Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021
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PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
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ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CAN ANTICORRUPCIÓN: Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
CCL: Cámara de Comercio de Lima
CGR: Contraloría General de la República
CNM: Consejo Nacional de la Magistratura
CONFIEP: Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit de la Cooperación Alemana.
G20: Grupo de los Veinte
INA: Iniciativa Nacional Anticorrupción
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
LA/FT: Lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo.
MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM: Ministerio del Ambiente
MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
CULTURA: Ministerio de Cultura
MINDEF: Ministerio de Defensa
MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
MINEDU: Ministerio de Educación
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MINEM: Ministerio de Energía y Minas
MININTER: Ministerio del Interior
MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
PRODUCE: Ministerio de Producción
RREE: Ministerio de Relaciones Exteriores
MINSA: Ministerio de Salud
MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones
VIVIENDA: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MP-FN: Ministerio Público – Fiscalía de la Nación
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
ONA: Oficina Nacional Anticorrupción
OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
PPEDC: Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción
PJ: Poder Judicial
PNP: Policía Nacional del Perú
PROÉTICA: Capítulo peruano de Transparencia Internacional
SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil
SGP: Secretaría de Gestión Pública
SNI: Sociedad Nacional de Industrias
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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN 7
I. INTRODUCCIÓN 9
II. MARCO METODOLÓGICO DE DESARROLLO DEL PLAN 13
2.1. Metodología de elaboración del plan 13
2.2. Procedimiento de clasificación y priorización de acciones 20
2.3. Acciones priorizadas en el plan 23
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES DEL PLAN 25
3.1. Acciones del Plan 25
3.2. Acciones, Indicadores, Metas y Responsables 32
IV. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 70
4.1. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 93
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 95
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PRESENTACIÓN
Sin necesidad de acudir a estadísticas ni encuestas, todos los ciudadanos peruanos sabemos que la corrupción es uno de los principales problemas en el país si acaso no el principal. Lo vemos y lo vivimos todos los días de una u otra manera a través de los medios de comunicación que dan cuenta de la compra de voluntades políticas, de acuerdos para beneficiar ilegítimamente intereses particulares y de decisiones que no se fundamentan en el interés general sino en el interés de unos pocos. Pero también vivimos la corrupción cuando somos víctimas de un mal servidor público que exige algún pago o beneficio irregular para permitirnos acceder a servicios públicos básicos que por derecho nos corresponden como la salud y la educación.
Todas estas prácticas cuestionables que denominamos gran corrupción, mediana corrupción y pequeña corrupción, si bien tienen manifestaciones y características distintas, así como abordajes distintos, todas ellas son expresión del mismo problema que tiene como raíz la falta de valores, la débil institucionalidad, falta de meritocracia y la injerencia política en la administración pública.
Para entender el problema y plantear alternativas concretas de solución en nuestro país, desde el 2001, se han desarrollado espacios gubernamentales orientados a generar sinergias y definir acciones anticorrupción, los cuales, por diversos motivos, no lograron consolidarse en el tiempo. En la misma línea, en ese mismo período se adoptaron distintas medidas anticorrupción que -siendo necesarias como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley de Gestión de Intereses, Ley de Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, y Ley de Reforma del Servicio Civil, entre otras- no han tenido el impacto estructural y de largo plazo que esperábamos. Por el contrario, hemos corroborado en estos dos últimos años que la corrupción no sólo se ha mantenido presente, sino que cada vez más presenta evidencias de estar preocupantemente enraizada en los distintos segmentos y niveles de nuestra sociedad.
En este contexto, con no poca frecuencia los peruanos nos sentimos indignados y buscamos alternativas y respuestas inmediatas que nos permitan revertir las consecuencias nefastas que la corrupción genera en términos de institucionalidad, gobernabilidad, crecimiento económico y desarrollo. El problema, sin embargo, es que las respuestas inmediatas y sin planificación apelan erróneamente a la focalización de estrategias de represión, descuidando la prevención. Por esa razón, la lucha contra la corrupción en nuestro país se ha concentrado principalmente en desarrollar medidas que enfatizan el enfoque punitivo buscando la sanción y la reparación del daño con posterioridad a la comisión de un acto de corrupción.
Al respecto, si bien el enfoque punitivo es necesario, este constituye una perspectiva limitada, parcial e insuficiente que parte de la no comprensión de la corrupción como un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional que requiere principalmente de medidas estructurales
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orientadas no sólo a construir una sólida gestión pública basada en valores, transparencia, rendición de cuentas y meritocracia, sino también de reformas institucionales conducentes a revertir los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género en la sociedad.
En línea con esta finalidad, resulta necesario e impostergable reconocer que la corrupción no es un fenómeno neutro y que, por el contrario, impacta de manera diferenciada a los miembros de una sociedad según, precisamente, los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género propiciando la profundización de esquemas de desigualdad y abuso de poder.
De ahí que debe interiorizarse que para el combate de la corrupción no existe una sola fórmula o única respuesta, ni una entidad que pueda afrontar sola este flagelo. Por el contrario, se requiere de una estrategia que articule al mismo tiempo acciones de prevención, detección, investigación y sanción, diferenciando los distintos niveles de corrupción que existen y la manera diferenciada de su impacto, así como de una estrategia de participación conjunta y articulada de las entidades y la sociedad en su conjunto.
Precisamente, es ese enfoque complementario, integral y articulador el que se plantea en el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, el cual, toma como punto de partida la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción aprobada mediante Decreto Supremo 092-2017-PCM, y se erige sobre las recomendaciones del Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, del Informe de la OCDE sobre Integridad en el Perú y sobre el Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas. Este Plan también recoge la voz de ciudadanos, expertos, académicos y servidores públicos comprometidos con un Estado diferente y para cuyo desarrollo, se contó con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por GIZ. En ese sentido, el Plan que se presenta no sólo constituye un documento que tiene consenso y validez, sino, sobre todo, un documento que marca un camino que todos debemos seguir y cuidar.
Como Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y Presidente del Poder Judicial, me permito instar a todos los peruanos a estar atentos y vigilantes respecto de lo que pasa en nuestro país y de la actuación de nuestros gobernantes y autoridades, y a ejercer nuestro derecho y deber de denuncia frente a irregularidades y al no cumplimiento de las medidas que recoge el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021.
Duberlí Apolinar Rodríguez TineoAbril 2018
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I. INTRODUCCIÓN
La Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, de fecha 14 de septiembre de 2017, establece en su Segunda Disposición Complementaria Final que “La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en un plazo máximo de cincuenta (50) días hábiles, en el marco de sus funciones, elaborará una propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción que presentará al Poder Ejecutivo, que permita la articulación y coordinación entre entidades para la implementación de la política”1.
En función a dicho mandato, la Comisión del Alto Nivel Anticorrupción, apoyada en la asesoría técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, dio inicio al proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, teniendo en perspectiva, principalmente, la necesidad de dar respuesta a los condicionantes y al contexto en el que la falta de integridad y la corrupción viene afectando al país en los últimos años.
En virtud de ello, la CAN Anticorrupción estableció dos líneas de acción prioritarias para el desarrollo de la nueva estrategia de integridad y de lucha contra la corrupción. La primera de estas se relaciona a la profundización de acciones en el ámbito subnacional en consideración a que en los últimos años se han incrementado los casos de corrupción en Gobiernos Regionales y Locales, los cuales, además, desarrollaron peligrosas acciones delictivas incluso vinculadas al crimen organizado. De esta forma, el Plan Nacional propone acciones dirigidas a propiciar el conocimiento y la comprensión de la realidad local, así como, promueve la articulación de los mecanismos de control y supervisión permanente que se desarrollan al interior del país.
La segunda línea de acción prioritaria es la prevención. Sin duda, toda política anticorrupción y toda estrategia deben tener una mirada complementaria respecto de las acciones de prevención y sanción de la corrupción. Sin embargo, el enfoque punitivo, si bien corrige una situación irregular, no asegura el establecimiento de condiciones estructurales que a mediano y largo plazo permitan reducir la incidencia de dichas irregularidades. Resulta por tanto necesario implementar estructuras organizacionales y entornos laborales que permitan desarrollar una institucionalidad sólida que proteja al Estado frente a coyunturas adversas originadas por personas inescrupulosas y carentes de vocación de servicio público que por una u otra razón acceden a una posición pública. En ese sentido, gran importancia cobra el fortalecimiento del servicio civil basado fundamentalmente en
1 Se debe señalar que debido a que la Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 092-2017-PCM señala que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción debía presentar la propuesta al Poder Ejecutivo para su aprobación, se debía necesariamente contar con un Acuerdo del pleno de la CAN que apruebe dicho documento de trabajo. En tanto ello, por razones ajenas a la Presidencia de la CAN, no se pudo concretar en los meses de noviembre y diciembre una sesión en la que se someta a consideración del Pleno, lo cual ha retrasado considerablemente su aprobación final.
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la meritocracia, en la igualdad de oportunidades, en el interés general, la transparencia, la probidad y en la rendición de cuentas de la gestión. Todas ellas constituyen herramientas poderosas para reducir espacios a la corrupción tanto en el sector público como en el privado, así como en la interacción entre ambos. En esa medida, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de control interno a efectos de garantizar que las entidades consoliden la adopción de estas herramientas en aras de prevenir la corrupción e instaurar la integridad en la gestión.
Es de precisar que parte también del enfoque preventivo pasa por la incorporación de la ciudadanía en la lógica de acción pública y colectiva, y como actor fundamental del control social. Por ello, se plantea como presupuesto esencial de los mecanismos de prevención involucrar a la ciudadanía como principal interesada en que la gestión pública brinde servicios que satisfagan sus necesidades, para lo cual es indispensable generar desde el Estado las condiciones, espacios y herramientas para recuperar su confianza y convertirla en un aliado para la detección temprana de alertas frente a potenciales prácticas cuestionables.
Ahora bien, en la línea de priorizar acciones, se ha tomado como insumo y punto de partida la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, la cual, sobre la base de lecciones aprendidas recogidas en el Informe de Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, enfatiza en la necesidad de dotar de mayores capacidades al Estado en la lucha contra la corrupción, generar mayores mecanismos de articulación y coordinación, y reforzar la institucionalidad de las principales entidades involucradas en la prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción.
En efecto, conforme se detalla en el Capítulo II “Marco Metodológico de Desarrollo del Plan”, el proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 considera como principal fuente los objetivos, metas, lineamientos y estándares de cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. De la misma manera, estando a la existencia de documentos que -sobre la base de diagnósticos previos- delinearon recomendaciones puntuales para asegurar una efectiva prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción, el proceso participativo e inclusivo de elaboración del presente Plan los ha acogido plenamente. Así, el Plan se erige sobre los siguientes documentos base:
Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo (diciembre 2016).
Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente (2017).
100 acciones propuestas por el Fiscal de la Nación para forjar un país sin corrupción (junio 2017).
Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas
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La decisión se basa en dos criterios. El primero radica en la legitimidad que dichos documentos alcanzaron entre expertos, académicos, funcionarios públicos y líderes de opinión, como es el caso de las 100 recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad y el Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. En esa línea, a la base del proceso de elaboración del Plan ha estado la convicción de no generar duplicidades y, por el contrario, se ha buscado el establecimiento de sinergias con esfuerzos previos realizados en la misma dirección a la que apunta el Plan.
Un segundo criterio para la adopción de los documentos reseñados como punto de partida del Plan es la necesidad que las legitimidades de dichas acciones sean incorporadas y asumidas por las entidades públicas a través de un marco legal que permita su implementación y presupuestación en sus planes operativos institucionales. Al respecto, se debe recordar que, pese a la validez y gran consenso que generaron los documentos base, particularmente, el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, no hubo aprobación formal mediante norma ni mandato expreso que dispusiera la incorporación de sus recomendaciones en los respectivos documentos de planeamiento de las entidades públicas.
De esta manera, partiendo de un conjunto de propuestas y recomendaciones que gozan de validez y legitimidad, el presente Plan adopta una estrategia de priorización y calendarización que permite de manera ordenada su implementación. Ello, en tanto que las recomendaciones y propuestas de acción -siendo todas importantes y necesarias-, por la complejidad que muchas de ellas entrañan, no pueden ser implementadas en un corto plazo ni tampoco ejecutadas por una sola entidad. Es así que en el capítulo IV “Objetivos Estratégicos y Acciones del Plan” se detallan las medidas de corto, mediano y largo plazo de modo tal que se logre un orden en su ejecución y una definición de las entidades responsables y participantes en el proceso de implementación.
Ahora bien, es necesario puntualizar que el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 en su alcance reconoce dos ámbitos. El primero vinculado a la implementación de medidas de alcance nacional orientadas a lograr un nivel de institucionalidad que asegure de modo global en el país prevenir y combatir la corrupción de manera eficiente. En esa medida, supone principalmente la actuación, participación y compromiso de las entidades mandatadas por ley para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, como son, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Policía Nacional del Perú y la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.
El segundo ámbito involucra sin distinción a todas las entidades públicas, privadas, empresas, ciudadanía y colectivos sociales, los cuales deben implementar modelos de prevención, filtros en los procesos propios de la actividad que realizan, políticas orientadas a garantizar la transparencia y rendición de cuentas, así como mecanismos de control y supervisión.
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En ese marco, se requiere entonces que las empresas desarrollen buenas prácticas corporativas alineadas al Modelo de Prevención contenido en la Ley N° 30424 y, su modificatoria, el Decreto Legislativo N° 1352, o a otros estándares más amplios como la ISO 37001. Bajo esa misma lógica, las entidades públicas también deben implementar herramientas que incorporen la integridad pública en la gestión, a través de la educación y la promoción de valores y el aseguramiento de mecanismos de investigación y sanción de la corrupción a través del establecimiento de modelos de integridad. Para tal efecto, en el Capítulo IV del Plan “Estrategia de Implementación” se proveen lineamientos para facilitar precisamente al interior de las entidades el desarrollo uniforme de dichos mecanismos de prevención siguiendo la experiencia y desarrollo teórico de la OCDE y del G20.
Finalmente, queda señalar que se presenta al país el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 sabiendo que dicho período, no es suficiente para implementar todos los esfuerzos que deben hacerse en el país para combatir la corrupción. Sin duda, el esfuerzo es mucho más amplio de lo que se plantea además de permanente. No obstante ello, es importante que el país tenga una guía de actuación debidamente pensada, articulada y programada de modo que las estrategias no respondan a una reacción improvisada sino sean fruto del análisis técnico y la viabilidad política requeridas para la priorización de acciones.
De esta manera, se busca que el presente Plan sirva de piedra angular sobre la cual se erijan iniciativas en aras de consolidar una institucionalidad sólida que no permita lagunas de impunidad.
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II. MARCO METODOLÓGICO DE DESARROLLO DEL PLAN
2.1 Metodología de elaboración del plan
La lucha contra la corrupción en el Perú ha generado diversas iniciativas estatales en el siglo XXI, que se han producido con objetivos y concentraciones diferentes entre sí, y que no siempre han utilizado los mismos conceptos y énfasis, conforme al siguiente detalle:
Tabla 1: Iniciativas anticorrupción y énfasis conceptual
Iniciativa anticorrupción
Creación ObjetivoÉnfasis
conceptual
Iniciativa Nacional Anticorrupción
Resolución Suprema N° 160-2001-JUS (11 abril 2001)
Tuvo vocación temporal
Realizar diagnóstico de las causas de corrupción en los 90
Integridad
Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y la Transparencia en la Gestión Pública
Decreto Supremo N° 120-2001-PCM(18 nov. 2001).
Se modificó y se trasladó al Ministerio de Justicia el 17 de enero de 2006
Prevenir y Denunciar casos de corrupción
Política anticorrupción
Consejo Nacional Anticorrupción
Decreto Supremo N° 002-2006-JUS(17 enero 2006).
Se desactivó el 19 de octubre de 2007.
Elaboración de Plan Anticorrupción
Política anticorrupción
Oficina Nacional Anticorrupción
Decreto Supremo N° 085-2007-PCM(19 octubre 2007)
Se desactivó el 15 de agosto 2008.
- Prevenir la corrupción- Promover la ética- Investigar y denunciar
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(Continúa)
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Iniciativa anticorrupción
Creación ObjetivoÉnfasis
conceptual
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- Decreto Supremo N° 016-2010-PCM(28 enero 2010)
- Ley 29976 (4 enero 2013)
- Proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y sancionar la corrupción.
- Coordinar y articular acciones de prevención y sanción de la corrupción
- Promover la Integridad
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Comisión Presidencial de Integridad
Resolución Suprema N° 258-2016-PCM(Nov. 2016)
Tuvo vocación temporal.
- Proponer medidas para promover la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública con la finalidad de fomentar la transparencia y prevenir y sancionar la corrupción.
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Fuente: Elaboración propia
Como es de verse del cuadro precedente, desde el 2001, Perú ha realizado sendos esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción y, para ello, ha creado instancias gubernamentales que han tenido no sólo diferente composición, sino, sobre todo, distinta aproximación conceptual respecto del fenómeno de la corrupción. Así, por ejemplo, la Iniciativa Nacional Anticorrupción nació en el marco de la creación de un Programa Nacional Anticorrupción sólo con la finalidad de determinar las causas estructurales y proponer lineamientos de política para elevar los estándares de integridad en el país2. A diferencia de dicho objetivo, la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) tuvo un enfoque más punitivo y se le asignó como función la investigación y denuncia, lo cual generó desde el inicio colisión con las funciones que le corresponden a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público.
Estas distintas aproximaciones y falta de delimitación conceptual han llevado a que las entidades involucradas en la lucha contra la corrupción utilicen de manera indistinta los conceptos de integridad y anticorrupción, pese a que ambos entrañan significaciones y aproximaciones metodológicas distintas. En efecto, si bien los conceptos “anticorrupción” e “integridad” dialogan, estos no son equivalentes. De hecho, el concepto y la “operacionalización” del enfoque de integridad (OCDE, 2017) implica la idea de la anticorrupción, pero esta no abarca todos los componentes del concepto integridad.
2 Iniciativas Anticorrupción en el Estado Peruano 2001-2010. Defensoría del Pueblo. Serie de Documentos Defensoriales. Documento N° 14. Lima, 2011.
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En Perú, la respuesta gubernamental frente a la corrupción ha ido evolucionando. En efecto, se ha pasado de un enfoque reactivo -en donde la persecución del delito era lo central- hacia un enfoque más amplio en el que emerge la integridad como concepto que desarrolla aspectos vinculados a la prevención, la identificación y gestión de riesgos, complementando los esfuerzos iniciados a partir de la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Precisamente, en ese marco, se formula y aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual busca insertar en el ámbito nacional el enfoque de integridad (OCDE, 2017) entendiendo que este concepto (integridad), al ser un concepto lato y mucho más amplio, es el marco de enfoque de la lucha contra la corrupción.
Ahora bien, es necesario señalar que previo al proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, desde distintas instancias, se habían elaborado documentos importantes que contemplaban acciones y recomendaciones orientadas a prevenir y combatir la corrupción en el país, las cuales, por lo demás, tuvieron una importante acogida, aceptación y validación en la comunidad académica, en la opinión pública y de parte de expertos en la materia. Por tanto, resulta pertinente para el proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción considerar las recomendaciones contenidas en los siguientes documentos:
Tabla 2: Documentos anticorrupción considerados para la elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción3
Documento Fecha Entidad Acciones
Plan de GobiernoJulio 2016
Poder Ejecutivo
10
Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016
Noviembre 2016
Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción34
Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo
Diciembre 2016
Comisión Presidencial
de Integridad100
Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente
Enero 2017
OCDE81
100 Acciones propuestas por el Fiscal de la Nación para forjar un país sin corrupción
Junio 2017
Ministerio Público
100
Fuente: Elaboración propia
3 Además de los documentos contenidos en la Tabla 2, también se tomaron como insumo las acciones contenidas en el Compromiso de Lima suscrito por Perú y los países del americanos el 14 de abril del 2018 en el marco de la Cumbre de las Américas.
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A partir de estas fuentes, se identificaron 325 recomendaciones y orientaciones, las que han sido clasificadas y organizadas en función de Enfoques, Ejes y Objetivos Específicos, cual es el marco metodológico definido en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
Considerando la premisa respecto de la naturaleza y alcances conceptuales distintos de los instrumentos previos, para la elaboración del Plan se ha construido una secuencia lógica que organiza las diversas perspectivas y establece un marco analítico mínimo que articula aquellas aproximaciones considerando las limitaciones operativas existentes y la diversidad conceptual de los instrumentos precedentes.
Así, por ejemplo, como parte del proceso de análisis de las recomendaciones se identificaron las siguientes limitaciones vinculadas al complejo fenómeno de la corrupción:
a) Tiene muchas definiciones operativas (con enfoques económicos, de institucionalidad, de derechos, etc.),
b) Cuenta con varios niveles (gran corrupción, pequeña corrupción, etc.),
c) Concentra diversos actores (agentes de gobierno, funcionarios, empresas privadas, etc.),
d) Presenta manifestaciones diferentes (soborno, cohecho, colusión, tráfico de influencias, etc.),
e) Expresa distinta intensidad de acuerdo al nivel del fenómeno y el tipo de institución en el que aparece.
Estando a que los documentos analizados confluyen en cuatro temas recurrentes como espacios altamente vulnerables a la corrupción, los cuales, coinciden con la Estrategia de Integridad Pública que plantea la OCDE, el Plan ha definido como áreas prioritarias de intervención las siguientes:
i) Obras de infraestructura,
ii) Procesos de contrataciones y adquisiciones,
iii) Captura de la política pública por parte de intereses particulares, y
iv) Provisión de servicios públicos (pequeña corrupción).
Ahora bien, respecto a la estructura del Plan, se ha planteado el desarrollo de un método inductivo y emergente, en donde se construye un orden desde la reunión de partes diversas que se organizan en torno a tres clasificadores: i) enfoques teóricos, ii) ejes y iii) objetivos desarrollados en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Estos clasificadores tienen una doble función. Por un lado, permiten establecer una secuencia lógica entre los diversos enfoques diseñados por
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el Estado peruano en este siglo, en torno a la lucha contra la corrupción y la instauración de la integridad, por otro lado, funcionan como bolsas de clasificación de recomendaciones, iniciativas y acciones planteadas en los diversos instrumentos producidos.
Así, los dos enfoques (prevención y combate de la corrupción) provienen de la amplia literatura especializada sobre medidas de lucha contra la corrupción y que fueron introducidos por primera vez en el Perú a través del Plan Nacional de Lucha contra la corrupción 2012-2016 (CAN, 2012).
En base a esta experiencia y como parte del aprendizaje adquirido del desarrollo de estos enfoques clásicos, así como de la incorporación del enfoque de integridad, la actual Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (aprobada por el D.S. 092-2017-PCM) puso especial énfasis en la necesidad de dotar a la acción gubernamental de las condiciones necesarias para lograr mayor capacidad a la hora de emprender estrategias equilibradas para gestionar y enfrentar la corrupción, siendo este uno de los problemas públicos más complejos y diversos.
Este viraje tiene como principal finalidad acentuar la necesidad de que las medidas emprendidas resulten eficaces, legítimas y además se encuentren respaldadas en un amplio consenso social, pasando de la sola expresión de la voluntad al establecer el qué hacer hacia reflexiones más profundas mediante la determinación del cómo hacer y precisamente su debida implementación que conlleve a los resultados esperados que puedan ser comunicados y pasibles de procesos de rendición de cuentas.
Es por ello que la política enfatiza en fortalecer la capacidad del Estado para la toma de decisiones, implementación de medidas y logro de metas que conlleven a resultados esperados. De esta manera se plantean tres ejes de intervención, los dos primeros ejes propios del enfoque clásico de prevención, el cual se bifurca por un lado en el Eje 1. Fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción y el eje 2. Identificación y Gestión de Riesgos; y el último eje relacionado al enfoque de sanción el cual se desarrolla como Eje 3. Capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción.
A cada eje le corresponden objetivos específicos que provienen del mismo documento, conforme se detalla a continuación.
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Tabla 3: Articulación de enfoques, ejes y objetivos específicos
Enfoques (CAN, 2012) Ejes (PCM, 2017) Objetivos específicos (PCM, 2017)
Prevención de la corrupción
1. Fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción.
1.1. Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en las entidades del Estado.
1.2. Consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción en la administración pública.
1.3. Impulsar y consolidar la reforma del sistema electoral en el Perú y de las organizaciones políticas
1.4. Promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública, en los (las) servidores(as) civiles y en la ciudadanía.
1.5. Instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la Administración pública.
2. Identificación y Gestión de Riesgos
2.1. Fortalecer el mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción
2.2. Impulsar una carrera pública meritocrática
2.3. Garantizar la Integridad en las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
2.4. Fortalecer la Gestión de Riesgo al Interior de cada Entidad Pública
Combate de la corrupción
3. Capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción
3.1. Reforzar el Sistema de Justicia Penal
3.2. Reforzar el Sistema Disciplinario
3.3. Reforzar el Sistema Nacional de Control
3.4. Fortalecer los mecanismos para recuperación de activos y pérdida de dominio ante delitos agravados contra la administración pública.
Fuente: Elaboración propia
En el primero se propugna el desarrollo de una estructura organizacional basada en el compromiso de sus altas autoridades, en la definición clara de competencias y responsabilidades y en la existencia de reglas y valores que todo el personal e interlocutores conocen. Este Sistema de
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Integridad va de la mano con la generación de la Cultura de Integridad que tiene como sustento estrategias alineadas al liderazgo, la meritocracia, la transparencia y la capacitación constante. Ambos ejes del modelo que plantea la OCDE están presentes en los dos componentes del Plan que se articulan al enfoque de Prevención, en tanto, el eje de Rendición de Cuentas de la OCDE se articula al componente de sanción del Plan.
Además, es preciso tener en cuenta que estos tres ejes son desarrollados en nuestro país, a través de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y su herramienta de implementación que es el Plan Nacional 2018-2021.
Figura 1: Organización de la secuencia lógica de elaboración del plan.
Prevención de la corrupción
Capacidad preventiva del Estado
1. Garantizar la transparencia y acceso a la información pública.
1. Fortalecer los mecanismos para la
gestión de denuncias.
1. Reforzar el sistema de justicia penal.
2. Reforzar el sistema disciplinario.
3. Reforzar el sistema nacional de control.
4. Fortalecer los mecanismos para la
recuperación de activos.
3. Consolidar reforma del sistema electoral y de las organizaciones políticas.
3. Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios.
4. Promover una cultura de la integridad y de ética
pública.
4. Fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada
entidad.
5. Instalar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses.
2. Consolidar gestión de la información integrada.
2. Impulsar una carrera pública meritocrática.
Identificación y gestión de riesgos
Capacidad sancionadora del Estado
Sistema de integridad
Obras de infraestructura
Pequeña corrupción
Contrataciones
Captura de política pública
por intereses particulares
Compromiso
Responsabilidades
Estrategia
Normas
Sociedad
Liderazgo
Meritocracia
Formación
Apertura
Sanción
Gestión de riesgos
Supervisión
Participación
Cultura de integridad
Rendición de cuentas
Combate contra la
corrupción
ENFOQUESCAN
OBJETIVOSESPECÍFICOS
ÁREAS PRIORITARIASOCDE y PLAN
ESTRATEGIA INTEGRIDADOCDE
EJESPolítica Integridad 2017
Fuente: Elaboración propia
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2.2 Procedimiento de clasificación y priorización de acciones
Las 325 orientaciones y recomendaciones provenientes de las fuentes indicadas se analizaron a través de tres etapas. La primera etapa, consistió en la sistematización y clasificación de las unidades de análisis (recomendaciones y orientaciones). Estas se tomaron literalmente de cada uno de los documentos y se sistematizaron con un identificador de fuente de origen en una tabla excel y se organizaron creando columnas de clasificación y filtro según el enfoque, eje y objetivo específico al que correspondían. La segunda etapa estuvo destinada a la depuración de las unidades de análisis con tres criterios: se eliminaron las unidades que repetían contenido o se unificaron las unidades que tenían contenido similar; se eliminaron las unidades que no eran específicas, concretas o que tenían solo un contenido declarativo; y, se crearon grupos temáticos dentro de cada objetivo específico para organizar la secuencia de las unidades de análisis.
La tercera etapa implicó un proceso de priorización de las unidades de análisis clasificadas. Para ello se realizó un proceso participativo de estudio de cada unidad. En este se llevaron a cabo dos reuniones con los funcionarios designados como coordinadores de enlace de cada institución miembro de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y entidades claves. La primera tuvo como objetivo estudiar las unidades clasificadas en la segunda etapa del proceso para determinar cuáles requerían ser priorizadas (por importancia en relación al impacto que deberían tener para la lucha contra la corrupción, y por el orden temporal en función de si podían ser ejecutadas en corto, mediano o largo plazo). La segunda reunión propuso una lista acotada de las unidades de análisis, sobre la cual se trabajó en una redacción participativa de cada una de estas, para ser ordenadas en el formato de acciones que integrarían el plan.
De manera complementaria a la realización de los talleres de trabajo con los funcionarios de las entidades miembros de la CAN Anticorrupción, se realizaron dos reuniones de trabajo con líderes de opinión y con voceros políticos representantes de las bancadas del Congreso de la República, así como con los titulares de entidades claves, como son, la Contraloría General de la República, SERVIR y el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado).
Finalmente, la cuarta etapa consistió en la integración de los aportes recibidos por las entidades miembros de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, incluido el Ministerio de Educación.
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Tabla 4: Etapas, procedimientos y resultados del proceso de elaboración de acciones
Etapa Procedimiento Resultado
Etapa 1. Sistematización y clasificación
- Sistematización (lista literal de las fuentes organizadas en un tablero Excel).
- Clasificación (creación de casillas de clasificación por enfoque, eje, objetivo, fuente y código).
Tabla de contingencia con 325 unidades de análisis.
Etapa 2. Análisis de contenido y creación de grupos temáticos
- Depuración (de unidades repetidas y de carácter declarativo).
- Unificación (de unidades similares). - Creación de grupos temáticos dentro de cada
objetivo específico.
Tabla de contingencia con 280 unidades ordenadas en 28 grupos temáticos.
Etapa 3. Priorización y elaboración de acciones
- Proceso participativo para analizar las unidades clasificadas y priorizarlas (según relevancia y periodo de ejecución).
- Análisis de resultados de la priorización y organización de acciones
Tabla de contingencia con 69 acciones ordenadas en 24 grupos temáticos.
Etapa 4 - Priorización e integración de acciones según criterios de importancia y temporalidad.
Matriz con 69 acciones.
Fuente: Elaboración propia
El resultado de las tres etapas produjo un marco de 69 acciones que se organizan en función de 12 objetivos específicos, los tres ejes de trabajo de la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y los enfoques que integran la lucha contra la corrupción, así como la perspectiva de integridad institucional.
Las 69 acciones seleccionadas fueron sometidas a dos procesos de análisis complementario: un análisis de la potencial eficacia de la acción en función de la reducción de riesgos de corrupción, y un análisis de priorización para determinar su relevancia. La metodología para el estudio de eficacia potencial se basó en un procedimiento simple de estudio de cada acción, contrastándolas con la literatura precedente, para conocer cuáles son las que han tenido experiencias exitosas o con impactos positivos, o son elementos necesarios en la construcción secuencial de procesos; y qué tipo de iniciativas reportan resultados negativos, no reportan impactos o son solamente declarativas.
Esto permitió reconstruir algunas de las acciones para organizarlas en la forma que pueda establecerse en un marco de medición de indicadores (y eliminar aquellas que tienen formas no mensurables o que no demostraban eficacia potencial o no demuestran ser parte de un proceso). Esto permite evitar acciones populistas o que responden a medidas reactivas coyunturales, que no
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necesariamente contribuyen a crear procesos de largo aliento. A su vez, las acciones se priorizan en función de su importancia, temporalidad y el tipo de indicador al que se les asocia. Se entiende la importancia de una acción en tanto esta es una herramienta, una estrategia o un resultado esperado, y se entiende la temporalidad en función del tiempo máximo de vigencia del plan (el año 2021). Así, hay acciones que pueden ser muy importantes, porque son un resultado central para la reducción de riesgos de corrupción, pero requiere plazos amplios para ser implementados y logrados y, por lo tanto, se asocian a herramientas que son menos relevantes pero realizables en un periodo más corto.
Aquello permite que la trama secuencial de acciones se pueda ordenar y sistematizar para generar un sistema de monitoreo; así, la mayor parte de acciones están construidas en función de procesos, cuyo impacto en la reducción de riesgos de corrupción requiere medidas sostenibles.
Tabla 5: Áreas prioritarias, tipos de acciones, importancia, temporalidad
Áreas prioritarias (OCDE, 2017)
Tipos de acciones Importancia Temporalidad Secuencia Indicadores
- Infraestructura
- Contrataciones
- Captura política de las instituciones
- Microcorrupción
- Acciones de reforma normativa o institucional
- Acciones de fortalecimiento institucional
- Acciones de creación o fortalecimiento de instrumentos operativos y de información
- Muy importante (es la base de una reforma o iniciativa, o es la consecuencia final de una reforma)
- Importante (es una estrategia para una reforma)
- Medianamente importante (es una herramienta para una reforma
- Corto plazo (1 año)
- Mediano plazo (2 años)
- Largo plazo (4 años)
- Es una herramienta
- Es una estrategia
- Es un resultado
- De proceso
- De producto
- De resultado
Fuente: Elaboración propia
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2.3 Acciones priorizadas en el plan
Se han organizado las 69 acciones seleccionadas en un inventario en la que se componen 29 acciones para fortalecer la capacidad de prevención de la corrupción, 21 acciones asociadas a la identificación y gestión de riesgos, y 18 acciones asociadas al fortalecimiento de la capacidad sancionadora del Estado respecto a los casos de corrupción y otros fenómenos asociados. El plan desarrolla acciones de los 13 objetivos de la Política Nacional. Asimismo, si bien el eje de identificación y gestión de riesgos está asociado al enfoque de prevención de la corrupción, se ha mantenido como un eje propio debido a que se encuentra identificado así en la Política. Las acciones pueden reclasificarse en varios ejes, y hay algunas que pueden ser consideradas en más de uno, de manera que la estructura se organiza en función del énfasis de la acción y no es excluyente de acciones complementarias. Si bien el proceso ha implicado reconstruir algunas de las acciones propuestas, estas mantienen el contenido principal desde donde fueron producidas, sin embargo, se integran para establecer una lógica secuencial.
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES DEL PLAN
3.1 Acciones del Plan
Eje 1: Capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción
OBJETIVOS ESPECÍFICOS N° ACCIONES
1.1. Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en las entidades del Estado
1. Fortalecer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el fin de garantizar su autonomía y eficacia.
2. Mejorar el nivel de cumplimiento en la difusión de información a través de los Portales de Transparencia Estándar (PTE) de las entidades del Estado para garantizar la transparencia y facilitar el acceso a la información pública.
3. Implementar los Portales de Transparencia Estándar (PTE) en las entidades del Estado que, al año de la línea de base, no los hayan puesto en funcionamiento
4. Asegurar la publicación de las sanciones penales vinculadas a hechos de corrupción impuesta por los órganos de control superior, así como sanciones impuestas por vulneraciones a la ética en el Congreso de la República.
5. Promover instrumentos jurídicos que regulen la obligatoriedad de las audiencias de rendición de cuentas y promuevan la capacitación de la sociedad civil interesada en participar en las mismas.
6. Optimizar el proceso de rendición de cuentas de titulares de entidades contenido en la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD y fortalecer el ejercicio de control social, a través del mismo
7. Establecer el uso transversal de tecnologías digitales en las entidades de la administración pública en favor de la transparencia y rendición de cuenta, así como fortalecer la política de datos abiertos.
8. Promover el enfoque de Gobierno Abierto dentro de la administración pública a través del seguimiento al cumplimento del Plan de Acción de Gobierno Abierto y la implementación del Modelo y Estrategia de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú que coadyuve a la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
(Continúa)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS N° ACCIONES
1.2. Consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción en la administración pública.
9. Fortalecer la CAN mediante i) asignación de recursos humanos y presupuesto suficiente para el cumplimiento de las funciones de su Coordinación General, ii) articulación de las Comisiones Regionales Anticorrupción, y iii) asignación del mismo derecho de voz y voto a todos los miembros de la CAN.
10. Empoderar a las Oficinas de Integridad Institucional existentes en las entidades del Estado e impulsar la creación de oficinas de integridad en entidades que así lo requieran
11. Impulsar la creación del sistema funcional de integridad y Lucha contra la corrupción conformado por las Oficinas de Integridad Institucional o los funcionarios responsables de la integridad gubernamental de las entidades públicas bajo la rectoría de la CAN. El sistema tendría como funciones centrales:- Promover la ética en la función pública- Diseñar mapas de riesgos de corrupción y proponer herramientas para enfrentarlos en los
distintos ámbitos de actuación- Generar y administrar información cuantitativa y cualitativa en materia de integridad y
lucha contra la corrupción, a fin de desarrollar indicadores que permitan el monitoreo y la adopción de políticas públicas.
- Apoyar la promoción de una cultura de la integridad en la sociedad a través de los organismos del sector público, sector privado, universidades, medios de comunicación y sociedad civil.
12. Contar con mecanismos adecuados de monitoreo y seguimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y de los respectivos planes derivados (Plan Nacional, planes sectoriales e institucionales de integridad y Lucha contra la Corrupción) incorporados en los instrumentos de planificación estratégica; asimismo realizar evaluación de impacto que permitan determinar la efectividad de dichos planes.
13. Implementar una política de digitalización de los archivos de las entidades públicas del país, con el fin de cautelar la información y documentación que pueda ser materia de investigación de presuntos casos de corrupción.
14. Generar un espacio de trabajo virtual que permita la interconexión entre la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los funcionarios/as responsables de entregar información y los responsables del PTE, a nivel nacional
15. Implementar una plataforma de casos emblemáticos de corrupción
16. Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo de la implementación de las convenciones internacionales anticorrupción, así como de otros compromisos internacionales sobre la materia.
(Continúa)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS N° ACCIONES
1.3. Impulsar y consolidar la Reforma del Sistema Electoral en el Perú y de las Organizaciones Políticas
17. Promover el marco normativo que garantice el financiamiento público de las campañas de las agrupaciones política
18. Impulsar la aprobación de norma que establezca que los candidatos declaren en sus respectivas hojas de vida los procesos judiciales por delitos de corrupción en los que se encuentren comprendidos al momento de la postulación.
19. Asegurar periodicidad de los reportes financieros o económicos de las campañas por parte de las agrupaciones políticas.
20. Promover la penalización del financiamiento ilegal de las agrupaciones políticas en campañas electorales
21. Impulsar que, en el periodo de elecciones, los medios de comunicación transparenten información sobre contratos de publicidad con candidatos u organizaciones políticas a la ONPE.
22. Establecer régimen de sanciones administrativas, pecuniarias y políticas, además de penales, por la entrega de información falsa o incompleta a las autoridades del sistema electoral, aplicable a los candidatos, representantes o personeros de las organizaciones políticas.
1.4. Promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública, en los (las) servidores(as) civiles y en la ciudadanía
23. Aprobar un currículo de educación básica que incorpore valores y principios éticos para propiciar y una cultura de integridad a través de enfoques trasversales y áreas curriculares (Desarrollo personal, ciudadanía y cívica)
24. Promover contenidos orientados a la promoción de principios éticos y valores ciudadanos en todos los centros de educación técnico productivo, institutos y escuelas de educación superior y universidades, tanto públicos como privado para la formación integral de sus estudiantes.
25. Implementar campañas de concientización, coordinadas desde la CAN, sobre valores, ética pública, transparencia y acceso a la información pública y promoción de la denuncia.
1.5. Instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la Administración pública.
26. Clarificar las funciones y responsabilidades de los organismos que participan en la gestión de la ética pública y las políticas de conflictos de intereses.
27. Elaborar guías de orientación y promover la reflexión a través de diversos medios, basados en casos, para la identificación y tratamiento de dilemas éticos que enfrentan los servidores civiles.
28. Garantizar la transparencia y el fácil acceso a los Registros de Visitas de entidades y Agendas Oficiales de los principales funcionarios, en los que debe consignarse los visitantes, incluidos los gestores de intereses, de acuerdo al Decreto Legislativo 1353.
29. Adecuar el marco normativo en materia de integridad pública de acuerdo a los estándares de la OCDE, a través del i) mejora del marco normativo sobre declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas; así como, fortalecimiento de la fiscalización patrimonial de los funcionarios y servidores públicos obligados a presentar la Declaración Jurada; ii) establecimiento de la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses, y iii) establecimiento de un nuevo modelo de regulación de la gestión de intereses.
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Eje 2: Identificación y Gestión de Riesgos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS N° ACCIONES
2.1. Fortalecer el mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción
30. Implementar un mecanismo integrado de denuncias en la administración pública, asegurando la protección de los denunciantes de presuntos actos de corrupción.
31. Generar un mecanismo de reporte que facilite la puesta en conocimiento de irregularidades en el sector privado
32. Fortalecer los incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector público.
2.2. Impulsar una carrera pública meritocrática
33.
Implementar de manera obligatoria mecanismos de inducción con contenidos homogéneos en ética pública e integridad para el desarrollo adecuado de las competencias laborales y profesionales de los servidores civiles, independientemente de su régimen laboral o contractual.
34.Delegar en SERVIR la regulación e implementación de los procesos de selección en los puestos directivos clave en el sistema de contrataciones, en entidades con presupuestos y proyectos de gran envergadura, y programas sociales.
35. Promover activamente que los gerentes públicos ingresen al régimen del servicio civil en la categoría de directivos públicos.
36.Mejorar los procesos de selección y ascenso para promover el ingreso y permanencia de los mejores efectivos dentro de la Policía Nacional del Perú, así como los mejores profesionales dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial.
37.Fortalecer la implementación de la gestión del rendimiento de los servidores civiles, así como capacitarlos para establecer y cumplir las metas institucionales orientadas principalmente al ciudadano
(Continúa)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS N° ACCIONES
2.3. Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios
38.Fortalecer el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado a fin de promover y garantizar la supervisión estratégica basada en la gestión de riesgos, la optimización del proceso de contratación pública y la transformación digital de la institución.
39. Modernizar las plataformas tecnológicas del OSCE garantizando información desagregada de las contrataciones de bienes, servicios y obras que los proveedores hayan realizado con el Estado
40.
Establecer a nivel de las entidades públicas mecanismos de identificación y gestión de riesgos en los procesos de contratación pública, examinando información consignada por las personas naturales y jurídicas que contratan con la entidad. Esta supervisión deberá contar con el asesoramiento técnico del Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE), entidad que deberá registrar las incidencias detectadas en los procesos de identificación de riesgos.
41.
Fortalecer la Central de Compras Públicas (Perú Compras), para asegurar su autonomía y especialización suficiente de manera tal que cumpla con su función de estandarización de bienes y servicios de consumo regular a nivel de las entidades públicas que conlleve al proceso de centralización gradual de las compras corporativas.
42.Implementar en las entidades públicas programas permanentes de desarrollo de capacidades vinculadas a los procesos de contrataciones públicas para fortalecer la gestión del conocimiento, con el asesoramiento de OSCE
43.Fomentar la implementación de programas de prevención o compliance contra la corrupción y otras prácticas cuestionables en el sector empresarial independientemente del tamaño de la empresa y el rubro de negocio, asegurando la reglamentación de la Ley 30424 y su modificatoria.
44.Desarrollar y aprobar una política y plan nacional de infraestructura que garantice transparencia y predictibilidad en las decisiones públicas y privadas respecto al desarrollo de las obras emblemáticas a ser desarrolladas en el corto, mediano y largo plazo.
45.
Fortalecer los procesos de planificación, programación y priorización de las carteras de proyectos de infraestructura económica (transporte, infraestructura de riego, energía, vivienda y saneamiento) para maximizar los impactos y la rentabilidad social, así como reducir los riesgos de la corrupción
46. Revisar la normativa de las asociaciones público-privadas a efectos de garantizar competencia, prohibir las excepciones en grandes obras y garantizar los estudios de ingeniería en detalle.
47. Establecer un marco normativo para el desarrollo de la vigilancia ciudadana de la gestión pública
2.4. Fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública
48.
Desarrollar una metodología específica de identificación y gestión del riesgo de corrupción, que incluya actividades de mapeo y evaluación adaptadas para apoyar a las entidades gubernamentales en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y responder eficazmente a la corrupción.
49.
Sistematizar y analizar la información de los procedimientos administrativos disciplinarios vinculados a hechos de corrupción a través de la plataforma del REPRAC (Registro de Procedimientos Administrativos Disciplinarios Vinculados a Actos de Corrupción) para producir recomendaciones de mitigación de riesgos.
50.Fortalecer la simplificación administrativa en la administración pública a través del diseño e implementación del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) y la consolidación del Análisis de Calidad Regulatoria de los trámites y los procedimientos administrativos estandarizados
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Eje 3: Capacidad Sancionadora del Estado Frente a los Actos de Corrupción
OBJETIVOS ESPECÍFICOS N° ACCIONES
3.1. Reforzar el sistema de justicia penal.
51.
Consolidar el marco normativo penal a efectos de evitar toda laguna de impunidad a través de: i) ampliación de los supuestos de separación de la función pública de condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; ii) tipificación del delito de corrupción privada; y, iii) simplificación del procedimiento de extradición.
52. Consolidar el registro nacional de sanciones contra servidores civiles, incluyendo a las fuerzas armadas y policiales.
53. Reglamentar la Ley 30424 y su modificatoria sobre la responsabilidad de personas jurídicas.
54.
Fortalecer el sistema de justicia penal anticorrupción a través de i) la implementación de órganos especializados en todos los distritos judiciales y fiscales, ii) asignación de recursos necesarios, iii) reducción del porcentaje de provisionalidad de jueces y fiscales vinculados a la lucha contra la corrupción; iv) implementación de mecanismos para garantizar la integridad en el sistema de justicia penal anticorrupción; y v) impulso de condiciones institucionales necesarias (operativas, normativas y financieras) para la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción a nivel nacional.
55. Implementar el Expediente Judicial Electrónico en el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
56. Implementar una unidad de gestión de información en la CAN Anticorrupción que centralice data estadística de procesos penales por delitos de corrupción.
57.Fortalecer e incrementar el uso de herramientas procesales especiales para la investigación de casos de corrupción cómo “agente encubierto”, “escuchas telefónicas”, “colaboración eficaz”, “levantamiento del secreto bancario” y otros, en el marco del debido proceso.
58. Establecer espacios de articulación y protocolos de coordinación operativa en los procesos de investigación penal por delitos de corrupción.
59.
Reformar la institucionalidad del Consejo Nacional de la Magistratura para fortalecer su autonomía y la selección de sus integrantes, así como para asegurar que los procesos de selección y ratificación garanticen la idoneidad e integridad de los jueces y fiscales que coadyuven al fortalecimiento del sistema de administración de justicia.
60.Fortalecer a la Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción a través de la adecuada asignación de recursos que aseguren su pleno funcionamiento e independencia a nivel nacional.
61. Fortalecer la participación de la Procuraduría en el Proceso de Colaboración Eficaz
(Continúa)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS N° ACCIONES
3.2. Reforzar el sistema disciplinario
62. Promover un trabajo articulado con miras a delimitar las jurisdicciones y responsabilidades institucionales, y establecer un único inventario de infracciones y sanciones.
63.Fortalecer la capacidad operativa de sanción disciplinaria en las entidades mediante mecanismos que garanticen la eficiencia, celeridad e inmediatez en la respuesta administrativa para sancionar faltas a la ética pública y casos de corrupción.
3.3. Reforzar el Sistema Nacional de Control
64.
Fortalecer de manera progresiva y sujeto a un plan de implementación, la autonomía y descentralización de los OCI, a través de: i) Incorporar a los OCI de las entidades del nivel nacional, gobiernos regionales y locales a la Estructura administrativa de la CGR; y, ii) Ejecutar servicios de control a los gobiernos locales de manera descentralizada, mediante OCI itinerantes.
65. Intensificar las tecnologías de la información para optimizar el control gubernamental.
3.4. Fortalecer los mecanismos para recuperación de activos y perdida de dominio ante delitos agravados contra la Administración Pública
66. Implementar protocolos de actuación que aseguren los procesos de asistencia judicial mutua y recuperación de activos
67. Fortalecer la autonomía del proceso judicial de pérdida de dominio y su capacidad operativa
68. Articular acciones para evitar la prescripción y caducidad en el cobro de la reparación civil a los condenados por delitos de corrupción.
69.Implementar el registro de beneficiarios finales en consonancia con las recomendaciones del GAFI para efectos de contar con una estrategia efectiva para evitar el ocultamiento de fondos ilícitos.
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IV. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
El marco conceptual del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 plantea y enfatiza que al ser la corrupción un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional no puede ser abordado desde un sólo enfoque, así como tampoco desde una sola entidad.
En esa línea, para garantizar una respuesta efectiva y oportuna en la lucha contra la corrupción se requiere consolidar un nivel eficaz de articulación y coordinación entre las entidades que conforman la cadena de valor de la administración de justicia penal contra la corrupción, las cuales, conforme al numeral 9 del Artículo III de la Convención Interamericana Contra la Corrupción son también denominadas como Órganos de Control Superior4.
Ahora bien, esta cadena de valor la conforman no sólo los actores que tienen un mandato directo y que cumplen un rol indispensable en el proceso penal como son la Policía Nacional, el Ministerio Público (rol de investigación del delito) y el Poder Judicial (rol de sanción), sino también, la conforman las entidades que tienen a su cargo tareas específicas en la prevención y detección de la corrupción (como la Contraloría General de la República), así como aquellas entidades que sin tener una actuación directa en el proceso penal, su labor resulta indispensable para garantizar el éxito o fracaso de la tarea de investigación y sanción de la corrupción.
Así, por ejemplo, el rol que desempeña el Consejo Nacional de la Magistratura en la lucha contra la corrupción resulta crucial toda vez que de su eficacia en los procesos de selección, ratificación y sanción de jueces y fiscales depende un proceso penal basado en criterios objetivos, justos y oportunos que finalmente coadyuven a erradicar la sensación de impunidad que existe hoy en la sociedad. En esa misma línea, para garantizar la existencia de procesos penales que garanticen eficacia y desincentiven la comisión de futuros hechos de corrupción por parte de otros actores, resulta indispensable contar con un marco normativo expedido por el Congreso de la República que elimine cualquier laguna de impunidad.
Dicho esto, conforme a lo definido en la Tabla N° 3, el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 parte no sólo de diferenciar distintos actores en la lucha contra la corrupción, sino de consolidar un concepto basado en la existencia de una cadena de valor conformada por estas entidades y la cual debe consolidarse a efectos de tener una institucionalidad sólida que permita a nivel país enfrentar la corrupción sea cual fuere la manifestación o dimensión que ella tenga. Para ello, es necesario dos presupuestos básicos: 1) fortalecer a cada una de estas
4 En el marco del numeral 9 del Artículo III de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, se define como Órganos de Control Superior a aquellos que tienen una función de prevención, detección, sanción y erradicación de prácticas corruptas.
Eje 2: Identificación y gestión de riesgos
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entidades a efectos de que la actuación de una constituya en sí misma un valor que facilite a las demás entidades a generar la respuesta oportuna y rigurosa que la sociedad espera, y 2) generar sinergias inteligentes entre todas ellas de manera que funcionen bajo un esquema sistémico.
En esa línea, en la matriz de Objetivos Estratégicos y Acciones del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 se precisan dos tipos de acciones: las específicas y las transversales. Las primeras están dirigidas a aquellas entidades que por el rol específico que cumplen y desarrollan según su Ley de creación, tienen una tarea puntual en la lucha contra la corrupción y que por lo tanto nadie más que ellas pueden implementarlas (ej: Poder Judicial, Congreso de la República, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, Policía Nacional, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, SERVIR, Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros).
En tanto, las segundas, son acciones que deben ser implementadas de manera transversal por todas las entidades sin excepción (incluidas aquellas que ya tienen asignadas acciones específicas en la lucha contra la corrupción) a efectos de garantizar una estrategia interna de integridad y de prevención de la corrupción en cada una de ellas. Dicha estrategia debe partir de la estructura lógica y de los enfoques conceptuales complementarios de prevención y de punición de la corrupción en que se sostienen los Objetivos Estratégicos y Acciones del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021.
Al respecto, si bien las acciones transversales están desarrolladas de modo claro en la matriz del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, para efectos de facilitar a las entidades públicas la implementación de una estructura de prevención de la corrupción, se plantea un modelo de integridad cuyo desarrollo corresponde a estándares internacionales y buenas prácticas planteadas desde la cooperación internacional con la finalidad de mejorar la organización de la administración pública para promover la integridad y luchar contra la corrupción5. Particularmente, se ha tomado como insumo los siguientes documentos:
Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre integridad pública.
High Level Principles on Organizing Against Corruption del G-20 LEADERS DECLARATION.
NTP 37001. Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso. INACAL.
5 Ver bibliografía citada en el presente documento, relativa al “Estudio sobre Compliance desde la perspectiva del sector público: propuesta de modulo para la asesoría desde la Cooperación Alemana implementada por GIZ”.
Eje 2: Identificación y gestión de riesgos
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Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
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4.1 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación
El seguimiento, monitoreo y evaluación es el proceso sistemático mediante el cual se recopila, se ordena, se sistematiza y se analiza información para establecer el grado de cumplimiento de los objetivos, permitiendo además conducir adecuadamente las intervenciones para conseguir los mayores resultados posibles.
De esta manera, los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación deben permitir obtener información basada en evidencias que sea creíble, fidedigna y útil, sobre todo para la adopción de decisiones futuras.
Los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación hacen uso de indicadores, instrumentos que permiten evaluar de forma cuantitativa o cualitativa aspectos claves, identificados para poner en evidencia los productos y resultados alcanzados.
Responsables del Seguimiento, Monitoreo y Evaluación
El Decreto Supremo 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, establece en su artículo 5 que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a través de su Coordinación General se encargará de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación, tanto de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; así como, del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.
Para esta importante función la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción tendrá el apoyo de las entidades públicas, señaladas en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, como responsables de cada objetivo, sumándose también las identificadas en cada una de las acciones del Plan Nacional. Asimismo, en el ámbito subnacional, brindarán apoyo las Comisiones Regionales Anticorrupción.
Por tanto, para efectos de coordinar y articular los esfuerzos de seguimiento, monitoreo y evaluación, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción establecerá lineamientos, pautas y herramientas que faciliten y precisen los roles vinculados a medir el avance de las acciones anticorrupción establecidas en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, así como de los objetivos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
De igual manera, a nivel subnacional, las Comisiones Regionales Anticorrupción colaboraran y apoyaran a la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la labor de seguimiento, monitoreo y evaluación.
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Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021
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Figura 2: Tipos de medición por niveles de articulación en la lucha contra la corrupción
Medición resultados finales e impacto
• Indicadores de resultado final
Medición de productos y resultados
• Indicadores de resultado intermedio
Política Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción
Plan Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción desarrollará anualmente un informe de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas.
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Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
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REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
Convenciones Internacionales
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Organización de Estados Americanos. 1997.
CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 1997.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN. Naciones Unidas. 2004.
Leyes, Reglamentos, Directivas
Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo N° 635, que aprueba el Código Penal.
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL).
Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior
Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección para los denunciantes de actos de corrupción y sanciona denuncias de mala fe, y su Reglamento.
Decreto Legislativo N° 1341, Ley que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Legislativo N° 1352, que Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.
Decreto Legislativo N° 1353, Ley que crea la Autoridad de Transparencia y modifica la Ley de Gestión de Intereses
Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley Marco de Modernización del Estado.
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Decreto Supremo N° 016-2010-PCM, crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Decreto Supremo N° 119-2012-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016.
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, aprueba la Política de Modernización de la Gestión Pública.
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Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021
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Decreto Supremo N° 350-2015-MEF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción.
Decreto Supremo N° 056-2017-MEF, modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Ley N° 26702, Ley Marco de Modernización de la gestión del Estado.
Ley N° 27588, Ley que establece Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos.
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Repúliba.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.
Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.
Ley N° 29743, Ley que modifica la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley N° 29976, Ley que eleva a rango de Ley la norma de creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Ley N° 30424 que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional.
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
Documentos de Trabajo
AGNIC, Tamara y Susana Sierra. Corrupción a la Carta. Ediciones Chile. 2017.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Balance a Diez Años de Vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003-2013. Informe Defensorial N° 165. Lima, 2013
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Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
97
INA. Iniciativa Nacional Anticorrupción. Un Perú Sin Corrupción: Condiciones, Lineamientos y Recomendaciones para la lucha contra la corrupción.
INACAL. (2017). NTP 37001. Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso. Lima: INACAL.
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Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021
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5NORMAS LEGALESJueves 26 de abril de 2018 El Peruano /
Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021
DEcREto supREmon° 044-2018-pcm
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, las políticas 24 y 26 del Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, establecen como Políticas de Estado la afirmación de un Estado eficiente y transparente, y la promoción de la transparencia y la erradicación de la corrupción en todas sus formas, respectivamente, correspondiendo al Estado afirmar principios éticos y valores sociales así como la vigilancia ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas para garantizar la institucionalidad de nuestro país; asimismo, constituye elemento consustancial a dichas políticas el destierro de la impunidad, del abuso de poder, de la corrupción y del atropello de los derechos;
Que, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), creada por Ley N° 29976 tiene como objeto articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país; y está conformada por los titulares de las principales entidades públicas, del sector privado y sociedad civil vinculados a la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad;
Que, según el numeral 2 del artículo 3 de su norma de creación y el artículo 3 inciso b) de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 089-2012-PCM, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, tiene entre sus funciones el proponer al Poder Ejecutivo el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción cada cuatro (4) años;
Que, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, establece que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción desarrolla el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, con una actualización periódica cada cuatro (4) años, para la implementación de los objetivos y lineamientos previstos en la Política Nacional. Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria final de la mencionada norma encarga a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción la elaboración de una propuesta de Plan para su posterior presentación al Poder Ejecutivo;
Que, el periodo de vigencia del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 - 2016, aprobado por Decreto Supremo N° 119-2012-PCM, culminó en el mes de diciembre de 2016, por lo que, la Coordinación General de la CAN como resultado de un proceso participativo -en el que han intervenido representantes de las entidades miembros de la CAN y de diversas entidades públicas, privadas y de la sociedad civil-ha elaborado una propuesta de Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018 - 2021 que no sólo toma como punto de partida las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales sobre lucha contra la corrupción de las cuales Perú es parte obligada, sino también acoge las recomendaciones formuladas en el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad y en el Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú;
Que, mediante acuerdo adoptado en la Trigésima Primera Sesión de la CAN, realizada el 16 de abril de 2018, los miembros plenos y observadores de la CAN aprobaron por unanimidad la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, encargando a la Coordinación General de la CAN realizar las acciones necesarias para la remisión de la propuesta al Poder Ejecutivo y expedición del decreto supremo de aprobación respectivo;
Que, el artículo 26 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, establece como competencia exclusiva del Gobierno Nacional el diseño de políticas nacionales y sectoriales; en igual sentido, el artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo prevé que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de
diseñar y supervisar políticas nacionales, las cuales son de obligatorio cumplimiento por todas las Entidades del Estado en todos los niveles de gobierno;
Que, en este contexto, resulta necesario aprobar el Plan Nacional de integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018 - 2021, a fin de contar con un instrumento que establezca las acciones priorizadas que sobre la materia se aeben emprender para prevenir y combatir la corrupción, e impulsar la integridad pública, en e! marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción;
Que, considerando que la Presidencia de Consejo de Ministros, ha absorbido las funciones de la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en aras de fortalecer la implementación de la Política de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, corresponde que toda referencia a la Coordinación General en el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 sea atribuida a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros;
De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; los artículos 4 y 11 inciso 3 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.-AprobaciónApruébese el Plan Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción 2018-2021, el mismo que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Ejecución y cumplimientoLas máximas autoridades de las entidades
públicas responsables en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 adoptarán, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para su ejecución y velarán por su cumplimiento, asegurando que las acciones y los gastos se incluyan en sus Planes Operativos y Presupuestos Institucionales.
Artículo 3.- FinanciamientoLa implementación y el cumplimiento del Plan
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas y en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto.
Artículo 4.- seguimiento, monitoreo y evaluaciónLa Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a través
de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros se encarga de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.
Las entidades del Estado que se encuentran bajo el ámbito de la presente norma tienen el deber y la obligación de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones establecidas que conforme al Plan Nacional se encuentran en el marco de sus competencias.
Artículo 5.- publicaciónPublícase el presente Decreto Supremo y su Anexo en
el Diario Oficial El Peruano, en el Portal de la Presidencia del Consejo de Ministros (http://www.pcm.gob.pe/), y en el Portal Institucional de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (http://can.pcm.gob.pe/).
Artículo 6.- RefrendoEl presente Decreto Supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros.
DIsposIcIÓn compLEmEntARIA FInAL
Única Disposición complementaria FinalEn un plazo no mayor de sesenta (60) días, la
Secretaría de Integridad Pública en coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, propondrá las normas complementarias para ajusfar la Política Nacional de Integridad a lo dispuesto en el Anexo
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Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
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6 NORMAS LEGALES Jueves 26 de abril de 2018 / El Peruano
1 del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, las cuales se aprobarán mediante Resolución Ministerial. Dichas normas establecerán las vinculaciones entre el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, conforme el artículo 11 del referido Decreto Supremo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJOPresidente de la República
CéSAR VILLANUEVA ARéVALOPresidente del Consejo de Ministros
pLAn nAcIonAL DE IntEGRIDAD Y LucHA contRA LA coRRupcIÓn
2018-2021
AcRÓnImos, sIGLAs Y ABREVIAtuRAs
cEpLAn: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
cAn AntIcoRRupcIÓn: Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
ccL: Cámara de Comercio de Lima
cGR: Contraloría General de la República
cnm: Consejo Nacional de la Magistratura
conFIEp: Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit de la Cooperación Alemana.
G20: Grupo de los Veinte
InA: Iniciativa Nacional Anticorrupción
InEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
LA/Ft: Lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo.
mInAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego
mInAm: Ministerio del Ambiente
mIncEtuR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
cuLtuRA: Ministerio de Cultura
mInDEF: Ministerio de Defensa
mIDIs: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
mEF: Ministerio de Economía y finanzas
mInEDu: Ministerio de Educación
mInEm: Ministerio de Energía y Minas
mInIntER: Ministerio del Interior
mInJus: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
mImp: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
pRoDucE: Ministerio de Producción
RREE: Ministerio de Relaciones Exteriores
mInsA: Ministerio de Salud
mtpE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
mtc: Ministerio de Transporte y Comunicaciones
VIVIEnDA: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
mp-Fn: Ministerio Público – fiscalía de la Nación
ocDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
onA: Oficina Nacional Anticorrupción
oscE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
pcm: Presidencia del Consejo de Ministros
ppEDc: Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción
pJ: Poder Judicial
pnp: Policía Nacional del Perú
pRoÉtIcA: Capítulo peruano de Transparencia Internacional
sERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil
sGp: Secretaría de Gestión Pública
snI: Sociedad Nacional de Industrias
tABLA DE contEnIDo
PRESENTACIÓN
I. INTRODUCCIÓN
II. MARCO METODOLÓGICO DE DESARROLLO DEL PLAN
2.1. Metodología de elaboración del plan2.2. Procedimiento de clasificación y priorización de
acciones2.3. Acciones priorizadas en el plan
III. OBJETIVOS ESTRATéGICOS Y ACCIONES DEL PLAN
3.1. Acciones del Plan3.2. Acciones, Indicadores, Metas y Responsables
IV. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
4.1. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación
REfERENCIAS Y BIBLIOGRAfÍA
ÍnDIcE DE tABLAs
tabla 1: Iniciativas anticorrupción y énfasis conceptualtabla 2: Documentos anticorrupción considerados
para la elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción
tabla 3: Articulación de enfoques, ejes y objetivos específicos
tabla 4: Etapas, procedimientos y resultados del proceso de elaboración de acciones
tabla 5: áreas prioritarias, tipos de acciones, importancia, temporalidad
ÍnDIcE DE ILustRAcIonEs
Ilustración 1: Organización de la secuencia lógica de elaboración del plan
Ilustración 2: Tipos de medición por niveles de articulación en la lucha contra la corrupción
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Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021
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3NORMAS LEGALESDomingo 22 de abril de 2018 El Peruano /
Defensa y a los pliegos presupuestales de los demás sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
SEGUNDA. Aplicación Los efectos de la presente ley no son aplicables a las
personas que tengan sentencia firme condenatoria por la comisión de delitos.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDEPresidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINAPrimer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJOPresidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALOPresidente del Consejo de Ministros
1639794-8
PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción
DEcrEto SUprEmoN° 042-2018-pcm
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública, teniendo como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;
Que, el artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que las entidades del Poder Ejecutivo se organizan sobre la base de funciones y competencias afines, evitando la duplicidad y superposición de funciones;
Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, tiene como objetivo general, orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país;
Que, la citada Política caracteriza a un Estado moderno como aquel que asigna sus recursos, diseña sus
procesos y define sus productos y resultados en función de las necesidades de los ciudadanos. Por ello, en el marco del proceso de modernización el Poder Ejecutivo tiene la obligación de realizar una revisión constante de la estructura y funcionamiento de las entidades que lo conforman, con la finalidad de adecuar la organización del Estado en función a la política, criterios, principios y finalidades que orientan el diseño y estructura de las entidades de la administración pública;
Que, asimismo, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública resalta la necesidad de aumentar la integridad pública garantizando un servicio civil moderno e íntegro, sistemas de adquisiciones y contrataciones blindadas contra la corrupción y un control efectivo y disuasivo;
Que, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE: 2017) establece que la integridad se refiere al uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público, para los objetivos oficiales para los que se destinaron. Así, la integridad constituye un pilar muy importante para la construcción de un sólido sistema de gobernanza;
Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, se aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, que establece en el eje estratégico 3 sobre el Estado y la Gobernabilidad, la lucha contra la corrupción en todos los niveles de gobierno, así como impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas, afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la información pública y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno;
Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción con el objeto de contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación activa de la ciudadanía;
Que, en ese sentido, considerando que en el diseño y estructura del Estado prevalece y rige los criterios de justificación de funciones y actividades, no duplicidad de funciones y el principio de especialidad que supone integrar funciones y competencias afines, resulta necesario realizar acciones de fusión y transferencia de funciones, entre otras medidas, con la finalidad de fortalecer la institucionalidad y la acción del Gobierno en materia de integridad pública y ética pública como parte de la lucha contra la corrupción; así como modificar el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, lo cual ha sido evaluado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;
De conformidad con los incisos 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto y finalidadEstablecer medidas en materia de integridad pública
con el objeto de orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores públicos y de las entidades señaladas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las políticas en materia de integridad pública, como parte de las acciones de prevención y lucha contra la corrupción para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno.
Artículo 2.- Principios que orientan la integridad pública
Son principios que rigen la actuación de los servidores públicos y de las entidades señaladas en el artículo 1 en materia de integridad pública para prevenir y luchar contra la corrupción:
a) transparencia.- Garantizar la transparencia en la gestión gubernamental a través de mecanismos que faciliten el acceso a la información pública. El Estado
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Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
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4 NORMAS LEGALES Domingo 22 de abril de 2018 / El Peruano
organiza sus sistemas de gestión y procedimientos de manera abierta e informa de manera activa y oportuna sobre sus procesos, normas y decisiones.
b) corrección.- Ejercer sus deberes y funciones respetando el principio de separación de poderes, el Estado de Derecho y el principio democrático. Actúan con sujeción a la ley y a los principios y valores constitucionales con el fin de garantizar el respeto de los derechos ciudadanos y promover la integridad en la función pública.
c) Probidad.- Actuar con rectitud, honradez y honestidad en el ejercicio del poder conferido, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.
d) Respeto.- Adecuar la conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento.
e) Veracidad.- Expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales de quienes integran la institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.
f) Igualdad.- Actuar sin ninguna clase de discriminación entre los ciudadanos brindando un trato igualitario.
g) Objetividad.- Actuar de manera objetiva para lo cual cumplen con el deber de diligencia analizando todos los elementos del caso antes de tomar una decisión, prescindiendo de cualquier tipo de fin o interés subjetivo.
h) Rendición de cuentas.- Dar cuenta periódicamente de su actuación, justificando sus actos y decisiones ante la ciudadanía.
i) participación.- vigilar y participar en los procesos de toma decisiones en aquellos asuntos que les puedan afectar, conforme a los procedimientos establecidos por la ley. El Estado promueve y garantiza las condiciones para que la ciudadanía participe en los procesos de toma de decisiones así como en el ciclo de las políticas públicas y la gestión gubernamental.
j) prevención.- Adoptar medidas preventivas para detectar y gestionar los riesgos de corrupción, evitar los conflictos de interés y asegurar la calidad de la actuación de la administración pública y la prestación de los servicios fundamentales.
k) Neutralidad.- Actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos, instituciones o de otra índole.
Artículo 3.- Definiciones
3.1 Integridad.- Uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público, para los objetivos oficiales para los que se destinaron.
3.2 corrupción.- Mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja directa o indirecta; por agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales.
Artículo 4.- mecanismos e instrumentos que promueven la integridad pública
Constituyen de manera enunciativa y no limitativa mecanismos e instrumentos que promueven la integridad pública para la implementación del control interno y la promoción de acciones de prevención y lucha contra la corrupción:
1. Códigos y Cartas de buena conducta administrativa: Son los instrumentos mediante los cuales se establecen los lineamientos para la correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores civiles con el fin de promover una cultura de integridad y servicio a la ciudadanía al interior de cada entidad.
2. Mecanismos de seguimiento de integridad pública: Es el instrumento mediante el cual se realiza el seguimiento y evaluación del cumplimiento por parte de los servidores civiles de los estándares contenidos en el Código de Integridad Pública y Buen Gobierno.
3. Programa de integridad: Es el instrumento mediante el cual se establecen lineamientos y mecanismos para promover e implementar una cultura de integridad al interior de cada entidad.
4. Lineamientos para elaboración de informes de rendición de cuentas: Es el instrumento que establece los criterios, normas y procedimientos para la elaboración y presentación de los informes de rendición de cuentas por parte de los servidores civiles.
5. Registro de Gestión de Intereses: Es el instrumento mediante el cual se registra al gestor así como los actos de gestión de intereses de los cuales el servidor, con capacidad de decisión de la entidad, da cuenta en la Constancia de Actos de Gestión de Intereses.
6. Guía para el manejo de gestión de intereses: Es el instrumento mediante el cual se establecen los criterios y lineamientos mediante los cuales los servidores civiles con capacidad de decisión pública atienden las solicitudes de gestión de intereses.
7. Lineamientos para la gestión de conflictos de intereses: Es el instrumento mediante el cual se establecen orientaciones prácticas para que los funcionarios y servidores públicos identifiquen y resuelvan situaciones en las que se presentan conflictos de intereses.
8. Declaración jurada de intereses: La declaración jurada de intereses es un instrumento que contiene información respecto a actividades de carácter profesional u ocupacional, actividades comerciales, relaciones de parentesco, entre otras, con la finalidad de hacer pública posibles conflictos de intereses.
9. Mecanismos de reporte de denuncias: Son los medios y procesos expeditivos mediante los cuales se abordan las denuncias frente a situaciones que pudieren resultar en actos de corrupción, especialmente en materias sensibles vinculadas a actos de funcionarios o directivos de alto nivel garantizando confidencialidad en el marco de las normas de la materia.
10. Otros que persigan fines sustentados en la ética.
Artículo 5.- Seguimiento e implementación de los mecanismos e Instrumentos que promueven la integridad pública
5.1 Las entidades públicas remiten anualmente a la Presidencia del Consejo de Ministros informes de avance de la implementación de los mecanismos e instrumentos descritos en el artículo 4.
5.2 La Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Integridad Pública y, en coordinación con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, evalúa los avances, proponiendo las medidas que permitan fortalecer la actuación de la Administración Pública en materia de integridad y lucha contra la corrupción.
Artículo 6.- Fusión del órgano denominado Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la Presidencia del Consejo de ministros
6.1 Apruébese la fusión por absorción del órgano denominado Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la Presidencia del Consejo de Ministros.
6.2 Toda referencia normativa a las competencias, funciones y atribuciones que viene ejerciendo el órgano denominado Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, una vez concluido el proceso de fusión, se entiende como efectuada a la Secretaría de Integridad Pública a la que se refiere el artículo 8.
Artículo 7.- Conformación de la Comisión encargada de la Fusión del órgano denominado Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la Presidencia del Consejo de ministros
7.1 Dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente norma, se constituye la Comisión encargada del proceso de fusión del órgano denominado Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la Presidencia del Consejo de Ministros.
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Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021
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5NORMAS LEGALESDomingo 22 de abril de 2018 El Peruano /
7.2 La Comisión está integrada por dos (2) representantes de la Presidencia de Consejo de Ministros designados por Resolución de Secretaría General y dos (2) representantes del órgano denominado Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción designados por el Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. La Presidencia de la Comisión la ejerce uno de los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros.
7.3 Los representantes de la comisión de fusión son los responsables de programar, implementar y dar seguimiento al proceso de fusión, cuyas conclusiones y acuerdos son recogidos en actas y al término del plazo de su designación remiten el informe detallado de acciones desarrolladas durante el proceso de fusión.
7.4 El proceso de fusión culmina en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contabilizados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma.
Artículo 8.- Creación de la Secretaría de Integridad pública
8.1 Créase la Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros, como órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riegos de la corrupción con el objeto de orientar la correcta actuación de los servidores civiles y entidades públicas en la lucha contra la corrupción.
8.2 Corresponde a dicho órgano ejercer las funciones que establece el artículo 6 de la Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Artículo 9.- Opinión y participación de la Secretaría de Integridad Pública
9.1 Las entidades públicas coordinan y de corresponder requieren la opinión de la Secretaria de Integridad Pública, en aquellos asuntos bajo su competencia que se vinculen con la prevención y gestión de riesgos de la corrupción.
9.2 Asimismo, la Secretaría de Integridad Pública coordina con los entes rectores la incorporación de medidas o mecanismos destinados a promover la integridad y prevenir la corrupción cuando los mismos requieran ser implementados en su ámbito de competencia.
Artículo 10.- Oficinas de Integridad InstitucionalEl órgano o unidad orgánica al interior de las entidades,
responsable de cumplir con las funciones señaladas en el artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, mantiene relaciones técnico-funcionales con la Secretaria de Integridad Pública y se sujeta a las disposiciones que esta emita en materia de integridad y ética pública.
Artículo 11.- FinanciamientoLa aplicación de la presente norma se financia
con cargo al presupuesto institucional del pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 12.- publicaciónPublíquese el presente Decreto Supremo en el Diario
Oficial El Peruano; así como en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), y en el portal institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe) el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 13.- RefrendoEl presente Decreto Supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros.
DISpoSIcIÓN compLEmENtArIA FINAL
Única.- De las normas que rigen el proceso de fusión
El proceso de fusión aprobado mediante la presente
norma, se rige en lo que resulte aplicable por la Directiva Nº 001-2007-PCM-SGP–Lineamientos para implementar el proceso de fusión de Entidades de la Administración Pública Central, aprobada por Resolución Ministerial Nº 084-2007-PCM.
DISpoSIcIÓN compLEmENtArIA trANSItorIA
Única.- Transferencia de acervo documentario en materia de ética pública
La Secretaría de Gestión Pública en un plazo no mayor a treinta (30) días de implementada la Secretaría de Integridad Pública, transfiere a este órgano el acervo documentario vinculado con las materias de ética pública.
DISpoSIcIoNES compLEmENtArIAS moDIFIcAtorIAS
Primera.- Modificación del artículo 1 del Decreto Supremo N° 022-2017-pcm
Modifícase el artículo 1 del Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, quedando redactado en los siguientes términos:
“Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros
Apruébase el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, que consta de cuatro (04) títulos, seis (06) capítulos, setenta y cinco (75) artículos, y un (01) Anexo–Organigrama, que forman parte integrante del presente Decreto Supremo.”
Segunda.- Modificación de los artículos 4, 6, 41, 42 y 44 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros
Modifícanse el artículo 4, el numeral 6 del artículo 6, el primer párrafo del 41, 42 y el inciso a) del artículo 44 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, quedando redactados en los siguientes términos:
“Artículo 4.- Gestión de la Política General de Gobierno
La Presidencia del Consejo de Ministros apoya al Presidente de la República en la gestión de la política general de gobierno mediante:
a) El seguimiento al cumplimiento de las prioridades de gobierno.
b) La conducción de la estrategia de comunicación de las políticas del Poder Ejecutivo.
c) La dirección de la estrategia de diálogo con los diversos actores de la sociedad.
d) La conducción de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
e) La articulación de las intervenciones del Poder Ejecutivo en el territorio entre las entidades públicas del gobierno nacional con los gobiernos regionales y gobiernos locales.
f) La promoción de una cultura de integridad y ética pública.”
“Artículo 6.- Presidencia del Consejo de MinistrosLa Presidencia del Consejo de Ministros cuenta con la
siguiente estructura orgánica:
(…)
06 ÓrGANoS DE LÍNEA06.1 Secretaría de Coordinación06.2 Secretaría de Comunicación Social06.3 Secretaría de Gestión Pública06.3.1 Subsecretaría de Administración Pública06.3.2 Subsecretaría de Simplificación y Análisis
Regulatorio06.3.3 Subsecretaría de Calidad de Atención al
Ciudadano06.4 Secretaría de Gobierno Digital06.4.1 Subsecretaría de Tecnologías Digitales
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Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
103
6 NORMAS LEGALES Domingo 22 de abril de 2018 / El Peruano
06.4.2 Subsecretaría de Transformación Digital06.5 Secretaría de Integridad Pública06.6 Secretaría de Descentralización06.6.1 Subsecretaría de Desarrollo Territorial06.6.2 Subsecretaría de Articulación Regional y Local06.6.3 Subsecretaría de Fortalecimiento de la
Descentralización06.7 Secretaría de Gestión Social y Diálogo06.7.1 Subsecretaría de Prevención y Seguimiento06.7.2 Subsecretaría de Gestión de Conflictos06.7.3 Subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad06.8 Secretaría de Demarcación y Organización
territorial06.8.1 Subsecretaría de Asuntos Técnicos de
Demarcación y Organización Territorial06.8.2 Subsecretaría de Información Territorial”
“Artículo 41.- Secretaría de Gestión PúblicaLa Secretaría de Gestión Pública es el órgano de
línea con autoridad técnico normativa a nivel nacional, responsable de proponer, articular, implementar y evaluar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que alcanza a todas las entidades de la administración pública contempladas en el artículo I, del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incluidos los gobiernos regionales y locales. Tiene a su cargo las materias de organización, estructura y funcionamiento de la administración pública, simplificación administrativa, gestión por procesos, gobierno abierto, calidad y atención al ciudadano y gestión del conocimiento, en concordancia con las normas sobre la materia.
(…)
Artículo 42.- Funciones de la Secretaría de Gestión pública
Son funciones de la Secretaría de Gestión Pública las siguientes:
a) Coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión de la administración pública y del Estado, así como formular y evaluar las propuestas para su mejora.
b) Proponer, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, planes y estrategias, en materias de su competencia.
c) Proponer normas y aprobar directivas, lineamientos y demás disposiciones, en materias de su competencia; así como supervisar su cumplimiento.
d) Conducir la evaluación de necesidad de continuidad de los Organismos Públicos Ejecutores, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
e) Conducir, supervisar y evaluar el Sistema de Modernización de la Gestión Pública; así como dictar las normas, establecer sus procedimientos y coordinar su operación técnica y supervisar su funcionamiento.
f) Emitir opinión técnica previa y vinculante, cuando corresponda, en las materias de su competencia, conforme a la normativa vigente.
g) Emitir opinión técnica sobre conflictos de competencia entre las entidades del Poder Ejecutivo que sean puesto en su conocimiento.
h) Realizar la supervisión y fiscalización sobre el cumplimiento de las normas de simplificación administrativa y en caso de incumplimiento, gestionar que se haga efectiva la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
i) Aprobar la estandarización y monitorear los avances en simplificación administrativa de los procedimientos y mejora de la calidad de servicios prestados en exclusividad comunes en las entidades de la administración pública en el marco de la normativa vigente.
j) Coordinar y articular con la entidad competente en las materias de transparencia y acceso a la información pública, la promoción de los principios de gobierno abierto.
k) Promover la articulación, simplificación y actualización de los sistemas administrativos, en coordinación con sus entes rectores para mejorar la gestión de las entidades públicas.
l) Gestionar la implementación de programas, proyectos u otros mecanismos destinados a mejorar la
atención al ciudadano, en coordinación con las entidades públicas o privadas, según corresponda.
m) Detectar los casos de duplicidad de funciones o de procedimientos administrativos en las distintas entidades de la administración pública y proponer las medidas correctivas para la adecuada delimitación de las mismas.
n) Expedir resoluciones en materias de su competencia.
o) Realizar acciones orientadas a promover la cultura de mejor atención al servicio del ciudadano y procesos de mejora continua en las entidades; así como la implementación del modelo de Gestión para Resultados en todos los niveles de gobierno.
p) Otras funciones que le asigne el/la Secretario/a General y aquellas que le sean dadas por normativa expresa.”
“Artículo 44.- Funciones de la Subsecretaría de Administración Pública
Son funciones de la Subsecretaría Administración Pública las siguientes:
a) Proponer, implementar y evaluar las políticas, planes y estrategias en materias de modernización de la gestión pública relativas a gestión del conocimiento, gestión por procesos, gobierno abierto y estructura, organización y funcionamiento de la administración pública, entre otras.
(…)”
Tercera.- Incorporación de los artículos 51-A y 51-B en el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros
Incorpórase los artículos 51-A y 51-B en el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, en los siguientes términos:
“Artículo 51-A.- Secretaría de Integridad PúblicaLa Secretaría de Integridad Pública es el órgano de
línea con autoridad técnico normativa a nivel nacional, responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riegos de la corrupción y ejercer las funciones que establece el artículo 6 de la Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Asimismo, coordina con las entidades responsables de materias vinculadas a la promoción de la integridad y la prevención de la corrupción los aspectos normativos u operacionales requeridos para el cumplimiento de sus funciones.
Depende de la Secretaría General y su titular tiene rango de Secretario General.
Artículo 51–B.- Funciones la Secretaría de Integridad Pública
Son funciones de la Secretaría de Integridad Pública las siguientes:
a) Proponer, coordinar, conducir, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, planes y estrategias, en materia de integridad y ética pública; articulando y coordinando con las demás entidades, en los casos que corresponda.
b) Proponer normas y aprobar directivas, lineamientos, metodologías y demás herramientas, en materias de su competencia; así como supervisar su cumplimiento.
c) Emitir opinión técnica, cuando corresponda, en las materias de su competencia, conforme a la normativa vigente;
d) Brindar apoyo técnico a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y ejercer las funciones que establece el artículo 6 de la Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción;
e) Formular recomendaciones a las entidades de la Administración Pública en materias de su competencia.
f) Gestionar la implementación de programas, proyectos u otros mecanismos destinados a promover las materias de integridad pública y ética pública; según corresponda.
g) Administrar los registros, catálogos, portales, entre otros, vinculados con las materias a su cargo.
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Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021
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7NORMAS LEGALESDomingo 22 de abril de 2018 El Peruano /
h) Expedir resoluciones en materias de su competencia.
i) Realizar acciones orientadas a promover una cultura de integridad pública sobre la base de la ética.
j) Promover programas de incentivos no pecuniarios por el cumplimiento destacado de las entidades públicas y servidores civiles de las normas y acciones vinculadas con la integridad pública y ética pública.
k) Generar y administrar información cuantitativa y cualitativa en las materias a su cargo, a fin de desarrollar indicadores que permitan el monitoreo y la adopción de políticas públicas.
l) Otras funciones que le asigne el/la Secretario/a General y aquellas que le sean dadas por normativa expresa.”
Cuarta.- Modificación del organigrama del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros
Modifíquese el organigrama del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, conforme al anexo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJOPresidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALOPresidente del Consejo de Ministros
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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Conforman Grupo de Trabajo encargado de la evaluación de los alquileres de los bienes inmuebles de la Sede Central del Ministerio y sus Programas Nacionales Adscritos
rESoLUcIÓN mINIStErIALN° 130-2018-mIDIS
Lima, 20 de abril de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura básica; asimismo, se estableció que es un organismo del Poder Ejecutivo que tiene personería jurídica de derecho público, y constituye pliego presupuestal;
Que, el artículo 10 del Reglamento de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, establece como funciones y atribuciones de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales, entre otras, realizar inspecciones técnicas de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración para verificar el uso y destino a fin de lograr una eficiente gestión de los mismos, así como efectuar el diagnóstico de la situación técnica y legal de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, ejecutando cuando corresponda, las acciones de saneamiento técnico y legal de los mismos, de acuerdo a la normatividad vigente
Que, en el artículo 35 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se establece el objeto de la comisiones, señalando además que para otras funciones que no sean de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, el Poder Ejecutivo puede encargarlas a grupos de trabajo;
Que, resulta pertinente conformar un grupo de trabajo que se encargue de evaluar la situación jurídica de inmuebles arrendados por la Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y sus Programas
Nacionales; y proponer mecanismos para estandarizar los mismos, en armonía con los fines y objetivos del Sector;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2016-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conformación de Grupo de TrabajoConfórmese el Grupo de Trabajo de naturaleza
temporal encargado de la evaluación de los alquileres de los bienes inmuebles de la Sede Central y sus Programas Nacionales adscritos.
Artículo 2.- IntegrantesEl Grupo de Trabajo de naturaleza temporal encargado
de la evaluación de los alquileres de los bienes inmuebles de la Sede Central y sus Programas Nacionales adscritos, estará integrado por:
- Viceministro/a de Políticas y Evaluación Social.- Viceministro/a de Prestaciones Sociales.- Jefe/a de la Oficina General de Administración.- Jefe/a de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
Artículo 3.- Período de vigenciaEl plazo de vigencia del Grupo de Trabajo será de
treinta (30) días, contados a partir de la publicación de la presente resolución.
Artículo 4.- Informe FinalVencido el plazo de vigencia del Grupo de Trabajo,
deberán presentar un informe final ante el Titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, proponiendo recomendaciones.
Artículo 5.- publicaciónDisponer la publicación de la presente resolución
en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTASMinistra de Desarrollo e Inclusión Social
1639854-1
EDUCACION
Convocan el Segundo Tramo de la Evaluación Ordinaria del Desempeño para Profesores de Instituciones Educativas del Nivel Inicial de la Educación Básica Regular de la Carrera Pública Magisterial, y aprueban cronograma
rESoLUcIÓN mINIStErIALN° 167-2018-mINEDU
Lima, 20 de abril de 2018
VISTOS, el Expediente N° 0077427-2018, el Informe N° 283-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la Dirección de Evaluación Docente dependiente de la Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe N° 335-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación
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Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
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