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Propaganda política y despolitización mediática en Ecuador: el gobierno y los medios
privados de espaldas a la ciudadanía
Por: Mauro Cerbino, Isabel Ramos, Rocío Orlando1
FLACSO, sede Ecuador
Palabras clave: Ecuador- propaganda gubernamental- medios privados, mediatización
propagandística contenciosa.
Sinopsis del Capítulo: En Ecuador en los años recientes (2007-2012) la comunicación
política ha sufrido transformaciones medulares que la proyectan como un escenario muy
distinto al de la puesta en común, el intercambio y la participación. En su lugar, desde el
gobierno se ha implementado una estrategia de mediatización propagandística contenciosa,
que apunta a la generación de discursos controlados y unilaterales, que prescinden de los
colectivos de identificación como interlocutores en la construcción del proyecto político.
Asimismo, el gobierno ha construido a los medios privados como el principal enemigo
político a combatir, generando una contienda en la que las estrategias de ambos se
despliegan en el ámbito de lo mediático, polarizando y erosionando el debate público de
ideas a nivel nacional. El resultado: el amplio espectro de sujetos que forman el tejido
social permanecen al margen de las representaciones mediáticas dominantes. En ese
marco, tanto el gobierno como los medios comerciales se verían beneficiados.
1 Agradecemos especialmente la colaboración de Lorena Plua, periodista, estudiante de la maestría en
Comunicación y Opinión Pública de FLACSO- Ecuador.
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Caracterización del escenario
En Ecuador en los últimos años, en consonancia con países como Argentina y Venezuela,
el mimetismo de la política y la comunicación mediatizada ha traspasado los pocos límites
imaginables, configurando una reinvención de la comunicación política que, desde la
llegada de Rafael Correa al gobierno (2007), presenta dos rasgos específicos: la
comunicación gubernamental cuenta con un único narrador; y está fuertemente sostenida
por un dispositivo propagandístico que impugna cierto modo de concebir la política, y de
comprender y administrar lo público, objetando el imaginario liberal de la prensa, y
denunciando su actuación política y corporativa, pero que, paradojalmente, emplea
estrategias similares a la de los medios comerciales.
Del otro lado, el gran espectro de medios, cuya naturaleza se había alejado tiempo antes
del puro ejercicio de contralor de las instituciones democráticas, perdiendo terreno en
cuanto a equilibrio y calidad periodísticos, priorizó su actoría política, al desplegar
acciones abiertamente propagandísticas y corporativistas, y al disputarle directamente la
palabra política al Ejecutivo.
De este modo, la comunicación mediatizada se ha convertido en una de las principales
líneas de conflictividad política en el país, en el contexto de vigentes reformas estatales, al
punto tal que, en las alocuciones presidenciales más importantes para la agenda de
gobierno, el Ejecutivo dedica largas intervenciones a calificar la actividad de la prensa de
“mediocre”, “corrupta”, y “representante de los intereses de la partidocracia” , llevando la
contienda incluso al ámbito de la justicia ordinaria; tema que ha tenido amplias
repercusiones internacionales y le ha valido críticas de organismos como Reporteros Sin
Fronteras (RSF) y la Relatoría para la libertad de expresión, en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
Asistimos a un escenario inédito donde la comunicación mediatizada ha cobrado un papel
medular en los modos de configurar representaciones sobre lo social y lo político, y donde
las estrategias propagandísticas del Ejecutivo y de los medios empresariales responden a
lógicas comunicacionales similares que se despliegan en el ámbito de lo mediático. El
corolario es la degradación del debate en torno a temas nacionales y de interés público, y
una formula contenciosa polarizada donde se representan y tienen la palabra
exclusivamente dos actores del juego político (las empresas de medios y el Ejecutivo),
excluyendo al amplio espectro de sujetos que forman el tejido social. Los beneficios de
este juego de espejos se reparten de lado y lado: el gobierno capitaliza, tanto el desgaste delos medios -que en el país es de años recientes- como la erosión de la oposición política, y
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éstos venden contenidos apocalípticos y futuristas sobre un gobierno al que califican de
“autoritario” y “déspota”, posicionándose abiertamente como contendores del arco
opositor. El resultado: ganar ganar.
El dispositivo propagandístico del gobierno
Desde su llegada al poder, el Ejecutivo ha venido delineando gradualmente una estrategia
comunicacional que ha tomado cuerpo en los últimos años. Una de las críticas más
reiteradas de los sectores opositores tiene que ver con la importancia que ha adquirido la
comunicación frente a las otras áreas de gobierno. Desde esta perspectiva, el régimen
estaría instrumentando una suerte de campaña permanente, una de cuyas estrategias clave
sería, en la presente coyuntura, la confrontación discursiva y judicial con las empresas
mediáticas concentradas, con sus accionistas y con sus periodistas emblemáticos.
El gobierno cuenta con un aparato de propaganda política que hemos denominado
“estrategia de mediatización propagandística contenciosa” (Orlando, 2012), y que se
configura a partir de tres dimensiones principales.
Primero, el haber generado transformaciones más o menos profundas en el sistema
mediático nacional. Destacamos dos rasgos de la configuración del mapa mediático:
históricamente, el país se caracteriza por una matriz de formación y práctica periodísticas
forjada en los medios privados, dado que los medios públicos no existían hasta 2008.
Además, la actuación de los medios del país en defensa de intereses económicos y políticos
no es del todo novedosa. En Ecuador es conocida la guerra mediática durante los `90 entre
los medios del grupo financiero Isaías (dueño de Filanbanco y de medios como TC
Televisión) y los del grupo Egas (antiguo dueño del banco Pichincha y de medios como
Teleamazonas). Luego, durante la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez en 2005, la
ciudadanía manifestó abiertamente su indignación contra los medios por haber dado la
espalda a las protestas.
Lo novedoso de los años recientes es que el gobierno está generando variaciones
significativas en este escenario, a raíz de tres factores fundamentales: por una parte, la
incautación en 2008 por parte de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) de medios
privados (entre ellos los canales TC Televisión, Gamavisión y Cable Noticias), que
pertenecían precisamente al grupo Isaías, acusado de corrupción y de ser el principalcausante de la crisis bancaria de 1999. La intención era que los medios fueran subastados
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para saldar las deudas vinculadas a la quiebra del banco; sin embargo, hasta la actualidad,
han funcionando en manos del estado. Otro factor de peso fue la puesta en marcha de
medios públicos estatales (televisión, radio y prensa). Desde 2008 el país cuenta con 3
medios de comunicación que funcionan bajo dicho rótulo.
En particular la creación del periódico estuvo atravesada por una gran controversia pública
pues su aparición ocurre en un momento de tensión política entre el gobierno nacional y las
fuerzas políticas y económicas tradicionales. Hasta hoy, el periódico encuentra serias
dificultades para consolidarse como medio autónomo del gobierno. Primero, el diario aún
sostiene su producción en una infraestructura obsoleta heredada de un antiguo medio. A
esta primera fuente de dificultades se agrega una segunda, situada esta vez en el plano de la
formación profesional. En su corto recorrido el diario no logró sostener procesos
formativos a periodistas bajo el concepto de periodismo público, que fueran distintos de la
cultura periodística construida por décadas en los medios privados y de los cuales proviene
la mayoría de periodistas que trabajan actualmente en el periódico. Tercero, el medio no
logró consolidar una base social de apoyo al proyecto que incluyera a organizaciones
sociales, colectivos de diversa índole y la academia. Además, el estatuto jurídico es otro
problema: el diario constituye una corporación privada; dicha condición se mantuvo
incluso luego de que el Ejecutivo declarara su voluntad de que el estado se hiciera cargo
del matutino. Un aspecto que muestra que el estatuto legal funcionó como elemento
problemático de peso, que posteriormente complicó el proyecto, es el cambio del eslogan
“Primer diario público”, que existió durante la dirección del primer director, y que a partir
del 1 de mayo de 2010 pasó a ser: “El decano de la prensa nacional”. De allí la necesidad e
importancia de que la Asamblea Nacional sancione una Ley Orgánica de Comunicación
que contemple un capítulo específico sobre medios públicos.
Finalmente, una tercera decisión del gobierno que reconfiguró el paisaje mediático
nacional fue la creación de medios gubernamentales: tal es el caso de la Agencia Pública
de Noticias del Ecuador y Suramérica (Andes), creada en diciembre de 2009 con el
impulso de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que mantiene una relación
estrecha con las agencias públicas de otros países; y el periódico El Ciudadano, que circula
desde abril de 2008 con el eslogan “el periódico del gobierno de la revolución ciudadana”.
Lo que sostenemos es que el hecho de romper los vínculos de connivencia con el gran
espectro de medios privados generó para el gobierno un escenario de amenazas y
oportunidades; entre las últimas se cuentan el apoyo a medios que actúan como
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políticamente afines y la creación de medios propios (gubernamentales) que funcionan
como el brazo propagandístico dentro de la estrategia general.
Segundo, el ejecutivo construyó la identificación de las empresas de medios privados
como el principal enemigo político a combatir y un afán regulatorio que estaba
ausente en las agendas legislativas de sus antecesores.
Si bien Correa contó con el apoyo de las más importantes empresas de medios nacionales
durante la campaña y luego, durante los primeros meses de gestión, él rápidamente cortó
vínculos. Cronológicamente es posible establecer marzo de 2007 como la fecha exacta de
la ruptura de relaciones con los medios comerciales, a propósito de un editorial publicado
por el diario La Hora titulado “Vandalismo oficial”, en referencia a la disputa entre el
Ejecutivo y el Congreso. A partir de ese momento los descalificativos del Ejecutivo hacia
la prensa fueron in crescendo y el enfrentamiento escaló, empeorando progresivamente los
vínculos, en parte porque la prensa no supo desmarcarse de la capitalización política que
hizo el gobierno de su imagen ya desgastada, y en lugar de intentar mantener o incluso
mejorar el equilibrio y calidad periodísticos, le hizo el juego al gobierno, asumiendo el rol
de confrontación.
Los enlaces sabatinos son el espacio privilegiado donde el presidente califica la actividad
de la prensa de “mediocre” y “representante de los intereses de la partidocracia”. Las
siguientes declaraciones del mandatario ejemplifican lo dicho:
“Lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión – no nos dejemos engañar -, la
cual somos los primeros en defender, sino la contradicción ética y técnica de negocios privados con
fines de lucro e intereses políticos y grupales, proveyendo un bien público indispensable para la
sociedad: la información” (Declaraciones del Ejecutivo durante el Informe a la Nación, 10/08/
2011).
“En general, la práctica común fue siempre crear un grupo económico y usar los medios, no para
informar, sino para defender los intereses de ese grupo económico. La falta de objetividad,
descontextualización, sesgo en la información son, por decir lo menos, patéticos. Como soy unPresidente que enfrenta a cierta prensa, si a mí me muerde un perro…!al día siguiente esa prensa
entrevista al perro!” (Conferencia del Presidente Correa en la Universidad de Columbia,
23/09/2011).
“La prensa corrupta en nuestro país, en nombre de la libertad, nos hace esclavos y esclavas de loque calla o lo que dice. Media docena de familias son dueñas de medios de comunicación
nacionales; esa es la vulnerabilidad en la que estamos” (“Presidente insta a que los medios
demuestren si el Gobierno miente en cadenas nacionales (audio), El Ciudadano, 10/11/2011).
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El último episodio significativo de la contienda, aún abierto, fue su demanda por injuria
calumniosa al diario El Universo, a propósito de una columna de opinión de febrero de
2011 titulada “No a las Mentiras”, en la que el editorialista opositor, Emilio Palacio, llamó
al presidente "dictador" y le advirtió que podría ser juzgado por crímenes de lesa
humanidad al haber presuntamente ordenado disparar contra un hospital durante el intento
del golpe de estado que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2010.
En julio, la justicia condenó a tres años de cárcel y al pago de una multa de 40 millones de
dólares a tres directivos y al ex editor del periódico. En ese momento la judicialización del
caso fue rechazada por Reporteros Sin Fronteras al considerarla un “acoso judicial”. Más
recientemente, en setiembre, el Secretario General de la organización se dirigió al
presidente Correa expresando que “la indemnización que [se] exige al diario El Universo
constituye una verdadera incitación a la autocensura”. El proceso de querella , que dura ya
seis meses, ha tenido algunos aspectos relevantes y polémicos. Inmediatamente después de
haberse dictado la sentencia a favor del presidente con una indemnización menor a la que
solicitó inicialmente (80 millones de dólares), el medio denunció al juez Juan Paredes por
la rapidez en que dictaminó el fallo: "en 33 horas aproximadamente, tomó posesión del
cargo, sustanció la audiencia de juzgamiento, estudió más de cinco mil hojas del
expediente, escribió 156 carillas de la sentencia, notificó a las partes y se retiró del cargo".
(Hoy, 20/09/2011).
El caso tomó aún más relevancia con algunas declaraciones de agencias como Human
Rights Watch, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Asociación Internacional
de Radiodifusión quienes consideraron al caso como “desproporcionado”. A esto se suma
las propias declaraciones de los directivos del diario, que advertían sobre una supuesta
cadena de restricciones impuestas desde el Gobierno y el refugio solicitado por el
periodista Emilio Palacio a los Estados Unidos.
A nivel local, la Fiscalía del Estado Ecuatoriano colocó una indagación al juez Juan
Paredes y a cuatro servidores judiciales que trabajaban con él; El Universo a través de su
abogado, en su denuncia, atribuía la rapidez del fallo a una previa escritura de la sentencia
que “se habría colocado en el computador de Paredes”. El 16 de septiembre de 2011 el
Presidente Rafael Correa desiste del recurso de apelación en que volvía a solicitar la
indemnización por los 80 millones de dólares; según declaraciones, para “agilizar la
audiencia”. En los días posteriores, Correa asegura que existen “presiones mediáticas” en
los jueces a cargo del caso.
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“Aquí no hay censura previa, pero pueden decir lo que quieran los periodistas y los medios de
comunicación, de hecho usted revise la prensa ecuatoriana, de largo debe ser el presidente más
insultado y calumniado de la historia, pero deben ser responsables de lo que dicen y de lo que
callan. Acaso que por ser medios privados, ellos pueden ser selectivos entre lo que informan y
lo que no informan, o tan solo deben informar lo que tienen que informar, pero manipulan,
informan lo que les conviene y no informan lo que no les conviene, distorsionan la información:en Ecuador no hay censura previa” (Declaraciones del Ejecutivo para Prensa Latina, Cuba,
22/10/2011).
“Yo no soy corrupto, no soy dictador, creo que todos nosotros damos la vida por defender los
derechos humanos; y estos grupos, que frecuentemente apoyaron las dictaduras, que sí atentaron
contra los derechos humanos, ahora nos llevan acusados de atentar contra los derechos
humanos, por la osadía de haberle puesto un juicio, de acuerdo con la ley, a un medio decomunicación” (Extractos del discurso de Rafael Correa sobre libertad de expresión en la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, 5/12/2011).
Hasta el momento, el caso del diario El Universo sigue sin resolverse en medio de la
asignación de nuevos jueces, si bien las alusiones del presidente a la “prensa corrupta”
continúan difundiéndose de forma regular en sus declaraciones públicas.
Tercero, el ejecutivo construye una estrategia de comunicación política fuertemente
anclada en la figura de Correa y en la lógica publicitaria, y con base en la
prescindencia relativa de la interfaz periodística. Para ello, desarrolla un trabajo
sistemático de propaganda política, que apunta al contacto unilateral y directo con la
ciudadanía y al uso intensivo de las nuevas tecnologías, en la línea de lo que Verón ha
denominado “campaña oficial” (2001:127-128). No obstante, dicha estrategia se completa
con la elaboración regular de información valiéndose de códigos mediáticos; es decir, se
producen contenidos “mediatizables” y se realiza un esfuerzo cotidiano de incidencia en la
agenda periodística, mediante una estructura comunicacional propia, que incluye grandes
infraestructuras tecnológicas y enormes presupuestos, equipos de numerosos
comunicadores, etc. Por ello, no es del todo correcto afirmar que se trata sencillamente de
la prescindencia del espacio mediático, y de las negociaciones complejas que se juegan en
la interfaz entre el discurso político y el discurso de la información.
La comunicación política constituye el principal aparato de apelación y movilización de los
votantes de Correa: el gobierno basa su estrategia en un triángulo de fuego formado por los
enlaces sabatinos, las cadenas nacionales y la publicidad oficial, espacios en los que se
maneja una estrategia de contacto directo con los ciudadanos-votantes, que intenta restituir
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la entidad política de la comunicación para preservar las “condiciones de verdad del
discurso político” (Verón, 2001: 129).
Lo interesante es que estos mismos discursos, al tiempo, objetan el imaginario liberal sobre
los medios nacionales, intentando deslegitimarlos como agentes políticos de marcada
incidencia en la configuración de la opinión pública del país e incluso ante organismos
internacionales. El ejecutivo intenta disputarle a las empresas mediáticas del país el lugar
de privilegio que históricamente han tenido, de construcción y reproducción de las
representaciones sobre lo social y lo político. Se trata de una suerte de recuperación de
terreno por parte de la institucionalidad de gobierno, en lo que respecta a esta función
social clave, en un contexto de vigentes reformas estatales. Esto se advierte en las
declaraciones del Ejecutivo, a propósito de la presentación ante el Parlamento del Informe
a la Nación, el 10 de agosto de 2011, al cumplirse el segundo año de mandato tras la
reelección: “Ante la impotencia de vencernos en las urnas, durante estos cuatro años y
medio hemos enfrentado solapadas o abiertas conspiraciones por parte de la prensa, que
legítimamente ocupó el espacio de la partidocracia derrotada. Si fuesen un contrapoder la
elemental decencia exigiría que mostraran su línea política de forma explícita para que el
lector tenga en claro que ese medio no está informando sino haciendo política” (“Los
cobardes y los asesinos no están en la revolución ciudadana”, El Universo, 11/08/2011).
El hecho de que Correa se haya erigido como el principal enunciador público de su
gobierno le ha proporcionado un espacio y un alcance incomparables para colocar a
empresarios periodísticos y a periodistas reconocidos en la misma bolsa en la que suele
ubicar a la partidocracia y a la oligarquía, utilizando para ello formas expresivas sencillas e
impactantes, coincidentes con los códigos mediáticos, fundamentalmente televisivos pero
prolongables también a la prensa papel y web. En otras palabras, el ejecutivo ha sabido
incorporar los criterios de impacto mediático para sustentar y legitimar el imperativo
político de sancionar una ley de Comunicación que, según sus expresiones “ponga freno a
la prensa corrupta que miente y no deja de mentir”2.
Asimismo, en los productos de comunicación gubernamental es posible advertir una clara
intención de hablar a las mayorías, aproximándose a su cotidianidad y a sus prácticas. El
lenguaje sencillo y directo que usa el Presidente y las reuniones públicas del gabinete
gubernamental itinerante (una acción inédita en relación a anteriores gobiernos),
2 Enlace presidencial 24 de julio de 2010.
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información sobre la gestión, que sería difundida a través de los spots y cuñas. En palabras
de un alto funcionario:
El Presidente, todos los sábados, se expone al escrutinio público, contando, para bien o para mal, lo
que hizo -minuto a minuto- durante todos los días de su semana. ¿Y quién aprueba o desapruebaeso? Entonces, nosotros creemos firmemente que, así como en la empresa privada hay un grupo de
accionistas y un directorio que debe rendir cuentas, el Gobierno tiene la obligación de decirles a los
ciudadanos qué hace, qué va a hacer y cómo piensa el bien de su país 3.
El debate de la Ley de Comunicación como escenario de la contienda política
Según mandato constitucional, el gobierno nacional ha impulsado en 2009-2010 la sanción
de la Ley Orgánica de Comunicación, para reemplazar la antigua normativa sancionada en
1979 y las reformas parciales efectuadas en los subsiguientes períodos democráticos.
Inicialmente, su discusión en el legislativo fue posible por el fortalecimiento del estado en
el ámbito de las comunicaciones y los medios. Sin embargo, el articulado se discutió entre
diciembre de 2009 y diciembre de 2011 de modo accidentado y con sucesivas
interrupciones, por lo que actualmente el proyecto se discute en segundo debate ampliado,
sin voluntad política y acuerdos mínimos de los bloques legislativos, incluido el del partido
de gobierno. Los debates públicos sobre la Ley se han convertido en el escenario
intensificador de los enfrentamientos, que ya eran abiertos y sistemáticos, entre el ejecutivo
y las empresas mediáticas.
En este contexto de polarización discursiva, las estrategias del gobierno nacional y de los
medios empresariales responden a lógicas comunicacionales similares que se despliegan en
el ámbito mediático. La consecuencia más palpable es que el oficialismo no ha logrado
involucrar en este debate a los ciudadanos, en tanto que el sector de los medios
empresariales consiguió unificar una agenda y aglutinar a otros actores en torno a sus
reivindicaciones corporativistas.
En el contexto ecuatoriano reciente los espacios abiertos por la Asamblea Constituyente
del año 2008 para la discusión de los derechos a la comunicación fueron ocupados por
algunos colectivos y organizaciones que concurrieron a presentar diversas propuestas.
Algunas de ellas -por ejemplo la definición del espectro radioeléctrico como recurso
público administrado por el Estado de modo equitativo, o la garantía de acceso universal a
3 Vinicio Alvarado, Secretario General de la Administración Pública y Comunicación, según entrevista
realizada con fecha 28 de enero de 2009.
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las tecnologías de la información y comunicación- lograron ser incorporadas a la nueva
constitución y han enriquecido las formas de concebir los derechos a la comunicación.
Resta saber si la ley que se sancionará próximamente es capaz o no de asegurar
mecanismos institucionales efectivos para el ejercicio de estos derechos. De todos modos,
las organizaciones sociales que participaron en la constituyente, al cabo de dos años,
continúan planteando importantes desafíos a las instituciones políticas tradicionales; ello
podría orientar la construcción de políticas públicas de comunicación.
En ese marco, y pese a la resistencia expresada por las empresas mediáticas, el texto
constitucional actualmente vigente contiene, por primera vez, algunos derechos vinculados
a la comunicación que han sido históricamente reivindicados por sectores progresistas y
organizaciones de base. La Constitución obliga entre otras cosas a que el Estado garantice
la existencia de medios de propiedad pública, privada y comunitaria e impida la
monopolización directa o indirecta del espacio mediático (artículo 17). Adicionalmente, en
el artículo 18, se dispone que la información que circule públicamente sobre hechos y
acontecimientos de interés general deberá ser “veraz, verificada, oportuna, contextualizada,
plural, sin censura previa”.
El presente texto se escribe cuando la Asamblea Nacional se dispone a discutir en el
segundo pleno el proyecto de Ley, luego de un año y medio de retraso y sucesivas
interrupciones. El mismo busca asegurar el ejercicio y la exigibilidad de estos derechos
constitucionales. La presentación del proyecto en el mes de septiembre de 2009 abrió un
período de fuertes enfrentamientos -que se mantiene hasta el primer trimestre de 2012-
entre el Presidente Rafael Correa, los altos funcionarios de su gobierno y los representantes
más reconocidos de la denominada “prensa nacional”. Se ha inaugurado así un episodio
contencioso (Tilly, 2005) de características particulares, dadas las repercusiones políticas,
y sobre todo económicas, que podría tener la aprobación de esta ley en el funcionamiento
de los medios de comunicación privados o comerciales.
Inicialmente, es posible constatar que una primera característica de este episodio de
contienda política es que las estrategias y acciones de los actores en disputa se visibilizan y
tienen lugar, de manera casi exclusiva, en el espacio de los medios de comunicación.
Evidentemente, esto contribuyó a que las grandes empresas periodísticas, que han
manifestado su oposición a todo intento de regular sus actividades sosteniendo el leit motif
de que la mejor ley es la que no existe, se hayan convertido en enunciadores privilegiados
de la discusión en torno a la nueva ley de comunicación. En tanto que el Gobierno Nacional, mostrando su incapacidad para crear espacios extra mediáticos de circulación de
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ideas y opiniones sobre una ley que debería beneficiar a la ciudadanía, terminó por
priorizar la producción y difusión de contenidos mediatizables ubicándose de este modo en
el mismo terreno de los medios. Con las consecuencias de un empobrecimiento de la
discusión y una escasa participación de la ciudadanía en este proceso.
Por todo esto, el rechazo generado desde las empresas mediáticas a la iniciativa
gubernamental de impulsar una nueva estructura legal para el sector ha dado forma a una
serie de acciones de corte corporativo que se describen a continuación.
Los medios de mayor cobertura nacional4 no están produciendo contenidos que
contribuyan a un debate democrático en el cual las audiencias puedan formarse su propia
opinión sobre los contenidos de la futura ley de comunicación. Por el contrario, a partir del
mes de septiembre de 2009, fecha en la cual se instaló el debate en la Asamblea Nacional,
han promovido en bloque una campaña de grandes proporciones en contra de la regulación
estatal de sus actividades.
La característica fundamental de esta campaña es la implementación de estrategias
comunes entre las mismas empresas que al momento de captar segmentos de mercado se
habían comportado como rivales. Un ejemplo fue la decisión tomada en 2011 por dos
diarios de circulación nacional de editorializar en contra de la regulación utilizando la
primera plana del día domingo (día de mayor circulación semanal). Hasta donde hemos
podido indagar, nunca antes un artículo editorial había ocupado la portada completa de un
diario ecuatoriano.
Otra expresión de lo señalado fue la publicación en 22 medios gráficos a nivel nacional de
una sobrecubierta a página completa con la siguiente leyenda:
Querido Lector, te agradecemos por preferir nuestro diario. Sabemos que podrías escoger otro, estás en la
libertad de hacerlo, es tu derecho, tu elección y eso se respeta. Tienes todo nuestro respeto. Elegiste leer esto
en total libertad y por tu derecho a estar informado. Por respeto a tu decisión asumimos con seriedad la tarea
de informar.
Adicionalmente, nunca antes el país había presenciado un intercambio tan asiduo de notas
de opinión. Es muy común que una columna que aparece en un medio gráfico sea
reproducida al día siguiente por otro y que, además, sea leída, total o parcialmente, en los
noticieros de radio y televisión.
4 Los medios de comunicación que se encuentran confrontados con el gobierno desde 2007 son los periódicos El Universo, El Comercio, La Hora y Hoy, y las cadenas televisivas Ecuavisa yTeleamazonas.
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En el caso de las notas informativas, predomina el uso de fuentes significativamente afines
a los intereses de empresarios mediáticos, en tanto que en las entrevistas publicadas sobre
el tema, los “expertos” y “técnicos” consultados, con rarísimas excepciones, argumentan
en contra de los contenidos del proyecto de ley de comunicación.
Otro recurso de esta campaña es la publicación, en la mayoría de medios gráficos del país,
de segmentos o de secciones creadas ad hoc, cuyos títulos intentan destacar que estos
medios han cumplido siempre con su obligación de informar: “Lo conoces porque pudimos
informarte”, “Periodismo positivo”, “No hemos callado” y “La historia en los medios”; es
decir, se observan altos índices de auto-referencialidad en la producción informativa. De
este modo, los contenidos encaminados a posicionar una imagen positiva de los medios son
presentados como si se tratara de notas informativas o de grandes reportajes. Algunos
medios han optado incluso por realizar series de entrevistas a personajes de la cultura, la
farándula y el deporte, a quienes se les consulta sobre sus ideas acerca de la libertad. La
sección se denomina “Así ejerzo mi libertad”.
Lo novedoso es que asistimos a la construcción de una voz unificada corporativamente,
que se ejecuta mediante la articulación de ayudas recíprocas. En otro trabajo hemos
mostrado cómo en el caso de diario El Comercio, dicha “cooperación” se da inter países
pues se realiza entre este periódico y el diario Clarín, el de mayor circulación de Argentina.
Se trata, si cabe, de relatos periodísticos alineados regionalmente (Orlando: 2012). Así
vemos que, toda vez que el conflicto entre Clarín y gobierno alcanzó sus puntos más
álgidos en Argentina en el período 2009-2010, El Comercio, desde sus páginas, salió
rápidamente en defensa de Clarín con un editorial. Los ejemplos más ilustrativos son la
inspección de la AFIP a las instalaciones del diario en Buenos Aires, y la presentación ante
la justicia por parte del gobierno argentino del informe titulado “Papel Prensa, la verdad”,
en el que se investiga de qué manera se transfirieron las acciones de la papelera Papel
Prensa S.A. a los diarios Clarín y La Nación durante la última dictadura militar. En ambos
casos, El Comercio asumió en sus páginas la defensa de la causa de Clarín, en nombre de
la defensa de la libertad de expresión formulada en abstracto. En una operación que
Chomsky denominó como una “acción colectiva táctica de los medios”, en el marco de “un
sistema de mercado dirigido” (Chomsky, 2003: XIV).
En todos los casos, el argumento central ha sido la defensa de la “libertad de expresión” y
del libre flujo de la información, en consonancia con los contenidos desplegados en los
spots, cuñas y espacios publicitarios que constituyen otro componente de la mayorcampaña mediática que se ha instrumentado hasta el momento en Ecuador.
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El problema principal de este argumento es que el reclamo de este derecho se hace desde
una concepción restringida; es decir, los medios de comunicación lo interpretan como su
patrimonio exclusivo, equiparándola con libertad de información (libertad editorial), y
ocultando con ello la condición específica de esta última, dentro de la cual la
responsabilidad democrática es definitoria. En tanto los periodistas trabajan con un
material que es un bien público, sus responsabilidades (que desde nuestra perspectiva
deben ser ulteriores) no pueden ser equiparadas a las del “orador individual” (Fiss, 2010).
Entonces, los periódicos defienden en bloque la libertad de expresión como condición
necesaria para vivir en democracia y fortalecerla, pero paradójicamente, al ocultar las
diferencias de responsabilidades que existen entre la información expresada por el
ciudadano común y aquella expresada por los periodistas, se alejan precisamente de su
“misión democrática” (Fiss, 2010: 4). Como corolario, escamotean el debate público sobre
los otros derechos asociados a la comunicación, que la Constitución garantiza a todos los
ciudadanos, y no solo a los periodistas o empresarios mediáticos.
Entonces, la manifiesta convergencia entre contenidos informativos y publicitarios no hace
sino ratificar el doble rol que cumplen los medios de comunicación comerciales en las
sociedades capitalistas contemporáneas: en primer lugar como espacios de producción y
circulación de información sobre temas de actualidad y de interés común y, en segundo,
como defensores de determinados intereses empresariales y económicos. Esta situación,
“en el ámbito de la comunicación se legitima también por el carácter social de la
comunicación bajo la argucia de que los medios facilitan el proceso de información,
comunicación y entretenimiento social cuando en verdad solo sirven al proceso de
acumulación de capital de los propietarios mediáticos y a su dominio político” (Hernández,
2010: 21).
Lo interesante es que, en muy pocas ocasiones es posible advertirlo con tanta claridad
como en los momentos que se viven en Ecuador. Lo que podríamos cuestionar, sin
embargo, es que esta ostensible defensa de intereses corporativos disfrazándola como
“libertad de expresión” sea presentada como noticia de actualidad, como información de
interés general o como opinión experta.
Por su lado, el gobierno, como parte de su estrategia mediática de posicionamiento del
proyecto de ley de comunicación, realizó una fuerte inversión para la difusión de spots y
cuñas publicitarias durante los partidos del campeonato mundial de fútbol (junio de 2010).En dichas piezas, según han denunciado las asociaciones de empresarios mediáticos
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nacionales e internacionales: “el Gobierno usa[ra] la propaganda gubernamental con la
intención de viciar a la opinión pública y el debate parlamentario dedicado a aprobar una
Ley de Comunicación respaldada por el oficialismo y que tiene serias fisuras a la libertad
de expresión” .
Estas estrategias, de carácter meramente difusionista, desde nuestro punto de vista,
reproducen la misma lógica de la campaña instrumentada por los medios comerciales.
Es decir, desde el gobierno que, en su momento promovió el involucramiento y la
participación de organizaciones sociales y de ciudadanos de a pie en la construcción de la
propuesta de la ley, se apela, luego, a recursos de comunicación mediatizada y
unidireccional. Desgraciadamente, esta estrategia de difusión no ha sido complementada
con otras que podrían haber contribuido a potenciar sus repercusiones. Igualmente, se
había empezado con un discurso pedagógico que luego fue desapareciendo gradualmente
hasta convertirse en mera campaña.
De este modo, se ha escamoteado el carácter eminentemente colectivo del debate sobre el
papel del Estado en la regulación de la comunicación mediatizada.
En primer término, no se ha recogido información suficiente sobre demandas concretas de
los ciudadanos frente a los medios masivos. En segundo lugar, no se ha apostado, sino
marginalmente, a la construcción y al fortalecimiento de espacios de debate – no solo de
información – en torno al texto del proyecto de ley. Las convocatorias a actividades
públicas desarrolladas por organizaciones de comunicadores y por medios comunitarios no
han recibido adecuada atención por parte de las autoridades de gobierno. Adicionalmente,
tampoco se ha apoyado suficientemente el desarrollo de las actividades públicas de
formación y discusión convocadas por universidades y facultades de comunicación.
Por otra parte, desde la Asamblea Nacional, se ha privilegiado el diálogo con “expertos”
por encima de la participación ciudadana. En primer lugar, se conformó una comisión
asesora en la cual se procuró reunir a especialistas en temáticas comunicacionales y en
campos profesionales y académicos específicos. En segundo lugar, se promovieron
reuniones con titulares de cámaras empresariales, asociaciones de directivos de medios y
organizaciones de comunicadores alternativos. Finalmente, se consultó la opinión de
organismos internacionales, como UNESCO y la Organización de Estados Americanos
(OEA) sobre el proyecto de ley presentada por el sector oficialista de legisladores.
El Gobierno Nacional no ha sido capaz de promover procesos de acción y movilización
colectiva en torno al reconocimiento de la comunicación como derecho y de la informacióncomo bien público, como establece la Constitución. No ha conseguido interpelar a actores
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diversos, ni tampoco ha construido o fortalecido los espacios ya existentes para la opinión,
la deliberación y la participación ciudadana. Así, el debate de la ley de comunicación ha
convocado, mayoritariamente, a actores corporativos empresariales en defensa de sus
intereses.
La estrategia comunicacional del oficialismo captó, además -pero solo de manera muy
acotada y marginal- a algún activismo proveniente de los sectores “naturalmente”
interesados en la temática, como los profesionales y estudiantes de comunicación social y
las organizaciones nacionales y regionales de comunicadores. Sin embargo, dichos actores
se han limitado a posicionar demandas puntuales. Un ejemplo es la reivindicación de la
división tripartita del espacio radioeléctrico, reclamada fuertemente en el último tramo del
debate, por el Colectivo Auto-convocados por una Ley de Comunicación, que nuclea a
distintas organizaciones afines a la Comunicación y a un ámbito de la academia.
Otra expresión de lo dicho es la pretensión de algunas facultades de Comunicación, y de
dos asociaciones de periodistas profesionales (El Colegio de Periodistas y la Unión
Nacional de Periodistas), para que se exija el título de licenciatura en comunicación como
requisito para trabajar en un medio masivo.
Es por ello que, desde estos sectores no se avanzó en la articulación de proyectos comunes
ni en la construcción de alianzas que les permitieran lograr un espacio y una voz frente a la
Asamblea Nacional, el poder ejecutivo y los medios empresariales. Paradójicamente, las
organizaciones y grupos de interés en torno a la comunicación no actuaron como
facilitadores, y por ello sus demandas no fueron reconocidas ni apropiadas por actores
ajenos al espacio profesional o al del activismo en comunicación popular y alternativa.
Así, luego de dos años de campaña sostenida, es posible afirmar que las empresas
mediáticas ecuatorianas han logrado construirse como nunca antes en actores colectivos de
la contienda en torno a la regulación de las actividades de los medios de comunicación.
Han conseguido articular su accionar a través de una agenda común, cuyos ejes son la
defensa de la libertad y la resistencia al “autoritarismo” que denuncian como la
característica principal del régimen del Presidente Correa.
Estos actores, identificados colectivamente, han logrado que las discusiones y
negociaciones sobre la ley, cuya aprobación compromete intereses económicos y políticos
muy concretos, sea presentada como una especie de plebiscito de la acción del gobierno
nacional en su conjunto. De este modo, cualquier desacuerdo originado en un sector de
oposición podría ser, y de hecho ha sido, presentado como argumento en contra de laaprobación de la ley de comunicación.
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Comunicación y mediatización de la política
Cuando la comunicación en los ámbitos de la política se convierte en marketing político,
cuya estrategia principal es vender imágenes, se hacen patentes dos fenómenos. El
primero es la despolitización de la política entendida como espacio de deliberación y de
construcción consensuada de propuestas para la administración del bien público. El
segundo es que el panorama político se constriñe a una lucha mediática que tiende a
instaurar la polarización, lo que deja por fuera otras formas de representación política de la
sociedad.
Resulta muy complejo establecer un origen de la transformación que ha tenido la política
para pasar a ser espectáculo y proyectarse no como el espacio de la confrontación de ideas
y programas sino como ese espacio donde priman los recursos de la persuasión al puro
estilo de la publicidad. Tampoco sería adecuado atribuir esta transformación
exclusivamente al avance y consolidación de una representación mediática de la
información política que ha priorizado el escándalo o el gusto por la farándula.
Ingredientes que ciertamente han contribuido a hacer de la política un asunto meramente
de personas con sus idiosincrasias, defectos o virtudes y no de colectivos con sus
ideologías y proyectos políticos.
Sea que la política se ha ido adecuando a un escenario creado por los medios, sea que ella
misma ha ido perdiendo con el tiempo su filo crítico y su capacidad para establecer un
debate riguroso en torno a los temas de interés nacional, en la actualidad se observa que la
mediatización y el empobrecimiento de la política coinciden y se encuentran mutuamente.
No se trata de una fácil coincidencia, y para explicarlo hay que pensar en dos momentos, el
electoral y el de gobierno. En el primero los líderes políticos necesitan del aparato
mediático, especialmente de la televisión, para darse a conocer -máxime si son outsiders. Y
los medios, que dependen de la política, especialmente de la que promete sumar grandes
consensos electorales para elaborar sus agendas informativas, terminan por ser la
plataforma para viabilizar el éxito electoral. Sin embargo el astuto líder ganador deberá
entender rápidamente que su gobierno no puede depender del apoyo mediático recibido en
la campaña electoral, por lo cual deberá diseñar una estrategia para tener sus propios
medios de comunicación creando de este modo un espacio de lucha mediática. Ha habido
casos como el de Berlusconi quien ha desatado esta lucha propiamente en las sucesivas
campañas electorales, incluso antes de ellas, si se toma en cuenta que el conjunto de programas de entretenimiento y también políticos que se instalaron en las televisiones de
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su propiedad, muchos antes que decidiera candidatizarse, han producido contenidos que
paulatinamente han ido despolitizando la política convirtiéndola en un asunto simplista de
éxito personal o de un imaginario de héroe de telenovela.
Cuando la política es sobre todo aquella que se hace en los medios porque se considera que
es la única que llega a la ciudadanía (mejor sería decir al electorado) la política será
deudora de su propia mediatización y se verá obligada o a respetar la deuda contraída con
los medios que la apoyan (y ceder parte del poder a ellos) o tendrá que construir sus
propios medios para sostener una guerra entre aquellos medios cercanos o controlados por
el gobierno y los otros que asumirán el lugar de la oposición.
Dos reflexiones ameritan estas consideraciones. La primera tiene que ver con la naturaleza
de la guerra mediática que para mantenerse como tal no puede ni debe renunciar a que sea
eminentemente mediática, es decir que se dé en el terreno de lo mediatizable, lo que
significa reproducir aquellas lógicas y formatos que subyacen al modo de representación
política, que como hemos dicho subsumen los modos de representación del marketing o de
la publicidad.
La segunda es que el escenario político mediatizado otorga a los medios de comunicación
el papel de actor político directo, lo que implica fuertes distorsiones en la construcción de
la opinión pública con información útil y relevante que, como se sabe, es una de las tareas
que deberían desarrollar los medios de comunicación. De ahí el riesgo de que la política se
convierta en un escenario altamente polarizado en el que no caben otras posiciones de las
que apoyen una tesis en contra de otra. La consecuencia es la instauración de un escenario
político rarefacto que se sostiene sobre golpes de efectos de lado y lado, en una
competencia sin fin por atraer la atención de la ciudadanía sobre elementos de escaso
relieve político y social, y de mucha contundencia a la hora de definir dicotomías
plebiscitarias. ¿Qué clase de democracia construye una polarización que ve enfrentados en
el mismo terreno mediático gobierno y medios? Con el agravante de que, dado que cada
uno pretende sostener la verdad en contra del otro, lo que se produce es un esquema que
conduce al peor empobrecimiento de lo argumentativo y a un retroceso para construir más
democracia.
En los distintos ámbitos de la acción del Ejecutivo con sus necesidades de sostener el
consenso y a la vez capaz de crear espacios de procesamiento del disenso, de la instancia
parlamentaria donde se debaten tesis y proyectos de interés común, de los mismos medios
de comunicación con su deber de sostener públicamente los debates políticos, y de laciudadanía quien también participa de la discusión política en espacios deliberativos no
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mediatizados, la comunicación política afronta el desafío de no pervertirse limitándose al
show mediático. Para que esto deje de suceder es responsabilidad de todos los ámbitos
señalados (especialmente de los que nos condujeron a este estado de cosas: el Ejecutivo y
los medios) empezar un profundo examen crítico. El uno encontrando formas alternativas
de interlocución multiplicando los canales con modalidades más incluyentes,
preocupándose de que la ciudadanía participe efectivamente y de que no sea un simple
espectador. Los segundos, si pretenden pensarse como una instancia de servicio público,
más allá del tipo de propiedad en la que se inscriben, deberían desmediatizarse; esto es:
renovar profundamente sus modos de representación de la política elevando los niveles de
mediación entre los diversos actores políticos y elevando también la calidad de los
contenidos producidos mediante la cualificación de la escasa investigación periodística que
se realiza en el país; sin caer en el espectáculo o apostar solamente al impacto en las fibras
emocionales de las audiencias.
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Cinco claves de la estrategia de comunicación del gobierno nacional
La capitalización que hizo el Ejecutivo del desgaste de los medios de comunicación
privados, así como de la debilidad discursiva de la oposición política,
identificándolos con la “vieja política” que el gobierno busca dejar atrás.
Haber construido un dispositivo propagandístico potente que reinventó las formas
de comunicación política en el país, basándose en un lenguaje sencillo y familiar
para los votantes de la Revolución Ciudadana.
La creación de medios gubernamentales que funcionan como un brazo
propagandístico dentro de la estrategia de mediatización propagandística
contenciosa.
La construcción gradual del personaje del Ejecutivo como enunciador pedagógico
único del proyecto político funcionó también como una clave del éxito.
La utilización intensiva de los códigos mediáticos para impugnar a los medios
tradicionales, y al mismo tiempo hablar en y desde su mismo lenguaje para
disputarles el privilegio histórico de construcción de representaciones sobre lo
social y lo político.
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