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Gobernación del Meta, Oficina Promotora de Paz, Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del departamento del Meta, Carrera 33 38-02 Edificio de la Gobernación 3er. Piso, Teléfono 6714370, email: [email protected], Página web: www.meta.gov.co
VISOR 2005-2008 – Cuarta edición DERECHO HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO EN EL META 2005-2008
Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Meta Herramienta para la interpretación, análisis y formulación de recomendaciones para la prevención de
violaciones a los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en el Departamento del Meta
GOBERNACIÓN DEL META
Oficina Promotora de Paz
Gobernador del Meta Jefe Oficina Promotora de Paz
Elaborado por:
Fundación IMPACTO [email protected]
Consultora Asistente
DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ CARLOS PARDO ALEZONES Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Meta AURA MIREYA RESTREPO BENJUMEA Lady Isolé Ortíz Martínez
Comité Técnico del Observatorio
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Departamento de Policía Meta
Dirección de Fiscalía del Meta
Acción Social
ICBF
Redacción y revisión del documento
GERMÁN ALBERTO DE LA HOZ Sociólogo candidato a Doctor en Sociología Jurídica. MARCO TULIO AVENDAÑO Comandante Policía MARIA ELISA ROCHA CUBILLA Directora DIANA SOFIA MORENO ROJAS Profesional CARLOTA MÁRQUEZ HIGUERA Directora Regional GERMÁN ALBERTO DE LA HOZ ASDRUBAL QUIROGA JOSE RAFAEL CALIZ
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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACION .................................................................................................................. 3
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 4
MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................... 5
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario .......................................... 5
Homicidios según motivo o razón..................................................................................... 6
¿Lo que no podemos contar no existe? ............................................................................ 7
SECCION 1: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO EN EL META, 2005 – 2008 ..................................................................... 9
1. Homicidios .................................................................................................................. 9 Evolución de la tasa de homicidios ................................................................................. 9 Comportamiento de la tasa de homicidios en el territorio 2005-2008 .......................... 13
2. Masacres ....................................................................................................................... 16
3. Secuestro ....................................................................................................................... 17
4. Terrorismo ................................................................................................................... 20
5. Amenazas ...................................................................................................................... 21
6. Grupos vulnerables ..................................................................................................... 22
7. Desplazamiento Forzado ............................................................................................. 23
8. Minas Antipersonal ..................................................................................................... 28
9. Desaparición forzada ................................................................................................... 32
10. Ejecuciones extrajudiciales ....................................................................................... 34
11. Otras infracciones al derecho humanitario ............................................................. 35 11.1. Reclutamiento forzado de menores ..................................................................... 35
SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS SOCIOESPACIALES Y CONTEXTO DEL
CONFLICTO ARMADO ...................................................................................................... 40
1. Desmovilizaciones .................................................................................................... 40 1.1. Desmovilizaciones individuales ........................................................................ 41
1.2. Después de las desmovilizaciones ..................................................................... 41
2. Intensidad de La Confrontación ............................................................................ 45
CONCLUSIONES ................................................................................................................ 46
RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 46
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PRESENTACION Como se establece en la plataforma estratégica del Plan de Desarrollo del departamento "UNIDOS GANA EL META‖, se debe cimentar un gran acuerdo más humano e incluyente, colectivo, creíble y estratégico, que asuma la función pública como una herramienta esencial para el cumplimiento de los propósitos comunes. El trabajo que ponemos a consideración de la opinión pública, departamental, nacional e internacional, es la mejor demostración de ello, es un esfuerzo plausible de integración y coordinación interinstitucional que permitió la obtención de unas cifras confiables y coherentes, que permiten no solo la libre interpretación de ellas; sino también, el trazar políticas y estrategias hacia unos programas sociales y de seguridad que permitan un mayor y mejor nivel de articulación en la destinación e inversión de recursos públicos y privados en el Departamento, con base en este documento resultado de una seria y responsable investigación apoyada por instancias del sector público. Para el gobierno que presido, es de gran satisfacción observar cómo el desenvolvimiento del conflicto interno del País, con grupos ilegales al margen de la ley, si bien es cierto que se vive con gran intensidad en el Departamento, este no es, de ninguna manera, indicador de obstrucción al desarrollo y progreso del Departamento, ni se convierte en factor desestabilizador de las instituciones democráticas. Nuevamente y con base en esta publicación, invitamos a los institutos del orden nacional y organismos internacionales a buscar de una manera concertada, como presupuesto de una democracia amplia y participativa, la formulación de propuestas de políticas públicas, que en su proceso de implementación de manera coordinada, conduzcan al respeto y garantía de los Derechos Humanos y el DIH en nuestro Departamento. Este documento nos lleva a colegir acerca del camino que debemos transitar y el esfuerzo que debemos realizar en la búsqueda de la tolerancia y la convivencia de una manera coordinada e integral porque solo UNIDOS GANA EL META y el PAÍS.
DARIO VASQUEZ SANCHEZ Gobernador del Meta
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INTRODUCCIÓN El Observatorio de Derechos Humanos, DD-HH y del Derecho internacional Humanitario DIH del departamento del Meta, reúne y analiza información de distintas fuentes, algunas oficiales y otras de organizaciones especializadas en temas específicos, lo que nos permite observar un horizonte más amplio del conflicto sociopolítico que padece nuestro territorio. Conforme a la evolución histórica de las violaciones a los DD-HH y las infracciones al DIH, se han incluido nuevas variables y categorías de análisis. De esta manera, en la primera edición en el año 2006, se consideraron variables básicas como: homicidio, masacres, secuestro, extorsión, desplazamiento forzado, terrorismo, desaparición forzada, amenazas y minas antipersonal, siendo particularmente elevada la tasa de homicidios en todo el Departamento. En el 2007, debido al incremento en el número de denuncias por falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, hubo necesidad de incluir ―homicidios en personas protegidas por el DIH‖; de igual modo, en el boletín del primer semestre de 2008 se adiciona ―desmovilizaciones‖. En esta cuarta edición de VISOR, se analiza el consolidado de los últimos cuatro años y se incluye el tema del desplazamiento forzado de menores debido a las crecientes denuncias recibidas en las personerías municipales, sobre vinculación de jóvenes al conflicto sociopolítico por parte de los grupos armados, mediante su utilización como informantes, correos humanos, en actividades de propaganda contrainsurgente y en combates, especialmente en la región del Ariari. La consolidación de la información, validación de las cifras y análisis de los datos, se presenta como un intrincado ejercicio de aproximación interinstitucional, debido, entre otros aspectos, a la gran dispersión de los mismos; a la renuencia de algunas instituciones para ceder la información disponible y a la dificultad de convalidarla con otras organizaciones locales que obtienen sus propios registros con enfoques metodológicos diversos. De hecho, estas fuentes primarias no tienen cobertura en todo el territorio, ni funcionarios especializados para recolectar la información en cada una de los municipios y zonas rurales dispersas del departamento, lo cual constituye otro escoyo a superar. Si a esto agregamos, el temor de la población y de los familiares de las víctimas para reeditar sus experiencias de violencia, el panorama sobre la consolidación de la información se hace más complejo, dificultando la clasificación de los datos en grupos de variables de tiempo, persona, lugar y circunstancias de los hechos. En consecuencia, en este documento el lector encontrará una descripción analítica de las acciones y tendencias en cuanto a violación de los DD-HH e infracciones al DIH por parte de actores y agentes del conflicto sociopolítico. Y aunque reconoce las limitaciones de su alcance en cuanto a cobertura territorial, resulta un instrumento imprescindible como línea de base en el análisis y estudio de nuestra realidad regional, para de esta manera allanar el camino hacia un nuevo conocimiento que nos permita llegar a soluciones tanto políticas como humanitarias. Para una mejor comprensión del documento, se dividió en dos secciones: una específica de cifras estadísticas, donde se muestran las violaciones de los derechos a la vida, la libertad, la integridad, y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas en el Departamento del Meta, iniciando por una descripción conceptual de la variable en el
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en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho internacional Humanitario y acompañadas de un breve análisis de cada una de las 11 variables. Una segunda sección acerca de las características socioespaciales y el contexto del conflicto armado, donde se referencia geográficamente la presencia de los actores armados sus efectos. De otro lado, el período de tiempo seleccionado, 2005 – 2008, tiene como punto de partida la consolidación y ajuste metodológico de las cifras del DANE del censo 2005 (proyecciones de población), así como la información disponible de las entidades aportantes, lo cual permitió el cálculo de las tasas de homicidio y otros delitos en forma más precisa. Es importante destacar que las cifras reportadas fueron validadas por el Comité Técnico del Observatorio, conformado por cada una de las entidades que proporcionaron información. Después de su análisis, las recomendaciones fueron realizadas con la finalidad de tener un instrumento técnico que sirva de base para la formulación de política pública en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
MARCO CONCEPTUAL De acuerdo al contenido del documento, es importante establecer algunos elementos conceptuales que permitan tener una mejor comprensión en relación con la violación del derecho a la vida, a la libertad y la integridad y lo que ello representa. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos son dos ordenamientos jurídicos diferentes pero complementarios. La finalidad de ambos es hacer que se respeten y garanticen a partir de la prevención y protección los derechos de las personas. Los derechos humanos son inherentes al ser humano y protegen a las personas en todas las circunstancias, en tiempo de guerra y de paz. El derecho internacional humanitario sólo se aplica en situaciones de conflicto armado. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
―Por violación a los Derechos Humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos‖ “En este escenario de violación a los DH o infracciones al DIH, se exponen formas complejas de homicidios por cuanto revelan información susceptible de censura o que no se conoce, lo cual fomenta la impunidad y dificulta la administración de justicia por parte del Estado exacerbando los efectos más perversos del conflicto” (2). Desde este punto de vista, como lo veremos a continuación, se identifican tres tipos de acciones contra la vida1
1 En la clasificación del CINEP, la categoría vida corresponde a víctimas fatales. Las otras dos son
integridad y libertad
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que reflejan conductas violatorias de los DD-HH y del Derecho Internacional Humanitario en el contexto de la violencia sociopolítica. Primero, las que resultan de la acción de agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades estatales. Muchas de las masacres y ejecuciones extrajudiciales se cobijan bajo esta categoría. En este caso se tipifica como infracciones al DIH. En tal sentido, el Código Penal Colombiano, muestra concordancia con la norma internacional al determinar como condición agravante en el delito de homicidio ―el estado de indefensión e inferioridad de la víctima, características en todas las masacres y ejecuciones extrajudiciales. Segundo, las victimas de acciones bélicas, cuando estas se ajustan a las normas o costumbres de la guerra; y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cuando se aparta de las normas que regulan los conflictos armados. Las víctimas fatales y no fatales de las minas antipersona o munición sin explotar, son un buen ejemplo de esta categoría de infracciones al DIH. Tercero, las víctimas de la violencia político social. ―Dentro de esta categoría se clasifican algunas prácticas de la insurgencia y las AUC, que en estricto sentido no se pueden calificar como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, tales como el secuestro y algunas prácticas de ―limpieza social‖, pero que se originan en un evidente móvil político‖. Homicidios según motivo o razón En esta clasificación encontramos tres categorías que dan cuenta de la relación entre criminalidad y conflicto armado: 1. Instrumental2 , cuando se ejerce con fines específicos como el control sociopolítico, territorial o económico a gran escala; 2. Aleatoria cuando sucede de manera fortuita en acciones contra el patrimonio y bienes de los ciudadanos (atracos callejeros, hurto a residencias, por ejemplo); y 3. Impulsiva cuando sucede como resultado de relaciones interpersonales disfuncionales expuestas a factores de riesgo latentes y manifiestos (por ejemplo las riñas en cuyo factor desencadenante es el alcohol y las drogas). El homicidio instrumental se asocia a la existencia de grupos armados ilegales (guerrilla – paramilitares) y a redes delincuenciales ―organizadas‖ que operan de forma independiente o al servicio de estructuras criminales. Las redes delincuenciales captan bandas urbanas, las que a su vez vinculan delincuentes comunes. Estos últimos son el sustrato en las calles del crimen organizado, el cual no demanda un volumen importante de homicidios para el logro de sus fines, es decir, actúa sobre individuos específicos: no requiere del exterminio generalizado de personas, sino que es focalizado, selectivo y altamente especializado (sicariato). El homicidio aleatorio está asociado a la delincuencia común, que opera independientemente con algún nivel de especialización; y a personas en condición de segregación socio espacial. En estos casos, los homicidios y las lesiones interpersonales se suscitan en medio de situaciones como atracos, y enfrentamiento de grupos o pandillas.
2 Tiene alguna relación con la violencia político social definida por el CINEP.
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Es aleatorio por dos circunstancias específicas que pudieron ser corroboradas durante observaciones de campo y en los testimonios y registros de las autoridades de policía. La primera, que el agresor escoge a su víctima al azar sopesando la probabilidad de éxito entre un amplio grupo de posibles víctimas: juega más la oportunidad que ésta ofrece para que se ejecute sobre ella el delito. La segunda, que el agresor no va tras de su víctima para matarla: la intención inicial puede ser el atraco u otro fin generalmente económico, pero en la acción, los hechos concluyen de manera fatal dependiendo de la reacción del atacado. El homicidio impulsivo se caracteriza por la exposición de victimas y agresores a factores de riesgo3 no resueltos en el tipo de relaciones establecidas bien sean en la familia, el vecindario, el trabajo u otros escenarios y contextos. No obstante, es la violencia impulsiva la que explica el mayor número de homicidios en las grandes ciudades de Colombia. De hecho, las cifras según circunstancia por barrio, localidad o comuna y ciudad del hecho caracterizan la dimensión socioambiental del homicidio y muestran cómo las riñas aportan el mayor número de éstos. Además, el trabajo de campo realizado durante varios años en los llamados puntos calientes o críticos, reveló que las personas involucradas en riñas se encontraban bajo el efecto de sustancias psicoactivas. En resumen, se puede afirmar que el homicidio es el resultado de estos tres tipos de violencia. Sobre la aleatoria y la instrumental intervienen estructuras criminales mediante las cuales se ofrecen drogas, alcohol, armas de fuego y todo tipo de bienes y servicios que disponen los mercados ilegales que, además, son utilizados para cometer homicidios en una elevada proporción. Por último, se puede afirmar que la relación entre violencia aleatoria y violencia instrumental, está determinada por la actividad y presencia de la delincuencia común. Esta alimenta y anida en ambos tipos de violencia homicida. ¿Lo que no podemos contar no existe? El homicidio común o simple, que explica cerca del 60% del total de muertes violentas en el país ha disminuido. Pero el homicidio agravado entre el cual encontramos, las masacres y ejecuciones extrajudiciales de colombianos como resultado del conflicto social y la confrontación armada, del narcotráfico y la acción de otros agentes violentos de estructuras delincuenciales organizadas, se incrementó. Tal aumento se explica porque el homicidio en Colombia es selectivo, focalizado, y altamente especializado. Las victimas se ubican territorialmente en centros urbanos o zonas rurales, preferiblemente en lugares donde se evidencia debilidad o precariedad de autoridades de Estado, la segregación, la exclusión social y las condiciones socio ambientales configuran cuadros de riesgo consistentes. Allí se concentran las acciones homicidas de las estructuras criminales que inevitablemente persiguen fines relacionados con el control político, social, territorial y económico o todos a la vez. Luego las víctimas son seleccionadas: generalmente están en ―oposición aparente o real‖ a los agentes de esas estructuras criminales. Finalmente la víctima (o víctimas) se ejecutan con altos niveles de especialización, manifiesta en el tipo de arma o mecanismo utilizado para el homicidio y la ubicación topográfica de la lesión que causa la muerte.
3 Idiosincrásicos, covariantes, conductuales, socioambientales y biológicos
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No obstante, aceptando las categorías crimen organizado y estructuras criminales, definidas por Gaitán y Llorente, vale la pena revisar el concepto organizaciones armadas al margen de la ley por cuanto explicarían mejor el comportamiento de una parte de los homicidios instrumentales en Colombia4. Por estas se entienden a los grupos paramilitares, guerrillas y otros grupos de autodefensa con alguna tendencia ideológica y en oposición, quienes contratan los servicios del crimen organizado y/o estructuras criminales, que a su vez se nutren de la delincuencia común con fines económicos, sin descartar móviles políticos (como algunos secuestros). La diferencia entre estas dos categorías que producen homicidios instrumentales puede ser muy sutil pero bastante significativa. Es lo que se conoce como ―conexiones y resortes entre crimen organizado y confrontación armada.‖ De esta manera, en su lucha por el control social y territorial, los agentes del conflicto y actores armados intimidan a la población civil al punto de que prácticas violentas derivadas del tipo de relaciones interpersonales de la vida cotidiana, han sido remplazadas por un nuevo ordenamiento socioespacial y económico amparado en el control social de grupos y estructuras armadas al margen de la ley (paramilitares, guerrillas y delincuencia organizada) en las zonas urbana y rural del territorio nacional. El terror infundido por estas organizaciones modificó patrones de conducta, ahora permeados por el miedo. En consecuencia, la gente ya no se mata comúnmente con la misma intensidad que hace dos décadas aunque los motivos del homicidio común siguen siendo los mismos (riñas, pasiones, ajuste de cuentas, intolerancia, otros). Para dar consistencia a esta afirmación, se compararon las bases de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del CINEP, en un período específico: 1 de enero al 30 de junio de 2005; apenas un semestre. La revisión se hizo manual, registro por registro. Los resultados y las conclusiones de este ejercicio, se presentan como sigue: De las víctimas identificadas por el CINEP, con sus respectivos nombres registrados en la base de datos en el período revisado, solamente el 18.4% del total (1.017) fueron reportados al Sistema de Medicina Legal, que para el mismo período (enero-junio) registró 7.035 casos de homicidio. La referencia anterior da una idea de la magnitud real del homicidio en Colombia, cuando aun son muchas las exhumaciones de fosas comunes que hace falta conocer‖. (De La hoz, 2009) Para concluir esta breve revisión teórica acompañamos la siguiente reflexión: ―El gran sueño que tenemos es que “el conflicto se acerque cada vez más a parámetros humanitarios, al menos mientras la sinrazón de una solución militar y no política y racional siga predominando, y que la sociedad guarde de alguna manera la memoria, así sea precaria o incompleta, de aquello que algún día deberá exorcizar mediante una opción histórica (…) que este tipo de violencia NUNCA MÁS vuelva a ser tolerada” (CINEP, 2008)
4 No todos son el resultado de la acción de bandas delincuenciales al servicio de otras
organizaciones armadas ilegales como guerrillas y paramilitares.
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SECCION 1: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL META, 2005 – 2008
1. Homicidios Se considera el homicidio como la manifestación más extrema de la violencia, en la manera que viola de manera irreversible el derecho a la vida, base sobre la cual reposan los demás derechos. Evolución de la tasa de homicidios En el contexto nacional, en 2005 el departamento del Meta ocupa el primer lugar en la tasa de homicidios. En 2006 ocupó el segundo lugar después de Guaviare, se ubicó en tercer lugar 2007 después de Arauca y Guaviare y para 2008 ocupó el séptimo lugar después de Atlántico, Arauca, Guaviare, Risaralda, Vichada y Valle.
Figura 1. Comparativo tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes Colombia, Meta, Villavicencio, 2005 - 2008
FUENTE: CRNV-INML, procesado: Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Meta.
Vale la pena destacar que, aunque la tendencia de la tasa departamental de homicidios por cada cien mil habitantes ha sido al descenso, siempre ha estado por encima del promedio nacional; en tanto que la tasa de homicidios de Villavicencio revela una tendencia semejante a la tasa nacional durante el periodo analizado, con un aumento significativo en 2008. Los datos de 2009 pueden mostrar una reactivación del fenómeno. De acuerdo con la información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2005 y 2008, el 34% de las muertes registradas en el Departamento del Meta, estuvieron asociadas al desarrollo de la confrontación armada, el 1% estuvo vinculada con la violencia intrafamiliar, el 2% fueron producto de riñas, venganza y delitos sexuales, el 2% estuvo relacionado delitos de seguridad ciudadana (atracos, robos). Finalmente, sobre el 61% de
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las muertes no se tuvo conocimiento de la modalidad o presunto móvil, por lo cual no se pudo establecer con qué tipo de violencia está relacionada5.
Figura 2. Homicidios en el Meta, 2005-2008
FUENTE: CRNV-INML, procesado: Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Meta.
La figura 2 muestra el comportamiento del homicidio en el departamento del Meta durante los años 2005 a 2008 que arrojó un total de 2.883 homicidios. Del 2005 al 2006 se incrementó en un 19%, mostrando un pico en el año 2006, para empezar una tendencia a la baja con una disminución del 14% hasta 2007 y un descenso rápido en adelante hasta el 2008 cuando registró un 20% menos que el año anterior. Según las modalidades de homicidio establecidas por el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, la más utilizada es el sicariato: en el año 2006 ocurrieron 210 casos, en el 2007 se produjeron 231 y en el 2008 se registraron 206. En el año 2005 el primer lugar lo ocupo la modalidad de la agresión (muertes en combate, ataque, tortura, riña, minas) con 230 homicidios versus 92 de sicariato. Se puede decir que en el año 2005 mueren por homicidio 60 personas cada mes, o sea 2 personas por día, en el 2006 mueren 71, en el 2007 mueren 61 y en el 2008 mueren 49 personas en un mes.
Durante el período establecido la razón de muertes en el departamento es de 13 hombres por 1 mujer y los grupos de edad más afectados están entre 18 y 44 años (85% del total de homicidios), siendo la población económicamente activa más importante.
5 Se consideran muertes asociadas al desarrollo de la confrontación armada aquellas muertes en combate fruto de enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Pública y subversivos o integrantes de las autodefensas, homicidios selectivos cometidos por miembros de los grupos armados ilegales, enfrentamientos entre agrupaciones ilegales, muertes por terrorismo y minas. antipersonal. Por su parte son muertes vinculadas con la delincuencia organizada, las muertes en
combate contra integrantes de bandas delincuenciales y bandas criminales y homicidios cometidos bajo la modalidad de sicariato.
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Figura 3. Homicidios según actividad, Meta 2005-2005.
FUENTE: CRNV-INML, procesado: Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Meta.
Del total de muertes violentas en el departamento del Meta 34% están asociadas directamente a la violencia sociopolítica, es decir, provienen directamente de la confrontación armada. De este 34%, el 53% se deriva directamente de la acción militar, 3% de la acción paramilitar, 19% de la acción guerrillera, 24% de enfrentamiento armado, 1% del terrorismo y el resto de violencia contra grupos vulnerables y marginales. En la figura 3, el 26% de las personas fueron muertas en combate, como resultado del incremento de las acciones desplegadas por parte de la Fuerza Pública, en el marco de la Operación Emperador, puesta en marcha desde 2005.
Cuadro 1. Homicidios por municipio 2005-2008
MUNICIPIO 2005 2006 2007 2008 Total
VILLAVICENCIO 154 167 150 156 627
VISTAHERMOSA 90 116 83 64 353
LA MACARENA 56 82 115 63 316
PUERTO RICO 45 86 95 34 260
GRANADA 55 57 48 46 206
ACACIAS 30 58 50 33 171
SAN JUAN DE ARAMA 51 25 12 12 100
PUERTO LOPEZ 10 28 44 13 95
URIBE 3 32 9 39 83
PUERTO LLERAS 35 25 12 4 76
MESETAS 19 20 14 9 62
PUERTO CONCORDIA 36 15 3 7 61
SAN MARTIN 13 15 12 21 61
MAPIRIPAN 3 9 23 18 53
PUERTO GAITAN 11 23 6 11 51
FUENTE DE ORO 11 18 14 6 49
LEJANIAS 23 15 6 2 46
EL CASTILLO 17 6 5 10 38
GUAMAL 14 10 5 4 33
CUBARRAL 6 9 3 6 24
12
CUMARAL 4 5 6 9 24
CASTILLA LA NUEVA 7 8 1 7 23
RESTREPO 11 5 2 3 21
EL DORADO 9 7 2 18
BARRANCA DE UPIA 1 4 10 2 17
SAN CARLOS DE GUAROA 2 1 8 11
CABUYARO 1 2 3
SAN JUANITO 1 0 1
Total homicidios por año 715 848 733 587 2883 FUENTE: CRNV-INML, procesado: Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Meta.
Para una mejor comprensión en el análisis del homicidio por municipio, se sumaron los del periodo 2005-2008 y se ordenaron de mayor a menor el número de casos. El cuadro anterior permite observar que Villavicencio concentra el más alto registro de homicidios (22%) del Departamento. Le siguen de lejos los municipios del Ariari: Vista Hermosa, La Macarena y Puerto Rico. Sin embargo, para facilitar la comparación se usa la tasa de homicidios6 por cien mil habitantes. Así, al tener en cuenta la población que habita en cada municipio y estimar la tasa se observa como Vista Hermosa ocupa el primer lugar en el año 2006 y su tasa de homicidios es 14 veces el promedio nacional (38). Además ese año, casi todos los municipios del Meta están por encima de la tasa nacional, excepto los municipios de: Cumaral, San Carlos de Guaroa, Cabuyaro, Calvario y San Juanito. Este indicador facilita la comparación y dimensiona la magnitud de la misma, ya que no es lo mismo que en Villavicencio, donde había 390.293 habitantes en el año 2006, mueran por homicidio 43 personas de cada 100 mil, a que en Vista Hermosa que tenia 21.554 habitantes en el mismo año, mueran por homicidio 116 personas.
Cuadro 2. Tasa de Homicidios Municipios del Meta 2005-2008
MUNICIPIO 2005 2006 2007 2008
VISTAHERMOSA 427,59 538,18 377,53 285,36
PUERTO RICO 259,10 489,58 536,42 190,52
LA MACARENA 231,75 327,38 444,74 236,12
SAN JUAN DE ARAMA 553,27 272,57 131,20 131,51
PUERTO LLERAS 328,15 235,14 113,51 38,11
URIBE 24,04 248,74 68,16 287,65
MESETAS 177,65 186,43 129,79 82,96
EL CASTILLO 247,27 87,72 73,69 148,48
EL DORADO 273,47 211,42 60,08 0,00
BARRANCA DE UPIA 31,28 121,99 298,86 58,50
LEJANIAS 240,64 157,20 62,88 20,97
CUBARRAL 116,46 172,05 56,51 111,34
6 Tasa de homicidios: corresponde al número de casos ocurridos en un periodo en una localidad determinada,
multiplicado por cien mil y dividido entre el número de habitantes de esa localidad en ese mismo periodo.
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FUENTE DE ORO 99,35 159,14 121,55 51,11
GRANADA 109,62 111,15 91,48 85,73
MAPIRIPAN 22,68 65,94 164,00 125,04
PUERTO CONCORDIA 225,51 91,53 17,80 40,40
GUAMAL 157,36 111,98 55,67 44,30
PUERTO LOPEZ 34,73 95,67 147,86 42,99
CASTILLA LA NUEVA 99,05 109,54 13,26 90,00
ACACIAS 55,33 104,46 87,82 56,54
PUERTO GAITAN 63,56 131,68 34,08 62,05
SAN MARTIN 60,89 69,36 54,60 94,05
RESTREPO 108,08 48,87 19,45 29,03
VILLAVICENCIO 40,50 42,79 37,46 37,98
SAN CARLOS DE GUAROA 0,00 29,19 14,06 108,23
CUMARAL 24,13 29,89 35,53 52,84
CABUYARO 0,00 27,09 53,72 0,00
SAN JUANITO 53,65 0,00 0,00 0,00
FUENTE: CRNV-INML
Tasa más alta
Segunda tasa
Tercera tasa
Para evidenciar mejor los municipios más afectados por homicidios, en la columna por cada año se resaltó en rojo la tasa más alta, en naranja la siguiente y en amarillo la tercera más crítica. De esta manera, podemos decir que el municipio de mayor tasa en el año 2005 fue San Juan de Arama con una tasa de 553,2 homicidios por cien mil habitantes; en el año 2006 fue Vista Hermosa con 538,2; en el año 2007 fue Puerto Rico con 536,4; y en el año 2008 fue Uribe con una tasa de 287,6 homicidios por cien mil habitantes. En general, en el periodo analizado los municipios con tasas más altas son los de la región del Ariari: Vista Hermosa, Puerto Rico, La Macarena, San Juan de Arama, Puerto Lleras, Uribe, Mesetas, el Castillo, el Dorado y Mapiripán. Esto se puede evidenciar mejor en los mapas que muestran el comportamiento espacial del desplazamiento y evolución del conflicto en el departamento del Meta. No está demás señalar que la tasa de homicidios, históricamente, ha sido determinante para revelar la magnitud del conflicto armado y la criminalidad en Colombia. Comportamiento de la tasa de homicidios en el territorio 2005-2008
Los mapas que se muestran a continuación se rigen con las convenciones mostradas en este cuadro
HOMICIDIOS COLOR
0 50 Verde oscuro
51 100 verde claro
1001 200 amarillo
201 350 naranja
351 560 Rojo
14
Mapa 1. Tasa homicidios año 2005
Mapa 2. Tasa homicidios año 2006
15
Mapa 3. Tasa homicidios año 2007
Mapa 4. Tasa homicidios año 2008
Fuente de datos: CRNV-INML, procesado: Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Meta, Fuente base cartográfica: IGAC, manejo del sistema georeferenciado de datos: ingeniero Cesar Calvo.
La tendencia de la tasa de homicidios en el territorio refleja una concentración de la violencia en la región de la Macarena, siendo Vista Hermosa el municipio que ocupa el primer lugar en todos los años mostrados, seguido por la Macarena, Puerto Lleras y Uribe.
16
Como puede observarse en la secuencia de mapas georeferenciados, el comportamiento de la tasa de homicidios obedece específicamente al resultado de las tácticas y estrategias de los actores armados en el conflicto sociopolítico (ver mapa de grupos ilegales), lo cual puede advertirse en el movimiento de la franja roja hacia el piedemonte y zonas económicamente atrayentes (entre 2005 y 2008), lo cual puede explicarse desde la teoría de localización de actividades humanas, basada en la elaboración de modelos espaciales de tipo predictivo. Para 2007 la franja amarilla revela una desaceleración de las acciones bélicas configurando un corredor estratégico, pero con tasas municipales de homicidios por encima de la nacional. Este comportamiento debe analizarse con sumo cuidado por parte de especialistas, autoridades de gobierno y autoridades militares, pues no implica que los factores de riesgo (generalmente covariantes) que desencadenaron estas escaladas de violencia hayan sido resueltos, sino que permanecen ahí, latentes o manifiestos.
2. Masacres
Se denomina masacre la muerte simultánea de dos o más personas con ferocidad, barbarie e indefensión de las víctimas. Los homicidios selectivos en la actualidad se relacionan más con ajustes de cuentas y venganzas entre grupos de la delincuencia organizada, que con acciones de los grupos armados irregulares. En este sentido, las bandas criminales recurren a las ejecuciones colectivas como medio de venganza, y apoderarse del territorio, para demostrar poder y hacer ―purgas‖ dentro de las mismas organizaciones, todo lo anterior orientado al control de negocios ilegales. Así mismo, en muchos casos, aunque las masacres tengan una finalidad específica, estas agrupaciones terminan actuando de forma indiscriminada, por lo cual en proporciones considerables se victimizan personas fuera del conflicto, lo cual ya es
objeto de revisión por parte de la Corte Penal Internacional.7 En el cuadro siguiente se muestran los datos fragmentarios de las ejecuciones extrajudiciales colectivas ocurridas durante el período observado.
Cuadro 3. Eventos de masacre por municipio, Meta 2005-2008
MUNICIPIO 2005 2006 2007 2008 Total
VILLAVICENCIO 1 1 2
VISTAHERMOSA 2 2
PUERTO RICO 1 1
CUBARRAL 1 1
GUAMAL 1 1
MESETAS 1 1
PUERTO LOPEZ 1 1
SAN JUAN DE ARAMA 1 1
Total general 1 4 0 4 10
Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
7 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
17
Cuadro 4. Víctimas de masacre por municipio, Meta 2005-2008
MUNICIPIO 2005 2006 2007 2008 Total
VISTAHERMOSA 11 11
VILLAVICENCIO 4 4 8
CUBARRAL 6 6
GUAMAL 4 4
MESETAS 4 4
PUERTO LOPEZ 4 4
SAN JUAN DE ARAMA 4 4
PUERTO RICO 4 4
Total general 4 18 0 19 45 Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República
En el informe de riesgo 032 de 2007 emitido por de la Defensoría del Pueblo se da cuenta de una masacre de cuatro campesinos en la vereda Mata Bambú (Vistahermosa) a manos de paramilitares ocurrida el 05 de enero de 2006. El mayor número de víctimas tuvo lugar en 2008, con un total de 19 personas ejecutadas, entre ellas un menor de 17 años de edad, en 4 eventos diferentes registrados en los municipios de San Juan de Arama (4 de agosto y 27 de noviembre), Vistahermosa (31 de octubre) y Villavicencio (28 de diciembre). El 2008 dejó el mayor número de víctimas, cuando desconocidos ejecutaron cuatro masacres bajo la modalidad de sicariato, en las cuales murieron 19 personas, entre ellas un menor de 17 años de edad. Los eventos se registraron en los municipios de San Juan de Arama (4 de agosto y 27 de noviembre), Vistahermosa (31 de octubre) y Villavicencio (28 de diciembre).
3. Secuestro
Etimológicamente la palabra secuestro tiene su origen en el vocablo latino sequestrare, que significa "apoderarse de una persona para exigir rescate, o encerrar a una persona ilegalmente". Además se conoció en la antigüedad con la denominación de "plagio", término que se refiere a una "red de pescar" (Fundación País Libre, 1999). El secuestro constituye una violación a los derechos humanos, que atenta contra la libertad, integridad y tranquilidad de las familias víctimas del delito. Igualmente, es una violación a los artículos 1, 3, 5 y 9, hallados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217ª (III) del 10 de diciembre de 1948 que rige actualmente. Por lo tanto, el secuestro no solo afecta a la víctima sino a la familia en general; ya que éstos son sometidos a lo que los psicólogos, que trabajan el duelo, conocen como el proceso de la "muerte suspendida", que es la angustia que caracteriza al secuestro, y que se suma a lo que los juristas llaman la pérdida de libertad (Fondelibertad). Ahora bien, el enfoque del secuestro desde la perspectiva psicológica tiene un valor de denuncia de la violación de la integridad de los afectados. Muestra que el secuestro no se
18
reduce a la mera pérdida arbitraria de la libertad por un sector de la sociedad civil, o un resultado más de la lucha política que vive el país; sino que es uno de los componentes preponderantes de la guerra. Este enfoque resalta la parte psicológica del enfrentamiento armado, mostrando que el secuestro produce terror en los secuestrados y en quienes lo rodean; desorienta y tiende a provocar inacción y un sentimiento de impotencia en la población civil (Fondelibertad,1999)8.
El departamento del Meta ocupa el segundo lugar en número de secuestros, después de Antioquia que registró 49 plagios, con una participación del 9% en total nacional en el año 2008.
Cuadro 5. Participación del Meta en el total de Secuestros del País, 2005-2008
2005 2006 2007 2008
Meta 85 75 17 41
Colombia 800 687 230 437
Participación % 11% 11% 7% 9% Fuente: Fondelibertad, Marzo 2009 Procesado: ODH
Los 218 secuestros perpetuados en el Meta durante el periodo analizado representan el 10% del total nacional, el año con menor número de plagios fue el 2007 con 17 que representan el 7% del total nacional. Desde 2005 se redujeron sustancialmente los plagios en el Departamento, pero infortunadamente en 2008 se incremento tal como fue señalado anteriormente.
Cuadro 6. Victimas de secuestro, municipios del Meta 2005-2008
2005 2006 2007 2008 TOTAL
VILLAVICENCIO 39 38 3 16 96
GRANADA 6 8 2 1 17
URIBE 9 1 2 12
CUBARRAL 1 10 11
PERTO LLERAS 6 1 3 1 11
VISTAHERMOSA 5 2 2 1 10
FUENTE DE ORO 6 1 7
EL CASTILLO 2 4 6
CUMARAL 5 1 6
PUERTO GAITAN 3 2 1 6
PUERTO RICO 4 1 1 6
ACACIAS 1 2 1 4
PUERTO LOPEZ 1 2 1 4
LEJANIAS 2 1 3
MESESTAS 2 1 3
SAN JUAN DE ARAMA 1 1 1 3
8 Tomado de: “Fundación País Libre. En: el portal del secuestro. www.elsecuestro.freeservers.com”
19
SAN MARTIN 2 1 3
RESTREPO 2 2
CABUYARO 2 2
GUAMAL 2 2
LA MACARENA 1 1 2
PUERTO CONCORDIA 1 1 2
Fuente: Fondelibertad, 2009
Para 2008, se presentó un incremento de 141% en el departamento del Meta donde, al pasar de 17 casos en 2007 a 41. El municipio más afectado fue Villavicencio, puesto que allí fueron secuestradas 16 personas por integrantes de la delincuencia común y por personas aún sin identificar en hechos relacionados con el hurto de automóviles, objetos personales e intimidaciones para obtener información. El segundo municipio más afectado fue Cubarral, debido al secuestro de 10 personas por parte de guerrilleros del frente 26 de las Farc, en la vereda Arrayanes del corregimiento Puerto Gómez. Estos plagios ocurrieron el 20 de diciembre de 2008 y después de 26 días, las víctimas fueron dejadas en libertad en la vía que conduce de ese municipio a Bogotá.
Durante el periodo 2005–2008, en Meta se registraron 218 secuestros en Fondelibertad, sin embargo, después de la depuración de la base de datos en abril de 2009, en el departamento del Meta 118 casos no han podido ser aclarados, porque ningún familiar ha denunciado y nadie ha hecho exigencias de dinero por su libertad. Al parecer no están secuestrados, o ya fueron liberados o quizá haya perdido la vida.
Cuadro 7. Casos de secuestro en investigación
MUNICIPIO CASOS EN BUSQUEDA
VILLAVICENCIO 38
GRANADA 10
PUERTO LOPEZ 8
SAN MARTIN 7
ACACIAS 6
GUAMAL 6
MAPIRIPAN 6
EL CASTILLO 5
VISTA HERMOSA 5
PUERTO GAITAN 5
PUERTO LLERAS 4
MESETAS 3
RESTREPO 3
SAN JUAN DE ARAMA 3
PUERTO CONCORDIA 2
SAN CARLOS DE GUAROA 2
CUBARRAL 1
FUENTE DE ORO 1
URIBE 1
LEJANIAS 1
20
PUERTO RICO 1
Total 118 Fuente: Fondelibertad, 2009
La información sobre la situación actual de las víctimas se encuentra en proceso de verificación, por esta razón puede presentar variaciones en informes futuros. En los últimos años el Gobierno nacional, la Fuerza Pública y organizaciones de carácter humanitario han redoblado los esfuerzos, para lograr la libertad de los secuestrados, lo que ha dado sus frutos con la liberación de varias personas entre militares y políticos.
4. Terrorismo Se parte del concepto, terrorismo, como la capacidad estratégica de organizaciones clandestinas ilegales, paraestatales o no, y criminales para infundir terror, pánico o miedo sobre poblaciones o sectores económicos, políticos y sociales, con la finalidad de desestabilizar, disminuir o destruir, física o moralmente y mediante el uso de la violencia en cualquiera de sus acepciones, los ordenamientos establecidos legal y legítimamente.
Durante 2008, el 75% de los actos de terrorismo del País, se concentraron en 11 departamentos de Policía, siendo el más afectado Meta con 52 eventos de este tipo, seguido por Antioquia con una participación del 26%, con 34 eventos en 2008; Huila, con 32 eventos en 2008; Bogotá y Valle, con 25 eventos cada uno.
Cuadro 8. Eventos de Terrorismo, municipios del Meta 2005-2008
MUNICIPIO 2005 2006 2007 2008 Total
VISTA HERMOSA 17 14 4 6 41
VILLAVICENCIO 1 5 22 8 36
MESETAS 2 0 0 18 20
PUERTO RICO 6 6 1 6 19
SAN JUAN DE ARAMA 6 11 0 1 18
LA URIBE 2 2 1 7 12
LA MACARENA 0 3 4 4 11
PUERTO GAITAN 1 5 2 0 8
LEJANIAS 5 0 0 0 5
EL CASTILLO 3 1 0 0 4
PUERTO CONCORDIA 0 2 2 0 4
PUERTO LLERAS 2 1 0 1 4
GRANADA 0 1 1 0 2
CUMARAL 0 0 0 1 1
RESTREPO 0 0 1 0 1
Total 45 51 38 52 186 Fuente: CIC de la Policía Nacional, octubre de 2009
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Se registraron 186 actos de terrorismo en el periodo 2005-2008 en 15 municipios del Meta, la mayoría en Vista Hermosa y Villavicencio, seguidos de Mesetas, Puerto Rico, San Juan de Arama, La Uribe y La Macarena, entre otros. Las armas más utilizadas para causar terror en la población fueron en su orden: Minas antipersonal (50%), granadas de mano (17%), artefactos explosivos (15%), incendiarios (7%), cilindro bomba, carro bomba (3%) entre otros.
Cuadro 9. Arma utilizada en eventos de terrorismo en el Meta, 2005-2008
ARMA EMPLEADA 2005 2006 2007 2008 Total
MINA ANTIPERSONA 27 27 1 38 93
GRANADA DE MANO 3 2 22 5 32
ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA 3 10 7 7 27
ARTEFACTO INCENDIARIO 6 3 3 1 13
CILINDRO BOMBA 1 3 1 1 6
CARRO BOMBA 2 3 0 0 5
GRANADA DE FUSIL 0 1 2 0 3
GRANADA DE MORTERO 2 0 1 0 3
CASA BOMBA 1 1 0 0 2
PAPA EXPLOSIVA 0 1 0 0 1
PAQUETE BOMBA 0 0 1 0 1 Fuente: CIC de la Policía Nacional, octubre de 2009
5. Amenazas El concepto amenaza refiere a la acción que tiene por finalidad crear en una persona un temor fundado de sufrir atentados contra su vida, integridad personal o seguridad.
Cuadro 10. Amenazas en los municipios del Meta, 2005-2008
MUNICIPIO 2005 2006 2007 2008 Total
VILLAVICENCIO 97 239 263 128 727
ACACIAS 3 52 19 26 100
GRANADA 0 39 39 22 100
PUERTO LOPEZ 7 37 22 33 99
VISTA HERMOSA 0 11 3 18 32
BARRANCA DE UPIA 0 5 6 14 25
LA MACARENA 0 5 0 19 24
CUMARAL 0 2 8 11 21
PUERTO GAITAN 0 4 12 5 21
PUERTO LLERAS 0 0 5 13 18
PUERTO RICO 0 0 2 9 11
SAN JUAN DE ARAMA 1 7 1 2 11
CABUYARO 0 7 2 1 10
22
CUBARRAL 0 1 4 5 10
CASTILLA LA NUEVA 0 3 2 4 9
FUENTE DE ORO 0 3 1 5 9
GUAMAL 0 6 0 3 9
SAN MARTIN 0 1 3 5 9
RESTREPO 0 1 2 5 8
MESETAS 0 4 0 3 7
EL CASTILLO 0 0 0 6 6
LEJANIAS 0 1 2 3 6
SAN CARLOS DE GUAROA 0 0 1 5 6
EL DORADO 0 1 0 2 3
LA URIBE 0 0 0 2 2
MAPIRIPAN 0 0 0 2 2
SAN JUANITO 0 0 1 0 1
Total 108 429 398 351 1286 Fuente: CIC Policía Nacional, octubre de 2009.
El cuadro anterior muestra las amenazas registradas por la Policía Nacional e incluye todo tipo de amenazas.
Durante el periodo analizado, las personas más amenazadas son las que tienen entre 25 y 50 años de edad; el 63% de las amenazas la reciben los hombres, especialmente los que realizan actividades como independientes, comerciante o empleado particular. También las amas de casa y los agricultores están entre los que reciben mayor número de amenazas. Además de las amenazas individuales, la población civil de los municipios donde hacen presencia constante los grupos armados ilegales también son objeto de éstas por cuanto está expuesta a hostigamientos y acciones armadas. Esto sucede en Mapiripán y Puerto Concordia, donde hace presencia las FARC. Además las comunidades que habitan los sectores rurales de Puerto Guadalupe, Remolino y Chaviva son objeto de amenazas por parte del grupo los ―cuchillos‖; la población indígena de Mapiripán y Puerto Gaitán; los campesinos de Vista Hermosa, San Juan de Arama, Puerto Rico, Puerto Lleras y en general, todos los municipios que presentan altos índices de desplazamiento forzado por acciones bélicas.
6. Grupos vulnerables
En el periodo analizado se registró la muerte de un ex alcalde, un maestro sindicalizado en el municipio de San Juan de Arama y el asesinato de José Martín Duarte, miembro del Sintrambiente, el 2 de febrero de 2008. No se registraron muertes de concejales, ni indígenas, pero, las autoridades locales, líderes comunitarios, miembros de juntas de acción comunal y sindicalistas entre otros, siguen siendo expuestos a la presión de los grupos armados, tanto por las Farc, como por los miembros de bandas criminales los grupos paramilitares, por considerarlos auxiliadores de uno u otro bando. El 16 de febrero de 2008 fue asesinado el ex alcalde de Uribe Manuel José Reina. También en 2008 fue asesinado un ex concejal en Lejanías.
23
Las comunidades indígenas sufren otro tipo de vulneraciones, entre las que se destaca el desplazamiento forzado de sus lugares de origen producto de la presión, las amenazas y el reclutamiento forzado tanto de la guerrilla como de otros grupos delincuenciales que permanecen en la región.
Cuadro 11. Desplazamiento por Expulsión de Población Indígena Municipios del Meta, 2005-2008
MUNICIPIO 2005 2006 2007 2008 Total
MAPIRIPÁN 20 14 11 247 292
VISTAHERMOSA 44 30 10 17 101
PUERTO RICO 31 8 19 7 65
MESETAS 21 6 9 16 52
PUERTO CONCORDIA 33 8
8 49
LA MACARENA 11 11 12 11 45
URIBE 2 7 12 10 31
PUERTO GAITÁN 11 3 10 4 28
VILLAVICENCIO 7 6 8 7 28
LEJANÍAS 15 2
17
PUERTO LLERAS 12 1 2 2 17
PUERTO LÓPEZ 4
6 4 14
SAN JUAN DE ARAMA 8
6
14
FUENTE DE ORO
4 4
8
CASTILLA LA NUEVA
5
2 7
GRANADA 3 4
7
SAN MARTÍN 7
7
CUMARAL 1
2 3
EL CASTILLO
3
3
CABUYARO
1
1
Total 230 109 113 337 789
Fuente: SIPOD- Registro Único de Población Desplazada RUPD
Procesado: ODH Meta
En los desplazamientos de población indígena en el año 2006 se evidencia una reducción del 52.6% con respecto a 2005, en el 2007 hubo un incremento del 3.67% con respecto a 2006, pero desafortunadamente el año 2008 presento un ascenso del 198% con respecto al año anterior.
7. Desplazamiento Forzado
Se considera desplazada ―Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualesquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras situaciones emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público‖ (Ley 387 de 1997 artículo primero).
24
Según el estudio de tendencias del desplazamiento de la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional realizado en año 2007, las principales causas del desplazamiento forzado en Colombia han sido tradicionalmente el uso de mecanismos de terror empleados de manera indiferenciada por parte de los actores armados ilegales, con el fin de expulsar o someter a la población y controlar territorios estratégicos para propósitos de sus acciones armadas. Entre las estrategias utilizadas con mayor frecuencia se encuentran las masacres, las persecuciones y asesinatos selectivos de personas acusadas de ser auxiliadores del enemigo, las incursiones armadas a pequeñas poblaciones, retenes ilegales y control de acceso a víveres y otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y la prohibición de la circulación de personas.
Además de estas estrategias, en el año 2007 el desplazamiento estuvo también asociado al reclutamiento forzado de menores, las amenazas o intimidaciones a personas, familias y comunidades; la utilización de la población civil y presiones por parte de grupos armados ilegales para evitar el avance de la Fuerza Pública en la recuperación del territorio y el uso de minas antipersona, así como los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y combates en los que se utiliza a la población civil como colchón amortiguador. El departamento del Meta ocupó el 3er lugar en expulsiones el año 2005, el 7º lugar en
2006, el 10º lugar en el 2007 y el 12º lugar en el 2008. Villavicencio es la 8ª ciudad que
más recibió población desplazada en el año 2008.
Figura 4. Comportamiento del desplazamiento forzado en el Meta, 2005-2008
Fuente: Registro Único de Población Desplazada RUPD - Fecha de Corte: septiembre de 2009 En la gráfica anterior, se puede observar que el desplazamiento por expulsión venia en ascenso hasta 2006 cuando se registraron 13.828 personas desplazadas de manera forzada (aumentó 5%) y comienza a descender pasando en 2007 a 12.167 personas (23%), culminando en 2008 con 11.115 desplazados por la violencia para una disminución de 22%). Se puede decir que en los años 2005, 2006 y 2007 el número de personas expulsadas del Departamento fue mayor al número de personas recibidas, lo que significa que algunas familias desplazadas salieron del Meta hacia otras regiones del País. En cambio, en 2008 llegaron 1017 personas desplazadas procedentes de otros lugares de Colombia.
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En el periodo analizado fueron expulsadas 56.089 personas y recibidas 52.715, equivalente al 94% de las expulsadas; es decir, 3.374 personas desplazadas de manera forzada, no regresaron al territorio.
Cuadro 12. Municipios expulsores, Meta 2005-2008
MUNICIPIO EXPULSOR 2005 2006 2007 2008 Total
VISTAHERMOSA 4496 5385 3643 2425 15949
PUERTO RICO 3813 1941 1825 1062 8641
MAPIRIPÁN 540 1372 834 1525 4271
LA MACARENA 945 1033 917 679 3574
MESETAS 852 919 589 556 2916
SAN JUAN DE ARAMA 742 948 468 340 2498
PUERTO LLERAS 568 1010 543 319 2440
VILLAVICENCIO 658 646 551 395 2250
URIBE 530 632 640 379 2181
PUERTO CONCORDIA 539 637 507 417 2100
PUERTO GAITÁN 261 394 397 250 1302
GRANADA 311 265 361 294 1231
LEJANÍAS 398 309 221 210 1138
EL CASTILLO 370 272 236 171 1049
PUERTO LÓPEZ 237 177 271 303 988
ACACÍAS 137 183 286 199 805
SAN MARTÍN 80 168 151 161 560
FUENTE DE ORO 91 103 137 58 389
SAN CARLOS DE GUAROA 69 93 87 35 284
CUBARRAL 60 59 27 94 240
GUAMAL 82 55 42 33 212
CUMARAL 47 44 57 58 206
RESTREPO 24 64 73 31 192
BARRANCA DE UPÍA 91 46 32 23 192
EL DORADO 25 40 54 21 140
CASTILLA LA NUEVA 42 23 25 36 126
CABUYARO 24 36 12 14 86
SAN JUANITO 24 16 19 9 68
EL CALVARIO 26 21 13 1 61
TOTALES 16082 16891 13018 10098 56089
Fuente: SIPOD- Registro Único de Población Desplazada RUPD Acción Social
Procesado: ODH Meta
Para el período considerado, la mayoría de los desplazamientos se concentraron en los municipios de Vistahermosa (28,4% con 15.949 personas), Puerto Rico (15,4% con 8.641 personas), Mapiripán (7,6% con 4.271 personas), la Macarena (6,4% con 3.574 personas), Mesetas 2.916 personas (5,2%), San Juan de Arama 4.5%, Puerto Lleras 4,4%, Villavicencio 4% y Uribe 3,9%, Puerto Concordia 3,7%, Puerto Gaitán 2,3% y Granada con 2,2% del total de personas desplazadas de su lugar de origen.
El incremento de operaciones en los municipios de La Macarena, Uribe y Puerto Rico incrementaron el desplazamiento, especialmente los combates en Vistahermosa, donde la situación fue realmente grave, ya que como reacción de las acciones del Ejército, las FARC sembraron minas antipersonal entre 2003 y 2006. Un ejemplo de la dureza de los combates se presento a finales de 2005 cuando las FARC atacaron a la Brigada Móvil No. 12 dejando 29 soldados asesinados.
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Algunos desplazamientos de Vistahermosa son interveredales o hacia municipios cercanos. En Mapiripán, la mayoría de la población desplazada pertenece a la etnia guayabero, quienes han tenido que huir de su territorio ancestral varias veces, pero luego retornan.
Cuadro 13. Municipios receptores, Meta 2005-2008
MUNICIPIO RECEPTOR 2005 2006 2007 2008 Total
VILLAVICENCIO 8574 5971 6539 6033 27117
GRANADA 1188 2026 1101 992 5307
VISTAHERMOSA 1474 2081 686 517 4758
ACACÍAS 915 784 757 523 2979
PUERTO RICO 892 338 464 171 1865
SAN MARTÍN 458 643 289 199 1589
SAN JUAN DE ARAMA 274 235 326 148 983
MAPIRIPÁN 29 48 171 678 926
PUERTO CONCORDIA 208 243 191 233 875
LEJANÍAS 178 260 200 154 792
PUERTO LÓPEZ 87 48 189 355 679
LA MACARENA 291 154 179 127 751
EL CASTILLO 166 161 168 96 591
CUMARAL 129 140 134 136 539
PUERTO GAITÁN 114 79 192 98 483
FUENTE DE ORO 49 119 114 113 395
BARRANCA DE UPÍA 60 50 71 98 279
PUERTO LLERAS 151 49 37 47 284
MESETAS 34 39 54 131 258
CUBARRAL 97 55 42 39 233
CASTILLA LA NUEVA 39 72 45 50 206
RESTREPO 50 46 84 33 213
GUAMAL 70 53 24 47 194
SAN CARLOS DE GUAROA 19 63 33 27 142
EL DORADO 39 29 40 15 123
CABUYARO 7 31 31 12 81
URIBE 5 8 4 34 51
EL CALVARIO 2 9 11
SAN JUANITO 6 3 2 11
Fuente: SIPOD- Registro Único de Población Desplazada RUPD
Procesado: ODH Meta
Para hacer un análisis de los municipios más críticos hemos cruzado expulsión contra recepción y hemos calculado el porcentaje de población desplazada, tomando como referencia la población proyectada por el DANE para 2008, con base en el censo 2005.
En Vista Hermosa, de los 22.428 habitantes en 2008, cerca del 71% (15.949 personas) fue desplazada y ha recibido 4758 individuos entre 2005 y 2008. Es decir, en este municipio la población se ha reducido en 50%, lo que corresponde a un total de 11.237 personas.
En Puerto Rico, de los 17.846 habitantes en 2008, cerca del 48% fue desplazada y ha recibido 1865 individuos entre 2005 y 2008. Es decir, en este municipio solo quedaría el 62% de la población total, lo que corresponde a un total de 11.070 personas.
27
En Mapiripán, de los 14.395 habitantes en 2008, cerca del 30% fue desplazada y ha recibido 926 individuos entre 2005 y 2008. Es decir, en este municipio solo quedaría el 77% de la población total, lo que corresponde a un total de 11.050 personas.
En San Juan de Arama, de los 9.125 habitantes en 2008, cerca del 27% fue desplazada y ha recibido 983 individuos entre 2005 y 2008. Es decir, en este municipio solo quedaría el 83% de la población total, lo que corresponde a un total de 7.610 personas.
En Mesetas, de los 10.849 habitantes en 2008, cerca del 27% fue desplazada y ha recibido 258 individuos entre 2005 y 2008. Es decir, en este municipio solo quedaría el 76%de la población total, lo que corresponde a un total de 8.191 personas.
En La Macarena, de los 26.681 habitantes en 2008, cerca del 13% fue desplazada y ha recibido 751 individuos entre 2005 y 2008. Es decir, en este municipio solo quedaría el 89% de la población total, lo que corresponde a un total de 23.858 personas.
En Puerto Lleras, de los 10.497 habitantes en 2008, cerca del 23% fue desplazada y ha recibido 284 individuos entre 2005 y 2008. Es decir, en este municipio solo quedaría el 79% de la población total, lo que corresponde a un total de 8.341 personas.
Los grandes centros urbanos del Departamento siguen siendo los principales receptores de población desplazada, durante el periodo analizado: Villavicencio ha visto incrementada su población en 6%, Granada en 8%, San Martín 5%, Acacías 4%, Barranca de Upía 3%, Cumaral 2% y Castilla la Nueva en 1%.
No obstante los grandes esfuerzos del gobierno nacional a través de distintos programas para la paz, en el departamento del Meta, la situación sigue siendo compleja.
Figura 5. Personas Expulsadas vs Tasa de Homicidios, Meta 2005-2008
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La Figura 5 muestra la correlación entre violencia y desplazamiento forzado. A medida que la tasa de homicidios se incrementa, tambien lo hace el desplazamiento por expulsión, encontrándo su mayor expresión en el periodo de desmovilizaciones. Después de éstas, empieza un descenso rápido de las dos variables.
8. Minas Antipersonal
Las minas antipersona (MAP) son artefactos explosivos elaborados específicamente para ―sembrarse‖ cerca, sobre o debajo de cualquier superficie. Su mecanismo ha sido concebido para activarse ante la presencia, proximidad o contacto de una persona o vehículo. Han sido diseñadas para obstaculizar, y degradar la moral de las tropas enemigas. Su principal objetivo no es matar sino incapacitar o herir a sus víctimas, causando como principales efectos amputaciones, mutilaciones, lesiones musculares y daños generales en órganos internos y externos. Tácticamente, se utilizan para retrasar el avance del enemigo o para defender territorios o infraestructura física y logística.
Cuadro 14. Frecuencia anual de eventos por Minas Antipersonal (MAP) Y Municiones sin Explotar (MUSE) en el Meta 2005-2008
Rural Urbana Total
Año Accidente Incidente Incidente
2005 81 170 251
2006 77 241 318
2007 49 199 248
2008 78 226 1 305
Total 285 836 1 1122
Fuente: Observatorio Minas antipersonal, Vicepresidencia República.
Procesado: ODH Meta
Según el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), un evento es una denominación genérica que corresponde tanto a accidentes como a incidentes por causa de minas antipersonal y municiones sin explotar. La mayoría de incidentes fueron acciones de desminado militar, seguido por incautaciones. Todos los accidentes de MAP y MUSE han ocurrido en el área rural durante el periodo mostrado, para un total de 285 accidentes que dejaron 549 víctimas.
29
Figura 6. Frecuencia anual de eventos por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE), Meta 2005-2009
Fuente: Observatorio Minas antipersonal, Vicepresidencia República Procesado: ODH Meta
En 2006 fue cuando ocurrió el mayor número de eventos por MAP y MUSE, en 2007 hubo una leve reducción en accidentes e incidentes, sinembargo en 2008 vuelven a repuntar. Para 2008, los incidentes por Map y Muse se concentraron en los departamentos de Meta, Antioquia, Arauca y Nariño. Estos cuatro departamentos concentraron el 57% del total de incidentes registrados a nivel nacional. En Meta, ocurrió el 25% del total de incidentes, en Antioquia el 21%, en Arauca el 6% y en Nariño el 5%. En este año, el 51% del total de víctimas por Map y Muse se concentraron en Antioquia (18%), Meta (18%), Nariño (8%), y Caquetá (8%).
Cuadro 15. Frecuencia anual de eventos por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE), según circunstancia
Año Accidente por MAP
Accidente por MUSE
Área minada
Área peligrosa
Desminado militar en operaciones
Incautación
Sospecha de campo minado
Sospecha de campo minado que genera desplazamiento Total
2005 80 1
121 39 10
251
2006 74 3 1
127 108 4 1 318
2007 46 3
148 51
248
2008 77 1
1 194 24 8
305
Total 313 8 1 1 662 222 22 1 1230
30
Figura 7. Frecuencia anual de víctimas por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE), Meta 2005-2009
Fuente: Observatorio Minas antipersonal, Vicepresidencia República Procesado: ODH Meta
El departamento del Meta ocupa el segundo lugar en los años 2005 y 2006 y 2008 en número de víctimas, en 2007 bajó notablemente, ocupando el 6º lugar en el contexto nacional, aunque ese mismo año, fue primero en número de eventos, por el incremento en operaciones de desminado (148).
Figura 8. Heridos y Muertos Civiles y Militares por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE), Meta 2005-2009
Fuente: Observatorio Minas antipersonal, Vicepresidencia República Procesado: ODH Meta
En la Figura 8 puede observarse que la barra verde, correspondiente a herido militar es la más sobresaliente en cada año analizado. En total fueron 528 víctimas militares (111 muertos y 417 heridos), seguido de herido civil que fueron en total 295, de los cuales 56 fueron muertos y 237 heridos, como se ve en el cuadro siguiente:
Cuadro 16. Víctimas Civiles y Militares, Meta 2005-2008
Estado Tipo de accidente Condición Total
Herido Accidente por MAP Civil 223
Fuerza Pública 417
Total Accidente por MAP 640
31
Accidente por MUSE Civil 16
Total Accidente por MUSE 16
Total Herido 656
Muerto Accidente por MAP Civil 49
Fuerza Pública 111
Total Accidente por MAP 160
Accidente por MUSE Civil 7
Total Accidente por MUSE 7
Total Muerto 167 Fuente: Observatorio Minas antipersonal, Vicepresidencia República
Procesado: ODH Meta
Cuadro 17. Frecuencia anual de victimas de Map y Muse, según genero y edad
Herido Muerto
Genero Año Mayor de 18 años
Menor de 18 años
Mayor de 18 años
Menor de 18 años Total
Femenino 2005 2 2 1
5
2006 3 1
4
2007 2
2
Total Femenino
7 3 1 0 11
Masculino 2005 118 9 30 8 165
2006 110 11 42 1 164
2007 64 2 13
79
2008 105 2 23
130
Total Masculino
397 24 108 9 538
Total general
404 27 109 9 549 Fuente: Observatorio Minas antipersonal, Vicepresidencia República Procesado: ODH Meta
La mayoría de las víctimas son hombres y también son mayores de 18 años. En el periodo analizado se reportaron 3 niñas heridas, 24 niños heridos y nueve niños muertos.
Cuadro 18. Frecuencia anual de victimas de Map y Muse, por municipio. Meta 2005-2008 2005 2006 2007 2008
Municipio Herido Muerto Herido Muerto Herido Muerto Herido Muerto Total
VISTAHERMOSA 79 18 57 18 15 7 33 4 231
PUERTO RICO 20 3 15 2 5 2 16 15 78
URIBE 1 1 1 34 1 28 1 67
LA MACARENA 4 19 14 8 1 12 58
MESETAS 4 4 1 1 12 1 23
32
SAN JUAN DE ARAMA 7 4 13 1 1 1 27
PUERTO GAITÁN 13 5 18
VILLAVICENCIO 4 4 1 3 2 14
CUBARRAL 2 7 2 11
LEJANÍAS 5 1 6
EL CASTILLO 2 1 3 6
SAN JUANITO 1 2 3
GRANADA 1 1 2
MAPIRIPÁN 2 2
PUERTO LLERAS 2 2
EL DORADO 1 1
Total 131 39 125 43 68 13 107 23 549
Fuente: Observatorio Minas, Vicepresidencia de la República
Proceso: ODH Meta
Vista Hermosa sigue siendo el municipio con mayor número de víctimas y eventos de Map y Muse (345) por las razones anotadas anteriormente, solo es superado por Uribe en víctimas en el año 2007. Le siguen de lejos: Puerto Rico (256 eventos), Uribe (153 eventos), La Macarena (76 eventos), Mesetas (79 eventos), San Juan de Arama (42 eventos), Puerto Gaitán (19 eventos), Villavicencio (10 eventos) y Cubarral (17 eventos) en su orden. Acacías, Guamal y Puerto Concordia no registraron víctimas en el periodo 2005-2008. Se puede inferir entonces que la instalación de minas antipersonal en zonas específicas del territorio nacional por parte de los grupos armados al margen de la ley busca contrarrestar la iniciativa de la Fuerza Pública, puesto que las operaciones militares se intensificaron en algunas zonas como Antioquia y Meta. En efecto, la siembra de minas antipersonal constituye un medio económico y efectivo para neutralizar el avance de las tropas y proteger campamentos, corredores y sitios estratégicos para los grupos armados al margen de la ley. Al igual que las Farc, las nuevas bandas emergentes asociadas al narcotráfico han venido sembrando minas antipersonal en aras de proteger áreas y caminos que conducen a cultivos ilícitos.9
9. Desaparición forzada Es una violación grave de los derechos humanos, una práctica violatoria de la libertad, la integridad y la vida y un fenómeno universalmente concebido en relación a los agentes estatales.
9 Indicadores 2008, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
33
Cuadro 19. Desaparición forzada por municipio, Meta 2005-2008
MUNICIPIO 2005 2006 2007 2008 Total
VILLAVICENCIO 42 33 21 166 262
GRANADA 16 6 2 175 199
SAN MARTIN 15 7 1 13 36
PUERTO GAITAN 14 5 1 20
VISTA HERMOSA 8 6 2 16
PUERTO LOPEZ 7 4 11
RESTREPO 1 3 7 11
BARRANCA DE UPIA 1 2 3 6
LA MACARENA 2 3 5
PUERTO CONCORDIA 4 1 5
PUERTO LLERAS 1 3 4
SAN JUAN DE ARAMA 1 2 1 4
CUMARAL 2 1 3
LEJANIAS 3 3
MAPIRIPAN 3 3
MESETAS 2 1 3
ACACIAS 1 1 2
URIBE 1 1 2
EL CASTILLO 1 1
PUERTO RICO 1 1
SAN JUANITO 1 1
Total 120 66 26 386 598 FUENTE: Fiscalía, octubre de 2009
Cuadro 20. Desaparición forzada según género.
SEXO 2005 2006 2007 2008 Total
MUJERES 25 16 8 46 95
HOMBRE 76 46 16 318 456
Sin clasificar 19 4 2 22 47
TOTAL 120 66 26 386 598 FUENTE: Fiscalía, Octubre de 2009
La mayoría de los desaparecidos son del género masculino (76%) que realizaban actividad económica como independiente, agricultor, empleado particular o estudiante.
Cuadro 21. Desaparición forzada según actividad
ACTIVIDAD VICTIMA 2005 2006 2007 2008 Total
INDEPENDIENTE 1 8 13 10 32
AGRICULTOR 1 2 2 11 16
EMPLEADO PARTICULAR 2 2 2 4 10
ESTUDIANTE 0 1 2 4 7
AMA DE CASA 0 2 1 1 4
COMERCIANTE 0 1 2 0 3
GANADERO 0 3 0 0 3
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NO REPORTA 0 0 0 2 2
EMPLEADO EJERCITO 0 0 1 0 1
FUENTE: Policía Nacional, octubre de 2009
10. Ejecuciones extrajudiciales
Una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen. Pertenece al género de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario
Según informe del la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) se tiene que al menos 940 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en Colombia del 2001 al 2009, año en el que el grupo da cuenta de una "importante" baja en el número de víctimas de esas ejecuciones. En el primer semestre del 2008 el CINEP tuvo datos de 196 ejecuciones extrajudiciales en el País. De acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial, durante 2007 y 2008, Norte de Santander (67 víctimas, 12,4% de los casos) y Antioquia (65 víctimas, 12% de los casos) son los dos departamentos con mayor número de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, representando la cuarta parte de los casos registrados. Norte de Santander, a partir de los numerosos casos denunciados en la región del Catatumbo ocupa durante el 2008 el primer lugar en denuncias sobre estos crímenes, ocupando el lugar que tenía Antioquia durante el año 2007. Detrás de estos departamentos se encuentran, Meta (46 casos, 8,5%); Huila (42 casos, 7,8%); Putumayo (38 casos, 7%); Cauca (35 casos, 6,5%); Arauca (31casos, 5,7%); Caquetá (25 casos, 4,6%) y Casanare (24 casos, 4,4% de los registros), ocupando los primeros puestos en denuncias de estas graves violaciones a los derechos humanos.
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Figura 9. Víctimas de ejecuciones extrajudiciales por municipio, Meta 2005-2008
FUENTE: CINEP, 2009
Según el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep entre 2005 y 2008 hubo 77 ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Meta, el 42% de ellas ocurridas en Vista Hermosa, 15 en Puerto Rico, 13% en San Juan de Arama, 9% en el Castillo, 6% en Mesetas y Granada, 4% en Fuente de Oro, 3% en Puerto Concordia y 1% en Lejanías y Mapiripán. Después de algunas medidas tomadas en el último año y que han afectado a algunas autoridades militares en departamentos como Meta, Casanare, Córdoba o Arauca se ha notado una reducción en los meses recientes en tales violaciones.
11. Otras infracciones al derecho humanitario En el contexto del conflicto armado interno, todos los grupos armados cometen infracciones al derecho internacional humanitario contra personas y bienes protegidos. 11.1. Reclutamiento forzado de menores Una práctica recurrente y sistemática es el reclutamiento de menores, que se ha intensificado a causa del proceso de expansión de los grupos ilegales, tanto de las FARC como de los grupos paramilitares, debido a la demanda de un mayor número de combatientes que sostengan el crecimiento de sus frentes armados y que recae primordialmente sobre los jóvenes (menores y mayores de edad) de las cabeceras municipales y centros poblados más pequeños, así como de sectores pobres y marginados de los municipios más grandes del departamento del Meta, entre ellos Villavicencio, Granada, San Martín, Puerto Gaitán, entre otros, en los cuales los menores de edad mediante atractivas promesas de dinero son vinculados como combatientes en su organización o, en su defecto, de manera forzosa a través de la amenaza y la coacción. Muchos de estos jóvenes engañados o seducidos, son llevados a fincas alejadas de sus lugares de origen, aislados por completo de sus redes familiares, donde son entrenados en
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tácticas de combate. Muchas familias de los jóvenes vinculados, ignoran la suerte y el paradero de sus hijos a los cuales consideran desaparecidos. Las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en la que viven muchas familias de las ciudades y demás cabeceras urbanas, propician el accionar de ésta modalidad delictiva de la organización armada ilegal. Además de las obligaciones constitucionales y legales como Estado, relativas a la protección de su población, Colombia ha ratificado, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana de Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y sus dos protocolos adicionales. El DIH consagra una especial protección de los derechos de los niños y niñas en los conflictos armados de carácter interno ó internacional, particularmente, el artículo Tercero Común a los cuatro Convenios de Ginebra, el artículo 24 del Convenio IV sobre Protección de Personas Civiles en tiempos de guerra, y los Protocolos Adicionales I y II a dichos Convenios. Además, los niños tienen derecho a que les sean aplicables las demás normas que se establezcan a favor de combatientes y víctimas de los conflictos. Los Protocolos Adicionales prohíben la participación de niños y niñas menores de 15 años (en Colombia 18 años) en los conflictos armados; la protección es mayor con relación a los conflictos armados de carácter no internacional, por cuanto se prohíbe no solamente la participación directa, sino también la participación indirecta de niños y niñas en las hostilidades. Según la comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por los grupos Organizados al margen de la ley —Decreto 4690 de 2007—los estudios que dieron fundamento a la propuesta de política intersectorial han permitido establecer que el 85% de los niños y niñas que se vinculan con los grupos armados ilegales lo hace de manera voluntaria. Pero, esta decisión es nula de pleno derecho, no porque niños y niñas sean incapaces de ejercer su autonomía, sino porque el Estado y la sociedad no pueden permitir que dichas decisiones sean contrarias al ejercicio de sus propios derechos, por ello ese consentimiento con el que se vinculan a los grupos, está entonces viciado, porque no fue libre y no fue informado. En ese orden, la señalada vinculación voluntaria siempre y en todos los casos es forzada en tanto obedece a que niños y niñas viven y padecen violencia intrafamiliar, abandono, violencia sexual, falta de oportunidades de desarrollo personal en sus regiones, piensan que las armas y el uniforme les da reconocimiento, las escuelas que no llenan sus expectativas o les quedan muy distantes, entre otras razones, les obligan a tomar el camino de los grupos armados al margen de la ley. El 15% restante de vinculación de niños y niñas a los grupos armados obedece a una incorporación ejercida por la fuerza física o por el chantaje de que sus familias van a ser agredidas. En Colombia en 2007, se estimaba el número de niños y niñas combatientes en las filas de los grupos guerrilleros y paramilitares entre 8.000 y 13.000. A pesar de la obligación de entregar la totalidad de menores de edad reclutados (artículo 10.3 de la ley 975 de 2005
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conocida como ley de ―justicia y paz‖), a 2008 se tiene registro de la entrega efectiva de solamente 212 niñas y niños. Un informe realizado por la Defensoría del Pueblo sobre menores desvinculados de los grupos armados ilegales, revela que el promedio de edad de reclutamiento bajó de 13.8 años en el 2001 a 12.8 años en el 2005 y que el reclutamiento tuvo lugar en 27 de los 32 departamentos del país. Así mismo, que las carencias de redes de protección familiares, sociales y comunitarias, así como de ofertas sociales y referentes institucionales contribuyen, como factores de riesgo, a su reclutamiento ilícito. Durante la permanencia en el grupo armado, sin consideración de edad, sexo y niveles de desarrollo, la población sujeto de estudio cumplió actividades propias de cualquier combatiente.
Cuadro 22. Programa de protección del ICBF
MUNICIPIO DESVINCULACIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total niños, niñas y adolescentes
BARRANCA DE UPIA
1 50
51
GRANADA
1 1 1 1
1 5
MAPIRIPÁN
3
1
4
MESETAS
1
1
PUERTO CONCORDIA
16 3 14
33
PUERTO LLERAS
1
1
PUERTO LÓPEZ
1 7 2 1
11
PUERTO RICO
1
1
SAN JUAN DE ARAMA
1
1
SAN MARTÍN
1 2 2 1
6
VILLAVICENCIO 1 3 3 4 3 1
15
VISTA HERMOSA
1
1
Total niños, niñas y adolescentes 1 5 26 20 73 5 1 131
Fuente: ICBF, Octubre 2009
En el departamento del Meta son 343 los menores de edad que se han desmovilizado desde 1999.
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Figura 10. Reclutamiento de menores por grupo armado ilegal, Meta 2005-2008
FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional
El grupo armado ilegal que más menores ha reclutado son las FARC, seguidos por las AUC, luego las Bandas Criminales y hay 3 de los cuales no se tiene razón.
Según informe de riesgo en el año 2008, se desmovilizaron 2 niños en San Juan de Arama que habían sido reclutados por las FARC, en abril de 2008 el grupo ―Los cuchillos‖ reclutaron 3 niños en Puerto Rico, durante ese mismo año se desmovilizaron 19 menores en Puerto Rico, quienes fueron ingresados al programa del ICBF.
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Mapa 5. Mapa de niñas, niños y adolescentes desvinculados.
Vistahermosa
Villavicencio
San Martin
San Juanito
San Juan De Arama
San Carlos De Guaroa
Restrepo
Puerto Rico
Puerto Lopez
Puerto Lleras
Puerto Gaitan
Puerto Concordia
Mesetas Mapiripan
Lejanias
La Uribe
La Macarena
Guamal
Granada
Fuente De Oro
El DoradoEl Castillo
El CalvarioCumaral
CubarralCastilla La Nueva
Cabuyaro
Barranca De Upia
Acacias
FUENTE_ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional
Sobre la desvinculación, las principales normas a tener en cuenta son: la Ley 782 de 2002 –prorrogada por la Ley 1106 de 2006- y su decreto reglamentario, en las cuales se señala que los niños reclutados son víctimas de la violencia, por lo cual deben ser objeto de atención especializada, se prohíbe su uso en actividades de inteligencia –cláusula también contenida en el recién aprobado Código de la Infancia (Ley 1098 de 2006)-, y que, de entregarse en bases militares o policiales, o ser capturados, no podrán pasar más de 36 horas entre ese hecho y su remisión efectiva al programa especializado, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Otro aspecto que vale la pena tener en cuenta es que el 43% de los desmovilizados de las FARC ingresaron cuando eran menores de edad. Se ha tenido conocimiento de otras formas de vinculación de niños y niñas en la guerra, por parte de las Fuerzas Armadas, mediante su utilización como informantes, en actividades de propaganda contrainsurgente y en el desarrollo de acciones cívico militares a través de actividades lúdicas y de visitas de menores a instalaciones militares, en contravención del artículo 41 (#29) de la Ley de Infancia y Adolescencia, que señala como obligación del Estado: ―asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares‖ y de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado de no acudir a este tipo de prácticas.
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SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS SOCIOESPACIALES Y CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO Para iniciar el análisis del contexto, es necesario mostrar primero las cifras de desmovilizados y comenzar el seguimiento de las distintas variables a partir de ese periodo y revisar los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo.
1. Desmovilizaciones Desde agosto de 2005 y hasta 2006 se presentaron cinco eventos de desmovilización, aunque todos los grupos paramilitares actuaron en el Meta, solo dos ceremonias se llevaron a cabo en este departamento, según se puede ver en el cuadro siguiente: Cuadro 23. Desmovilizaciones de estructuras Paramilitares que operaron en el Meta
Fecha Grupo Depto Municipio Comandante Alias Armas Hombres
Zonas de Influencia
06/08/2005 Autodefensas del Meta y Vichada
Meta Puerto Gaitán
José Baldomero Linares
Guillermo Torres
232 209 Pto López y Puerto Gaitán
03/09/2005 Bloque Centauros "Los leales"
Casanare Yopal Vicente Castaño El Profe 705 1.135
Granada, San Martín, El Dorado, El Castillo, Lejanías, Fuente de Oro, Guamal, Puerto López, Puerto Gaitán, Cumaral, Barranca de Upía
24/09/2005 Frente Vichada del BCB
Vichada Cumaribo Carlos Mario Jiménez
Macaco 282 325 Occidente del Meta
23/12/2005 Bloque Vencedores de Arauca
Arauca Puerto Gaitán
Miguel Ángel Mejía Múnera
Pablo Arauca
399 548 Norte del Meta
11/04/2006
Héroes del Llano
Meta Puerto Lleras
Manuel de Jesús Pirabán
Pirata
1.006 1.765
Puerto López, Puerto Gaitán, San Martín
Héroes del Guaviare
Pedro Oliveiro Guerrero Castillo
Cuchillo San Martín, Mapiripán, Norte del Guaviare
Total 5 4 5 6 6 2.624 3.982
Los cuatro grupos con mayor incidencia en el departamento, Autodefensas del Meta y Vichada, Bloque Centauros "Los leales", Héroes del Llano, Héroes del Guaviare, desmovilizaron 3.982 personas, entre ellas 104 mujeres; el promedio de edad de los desmovilizados era de 27 años. La mayoría nacidos en el departamento del Meta, especialmente en Villavicencio, San Martín y Granada, y en Antioquia, de municipios del Urabá antioqueño y Medellín (véase cuadro 23). De los desmovilizados el 30.4% habían cursado algún grado de primaria, el 15.1% termino la primaria y solo el 6.6% dijo haber terminado el grado 11, el 86.8% no había recibido ninguna capacitación técnica antes de las desmovilización, sus principales expectativas después de la desmovilización estaban relacionadas con reunirse con familiares.
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1.1. Desmovilizaciones individuales
Cuadro 24. Desmovilizaciones individuales. Meta 2005-2007
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
2005 11 21 28 13 10 18 9 24 9 4 9 13 169
2006 9 15 10 9 9 25 21 15 13 21 9 19 175
2007 10
17 24 20 15 14 11 30 15 25 29 15 225
2008 27 53 35 51 28 40 52 41 58 40 22 23 470
Total 57 106 97 93 62 97 93 110 95 90 69 70 1039
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Programa Atención Humanitaria al Desmovilizado
Proceso: ODH Meta
En el año 2008 las desmovilizaciones de las Farc en el País, se concentraron en Bogotá con 492 (16%) y Meta con 470 (16%). Según información del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado PAHD del Ministerio de Defensa, se reportaron 42 desmovilizaciones de los frentes 39 y 43, que hacen presencia en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto Rico y Puerto Lleras en el departamento de Meta y otros 19 desmovilizados provenían del frente 7 que hace presencia en Guaviare.
El número de desmovilizados de la guerrilla aumentó, puesto que pasó de 225 en 2007 a 470 en 2008. La mayoría de los casos se presentaron en Villavicencio con 224 (48%) y Granada con 93 (20%), donde guerrilleros de los frentes 16, 27, 39 y 43 decidieron dejar las armas.
1.2. Después de las desmovilizaciones Tan solo a unos meses después de las desmovilizaciones en el año 2005, surgían nuevos grupos de recomposición paramilitar. Tales grupos han sido caracterizados más como narcotraficantes que ―contrainsurgentes‖, dado su interés en el control de zonas de cultivos, pero durante 2006, las ―nuevas‖ estructuras de ―Los Cuchillos‖, obviamente comandados por el recién desmovilizado Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, tuvieron enfrentamientos con las FARC en Cumaribo (Vichada), Mapiripán, Puerto Gaitán, Puerto López y San Martín, al parecer por el control de zonas cocaleras y las rutas hacia el Orinoco por el río Guaviare. Estos hechos generaron un nuevo aumento de los desplazamientos, los cuáles se reflejaron precisamente en los municipios en conflicto y se mantuvieron en la zona del Duda y el Ariari por los combates entre FARC y Ejército. Este nuevo ciclo de expansión narco – paramilitar, protagonizado por ―Los Cuchillos‖ afectó las antiguas zonas de las AMV, en donde al parecer iniciaron una serie de asesinatos contra los ex integrantes de este grupo. Pero este grupo no es el único nuevo grupo de recomposición paramilitar a finales de 2006 se escucharon noticias sobre otras dos estructuras, ―Los Paisas‖ de Daniel Rendón, hermano de alias el Alemán, y ―Los Llaneros‖ de Daniel ―El Loco‖ Barrera hombre cercano a Martín Llanos, quienes ya habrían tenido enfrentamientos.
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Así poco tiempo después de la desmovilización de cinco estructuras paramilitares, se encontraban de nuevo funcionando otras cuatro, las ACC de Martín Llanos, ―Lo Cuchillos‖, ―Los Llaneros‖ y ―Los Paisas‖. De esta manera los desplazamientos del pie de monte y de la región del Ariari – Duda, harían parte del grupo de victimizaciones del conflicto entre FARC y Ejército, mientras que los desplazamientos del oriente del Departamento serían producto de la disputa entre por los menos tres de los cuatro grupos de recomposición paramilitar y de las FARC en cumplimiento de su agenda narcotraficante. Mapa 6. Presencia de grupos armados al margen de la ley en el Meta
FUENTE: Informes de riesgo, Defensoría del Pueblo, comités DDHH y DIH municipales, personerías
municipales
Entre Puerto Rico, Puerto Lleras y Vista Hermosa, la guerrilla de las Farc a través de los Frentes 27, 43 y 44 ha incrementado las medidas restrictivas sobre la población civil materializadas en amenazas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y siembra indiscriminada de minas antipersona, como respuesta a los operativos desplegados por la Fuerza Pública con sus tropas de maniobra terrestre y aérea. La guerrilla, en su propósito de mantener su influencia sobre esta zona, que considera estratégica para la obtención de recursos, ha optado por ingresar milicianos a centros poblados y de comercio y, por movilizarse en pequeños comandos por todo el territorio, lo que hace más vulnerable a la población ante la intimidación y el terror que ejercen los grupos armados. La población en mayor riesgo de esta lucha son habitantes de las veredas Villa de La Paz, Brisas del Güejar (también conocido como Casa de Zinc) y Mata de Bambú (Puerto
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Lleras); Comuneros, La Esperanza, Danubio, Santa Lucía; Santo Domingo y La Cooperativa (Vistahermosa). También desde el corregimiento Piñalito hasta Puerto Toledo y de allí a Puerto Chispas y Barranco Colorado (Puerto Rico).
Pese a que la Fuerza Pública ha incrementado sus operativos en el territorio, esto no ha significado la mitigación de las condiciones de riesgo. Por el contrario, las comunidades manifiestan su preocupación por los señalamientos y maltratos de que son objeto constantemente, por parte de uniformados de las fuerzas militares, al considerarlos colaboradores de la guerrilla y que en muchas ocasiones se ha expresado en vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH denunciadas por los afectados ante los organismos judiciales y de control competentes. En Mapiripán las zonas de mayor riesgo son: Puerto Alvira, en el sector de Caño Jabón, y también en las veredas San Andrés, California, La Horqueta, La Libertad, Guacamayas, el Mielón, el Triunfo y el Triny. Puerto Concordia presenta varios actores: el ERPAC, la guerrilla de las Farc por medio de los frentes 1, 7, 39, 44 y 32; y el probable fortalecimiento de la estructura armada paramilitar ACC de Martín Llanos y su incursión a la región para disputar el control hegemónico del ERPAC. Todo esto podría materializarse en homicidios selectivos y múltiples (masacres), ataques armados con efectos indiscriminados, accidentes e incidentes por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados o municiones sin explotar, enfrentamientos armados con interposición de población civil, acciones de terror, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desplazamientos forzados de campesinos, colonos e indígenas como consecuencia de las presiones, amenazas y homicidios de líderes, dirigentes sociales y pobladores de las áreas urbana y rurales. La Macarena con la presencia de las columnas móviles Urías Rondón y Yarí, siendo los más activos en la actualidad los frentes 7, 27 y 43, el Loco Barrera quien ha establecido alianzas con los grupos irregulares de la región, al parecer es socio de Jhon 40, comandante del frente 43 de las Farc, y a la vez, cuenta con el apoyo de alias Cuchillo10; las autodefensas y bandas criminales, se convierte en una de las zonas más críticas; por ser corredor estratégico hacia otros departamentos; por el gran número de hectáreas cultivadas de coca; y finalmente, por ser uno de los principales escenarios del desarrollo de actividades por parte de la Fuerza Pública para retomar el control y golpear a los grupos armados ilegales, en desarrollo de la Política de Seguridad Democrática. Puerto López y Puerto Gaitán: Ubicados en un sector geoestratégico para la movilidad de los combatientes, tráfico de armas e insumos para la obtención de derivados cocaineros que se producen en el Vichada, suroriente del Meta y norte del Guaviare. Esta ubicación geográfica, sumada a la importancia de sus tierras para la explotación agropecuaria, así como la existencia de hidrocarburos, ha suscitado el interés de los actores armados por controlar el territorio y las actividades de la población. Hacen presencia allí los nuevos Grupos Armados ilegales Post Desmovilización: ―Cooperativa Seguridad Vichada‖, Autodefensas Campesinas de Casanare –ACC– y los
10 El Tiempo: Peligroso ascenso de Daniel 'el Loco' Barrera amenaza la seguridad de Meta y Caquetá. Disponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-15/
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Paisas o Macacos, quienes libran una fuerte disputa con estructuras armadas no desmovilizadas de la AUC, al mando de alias ―Cuchillo‖ y que en la región los identifican como ―Llaneros‖ o ―Cuchillos‖. El fortalecimiento militar de los dos grupos en disputa, ha agudizado el problema del reclutamiento forzado. El grupo de los ―Macacos‖ o ―Los Paisas‖ ha venido reclutando a ex-integrantes de los diferentes bloques de las AUC de otras zonas del país; el grupo de los ―Cuchillos‖ o ―Llaneros‖, ha venido reclutando ex-integrantes del otrora Bloque Centauros, y también de manera reiterativa los dos grupos han venido realizando reclutamientos forzados en las zonas de las comunidades en las cuales hace presencia, como son los municipios de San Martín, Mapiripán, Puerto López, Villavicencio, Puerto Gaitán y San José del Guaviare. Otro escenario de riesgo en Puerto López, se desprende de las amenazas y maltratos que vienen realizando los actores armados en disputa, contra las comunidades que habitan los sectores rurales de Puerto Guadalupe, Remolino y Chaviva, en particular, las familias que están ubicadas en los predios de La Sandrita, El Rodeo, Las Delicias, Las Leonas, Bello Horizonte y La Rinconada y que se encuentran en proceso de adjudicación por parte del INCODER a desplazados por la violencia que se habían asentado en la región. Es necesario recordar que los predios pertenecieron al narcotraficante Leonidas Vargas, el cual mantuvo por varios años una larga disputa con las organizaciones armadas de los ―Carranceros‖ y de las ACC, antes de su captura. La confrontación por el dominio territorial ha llevado a que algunas familias que residen en los predios adjudicados, sean consideradas objetivos de ataque por los grupos armados en disputa. Esto afecta también a los líderes de las comunidades que han salido desplazados por amenazas, y pone en riesgo los procesos organizativos que propenden por la adjudicación de tierras. En Puerto Gaitán: La acción de los frentes 16, 39 y 44 de las FARC (región de Trujillo), por mantener el control territorial y poblacional de las comunidades asentadas en la zona rural de Puerto Gaitán, configura otro escenario de riesgo en la región. La población campesina, de colonos e indígenas de estos sectores ha comenzado a sentir con mayor fuerza las medidas de control de las FARC como mecanismo para impedir el avance de la Fuerza Pública y de las estructuras paramilitares, a través de presiones sobre la conducta y libertad de los habitantes que viene generando desplazamientos forzados individuales, reclutamiento de combatientes, así como la comisión de hechos de violencia en la modalidad de extorsiones, homicidios selectivos y el uso reiterado de métodos o medios para generar terror en la población. Hay que tener en cuenta que la dinámica de explotación petrolera en el municipio de Puerto Gaitán, ha incrementado la población flotante, con lo cual se ha disparado el costo de vida de la canasta básica de su población. Esta situación de alta movilidad poblacional, es de especial interés para los miembros de las estructuras armadas urbanas que controlan el municipio, los cuales realizan acciones de control sobre personas que a diario llegan a la cabecera municipal y sobre los habitantes que allí residen; muchas personas que son consideradas sospechosas o afines del bando contrario, son desaparecidas y algunos otros aparecen muertos posteriormente. Esta situación responde a la disputa con las otras estructuras paramilitares, con la intención de evitar infiltraciones o incursiones en esta cabecera municipal. Así, es de especial condición de riesgo, los transportadores de mercancías, buscadores de empleo en las empresas petroleras y turistas que lleguen al municipio. A pesar de la situación de riesgo descrita, el control territorial permite evidenciar muy bajos niveles de víctimas, ya que la mayoría son desaparecidos.
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Como consecuencia de estos escenarios de riesgo, las comunidades indígenas que habitan este vasto territorio, se convierten en el principal grupo vulnerable en el marco del conflicto armado aquí descrito. Es posible que se estén presentando desplazamientos forzados de indígenas y colonos hacia el territorio venezolano. El resultado de todas y cada una de las acciones descritas en la sección inmediatamente anterior puede colegirse claramente al observar el movimiento (mapas) de la espacialidad de las tasas de homicidio en el departamento. Un análisis más detallado sobre localización de actividades humanas a partir de modelos geoeconómicos nos da mayor claridad. Se observa que en las zonas de mayor densidad del cultivo de coca, es donde se concentran los mayores índices de desplazamiento, justo en los municipios del Ariari que presentan las mayores tasas de homicidios, accidentes y víctimas de minas antipersona y demás variables analizadas. Otro tanto ocurre en la subregión del rio Meta, donde el costo de la tierra se incrementa por la expectativa de nuevos hallazgos de pozos de petróleo y la llegada de inversión extranjera y de grandes capitales hacia la generación de productos biocombustibles y etanol.
2. Intensidad de La Confrontación
La intensidad de la confrontación se dimensiona sobre el comportamiento de las acciones de los grupos armados al margen de la ley y los contactos armados por iniciativa de la fuerza pública.
Cuadro 25. Acciones de grupos al margen de la ley. Meta 2005-2008
ACCIONES 2005 2006 2007 2008 TOTAL
ACTO DE TERRORISMO 36 19 28 14 97
ATAQUE A INSTALACION 7 2 2 0 11
EMBOSCADA 8 6 1 0 15
HOSTIGAMIENTO 28 19 14 5 66
PIRATERIA TERRESTRE 13 5 1 0 19
TOTALES 92 51 46 19 208 FUENTE: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos
Las acciones de los grupos armados al margen de la ley han venido disminuyendo desde 2002 cuando tuvo un pico de 107 actos. En el periodo analizado presenta una reducción del 45% de 2005 a 2006, 10% menos en 2007 con respecto a 2006 y 59% menos de 2007 a 2008. Puerto Rico y Vista Hermosa fue donde hubo mayor número de hostigamientos: 18 y 17 respectivamente. Los contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública presentan un pico en el año 2006, incrementándose en 105%, pero ya en 2007 se reduce un 13% y en 2008 baja un 46% con respecto a 2007.
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Figura 11. Intensidad de la confrontación, Meta 2005-2008
FUENTE: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos
Los contactos armados de la Fuerza Pública han hecho replegar la guerrilla hacia el sur del Departamento y hacia el Guaviare, obligándolos a cambiar de estrategia, camuflándose con la población civil y actuar en pequeñas células de 2 o de miembros y dejar de actuar en grupos y en combate. Además, siembran de minas el territorio que tiene mayor concentración de cultivos de coca para frenar la avanzada del ejército, que ahora ataca en bombardeos sobre los sitios focalizados.
CONCLUSIONES
1. Lo primero que se advierte a simple vista es la localización e intensificación del conflicto sociopolítico en zonas de actividades económicas importantes, ubicadas en las subregiones del alto y bajo Ariari.
2. El municipio de Villavicencio está siendo afectado por lo que se denomina ―conexiones y resortes entre criminalidad y conflicto armado‖, lo que implica la fase degradatoria más oscura de la violencia sociopolítica, por cuanto las estrategias de los actores armados focalizan a sus víctimas (muchas veces sin conocimiento de causa real) para ultimarlas en los centros urbanos.
3. Es posible que esta degradación del conflicto esté afectando el comportamiento de otros delitos por el efecto de anomia socioinstitucional o inobservancia de normas.
RECOMENDACIONES
1. Activar el sistema de alertas tempranas de protección de la población no en armas para evitar la estigmatización de la población civil.
2. Reestructurar el comité de vigilancia epidemiológica departamental y municipal a partir del análisis de la información que producen las instituciones del Estado y ONG locales y regionales.
3. Adelantar estudios de carácter socioespacial y geoeconómicos que permitan anticipar y prevenir el control de actividades productivas humanas por parte de actores armados ilegales.
4. Levantar una línea de base y un protocolo de recolección de información que permita medir la gravedad del reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados ilegales y la vinculación de los mismos en actividades relacionadas con el conflicto armado.
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5. Diseñar una política intersectorial de prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas desde una estrategia de protección de derechos humanos y no desde una estrategia de seguridad.
RECOMENDACIONES TECNICAS: 1. Estandarizar los protocolos para el intercambio de información entre el Observatorio
de DDHH y DIH del Meta y las fuentes primarias, a partir de elementos conceptuales concertados acerca de las variables estudiadas.
2. Garantizar la continuidad del Observatorio de DDHH y DIH a través de la creación de la unidad, dependiente de la Oficina Promotora de Paz de la Gobernación del Meta.
Para terminar, valga citar aquí a Ernesto Sábato: ―Todo tiempo pasado fue mejor, no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que –felizmente- la gente las echa en el olvido‖.