20 enero 2009

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Que paguen lo que nos deben

Beverly Keene

Mucho se habla de crisis en estos das, y no es para menos. Crisis financiera, crisis econmica, crisis alimentaria, crisis climtica, crisis energtica, crisis cclica, crisis sistmica, crisis del capitalismo, cri-sis civilizatoria. Muchos estn convencidos que es la crisis ms grande desde la gran crisis de hace 70 aos, mientras otros y otras todava juran que ape-nas nos va a tocar, a pesar de que todo indica que se est iniciando un perodo de crisis grave que ser largo y de consecuencias que an no logramos vis-lumbrar del todo. En fin, hay que seguir debatiendo si sta es la crisis de todas las crisis, o slo una ms, como quien dice, de la crisis nuestra de todos los das.

Sea cual sea, en medio de tanta incertidumbre lo que es seguro es que son pocos quienes hablan de la relacin entre esta crisis financiera-econmica, con su epicentro en el corazn mismo del sistema capitalista, y la crisis de endeudamiento de hace apenas 30 aos que tuvo, y de hecho sigue tenien-do, al Sur como protagonista principal. Una crisis que dej a los pueblos de Amrica Latina, el Caribe y todo el Sur, a su patrimonio, derechos, industrias, agricultura, recursos, territorio, servicios pblicos, agua, en fin todo de nuestros pases, a merced del mismo proceso de especulacin, acumulacin, glo-balizacin y concentracin de la economa mundial que hoy, cual casa de naipes, parece tumbarse so-bre lo que queda de nosotros. Y que son todava menos, quienes estn prestando atencin a los vn-culos insoslayables entre el modelo de dominacin impuesto a travs de ese sistema de endeudamien-to y las dems crisis alimentaria, climtica y ener-gtica, sobre todo.

Con esta negociacin he-mos superado el proble-ma de la deuda, la deuda qued para la historia son, entre otras, expresiones que -palabras ms, palabras menos- se han venido profiriendo desde esferas ofi-ciales estableciendo que el tema prcticamente se haba cerrado. Pero he ah que ya est de regreso nuevamente, tras la presentacin del informe final de la Comisin para la Auditora Integral del Cr-dito Pblico (CAIC) conformada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa para conocer la verdad sobre el endeudamien-to, cuyos resultados revelan un proceso marcado por acciones fraudulentas e ilegtimas. A esta iniciativa, enmarcada en la pol-tica soberana de endeudamiento y de manejo de la deuda pblica que se dispone a seguir el gobier-no ecuatoriano, hacindose eco de las demandas en ese sentido de los movimientos sociales de ese pas, se han sumado innume-rables manifestaciones de adhe-sin que, entre otras, plantean avanzar hacia la conformacin de una red mundial contra la deuda ilegtima y los tributos colonia-les, al tiempo que varios gobier-nos en la regin han anticipado que acogern este instrumento de las auditorias para evaluar la legalidad de la deuda de sus respectivos pases. Se abre un momento de definiciones.

Una panormica de esta situa-cin ofrecemos en la presente entrega.

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Pero la venta de valores en bolsas de todo ta-mao y color, los rescates multibillonarios de los pasadores de riesgo y organizadores crimina-les de esquemas piramidales, la conversin del maz y del trigo en fichas de casino y las reservas de aire puro en derivados a la caza de un buen comprador, sntomas y causas todas de las va-riopintas crisis que sin duda estn convergiendo sobre nosotros con un ritmo y gravedad inusi-tados, son una continuidad tal cual de la crisis de endeudamiento gatillada en agosto de 1982 cuando el gobierno mexicano anunci la suspen-sin de sus pagos. De ah a la firma del primer tratado de libre comercio en la regin, slo pas la tristemente denominada dcada prdida.

En realidad, la convergencia de las crisis que desde el Norte mismo se viene expandiendo mundialmente como fuego sobre la pampa resecada, viene a ser como la otra cara de la moneda que desde entonces el Sur viene tribu-tando al Norte en concepto de servicio de esas deudas. Conlleva un costo enorme en vidas humanas, en destruccin de la naturaleza as como tambin de nuestras sociedades, cultu-ras, instituciones, prcticas polticas y todo lo que hace al buen vivir de nuestras comunida-des y las generaciones futuras. La cara de la moneda que nunca vimos pero igual pagamos, o, parafraseando a Galeano, lo que de tanto ms pagar, ms quedamos debiendo y menos teniendo.

Porque la deuda de aquellos aos fue, al igual que la acumulacin incendiaria ahora de cr-ditos hipotecarios subprime ofertados por chupasangres sedientos e inescrupulosos, mas-carndose como inversionistas, banqueros ilus-tres u otros ciudadanos de primera, una deuda que creci al ritmo de los intereses de los pres-tamistas y no de las posibilidades o, en muchos casos, siquiera de las necesidades de los pres-tatarios. Una deuda ilegtima y en muchos as-pectos ilegal, las ms de las veces ofertada en condiciones estupendamente favorables, con perodos de gracia amplios, tasas de inters flexible y hasta negativas en trminos reales. Por qu? Porque abundaba la liquidez en los bolsillos de quienes ya venan, desde hace va-rios aos, impulsando todas las medidas nece-

sarias para derribar los muros que estorbaban la libertad de movimiento de sus capitales y bienes y servirse del mundo entero para lograr las tasas de ganancias que ya no encontraban en otros lares.

Cuando despus EE.UU. necesitaban de esos capitales para reponer su economa de tanta guerra y subversin militarizada, aumentaron las tasas de inters y lo lgico sucedi. Los pases tomadores de crdito que ya no podan pagar los crditos tomados, fueron forzados a entregar no slo lo que haban ofrecido en ga-ranta, sino todo lo poco o mucho que haban logrado en todos los aos de la independencia y el perodo pos-guerra. Pocas fueron las excep-ciones. Pueblos enteros quedaron en la calle, desalojados, sin trabajo ni acceso a la tierra, la vivienda, la educacin o la salud, mientras sus verdugos fueron tambin rescatados con Pla-nes Brady y Bonos Global, jugosas privatizacio-nes y concesiones sin lmite. Y de esa bonanza en manos ajenas se nutri el crecimiento de la economa-casino mundial que hoy gira y gira, fuera, prcticamente, de cualquier control.

La deuda que contina creciendo

En las tres dcadas de mltiples crisis que han significado el pago continuo de una deuda que ya en 1985 fue definida por el Comandante Fidel Castro como una deuda impagable, en trminos matemticos, humanos, y polticos, adems ha quedado patente que cada crisis trae perdedores, as como tambin ganadores. Sin mirar ms lejos, es bueno recordar que de los Comits de Bancos que en los aos ochen-tas reunan decenas cuando no centenares de bancos e instituciones financieras para decidir sobre los procesos de remate en los pases de la regin, hoy quedan slo una pequea mana-da de caras, cada una hinchada por los proce-sos de compras, fusiones, diversificaciones y concentracin que han protagonizado. Desde quienes provocan las crisis a su medida, hasta quienes pescan en ro revuelto, es otra mane-ra de ver las similitudes y continuidades entre la crisis de endeudamiento de ayer para hoy, y las crisis de hoy para maana.

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Segn el World Economic Outlook (FMI, 2006 y 2008), entre 1986 y 2006 los pases de Amri-ca Latina y el Caribe pagaron ms de US$ 2,4 millones de millones en concepto de servicio de la deuda externa, mientras la deuda recla-mada no haca ms que incrementarse. Para fines de 2007, las deudas externas exigidas a la regin sumaban ya 824 mil millones de d-lares, y se proyectaban aumentos hasta 898 mil millones (fines de 2008) y 936 mil millones (fines de 2009).

Si bien estas cifras slo sealan una parte de la realidad, combinando los niveles de endeuda-miento pblico con lo privado y escondiendo el proceso de conversin de deuda multilateral y bilateral, en emisin de bonos u otros tipos de endeudamiento en los mercados comerciales generalmente a un precio ms elevado y pla-zos ms cortos- , ms significativa an ha sido la acelerada conversin de deuda externa en deuda interna, alcanzando ya niveles mayores en varios pases de la regin y vinculado es-trechamente no solo a la privatizacin de los sistemas de seguridad social, impulsada desde el Banco Mundial, sino tambin al crecimiento de las reservas internacionales experimentado en los ltimos aos.

As tampoco reflejan esas cifras la prdida neta de patrimonio social, cultural, fsico y ecolgico que ha caracterizado este perodo como resultado, en gran medida, de las pol-ticas neoliberales impuestas al calor del abul-tado endeudamiento financiero y las presiones ejercidas contra las vctimas de las estafas, para que adems salden las cuentas de los pa-quetes de rescate.

Contabilizar estas nuevas deudas contina siendo una asignatura pendiente, y ms an la necesidad de sumar este cmulo de endeu-damiento financiero, social, y ecolgico a la ya abundante deuda colonial, acumulada tras 517 aos de sometimiento y expoliacin que sentaron las bases de opresin y saqueo que perpeta el presente sistema y que juntas exi-gen una respuesta integral de memoria, ver-dad, castigo y reparaciones. Lo que s queda

claro, an sin la necesaria sistematizacin, es que la deuda con los pueblos de Amrica Latina y el Caribe, que en todos estos aos no ha cesado de crecer, apunta ahora, ante el panorama de crisis convergentes abierto, a un recrudecimiento importante tanto en trmi-nos financieros como sociales, polticos, cul-turales y ecolgicos, a menos que los pueblos y los gobiernos logren unirse en un cambio de rumbo profundo y acelerado.

Esperanza de cambios

En ese sentido, sin duda van surgiendo seales positivas. Una de ellas es el hecho que institu-ciones y actores de la talla del Banco Mundial, el Club de Pars, la CNUCED (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y el desa-rrollo) y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han sido forzados finalmente a iniciar su propio abordaje de las problemti-cas de deuda odiosa e ilegtima.

Mientras todava distan mucho de tener algn impacto concreto en el panorama de endeu-damiento en la regin, junto con las acciones tomadas recientemente por los gobiernos de algunos pases prestadores, como por ejemplo la decisin de Noruega de anular algunos re-clamos de deuda surgidos de una poltica que declar fallida, de prestar para que pases del Sur les comprara barcos, abren nuevas po-sibilidades.

Pero ciertamente de mayor esperanza, sobre todo en Amrica Latina y el Caribe, es el camino abierto por los movimientos ecuatorianos que lograron que el Presidente Correa instalara la primera experiencia de auditora integral de las deudas reclamadas a su pas, a fin de determinar su legitimidad y posibilitar medidas tendientes a lograr justicia y el pleno reconocimiento, como durante aos lo haban denunciado los movi-mientos populares del pas, que Ecuador no debe nada, la deuda ya est pagada. El infor-me de la Comisin para la Auditoria Integral del Crdito Pblico, que investig durante ms de un ao los pormenores de la deuda acumulada a partir de 1976, fue presentado pblicamente el

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20 de noviembre y en poco tiempo ha desenca-denado una serie de acciones, incluyendo la sus-pensin de algunos pagos, que si bien no llegan a colmar todas las expectativas tan justamente levantadas, marcan un antes y un despus de fuerte repercusin.

Algunos gobiernos de la regin, entre ellos los de Fernando Lugo en Paraguay, de Evo Mora-les en Bolivia y de Hugo Chvez en Venezuela, comprometieron de inmediato su apoyo y a se-guir el ejemplo. Junto con la concurrencia de Cuba y otros pases integrantes del ALBA-TCP, tambin anunciaron medidas para seguir avan-zando en el diseo y puesta en funcionamiento de una nueva arquitectura regional; sumando a la realidad del Banco del ALBA y la creacin estancada del Banco del Sur, una propuesta de moneda nica -el SUCRE- y de un fondo de es-tabilizacin regional que podran contribuir al fortalecimiento y a la construccin de alterna-tivas de financiamiento soberanas y solidarias, junto con la renuncia de Bolivia al Centro Inter-nacional de Arreglo de Diferendos de Inversin (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

Vale la pena mencionar, adems, la declara-cin de apoyo a la auditora y a todas las ac-ciones consecuentes del gobierno ecuatoriano, emitida en noviembre por el Sistema Integral Centroamericano con la firma de todos los pre-sidentes del istmo.

Desde entonces, Paraguay ha seguido avanzan-do al proponer a Brasil la realizacin conjunta de una auditora integral de las deudas binacio-nales acumuladas en el marco del Tratado de Itaip y en Brasil, la conjuncin de la auditora y sobre todo el cuestionamiento por parte del gobierno ecuatoriano a crditos otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (BNDES) de Brasil, a la empresa Odebre-cht por una represa malograda, sin duda con-tribuyeron a la decisin del presidente del Con-greso brasileo, anunciada la primera semana de diciembre despus de meses de espera, de crear la Comisin Parlamentaria de Investiga-cin (CPI) sobre la Deuda de Brasil. Dos veces ya el movimiento de lucha contra la deuda ha-

ba logrado reunir la cantidad de firmas parla-mentarias necesarias para iniciar ese proceso, pero siempre otras prioridades polticas haban tomado la delantera.

Cada uno de estos pasos requiere de la movili-zacin permanente de los movimientos y orga-nizaciones de toda la regin, para consolidarse frente a los obstculos e intereses confronta-dos y lograr adems los necesarios cambios en otras polticas que pueden seguir nutriendo la construccin de alternativas soberanas y soli-darias. Constituyen esperanzas de cambio, que podran converger en otras medidas incluyendo un cuestionamiento profundo a las polticas de nuevos endeudamientos lanzadas por el Banco Mundial y el BID con el pleno apoyo entre otros de Brasil, Argentina y Mxico, entre el Grupo de los 20 frente a la crisis financiera frente a la multiplicacin de la crisis.

La ocasin del 50 aniversario del BID, a fines de marzo, cuya Asamblea de Gobernadores se encontrar en Medelln con una Asamblea de Damnificados como parte de la campaa lanza-da BID, 50 Aos Basta!, sera un momento pro-picio para plantear el cierre de ese organismo y la creacin ya de instituciones alternativas como el Banco del Sur, que bajo el mando de procesos controlados democrtica y participa-tivamente en la regin, podra ofrecer una ver-dadera esperanza de cambio.

El Tribunal que proyectan los movimientos cen-troamericanos para Tegucigalpa en abril, para denunciar los casos de deuda histrica y eco-lgica en el marco de las negociaciones con la Unin Europea, ser otra ocasin para avanzar en el fortalecimiento de iniciativas de resisten-cia a la dominacin ejercida por medio de la deuda y sobre todo, en medio de las crisis, reclamar justicia y la reparacin de los crme-nes de deuda cometidos. Es hora que se reco-nozcan quienes son los verdaderos acreedores, y empezar a saldar las deudas pendientes con los pueblos.

Beverly Keene es Coordinadora global de Jubileo Sur

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La auditoria de la deuda e(x)terna ecuatoriana

Un paso histrico o una maniobra electoral?

Alberto Acosta

La deuda externa ha sido eterna para Ecuador. Sus dificultades son tan antiguas como la for-macin de la Repblica. Y, en este interminable sendero, las soluciones, impulsadas y controla-das por los acreedores, en contubernio con los negociadores nacionales, de acuerdo siempre con sus intereses, no han resuelto el problema. Por eso, las tan promocionadas soluciones de-finitivas, apegadas a la racionalidad del mer-cado, a la postre han ahondado las crisis.

Por otro lado, muchas propuestas alternati-vas, por diversas razones, no cuajaron o no superaron las actitudes discursivas o los plan-teos acadmicos. Los justos reclamos por el no pago, que tienen un sustento tico indis-cutible, se han entrampado en posiciones in-movilistas. Ms de una vez las movilizaciones en contra de la deuda se han agotado en s mismas. Siempre han faltado respuestas es-tructurales que aborden sus causas.

Hoy, sin embargo, en Ecuador se cuenta con el informe de la Comisin de Auditora Integral del Crdito Pblico (externo e interno). Un es-fuerzo que se cristaliz gracias a la presin de la sociedad desde hace ms de dos dcadas. Y, por cierto, debido al compromiso adquirido por el presidente Rafael Correa, quien conform dicha Comisin y lo respaldo decididamente.

Deuda y corrupcin, dos caras de una misma moneda

El anlisis debe ser integral. No se entiende la negociacin de los Bonos Global, sin analizar la negociacin de los Bonos Brady, incluyendo los Bonos Global 2015, y la comprensin de es-tos obliga a conocer las negociaciones anterio-res, hasta llegar, caminando hacia atrs, a la contratacin de deuda en la poca de la dic-tadura militar. El punto de partida para iniciar cualquier proceso de resolucin definitiva de la deuda es, sin duda, la realizacin de una au-ditora. Ecuador lo ha hecho.

Hay que indagar sobre la legalidad y la legiti-midad de la deuda. No todas las deudas me-recen similar tratamiento. Muchas deben ser desechadas desde el inicio, sobre todo aque-llas que caen en la categora de deudas odiosas (contratadas por una dictadura, por ejemplo); adems, existen otros crditos que, por sus condiciones, podran ser considerados como usurarios (con tasas de inters desproporcio-nadas, que de antemano hicieron imposible el servicio de la deuda) y corruptos (contratadas en condiciones que no se ajustan a las normas legales del pas acreedor o deudor, o a normas internacionales), que por definicin deberan ser nulos. A modo de ejemplo de los factores que habra que considerar, se puede mencio-nar la existencia de clusulas ilcitas, vicios de consentimiento, anatocismo, tasas de inters usurarias, gastos y comisiones desproporcio-nados (cubiertas por los deudores, sin control alguno), operaciones simuladas, colusin dolo-sa, deudas estatizadas o socializadas, etc. Realidad que aparece en casi todos los contra-tos de la deuda externa ecuatoriana, tal como

Alberto Acosta es economista ecuatoriano, ex Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, autor de varios libros y

artculos sobre la deuda externa.

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se ha comprobado documentadamente.

Igualmente, hay deudas cuyo servicio fall porque las condiciones impuestas a los pases deudores por los organismos multilaterales de crdito dependan de escenarios imposibles de cumplir. Incluso las polticas econmicas de los pases ricos volvieron directamente impagables las deudas; por ejemplo el incremento de las tasas de inters de los EEUU a inicios de los aos 80, provoc una transferencia neta nega-tiva de recursos desde Amrica Latina por 210 mil millones de dlares en una dcada. En el lapso analizado por la Comisin de Auditora, slo en el tramo de la deuda comercial, esta transferencia negativa habra superado los 7 mil millones de dlares en el caso de Ecuador.

Tengamos presente que en Ecuador, tal como ha demostrado la Auditora, los acreedores privados aseguraron sus intereses en abierto contubernio con los organismos multilaterales de crdito: FMI, Banco Mundial, BID; e, inclu-so de algunos gobiernos; casi siempre con el cmplice apoyo de los negociadores naciona-les. Siguiendo los hallazgos de la Comisin de Auditora, se configur una coalicin multila-teral para apoyar y asegurar, en primer lugar, la negociacin del Plan Brady, cuya legitimidad y legalidad estn slidamente cuestionadas en el examen que la Comisin hace de la deu-da comercial; y, con la percepcin de ocasin

propicia, introducir la doctrina econmica del momento relacionada con la reduccin del tamao y rol del Estado, las privatizaciones, la liberalizacin comercial y productiva, a es-paldas de las inequidades prevalecientes y los impactos sociales. Este es otro elemento fun-damental: la deuda sirvi como palanca para impulsar el Consenso de Washington.

Los ejemplos de deudas impugnables, en los cuales la corresponsabilidad de los acreedo-res es indiscutible, sobran. Un caso digno de mencin es la compra de unos barcos pesque-ros noruegos por parte de empresarios ecua-torianos a fines de los setenta. Estos barcos, construidos porque el gobierno noruego es-taba interesado en apoyar a sus debilitados astilleros, fueron adquiridos con un crdito estatal noruego y sin considerar todas las nor-matividades legales para este tipo de ayuda al desarrollo. Tan flagrante es la ilegalidad del proceso, que ste fue calificado pblica-mente como una vergenza por la ministra noruega de Desarrollo. Esta deuda corrupta se resolvi por la accin de la sociedad civil de los dos pases y la sensibilidad del gobierno noruego. Esta es una muestra que hay cmo impugnar por ilegtimos e ilegales al menos al-gunos tramos de la deuda externa.

En todos estos aos, los representantes de los organismos internacionales y an los gober-

Los recursos provenientes del crdito externo e interno han constituido una de las fuentes para que el Estado ecuatoriano financie proyectos de desarrollo econmico y social.

Sin embargo, en las ltimas dcadas este importante instru-mento de poltica econmica ha sido utilizado no precisamente de acuerdo con los intereses so-

beranos del pas, sino bajo pre-siones y condicionalidades de los prestamistas. Se ha caracteri-zado por un manejo poco trans-parente, que ha derivado en el predominio del pago de amorti-zaciones, intereses y comisiones en el gasto presupuestario; en la necesidad creciente de nuevos crditos; y, consecuentemente, en la dependencia recurrente del

Estado y la economa nacional de fondos provenientes de la deuda pblica y privada.

El alto costo del endeudamien-to ha sido cubierto con recursos del Presupuesto del Estado que, con rigidez, ha debido entregar ingentes sumas para el servicio de la deuda, mermando el finan-ciamiento de programas e inver-siones sociales y, consiguiente-

Comisin para la Auditora Integral del Crdito Pblico - Ecuador

La carga del endeudamiento y la auditora

Fuente: Informe Final Resumen Ejecutivo, http://alainet.org/images/inf_CAIC.pdf

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nantes de los pases ricos, acolitados por sus infaltables analistas y de sus fieles voceros en los pases endeudados, no se cansaron de repe-tir que la culpa de la crisis del endeudamien-to externo tienen los gobiernos de los pases empobrecidos, sobre todo por el dispendio de los recursos contratados y por haber aplicado polticas econmicas populistas. En esta afir-macin, se sintetiza una apreciacin unilateral que endilga los problemas a los pases subde-sarrollados. Desde esta posicin los pases de-sarrollados, de paso, han negado cualquier co-rresponsabilidad en su calidad de acreedores y, de hecho, no han permitido investigar los pro-cesos de endeudamiento externo, su legalidad y menos an su legitimidad. Por otro lado, no han faltado representantes de los pases endeuda-dos y lderes de opinin en dichas naciones que asumen como indiscutible el compromiso de pago de la deuda. Y son reiteradas las voces de estos personajes que nos amenazan de cats-trofes insospechadas en caso de suspensiones del servicio de la deuda

Es cierto que el problema del endeudamiento externo se explica, en parte, por las inadecua-das polticas econmicas (impuestas por los centros de poder mundial) y, tambin, por la accin de los gobiernos y, en especial, de las elites dominantes en los pases endeudados. Dichos gobiernos, muchos de ellos dictatoria-les, en muchas ocasiones, aprovechando las

condiciones reinantes en el mercado financie-ro internacional, recurrieron alegremente al endeudamiento externo en lugar de introducir las reformas estructurales que habran sido indispensables. Los gobernantes en reiteradas ocasiones han transferido masivamente los re-cursos contratados en el exterior en favor de las clases propietarias; recursos que en ms de una ocasin se fugaban de los pases deu-dores. Por eso, a primera vista, parecera que el problema se circunscribe en el mbito de los deudores. Sin embargo, esa apreciacin es incorrecta, como demuestra la misma Comi-sin de Auditora. En el proceso de endeuda-miento hay una indudable participacin de los acreedores, que han impuesto su voluntad en una suerte de chantaje perpetuo.

La auditoria de la deuda, apenas un primer paso

Como producto de esta auditora se abre un abanico de posibilidades de accin. Las con-clusiones, presentadas aqu en forma resumi-da para apenas dos tramos de la deuda, son contundentes:

1. Refirindose a la deuda comercial, ante todas las evidencias de ilegalidades e ilegi-timidades determinadas durante el proceso de auditora de la Deuda Externa Comer-cial de Ecuador y el elevado costo de los

mente, limitando la atencin de necesidades prioritarias del pue-blo ecuatoriano.

En el proceso de endeuda-miento del pas, que comienza a fines de los aos 1970, aunque su mayor incremento se produce durante las dos dcadas siguien-tes, se puede observar una conti-nuidad estructural, desarrollada minuciosamente siempre en be-neficio de los acreedores y afec-tando visiblemente los intereses de la nacin.

En las refinanciaciones que se efectuaron con el invariable con-

curso de los bancos acreedores, que impusieron sus condiciones obligando al pas a renunciar a todos sus derechos, se utiliza-ron los mismos argumentos: la normalizacin de las relaciones de Ecuador con los mercados financieros internacionales y la posibilidad de atraer la inversin extranjera.

Como el pas no poda afron-tar las obligaciones impuestas en los plazos establecidos, se re-curra incesantemente a nuevas renegociaciones, crecientemen-te onerosas debido a las condi-

ciones financieras impuestas por los mercados, que encarecan el costo de los crditos pese a que las transferencias efectuadas por Ecuador para servir la deuda au-mentaban cada vez ms. Es de-cir, cuanto ms se pagaba, ms se deba, por efecto de perversos mecanismos de capitalizacin y clusulas contractuales perjudi-ciales para el pas.

Esta situacin, que por cierto no atae solo a nuestro pas, ha conducido a que movimientos sociales y organizaciones civi-les nacionales e internacionales

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pagos a la banca prestamista, la Comisin recomienda la inmediata suspensin de los pagos de la Deuda Comercial actual repre-sentada por los Bonos Global 2012, 2030 y 2015 para preservar el Patrimonio Pblico del pas y atender debidamente las urgen-tes necesidades sociales del pueblo ecua-toriano.

2. Frente a la deuda multilateral, se sugiere tomar medidas de suspensin definitiva de pago respecto de los 45 crditos multi-laterales auditados (incluye 3 crditos bila-terales cofinanciados con multilaterales). () Paralelamente se podra declarar la suspensin in temporis del pago de la deu-das () que quedan por auditar.

3. Para las definiciones casa adentro, la Co-misin recomienda, asimismo, la ejecucin de acciones penales, civiles y administra-tivas contra los responsables, para su san-cin, y la devolucin de los recursos saca-dos del pas.

Hay suficiente informacin para iniciar los co-rrespondientes procesos penales, civiles o ad-ministrativos en contra de quienes fueron los responsables del manejo de la deuda externa. La atencin debe centrarse sobre todo en aque-llas pocas en donde se habran dado los casos ms clamorosos de manejos dolosos, cuando

gobernaron los dictadores militares de los aos setenta, Oswaldo Hurtado Larrea, Len Febres Cordero, Sixto Durn Balln, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutirrez

Tambin habr que incorporar las medidas ne-cesarias para investigar el manejo de la deuda interna, que involucra a los gobernantes ya mencionados. Las emisiones de Bonos del Es-tado fueron pilares para sostener el pago del servicio de la deuda pblica. En este campo la accin de la justicia debe ser tambin im-placable.

En el mbito internacional, de una primera lectura de la documentacin presentada, se desprenden varias opciones. (Pero que quede absolutamente claro que el xito de las gestio-nes a emprender depender de la calidad del trabajo de auditora realizado y tambin de la estrategia que despliegue el Estado ecuatoria-no). La tarea es compleja.

Hay que analizar la posibilidad de plantear juicios en contra de los prestamistas involu-crados en las negociaciones dolosas, en los propios pases acreedores. Igualmente hay que preparar acciones en los tribunales inter-nacionales en donde se ventilan los casos de violacin de derechos humanos en contra de los acreedores involucrados, pues los abusos perpetrados en el manejo de la deuda exter-

planteen sus demandas de cara a la crisis de la deuda y sus impac-tos en las condiciones de vida individuales y colectivas

La sociedad civil est cons-ciente de las implicaciones ne-gativas que ha supuesto el drama del endeudamiento para el desa-rrollo del pas y, en frecuentes ocasiones, sus organizaciones han manifestado el rechazo a los abusos de acreedores que se aprovecharon y enriquecieron ms a costa del empobrecimien-to de las naciones deudoras, co-locando crditos muchas veces

innecesarios.

La gestin organizada ha sido incesante, particularmente desde inicios de la presente dcada, a travs de eventos, medios edito-riales y cuanta convocatoria ha sido necesaria para lograr una toma de conciencia por parte de los gobernantes y de la comuni-dad.

Por otro lado, ante la recu-rrente e injusta asimetra que ha caracterizado al endeudamiento Norte-Sur, en el mbito inter-nacional han surgido voces de

autores y movimientos que apo-yan el reconocimiento de la co-rresponsabilidad en la deuda, la anulacin de obligaciones ileg-timas y la reparacin de perjui-cios ocasionados.

En un caso concreto, Noruega, la demanda combinada de orga-nizaciones sociales ecuatorianas con movimientos civiles de ese pas acreedor logr que el crdi-to concedido por esa nacin para la adquisicin de cuatro barcos fuera condonado y cancelados los pagos pendientes.

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na no slo produjeron prdi-das econmicas, ocasionaron enormes costos en nuestra so-ciedad y a la Naturaleza.

A partir de las acciones que se desplieguen en este amplio espectro de posibilidades, se puede llegar a una moratoria de la deuda sin condiciones; una decisin de este tipo es preferible adoptarla en forma consciente y planificada, y no desesperada, como sucedi en 1999. Adems, es hora de desarmar ese discurso de te-rror alrededor de las morato-rias (default).

Esta Auditora no tendr tras-cendencia sino hay respuestas jurdicas y tambin polticas respaldadas con amplias ac-ciones sociales. Por otro lado, el Estado requiere una estra-tegia que anticipe todos los escenarios y acciones posibles. Pero sobre todo una estrategia que sea coherente pues no se entiende, a la luz de esta Auditora, cuyo valor histri-co es incuestionable, que en la Asamblea Constituyente se haya otorgado amnista a uno de los gobernantes responsa-bles de los captulos ms os-curos de la deuda externa, el de la negociacin de los Bonos Global, Gustavo Noboa Beja-rano, por iniciativa de este gobierno que conform y alen-t la Comisin de Auditora Integral del Crdito Pblico. Y tampoco se entiende que el mismo gobierno, que tuvo el valor de suspender los pa-gos de los Bonos Global 2012 y 2030, haya seguido pagando los Bonos Global 2015.

Deuda pblica brasilea:

Problema superado?

Sandra Quintela

En 1998, cuando en Brasil se reanud la discusin sobre el peso de la deuda pblica en la vida de los trabajadores y trabajadoras, el punto de partida fue el rescate de las deudas sociales, en el contexto del trabajo de las pastorales sociales vinculadas a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. En ese mismo ao, se realiz un simposio en Brasilia donde conocidos economistas, incluso los de izquierda, por unanimidad afirmaron que la deuda externa ya no era problema para el pas. Para aquel entonces, la deuda externa haba aumentado de 148 mil millones de d-lares, al final de 1994, a ms de US$ 235 mil millones al finalizar 1998. En este mismo perodo, Brasil pag aproximadamente R$ 126 mil millones a los acreedo-res, solamente en intereses de la deuda.

10 aos despus, en 2008, la deuda interna en sep-tiembre estaba en R$ 1,5 billn, y la deuda externa en US$ 275 mil millones. Los intereses pagados en 2007 sumaban R$ 138 mil millones y las amortiza-ciones R$ 52 mil millones. Aun as, la gran prensa, buena parte de los economistas, y la opinin pblica general se compraron el cuento que la deuda ya no era un problema para Brasil.

Para 2009, el escenario no ha cambiado. Sumados los valores del pago de intereses y comisiones de la deuda (R$ 127,1 mil millones) y la amortizacin (R$ 106,1 mil millones), se llega al monto de R$ 233,2

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mil millones que sern desembolsados para el pago de la deuda financiera. Si sumramos a eso la parte del presupuesto destinado a diferir la deuda (ttulos viejos que son cambiados por ttulos nuevos) se llega al monto de R$ 758,8 mil millones. Por lo tanto, casi la mitad del presupuesto fiscal y de la seguridad social de 2009 (48%) est comprometida con los acree-dores financieros del gobierno.

Aun as, el tema de la deuda todava no ocupa un papel protagnico en las luchas sociales en Brasil. El trabajo para que eso acontezca se ha venido haciendo en forma sistemtica a lo lar-go de los ltimos 10 aos. En este sentido, la Red Jubileo Sur est realizando un esfuerzo sig-nificativo, impulsando varias actividades. En 1999, se llev a cabo un tribunal popular sobre la deuda externa que reuni a dos mil personas durante dos das en la ciudad de Rio de Janei-ro, donde se elabor un veredicto que sirvi de orientacin poltica para el trabajo que se ha ejecutado a lo largo de los ltimos aos.

En 2000, una consulta popular, que se denomin plebiscito, se organiz alrededor de la cuestin de la deuda. La asistencia al mismo sorprendi a todos: ms de 6 millones de votantes. En la papeleta constaron las siguientes preguntas:

1. El gobierno brasileo debe mantener el actual acuerdo con el Fondo Monetario In-ternacional -FMI-?

2. Brasil debe continuar pagando la deuda externa, sin realizar una auditora pblica de esta deuda, como prevea la Constitu-cin de 1988?

3. Los gobiernos federal, estaduales y muni-cipales deben continuar usando gran parte del presupuesto pblico para pagar la deu-da interna a los especuladores?

Basndose en el resultado del plebiscito, y en especial en el de la segunda pregunta con respecto a la auditora, un grupo de activistas comenz a reunirse en Belo Horizonte y, a tra-vs de articulaciones con otros movimientos y

organizaciones, empez a realizar un estudio detallado de los contratos de deuda externa de los ltimos aos.

De las 815 resoluciones aprobadas por el senado brasileo para contratacin de nuevas deudas, apenas 238 contratos de endeudamiento se lo-calizaron en los archivos del Senado, sugiriendo el hecho de que los senadores no analizaban los contratos, aprobndolos sin siquiera leerlos. Tales contratos encontrados representan US$ 42,7 mil millones, apenas el 20% del aumento del endeudamiento ocurrido desde 1964 hasta la fecha.

Es ms, en los 238 contratos analizados, se en-contraron clusulas abusivas que violan la cons-titucin y las leyes nacionales. Para tener una idea ms clara de la situacin, basta ver algunos rubros en la siguiente tabla que demuestran la participacin en el total financiado de los con-tratos de endeudamiento puestos a disposicin por el Senado entre 1964 y 2001.

Clusula %Intereses flotantes 91,78Todos los pagos de la deuda se debern hacer libres de todo o cualquier impuesto o tasa brasileos

77,19

Pago de intereses sobre la parte no desembolsada del prstamo 58,61

Fuero extranjero (renuncia a la soberana) 49,24

Es decir, en el 77,19% de los contratos analiza-dos, las deudas fueron pagadas completamente exentas del pago de impuestos. En el 58,61% de los contratos, se pag intereses sobre mon-tos que no haban sido desembolsados... y por all va la maraa ilegal de la cuestin de la deu-da externa en nuestro pas.

El trabajo realizado por la Campaa de la Audi-tora Ciudadana, como parte de la Red Jubileo Sur Brasil, se entrelaza con sus objetivos que son los de: concienciar a la poblacin sobre el hecho que una de las causas de sus problemas

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sociales y econmicos es la deuda externa e in-terna; profundizar la relacin entre deuda ex-terna e interna y deudas sociales y ecolgicas, llevando ese debate a la opinin pblica y a las bases sociales; y recolocar el tema en la agen-da de las movilizaciones populares, cuestionan-do el modelo econmico neoliberal.

Hoy, el grupo operativo de la Auditora Ciu-dadana se encuentra en Brasilia y una de sus miembros integr la Comisin para la Auditora Integral del Crdito Pblico de Ecuador, a nom-bre de la Red Jubileo Sur Global.

En 2009

Entre tanto, nuevos ciclos de endeudamiento se avecinan. La crisis econmica por la cual estamos atravesando, est sirviendo para mos-trarnos cmo el sobreendeudamiento es uno de los mecanismos centrales del capitalismo globalizado. La crisis est en el corazn del funcionamiento del sistema del capital mun-dial. La crisis financiera, detonada por la crisis inmobiliaria en EE UU, es una crisis de deuda. La deuda de los hipotecados con los bancos, la deuda de los bancos con las aseguradoras y los mercados financieros internacionales y la deuda del gobierno de EE UU con el resto del mundo a travs de la venta de ttulos del Tesoro norteamericano.

El castillo de arena que comenz a derrumbarse en 2007, nos ensea lo que significa un sistema basado en un poder de compra que no es real y cuyas prioridades son establecidas para abaste-cer una mquina mortfera que es el modelo de desarrollo actual. Este modelo est basado en la explotacin mxima de los recursos naturales y en mega conglomerados industriales, que se desplazan en direccin a los pases del Sur, de-jando los territorios de los pases del centro del capital limpios de industrias contaminantes y altamente consumidoras de energa y materia prima. En Brasil, por ejemplo, hoy, han sido implementados o estn en implantacin unos nueve polos siderrgicos en regiones de bahas y estuarios. Desarrollo para qu? Para quin? Quin est financiando todo eso?

Quin est financiando el desarrollo del capital y quin est pagando la cuenta? Quin finan-cia los dficits de las empresas que perdieron en octubre de 2008 con el estallido de la bur-buja financiera? Los gobiernos estn corriendo para salvar a bancos y financieras, e industrias que especulaban... Esas mismas industrias que nunca hicieron un gesto significativo para con los gobiernos del Sur que estaban sobreendeu-dados en los aos 80 y 90 por induccin de ellas mismas que se endeudaron en el exterior, aumentando la deuda externa consolidada. Al final, la deuda externa privada tiene la garan-ta de la tesorera nacional y, en momentos de crisis cambiaria, es comn que sea estatizada. A la vez, las remesas de las ganancias a sus ma-trices, las remesas de dividendos a los accionis-tas extranjeros, las importaciones, el pago por servicios realizados en el exterior, etc., deman-dan dlares, los cuales requieren ser captados mediante las exportaciones y muchas veces tambin a travs de la contratacin de nuevas deudas para finiquitar tales dbitos. Por qu los gobiernos no dan a los pueblos el mismo tra-tamiento que estn dando a los especuladores que invirtieron en lucrar sin producir y ahora son socorridos premiando incluso su riesgo?

Esta crisis est mostrando que ya no hay in-versin de riesgo! El riesgo es asegurado por los fondos pblicos. Privatizar ganancias, sociali-zar costos y riesgos... y sus consecuencias que ciertamente recaern en los pueblos, que los gobiernos los ubican siempre en segundo plano actuando en favor del capital.

La crisis est mostrando tambin que hay re-cursos disponibles en el mundo y que ellos son fcilmente disponibles cuando hay voluntad poltica. Podramos hacer que las muertes por malaria -cerca de 1 milln de personas por ao sean cosa del pasado. La ONU estima que U$ 5 mil millones seran suficientes para lograrlo. (Traduccin ALAI)

Sandra Quintela es socioeconomista, de la Red Jubileo Sur /PACS.

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Por qu es necesaria una auditora de la deuda de Itaip

Constancio Mendoza

La entidad binacional brasileo-paraguaya que administra la hidroelctrica de Itaip te-na hacia finales de 2008 una deuda de ms de 19 mil millones de dlares. En reunin reali-zada por representantes de los dos pases el 11 de diciembre pasado, el Brasil acept que la Contralora General de la Repblica del Pa-raguay haga una auditora de esa deuda. Aqu explicamos la importancia de esa medida y prospectamos las dificultades que habr.

Cuando se firm en 1973 el Tratado para la construccin de la hidroelctrica, se proyec-taba que iba a costar poco ms de 2 mil millo-nes de dlares. Para financiar las obras fueron tomados prstamos internacionales por Ele-trobrs, empresa elctrica pblica brasilea, que los repasaba a Itaip (por eso, el princi-pal acreedor de Itaip es Eletrobrs). Hacia finales de la dcada, rpidamente, ese costo previsto haba subido. Los dos pases se en-contraban bajo dictaduras militares y no haba condiciones de tener ningn tipo de control pblico democrtico sobre la administracin del emprendimiento.

La empresa binacional Itaip pag hasta el presente a Eletrobrs y al Tesoro brasileo 30 mil millones de dlares en concepto de amor-tizacin e intereses de la deuda. Y se anuncia que hasta 2.023, cuando se espera que todos lo prstamos que se tomaron para su construc-cin estarn cancelados, la binacional habr pagado algo como 60 mil millones de dlares.

Qu explica tamaas disparidades? La audi-tora ayudar a entender lo ocurrido. Pero, ya hay algunas pistas.

Primero, en su fase de construccin, Itaip es-tuvo atravesada de casos de corrupcin. Hacia 1978 pagaba el precio ms caro del mundo por el metro cbico de cemento armado, entre otras evidencias. La contratacin de empre-sas del dictador Stroessner y sus amigos los convirtieron en multimillonarios. As surgieron los que en Paraguay son conocidos como los barones de Itaip que despus de la cada del dictador Stroessner (1989) ocuparon la si-lla presidencial tambin por el Partido Colo-rado ya en la fase democrtica. Ahora bien, recordemos que a las empresas paraguayas les correspondi el 15 % de las obras y a las bra-sileas el 85 % restante. Falta estudiar si la repartija de la corrupcin sigui esos mismos porcentajes.

Segundo, despus de terminadas las obras y de haber sido contratados ya todos los pres-tamos necesarios, la deuda volvi a subir. Por qu? La explicacin est en que los gobiernos brasileos de los aos 1980-90 propusieron (y los gobiernos paraguayos, dominados por barones de Itaip aceptaron) medidas que favorecan al Brasil y eran perjudiciales para Itaip (y para el Paraguay). Es as que entre mediados de los aos 1980, cuando la usina comienza a producir electricidad, e inicios de los aos noventa, las empresas brasileas de-cidieron que no podan pagar el costo de la energa de Itaipu y pagaron valores menores que el costo. Ese perjuicio se fue acumulando y cuando lleg mediados de la dcada pasada,

Constancio Mendoza es sindicalista, miembro del Frente Social y Popular.

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a la deuda de las empresas elctricas brasile-as, se le sum a la deuda principal de Itaip. Un caso nico, donde los deudores (las em-presas elctricas brasileas) tienen sus deudas asumidas por el acreedor (Itaip). Por eso, la deuda de Itaip hoy es ms alta que quince aos atrs.

De esa forma, los gobiernos brasileos como proponentes, y los del Paraguay como cmpli-ces, violaron el propio Tratado de Itaip. Se-gn ste, la tarifa deba cubrir todos los costos (operacionales y financieros del periodo) y no se podan acumular nuevos pasivos. Sin em-bargo, como era para favorecer a las empresas elctricas brasileas y a las grandes industrias consumidoras instaladas en Sao Paulo, los go-biernos de los dos pases no vieron problemas en proceder de esa manera.

Decamos que por el Tratado, Itaip debe ven-der su energa a las empresas elctricas bra-sileas y paraguayas por el costo (operacional y financiero). La cuestin es que hoy da 65% del costo es para el pago de la deuda de Itai-p con Eletrobrs (que desde hace una dcada tiene un fuerte componente privado y opera en las bolsas de valores de los Estados Unidos, etc.). Todos los aos esa empresa recibe de Itaip ms de dos mil millones de dlares en ese concepto.

La contrapartida de eso es que del 50% de la energa de Itaip que le corresponde al Para-guay y que en gran medida es utilizada por Brasil, dos tercios de los 40 dlares por MWh que las empresas brasileas pagan vuelven a ese pas a travs de Eletrobrs en concepto de pago de la deuda.

En la fase de construccin de la usina, hubo problemas de corrupcin que no fueron comba-tidos e investigados en su poca. En la fase de funcionamiento, ha habido problemas de ges-tin que perjudicaron intereses del Paraguay.

Cuando fue conveniente para las empresas elctricas brasileas y las grandes industrias localizadas en Sao Paulo, el Tratado fue vio-

lado. En seguida, el gobierno brasileo exige que el Tratado vuelva a cumplirse cuando con-viene a sus intereses.

As iban las cosas hasta el pasado 20 de abril cuando una amplia movilizacin popular llev a la victoria del candidato Fernando Lugo para presidente de la Repblica del Paraguay.

Desde 1973 las fuerzas progresistas y de iz-quierda del Paraguay cuestionaban el Tratado de Itaip y la forma como vino siendo adminis-trada la binacional. El dictador Stroessner y sus sucesores colorados ya en la fase democr-tica siempre se pautaron por sus propios inte-reses corruptos y fueron condescendientes con los manejos de los administradores brasileos. Para cambiar ese cuadro haba que derrotar a la fuerza poltica heredera de la dictadura. El cambio solo vino cuando Lugo asumi la presi-dencia del pas el pasado 15 de agosto.

Esto coloca un desafo al gobierno de Lula en Brasil. Su poltica bilateral con Paraguay se haba acomodado al status quo dejado por sus antecesores porque le era conveniente a los intereses nacionales brasileos que es la de-nominacin que se le da a los intereses de los grandes consumidores de energa paulistas, a los inversionistas privados de Eletrobrs y al Tesoro brasileo que percibe parte importante del lucro generado por esa empresa. Al mismo tiempo el gobierno de Lula ha sido muy activo en los proyectos de integracin regional y como tal ha afirmado que el Brasil no puede enrique-cerse a costa de sus vecinos ms pobres.

El gobierno Lugo y las fuerzas sociales y po-lticas que lo llevaron a la victoria electoral afirman justamente eso. Itaip ha sido una he-rramienta con la cual sectores de Brasil se han enriquecido en perjuicio de intereses del Pa-raguay. El gobierno brasileo debe ahora optar entre ese statu quo y la integracin regional.

Los dos gobiernos han iniciado negociaciones en torno a las reivindicaciones paraguayas, que estn en curso. La aceptacin por parte de

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Ilegitimidad de la deuda externa argentina

Julio C. Gambina

El monto total de deuda asumido por las au-toridades argentinas alcanza a 128.685 millo-nes de dlares a junio del 20081. A ello debe sumarse, segn la misma fuente, una cifra de 29.712 millones de dlares de acreedores no presentados al canje instrumentado en mayo del 20052. De este total unos 22.671 millones de dlares estn vencidos (13.502 millones en concepto de capital y 9.169 como intereses) y el resto por 7.041 millones es deuda no venci-da. La sumatoria de la deuda alcanza entonces a 158.397 millones de dlares (Cuadro I).

Cuadro IDeuda al 30/06/08

Deuda al 30.06.08 128.685 millones de dlaresAcreedores no presentados al canje

29.712 millones de dlares

Total de la deuda 158.397 millones de dlaresFuente: Ministerio de Economa

En la informacin oficial3 se indica que la deu-da pblica total sobre el PBI representa un 48,7%. Si adicionamos la suma no presentada al canje, la razn entre deuda y producto po-dra alcanzar al 50% del PBI. Son porcentajes similares a los guarismos existentes hace una dcada, al comienzo de la ltima recesin que se proces entre 1998 y 2002. Vale la refe-rencia porque la Argentina transit un ciclo de crecimiento entre 2003 y 2008, previndose

una desaceleracin, es decir una tendencia a la baja del producto para un clculo de man-tenimiento o crecimiento del endeudamiento. Representar una incidencia mayor de la deu-da sobre el PBI en el futuro cercano.

La deuda fue, es y ser un gran condicionan-te de la poltica econmica en la Argentina. Pero, cunto de la misma es ilegal y cules son los criterios para identificarla como tal? En principio consideramos ilegal, o por lo me-nos motivo de estudio especfico a la deuda contrada bajo gobiernos ilegtimos, lo que no exime de una auditora integral sobre el conjunto de la deuda. Siguiendo el estudio de Eric Toussaint4 la deuda argentina en 1975 al-canzaba 7.875 millones de dlares y a fines de 1976 sumaba 8.280 millones de dlares. El golpe militar ocurri el 24 de marzo de 1976 y

1 Direccin Nacional de Cuentas Internaciona-les, dependiente del ministerio de Economa de la Nacin. En http://www.mecon.gov.ar/cuentas/in-ternacionales/documentos/deuda_externa_bruta.xls (vericado al 23/12/08)

2 Parte de los acreedores presentaron demandas ante los tribunales de Nueva York y recientemente, en octubre del 2008 y ante la propuesta de esta-tizacin del sistema previsional de la Argentina (transformado ya en Ley desde diciembre pasado), el Juez neoyorkino Thomas Griesa hizo lugar a la presentacin de los acreedores congelando fondos por unos 2.500 millones de dlares que las Admin-istradoras de Fondos de Jubilacin y Pensin tenan para entonces invertidos en EEUU. El tema sigue en discusin a comienzos del 2009.

3 Ministerio de Economa de la Argentina. En http://www.mecon.gov.ar/basehome/pdf/indicado-res.pdf (vericado al 26/12/08)

4 Eric Toussaint. La Bolsa o La Vida. Las nanzas contra los pueblos. 2a.ed. Buenos Aires, CLACSO, 2004. Pgina 290.

Julio C. Gambina es Profesor de Economa Poltica en universidades pblicas de

Argentina. Presidente de la Fundacin de Investigaciones Sociales y Polticas (FISYP) e integrante del Comit Directivo de CLACSO.

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por ello podemos asignar un valor aproximado en 7.900 millones de dlares a la deuda asu-mida por el Estado argentino bajo regmenes constitucionales antes del golpe. A su vez, la dictadura militar entreg el gobierno en di-ciembre de 1983, cuando la deuda acusaba un total de 45.087 millones de dlares. La di-ferencia (45.087 7.900) puede considerarse deuda odiosa, ilegtima e ilegal, alcanzando as los 37.787 millones de dlares (Cuadro II).

Cuadro IIDeuda ilegitima

Deuda estimada al inicio dictadura

7.900 millones de dlares

Deuda al final de la dictadura

45.087 millones de dlares

Deuda ilegtima (diferencia)

37.787 millones de dlares

Fuente: estimaciones propias sobre datos de Eric Toussaint

Claro que al no denunciarse, ese monto conti-nu integrando la deuda argentina y generan-do intereses, los que se dispararon desde 1979 por efecto de la iniciativa Volcker. La Argen-tina renegoci parte importante de su deuda con el gobierno de Ral Alfonsn en 1987; con Carlos Menem en 1992; con Fernando De la Ra en 2000 y con Nstor Kirchner en 2003. De ese modo, diferentes turnos constitucionales (1983-2008) legitimaron la deuda odiosa. No parece arbitrario sealar que unos 50.000 mi-llones de dlares (un tercio del total) debieran ser denunciados como ilegtimos para el caso argentino (Cuadro III).

Cuadro IIIPorcentaje de ilegitimidad

Monto total de deuda al 30.06.08

158.397 millones de dlares

Estimacin deuda ilegtima

50.000 millones de dlares

Porcentaje sobre el total 31,56%

Fuente: estimacin propia con base en datos del Ministerio de Economa

No solo se trata de la ilegitimidad del gobier-no que asumi la deuda, sino tambin del uso de los recursos. Entre otros aspectos se puede destacar la utilizacin de los fondos para fines blicos. Se reconoce en tiempos de la dictadu-ra genocida (1976-1983) dos acontecimientos de conflicto militar: con Chile en 1978 por la disputa sobre las islas australes y en 1982 con Inglaterra por las Malvinas. Fueron ocasiones que fundamentaron el crecimiento del gasto militar. Ms grave an represent el aumen-to del gasto pblico con destino a las Fuer-zas Armadas por su incursin en el gobierno de facto. Se estima que un tercio del nuevo endeudamiento en ese periodo se justifica por mayor gasto militar.

Resulta curioso mencionar el endeudamiento externo de empresas pblicas y entre ellas de la petrolera estatal: YPF. Es incomprensible el crecimiento de su deuda cuando los precios internacionales del petrleo se encontraban en alza en el sistema mundial. Se puede adi-cionar que las principales empresas privadas asumieron un fortsimo endeudamiento con el exterior que luego fuera asumido por el Esta-do. En las postrimeras de la dictadura, siendo Presidente del Banco Central Domingo Cava-llo, se estatizaron las deudas privadas. Pue-de recordarse que la empresa ms endeudada para ese tiempo era la acera Acindar, cuyo ti-tular al momento del golpe en 1976 asumi el Ministerio de Economa entre 1976 y 1981, en representacin de la asociacin de empresa-rios ms concentrados. La deuda actu como uno de los mecanismos econmicos para la profunda reestructuracin del capitalismo en la Argentina. Se trat de un endeudamiento deliberado para facilitar objetivos estratgi-cos de transformacin reaccionaria del capi-talismo local.

Con la decisin ecuatoriana de no pagar deu-da ilegtima e ilegal en base a una Auditora realizada por consultores externos, se habili-ta la discusin sustentada en nuestros pases por movimientos, campaas y personalidades sobre la necesidad de denunciar las deudas so-bre la base de su revisin integral para desen-

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traar la legitimidad de las mismas y cunto es lo que se debe pagar. En los clculos de Toussaint, sustentado en datos de la OCDE, para el ao 1999 la deuda alcanzaba 169.066 millones de dlares y los pagos de amortiza-cin del capital e intereses sumaban, entre 1976 y 2000, 212.280 millones de dlares. Mientras la deuda creci 19 veces desde el inicio de la dicta-dura, el pas reembols7 25 veces lo que deba en 1976.

La deuda argentina fue llevada a la Justicia siendo el objeto procesal: El proceso de endeudamiento ex-terno y el manejo de las reservas internacionales de la Nacin en ge-neral. El proceso de endeudamiento externo de las Empresas del Estado en general y de YPF S.E. en parti-cular. La investigacin de los avales cados otorgados a empresas pri-vadas con endeudamiento externo por el Tesoro Nacional y pagados por ste al vencimiento de los mis-mos.5 El fallo de sobreseimiento por prescripcin penal, que incluye los indagatorios y peritajes, con las responsabilidades claramente de-mostradas, fue trasladado al Parla-mento.

La cuestin de la deuda es un pro-blema comn a nuestros pases. En los ochenta se propuso una estra-tegia de club de deudores que no se implement por la esperanza democrtica. Los aos noventa enterraron esos peregrinos sueos y ahora renacen las expectativas por cambios econmicos favorables a las clases subalternas. Ello supone el enfrentamiento con el poder local y mundial, las transnacionales, los or-ganismos internacionales y los prin-cipales estados del capitalismo.

5 Fallo del Juez Ballesteros del 13 de Julio de 2000.

La anulacin de la deuda de Hait:

No hay razn para ms retrasos

Mark Weisbrot Luis Sandoval

Es evidente que la anulacin inmediata de la deuda externa de Hait, de US$ 1,7 mil millo-nes, liberara los recursos que el pueblo de ese pas necesita desesperadamente. Hait es el pas ms pobre del hemisferio occidental, con 76 por ciento de su poblacin por debajo de la lnea de pobreza y una esperanza de vida de 58,1 aos; sin embargo, en 1996 qued inicial-mente excluido de la Iniciativa a Favor de los Pases Pobres Altamente Endeudados (PPAE) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), debido a un tecnicismo en relacin a su servicio de la deuda. Por ello, mientras que las deudas de los otros PPAE en el Hemisferio Occidental (Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua) ya fueron anuladas

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bajo la PPAE y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM), Hait todava tiene que alcanzar el punto de realizacin en el marco de la iniciativa para poder acceder a la anulacin de su deuda, que solo se espera a partir de mediados de 2009.

El hecho de que se trataba de un error fue re-conocido implcitamente con la incorporacin de Hait a la Iniciativa para los PPAE en 2006. Organismos ciudadanos argumentan que no es justo que Hait deba esperar y cumplir con otras condiciones, mientras que los dems PPAE de Amrica Latina ya han visto anulada su deuda con prestamistas multilaterales. De-bido a este retraso Hait est luchando actual-mente para cumplir con los requisitos para la anulacin de la mayor parte de su deuda p-blica externa.

Segn los datos ms recientes del Ministerio de Economa y Finanzas de Hait, para mayo de 2008, el total de la deuda pblica externa del pas alcanz los US$ 1.7 mil millones1. La mayor parte de esta deuda es con el Banco Mundial (ms concretamente, con la Asocia-cin Internacional de Fomento, AIF) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Estas deudas juntas representan actualmente al-rededor del 18 por ciento del PIB de Hait y constituyen un 76,3 por ciento del total de su deuda pblica externa.

Dado que el punto de realizacin no se alcan-z para septiembre de 2008, ahora Hait tiene que desembolsar $ 44.5 millones adicionales para el servicio de la deuda a las institucio-nes multilaterales (principalmente el BM y el BID). Este monto es equivalente a aproxima-damente el 26 por ciento de su gasto en salud pblica, rea donde hay muchas necesidades vitales insatisfechas. Es ms, este total no in-cluye el servicio de la deuda bilateral de US$ 11,4 millones, cuya anulacin parcial tambin se podra esperar.

Una vez que Hait cumpla con los requisitos, acceder, en un cierto plazo, a la anulacin de US $ 212,9 millones de su deuda con los acree-

dores multilaterales ($ 110,9 millones) y bilate-rales ($ 102,0 millones), en virtud de la Inicia-tiva para los PPAE. Adems, este cumplimiento tambin permitir que se aplique la IADM, que significar una mayor reduccin de su deuda. El BM, por su parte, podra anular $ 464,4 mi-llones de la deuda haitiana. Adicionalmente, si bien el BID no particip en la IADM, ha dis-puesto el pleno alivio de la deuda de aproxi-madamente $ 525 millones, en pagos futuros, del capital principal e intereses. As pues, hay en total un poco ms de US $ 1,2 mil millones en anulacin de la deuda, que depende de que Hait alcance el punto de realizacin.

Hay pocos motivos como para creer que las condiciones fijadas por el FMI y el BM para proseguir con la anulacin de la deuda pue-dan redundar en beneficio de Hait. Si bien la experiencia de anulacin de la deuda a los PPAE ha sido buena con respecto a la utiliza-cin de los fondos liberados para gastos de reduccin de la pobreza, las condiciones aso-ciadas a esta anulacin de la deuda no tienen un historial positivo. Por ejemplo, en abril de 2007, la Oficina de Evaluacin Independiente del FMI public un anlisis de la experiencia de 29 pases del frica subsahariana que se sometieron a programas PRGF (Facilidad para la Reduccin de la Pobreza y el Crecimiento, sigla en ingls) y, por lo tanto eran sujetos a las condiciones del FMI, entre 1999 y 2005. El anlisis fue muy crtico del papel del FMI y, entre otras conclusiones, seal que casi las tres cuartas partes de los fondos de ayuda que llegaron a estos pases no se gastaron. Por el contrario, a instancias del FMI, este dinero se utiliz para pagar deudas y para aumentar las reservas.2

Otra razn por la que los acreedores de Hait

1 Ministre de lEconomie et des Finances de la Republique dHati (MEF), Dette externe du secteur public (Mai 08): http://www.mefhaiti.gouv.ht/download.php?dwn=Dettemai%2008.xls

2 Independent Evaluation Ofce of the IMF (2007), The IMF and Aid to Sub-Saharan Africa. http://www.imf.org/External/NP/ieo/2007/ssa/eng/pdf/report.pdf

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-el BID y el BM en particular- deberan con-ceder de inmediato la anulacin de la deuda es que han causado un enorme perjuicio eco-nmico a ese pas al suspender todos los de-sembolsos de 2001 a 2004. Existen evidencias sustanciales de que este recorte de la ayuda era parte de un esfuerzo deliberado del go-bierno de Estados Unidos para desestabilizar y, en ltima instancia, derrocar al gobierno elegido de Hait. Como seal el economista Jeffrey Sachs, ex asesor del FMI y del BM, los funcionarios estadounidenses saban segura-mente que el embargo de la ayuda significara una crisis de balanza de pagos, un aumento de la inflacin y una cada de los niveles de vida, todo lo cual alimenta la rebelin [contra el Presidente Aristide].3

Para un pas tan pobre como Hait, el embar-go de la ayuda fue enormemente destructivo para la economa, y la violencia durante y des-pus del golpe caus an ms daos y cost miles de vidas. Debido a su participacin en este esfuerzo, las instituciones multilaterales deberan, como mnimo, anular la deuda de Hait con la mayor rapidez posible.

Estabilidad macroeconmica

En noviembre de 2006, Hait firm un acuerdo con el FMI, por un perodo de tres aos, de reduccin de la pobreza y crecimiento (bajo el programa PRGF), cuyo principal objetivo era lograr un crecimiento econmico sostenido para reducir la pobreza y mejorar las condi-ciones de vida. Se fij una tasa de crecimien-to anual del PIB real del 4 por ciento. Otra meta era lograr un mayor crecimiento econ-mico, pero bajo un entorno macroeconmico estable, que se centr en reducir la inflacin y en aumentar el nivel de las reservas inter-nacionales.

En el primer ao del programa, la inflacin se redujo sustancialmente del 12.4 por ciento en septiembre de 2006 al 7,9 por ciento en sep-tiembre de 2007, por debajo de la meta del 9 por ciento para finales del ao fiscal 2007. Esto parece haber sido el resultado de una po-

ltica fiscal y monetaria demasiado rgida. De hecho, en la segunda revisin de los indica-dores de resultados del programa, para sep-tiembre 2007, el FMI recomend al gobierno haitiano que aumente la inversin pblica y afloje la poltica monetaria.

Tambin aumentaron las reservas internacio-nales ms all de la meta en el primer ao del programa, desde alrededor de US$ 125,5 millones en septiembre de 2006 a US$ 259 millones en septiembre de 2007, $ 30 millo-nes por encima del objetivo. Sin embargo, es probable que el gobierno haitiano haya me-jorado la estabilidad macroeconmica a costa del crecimiento. Las cifras oficiales ubican la tasa anual de crecimiento del PIB real para 2007 en el 3,2 por ciento, inferior al objetivo del 4 por ciento.

El crecimiento y el empleo son las variables macroeconmicas que ms contribuyen a la reduccin de la pobreza, y un nfasis exce-sivo en reducir la inflacin y limitar el gasto pblico, sin tener en cuenta el crecimiento econmico, podra reducir el crecimiento y el empleo por debajo de su potencial.

Desde agosto de 2007, la inflacin comenz a revertir su tendencia a la baja, impulsada por el aumento en los precios de los alimentos, que representan el 50 por ciento del ndice de la canasta de precios al consumidor. Estos fuertes aumentos en los precios de los alimen-tos y de la energa han generado una grave crisis humanitaria en Hait, provocando el hambre masiva entre los sectores ms pobres, que incluso oblig a algunos haitianos a comer tortillas de barro para poder sobrevivir.

Tambin se anticipa un grave impacto negativo en Hait debido al reciente declive de la eco-

3 Jeffrey Sachs, From His First Day in Ofce, Bush Was Ousting Aristide, Los Angeles Times, March 4, 2004.

4 The Multilateral Investment Fund (2007). Remit-tances to Latin America and the Caribbean 2007 (US$ millions). http://www.iadb.org/mif/remesas_map.cfm?language=English&parid=5&item1d=2

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noma de EEUU. Sus exportaciones a ese pas equivalen al 8,6 por ciento de su PIB en 2007. Hait depende tambin en gran medida de las remesas desde el extranjero, especialmente de EEUU; algunas estimaciones las ubican has-ta en el 28 por ciento del PIB4. Estas reme-sas disminuirn, con un significativo impacto negativo. A la luz de estos acontecimientos, la estabilidad macroeconmica prevista en el programa PRGF podra no ser alcanzada, si es que el gobierno haitiano prioriza tener sufi-ciente margen poltico y recursos para respon-der a la crisis y mitigar sus efectos.

Enfrentar los desastres naturales

Los fondos que se liberen a travs de la anu-lacin de la deuda tambin daran a Hait la oportunidad de enfrentar las necesidades hu-manitarias urgentes a raz de los recientes desastres naturales. En el verano de 2008, Hait fue sacudido por sucesivos huracanes, con consecuencias desastrosas, que dejaron un saldo estimado de 800 muertes, segn la ONU, y a ms de un milln -o una novena parte de la poblacin del pas-, sin hogar, segn la Primera Ministra Michle Pierre-Louis.

El Secretario General Adjunto para Asuntos Hu-manitarios de la ONU, John Holmes, declar que las tormentas eran el peor desastre en los ltimos 100 aos en Hait, y que hasta el 27 de octubre, slo se haba comprometido el 40 por ciento de los US $ 107 millones que se ne-cesitaban para el socorro de emergencia.5 El Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, reconociendo la magnitud de la destruccin a raz de las tormentas, cuando viaj a Hait en octubre, estim los daos en cerca de US$ 1 mil millones, lo cual es mucho para un pas de 8 millones de personas y hay una terrible prdi-da de vidas. Sin embargo, en respuesta a las preguntas de los periodistas, Zoellick dijo que el BM no acelerara la anulacin de la deuda de Hait mediante el PPAE.

Mark Weisbrot es co-Director del Center for Economic and Policy Research en Washington,

DC. Tiene un doctorado en economa y ha escrito numerosos artculos de investigacin

sobre poltica econmica. Luis Sandoval es asistente de investigacin

en el Center for Economic and Policy Research. Es licenciado en economa y

ciencias polticas.

Este texto es un resumen de: Update - Debt Cancellation for Haiti: No Reason For Further

Delays. Center for Economic and Policy Research: diciembre 2008 Texto original (y

notas completas): http://www.cepr.net/index.php/publications/reports/update-debt-

cancellation-for-haiti/. (Traduccin ALAI).

Brasil de que la Contralora paraguaya audite la deuda de la binacional es un paso pequeo pero importante obtenido en la mesa de nego-ciacin. Hasta ese momento, resguardada por su carcter binacional, la empresa estaba fuera del control de los rganos fiscalizadores

viene de la pgina 13

Por qu es necesaria una auditora...

5 UN News Center, Appeal for hurricane relief in Haiti badly under-funded, UN aid chief says. Octo-ber 27, 2008.

pblicos de los dos pases, una herencia propia de su origen en dos dictaduras militares con-trarias a la transparencia administrativa.

Transparentar es la nica forma de definir si la gigantesca deuda de Itaip, que en 50% es deuda de Paraguay, es legtima. Una deuda que impide que el pas se beneficie del uso de su principal recurso natural, el caudal de sus ros.

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La deuda ecolgicaIvonne Ynez

Joan Martnez Alier

En mayo del 2007, Evo Morales envi a la Cum-bre de los Pueblos que se realizaba de forma paralela a la reunin de presidentes de la Unin Europea y Amrica Latina, un documen-to que llam Cambio Climtico: 10 manda-mientos para salvar el planeta, la humanidad y la vida. Era el discurso que pocos das des-pus pronunciara ante las Naciones Unidas.

En el magnfico manifiesto, el presidente de Bolivia seala claramente que para frenar el cambio climtico debemos ser conscientes de que se trata de una lucha entre dos formas de entender el mundo, aquella de la muerte y la contaminacin frente a la de la vida y la paz. Lo primero es la esencia del modelo capita-lista depredador que en lugar de crear, mata, que en lugar de proteger, vende, que en lugar de promover el buen vivir, alimenta la voraci-dad de pocos. En las relaciones entre pases del Norte y del Sur ha sido un proceso hist-rico que persiste hasta nuestros das. Ningn pas mejor que Bolivia conoce esta realidad, desde Potos en adelante. Pero el saqueo y las injusticias ambientales y sociales continan. Como bien lo enfatiza Evo, esta realidad ha provocado que sea el Norte desarrollado el que tiene una deuda ecolgica con el Sur y con el mundo entero. Los pases del Sur, somos en realidad los acreedores de esta deuda y no como se tiende a pensar, que somos nosotros quienes debemos.

La deuda ecolgica es, de acuerdo a la Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Ecolgica, precisamente esta responsabilidad que tienen los pases del Norte con los pueblos del Sur. Se la puede reconocer por diferentes factores.

Historia de saqueo

Uno de ellos es debido a la expoliacin de re-

cursos que se dio durante la invasin, conquis-ta y colonizacin de Europa a las tierras ame-ricanas. Como parte de esta deuda histrica estn los millones de toneladas de oro o pla-ta que fueran extradas y llevadas a Espaa, Portugal, Inglaterra, y otros pases europeos. Como parte del botn salieron riquezas cultu-rales, de biodiversidad o de conocimientos. Durante siglos, se provoc la muerte de mi-llones de indgenas, o de africanos que fueron diezmados por enfermedades, o trabajos for-zados, o simplemente eliminados. Es muy im-portante que la deuda histrica de Europa con Amrica y frica sea reconocida en toda su di-mensin, y resarcida en la actualidad. Y tam-bin con otros pases, como Indonesia (con la colonizacin holandesa) y tantos otros lugares del mundo donde el saqueo prosigue. No sola-mente como un proceso de conocer la verdad, sino por una cuestin de justicia y reparacin. El reconocimiento de esta deuda debera estar presente en todos los tratados internacionales y en los mecanismos de cooperacin entre las naciones deudoras y acreedoras.

Agricultura

Otro factor que va generando una deuda eco-lgica es aquella que tiene que ver con la agri-cultura. Los pases del Sur, por imposiciones de instituciones financieras internacionales y grandes capitales relacionados con la alimen-tacin, en lugar de cumplir con el objetivo de satisfacer primero las necesidades inter-nas, destinan tierras y otros recursos como el agua para establecer cultivos de exportacin, muchos consumidos en pases industrializados del Norte. De esta forma pone en riesgo la seguridad y soberana alimentarias, y afecta considerablemente las economas campesi-nas. Especial afectacin ocurre con el agua, pues se degrada o pasa a ser controlada por manos privadas. Estos monocultivos utilizan

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adems paquetes tecnolgicos basados en se-millas mejoradas o transgnicas y agrotxi-cos contaminando fuentes de agua, suelos y la salud humana. La nueva amenaza son los agrocombustibles, los cuales significarn un mayor incremento de la deuda ecolgica.

De igual forma, los recursos marinos se ven diezmados por la demanda que se ejerce des-de los pases del Norte.

Biopiratera

Los pases del Norte, la industria de semillas y farmacutica, se han enriquecido por medio de la apropiacin de la diversidad agrcola y silvestre y de su conocimiento vinculado, con fines comerciales. La biopiratera constituye una parte muy importante de la deuda ecol-gica pues se basa en la apropiacin intelectual ilegal e ilegtima de conocimientos relaciona-dos con el mejoramiento de las semillas, uso de plantas medicinales y otros sobre los que se sustenta la biotecnologa y la agroindustria moderna, por las que tenemos que pagar re-galas.

Industrias extractivas

Los megaproyectos como carreteras, hidrolc-tricas, puertos, hidrovas, entre otros, provo-can un conjunto amplio de impactos sociales y ambientales. Al ser la mayora de estos pro-yectos orientados hacia la exportacin de re-cursos hacia el Norte los hace generadores de deuda ecolgica del Norte con el Sur.

Las economas del Sur del mundo se sostienen gracias a la extraccin de recursos naturales, muchos de ellos no renovables y con carc-ter extractivo a gran escala. Por ejemplo, la minera o la industria petrolera. Estas activi-dades, por esencia contaminantes, destruyen los ecosistemas en el lugar donde se realizan y afectan la vida de las poblaciones locales. El principal destino de estos minerales e hi-drocarburos es la industria y el transporte del Norte. A veces son regiones internas (como Orissa, Jarkhand, Chhatisgarh en la India) las

que se convierten en colonias exportadoras de materias primas para las zonas industriales. Lo mismo ocurre en Brasil.

La deuda del carbono

Otra causa de la deuda ecolgica del Norte hacia el Sur es la quema desproporcionada de combustibles fsiles como el gas, el carbn o el petrleo, que causa el cambio climti-co y sus catastrficas consecuencias. Es as que tambin existe una deuda ecolgica por el cambio climtico, tambin llamada deuda de carbono, porque el CO2 es el principal gas con efecto invernadero. La deuda de carbo-no existe tanto por los impactos que causa el caos climtico, como por las soluciones que se pretenden tomar para supuestamente frenar-lo, como son los mecanismos de Kioto. A su vez, los planes de adaptacin, en lugar de ser un alivio, podrn ser nuevas cargas para los pueblos del Sur.

Deuda ecolgica y deuda externa

En este sentido, debemos mencionar la rela-cin entre deuda ecolgica y deuda externa. Los pases de frica, Asia o Amrica Latina, sufren las cadenas de una deuda financiera. Deuda que fue adquirida en su mayor parte para llevar a cabo proyectos que significaron severos e irreversibles impactos, econmicos, sociales y ambientales. En gran medida, a su vez, estos proyectos formaban parte de pla-nes de construccin de infraestructura desti-nada a la exportacin de recursos. Todo esto se justific con el argumento de que debemos cumplir con el servicio de la deuda. La ban-ca financiera internacional es en realidad un deudor gigantesco con los pueblos del Sur.

Si comparsemos el monto que reclaman de nosotros los pases y bancos acreedores, con la suma de todas las deudas histricas, so-ciales y ambientales que hemos mencionado (quedando an varias por detallar), vemos que es significativamente menor. Un ejemplo cla-ro es el de la Texaco y el Ecuador. Clculos de cientficos serios apuntan a que lo que Texa-

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co tendra que pagar al Estado ecuatoriano no sera menos de 27.000 millones de dlares para cubrir nicamente una parte de los daos (contaminacin de aguas, suelos y enfrentar los problema de salud de la gente local), sin tomar en cuenta todas las dems externalida-des que se produjeron durante las operaciones de Texaco.

Ahora bien, la deuda financiera pblica exter-na del Ecuador, de acuerdo a las cifras de la Comisin de Auditora Integral del Crdito P-blico (CAIC), alcanza cerca de 13500 millones de dlares, es decir la mitad de lo que debera Texaco al Ecuador.

Hablar de deuda ecolgica en el contexto de la deuda financiera es til y necesario, pues no solamente que permite efectuar compara-ciones entre las deudas ecolgica y financiera sino que el anlisis de los impactos ambienta-les que pueden haber causado determinados proyectos permitira tener ms argumentos para la declaratoria de ilegitimidad de estos crditos.

As fue que en Ecuador, a partir del Decreto Presidencial del 9 de julio del 2007, dictado por Rafael Correa se constituye la CAIC, cuyo objetivo fue realizar una Auditora Integral y una accin fiscalizadora. La CAIC present sus resultados a fines del 2008, y abre el camino para una posterior declaracin de ilegitimidad de crditos contrados por el Ecuador basn-dose en consideraciones ambientales.

El gobierno del Ecuador ha dado algunos pasos importantes en cuanto al reconocimiento del Ecuador como un pas acreedor de una deu-da histrica, social y ecolgica. As lo mos-tr en su momento la ex canciller Mara Fer-nanda Espinosa, la constitucin de la CAIC, o los discursos del presidente en diversos foros internacionales. Sin embargo, como dice el dicho, lo que se hace con la mano no se pue-de borrar con el codo, y esto es lo que est haciendo Rafael Correa.

Hace pocos das, el lunes 12 de enero, fue aprobada la Ley de Minera por parte de la Asamblea Nacional, mientras que, tanto eco-logistas en las afueras del Palacio legislativo, como dirigentes indgenas al Sur del pas, sos-tenan una huelga de hambre en rechazo a la Ley Minera. La minera, as como la industria petrolera, es una de las ms contaminantes y es generadora de una gran deuda ecolgica. Los principales consumidores de estos mine-rales sern los pases del Norte mientras en el Ecuador quedarn los daos sociales y am-bientales. Hace poco tambin Correa anun-ci la licitacin del Bloque ITT Yasun, dando la espalda a miles de voces que apoyaban su propuesta inicial de dejar el crudo en el sub-suelo. Esperemos que la baja del precio de las materias primas no lleve a los pases expor-tadores a exportar todava ms para intentar vanamente mantener los ingresos.

Correa est perdiendo una oportunidad his-trica, de ser reconocido como el presidente que iniciara un camino distinto, semejante al que Evo Morales seala en sus 10 mandamien-tos. Un camino hacia el buen vivir, hacia un Ecuador que respete la vida y el bienestar de sus habitantes. Reconocerse acreedor de una deuda ecolgica y al mismo tiempo echar al traste propuestas como la de salvar el Yasun o acuar la Ley de Minera es una gran contra-diccin e inconsecuencia. A los viejos econo-mistas (aunque sean de izquierda) les cuesta mucho entender el valor de lo ecolgico y de lo humano que no se expresa en precios.

Ivonne Ynez es Cordinadora Regional de Oil Watch Sudamrica. Miembro de la Alianza de

los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Ecolgica. sudamerica@oilwatch.org /

www.deudaecologica.org Joan Martnez Alier es catedrtico de

economa e historia econmica en la Universidad Autnoma de Barcelona, y

autor de varios libros. Miembro fundador de la Sociedad Internacional de Economa

Ecolgica.

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Calificadoras de riesgo pas y control de los flujos de capital

Eduardo Gudynas

La actual crisis econmica internacional obli-ga a revisar el papel de las llamadas califi-cadoras de riesgo. Empresas como Moodys, Standard & Poors o Fitch Ratings, si bien no son muy conocidas, juegan un papel clave en regular los flujos de capital a nivel global, y han tenido una influencia notable en Amrica Latina. Segn las posturas convencionales, estas ca-lificadoras ofrecen una evaluacin externa y objetiva del riesgo de una inversin. Se en-tiende ese riesgo como las posibilidades de poder recuperar el dinero invertido y asegurar la rentabilidad. Esas evaluaciones se apoya-ran, segn la visin convencional, en anlisis rigurosos y externos, tanto a los inversores como a quienes toman los prstamos, y por lo tanto ofreceran una visin independiente.

Sus formas ms conocidas de operar son otor-gando calificaciones a los pases (expresado en letras, tales como AAA), o bien bajo un ndice de riesgo pas (que aparece como un nmero). Por ejemplo, la calificadora Fitch asigna una A para Chile (mxima nota), mien-tras que Ecuador recibe un RD (que es la pe-nltima nota, indicando suspensin parcial de pagos). En cuanto al riesgo, por ejemplo en Brasil es bajo (en el orden de los 470 puntos a fines de 2008), y muy alto en Argentina (1 800 puntos).

El descrdito de las calificadoras cobr noto-riedad en los ltimos aos. Un primer golpe ocurri con el derrumbe de la corporacin

energtica Enron, a pesar de sus excelentes calificaciones. Ms recientemente, estas em-presas otorgaron magnficas evaluaciones a los prstamos hipotecarios de Estados Unidos, y fueron totalmente incapaces de alertar a tiempo sobre las hipotecas txicas o la in-sustentabilidad de los bancos de inversin.

Pero a pesar de todo siguen presentes, pre-miando y castigando, y afectando la dinmi-ca de la deuda externa. Por ejemplo, tras la decisin del gobierno ecuatoriano de declarar invlida parte de su deuda externa, las cali-ficadoras reaccionaron, disparando las califi-caciones de riesgo hasta el nivel de los 4500 puntos (casi tan altos como los observados al inicio de la crisis argentina en 2001).

El control del capital

Las calificadoras de riesgo, ms all de su dis-crecin, en realidad desempearon un papel clave en regular y controlar los flujos de ca-pital. Operan en ms de cien pases y evalan miles de empresas. Si se contaba con su visto bueno, un pas o una empresa poda aspirar a recibir inversiones. Cualquier crtica que par-ta de sus oficinas terminaba impactando en re-ducir el ingreso de capitales, y en muchos casos obligaba a que los gobiernos modifiquen sus po-lticas (por ejemplo, reduciendo la cobertura social o aumentando las tasas de inters). Los gobiernos deseaban ser serios en su manejo macroeconmico, para as alcanzar la codicia-da calificacin de investment grade.

El poder simblico es enorme; recordemos que el presidente de Brasil, Lula da Silva, celebra-ba en abril de 2008 la obtencin del grado de inversin afirmando que traduciendo esto a un lenguaje que todos entendieran, significa-

Eduardo Gudynas es investigador en CLAES / D3E, un centro de investigacin y promocin del desarrollo sostenible. Ms informaciones

sobre el riesgo pas en www.EconomiaSur.com.

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ba que Brasil fue declarado un pas serio, con polticas serias, siendo una conquista del pueblo, avalando que pasamos a ser dueos de nuestra nariz y podemos determinar las po-lticas ms convenientes.

La crisis de las calificadoras

A pesar de sus pretensiones de rigurosidad y objetividad, las calificadoras fueron totalmen-te incapaces de predecir los desplomes en el mercado hipotecario y financiero. En Estados Unidos se preguntan si evaluaban con rigurosi-dad o si estaban ocultando la verdadera situa-cin de las hipotecas de baja calidad, cuyo de-rrumbe dio el empujn final a la actual crisis. Por ejemplo, la calificadora Moodys evalu la empresa de crditos hipotecarios ms grande de EE UU, Countrywide Financial, y a pesar de sus muchos problemas, se suavizaron los anli-sis otorgndole un puntaje alto. Eso permiti que esos paquetes de hipotecas se colaran en los mercados.

En efecto, las calificadoras alentaron la se-curitizacin de las hipotecas (agrupamiento de prstamos individuales en grandes paque-tes para ser vendidos a otros bancos e inverso-res). El complicado sistema era considerado seguro en buena medida por el visto bueno de estas agencias calificadoras. Esos paque-tes, que reciban en el ao 2006 las mejores calificaciones (triple A), a inicios de 2008 se desplomaron. El cambio de las calificaciones a la baja se hizo en muchos casos despus del desplome, con lo cual qued en evidencia la incompetencia de los procedimientos de eva-luacin, cuyo principal objetivo era alertar con anticipacin.

Muchos analistas consideran que la califica-cin se convirti en un negocio, y entonces aparecieron problemas como las evaluaciones benvolas con grandes clientes, o las denun-cias de empresas que afirmaban que esta-ban siendo calificadas sin haberlo solicitado, y esto era usado como excusa para reclamar una contratacin de servicios. Los detalles metodolgicos permanecieron en la oscuri-

dad, y los factores subjetivos eran cada vez ms importantes. Se impona la bsqueda de ganancias, ya que estas empresas cobran por sus evaluaciones y adems venden sus resul-tados. El negocio es muy fructfero, con mr-genes de ganancias operativos en la franja de 50% para Moodys (superando a las empresas ms exitosas de sectores como informtica o hidrocarburos).

Una mirada alternativa

Frente a esta situacin, el equipo de CLAES D3E est explorando evaluaciones alternati-vas. El punto de partida es abandonar la refe-rencia de las calificadoras tradicionales, don-de se toma como riesgo cero a los bonos del tesoro de Estados Unidos. La escala numrica que usan esas calificadoras expresan las tasas de inters adicionales a las que paga EE.UU., y que se considera necesaria para atraer ca-pitales.

En nuestra concepcin alternativa se recha-za esa postura, y se toma como referencia un riesgo aceptable. Por ejemplo, se conside-ra la tasa de alfabetizacin, apuntando a un 98% de alfabetizados, donde se acepta como un riesgo aceptable nicamente un 2% que no accede a la educacin. La composicin del indicador tambin es radicalmente diferente. Se incluyen dimensiones sociales, polticas y ambientales ignoradas por las empresas califi-cadoras. Adems, en la visin ortodoxa, esos otros aspectos hacen aumentar el riesgo, ya que se interpreta que pueden reducir la ren-tabilidad. En nuestro indicador alternativo, el avance en medidas sociales y ambientales, por el contrario, reduce el riesgo.

El indicador de riesgo pas alternativo comen-z a ser discutido en el Foro Social de las Am-ricas en Quito (2004). En su primera versin, se encontr que Argentina y Brasil enfrenta-ban un default socio-ambiental. En la ltima versin del indicador, calculada unos meses atrs por Carolina Villalba, se encontr que ahora son once pases los que se encuentran en default socio-ambiental. En esa condi-

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25cin estn varias naciones centroamericanas y del Caribe (por ejemplo, Rep. Dominicana y Nicaragua, con los peores indicadores), junto a Bolivia, Venezuela, Colombia y Per. Si bien Argentina y Brasil mejoraron su situacin, nin-gn pas registra niveles bajos de riesgo.

Este tipo de ejercicios sirve, por un lado, para poner en evidencia las limitaciones de los

anlisis convencionales, y por otro lado, para elaborar nuestras propias agendas de riesgos aceptables y metas del desarrollo. Sea bajo un caso u otro, debe quedar en claro que las calificadoras de riesgo convencionales siguen presentes, incidiendo directamente en la con-formacin de la deuda externa y actuando como porteros que controlan los flujos de ca-pital a nivel internacional.

Cambios para establecer relaciones deudores - acreedores ordenadas:

Hacia un Nuevo Orden de la Deuda

Kunibert Raffer

Las relaciones entre deudores y acreedores estn experimentando cambios fundamenta-les, como lo ejemplifica la Comisin de Audi-tora de la Deuda de Ecuador. Sin embargo, el cambio empez antes. Luego de que Argen-tina tuvo que declarar la cesin de pagos, en 2001, de manera unilateral propuso un recor-te sustancial a los tenedores de bonos priva-dos. Una mayora acept. Los acreedores en desacuerdo han intentado, desde entonces, apoderarse de bienes, sin tener mayor xito. Brasil y Argentina comenzaron la ola de reem-bolsos al Fondo Monetario Internacional (FMI), que sacudi la base econmica de ste. En 2005, Nigeria recibi (en palabras del Club de Pars) un tratamiento excepcional, luego de una resolucin parlamentaria que repudi las deudas por odiosas e ilegtimas.

El Sur despierta

El actual gobierno de Ecuador encarg la in-vestigacin de todos los reclamos por deudas a una comisin de auditora, cuyo documento final fue presentado recientemente. Por pri-

mera vez, queda claro que la cuestin no es si un deudor puede pagar, sino si debe pagar. De hecho, la revisin de los prstamos no es algo nuevo. Hace ms de dos dcadas, Costa Rica ahorr casi el 10% de los intereses en mora, mediante la verificacin, prstamo por prs-tamo, de los intereses vencidos reclamados por los bancos. En ese entonces, se trataba de comprobar si los clculos eran correctos; ahora se est verificando la legalidad de los ttulos. Este es un cambio monumental. En la actualidad, otros pases estn considerando seguir el ejemplo de Ecuador. Despus de d-cadas de infructuosa gestin de la deuda bajo imposicin de los acreedores -que ha perju-dicado a las economas deudoras, violado el Estado de Derecho y provocado miseria, como el aumento de la mortalidad infantil- hoy el Sur comienza a tomar iniciativas propias.

Los gobiernos del Norte parecen estar relati-vamente indiferentes frente al fracaso de su gestin de la deuda. La nica exc