Violencia de Género en El Salvador: Apuntes para el Diseño de Políticas

Públicas

Irma Saucedo González Silvia Mesterman

Ileana Rogel

Mayo 2009

Diseño e Implementación de Sistema de Información para la Intervención de

la Violencia de Género

Créditos: Equipo facilitador del proceso: Irma Saucedo Silvia Mesterman Ileana Rogel Cruz Proceso auspiciado por: UNOPS-Dinamarca Instituto Sueco para la Administración Pública (SIPU) Grupo Interagencial de género de las Naciones Unidas en El Salvador.

INDICE

1. PRESENTACIÓN DE SEÑORA LEONOR CALDERÓN EN NOMBRE DEL GRUPO INTERAGENCIAL DE GÉNERO DE LAS NACIONES UNIDAS.

2. PROLOGO

3. AGRADECIMIENTOS

4. INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO

5. CAPITULO 1

Resumen de Documentos Relevantes

6. CAPITULO 2 Diagnóstico Inicial

7. CAPITULO 3

Desarrollo del proyecto en base a la propuesta inicial, la metodología utilizada y lo acontecido en la práctica

8. CAPITULO 4.

Construcción de Base Unificada de Datos y Estadísticas Accesibles por Sector

9. CAPITULO 5 Conclusiones y Sugerencias

10. ANEXOS

11. GLOSARIO

12. BIBLIOGRAFÍA

1. PALABRAS DE LEONOR CALDERON (ES DE SOLICITARLE QUE LAS ESCRIBA).

PRÓLOGO En el marco del proceso de reforma del Sistema de Naciones Unidas, las agencias en El Salvador han puesto especial énfasis en la necesidad de abordar conjuntamente temáticas tan complejas y multidimensionales como la Violencia de Género para poder dar una respuesta más adecuada, integral y efectiva. Por esa razón, a través del Grupo Interagencial de Género de Naciones Unidas se formuló una iniciativa interagencial para realizar un proyecto para el Diseño e Implementación de un Sistema de Información sobre Violencia de Género en El Salvador. La problemática que pretende enfrentar este proyecto, es la falta de información confiable e integrada que permita alimentar la acción pública y de la sociedad civil en la materia. El grupo Interagencial identifica a la violencia contra las mujeres como un problema mundial y una violación de los derechos humanos que impide la construcción de procesos de desarrollo humano y reconoce que la situación actual en El Salvador, entre otros aspectos, incluye:

• La existencia de un subregistro importante de casos en el sistema legal, debido a que las estadísticas existentes reflejan sólo los casos en los cuales las personas inician un proceso de denuncia.

• La mayor parte de la información que se ha producido gira alrededor de la violencia intrafamiliar y no existe información sistematizada sobre otros tipos de violencia de género como es el caso de la violencia económica y el abuso y acoso sexual, además de desvincular otros delitos como la trata de personas, de la violencia de género.

• Existen avances en lo que atañe al marco legal, pero con dificultades para

trasladar la normativa existente del plano formal al real, lo que constituye un problema crítico en la administración de justicia en los casos de violencia de género en todas sus manifestaciones.

• Existe la puesta en marcha de mecanismos de coordinación interinstitucional

para la atención de la violencia, pero su enfoque y alcance todavía carece del impacto y carácter multidisciplinar suficientes para favorecer intervenciones preventivas y de atención que generen procesos de mayor eficiencia en la administración de justicia.

Así, la iniciativa interagencial planteó como objetivo general, apoyar el diseño de Intervenciones Públicas integrales e interdisciplinarias para el abordaje de la violencia de género. El objetivo específico de la iniciativa es instalar un Sistema de Información Integrada cuantitativa y cualitativa, útil a la toma de decisiones en materia de políticas de atención y prevención de la violencia de género en los ámbitos nacional y local.

El Proyecto “Diseño e implementación de sistema de información para la intervención de la violencia de género” La propuesta presentada para la implementación de la iniciativa se basó en los TOR1 elaborados por el Grupo Interagencial, identificando como eje nodal de la intervención la necesidad de des-estructurar las barreras culturales presentes en la variedad de instituciones del Estado, (exosistema) a través de una serie de acciones que incluyeran:

1. La sensibilización y especialización de los operadores cara a cara sobre el manejo ético y eficiente de casos de violencia de género. 2. La capacitación y especialización, en el abordaje interdisciplinario de la violencia de género, de los actores de instituciones claves en la toma de decisiones en la temática. 3. La capacitación en formación de equipos 4. La creación de Redes de Referencia y Contrarreferencia

La propuesta elaborada para responder a la iniciativa interagencial partió del reconocimiento que, dada la existencia de una variedad de iniciativas que han tratado de enfrentar esta problemática tanto en instancias gubernamentales como en organizaciones de la sociedad civil, se debe concebir el papel de las consultoras como un Equipo Facilitador para lograr una comprensión común sobre el tipo de problemáticas que han impedido la instalación de un Sistema confiable en el tema, y la potenciación del conocimiento acumulado en el ámbito internacional con las experiencias existentes en El Salvador. Metodología del proyecto La metodología propuesta se basó en la Perspectiva de Género y Poder, que hace uso del Marco Ecológico para identificar todos los aspectos asociados a la eficacia de un Sistema de Registro en el macro, exo y microsistema e identificar puntos nodales de intervención. Los resultados de la implementación de esta metodología serán detallados en el capítulo 3 de esta publicación. Para poder hacer uso del conocimiento acumulado en los espacios locales en El Salvador se propuso la metodología participativa denominada Action Learning como la herramienta idónea para este tipo de intervención, ya que permite retomar el conocimiento y experiencia existente en el país y simultáneamente propiciar la formación de equipos en todos los niveles de intervención. Estrategia metodológica: el Modelo Ecológico Las y los expertos en el tema de violencia de género han reconocido que el correcto tratamiento de este tema requiere de una perspectiva de género que haga posible entender la manera en que las actuaciones individuales, los mecanismos institucionales y las normativas culturales, crean una dinámica que debe ser analizada y comprendida en el contexto socioeconómico particular de una intervención. 1 Ver Términos de Referencia en el Anexo1

La estrategia metodológica propuesta, por tanto, fue conducir una serie de acciones que impacten en los tres niveles del sistema, simultáneamente, para crear sinergias entre los diferentes niveles en contextos geográficos específicos. La estrategia propuesta requirió mantener un proceso participativo que garantizara la integración de la perspectiva local sobre “lo que funciona” a través del involucramiento de los actores clave y los beneficiarios en el monitoreo del progreso del proyecto. Enfoque pedagógico: Aprendizaje activo El aprendizaje activo tiene dos componentes: acción y reflexión. Los participantes en este tipo de actividades aprenden interactuando, reflexionando sobre la actuación y proponiendo alternativas para los comportamientos y relaciones que impiden la eficiencia de un equipo. El principio básico de este acercamiento metodológico es que las personas ya tienen el conocimiento que se requiere para la solución de cualquier problema y para realizar un trabajo altamente eficiente. Por tanto, el propósito de intervenciones de este tipo es acceder y utilizar el conocimiento ya existente y hacerlo circular para que todas y todos los integrantes de un equipo se beneficien de éste. Este enfoque pedagógico es muy potente puesto que permite crear grupos que en el proceso van aprehendiendo las herramientas de formación de equipo Desafíos identificados para el proyecto En la propuesta presentada al Grupo Interagencial se planteó que el riesgo que se encontraría en este tipo de proyecto es el hecho de que las actitudes sexistas y las barreras ideológicas también tienen que ser de-construidas en los operadores del sistema. Los talleres que se diseñaron para el análisis institucional incluyeron ejercicios vivenciales que muestran el costo-beneficio de estas actitudes para el bienestar del operador, por lo que se trabajó con herramientas para disminuir el estrés, el burn-out y la traumatización vicaria. El apoderamiento2 de las víctimas representa un gran desafío para los operadores del Estado, especialmente en contextos donde los recursos son escasos y las intervenciones son de corta duración. Los talleres se realizaron de tal manera que se pudiera mostrar cómo el apoderamiento de las víctimas de violencia de género es parte de un continuo en la relación especialista-víctima que permite disminuir el burn-out y la traumatización vicaria. Lo que se presenta a continuación es el resultado de 10 meses de trabajo siguiendo la propuesta metodológica antes mencionada. Estos resultados muestran el gran potencial que existe en El Salvador para la implementación de procesos de trabajo multidisciplinarios y

2 El apoderamiento es un término que indica una forma de relación que potencia los recursos ya existentes en el sujeto con el que se realiza una intervención de apoyo o ayuda. Este término ha sido utilizado con el concepto “empoderamiento” que es una traducción literal del Inglés “empowerment” y se ha erróneamente identificado como un proceso de “dar” poder a las víctimas. Es necesario enfatizar que el poder no se da “desde fuera”, sino que es un proceso de apropiación de recursos existentes en el ser humano que han sido minimizados por las acciones violentas que se han sufrido.

multisectoriales que aportarán información fundamental para el diseño de políticas públicas eficientes y oportunas para prevenir la violencia de género.

AGRADECIMIENTOS

Antes de iniciar la presentación de los avances queremos agradecer a las instituciones y

personas que depositaron su confianza en este proyecto y sin las cuales el trabajo realizado hubiera sido imposible:

En primer lugar al Grupo Interagencial de Naciones Unidas, en especial a UNFPA y PNUD

quienes nos recibieron en medio del desconcierto y desconocimiento de la metodología para impulsar el proyecto y a pesar de ello nos apoyaron para su despegue, la Corte

Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Instituto Salvadoreño de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Seguridad, la

Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la República, y las organizaciones de la sociedad civil que en su corta participación nos compartieron sus ideas. Un especial gracias

a las y los colegas del área de estadística de la Corte, la Fiscalía, la Procuraduría, y los integrantes del sector justicia, en particular miembros de los Equipos Interdisciplinarios y

Juzgados de Paz, y de las/los integrantes de la Policía Nacional Civil, quienes con su entusiasmo y trabajo nos levantaron el ánimo en los últimos meses del trabajo en campo.

Sería imposible nombrar a todas las personas que de forma especial contribuyeron a que

este proceso fuera posible, sin embargo creemos que es necesario reconocer explícitamente el entusiasmo que mostró durante todo el proceso la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector

Justicia (UTE), quienes al asumir el rol de contraparte nacional aportaron su experiencia en la convocatoria y coordinación de este proyecto.

Un agradecimiento especial a todas y todos los funcionarios y responsables de las diversas instancias que nos otorgaron su tiempo y confianza al participar en las entrevistas y grupos

focales que nos proporcionaron información invaluable para adecuar la propuesta, cuidarnos de los tropiezos y llevar a buen puerto esta iniciativa.

Finalmente es de mencionar que la puesta en marcha de este proyecto fue posible gracias al apoyo de UNOPS-Dinamarca, quien a través del Instituto Sueco de Administración Pública

(SIPU) facilitó los recursos y la administración de este importante proyecto.

EQUIPO DE CONSULTORAS

INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO

1. Corte Suprema de Justicia (CSJ) n José Roberto Navarro n Cricia Cañas n Aracely Linares n Miguel Lemus n Ana Griselda Melara

2. Instituto de Medicina Legal (IML) n Fabio Molina n Geraldina de Soriano

3. Fiscalía General de la República (FGR) n Milena Ruiz de Ayala n Amilcar Pineda Tamayo n Balmes Arriola

4. Procuraduría General de la República (PGR) n Emilia Guadalupe Portal n Ana Beatriz Moscote de Marroquín n Dinora Merino n Silvia de Rivas Zamora n José Manuel Fuentes

5. Ministerio de Seguridad Pública y Justicia (MSPJ) n Luis Yuri Romano n Jazmín de Romero n Jorge Martínez n Dina Elizabeth Alvarado

6. Policía Nacional Civil n Nery Sayes n María Patricia Hernández n Alfredo Preza

7. Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS)

n Sofía de Abrego n Marlene de Barrientos

8. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) n Madali Sánchez n Kevin Avilés

9. Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE) n Roberto Morales n Perla Escalante

10. Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) n Berta Ruiz

CAPÍTULO 1

RESUMEN DE DOCUMENTOS RELEVANTES.

La etapa inicial del Proyecto comprendía como aspecto central, la recolección de información existente en El Salvador, sobre la temática de la Violencia contra las Mujeres. Fue sumamente interesante y al mismo tiempo sorprendente, descubrir la cantidad de documentos y publicaciones realizadas por los diferentes sectores y al mismo tiempo la falta de conocimiento e información sobre los mismos. Cada institución o persona con la que se tomo contacto nos entregaba la documentación que poseía.3 Esta situación generó en el Equipo de Consultoras diferentes interrogantes. Las preguntas básicas fueron: ¿Por qué tanta documentación e información cualitativa y cuantitativa era desconocida por la totalidad de instituciones y operadores? ¿Cuál era la razón por la que la realización de esfuerzos ejecutados por diferentes organismos e instituciones, así como un número altamente significativo de consultorías, con una inversión también significativa de fondos, la mayoría provenientes del exterior, hayan quedado plasmados en documentos acopiados en cada Organismo y/o Institución? A lo largo del desarrollo del proyecto, se obtuvo respuestas a estas interrogantes, con la esperanza de que esta nueva Consultoría, no reprodujera modelos previos y rompiera con estructuras obstaculizadoras de la circulación de información y, por ende, de la implementación de acciones y políticas conducentes al cambio. En este Capítulo se desarrollará una breve síntesis de los documentos más significativos referidos a El Salvador, como así también de los datos relevados al inicio de este Proyecto. Se anexa el listado de todos los documentos revisados. (Ver anexo 1.1). Realizaremos una revisión acotada de las consideraciones, sugerencias y datos provenientes de los organismos internacionales, consultorías y de cada uno de los sectores institucionales vinculados con el tratamiento de la temática. 1.1 CONTEXTO Con la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992 se produce un cambio cualitativo en El Salvador, que marca la vida de las/os salvadoreños en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. El ambiente democrático permitió la implementación de

3 Queremos agradecer la información que desde el comienzo, nos brindaron, el Lic Roberto Rodríguez (AECI), el Lic. José Alberto Franco Castillo (CNJ/ECJ), el Dr. Ricardo González (UNFPA) y la Lic. Amalia Ayala (OPS). 3 “Mujeres en los Acuerdos de Paz”. Programa de Saneamiento de las Relaciones Familiares. ISDEMU. 2008

estrategias gubernamentales a favor de las mujeres y se ratificaron compromisos con organismos internacionales que promovieron la institucionalización del enfoque de género.4 A partir de los años ochenta, se venían realizando trabajos con relación a la violencia intrafamiliar y el abuso sexual por parte de organizaciones de mujeres que iniciaron trabajos de atención jurídica y psicológica a víctimas, así como propuestas de cambios en la legislación y en las políticas, sentando las bases para iniciar el abordaje específico a nivel nacional. Las acciones del Estado, comenzaron en 1989 con la creación de la Secretaría Nacional de la Familia.5 Sin embargo, es indudable que a partir de la firma de los Acuerdos, se inicia en El Salvador un desarrollo intenso y pujante de trabajos relacionados con la violencia contra las mujeres Las nuevas instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz reconocen la importancia del enfoque de género en el quehacer institucional, así la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), crea la Procuraduría Adjunta de la Mujer; la Policía Nacional Civil (PNC) y contempla la incorporación de mujeres en su personal. La Fuerza Armada, institución que hasta ese momento eran eminentemente masculina, reformuló sus estructuras. Asimismo, la participación de las mujeres en los niveles de toma de decisión se modifica favorablemente. Se puede observar un incremento significativo de la representación de las mujeres en los gobiernos locales, concentrada en los cargos de sindicas (87,79) regidoras propietarias (79,06) y regidoras suplentes (77,86). Según datos del ISDEMU para el período 2006 a 2009.En cuanto a los cargos públicos la formulación de la Política Nacional de la Mujer posibilita la apertura de más espacios para la participación femenina en cargos públicos. En la dirección de instituciones gubernamentales los datos muestran que en el período 1999 al 2004 la proporción de mujeres es de 11,76% y en el período 2004 a 2009, 26,67%.6 En cuanto a la participación de las mujeres dentro de la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), es todavía muy limitada si se compara con la de los hombres. El Programa de Saneamiento de la Relación Familiar (PSRF) del ISDEMU, creado en el año 1995 planteó como finalidad, proteger los derechos humanos de las mujeres y sus familias principalmente aquellas que han sido víctimas de violencia basada en género, agresiones sexuales y maltrato a la niñez.

5 OPS Construcción de un modelo de atención integral a la violencia intrafamiliar 6 Fuente: Análisis de los resultados electorales. Períodos 2003-2006, 2004 -2009, 2006 -2009, Documento elaborado por la Unidad de Capacitación y Monitoreo de la PNM, ISDEMU. En “Mujeres en los Acuerdos de paz” Op.Cit.

Según lo que refiere el ISDEMU,7 la violencia que afectó a las personas que intervinieron de forma directa o indirecta en el conflicto armado, fue un componente determinante y de carácter sinérgico para potenciar el incremento de la violencia basada en género, ya existente en la sociedad y cultura. Durante la década de los noventa, se realizaron importantes acciones en relación a la temática. Estas actividades fueron llevadas a cabo por profesionales comprometidas y con gran sensibilidad social, desde el ámbito de las Universidades, principalmente la Universidad Centroamericana “José Simeón Canas”. También existen antecedentes de esfuerzos realizados por la Secretaria Nacional de la Familia, durante el periodo de gobierno de 1989-1994, consistentes en la sensibilización y capacitación sobre la teoría de igualdad. Asimismo, desde el ISDEMU se desarrollaron las siguientes tareas: 1. Prevención y atención de la violencia intrafamiliar. 2. Sensibilización y capacitación sobre la prevención de la violencia intrafamiliar dirigidas a la Policial Nacional Civil y al Ejército Nacional. 3. Trabajo dirigido a la recuperación de la salud mental.

1. 2 SISTEMAS DE REGISTRO EN EL 2003

El Documento elaborado por OPS y UNICEF, en el año 2003, es el punto de partida de la producción sistemática de documentación sobre el tema de la violencia de género.8 Este documento está centrado en el análisis de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual. Sus autores consideran que esta valoración permitirá avanzar en el esfuerzo de unificación de criterios que propicien el establecimiento de sistemas de registro y vigilancia unificados, que aseguren información confiable, oportuna y representativa del problema, de tal forma que pueda intervenirse con efectividad en su prevención. El documento plantea la descripción del funcionamiento de los sistemas, sus objetivos y un balance estadístico del comportamiento de la denuncia de los hechos. El estudio se elaboró por medio de una recopilación, análisis y sistematización de información proveniente de fuentes primarias y secundarias, sobre el estado en que se encuentran los sistemas de registro de la VI y abuso sexual; y las características de la información que estos sistemas generan en siete instituciones públicas que prestan diversos servicios a víctimas. En tanto el trabajo busca fortalecer los sistemas de registro existentes, estableció coordinación con el ISDEMU como entidad gubernamental con mandato institucional en el tema con el fin de compartir esfuerzos tanto para la realización del estudio como en el seguimiento de los resultados. El ISDEMU asumió con mucho interés la consultoría y fue a través de ella que se facilitó la gestión y convocatoria de las instituciones y personas involucradas.

7 “Mujeres en los Acuerdos de Paz”, Op. Cit. 8Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) “Sistema de Registro de Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual y, Comportamiento Estadístico de la Denuncia de Hechos en Instituciones Públicas de El Salvador”. San Salvador, enero 2003.

En principio se busca caracterizar sistemas de registro y vigilancia en cada una de las principales instituciones públicas que ofrecen servicios a personas afectadas: Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de la República (FGR), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Policía Nacional Civil (PNC), Instituto de Medicina Legal (IML), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Las conclusiones del documento señalan, entre otras cuestiones la siguiente situación en el 2003:

Ø Todas las instituciones públicas sometidas al estudio iniciaron, con pocos años de diferencia, la recolección de información y registro de los eventos de VIF y abuso sexual a partir de la entrada en vigencia de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar en el año de 1996.

Ø Desde su inicio hasta la fecha de la elaboración del documento, los sistemas implementados aún se encontraban dentro de un proceso de cambios tendientes a cualificar tanto los mecanismos de captura, flujo de datos y definición de variables a indagar, como la tecnología informática para volver más eficientes los sistemas.

Ø La mayoría de las instituciones han pasado recientemente, o se encontraban en la etapa de transformación del sistema que opera manualmente, hacia la instalación de programas informáticos que buscan la mecanización y el trabajo en red.

Los objetivos que las instituciones se habían planteado con sus sistemas de registro, apuntan a tres aspectos básicos:

Ø incrementar el conocimiento y prevención del fenómeno, Ø mejorar los procesos intra e interinstitucionales de atención y Ø proporcionar información a usuarios.

La mayoría dirigen su atención a la mejora continua de los procesos institucionales internos y en menor consideración se proyecta la diseminación sistemática de la información a organizaciones y grupos poblacionales interesados. Desde la instalación de sus sistemas, las instituciones todavía no habían realizado evaluaciones consistentes que permitieran valorar el grado de cumplimiento de sus objetivos. En suma, puede afirmarse que las instituciones públicas sometidas al estudio propiamente cuentan con sistemas de registro de hechos de VIF y abuso sexual, pero no de vigilancia. Para que un sistema de registro sea considerado también de vigilancia es necesario que la información recogida tenga como propósito definir un plan de análisis, divulgación y diseminación de los resultados a los diferentes usuarios institucionales y grupos poblacionales de interés, esto con el fin de apoyar la toma de decisiones para la definición de acciones puntuales. El hecho de no realizar análisis de la información con fines de vigilancia y prevención, impide que las instituciones reconozcan los patrones de comportamiento del fenómeno y por lo tanto tomar decisiones importantes para la prevención y el control.

Con respecto a la accesibilidad de los servicios ofrecidos, según las percepciones de los líderes locales y ONG’s consultados en el estudio del 2003, se señala que esta todavía es limitada, en parte, por el déficit de recursos humanos y materiales común en las instituciones responsables de ofrecer los servicios, especialmente aquellas unidades ubicadas en la zona rural muy distantes de las principales ciudades. La calidad de los servicios ofrecidos se ven mermadas por la preponderancia de los patrones tradicionales de género en muchos operadores(as), lo cual conlleva a la revictimización y al alejamiento y desmotivación de las mujeres, que son las mayormente afectadas. El comportamiento de los registros de VIF y abuso sexual en las instituciones en las que fue posible hacer un esfuerzo comparativo de algunos resultados, muestran similitudes en varios aspectos, entre los que pueden mencionarse los siguientes:

Ø Tendencia al incremento del registro de las denuncias de VIF y violencia sexual. Ø Predominancia de las mujeres en la totalidad de las personas afectadas. Ø Las denuncias, tanto de VIF como de violencia sexual se registran mayoritariamente

en las unidades de atención de San Salvador o de la región metropolitana. Ø Tanto los casos de violencia sexual como de VIF suceden en todos los grupos de

edad, sin embargo la mayoría de hechos de violencia sexual, tanto en hombres como en mujeres, ocurren en menores de 19 años; en cambio en la VIF los casos están distribuidos más uniformemente en todos los grupos de edad, particularmente en los varones.

Ø La violencia sexual o los delitos sexuales en varones ocurren en su mayoría en los menores de 9 años y en las mujeres entre los 10 y los 19 años.

En el marco de la descripción del patrón de comportamiento de la denuncia de los hechos, el documento señala que vale la pena subrayar otros resultados importantes, aunque provengan de una sola institución, el Instituto de Medicina Legal (IML), que fue la única de la que se pudo obtener información consolidada.

Ø Los casos de VIF tienden a presentarse en mayor o menor medida, tanto en personas sin ningún nivel escolaridad, como entre los diferentes niveles de estudio y los eventos de violencia sexual predominan en personas sin ninguno o escaso nivel de escolaridad.

Ø Tanto en hombres como en mujeres, la mayoría de los casos registrados de violencia sexual ocurren en personas que no tienen ocupación o se encuentran estudiando. Además, en más de la mitad de los casos, la agresión ocurrió en casa propia o conocida de la víctima.

Ø La inmensa mayoría de los agresores involucrados en hechos de VIF resultaron ser hombres y en cerca de las dos terceras partes de los casos, es el cónyuge el parentesco con la víctima más frecuentemente observado.

Ø La violencia psicológica resultó ser el tipo de VIF más frecuentemente encontrado, seguido de la forma física, mixta y sexual respectivamente.

En cuanto a las recomendaciones mencionadas en el 2003, es importante visualizarlas, al igual que las conclusiones ya que se enlazan de manera directa con el trabajo que cinco años después ha desarrollado este Equipo Consultor. Señalaremos las más significativas.

1. Las instituciones, deben enfrentar el desafío de fortalecer sus sistemas de registro de

denuncias de VIF y abuso sexual, no sólo para cualificar la prestación de los servicios propios, sino para agilizar el tránsito a la etapa de la intervención intersectorial, que requiere potenciar los actuales mecanismos de coordinación interinstitucional para el montaje en equipo de sistemas de registro y vigilancia con fines de control y prevención.

2. Es necesario que las instituciones definan mecanismos de monitoreo y supervisión

estrecha a todo el proceso de captación, flujo y procesamiento de la información obtenida, a fin de asegurar la continuidad, oportunidad y confiabilidad de la información obtenida.

3. La necesidad de implementar lo más pronto posible la hoja o formulario de registro

único que sea expresión y reflejo de la coordinación interinstitucional. El formulario de registro único debe tomarse como punto de partida de la definición de un sistema de registro, vigilancia y prevención que incluya: mecanismos de interconectividad, definición de las variables sujeto de estudio, los criterios de procesamiento, análisis y diseminación de la información, devolución de la información procesada a cada institución participante, capacitación y sensibilización del personal, reuniones intersectoriales de retroalimentación y evaluación del sistema y gestión de apoyo técnico y financiero.

Como podemos observar por la recomendación realizada respecto a un formulario único, su objetivo último se refiere a la instalación de un Sistema de Registro, Vigilancia y Prevención que permita la instalación de un proceso eficiente de registro captura y manejo de datos relacionados con la violencia contra las mujeres. Los funcionarios(as) de las instituciones participantes ubicados en el nivel local y las ONG’s y líderes convocados presentaron una serie de necesidades y sugerencias que son compartidas y que dada su pertinencia son incluidas en este apartado. En su conjunto las sugerencias giran alrededor de temas que por su trascendencia deben considerarse críticos y a su vez motivadores para generar estrategias alternativas para su superación. Dichos temas son:

a) mejoramiento sustancial de la cantidad y calidad de recursos humanos y materiales, b) sensibilización y capacitación técnica y profesional del personal de todos los niveles, particularmente jefaturas y tomadores de decisión, para asegurar la calidad e integralidad de la atención. c) Para asegurar el desarrollo de habilidades y destrezas del personal que atiende directamente a las personas afectadas y como parte de un proceso de educación continuada, deben efectuarse periódicamente evaluaciones del desempeño y de la calidad de la atención brindada, sin olvidar el trabajo de soporte emocional del personal con sesiones de autocuidado, d) coordinación interinstitucional e intersectorial, y

e) implementación de la hoja única de registro único de casos como expresión y reflejo de la coordinación interinstitucional

1.3 EVALUACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS EN EL 2004

Pasaremos ahora a referirnos a otro documento que consideramos también central en relación a la bibliografía existente. Nos referimos al documento elaborado por la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, Sra.Yakin Ertük, en su misión a El Salvador entre el 2 y 8 de febrero del 20049 Este documento, es importante, en tanto se refiere a las distintas formas de violencia de género, considerando a la violencia intrafamiliar, como una de sus manifestaciones y señalando las principales medidas e iniciativas que deberían adoptarse para garantizar la protección y promoción de los derechos de la mujer y la eliminación de la violencia en su contra. Según este informe, aunque los derechos de la mujer no fueron un aspecto central de la guerra civil en El Salvador entre 1980 y 1992, el alto grado de participación de las mujeres en las fuerzas de oposición les confirió una experiencia y una conciencia política que les permitió luego combatir las prácticas discriminatorias en la sociedad. Como resultado de ello, en la etapa posterior al conflicto, se realizaron progresos significativos en cuanto a la igualdad entre los sexos, particularmente en el plano legislativo. Afirma el documento que otras novedades alentadoras son, la creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, (ISDEMU), la creación de un Programa de Derechos Humanos en la Policía Nacional Civil (PNC), y otras iniciativas institucionales destinadas a proteger a las mujeres contra la violencia. A pesar de tales logros, la Relatora marca un problema central vinculado con la impunidad, en tanto las autoridades no investigan, enjuician y castigan a los responsables de actos de violencia contra la mujer, se crea un clima de escasa confianza del sistema de justicia. Continua afirmando que la impunidad de los delitos, las desigualdades socio-económicas y la cultura machista, favorecen una situación de violencia generalizada en el que la mujer está sometida a una serie continuada de actos múltiples de violencia, como el asesinato, la violación, la violencia en el hogar, el acoso sexual y la explotación sexual comercial. En su análisis sobre las cuestiones vinculadas a la violencia de género en El Salvador la Sra. Ertük, contextualiza la problemática, haciendo referencia al entorno nacional y considerando tres aspectos centrales:

Ø las disparidades socioeconómicas, Ø el proceso hacia la paz y la democracia y Ø la estructura familiar y cultura machista

9 NACIONES UNIDAS. Consejo Económico y Social. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Yakin Ertük. (2 a 8 de febrero de 2004)

Ertük luego pasa a señalar las diferentes manifestaciones de la violencia de género, para terminar señalando los logros obtenidos en el país en la repuesta a la Violencia contra la mujer, en los diferentes planos. Concluye señalando los problemas que quedan por resolver y sus conclusiones y recomendaciones. Realizando una breve síntesis de sus consideraciones. ENTORNO SOCIAL Disparidades socioeconómicas: Históricamente una pequeña clase privilegiada ha monopolizado las tierras, la riqueza y el poder en El Salvador. Estas desigualdades son la causa de la actual agitación social en el país y junto con la represión militar fueron los factores desencadenantes de la guerra civil que duró doce años, de 1980 a 1992. La política agraria impulsada en el período comprendido entre 1989 y 1994 no se ocupó en modo alguno de la mujer de las zonas rurales. Aunque en el año 2000 el sector agrícola aportaba tan solo el 8,7% del producto bruto interno, daba empleo al porcentaje más alto de la población, el 21%, proporción ya notablemente inferior al 34,8% de 1992. El sector ha sufrido en los últimos años la merma de los precios de los cultivos comerciales, en particular del café. Se estima que entre 1980 y 1992 emigraron 525.250 personas. Alrededor del 59% de las personas que emigraron durante ese período fueron hombres, lo que repercutió en un aumento de los hogares encabezados por mujeres. Las remesas de esos emigrantes, que se cifran por término medio en 2.000 millones de dólares de los EEUU por año, constituyen la espina dorsal de los hogares encabezados por mujeres. El deterioro de la cultura ha acrecentado asimismo las dificultades de quienes permanecieron en el país. El empleo contribuye poco a mejorar el nivel de vida de la mujer debido a las malas condiciones de trabajo, a las responsabilidades domésticas y la diferencia de salario entre hombre y mujeres. La incapacidad del gobierno de adoptar una ley justa de impuesto sobre la renta y medidas eficaces de seguridad social le impide hacer frente a las crecientes disparidades. Proceso hacia la paz y la democracia: En 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz, el estado asumió la responsabilidad de crear instituciones democráticas. Desde entonces el gobierno ha iniciado reformas legislativas, algunas de las cuales abordan directamente el problema de la discriminación por motivos de sexo. Sin embargo, a pesar de las reformas, aún hay obstáculos. La impunidad por la violencia del presente y el pasado, la pobreza, la discriminación contra la mujer, la cultura machista, la posesión de armas por agentes no estatales y la impotencia institucional son todos factores que obstruyen el camino hacia la paz y la democracia Muchos salvadoreños consideran que la paz no se ha logrado realmente, ya que el delito político ha sido sustituido por el delito común. Los funcionarios del gobierno atribuyen los problemas a las pandillas y han implantado una iniciativa de “mano dura”.

Estructura familiar y cultura machista: Las investigaciones indican que en muchas sociedades machistas la masculinidad se mide en parte por la virilidad del hombre. Por lo tanto, los varones a menudo engendran hijos a una edad en que aún no están en condiciones de mantener una familia. Esto suele terminar en el abandono. Se estima que en el 31% de los hogares de El Salvador el jefe de familia es una mujer. La gran mayoría son mujeres abandonadas por sus parejas. En 1997, Las Dignas, una ONG de mujeres, realizó un estudio que reveló que el 87,5% de las mujeres entrevistadas no recibían ninguna asistencia económica de los padres de sus hijos, y el 61% no había recibido jamás ningún apoyo emocional de parte del padre durante la crianza de los hijos, y aunque se ha adoptado una nueva ley que castiga a los padres que no cumplen su deber, en la práctica los hombres siguen esquivando la obligación de pagar los alimentos. MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA Asesinato: Durante 2002 y 2003, El Salvador fue testigo de un aumento de los asesinatos de mujeres extremadamente violentos. Las edades de las victimas comprendidas entre 15 y 20 años, desaparecían y eran luego encontradas asesinadas en parques públicos o en tierras baldías de los alrededores de San Salvador. Los cadáveres mutilados mostraban señales de violación y tortura, y en algunos casos habían sido decapitados. Datos contradictorios: La División de la Mujer de la Procuraduría General notificó 306 casos de asesinatos de mujeres en primer grado y 280 en segundo grado ocurridos entre enero y noviembre de 2003. En total, en este período fueron asesinadas 813 mujeres. Sin embargo, según la PNC, durante el mismo período se notificaron a la policía 202 casos de asesinatos de mujeres y niñas. Fue pedida información al sector de la justicia acerca del número de enjuiciamientos por asesinato, los casos de indemnización de la familia y la situación general con relación a los asesinatos; lamentablemente no se recibió ninguna información. La ONG Las Dignas efectuó una investigación que demostró que en 2003 se publicaron en los periódicos en total 153 casos de violencia contra la mujer. Sólo en 62 de los 153 casos se había identificado al autor; de éstos, el 32,3% eran profesionales, y el 16,1% miembros de pandillas. Además, la mayoría de los autores eran familiares de la víctima. Estas conclusiones, impugnan la información oficial de que las pandillas son las principales responsables de la violencia contra la mujer. Violencia en el hogar y abuso sexual de las niñas: Dentro del hogar y en cuanto al abuso sexual de las niñas la legislación salvadoreña prohíbe la violencia en el hogar y prevé penas de seis meses a un año en caso de condena. Sin embargo, la violencia intrafamiliar está muy difundida y se tolera. El Programa de Saneamiento de la Relación Familiar (PSRF) registró 4.222 casos de mujeres sometidas a violencia intrafamiliar en 2003. Las organizaciones de mujeres estiman que nueve de cada diez mujeres han sido objeto de violencia en el hogar. Los datos acerca de los malos tratos de niños y el incesto son limitados debido al tabú social que pesa sobre estos delitos. Tales abusos son inquietantemente frecuentes También las mujeres señalaron que los jueces de paz y la policía no tomaban en serio las denuncias.

Los tribunales son más favorables a la reconciliación y la reunificación familiar que al enjuiciamiento de los autores, con lo cual las víctimas quedan expuestas a represalias. La violencia que no deja señales por más de diez días se clasifica como falta y no como delito. Violencia y acoso sexual en los lugares de trabajo: Como hemos señalado anteriormente la violencia no solo sucede en el hogar, también reside en los lugares de trabajo. El derecho salvadoreño garantiza la igualdad ante la ley de los hombres y mujeres trabajadores con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 38.1 de la Constitución. Sin embargo, los sectores en que trabaja la mujer no suelen estar reglamentados y por lo tanto se caracterizan por malas condiciones de trabajo, bajos salarios, poca seguridad en el empleo y el riesgo potencial de explotación y violencia, manifestada en gran proporción por el acoso sexual. Violencia relacionada con la explotación sexual comercial: Uno de los tipos de violencia más nefasto es el de la explotación. La situación geográfica de El Salvador es atractiva para las personas sin documentos. La falta de oportunidades ha empujado a las personas a emigrar, exponiéndolas al riesgo de la trata y la explotación. Según algunas ONG, se dice que las personas pagan entre 4.000 y 5.000 dólares de los EE.UU. para ser introducidas ilegalmente en los Estados Unidos de América; sin embargo, numerosas mujeres y niños no llegan a su destino final, sino que desaparecen. Muchos son vendidos para la explotación sexual comercial, y algunos violados y/o encontrados asesinados cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. Otra dimensión de la trata comprende el secuestro y la adopción fraudulenta de niños. Según la ONG Save the Children, muchos lactantes, en su mayoría niñas, son sacados de El Salvador para adopciones comerciales o fraudulentas en el norte y en Europa. La sexualidad de la mujer y su capacidad reproductiva han adquirido así un valor comercial. LOGROS EN LA RESPUESTA A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:

Iniciativas del Gobierno

Plano legislativo Manifiesta Ertük que la Constitución de El Salvador establece la igualdad de todas las personas, sin distinción por motivos de raza, sexo o religión. Asimismo, el país es Parte de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y se han efectuado un número considerable de reformas para fortalecer la legislación interna y armonizarla. Una de ellas es la Ley contra la violencia intrafamiliar, sancionada en 1996. Se trata de una ley preventiva, promulgada para castigar los actos de violencia intrafamiliar. Los tribunales de familia y los jueces de paz son competentes respecto de la aplicación de esta ley. La ley estipula que toda persona que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de violencia intrafamiliar podrá denunciarlo o dar aviso a la PNC, a los tribunales competentes y a la Procuraduría General de la República.

Plano institucional: Lamentablemente, el ISDEMU no tiene la capacidad jurídica ni presupuestaria para cumplir su mandato como mecanismo nacional de coordinación de una

política global para el desarrollo de la mujer y la igualdad entre los sexos; sólo puede realizar proyectos fragmentados. Tampoco posee el poder político para garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos.

Plano programático: El ISDEMU ha realizado varias campañas encaminadas a lograr la igualdad de derechos, entre ellas campañas radiofónicas y la adjudicación de premios por la buena información sobre la violencia. Existe una casa de acogida temporal para las víctimas de la violencia, con personal profesional especializado. El Programa de Saneamiento de las Relaciones Familiares del ISDEMU coordina las actividades de control, prevención, tratamiento y vigilancia de los casos. Es un esfuerzo por crear conciencia. Como parte del programa, se ha puesto a disposición un Teléfono Amigo de la Familia (TAF) que ofrece: a) intervención en caso de crisis para ayudar a las víctimas; b) seguimiento psicológico de las víctimas durante el episodio inicial de la crisis; c) asesoramiento, apoyo y seguimiento de las víctimas por teléfono durante los procedimientos judiciales; d) tratamiento complementario en casos de violencia individual grupal y vigilancia de los agresores; y e) selección y seguimiento de los casos en que las víctimas necesitan amparo. Entre 1999 y 2003 utilizaron la línea telefónica 102.784 víctimas de la violencia intrafamiliar, y 224.931 personas se beneficiaron de la acción preventiva a nivel nacional. Además, entre 2000 y 2003, 1.723 víctimas utilizaron la casa de acogida. En 2003, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) abrió un hogar en el departamento de Ahuachapan destinado a atender a las muchachas que han quedado embarazadas y han dado a luz como consecuencia de una violación. El Instituto coopera con la policía en la búsqueda de menores en las zonas rojas, y en 2003 rescató a 65 niños. Con apoyo de la OIT, el Instituto Salvadoreño ha podido elaborar un programa de prevención de la explotación sexual comercial de menores. La Academia de Policía ha elaborado un programa de derechos humanos que imparte módulos de capacitación sobre el mantenimiento del orden y los derechos de la mujer, con el fin de crear conciencia entre los profesionales de la seguridad pública. La Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida ha suscitado actitudes positivas de parte de las autoridades de la PNC por las formas en que ha organizado y aplicado medidas para combatir la violencia en el hogar y dar publicidad a la función de la policía en estas cuestiones. Iniciativas de la sociedad civil: Una red de organizaciones de mujeres colabora con la policía, el Procurador General y la Procuraduría General para mejorar la respuesta del sistema de justicia penal a los casos de violencia contra la mujer. CEMUJER, fundado en 1980, presta servicios a las mujeres y niñas víctimas de la violencia brinda apoyo jurídico, psicológico y social. Imparten capacitación a magistrados y presta asesoramiento técnico. La organización documenta los casos de aborto, para respaldar las propuestas de enmienda del Código Penal con el fin de autorizar el aborto terapéutico. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) vigila las instituciones con vistas a frenar la delincuencia, y en particular observa la respuesta del sistema de justicia penal a la violencia contra la mujer.

La ONG Las Dignas ha formado grupos de asistencia mutua e impartido formación jurídica básica con el fin de facultar a la mujer para adoptar decisiones con conocimiento de causa sobre cómo proceder en el sistema judicial. La organización ayuda a las víctimas a prepararse para las audiencias y presta servicios de apoyo durante todo el proceso judicial. El Movimiento Mélida Anaya Montes es una organización que ofrece casas seguras a las mujeres víctimas de la violencia, imparte capacitación jurídica básica y ofrece tratamiento Psicosocial. Iniciativas de las Naciones Unidas: La misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) desempeñó una función particularmente importante en el proceso de paz en lo que respecta a la observación y la vigilancia de los acuerdos de paz y las elecciones en El Salvador entre 1991 y 1995. Cada entidad de las Naciones Unidas promueve el adelanto de la mujer en el contexto de su propio mandato. El Grupo Interagencial de Género (GIGNU) coordina con las entidades gubernamentales y los grupos de mujeres la ejecución del programa internacional sobre las cuestiones de género y la celebración del Día Internacional de la Mujer. El Programa Interinstitucional para el Empoderamiento de las Mujeres Adolescentes (PIEMA) quien se esfuerza por resolver los problemas de las mujeres jóvenes estableciendo programas sobre la formación de líderes, la creación de conciencia acerca del VIH/SIDA, la violencia sexista, la salud materna y la atención prenatal. PROBLEMAS POR RESOLVER EN EL 2004 Aplicación efectiva de la ley A pesar del marco jurídico, las instituciones y los programas generalmente positivos que se acaban de describir, el Gobierno de El Salvador no está cumpliendo sus obligaciones de prevenir, investigar y perseguir de manera eficaz los delitos de violencia contra la mujer. Los magistrados a los que se asignan casos de violencia contra la mujer tienden a pensar que ésta debe haber provocado la violencia de que ha sido objeto. Víctimas y familiares han señalado que cuando acuden a la justicia son objeto de nuevos malos tratos y discriminación por parte del sistema de justicia penal. Algunos familiares indicaron que habían sido tratados con indiferencia por las autoridades, y algunas parientes femeninas habían sido incluso objeto de acoso sexual por agentes de policía. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) reconoce que ha habido algunas mejoras en la respuesta del sistema de justicia penal a la violencia contra la mujer. Sin embargo, sostiene que la policía no ha sido formada para investigar los casos de violencia de género. Se dice que de 10.000 casos de delito sexual registrados por la policía cada año, sólo 2 de cada 100 llegan ante un juez. La Oficina del Defensor del Pueblo ha desarrollado un sistema de recopilación de datos para seguir de cerca la asistencia prestada a las mujeres y vigilar el tratamiento que la policía y los tribunales dan a los casos de las mujeres, con el fin de presionar a las autoridades para que cumplan sus obligaciones internacionales. Sin embargo, desde 1999 este sistema ha tropezado con obstáculos. Las poderosas fuerzas conservadoras que consideran esas prácticas de vigilancia peligrosas para sus intereses han comenzado a neutralizar o debilitar las atribuciones de la Oficina del

Defensor del Pueblo, concretamente cerrando la subdivisión de la Oficina que promueve los derechos de la mujer. Acceso a la salud reproductiva y los derechos de procreación El aborto provocado ha sido siempre un acto ilegal en El Salvador; en cambio, el aborto terapéutico y el aborto después de una violación o por motivos eugenésicos fueron legales hasta 1999, cuando se enmendó la Constitución, para reconocer la existencia de la persona humana desde el momento de la concepción. Los derechos del feto fueron considerados más importantes que el derecho de la mujer a la vida, la salud y el bienestar. La tipificación del aborto como delito es discriminatoria ya que las mujeres de clase social más alta tienen acceso a otras opciones para resolver el problema de los embarazos indeseados. En las conclusiones de su informe Ertük plantea que la consolidación de la democracia en el país se ve obstaculizada por la falta de justicia y seguridad. La resistencia de diversos interesados directos retrasa especialmente el cambio, ya que una pequeña elite sigue controlando la riqueza y los recursos e influyendo sobre las fuerzas de seguridad, los políticos y el poder judicial. Esta situación es un obstáculo para la creación de una sociedad justa y no excluyente. La resistencia a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer so pretexto de que es anticonstitucional debe abordarse y combatirse. La pobreza, la impunidad de los autores de la violencia contra la mujer, la discriminación sexista y clasista en la aplicación de la ley, la ineficacia general de la protección de los derechos de la mujer, la cultura machista, la posesión y el uso de armas, y la impotencia institucional son factores que requieren una atención urgente. En este sentido, hacen falta investigaciones y datos desglosados por sexo para orientar la formulación de políticas y seguir de cerca los progresos en todos los sectores. RECOMENDACIONES Con relación al gobierno, la Relatora le sugiere que adopte medidas en relación a cinco aspectos:

a) la creación de una base de información y conocimientos que tengan en cuenta los problemas de la mujer; b) la garantía de la protección de la mujer mediante reformas de la legislación, de las investigaciones y del sistema judicial; c) el fortalecimiento de las infraestructuras institucionales; d) el inicio de programas de capacitación y sensibilización; e) la aplicación y vigilancia de las normas laborales internacionales, particularmente en el sector no estructurado.

En función de los problemas observados y el análisis realizado, la Consultora Ertük también plantea una serie de sugerencias a la Comunidad Internacional y a la sociedad civil, incluyendo las ONG’s de mujeres, los grupos de derechos humanos y los medios de comunicación, para que cada uno desde sus respectivos ámbitos, adopten medidas que

apoyen la protección de los derechos humanos; refuercen el equipo de Naciones Unidas en el país; financien y promuevan el desarrollo de investigaciones y proyectos en cuestiones de género orientadas a la formulación de políticas acerca de la violencia contra la mujer; reafirmen y ratifiquen los compromisos con las Convenciones Internacionales trabajando con el estado; elaboren estrategias comunes para lograr que el gobierno se haga responsable de la promoción y protección de los derechos de la mujer; vigile la aplicación de la ley por el sistema de justicia en los casos de violencia; y asuma funciones de promoción, entre otras cosas mediante la sensibilización de los medios de comunicación para evitar los estereotipos sexistas y la proyección de imágenes negativas de la mujer. 1.4 SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL SALVADOR EN EL 2008 Pasaremos ahora a sintetizar el documento Situación de la Mujer en El Salvador10 elaborado por OPS/UNFPA en enero del 2008, que se refiere a la situación de la mujer con relación a la salud.11 Violencia contra la mujer Violencia contra la mujer Los datos parciales existentes sugieren que la proporción de personas afectadas, y particularmente niñas y adolescentes es alta. El 8.5% de la mujeres entre 15 y 49 años reportaron en el transcurso de la vida alguna forma de abuso sexual y 6% violación con penetración. El 60% de los casos de abuso sexual y el 42% de las violaciones ocurrió antes de cumplir los 15 años.12 En cuanto a la violencia en las relaciones de pareja, el 35.8% de las mujeres alguna vez reportó que había recibido maltrato psicológico, el 18% violencia patrimonial, el 19.7% violencia física y 8% violencia sexual13. La mayoría de las denuncias de violencia sexual presentadas en el período 1998-2000, corresponden a víctimas entre 0-19 años. El 41.6% correspondía a mujeres adolescentes de 10-19 años y el 3% a hombres del mismo grupo de edad.14 Según organismos de mujeres, en 2005 realizaron una campaña y revelaron que el 56.4% de la población piensa que es normal que un hombre agreda a una mujer.15 Según el Instituto de Medicina Legal, la tasa de homicidios de mujeres por cada cien mil habitantes pasó de 6.5 en 2001 a 7.6 en 2004. Homicidios en Mujeres (Feminicidios) En los últimos cinco años en El Salvador, 1666 mujeres han sido asesinadas. Los datos corresponden a las bases anuales elaboradas por el Instituto de Medicina Legal (IML), en

10 Informe OPS/UNFPA para avances CEDAW. Enero 2008 11 Los datos que se presentan a continuación están incluidos en el documento referido en punto 8 12 FESAL. Encuesta Nacional de Salud Familiar, 2002-2003 13Ídem 14OPS7OMS. Indicadores de empoderamiento con énfasis en la prevención de la violencia de género en adolescentes a nivel local. San Salvador. San Salvador.2004 15 Informe regional situación y análisis del feminicidio en la región centroamericana. Consejo CA de Procuradores de Derechos Humanos. Agosto 2006

consolidado con la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República (FGR). Estos datos recién se conjuntan desde el año 2005. Los dos años previos corresponden a relevamientos del IML. Un Comunicado de prensa de la Red Feminista Contra la Violencia hacia las mujeres en El salvador del 9-3-08, muestra el número de Feminicidios en El Salvador de la manera siguiente: 2004, 260; 2005, 390; 2006,437; 2007 hasta sep., 257. El promedio mensual es de 36 asesinatos de mujeres. Casi iguales ante la muerte Morir en El Salvador tiene similitudes en sus rangos más “gruesos” para ambos sexos: la tasa de mortalidad ha aumentado, y se muere joven por arma de fuego. Sin embargo, aunque la lozanía es factor común en los géneros, hay una leve variación en el rango de edades en que mueren más personas en el territorio nacional, de acuerdo a las estadísticas. Mientras que los hombres, desde por lo menos hace cinco años son asesinados en su mayoría de los 20 a los 24 años; las mujeres son ejecutadas más jóvenes aún. De los 15 a los 19 años es el rango que despunta para ellas. Empero, a nivel genérico (ambos sexos), el año pasado el rango de homicidio más abultado fue de los 25 a los 29 años, al acaparar las 786 muertes violentas de las 3,491 ocurridas. Así también, a nivel de porcentajes (lo que del total de asesinatos en el país representan las mujeres) ha existido una variación a la alza. En los últimos cinco años pese a que hubo un incremento de 2003 a 2004, de 28 homicidios; el porcentaje bajó de 9.7% a 8.8%. La cifra más alta, en el último lustro, continúa siendo el 2006, en el que las mujeres asesinadas representaron el 11.1% de los homicidios en todo el país. Hasta el año pasado, las muertes violentas de mujeres lograron bajar de nuevo de porcentaje de 10 puntos y quedar similar a 2003, en 9.9%.

1.5 LEYES CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Las Leyes que protegen a las mujeres contra la Violencia Intrafamiliar son:

1. Ley contra la Violencia Intrafamiliar 2. Ley procesal de Familia 3. Código Penal 4. Código procesal Penal 5. Tratados y Convenciones Internacionales, tales como: 1.- La Declaración sobre

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (ONU, 1993); 2.- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, OEA, 1994.

Fines y Principios de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. La Ley Salvadoreña contra la Violencia Intrafamiliar se inscribe, en la jurisdicción de Familia, emancipándose relativamente de los órdenes Civil y Penal. Se trata esta de una apuesta coherente con el entendimiento de los derechos y deberes que surgen de las

relaciones familiares como derechos no estrictamente individuales, sino reindudable protección social, y en tal medida objeto de la política tuitiva del Estado.Se constituye en Ley secundaria en función de los Tratados y Convenios Internacionales a los que suscribe la República de El Salvador.16 Finalidades de la Ley: El artículo 1 de la Ley establece cuatro grandes grupos de finalidades que ésta aspira a cumplir: 1.- Establecer los mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, en las relaciones de los miembros de la familia o en cualquier otra relación interpersonal de dichos miembros, sea que estos compartan o no la misma vivienda. 2.-Aplicar las medidas preventivas, cautelares y de protección necesarias para garantizar la vida, la integridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar: La finalidad que se proclama concierne directamente a la protección de los bienes jurídicos esenciales de las victimas de violencia y constituye la finalidad primordial de la Ley, por encima sin duda del aspecto preventivo y represivo. a) la obligación de procurar auxilio médico, incluyendo la provisión de transporte hasta el centro médico más próximo para que pueda ser atendida la víctima; b) la conducción a un lugar adecuado para preservar la seguridad de las victimas o ser atendidos; c) la necesidad de tomar las medidas pertinentes para impedir al agresor o agresora continuar con actos violentos; d) La necesidad de adoptar la medida de protección especial temporal consistente el la orden de alejamiento del agresor por un plazo máximo de ocho horas, por no aludir a la preceptiva detención en caso de que sea delito. Cabe destacar que el destinatario más importante es el propio Juez o Jueza, obligados a decretar “inmediatamente si el caso lo requiere”, tales medidas cautelares, preventivas o de protección. 3.-Regular las medidas de rehabilitación para los ofensores. Tratan fundamentalmente de impedir o dificultar, bien la continuación del hecho violento, bien su reiteración. Pero desde la nueva redacción del articulo 28 por D.L.nº892, DO nº 137 tomó con la medida consistente en “imponer al agresor o agresora tratamiento psicológico o psiquiátrico.” 4.-Proteger de forma especial a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, de niños y niñas, adolescentes, personas adultas mayores y discapacitadas.

16 “Ley contra la Violencia Intrafamiliar comentada de El Salvador y Delitos conexos”, García Albero, R. y Marroquín Martínez, A. Consejo Nacional de la Judicatura y Escuela de Capacitación Judicial (CNJ-ECJ), San Salvador, 2008. Con auspicio de UNFPA, AECID, UTE; ISDEMU.

Esta protección especial es necesaria para disminuir la desigualdad de poder que exista entre las personas que constituyen una familia y tomar en cuenta la especial situación de cada una de ellas. Con tal mandato de protección especial, el legislador trata de advertir sobre la necesidad de atender específicamente a las víctimas de aquella violencia que tiene su génesis en la asimetría de poder; sea cual sea la fuente de tal desigualdad: económica, por razón de género, de edad o de situación física o salud. Procedimiento: Implica una actitud comprometida de la Instituciones que aplican la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y que son los encargados de la atención de las víctimas y de la viabilización de la denuncia: Juzgados de Familia, Juzgados de Paz, Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría General de la República (PGR), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PPDDH), Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM), Organismos no Gubernamentales (ONG’s). Luego del procedimiento administrativo de la denuncia, llevado a cabo por algunas de las Instituciones mencionadas que señala el Art. 13 de la ley, se inicia el procedimiento en la instancia judicial que implica la decisión acerca de medidas y el desarrollo del proceso judicial, según el caso. Medidas de Protección: En este sentido, ostentan también finalidad sancionadora, según proclama la misma ley en su artículo 7. Concebidas también como consecuencias derivadas de un hecho ilícito, son el trasunto de la responsabilidad afirmada en el autor o autores, previo allanamiento de los hechos por parte del mismo o tras la práctica de la prueba en el juicio oral-sentencia-. a) Las prohibiciones de reiterar los hechos de violencia d) Prohibir a la persona agresora ingerir bebidas alcohólicas, estupefacientes, alucinógenos o sustancias que generan dependencias físicas o psíquicas a juicio prudencial del juez o jueza. e) Orden judicial ala persona agresora para que salga inmediatamente del domicilio común. Si se resiste se auxiliara de la Policía Nacional Civil. f) Fijarle a la persona agredida si así lo solicita, un domicilio diferente del común, que la proteja de agresiones futuras. g) Orden judicial de allanamiento de morada, cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual psicológica y patrimonial de cualquiera de sus habitantes. h) Suspender a la persona agresora el permiso pasaportar armas, mientras estén vigentes las medidas de protección y ordenar el decomiso de las armas que posee. i) Suspenderle provisoriamente a la persona agresora, el cuidado personal, la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas menores de edad y sus derechos de visita a estos en caso de agresión.

j) Prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio permanente o temporal de la persona agredida, y a su lugar de trabajo o estudio. k) Establecer una cuota alimenticia provisional: una vez fijada de oficio se procederá a su ejecución. l) Otorgar el uso exclusivo por un plazo determinado del maneje de la casa de habitación a la persona agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el maneje amparados al régimen del patrimonio familiar. m) Emitir una orden judicial de protección y auxilio policial dirigida a la autoridad de seguridad pública de su vecindario. La víctima portara copia de esta orden para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza, de agresión fuera de su domicilio. n) Cualquier otra medida prevista en el ordenamiento familiar vigente. Con relación a la interpretación clara y didáctica de esta Ley remitimos a la consulta de la Versión Popular de la Ley, trabajo producido por el Lic. Alex David Marroquín Martínez.17 CONCLUSIONES Luego de este recorrido por los documentos que consideramos más significativos para el desarrollo del proyecto, es importante destacar un elemento común en todos ellos: la descripción de un momento histórico-social particular, en el cuál lo que se advierte como pauta, es una situación incompleta de los procesos en cada una de las áreas abordadas. Según lo que expresan expertos convocados por el Programa Sociedad sin violencia del PNUD, estamos frente a un régimen transicional, con una democracia primeriza. Señala José Miguel Cruz18, por muchas razones, Centroamérica ha sido una región especial dentro de América Latina. Existe un proceso común general pero los hechos muestran que América Central ha tenido una historia sociopolítica muy particular. La característica más determinante de la historia reciente de la región son los amplios procesos de guerra y paz que tres de los cinco países del área han experimentado en los últimos treinta años o más. Guatemala, El Salvador y Nicaragua, fueron regidos por gobiernos autoritarios la mayor parte del siglo veinte y no restauraron una democracia previamente existente. En estos tres países, no sólo tuvo que establecerse la democracia como un procedimiento por primera vez en la historia, sino que también las instituciones también tuvieron que hacer esto posible Fue así como al iniciar la ejecución, éste se da en un contexto de plena transición; desde estructuras rígidas y autoritarias hacia sistemas pacíficos y democráticos. La transición no es sencilla, los obstáculos son muchos y, pese a ello, observamos una increíble y vertiginosa conformación de espacios que tienden hacia la construcción de sistemas flexibles y abiertos a la incorporación de nueva información y pautas alternativas de funcionamiento. Consideramos que es importante poner en primer término los logros obtenidos en tan pocos años de experiencias democráticas. Falta camino por recorrer, pero es mucho lo avanzado como para caer en consideraciones negativas sobre el proceso

17 “Ley contra la Violencia Intrafamiliar”, Versión Popular. Marroquín Martínez, A.D. CNJ- ECJ 18 “Aportes para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana”. Programa Sociedad sin Violencia, PNUD 2004

político, económico y social que está llevando a cabo el pueblo y, en particular, las mujeres salvadoreñas. En El Salvador, la falta de consolidación de la democracia es generadora de violencia, la violencia actual toma en El Salvador formas distintas que en otras partes, porque exactamente existe una cultura vieja de violencia. No pareciera haber claridad sobre el contenido del concepto democracia. En tal sentido, la búsqueda del orden y la seguridad pueden resultar ambiguas, en tanto no existe aun un desprendimiento de los viejos modelos. Ese es el dilema que genera la violencia. Las personas que han sido revictimizadas en diferentes ocasiones por la violencia impredecible y repentina, y las personas que se preocupan en exceso por su seguridad, no confían en la capacidad de un régimen postransicional de brindar seguridad; además, pueden ser atraídos por respuestas e instituciones autoritarias y antidemocráticas. Lo que acontece en la sociedad, sucede también en las familias y en los individuos y forma parte de las concepciones que desarrollaremos más adelante con relación a la temática de la violencia de género.

CAPÍTULO 2

DIAGNÓSTICO INICIAL II.1 El Contexto A pesar de que en El Salvador han existido una gran cantidad de acciones y proyectos relacionados con la violencia, hasta hace relativamente poco tiempo se había invisibilizado el tema de violencia de género en el debate público. Por ejemplo, desde el año 1998 el Programa Sociedad sin Violencia ha trabajado para fomentar la convivencia y la seguridad ciudadana y, más recientemente, ha mantenido un debate importante para profundizar sobre la comprensión de esta problemática a través del Seminario Permanente de Discusión sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana.19 Sin embargo, en la mayoría de estos debates se ha discutido poco sobre la violencia de género como un fenómeno inherente y fundamental de la violencia ciudadana. Quizá esta disociación entre seguridad ciudadana y violencia de género ha contribuido al lento proceso de registro de la violencia de género ya que como todo fenómeno social, mientras no se defina y se nombre será difícil o casi imposible tener datos confiables de éste. Como plantea Alejandra Massolo (2006: p.12) “… así como se enfatiza lo ciudadana de la seguridad, también se debe reconocer y enfatizar el género de la violencia...” Parafraseando a esta autora, la seguridad ciudadana se vincula con la democracia como forma de gobierno y se asocia a la recuperación de las instituciones democráticas en América Latina, la defensa de los derechos ciudadanos ante las arbitrariedades de las fuerzas del Estado, la criminalidad, la corrupción; y la exigencia hacia el Estado de las garantías de una convivencia pacífica. Sin embargo, en este contexto pareciera ser que las mujeres han sido excluidas del debate como ciudadanas que merecen seguridad. Esto pudo ser constatado en la implementación del proyecto a través de entrevistas con actores claves sobres la violencia de género. Podemos decir que el contexto en el cual se desarrolló el proyecto fue un contexto que puede ser identificado como de desesperanza social aprendida puesto que la mayoría de los actores entrevistados mencionaron que el nivel de prevalencia de violencia contra las mujeres por parte de sus parejas es muy alto (alrededor del 70 por ciento) y además que encontraríamos gran dificultad para promover la colaboración intersectorial. La Desesperanza Social Aprendida es un término que se ha empezado a utilizar en el contexto mexicano para dar cuenta de las respuestas paradójicas del sistema ante la violencia de género, las cuales (al igual que para las mujeres que han sufrido maltrato durante largos periodos de tiempo) tienden a disminuir debido a la sensación de imposibilidad de los actores involucrados, de resolverle la problemática a las víctimas.

19 Aportes para la convivencia y la seguridad ciudadana, Volumen 2. IV Ciclo de Conferencias. San Salvador: PNUD, 2006

Las reuniones y entrevistas realizadas para el diagnóstico inicial muestran que en El Salvador existe una marcada desesperanza social aunada a un desconocimiento de la amplitud de actos violentos que se enmarcan dentro de la violencia de género ya que el estereotipo prevalente, y referencia continua de parte de la mayoría de los actores entrevistados, remitía exclusivamente a la violencia sufrida por mujeres de parte de sus parejas afectivas. II.2 Entrevistas realizadas Además de recopilar los documentos publicados de los cuales se da un breve resumen al capítulo 1, para explorar las percepciones de los actores con los que se planteaba trabajar en San Salvador se realizaron una serie de entrevistas y grupos focales que nos permitieron identificar sus opiniones sobre el tema y el proyecto, así como su experiencia de trabajo con los diferentes sectores20. En total se realizaron 3 entrevistas a integrantes del Grupo Interagencial de Naciones Unidas; 5 entrevistas a actores claves; y 4 Grupos Focales: a la Policía Nacional Civil (PNC), profesionales de la salud, Organizaciones no Gubernamentales de Mujeres y Jueces.21 Sin embargo, debido a la composición de las asistentes al Grupo Focal de salud (todas trabajadoras de una misma institución) se descartó este grupo focal y sus percepciones se integraron a las de la entrevista de la informante clave en este sector. Lo mismo acontece con el Grupo Focal de Jueces, todos provenientes de fuero de familia y al que concurrieron sólo cuatro jueces, en este caso igualmente, se incluirán sus percepciones ya que a pesar de su reducido número, muestran una realidad más que interesante sobre esta parte del sector justicia

Entrevista realizada al Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública CNSP.

Estuvo presente el señor Daniel Carsana quien coordina proyecto de Seguridad Ciudadana del PNUD.

Al analizar las características de las y los participantes en los grupos focales se identificaron aspectos relevantes que deben ser analizados con cuidado para futuras

20 Ver guías de entrevista en anexo 2. 21 Ver listado de características de participantes en grupos focales en anexo 3

intervenciones porque son factores que pueden limitar el impacto de un proyecto de este tipo. Como muestran los cuadros que se presentan en el Anexo 3, se puede decir que:

Ø En general existe sensibilización y especialización limitada en el tema de violencia de género

Ø La gran mayoría de cursos recibidos por los operadores representan un nivel de sensibilización y capacitación básicas; y sólo en casos excepcionales de especialización.

Ø Existe un problema de rotación laboral que impide la especialización de los operadores del sistema. Los policías y jueces son los actores que tienen más antigüedad en sus puestos de trabajo, mientras que los especialistas en salud tienen poca permanencia laboral

Desarrollo de Grupo Focal con miembros de la Policía Nacional Civil

Tanto la rotación laboral como la capacitación de los operadores en los diferentes sectores son factores que limitarán los esfuerzos de continuidad y eficiencia en cualquier proyecto de atención y registro a la violencia de género puesto que es, en conjunto, la sensibilización, el conocimiento y la especialización lo único que podrá garantizar la sustentabilidad, eficiencia y calidad de cualquier proyecto que tenga como objetivo atender la violencia de género. A continuación presentamos una breve síntesis de las percepciones de los diversos actores entrevistados II.3 Percepciones de los diferentes actores sobre la violencia de género

II.3.1 Organismos de Cooperación Internacional. En esta sección resumimos el conjunto de percepciones vertidas por algunos de los integrantes del Grupo Interagencial de UUNN que promovieron la iniciativa y un consultor nacional contratado por la Cooperación Española, AECI, en El Salvador,

quienes proporcionaron información sobre los proyectos realizados en este tema por las diversas agencias, los datos existentes y sus sugerencias sobre la operativización del proyecto. Las entrevistas realizadas muestran que la mayoría de los profesionales que laboran en Organismos Internacionales han identificado claramente la problemática enfrentada por el Estado Salvadoreño en cuanto a la atención que se debe dar a la violencia de género. La mayoría de los temas nodales, fueron abordados por las personas entrevistadas lo cual ha permitido que se elaboren propuestas dirigidas a enfrentar aspectos específicos relacionados con la elaboración de políticas públicas como lo muestran las temáticas mencionadas a continuación.

• Relación Consultorías-Contraparte Uno de los aspectos fundamentales identificados inicialmente en relación con la implementación de proyectos de este tipo es que para un número significativo de las y los representantes de la Cooperación Internacional, los proyectos de consultoría generalmente se conciben desde un lugar tradicional en términos de la relación consultoría-contraparte que implica la realización de tareas por parte de las/os consultoras/es, donde tales tareas, son un diagnóstico de la situación y planteamiento de sugerencias; versus una relación activa donde las/os consultoras/es proveen herramientas específicas para la realización de acciones de potenciación y adecuación de procesos ya existentes con las diversas instancias. En tal sentido, una de las participantes opinó, marcando lo difícil que resulta que las y los funcionarios de aparato del Estado establezcan coordinación y cooperación.

“… con los recursos con los que cuenta, con la manera en cómo están dispuestos y organizados los recursos, ahí es donde yo veo la limitante, porque inmediatamente veo la propuesta y cualquier compañero, compañera del grupo va a decir: los recursos son el equipo de consultoría, recurso efectivo pues…es obligatorio que haya un técnico, o un par de técnicos de cada institución involucrados en el proyecto…..pero ya encargarle –tu vas a realizar diez entrevistas-… no, no”

Otro aspecto que aparece como preocupación, ante el proceso y metodología sugerido por este proyecto, es evitar la repetición de espacios de coordinación interinstitucional, puesto que ya se han creado espacios de encuentro y existe un número significativo de iniciativas que han tendido a saturar los tiempos de los operadores, quienes manifiestan cansancio ante tantas reuniones que no necesariamente llevan a resultados concretos en cuanto a la operación y servicios existentes para abordar la problemática. Esto quizá es resultado de una larga trayectoria de trabajo en el tema de violencia, contra las mujeres, por parte de algunas de las agencias de Naciones Unidas, sin que necesariamente se haya visto un impacto significativo y sostenibilidad de los procesos en las instancias del Estado Salvadoreño, como muestra el siguiente comentario:

“… han sido diez años, doce años de trabajo fuerte con el Ministerio de Salud, hasta que ellos ahora han logrado institucionalizar la respuesta o el programa de atención a la violencia contra las mujeres, cuentan con guías, cuentan con protocolos, incorporaron en sus sistemas de información el tema de la violencia intrafamiliar, no sólo para la mujer sino… entonces, todos los servicios cuentan con algunos insumos…”

• Capacitación del personal

Uno de los aspectos que se señalan como problemáticos tienen que ver con la capacitación que se ha realizado a los operadores de algunos sectores, como Salud, Justicia, Policía, entre otras, y las dificultades que se han asociado a los límites que tal capacitación ha mostrado en la experiencia de los últimos diez años. Entre otras cosas se identifica la conflictiva asociada a la propia experiencia de vida de las y los operadores en los servicios de atención a la violencia. Un ejemplo es el siguiente comentario acerca del sector Salud.

“Se ha capacitado para la Consejería también, para la Formación de Grupos de Apoyo, que en algunas unidades de atención a salud funcionan, en otras no. Esto depende mucho también de la actitud del personal, depende mucho de la vivencia del personal porque es un tema que… trasciende desde mi punto de vista hacia el área personal de los prestadores de salud, entonces si una persona, incluso es víctima de violencia o sobreviviente de violencia difícilmente va a querer abordar esta problemática... hay cierta resistencia también… comprensible, en los operadores o en los prestadores de servicio”

• Rotación del personal Así encontramos un enlace claro entre las problemáticas de capacitación con las estructuras organizacionales de las instituciones del Estado y su alto nivel de rotación.

“… la alta rotación del personal de todas las instituciones dígase, Policía Nacional Civil, Salud, Fiscalía misma… esas son las más estables, pero es la parte más dura, los jueces son revictimizadores a morir, verdad… la alta rotación de personal hace que… el tema, creo, comencemos por ahí, el tema todavía no es una prioridad para los sectores… a pesar de los avances, a pesar que en el ministerio de salud se cuenta con lo que tu querrás, guías, protocolos, etc., …. el tema no es todavía claramente una prioridad, me parece… en diferentes instancias...”

• Relación con Organizaciones de Mujeres

Finalmente, no por eso menos importante, es el que se refiere a la coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil. Un tema que también es mencionado por otros actores, se refiere al vacío existente en cuanto a la relación con organizaciones de mujeres que tienen un compromiso con el tema de violencia de género y han acumulado experiencia en diferentes temáticas.

“… a mi me parece muy importante la participación de las ONG´s de mujeres en este proceso, de las que hayan, de las que son más fuertes,…pero un obstáculo grande que le veo es la resistencia que hay por parte de los organismos de gobierno, de trabajar con las ONG´s de mujeres.”

Grupo Focal con representantes de las Organizaciones de Mujeres

II.3.2 Percepciones de actores del Sector Salud El Sector Salud es el que ha tenido la experiencia de más larga duración respecto al abordaje de la violencia de género. Por esta razón, encontramos que este sector tiene un conocimiento práctico de las problemáticas asociadas al registro de casos de violencia, especialmente las que se relacionan con el conocimiento y la especialización que deben tener las personas que laboran en los servicios de atención; así como el conocimiento sobre la conceptualización de los hechos violentos como lo muestran los siguientes comentarios.

“… donde puede estar parte de la problemática, porque sabemos que decir que tenemos una hoja de registro es fácil, lo difícil va a ser asegurarse que en cada institución se llena y que pase por todo ese proceso, pero previo a esto hay que saber si los operadores saben cómo se va a registrar, cuales son la variables, cómo se va a hacer la pregunta, cómo la detectan, dependiendo de la institución donde se encuentran, en algunas es muy obvio si hubo denuncia, pero en otras no hubo denuncia previa y está presente la violencia y no es registrada” “…Es muy importante que en un proceso de este tipo que tengamos definiciones comunes, porque si no luego es muy complicado la relación entre los sectores…”

Sin embargo, aún en este sector donde se han realizado procesos importantes de implementación de programas y acciones, se encuentra un déficit significativo de procesos de especialización para las y los operadores.

“Especialización no, pero si he tenido capacitación y mucha autodidaxia, si me han delegado al tema un poco tengo que conocer, he asistido a muchos talleres, hemos estado en reuniones de evaluación de las actividades, y presentar los resultados a nivel regional, pero hasta ahí… he estado en talleres cortos de 40 horas, he recibido un curso brindado por una experta española en la UCA, que era más administrativo, pero también fueron 40 horas”.

Debido a que el Sector Salud es una puerta de entrada al sistema de servicios del Estado, aun cuando no exista denuncia, el análisis de su experiencia puede ser un recurso importante ya que en su relación con el Sector Justicia han identificado problemáticas importantes relacionadas con la respuesta de la Fiscalía en casos específicos como el de la violación.

“Por ejemplo en un hospital de aquí de San Salvador, dos mujeres estaban en ese momento por violación, se llama a medicina, pero la respuesta de ellos es muy tardía, llegan 12 horas después, 24 horas después, y hemos tenido casos de hasta 72 horas, en que el forense llegue a hacer el reconocimiento, y eso sabemos nosotros lo que significa para una mujer que ha sido violada, el estar ella sintiéndose sucia, porque no la dejan bañarse, ni quitarse la ropa, entonces todas esas cosas es lo que nosotros desde salud sentimos…”

Por los comentarios vertidos por las profesionales de salud que fueron entrevistadas, pareciera ser que los temas relacionados con la violencia sexual, son los que cuentan con el menor recurso, conocimiento y normatividad respecto al manejo de casos.

“… no existe un protocolo especifico para el caso de incesto, este se incluye en abuso sexual ya sea en la niñez o en los adultos, y el manejo que se hace es, primero el reporte a Fiscalía para que hagan su abordaje, luego si es un hospital que cuenta con el profesional psicólogo, le dan el abordaje y ahí Fiscalía decide que es lo que van a hacer con el niño, si se regresa a su familia o se da en adopción o pasa a una institución de gobierno...”

Finalmente, en este sector como el de las Organizaciones Civiles que veremos más adelante, se identifica un problema que reside en la voluntad política de las instituciones del sector Justicia, del Gobierno y del Ministerio Público que no necesariamente le ha dado la prioridad que se merece la problemática que se intenta abordar.

“¿Con este proyecto no se ha buscado hacer alguna coordinación con gente que pueda meter este tema en agenda política?, porque de esa forma se podría tener el apoyo, yo siempre repito que mientras esto no sea prioridad de gobierno, no va a tener fondos, ni prioridad”.

II.3.3 Percepciones de Organizaciones de Mujeres El grupo focal con las Organizaciones de Mujeres, mostró que en este sector existe un conocimiento y experiencia significativa respecto a la violencia de género ya que su conceptualización no se limita solamente a la violencia intrafamiliar, sino que abarca un espectro mucho más amplio que incluye todos los tipos de violencia y los espacios donde esta ocurre. Sin embargo, reconocen que un problema para abordar la violencia de género en su amplitud, está relacionado con la naturalización del fenómeno y la poca cultura de denuncia, como lo muestran los siguientes comentarios.

“Creo que el 100% de las mujeres con las que hemos trabajado han sufrido algún tipo de violencia. Trabajo con grupos y de pronto me empiezan a contar de algo que les ha pasado” “El problema es que muchas mujeres no conocen que el acoso sexual o acoso laboral son tipos de violencia, entonces las estadísticas a veces no reflejan realmente esa parte, porque las mujeres no conocen que hay ese tipo de violencia, o la violencia patrimonial, por ejemplo, aunque las mujeres no sean dueñas de propiedades, no saben que eso también es violencia” “Cuantitativamente hablando recibimos una cantidad de denuncias por violencia familiar, pero no podemos dejar de lado los acosos laborales, porque muchos de ellos no se ven como violencia, sino más bien como problemas laborales, pero es también violencia de género… inclusive en la calle podemos vivenciar la violencia con el acoso de los hombres” “La cultura de denuncia no está arraigada a nuestra sociedad, debido a que las autoridades poco o nada hacen por eliminar ciertos problemas”.

Un aspecto importante identificado por las organizaciones de mujeres, en comparación con los otros sectores, es el reconocimiento e importancia que le dan a la violencia psicológica como muestran los siguientes comentarios vertidos ante la pregunta sobre los tipos de violencia que existen y su jerarquización.

“Según nuestra experiencia, la violencia psicológica precede a la violencia física y sexual, es decir cuando llega por lo general violencia física, ya ha habido un proceso de discriminación y humillación serio, para mi seria la violencia psicológica la principal”.

“… pienso que la violencia psicológica, pero más bien la tipificaría como una violencia oculta, porque cuando trabajamos con los temas, las mujeres a veces dicen “a mí me paso eso fíjese”, entonces y ahí como que se van dando cuenta de que han sido víctimas de los diversos tipos de violencia, pero no lo han

logrado identificar, precisamente por lo naturalizado que es el golpe, pero yo creo que lo fundamental es la violencia psicológica, física y sexual”

Cabe destacar que en cuanto al manejo jurídico del tema existe un buen bagaje de conocimiento sobre las leyes locales y los tratados internacionales entre las organizaciones de mujeres, contrario a lo que se encontró en otros sectores, incluido el sector justicia.

“… participamos también en lo que son anteproyectos de ley, ahorita estamos trabajando en dos, con lo que es la ley de igualdad de oportunidades, y la otra que es una ley sobre violencia de género, tomando como base las que se han dado en Costa Rica y México, como organización en conjunto con otras organizaciones de mujeres también, Las Dignas, ORMUSA… la CEDAW, la Convención de Belem do Pará, entonces nosotras las aplicamos junto con los tratados internacionales”. “Mientras no se retomen la CEDAW y la Belem do Pará y no se creen tribunales especializados para tratar los casos de violencia va a ser muy difícil avanzar”.

Finalmente, al igual que para el sector salud, la percepción de este grupo de actores sociales es que la voluntad política, es un tema fundamental para poder avanzar en la mejora de acciones para abordar la violencia de género.

“La voluntad política, porque el tema de género no es un tema de la mesa de gobierno, sino mas bien es un tema interesante para algunas diputadas que puedan lanzar un proyecto de ley o una política pública, empezando por el presupuesto que pueden llegar a tener las instituciones del estado, por ejemplo el de ISDEMU, en relación a otras instituciones de igual importancia que tienen mucho más presupuesto”.

II.3.4 Percepciones de actores del Sector Justicia El Sector Justicia es uno de los ámbitos que ha recibido por parte de diversos Organismos Nacionales e Internacionales un gran apoyo para su ordenamiento y reorganización, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en el año 1992. En tal sentido, gran cantidad de Consultorías de diversa índole, fueron llevadas a cabo por Consultores hispano parlantes, siendo uno de los objetivos centrales la modificación de códigos y la capacitación del sector, en relación a diferentes competencias. Con relación al tema de Violencia de Género se promulga en el año 1996, como Decreto Nº 902, la “Ley contra la Violencia Intrafamiliar”, dando cumplimiento al Artículo 144 de La Constitución de la República, con reformas en los años 2002 y 2004, basada en la adhesión de El Salvador a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belem do Pará, OEA, 1994). El Grupo Focal de Jueces, aunque sólo pudieron concurrir cuatro del fuero de Familia, ya que el resto de los convocados no pudo modificar su agenda de audiencias, nos ha brindado

una información interesante acerca de las percepciones de los Jueces de Familia, con relación a la Violencia de Género. En primer lugar, hemos podido observar que el concepto de Violencia de Género, es utilizado casi de modo permanente, como sinónimo del de Violencia Intrafamiliar. En este sentido, podríamos pensar que la insistencia que se ha dado desde las primeras sensibilizaciones y capacitaciones, con relación al tema de la Violencia Intrafamiliar, han dejado un sesgo significativo para poder pensar e incorporar la temática de la Violencia más allá del ámbito doméstico. Asimismo, consideramos analizando las respuestas, que el nivel de sensibilización, capacitación y especialización con relación a la Violencia de Género, es mínima. Ante la pregunta acerca del significado del término, las respuestas se han derivado casi en su totalidad a la Violencia Intrafamiliar.

”… somos operadores del sistema de administración de justicia de la jurisdicción familiar y conocemos de la ley en contra de la Violencia Intrafamiliar”… “Nosotros en la sentencias de segunda instancia tratamos de hacer una función didáctica, diciéndole al juez cómo deben proceder, porque a veces por los mismos procedimientos, el caso termina en una desestimación de la denuncia”… “La violencia intrafamiliar es un flagelo, y yo creo que la mayoría de los que trabajamos en el sector familia, ya hemos adquirido sensibilidad sobre esta problemática de la violencia de género, aunque nosotros trabajamos sólo la violencia intrafamiliar”… “Sabemos que hay violencia contra la mujer en las relaciones laborales, por parte de instituciones privadas o estatales, aunque eso no nos corresponde a nosotros conocerlo por las limitantes que conlleva el trabajo de nuestra área”… “Violencia de género es todo aquel acto que se hace sin el consentimiento no solo del sexo opuesto, sino lo que sea concretamente con esta formación en genero”… “Más que de legislación pienso que es un problema de voluntad, es decir una concientización que permite la continuidad”… “En el país un gran problema general que cuenta mucho es el desconocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos para hacerlos efectivos y después una sensibilización en los operadores de los sistemas legislativos”… “En los pueblos se desconoce toda esta problemática e inclusive los mismo profesionales están desinformados sobre la misma, e inclusive a veces están inmersos en violencia dentro de sus hogares”.

A nuestro entender el tema para estos funcionarios no pasa por la diferenciación entre ambos conceptos, sino por una problemática confusa que se presenta en las incumbencias entre el ámbito de familia y el penal frente a los casos de violencia, aspecto que retomaremos más adelante. Asimismo y con relación a este aspecto y otros comentarios, es posible observar un discurso donde explícita o implícitamente, la desesperanza aprendida parece ser la pauta.

“Hay mucha confusión entre si el caso de violencia es puramente penal o es un caso propio de la ley especial, esto quiere decir que el abordaje de los casos es totalmente diferente entre las instancias pertinentes”… “Pese a todos lo problemas hay muchos avances en lo que se refiere a los Jueces de Paz, pese a la carencia de recursos hay mucha disponibilidad de las personas, pero a veces se necesita de un equipo interdisciplinario, ya que los equipos que tienen cierto Juzgados de Paz alejados de la capital no son los necesarios”… “Otro problema es el seguimiento de las medidas, porque tienen las medidas ahí, a veces las cumplen, pero no siempre es así, esto requiere mayores recursos para darle seguimiento a estas”. “Muchas veces no vemos resultados, desestimulando el deseo de cambiar las cosas”.

En cuanto a la percepción de los funcionarios con relación al porcentaje de violencia de género en el país, sus apreciaciones coinciden con lo que hemos detectado en el resto de las entrevistas.

“En términos de porcentajes no se si podemos dar una respuesta fiable, pero del uno al diez le pongo un ocho, se puede dar en todos lados”. “Por la gravedad del problema yo comparto el porcentaje que mencionaban del

80%...” ”Pienso que puede ser alrededor de un 90% las afectadas por la violencia”…

Con relación a los tipos de maltrato que sufren las mujeres, las respuestas han sido escuetas. En una respuesta aparece la violencia psicológica como la más frecuente, coincidiendo con lo expresado por el grupo de ONG´s de mujeres

..”Pienso que la violencia psicológica es la que se da con mayor frecuencia”. “Con la reforma del 2000 se incluyó la violencia patrimonial o económica, y ahí si adicionar un poco de que la violencia de género afecta grandemente a las mujeres. …“también hay violencia en accesos al poder, porque la participación de las mujeres en los partidos políticos es mínima.”

En cuanto a la explicación sobre las causas que conllevan a la violencia contra las mujeres, las respuestas han sido coincidentes en considerar que existe una ideología tradicional y una repetición a través de las generaciones de modelos patriarcales de funcionamiento. Un aspecto que ha sido enfatizado como originario de la violencia, es el tema de las relaciones de poder en la sociedad y la cultura.

“Es un problema histórico y cultural, de educación a veces el problema es ideológico, o sea como los patrones culturales, los moldes que se han venido dando es la influencia que tenemos y hemos venido repitiendo, pero como hay personas que desconocen todas estas cuestiones,… “Lo que falta es una política de educación que inicie desde los primeros años de la escuela”… “Hay personas que entre comillas son cultas que están violentando a sus hijos dentro

de sus hogares”… “Para mí la violencia inicia desde la parte formativa y de valores”.

“Bueno yo afirmaría que la causa es una y hay diversos factores que nos llevan a esa causa, y pondría como causa las relaciones de poder, a eso nos lleva esos patrones culturales derivados del patriarcado, entonces resulta que en el establecimiento de las relaciones de poder, los hombres seguimos estando en una situación de poder superior al de la mujer, aunque se han ido creando normativas que están equiparando estas relaciones”…

“El aprendizaje generacional y u aprendizaje social, tanto así que desde pequeño al varón se le enseña que tiene que tener su relación sexual, si no no es hombrecito”… “Luego que a la mujer se le debe pegar y no se le debe decir que se le quiere o la misma creencia de que los niños no lloran”… “No se le enseña a ser un ser emocional, sino un ser reprimido que se expresa a través de la violencia”.

De las respuestas sobre sus conocimientos y aplicación de la Legislación Nacional y/o Internacional con respecto a la Violencia de Género, lo que surge muy marcadamente en los Jueces participantes, es el “divorcio” existente entre el fuero Familiar y el Penal. Tal situación conlleva, según lo expresado, a un estado de impotencia por parte de los jueces en cuanto a las incumbencias, según la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, está es básicamente preventiva y aplica medidas cautelares y de protección, en los casos que la violencia se constituye en delito esta pasa a ser competencia del ámbito penal y como ambos fueros se manejan de manera independiente, el caso originariamente comienza a diluirse ya que los jueces penales, no son los que deben aplicar los contenidos de la ley contra la violencia intrafamiliar sino que actúan de acuerdo al Código Penal y el Procesal Penal. Lo que se advierte también es que las Convenciones Internacionales son conocidas, pero poco aplicadas.

“Bueno nosotros como norma suprema tenemos la Constitución y el artículo 144 le da determinado valor por encima de la ley secundaria a los tratados y convenciones de carácter internacional. Nosotros aplicamos en el caso de la violencia de género por lo general la CEDAW y la de Belem do Pará y la ley Nacional contra la Violencia Intrafamiliar”. “Cuando hablamos de la aplicación en casos de violencia, pareciera que nos referimos únicamente a la ley contra la Violencia Intrafamiliar, pero no nos olvidemos del Código Penal aquí están las situaciones más graves”… “Las penas son pequeñas, yo he tenido situaciones donde me han llevado varias veces al señor, y yo les digo que ya es un delito, pero me dicen que no le hacen caso en la parte penal, y entonces hay que darle un beneficio y dejar que se vaya y me dejan amarrada a mí que no puedo hacer nada porque es un delito”…

“también tenemos problemas de horario que no hay servicio para las personas que pueden llegar después de las cuatro, eso lo tenemos que cuidar y velar porque se abran espacios para estas personas”.

“Por ejemplo cuando uno da las medidas de protección le advierte al agresor que de incumplir las medidas se hará acreedor de sanciones de carácter penal, el problema que si las incumple está ahí y lo detienen tres días, pero no hay efectividad a nivel de lo penal…” “…incluso también hay compañeros de lo penal que han declarado inaplicable la ley contra la violencia intrafamiliar, porque según ellos, cuando el caso pasa a la jurisdicción de lo penal, y la ley dice quienes son sujetos de aplicar a la ley contra la violencia intrafamiliar, entonces dicen voy a conocer del delito de violencia intrafamiliar, consecuentemente lo que está tipificado en esta ley, entonces en alguna parte de la ley dice quienes son las personas que en algún determinado momento ejerzan esa tipificación, es amplia entonces el Juez de lo penal dice que no puede estar adivinando”… “En consecuencia, el Juez declara inaplicable la ley por ser muy amplia y vaga…” “Muchas veces los que estamos en estas capacitaciones de género somos los jueces de familia y no el elemento que puede poner una sanción estricta, por eso hay confusión y diversidad en la aplicación de la ley”. “yo creo que a veces esto puede ser desconocimiento o falta de sensibilización de la que hemos estado hablando”… “Nosotros no aplicamos el Código Penal, podemos hacer relación y derivar un caso al ámbito penal porque las delegaciones son especializadas, la violencia intrafamiliar siempre ha estado en el tapete de discusión, si le damos un tratamiento como ley especial no penable, o la trasladamos al ámbito penal”… “Yo mencione al principio que hay un divorcio entre el tratamiento penal y el familiar”… “No podemos hablar de violencia intrafamiliar sin hablar del código penal y el procesal penal”… “No hay nada que impida que demos la medida, estamos obligados a dar la medida a las personas”. “Tenemos a la gente que pide las medidas hasta 4 o 5 veces pero no lo penalizan, entonces ahí está la otra situación, tenemos un conflicto porque nosotros si damos las medidas, pero la penalización no sucede”.

II.3.5 Percepciones de actores de la Policía Nacional Civil El Grupo Focal con la PNC, ha sido el más concurrido y el nivel de participación de sus integrantes muy alto. Todos han mostrado un gran interés y compromiso con la temática. La experiencia en el tratamiento de la problemática es lo que les ha dado un monto significativo de sensibilidad, aunque su nivel de capacitación y especialización es, tal como lo hemos señalado previamente, básica.

Con relación a la conceptualización de la Violencia de Género, las/los participantes, si bien reconocen las diferencias existentes entre los géneros en términos de desigualdad-igualdad, no existe una definición clara con relación al acto de violencia como un acto de poder ejercido sobre la mujer por parte del hombre y el riesgo de vida y daños diversos que este hecho genera, tanto a nivel público como privado. Asimismo, en diferentes momentos de la reunión ha surgido la falta de claridad, ya detectada en otros ámbitos, entre la Violencia de Género y la Violencia Intrafamiliar, tomadas como equivalentes.

“La violencia de género por muchos años se ha venido dando como una tradición, y eso poco a poco ha venido cambiando por los constantes eventos sociales, para tratar de involucrar a ambos sexos” “La violencia de género en nuestro país se ha venido dando a través de la cultura misma, ya que esta tan arraigada que no se puede sacar tan fácilmente ya que esta se transmite de generación en generación, y si la mujer ha sido de las partes débiles históricamente, es decir ha sido sometida, entonces es difícil salirnos de esa situación cultural… el trabajo de las instituciones para eliminar esa cultura ha logrado que una buena parte de la población entienda que la mujer y el hombre deben de tener las mismas valoraciones sociales”… “…lo aprendido hay que desaprenderlo”… “Hay que lograr ver las cosas no tan inclinadas, pero esto conlleva mucho trabajo”. “La violencia de género viene desde que el ser nace, en ese momento la sensibilización, las actitudes y las costumbres que se demuestran hacia el niño o niña pueden cambiar la actitud de ellos o ellas en el futuro”. ”… “Entonces falta educar a los padres”… “Hay niños que son más violentos que un adulto”…

Con relación al maltrato en los lugares públicos y en el privado, surge la respuesta vinculada a la desigualdad de trato, diferenciando la casa del mundo exterior y en la mayoría de las consideraciones, una atribución muy marcada a aquello que la cultura determina. No han podido dar cuenta de la frecuencia con que el hecho acontece, brindando una información muy abarcativa y general.

“Inclusive en el trabajo en la policía sufrimos de marginación por parte de grupos de hombres o de jefes o superiores”. “Puede que yo sea respetada en mi casa, pero tal vez en la sociedad y en mi lugar de trabajo sufro de violencia o de atropello”. “Aunque se han abierto los espacios de la mujer, siempre estamos bajo el dominio hombre, inclusive en los trabajos estamos bajo la supervisión de un hombre, por ejemplo en las maquilas”. “Con respecto al maltrato o el acoso sexual a las mujeres se da a diario, en las maquilas, en la policía, en la calle, en los buses…”

“Ya se están incluyendo en la policía planes con equidad de género”… “Dentro de la policía tenemos problemas con el género femenino, inclusive en los mandos superiores, es difícil ver a una mujer ostentando un cargo de esos, considero que la sociedad civil tiene que ver también con que se cumpla o no el respeto sobre el género femenino”.

A la pregunta acerca de qué ocurre cuando se detectan casos de Violencia de Género o de otro tipo de violencias, las respuestas se dirigen a la Violencia Intrafamiliar y a la falta de sanciones vinculadas a un déficit en la legislación.

“A veces se presenta a nuestra unidad policial una persona que denuncia violencia intrafamiliar entonces cada departamento de previsión tiene un protocolo, este se llena con los datos generales de la víctima y el agresor, luego una pequeña descripción de lo que sucedió, en ese mismo instante uno como agente, lleva a la víctima al tribunal, entonces, nosotros ahí dejamos a la persona porque ahí va a ser atendida por el juzgado de familia”… “El juzgado de familia puede extender las medidas de protección, lo más común es que promueve las medidas cautelares, que puede ser una semana, un mes, un año”… “El mismo protocolo sirve como denuncia y ese lo presentamos al tribunal junto con el agredido”.

“Nosotros cuando conocemos casos de Violencia Intrafamiliar, llamamos al Tribunal de Familia, y este hace llegar medidas cautelares por periodos “x” de tiempo, pasado ese lapso de tiempo el comportamiento violento se vuelve nuevamente repetitivo”. “Del 100% de los casos de reos presente quizás el 60%, son represiones de índole familiar y a los tres días ya están afuera”. “En cuanto a los casos de violencia intrafamiliar no se conoce ningún caso que haya sido procesado, y mientras siga la legislación así jamás va a ocurrir, casi todos los casos se van por la vía administrativa”… “hasta que ya se ven lesiones físicas se toma cartas para procesar al violentado, pero las demás formas de violencia intrafamiliar no son sujeto de procesar penalmente, debido a la coyuntura legal”.

Con respecto a los porcentajes en que la violencia contra la mujer ocurre, las pocas respuestas obtenidas coinciden con las registradas en los demás sectores. La mayoría de los concurrentes, no pudieron brindar una cifra probable y en su mayoría hicieron hincapié en la violencia intrafamiliar.

“Quizás un 80% o un 90%, porque las mujeres llegan del trabajo igual de noche que su compañero, y todavía ellos quieren que le llegue a servir a su casa”… “Tenemos un doble trabajo”. “Basándonos en datos estadísticos de todas las delegaciones, se registra que el mayor porcentaje de este tipo de violencia es en mujeres cerca del 72%“.

“No tenemos un registro real de violencia intrafamiliar”… “puedo tener un registro en mi departamento sobre violencia intrafamiliar, pero pueden haber otros registros que tuviesen en su interior violencia intrafamiliar, pero no fue archivado como tal”. “Por lo general nadie tipifica los casos de violencia intrafamiliar como tal”… “Cuando no se llega a delito, en el articulo 10 hay una medida de protección especial, y se lleva a la victima por un término de 8 horas de forma segura”.

En cuanto a los principales tipos de violencia, que sufren las mujeres salvadoreñas, vuelve a aparecer la Violencia Intrafamiliar como sinónimo de Violencia de Género También se repite en este sector, la consideración de la violencia psicológica como la más dañina.

“Psicológico, físico, patrimonial, pero el psicológico es el más dañino que se puede dar en la familia”. “Para mí es el maltrato psicológico, porque no se ven las cicatrices pero quedan ahí y nadie las puede curar, y este es el que más se está dando” “…nosotros hacemos visitas domiciliaras, y si no podemos parar el comportamiento violento dentro del hogar tomamos medidas y verificamos que se cumplan esas medidas”.

Con respecto a los factores o causas que dan origen al maltrato y la violencia contra las mujeres, existe conocimiento de la naturalización de la violencia y de las relaciones de poder y de sometimiento del hombre con relación a la mujer. La idea de un componente cultural muy fuerte que mantiene las cosas de este modo, aparece en todas las intervenciones.

“El hombre se cree dueño de todo, tanto mujeres adultas como niñas, desde el ámbito social hasta el ámbito sexual”… “La mujer por la misma cultura ha generado un cultura de miedo que la lleva al silencio”. “Yo pienso que son relaciones de poder y las relaciones de poder entre hombre y mujer, es esa noción de ver quien vale más, es decir es el ejercicio de violentar a las mujeres”. “Es algo que hemos venido arrastrando de educación en educación, además de las relaciones de poder y el comportamiento violento hacia el otro sexo”. “Yo creo que existe una situación permisible de que exista esa condición de violencia, en donde la mujer no dice nada”… “A veces dentro de la misma cultura que vivimos, creemos que no estamos siendo violentadas, porque creemos que es la forma natural en que nos toca vivir; pero cuando tenemos claridad de las cosas y sabemos que ambos

somos seres humanos y nos merecemos respeto, se hace la diferencia, pero como la cultura nos mantiene así, creemos que esa es la forma de actuar, de pensar, de sentir y de acoplarme en el medio, entonces no podemos salirnos de ese medio que nos ha mantenido atadas a un escalón más bajo, para sobresalir, las que han sobresalido, han tenido que luchar individualmente y no socialmente”.

No hemos encontrado en las/los participantes un conocimiento claro y sustancial de la legislación Nacional con relación al tratamiento de la violencia, ni tampoco sobre las Convenciones Internacionales. El conocimiento sobre lo jurídico es general e impreciso, nombrando Leyes y Convenciones, pero sin profundizar en las mismas. La mayor información aparece vinculada con la ley contra la Violencia Intrafamiliar.

“El CEDAW sería una”… “El Código de Familia, la misma Constitución que dice que todos y todas somos iguales ante la ley, la Ley Procesal de Familia”. “El Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas contra maltrato de la mujer, la Convención de Beijing… “La Belem do Pará en el articulo 2 y 10 que son bien fundamentales, donde da el concepto de violencia en contra de la mujer y también da la facultad de ser reconocida como el ente fundamental de la familia y la sociedad”… “En el artículo 10 de la Ley contra la violencia intrafamiliar le da todas las facultades a la mujer para desarrollarse como tal en la sociedad”. “Artículos del Código Penal hablan también sobre la violencia intrafamiliar”… “La Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde tocamos también el ambiente político y de la igualdad entre mujeres y hombres para ejercer cargos”.

Ante la pregunta acerca de las capacitaciones recibidas con relación al plano jurídico, sobre violencia intrafamiliar, otras formas de violencia y prevención, reconocen que han recibido poca capacitación, por parte de organismos gubernamentales y no gubernamentales.

“Si hemos recibido capacitaciones de parte de nuestra institución aunque bien pocas, también recibimos capacitaciones de la Corte Suprema de Justicia… de SEMUJER, …de ISDEMU”…

Las respuestas a la pregunta acerca del procedimiento que realizan en otros tipos de violencia de género, ha sido escueta. El procedimiento que relatan algunos de los participantes, es un punto importante referido a evitar revictimizaciones y además, obtener el testimonio del menor. La ruta crítica en estos casos, es el traslado a la Fiscalía.

“Hemos tenido alrededor de cuatro casos, más que todo en menores, hay tener un gran cuidado para no ocasionarle otro daño psicológico al niño, la orden que han dado es de no pedirle información al menor, sino llevarlo directamente al psicólogo, se hacen todos los papeleos necesarios, y luego la fiscal asigna un psicólogo al caso”.

“Cuando tenemos a la persona que ha hecho este delito, lo que hacemos es detenerlo y dirigirnos a la Fiscalía que es lo que corresponde, eso en el caso que tengamos la fortuna de tener a la persona que ha hecho el delito”… “Al igual en el caso de violencia intrafamiliar”.

Con relación a casos como el de trata de personas, la explicación es amplia y aunque el tema es definido como un problema complejo, que implica a redes internacionales, los participantes asignados a esta tarea, demuestran conocimiento y profesionalidad con relación a la temática diferenciando entre aquellos que detectan el fenómeno y llevan a cabo las primeras acciones y aquellos que luego desarrollan la investigación.

“Realmente lo que nosotros hacemos es identificar los centros nocturnos, discotecas donde se da la trata de personas, venta y consumo de drogas, y menores en riesgo”… “Nosotros hacemos grupos de trabajo, identificamos el lugar donde vamos y le decimos al dueño del lugar si tienen menores de edad, muchas veces dicen que no, entonces identificamos las barra shows y en el caso de las mujeres las identificamos por su DUI, inmediatamente detenemos al administrador o al dueño del negocio. En el caso del menor, lo mandamos a través de una documentación al ISNA, y a la otra persona la remitimos a la Fiscalía, por el delito de trata de personas”. “Uno como seguridad pública se limita a recibir las primeras diligencias y transferirlas a las áreas de investigación para que estos ya con el proceso de investigación, lleguen a la verdad determinando quienes son los sujetos pasivos y quiénes son los activos”… “El problema de la trata de personas es bien profundo, bien complejo, a veces los sujetos pasivos llega un momento que están a gusto en la situación que se encuentran, tal vez pueden ser explotadas, pero como se cubren todas las necesidades que tienen no hay problema”… “Se está dando la explotación sexual en ambos sexos”… “Es un problema bien complejo porque es una red internacional, pero la PNC está trabajando al igual que la Fiscalía y otras instituciones”. “En las delegaciones hay departamentos de investigaciones, entonces digamos hay personal que ha sido capacitado en la investigación en este delito, lo que sucede es de que se les refiere a fronteras por el desgaste que lleva una investigación de esas”…

En cuanto a los lugares donde acuden las mujeres víctimas de violencia y el tipo de atención que reciben, el conocimiento es difuso. A través de las diferentes intervenciones no se ha logrado conocer con claridad ni la ruta crítica, ni cuál es la atención que reciben.

“El juzgado de familia sólo es un lugar para recibir la denuncia, pero no presta otro servicio de atención personalizada”.

“ISDEMU, es una institución que nos está apoyando mucho”… “también existen otros lugares, como las ONG´s de mujeres, por ejemplo, las Melidas”. “ISDEMU tienen un solo albergue donde llevan mujeres maltratadas, les ayudan durante la resolución del problema, porque ellos tienen recursos”. “En Soyapango hay un comité interinstitucional de prevención a la violencia intrafamiliar, entonces estos están integrados por todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que quieran formar parte de este”…

Para finalizar, diremos que no obtuvimos respuestas acerca de los obstáculos que podría enfrentar un proyecto en tanto el objetivo es el registro de la violencia de género. Si, recibimos algunas sugerencias para lograr que el proyecto pueda ser exitoso:

. “Quizás organizar mesas de trabajo con todas las instituciones involucradas y nombrar delegados que conozcan del problema y trabajar con un marco regulatorio y estandarizarlo”. “Estandarizar las estadísticas de cada una de las instituciones, y que las metodologías sean equivalentes”.

“Tener observatorios sobre violencia intrafamiliar, por ejemplo en Santa Tecla hay observatorios para cada delito, y sería bueno que funcionara en todos los municipios”.

Las respuestas del grupo de Policías de Santa de Santa Ana y de la Subcomisionada ratifican, sin demasiadas variantes lo expresado por el Grupo Focal de la PNC, llevándonos a comentarios y conclusiones similares. II. 4 Conclusiones Las condiciones políticas de El Salvador durante el periodo 2008 -2009 fueron muy complejas debido al proceso electoral que vivía el país. Sin embargo, y dentro de esta complejidad, las entrevistas mostraron que existe un gran interés por parte de la mayoría de las y los actores entrevistados por “hacer algo” respecto a la violencia de género. En términos generales podemos afirmar que todos los actores entrevistados reconocen que

ü no existen estadísticas confiables para alimentar el diseño de políticas públicas;

ü el discurso y debate sobre violencia de género se ha limitado a un aspecto específico de la temática, la violencia intrafamiliar;

ü existen pocos servicios especializados de atención; y

ü en la mayoría de los casos existe una doble victimización para las personas que

acuden a los servicios del Estado.

Precisamente porque existe acuerdo sobre la importancia de contar con datos confiables el tema de la instalación de un sistema integrado aparece como una necesidad reconocida por todas las personas entrevistadas, pero advierten sobre lo complejo que puede ser el proceso de construcción del sistema y el tipo de dificultades que éste puede encontrar. Esto puede apreciarse claramente en el siguiente comentario,

“…lo que pasa con el tema de los datos, es un tema importante que hay que abordar hay digamos varias fuentes de información …que creo yo que son muy subregistradas, la policía maneja otras, la medicina legal tiene unas terceras y me atrevería a decir que la Suprema Corte de Justicia quizás tenga otra información completamente diferente, creo que lo que está tratando de hacer es bastante bueno, ahora lo que me preocupa es cuánto tiempo se dispone para hacer todas estas cosas, porque me parece, para serle honesto demasiado ambicioso lo que plantean para el tiempo que hay realmente.”

• Problema nodal identificado en el sistema El comentario anterior, es una muestra de la percepción generalizada de que sería muy difícil lograr la colaboración entre los diferentes sectores para homologar las estadísticas existentes. Desde las primeras entrevistas y el trabajo de campo, se identificó un patrón que indica gran dificultad para concretar acciones propuestas, debido a una pauta de comunicación paradojal que parece ser indicativo de una problemática generalizada en El Salvador. El problema es que existe una situación de parálisis derivada de la enorme cantidad de información y discursos que circulan en los niveles medios y altos de dirección de las instituciones, con poca filtración de habilidades y capacidades a instituciones específicas y los niveles operativos.

• Naturalización de la violencia, estructura piramidal y rigidez. En la mayoría de las entrevistas y reuniones realizadas con grupos focales, se detectó un alto nivel de “naturalización” de la violencia de género en toda la sociedad salvadoreña. El promedio de prevalencia de violencia contra las mujeres que dieron la mayoría de las y los entrevistados oscila en una cifra que va del 60 al 100 por ciento. Cifra realmente abrumadora. Las visitas realizadas a las diversas instituciones, las entrevista y grupos focales muestran que esta “naturalización” del fenómeno violento también circula en los ámbitos institucionales y de toma de decisiones, muchas veces de manera implícita. Durante siglos, se ha dado una permanente reproducción de ideas por la cual la diferencia biológica entre sexos, se ha asimilado a una desigualdad “por naturaleza”, en la que el hombre es superior a la mujer y, por ende, tiene mayor poder. Esto significa la transformación, por medio de las configuraciones ideológicas, de la diferencia sexual natural, en una desigualdad jerárquica de poder, proveniente de lo natural. Esta modalidad supera la relación hombre mujer, extendiéndose a la totalidad de la sociedad.

Esta estructura piramidal, con jerarquías fijas e inamovibles, son las que se pueden observar en la mayoría de los ámbitos. En algunos, tal condición estructural se ha manifestado en forma explícita y en otros, en forma implícita, encubiertos en una comunicación paradojal. En este análisis debemos también tomar en consideración el contexto socio-político salvadoreño, que sólo lleva 15 años de vida democrática. Tiempo insuficiente para borrar tanta jerarquización y rigidez. Aclaramos que observamos rigidez, en tanto las personas actúan y se relacionan en términos de funciones, sin producir una real interacción entre “personas”, sino sólo por la función que ejecutan. Esto último, actúa como un obstáculo grave, para lograr la esperada des-estructuración que plantea un proyecto del tipo propuesto. Tanto el documento de diagnóstico elaborado en el año 2003, como otros que se han venido elaborando desde esa fecha a la actualidad, indican que sistemáticamente se repiten los diagnósticos y las propuestas de acción, pero se concreta muy poco de lo que se identifica como pasos a seguir. La pregunta obvia, por tanto, sería: ¿Por qué con este nivel de información y gran cantidad de eventos e instancias asociadas a este tema no se logra avanzar? Precisamente porque existe una repetición incesante del discurso políticamente correcto en los niveles altos y medios de las instituciones y poca o nula sensibilización y capacitación de los niveles operativos y de atención cara a cara. Esta situación coincide plenamente con lo planteado por la Organización de Estados Americanos (OEA) con el documento “Acceso a la justicia de las mujeres en las Américas”. El reporte de la Organización de Estados Americanos indica que más allá del texto de algunas disposiciones jurídicas, existe una diversidad de factores que limitan la correcta aplicación de las leyes. Entre ellos, los factores más críticos, son la falta de reglamentación y procedimientos claros y de programas de capacitación destinados a fomentar la adecuada interpretación y aplicación de las leyes en el procesamiento de casos por parte de funcionarios públicos; además, de la sobrecarga de trabajo de las instancias encargadas de implementar la ley, y el desconocimiento de los operadores de servicios sobre la legislación existente y los tratados internacionales. Todo esto se complica con la inadecuada forma de interpretar la ley por parte del público en general. Este mismo documento plantea que entre las fallas de los programas de los gobiernos sobresalen la falta de coordinación y colaboración entre quienes encabezan los programas relativos; deficiencias en la provisión de los servicios interdisciplinarios requeridos por las víctimas; la falta de recursos para hacer sostenible su funcionamiento y su limitada cobertura geográfica, lo cual afecta de manera particularmente crítica a las mujeres que habitan en zonas marginadas, rurales y pobres.22

22 “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, Secretaría General, OEA, CIDH, WASHINGTON, 2007. http://www.cidh.org

En términos generales podemos decir que existen dos niveles de problemática: una relacionada con las fallas estructurales del sistema, y otra relacionada con la subjetividad de los sujetos encargados de la procuración de justicia; ambas crean una barrera casi imposible de sortear por las mujeres que han vivido una situación de violencia en su comunidad, por parte de sus vecinos, familiares, parejas o las fuerzas del estado como son la policía y el ejército. Esto representa un dilema para el Estado Salvadoreño puesto que es necesario subrayar en todos los niveles los patrones de comunicación y relación que permiten la reproducción de la violencia y la respuesta que puede ser catalogada como de desesperanza social aprendida, situación vinculada a lo que anteriormente se menciona con relación a la “naturalización”, las jerarquías y las relaciones en términos de funciones. Tanto la comunicación paradojal como la desesperanza aprendida, se manifiestan de diversas maneras que, entre otras, a través del hacer “como si” de parte los operadores del Estado, en programas diseñados para atender la problemática de género. Esta situación, instalada con relación a la temática, genera impotencia y un permanente sentimiento de frustración que se traduce en lo que llamamos la desesperanza social aprendida. Asimismo es este mecanismo el que actúa como reproductor, en un circuito sin fin, de los mecanismos que perpetúan el fenómeno de la violencia Valoramos que esta situación es reflejo de lo que el sistema presenta en El Salvador y por tanto, se requiere realizar un trabajo específico de ir deconstruyendo esta forma de actuación en cada nivel. Esto significa ir diseñando acciones y compromisos concretos factibles de realizar y dar seguimiento muy cercano para su cumplimiento y para garantizar su permanencia.

CAPITULO 3

DESARROLLO DEL PROYECTO EN BASE A LA PROPUESTA

INICIAL, LA METODOLOGÍA UTILIZADA Y LO ACONTECIDO EN LA PRÁCTICA

El capítulo anterior muestra las percepciones de los representantes de los distintos sectores que permitió al Equipo de Consultoras tener una mayor precisión respecto al tipo de problemas que se podrían presentar para el abordaje de la problemática en el campo, así como también algunas ideas y sugerencias para que el nuevo esfuerzo provocara un impacto efectivo. El proyecto en si mismo representaba todo un reto, no solo porque buscaba lograr avances en el abordaje del tema y dotar de nuevas herramientas a las y los participantes de las instituciones, sino porque también era necesario hacer esfuerzos por devolver la esperanza a los operadores y mostrar que el trabajo de equipo era posible, lo que representó un reto aún mayor.

Este capítulo tiene el propósito de compartir que fue lo que se planificó, y en la práctica, que fue necesario hacer para lograr que el proyecto se desarrollara y se lograra obtener productos concretos para un mejor abordaje de la problemática de la violencia de género en el país. III.1 Una propuesta “ambiciosa” Originalmente se asumió que los desafíos que enfrentaría el proyecto eran fundamentalmente de carácter estructural en el sentido que se tenía que trabajar en un contexto donde las actitudes sexistas y las barreras ideológicas, serían probablemente el principal obstáculo. Obviamente se esperaban bajos niveles de denuncia y situaciones complejas referidas a la relación del operador y la víctima. Aunque eso efectivamente tuvo que ser enfrentado, lo cierto es que el desafío principal, y que hubo necesariamente que buscarle una solución pronta y pragmática, fue la ausencia del andamiaje institucional que se suponía listo para arrancar con la metodología propuesta; metodología que para la mayoría de actores fue calificada de “ambiciosa”. Y efectivamente lo era, si tomamos en cuenta que la realidad institucional en El Salvador no estaba lista para implementar al cien por ciento la metodología propuesta en el momento en que se da inicio al proyecto. De hecho, al inicio del proyecto no se pudo contar con la contraparte inicialmente identificada lo cual representó una primera dificultad en el arranque. En los Términos de Referencia se establecía que la contraparte principal de esta iniciativa sería el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), y que se estarían sumando otros actores claves como el Ministerio de Salud la realidad fue otra. Esta nueva realidad obligó a buscar una contraparte alternativa puesto que sin un referente institucional comprometido y dispuesto a realizar un proceso conjunto la implementación de esta propuesta hubiera sido imposible. Como se plantea en el prólogo, la propuesta presentada plantea que se debe concebir el papel de las consultoras como un Equipo Facilitador para lograr una potenciación del conocimiento acumulado en el ámbito internacional con las experiencias existentes en El Salvador. La metodología, que se basa en la Perspectiva de Género y Poder y hace uso del Marco Ecológico para identificar todos los aspectos asociados a la eficiencia de un Sistema de Registro en el macro, exo y microsistema demandaba de un tipo de relacionamiento relativamente nuevo en el contexto salvadoreño. La estrategia metodológica, basada en el aprendizaje activo, buscaba conducir una serie de acciones que impactaran en los tres niveles del sistema simultáneamente, para crear sinergias entre los diferentes niveles en contextos geográficos específicos. Dado que las adecuaciones realizadas al proyecto incluyeron el centrarse en San Salvador, se asumió que al trabajar con instituciones rectoras se podría dejar una propuesta factible de ampliarse a otras áreas en un futuro cercano. El reacomodo de concentrar en las instituciones rectoras, no significó modificar la estrategia, sino solamente delimitar territorialmente su impacto. Por lo que es de destacar que el proceso mantuvo los criterios iniciales: participativo, multidisciplinario y multisectorial.

Sin embargo, la metodología propuesta no fue del todo lograda porque se tenía planificado contar con tres instancias que serían soportes claves para el desarrollo del proyecto y de las cuales sólo se logró consolidar el Grupo de Trabajo. Estas tres instancias inicialmente propuestas incluían:

1. Un Comité Coordinador o Asesor Nacional (CCN): Espacio donde se ajustaría el plan general y se obtendría el apoyo de personas con capacidad de decisión para el buen funcionamiento del proyecto. Se asumía que este CCN debería incluir representantes de todos los sectores. En la realidad, solamente se logró contar con el apoyo y sugerencias de la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE).

2. Integración de un Grupo de Trabajo con representantes de nivel medio de todos los

sectores. Primer nivel de beneficiarios de sensibilización y capacitación. Posibles capacitadores. Superada la dificultad de contar con una contraparte, el segundo gran reto a superar fue la constitución del Grupo de Trabajo, eje clave del proyecto. Para lograr su constitución fue necesario desarrollar una ronda de visitas a las instituciones que trabajan el tema y que se consideraban necesaria su participación; fundamentalmente convencer a los tomadores de decisiones de la importancia de su participación en el proceso.

3. Establecimiento de redes locales. Espacio que buscaba garantizar la sustentabilidad

y calidad del Sistema de Información. Como inicialmente se planteó el proyecto con una cobertura nacional, la idea de redes locales se propuso como ejes promotores de la réplica del proyecto en los diferentes departamentos de El Salvador, así como la vigilancia del sistema. Sin embargo, y debido a que la propuesta se acotó a San Salvador, esta parte de la propuesta no se llevó a cabo.

El Grupo de trabajo se concibió como el espacio que permitiría que los operadores de nivel medio realizaran análisis institucionales en sus respectivos sectores para revisar los procedimientos y vigilancia del sistema de registro en cada sector. Desde esta concepción, estaba planteado que rápidamente se cubriría la primera etapa del proyecto y la expectativa era que se lograría llegar hasta los operadores cara a cara. La lógica de esta propuesta era que al trabajar con operadores de mandos medios identificaríamos las problemáticas por sector y podríamos dotarlos de herramientas para mejorar la atención a víctimas con temas de autocuido, manejo de trauma y resiliencia. Como en todo proceso, al principio hubo dificultades para manejar las áreas de conflicto presentes entre los diferentes sectores, entornos institucionales, y contextuales entre el sector salud, procuración de justicia, judicial y seguridad pública porque no fue posible,

desde el inicio, que las instituciones participarán de manera activa y consistente. Sin embargo, si bien este punto de partida, complejo e incierto, obligó a que se modificaran los objetivos planteados para adecuarse al contexto en el que se implementaría el proyecto, la consolidación del Grupo de Trabajo permitió mantener la propuesta metodológica, aunque de manera más acotada.

MARCO ECOLÓGICO

MACROSISTEMA

ØCreencias y valores culturales acerca de mujeres, hombres, niños, familia.

ØConcepción acerca del poder y la obediencia.

ØActitudes hacia el uso de la fuerza para solucionar conflictos.

ØConcepto de roles familiares, derechos y responsabilidades.

EXOSISTEMA

ØLegitimación institucional de la violencia.

ØModelos violentos (medios de comunicación).

ØVictimización secundaria

ØCarencia de legislación adecuada.

ØEscasez de apoyo institucional para la victima.

ØImpunidad para los agresores.

FACTORES DE RIESGO

ØEstrés económico.

ØDesempleo.

ØAislamiento social.

ØAlcoholismo.

MICROSISTEMAØHistoria personal (violencia en la familia de origen)ØAprendizaje de resolución violenta de conflictos ØAutoritarismo en las relaciones familiares.

III. 2 Adecuando la estrategia para avanzar. Buscando a la contraparte Ante la situación de no contar con la contraparte inicial, el Grupo Interagencial realizó un sondeo para identificar una contraparte alternativa. Dada la apertura y disponibilidad mostrada por los otros sectores y su nivel de interés en tener una participación activa, se sugirió explorar la posibilidad de que la contraparte del proyecto fuera la Unidad Técnica del Sector Justicia, UTE. Se realizaron las gestiones necesarias y para mediados del año ya se contaba con UTE como contraparte directa del proyecto, con el ISDEMU y el Ministerio de Salud como referentes, en un segundo plano. La tarea de constituir el Grupo de Trabajo

Originalmente se planteó que una herramienta clave para garantizar la sustentabilidad del proyecto era la construcción de equipos por lo que se incluyó en todos los talleres ejercicios que propiciaran la creación de confianza y un ambiente de colaboración y comunicación abierta. Un elemento que contribuyó en este proceso fue el reconocimiento por parte de las y los actores involucrados que, en conjunto, el grupo tenía la capacidad de buscar las soluciones a los problemas y de realizar los cambios requeridos para la implementación de un Sistema de Información para la Violencia de Género. Parte de este reconocimiento se logró gracias a un primer taller para conformar el Grupo de Trabajo, en el cual se presentó la propuesta en todo su alcance; se realizaron ejercicios vivenciales que mostraran la información y experiencia que circulaba en la relación interinstitucional y el potencial de creación de sinergias entre los diversos niveles: operatividad, altos mandos y el Grupo Interagencial de Naciones Unidas que cuenta con un gran prestigio en El Salvador.

CREACIÓN DE SINERGIAS

“Es difícil establecer la coordinación entre las instituciones” Inicialmente, todas las personas entrevistadas y a quienes se les explicaba la metodología y la necesidad de establecer un Grupo de Trabajo integrado por las distintas instituciones involucradas en la temática, expresaron que prácticamente era imposible constituir ese Grupo de Trabajo. Primero, por las competencias que cada una de las instituciones tiene y porque hasta ese momento los intentos realizados en esa dirección habían fracasado. En esta ocasión fue diferente, se conformó el Grupo de Trabajo y se ha logrado avanzar cualitativa y cuantitativamente sobre la temática, además de lograr establecer relaciones humanas más estrechas entre las y los integrantes del grupo, gracias al espacio creado para generar confianza y mecanismos de comunicación, aún muy básicos pero importantes. No fue un proceso fácil, pero la selección de la contraparte fue importante porque la UTE representaba y representa un espacio de confianza y liderazgo en el entorno de conflictos intersectoriales, lo que permite avanzar en propuestas que integren a los diversos sectores que de otra manera no se encontrarían y coordinarían.

El Grupo de Trabajo tuvo sus deserciones, se inició con la participación de 13 instituciones23 y al finalizar esta etapa en el Grupo participan 9. Lamentablemente de las instancias que se retiraron fueron las de la sociedad civil, es así como las organizaciones de mujeres a quienes se invitó y de hecho participaron en los primeros meses de trabajo, dejaron de asistir. Las otras son el CNJ, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y en los últimos meses del proyecto se ausentó el IDHUCA.

Grupo de Trabajo

La instalación y permanencia del Grupo de Trabajo representó, por tanto, un gran avance en el proyecto puesto que contrarrestó el sentido de imposibilidad manifestado en las entrevistas y grupos focales en relación con la posibilidad de tener coordinación e intercambio de información entre los diversos sectores. III.2.1 La dinámica del Grupo de Trabajo 23 Ver anexo 1.

Durante la duración del proyecto se desarrollaron 16 reuniones del Grupo de Trabajo. La dinámica originalmente era que todas las instituciones simultáneamente trabajaran en conjunto todos los aspectos relacionados al proyecto, pero en la práctica fue necesario implementar otra modalidad para garantizar avanzar sustancialmente en el abordaje de las dos grandes temáticas: registro y calidad de atención. Es importante resaltar que en un primer momento las personas que llegaron al Grupo de Trabajo eran predominantemente del área de atención a las víctimas, por lo que fue necesario solicitar específicamente la participación de las personas que manejaban las estadísticas en cada una de las instituciones. Fue así como se propuso inicialmente la creación de dos sub-grupos; un grupo que abordaría específicamente lo relacionado al registro/estadísticas, y el otro que analizaría todo lo referente a la Ruta de Atención a las Víctimas.

Reunión del Sub Grupo de Registro/estadísticas

Esto facilitó avanzar en el abordaje de los dos componentes del proyecto, pero ante la diversidad de métodos utilizados por las instituciones para la atención a las víctimas, se determinó que ese componente amerita una atención especial, fundamentalmente porque las rutas son totalmente diferentes y en la mayoría de las instituciones existe más de una ruta de atención. Por ello en los últimos cuatro meses se tomó la decisión de concentrar los esfuerzos en el trabajo de registro/estadístico y a partir de ahí se involucró a todo el Grupo de Trabajo, buscando que los operadores de las áreas de estadísticas compartieran las posibilidades que existían en cada institución para integrar en su base de datos las variables acordadas para el registro de la violencia de género. En este proceso de mantuvo un énfasis importante en mantener un constante diálogo con las áreas de atención, puesto que los profesionales que atienden cara a cara a las víctimas son parte fundamental para el registro y para garantizar la calidad del dato que será registrado.

III.2 ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A REALIDAD La diversidad de métodos respecto al trabajo de registro/estadístico; los distintos programas, equipo técnico y humano en el manejo de los datos con de cada una de las instituciones, resultó otro reto en el desarrollo del proyecto. Una dificultad a superar respecto a la forma de registro de la información fue que ya se había intentado unificar un instrumento de registro en El Salvador, pero los resultados no fueron los esperados lo que condujo a que se abandonara ese esfuerzo. Considerando esa situación, uno de estos cambios más significativos del proyecto fue el relacionado con el tipo de sistema propuesto: se abandonó la idea de proponer un instrumento de registro diferente al ya utilizado por las instituciones, puesto que todo indicaba que un nuevo instrumento de registro no sería aceptado e implementado en la mayoría de los casos. A los seis meses de la implementación del proyecto, era claro que se tenía que plantear una alternativa y es así que se consensuó en el Grupo de Trabajo un plan alternativo que permitiera retomar los formatos de registros ya existentes y adecuarlos para diseñar un programa de codificación y captura de indicadores para la violencia de género, homologados en los diferentes sectores. Esta nueva propuesta requería de una serie de acciones específicas en cada sistema de registro para llegar a construir una Base Unificada de Registro. Más es de destacar que una de las acciones que en el camino fue necesario implementar fue una serie de visitas in situ a las instituciones, lo que permitió un avance cualitativo respecto a la incorporación de las variables a la base de datos de cada institución. El detalle de tanto del cuadro de variables consensuado, así como los avances logrados serán detallados en el siguiente capítulo.

Reunión del Sub-Grupo de Trabajo para abordar el tema de la Ruta de Atención a las Víctimas.

a) Capacitaciones al Grupo de Trabajo

Los talleres impartidos al Grupo de Trabajo permitieron identificar los vacíos existentes en varios temas:

Ø Conocimientos conceptuales sobre la violencia de género Ø Conocimientos sobre los instrumentos internacionales y mecanismos de

seguimiento a la Convención de Belem Do Pará Ø Conocimientos sobre la aplicación de las leyes e instrumentos nacionales en casos

específicos Ø Sensibilización dirigida a garantizar la promoción de resiliencia en la atención a las

víctimas; y, Ø Conocimiento y aplicación de técnicas de auto cuidado.

La capacitación a las y los integrantes del Grupo de Trabajo fue fundamental, y los resultados obtenidos fueron muy positivos; primero, porque eso permitió homologar conocimientos, conceptos y compartir las dificultades que enfrentan al interior de sus instituciones; segundo, porque permitió comprender que el problema es complejo, y que la solución requiere de la coordinación entre los diferentes sectores y la toma de decisiones importantes por sus superiores. Se puede decir que el Grupo de Trabajo ha iniciado un proceso de especialización porque además de los temas mencionados también se abordaron otros como violencia sexual, violencia laboral, trata de personas, rompiendo la concepción que la violencia de género es solamente violencia intrafamiliar. Por esta razón se puede decir que en un futuro las y los integrantes del Grupo de Trabajo pueden ser multiplicadores al interior de sus instituciones y fuera de ellas. En total se desarrollaron 5 talleres de capacitación para los integrantes del Grupo de Trabajo que en conjunto representan 72 horas de capacitación para un total de 25 personas de los diversos sectores de servicio del Estado Salvadoreño.

b) Acompañamiento a las instituciones La labor del Grupo de Trabajo fue bastante intensa e implicó un proceso de seguimiento grupal e individual. Esto significó no solo estar pendiente de los avances del Grupo como tal, sino que además fue necesario darle seguimiento cada institución, aclarar

procedimientos de los asuntos que quedaban pendientes luego de cada jornada de trabajo. Todo ello contribuyó a generar confianza y a establecer un diálogo sobre las necesidades concretas de incidencia en otras áreas de sus instituciones para lograr concretar el gran objetivo de incorporar a su sistema de registro el conjunto de variables que se habían consensuado. “El aporte técnico es importante pero para avanzar se necesita que los tomadores de decisión participen orientando y decidiendo al interior de la institución” A los siete meses del proyecto se produjo una especie de estancamiento del compromiso de cada uno de las y los integrantes del Grupo de Trabajo: la tarea establecida de la incorporación de la base de datos no daba señales de avanzar. Al examinar las causas de este impasse lo que encontramos es que no dependía exclusivamente de la persona que participaba en el Grupo de Trabajo la decisión de modificar su base de datos; todo lo contrario, se necesitaba de una orden de la máxima autoridad para dar ese paso al interior de cada institución. La situación fue analizada por el Equipo de Consultoras, y de nuevo, fue necesario retomar el involucramiento de los tomadores de decisión para ir simultáneamente avanzando en lo técnico y tomando las decisiones políticas y administrativas que permitieran avanzar al unísono. Como se pudo constatar en todo el proceso de implementación de esta propuesta, el vacío institucional fue un factor que estuvo siempre presente y fue reiterado en múltiples ocasiones por las y los integrantes del Grupo de Trabajo que enfatizaron la necesidad de motivar, sensibilizar y mantener contacto y comunicación cercana con los altos niveles de toma de decisión de todos los sectores. Ante esa situación la alternativa que se tomó fue el de solicitarle al Grupo Interagencial de Género de Naciones Unidas que tomara cartas en el asunto para que desde el Grupo Interagencial de Naciones Unidas se realizaran esfuerzos por tener un enlace más fuerte con los titulares de las instituciones involucradas, de tal forma que brindaran impulso y atención apropiada al desarrollo del proyecto. III.3 Talleres para operadores de diversos sectores En la propuesta metodológica para desarrollar el proyecto se planteó el desarrollo de Técnicas Participativas y el diseño de talleres vivenciales para cada sector y se logró llevar a cabo 4 talleres para operadores de cuatro instituciones: Jueces y Juezas (Sistema Judicial); representantes de la Corporación policial (PNC), de la Procuraduría General de la República y a integrantes de los Equipos Multidisciplinarios de la Corte Suprema de Justicia. Con estos talleres se cubrió un primer nivel de capacitación para un total de 99 personas. Muy a pesar de la diversidad de situaciones vividas en cada uno de los talleres, hubo situaciones en común que es importante señalar ya que son los problemas para los cuales es necesario encontrar solución:

• Altos niveles de Burn out (agotamiento) en los operadores cara a cara • Falta de Recurso Humano capacitado y especializado • Falta de comunicación y coordinación al interior de las instituciones y entre ellas.

La necesidad de continuar con las capacitaciones no solo lo han manifestado las y los participantes del Grupo de Trabajo, también las y los operadores que participaron en los talleres, quienes mostraron un gran interés por seguir participando en este tipo de actividades y expresaron el deseo de que se realicen talleres con todo el personal operativo de sus instituciones.

Taller con miembros de la Corporación Policía. Policía Nacional Civil Representantes de las distintas Unidades que llevan registros de datos.

Magistrada Mina Perla de la Corte Suprema de Justicia en el

Momento de inaugurar el taller para los Equipos Multidisciplinarios de la Institución

Taller con personal de la Procuraduría General de la República.

III.4 El Plan del Grupo de Trabajo para continuar Considerando los niveles alcanzados de comunicación y confianza desarrollados entre las y los integrantes del Grupo, se puede suponer que habrá una mejor coordinación intersectorial en la práctica, así como la búsqueda de mejoras a la forma de atención a las víctimas y la colaboración intersectorial para ir homologando la forma de registro de los datos en sus respectivas instituciones.24 Dados los avances logrados en el Grupo de Trabajo, se proyecta continuar avanzando, por lo que sobre los dos ejes temáticos delimitados, registro/estadístico y la Ruta de Atención a las Víctimas, se ha elaborado un plan de trabajo que permitirá darle seguimiento a lo logrado a la fecha. Este plan da un elemento de sustentabilidad al proyecto, fundamentalmente porque el Grupo de Trabajo ha logrado llegar al punto de hacer planeación conjunta y porque el Grupo Interagencial de Género de Naciones Unidas, específicamente UNFPA, ha manifestado su interés de continuar este proceso y no dejar caer los avances obtenidos. III.4 Valoraciones Finales del capitulo Como se puede ver en este capítulo, la implementación de un proyecto que desee instalar o adecuar sistemas de registro de la violencia de género en un contexto donde la invisibilización del fenómeno es todavía relativamente alta, tiene que impactar en todos los niveles que conforman un registro confiable:

1. Los operadores cara a cara que determinan cuándo y cómo registrar un caso de violencia de género, aún cuando esta no haya sido denunciada ante el sistema de procuración de justicia

2. Las normativas intrainstitucionales respecto al registro, codificación, captura y análisis de la información

3. Las normativas sectoriales y nacionales sobre el manejo de datos y estadísticas 4. Los sistemas de vigilancia y seguimiento que evaluarán el funcionamiento y

sustentabilidad del registro en el tiempo

24 Anexo 4 Listado de las y los Integrantes del grupo de Trabajo al finalizar ésta etapa del proyecto.

Si bien internacionalmente es reconocida la necesidad de establecer sistemas de registro confiables sobre la violencia de género, no menos importante es reconocer que en este proceso no se debe olvidar a las víctimas para quienes el Estado ha diseñado los servicios de atención. Esto no es un tema menor puesto que hay una imbricación indisoluble entre la sensibilidad y especialización del operador cara a cara, la eficiencia de la atención y la calidad de un sistema de registro. Este proyecto se presentó inicialmente como ambicioso porque no deseaba dejar fuera la calidad de atención en aras de avanzar en los aspectos técnicos del registro. En este momento consideramos que la experiencia muestra que para avanzar en el registro de violencia de género es necesario también reconocer que su confiabilidad y eficiencia sólo podrá ser garantizada cuando se realiza de manera coordinada con la mejora de la calidad y eficiencia de la atención. Un reto seguramente difícil de lograr en poco tiempo. Sin embargo, creemos que este proyecto muestra las posibilidades de avanzar en propuestas ambiciosas, si se encuentran contrapartes entusiastas, resilientes y comprometidas como ha sido el caso de la experiencia en San Salvador.

CAPÍTULO 4

CONSTRUCCIÓN DE BASE UNIFICADA DE DATOS Y ESTADÍSTICAS

ACCESIBLES POR SECTOR

Como se menciona en el capítulo anterior, el proyecto tuvo inicialmente el objetivo de crear un Sistema Unificado de Registro de Violencia de Género. Sin embargo, y debido a que el diagnóstico inicial mostró que existen fuertes resistencias en los diversos sectores para aceptar un instrumento de registro unificado, debido a las implicaciones que esto tendría para sus propios sistemas de registro, se decidió, en el transcurso de desarrollo del proyecto, no proponer un instrumento de registro diferente al ya utilizado por las instituciones, puesto que todo indicaba que un nuevo instrumento no sería aceptado e implementado en la mayoría de los casos.

Así se optó por un plan alternativo que permitiera retomar los formatos de registros ya existentes en los diferentes sectores y adecuarlos para que se pudiera diseñar una base de datos homologada. Este plan incluyó la revisión, dentro del Grupo de Trabajo, de los principales referentes teóricos sobre violencia de género y una revisión sobre cuáles serían las variables mínimas que se deberían identificar para dar cuenta de la manera en que cada sector atiende casos de violencia de género.

El tema central dentro de este acercamiento fue precisamente el determinar de qué manera se invisibiliza la violencia de género en cada sector, lo que llevó a un ejercicio bastante complejo de identificación de procesos internos para el registro, codificación, captura y manejo estadístico de los datos. Este proceso que incluyó la revisión de las estadísticas existentes en cada sector y que fue complementada con visitas “in situ,” permitió identificar la complejidad de problemáticas por las cuales no existen datos unificados sobre violencia de género en el Estado Salvadoreño.

El análisis de los procesos de registro, codificación, captura y manejo estadístico de datos se realizó identificando la ruta crítica de atención para casos de violencia de género dentro de cada uno de los sectores e instituciones lo que permitió identificar las grandes diferencias que existen respecto al manejo estadístico en cada sector, así como la manera en que ocurre la múltiple victimización al interior de las instituciones. Al revisar la ruta de atención al interior de cada sector, las cuales presentaremos a continuación, se pudo verificar que dentro de una misma institución pueden coexistir varias rutas de atención como podemos ver en los diagramas siguientes, los cuales fueron elaborados por los mismos integrantes del Grupo de Trabajo:

Ruta Crítica de Registro, Captura y Sistematización de Datos en las Diversas Instituciones

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Equipo de Violencia Intrafamiliar Cuota Alimentaria Coordinador Nacional de Familia (PGR)

Concentra

Primera Entrevista

Registra Captura Abogada (o)

Receptora (o) Familia

Nueva Entrevista

Registra Captura (VI) Entrevista

Secretaria Coordinación Local de Familia

Psicóloga(o)

Maneja base de datos

Planificación

Concentra

Coordinación Nacional de Familia

Auxiliar Jurídico

Captura General

Concentra Secretaria Coordinación Local Familia

Coordinador Nac. Familia

Maneja base de datos

Planificación

Equipo de VI

Coordinación Nacional de Familia

Unidad de Planificación

Mayores necesidades de

capacitación

Captura Registra Sistematización

Alimente Sistema

Alimente Sistema

Agente

Receptor Procurador Dilig. Juicio Asesora Asiste legalm.

1. Audiencia Conciliatoria 2. Audiencia preliminar 3. Etapa prueba

- Sentencia

- Concilia

- Archivo

Deriva otra unidad institucional

Presenta demanda

Pasa al Procurador asignado

Procurador Laboral (PGR)

Asesora elabora demanda

Captura de información

Procurador Familia

Agente

Receptor

- Captura información - Registra en el libro

Procurador Colab. Auxiliar Agentes - Elabora demanda - Presenta demanda - Alimente sistema

Fiscalía General de la República

MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CALL CENTER 123

INSTITUO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

Receptor Receptor Fiscal

Fiscal Receptoría

Atención del usuario

Captación Datos en censos diarios

Consolida la información en Unidad de Estadística

Operador (Recibe llamada)

Emergencia 911, ·si el hecho ocurre al momento

Relato de los hechos sucedidos

Se envía a institución correspondiente ISDEMU, ISNA

Supervisor de seguimiento con la institución

Recepción de caso a través de teléfono amigo

Captura de Datos

Evaluación Psicológica y médica

Evaluación Psicológica y médica

RUTA DEL JUZGADO DE FAMILIA DE USULUTAN

Invisibilización de la violencia de género

Respecto a la múltiple victimización ya se dio cuenta en el apartado anterior. Para el caso del manejo de datos, se logró identificar cuando menos cuatro elementos que actúan para que se invisibilice la violencia de género en el sistema de servicios del Estado Salvadoreño

1. La tendencia generalizada a tomar cómo dato estadístico sólo los casos que son referidos a las instancias judicializadas del sistema.

Este problema tiene dos vertientes que deben ser cuidadosamente revisadas para mejorar aspectos fundamentales asociados al registro y la calidad de atención:

Evaluación Psicológica y médica

Monitoreo de diligencias

Atención Psicológica

Ruta Crítica en el Juzgado de Familia

1. Secretaria

2. Resolutor o Resolutora

3. Equipo Psicológico Social

4. Jueza o Juez

5. CAIS

- la primera vertiente tiene que ver con la falta de registro de manifestaciones de violencia de género por el simple hecho de no estar contenidas en alguna de las leyes o normativas nacionales o locales, sin ninguna referencia las definiciones de tratados internacionales como son Belem Do Pará o la Convención de los Derechos de la Niñez;

- la segunda vertiente tiene que ver con la calidad de atención ya que la inexistencia de protocolos específicos de registro, referencia y seguimiento, ha creado servicios saturados que llevan indefectiblemente a una sobrecarga de trabajo de los operadores y en muchas ocasiones al burn-out25 de los mismos. Así se cierra el círculo de la violencia en el sistema, al invisibilizar los casos atendidos de violencia de género ya que no se recurre a los recursos etiquetados para dar atención, creando un circuito sin fin de sobrecarga para los operadores de ámbitos como el de salud o los grupos multidisciplinarios de los juzgados de familia.

2. La sobrecarga de trabajo para el personal que atiende casos de violencia de género creando condiciones estructurales para la re-victimización

Una gran cantidad de trabajos han analizado el problema de la doble victimización asociada a los estereotipos y valores culturales de las personas que atienden la problemática, lo cual sigue estando presente en muchos espacios del sistema salvadoreño. Sin embargo, un tema que se identificó quizá aún más problemático, es el conjunto de situaciones estructurales que impiden avanzar hacia la mejora de calidad de atención y que se refiere al nivel de desgaste y victimización que sufren los operadores cara a cara debido a la conjunción de tres variables asociadas a la calidad: primero, como se mencionó en el apartado dos, la falta de capacitación y especialización del personal asignado para la atención de casos; segundo, la inexistencia de procesos de atención interdisciplinaria; y, tercero, la sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento (a través de incentivos, mejora de salarios, etc.) para los operadores .

3. La inexistencia de presupuestos adecuados a la carga de trabajo existente en algunos sectores del sistema

Tanto la invisibilización de los casos atendidos en los diversos sectores como la sobrecarga y falta de recursos mínimos para la atención de casos de violencia de género, son factores que impedirán de facto la compilación de estadísticas confiables debido a la competencia natural que existirá en toda institución para atender versus registrar. El caso del sistema de salud es probablemente el más significativo. Sin embargo, este problema es repetitivo en menor escala en espacios como la Fiscalía y la Procuraduría General de la República ya que estas instituciones han abierto una serie de servicios de atención que no se toman en cuenta para la distribución de recursos al interior del sector. Este no es un tema

25 El síndrome de burn-out es un tipo de de desgaste emocional que incluye una gran variedad de síntomas, incluidos el cansancio persistente, impaciencia cuando la víctima cuenta su historia, o disociarse cuando escucha a la víctima; todo lo cual repercute en la calidad de atención.

menor ya que, como se mencionó en el capítulo dos, la seguridad ciudadana aún se sigue midiendo en términos masculinos al invisibilizar todos los recursos que se requieren y se están utilizando para garantizar la seguridad de las mujeres, niñas y niños en El Salvador.

IV.1 Formato de referencia para identificación de indicadores de violencia de género y proceso de etiquetación de variables existentes consensuado por el Grupo de Trabajo.

Para poder acceder a los datos existentes en cada sector se consensó un instrumento conceptual de referencia para identificar casos atendidos (Ver Anexo). Este referente conceptual permitió el análisis de los datos manejados en cada sector y la identificación de las variables asociadas a la violencia de género. Este proceso partió del referente consensuado de indicadores para todos los sectores; la elaboración de diccionarios de variables acordes al sistema de registro de cada sector y finalmente, la elaboración de datos para casos atendidos en el último trienio (2005 – 2008).

La opción propuesta y aceptada tiene varias ventajas:

1. Sienta un precedente de proceso colaborativo y consensuado de manejo de datos sobre violencia de género en El Salvador.

2. Incluye un mínimo de variables de violencia de género que desplaza la concepción cerrada que iguala violencia intrafamiliar con violencia de género.

3. Se presentó en un momento de oportunidad que permitió que la Corte Suprema incluyera en su nuevo sistema de registros las variables acordadas en el Grupo de Trabajo.

La Base Unificada de Datos representa una propuesta creativa para integrar un sistema de registro que estará a medio camino del sistema laxo y el conceptual planteado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 2008)26, quienes plantean que:

“Un sistema de indicadores puede ser entendido como un sentido laxo como un conjunto de indicadores relacionados con un objeto de estudio particular…en materia de violencia contra las mujeres, puede decirse que todos los países de Latinoamérica tienen algún tipo de conjunto de indicadores que podrían considerarse un sistema si se asume la responsabilidad de recolectar la información en forma periódica y sistemática…”

Otra forma de entender un sistema de indicadores… es como un conjunto de indicadores que “lleva implícito un modelo teórico en el que se establece un

26 Carcedo, Ana, Indicadores sobre violencia contra las mujeres. Sistematización y evaluación crítica. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José Costa Rica, 2008. Se remarca con cursiva lo que es centralmente atinente a las consideraciones planteadas.

entramado de relaciones uni y/o bidireccionales entre las variables que lo configuran…un sistema de indicadores que aspira a la mayor precisión posible para un objetivo de medición concreto, que está bien definido desde los puntos de vista teórico y técnico…”

“Aún cuando un sistema de esta naturaleza seleccione los indicadores a incluir, existe la posibilidad de expandirlos a medida que se aumente la accesibilidad a información significativa para el objetivo” (IIDH, 2008, p. 25.)

La ventaja de esta Base Unificada es que permite garantizar la recolección de la información en forma periódica y sistemática, al mismo tiempo que inicia la creación de un sistema con un referente teórico que puede irse ampliando. Además de esto, la Base Unificada permite a cada institución:

1. Salvaguardar la información 2. Salvaguardar la información que se considere sensible 3. Garantizar el principio de confidencialidad de los casos 4. Garantizar el principio de homogeneidad requerida en la etiquetación de variables

que permitan iniciar análisis comparativos.

En todo este proceso se ha promovido la posibilidad de seguimiento y mantenimiento de este tipo de sistema, ya que la calidad del mismo dependerá del aprendizaje de colaboración y comunicación establecido entre las personas que atienden cara a cara el tema y las personas que manejan el sistema de registro de cada institución.

Como podrá deducirse de lo anterior, esto tiene un tiempo que depende de la posibilidad de avance en cada institución y también, del proceso de discusión grupal que continua en los diferentes sectores. La figura que se presenta a continuación ilustra cómo se integra la Base Unificada de Datos.

BASE UNIFICADA DE DATOS

VIOLENCIA DE GÉNERO

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ISDEMU

MINISTERIO DE SALUD

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

POLICIA NACIONAL CIVIL

VG

VG

VG

VG

VG