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REVOLUCIÓN CONTRA CONSTITUCIÓN:
ESTRATEGIA, MILITARES Y SEGURIDAD NACIONAL BAJO EL RÉGIMEN
REVOLUCIONARIO
Aníbal Romero
(Junio-Julio 2012)
Introducción:
El régimen político instalado en Venezuela a partir de 1999 es revolucionario y sus objetivos
contrastan de manera inequívoca con preceptos fundamentales de la Constitución. La Carta
Magna, aprobada en tiempos durante los cuales los propósitos del régimen todavía no se
perfilaban de manera clara, fue redactada en función de premisas y principios propios del
Estado de Derecho de una democracia pluralista, basada en la tolerancia política y la economía
mixta. Por lo tanto, la conformación paulatina de un régimen revolucionario ha avanzado en
contradicción con el sustento programático de la Constitución. Esta realidad se hace patente de
manera particular en el plano de la seguridad nacional, ya que se trata de un ámbito que juega
papel esencial en los esfuerzos del régimen para consolidarse y perdurar, así como para
proyectar su influencia en el resto de América Latina y el mundo.
En vista de lo expuesto, y como se mostrará en lo que sigue, el régimen revolucionario
encabezado por Hugo Chávez ha violado de manera sistemática y contraria a los más
relevantes intereses nacionales el espíritu y letra de la Constitución, al adelantar una política de
seguridad nacional que ha comprometido la soberanía del país, ha subordinado nuestras
instituciones y economía a otras naciones, ha aliado a Venezuela con Estados forajidos y
organizaciones terroristas, y ha procurado transformar al estamento militar en un instrumento
político al servicio del poder personal del Presidente de la República y del partido político de la
revolución.
Las principales violaciones a la Constitución en cuanto a la soberanía e independencia
nacionales, así como en lo concerniente a la integridad del territorio, la preservación del país
como “zona de paz” y la integridad de las fronteras, se refieren a los artículos 1, 11, 13 y 15. La
estrecha asociación del régimen revolucionario con Cuba, las alianzas con Irán, Siria y la Libia
de Muammar Gadaffi, con las FARC y el ELN colombianos y con grupos como Hamas,
Hezbollah y ETA, entre otros, han trastocado la tradicional ubicación geopolítica de Venezuela,
descartando nuestras tradiciones en materia de política exterior y de seguridad nacional y
convirtiendo dicha política en herramienta para la promoción de una ideología subversiva, que
busca transformar radicalmente el orden internacional vigente.
En cuanto a las violaciones que afectan la institucionalidad del estamento militar, los artículos
pertinentes son principalmente los números 328, 329 y 332. Toda la normativa que el régimen
revolucionario ha establecido para la FAN, las reformas a la LOFAN y los códigos y
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reglamentos complementarios son absolutamente violatorias de los artículos constitucionales
citados, entre otros.
A lo anterior debe añadirse que la política de seguridad nacional de la revolución, orientada a
garantizar la perdurabilidad e irreversibilidad del régimen y a proyectar su mensaje a escala
regional y global, ha procurado igualmente renovar las hipótesis de guerra del país y el
equipamiento de la FAN. Como consecuencia de ello el régimen revolucionario ha desarrollado
una intensa política armamentista en asociación con Rusia, China y Bielorrusia, requiriendo
para tal objetivo la inversión de grandes sumas de dinero y la adquisición de millonarias
deudas.
A continuación abordaremos los temas planteados señalando sus más destacados aspectos,
proporcionando las referencias documentales de apoyo que los lectores interesados en
profundizar pueden consultar en la Bibliografía.
El orden de presentación será el siguiente:
1) Violaciones a la soberanía, independencia e integridad territorial del país.
-La alianza con la Cuba castrista.
-La alianza con Irán y sus implicaciones.
-El régimen revolucionario y las guerrillas colombianas.
2) La conversión del estamento militar en instrumento de la revolución. Violaciones a la Constitución, hipótesis de guerra, armamentismo y seguridad nacional.
-La Constitución y la LOFAN.
-Cambios en la doctrina e hipótesis de guerra venezolanas y compras de armamentos.
-Bibliografía.
1) Violaciones a la soberanía, independencia e integridad territorial del país.
La alianza con la Cuba castrista:
Los múltiples aspectos que conforman la estrecha alianza entre el régimen presidido por Hugo
Chávez y la Cuba castrista han sido detalladamente documentados, y el lector hallará las
referencias del caso en la Bibliografía incluida al final de este ensayo. Ahora bien, lo que quizás
no ha sido adecuadamente precisado es el significado de esta alianza, tanto en términos de la
caracterización del régimen como en cuanto a la naturaleza anti-constitucional y delictiva de
sus acciones.
En tal sentido, considerando que el artículo 1 de la Constitución vigente indica que “La
República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente…”, y que “Son
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derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad,
la integridad territorial y la autodeterminación nacional”; tomando –repetimos—todo esto en
cuenta, es evidente que la determinación muchas veces expresada por Hugo Chávez de
convertir a Cuba y Venezuela en una sola República con “un solo gobierno”, representa una
flagrante violación a la Constitución y es posiblemente la más grave amenaza que desde el
período 1810-1830 ha experimentado Venezuela en lo que a la preservación de su autonomía
se refiere.
Dicho de otra manera, la estrecha alianza que ha establecido el régimen revolucionario con la
Cuba castrista, que incluye inmensas transferencias de recursos energéticos y financieros
desde Venezuela a Cuba, en no poca medida como donaciones y regalos, y la presencia como
presunta contraprestación de decenas de miles de cubanos en el país --muchos de los cuales
supervisan y controlan aspectos fundamentales de la seguridad nacional, política exterior y
política interna de la República--, significa una patente claudicación y entrega de independencia
y soberanía por parte del gobierno venezolano a un Estado extranjero.
Es esencial tener claro que el proyecto político del régimen revolucionario, tal y como ha sido
expuesto en numerosas ocasiones por el Presidente Hugo Chávez, y ratificado en diversos
documentos referidos a la alianza entre Venezuela y Cuba en sus diversos ámbitos bilaterales
y multilaterales (como en lo referido a la ALBA), pretende no solamente reproducir en
Venezuela, hasta donde sea factible, un estado de cosas semejante al que impera la Cuba
castrista tanto en lo político como en lo socioeconómico, sino también avanzar en la creación
de una sola nación, la denominada “Venecuba” o “Cubazuela”, propósito mencionado
reiteradamente por el Presidente venezolano como un “proyecto transformador de largo plazo”,
dirigido hacia una eventual “confederación de Repúblicas bolivarianas”.
Cabe enfatizar que por su misma naturaleza radical la alianza con Cuba, ferviente y
sistemáticamente promovida por el Presidente venezolano aún antes de llegar al poder en 1998
y a lo largo de todo su mandato, tiene aspectos confidenciales y secretos cuya completa
cobertura y significación solo se conocerán en un futuro. No obstante, ya es evidente que dicha
alianza implica que personal militar, de seguridad e inteligencia estratégica cubano ha
penetrado la institución castrense venezolana, así como los organismos de seguridad interna,
policía, servicio exterior, Notarías y Registros venezolanos, entre otros, penetración e
intromisión que constituyen violaciones explícitas al ideal de soberanía, independencia y
autonomía establecido en el artículo 1 de la vigente Carta Magna.
Es razonable conjeturar, en este orden de ideas, que Cuba mantiene una especie de “fuerza de
ocupación” en Venezuela, capaz de actuar en defensa de los intereses del régimen castrista y
del régimen revolucionario venezolano si las circunstancias lo requieren.
Este rumbo de subordinación a la Cuba castrista se extiende, para solamente citar dos casos,
hasta la propia seguridad personal y cuidado médico del Presidente venezolano, que se
encuentra primordialmente en manos de funcionarios especializados de origen cubano. Se ha
llegado hasta el punto de otorgar –por parte del gobierno de Venezuela—la coordinación del
plan de racionamiento eléctrico de nuestro país al Comandante de la Revolución y Ministro de
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Telecomunicaciones e Informática del gobierno de Cuba, Ramiro Valdés, designación que se
concretó en enero de 2010.
La alianza con Cuba también genera violaciones a lo contenido en el artículo 13 de la
Constitución vigente, tanto en lo referente a la integridad territorial de Venezuela como en lo
concerniente a la definición del espacio geográfico del país como una “zona de paz”. En vista
de las reiteradas aseveraciones de los líderes de ambos países, acerca de su decisión de
defender sus respectivos y cada día más integrados proyectos políticos frente a enemigos
comunes, y a la obvia influencia militar cubana en Venezuela, es patente que la Cuba castrista
tiene una presencia sustancial en los planos de seguridad, defensa e inteligencia estratégica en
el país.
¿Existen acaso importantes instalaciones militares cubanas en Venezuela? De ello no
estamos totalmente seguros, pero lo que sí es cierto es que los compromisos asumidos por
Hugo Chávez con el régimen cubano bien podrían empujar a Venezuela, en contra de sus más
legítimos intereses nacionales, a un conflicto de grandes proporciones, en caso por ejemplo de
que el régimen castrista se viese envuelto en una más intensa confrontación contra Estados
Unidos. Si bien se trata de una hipótesis, el belicismo y militarismo que son parte integral del
régimen revolucionario y su proyecto político, eufemísticamente denominado por Hugo Chávez
con la fórmula de “revolución pacífica pero armada”, chocan contra los preceptos
constitucionales. De otro lado, desconocemos posibles convenios complementarios acordados
entre Hugo Chávez y el régimen cubano, quizás comprometiendo a este último a defender con
las armas la revolución bolivariana, en caso de que la misma sea derrotada en las urnas
electorales y se resista por la fuerza a entregar el poder.
Consideramos que existen pocos casos en los que un país se haya subordinado
voluntariamente a los intereses de otro, de la manera y amplitud como ha ocurrido en la
Venezuela de Chávez con relación al despotismo imperante en Cuba. Los perniciosos efectos
de esta alianza, motivada por la ideología y en múltiples aspectos contraria a los legítimos
intereses nacionales de Venezuela, serán en su momento evaluados y juzgados en toda su
extensión, pues es razonable conjeturar que las decisiones, acciones y consecuencias de dicha
alianza pueden ser tipificados como delitos, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal
vigente en su Libro Segundo, Título I: De los delitos contra la independencia y seguridad de la
nación, Capítulo I: De la traición a la Patria y otros delitos contra ésta; en particular los artículos
128, 129, 132, 134 y 138.
La alianza con Irán y sus implicaciones:
El régimen chavista ha establecido, al menos desde 2005-2006, una estrecha alianza con la
teocracia iraní. Tan íntima asociación no deja de extrañar, pues no la explican razones
geográficas, culturales o económicas. Solo una ideología radical y llena de repudio hacia los
Estados Unidos puede dar cuenta del empeño de Hugo Chávez, dirigido a acercarse a Irán y
asumir los gravísimos riesgos que ello implica para nuestro país. Irán es un país muy distante,
con el que Venezuela tiene poco en común en los planos de la cultura, la religión y las
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tradiciones políticas. Nuestro contacto con Irán siempre estuvo reducido al ámbito de la OPEP
y al tema petrolero, en tiempos en que Venezuela procuraba actuar como un factor de
moderación dentro de la organización. Pero esos tiempos han cambiado, en no poca medida
gracias a los intentos iraníes de politizar y radicalizar a la OPEP, así como a los crecientes
enfrentamientos del régimen de Teherán (de tendencia shiíta), contra las monarquías
conservadoras y otros regímenes sunitas, que forman una parte predominante de la
organización.
Cabe preguntarse: ¿Qué sentido puede tener para Venezuela aliarse con un régimen que se
enfrenta a varios de los más importantes miembros de la OPEP, un régimen que ha estado por
décadas prácticamente a un paso de un estado de guerra contra Estados Unidos e Israel, un
régimen condenado y sancionado por Washington, la Unión Europea y la propia ONU debido a
su beligerancia y evidente propósito de adquirir armas nucleares, un régimen cuyas acciones
podrían envolver a Venezuela en una guerra de grandes proporciones e impacto global, en
caso de que, por ejemplo, Irán cerrase el paso del estrecho de Ormuz a las exportaciones
petroleras desde el Golfo Pérsico?
La única explicación de esto, como antes esbozamos, es la ideología radical que también forma
parte de la “revolución bolivariana”, ideología que ha apartado a Venezuela de su ubicación
geopolítica tradicional en el marco del Occidente democrático con economía de mercado, que
ha convertido a nuestros enemigos --como por ejemplo la narco-guerrilla colombiana-- en
presuntos amigos, que considera a nuestro principal comprador de petróleo y fuente clave de
importaciones (EE UU) como un adversario irredimible, y que ha abierto nuestro territorio,
fuerzas militares, órganos de seguridad nacional e inteligencia estratégica, servicio diplomático
y otras agencias del Estado a la penetración e influencia de poderes extranjeros, cuyos
intereses pueden estar y de hecho en muchos casos están enfrentados a los de Venezuela.
Para mejor apreciar los riesgos que tal alianza tiene para nuestro país es crucial entender qué
busca Irán con esta asociación. En primer término Teherán logra burlar, al menos parcialmente,
las sanciones de diversa naturaleza que la comunidad internacional (EE UU, la UE y la ONU) le
han impuesto. Utilizando el territorio, los puertos y aeropuertos, y la protección del gobierno
chavista y del sistema financiero venezolano, Teherán –según denuncias ampliamente
documentadas, que pueden consultarse en la Bibliografía— desarrolla en nuestro país una
amplia gama de actividades ilícitas, cuyo estímulo por parte del gobierno bolivariano viola la
Constitución y el Código Penal. En segundo lugar, su base venezolana ayuda a Teherán en sus
esfuerzos para financiar diversas organizaciones radicales y movimientos guerrilleros
subversivos en el hemisferio americano, todo ello enfocado hacia su conflicto global ante
Estados Unidos. De acuerdo con las acusaciones documentadas al respecto, grupos como
Hezbollah, Hamas, y al Qaeda se han beneficiado del eje Teherán-Caracas, así como las
FARC.
Los ámbitos que cubre la alianza entre el régimen iraní y Venezuela incluyen empeños
comunes en áreas como minería e industria, transporte y comunicaciones, energía, asistencia
técnica, y tráfico de drogas. Las mismas seguramente comprenden el apoyo al programa
nuclear iraní con uranio venezolano, así como movilización e ingreso de armamentos y
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productos ilícitos desde Irán a Venezuela y quizás a otros destinos. Cabe igualmente señalar
que las nuevas teorías sobre la guerra, expandidas por el régimen chavista en el seno del
estamento militar venezolano, incorporan la denominada “doctrina de guerra asimétrica”, que
es el eje de la enseñanza militar de los “Guardianes de la Revolución” iraníes, de Hezbollah y
Hamas. Dicha doctrina pretendería ser la respuesta de Venezuela ante el ataque o invasión al
país por parte de las fuerzas convencionales de un gran poder, en este caso, es de suponer,
por parte de EE UU.
¿Ha establecido Irán instalaciones militares de importancia en Venezuela? ¿Son las plantas
industriales iraníes en el país el disfraz que oculta otros objetivos? ¿Ha utilizado Teherán la
protección del régimen chavista para infiltrar terroristas, con pasaportes venezolanos, en otros
países? Todas éstas y otras son preguntas que el velo del secreto todavía hace demasiado
difícil responder con plena confianza. Sin embargo, lo que se conoce permite, al igual que en
referencia al caso de la alianza cubana, aseverar que con su asociación iraní el régimen
revolucionario venezolano ha violado la Constitución en sus artículos 1, 11, y 13, colocando en
el camino a Venezuela en una posición estratégica de alta vulnerabilidad, ya que Irán podría
eventualmente verse envuelto en una guerra de incontrolables proporciones y con efectos
globales, arrastrando a nuestro país, en función de los pactos y compromisos adquiridos con
Hugo Chávez, a una conflagración que nada tiene que ver con nuestro genuino interés nacional
ni con los mandatos constitucionales.
Por todo lo anterior reiteramos que estas violaciones constitucionales posiblemente conforman
delitos, como los contemplados en los ya mencionados artículos del Código Penal Venezolano,
en sus consideraciones sobre la traición a la Patria.
El régimen revolucionario y las guerrillas colombianas:
Los lazos entre el régimen chavista y las guerrillas de las FARC y el ELN colombianos dan
forma a uno de los más densos prontuarios de violaciones a la Carta Magna e intereses
venezolanos estos pasados trece años. Por fortuna para la memoria histórica del país, existe
un documento de acceso público, elaborado por una de las instituciones de mayor prestigio y
credibilidad en el mundo en materias relativas a la seguridad, la defensa y de inteligencia
estratégica, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (I.I.S.S.), que recopila
con lujo de detalles la historia, desarrollo e implicaciones de la relación entre el régimen
chavista y las guerrillas colombianas. Dicho documento se reseña en la Bibliografía y algunos
de sus más relevantes señalamientos son éstos:
-Las FARC han desarrollado una bien concebida estrategia internacional para respaldar sus
objetivos internos en Colombia: derrocar al gobierno colombiano y llevar a cabo una
transformación revolucionaria del país.
-El ascenso al poder de Hugo Chávez ha significado relevantes aportes a las FARC en diversos
planos.
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-Chávez ha dado respaldo a las FARC desde el año 2000, primordialmente en términos
financieros (compra de armamentos), logísticos (uso del territorio venezolano como
“aliviadero”), políticos (en el esfuerzo de dar legitimidad internacional a las FARC), y
propagandísticos.
-El respaldo de Chávez a las FARC no ha sido siempre consistente y ha tenido “altos y bajos”,
aunque se ha prolongado por años y las FARC lo han considerado muy importante. Para
Chávez se trata de promover el proceso revolucionario en América Latina y defenderse de lo
que considera son las políticas hostiles de Bogotá y Washington. No obstante, su apoyo a las
FARC ha evolucionado de acuerdo con los cambios en el contexto político regional e interno en
Venezuela y Colombia.
-Chávez ofreció US $ 300 millones a las FARC en 2007, en pleno conocimiento de que el
dinero sería usado para comprar armamento y dar inicio a una nueva ofensiva general. No se
conoce qué cantidad precisa de tal monto global fue en efecto desembolsada.
-El ex Ministro del Interior venezolano Ramón Rodríguez Chacín, militar retirado (Marina de
Guerra) y hombre de confianza de Chávez, mantuvo estrecha comunicación e intercambios con
las FARC durante al menos siete años, en tareas de coordinación y apoyo mutuo.
-Freddy Bernal, actualmente Diputado a la Asamblea Nacional y estrecho colaborador de
Chávez, fue factor clave en el envío en 2003 de personal venezolano a ser entrenado por las
FARC en tareas relativas a terrorismo y “guerra asimétrica”.
-Militares activos de la Fuerza Armada de Venezuela, desplegados en el Teatro Operacional 2
(La Fría, Estado Táchira), dieron respaldo logístico, operacional y médico a las FARC en 2001-
2002 y 2007.
-En 2003 diversos representantes militares y civiles del gobierno venezolano actuaron para
entregar armas a las FARC.
-Tanto el gobierno venezolano como sus aliados regionales e internacionales, y desde luego
las FARC, se movilizaron eficazmente antes y después de la publicación del Informe para
restarle credibilidad, mediante la acción del bien aceitado aparato de contrainteligencia y
propaganda del que la Cuba castrista dispone desde hace décadas.
-Si bien es cierto que el Informe presenta con lujo de detalles una documentación de gran
importancia, que compromete seriamente a Chávez, también lo es que los lazos Chávez-FARC
no son nada nuevo y ambas partes los han revelado desde hace años.
Los posibles efectos dañinos a su imagen producidos por sus contactos con un movimiento
visto como terrorista por buena parte de la opinión latinoamericana y mundial, aconsejaron a
Chávez, a partir de 2010, a minimizar un tanto y ocultar aún más su apoyo a las guerrillas
colombianas, a la espera de que un cambio en las circunstancias sugiera que tales vínculos
pueden reactivarse con riesgos controlados.
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Los contenidos del Informe, a los que se suman los de otras fuentes oficiales y extra-oficiales
que reseñan la relación entre el régimen chavista y las FARC y ELN, serán seguramente en un
futuro utilizados para sustentar una causa penal contra Hugo Chávez y su gobierno en
tribunales de justicia nacionales, regionales e internacionales, ante los cuales los datos que
revelan los lazos que durante años el gobierno revolucionario de Venezuela ha mantenido con
las guerrillas de las FARC, servirán como indicios probatorios y contribuirán a una condena.
2) La conversión del estamento militar en instrumento de la revolución. Violaciones a la
Constitución, hipótesis de guerra, armamentismo y defensa nacional:
La Constitución y las leyes militares:
La vigente Carta Magna es una especie de híbrido en lo que corresponde al tema militar. Por
una parte, en su artículo 328, el texto rescata la concepción de la Fuerza Armada como una
institución profesional y “sin militancia política alguna”, enfatizando que “está al servicio
exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Por otra
parte, sin embargo, la Constitución de 1999 incorpora contenidos que definitivamente no se
ajustan a las tradiciones de la democracia liberal y pluralista en materia militar. En primer lugar,
la Carta Magna en su artículo 331 excluye al poder legislativo del tema de los ascensos
militares, y dice que los mismos son “competencia exclusiva” de la FAN, debilitando
considerablemente el control civil sobre la institución armada. Por otra parte, la Constitución de
1999, en sus artículos 326, 329, 330 y 332 otorgó especial amplitud al papel de los militares en
temas del desarrollo nacional, la protección ambiental y la seguridad ciudadana, estipulando
también el derecho al voto de los militares. Estos postulados, que en su momento fueron quizás
percibidos por algunos como avances positivos, en realidad, vistos en perspectiva, abrieron
puertas para cambios legales posteriores que han sido orientados en dirección muy distinta al
espíritu general del texto de 1999.
Dicho esto se hace necesario precisar lo siguiente: Las leyes dictadas en materia militar a partir
de 1999, en particular la LOFAN de 2005 y las reformas de 2008, 2009, 2010 y 2011, violan de
manera flagrante los artículos 328, 329 y 332 de la Carta Magna vigente. Tal violación de los
preceptos constitucionales responde a la deliberada destrucción de la República tal y como se
encuentra definida en los artículos 1 al 7 de la Carta Magna, y a su sustitución por un modelo
político fundamentalmente distinto, inspirado en el socialismo marxista, la personalización del
poder y la conversión de la Fuerza Armada en una institución ideologizada al servicio de una
persona y su parcialidad política.
Lo que demuestran las leyes y reglamentos militares promulgados luego de 1999 es que la
Constitución vigente no lo es sino de manera ficticia, pues la misma es meramente utilizada
para disfrazar el sistemático vaciamiento de su letra y espíritu en función de los intereses y
necesidades del Presidente de la República y del régimen. En tal sentido, no nos sorprendería
que de prolongarse la permanencia en el poder del actual régimen, se convoque a una nueva
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Constituyente para reformar la Constitución de 1999, dejando de una vez de lado sus
contenidos democráticos y pluralistas y ajustándola a la realidad de un modelo político
autocrático, centralista y hegemónico, con patente vocación totalitaria.
Las verdaderas intenciones y propósitos del régimen revolucionario en el ámbito militar, se
pusieron de manifiesto de manera inequívoca en la LOFAN aprobada por la Asamblea Nacional
el 6 de septiembre de 2005. Algunos cambios se habían perfilado en alguna medida en un
instrumento legal anterior, La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación del 28 de noviembre de
2002, en la que entre otros aspectos se introdujo el concepto de “seguridad y defensa
integrales” de la Nación, enfatizando tanto la corresponsabilidad del Estado y la sociedad en
estos campos así como el papel de los militares en el desarrollo del país.
Ahora bien, es crucial señalar que previamente a la aprobación de la LOFAN de 2005, texto
que consideramos de fundamental importancia en la definición de un nuevo modelo político en
el país, el Presidente había anunciado su objetivo de tomar un camino radicalmente distinto al
establecido en la Constitución de 1999, y lo hizo en las extensas intervenciones que realizó
durante el denominado Taller de Alto Nivel “El Nuevo Mapa Estratégico”, efectuado los días 12
y 13 de noviembre de 2004 en Caracas.
Los pronunciamientos del Presidente fueron recogidos por la intelectual marxista y asesora de
Chávez Marta Harnecker y publicados por el Ministerio de Información del régimen. Es de
interés resaltar varios puntos. En primer lugar Chávez formuló el desafío de construir una
nueva hegemonía, es decir, de la necesidad, para hacer viable su proyecto socialista radical,
de cambiar las mentalidades a una población que se caracteriza por poseer una cultura política
democrática y apegada al concepto de propiedad privada. Según Chávez, “No es
suficiente…destruir el viejo régimen en los hechos…tenemos que demoler el viejo régimen a
nivel ideológico…si no las demolemos (las viejas ideas) nos van a demoler tarde o temprano”.
El Presidente anunció además que su meta es una “revolución social”, y explicó que “El
objetivo a largo plazo…es trascender el modelo capitalista”. Añadió lo siguiente: “¿Es el
comunismo la alternativa? ¡No! No está planteado en este momento, aquí están los grandes
rasgos de la Constitución Bolivariana (de 1999)…la economía social, la economía humanista, la
economía igualitaria. No nos estamos planteando eliminar la propiedad privada…nadie sabe
qué ocurrirá en el futuro, el mundo se va moviendo…” Adicionalmente Chávez advirtió, aunque
sin entrar en detalles, que profundizaría y aceleraría “la conformación de una nueva estrategia
militar nacional” con base en un “Nuevo Pensamiento Militar venezolano”, que “incorpore al
pueblo a la defensa”. Finalmente el Presidente hizo saber que acentuaría la proyección del
proceso bolivariano a través de la región, con el fin de impulsar “el nuevo sistema internacional
multipolar”.1
A partir de ese mes de noviembre de 2004 y los primeros meses del nuevo año, en una serie
de alocuciones el Presidente avanzó más allá y comenzó a articular explícitamente su visión de
un inmediato camino hacia el socialismo. El Chávez que hasta esa fecha del 2004 se había
autoproclamado “humanista” empezó a hablar de marxismo ya en 2005, y desde ese momento
1 Intervenciones del Presidente Hugo Chávez Frías. Taller de Alto Nivel “El Nuevo Mapa Estratégico”. Ministerio de Comunicación e Información del Gobierno Bolivariano, Caracas, Noviembre 2004, pp. 16-17, 31, 50-51, 53
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la creación de un Estado y una economía socialistas de raigambre radical y en evidente
conexión con el modelo cubano, se transformó de manera inequívoca en el proyecto político del
Presidente de la República y su régimen.
En lo que concierne al ámbito castrense, la LOFAN del 6 de septiembre de 2005 fue un salto
cualitativo hacia la concentración del poder en manos del Presidente, así como en la
conversión de la FAN en un instrumento de poder personal y el de una parcialidad política.2 La
ley, entre otros asuntos, convirtió la atribución que tradicionalmente correspondía al Jefe del
Estado como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada en una función permanente, mediante
la creación de la llamada “Comandancia en Jefe” de la Fuerza Armada (artículo 40). Es decir, lo
que había sido una atribución en virtud de una condición --ser Presidente--, pasó a ser una
instancia y un grado dentro de la jerarquía militar, mimetizando así el cargo civil con un grado
militar. De este modo fue modificada también la línea de mando, dividiéndola entre la
operacional bajo el Presidente y la administrativa bajo un disminuido Ministerio de la Defensa.
Previamente a la ley de 2005, y mediante decretos presidenciales, habían sido creados el
Comando General de la Reserva y Movilización Nacional y la Guardia Territorial, bajo el mando
directo del Presidente, violando así el artículo 329 de la Constitución que establece sólo cuatro
componentes de la Fuerza Armada: Ejército, Aviación militar, Armada y Guardia Nacional.
Ya en mayo de 2007 el proceso de conversión de la Fuerza Armada en instrumento de
dominación política y poder personal quedó evidenciado más allá de cualquier posible duda. A
partir de esa fecha se ordenó a la FAN adoptar el lema “Patria, Socialismo o Muerte,
venceremos”, en obvia imitación del lema revolucionario cubano. La intención de Chávez fue
reforzada con su propuesta de reforma constitucional del 15 de agosto de 2007, orientada entre
otros puntos a transformar a los militares en pilares de la revolución y garantes de su poder
personal, mediante un proceso combinado que a la vez desnaturaliza el componente
profesional tradicional y construye un ejército paralelo.
Por ello, en el discurso en que presentó su propuesta de reforma, el Presidente cuestionó la
“concepción clásica” de la Fuerza Armada, es decir, la definición del estamento castrense como
institución “esencialmente profesional”, sosteniendo que la misma produce un sector militar
“desarraigado y elitista”. Criticó también la idea del apoliticismo de los militares en el Estado
democrático de Derecho y propuso dar rango constitucional al cambio de nombre de “Fuerza
Armada Nacional” al de “Fuerza Armada Bolivariana”, añadiendo lo siguiente: “En el
cumplimiento de su función (la Fuerza Armada) estará siempre al servicio del pueblo
venezolano…y en ningún caso al servicio de oligarquía alguna o poder imperial extranjero”.
Finalmente el Presidente propuso que el sector militar fuese en adelante caracterizado
2 El siguiente resumen de las modificaciones legales en el ámbito militar, a partir de la LOFAN de 2005 y hasta la ley actualmente vigente del 21 de marzo de 2011, se sustenta en los estudios de Francine Jácome: Fuerza Armada, Estado y Sociedad Civil en Venezuela, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Caracas, Octubre de 2011, pp. 3-6; de Ricardo Suche Heredia: La concepción militar en la nueva LOFAN. ¿Guerra asimétrica o movilización nacional para la dominación interna? Ponencia presentada en el Seminario sobre “Caracterización del sistema político venezolano”, Academia de Ciencia Políticas y Sociales, Caracas, mayo de 2006, pp. 16-18; y de Aníbal Romero: Militares y Política exterior en la Revolución Bolivariana. Ponencia presentada en las Jornadas sobre Venezuela, Universidad de Santiago de Compostela, 21-22 de Mayo 2008.
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constitucionalmente como “un cuerpo patriótico, popular y anti-imperialista”, y que las Reservas
se consideren como un componente más de la Fuerza Armada, transmutándose en “Milicias
Populares Bolivarianas”.3 Las similitudes de este esquema con el existente en la Cuba castrista
son inequívocas
En julio de 2008 el Presidente decretó una nueva reforma a la ley de 2005, mediante la cual la
FAN empezó a denominarse Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Posteriormente, en
octubre de 2009 y febrero de 2010, fueron decretadas nuevas reformas a la ahora LOFANB,
fortaleciendo en todas ellas la Milicia Nacional Bolivariana, cuerpo militarizado e ideologizado al
servicio del régimen.
En marzo de 2011 fue decretada una nueva reforma de la LOFANB, todavía hoy en vigencia, y
se introdujeron 48 modificaciones que han sido claramente resumidas por Francine Jácome en
su ya citado estudio, y que ahora reproduciremos de manera textual (en itálicas):
Preámbulo: señala que uno de los objetivos de la FANB es “lograr la mayor eficacia política y
calidad revolucionaria en la construcción del socialismo”. Esto determina que la fuerza armada
pasa a defender un proyecto político y no a la Nación.
Artículo 4: se afirma que la FANB tiene la potestad de ejercer funciones de policía
administrativa y desarrollar labores de investigación penal. Con ello se amplía el papel de los
militares, incluyendo las Milicias, en labores que tradicionalmente han sido de competencia
civil.
Artículo 66: establece que “pertenecen a la categoría de Milicia quienes sin ejercer la profesión
militar manifiesten voluntariamente ingresar a la Milicia Bolivariana; y al ser movilizados
cumplan funciones en la Seguridad y Defensa Integral de la Nación, como militares en la
condición de: Oficiales de Milicia, Sargentos de Milicia y milicianos, conforme a las
disposiciones previstas en el reglamento respectivo”.
Esto significa, por un lado, que podrán tener rango de oficiales personas que no han cursado la
carrera militar, y en segundo lugar se abre la posibilidad de que un oficial con grado y
antigüedad en la FANB pueda estar subordinado a un oficial de la Milicia que no ha realizado
estudios militares. En la práctica es la desprofesionalización de la FANB y la transformación de
la Milicia de una estructura horizontal a una vertical.
Artículo 77: determina que estos grados y jerarquías de la Milicia serán otorgados conforme al
reglamento que debe ser dictado por el Ministerio del Poder Popular de la Defensa,
esperándose que sea el Presidente Chávez, como Comandante en Jefe de la Milicia, el que
tendrá esta potestad.
Entre las consecuencias a corto plazo puede señalarse:
3 Hugo Chávez Frías: Ahora la batalla es por el sí. Discurso de presentación del Proyecto de Reforma Constitucional
ante la Asamblea Nacional. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 15-08-2007, pp. 72-75
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El artículo 324 de la Constitución de 1999 establece que la Fuerza Armada Nacional es la única
que puede poseer y utilizar armas, municiones y explosivos de guerra. Sin embargo, a través
de esta nueva ley se está autorizando a la Milicia para utilizar estos armamentos, aunque no
tienen la profesión militar. A sus aproximadamente 125.000 integrantes se les está entrenando
en la utilización no solamente de fusiles AK 103, sino también de lanzacohetes de fabricación
rusa.
En forma indirecta, porque no está explicitado en ninguna de las reformas, se considera que en
la práctica la MNB se ha convertido en un quinto componente de la FANB, violando la
Constitución de 1999 (en su artículo 329) que establece claramente cuatro componentes:
Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional. En la nueva ley se les otorga un papel en el
mantenimiento del orden interno y la seguridad ciudadana, paralelo a la función que
tradicionalmente ha ejercido la Guardia Nacional.
Jacóme sintetiza así su análisis: “Estas nuevas reformas refuerzan la tendencia de los últimos 6
años de crear una estructura militar paralela, que responde directamente al presidente Chávez
y a su programa político-ideológico”.4 Compartimos plenamente esta conclusión, pero
insistiendo sobre lo siguiente: El régimen revolucionario ha actuado en dos planos con el
mismo objetivo. De un lado ha desprofesionalizado y politizado el estamento castrense
tradicional, vaciándole gradualmente de sus valores y prácticas acumuladas en el tiempo,
adoctrinándole con los postulados marxistas del “Socialismo del Siglo XXI” y sujetándole a la
vigilancia y control de los servicios secretos cubanos. De otro lado, en efecto, el régimen ha
creado paso a paso una estructura paramilitar no-convencional, que además de la Milicia
Bolivariana incluye a grupos civiles irregulares armados y financiados por el propio Gobierno,
como por ejemplo los llamados “Tupamaros”, el grupo “Carapaica”, el “Colectivo la Piedrita” y el
“Frente Bolivariano de Liberación” que opera en la zona fronteriza con Colombia. El objetivo
común de estas acciones ha sido y sigue siendo crear un aparato militar y paramilitar al servicio
exclusivo de una persona y de una parcialidad política, en abierta violación de los principios
constitucionales, de los intereses legítimos, de los valores, tradiciones y aspiraciones de una
gran parte del país.
Cambios en la doctrina e hipótesis de guerra venezolanas y compras de armamentos:
Para lograr una adecuada comprensión del sentido de los cambios que el régimen ha llevado a
cabo en la legislación y prácticas militares, es importante tomar en cuenta el conjunto de las
reformas desde 2005, sin dejar de lado la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002.
Dicha revisión pone de manifiesto una radical transformación en la perspectiva estratégica del
país y su sector castrense. Enemigos de ayer como las FARC, el ELN y la Cuba castrista, por
ejemplo, son amigos de hoy, y aliados estratégicos de ayer como los EE UU son hoy
considerados mortales enemigos. La nueva visión estratégica, que responde a las alianzas
político-ideológicas del Presidente y su régimen, se sustenta en el escenario de una probable
“invasión de fuerzas extranjeras” a Venezuela, y asigna al sector castrense la tarea de
4 F. Jácome: Fuerza Armada, Estado y Sociedad Civil en Venezuela, pp. 3-5
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contrarrestar no especificadas amenazas de “agresión interna”. El “nuevo pensamiento militar
venezolano” establece la guerra preventiva frente a “fuerzas hostiles” como un método legítimo
de acción militar, y su esquema operativo se fundamenta presuntamente en la doctrina de la
llamada “guerra asimétrica”, el “campo de batalla descentralizado” y “operaciones de
resistencia”, concebidas como la base de una concepción militar autóctona y enlazada al
“fortalecimiento de la integración cívico-militar y la movilización popular mediante la defensa
militar, dentro del concepto de la defensa integral de la Nación”.
Estos planteamientos, que hemos extraído de diversos instrumentos legales formulados,
sancionados y en ocasiones derogados a lo largo de la pasada década, pretenden converger
en torno a una idea de “defensa integral”, que incorpora al “pueblo en armas” en defensa del
país frente a amenazas que, paradójicamente, son fomentadas por el propio régimen, a través
de sus alianzas con Estados forajidos como Cuba e Irán, con fuerzas subversivas en el
hemisferio como es el caso de las FARC, y de otras latitudes en el caso de Hezbollah y Hamas.
La percepción de amenaza, de acorralamiento y asedio permanente ha sido cultivada y
promovida por el régimen mismo, tanto en el ámbito doméstico como internacional. En función
de tal visión acerca de la posición estratégica de Venezuela y los desafíos a la seguridad
interna y externa del país, el régimen ha promovido, como ya se señaló, una nueva visión
estratégica, que presenta paradojas y contradicciones. La más importante paradoja ya ha sido
destacada: el propio régimen nutre las amenazas que luego pretende contrarrestar. Y la más
notable contradicción se desprende del insalvable contraste entre, de un lado, la concepción
estratégica de la “guerra asimétrica” o “guerra de resistencia “, de “cuarta generación”, que por
definición es la guerra del débil contra el fuerte y de lo no-convencional contra un poder militar
ortodoxo o convencional, y de otro lado una política de compra de armamentos dirigida a
fortalecer a una Fuerza Armada convencional.
En otras palabras, el inmenso gasto militar ejecutado por el régimen estos pasados años, que
suma decenas de millardos de dólares y gruesas deudas, se ha centrado en “grandes” equipos,
que incluyen avanzados aviones y helicópteros de combate, fragatas y submarinos, tanques y
vehículos blindados para operaciones propias de escenarios bélicos en Europa o Asia,
lanzacohetes, sistemas misilísticos tierra-aire y tierra-tierra, aviones de trasporte y patrullaje, y
sistemas de comunicaciones ajustados a la acción de grandes unidades en frentes de batalla
definidos, muy distintos a los frentes fluidos, ambiguos y cambiantes de una “guerra
asimétrica”. A todo esto se suman centenares de miles de fusiles de asalto y rifles de precisión,
entre otros sistemas de armas.
En función de este novedoso esquema geopolítico y estratégico, Chávez convirtió a Venezuela
en el principal comprador de armamentos en la región latinoamericana,5 y sus adquisiciones se
llevan ahora a cabo en Rusia, China y Bielorrusia. Este tipo de armas sólo tendrían utilidad en
el contexto de una guerra convencional, pero no en el de la guerra asimétrica de resistencia
popular y de guerrillas. Creer que unas docenas de aviones y submarinos rusos y chinos
podrían contrarrestar un bloqueo a Venezuela por parte de la Armada de Estados Unidos es
ilusorio, del mismo modo que pretender que un sistema antiaéreo bielorruso sería capaz de
5 Véase la Bibliografía respectiva al final de este estudio.
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detener un ataque frontal por parte del “imperio” a los centros neurálgicos del país. De allí que
uno se interroga acerca del sentido de estas compras y de los gastos que involucran. ¿Se trata
de gestos desafiantes ante el “imperio”?; ¿son una forma de apaciguar a los militares
comprándoles “juguetes” para desfilar y de esa manera intensificar su compromiso con la
revolución?; ¿son parte de un plan bélico a largo plazo en combinación con Irán?; ¿o
representan una herramienta adicional destinada a facilitar la corrupción que corroe al
régimen? Estas paradojas y contradicciones sugieren que Hugo Chávez ha tratado, a la vez,
de contar con los militares y eliminarles, y tal vez no ha logrado aún por completo ni una cosa ni
la otra. Las fuerzas armadas tradicionales no terminan de morir y el ejército de la revolución no
acaba de nacer plenamente.
En todo caso debemos ahora preguntarnos: ¿son estas compras de armamentos en sí mismas
violatorias de la Constitución? La respuesta a tal interrogante debe ser formulada en el marco
de lo planteado en este estudio, y referirse a que en Venezuela se ha venido conformando un
régimen revolucionario en clara contradicción con las bases programáticas de la Constitución.
Sin que por los momentos consideremos los probables hechos de corrupción vinculados a la
adquisición de tantos y tan costosos armamentos, y al manejo de los recursos públicos sin
controles ni auditorías característico del régimen, lo esencial es precisar que el armamentismo
generado por Hugo Chávez forma parte de un proceso que viola en sus pilares fundamentales
la Constitución venezolana, y que busca convertir al estamento militar en el sumiso servidor del
poder personal del Presidente y de su parcialidad política.
Todo lo hasta ahora expuesto nos lleva a concluir que el régimen revolucionario encabezado
por Hugo Chávez se ha colocado fuera de la Constitución y las leyes de la República, y sus
actuaciones tendrán necesariamente que ser juzgadas y sancionadas una vez que en
Venezuela se restablezca un Estado de Derecho.
Bibliografía comentada:
-La Constitución de Venezuela de 1999 así como todos las principales leyes y reglamentos
militares, pueden consultarse en: http://www.controlciudadano.org/documentos/detalle.php?catid=3
1) Violaciones a la soberanía, independencia e integridad territorial del país.
La alianza con la Cuba castrista:
-Para un cuidadoso recuento histórico de las relaciones Cuba-Venezuela desde 1959 hasta el
presente, consúltese el estudio de Carlos A. Romero: “Cuba y Venezuela: La génesis y el
desarrollo de una utopía bilateral”, en: Luis F. Ayerbe (Coord.): Cuba, Estados Unidos y
América latina frente a los desafíos hemisféricos. Barcelona: Editorial Icaria, 2011, pp. 159-
202.
-La Fundación Justicia y Democracia de Venezuela ha realizado una detallada compilación,
sobre los intercambios entre la Cuba castrista y el régimen de Hugo Chávez, que incluye una
lista comentada de las “donaciones” a Cuba y sus montos, de los diversos convenios y
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acuerdos y de la presencia de cubanos en Venezuela:
http://sigloxxi.org/EventosInternacionales2007/VenezuelaCubaRelacio.htm
La alianza con Irán y sus implicaciones:
-Un documento de fundamental importancia es el producido por el Fiscal Robert M.
Morgenthau, titulado The Iran-Venezuela Axis of Scam. The American Interest, January-
February 2010, pp. 50-54
-De mucha importancia igualmente es el estudio de Norman A. Bailey: Iran’s Venezuelan
Gateway: http://www.afpc.org/publication_listings/viewBook/1335
-El extenso y detallado estudio de Mark P. Sullivan: Venezuela: Political Conditions and U.S.
Policy, contiene relevante información sobre varios de los tópicos tratados en el presente
documento, entre ellos acerca de las relaciones entre Irán y Venezuela bajo el régimen
revolucionario. Washington, DC: Congressional Research Service, July 28, 2009.
El régimen revolucionario y las guerrillas colombianas:
-La fuente clave es el Informe preparado por The International Institute for Strategic Studies:
The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archive of Raúl Reyes. London:
I.I.S.S., 2011.
2) La conversión del estamento militar en instrumento de la revolución:
Los siguientes materiales de apoyo cubren el conjunto de temas de esta sección:
-Francine Jácome: Fuerza Armada, Estado y Sociedad Civil en Venezuela. Caracas: ILDIS,
Octubre de 2011. Un excelente aporte que discute con minuciosidad y sentido crítico los
aspectos legales, operativos y logísticos del proceso de cambios militares llevados a cabo por
el régimen revolucionario.
-Ricardo Sucre Heredia: La concepción militar en la nueva LOFAN. ¿Guerra asimétrica o
movilización nacional para la dominación interna? Ponencia presentada en el Seminario
“Caracterización del sistema político venezolano”, Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
Caracas 9 de mayo de 2006. Relevante estudio de la LOFAN de 2005, un hito crucial en el
camino de politización de la FAN.
-Ricardo Sucre Heredia: Socialismo y la cuestión militar. En: M. López Maya (Ed). Ideas para
debatir el socialismo del Siglo XXI. Caracas: Editorial Alfa, 2007. Otra contribución
importante del autor en torno a los cambios de las leyes y el ethos militar venezolano.
-Aníbal Romero: Militares y política exterior en la revolución bolivariana. Ponencia
presentada en la universidad de Santiago de Compostela, mayo de 2008
http://anibalromero.net/Militares.y.politica.exterior.rev.pdf
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