ContenidoSesión plenaria ordinaria N.º 54 del martes 13 de agosto de 2019.........................................2

CONTROL POLÍTICO...........................................................................................2Sesión plenaria ordinaria N.º 58 del jueves 22 de agosto de 2019..........................................3

CONTROL POLÍTICO...........................................................................................4Sesión plenaria ordinaria N.º 08 del martes 27 de agosto de 2019.........................................6

EXPEDIENTE N.° 21.426, LEY DE TRANSFORMACIÓN DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE COSTA RICA (JAPDEVA) Y PROTECCIÓN DE SUS PERSONAS TRABAJADORAS....................................................................6

Sesión plenaria ordinaria N.º 60 del martes 27 de agosto de 2019.........................................9

CONTROL POLÍTICO...........................................................................................9Sesión plenaria ordinaria N.º 61 del jueves 29 de agosto de 2019........................................11

EXPEDIENTE N.º 21.303, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE COSTA RICA....................................11

Sesión plenaria ordinaria N.º 54 del martes 13 de agosto de 2019

CONTROL POLÍTICO

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco: Muy buenas tardes, señor presidente, compañeras y compañeros diputados.

Yo sí quisiera que guardemos un poquito de silencio para poder escuchar este control político, porque hoy realmente es importante que este Parlamento se levante ante esta situación.

Señora jefa de fracción, usted dice que gracias al acuerdo hoy tenemos servicios de salud. Está muy equivocada, los servicios de salud tienen que estar hoy, mañana y siempre. Y no nos venga a decir hoy el Partido Acción Ciudadana cómo defender la Caja, porque la Caja la hemos defendido todos los que estamos aquí presentes.

Por eso hoy como presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y yo estoy segura que con el beneplácito de la mayoría de las fracciones que integran esa comisión, no solamente vamos a ser vehementes, vamos a ser rigurosos con todos los presupuestos extraordinarios, las modificaciones presupuestarias que lleguen como lo hemos sido, ¿o no?, diputado Rodolfo Peña.

Los empréstitos vamos a establecer las condiciones para el pueblo de Costa Rica. Hoy el pueblo exige contención del gasto y eso es lo que vamos a tener. Por eso, hoy suspendimos la sesión de la comisión no porque quisimos, porque nos dio la gana, es que me parece que este asunto es un asunto importante de reflexión a lo interno de cada una de las fracciones porque mañana, mañana tenemos que votar ese presupuesto, esa modificación que va incorporado sí o sí la capitalización del empréstito del CAF.

Y el Partido Liberación Nacional presentó el día de ayer a la Comisión de Ingreso y Gasto Público una moción para traer a Román Macaya para que venga a pronunciarse sobre este tema, sobre este tema que tiene que tener explicación para todos los costarricenses, porque no se vale que cincuenta y siete diputados estuvimos en el debate y una mayoría importante votamos la Ley de Fortalecimiento para que vengan ahora, mediante acuerdos, a pasar por encima de la legalidad, de la legalidad que sienta un Estado democrático de derecho como es Costa Rica. No se vale, y como dice Zoila, mil veces no se vale.

Por eso es que la mayoría de los diputados y las diputadas del Partido Liberación Nacional presentamos hoy un comunicado que yo quiero leerlo con firmeza para que ustedes entiendan que con Costa Rica no se juega.

Nosotros no podemos permitir que, mediante acuerdos, se vulneren los servicios esenciales y los derechos fundamentales de los costarricenses.

La mayoría de los diputados y diputadas de la fracción de Liberación Nacional rechazamos el acuerdo entre el Gobierno del PAC y los sindicatos para levantar la huelga de la Caja.

Rechazamos los alcances del acuerdo que el día de ayer se pactó para el levantamiento de la huelga ilegal de la Caja Costarricense de Seguro Social; una institución emblemática en nuestro país, que el gremio sindical ha tomado para utilizar la salud de los costarricenses como letra de cambio, para perpetuar los privilegios de unos cuantos.

Ante estos acontecimientos, reafirmamos la importancia de la aprobación de los proyectos que establecen regulaciones a la huelga cuando esta vulnere los derechos fundamentales y la prohibición de servicios esenciales.

Lamentamos profundamente la actitud temerosa y contradictoria del Gobierno del Partido Acción Ciudadana, además de la falta de determinación y liderazgo que abandona el discurso de reducción del gasto público para acompañar las medidas relacionadas con tributos, traicionando así la confianza de la ciudadanía.

Es inaceptable que una institución pública, cimentada en la solidaridad estatal y ciudadana, pretenda no acatar la ley que busca abonar a la solución del serio problema económico que enfrenta el Estado costarricense.

Nos opondremos a cualquier iniciativa que propicie llegar a un estado crítico en materia de las finanzas públicas del Estado costarricense y busque en las concesiones excesivas para una minoría. Y, además, respaldaremos el derecho al acceso a la salud de los pacientes.

La fracción del Partido Liberación Nacional no sucumbirá ante la alianza del Gobierno del PAC con los gremios sindicales, en detrimento de los derechos de los ciudadanos, el bienestar de la…

Sesión plenaria ordinaria N.º 58 del jueves 22 de agosto de 2019

CONTROL POLÍTICO

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:

Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras diputadas.

Solamente pedir el apoyo para aprobar esta moción, que lo que busca es precisamente conformar una comisión especial, que pueda revisar, debatir y eventualmente dictaminar este proyecto de ley, que es la Ley General de Contratación Administrativa, que sin duda va a ser una reforma de Estado, que lo que busca es mayor transparencia y eficiencia a todos estos procesos de aprovisionamiento de bienes y servicios, como de adquisición de obra pública.

Así que les solicito a todas las fracciones que nos puedan apoyar, y agradecerles a todos los jefes de fracción y de los grupos parlamentarios por haber suscrito, con mi persona, esta moción.

Sesión plenaria ordinaria N.º 08 del martes 27 de agosto de 2019

EXPEDIENTE N.° 21.426, LEY DE TRANSFORMACIÓN DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE COSTA RICA (JAPDEVA) Y PROTECCIÓN DE SUS PERSONAS TRABAJADORAS

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:

Muchísimas gracias, presidenta en ejercicio.

Estimados compañeros y compañeras, les solicito apoyar esta moción, la número 23 y la número 24, que lo que buscan nuevamente es establecer los procedimientos de contratación administrativa dentro de los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios de Japdeva, y con esto acoger las recomendaciones de la Contraloría.

Cada vez vemos más instituciones que quieren salirse de estos procedimientos de contratación haciendo reglamentos marginales a los procesos que establece la misma ley de contratación administrativa.

Entonces, con el fin de reestablecerlo y acoger esas recomendaciones del órgano contralor es que solicitamos que puedan apoyar esta moción y la siguiente.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sesión plenaria ordinaria N.º 60 del martes 27 de agosto de 2019

CONTROL POLÍTICO

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:

Muchas gracias, señor presidente.

Compañeros y compañeras diputadas.

El fin primordial del Estado costarricense es la satisfacción de las necesidades básicas de la población. No es casualidad que la Constitución Política señale en su artículo 50 que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Uno de los instrumentos a través del cual se cumple dicho propósito son las compras públicas. En efecto, gracias a los procedimientos de contratación administrativa, las instituciones públicas adquieren bienes, servicios y obras, enfocados no solo al desarrollo nacional, sino también al dinamismo de la economía, la inversión y la infraestructura.

Solo para el año 2018, se ejecutaron cuatro punto tres billones de colones, esto sin contar la factura petrolera, en compras públicas, lo que representa un doce punto cinco por ciento del PIB.

Costa Rica cuenta desde el año 1996 con la Ley de Contratación Administrativa; sin embargo, tras casi veinticinco años de vigencia se han venido acumulando una

serie de hechos que hacen patente la imperiosa necesidad de modernizar la legislación en aras de responder a nuevos y crecientes retos en esta materia.

Prueba de lo anterior son los avances en la tecnología de la información, la no utilización de los procedimientos ordinarios para recurrir cada vez más a procedimientos de excepción y a un sinnúmero de instituciones que buscan reglas propias para contratar.

Conscientes de esta realidad, un grupo de diputadas y de diputados de esta Asamblea, en conjunto con grupos técnicos de la Contraloría, representantes del sector privado, asesores externos y demás colaboradores, hemos unido esfuerzos durante los últimos meses para presentarle al país una iniciativa de ley moderna y ambiciosa, una propuesta hacia el logro de la eficiencia, la planificación, el ahorro, la transparencia y el acceso a la información, piezas fundamentales para el éxito del engranaje de la contratación pública.

En comparación con la contratación actual, este proyecto establece cambios importantes. Crea un ámbito de aplicación único, simplifica los procedimientos y traslada de diez estratos a tan solo dos umbrales.

Elimina la contratación directa y se regulan únicamente dos procedimientos ordinarios: la licitación mayor, y la licitación menor.

Se promueve la transparencia a través de un sistema único de compras. Migra a un régimen recursivo complejo a uno más simple, y se imponen multas para todos aquellos donde se acrediten las impugnaciones temerosas de mala fe o con propósitos dilatorios.

Sobre el tema del sistema único, cabe advertir que actualmente solo el sesenta y cuatro por ciento de las entidades del sector público realizan sus contrataciones a través del Sicop, un seis por ciento se encuentra en un proceso de implementación y un treinta por ciento del total de las instituciones públicas no lo utiliza.

Según estimaciones del Banco Mundial, si lográramos consolidar todas las compras públicas en este sistema, tendríamos un ahorro equivalente del quince al veinte por ciento, es decir, casi el uno punto cinco por ciento del PIB.

Como se puede apreciar no se trata de una reforma integral, sino de una nueva Ley General de Contratación Administración, la cual se tramita bajo el expediente 21.546 y que gracias al apoyo decidido de cuarenta y dos diputados y diputadas hoy se conforma una comisión especial para analizar, estudiar y dictaminar dicho proyecto.

Sin lugar a dudas este proyecto de ley representa un cambio estructural, una reforma de Estado que tendrá profundas implicaciones, tanto para la dinámica institucional, como para la calidad de vida de todas las personas.

Esta Asamblea Legislativa tiene ante sí la oportunidad histórica de heredar una herramienta normativa que potencie el funcionamiento del Estado para los próximos años.

No tengo duda que sabremos culminar con éxito este reto para…

Sesión plenaria ordinaria N.º 61 del jueves 29 de agosto de 2019

EXPEDIENTE N.º 21.303, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE COSTA RICA

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:

Muchas gracias, señora presidenta en ejercicio.

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.

En Costa Rica la competencia es débil, pero los beneficios potenciales en cuanto a productividad y crecimiento son sustanciales. Mejorar las regulaciones del mercado de productos en nuestro país podría contribuir a aumentar el PIB per cápita en un cinco punto tres por ciento, y también contribuiría a reducir las desigualdades.

Compañeros, y esto no lo digo yo, lo dice el informe de Estudios Económicos de la OCDE Costa Rica 2018.

Lo menciono esta tarde aquí en el Plenario, en el marco de la discusión en segundo debate del proyecto 21.303, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, el cual contiene las herramientas que requiere nuestro país para dar ese primer paso y poder contar con una autoridad de competencia con mayor independencia técnica y presupuestaria.

Mucho se ha dicho de que esto implica un mayor compromiso financiero del país en momentos de dificultades económicas; sin embargo, no podemos omitir que representa a su vez una relación costo-beneficio que se va a traducir en mejores precios para los consumidores, principalmente para los sectores más vulnerables de la población; es decir, los más pobres, y a la vez aumenta la variedad y la calidad de productos y servicios.

Para que tengamos una idea, en sectores coludidos los precios pueden ser de veinte a cuarenta por ciento más altos. No en vano este proyecto es parte de la legislación que requiere Costa Rica para continuar con el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, cuyo camino

voluntario, voluntario, hacia la ruta de los países de buenas prácticas se inició en un gobierno liberacionista.

Como diputados y diputadas, hemos hecho un gran esfuerzo, primero desde la Comisión Especial de la OCDE y ahora desde el Plenario, para que esta legislación con las recomendaciones emanadas del examen inter-pares o peer review del año 2014 pueda estar contando con esta legislación.

El proyecto ingresó al orden día de la Comisión Especial de la OCDE en abril de este año y, en los últimos cuatro meses, hemos logrado subsanar tanto en comisión como en la subcomisión más de sesenta consultas a instituciones y cámaras, además de todas las municipalidades e instituciones autónomas que resultaron y arrojaron un texto sustitutivo.

Por esto, quiero agradecer el trabajo y compromiso de los miembros de la comisión, de los miembros de la subcomisión, y de otros diputados y diputadas que fueron sumando en el transitar de este proyecto con mociones, con observaciones y con insumos que no solo lo hicieron más enriquecedor, sino que logramos consensos en aras de fortalecer la competencia en el país.

Y aquí quiero agradecer puntualmente a la diputada María Inés Solís, al diputado Pablo Heriberto Abarca, al diputado Pedro Muñoz, al diputado José María Villalta, al diputado Welmer Ramos, a la diputada Carolina Hidalgo, al diputado Carlos Avendaño, al diputado Eduardo Cruickshank, a la diputada Yorleny León, a la diputada Silvia Hernández, al diputado Jonathan Prendas, al diputado Otto Roberto Vargas y demás compañeros de la comisión.

Y quiero aprovechar esta intervención para mencionar algunos aspectos importantes que contempla esta ley. Le otorga independencia técnica administrativa presupuestaria y funcional a la Coprocom, como autoridad nacional encargada de la defensa de la promoción de la competencia y libre concurrencia.

Va a ser un órgano de concentración máxima adscrito al MEIC, con personalidad jurídica instrumental, en concordancia, claro está, con las disposiciones que están en el marco de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Destaco aquí que me parece importante que el jerarca del MEIC no tendrá injerencia en la asignación y en la ejecución del presupuesto de la Coprocom. Además, el funcionamiento ordinario de la Coprocom, así como su presupuesto, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna del MEIC.

Los comisionados, es decir, tres personas propietarias que van a integrar el órgano superior de la Coprocom, laborarán a tiempo completo, veinticuatro-siete, y serán seleccionadas por la idoneidad comprobada mediante concurso público de antecedentes, que serán ratificados por esta Asamblea Legislativa y no podrán ser reelectos.

Se aplicarán sanciones disuasorias para los infractores. A través de la abogacía de la competencia, se realizarán estudios de mercado y se brindará un mayor cumplimiento de las opciones de la autoridad, se realiza un procedimiento especial que atienda las particularidades de las investigaciones en materia de competencia, y se normaliza las funciones de la Coprocom con la Superintendencia de Telecomunicaciones, Sutel, que tendrá a su cargo la autoridad de la competencia en materia de telecomunicaciones.

Por último, me parece más que importante señalar que en relación con el artículo 1º, inciso k), y esto para que quede el espíritu del legislador consignado en las actas de este Plenario, la definición de volumen de negocios contemplada en dicho artículo establece que dicha definición por conceptos de ingresos brutos no incluye el impuesto del valor agregado, ya que el contribuyente es un agente recaudador.

Y esto me parece importante señalarlo tal cual lo suscribe el mismo viceministro de Ingresos y que debe constar en las actas de este Plenario.

Muchísimas gracias.