de innovaciones y la
modernización tecnológica del aparato productivo y los
servicios, se aplicarán con sentido federal y atendiendo
a las prioridades establecidas en el Plan Plurianual.
• Se procurará incorporar, en el presupuesto de las
universidades nacionales, recursos destinados
especialmente a atender las acciones de transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos hacia los
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distintos sectores productivos y no productivos de la
comunidad.
• El organismo responsable de las políticas públicas de
este sector asegurará en forma prioritaria que el sistema
educativo genere los recursos humanos necesarios para
el mantenimiento del sistema de Ciencia y Tecnología.
• Se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para
disminuir la edad promedio del cuerpo de
investigadores, equilibrando la experiencia con la
imprescindible incorporación de científicos y
tecnólogos jóvenes.
• Se pondrán en marcha mecanismos de promoción de la
asociación entre grupos e investigadores de distintos
lugares del país, buscando un desarrollo del sistema
geográficamente equitativo y equilibrado.
• Se alcanzará el tan buscado objetivo de invertir,
anualmente, el 1% del PBI en el sector científico
tecnológico entre las acciones públicas y privadas.
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Minería
La minería aún está en deuda con las pequeñas y medianas empresas y con las microempresas del sector. Primero esta franja empresarial estuvo impedida de exportar por los altos costos de producción, en dólares, como consecuencia de la convertibilidad y de la escasa tecnología incorporada a los procesos productivos. Posteriormente se vieron acorraladas por un mercado contraído y en contracción, sin sistema financiero y con escasas posibilidades de alcanzar mercados internacionales. Es por ello que será imprescindible establecer un marco jurídico y administrativo en el que el Estado nacional se convierta en promotor de la actividad privada, actuando como catalizador de los proyectos. La búsqueda de mercados internacionales para la colocación de productos PYMES, la creación de instrumentos financieros que les permitan alcanzar esos mercados, la interrelación de las producciones regionales -que posibilite ofrecer en conjunto volúmenes importantes de productos-, y la promoción de ellos en el extranjero, son actividades en las que el Estado no puede estar ausente.
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Principales políticas a desarrollar
1. La minería como una política de Estado
En 1993, a partir de la firma del Acuerdo Federal Minero, se
sentaron las bases para el desarrollo de la minería en gran escala en
el país. Este acuerdo, como la legislación que diera lugar al auge del
sector, se realizó en un marco de absoluto consenso político, y la
totalidad de los gobernadores provinciales suscribieron el acuerdo.
El sostenimiento de los principales lineamientos trazados, y
del marco legal elaborado será una premisa de nuestro gobierno.
Digamos, a modo de claro ejemplo, que la provincia de Santa cruz
fue partícipe del desarrollo de la minería, y en su territorio se
encuentra el primer yacimiento de oro surgido a la luz del nuevo
marco legal. Es importante destacar que en esa provincia dichas
políticas fueron desarrolladas y sostenidas por más de quince años, y
fueron precursoras en lo que hace a la promoción de la actividad.
Nuestro pensamiento es, por definición, latinoamericanista,
por lo que el fortalecimiento de los lazos de las economías
regionales será tomado también como una política de Estado.
2. La gran minería, factor clave para el desarrollo regional
La gran minería se convirtió en un factor clave para el
desarrollo de numerosos sectores del territorio nacional. Podemos
citar el despegue que significó, para la provincia de Catamarca, el
asentamiento de Minera La Alumbrera, y la incidencia que tuvo en
las localidades de Andalgalá y Belén, extendiendo su influencia a las
provincias de Tucumán y Santa Fe; o el Salar del Hombre Muerto,
en esta provincia, o proyectos como Veladero y Pascua Lama en San
Juan. En Santa Cruz el asentamiento de Cerro Vanguardia introdujo
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el progreso en las localidades de San Julián y Puerto Deseado, y Río
Turbio en la localidad del mismo nombre y en la vecina 28 de
Noviembre.
La visión con la que abordaremos esta temática parte de
entender que los emprendimientos mineros no deben funcionar
como enclaves aislados en el territorio nacional, consolidándose
como lugares de bienestar en un entorno de miseria. Los proyectos
deben integrarse económica, social y ambientalmente al entorno, y
deben estar dispuestos a tomar servicios e insumos de la región y a
desarrollar e impulsar aquellas potencialidades locales que pueden
satisfacer sus demandas. El Estado no debe estar ausente en este
desafío; debe tener una fuerte presencia impulsando programas
nacionales para la generación de proveedores del sector, que se
inicien con una actitud previsora con anterioridad al inicio de la
explotación.
Otro punto de mucha importancia es el aprovechamiento local
y regional de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los
proyectos, que en general se llevan adelante en regiones que
representan un desafío para los planes de desarrollo provinciales, y
que en muchos casos resultan, en términos económicos, muy
difíciles de concretar. El Estado debe manejarse con conceptos de
viabilidad económica, pero también social, llevando el desarrollo allí
donde no llega la actividad privada, y los empresarios deben estar
dispuestos a acordar la planificación de la infraestructura a
desarrollar en forma conjunta con el estado, de modo de contribuir a
la planificación pública estratégica.
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Fomicruz S.E. Desde Santa Cruz, una empresa testigo
En 1973 la provincia de Santa cruz comenzó a desarrollar
estudios de prospección y exploración de minerales metalíferos (oro,
plata, cobre, plomo y cinc). Los trabajos estuvieron a cargo de
geólogos de la Secretaría de Minería de la Nación y de personal de
la Dirección de Minas de la provincia. Así se crearon las áreas
mineras de Río Oro, Río Pinturas, Río Deseado y Cerro vanguardia.
En las primeras tres áreas de hallaron resultados de oro y plata, pero
fue en Cerro Vanguardia donde los geólogos Mario Zubia y Adolfo
Genini descubrieron sistema epitermal de edad Jurásica con
estructuras, vetas con importantes cantidades de oro y plata, y otros
minerales, pero estos en cantidades no comerciables.
Cuando Néstor Kirchner es elegido gobernador de la
provincia, en sus planes de gobierno planteó la reconversión
económica, la que contiene a la incipiente actividad minera, que a
partir de 1991 comienza a desarrollarse. La empresa Fomicruz S.E. –
que había sido creada en 1988-, acrecienta sus recursos, y a partir de
1992 se autofinancia. Es decir que no recibe aportes del estado
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provincial y reinvierte en la actividad, aumentando sus tareas
prospectivas y exploratorias.
Cerro Vanguardia
Este yacimiento es un depósito vetiforme de oro y plata,
propiedad de Fomicruz S.E., con una concesión minera de
aproximadamente 514 kilómetros cuadrados, y es la principal mina
de metales preciosos, de larga vida útil, del país.
La inversión total en el proyecto Cerro Vanguardia asciende a
270 millones de dólares, y durante la construcción trabajaron 4200
personas, con un alcance mensual de 2400 personas.
Cerro Vanguardia S.A. está conformada por el Grupo
AngloGold, con un 92,5% y Fomicruz, con un 7,5%. La empresa
estatal tiene celebrado un contrato de usufructo del yacimiento,
recibiendo como prestación el 6,6% de los minerales extraídos una
vez refinados y libres de todo costo. Esto resulta, para la provincia
de Santa Cruz, un ingreso mensual de alrededor de 600.000 dólares.
El personal
Por la intervención de Fomicruz S.E., y la disposición de los
grupos privados, se capacitó personal de la provincia de Santa Cruz,
para lo que se tomaron egresados de las Escuelas Industriales
Provinciales. Tras un proceso de selección, y teniendo en cuenta los
puestos en los que se desempeñarían, fueron enviados a
perfeccionarse a los Estados Unidos, Brasil y Chile.
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En la actualidad el 97% del personal ocupado es de Santa
Cruz. Siendo el objetivo actual que comiencen a ocupar puestos de
conducción, ya se dan casos a niveles gerenciales. Como ejemplo de
esto el nuevo gerente general del emprendimiento es argentino, con
lo que esta empresa de Santa Cruz ha logrado terminar con el mito
de que en la Argentina no hay trabajadores especializados en
minería ni profesionales para la conducción.
Fomicruz S.E. puede ser tomado como ejemplo en otras
latitudes del país, para la minería o para otras actividades,
logrando importantes beneficios regionales como una
articulación novedosa e inteligente entre el Estado y el
mercado.
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3. Las PYMEM como dinamizadoras del desarrollo local
Las Pequeñas y Medianas Empresas Mineras (PYMEM), con
excepciones de los escasos grandes emprendimientos que fueron
impulsados en su gran mayoría por el Estado, de manera directa o
indirecta, han sido tradicionalmente las que desarrollaron la
actividad minera en la Argentina. Se estima que en la actualidad la
mitad del empleo, y casi el 40% de la actividad de la producción,
proviene de las PYMEM.
Este sector, en la década pasada, fue golpeado fuertemente
por dos factores. Uno fue el régimen de convertibilidad de la
moneda, que imposibilitó desarrollar un fuerte perfil exportador, y el
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otro fue la facilitación del ingreso de productos mineros importados
a bajos precios.
El apoyo a las PYMEM es un objetivo principal de nuestro
proyecto, basado en el convencimiento de que las mismas deben
convertirse en fuertes actores en la consolidación de capitales
nacionales, y dinamizadores de las economías locales y regionales.
4. La actualización del Código de Minería
El Código de Minería, es la legislación de fondo que rige la
actividad del sector. Aún mantiene estatutos que, a la luz de los
avances tecnológicos o de la modernización de otras legislaciones
nacionales o internacionales, carecen de sentido práctico y
obstaculizan la actividad. Es por esto que este Código de Minería
debe ser actualizado en forma integral. Esta reforma debe tener
como premisa atender las necesidades de todos los subsectores que
conforman la minería y los intereses estratégicos nacionales.
La reforma integral del código, tal como lo proponemos,
consiste en la actualización de aquellos institutos ineficientes, u
obsoletos para responder a las necesidades del sector, manteniendo
los pilares legales fundamentales que rigen en la actualidad.
En síntesis se propone la modernización de la legislación
existente con la finalidad de disponer de una normativa simple,
aplicable y moderna, que facilite su aplicación tanto al inversor
como a las autoridades, y que nos convierta en un país
sectorialmente competitivo en el contexto internacional.
5. El Estado como promotor de la actividad
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En el marco de la modernización del Estado, que
necesariamente debe darse, entendemos que la función que deben
cumplir los organismos oficiales involucrados con la actividad debe
estar claramente orientada a la promoción. Para lograr ese objetivo
debe dotarse al sector gubernamental de una estructura ágil,
dinámica y descentralizada, que esté al servicio de una estrategia
nacional de integración regional.
La tarea a realizar depende exclusivamente de una decisión
política que parte de entender las necesidades de un país federal, con
características regionales dispares, donde el pensamiento de la
Nación como interior-puerto (periferia-centro) es hoy obsoleto.
6. La federalización en la toma de decisiones
El Consejo Federal, tal como nosotros lo concebimos, es el
entorno propicio y adecuado para la organización de un país federal.
Es el ambiente donde se pueden resolver, en un marco de discusión
racional, los dispares intereses provinciales y subsectoriales.
El fortalecimiento de los consejos federales es una premisa
básica de este proyecto a partir del convencimiento de que estos son
la máxima expresión del federalismo.
La transformación del Consejo Federal, de un consejo
consultivo a un consejo resolutivo donde el Estado nacional
conduzca y ejecute las políticas fijadas por el Consejo Federal
Minero, tal como funciona el Consejo Federal Pesquero o el de
Energía, es uno de los objetivos fundamentales a alcanzar.
7. El valor agregado en la producción minera
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El sector minero, en líneas generales, no se ha salido del
esquema del modelo dominante donde el país es considerado
productor de materias primas. Si bien la minería avanzó mucho en
exploración y producción de minerales metalíferos, el producto final
exportable en general son concentrados que son enviados para su
refinación al exterior. Una excepción de esto lo constituye la
elaboración de Bullión Dore que se hace en la fundición de la
empresa Cerro vanguardia en la provincia de Santa cruz, o Farallón
Negro en Catamarca.
Sin embargo, y a pesar de la destrucción de la industria
nacional ocurrida en los últimos años, se abre una posibilidad para el
desarrollo de una industria asociada al sector minero. Por un lado la
actual paridad peso-dólar permite el desarrollo de una industria
competitiva en el panorama internacional. Por otra parte, el hecho de
que varios yacimientos de minerales metalíferos alcancen la etapa
productiva, permite pensar en alcanzar volúmenes importantes que
hagan factible la instalación de refinerías y de industrias
manufactureras asociadas.
8. Los mercados regionales
En consonancia con las políticas de promoción planteadas
para la industria PYMEM, la integración de las producciones locales
en uno o varios mercados regionales, que en algunos casos deben
funcionar como concentradores de la oferta nacional, es un objetivo
que no puede ser obviado.
La conclusión y puesta en funcionamiento del Sistema
Unificado de Información Minera y el fortalecimiento de las
relaciones, en materia minera, con los países del Mercosur, es una
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estrategia que será aplicada en forma inmediata. El desarrollo de
bancos de datos y de facilidades para el acceso al crédito para
otorgar a las producciones un fuerte sesgo exportador, son objetivos
de corto plazo que requieren de una decisión política más que de
condiciones objetivas, del mercado de minerales, que en el presente
están dadas.
9. La minería social
La minería de pequeña escala, desarrollada especialmente en
forma artesanal y a través de microempresas, en general de carácter
unipersonal o familiar, es una rama de la actividad que no ha sido
debidamente explorada. En la provincia de Santa cruz, en el marco
del Programa de Minería Social, uno solo de estos emprendimientos
nuclea aproximadamente treinta personas. La inversión necesaria
por puesto de trabajo para la instalación de este tipo de
emprendimientos es sustancialmente baja, con un valor de
aproximadamente 1.200 pesos por puesto de trabajo.
El desarrollo de programas específicos integrales para este
subsector de la minería es una política central de nuestro proyecto, y
deben ser la contribución que puede hacerse desde el sector para
paliar la emergencia laboral que vive el país, y convertirse en
sustitutos de los subsidios de desempleo, principalmente en el área
de la construcción.
10. La integración minera con países limítrofes
Las repúblicas de Argentina y Chile, a partir de la resolución
de la problemática limítrofe, han avanzado en la consolidación de
acuerdos que le permitan la explotación de los yacimientos
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minerales cuyas características geológicas, o ubicación geográfica,
hacen que sean viables sólo en el marco de políticas de integración y
facilitación fronteriza. En la actualidad se persigue la firma de un
tratado similar con Bolivia.
Nuestro proyecto, que ya definimos como latinoamericanista,
reconoce la necesidad de continuar avanzando en el sentido de la
integración minera con los países vecinos y de reconocer, sustentar e
impulsar, en el marco de una política de Estado, a todas aquellas
políticas que permitieron el desarrollo sectorial. El Tratado de
Integración y Complementación minera es considerado en ese
sentido, así como los avances que se han realizado con Bolivia.
11. Estimular la producción y proteger el ambiente. El
desarrollo sustentable de la actividad.
El proyecto político que presentamos se halla completamente
consustanciado con el paradigma del desarrollo sustentable:
crecimiento económico y preservación del ambiente.
Si bien la minería puede impactar fuertemente sobre el
ambiente, es también una actividad que manejada en forma racional
es motor impulsor de las economías regionales, y por ende
facilitadora de la movilización social allí donde no llegan los
beneficios de otras actividades.
Aún siendo la minería la única actividad productiva primaria
que posee una ley específica que la regula en materia ambiental,
creemos que en la Argentina es necesario desarrollar e impulsar los
instrumentos que, según la Comisión Bruntdlan, son necesarios para
alcanzar el verdadero desarrollo sustentable.
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Sector energético El Sector energético que en la instancia anterior a la devaluación conformaba poco más del 6,1% del PBI nacional, pasará en el corto y mediano plazo a integrar aproximadamente el 15% del PBI con una participación en las exportaciones de casi 15%.
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Todos sabemos que el precio de los hidrocarburos es formador de precios a nivel mundial y conjuntamente con el sector eléctrico dan condiciones de borde relevantes a las posibilidades de desarrollo y calidad de vida en nuestro país. Las magnitudes económicas en juego son relevantes, lo que hace imprescindible que el estado tenga una presencia activa promoviendo su desarrollo, alentando a que los mismos se desarrollen en un ámbito de preservación del medio ambiente, velando por la mayor eficiencia en la ecuación energética de su oferta buscando una sana distribución de los ingresos que produce, de manera tal que, los empresarios obtengan beneficios razonables, el sector colabore a que las otras actividades productivas dispongan de estos insumos a precios competitivos y el común de los habitantes de nuestro país puedan acceder a los mismos en calidades y precios justos.
En el corto plazo la propuesta es fijar, coordinadamente con
el sector productor de gas y con el generador de energía eléctrica, un
sendero de precios que, en el término de 12 a 18 meses, permita una
rentabilidad razonable, sin que necesariamente esto signifique un
incremento tarifario durante ese periodo a la totalidad o a una parte
de los usuarios residenciales.
Se federalizarán los hidrocarburos a partir del proyecto de Ley
de Hidrocarburos de la OFEPHI, más su actualización.
En el mediano y en el largo plazo se ejecutarán los
instrumentos y controles tendientes al cumplimiento de las pautas de
precios de los combustibles, al control y mejoramiento de su calidad,
y a la sustitución (impacto medioambiental), y de la evasión.
También se analizará el costo/beneficio que la expansión del
transporte en extra alta tensión se recaude como un costo adicional
en el MEM, y que tal recurso atienda, en partes predeterminadas, a
interconexiones de mercado y de desarrollo, entendiéndose estas
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últimas como tendientes a la integración de todo el territorio
nacional.
En el sector de los combustibles se ejecutarán los
instrumentos necesarios que corrijan y den respuesta adecuada a los
siguientes temas:
• Alinear la presión impositiva al perfil de refinación de
los crudos nacionales de manera de no provocar
distorsiones en la demanda de combustibles.
• Explicitar los subsidios sectoriales que se asignan
indirectamente en el precio final del gasoil al agro y al
transporte de carga y de pasajeros.
• Integrar como combustible al LPG, determinando los
nichos de demanda doméstica que atenderá cada uno
de ellos (nafta, gasoil, GNC y GLP).
• Fijar un plazo adecuado de ordenamiento para no
provocar impactos económicos a los sectores.
• Creación de un fondo fiduciario que con fondos del
mismo sector financie la reconversión resultante, y una
vez ejecutada se devuelva a los usuarios el esfuerzo
realizado.
La carga impositiva en los combustibles tiene una magnitud
tal que define la tendencia de la demanda. El objetivo a perseguir
será encontrar la mejor solución económica, que dentro de un sano
equilibrio defina:
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• Que el GLP se utilice en el transporte de pasajeros,
carga y aparato productivo del agro.
• El GNC en sustitución de combustibles líquidos en
circunstancias de uso vehicular intensivo.
• Indiferencia en el uso de gasoil o nafta en los restantes
usos vehiculares, con una leve ventaja del primero
equivalente a su mejor rendimiento térmico.
Esto último requiere de un acuerdo de todos los sectores
involucrados, y de un plazo razonable para el proceso de
transformación.
Sector agropecuario
El campo argentino tuvo dos grandes etapas. La primera de ellas se originó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el campo pasó a ser el eje del
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crecimiento de nuestro país y lo llevó a posicionarse entre las principales naciones, trasformándose en el granero del mundo. En las décadas siguientes el crecimiento del sector se produjo más lentamente, y con períodos de estancamientos, hasta lo que podríamos denominar como una segunda gran revolución, que se inicia en la década del 80 y se consolida en los 90. Hoy la Argentina se encuentra en condiciones ideales de encarar la tercera etapa del sector, la revolución de la competitividad agroalimentaria y agroindustrial, que potencie el nacimiento de un capitalismo con decisión y con protagonistas nacionales Esa segunda etapa a la hemos hecho referencia se caracteriza
por su desarrollo tecnológico, el que no solo llevó a incrementar
fuertemente la productividad del sector, sino que además expandió
su horizonte productivo. Esta parte coincidió con la estabilidad
económica que logró el país, y que necesariamente incorporó la
eficiencia y la planificación como herramientas claves de la
producción.
Esto permitió entonces que, a pesar de la distorsión de precios
relativos que la convertibilidad significaba, el campo argentino
respondiera con cosechas récord.
Aquí aparece la gran contradicción del modelo imperante; por
un lado un sector más competitivo donde la concentración
económica fue la gran protagonista, y por otro miles de pequeños y
medianos productores de todo el país, empobrecidos y saliendo del
sector como nunca antes había ocurrido.
Esta situación fue más dramática en las economías regionales
y en los pequeños pueblos del interior, donde el tejido social se
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deterioró en forma alarmante, con las consecuencias conocidas de
emigración a los cordones de las más grandes ciudades.
El complejo agroindustrial tiene una importancia relevante en
la economía argentina: participa de un 35,7% del PIB; genera
anualmente cerca de 13 mil millones de dólares de exportaciones
(49% del total de las exportaciones nacionales), y emplea de manera
directa a un millón doscientos mil argentinos en su producción
primaria, los que sumados al empleo indirecto en los miles de
pueblos y ciudades y el sector agroindustrial lleva esa cantidad a
más de dos millones de personas (del total de la población
actualmente ocupada, el 30,2% depende directa o indirectamente del
sector agropecuario).
Es por esto que el nuevo proyecto nacional debe transformar
al campo, al sector agroalimentario y agroindustrial (que en realidad
debería comenzar a llamarse Sistema Agroalimentario Nacional), en
una prioridad estratégica de orden nacional.
Debemos diseñar una refundación del país, que en la
búsqueda de un nuevo sentido federal de nación intente equilibrar su
territorio, impedir el éxodo del interior, y desarrollar definitivamente
las economías regionales.
La Argentina se encuentra en condiciones ideales de encarar
la tercera etapa del sector, la revolución de la competitividad
agroalimentaria y agroindustrial, que potencie el nacimiento de un
capitalismo con decisión y protagonistas nacionales.
Esta nueva etapa debe contemplar la recuperación del
mercado interno, un adecuado proceso de sustitución de
importaciones, la incorporación de valor agregado y el incremento
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sostenido de las exportaciones, pero sustentadas en las Pymes
organizadas y articuladas desde una posición de poder de
negociación con la gran empresa, como único mecanismo posible
para sustentar el desarrollo equitativo de nuestro país.
Es por esto que, para lograr un nuevo país donde el campo, su
producción primaria, la agroindustria, los agroalimentos, sus
pequeños, medianos y grandes productores sean motores del empleo
y la competitividad, sustentados en una compleja red de
articulaciones entre el mercado interno y las exportaciones,
proponemos:
• Refinanciación de pasivos:
Es necesario resolver el problema del endeudamiento de
muchos productores, para que así puedan lograr el
equilibrio financiero suficiente que les permita
reinsertarse en el circuito productivo y recuperar la senda
del crecimiento
• Financiamiento para la producción:
Desarrollar desde el Estado y hasta tanto se reconstruya
el sistema financiero, una política crediticia para el
sector. En el caso de los pequeños y medianos
productores se implementarán políticas diferenciales que
permitan desplegar el potencial productivo y
fundamentalmente el potencial de reconstrucción del
tejido social en el interior del país.
• Un Estado eficiente y protector:
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El Estado necesario para construir esta Nueva Argentina
Alimentaria, debe ser un Estado con capacidad para
generar los espacios y oportunidades para nuestros
emprendedores. En este sentido desde la Secretaría de
Agricultura se deben definir las políticas estratégicas del
sector y a través de sus entes descentralizados ejecutar
todas las políticas activas necesarias para desarrollar
competitividad. Estas políticas, deben coordinarse y
acordarse con los niveles provinciales y locales ya que las
mismas tendrán como meta final reconstruir el tejido
social que tanto ha perjudicado a nuestras localidades
rurales del interior del país.
• Promover la productividad:
Implementación de políticas activas que en el marco de
este nuevo Plan Estratégico, devuelva rentabilidad a los
sectores más postergados, fomente la modernización y el
incremento en la productividad del sector primario.
Además será necesaria la simplificación y adecuación del
sistema tributario, que a partir de la eliminación de los
impuestos distorcivos que actualmente atentan contra la
producción, quite presión fiscal. Apoyos e incentivos a la
búsqueda de alternativas productivas, sobre todo para
fortalecer las economías regionales
• Fomentar las exportaciones:
Una vez alcanzado el equilibrio fiscal y en la medida de
las posibilidades presupuestarias, comenzar un proceso de
eliminación de las retenciones a las exportaciones. Se
propone simplificar y desburocratizar la operatoria de
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comercio exterior, para facilitar las posibilidades de
acceso a los mercados externos del universo de empresas
sectoriales. Para incrementar las exportaciones y atento a
la inexistencia de financiamiento local, el Estado deberá
salir en búsqueda de Financiamiento Internacional que
facilite la prefinanciación de exportaciones.
• Facilitar el acceso a los mercados:
Para lograr el incremento del volumen de exportaciones
Agroalimentarias y Agroindustriales también es necesario
rediseñar y potenciar el accionar de los Organismos
Nacionales con injerencia en comercio exterior. Se
debería diseñar un único Programa específico de
Promoción de las Exportaciones Argentinas en el Mundo.
• Apoyar y consolidar el Sistema Científico
Tecnológico:
Consolidar y fortalecer en un reorganizado INTA la
herramienta de generación y transferencia de tecnología.
Se debería incrementar y facilitar el acceso a la
tecnología de producción y de procesos, buscando que la
misma abarque a todo el Sistema, independientemente
del tipo de producto, región y estrato productivo o social.
• Nueva relación con el mundo:
Debemos reinsertarnos internacionalmente, aplicando el
principio de reciprocidad a las relaciones comerciales,
restringiendo el comercio con países que traban productos
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que son de nuestro interés estratégico. Debemos eliminar
las negociaciones bilaterales o multilaterales que excluyan
a nuestra producción. No debemos perder nuestro
horizonte de enfrentar los subsidios indiscriminados y el
acceso restringido a los mercados. Dar al Mercosur un
nuevo y vigoroso impulso, tanto político como
institucional, que consagre la decisión irreversible de
completar su objetivo de integración, en un marco de
confianza y lealtades recíprocas de los países miembros,
como único medio de asegurar su viabilidad como
naciones y tener peso en el concierto de las relaciones
internacionales en el contexto actual, signado por la
constitución y perfeccionamiento de grandes bloques de
países.
• Aseguramiento de calidad:
Se necesita promover el origen, la trazabilidad, la
identidad preservada y los protocolos de calidad, como
insumos de consolidación de esta Argentina Alimentaria.
Para ello el fortalecimiento y modernización del Senasa
debe apuntar a lograr a través de los Programas de
sanidad, calidad e inocuidad asegurar la calidad
alimentaria, para que los Argentinos y consumidores
extranjeros tengan garantías de consumo (CUANDO
TENGAMOS SEGURIDAD QUE LO QUE ESTAMOS
COMIENDO LOS ARGENTINOS ES DE CALIDAD
COMPROBADA, SEREMOS CREIBLES EN
CUALQUIER MERCADO). Se deben concentrar las
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funciones de fiscalización y control en un único
organismo ágil e inteligente que garantice la transparencia
de los mercados y la sanidad y calidad de nuestros
alimentos.
• Integración del sistema agroalimentario:
Se propone fomentar y consolidar la integración
definitiva de un Sistema Agroalimentario competitivo,
donde el campo se transforme en un eslabón sólido y
activo de la misma. Para facilitar la integración de este
Sistema (producción, industrialización y mercado) se
proponen Programas de asistencia técnica y políticas
activas de fomento del agrupamiento de productores,
empresas o Pymes. Promover acciones cooperativas y
solidarias entre todos los actores de cada sistema campo
& alimentos, impulsando la eficacia y la eficiencia en las
transacciones, y finalmente lograr una verdadera
cooperación competitiva que agregue valor sistémico a
las cadenas y a las economías regionales. La herramienta
que dispondremos será el ya comentado mas arriba
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, que será a su vez la herramienta para
canalizar el resto de políticas activas que se fomenten
desde la visión estratégica que indique la SECRETARIA
DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTOS
DE LA NACION.
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Sector forestal
El sector forestal de la República Argentina, durante años, ha sufrido los avatares de políticas erróneas y que siempre han estado de espaldas a los intereses del país.
Una de las primeras medidas adoptadas a partir de 1990 fue la
disolución del IFONA, institución que regía las políticas del sector
forestal. De esta manera se debilitó institucionalmente el sector, lo
que se tradujo en una carencia de políticas para su expansión y
desarrollo.
En el país, la superficie apta para la explotación forestal es de
unos 20 millones de hectáreas, de las cuales se cultivan, con bosques
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implantados, solamente un millón de hectáreas, lo que representa el
5% de la superficie total. Uno de los objetivos que se busca es
incrementar la masa forestal para lograr duplicar la actual superficie,
y de esa manera aumentar la actividad económica y el empleo.
El mercado internacional de productos forestales supera los
140.000 millones de dólares anuales, y es mayor al de los cereales y
las oleaginosas juntos, o el de carnes y lácteos. Estos valores ponen
en evidencia la fuerte demanda que existe a nivel mundial de
productos forestales que la Argentina puede ofrecer.
Como una oportunidad para el país se puede mencionar que
esta actividad no opera con subsidios ni sufre restricciones
comerciales como otros rubros agropecuarios. Los países
compradores y vendedores son desarrollados: EE.UU., Canadá,
Suecia, Finlandia, Alemania, Japón y el Reino Unido. En cuanto a
Sudamérica se destacan Chile, Brasil y la Argentina.
Nuestro país no dejará de lado esta oportunidad, ya que la tasa
de crecimiento forestal de nuestro país figura entre las más altas del
mundo, alcanzando como promedio los 35 metros cúbicos por
hectárea y por año en coníferas, y 40 metros cúbicos por año en
eucaliptos. Estas ventajas están dadas por las bondades climáticas y
por la aptitud de los suelos.
Será política de Estado el fomento a la actividad forestal. En
este sentido, y en el marco de la actual ley forestal, proponemos:
• Pagar los planes aprobados e implantados de
forestación, adeudados, en forma inmediata y las demás
medidas aprobadas en la mencionada ley como la
estabilidad fiscal.
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• Asistir, con los incentivos, no solo las nuevas planta-
ciones, sino también la protección del bosque nativo y
el aprovechamiento sustentable del mismo.
Pesca
El sector pesquero será un elemento sustancial en la promoción del desarrollo económico y social del país, fortaleciendo su activo rol en las regiones donde se localizan las bases de las actividades de producción y sus industrias laterales, optimizando los beneficios derivados del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos. Desde el punto de vista institucional se modernizará el sector público pesquero, jerarquizándolo dentro de la estructura del Estado, revalorizándolo en sus funciones técnicas y operativas para que pueda ejercer su función con la eficacia y la transparencia que exigen los nuevos desafíos sectoriales. La investigación técnica y científica es vital para el proceso de desarrollo sustentable, por lo que la consolidación de este sector se logrará a través de la modernización tecnológica y su diversificación, y con la implementación de programas de desarrollo de productos con mayor valor agregado.
• Promoción sostenida de un programa nacional de
desarrollo y consolidación de la acuicultura, a lo largo
del territorio nacional, orientado a la producción de
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alimentos mediante el aprovechamiento sustentable de
los medios acuáticos.
• Consolidación del funcionamiento del Consejo Federal
Pesquero como organismo interjurisdiccional.
• Implementación definitiva del sistema de
administración de las pesquerías mediante cuotas
individuales transferibles de captura.
• Implementación de la estructura administrativa
adecuada al sistema de cuotas individuales transferibles
de captura.
• Desarrollo de un programa plurianual tendiente al
aprovechamiento integral de las capturas (eliminación
progresiva y definitiva de los descartes).
• Establecimiento de una Política de Estado sobre las
aguas marítimas aledañas a la República Argentina,
especialmente en relación con los países vecinos.
• Promover la actividad de buques de bandera argentina
en otros caladeros.
• Establecer mecanismos de reducción de la
sobreinversión sobre la actividad pesquera, tanto en
flota como en tierra.
• Establecer un marco legal regulatorio de la pesca, a
partir de lo establecido en la Ley Federal 24.922,
coordinando la legislación provincial.
• Fortalecimiento, consolidación y armonización, con el
SENASA, de una gestión sanitaria adecuada a los
productos y subproductos de la pesca.
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• Adecuación de la normativa aduanera para los
productos de la pesca orientada a facilitar el acceso a
los mercados externos.
• Consolidación de un área de estadísticas de la pesca
(capturas, procesamiento, rendimientos, ocupación,
actividades indirectas relacionadas, investigación,
producción, exportaciones, transportes, mercados, etc.).
• Actualización adecuada del sistema impositivo aplicado
a la actividad.
• Consolidación de un sistema de monitoreo satelital de
la flota pesquera argentina para todas las embarcaciones
pesqueras, ampliándolo a todo buque que desarrolle
tareas en aguas de jurisdicción argentina.
• Establecimiento de un sistema terrestre de radares
costeros orientado al seguimiento de la actividad de los
distintos buques que surcan nuestras aguas, y las
aledañas a la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
• Federalización de la investigación pesquera.
• Consolidación de un sistema de investigación orientado
al mejor uso de los recursos vivos acuáticos, tanto del
reino animal como del vegetal.
• Instrumentación de un sistema de seguimiento que
relacione la actividad productiva con la generación de
mano de obra genuina.
• Promoción de la capacitación de la mano de obra, tanto
en tierra como a bordo.
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• Promoción de los productos argentinos en los mercados
internacionales.
• Promoción de la investigación, el diseño, el desarrollo y
la fabricación en la Argentina, de insumos para la
actividad pesquera y la acuicultura.
• Promoción de la industria naval para el diseño y la
construcción de buques pesqueros en la República
Argentina.
• Desarrollo de un Programa Nacional Alimentario que
considere el consumo regular de productos de la pesca
y la acuicultura, atendiendo a su preparación, transporte
y conservación.
• Instrumentación de un programa de investigaciones
para el desarrollo y producción de productos destinados
a góndola con el mayor valor agregado.
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Las pequeñas y las medianas empresas
Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre el fomento de las pequeñas y medianas empresas, pero hasta hoy las medidas concretas son, prácticamente, nulas.
El caso más evidente de este panorama es la imposibilidad de
poner en funcionamiento la factura de crédito. Las pequeñas y
medianas empresas, esencialmente, necesitan crédito para su
evolución. Por ello, con todas las partidas presupuestarias destinadas
al fomento de este sector, los créditos externos orientados a tal fin, y
las líneas especiales que abran las entidades financieras
involucradas, se creará un fondo fiduciario -cuya operatoria será
totalmente desburocratizada, instalándose el concepto de “Ventanilla
única”-, con el objeto de subsidiar la tasa de interés que se aplica a
las Pymes y amortiguar el peso del endeudamiento, a partir de un
sistema de evaluación que deberá tener en cuenta el riesgo y los
resultados de los emprendimientos.
Las propuestas para el sector se centrarán en dos líneas
principales:
Medidas económicas macro
• Combate al contrabando y revisión de la política
arancelaria en defensa de la producción nacional.
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• Fortalecer al Banco Nación como una herramienta a
favor de los sectores productivos rurales y urbanos
micropymes. Asegurar tasas de interés de acuerdo a la
rentabilidad productiva del país y apoyo amplio a la
producción en términos de crédito, y reformulación de
los pasivos del sector. Evitar la extranjerización de la
banca pública, privada y cooperativa.
• Aplicación de las leyes antimonopólicas y
fortalecimiento de los organismos de control sobre los
servicios privatizados y efectiva regulación de los
grandes centros comerciales.
Políticas activas-instrumentos promocionales
• Garantizar capacitación, asistencia técnica y apoyo
comercial. Simplificar tramitaciones, inscripciones y
constituir ventanillas únicas de atención al sector.
• Fomentar políticas de promoción de exportaciones,
asesoramiento e información a los productores.
• Promoción y apoyo para la constitución de incubadoras
de empresas y parques industriales.
• Aplicación de tarifas preferenciales en los servicios a
los micro y pequeños productores.
Comercio Exterior
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Nuestro país necesita desarrollar una política estratégica sustentable de Comercio Exterior, que tenga como principales objetivos el aumento de nuestras exportaciones, consolidando los actuales productos exportados, pero prestando singular atención a la diversificación de las mismas y a los productos y mercados no tradicionales, de manera de facilitar el camino del cambio cualitativo y cuantitativo que pretendemos, potencializando las ventajas competitivas que derivan de nuestras economías regionales, en apoyo principalmente de nuestras pequeñas y medianas empresas. La devaluación de nuestra moneda nos permite estar en condiciones de iniciar este camino, pero hay que crearle a nuestras empresas las condiciones adecuadas para poder acceder al mercado mundial. En esta tarea se potencializará el accionar de los organismos nacionales de promoción de exportaciones, y de las agregadurías comerciales en nuestras embajadas.
Es fundamental, con relación al comercio exterior desarrollar
una política integral con una visión estratégica que apunte a:
• Producir un cambio cualitativo y cuantitativo de nuestras
exportaciones.
• Lograr una mayor diversificación de nuestros productos y de
los mercados.
• Promover una oferta exportadora sustentable y competitiva.
• Implementar una adecuada política de sustitución de
importaciones.
• Garantizar el abastecimiento de insumos y productos críticos
utilizados n los procesos productivos y de tecnificación, para
generar una oferta exportable con mayor valor agregado.
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• Reformular con acciones activas y medibles a las
organizaciones del Estado que intervienen en Comercio
Exterior para optimizar criterios, recursos y estructuras a
través de una gestión profesional eficiente y ordenada.
En el sector de las exportaciones se proponen las siguientes
acciones:
• Rediseñar y potenciar el accionar de los organismos
nacionales, provinciales y municipales con injerencia en
Comercio Exterior con el objeto de lograr una actuación
proactiva dinámica y comercial, en apoyo de nuestras
industrias, en especial de las pequeñas y medianas empresas.
• Formar equipos de trabajo especializados por área, rubro,
sector y mercados, con fuerte perfil profesional capacitados en
diferentes competencias.
• Actuar en forma coordinada con las instituciones, organismos
y cooperativas regionales, provinciales y municipales.
• Diseñar políticas comerciales activas para la inserción de
nuestras pequeñas y medianas empresas en la oferta
exportable, promoviendo la competitividad de nuestros
productos y de las economías regionales.
• Capacitar al empresario/productor con el objeto de crear en
las empresas las condiciones adecuadas para exportar (nivel
de producción, capacidad y tiempo de entrega, presentación
del producto, análisis de mercados, calidad, normas y
requisitos del mercado exportador, etc.).
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• Generar foros multidisciplinarios con cámaras sectoriales,
regionales, organismos oficiales y universidades.
Asimismo se potenciará el accionar de las agregadurías
comerciales, para que se conviertan en:
• Generadores de información y fuente de consulta permanente.
• Representantes comerciales de los empresarios de nuestro
país, y medios de información para posicionar la Marca
Argentina en los mercados.
• Nexo entre nuestras empresas y los potenciales mercados
compradores.
• Generadores de políticas activas para la promoción de la
Marca Argentina.
Esto llevará a promover, con distintas acciones, la Marca
Argentina:
• Acercando la demanda de los mercados externos.
• Estableciendo un Programa Nacional de la Asociatividad con
el objetivo de conformar y mantener consorcios asociativos
regionales en todo el territorio nacional y establecer
incentivos para el desarrollo de Cadenas Regionales
Productivas.
• Promoviendo la generación de una oferta exportable de
productos, fomentando de esta forma la especialización de
cada región en aquellos bienes donde posea más ventajas
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competitivas. Todos ellos se lograrán trabajando en forma
conjunta con las distintas secretarías, cámaras y universidades
de cada región.
• Participando, en forma activa y bajo un régimen de
incentivos, en ferias internacionales, rondas de negocios y
misiones comerciales, con la asistencia y coordinación de
nuestras agregadurías comerciales.
Las acciones a desarrollar, ahora en lo que tiene que ver con
las importaciones, son las siguientes:
• Redefinir la política de importación, para el corto plazo, con
el objetivo de evitar el desabastecimiento de la industria y
del mercado nacional que generen reacciones corporativas y
especulativas.
• Elaborar programas para la importación de insumos
indispensables para la población del país.
• Revisar los alcances y el impacto en la industria nacional de
los actuales regímenes especiales de importación.
• Fortalecer las regulaciones sanitarias y fitosanitarias.
• Armonizar el accionar de los distintos organismos con
injerencia en comercio exterior, con el objeto de evitar la
falta de observación de los compromisos asumidos en el
ámbito de la Organización Mundial del Comercio.
• Diseñar una adecuada política de sustitución de
importaciones para desarrollar y promover industrias
nacionales sustentables y competitivas, y para desarrollar y
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promover productos exportables con un mayor valor
agregado.
• Coordinar con cámaras sectoriales, INTA, INTI, Conicet,
universidades y organismos nacionales con injerencia en
comercio exterior, del diseño y seguimiento de dichas
políticas.
• Promover la simplificación de la normativa nacional que
internaliza los instrumentos fiscales establecidos por la
Organización Mundial del Comercio.
• Promover, con los socios del Mercosur, la adecuación del
Arancel Externo Común.
Turismo
El desarrollo del turismo debe entenderse como política de Estado. De esta manera garantizaremos su crecimiento sostenido y podremos constituirlo en un verdadero motor de la reactivación económica del país, acelerando el ingreso de divisas y el incremento de la demanda de mano de obra.
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Es de fundamental importancia posicionar al turismo en la
agenda política y económica interna, y también en el mercado
internacional. El turismo es una herramienta capaz de generar
rápidamente empleo, ingreso de divisas y reactivación de las
economías regionales.
• Continuar con la puesta en valor de la imagen turística
nacional en el exterior potenciando. Lograr de forma
sostenida la recalificación de la Argentina en los países
centrales y continuar con las fuertes campañas en los
potenciales mercados turísticos internacionales, con la
finalidad de consolidarnos como país receptivo.
• Se propone una fuerte presencia en las ferias
internacionales de turismo para continuar en la tarea de
revertir por completo la imagen Argentina en el mundo
y a la vez demostrar la continuidad de las políticas
estratégicas. Complementar estas actividades con
programas de promoción, organización de ferias y
workshops.
Políticas y planificación
• Romper la estacionalidad del turismo interno, y potenciar
el flujo de vacaciones a lo largo de todo el año. Con este
objetivo deben diversificarse los destinos para los
argentinos, y también consolidar estrategias de
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miniturismo. Oferta y desarrollo de nuevos productos no
estacionales.
• Mejor ocupación de la mano de obra y máximo
aprovechamiento de ocupación de servicios.
Mantenimiento de parámetros de calidad. Menor impacto
ambiental.
Promoción de áreas protegidas
• Control efectivo de la recaudación. Direccionamiento del
presupuesto hacia la efectiva conservación de las áreas
protegidas. Creación de áreas de amortiguación.
Desarrollo y marketing de los parques menos visitados.
Inversión en infraestructura básica de bajo impacto.
Estímulo a la conservación de espacios privados.
• Constitución de la Administración Nacional de Parques
Nacionales como una herramienta que conserve, de
forma eficaz, el patrimonio natural, a la vez que
desarrolle la puesta en valor de los mismos de cara al
turismo, aumentando el número de visitantes y
mejorando sus niveles de recaudación.
El Deporte una herramienta de promoción turística
Potenciar la promoción turística de nuestro país a traves de los
eventos deportivos nacionales e internacionales que se desarrollen
en nuestro territorio para aprovechar de esta forma la generación de
empleo en distintas regiones de nuestro país, debido a las multiples
transacciones económicas que las mencionas practivas provocan.
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Estrategia Mercosur
• Mercosur turístico: integrar ofertas turísticas
transfronterizas. Simplificar reglamentaciones e integrar
nuestros pasos fronterizos.
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La Infraestructura y obra pública
al servicio de la producción y el empleo y como estrategia para el
desarrollo regional
En el momento histórico que vive el país, con una creciente inestabilidad social y política, y con los índices de pobreza y desempleo más altos de la historia, resulta necesario incorporar en forma urgente al Estado como un sujeto económicamente activo para que, mediante la aplicación de políticas ágiles y enérgicas, promueva la inversión pública y privada, con el objetivo de lograr pleno empleo y satisfacer las necesidades en obras para salud, educación, vivienda, vías de comunicación y todas aquellas que potencien el desarrollo económico de las distintas regiones del país.
En este amplio sector, para impulsar nuestro crecimiento
económico, tenemos distintas políticas que calificamos de
“soberanas:
• Ferroviarias
• Aerocomerciales
• Transporte carretero
• Puertos y vías navegables
• Recursos hídricos
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Transporte Ferroviario
Bajo las condiciones de las privatizaciones por concesión de los ferrocarriles, en las que se supone que el interés público se halla expresado en las condiciones contractuales acordadas con las compañías privadas, la excesiva flexibilidad puede conducir a la erosión de las condiciones originales, y hasta de su razón de ser, particularmente si se tiene en cuenta que, una vez que las concesiones se pusieron en marcha, los concesionarios cuentan con una posición mucho más fuerte, ya que el Estado ha cedido su capacidad y control.
La década del 90 se caracterizó por la aparición de la
actividad privada en los ferrocarriles, tras más de 50 años de gestión
pública. La forma predominante de acción fue la transferencia de la
operación de los servicios, y ciertas inversiones en infraestructura, a
empresas privadas que se constituyeron originalmente en consorcios
de empresas ligadas o no a la actividad del transporte por ferrocarril.
En la Argentina, con la orientación del Banco Mundial, tuvo
lugar la primera experiencia de importancia en concesiones
ferroviarias en países en desarrollo.
En general, las condiciones de las concesiones asignan a las
empresas privadas la responsabilidad por el mantenimiento de la
infraestructura con ciertos desarrollos, explotación de los servicios,
y su facturación, mientras que la propiedad de los activos permanece
en manos del Estado nacional.
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Desde los comienzos las concesiones estuvieron asociadas a
una cierta reducción de los costos operativos, conseguida
principalmente mediante la eliminación de puestos de trabajo en
gran escala.
Un estudio del Banco Mundial señala que muy pocos son los
ferrocarriles que han sido privatizados. La mayor parte de los
gobiernos, en distintos países, han optado por otorgar concesiones o
licencias ferroviarias. Seguramente esto se debe a que así se lograría
lo mejor de ambas opciones: el Estado retiene el control final sobre
la infraestructura, mientras que el sector privado desarrolla las
funciones de explotación con una mayor eficiencia.
En la Argentina, con vistas a este objetivo, resulta
imprescindible retomar este concepto, y anular el carácter casi
monopólico del uso de la infraestructura concesionada, fuera de los
servicios metropolitanos de Buenos Aires.
Un requisito de esta clara subdivisión no es solo lograr una
separación entre infraestructura y operación, sino la obtención, de
manera simultánea, de una mayor gama de alternativas:
1- Que el Estado tome a su cargo asegurar una
infraestructura que recorra todo el país,
manteniendo su unidad como condición
indelegable.
2- Que sobre esa misma infraestructura pueda
desarrollarse más de un operador de carga o
de pasajeros de larga distancia, y que esta
posibilidad esté abierta al sector privado
interesado.
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3- que dicha infraestructura permita ser
concesionada, en su mantenimiento y
conservación, bajo estándares prefijados.
La separación entre infraestructura y operación, y propiciar la
participación de más de una empresa operadora (Estado incluido),
hacen posible una mayor transparencia de los costos. Por otra parte
se recuperaría la capacidad del estado para desarrollar los
ferrocarriles como parte de un programa estratégico de desarrollo del
transporte, y por ende de las economías y de la sociedad en su
conjunto.
Situación actual
Analizando la situación de los ferrocarriles después de las
concesiones, se observa un fuerte y rápido incremento en las
demandas de las líneas metropolitanas. Esto se debe,
fundamentalmente, a dos factores. Uno es un fuerte control de la
evasión, y el otro es el carácter monopólico que ejercen los
ferrocarriles del área metropolitana de Buenos Aires.
Por su parte las concesiones de cargas presentan fuertes
reducciones en las tarifas y en su actividad, con relación a las
previsiones, lo que se traduce en el incumplimiento de las
inversiones previstas, de manera especial en aquellas que tienen que
ver con la infraestructura. A fines del 2001 dos concesionarios, con
cuatro líneas, presentaron a sus empresas en concurso preventivo de
acreedores, acumulando simultáneas y crecientes penalidades por
incumplimientos contractuales. Coincidentemente el estado nacional
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introdujo también su cuota de incumplimientos, lo que provocó una
situación de emergencia ferroviaria.
Pese a que la privatización tuvo como uno de sus objetivos
aliviar al estado de ciertas cargas y riesgos, no cabe duda de que las
consecuencias de esta situación han vuelto a colocarlo en situación
de actor preponderante, con los riesgos que ello implica, ya que de
no ser así las compañías se verán en situación de quebranto y el
Estado indefenso para salir en auxilio para lograr mantener esos
servicios.
Los planes de inversión previstos en las sucesivas
renegociaciones, al amparo del decreto N° 543, se han visto
suspendidos. La causa esencial de ello, junto a las ya citadas, fue la
imposibilidad de montar un esquema financiero, por cada
concesionario, sobre la base de fondos públicos obtenidos por
incrementos tarifarios y subsidios explícitos, complementados por
alargamientos en los plazos de las concesiones. Ambas fuentes de
financiamiento deberían producirse antes de que usuario
contemplara el beneficio de esas alzas en las tarifas.
Con relación a los servicios interurbanos de pasajeros, en
todos los casos se ha transferido la responsabilidad operacional y las
inversiones, del gobierno central a los provinciales, de conformidad
con la reestructuración que acompañó a la privatización, y también
se hizo lo mismo con la responsabilidad de la supervisión. En la
práctica lo que hizo el Gobierno Federal fue desprenderse de toda
obligación en relación con el transporte ferroviario interurbano de
pasajeros, lo que impuso enormes presiones financieras a las
provincias, que no las pueden soportar. Como resultado de este
accionar algunas provincias no han podido afrontar los servicios, los
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que han desaparecido con la consiguiente desarticulación territorial
y social. En otros casos, como ocurre en la provincia de Buenos
Aires, se han mantenido los servicios, pero el gobierno provincial se
ha negado a pagar los peajes exigidos por los concesionarios de
cargas, aduciendo que estos no han cumplido sus obligaciones
contractuales de inversión.
La privatización de los ferrocarriles con la ausencia del
Estado rector, trajo como consecuencia un fuerte deterioro, y en
muchos casos cierres de industrias que nacieron y se desarrollaron, a
partir de los años 60, acompañando el desarrollo y la modernización
de su material. Fue una industria no solo complementaria de los
ferrocarriles en la Argentina, sino que además representó una fuente
de divisas, al exportar más del 20% de su producido en la década de
1975 a 1985.
Tal como fue denunciado oportunamente por la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, la reestructuración ferroviaria en la
Argentina ejerció un fuerte impacto sobre el nivel de empleo de los
trabajadores ferroviarios. Los puestos de trabajo en el sector pasaron
de alrededor de 90-000 a menos de 20.000. Si bien entonces existían
programas de empleo en el sector privado para los trabajadores
ferroviarios que debían abandonar sus puestos de trabajo, los
mismos no siempre se aplicaron con prontitud. La expansión
económica que supuestamente iba a resultar de la mejora y mayor
economía de los servicios ferroviarios, no ha podido proporcionar el
empleo alternativo que se esperaba.
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Plan de acción concreto, de corto plazo, en el sector
transporte
Transporte ferroviario
• Reconstituir el rol del Estado en el sistema ferroviario
argentino con fuerza de ley. Para ello se elevará al Honorable
Congreso de la Nación un proyecto que, luego de su
promulgación, permitirá la unificación de los distintos entes
en liquidación -la C.N.R.T. ferroviaria, el O.NA. BE.,
Belgrano S.A.-, en un solo ente con capacidad y facultades
para controlar el patrimonio, seguimiento de los contratos de
concesión, apoyo eficaz en las eventuales renegociaciones,
definición de políticas de prioridad de inversión con fondos
públicos, y operar con tendencia a la participación privada. Ya
está redactado el proyecto de ley citado, y se propiciará un
instrumento legal que cubra el tiempo de promulgación de
dicha ley, y la urgencia que la operatividad exige.
• Recuperar el nivel de la infraestructura ferroviaria del país,
efectuando las inversiones que permitan la utilización
eficiente de la misma, por sí o por terceros operadores de
cargas y pasajeros, evitando en la práctica el carácter
monopólico, inscripto en las atribuciones del proyecto de ley
descrito en el punto anterior.
• Readecuar definitivamente los contratos de concesión
volviendo a los objetivos originales de la operación. Separar
definitivamente de los mismos los planes de inversión
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previstos en las sucesivas negociaciones a partir del decreto
N° 543, a ser efectuados con fondos a través de la empresa.
• El Estado nacional retendrá la facultad de definir las
tecnologías a ser incorporadas a su patrimonio, teniendo como
objetivos la participación adecuada de las industrias
argentinas y su óptima complementación dentro del Mercosur,
como así también las definiciones de uniformidad tecnológica
que aseguren mayor participación, de la industria local,
merced a las economías de escala que favorezcan las
negociaciones de transferencias de tecnologías y los
mantenimientos futuros en operación. Esto es, el Estado y su
potencialidad, como motor del desarrollo tecnológico e
industrial del país.
• Propiciar la participación de la iniciativa privada dispuesta a
aportar capital de riesgo en infraestructura y operación
ferroviaria.
• Reasignación de recursos del Sistema de Infraestructura del
Transporte, SIT, para el sector del transporte ferroviario. Los
mismos provienen básicamente del gasoil, y representan cifras
cercanas a los 1.000 millones de pesos anuales.
Transporte aerocomercial Toda nación debe contar con políticas que garanticen el transporte de personas, bienes y cargas. Esto es fundamental para la búsqueda, por parte del Estado, de
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una política aerocomercial que, además de asegurar la distribución de los productos argentinos hacia todo el mundo, fortalezca la actividad turística receptiva y de interconexión de los distintos puntos del interior del país. Este objetivo sólo es posible de lograr a través de políticas activas que afirmen el sistema de transporte aéreo, mediante una adecuada regulación económica y técnica que marque directrices para sus líneas nacionales, especialmente para su empresa de bandera.
Los siguientes son los principales objetivos que se fijarán en
área comercial con el objetivo de garantizar una política de estado
que reasegure la seguridad, fluidez, eficiencia y economía para todos
los usuarios del espacio aéreo, desarrollando soluciones a los
problemas comunes y logrando el posicionamiento estratégico del
transporte de pasajeros y de mercaderías dentro y fuera del territorio
nacional.
• La política aerocomercial debe estar direccionada al
desarrollo regional y turístico, y hacia la integración
territorial.
• Se debe generar y recrear los instrumentos necesarios que
garantizen un adecuado control sobre los organismos de
fiscalización que actualemente tienen competencia en la
regulación del sector.
• Creación de mecanismos de fomento, desgravaciones
impositivas, y reaseguros, que ayuden a consolidar la
incorporación de mano de obra en los procesos productivos de
las empresas, como así también la incorporación de nuevas
aeronaves que modernicen el parque actual.
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• Desarrollar las medidas necesarias que fomenten la creación
de nuevas empresas de carga aérea nacionales, y
reestructuraremos la actual empresa Líneas Aéreas del estado
(LADE), con el objetivo de fomentar esta tendencia de
transporte de nuestros productos con gran valor de mercado, y
los de alto valor agregado, desde cada punto de las diferentes
regiones productivas del país.
• Es necesario reformular el Código Aeronáutico y todas las
normativas referidas al transporte aéreo, con la finalidad de
adecuarlas a las nuevas tendencias mundiales en cuanto a las
modernas tecnologías operacionales, de seguridad,
administración y acuerdos nacionales e internacionales, para
alentar las inversiones en el sector.
• Fomentar la participación, a través de foros de consulta de las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
especializadas, y los gobiernos provinciales, en la
implementación de las políticas aerocomerciales en busca de
su desarrollo y de su perfeccionamiento de servicios,
requiriendo que los recursos generados por el sector sean
reinvertidos en el mismo para su modernización y mejora de
los servicios e infraestructura.
• Estructurar metodologías de control de las empresas de
transporte aerocomercial, que garanticen el transporte de
pasajeros y carga, buscando brindar los servicios y las rutas
necesarias para el desarrollo político social y turístico de
nuestro país.
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• Promover la auditoría técnico económica de todas las
empresas en búsqueda de garantizar la prestación de los
servicios, la seguridad de las operaciones, como así también la
continuidad empresaria en la búsqueda de la prevención de
problemas en el sector.
Política para el sector vial
“No se puede pensar en el desarrollo de las provincias argentinas si no hay un proyecto que piense en integrarlas dotándolas de una red vial adecuada”
Néstor Kirchner
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Efectivamente, una amplia, moderna, y efectiva red vial
nacional, es indispensable para lograr la integración del país. Para
ello hay que comenzar, de manera urgente, por desarrollar y
completar estos puntos:
• Definir a la política vial como una de las Políticas de Estado.
• Reafirmar el valor de la infraestructura como factor de
crecimiento económico y como instrumento de lucha contra
la pobreza. En la sociedad no debe presentarse como
antagónico el gasto social y la inversión en infraestructura.
Esta última, en el aspecto vial, debe contribuir al desarrollo
armónico y sustentable de las economías regionales,
provinciales y nacional. Se ponderará la incidencia social del
camino.
• Aplicar un modelo progresivo de inversión en infraestructura
vial, independientemente de los ciclos recesivos de la
economía nacional. Utilizar la obra pública como elemento
reactivador de la economía y las inversiones, priorizando
Pymes de la jurisdicción, empresas locales y regionales.
• Sancionar una Ley de Fondos de Asignación, específica para
el sector vial, garantizando los recursos necesarios para el
desarrollo de una política vial con sentido federal, acotando
las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional para efectuar
modificaciones en la materia.
• Impulsar la actualización del Plan Ediviar, a través de la
coordinación del Consejo Vial Federal, con la participación
efectiva de las direcciones provinciales de Vialidad y de la
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Dirección Nacional de Vialidad. Se deberán explicitar las
obras a ejecutarse en cada provincia, confiriendo a cada una
su orden de prelación, priorizando caminos que vinculen
sectores productivos. Redefinir el rol del sector privado en la
obra vial a través de inversiones de riesgo.
• Reestructurar la Dirección Nacional de Vialidad
convirtiéndola en organismo rector de la política vial
nacional, con una participación plena de las provincias a
través del Consejo Vial Federal, asignándole como función
prioritaria la planificación concertada y el control de gestión
federalizado.
• Modernizar y fortalecer institucionalmente los organismos
provinciales de vialidad, y producir la descentralización
operativa con intervención directa en la totalidad de la red de
su jurisdicción (rutas nacionales y provinciales), de modo que
cada estado provincial sustente las necesidades viales de sus
economías regionales, fundamentalmente en la conservación
y el mantenimiento de las redes viales, en coordinación con el
ente vial nacional.
• Analizar alternativas al actual sistema de concesión por peaje
en la red caminera, con el objetivo de reducir costos y ejercer
un mayor control desde el Estado.
• Desarrollar el transporte multimodal, con la activa
participación de los organismos competentes en la generación
y transporte de cargas.
Transporte carretero
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• Regularizar los permisos operativos de transporte de
pasajeros con reasignación de rutas.
• Exhaustivo estudio y redefinición de los regímenes
tarifarios.
• Redefinición de las relaciones de peajes y pesos por ejes,
admitidos para vehículos de nuevas tecnologías, que tiendan
a reducir los costos de las cargas transportadas.
• Establecer adecuados controles fronterizos, en el transporte
de cargas internacional, evitando movimientos y/o
desconsolidación de las cargas tendiendo a la eliminación de
la evasión fiscal.
• Implementación de un sistema único de expendio de pasajes
de pasajeros, en el área metropolitana, propiciando el
multimodalismo del transporte, en su utilización, por
métodos electrónicos que faciliten su uso para los usuarios, y
brinden seguridad a los mismos y a los centros de
recaudación,, minimizando, a la vez, la elevación en todas
sus formas.
Puertos y vías navegables
La situación por la que atraviesa este importante sector no puede ser más negativa, ya que no existe ninguna planificación ni estrategia nacional, consistente y consensuada, como sería tan necesario, en materia de transporte por agua, puertos, vías navegables, marina mercante e industria naval. Algunas de las consecuencias negativas de esta situación son la no
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utilización adecuada de las ventajas que para el país representan las vías navegables aptas para el transporte por agua, y la carencia de una flota mercante de bandera nacional, ni empresas argentinas que participen en el mercado naviero mundial.
La propuesta sobre este tema está elaborada sobre la base de
los siguientes objetivos prioritarios:
• Defensa de los intereses nacionales.
• El permanente compromiso con el país.
• La generación de empleo genuino.
• El ahorro de las divisas que el país no puede seguir erogando
por actividades que podemos hacer los argentinos.
• La incorporación al mercado naviero mundial
Formulación de un plan nacional de transporte fluvio-
marítimo.
Este plan nacional deberá formularse para el corto, mediano y
largo plazo, y su definición será el resultado de una amplia discusión
y aceptación generalizada por parte de las jurisdicciones y de los
sectores de la actividad privada de servicios e industrias
involucrados.
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Principales temas a considerar para el desarrollo del
citado plan nacional
1- La integración y tratamiento conjunto de
todo el sistema portuario nacional y de
vías navegables.
2- Hacer eficientes los accesos a los puertos
de carga y descarga, y su interconexión en
general con las zonas productivas e
industriales.
3- Aumentar la eficiencia general del sistema
de transporte fluvio-marítimo de manera
de reducir costos internos.
4- Determinar las necesidades, conveniencia
de adaptación, mejora de muelles
existentes y construcción de otros nuevos
y/o puertos en proximidades de las zonas
productivas, a los efectos de estimular la
operatoria de los puertos fluviales de los
ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, y lograr
la incorporación de nuevos
emprendimientos industriales y de áreas
productivas, al disponerse de instalaciones
portuarias y medios de transporte
adecuados.
5- Efectuar proyecciones de tráficos fluviales
para proyectar la construcción de barcazas
y empujadores.
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6- Reanalizar planes existentes y los
proyectos de obras portuarias y de vías
navegables previstas: Puerto Ibicuy, en
Entre Ríos; Puerto Santa Ana, en
Misiones, y Puerto Barranqueras, en el
Chaco, etc.
Constitución de un fondo federal de infraestructura
portuaria y de vías navegables
El objetivo de este fondo es la gestión y el financiamiento
parcial o total de las obras portuarias y de vías navegables, y de su
ingeniería respectiva, que surjan del Programa Nacional de Obra de
Infraestructura Portuaria y de Vías Navegables, con fondos
nacionales o internacionales. Este fondo se constituirá con recursos
tributarios afectados y con financiamiento internacional.
Formación de una flota mercante nacional y reactivación
de la industria naval
Se busca con estos objetivos posibilitar la formación de una
flota mercante, de bandera nacional, de empresarios y capitales
argentinos, con la máxima incorporación posible de buques
construidos en el país, respetando el principio integrador que
considere a la Marina Mercante y a la Industria Naval como
pertenecientes al mismo sistema económico, y que por lo tanto
deben tener un único tratamiento normativo.
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Así se le ahorrará al país las divisas que por fletes, en nuestras
propias vías navegables, realizan armadores extranjeros, con
tripulaciones extranjeras. Se propiciará además que sean argentinos
los armadores que transporten los productos nacionales al mercado
mundial, con la consiguiente generación de puestos de trabajo. Todo
esto llevará a impulsar la reactivación de la industria de construcción
y de reparaciones navales.
Ejecución de obras de dragado y balizamiento
Dado que consideramos que las tareas de dragado de las vías
navegables nacionales constituye un tema de interés y estrategia
nacional, se propiciará que las obras de dragado y balizamiento sean
realizadas por empresas y dragadores argentinos.
Revisión y reglamentación de la Ley de Transporte
Multimodal Nª 24.921
Es fundamental y muy necesaria la adecuación de esta ley,
aún no reglamentada desde 1998, a las características actuales del
comercio y del transporte. Esto se basa en la necesidad de la clara
identificación del responsable del transporte multimodal, en tener un
único seguro por la mercadería para los distintos modos de
transporte, y en la necesidad de agilizar la tramitación de
documentos a los efectos de reducir los tiempos de permanencia en
puerto de las mercaderías con la consiguiente disminución de los
costos asociados.
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Puerto de Buenos Aires
Existe la imperiosa necesidad de solucionar los temas que
hacen al funcionamiento y modernización del Puerto: dragado de
canales y espejos de agua; accesos y vinculación terrestre, vial y
ferroviaria; concesión y desarrollo de zonas no concesionadas;
terminal de cruceros, etc.
Cruceros, infraestructura y seguridad portuaria
Se definirá, en conjunto con las autoridades de Turismo,
nacionales y provinciales, un plan general para el emplazamiento de
las terminales de Cruceros en todo el ámbito nacional, con el
objetivo de orientar y canalizar la inversión pública y privada.
Ley sobre buques inactivos y/o capturados.
Infraestructura necesaria
Se trata de ocasionar la menor cantidad de inconvenientes
posibles a los puertos a los que son conducidos los buques inactivos-
capturados, definir un proceso legal sumario, de rápido trámite, y
también, entre otros aspectos, establecer prioridades de cobro a los
puertos.
Convención MARPOL y convenios con la OMI
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Se buscará la adaptación progresiva de las terminales
portuarias para el cumplimiento de las normas estipuladas por el
Convenio MARPOL, a los efectos de que nuestro país alcance el
nivel de Protección del Medio Ambiente en todas las áreas
portuarias y en las vías navegables que establece la legislación
vigente.
Recursos hídricos
En los últimos años la preservación, utilización, control y manejo racional de los recursos naturales renovables, han llevado a la humanidad a aunar esfuerzos técnicos, económicos y legales, para conseguir que los mismos conformen la fuente de vida que necesariamente debe ser. De todos estos recursos, el agua es el que mayor atención ha recibido, tanto por su utilización para el consumo humano, como para movilizar todo tipo de industria o producción.
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La situación actual de nuestro país determina un futuro
incierto en cuanto a la actividad económica en general, y para el
aprovechamiento de sus recursos naturales, por lo que, en el caso de
sus recursos hídricos, deben tomarse las medidas correctivas más
urgentes y necesarias con la finalidad de poder planificar su uso
racional.
La Argentina tiene un amplio territorio en el que muestra
situaciones de contraste en relación con los recursos hídricos, como
son extensas zonas de características semidesérticas en las que los
desarrollos productivos se obtienen a partir de las disponibilidades
de riego, o bien grandes extensiones, anteriormente muy
productivas, y que ahora se encuentran inundadas y no se ha podido
recuperarlas.
Es por esto que se requiere, por una parte, de una racional
utilización de los recursos disponibles, tanto para generación de
energía como para usos consuntivos, y por otra, se impone drenar el
agua de esas amplias zonas inundadas.
Situación actual
A partir del inicio de la década del 90 el estado, que hasta ese
entonces se ocupaba del estudio y aprovechamiento de los recursos
hidráulicos e hidroeléctricos, abandona esa actividad -entre muchas
otras-, transfiriendo al sector privado la operación de aquellos
emprendimientos que había ejecutado, esencialmente los más
modernos y rentables.
Esta transferencia se concretó como una concesión por un
período de tiempo, cuyo valor se determinó por el resultado neto
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actualizado de la venta de energía, descontados costos de
explotación, impuestos y aportes. El proceso de valorización
desconoció otros beneficios de los emprendimientos para la sociedad
en su conjunto, pero que no tienen retorno económico directo para el
concesionario, tales como control de crecidas, riego, agua potable,
turismo, etc.
El proceso privatizador no ha contemplado la manera de darle
continuidad a la tarea de estudio y desarrollo de nuevos proyectos de
aprovechamiento hidráulico, ni tampoco ha incluido la definición de
políticas de Estado tendientes a la preservación de los recursos
naturales. Ha hecho todo lo contrario; las ha destruido.
La expansión de la generación eléctrica se dio principalmente
con centrales térmicas, de corto periodo de instalación y rápido
retorno de la inversión, pero consumiendo un recurso no renovable,
como es el gas natural, y liberando una gran cantidad de gases
nocivos a la atmósfera. Esto puede ser de gran interés para un
inversor privado, pero no lo es para la sociedad en su conjunto en su
concepción ambiental.
Proyección
En el corto y mediano plazo se producirá una reactivación
económica en el país, la que generará un incremento de la demanda
energética. Es muy probable que, ante una expectativa de mejores
precios, el “mercado” se oriente a retomar la instalación de centrales
térmicas.
Como es conocido por los especialistas, la ejecución de un
proyecto hidráulico requiere de un importante trabajo previo para
efectuar los estudios, definir el proyecto, analizar el impacto
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ambiental, etc., por lo que esas tareas deben ser iniciadas con la
suficiente anticipación. En caso de no avanzarse con los estudios en
el momento en que se produzca el pedido, ante una mayor demanda
de energía, se apelará a las “soluciones” más rápidas, que son
concretamente las centrales de generación térmica, con las
consecuencias ya señaladas.
En la actual coyuntura se dan condiciones ideales para
retomar el impulso en el estudio de los recursos hidráulicos y el
diseño de los nuevos proyectos, atendiendo a la importante
capacidad profesional especializada existente en el país, con una
baja ocupación.
Esta función de planificación y definición del uso de los
recursos, inevitablemente, debe ser asumida por el Estado, debiendo
disponerse de los fondos necesarios.
Los que siguen son algunos de los lineamientos generales
sobre los programas de trabajo a desarrollar en un futuro inmediato:
Infraestructura para el control de las inundaciones
En las últimas décadas, y como consecuencia de no haberse
hecho nunca nada, se ha profundizado el problema de las
inundaciones que afecta gran parte de la pampa húmeda. Esto ha
provocado una migración interna hacia zonas de alta concentración
urbana, provocando el abandono de comunidades que eran pujantes.
El sector afectado abarca parte de las provincias de Buenos
Aires, Santa Fé, Córdoba y La Pampa, siendo necesaria la urgente
realización de obras de embalses reguladores, canalizaciones y
conducciones hasta evacuar los grandes volúmenes de agua
excedentes. Para controlar ese fenómeno se ha formulado el Plan
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Federal de Control de Inundaciones, que ya ha previsto la ejecución
de una serie muy importante de obras en las áreas afectadas, las que
ya han comenzado a implementarse. Los objetivos de este plan son:
• Recuperación de tierras productivas.
• Mitigación de inundaciones en zonas rurales.
• Avenamiento y protección de la infraestructura vial y
ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.
Este plan, cuya ejecución ya sido centralizada en el ámbito de
la Secretaría de Obras Públicas, subsecretaría de Recursos Hídricos,
debe profundizarse concretando a la mayor brevedad las obras
licitadas y licitando aquellas que aún no lo han sido. Una vez puestas
en marcha las diferentes obras ya definidas, correspondería hacer
una revisión al Plan Federal, a los efectos de introducir los ajustes
necesarios para su actualización.
Se dan entonces todas las posibilidades para concretar el Plan
Federal de Control de Inundaciones, ya que se dispone de:
• Un programa marco de las obras a ejecutar.
• La posibilidad de subdividir las obras en módulos que
permitan la participación de una cantidad importante de
empresas constructoras y consultoras nacionales.
• La disponibilidad de financiamiento asegurada.
• La disponibilidad del marco institucional adecuado.
• La seguridad de captación de una cantidad importante de
mano de obra para la ejecución de las obras.
Utilización de los recursos hídricos disponibles
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Los aprovechamientos derivados de la utilización de recursos
hídricos constituyen usos multipropósitos que involucran más de un
uso, y consecuentemente muchos usuarios, a partir, por ejemplo, de
la construcción de un embalse.
Nuestro país ha avanzado muy poco en esta materia, por lo
que nuestros recursos hídricos sólo brindan una parte reducida de
sus potencialidades energéticas (no más del 20% de las
posibilidades) y se usan de forma consuntiva para riego y agua
potable en una proporción muy baja.
Como ejemplo podemos citar al Río Negro, que prácticamente
no tiene aprovechamiento alguno desde su nacimiento -por la
confluencia de los ríos Limay y Neuquén-, hasta su desembocadura
en el Océano Atlántico, con un caudal de 1000 metros cúbicos por
segundo y un desnivel de unos 300 metros. Con similares
características de caudales, topográficas y edafológicas, se encuentra
el valle del Ródano, en Francia, donde se ha logrado un importante
desarrollo a partir del río del mismo nombre. Energía hidroeléctrica,
riego, navegación, agua potable y agua industrial son algunos de los
aprovechamientos logrados en aquel curso de agua. En el Río Negro,
aún, no han sido aprovechados.
La parálisis de estudios de recursos hídricos de la última
década debe ser revertida, y constituye una valiosa oportunidad para
diseñar el desarrollo futuro de nuestro país a partir de su utilización.
Se debe tener plena conciencia de que el aprovechamiento de
los recursos hídricos sólo presenta ventajas, para nuestro país, a
partir de los siguientes conceptos:
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• Se podrá incrementar la producción de energía renovable,
reservando los recursos no renovables para otros destinos
(petroquímica).
• Se dispondrá de mayores reservas de agua potable, insumo
crítico para la vida humana a partir del siglo actual.
• Se podrán incorporar nuevas áreas de riego, aprovechando las
ventajas estratégicas de nuestro país, mejorando la
distribución de población del territorio, potenciando la
agroindustria, y favoreciendo la exportación de alimentos.
• Se dispondrá de espejos de agua para incrementar la
producción ictícola en criaderos, dedicada a la exportación.
• Se potenciarán las posibilidades de turismo, a nivel local,
como así del receptivo para turistas del extranjero.
Todas estas posibilidades pueden lograrse a través de las
siguientes acciones concretas:
• Retomar para el Estado la facultad y decisión de efectuar el
estudio para el más racional uso de los recursos hídricos.
• Recopilación de los estudios y proyectos disponibles, hayan
sido elaborados por organismos del Estado nacional, distintas
provincias o por organismos binacionales, para elaborar un
catálogo representativo de la situación actual.
• Estudiar nuevamente esos proyectos para llevarlos a un nivel
de Anteproyecto, incluyendo las técnicas actuales de
construcción, optimizando sus dimensiones para reducir las
inversiones previstas, y efectuando presupuestos actualizados
y confiables.
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• Completar los estudios básicos y de ingeniería necesarios, en
aquellos cursos de agua en los que no se hayan efectuado.
• Elaborar y mantener actualizado un elenco de proyectos
hidráulicos, definidos a nivel de Anteproyecto, que permita
definir en el futuro, mediato e inmediato, la ejecución de
algunas de las obras, priorizando las de mayor efecto
multiplicador y de incorporación de mano de obra.
Para la implementación de estas acciones es necesario
resolver dos aspectos fundamentales, de tipo financiero e
institucional.
Aspectos financieros
Estos, que deben asignar los fondos necesarios para la
ejecución de las tareas, deben ser considerados dentro de las
políticas que adopte el Poder Ejecutivo Nacional, con la
participación del Poder Legislativo.
Una fuente de posible financiación está en aquellos centros de
generación eléctrica, aún hoy en poder del Estado nacional, como
son las centrales binacionales de Salto Grande y Yaciretá, y las
atómicas (Nasa). Estos organismos, cuyas deudas derivadas de las
inversiones efectuadas han sido derivadas a la Tesorería de la
Nación, presentan actualmente un excedente entre sus ingresos y
egresos, derivados estos últimos de la operación. Estos excedentes
están administrados por la Secretaría de Energía, conformando entre
otras cosas fondos compensadores que son parcialmente afectados a
la expansión del sistema de transmisión.
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Aspectos institucionales
Aquí deben ser recreados los organismos del Estado que
desarrollan estas tareas, atendiendo a que las empresas del sector
público que oportunamente lo hicieron (Agua y Energía, Hidronor,
por ejemplo) han desaparecido y el Estado nacional no las ha
reemplazado en forma alguna.
Consideramos que el ámbito natural para la ejecución de estos
trabajos es la Subsecretaría de Recursos Hídricos, responsable
primaria de este tipo de recursos naturales en el país.
Agua Potable y Desagües Cloacales
Conceptos y Premisas
La “universalidad” de los Servicios de Agua Potable y
Desagües Cloacales, es una de las prioridades dentro de las
acciones del Estado, ya que los mismos son la base primaria,
elemental e igualitaria para toda sociedad, donde no hay lugar para
diferenciaciones políticas, culturales, sociales o económicas.
Las Obras Hidro-Sanitarias, son los pilares fundamentales
para garantizar la salud y calidad de vida de la población, erradicar
las enfermedades de origen hídrico, fomentar los arraigos
regionales y propender al uso racional del agua.
Acciones
Regulación y Control de los Servicios:
Apoyar a los Entes Reguladores de Saneamiento, para
controlar el efectivo cumplimiento de los Contratos de Concesión, a
efectos de garantizar a la población la calidad del servicio prestado.
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Estado de Situación
Relevamiento de todas las ciudades, poblaciones,
urbanizaciones, y comunas del país, a efectos de determinar la
actual situación, o ausencia, de los Servicios de Agua Potable y
Desagües Cloacales, a fin de desarrollar una “Plan Director” para el
sector, con acciones a corto, mediano y largo plazo.
Identificación y diagnóstico de poblaciones en situaciones de riesgo
hidro-sanitario, y de las necesidades financieras del Sector, a fin de
establecer un orden de prioridades, en la ejecución del Presupuesto.
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Comunicaciones
Encontraremos la Oportunidad en la crisis. Es necesario lograr el acceso de la población a los servicios de comunicaciones, la promoción de la competencia, el incentivo a las inversiones a favor de nuestro modelo de trabajo y producción de manera de integrar a toda la población a la nueva Sociedad del Conocimiento, potenciando además la participación de nuestra industria nacional en el desarrollo de hardware, software y servicios.
Objetivos estratégicos
• Promover el acceso universal de la población a servicios de calidad y
precios adecuados, independientemente de su ubicación geográfica y
condición social.
• Propiciar el mantenimiento de la infraestructura desarrollada, e
impulsar el aumento de las inversiones que contribuya a un
crecimiento sostenido.
• Estimular la eficiencia del mercado, en un ambiente de efectiva
competencia.
• Administrar, en forma transparente, los recursos escasos como el
espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales y la numeración.
• Velar por el interés general y el de los usuarios presentes y futuros.
• Afirmar relaciones continuas y fluidas con los otros actores que
participan en el proceso de toma de decisiones en el sector: las
Provincias, el Congreso, la Secretaría de la Competencia, la
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Desregulación y la Defensa del Consumidor, la Defensoría del Pueblo
de la Nación, las Asociaciones inscriptas de Usuarios y Consumidores.
• Diseñar una política internacional que permita posicionarnos desde el
MERCOSUR en la región América en el marco de la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y, a nivel mundial, en
el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la
Unión Postal Universal (UPU).
• Recuperar el mercado de las telecomunicaciones para la industria
nacional
• Regular a favor de los nuevos desarrollos de las tecnologías de
Información y las Comunicaciones (TICs) para lograr la activación de
la industria y servicios asociados
La Economía – Herramienta para definir un proyecto de país
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Política Fiscal
La Futura Administración Kirchner, en el marco del modelo de producción y trabajo, toma el compromiso de orientar la inversión pública en función del aporte
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contributivo de cada uno de los sectores sociales y productivos. Los impuestos nacionales vuelven a sus aportantes a través de la obra pública y la infraestructura tendientes a garantizar al empresario las condiciones adecaudas para el incremento de la producción y de su rentabilidad y a la población Argentina las condiciones adecuadas básicas para el normal desarrollo de la vida cotideana. Las señales macroeconomicas favorables a la producción (dólar competitivo para nuestras exportaciones, tasa de interes y pautas inflacioanarias anuales de un digito) solo pueden preservarse en el mediano y largo plazo si el sector público administra con extrema racionalidad sus recursos; el equilibrio presupuestario (gasto público = ingreso público) como objetivo de gobierno garantiza la perdurabilidad en el tiempo del nuevo modelo de desarrollo productivo con equidad social.
Sobre el equilibrio fiscal La forma tradicional, y de corto plazo, de lograr la
desaparición del déficit, ha sido hasta hoy asociada a políticas de
ajuste de alto impacto social, que a costa de solucionar el corto
plazo agravan la vulnerabilidad de las cuentas públicas. Una política
que fortalezca el equilibrio intertemporal de las mismas debe seguir
un camino inverso al de las recetas convencionales. Esto es,
aumentar la calidad de los servicios a cargo del Estado nacional
como forma de fortalecimiento de la ciudadanía fiscal, exigiendo
como contrapartida el aporte correspondiente.
En la línea de aumento del volumen y de la calidad de los
servicios públicos, salud, educación, justicia, se debe trabajar sobre
dos tipos de estrategias:
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1- Las que generan ahorro de recursos, como la eliminación de
instancias administrativas que agregan sobrecosto a la prestación
del servicio, como ocurre en el campo de la salud, o la
generación de alianzas estratégicas, cuando no la fusión de
organismos, como en el caso de la investigación científica. Dicho
ahorro deberá destinarse a reforzar la propia prestación de estos
servicios.
2- Las de alto efecto multiplicador y bajo costo, como
típicamente son las de calificación de recursos humanos, las de
pequeñas inversiones en equipamiento o las reformas
institucionales y organizacionales. Como condicion general debe
apelar a criterios de control muy estrictos para evitar derrapes de
costos tan comunes en estos programas.
Ello no debe excluir la inversión en infraestructura de alto
impacto social que -en muchos casos-, genera puestos de trabajo,
pero esto deberá surgir, en gran medida, de acuerdos puntuales en
donde participen no solo el sector público, sino actores privados en
su financiamiento, dado el estado de quiebra financiera del primero.
Tampoco debe excluirse, dado que también forma parte de la
demanda social, la mejora de la eficiencia y la calificación de
recursos humanos en otras áreas de la administración pública para
refundar un Estado moderno y participativo.
En la línea de política tributaria se debera tener en cuenta :
1- La priorización de impuestos que intervengan positivamente
en el sistema productivo y en la distribución de los ingresos, tal
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como el impuesto a las rentas financieras, que cumple con las dos
condiciones.
2- Una reforma del sistema de administración tributaria con eje
en la AFIP, que incluya medidas de reorganización de funciones,
de calificación de personal, de incentivos a la eficacia en la
recaudación y de un fuerte combate a la evasión y el
contrabando.
3- La reconstrucción de la pirámide fiscal. Reformulación del
sistema impositivo en función de la capacidad contributiva,
haciendo de la progresividad el eje del nuevo modelo. Revisando
algunas de las exenciones al impuesto a las ganancias y la
simplificación de la liquidación del impuesto. Rebajando
progresivamente el IVA de acuerdo al cumplimiento de las metas
fiscales.Haciendo el impuesto directo el principal aporte al
recurso tributario nacional. Conformación del nuevo Fuero Penal
Tributario.
Una condición necesaria para el establecimiento del objetivo
de la solvencia fiscal intertemporal es la reestructuración
consensuada de la deuda pública, con quita de capital y período de
gracia con un costo financiero, en término de intereses, que no
exceda un determinado porcentaje del producto. Es una negociación
ardua y difícil, pero imprescindible para el retorno a los mercados
voluntarios de crédito.
Sistema Financiero
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La clave estriba en generar un sistema financiero cuyo
comportamiento introduzca la menor cantidad de distorsiones en el
sistema de creación de la riqueza, para lo cual se propone:
• Una reforma de la Ley de Entidades Financieras, reforzando
los aspectos institucionales clave de la intermediación
financiera, tal como la definición de los diferentes modelos de
banca o la de regímenes de premios y castigos para la
asignación de las carteras crediticias, incentivando la
inversión y la generación de empleo productivo.
• Una política de creación de instrumentos de ahorro con
destino al financiamiento productivo, destinados al inversor
de bajo riesgo, con metodología de construcción muy simple y
transparente.
• Una reforma institucional de la Superintendencia de Entidades
Financieras del Banco Central de la República Argentina, para
mejorar la regulación bancaria.
• Una reforma de la Comisión Nacional de valores que prepare
a sus cuadros para la diversificación del mercado de capitales.
• Una reforma de la banca pública que la especialice
internamente en:
a) Una banca minorista para gran público que atienda a
segmentos no bancarizados a través de pequeños créditos para
consumo y servicios.
b) Una banca minorista que atienda los proyectos de inversión
privada, de inversión pública, de proyectos de desarrollo
social y de comercio exterior. La especialización tiene que
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tener como objetivos prioritarios la atención de segmentos
postergados como las Pymes, y la instalación en el sistema
financiero de una conducta anticíclica divergente del
comportamiento procíclico de la banca privada. Una banca
pública que se precie de tal debe:
1- Implementar programas de calificación de recursos humanos
en línea con los objetivos comerciales y de especialización.
2- Establecer alianzas estratégicas con otros bancos públicos de
la región.
3- Promover la apertura al capital privado en propuestas de
cofinanciamiento para inversiones de riesgo, y operaciones
que involucren al sistema financiero como un todo, como
seguros, factoring, leasing o riesgos del trabajo.
4- Promover un código de buenas prácticas en línea con otras
experiencias nacionales e internacionales.
La nueva Agencia de desarrollo económico y social
La nueva política económica a implementarse necesita de construcciones institucionales diferentes. Una cuestión clave a resolver es la promoción y gestión de la demanda de inversión y crédito al sector privado en el mercado doméstico, no solo en el aspecto de comercio exterior, o de la compra de bienes durables, sino en todo lo referente a la gestión, calificación de recursos humanos, y desarrollos sociales, entre otros puntos.
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Para lograrlo no existe otro camino que la generación de una
institución pública especializada en el respaldo a la inversión
(pública, privada y social) y al financiamiento de las exportaciones.
La experiencia nacional e internacional indica que, por la naturaleza
de los objetivos, no puede mezclarse esta asistencia con instituciones
que atiendan indiscriminadamente a todos los segmentos del
mercado. En otras palabras, ninguno de los bancos públicos
minoristas tienen capacidad institucional para dedicarse a esta tarea.
En el panorama productivo existen dos áreas problemáticas
diferentes que hay que atacar con programas de financiamiento
diferentes:
• El de las industrias en crisis en la etapa de
convertibilidad, que se favorecen a partir del cambio de
precios relativos.
• El de sectores que hay que fomentar por su incidencia
en la generación de externalidades y en la creación de
empleo.
Entre los primeros, donde la característica central es que hay
stock de capital existente y se necesitan inversiones en
modernización productiva, capital de trabajo e ingeniería
institucional, se encuentran la industria textil; la producción de
calzado; el complejo maderero; la generación de productos
metálicos en particular, y el complejo de provisión siderúrgico en
general; las autopartes y la industria alimenticia nacional. Todos
estos son sectores necesarios para que el esquema cambiario sea
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sostenible productivamente sustituyendo importaciones y generando
exportaciones.
Entre los segundos se encuentran industrias tradicionales
generadoras de empleo, como los servicios de minería; la generación
de infraestructura en particular, y del rubro construcción en general,
y los microemprendimientos, junto a sectores que producen
derrames positivos en la estructura económica, como las generadoras
de tecnología, la producción de servicios turísticos y la inversión en
áreas sociales críticas. Las primeras necesitan fundamentalmente
generar stock de capital, y en algunos casos desarrollo comercial.
Las segundas, en cambio, requieren de una asistencia integral que
en muchos casos puede proporcionarle la propia Agencia Nacional
de Desarrollo en forma directa, independientemente de la asistencia
crediticia.
En este sentido, la Agencia de Desarrollo Económico y
Social surgiría como una solución institucional que amplíe y
tonifique lo actualmente realizado por el Banco de Inversión y
Comercio Exterior (BICE).
El objetivo general de la Agencia de Desarrollo Económico y
Social es mejorar la calidad institucional del sistema financiero, con
ofertas de créditos destinados a la inversión privada y social, de
largo plazo, y con el objetivo del aumento de la riqueza y la
optimización de la utilización de recursos.
Los siguientes serán los objetivos específicos de la nueva
institución bancaria:
a) Proporcionar crédito financiero, a tasas y plazos adecuados,
para el incremento de las ventajas competitivas de las
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empresas en los ámbitos interno y externo. En este rubro se
considera toda inversión que potencie o fomente algún
aspecto de la cadena de valor de la propia empresa.
b) Brindar asistencia crediticia a:
1- Aquellos proyectos que potencien las redes productivas de
intercambio de inteligencia y tecnología, y los destinados a la
capacitación de recursos humanos, los cuales han probado ser los de
mayor efecto multiplicador.
2- Aquellos proyectos que reducen la vulnerabilidad de la
estructura económica en tiempos de globalización. En este rubro se
considera la formación de alianzas empresariales y redes de
cooperación tanto de carácter interempresario, como de relación
entre empresas y su entorno social.
c) Brindar asistencia crediticia, de fondeo y de gestión, a
laboratorios de empresas y compañías locales de capital de
riesgo. En este aspecto existen antecedentes institucionales en
bancos regionales, tales como Asian Development Bank y el
propio Banco Interamericano de Desarrollo.
d) Promover nuevas formas societarias y procesos de suscripción
de capital en empresas pequeñas y medianas de capital local,
donde por ejemplo se destacan fuertemente los bancos de
Chile y México.
e) Brindar asistencia crediticia y de gestión a proyectos de
desarrollo comunitario que generen producción de riqueza no
mercantil, con el fin de apoyar una política social que priorice
la inserción por sobre el clientelismo, y genere ingresos
sociales con el esfuerzo de los actores involucrados. En este
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rubro se considera la inversión social en medios productivos
para el desarrollo de tareas comunitarias como asistencia
social, cuidado del medio ambiente, mantenimiento
preventivo de salud, asistencia alimentaria, prestación de
servicios educativos, construcción de viviendas en proyectos
autoorganizativos, y talleres de minoridad y vejez, entre otros.
Los préstamos resultantes deberán surgir de convenios entre la
institución, el organismo gubernamental de promoción y
apoyo, y las propias comunidades. En el área latinoamericana,
el BNDES de Brasil cuenta con una gerencia que financia
todos los aspectos citados, y no solo, como
convencionalmente se entiende, el área de
microemprendimientos.
Mercado Cambiario
Un modelo productivo necesita al mundo como mercado. En
este sentido la paridad del peso con el resto de las monedas (dólar,
real, etc) debe guardar una relación tal que incentive las
exportaciones, como así también de una adecuada y eficaz
sustitución de importaciones.
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Propuestas para la Deuda externa
Lo más importante, sin duda alguna, es el marco que tendrán las negociaciones para lograr la reducción de la deuda externa. La mejor política para negociar es aquella que permita mantener el actual modelo de crecimiento, y las reglas de juego en un sistema que, a medida que genera nuevo y mayor valor agregado, general recursos fiscales, solvencia macroeconómica y sustentabilidad fiscal. Un modelo con precios relativos como los actuales garantiza el ambiente propicio para mantener las exportaciones, que muy rápidamente inducirán a generar mayor valor agregado en sectores industriales con competividad externa dinámica. Si el proceso económico consolida posiciones en torno a una tasa de expansión del PIB del 5%, las condiciones para negociar son menos rígidas, y eso facilitará un acuerdo primero con el sector privado, y más tarde con el Fondo Monetario Internacional. Si se busca una quita sustantiva -mezclando reducción de masa de crédito, tasa de interés y ampliación de la madurez o plazo de los bonos soberanos-, el objetivo se logra con una negociación sin presiones. Eso implica la profundización de un modelo de producción y trabajo que garantice, más allá de lo económico, un fuerte respaldo social. Para ello será condición que el
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crecimiento provoque mejoras en el empleo y en la distribución del ingreso. En caso contra rio, desde los primeros días no solo se negociará bajo presión, sino que se lo hará sin respaldo popular, y un gobierno recientemente elegido deberá encarar este tema con el apoyo del electorado y de la sociedad en su conjunto.
El de la deuda externa es el tema más sensible de la futura
política argentina. Se asume que tanto la deuda pública con los
organismos multilaterales, como aquella que el gobierno tiene con
el sector privado, determinarán los pasos y el éxito de la política
del nuevo gobierno.
Con el sector privado deberá encararse una negociación el
mismo día del triunfo electoral. No se puede seguir acumulando
presiones externas sin encarar este tema de fuerte repercusión en
los ambientes financieros internacionales. Esta negociación tiene
que tener un conjunto de premisas:
• La Argentina abandonó la política de un sistema con
régimen de cambio fijo, la convertibilidad, y hoy consolida,
después de la depreciación cambiaria, un sistema de
flotación con política macroeconómica de largo plazo
determinada en función del ciclo de crecimiento, y con
nuevos precios relativos, tanto en el mercado de bienes
como en el de factores productivos.
• El crecimiento dependerá fuertemente de la recuperación
interna del consumo y la inversión, y de las exportaciones,
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todos traccionadores de una tasa de expansión productiva
que formarán la estabilidad fiscal y las políticas monetaria y
financiera, además del mantenimiento de las ventajas
relativas logradas en los últimos meses.
• El régimen fiscal con superávit primario también dependerá
de la evolución de la economía real, de un sistema
impositivo más moderno (que recaude más, ya que conforme
ese mérito podrá reducir las alícuotas de algunos tributos),
amplíe la base imponible eliminando exenciones no
compatibles con una buena administración, y concreté un
fuerte proceso de lucha contra la evasión impositiva.
• Serán funciones de la nueva política el mantener el superávit
comercial externo en niveles por encima de los 13 mil
millones de dólares, con el propósito de reemplazar, en el
corto plazo, los ingresos de capitales especulativos del
pasado, por recursos genuinos producidos por nuestra
economía interior. La competitividad de amplios sectores
exportadores y los precios relativos deberán favorecer, con
la reforma financiera, un crecimiento del 15% anual del
flujo comercial exportador, y esos recursos garantizarán la
recuperación de la economía productiva, el empleo en
sectores y cadenas de valor demandantes de trabajo, y el
aumento mensual de las divisas en poder del Banco Central.
• El futuro flujo de pagos, después de la negociación, no
provocará un desajuste en las cuentas públicas ni en las del
sector externo, tal como las mismas se han venido
comportando en los últimos seis meses (crecimiento,
aumento de los ingresos fiscales, superávit primario por
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encima del 2,5% del PIB, y superávit comercial proyecto
para el 2003 en una magnitud cercana a los 12 mil millones
de dólares.
Serán negociados con los acreedores privados la totalidad de
los bonos soberanos en situación de default, creando un modelo de
negociación que apunte a tres objetivos:
• Reducir los montos de deuda.
• Reducir las tasas de interés.
• Ampliar la madurez y vencimiento de los bonos.
Para esto, el equipo que negocie la deuda deberá tener un
piso y un techo. Si el objetivo político del futuro gobierno es que
todos esos componentes de la deuda se vean reducidos, el mismo
deberá lograrse componiendo plazos, tasas y reducciones
absolutas.
El mantenimiento de un modelo de crecimiento económico,
que genere divisas e ingresos fiscales, es el componente fuerte de
la negociación que deberá encararse con fuerza y sin titubeos. La
desestabilización y la política económica de un futuro gobierno
que retrotraiga al pasado (con tipo de cambio bajo y apertura
indiscriminada, con políticas pretendidamente neoliberales) será
visto por los acreedores externos como una imposibilidad
macroeconómica de cumplir con lo básico de la futura gestión, que
es no dejar pasar más tiempo y negociar los vencimientos y el
default declarado por nuestro país. El regreso al pasado es, en el
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fondo, el ingreso a una crisis futura, con serios problemas políticos
interiores.
Será función de los negociadores el tener también un piso en
esa negociación.
Los bonos deberán rescatarse en su totalidad, y se
negociarán en bloque para poder obtener la quita esperada.
La deuda con los organismos multilaterales se negociará en
un esquema diferente dado la imposibilidad de imponer quitas a
préstamos regidos por normas y acuerdos internacionales
diferentes. El FMI será, como lo advertimos, la institución más
difícil dado el carácter duro de sus funcionarios ante los acuerdos
nunca respetados del pasado, y la experiencia vivida por la
presente gestión de Roberto Lavagna.
Aquí se impone, desde el inicio, una posición firme y
políticamente precisa:
Se negocia sin presiones y manteniendo la política
actual, con márgenes de libertad para nuestra
economía interior, sin presiones de formas reñidas con
las posibilidades de la economía interior.
No debemos dejar de hacer lo que no se hizo en 1999 ni en
ocasiones anteriores con el FMI. El gobierno debe determinar que
durante los primeros 100 días de gestión tiene que tener amplia
libertad para aplicar su política, y no puede estar condicionado por
los organismos multilaterales de crédito. Así pasó con todas las
crisis en el mundo; a los gobiernos se los dejó despegar.
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Aquí, un gobierno legítimo y con apoyo popular, deberá
seguir principios duros de negociación y mostrar seriamente que la
economía, en sus primeros 4/5 años tiene pocas o nulas posibilidades
de pagar los montos perseguidos por el FMI. Para ello, la
combinación de la negociación con el sistema privado y con los
organismos multilaterales debe permitir, como objetivo de gobierno,
el logro de un “período de gracia” que facilite la recuperación de la
economía interior, amplíe sus capacidades de pago y reestablezca
marcos de expansión propios de una etapa de crecimiento con
inclusión social.
Argentina en el mundo
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Queremos reinstalar a la Argentina en el mundo, recuperando una posición de dignidad y fortaleza que nunca debimos perder, para así continuar afianzando la paz y la democracia, y dedicarnos con todas nuestras fuerzas a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo.
Para lograr este objetivo es necesario devolver a la Argentina
el ejercicio pleno de su soberanía. Esto nada tiene que ver con una
supuesta e imposible autarquía o aislamiento, respecto de las
tendencias y procesos de la sociedad global. Significa, eso sí,
capacidad de decisión y de discernimiento acerca del modo en que
nuestro país debe insertarse en el mundo globalizado,
discriminando entre sus elementos positivos, a los que nos
sumaremos, y neutralizando el impacto de sus aspectos negativos.
Significa saber escoger entre aquello que es bueno para la
Nación y el pueblo argentino, y lo que no lo es.
Significa dejar de ser una pluma que vuela según sople el
viento del poder económico, de la especulación desenfrenada y del
saqueo transnacionalizado, y defender con sabiduría, prudencia y
sin claudicaciones, los derechos e intereses de la Patria.
Este objetivo general de nuestro Plan de Gobierno se
instrumentará a través de políticas de Estado, internas y externas.
• Las políticas internas se orientarán al ejercicio pleno de una
democracia pluralista, representativa, respetuosa de la
división de poderes, garante de la seguridad jurídica y de los
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derechos humanos y un Gobierno ejerciendo el poder con
transparencia, eficiencia y buena gobernabilidad, para
eliminar la pobreza, la corrupción, las desigualdades
extremas en la distribución de la renta y procurar el
crecimiento económico sustentable y el desarrollo social.
• Las políticas externas buscarán recuperar el protagonismo
internacional, fortalecer la integración regional, incrementar
las corrientes de comercio, cooperar con el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacional y contribuir a la
preservación y el fortalecimiento de la democracia en la
región. Para ello, se ha establecido un conjunto de diez
políticas de Estado en el ámbito de las Relaciones Exteriores.
Un Estado con presencia internacional
Para obtener presencia internacional será necesario:
• Recuperar la credibilidad perdida, lo que significa recuperar
el respeto a la seguridad jurídica, a los Acuerdos
Internacionales y Regionales firmados que protegen los
derechos del hombre, la mujer, los niños, las minorías, las
etnias originarias y los derechos económicos.
• Participar activamente en la preservación de la Democracia y
la Paz en la región, siendo así un actor en la vigilancia de
esos principios y, en caso de que los mismos sean violados,
contribuir a la búsqueda de soluciones a través de los
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mecanismos previstos por el derecho internacional y los
convenios regionales.
• Profundizar los alcances de la Declaración Regional de Zona
de Paz, en la intención de propender al desarme, evitar
carreras armamentistas, generalizar en nuestro continente la
prohibición del uso, fabricación y almacenamiento de armas
químicas y bacteriológicas.
• Reafirmar el derecho al desarrollo científico tecnológico,
incluyendo el uso pacífico de la energía nuclear.
Una política internacional que expresa un proyecto
nacional, popular, racional y progresista
El llamado “alineamiento automático” de la década del ´90
debe dar paso a consensos políticos basados en el fortalecimiento
del derecho internacional, en las convicciones de nuestro pueblo y
en las prioridades nacionales. Argentina debe replantear su posición
en el plano internacional. Reconocemos nuestra pertenencia a la
tradición cultural y política latinoamericana, dado que nos une con
el resto de los países de la región una cultura en común que
debemos preservar, tanto en lo que tiene que ver con nuestra
herencia europea, como en el reconocimiento de la preexistencia de
las tradiciones indoamericanas.
Ello significa también el respeto a la soberanía de cada
estado, y a la autodeterminación de los pueblos, siempre que ello no
implique amenazas a la integridad territorial de los países, a la paz,
o a normas básicas del derecho internacional.
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Un Estado que se fortalece afianzando primero sus
relaciones regionales
• La alianza estratégica con Brasil, la profundización del
Mercosur y la relación con los países asociados, Chile y
Bolivia, deben ser nuestras prioridades, sobre la base de
relaciones equilibradas e igualitarias entre los países.
• La integración regional debe incrementar la competitividad
de los países a través de la profundización de la
investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías y el
montaje de cadenas productivas.
• Más allá de lo económico, el Mercosur debe profundizar la
armonización de normas y la convergencia de políticas
públicas, especialmente en el campo social, educativo y
cultural.
• En un mundo globalizado, el fortalecimiento de la alianza
regional nos colocará en una mejor posición negociadora,
tanto a nivel multilateral (ONU, OMC, ALCA, Unión
Europea), como bilateral.
Un Mercosur equilibrado y negociado
Se trata de negociar seriamente, no sólo en los planos
económico y comercial, sino también en lo cultural, en lo político y
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en lo social, a partir de nuestras necesidades nacionales e insertos
en un proceso de integración que nos fortalezca. Este debe basarse
en la identidad cultural regional construida por una historia común,
en los lazos sociales y económicos existentes en las áreas de
frontera, y en los procesos de integración y complementación
económica ya existentes.
Esta profundización de la integración debe plantear, en la
mesa de las negociaciones, los temas que nos unen y también
aquellos que parecen distanciarnos. Es necesaria la coordinación, y
cuando sea posible, la unificación de sistemas y normas (por
ejemplo en lo referente a los asuntos sociales, migratorios,
movimientos de capitales, educación, transporte, comunicaciones,
etc.). Se prestará especial consideración a dos cuestiones: (a) la
consolidación de la libre residencia, para avanzar hacia la libre
circulación de las personas; (b) el desarrollo de una infraestructura
integrada de transporte, de energía y de comunicaciones.
También debe contemplarse la creación de instituciones
regionales hoy inexistentes, tales como el Parlamento del Mercosur,
y apoyar el Instituto Monetario, que a través de la armonización de
las variables macroeconómicas permita instituir una moneda única.
Asimismo el Instituto Social, para coordinar planes de salud,
educación y acción social; tribunales permanentes para la solución
de controversias, y mecanismos más ágiles para la internalización
de las normas acordadas.
Desde el Mercosur a América Latina
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Reconocemos nuestra pertenencia continental y queremos
recrear nuestra posición. Sabemos que tenemos un destino común
con los demás países de América Latina, y el Mercosur debe
continuar negociando con ellos. El Mercosur debe seguir tratando
con Chile su plena integración, como así también el acuerdo con los
Estados de la Comunidad Andina (CAN), afianzando además sus
relaciones con los países de Centroamérica y México, con los que
ya posee acuerdos en el marco de la ALADI.
Desde el Mercosur, y América Latina, al ALCA
La Argentina, afianzada en el Mercosur y en América
Latina, negociará desde el Mercosur, como meta de mediano
plazo, la Zona de Libre Comercio Hemisférica: el ALCA. No
desconocemos que ya se está en esas negociaciones, pero
primero revisaremos nuestra estrategia local y regional para
después enfrentar la continental. Como todo proceso de
integración, dependerá del resultado de las negociaciones la
mejor posición relativa a que quedarán expuestos los productos
de nuestro país respecto de los demás mercados. En este
contexto, toda negociación se basará en el principio de la
equidad, la cual deberá propiciar la plena libertad de comercio,
incluyendo la eliminación de las barreras arancelarias y para-
arancelarias que aplican EEUU y Canadá a determinados bienes
y servicios argentinos y latinoamericanos. En las negociaciones
entre MERCOSUR y ALCA, además, se sostendrá como
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principio que lo allí negociado no debe en forma alguna
restringir o afectar las posibilidades de negociar acuerdos de
naturaleza equivalente con otras regiones o países.
Las Naciones Unidas como centro del orden internacional
y del sistema de seguridad colectiva
La Carta de las Naciones Unidas, las convenciones
vinculantes surgidas de sus propósitos y objetivos, y los programas
de acción aprobados por consenso en las conferencias globales del
sistema de las Naciones Unidas, deben quedar en el centro del
orden internacional. En ese contexto, la Argentina promoverá, en lo
multilateral y en sus relaciones bilaterales, la vigencia de todos los
instrumentos internacionales relacionados con los derechos
humanos, con los derechos económicos y sociales, con el desarrollo
humano, y con la no proliferación de armas nucleares y la
destrucción completa de los arsenales químicos y bacteriológicos.
La paz y la seguridad internacional son conceptos que no pueden
separarse del desarrollo económico y social, y es dentro de este
marco conceptual que la Argentina orientará su política
internacional.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y su acción
complementaria con los mecanismos regionales con mandato en
materia de seguridad colectiva, es y debe continuar siendo el
instrumento de todos los países para mantener y desarrollar la paz y
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la seguridad internacional; para desarrollar acciones preventivas en
caso de potenciales conflictos identificados en el contexto de la
aplicación Capítulo VII de la Carta, y para garantizar el desarme y
la no proliferación nuclear.
En lo político, ningún alineamiento automático: Unión
Europea y Estados Unidos en un mismo nivel
Durante la década de los ´90 fue fomentada la relación
preferencial con los Estados Unidos, desequilibrando la balanza
respecto de otros grandes actores de la política internacional. La
Argentina debe consolidar otros espacios de relación internacional
con la misma intensidad, procurando contribuir a la conformación
de un sistema multipolar. En ese contexto, la relación asociativa del
MERCOSUR con la Unión Europea constituye una meta necesaria.
Si bien queda por definir el conflictivo tema de los subsidios
agrícolas, existen alternativas para negociar positivamente hacia el
futuro. Esta preeminencia relativa de los Estados Unidos y la Unión
Europea no implica desconocer la prioritaria necesidad de avanzar
en la construcción de sólidos vínculos con Asia del Este y Asia del
Sur, al igual que con otros importantes estados y agrupamientos
supra-estatales de otras regiones.
En lo comercial, el mundo como mercado
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La política de promoción comercial será uno de los pilares
básicos de la política exterior, a través de las representaciones
diplomáticas en el exterior y de la Fundación Export.Ar. La
promoción comercial se dirigirá a todas las empresas: a las grandes
porque producen un impacto mayor en las variables
macroeconómicas; a las medianas, muchas de las cuales han
iniciado el camino de la exportación, y a las Pymes, que recibirán
atención especializada. Se promoverá el desarrollo de una Marca
Argentina que beneficie a las empresas de menor dimensión, y se
potenciará la tarea comercial de nuestras Agregadurías, como así
también el desarrollo de productos y mercados no tradicionales y el
fomento de actividades donde las grandes empresas colaboren en el
esfuerzo exportador de sus proveedores y clientes y de toda otra
empresa relacionada a éstos a través de la cadena de valor.
Se reemplazarán las acciones individuales por estrategias y
programas que ofrezcan continuidad en el tiempo, los que se
desarrollarán en forma concertada con los beneficiarios y con
organismos gubernamentales y no gubernamentales involucrados en
la exportación. Para ello se promoverá la creación de comisiones
multidisciplinarias e intersectoriales para el desarrollo industrial,
que se ocuparán de buscar soluciones a las trabas que afectan la
actividad exportadora, tales como el acceso a crédito, insumos y
bienes de capital, la adaptación de la producción y productos, la
simplificación y modernización de los procesos aduaneros, y los
servicios al exportador, así como una acción horizontal en todos y
cada uno de los mercados para la reducción de las trabas
comerciales impuestas por los países desarrollados, que puedan
hacer retrasar la inserción de la Argentina en el mercado mundial.
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Política nacional antártica
La Argentina es uno de los países pioneros en exploraciones e investigaciones antárticas, y ha invertido más de 100 años de esfuerzos en este sector del planeta, el Continente Blanco, comprometiendo recursos y hombres, algunos de los cuales perdieron allí sus vidas. La Argentina, junto con Chile, está muy cerca de la Antártida, ya que sólo nos separan 1.100 kilómetros, y esto nos da una ventaja considerable sobre el resto de los países. La comunidad internacional ya ha aceptado, de manera generalizada, que ha terminado la etapa histórica del descubrimiento y ocupación de la Antártida. Ya en el siglo XXI, y viviendo plenamente la época de los conocimientos más avanzados, soberanía es sinónimo de ciencia y tecnología. El denominado Sector Antártico Argentino comprende algo
más de 5.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie, de los
cuales 3.500.000 son mares; 1.00.000 tierra cubiertas de hielos, y
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500.000 barreras de hielos flotantes. La Argentina tiene una
superficie de 3.750.000 kilómetros cuadrados, incluyendo 1.000.000
del Mar Argentino, lo que nos da una muestra clara de la magnitud
del reclamo de nuestra soberanía sobre aquella parte del Continente
Blanco.
Volviendo a lo que ya dijimos, que soberanía es ciencia y
tecnología, a nuestro país se le presentan solo dos posibilidades en
este tema: una es abandonar la Antártida y perder todos los trabajos
hechos allí durante un siglo, y también todo el prestigio alcanzado, y
la otra es redoblar esfuerzos en ese sector, haciendo de la Antártida
un tema de política nacional. La primera de estas dos posibilidades
es impensable. Para la segunda se proponen líneas básicas de acción
tendientes a conformar un Programa Antártico Argentino, eficiente,
eficaz y que alcance prestigio internacional.
Ciencia y tecnología
El Instituto Antártico Argentino, IAA, debe ser el ente de
Ciencia y tecnología rector de la actividad antártica argentina. Su
personal científico-técnico prestará primordial atención a la
actividad y a todo el asesoramiento que se le pida acerca de los
organismos nacionales e internacionales pertinentes.
Dada su función, y su relación con el SCAR, Scientific
Comitee on Antartic Research, el IAA debe ser un organismo
autárquico, dependiente del Sistema Científico y Tecnológico
Nacional.
Debe establecerse que toda actividad antártica requiere de una
auditoría medio ambiental, antes y después de su realización.
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Turismo
En los últimos años el territorio antártico se ha convertido en
un destino turístico de indudable atracción para el turismo
internacional. Casi todos los cruceros antárticos, al ir y al regresar,
utilizan el puerto de Ushuaia, ya que esta ciudad austral es
considerada como “la puerta de entrada a la Antártida”.
La Secretaría de Turismo de la Nación, junto con algunos
gobiernos patagónicos, especialmente Santa Cruz y Tierra del
Fuego, deben establecer programas de vinculación entre la
Patagonia, Tierra del Fuego y la Antártida, para promover e
incrementar el turismo en esas regiones, integrando los diferentes
circuitos: Hielos Continentales, Canal de Beagle, Península
Antártica, y otros más. Siempre se contará con la asesoría del
Instituto Antártico Argentino, que se hará cargo de los servicios de
logística, información científica y, especialmente, de la supervisión
de los temas referidos a la conservación del medio ambiente.
Se deben simplificar los trámites aduaneros para turistas,
mejorar la infraestructura y brindar beneficios en combustibles y
servicios de puertos y aeropuertos.
Se debe confeccionar un plan de manejo que incluya al
turismo a las bases esperanza, Brown, Jubany, Marambio, Orcadas y
Decepción, dotándolas de infraestructura acorde con los planes
turísticos que elabore la Secretaría de Turismo de la Nación,
respetando las reglas de protección ambiental.
Pesca
El Océano Antártico fue una de las últimas regiones del
mundo en la que se inició la captura comercial de peces. Sin
embargo, un creciente interés en la pesca en esta región ha
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expandido su área desde las islas subantárticas hasta el mar abierto.
La sobreexplotación de los recursos marinos llevó a que, en 1982, se
estableciera la Convención sobre la conservación de los recursos
Vivos Marítimos Antárticos, CCAMLR. De esta Convención
emanan las directivas para establecer las cuotas de pesca, como así
también áreas y épocas prohibidas.
La Secretaría de Pesca, junto con el IAA y con el apoyo de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad, deben trabajar en conjunto en este
trema, ya que se podrían obtener importantes recursos a partir de las
licencias de pesca.
Logística
La logística es un tema de gran importancia para cualquier
proyecto de desarrollo en la Antártida. Se trata de establecer una
logística antártica que pase de lo declamatorio a lo efectivo. Los
actores más capacitados para este trabajo son las Fuerzas Armadas y
de Seguridad, que harán una tarea de apoyo a la ciencia y la
tecnología, al turismo y a la pesca.
Los medios operativos, y las bases antárticas, deberán
adecuarse en su dimensión y número a las reales necesidades del
Programa Antártico Argentino, dentro de un crecimiento orgánico
que no lleve a su sobredimensionamiento.
• Para las bases antárticas deberá buscarse la utilización de
energías alternativas limpias, para lo cual se debe
explorar con la Chancillería el apoyo, económico y de
asesoramiento, de países involucrados en el tema, como
Nueva Zelanda.
• Se debe buscar la utilización óptima del RHAI, utilizar
las instalaciones portuarias de Puerto Deseado, y otros
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medios disponibles para la actividad oceanográfica y
biológica.
• Debe crearse una escuela de capacitación antártica para
las Fuerzas Armadas y el personal logístico antártico.
• Deben revisarse y actualizarse los planes de contingencia
en todas las bases antárticas.
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Justicia, Seguridad y Estado de Derecho para el
desarrollo humano
La fundamental
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reconstrucción del Estado Es necesario -y vamos a poner toda nuestra dedicación y esfuerzo para lograrlo-, reconstruir al Estado, ya que esto es imprescindible para que vuelva a cumplir su papel de árbitro de las relaciones sociales y sea un eficiente promotor del desarrollo y del bienestar social.
Durante casi un cuarto de siglo el Estado nacional, y la
mayoría de las provincias, han sido sometidos a un proceso de
desmantelamiento y de sometimiento pasivo a la especulación
financiera y a los sectores más concentrados del poder económico.
El “achicamiento del Estado” promovido por el fundamentalismo
neoliberal no significó el “agrandamiento de la Nación, sino todo lo
contrario: empobrecimiento de más de la mitad de los argentinos,
crisis de la salud y del sistema educativo, desmantelamiento
productivo, desempleo masivo y degradación del tejido social,
abandono y escarnio de los jubilados, retroceso científico y técnico,
concentración escandalosa de la riqueza en unas pocas manos y
sometimiento a decisiones ajenas a la Nación y siempre contrarias a
las aspiraciones del pueblo.
Reconstruir el Estado no significa intentar el regreso a etapas
agotadas de nuestro desarrollo, ni tampoco es apostar a un
gigantismo estatal que, de acuerdo a todas las experiencias, siempre
termina ahogando las energías creativas de la sociedad y aislándonos
de las tendencias más positivas, tanto regional como
internacionalmente.
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Reconstruir el Estado es posicionarlo como una herramienta
dinámica al servicio de objetivos nacionales de democracia,
desarrollo, bienestar y dignidad nacional. Debemos hacer que el
Estado sea garante y promotor efectivo de las libertades y derechos
sancionados por nuestra Constitución, y reconocidos por la cultura
jurídica de nuestro tiempo, siempre en un marco de auténtico
federalismo.
Se trata, ante todo, de una tarea eminentemente política, en
tanto tiene que ver con las transformaciones que queremos impulsar
en nuestra economía, en la distribución de los recursos, en el tejido
social y en nuestra vinculación con el exterior. Para ello es
imprescindible impulsar una reorientación profunda del modo en
que el Estado ha venido funcionando hasta ahora, modificar los
referentes sociales de su accionar, fijarle nuevas metas y dotarlo de
instrumentos de gestión más eficaces.
Es fundamental fortalecer sus capacidades de decisión, por
encima de intereses particulares, y abrirlo a la participación
democrática y a la fiscalización pública. El cambio que proponemos
en los objetivos y en los referentes de la acción estatal será
acompañado por una reforma amplia en los procedimientos,
mecanismos y herramientas de gestión. Un Estado como el que
ansiamos tener, como el que vamos a tener, exige una
administración pública eficiente, transparente y responsable. Para
lograrla vamos a reforzar y fortalecer los mecanismos de control y
los abriremos a la fiscalización y participación de la sociedad
organizada.
Impulsar un auténtico federalismo. Dotaremos a nuestra
democracia de contenido regional, de base local y municipal.
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Estimularemos la celebración de acuerdos interprovinciales e
intermunicipales para dinamizar las economías regionales y locales
y fortalecer las identidades culturales. Descentralizaremos la acción
estatal, sus recursos y sus responsabilidades, hacia el órgano
democrático más próximo a la ciudadanía.
Prevenir y combatir la corrupción y el delito en general. La
ley recibirá una aplicación estricta y los procedimientos serán
agilizados para que nunca más sean refugio de la impunidad y del
ventajismo.
El Estado protegerá a los consumidores y usuarios, a través
del marco normativo y los mecanismos institucionales adecuados,
compatibilizando la naturaleza pública de los bienes y recursos en
juego con las características de los proveedores. Se revisarán los
marcos reglamentarios de las concesiones de servicios públicos, y se
mejorará sustancialmente la calidad y eficacia de los entes
reguladores.
Estimular el desarrollo de modalidades de participación
ciudadana que complementen y equilibren las limitaciones de los
mecanismos tradicionales de la democracia representativa. Por
encima de toda rigidez formal y burocrática, queremos favorecer la
participación, cada vez más amplia, de nuestro pueblo en todas las
decisiones que atañen a su vida diaria, al futuro de sus hijos, y a
nuestro futuro como Nación.
En síntesis, vamos a poner el Estado al servicio del hombre y
su desarrollo, a partir de un Estado activo, promotor, presencial y
cuando es necesario protector. No hay desarrollo humano con
estados ausentes.
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Transparencia en la gestión del Estado
La transparencia en la Gestión del Estado es central para recuperar la confianza de la sociedad en la Política y en el
Sector Público
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1.- HACIA EL FIN DE LA IMPUNIDAD.- Promoción de la sanción de actos de corrupción
a.- Investigación e impulso de la acción Penal en casos de corrupción b.-Auditoría del Estado de las causas por Delitos contra la Administración Pública y Publicidad de los resultados .- c.- Mecanismos para mejorar la eficiencia en la tramitación de causas por delitos contra la Administración Pública .-
2.- GASTO PUBLICO TRANSPARENTE
Mayor Control de los Fondos Públicos
a.- Publicidad de gastos , licitaciones y contrataciones públicas. Uso de herramientas de e-government b.- Transparencia en la utilización de los recursos provenientes de los organismos multilaterales de crédito para la contratación de obras y de servicios. Coordinación de políticas de control con los organismos multilaterales c.- Entidades que reciben y/o administran fondos públicos:
• -Mejorar el acceso público a estados contables, memorias y balances
• Régimen de declaraciones juradas patrimoniales de carácter público para los integrantes de sus órganos de conducción y administración
• Fortalecimiento de los controles de la Rendición de cuentas de la aplicación de subsidios.-.
d.- Régimen transparente de entrega de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) e.- Mejoramiento de la transparencia y los controles en la administración de fondos reservados de la secretaría de Inteligencia del estado ( SIDE)
3:- RENDICIÓN DE CUENTAS
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Fortalecimiento de los organismos de control
a.-Impulsar una mayor coordinación y colaboración entre el Ministerio Público, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas , Sindicatura General de la Nación , Oficina Anticorrupción , Auditoría General de la Nación y Comisiones del Congreso Nacional.- b.- Sistema de premios y castigos para la aplicación de las recomendaciones de los organismos de control .-
4.- CONTROL CIUDADANO Participación de la sociedad civil
a.- Impulso, sanción y efectiva implementación de normas que favorezcan la participación de la sociedad civil en el control de la gestión pública .-Ejemplos:
• Ley de acceso a la información.- • Ley de gestión de intereses ( “lobby”) • Ley de Creación de entes de control con
participación de asociaciones de usuarios y consumidores ( art. 42 C.N.) y de las Provincias .-
Política de Seguridad, personas
seguras en una sociedad
democrática segura
Una sociedad segura es la que garantiza las condiciones para el desarrollo de la vida humana, en un marco de previsibilidad y de vigencia efectiva, de un conjunto amplio de derechos y de libertades. Por lo tanto, una política de seguridad democrática, respetuosa de los derechos humanos pero sin contemplaciones con el delito, consiste en arbitrar todos los medios necesarios, compatibles con nuestro
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ordenamiento constitucional, para que esos derechos y libertades tengan vigencia efectiva. El delito no se combate con más delito e ilegalidad, sino con la aplicación firme de las leyes.
Para confiar en la Justicia, y para terminar con la inseguridad
El No a la Impunidad, que propone el Frente para la
Victoria, es indispensable para asegurar la aplicación de las políticas
públicas que esbozamos en este trabajo.
Construiremos una sociedad segura para todos los argentinos.
Las calles, las rutas, las veredas y las plazas volverán a ser lugares
de tránsito esparcimiento seguros, y no coto de caza de los
delincuentes. Garantizaremos una administración de Justicia
honesta, firme y expeditiva, que suplante a la violencia como modo
de solución de conflictos.
I.- Prevención La prevención del delito será el eje central de nuestra política
de seguridad. Es importante castigar el delito que se comete, pero
más importante aún es evitar que el delito se cometa.
En un planteo de inclusión social como el que pregonamos,
partimos de reconocer que gran parte de la población no tiene
respuestas en materia de trabajo, educación y salud.-
A quienes la inequidad en la distribución de la riqueza, que no
gozan de los derechos humanos básicos, y a quienes la pésima
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calidad de vida a la que se han visto reducidos pueden llevar, no solo
a la marginalidad familiar y social, sino incluso a la violencia y el
delito.
En este marco, la Política de Seguridad debe poner
especial atención en la detección de situaciones de riesgo, para
integrar dentro de nuestro programa nacional a quienes se
encuentran en esa situación marginal, haciendo además un
seguimiento permanente de las características y tipos de
seguridad acorde a cada región, y centros urbanos y rurales del
país, y de las causas reales que generan inseguridad.
Para ello resulta indispensable dar participación activa al
ciudadano en la implementación de políticas, entendidas como
propuestas o acciones de gobierno, tendientes a disminuir los índices
del delito, desde la violencia doméstica hasta los delitos contra la
propiedad que terminan con la muerte de una persona.
Pensamos, en reestablecer el orden y la convivencia en los
barrios, con la participación de los fiscales, los jueces, los vecinos y
los policías. Hablamos de una POLICÍA DE PROXIMIDAD, O
POLICÍA COMUNITARIA, que dé una rápida respuesta a los
siguientes temas:
• Que esté junto al vecino.
• Que participe con él de sus necesidades y de sus
carencias.
• Que lo oriente en cuanto a saber a quién recurrir para
buscar solución a sus problemas o necesidades (acceso
a los servicios básicos, educación, salud, de acceso a la
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justicia, programas de empleo, de deportes, actividades
de recreación).
Nos proponemos una policía que sea respetable y respetada, y
que pueda intermediar para evitar que los conflictos deriven en
delitos.
El policía, dotado de las herramientas tecnológicas y de
comunicación al servicio del bienestar del vecino, debe recuperar su
papel activo en la asistencia y protección del ciudadano, lo que habla
de una reforma al Régimen de Seguridad Interior, que haga del
conocimiento del lugar y de la interacción con los vecinos una
herramienta de seguridad.
Con un modelo de seguridad con base en la policía de
proximidad que atienda la prevención, la solidaridad y la
participación comunitaria, van a surgir los mecanismos que aseguren
el derecho de información y petición que tiene todo ciudadano, y
con ello el control de cada uno sobre la actuación policial,
cualificando y transparentando así la tarea del policía, exigiendo que
los órganos de fiscalización del accionar de las fuerzas de seguridad
funcionen.
II.- Acción Nuestro sistema de seguridad es obsoleto, y ha colapsado
• La policía no previene el delito.
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• La legislación procesal facilita que los juicios se
prolonguen interminablemente, favoreciendo así la
impunidad del delincuente.
• El sistema penitenciario ha colapsado.
Las consecuencias de todo esto están a la vista: altos índices
de criminalidad, miedo e inseguridad en la población, proliferación
de armas ilegales, y un delito que crece desmedidamente en
violencia, y que día a día es más frecuentes que sea ejecutado por
jóvenes, en demasiadas ocasiones casi niños.
La seguridad es algo demasiado complejo para dejarla exclusivamente en manos de la policía
Lograr una sociedad segura requiere el concurso de un
conjunto amplio de instituciones del Gobierno nacional y de los
gobiernos provinciales y municipales, como así también de
organizaciones no gubernamentales y de bien público.
La policía es un instrumento fundamental en una política
integral de la seguridad, por lo que a optimizaremos y
modernizaremos la capacitación y el equipamiento de las fuerzas
policiales, y también sus modalidades de despliegue operativo. Esto
implica pasar del enfoque reactivo prevaleciente (intervención en
respuesta a la comisión de un delito), a una acción de prevención.
Debemos definir e implementar una doctrina policial acorde
con los imperativos de la Argentina del siglo XXI, centrada en el
respeto efectivo a los valores de la democracia, los derechos
humanos y las libertades constitucionales, con una efectiva rendición
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de cuentas a la sociedad y una actualización tecnológica acorde con
los desafíos que plantean los delitos de alta complejidad.
La Reforma Policial tiene que surgir del debate de políticas de
seguridad juntamente con todos los sectores económicos y sociales,
y también de la coordinación y comunicación entre todas las fuerzas
policiales, trabajando en la elaboración de planes de prevención
basados en la confección de mapas del delito, en el seguimiento de
esos planes, en la detección y corrección de las fallas en su
aplicación, para optimizar la seguridad.
Exige también dotar a la policía de un equipamiento
moderno, adecuado a las nuevas exigencias planteadas por la
prevención y la lucha contra el delito.
• Fortalecer los mecanismos institucionales de
prevención y castigo de abusos y corruptelas,
Así como todas las disfunciones de los cuerpos policiales,
poniendo a dichos mecanismos bajo un severo control
público, con participación de la comunidad organizada.
Las fuerzas policiales y de seguridad deben estar
efectivamente sometidas a las mismas exigencias de transparencia, y
a los controles administrativos y contables, que las demás
reparticiones del Estado.
Circunscribir a las fuerzas federales de seguridad y policía, a sus áreas específicas de
acción:
La prevención del delito y la defensa de la seguridad interior
en las áreas de competencia federal; la seguridad ambiental; la
prevención y lucha contra el narcotráfico; el secuestro o tráfico de
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personas; el terrorismo; la tenencia de armas y sustancias ilegales y
otras contempladas en la legislación.
Establecer mecanismos institucionales de coordinación con todos los ámbitos de gestión
pública y no gubernamentales, que tienen competencia en la prevención y reducción del delito
Tanto en lo que se refiere al marco normativo (códigos y leyes
sustantivas y de procedimientos), como a los procesos judiciales, al
sistema penitenciario, y a la creación de condiciones de reinserción
positiva del ex convicto a la sociedad.
Una sociedad democrática segura es el compromiso y la
responsabilidad de todo el gobierno, en interacción creativa y
mutuamente enriquecedora con la sociedad organizada. Por lo tanto
coordinaremos los enfoques y acciones de gobierno que tienen
intervención en la recomposición de los escenarios de
desintegración social en los que el delito florece. Una sociedad con
tan elevados índices de desigualdad, empobrecimiento,
desintegración familiar, falta fe, horizontes para la juventud,
impunidad e irresponsabilidad, siempre es escenario de altos niveles
de inseguridad y violencia. Una sociedad de producción y de
empleo digno para todos, es el mejor antídoto contra el delito.
Poder Judicial
Entendemos que debemos Priorizar su actividad en función
de la demanda social y mejorar su integración.
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Es un requisito de convivencia recuperar la confianza en la
Justicia.
Nuestro máximo Tribunal esta desprestigiado; el Consejo de
la Magistratura, creado para la selección de los jueces, se ha
burocratizado, insume gastos excesivos y sus trámites, además de
engorrosos y lentos, están hoy cuestionados por su falta de
transparencia.
Funcionamiento sin interferencias políticos partidarias o
corporativas en los mecanismos constitucionales, que posee el poder
Legislativo para el juzgamiento de los miembros de la Corte.
Reforma de la Ley de Consejo de la Magistratura que asegure
un proceso de selección con mecanismos transparentes y públicos,
Esa es la única garantía para una correcta administración de
justicia.
Para asegurar idoneidad de nuestros jueces necesitamos
dotarlos, durante toda la carrera judicial, de las herramientas para
ello.
Impulsar la capacitación y actualización permanente de los
magistrados, y consolidar los centros de formación profesional.
Nuestros jueces deben interactuar, intercambiar ideas y opiniones
con los colegios, asociaciones, consejos y universidades, y discutir
el derecho para mejorar y modernizar la administración de justicia.
Creación de la Escuela de la Magistratura .-
Difundir y concientizar al ciudadano sobre las
herramientas constitucionales para enjuiciar y remover a los
jueces por su mal desempeño.
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Facilitar el acceso a la Justicia, para que sea oportuna en
todos los casos y con trámites ágiles, para hacer efectiva la
protección de los nuevos derechos constitucionales de usuarios y
consumidores.
Asegurar el asesoramiento jurídico-social para el
conocimiento de los derechos humanos, para lograr no solo la
protección necesaria sino la petición eficaz
Cuestión de Estado
Fuero penal tributario
El contrabando, la evasión, y la fuga de divisas, necesitan ser
evitados desde su origen, y tramitados y resueltos judicialmente con
especialidad en el conocimiento del problema.
Propiciamos la creación de un nuevo fuero que atienda en
forma concentrada estas causas, y que permita agilizar los
procedimientos fiscales de las causas que involucren a los grandes
contribuyentes.
Para evitarlos desde su origen, vamos a exigir que los
mecanismos de fiscalización bancaria se cumplan.
Nuestra meta es desarticular en el país las redes de lavado
de dinero, y para ello requeriremos la asistencia y colaboración de
los organismos de cooperación internacional, tanto en materia
judicial como en lo que corresponde a las instancias de las
investigaciones.
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La extensión de estos delitos depende directamente del
monto del poder monopólico privado, y casi siempre de la acción u
omisión que un funcionario ejerce.
La efectividad de los organismos y dispositivos de control
(internos y externos, verticales y horizontales), debe ir acompañada
de regulaciones legales claras en su definición, y aplicables por
tribunales con competencia especial para ello.
Entendemos que cuanto más poder se atribuye al Estado para
administrar privilegios en la sociedad, mayores controles
son necesarios para asegurar un otorgamiento no
arbitrario, y la posterior utilización correcta de los mismos
por parte de los beneficiarios.
Debemos procurar una dedicación exclusiva para combatir
el contrabando, la evasión y la fuga de divisas, y también la
corrupción, en los niveles de decisión, que facilitan esos delitos.
Notamos que la sensación de impunidad tiene una base
objetiva cuando no hay ni condenas ni desestimación de
denuncias por estos hechos.
Esto significa que el cúmulo de irregularidades, y las
pésimas administraciones han minado notoriamente la confianza
en la democracia.
El objetivo es también reflejar la mirada de aquellos que
toman decisiones claves de inversión en nuestro país, a partir de
normas claras y precisas.
LUNES 26 DE MAYO DE 2003 || CONTACTENOS | PRINCIPAL
PRINCIPAL :: BIOGRAFIA
BIOGRAFIA Néstor Carlos Kirchner Gobernador de la Provincia de Santa Cruz
Fecha de nacimiento: 25 de febrero de 1950
Lugar de nacimiento: Río Gallegos, Santa Cruz
Actuación Pública y Profesional
En el año 1976, egresó con el título de abogado de la Universidad Nacional de La Plata.
Desde muy joven, militó en el Movimiento Justicialista, integrando las filas de la Juventud Peronista.
El 9 de marzo de 1975, contrajo enlace matrimonial con la doctora Cristina Fernández, colega recibida en la mismacasa de estudios en el año 1979, unión de la que nacieron sus hijos Máximo en el año 1977 y Florencia en el año1990.
El doctor Kirchner, ejerció la Presidencia de la Caja de Previsión Social, desde fines de 1983 hasta julio de 1984. Enel año 1987 fue elegido intendente de la capital santacruceña para el período 1987-1991.
Luego, obtuvo un importante apoyo popular que lo llevó a hacerse cargo de la Gobernación de la Provincia, a partirdel 10 de diciembre de 1991, gestión que extiende hasta 1995.
En ese mismo año, la población santacruceña le volvió a confiar los destinos de la provincia, y fue reelecto hasta elaño 1999, año en que una vez más, las urnas lo favorecen para ejercer el máximo cargo de Santa Cruz, hasta el año2003.
A poco de asumir la gobernación santacruceña, fue elegido presidente de la Organización de estados productores deHidrocarburos (OFEPHI), en agosto del año 1992.
Más tarde, fue elegido Convencional para la reforma de la Constitución Nacional de la República Argentina del año1994; fue también el Secretario de Acción Política del Concejo Nacional del Partido Justicialista, y actualmente enSanta Cruz, continúa siendo el presidente del Concejo Provincial del partido Justicialista, cargo para el que fueelegido en el año 1992, asumiendo sus funciones en mayo del año siguiente, y siendo desde esa fecha reelecto paraocupar la titularidad del mismo.
En el año 1996, fue fundador del La Corriente Peronista, línea interna del Justicialismo, y desde el año 2000 lidera"La Corriente" espacio de debate y pensamiento político federal al que se están adhiriendo argentinos, desde losdistintos puntos del país, convencidos en que la política es la herramienta capaz de construir un país diferente.
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1 of 1 26/05/2003 11:28
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