universidad regional autónoma de los andes uniandes facultad de ...
100
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES UNIANDES FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CARRERA DE DERECHO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA TEMA: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN AUTORA: ARAGÓN ORTIZ LAURA MARIANA ASESOR: DR. CADENA POSSO ALIPIO ABSALÓN IBARRA – ECUADOR 2016
Transcript of universidad regional autónoma de los andes uniandes facultad de ...
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
UNIANDES
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
CARRERA DE DERECHO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
TEMA:
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN
EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
AUTORA: ARAGÓN ORTIZ LAURA MARIANA
ASESOR: DR. CADENA POSSO ALIPIO ABSALÓN
IBARRA – ECUADOR
2016
APROBACIÓN DEL ASESOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
CERTIFICACIÓN:
Quien suscribe, legalmente CERTIFICA QUE: El presente Trabajo de Titulación
realizado por la señorita Laura Mariana Aragón Ortiz, estudiante de la Carrera de
Derecho, de la Facultad de Jurisprudencia, con el tema: “ÁMBITO DE APLICACIÓN Y
EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN”, ha
sido prolijamente revisado, y cumple con todos los requisitos establecidos en la
normativa pertinente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes -UNIANDES-,
por lo que apruebo su presentación.
Ibarra, 27 de junio del 2016
Dr. Alipio Absalón Cadena Posso
ASESOR
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
Yo Laura Mariana Aragón Ortiz, estudiante de la Carrera de Derecho, de la Facultad
de Jurisprudencia, declaro que todos los resultados obtenidos en el presente trabajo
de investigación, previo la obtención del título de ABOGADA DE LOS TRIBUNALES
DE LA REPÚBLICA, son absolutamente originales, auténticos y personales; a
excepción de las citas, por lo que son de mi exclusiva responsabilidad.
Ibarra, 27 de junio del 2016
Srta. Laura Mariana Aragón Ortiz
C.I. 100351491-4
AUTORA
CERTIFICACIÓN DEL LECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
Yo Dra. Sandra Valentina Yépez Velasco En calidad de Lectora del Proyecto de
Titulación.
CERTIFICO:
Que el presente trabajo de titulación realizado por la estudiante Laura Mariana Aragón
Ortiz, sobre el tema: “ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS DE LA
ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN”, ha sido cuidadosamente revisado
por la suscrita, por lo que he podido constatar que cumple con todos los requisitos de
fondo y forma establecidos por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, para
esta clase de trabajos, por lo que autorizo su presentación.
Ibarra, septiembre del 2016
DERECHOS DE AUTOR
Yo, declaro que conozco y acepto la disposición constante en el literal d) del Art. 85
del Estatuto de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, que en su parte
pertinente textualmente dice: El Patrimonio de la UNIANDES, está constituido por: La
propiedad intelectual sobre las investigaciones, trabajos científicos o técnicos,
proyectos profesionales y consultoría que se realicen en la Universidad o por cuenta
de ella:
Ibarra, 27 de junio del 2016
Srta. Laura Mariana Aragón Ortiz
C.I. 100351491-4
AUTORA
DEDICATORIA
A Dios, que es mi luz, por darme la vida y fuerza necesarias para recorrer este camino,
por llenar mi corazón y alma de amor y paciencia para lograr mis propósitos y metas.
A mis padres por haberme apoyado, en especial a mi madre Teresa por ser mi guía,
por sus consejos, los valores y principios que me ha inculcado, por hacer de mí una
persona de bien, por su amor incondicional y motivarme a no rendirme y alcanzar mis
metas.
A mis hermanos Anita, Rolando, Isabel y Ramiro por su amor y apoyo incondicional, a
mis sobrinos Mickael y Mathías por ser mi alegría y mi inspiración, los quiero mucho.
A un hombre muy especial en mi vida, mi novio, mi amigo, compañero, al que quiero
mucho, Santiago, por ser mi apoyo y no dejarme decaer, ni rendirme.
A todos mis familiares, maestros y amigos, que estuvieron conmigo a lo largo de mi
vida y mi carrera, en especial a mis abuelitos que me cuidan desde el cielo.
A todos ellos mi eterna gratitud
Laura Mariana Aragón Ortiz
AGRADECIMIENTO
A Dios por su infinito amor quien nos da la vida y nos guía por el sendero correcto para
encaminarme en el bien y la verdad.
A la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes
“UNIANDES” sede Ibarra, por permitirme avanzar día a día en el conocimiento de la
Ciencia del Derecho, tengo que expresar el reconocimiento especial y mi más noble
agradecimiento a mis distinguidos catedráticos, quienes han sabido enrumbarme por
el camino del saber para formarme y convertirme en el futuro profesional del derecho,
capaz de aplicar lo teórico y lo práctico, apegado a los valores éticos, morales, y los
servicios a la colectividad.
Un agradecimiento muy especial a mi asesor Dr. Alipio Absalón Cadena Posso, por su
constante y acertado asesoramiento, apoyo y compresión.
Laura Mariana Aragón Ortiz
RESUMEN
El presente Proyecto de Investigación ha sido desarrollado sobre el ámbito de
aplicación y efectos jurídicos de la Acción extraordinaria de protección, establecida en
la Constitución de la República del Ecuador dentro de las garantías jurisdiccionales.
Actúa frente a la vulneración de los derechos constitucionales, en sentencias, autos
definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia, pudiendo incluso dejarlas sin
efecto, por lo que amerita un trato delicado y procedimientos especiales para su
admisión y procedencia, que se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Respecto a la metodología, el presente trabajo está inscrito dentro de la línea de
investigación de retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias Jurídicas en el
Ecuador, se utilizó el método inductivo y deductivo en la elaboración de los capítulos,
de la misma manera se empleó el método jurídico, y como técnicas se empleó la
observación y la encuesta dirigida a los Profesionales del Derecho de la ciudad de
Ibarra.
En base al análisis e interpretación de resultados se logra demostrar el
desconocimiento del tema tratado por parte de los profesionales del derecho, lo que
ocasiona la errónea aplicación de la Acción extraordinaria de protección, en el periodo
de enero a diciembre del año 2015, entonces surge la necesidad de realizar un estudio
jurídico sobre el ámbito de aplicación y efectos jurídicos de la Acción extraordinaria de
protección, y de esta manera promover su adecuada interposición y evitar la
vulneración de la Constitución de la República del Ecuador.
ABSTRACT
This research project has been developed on the scope and legal effects of the Special
Action Protection, established in the Constitution of the Republic of Ecuador within the
jurisdictional guarantees. It acts against the violation of the constitutional rights, in
judgments, final orders or resolutions that have the force of judgment and may even
leave them without effect, so that it merits a careful handling and special procedures for
admission and origin, which are established in the Organic law on Jurisdictional
Guarantees and Constitutional Control.
Regarding methodology, this paper is enrolled in the research line of Challenges,
perspectives and improvement of legal sciences in Ecuador, it also has been applied
the inductive and deductive method in the preparation of the chapters, as well as the
legal method, and as investigative techniques; the direct observation and survey that
were addressed to professionals of the legal area from Ibarra city.
Based on the analysis and interpretation of results, it is demonstrated the lack of
knowledge on the topic by professionals in laws, resulting in misapplication of the
Special Protection Action in the period from January to December 2015. Then, it arises
the need for a legal study on the scope and legal effects of the extraordinary action of
protection, and thus promotes proper filing and prevents violation of the Constitution of
the Republic of Ecuador.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1
Antecedentes de la investigación .................................................................................. 1
Situación problemática .................................................................................................. 2
Problema científico ....................................................................................................... 2
Objeto de investigación y campo de acción .................................................................. 2
Identificación de la línea de investigación ..................................................................... 3
Objetivo general ............................................................................................................ 3
Objetivos específicos .................................................................................................... 3
Idea a defender ............................................................................................................. 3
Variables de la investigación ......................................................................................... 3
Metodología de la investigación .................................................................................... 4
Resumen de la estructura de la tesis ............................................................................ 4
Aporte teórico, significación práctica y novedad científica ............................................. 5
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO ................................................................................. 6
1.1. Ámbito y antecedentes de la acción extraordinaria de protección ......................... 6
1.1.1. Contexto constitucional y de derecho internacional en que se crea la acción
extraordinaria de protección .......................................................................................... 7
1.1.2. Fundamento jurídico constitucional .................................................................... 8
1.1.3. La situación previa a la Constitución vigente .................................................... 10
1.1.4. El control de decisiones judiciales en el derecho comparado ........................... 11
1.2. Naturaleza de la acción extraordinaria de protección .......................................... 15
1.2.1. Naturaleza de la acción extraordinaria de protección en el Ecuador ................ 15
1.2.2. Función de la acción ........................................................................................ 17
1.2.3. Especialidad del órgano competente ............................................................... 18
1.2.4. Caducidad de la acción .................................................................................... 19
1.3. Aspectos procesales de la acción extraordinaria de protección .......................... 20
1.3.1. Legitimación ..................................................................................................... 20
1.3.2. Requisitos de procedibilidad ............................................................................ 21
1.3.3. Actos impugnables ........................................................................................... 23
1.3.4. Derechos protegidos ........................................................................................ 24
1.4. Análisis de casos ................................................................................................ 25
1.4.1. Sentencia n° 024-10-sep-cc ............................................................................. 26
1.4.2. Sentencia n° 001-09-sep-cc ............................................................................. 27
1.4.3. Sentencia n°0016-13-sep-cc ............................................................................ 28
1.4.4. Sentencia n° 227-15-sep-cc ............................................................................. 29
1.5. Conclusiones Parciales del Capítulo I ................................................................. 31
CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA32
2.1. Caracterización del sector ................................................................................... 32
2.2. Descripción del Procedimiento Metodológico para el Desarrollo de la
Investigación ............................................................................................................... 32
2.2.1. Métodos ........................................................................................................... 32
2.2.2. Técnicas .......................................................................................................... 33
2.2.3. Instrumentos .................................................................................................... 33
2.3. Población y muestra ........................................................................................... 34
2.3.1. Población ......................................................................................................... 34
2.3.2. Muestra ............................................................................................................ 34
2.4. Análisis e interpretación de datos, a la encuesta aplicada a profesionales del
derecho de ibarra. ....................................................................................................... 35
2.5. Propuesta del investigador .................................................................................. 45
2.6. Comentario personal parcial del Capítulo II ......................................................... 45
2.7. Conclusiones Parciales del Capítulo II ................................................................ 46
CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ................................................ 48
3.1. Tema .................................................................................................................. 48
3.2. Objetivo .............................................................................................................. 48
3.3. Justificación ........................................................................................................ 48
3.4. Descripción de la propuesta ................................................................................ 49
3.5. Desarrollo del cuerpo central .............................................................................. 49
3.5.1. Validación, aplicación y evaluación de los resultados de la aplicación de la
propuesta. ................................................................................................................... 64
3.6. Impactos ............................................................................................................. 64
3.6.1. Impacto social .................................................................................................. 64
3.6.2. Impacto jurídico ................................................................................................ 65
3.7. Conclusiones Parciales del Capítulo III ............................................................... 65
CONCLUSIONES GENERALES…………………………………………………………….67
RECOMENDACIONES………………………………………………...…………………….68
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………..…...69
ANEXOS……………………………………………………………………………………….72
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Conocimiento general de la acción extraordinaria de protección .................... 35
Tabla 2 La acción extraordinaria de protección como un recurso ordinario ................. 36
Tabla 3 Casos de la acción extraordinaria de protección ............................................ 37
Tabla 4 Requisitos de la acción extraordinaria de protección ...................................... 38
Tabla 5 Competencia de la acción extraordinaria de protección ................................. 39
Tabla 6 Efectos jurídicos de la acción extraordinaria de protección ............................ 40
Tabla 7 Legitimación de la acción extraordinaria de protección .................................. 41
Tabla 8 Interposición de la acción extraordinaria de protección .................................. 42
Tabla 9 Impugnación de la acción extraordinaria de protección .................................. 43
Tabla 10 Requisitos y trámite de la acción extraordinaria de protección ..................... 44
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 Conocimiento general de la acción extraordinaria de protección................... 35
Figura 2 La acción extraordinaria de protección como un recurso ordinario ................ 36
Figura 3 Casos de la acción extraordinaria de protección ........................................... 37
Figura 4 Requisitos de la acción extraordinaria de protección .................................... 38
Figura 5 Competencia de la acción extraordinaria de protección ................................ 39
Figura 6 Efectos jurídicos de la acción extraordinaria de protección ........................... 40
Figura 7 Legitimación de la acción extraordinaria de protección ................................. 41
Figura 8 Interposición de la acción extraordinaria de protección ................................. 42
Figura 9 Impugnación de la acción extraordinaria de protección ................................. 43
Figura 10 Requisitos y trámite de la acción extraordinaria de protección .................... 44
1
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La Constitución de la República del Ecuador, elaborada por la Asamblea
Constituyente, reconoce a la acción extraordinaria de protección dentro de las
garantías jurisdiccionales.
La intención con la que las garantías jurisdiccionales fueron creadas y específicamente
la acción extraordinaria de protección, es la de proteger a la población del abuso del
ejercicio del poder o de la negligencia de quienes ejercen la administración pública,
por ello, la ideología de la nueva Constitución es ser garantista y controladora de los
derechos fundamentales a través de la interposición ante la justicia ordinaria y
extraordinaria de la acción antes citada.
El tratadista Fernando Eduardo León Quinde, se refiere a la acción extraordinaria de
protección y manifiesta: “En nuestra constitución actual se encuentra considerada la
acción extraordinaria de protección, constituyendo una acción y mas no un recurso,
siendo la acción el acto por el cual se presenta un reclamo por alguna sentencia, autos
definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, las mismas que deben ser firmes o
ejecutoriadas, no constituyendo un recurso ya que este se lo considera como un
reclamo ante el superior jerárquico de la sentencia emitida.” (LEÓN, 2014, pág. 317)
De lo antes señalado, se aclara bajo que elementos procede la acción extraordinaria
de protección, siendo necesaria la fuerza de sentencia, y que sean firmes o se
encuentren ejecutoriadas para que proceda de esta manera como acción posterior a
todo proceso ordinario, de su nombre precisamente como acción extraordinaria se
precisa el campo y el momento idóneo para interponerla adecuadamente, y no
respecto de cuestiones de mera legalidad, como especifica el principio de especialidad
característico de esta acción y garantía jurisdiccional.
Su objetivo es claro, el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en
nuestra Constitución, teniendo como fin reparar el daño causado, hacerlo cesar si se
está produciendo o para prevenirlo si es que existe la presunción o indicios claros de
que el acto ilegítimo puede producirse. En virtud de lo cual, el objetivo de esta acción
es bastante especifico y delicado, amerita cuidado y atención al recurrir a ella, no ha
de proceder sino únicamente al producirse la vulneración de un derecho, a fin de
identificarla, sancionarla y procurar su restauración y reparación.
2
Es una garantía que debe ser aplicada correctamente, sin embargo, en la actualidad
es posible ver como se abusa de esta acción, aplicándola sin mayor control incluso en
casos en los que no debería ser admitido, debido todo esto a que no se halla
actualmente controlado y específicamente delimitado en sus condiciones y requisitos,
e incluso por la omisión y violación consiente de los requisitos y reglas existentes, por
parte de quienes buscan con su interposición otra oportunidad, u otra resolución
distinta a la obtenida. Ahí precisamente radica la importancia de su estudio y análisis
profundos.
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Pese a estar contemplada en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con especificación de sus
elementos y las causales o casos en los que esta acción procede y bajo qué
principios, es común que la acción extraordinaria de protección sea interpuesta
inadecuadamente por parte de quienes la patrocinan, comúnmente teniendo como
objetivo principal, la revisión de las decisiones judiciales en el fondo de lo ya resuelto,
inobservando de esta manera el principio de especialidad, que indica que esta solo
puede ser activada respecto de la vulneración de derechos constitucionales y no
proponerla respecto de cuestiones de mera legalidad.
Es necesario precisar las causas principales de la inadecuada aplicación de la acción
extraordinaria de protección, para de esta manera ubicar el origen de este problema
que genera gran impacto en la administración de justicia y por ende vulneración de la
Constitución de la República del Ecuador.
PROBLEMA CIENTÍFICO
Cómo contribuir con la correcta interposición de la acción extraordinaria de protección
ante la Corte Constitucional.
OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN
Objeto de la Investigación
El objeto de investigación del presente trabajo es la acción extraordinaria de
protección, contemplada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
3
Campo de Acción
En esta investigación el campo de acción es el ámbito de aplicación y consecuencias
jurídicas de la acción extraordinaria de protección.
El presente trabajo se desarrollará en el periodo de enero a diciembre del año 2015.
IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias Jurídicas en el Ecuador: El
ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, presupuestos históricos, teóricos, filosóficos y
constitucionales.
OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio jurídico sobre el ámbito de aplicación y consecuencias jurídicas de
la acción extraordinaria de protección, para promover su adecuada interposición y
evitar la vulneración de la Constitución de la República del Ecuador.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fundamentar jurídicamente en las normas constitucionales, legales, tratados
internacionales y legislación conexa, la acción extraordinaria de protección.
Diagnosticar el estado actual del objeto de investigación.
Elaborar un estudio jurídico sobre el ámbito de aplicación y consecuencias jurídicas
de la acción extraordinaria de protección.
Analizar la factibilidad de la propuesta.
IDEA A DEFENDER
Con la realización del estudio jurídico sobre el ámbito de aplicación y consecuencias
jurídicas de la acción extraordinaria de protección, se promoverá su interposición
acertada y se evitará la vulneración de la Constitución de la República del Ecuador.
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable independiente
Realizar un estudio jurídico sobre el ámbito de aplicación y consecuencias jurídicas de
la acción extraordinaria de protección.
4
Variable dependiente
Se promoverá su adecuada interposición y se evitará la vulneración de la Constitución
de la República del Ecuador.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología investigativa que utilicé en el desarrollo de la presente tesis integra
métodos, técnicas e instrumentos, cuyo producto final contribuyó al avance de mi
trabajo de grado en el procesamiento de la información que se genera a partir del
estudio realizado. Se utilizó el método inductivo y deductivo en la elaboración de los
capítulos, de la misma manera se empleó el método jurídico. En las técnicas se aplicó
la observación, así como también la encuesta, ya que las personas que fueron objeto
del interrogatorio fueron los profesionales del derecho que conforman el Foro de
Abogados del Consejo de la Judicatura.
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA TESIS
Los contenidos de cada uno de los capítulos de los que consta esta tesis se pueden
detallar de la siguiente manera:
En el Capítulo I se encuentra debidamente respaldado bibliográfico de textos jurídicos
entre los más destacados, empleados para desarrollar el marco teórico y que
permitieron detallar y explicar adecuadamente todo.
También está un análisis sobre las distintas posiciones teóricas con su respectiva
valoración crítica. Finalmente hay un análisis crítico sobre el objeto de investigación y
las conclusiones parciales del capítulo.
En el capítulo II se encuentra el marco metodológico con el que se desarrolló el
presente trabajo investigativo, con la caracterización y descripción de esta garantía
jurisdiccional. En la segunda parte de este capítulo se presenta el tema de la
propuesta del investigador y las conclusiones parciales del capítulo.
En el capítulo III un análisis de los resultados alcanzados en la investigación,
conjuntamente con la validación de los mismos, se incluye también las conclusiones
parciales del capítulo.
5
En la parte final se hace constar las conclusiones generales de la investigación y las
recomendaciones a las diferentes instituciones o personas involucradas en el
problema investigado.
En el aspecto de formalidad se incluye la bibliografía y los anexos.
APORTE TEÓRICO, SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA Y NOVEDAD
Aporte Teórico
La presente investigación será de gran ayuda, para estudiantes y profesionales del
Derecho, por cuanto en relación a este tema específico no se ha hecho el análisis
correspondiente, para garantizar la debida aplicación de la acción extraordinaria de
protección.
La inobservancia de principios básicos y la errónea interpretación de la ley es lo que
ha traído como consecuencia que se aplique injustificadamente la acción
extraordinaria de protección y sin cumplir con los correspondientes requisitos para su
procedibilidad, y es además un gasto innecesario de recursos de la administración de
justicia.
Significación Práctica
Con relación a la significación práctica es importante mencionar que dicho trabajo
investigativo, será utilizado en beneficio de la ciudadanía en general en especial a las
personas que podrían necesitar de esta acción para la vigencia de sus derechos. Ya
que se identificarán las principales, causas del problema y el impacto que genera en la
administración de justicia.
Novedad Científica
La novedad de este trabajo de investigación se basa en que actualmente no se ha
profundizado dentro del estudio de este tema, sobre el ámbito de aplicación y efectos
jurídicos de la acción extraordinaria de protección, por cuanto el derecho constitucional
es muy amplio y es pertinente enfatizar y minuciosamente analizar un problema y
determinar su origen y posible solución, es además de fácil comprensión y de urgente
aplicación ya que ha sido en muchas ocasiones erróneamente interpuesta la acción
extraordinaria de protección.
6
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
1.1. Ámbito y antecedentes de la acción extraordinaria de protección
El jurista Álvaro Felipe Cárdenas Zambonino, en su obra Interpretación Constitucional,
se refiere al ámbito y antecedentes de la acción extraordinaria de protección, y
manifiesta: “La acción extraordinaria de protección es aplicable cuando los jueces
ordinarios han fallado en su rol de jueces garantistas, y por tanto las sentencias como
tal, resultan vulneradoras de derechos. Esta figura es parecida a la Drittwirkung
alemana, según la cual se aceptó la acción de protección respecto de sentencias
vulneradoras de derechos humanos por ser un acto de poder público.”(Cárdenas,
2011, pág. 67)
De lo expuesto, es preciso determinar cuáles fueron los antecedentes de la acción
extraordinaria de protección y su ámbito, precisamente se indica que esta acción
procederá al existir una vulneración de un derecho constitucional, como resultado de
una sentencia en la que el juez dentro del proceso ordinario no haya cumplido con su
misión garantista. Se tiene como un importante e icónico antecedente la figura
alemana Drittwirkung desarrollada en la década de 1950 que consideró la idea de
demandar al gobierno por la violación de los derechos humanos, y por no impedirlo
mediante sus organismos judiciales y policiales, apareciendo de esta manera la acción
extraordinaria de protección, como recurso en el caso ulterior a una sentencia.
El mismo autor, manifiesta además: “Esta institución se inició con el famoso caso Luth,
con el que se abre la tesis de la imputación judicial de la vulneración de derechos
humanos en la resolución de un conflicto, toda vez que los derechos fundamentales
constituyen un orden objetivo de valores que irradia en todos los ámbitos de derecho,
también el derecho civil y legislación, administración y jurisprudencia reciben de él,
directrices e impulsos, por lo que al no ser considerados a momento de resolver el
conflicto, se produce la vulneración iusfundamental atribuible al juez.”(Cárdenas, 2011,
pág. 67)
Tal como se manifiesta, es otro importante antecedente a considerar de la acción
extraordinaria de protección el caso Luth, en Hamburgo, en el año 2004 sentó un
precedente trascendental, al resolverse mediante el fallo de la corte estatal de
Hamburgo el que el fallo de la primera corte por atentar contra un derecho
fundamental, específicamente el derecho a la libre expresión del recurrente Erich Luth,
pues es precisamente ese el objetivo de la acción extraordinaria de protección, actuar
7
incluso tras la ejecutoria de una sentencia, aun cuando ha finalizado el proceso
ordinario si se ha vulnerado un derecho.
1.1.1. Contexto constitucional y de derecho Internacional en que se crea la
acción extraordinaria de protección
El tratadista Ramiro Rivadeneira, en su obra Garantías Constitucionales, refiriéndose a
las acciones y recursos dentro del contexto internacional, manifiesta: “La permanente
constatación del abismo existente entre el reconocimiento formal-normativo de los
Derechos Humanos y su falta de vigencia sociológica, ha planteado la necesidad de
contar con recursos o mecanismos de protección efectivos frente a la vulneración de
los Derechos Humanos. Varios instrumentos internacionales de Derechos Humanos
recogen como una de las obligaciones de los Estados el poner a disposición de todas
las personas un recurso efectivo frente a la violación de sus derechos, principalmente
la Declaración Universal de Derechos Humanos.”(Rivadeneira, 2009, pág. 32)
En el mismo sentido el tratadista Raúl Gustavo Ferreyra, en su obra Fundamentos
Constitucionales, manifiesta: “Las garantías de los derechos fundamentales son el
mecanismo por excelencia para dotar de efectividad a los derechos y/o al normal
desenvolvimiento de la vida constitucional. Su naturaleza es reactiva o defensiva
porque operan en caso de vulneración o amenaza de lesión de un derecho
fundamental o del estatuto delos poderes. Acudir a ellos significa intentar obtener, por
su intermedio, la preservación del derecho o el restablecimiento del equilibrio de los
poderes.”(Ferreyra, 2013, pág. 249)
Agrega, además el jurista Fernando Eduardo León Quinde, en su obra Manual de
Derecho Constitucional Ecuatoriano: “Las garantías jurisdiccionales son mecanismos o
procedimientos de defensa de los derechos constitucionales por medio de los órganos
de la función judicial. Para que se cumplan los derechos constitucionales, fue
necesario crear los mecanismos de garantías de aplicación práctica y cumplimiento de
esos derechos, viniendo a constituir las denominadas garantías
jurisdiccionales.”(León, 2014, pág. 272)
Tal como se manifiesta, y coinciden estos criterios en que, fue precisamente la
necesidad de hacer respetar los derechos fundamentales que si bien constan en los
ordenamientos constitucionales del mundo y se reconocen por todos los demás
cuerpos legales, en la práctica, en la misma actuación judicial son vulnerados estos
derechos, de tal manera que en varios instrumentos internacionales, principalmente en
8
la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece cuales son los
derechos fundamentales, se preceptúa como uno de ellos, el derecho a acceder a un
recurso que efectivamente actúe frente a la vulneración de estos derechos que le
pertenecen al ser humano, por el mismo hecho de serlo.
Según lo manifestado, además, y de acuerdo a nuestra norma constitucional, se
establecen las garantías jurisdiccionales como medios o procedimientos con el fin de
preservar y defender la plena vigencia de los derechos fundamentales, que nuestra
Constitución reconoce y garantiza, son varias las garantías jurisdiccionales
establecidas, y dentro de estas se encuentra la acción extraordinaria de protección,
como su nombre lo indica es de aplicación extraordinaria, es decir posterior a todo
procedimiento ordinario, luego de haberse agotado y aun tras una sentencia
ejecutoriada, con el fin único y exclusivo de resolver sobre la violación o vulneración
de los derechos constitucionales.
Agrega finalmente, el tratadista German Bidart Campos, en su obra Compendio de
Derecho Constitucional, se refiere a la creación del recurso extraordinario en la
legislación argentina y manifiesta: “La apelación ante la jurisdicción extraordinaria de la
Corte Suprema, principalmente el recurso extraordinario es un recurso, o sea una vía
de acceso a la Corte que no es originaria, sino posterior a una instancia previa o
anterior. En este sentido, responde a la previsión constitucional de que haya una
jurisdicción no originaria (apelada) de la Corte. Su naturaleza extraordinaria consiste
en que es un recurso excepcional, restringido y de materia federal.”(Bidart, 2010, pág.
76)
De lo expuesto, se puede apreciar a manera de análisis comparativo, la similitud de la
apreciación jurídica de la acción extraordinaria de protección entre Argentina y
Ecuador, es un recurso ulterior, procede al haberse agotado el procedimiento
ordinario, de manera genérica se establece que debe existir una instancia previa que
al agotarse necesita una apelación extraordinaria es decir se implementa una
jurisdicción excepcional, no originaria, restringida, su extraordinareidad se debe a que
solo procederá de existir una vulneración de un derecho fundamental como resultado
de la sentencia obtenida tas haberse culminado el procedimiento ordinario.
1.1.2. Fundamento jurídico constitucional
El jurista Ramón Eduardo Burneo en su obra Derecho Constitucional, como
introducción a las garantías jurisdiccionales, manifiesta: “Para asegurar la protección
9
jurídica de las personas, se ha desarrollado la tutela judicial, que es la aplicación del
derecho de libre acceso a la justicia, a los órganos que la administran y a los
mecanismos por los cuales se hace efectiva. La Constitución vigente, igual que las
anteriores, y sobre todo la doctrina, le asignan a este derecho una serie de
propiedades o condiciones, tales como la accesibilidad, la gratuidad, imparcialidad,
idoneidad, transparencia, independencia, equidad, sin dilaciones ni formalismos que
entorpezcan la celeridad y que cumplan todos los requerimientos del debido
proceso.”(Burneo, 2010, pág. 223)
Tal como se manifiesta la razón de que existan las garantías jurisdiccionales, es la
necesidad de respaldar y proteger los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución, y es precisamente en este conjunto de normas en el que se preceptúa su
existencia, su finalidad y su procedimiento, la base y origen de estas garantías y
específicamente de la acción extraordinaria de protección son los derechos
constitucionales, siendo uno de ellos el libre acceso a la justicia y a todos sus órganos
y medios, procura así esta acción actuar cuando exista la vulneración de un derecho
aun culminado el proceso ordinario y con sentencia ejecutoriada, a fin de que ni la
justicia misma pueda vulnerar aun involuntariamente los derechos constitucionalmente
reconocidos.
El tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra Acción Constitucional Extraordinaria de
Protección, respecto a la acción extraordinaria de protección en nuestra Constitución,
manifiesta: “La acción constitucional extraordinaria de protección es una acción
excepcional que se la tramita ante la Corte Constitucional, luego de agotados los
recursos ordinarios y extraordinarios, por quien tuviere legitimación activa; ampara y
protege los derechos reconocidos en la Constitución cuando hubieren sido violados,
por acción u omisión, en sentencias o en autos definitivos.”(Cueva, 2012, pág. 57)
Adicionalmente la jurista Claudia Storini, en su obra La Nueva Constitución del
Ecuador, agrega: “La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencia
y autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión de derechos
reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional, se
impone la exigencia de agotar el proceso judicial ordinario, es decir que el recurso
viene a impugnar una resolución judicial en la que no se ha obtenido una respuesta
favorable para hacer frente a la vulneración del derecho.”(Storini, 2010, pág. 308)
De acuerdo a lo que en común se manifiesta, en nuestra Constitución se reconoce a la
acción extraordinaria de protección, como una acción que procede una vez agotados
10
todos los recursos ordinarios, al encontrarse ante la vulneración de los derechos
reconocidos en la Constitución por acción u omisión, en sentencias o en autos
definitivos, se encuentra esta figura, en la Constitución de la República, en el título III
de las garantías constitucionales, capítulo tercero de las garantías jurisdiccionales,
Sección Séptima de la acción extraordinaria de protección, específicamente en el
artículo 94, se establece cuando y en qué condiciones procede, ante que hechos o
suceso y de que derechos se la interpone, y la condición de que se haya agotado el
procedimiento ordinario, hasta haberse dictado una resolución judicial.
1.1.3. La situación previa a la constitución vigente
Cabe identificar cual fue la situación del Ecuador respecto del ordenamiento
constitucional previo a la vigencia de la actual Constitución de la República elaborada
en Montecristi, suman el número de veinte las Constituciones que el Ecuador ha
tenido, y es que las reformas son pertinentes conforme al ritmo que la sociedad va
cambiando, aparecen nuevas necesidades, nuevas costumbres y nuevas actividades,
ante lo cual el ordenamiento constitucional debe encontrarse al día y regular dichas
circunstancias y conductas, para que no haya manera de que se pueda vulnerar
ninguno de los derechos en ella estipulado.
El tratadista Luis Humberto Abarca Galeas, en su obra La Competencia Constitucional,
refiriéndose a la situación previa a la Constitución vigente, manifiesta: “La Acción de
Amparo fue la primera forma de protección constitucional de los derechos humanos,
se introduce en las reformas a la Constitución de 1979, en el año 1996, como medio
de tutela constitucional de los derechos fundamentales para que se la haga efectiva
mediante un proceso sumario, que tiene como objeto la verificación de la existencia de
acciones u omisiones de la autoridad pública que violen estos derechos o los puedan
violar, siempre que amenace con causar daño grave, con exclusión de las decisiones
judiciales.”(Abarca, 2014, pág. 14)
El jurista Ramón Eduardo Burneo en su obra Derecho Constitucional, sobre la figura a
la que reemplazo la acción extraordinaria de protección, manifiesta: “La acción
extraordinaria de protección, que contempla la Constitución vigente, sustituye a la
acción de amparo constitucional, prevista en la anterior. Ambos son similares
mecanismos de aplicación de la justicialidad sobre el ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución, para hacerlos realmente efectivos; pero la diferencia
radica en que la anterior preceptuaba que no serán susceptibles de acción de amparo
las decisiones judiciales adoptadas en un proceso.”(Burneo, 2010, pág. 231)
11
El tratadista Hernán salgado Pesantes, en su obra Lecciones de Derecho
Constitucional, se refiere al origen del órgano encargado del control constitucional y
resolver los recursos y garantías jurisdiccionales y manifiesta: “En la Constitución
ecuatoriana de 1945 hace su fugaz aparición el Tribunal de Garantías Constitucionales
y, con todas las deficiencias que pudo tener, significa uno de los primeros ensayos del
modelo kelseniano de control concentrado en América Latina. En esta región la
mayoría de los Estados adoptaron el modelo norteamericano de control constitucional
realizado por la Función Judicial.”(Salgado H. , 2012, pág. 145)
Del criterio en común expuesto, la acción extraordinaria de protección apareció con el
nombre de acción de amparo en nuestra Constitución de 1998, con las reformas de
1979, con la intención de tutelar los derechos reconocidos por la Constitución, y actúa
ante la vulneración de un derecho fundamental, tras un proceso judicial, concepción
que se conserva por la actual acción extraordinaria de protección, sin embargo existe
diferencia entre estas acciones y se encuentra precisamente en que la acción de
amparo no consideraba dentro de su actuar a las decisiones judiciales finales de un
proceso, mientras que la acción extraordinaria de protección, si, inclusive a las
decisiones judiciales, aún si existiera una sentencia ejecutoriada, pese a que exista
una resolución aparentemente definitiva.
De lo expuesto es pertinente además de identificar la situación previa de la acción
extraordinaria de protección, conocer cuál fue el origen y la situación previa del órgano
competente del control constitucional y de conocer y resolver de la anterior acción de
amparo hoy denominada acción extraordinaria de protección, este órgano recibió el
nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales y apareció en la Constitución de
1945, adoptando el modelo de control concentrado de ser el encargado de conocer y
resolver exclusivamente sobre la constitucionalidad de las normas y de los recursos,
posteriormente se reforma esta figura y actualmente toma el nombre de Corte
Constitucional.
1.1.4. El control de decisiones judiciales en el derecho Comparado
La función judicial tiene además de atribuciones, deberes que debe respetar y cumplir
procurando la adecuada administración de justicia, aplicando las normas
constitucionales de manera directa y efectiva, y es la misma Constitución de la
República la encargada de reconocer la tutela judicial efectiva y de establecer medidas
de control de las decisiones judiciales, principalmente mediante un sistema de control
es decir el que identifica como se procederá al conocer y resolver sobre la
12
constitucionalidad de las normas y la vulneración de un derecho fundamental mediante
una de estas resoluciones, es entonces necesario conocer cómo se lleva este control
en otros países y compararlo a nuestra realidad.
El tratadista Aníbal Cornejo Manríquez, en su obra Derecho Constitucional, dentro de
la legislación chilena, respecto al control de decisiones judiciales, manifiesta: “El
Tribunal Constitucional es un órgano del Estado chileno, autónomo e independiente de
toda otra autoridad o poder, con naturaleza jurídica de tribunal colegiado, no
procediendo en contra de sus resoluciones recurso alguno, sin perjuicio de que el
tribunal, por si, rectifique los errores de hecho en los cuales haya incurrido. Los
derechos constitucionales no pueden ser afectados en su esencia, referida a todos los
preceptos legales que por mandato del carácter fundamental regulen o complementen
las garantías que esta establece y que las limiten en los casos que ella lo
autorice.”(Cornejo, 2008, pág. 35)
De lo expuesto y como es conocido el derecho chileno ha sido referencial e incluso se
ha constituido en la base de ordenamientos jurídicos de otros países, en cuanto a
cómo se estipula el control de decisiones judiciales en Chile, existe en este país el
Tribunal Constitucional, como un órgano autónomo e independiente, su decisión es la
definitiva y no procede de ella ningún recurso, dentro de sus atribuciones se halla
principalmente la de defender y hacer valer los derechos constitucionales, los mismos
que no pueden ser afectados en su misma naturaleza, por nada ni nadie, menos aún
por la administración de justicia y de sus decisiones, situación que este Tribunal
garantizara.
El tratadista Néstor Pedro Sagués, en su obra Compendio de Derecho Procesal
Constitucional, dentro de la legislación argentina, respecto al control de decisiones
judiciales, manifiesta: “El control judicial de la constitucionalidad de las normas es el
clásico tipo de control de constitucionalidad argentino, y ha sido prácticamente
indiscutido. La Corte Suprema manifiesta que es elemental la atribución que tienen y el
deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos
concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución
para averiguar si guardan o no conformidad con esta, y abstenerse de aplicarlas, si las
encuentran en oposición con ella.” (Sagués, 2010, pág. 47)
De lo manifestado, y referente a lo que la legislación argentina preceptúa dentro de lo
relacionado al control de decisiones judiciales, recae cobre los tribunales de justicia la
responsabilidad de revisar las normas a ser aplicadas dentro del procedimiento del
13
que conocen y sobre el cual dictaran una resolución, mismas que deben estar en total
armonía con la Constitución, al igual que en el Ecuador donde los jueces y tribunales
tienen la misma responsabilidad al administrar justicia y tomar sus decisiones, pues si
bien este control le compete de manera general a la Corte Constitucional, son todos
los órganos de la función judicial los encargados de controlar la constitucionalidad en
todas sus decisiones.
La jurista Eréndira Salgado Ledesma, en su obra Manual de Derecho Procesal
Constitucional, dentro de la Constitución de México, manifiesta: “La Constitución
federal incorpora dos mecanismos de protección técnica jurídica para preservar el
orden que instituye: el principio de supremacía que establece que la Constitución, las
leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de
acuerdo con la misma, son ley suprema de la Unión y los jueces de cada entidad
federativa deberán observarlas a pesar de las disposiciones en contrario de las
constituciones o leyes locales; y el principio de rigidez para reformar o adicionar la
Constitución que exige que el Congreso de la Unión acuerde sus reformas o adiciones
por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes y que estas se
aprueben por la mayoría de las legislaturas locales.”(Salgado H. , 2012, pág. 66)
De lo expuesto, en la Constitución Federal mexicana, se preceptúan dos medios por
los cuales se controla la aplicación jurídica y fiel interpretación de las normas, para
procurar la vigencia e integridad de los derechos constitucionales, son estos dos
principios el de supremacía y el de rigidez, por medio de los cuales se dispone que la
Constitución y las leyes del Congreso de la Unión están por encima de todos los
poderes y sus normas prevalecen por encima de cualquier otra, y se necesita de su
decisión mayoritaria para que se presente una reforma, al igual que en el Ecuador
donde el principio de supremacía respalda a la Constitución y sus normas se hallan
por encima de las demás normas.
Agrega además, el jurista Miguel Carbonell, en su obra Neoconstitucionalismo y
Derechos Fundamentales, dentro de la legislación mexicana, respecto al control de
decisiones judiciales: “En relación con las posibilidad de que el Poder Judicial puede
apreciar probables vicios en la tramitación de una reforma constitucional, es
incontestable que en el estado actual de nuestro ordenamiento jurídico tal posibilidad
es inexistente(…)Solo una interpretación errónea e interesada podría colocar al Poder
Judicial Federal, en tanto que poder constituido, por encima del poder revisor o
Constituyente Permanente.” (Carbonell, 2010, pág. 289)
14
Tal como se manifiesta, se establece además en la extensa legislación mexicana,
dentro del control constitucional y judicial, se establece que el poder judicial en cuanto
a apreciar los vicios que se presenten en el trámite judicial, no está por encima del
poder constituyente, revisor, de la constitucionalidad de las normas y de los procesos
judiciales, así también en el Ecuador es la Corte Constitucional el órgano supremo de
control de la constitucionalidad de las normas y de las actuaciones judiciales, y ningún
otro órgano de la función judicial puede en ningún caso estar por encima de la Corte
Constitucional.
El tratadista Luis Carlos Sáchica, en su obra Derecho Constitucional General, dentro
de la legislación estadounidense, respecto al control de decisiones judiciales,
manifiesta: “La esencia del poder de los jueces es la de determinar cuál es la norma
que rige el caso o controversia que debe decidir. En consecuencia, cuando encuentre
que al caso que juzgan es aplicable una ley que, a su juicio, contraría una disposición
constitucional, puede inaplicarla, sin entrar a juzgarla, a pronunciarse sobre su validez
constitucional y resolver el caso sub judice con arreglo a la norma
constitucional.”(Sáchica, 2010, pág. 42)
Dentro de la legislación estadounidense en lo que al control de decisiones judiciales
respecta, manifiesta que los jueces deben resolver ante la controversia normativa cual
es la que se aplicará, y dentro de un proceso judicial los jueces deben analizar
detenidamente la procedencia de la norma a aplicar y vigilar que este en estrecha
concordancia con las normas constitucionales y de no ser así no deberán aplicarla e
incluso reportarla ante el órgano competente del control constitucional, en el Ecuador
se procede de igual manera al aplicar una norma y resolver judicialmente en total
apego a la Constitución, en caso de inconstitucionalidad deberá ponerse en
conocimiento a la Corte Constitucional.
El jurista Miguel Aparicio Pérez, en su obra Manual de Derecho Constitucional, dentro
de la legislación española, respecto al control de decisiones judiciales, manifiesta: “El
artículo 10 de la Constitución, como frontispicio que preside el título I, precisa que las
normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas se
interpretaran de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España,
el constituyente introduce un factor de garantía e implicara el arbitraje de mecanismos
jurídicos”.(Aparicio, 2012, pág. 639)
15
En la Constitución de España, se establece que la interpretación estricta de las
normas referentes precisamente a los derechos fundamentales, incluyendo las
decisiones judiciales que respecto a ellos puedan tomarse se harán de acuerdo a lo
establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Estado, de igual forma en el Ecuador la
normativa constitucional ratifica convenios y tratados internacionales, sobre todo tiene
su base y principal estructura en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de
la cual se reconocen los derechos fundamentales y además los mecanismos de
control y garantía de estos derechos.
A manera de análisis en el derecho comparado de en lo que se refiere a los sistemas
de control de las decisiones judiciales, de entre los países citados existen
coincidencias en lo que se refiere a la responsabilidad de todos los órganos y
administradores de justicia de velar por la integridad de los derechos constitucionales y
la supremacía de la Constitución, y de actuar apegados a la misma y denunciar
cualquier inconstitucionalidad, así mismo de la mayor parte de legislaciones se
mantiene un organismo especializado para el control de constitucionalidad definitivo
denominado Tribunal Constitucional o en el caso de nuestro país Corte Constitucional,
encargado de decidir sobre una posible vulneración de los derechos contemplados en
la constitución.
1.2. Naturaleza de la acción extraordinaria de protección
1.2.1. Naturaleza de la acción extraordinaria de protección en el Ecuador
El tratadista Luis Humberto Abarca Galeas, en su obra El Estado Constitucional de
Derecho y Justicia Social y sus Instituciones Tutelares, respecto a la naturaleza de
protección de la acción extraordinaria de protección, manifiesta: “Por la naturaleza de
los derechos y garantías fundamentales determina su carácter de inalienables,
irrenunciables e intransferibles se tiene su protección jurídica Constitucional es
incondicional, directa e inmediata y objetiva, lo cual significa que, la tutela jurídica de
los derechos constitucionales también constituye un derecho constitucional, mediante
las respectivas acciones, dependiendo del derecho fundamental violado.”(Abarca,
2014, pág. 62)
De igual manera, el tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra Jurisprudencia de la
Corte Constitucional, manifiesta: “La naturaleza de la acción extraordinaria de
protección consiste en que la vulneración de derechos constitucionales o la violación
16
de normas del debido proceso no queden en la impunidad, por lo que asumiendo el
espíritu tutelar de la vigente Carta Fundamental, mediante esta acción excepcional se
permite que las sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas puedan ser
objeto de revisión por parte del más alto órgano de control constitucional en el país
como es la Corte Constitucional.”(Cueva, Jurisprudencia de la Corte Constitucional,
2011, pág. 175)
Manifiesta, además el jurista Rafael Oyarte, en su obra Derecho Constitucional y
Comparado: “En principio podría parecer que su naturaleza se encuentra más cercana
a la de un recurso que a la de una acción, aunque no solo que esta garantía se
encuentra vedada para ejercerla como una suerte de cuarta instancia, sino que no
consiste en una etapa dentro del mismo juicio. El recurso es un medio de impugnación
intraprocesal, pues se da dentro del mismo proceso o como una etapa o instancia del
mismo proceso, mientras que hay mecanismos de impugnación extra procesales, que
pueden ser extraordinarios, y que originan un nuevo o ulterior proceso.”(Oyarte, 2014,
pág. 940)
De lo expuesto y como factor común, para establecer la naturaleza de la acción
extraordinaria de protección se debe establecer la naturaleza de los derechos
protegidos, puesto que son estos derechos y su vulneración lo que motiva la
procedencia de esta acción, los derechos fundamentales que reconoce la Constitución
de la República y su protección es incondicional, directa, inmediata y objetiva, y de la
necesidad de sus tutela jurídica nace precisamente la necesidad de acceder a
recursos que procuren su garantía, y aun cuando se hayan agotados todos los
recursos, se puede recurrir a la acción extraordinaria de protección, ante la vulneración
de un derecho constitucional y estará a cargo del órgano competente que es la Corte
Constitucional cuya decisión es definitiva y de la cual no procede recurso alguno.
Concluye el tratadista Christian Masapanta Gallegos, en su obra La Acción
extraordinaria de protección Contra Decisiones de la Justicia Indígena, respecto al
carácter de extraordinaria de la acción, puntualiza: “Es una garantía jurisdiccional de
carácter extraordinario que se ha implementado en el constitucionalismo ecuatoriano
con el objeto de que a nivel nacional la Corte Constitucional pueda tutelar los derechos
de las personas y de la naturaleza que pudiesen verse afectados a través de una
decisión judicial, sin embargo esta garantía tiene la peculiaridad de que su objeto de
análisis serán las sentencias o resoluciones definitivas provenientes de diversos
órganos jurisdiccionales.”(Masapanta, 2015, pág. 13)
17
Pese a que podría ubicarse como naturaleza de la acción extraordinaria de protección
la de un recurso, es grande la diferencia que caracteriza a esta figura jurídica como
una acción, puesto que un recurso se asume que aún está dentro del proceso
ordinario, como una etapa o instancia más, mientras que la acción extraordinaria de
protección como su nombre la caracteriza, constituye otra acción es decir otro proceso
totalmente diferente y distante al proceso ordinario que ha culminado, es extraordinaria
puesto que no procede con frecuencia o de manera común sino que únicamente al
haberse agotado todos los recursos ordinarios y haberse vulnerado un derecho
constitucional.
1.2.2. Función de la acción
El tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra Acción Constitucional Extraordinaria de
Protección, respecto a la función de la acción extraordinaria de protección, manifiesta:
“Esta acción constitucional extraordinaria tiene como función fundamental reparar las
violaciones cometidas por los órganos judiciales del Estado ecuatoriano contra
derechos reconocidos por la Constitución cuando se hubieren agotado todos los
recursos ordinarios y extraordinarios, porque ya no es posible su reparación dentro de
la misma línea jurisdiccional a la que se acusa de tal violación.” (Cueva, Acción
Constitucional Extraordinaria de Protección, 2012, pág. 60)
El jurista Fernando Eduardo León Quinde, en su obra Manual de Derecho
Constitucional Ecuatoriano, respecto a la Acción extraordinaria de protección y
específicamente a su función, manifiesta: “La acción extraordinaria de protección es
una figura jurídica que posee un inmenso poder ya que a través de ella se pueden
dejar sin efecto sentencias dictadas por la justicia ordinaria en última y definitiva
instancia e inclusive ejecutoriada, es decir se deja sin efecto sentencias firmes o autos
definitivos, cuando se demuestra que en la misma se han vulnerado o violado
derechos fundamentales, derechos constitucionales.”(León, 2014, pág. 327)
La función que tiene la acción extraordinaria de protección es la de reparar, resarcir,
arreglar la vulneración de un derecho constitucional o su violación, por parte de una
decisión judicial, es decir por los órganos judiciales competentes, quienes mediante
una resolución o sentencia definitiva violentaron en su actuar un derecho fundamental
reconocido por la Constitución, pese a haberse agotado todos los recursos ordinarios,
precisamente porque de ahí surge la necesidad de un proceso o acción totalmente
ajeno al ordinario, es además de la función de la acción extraordinaria de protección,
el relacionado a su alcance, ya que de hallarse que existió la vulneración o violación
18
de un derecho en un auto, resoluciones firmes o sentencias, aun cuando pese la
ejecutoriedad, podrán quedar sin efecto, es decir revocar su ejecutoriedad y su
decisión no será válida.
1.2.3. Especialidad del órgano competente
Al ser la acción extraordinaria de protección una acción especial, ajena al
procedimiento ordinario ya que constituye un proceso totalmente distinto, requiere de
un órgano con las mismas condiciones para su conocimiento y resolución, puesto que
no pueden conocer de ella los órganos judiciales ordinarios. De esta manera es la
Corte Constitucional de conformidad con el artículo 429 de la Constitución vigente, el
máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia
en esta materia, con jurisdicción nacional y competente para conocer y resolver esta
acción jurisdiccional.
El tratadista Vladimiro Naranjo Mesa, en su obra Teoría Constitucional e Instituciones
Políticas, acerca de los derechos protegidos o fundamentales, manifiesta: “En
contraposición al control “difuso” de los norteamericanos, se implantó en Austria en
1920 y se perfecciono en 1929, por inspiración de Hans Kelsen el llamado control
concentrado, que consiste en encargar de la guarda de la Constitución a un órgano
específico llamado Tribunal o Corte Constitucional.” (Naranjo, 2014, pág. 409)
El jurista Fernando Eduardo León Quinde, en su obra Manual de Derecho
Constitucional Ecuatoriano, respecto a la Corte Constitucional, manifiesta: “En nuestra
Constitución se establece que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control,
interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, tiene
jurisdicción nacional y su sede está en la ciudad de Quito. La Corte Constitucional es
la encargada de velar por la aplicación de las normas constitucionales teniendo la
facultad inherente de la interpretación de la Constitución y la invocación de la
supremacía constitucional, es decir de la prevalencia de la norma suprema que es la
Constitución.”(León, 2014, pág. 318)
El tratadista Rafael Oyarte, en su obra Derecho Constitucional y Comparado, referente
a la Corte Constitucional como Órgano competente de conocer la Acción
extraordinaria de protección, manifiesta: “La Corte Constitucional es el intérprete
auténtico de la Constitución, interpretación que se realiza a través de sus sentencias y
dictámenes, le corresponde además dictar las sentencias que constituyan
jurisprudencia vinculante respecto de garantías jurisdiccionales, para lo cual se
19
selecciona las sentencias de los jueces de instancia constitucional y por las cortes
provinciales de justicia.”(Oyarte, 2014, pág. 31)
Dentro del control concentrado, que preceptúa y le atribuye a un órgano el exclusivo
control constitucional y la vigilancia del cumplimiento y plena vigencia de los derechos
fundamentales recocidos por la Constitución, en el Ecuador recibe el nombre de Corte
Constitucional como máximo órgano de interpretación y justicia constitucional, tiene la
atribución de conocer y resolver sobre la constitucionalidad de las normas y de las
actuaciones judiciales, como órgano supremo de justicia constitucional, y competente
de conocer y resolver sobre la acción extraordinaria de protección frente a la
vulneración de un derecho constitucional, su decisión es definitiva y no cabe de ella
recurso alguno.
Para concluir el jurista Alfonso Zambrano Pasquel, en su obra Del Estado
Constitucional al Neoconstitucionalismo, opina al respecto de la competencia de la
Corte Constitucional y manifiesta: “Genera no pocas discusiones la competencia de la
Corte Constitucional para llegar incluso a declarar la inconstitucionalidad de las leyes,
era necesario reconocer a la declaración de inconstitucionalidad algún tipo de eficacia
respecto al pasado, un ejemplo de esto es la acción extraordinaria de protección que
actúa incluso sobre autos definitivos, resoluciones y sentencias.”(Zambrano, 2011,
pág. 382)
Por ende, es de gran alcance y repercusión la facultad que tiene la Corte
Constitucional de declarar incluso la inconstitucionalidad de las leyes, y sobre la acción
extraordinaria de protección específicamente, ya que constituye una acción fuera del
procedimiento ordinario, que es capaz incluso de invalidar y dejar sin efecto una
decisión o sentencia que se consideraba como definitiva e incluso ejecutoriada, por
este mismo hecho de ser esta una acción cuyo alcance es extraordinario, debe cumplir
con todos los requisitos de procedencia y verificarse cuidadosamente el contenido del
procedimiento ordinario pues de su resolución depende la vigencia de un derecho
constitucional.
1.2.4. Caducidad de la acción
El tratadista Christian Masapanta Gallegos, en su obra La Acción extraordinaria de
protección Contra Decisiones de la Justicia Indígena, respecto al término y caducidad
de esta acción, manifiesta: “En cuanto el termino para presentar la acción, deberá
presentarse hasta luego del término de 20 días contados desde la notificación de la
20
decisión judicial para quienes fueron parte y para quienes debieron serlo desde que
tuvieron conocimiento, se contabilizara desde el momento en el cual la sentencia, auto
definitivo o resolución con fuerza de sentencia se encuentra ejecutoriado es decir 3
días posteriores a la notificación.”(Masapanta, 2015, pág. 18)
En el mismo sentido el tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra Acción Constitucional
Extraordinaria de Protección, y manifiesta: “El termino máximo que establece la ley es
de 20 días, este término no corre en forma uniforme, sino diferente, así: a) para
quienes fueron parte del proceso; y b) para quienes debieron serlo, comienza a
decurrir desde el día en que se realizó la notificación de la decisión judicial a la que se
imputa la violación del derecho reconocido por la Constitución.”(Cueva, Acción
Constitucional Extraordinaria de Protección, 2012, pág. 150)
Coinciden los criterios expuestos, el término que se estipula en la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es de veinte días que se contarán
a partir de la fecha en la que se haya notificado con la decisión judicial a las partes del
procedimiento ordinario, y además precisa que en el caso de quienes tuvieron que ser
parte del proceso se contaran además desde que llego a su conocimiento, y tres días
posteriores a la notificación cuando la sentencia, auto definitivo o resolución con fuerza
de sentencia se hayan ejecutoriado, luego de lo cual ya no será procedente es decir se
dé su caducidad.
1.3. Aspectos procesales de la acción extraordinaria de protección
1.3.1. Legitimación
El tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra Acción Constitucional Extraordinaria de
Protección, respecto a la legitimación de la acción extraordinaria de protección,
manifiesta: “Para intervenir jurídica y eficazmente en el proceso de la acción
constitucional extraordinaria de protección se requiere: a) tener derecho; y b) poseer
capacidad procesal. En cuanto a la legitimación activa, la acción puede ser
presentada: a) por cualquier ciudadano; y b) en forma individual o colectiva, que han o
hayan debido ser parte en un proceso por sí mismas o por medio de procurador
judicial.” (Cueva, Acción Constitucional Extraordinaria de Protección, 2012, pág. 124)
De acuerdo a los requerimientos procesales generales, se requiere que quienes
pretenden recurrir a la acción extraordinaria de protección, tengan primero derecho a
hacerlo, que posean capacidad procesal, en cuanto a la legitimación activa se estipula
que cualquier ciudadano ya sea de manera individual o de manera colectiva puede
21
interponer esta acción siempre y cuando hayan sido partes procesales ya sea
personalmente o por representación de un procurador judicial dentro de un
procedimiento judicial ordinario.
En la página Derecho Ecuador, se expone: “La regla general que rige a las acciones
jurisdiccionales en concordancia por lo señalado en el artículo 86 de la Constitución es
que pueden interponer cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o
nacionalidad. A su vez y de manera específica, el artículo 437 de la Constitución
manifiesta que los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una
acción extraordinaria de protección contras sentencias, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia.” (Pazmiño, 2013)
La página mencionada agrega: “Por su parte, el artículo 61 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que la acción
extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de
personas que han o hayan debido ser parte en un proceso por sí mismas o por medio
de procurador judicial. La legitimación pasiva comprende las sentencias, autos,
resoluciones con fuerza de sentencia, firmes, definitivos y ejecutoriados provenientes
de judicaturas, salas o tribunales en los que se hayan vulnerado por acción u omisión
derechos constitucionales o debido proceso.” (Pazmiño, 2013)
De acuerdo a esta página, cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo
o nacionalidad puede interponer cualquiera de las acciones jurisdiccionales y de la
misma manera en el caso de la acción extraordinaria de protección ya sea de forma
individual o colectiva, de acuerdo a la normativa vigente al respecto, se precisa
además que la legitimación activa consiste en la interposición por quienes han o hayan
debido participar de un proceso, mientras que la legitimación pasiva corresponde a las
decisiones definitivas con fuerza de sentencia en las que se haya vulnerado o
violentado un derecho constitucional o las garantías del debido proceso.
1.3.2. Requisitos de procedibilidad
El tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra Jurisprudencia de la Corte Constitucional,
respecto a la procedibilidad de la acción extraordinaria de protección, manifiesta: “La
naturaleza extraordinaria de este recurso obliga a que su procedencia se dé,
exclusivamente, cuando se hayan agotado los medios procesales de impugnación, lo
cual coloca a la acción extraordinaria de protección como una medida excepcional a
ser invocada exclusivamente ante el agotamiento de la vía jurisdiccional en todas sus
22
fases; solo ahí la Corte Constitucional intervendrá y únicamente respecto a una
resolución definitiva en donde se hayan violado derechos constitucionales o normas
del debido proceso, situación parecida a lo que acontece en el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.” (Cueva, Jurisprudencia de la Corte Constitucional, 2011, pág.
178)
La jurista Verónica Jaramillo Huilcapi, en su obra Las Garantías Jurisdiccionales en el
Sistema Jurídico Ecuatoriano, referente a la procedibilidad de la Acción extraordinaria
de protección, manifiesta: “La Constitución determina que la acción extraordinaria de
protección, procederá en contra de sentencias o autos definitivos en los que se haya
violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, tiene por objeto
la protección de derechos constitucionales; y, debido proceso en sentencias, autos
definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia.”(Jaramillo, 2011, pág. 348)
El tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra Acción Constitucional Extraordinaria de
Protección, respecto a los requisitos de procedibilidad, manifiesta: “Para la
procedencia de la acción se debe observar: Que exista una violación contra un
derecho constitucional, ya sea por acción u omisión; Que esta violación se produzca
en la parte resolutiva de la sentencia sin que exista otro mecanismo idóneo para
reclamar la prevalencia del derecho violado; Que dicha violación pueda ser deducida
de manera clara y directa, manifiesta, ostensible y evidente; y, Que no exista otro
mecanismo idóneo de defensa judicial para reclamar el derecho constitucional
violado.” (Cueva, Acción Constitucional Extraordinaria de Protección, 2012, pág. 119)
Según lo manifestado en concordante criterio, se requiere para la procedencia de la
acción extraordinaria de protección, primeramente que exista en realidad y se
compruebe una violación ya sea por acción u omisión de un derecho constitucional,
que esta violación se encuentre precisamente en la parte resolutiva de la sentencia,
además que pueda deducirse esta violación con claridad, directamente, ostensible,
evidente y manifiesta y que no exista otro medio idóneo para reclamar esta violación,
todos estos requisitos orientados a cumplir con la naturaleza extraordinaria de la
acción y la verificación efectiva de la violación de un derecho constitucional por una
decisión judicial definitiva.
Además, es pertinente para que proceda la acción extraordinaria de protección que se
hayan agotado los medios procesales de impugnación, es decir todo el procedimiento
jurisdiccional ordinario, hasta la última de sus fases o instancias, únicamente tras este
proceso, se procederá con la interposición de la acción extraordinaria de protección
23
ante la Corte Constitucional quien una vez verificado que cumpla con todos los
requerimientos de procedibilidad le dará tramite a la acción, por la importancia misma
de su función esta acción debe cumplir con los requisitos legales, y uno de estos es de
manera general que se trate específicamente de estas decisiones definitivas.
1.3.3. Actos impugnables
En la página de la Universidad Andina Simon Bolívar, se expone: “Conforme dispone
el artículo constitucional 94, mediante esta acción pueden ser impugnadas sentencias
y autos definitivos adoptados en los procedimientos judiciales. No existe duda respecto
a las sentencias como objeto de acción extraordinaria de protección. Para todos es
conocido que la sentencia es la decisión del juez acerca del asunto o asuntos
principales del juicio, por lo que podrá impugnarse cualquier sentencia agotados los
recursos correspondientes si en éstos no se ha corregido el error y reparado la
vulneración” (Estrella, 2010)
De manera general y conforme a lo expuesto, son principalmente los actos que se
pueden impugnar interponiendo la acción extraordinaria de protección tal como se
halla establecido en la normativa vigente: sentencias y autos definitivos, son para
mejor comprensión, las sentencias aquellas decisiones finales que resuelven un
proceso judicial y los autos aquellos actos que ponen fin al juicio o a algún incidente
dentro de este, precisa la norma que procederá la acción de estos actos, o siempre
que se haya agotado el proceso ordinario.
El tratadista Christian Masapanta Gallegos, en su obra La Acción extraordinaria de
protección Contra Decisiones de la Justicia Indígena, manifiesta, además: “La Acción
extraordinaria de protección solo es procedente sobre dos aspectos: la vulneración de
derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso para que no
queden en la impunidad y se pueda disponer medidas de reparación integral. Por el
espíritu garantista de la vigente Carta Fundamental, mediante esta acción excepcional
se permite que las sentencias, autos y resoluciones firmes y ejecutoriadas sean objeto
de revisión por parte del más alto órgano de control de constitucionalidad en el país: la
Corte Constitucional.”(Masapanta, 2015, pág. 14)
Los actos impugnables por medio de la acción extraordinaria de protección son
fundamentalmente dos, primero y como ya se ha indicado anteriormente la vulneración
o violación de un derecho fundamental, reconocido por la Constitución de la República,
son estos los mismos que se estipulan y tienen su origen en la Declaración Universal
24
de Derechos Humanos, y segundo la violación de las normas del debido proceso, las
mismas que se contemplan también en el ordenamiento constitucional, todas estas
faltas han de presentarse en una sentencia, auto definitivo o resoluciones definitivas
con fuerza de sentencia, que serán objeto de revisión por parte de la Corte
Constitucional.
1.3.4. Derechos protegidos
El tratadista Vladimiro Naranjo Mesa, en su obra Teoría Constitucional e Instituciones
Políticas, acerca de los derechos protegidos o fundamentales, manifiesta: “Constituye
un derecho fundamental todo aquel que sea debido al hombre por su condición de
persona, por esencia humana, son derechos fundamentales: a) los que son parte del
ser del hombre, como el derecho a la vida o a la libertad, b) los que representen sus
tendencias naturales más próximas y evidentes, como el derecho a la familia, a la
participación o a la recreación, y, c) las operaciones que tienden a obtener las
finalidades de necesidad inminente del hombre, como la alimentación o la garantía de
su defensa a través del debido proceso.”(Naranjo, 2014, pág. 531)
De lo manifestado, se consideran como derechos protegidos, aquellos que contempla
la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales signados por
el Ecuador, aquellos que surgieron de la Declaración Universal de Derechos Humanos
y se denominan fundamentales, se aprecian bajo distintas consideraciones, iniciando
con los derechos que forman parte del hombre por la razón misma de serlo, aquellos
derechos de relaciones y que representan sus tendencias naturales y los derechos de
aquellas actividades tendientes a satisfacer sus necesidades como ser humano.
Además, el tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra Acción Constitucional
Extraordinaria de Protección, manifiesta: “Esta acción protege los derechos
reconocidos por nuestra Constitución, en las siguientes categorías de derechos: los
derechos constitucionales, los derechos conexos definidos por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, los derechos que constan en los instrumentos internacionales
legalmente vigentes en nuestro país y los derechos no reconocidos en estos
instrumentos legales pero que derivan de la esencia humana, de su propia dignidad y
que constituyen una condición necesaria para su pleno desenvolvimiento, mismo que
hubieren sido violados por acción u omisión, en las sentencias, autos definitivos o
resoluciones definitivas.”(Cueva, Acción Constitucional Extraordinaria de Protección,
2012, pág. 75)
25
Según lo manifestado, la acción extraordinaria de protección protege y ampara los
derechos que reconoce la Constitución de la República, en sus respectivas categorías,
iniciando con los derechos constitucionales, los derechos conexos establecidos por la
Corte Constitucional, aquellos derechos que constan en los instrumentos
internacionales signados por el Ecuador, y los derechos que pese a no estar
reconocidos en estos instrumentos, son originarios de la misma naturaleza humana,
de su dignidad y de su desenvolvimiento en la sociedad, que hubieren sido violados
por una decisión judicial definitiva.
En la página oficial de la Corte Constitucional, agrega: “Entre los derechos más
reclamados mediante Acción extraordinaria de protección se encuentran: el derecho a
la tutela judicial efectiva y el derecho a la seguridad jurídica. En cuanto al debido
proceso, la Corte verifica que la decisión judicial haya respetado el debido proceso
durante la tramitación de la causa, así como en el contenido de la sentencia, auto o
resolución. Entre las garantías del debido proceso que más se reclaman mediante
Acción extraordinaria de protección se encuentran: El cumplimiento de las normas y
los derechos de las partes, la observancia del trámite propio de cada procedimiento y
la motivación.” (Villa, 2009)
De acuerdo a esta página, mediante la interposición de la acción extraordinaria de
protección, se busca denunciar la vulneración de un derecho reconocido por la
constitución, y dentro de los mismos, los que son frecuentemente reclamados son el
derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la seguridad jurídica, los mismos que
en conjunto se constituyen básicos dentro de un proceso judicial en el que se trata un
derecho, además protegido por esta acción se encuentra el debido proceso y dentro
sus garantías que preceptúa la Constitución las que se reclaman son la observancia
en cuanto al trámite y la motivación, esta última es fundamental sobre todo dentro de
la parte resolutiva de la sentencia, y la misma que de no cumplirse genera el reclamo y
se constituye en vulneración de derechos.
1.4. Análisis de casos
La acción extraordinaria de protección, debe cumplir con algunos requisitos legales de
procedimiento y admisibilidad, para que pueda ser interpuesta y aceptada a trámite, tal
es así que, en las sentencias de la Corte Constitucional, que se han promulgado
respecto de esta acción se consideran previo a resolver todas aquellas cuestiones de
procedimiento y se verifica la existencia o no de la vulneración o violación del derecho
constitucional invocado, es por todo lo manifestado necesario el análisis de algunas de
26
las sentencias dadas por la Corte Constitucional en Transición y la actual Corte
Constitucional.
1.4.1. Sentencia N° 024-10-SEP-CC
CASO N° 0182-09-EP
El señor Marco Alfredo Morales Mora, amparado en lo dispuesto en los artículos 94 y
437 de la Constitución de la República, presenta una acción extraordinaria de
protección en contra de la sentencia dictada con fecha 4 de febrero del 2009 a las
14h29, por el señor Juez Noveno de lo Penal de Pichincha, encargado, dentro del
juicio por injurias, signado con el número 1196-2008-VM, mediante la cual se condena
al accionante a seis meses de prisión, así como al pago de costas, daños y perjuicios,
más una multa de USD 20 dólares.
Afirma que fue privado del derecho a la libertad, vulnerando las normas del debido
proceso consagradas en los artículos 75 y 76, numeral 7, literales a, b y c de la
Constitución de la República; artículos 346, numeral 4, y 1014 del Código de
Procedimiento Civil, y numeral 3 del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal;
ya que jamás fue citado y no pudo ejercer su legítimo derecho a la defensa.
El accionante manifiesta que el juez debió declarar la nulidad del proceso por falta de
citación con la querella, considerando que en las razones de citación que obran de
autos, consta que fueron realizadas los días 23, 24 y 25 de septiembre del 2007,
cuando en la acusación particular se afirma que las injurias se profirieron el 17 de julio
del 2008, es decir, se lo citó 10 meses antes de ocurrido el hecho, lo cual resulta
imposible.
El accionante solicita que se declare que la sentencia impugnada viola su derecho
constitucional a la libertad, disponiendo la reparación integral de sus derechos.
Sentencia
Declarar vulnerados los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al
debido proceso del accionante, y en consecuencia, aceptar la acción extraordinaria de
protección planteada y dejar sin efecto la sentencia dictada con fecha 4 de febrero del
2009 a las 14h29, por el señor Juez Noveno de lo Penal de Pichincha, encargado,
dentro del juicio por injurias, signado con el número 1196-2008-VM, sin que esta
27
decisión implique pronunciamiento de esta Corte sobre la responsabilidad penal del
accionante.
Cabe indicar que la mencionada sentencia fue dictada por la Corte Constitucional en
transición, a partir de la vigencia de la Constitución de la República, en el año 2008,
ordenamiento en el que se crea la Corte Constitucional. Respecto de la sentencia, se
acepta la transgresión de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al
debido proceso, ya que el demandado no recibió la correspondiente citación y por
ende no tuvo la oportunidad de ejercer su defensa adecuadamente y fue privado de su
libertad, habiéndose verificado la existencia de la vulneración de estos derechos y
cumplir la acción con todos los requisitos de admisibilidad y procedencia, se resuelve.
1.4.2. Sentencia N° 001-09-SEP-CC
El señor Manuel Elías Espinoza Barzallo-Director del sujeto político denominado
“Movimiento de Acción y de los Pueblos Organizados (MAPO)” interpone acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia emitidas por el Tribunal
Contencioso Electoral, representado por la doctora Tania Arias Manzano, en su
calidad de Presidenta, sentencia en que se le negaba su derecho a la participación
política. El argumento por parte del Tribunal es que se presentó, por parte del actor,
fuera del tiempo establecido. La Corte Constitucional en transición admite a trámite la
causa por cumplir los requisitos establecidos en las normas pertinentes.
Sentencia
La Corte Constitucional en transición considera que no existió una grave vulneración
de derechos fundamentales en relación a los derechos de participación política y
derecho a la defensa. Y además que, para exigir el cumplimiento de los derechos de
participación política, es necesario acatar las normas establecidas por la Constitución
y las Leyes relacionadas con el sistema elector.
De la sentencia expuesta, se interpone la acción, aduciendo la vulneración del derecho
constitucional a la participación política, por su parte el Tribunal Contencioso Electoral
argumenta, que el demandante se presentó extemporáneamente, sobre lo cual la
Corte Constitucional, una vez verificado los requisitos admite la acción, se la tramita y
resuelve, rechazando la acción al no existir la vulneración de los derechos enunciados.
Si bien la acción extraordinaria de protección, procede cuando se han agotado todos
los recursos y aplica como norma suprema la Constitución, se deben respetar las
normas de las instituciones, órganos y otros, en los que se establecen reglas en total
28
concordancia con la Constitución que rigen el proceder, para así poder exigir el
derecho a ellas ligado.
1.4.3. Sentencia N°0016-13-SEP-CC
CASO N° 0731-10-EP
El Dr. Cosme Efraín Ordoñez Japa, procurador común de los accionantes, presenta
Acción extraordinaria de protección e impugna la sentencia dictada por la Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Loja, dentro de proceso de
apelación de una acción de protección. La sentencia impugnada, en lo pertinente,
señala: «la pretensión de los accionantes, tiende a que el juez constitucional, resuelva
un conflicto que no entra en la esfera constitucional y que conforme al numeral 4 del
art. 42 de la LOGJCC, claramente estipula la improcedencia de la acción de
protección, que como en el caso de estudio puede ser impugnado en la vía judicial».
Por tanto, la Sala confirma la sentencia del juez segundo de lo Civil de Loja y desecha
el recurso de apelación.
La Demanda se fundamenta en la vulneración de los siguientes derechos: derecho al
trabajo y a la protección contra el desempleo; derecho al debido proceso en las
garantías del derecho a la defensa y de la motivación; y, derecho a la seguridad
jurídica. Se argumenta además que el Art. 229 de la Constitución, los derechos de los
servidores públicos son irrenunciables y ninguna norma puede restringir los derechos y
garantías y que al negarse la acción de protección se hace una interpretación
equívoca de la residualidad de la acción y de una supuesta incompetencia, vulnerando
sus derechos.
En la contestación a la demanda por parte del Tribunal concluye en que la pretensión
está centrada en que un juez constitucional resuelva un conflicto que no entra en la
esfera constitucional y que la vía propicia para intentar su acción es la vía judicial,
además, se ratifican en su resolución y afirman no haber violentado ninguna garantía
del debido proceso ni normas constitucionales.
Sentencia
La Corte Constitucional evidencia que, en el caso puesto a conocimiento, no existe
afectación a derechos constitucionales, el caso denota un conflicto infraconstitucional
consistente en la presunta antinomia entre la Ley Orgánica del Servicio Público y el
Decreto Ejecutivo Nº 813. Según la propia argumentación de los accionantes, la
29
cesación en sus funciones, constantes en las acciones de personal demandadas, se
sustenta en una norma reglamentaria que atribuye a las instituciones del Estado la
facultad para formular planes de cesación de funciones por compra de renuncias con
indemnización.
No se trata de un caso donde exista vulneración de derechos constitucionales y por
tanto cuenta con un procedimiento idóneo para su resolución en la vía ordinaria. De
los hechos se aprecia que los accionantes fueron cesados de sus funciones en virtud
de la normativa vigente y recibieron la indemnización correspondiente. Por lo que, al
haberse seguido un procedimiento establecido en la ley y al habérseles entregado una
indemnización de acuerdo a la norma vigente aplicable, no se trata de un asunto de
constitucionalidad.
De la sentencia mencionada, se propone sobre una sentencia en la que se niega una
acción de protección, por no considerarse que se haya vulnerado algún derecho, el
caso por el que se dedujo, de cesación en sus funciones, procedió conforme al
reglamento respectivo de la institución, y podía además el desacuerdo ser resuelto en
vía ordinaria, recibió el demandante además la respectiva indemnización que
conforme a la ley le corresponde, por lo que finalmente no procede la acción
extraordinaria de protección, al no haberse vulnerado derecho alguno.
1.4.4. Sentencia N° 227-15-SEP-CC
CASO N° 1271-12-EP
El legitimado activo, en lo principal, manifiesta que trabajó para la compañía
CARJUXA S. A., bajo la dirección y dependencia de los señores Carlos Emilio Vélez
Crespo y Gisela Aurelia Crespo Ruso, durante 1984 a2003. Fue despedido de su
trabajo por su empleador en el año 2003, y presentó acción de protección ante el juez
décimo noveno de garantías penales del Guayas, quien, mediante sentencia del 2 de
julio de 2012 a las 09hl6, rechazó su acción, sin tomar en cuenta que los derechos de
los trabajadores son irrenunciables por mandato constitucional y legal. El accionante
solicita que la Corte Constitucional ordene la reparación integral de sus derechos y
ordene las medidas cautelares que correspondan, especialmente la liquidación de los
haberes por su tiempo de trabajo.
Manifiesta en su contestación el juez que la acción de protección propuesta por Fauton
Ergín Estacio Valencia estaba dirigida en contra de providencias y otras decisiones
judiciales que se hallaban ejecutoriadas y pasadas en autoridad de cosa juzgada, es
30
decir era improcedente porque la vía para impugnar esas decisiones judiciales no es la
acción de protección, por expreso mandato del artículo 88 de la Constitución de la
República. Por esa razón, expidió sentencia rechazando la acción de protección
propuesta.
Sentencia
La Corte Constitucional considera primeramente que no se dio cumplimiento a uno de
los requisitos que la Constitución y la Ley exigen para la procedencia de la acción
extraordinaria de protección, debido a la negligencia del accionante (o de su abogado
patrocinador) para interponer recurso de apelación y agotar los recursos que prevé
nuestro ordenamiento jurídico, sin que tal omisión pueda ser imputable al juez de la
causa. El acto referido por Fauton Ergín Estacio Valencia (despedido de su trabajo por
su ex empleador) no es susceptible de ser impugnado mediante acción de protección,
y mucho menos lo pueden ser las sentencias que, en un juicio laboral, han desechado
la demanda de dicho legitimado activo. En definitiva, no existe vulneración de
derechos constitucionales, de lo cual se infiere que la acción extraordinaria de
protección propuesta es improcedente. Por tanto, se niega la presente acción
extraordinaria de protección
De acuerdo a la sentencia expuesta, en la que se no se encuentra que haya existido la
vulneración de un derecho constitucional y que se niega la acción extraordinaria de
protección, se incumplió además conforme lo considera la Corte Constitucional un
requisito fundamental para que proceda esta acción y es el hecho de que se haya
agota el proceso ordinario, cosa que no se cumplió pues no se había agotado el
correspondiente recurso de apelación procedente en el presente caso, y al no
corresponder a la vía extraordinaria resolver esta demanda, se la niega.
De las sentencias antes analizadas, se puede apreciar la manera en que se interpone
una acción extraordinaria de protección, y la forma en la que la Corte Constitucional
como órgano competente, resuelve basándose en la existencia o no de vulneración de
los derechos constitucionales para aceptarla a trámite o rechazarla y negar la
pretensión, en ambos casos la Corte ha de motivar y argumentar sus decisiones, como
lo manda la Constitución de la República. Este análisis sirve además para apreciar el
efecto jurídico de la interposición de esta acción y que sucede cuando se ha
interpuesto equivocadamente, cuáles fueron las consecuencias y si afectó o no la
administración de justicia, por lo que es importante el estudio de esta acción, sobre
todo de su adecuada interposición.
31
1.5. Conclusiones Parciales del Capítulo I
La acción extraordinaria de protección, es un medio de amparo para proteger los
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la Republica, no se la
debe interponer por circunstancias de mera legalidad, procede en contra de cualquier
vulneración que se produzca mediante actos jurisdiccionales. De tal forma que esta
acción nace y existe para garantizar, proteger, tutelar y amparar los derechos
constitucionales y el debido proceso que, por acción u omisión, sean violados o
afectados en las decisiones judiciales.
Esta acción, procede únicamente cuando se han agotado todos los recursos
ordinarios y extraordinarios, constituye un proceso independiente, totalmente distinto
y ajeno al procedimiento ordinario, procede de sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia, que aparentemente son definitivos e
inalterables, sin embargo, al constituir estas decisiones judiciales violaciones o
vulneraciones contra derechos constitucionales, la Constitución preceptúa el recurrir
a esta acción, revisar y determinar la existencia de la falta y dejar incluso y de ser
pertinente sin efecto la decisión judicial.
El alcance jurídico de esta acción, le atribuye el carácter de extraordinario a este
mecanismo de justicia constitucional, es por su importancia que se le debe dar el
cuidado y atención necesarios, se debe respetar íntegramente su esencia y cumplir
al pie de la letra con los requisitos para su trámite y procedencia, ya que su
inadecuada interposición afecta a la administración de justicia y genera el empleo
inadecuado de recursos.
La Constitución de la República, reconoce a la acción extraordinaria de protección
dentro de las garantías jurisdiccionales y se distingue de las otras garantías por ser
extraordinaria, tal es así que inicia al interponerla un proceso totalmente distinto al
ordinario, ya que únicamente cuando se haya concluido con dicho procedimiento y se
hayan agotado todos los recursos procederá esta acción, aun cuando se halle
ejecutoriada una sentencia, esa es la naturaleza y propósito de la acción velar por los
derechos constitucionales aun por encima de las decisiones judiciales.
32
CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA
2.1. Caracterización del sector
La presente investigación se la dirige a los profesionales del derecho de Ibarra.
2.2. Descripción del procedimiento metodológico para el desarrollo de la
investigación
Metodología
La metodología investigativa integra métodos, técnicas e instrumentos que se aplica
en el proceso de investigación, cuyo producto final contribuye al desarrollo de mi tesis
en el procesamiento de la información que se genera a partir del estudio realizado. El
método es el sistema de acciones para lograr mis objetivos el general y los específicos
con la finalidad de solucionar el problema, concentrando mi atención en el proceso de
adquisición de conocimiento.
2.2.1. Métodos
Método Jurídico
Es el conjunto de reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una
investigación, misma que se basara en los conceptos y aportes de carácter doctrinario
por autores y conocedores versados en este tema. En el presente trabajo el método
jurídico fue empleado para la investigación dentro del derecho de las causas de la
errónea aplicación de la acción extraordinaria de protección y determinar además las
consecuencias de este problema, finalmente para la estructura del marco teórico y
diseñar las estrategias de difusión.
Método Inductivo – Deductivo
El método deductivo es un proceso subjetivo que parte de un conocimiento general, y
llega utilizando instrumentos científicos a uno particular, de lo complejo a lo simple. La
aplicación del método deductivo nos lleva a un conocimiento con grado de certeza
absoluto. El método inductivo es un proceso objetivo, inverso al deductivo también
definido como un conocimiento incompleto, pues parte de lo particular para llegar a lo
general, y no nos proporciona una certeza absoluta.
Cuando usamos simultáneamente los métodos inductivo y deductivo para buscar la
solución de un problema decimos que estamos empleando el método inductivo–
deductivo. Ambos métodos alcanzan el mismo propósito aun cuando el punto de
33
partida sea diferente, es decir que en el presente trabajo de investigación el método
inductivo nos permite observar el razonamiento del que partieron casos particulares de
la aplicación y efectos jurídicos de la acción extraordinaria de protección, los que se
eleva a conocimientos generales para la aplicación de la misma.
Al aplicar el método deductivo podemos partir de lo complejo que es el proceso de
admisión y trámite de la acción extraordinaria de protección, a lo simple que son los
aspectos o factores particulares que causan su inadecuada interposición y aplicación.
Con mi propuesta de realizar un estudio jurídico sobre el ámbito de aplicación y
consecuencias jurídicas de la acción extraordinaria de protección, para promover su
adecuada interposición y evitar la vulneración de la Constitución de la República del
Ecuador, se soluciona el problema empleando el método inductivo-deductivo se da
cumplimiento al objetivo.
2.2.2. Técnicas
La Encuesta. - Es un estudio observacional en el cual busco recaudar datos por
medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso
que está en observación. Se la realiza con el fin de conocer estados de opinión,
características o hechos específicos. Se realizará las preguntas más convenientes, de
acuerdo con la naturaleza del tema de investigación.
2.2.3. Instrumentos
El Cuestionario. - Es un instrumento básico en la encuesta y en la entrevista. En el
cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más
variables. El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la valoración que
hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las
valoraciones subjetivas de éste.
34
2.3. Población y Muestra
2.3.1. Población
La realización de esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Ibarra. La
investigación se llevó a efecto en el año 2015. Los encuestados serán los
profesionales del derecho de Ibarra que, de acuerdo al foro de abogados del Consejo
de la Judicatura, son 996 profesionales.
2.3.2. Muestra
Para encontrar la muestra probabilística en mi investigación se utilizó la siguiente
fórmula:
P.Q.N
(N – 1) [(E)2 / (K)2 ] + P.Q
Dónde:
n: tamaño de la muestra
N: tamaño poblacional (996)
P: probabilidad de que el evento ocurra (0.5) ó 50%
Q: probabilidad de que el evento no ocurra (0.5) ó 50%
E: margen de error 0.05 ó 5%
K: 1.96
(0.5)(0.5)(996) (996– 1) [(0.05)2 /(1.96)2] + (0.5) (0.5) 249 (995) (0.00065077051)+ (0.25) 249 0.8975166475
n =
n =
n =
n =
n = 277.4321798861 n = 277
35
2.4. Análisis e interpretación de datos, a la encuesta aplicada a profesionales
del derecho de Ibarra.
Pregunta 1
¿Sabe usted que es la acción extraordinaria de protección?
Tabla 1 Conocimiento general de la acción extraordinaria de protección
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 269 97%
No 8 3%
Total 277 100%
Figura 1 Conocimiento general de la acción extraordinaria de protección
Elaborado por: Laura Mariana Aragón Ortiz
Análisis e Interpretación
La mayoría absoluta de profesionales del derecho encuestados están al tanto y
conocen que es la acción extraordinaria de protección, mientras que un mínimo
porcentaje de abogados no conoce en que consiste esta garantía jurisdiccional.
SI NO
36
Pregunta 2
¿Considera usted a la acción extraordinaria de protección, como un recurso ordinario?
Tabla 2 La acción extraordinaria de protección como un recurso ordinario
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 65 23%
No 212 77%
Total 277 100%
Figura 2 La acción extraordinaria de protección como un recurso ordinario
Elaborado por: Laura Mariana Aragón Ortiz
Análisis e Interpretación
Del total de profesionales del derecho encuestados, la mayoría no consideran a la
acción extraordinaria de protección como un recurso ordinario, mientras que un
mínimo porcentaje de abogados si considera que la acción extraordinaria de
protección es un recurso ordinario.
Si No
37
Pregunta 3
¿Conoce usted en qué casos se puede interponer la acción extraordinaria de
protección?
Tabla 3 Casos de la acción extraordinaria de protección
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 109 39%
No 168 61%
Total 277 100%
Figura 3 Casos de la acción extraordinaria de protección
Elaborado por: Laura Mariana Aragón Ortiz
Análisis e Interpretación
Conforme a los resultados obtenidos la mayoría de profesionales del derecho
encuestados no están al tanto y no conocen en qué casos se puede interponer y
procede la acción extraordinaria de protección, mientras que el porcentaje restante de
abogados si conoce en qué casos procede la acción extraordinaria de protección.
Si No
38
Pregunta 4
¿Conoce usted los requisitos para que proceda la acción extraordinaria de protección?
Tabla 4 Requisitos de la acción extraordinaria de protección
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 81 29%
No 196 71%
Total 277 100%
Figura 4 Requisitos de la acción extraordinaria de protección
Elaborado por: Laura Mariana Aragón Ortiz
Análisis e Interpretación
De los encuestados la mayoría de profesionales del derecho no conocen o no están
familiarizados con los requisitos necesarios para interponer la acción extraordinaria de
protección, mientras que el porcentaje restante de abogados si tiene conocimiento de
los requisitos para que proceda la acción extraordinaria de protección.
Si No
39
PREGUNTA 5
¿Ante qué autoridad considera usted que debe interponerse la acción extraordinaria
de protección?
Tabla 5 Competencia de la acción extraordinaria de protección
Respuesta Frecuencia Porcentaje
A.- Corte Provincial de Justicia 83 30%
B.- Consejo de la Judicatura 7 3%
C.- Corte Constitucional 81 29%
D.- Corte Nacional de Justicia 106 38%
Total 277 100%
Figura 5 Competencia de la acción extraordinaria de protección
Elaborado por: Laura Mariana Aragón Ortiz
Análisis e Interpretación
De los resultados obtenidos el porcentaje más alto de profesionales del derecho
consideran que la Corte Nacional de Justicia es la que conoce la acción extraordinaria
de protección, otra parte considerable le atribuye esta competencia a la Corte
Provincial de Justicia, un porcentaje menor conoce y afirma que la competencia es de
la Corte Constitucional, mientras que un mínimo porcentaje de abogados creen que le
compete al Consejo de la Judicatura.
Corte Provincial Consejo de la Judicatura Corte Constitucional Corte Nacional
40
Pregunta 6
¿Conoce usted cuáles son los efectos jurídicos de la acción extraordinaria de
protección?
Tabla 6 Efectos jurídicos de la acción extraordinaria de protección
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 131 47%
No 146 53%
Total 277 100%
Figura 6 Efectos jurídicos de la acción extraordinaria de protección
Elaborado por: Laura Mariana Aragón Ortiz
Análisis e Interpretación
Existe un porcentaje considerable de profesionales del derecho encuestados que no
están al tanto de los efectos jurídicos que acarrea la acción extraordinaria de
protección, mientras que el porcentaje restante de abogados si conoce los efectos
jurídicos de la acción extraordinaria de protección.
Si No
41
Pregunta 7
¿Quién considera usted, que puede interponer la acción extraordinaria de protección?
Tabla 7 Legitimación de la acción extraordinaria de protección
Respuesta Frecuencia Porcentaje
A.- Profesionales del derecho 167 60%
B.- Cualquier persona 36 13%
C.- La persona afectada 42 15%
D.- Juez que dictó la sentencia de 1era
instancia
32 12%
Total 277 100%
Figura 7 Legitimación de la acción extraordinaria de protección
Elaborado por: Laura Mariana Aragón Ortiz
Análisis e Interpretación
La mayoría de profesionales del derecho consideran que son precisamente ellos
mismos, los profesionales del derecho los que pueden interponer una acción
extraordinaria de protección, un mínimo porcentaje cree que es la persona afectada la
idónea para interponer esta acción, en un porcentaje similar considera que cualquier
persona puede interponer la acción, mientras que muy pocos abogados creen que la
acción debe interponerla el mismo juez que dictó la sentencia en primera instancia.
Profesionales del Derecho Cualquier persona La persona afectada Juez de 1era instancia
42
Pregunta 8
¿Ha interpuesto usted alguna vez una acción extraordinaria de protección?
Tabla 8 Interposición de la acción extraordinaria de protección
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 28 10%
No 249 90%
Total 277 100%
Figura 8 Interposición de la acción extraordinaria de protección
Elaborado por: Laura Mariana Aragón Ortiz
Análisis e Interpretación
De los encuestados, la mayoría absoluta de profesionales del derecho no ha
interpuesto en su vida profesional una acción extraordinaria de protección, mientras
que es mínimo el porcentaje y son muy pocos los abogados que han interpuesto una
acción extraordinaria de protección.
Si No
43
Pregunta 9
¿Considera usted que procede impugnación de las sentencias de acción extraordinaria
de protección?
Tabla 9 Impugnación de la acción extraordinaria de protección
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 168 61%
No 109 39%
Total 277 100%
Figura 9 Impugnación de la acción extraordinaria de protección
Elaborado por: Laura Mariana Aragón Ortiz
Análisis e Interpretación
De profesionales del derecho encuestados, la mayoría considera que sí procede
impugnación de la acción extraordinaria de protección, mientras el porcentaje restante
de abogados consideran que no cabe impugnación de las sentencias de acción
extraordinaria de protección.
Si No
44
Pregunta 10
¿Está usted de acuerdo con los requisitos y el trámite que se la da a la acción
extraordinaria de protección?
Tabla 10 Requisitos y trámite de la acción extraordinaria de protección
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 88 32%
No 189 68%
Total 277 100%
Figura 10 Requisitos y trámite de la acción extraordinaria de protección
Elaborado por: Laura Mariana Aragón Ortiz
Análisis e Interpretación
Los profesionales del derecho encuestados en un número considerable no se
encuentran de acuerdo con los requisitos y el trámite que se le da a la acción
extraordinaria de protección, mientras en otro número no tan inferior no tienen
problema con los requisitos y el trámite de esta acción y si están de acuerdo.
Si No
45
2.5. Propuesta del Investigador
La propuesta con la que se concluye esta investigación es la realización de un estudio
jurídico sobre el ámbito de aplicación y consecuencias jurídicas de la acción
extraordinaria de protección, para promover su adecuada interposición y evitar la
vulneración de la Constitución de la República del Ecuador.
2.6. Comentario Personal Parcial del Capítulo II
Con el desarrollo del segundo capítulo de esta tesis se describe el marco
metodológico aplicado. La presente investigación se dirige a los profesionales del
derecho de Ibarra. La metodología investigativa integra métodos técnicas e
instrumentos. Se aplica los métodos: inductivo – deductivo y jurídico. Para el
procesamiento de la información que se genera a partir del estudio realizado se aplica
la técnica de la encuesta mediante la elaboración del instrumento que es el
cuestionario.
Para diagnosticar la incidencia del problema de mi tesis se toma en cuenta la muestra
de la población total de profesionales del derecho de Ibarra, de acuerdo al foro de
abogados del Consejo de la Judicatura. Son 996 abogados en Ibarra y aplicando la
fórmula correspondiente se obtiene una muestra probabilística de 277 profesionales
que representa el número de encuestas que se realizan. Tomando en cuenta que la
encuesta se aplica a profesionales del derecho, el cuestionario está elaborado
tomando en cuenta parámetros específicos de acuerdo a la temática de estudio.
Con los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada efectivamente se
diagnostica el desconocimiento del ámbito de aplicación y consecuencias jurídicas de
la acción extraordinaria de protección, lo cual genera su inadecuada interposición y por
ende la vulneración de la Constitución de la República del Ecuador.
Los profesionales conocen a breves rasgos en lo que consiste la acción extraordinaria
de protección y su incidencia constitucional. Sin embargo, es evidente el
desconocimiento que tienen los abogados del ámbito de aplicación y consecuencias
jurídicas, de la acción, es decir no conocen a profundidad la naturaleza de la acción, ni
manejan los requisitos y el trámite que se le debe dar a esta acción, desconocen el
procedimiento correspondiente.
Los abogados se hallan además inconformes con los requisitos y el trámite que se le
da a la acción extraordinaria de protección, al parecer consideran que no existe
46
precisión y delimitación en cuanto al proceso de la misma, lo cual les ha llevado en
muchos casos a interponerla de manera inadecuada ya que erróneamente la
consideran como un recurso ordinario y por su complejidad los profesionales del
derecho están convencidos de que únicamente son ellos, gracias al conocimiento y
manejo del derecho los que pueden interponer una acción extraordinaria de
protección.
Los encuestados saben que la Justicia Constitucional es una materia delicada, ya que
trata de la garantía y respeto de los derechos reconocidos por la Constitución de la
República del Ecuador, sin embargo, la falta de profundización, difusión e interés que
le han prestado a los aspectos procesales de la acción extraordinaria de protección les
ha llevado a evitar su interposición y en el caso de interponerla son muchos los casos
erróneos, y es por lo que consideran que no podría ser interpuesta por una persona
cualquiera, por la complejidad que involucra.
Con este precedente los abogados encuestados consideran pertinente la difusión y
capacitación en materia de garantías jurisdiccionales, sobre todo en lo que respecta a
la adecuada interposición de la acción extraordinaria de protección, la misma que por
su naturaleza, no pertenece al proceso ordinario e involucra efectos jurídicos
irreversibles ya que puede incluso revertir decisiones judiciales definitivas.
Actualmente la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional delimita la
aplicación de la Acción extraordinaria de protección, sin embargo, es pertinente
conocer además el trámite que le da la Corte Constitucional a esta acción en cuanto a
la admisibilidad y procedencia.
2.7. Conclusiones Parciales del Capítulo II
En la investigación realizada se usaron los métodos inductivo, deductivo, y jurídico
los cuales sirvieron para obtener información a partir del estudio realizado de la
materia y sobre todo establecer la verdadera realidad de los hechos y el estado
actual del tema de investigación para lograr los objetivos general y específicos con
la finalidad de solucionar el problema.
La técnica que se aplicó para el desarrollo de esta tesis es la encuesta, en lo que se
refiere a las respuestas de los profesionales en su mayoría no tienen un profundo
conocimiento del ámbito de aplicación y efectos jurídicos de la acción extraordinaria
de protección y no están de acuerdo con los requisitos y el trámite que se sigue.
47
La encuesta es muy importante ya que en el momento que se realizó las encuestas
a los profesionales del derecho, fue evidente necesidad de la difusión y promoción
de la adecuada interposición de la acción extraordinaria de protección, de acuerdo
a las normas correspondientes a la naturaleza de la acción.
El cuestionario que se utilizó estaba formado por preguntas en su mayoria cerradas,
tomando en cuenta que a las personas a las que se les realizo la encuestan tenían
conocimiento del tema, por lo tanto, las respuestas fueron concretas de sí o no. El
cuestionario está elaborado tomando en cuenta parámetros específicos de acuerdo
a la temática de estudio.
En el instante que se aplicaron las encuestas se evidencia que había apertura de
responder por parte de los profesionales del derecho, y en su mayoría desconocen
los aspectos procesales que rigen la interposición de la acción extraordinaria de
protección, a riesgo de interponerla inadecuadamente.
48
CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
3.1. Tema:
Estudio jurídico sobre el ámbito de aplicación y consecuencias jurídicas de la acción
extraordinaria de protección.
3.2. Objetivo
Elaborar un estudio jurídico sobre el ámbito de aplicación y consecuencias jurídicas de
la acción extraordinaria de protección, para promover su adecuada interposición y
evitar la vulneración de la Constitución de la República del Ecuador.
3.3. Justificación
La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 1, determina que
el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo cual implica varios
cambios respecto del modelo anteriormente vigente en el Ecuador. Una de sus más
importantes características es que en la actualidad todos los derechos constitucionales
son directamente aplicables, exigibles y justiciables, para lo cual se establecen
garantías constitucionales, que tienen el objeto precisamente de garantizar el
cumplimiento y la vigencia de los derechos reconocidos en el texto constitucional y en
los tratados internacionales de derechos humanos. La simple existencia de un derecho
no nos brinda la garantía de su efectivo cumplimiento, por lo cual es necesario
establecer los instrumentos adecuados que permitan prevenir, corregir y remediar la
violación de derechos constitucionales.
La Constitución de la República del Ecuador, prevé tres tipos de garantías
constitucionales, entre las que se encuentran las garantías jurisdiccionales, que son
aquellas que nos permiten ejercitar el derecho de acción para lograr la tutela efectiva
de los derechos por parte de los jueces, de estas garantías tenemos a la acción
extraordinaria de protección, como novedad constitucional, la misma que tiene como
finalidad la protección de los derechos constitucionales y el debido proceso cuando
sean vulnerados a través de decisiones judiciales, es un mecanismo excepcional que
busca garantizar la Supremacía de la Constitución, frente a acciones u omisiones de
los jueces, esta acción procederá una vez agotados los recursos ordinarios.
49
3.4. Descripción de la propuesta
La acción extraordinaria de protección, constituye una garantía jurisdiccional
fundamental en la protección de los derechos reconocidos en la constitución y el
debido proceso, sin embargo, su aplicación debe estar estrictamente apegada a los
preceptos establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, conforme al proceso allí
establecido y cumpliendo los requisitos necesarios para su admisión, sin embargo es
común que esta acción se interponga inadecuadamente. Por lo indicado es pertinente
realizar un estudio jurídico desde un punto de vista critico a fin de analizar el ámbito de
aplicación y efectos jurídicos de la acción extraordinaria de protección y de esta
manera determinar las causas de su errónea aplicación, para promover su adecuada
interposición.
3.5. Desarrollo del cuerpo central
El estudio del ámbito de aplicación y consecuencias jurídicas de la acción
extraordinaria de protección, constituye un tema de actualidad dentro del derecho
Constitucional, ya que la adecuada interposición de esta acción que promueve este
estudio, impedirá que se vulnere la Constitución de la República del Ecuador, tomando
en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los profesionales del
derecho de Ibarra y en virtud del análisis realizado en el marco teórico, en especial de
las sentencias de acción extraordinaria de protección, dictadas por la Corte
Constitucional, de lo cual resulta el evidente desconocimiento de los aspectos
procesales de la acción, por parte de los profesionales del derecho, siendo la
estructura principal la expuesta a continuación:
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
La Constitución de la República prevé tres tipos de garantías constitucionales:
Garantías Normativas.- Son aquellas reglas que aseguran el carácter normativo de
los derechos constitucionales, limitando al máximo sus restricciones y asegurando su
reparación en caso de vulneración. (Art. 84)
Garantías Políticas e Institucionales.- Se plasman a través de las políticas públicas
y consiste en la obligación que tienen los responsables de la política pública de
efectivizar y materializar los derechos constitucionales. (Art. 85)
50
Garantías Jurisdiccionales.- Son aquellas que nos permiten ejercitar el derecho de
acción para lograr la tutela efectiva de los derechos por parte de los jueces. (Del Art.
86 al Art. 94)
ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
Ésta es una garantía jurisdiccional nueva que el constituyente ha incorporado, por
primera vez, en la Constitución ecuatoriana.
El artículo 94 de la Constitución de la República determina lo siguiente: “La acción
extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que
se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y se
interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan
agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a
menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la
negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.”
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
Esta garantía tiene como finalidad la protección de los derechos constitucionales y el
debido proceso cuando sean vulnerados por parte de jueces y/o tribunales en el
ejercicio de su actividad jurisdiccional.
Es un mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de la Constitución
frente a acciones y omisiones, en este caso de los jueces.
Este control de constitucionalidad de las decisiones judiciales permite garantizar que
éstas respeten los derechos constitucionales de las partes procesales.
La Corte Constitucional respecto de la naturaleza jurídica de esta acción ha señalado
que: “constituye una garantía jurisdiccional creada por el constituyente con el fin de
proteger los derechos constitucionales de las personas en contra de cualquier
vulneración que se produzca mediante actos jurisdiccionales. De tal forma que esta
acción nace y existe para garantizar, proteger, tutelar y amparar los derechos
constitucionales y el debido proceso que, por acción u omisión, sean violados o
afectados en las decisiones judiciales”.
51
OBJETO DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
El objetivo de la acción extraordinaria de protección es la tutela de los derechos
constitucionales o garantías del debido proceso cuando existan circunstancias que
denoten una violación de estos derechos. (Sentencia Nº 016-13-EP)
Respecto de los derechos constitucionales, la Corte verifica que no exista vulneración
de un derecho reconocido en la Constitución o los instrumentos internacionales de
derechos humanos.
Entre los derechos más reclamados mediante acción extraordinaria de protección se
encuentran: el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la seguridad jurídica.
En cuanto al debido proceso, la Corte verifica que la decisión judicial haya respetado
el debido proceso durante la tramitación de la causa así como en el contenido de la
sentencia, auto o resolución.
La Corte ha dicho que éste “constituye el conjunto de garantías básicas tendientes a
tutelar un proceso justo libre de arbitrariedades en todas las instancias judiciales”.
(Sentencia Nº 001-13-SEP-CC)
Entre las garantías del debido proceso que más se reclaman mediante acción
extraordinaria de protección se encuentran: El cumplimiento de las normas y los
derechos de las partes, la observancia del trámite propio de cada procedimiento y la
motivación.
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
El artículo 75 de la Constitución de la República dispone: Toda persona tiene derecho
al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus
derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en
ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales
será sancionado por la ley.
La Corte Constitucional en la sentencia Nº 021-13-SEP-CC estableció que: “el derecho
a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las personas tiene relación
con el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para, luego de un proceso que
observe las garantías mínimas establecidas en la Constitución y en la ley, hacer
justicia. Por tanto, se puede afirmar que su contenido es amplio y se diferencian tres
momentos: el primero relacionado con el acceso a la justicia; el segundo con el
52
desarrollo del proceso en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley y en un
tiempo razonable; y el tercero en relación con la ejecución de la sentencia (…) habrá
tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de los derechos si el órgano jurisdiccional,
previo a dictar sentencia, ha observado y garantizado el debido proceso y la seguridad
jurídica a las partes procesales”.
DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA
El artículo 82 de la Constitución de la República determina: El derecho a la seguridad
jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes.
La Corte Constitucional en sentencia Nº 016-13-SEP-CC determinó lo siguiente: “El
artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el derecho a la
seguridad jurídica el mismo que tiene relación con el cumplimiento de los mandatos
constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una verdadera
supremacía material del contenido de la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano.
Para tener certeza respecto a una aplicación normativa, acorde a la Constitución, se
prevé que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren
determinadas previamente; además deben ser claras y públicas; solo de esta manera
se logra conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación será
aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la confianza acerca del respeto
de los derechos consagrados en el texto constitucional”.
EL DEBIDO PROCESO
Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes
garantías básicas:
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento
de las normas y los derechos de las partes.
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se
declare su responsabilidad.
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de
otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley.
Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con
observancia del trámite propio de cada procedimiento.
53
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún
cuando su promulgación sea posterior a la infracción.
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones
penales, administrativas o de otra naturaleza.
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento.
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su
defensa.
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley.
e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía
General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la
presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los
recintos autorizados para el efecto.
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia.
g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su
elección o por defensora o defensor público.
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se
crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y
contradecir las que se presenten en su contra.
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.
j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante
la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio.
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente.
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida
sobre sus derechos.
54
GARANTÍA DE MOTIVACIÓN
El artículo 76 numeral 7 literal l) establece: Las resoluciones de los poderes públicos
deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran nulos. Las
servidoras o servidores responsables serán sancionados.
En sentencia 021-13-SEP-CC, la Corte determinó que: “corresponde a los jueces
realizar un análisis preciso, claro y articulado entre los fundamentos fácticos y los
derechos vulnerados, pues no es suficiente mencionar los principios o derechos
violentados, sino que es necesario determinar cómo y de qué forma se vinculan los
hechos con las normas aplicables al caso concreto. Por tanto, la motivación no es solo
un elemento formal, como requisito obligatorio de toda manifestación de autoridad
pública, sino que constituye un elemento sustancial que expresa la garantía del
derecho al debido proceso, pues permite a las partes conocer el razonamiento lógico
del juez y por tanto comprender las razones jurídicas por las que se ha llegado a un
fallo determinado”.
CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
La acción extraordinaria de protección cuenta con las siguientes características
básicas:
Independencia.- No guarda relación procesal con otras garantías jurisdiccionales ni
resuelve sobre los asuntos litigiosos que motivaron el proceso en la jurisdicción
ordinaria.
Excepcionalidad.- Solo procede contra determinadas actuaciones judiciales y bajo el
cumplimiento de requisitos determinados en la Constitución y la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. (restrictiva/limitada)
Especialidad.- Solo puede ser activada respecto de la vulneración de derechos
constitucionales. No procede respecto de cuestiones de mera legalidad.
Residualidad.- Procede únicamente cuando se han agotado todos los recursos
ordinarios y extraordinarios.
55
ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN: ACCIÓN O RECURSO
En el derecho procesal, una acción significa el inicio de un proceso y constituye el acto
mediante el cual se inicia la actividad jurisdiccional de los jueces.
El recurso en cambio, constituye un medio que concede a las partes la posibilidad de
tener acceso a otros niveles jerárquicos del proceso, para obtener la modificación de la
decisión judicial. Pero el recurso siempre estará dentro del mismo proceso.
Así, la acción extraordinaria de protección constituye una acción ya que:
- No tiene por objeto discutir la pretensión original.
- No es una fase o instancia dentro del proceso judicial.
- Implica el inicio de un nuevo proceso de índole constitucional que busca determinar
si existió una violación de derechos constitucionales.
- La Constitución equivocadamente le llama recurso.
LÍMITES DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
La acción extraordinaria de protección no constituye una nueva instancia que pueda
resolver respecto de las peticiones del actor o las excepciones del demandado en el
proceso judicial. (sentencia Nº13-11-SEP-CC)
La Corte Constitucional para el periodo de transición, en su sentencia Nº 0214-12-
SEP-CC de modo adecuado estableció que la acción extraordinaria de protección no
constituye una intromisión de la justicia constitucional en la justicia ordinaria. Así,
señaló lo siguiente: “Esta revisión no significa intromisión, pues la Corte Constitucional
está por fuera de las funciones del Estado, y no significa una jerarquía superior a la
autoridad máxima de la Función Judicial. No es la creación de una nueva instancia
procesal, pues el control de la constitucionalidad de las sentencias se dará por
excepción, toda vez que siempre los jueces deben ajustar sus dictámenes y
sentencias a la Constitución (…)”
Siguiendo la misma línea jurisprudencial, de modo reiterado la Corte Constitucional ha
señalado que: No se trata de una instancia superpuesta a las ya existentes, ni la
misma tiene por objeto deslegitimar o desmerecer la actuación de los jueces
ordinarios, por el contrario, tiene como único fin la consecución de un sistema de
justicia caracterizado por el respeto y la sujeción a la Constitución. De tal manera que
la Corte Constitucional, cuando conoce una acción extraordinaria de protección, no
actúa como un tribunal de alzada sino únicamente interviene con el fin de verificar
56
posibles violaciones a derechos reconocidos en la Constitución de la República».
(Sentencia Nº 016-13-EP)
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
La acción extraordinaria de protección procede únicamente contra sentencias, autos
definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia.
Sentencia.- Es aquella decisión judicial que pone fin a un proceso judicial y que
resuelve una controversia. Una sentencia tiene como objetivo reconocer, modificar o
extinguir una situación jurídica.
Auto Definitivo.- Se trata de aquella decisión que tiene fuerza de sentencia, pues
excepcionalmente decide o define una situación jurídica determinada. Son aquellos
actos que ponen fin al juicio o a algún incidente dentro de éste.
Resolución con fuerza de sentencia.- La constitución ni la ley definen qué debe
entenderse por resolución con fuerza de sentencia. Algunos consideran que el
constituyente podría haberse referido a los laudos arbitrales.
Tales decisiones judiciales que deben ser firmes o ejecutoriadas. Es decir, sobre ellas
no cabe ningún otro recurso y por tanto gozan de autoridad de cosa juzgada.
Se presentan respecto de decisiones de justicia ordinaria y de justicia constitucional:
En justicia ordinaria provienen de procesos judiciales de toda índole.
Los más comunes son los procesos laborales, los contenciosos administrativos, civiles
y penales.
En justicia constitucional se presentan en contra de sentencias de garantías
jurisdiccionales.
Acción de protección, habeas data, habeas corpus y acceso a la información pública.
Las más frecuentes son las presentadas dentro de acciones de protección.
Excepcionalmente, se puede presentar dentro de procesos de medidas cautelares.
(Solo respecto de la resolución que niega las medidas cautelares)
ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN FRENTE A SENTENCIAS DE
ACCIÓN DE PROTECCIÓN
57
Cuando los jueces ordinarios conocen garantías jurisdiccionales deben actuar como
jueces constitucionales.
La mayor parte de Acción extraordinaria de protección alegan que los jueces se han
pronunciado respecto de cuestiones de mera legalidad.
La Corte Constitucional, en varias sentencias, ha determinado que la AP sólo procede
cuando se verifica la vulneración de derechos constitucionales.
En sentencia Nº 016-13-SEP-CC, la Corte señaló: “la acción de protección es la
garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real
vulneración a derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela
de estos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales. No todas las
vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate
en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia de legalidad existen las
vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria. El juez constitucional
cuando de la sustanciación de garantía jurisdiccional establezca que no existe
vulneración de derechos constitucionales, sino únicamente posibles controversias de
índole infraconstitucional puede señalar la existencia de otras vías. (…) Tanto la
doctrina como la jurisprudencia en materia de derecho constitucional sostienen que la
acción de protección no es un medio que pueda sustituir las acciones judiciales
ordinarias, pues ello conllevaría a la superposición de la justicia constitucional sobre la
justicia ordinaria, así como al desconocimiento y a la desarticulación de la estructura
jurisdiccional del Estado. Por lo que la acción de protección no procede cuando el
titular del derecho vulnerado cuenta con la posibilidad real de acceder a una tutela
judicial efectiva, imparcial y expedita en la vía ordinaria (…)”
LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR UNA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIÓN
De modo general, el artículo 437 de la Constitución establece que los ciudadanos, en
forma individual o colectiva podrán presentar EP.
La ley limita esta disposición estableciendo en el artículo 59 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que puede ser presentada por
cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte de un
proceso.
58
Esto significa que, a diferencia de otras acciones constitucionales, esta no es una
acción popular puesto que requiere la demostración del interés directo del accionante
en el proceso donde se generó la decisión judicial vulneradora de derechos
constitucionales. (Interés legítimo)
Se puede presentar personalmente (por sus propios derechos) o por medio de un
procurador judicial.
La Corte ha determinado que en el concepto respecto a personas se encuentran
incluidas las personas jurídicas y el Estado.
Los jueces son los legitimados pasivos de esta acción.
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIÓN
La Acción extraordinaria de protección se presenta ante el juez o tribunal que profirió
la decisión judicial definitiva objeto de impugnación.
Una vez recibido el escrito de la demanda el juez debe:
- Notificar a la otra parte la presentación de la Acción extraordinaria de protección.
- Remitir, sin más trámite, el expediente original completo a la Corte Constitucional
(de todas las instancias).
- La Corte Constitucional es el único órgano competente para admitir, conocer y
resolver la Acción extraordinaria de protección.
- Los jueces solo receptan la demanda.
En la sentencia vinculante 001-10-PJO-CC la Corte estableció la siguiente regla
jurisprudencial: “Las judicaturas, salas o tribunales que dictan una decisión definitiva, y
ante quienes se interpone una Acción extraordinaria de protección están impedidos de
efectuar un análisis de admisibilidad, dicha competencia exclusiva de la Sala de
Admisión de la Corte Constitucional”.
Obtener copias certificadas de las decisiones judiciales definitivas y de todas las
piezas procesales para su ejecución.
La acción extraordinaria de protección no suspende ni detiene los efectos de la
decisión judicial impugnada.
59
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIÓN
Respecto de una demanda de Acción extraordinaria de protección, la Sala de admisión
de la Corte Constitucional puede admitir, inadmitir, rechazar o solicitar que se aclare
y/o complete la demanda.
Admisión/Inadmisión. - La Sala verificará que la demanda cumpla con los requisitos
establecidos los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional.
Completar/aclarar la demanda. - La Sala puede solicitar que se aclaren o completen
aquellos requisitos subsanables. En este caso, aquellos comprendidos en el artículo
61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Rechazo. - La Sala rechazará la demanda en 3 posibles circunstancias:
- Cuando la demanda ha sido presentada de forma extemporánea
- Cuando la Corte carezca de competencia
- Cuando no se corrija o complete la demanda dentro del término de 5 días.
CAUSALES DE INADMISIÓN
Art. 62.- Admisión.- (…) La sala de admisión en el término de diez días deberá verificar
lo siguiente:
1. Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e
inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con independencia de los
hechos que dieron lugar al proceso.
2. Que el recurrente justifique argumentadamente, la relevancia constitucional del
problema jurídico y de la pretensión;
3. Que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de lo
injusto o equivocado de la sentencia;
4. Que el fundamento de la acción no se sustente en la falta de aplicación o errónea
aplicación de la ley;
5. Que el fundamento de la acción no se refiera a la apreciación de la prueba por parte
de la jueza o juez;
6. Que la acción se haya presentado dentro del término establecido en el artículo 60
de esta ley;
60
7. Que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral
durante procesos electorales; y,
8. Que el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar una
violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la
inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciar
sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
En España se incorporó como requisito para la presentación del amparo “La especial
trascendencia constitucional del recurso”
Esta especial trascendencia se aprecia en función a:
- Importancia para la interpretación de la Constitución.
- Importancia para su aplicación o para su general eficacia.
- Importancia para definir el contenido y alcance de los derechos fundamentales.
En 2009 el Tribunal Constitucional español dicta sentencia y determina “sin carácter
exhaustivo” que la trascendencia se da en los siguientes casos:
- Cuando el caso sea novedoso
- Casos que brinden la posibilidad de afirmar o cambiar doctrina constitucional
- Casos en los que la vulneración de derechos tenga origen en una ley.
- Supuestos en que la vulneración de derechos surja de la incorrecta interpretación
de la ley.
- Cuando la doctrina constitucional está siendo incumplida
- Cuando manifiestamente se desacata la doctrina constitucional
- Cuando el asunto trasciende el caso concreto y se puede determinar reglas.
REQUISITOS SUBSANABLES
Art. 61.- Requisitos.- La demanda deberá contener:
1. La calidad en la que comparece la persona accionante.
2. de que la sentencia o auto está ejecutoriada.
3. Demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo que
sean ineficaces o inadecuados o que la falta de interposición de estos recursos no
fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho vulnerado.
61
4. Señalamiento de la judicatura, sala o tribunal del que emana la decisión violatoria
del derecho constitucional.
5. Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión judicial.
6. Si la violación ocurrió durante el proceso, la indicación del momento en que se
alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la causa.
TÉRMINO PARA INTERPONER UNA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIÓN
El artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional dispone que el término máximo para la presentación de una acción será
de 20 días contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la
violación del derecho constitucional, para quienes fueron parte; y para quienes
debieron serlo, el término correrá desde que tuvieron conocimiento de la providencia.
La Corte Constitucional, mediante resolución de 6 de marzo de 2013, reformó
reglamento de sustanciación de procesos de Competencia de la Corte Constitucional y
agregó al artículo 35 un cuarto inciso que reza: “El cómputo del término de veinte días
establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional se contará a partir de que la última decisión judicial a la que se
imputa la violación del derecho constitucional o del debido proceso se encuentre
ejecutoriada”.
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIÓN
De ser inadmitida o rechazada la demanda, se devolverá el expediente al juez o
tribunal que dictó la decisión.
De ser admitida por la Corte, se procederá a sortear la causa para designar juez o
jueza ponente, quien deberá tramitar la causa y emitir un proyecto de sentencia para
que sea aprobado por el pleno del Organismo.
Para la sustanciación de la causa el juez puede efectuar diversas actuaciones. Por
ejemplo:
- Solicitar informe a los jueces que dictaron la decisión judicial impugnada.
- Solicitar audiencia para que las partes expongan sus argumentos. En la audiencia
deben participar los jueces que dictaron la decisión judicial impugnada pues ellos
son los legitimados pasivos en la causa.
62
- Solicitar informes para mejor resolver.
EFECTOS DE UNA SENTENCIA DE ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIÓN
Mediante sentencia, la Corte Constitucional declara o no la existencia de
vulneraciones a derechos constitucionales.
Para garantizar la reparación integral de los derechos de las personas la Corte dicta
medidas a ser adoptadas para tal efecto.
De modo general, la parte resolutiva de la sentencia siempre dispone:
- Dejar sin efecto la sentencia vulneradora de derechos constitucionales.
- Retrotraer el proceso judicial hasta el momento en que ocurrió la vulneración del
derecho.
- Ordenar que un nuevo Juez, Sala o Tribunal, en aras de la imparcialidad y la tutela
judicial efectiva, conozca el caso, vuelva a juzgar desde el momento judicial
identificado como vulnerador de derechos constitucionales y emita una nueva
sentencia.
- Cualquier otra medida necesaria para reparar el daño causado.
La Corte no ha sentenciado de manera definitiva cuando se trata de decisiones
judiciales provenientes de la justicia ordinaria.
REPARACIÓN INTEGRAL
Uno de los objetivos de la acción extraordinaria de protección es precisamente la
reparación integral del daño causado por el juez/tribunal a los derechos
constitucionales del accionante.
La reparación integral consiste en volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho constitucional.
No en todos los casos es posible volver atrás por lo que la reparación puede consistir
también en subsanar el daño causado (material o inmaterial).
Las medidas que se adopten deben caracterizarse por ser:
Eficaces. - Debe individualizarse de forma clara las obligaciones positivas o negativas
que deben cumplirse. (circunstancias, modo, lugar)
63
Eficientes. - Deben efectivamente permitir el resarcimiento del daño
Rápidas. - Deben cumplirse en el menor tiempo posible. No puede ser tardía pues no
se conseguiría la realización de la justicia
Proporcionales. - Debe haber equilibrio entre el daño causado y la reparación (no
mejora o enriquecimiento del beneficiario.
La reparación integral puede consistir en:
- Restitución plena del derecho
- Garantía de no repetición
- Disculpas públicas
- Reparación económica.
Comentario Personal Crítico
La acción extraordinaria de protección, de acuerdo al trabajo realizado y a la propuesta
planteada, es una alternativa de protección de los derechos constitucionales cuyos
efectos sobrepasan las decisiones definitivas, por lo que debe ajustarse su
admisibilidad y procedencia a requisitos, y procesos idóneos para su efectiva
aplicación, sin embargo en su mayoría son aplicadas erróneamente por decirlo de
alguna manera ya que además del desconocimiento que existe por parte de los
profesionales del derecho demostrado en el presente trabajo con los datos de
investigación, esta acción se interpone muchas de las veces por puro capricho y al
sentirse inconformes los profesionales del derecho con la decisión obtenida.
Respecto de la Corte Constitucional, el órgano especializado llamado a resolver a
cerca de la constitucionalidad de las normas y decisiones judiciales, su imparcialidad
se pone en duda a la hora de resolver una acción extraordinaria de protección, en el
que se ve involucrado el Estado a través de sus instituciones y órganos, ya que en
esos casos es lo más seguro que la acción se niegue y se fundamente en la
inexistencia de la vulneración de un derecho, ni siquiera llega a ser admitida, mucho
menos tramitada, mientras que si se trata de un caso cualquiera no se presentan
muchas trabas para su admisión y es casi seguro que proceda aun si no se verifica
efectivamente la vulneración de un derecho, lo cual se resolverá en la tramitación. Es
una garantía delicada a la que se le debe dar el cuidado necesario y sobre todo
imparcialidad, pues se está resolviendo la vulneración de un derecho constitucional.
64
3.5.1. Validación, aplicación y evaluación de los resultados de la aplicación de
la propuesta.
Una vez realizado el diagnóstico y evidenciado el desconocimiento que tienen los
profesionales del derecho, respecto de los aspectos procesales de la acción
extraordinaria de protección, pese a estar establecida en la Constitución de la
República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, es de gran importancia la aplicación de la presente propuesta al
diseñar un estudio jurídico desde un punto de vista crítico con el que se establecen y
proporcionan lineamientos generales y aspectos procesales de la acción, los cuales
servirán a manera de información sobre esta garantía jurisdiccional, protectora de los
derechos constitucionales.
En la actualidad es necesario administrar justicia en total apego y respeto a la
Constitución, que la supremacía que la reviste se encuentre por encima de cualquier
decisión judicial, acción u omisión de los jueces, tal es así que es pertinente que la
acción extraordinaria de protección cuyo objetivo es el expuesto y sus efectos son
capaces incluso de dejar sin efecto decisiones judiciales consideradas como definitivas
a fin de reestablecer un derecho que ha sido vulnerado en esta parte resolutiva. Es
obligación del Estado vigilar la efectiva vigencia de los derechos constitucionales y de
establecer mecanismos para su garantía, de la misma manera de la administración de
justicia respetar y priorizar las normas constitucionales, además deben ser estos,
difundidos entre la población para su conocimiento y adecuado manejo, a fin de
promover la adecuada aplicación de recursos y evitar que se vulnere la Constitución
de la República del Ecuador.
3.6. Impactos
3.6.1. Impacto Social
Las garantías jurisdiccionales promueven la tutela efectiva de los derechos, su
protección ante los jueces, su aplicación constituye un proceso de revisión, sin
embargo, la acción extraordinaria de protección es exclusiva y posee características
únicas que la hacen merecedora de un proceso minucioso, a fin de que sea
interpuesta adecuadamente por quienes en verdad han sufrido la vulneración de un
derecho constitucional mediante una decisión judicial, en la que se han visto afectados
y se les ha perjudicado drásticamente ignorando preceptos constitucionales del debido
proceso. Por lo que es menester que los ciudadanos en general conozca sus derechos
65
y garantías, pero además los profesionales del derecho llamados a ser un apoyo y
asesoría en derecho, conozcan la adecuada aplicación de la acción en virtud además
de las consecuencias jurídicas que conlleva.
3.6.2. Impacto Jurídico
La Constitución de la República del Ecuador reconoce derechos, pero además
establece las garantías a manera de mecanismos necesarios para su tutela y
protección, dentro de las que se encuentras las garantías jurisdiccionales, de las
cuales por su naturaleza ulterior destaca la acción extraordinaria de protección, que
posee consecuencias jurídicas trascendentales, por lo que su ámbito de aplicación es
restringido y exclusivo, las normas procesales pertinentes se encuentran determinadas
en le Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sin
embargo por falta de conocimiento y cuidado procesal es aplicada erróneamente en un
alto índice, en su mayoría por profesionales del derecho quienes pese a no ser
exclusivos legitimarios, son por su experiencia y manejo del derecho los que
interponen esta acción, debido a su naturaleza extraordinaria, lo cual genera la
vulneración de la Constitución, para evitar este problema es pertinente informarse
sobre la acción.
3.7. Conclusiones Parciales del Capítulo
Este estudio jurídico se le ha diseñado en la presente tesis, teniendo un beneficio
considerablemente a la sociedad, con esto se lograría analizar y determinar los
aspectos procesales del ámbito de aplicación y efectos jurídicos para la adecuada
interposición de la acción extraordinaria de protección, para el estudio y
conocimiento de los profesionales del derecho, promoviendo principalmente el
respeto de la Constitución de la República del Ecuador.
En definitiva, se puede decir que la falta de conocimiento de los profesionales del
derecho respecto de la acción extraordinaria de protección, su admisibilidad y
procedencia, en lo principal no se verifica la efectiva vulneración de un derecho
Constitucional o del debido proceso, y se interpone sin haberse agotado todos los
recursos del procedimiento ordinario, simplemente son en su mayoría interpuestas
ante la inconformidad personal con la resolución obtenida.
Un elemento principal a considerarse es que las normas en general deben ser del
conocimiento de toda la población y con más razón aun de los profesionales del
66
derecho, considerados conocedores de las leyes y el derecho y llamados a la
asesoría jurídica y legal de las personas que necesiten reclamar la vulneración de
un derecho, por lo que deben informarse, analizar y estudiar las figuras jurídicas,
en especial la acción extraordinaria de protección debido a la complejidad de su
proceder y el alcance de sus efectos jurídicos.
67
CONCLUSIONES GENERALES
La Constitución de la República del Ecuador reconoce derechos fundamentales a
todos los habitantes del país, y para su efectiva vigencia determina garantías,
tendientes a proteger estos derechos y evitar su vulneración, entre estas garantías
se encuentran las jurisdiccionales, entre las cuales tenemos a la acción
extraordinaria de protección, como una garantía especial, ulterior y cuyos efectos
trascienden a la culminación de un proceso y el agotamiento de los recursos
ordinarios con el único objetivo de actuar ante la vulneración efectiva de un derecho
o del debido proceso.
La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, determina
los aspectos procesales de la acción extraordinaria de protección, los lineamientos
principales para sus admisibilidad y procedencia, además se reconoce como el
órgano competente para su conocimiento y resolución a la Corte Constitucional, con
autoridad para resolver la inconstitucionalidad de las normas o las decisiones
judiciales como en este caso, y defender la supremacía de la Constitución, la
misma que mediante sus diferentes áreas y estructura organizacional, reciben,
conocen, admiten o rechazan y de ser el caso tramitan y resuelven acerca de esta
acción.
La errónea aplicación de esta importante garantía, se debe principalmente al
desconocimiento que tienen los profesionales del derecho acerca de la acción
extraordinaria de protección, su ámbito de aplicación y efectos jurídicos, quienes,
pese a no ser los únicos legitimarios de la acción, por su conocimiento del derecho
y la delicadeza de la acción son los más adecuados al momento de interponerla.
La necesidad de un estudio jurídico del tema radica precisamente en el
desconocimiento de la acción extraordinaria de protección y que no se profundiza
en su análisis y estudio pese a ser una garantía de delicadeza y cuidado debido a
su ámbito de aplicación y al alcance de sus efectos jurídicos, considerando que
puede incluso dejar sin efecto una sentencia, auto definitivo o resolución con fuerza
de sentencia de encontrar una efectiva vulneración de los derechos
constitucionales, un efecto que no puede ser tomado a la ligera, mucho menos con
intereses personales o decisiones parcializadas.
68
RECOMENDACIONES
El Estado Ecuatoriano, en su legislación debe garantizar la plena vigencia de los
derechos reconocidos en la Constitución, además de sus garantías, por lo que al
respecto de la acción extraordinaria de protección se deben procurar preceptos
básicos e ideas tendientes a su difusión y conocimiento entre aquellos que
necesiten su interposición, las leyes si bien se creen de conocimiento general de la
población, deben ser informadas y difundidas, de esta manera se podrá lograr su
adecuada aplicación y evitar la vulneración de la Constitución de la República del
Ecuador.
El órgano competente para conocer la acción, la Corte Constitucional, debe
apegarse a los lineamientos establecidos en la ley para conocer, admitir, tramitar y
resolver la acción extraordinaria de protección, cuidar sus decisiones ya que los
efectos que acarrea esta acción son muy delicados, además debe la Corte ante
todo mantener firme la imparcialidad a lo largo de los procesos de su conocimiento,
únicamente de esta manera se lograra la verdadera justicia constitucional y el
respeto y protección de los derechos y la supremacía de la Constitución.
A los profesionales del derecho como sujetos de investigación en el presente
trabajo, y responsables directos de la adecuada interposición de la acción
extraordinaria de protección, deben profundizar en el estudio extenso de las leyes y
normas, en especial de los recursos, y garantías, específicamente a cerca de la
acción extraordinaria de protección previo a interponerla deben considerar todos los
requisitos y su idoneidad, puesto que no puede aplicársela a la ligera, mucho
menos tomarla como una represalia personal ante la administración de justicia,
deben apegarse al debido proceso y el orden de las normas e instancias.
En base a la importancia del estudio realizado, deben además de los profesionales
del derecho, interesarse por su estudio todos aquellos relacionados al derecho y a
la administración de justicia, estudiantes de derecho, docentes de la asignatura,
funcionarios judiciales, y demás interesados, en su análisis y difusión de halla la
clave de la adecuada interposición de la acción extraordinaria de protección y la
plena vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, me permito contribuir
con el presente trabajo como herramienta de estudio y de información relevante.
BIBLIOGRAFÍA
Abarca, L. (2014). La Competencia Constitucional (Primera ed.). Quito, Ecuador:
Ediciones Jurídicas.
Aparicio, M. (2012). Manual de Derecho Constitucional (Segunda ed.). Barcelona,
España: Atelier.
Bidart, G. (2010). Compendio de Derecho Constitucional (Primera ed.). Buenos
Aires, Argentina: Ediar.
Burneo, R. (2010). Derecho Constitucional (Primera ed.). Quito, Ecuador:
Corporación de Estudios y Publicaciones.
Carbonell, M. (2010). Neoconstitucionalismo y Derechos Fundamentales (Primera
ed.). Quito, Ecuador: Cevallos.
Cárdenas, Á. (2011). Interpretación Constitucional (Primera ed.). Quito, Ecuador:
Cevallos.
Cornejo, A. (2008). Derecho Constitucional (Primera ed.). Santiago de Chile,
Chile: Metropolitana.
Cueva, L. (2011). Jurisprudencia de la Corte Constitucional (Primera ed.). Quito,
Ecuador: Cueva Carrión.
Cueva, L. (2012). Acción Constitucional Extraordinaria de Protección (Primera
ed.). Quito, Ecuador: Cueva Carrión.
Ferreyra, R. (2013). Fundamentos Constitucionales (Primera ed.). Tucumán,
Argentina: Ediar.
Jaramillo, V. (2011). Las Garantías Jurisdiccionales en el Sistema Jurídico
Ecuatoriano (Primera ed.). Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y
Publicaciones.
León, F. (2014). Práctica Constitucional (Primera ed.). Quito, Ecuador: Carpol.
Masapanta, C. (2015). Acción Extraordinaria de Protección Contra Decisiones de
la Justicia Indígena (Primera ed.). Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y
Publicaciones.
Naranjo, B. (2014). Teoría Constitucional e Instituciones Políticas (Décimo
Segunda ed.). Bogotá, Colombia: Temis.
Oyarte, R. (2014). Derecho Constitucional Ecuatoriano y Comparado (Primera
ed.). Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
Rivadeneira, R. (2009). Garantías Constitucionales (Segunda ed.). Cotopaxi,
Ecuador: Inredh.
Sáchica, L. (2010). Derecho Constitucional General (Cuarta ed.). Bogotá,
Colombia: Temis.
Sagués, N. (2010). Compendio de Derecho Procesal Constitucional (Primera ed.).
Buenos Aires, Argentina: Astrea.
Salgado, H. (2012). Lecciones de Derecho Constitucional (Cuarta ed.). Quito,
Ecuador: Ediciones Legales.
Storini, C. (2010). La Nueva Constitución del Ecuador (Primera ed.). Quito,
Ecuador: Corporación Editora Nacional.
Zambrano, A. (2011). Del Estado Constitucional al Neoconstitucionalismo (Primera
ed.). Guayaquil, Ecuador: Edilex.
CUERPOS LEGALES
Asamblea Nacional (2008), Constitución de la República del Ecuador. Quito,
Ecuador: Coorporación de Estudios y Publicaciones.
Asamblea Nacional (2008), Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, Quito, Ecuador: Coorporación de Estudios y Publicaciones.
LINKOGRAFIA
Pazmiño, Patricio, 2013, Acción extraordinaria de protección: Legitimación activa y
pasiva, extraído de: http://www.derechoecuador.com/utility/Printer.aspx?e=36924
(17 de diciembre del 2013)
Estrella, Carmen, 2010, Naturaleza de la acción extraordinaria de protección,
extraído de: http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/1138
Villa, Marcelo, 2009, La acción extraordinaria de protección extraído de:
https://www.corteconstitucional.gob.ec
ANEXO 1. PERFIL DE TESIS
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
UNIANDES
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
CARRERA DE DERECHO
PERFIL DE TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
TEMA:
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN
EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
AUTORA: ARAGÓN ORTIZ LAURA MARIANA
ASESOR: DR. CADENA POSSO ALIPIO ABSALON
IBARRA- ECUADOR
2016
1.- TEMA
Ámbito de aplicación y efectos jurídicos de la Acción extraordinaria de protección
2.- DESARROLLO
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La Constitución de la República del Ecuador, elaborada por la Asamblea Constituyente,
reconoce a la Acción extraordinaria de protección dentro de las “Garantías
Jurisdiccionales”.
La intención con la que las garantías jurisdiccionales fueron creadas y específicamente
la Acción extraordinaria de protección, es la de proteger a la población del abuso del
ejercicio del poder o de la negligencia de quienes ejercen la administración pública, por
ello, la ideología de la nueva Constitución es ser garantista y controladora de los
derechos fundamentales a través de la interposición ante la justicia ordinaria y
extraordinaria de la acción antes citada.
El tratadista Fernando Eduardo León Quinde, se refiere a la acción extraordinaria de
protección y manifiesta: “En nuestra constitución actual se encuentra considerada la
acción extraordinaria de protección, constituyendo una acción y mas no un recurso,
siendo la acción el acto por el cual se presenta un reclamo por alguna sentencia, autos
definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, las mismas que deben ser firmes o
ejecutoriadas, no constituyendo un recurso ya que este se lo considera como un reclamo
ante el superior jerárquico de la sentencia emitida.” (LEÓN, 2014, pág. 317)
De lo antes señalado, se aclara bajo que elementos procede la Acción extraordinaria de
protección, siendo necesaria la fuerza de sentencia, y que sean firmes o se encuentren
ejecutoriadas para que proceda de esta manera como acción posterior a todo proceso
ordinario, de su nombre precisamente como acción extraordinaria se precisa el campo y
el momento idóneo para interponerla adecuadamente, y no respecto de cuestiones de
mera legalidad, como especifica el principio de especialidad característico de esta
acción.
Es una garantía que debe ser aplicada correctamente, sin embargo, es posible ver como
se abusa de esta acción, aplicándola sin mayor control incluso en casos en los que no
debería ser admitido, debido todo esto a que no se halla actualmente controlado y
específicamente delimitado en sus condiciones y requisitos.
Su objetivo es claro, el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en nuestra
Constitución, teniendo como fin reparar el daño causado, hacerlo cesar si se está
produciendo o para prevenirlo si es que existe la presunción o indicios claros de que el
acto ilegítimo puede producirse.
2.2. SITUACIÓN PROBLÉMICA
Pese a estar contemplada en la Constitución de la Republica y la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con especificación de sus
elementos y las causales o casos en los que esta acción procede y bajo qué principios, es
común que la acción extraordinaria de protección sea interpuesta inadecuadamente por
parte de quienes la patrocinan, comúnmente teniendo como objetivo principal, la
revisión de las decisiones judiciales en el fondo de lo ya resuelto, inobservando de esta
manera el principio de especialidad, que indica que esta solo puede ser activada respecto
de la vulneración de derechos constitucionales y no proponerla respecto de cuestiones
de mera legalidad.
Urge precisar las causas principales de la inadecuada aplicación de la Acción
extraordinaria de protección, para de esta manera ubicar el origen de este problema que
genera gran impacto en la administración de justicia y por ende vulneración de la
Constitución de la República del Ecuador.
2.3. PROBLEMA CIENTÍFICO
Cómo contribuir con la correcta interposición de la acción extraordinaria de protección
ante la Corte Constitucional.
2.4. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN
2.4.1. Objeto de la investigación
El objeto de investigación del presente trabajo es la acción extraordinaria de protección,
contemplada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
2.4.2. Campo de acción
En esta investigación el campo de acción es el ámbito de aplicación y consecuencias
jurídicas de la acción extraordinaria de protección.
El presente trabajo se desarrollará en el periodo de enero a diciembre del año 2015.
2.5. IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias Jurídicas en el Ecuador.
El ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, presupuestos históricos, teóricos, filosóficos y
constitucionales.
2.6. OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio jurídico sobre el ámbito de aplicación y consecuencias jurídicas de
la acción extraordinaria de protección, para promover su adecuada interposición y evitar
la vulneración de la Constitución de la República del Ecuador.
2.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fundamentar jurídicamente en las normas constitucionales, legales, tratados
internacionales y legislación conexa, la acción extraordinaria de protección.
Diagnosticar el estado actual del objeto de investigación.
Elaborar un estudio jurídico sobre el ámbito de aplicación y consecuencias
jurídicas de la acción extraordinaria de protección.
Analizar la factibilidad de la propuesta.
2.8. IDEA A DEFENDER
Con la realización del estudio jurídico, se promoverá la interposición acertada de la
acción extraordinaria de protección.
2.9. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
2.9.1. Variable independiente
La acción extraordinaria de protección, como garantía jurisdiccional y su adecuada
aplicación.
2.9.2. Variable dependiente
La inobservancia del principio de especialidad que caracteriza a la acción extraordinaria
de protección como causa principal de su errónea aplicación.
2.10. METODOLOGÍA A EMPLEAR
2.10.1. Métodos
2.10.1.1. Método Jurídico. -En el presente trabajo el método jurídico fue empleado
para la investigación dentro del derecho de las causas de la errónea aplicación de la
acción extraordinaria de protección y determinar además las consecuencias de este
problema, finalmente para la estructura del marco teórico y diseñar las estrategias de
difusión.
2.10.1.2. Métodos inductivo y deductivo
Los métodos inductivo y deductivo son de utilidad en esta investigación, por cuanto en
forma deductiva se realizará un estudio general de la acción extraordinaria de
protección, para posteriormente analizar su naturaleza, características, requisitos,
procedimiento y admisibilidad, centrándose específicamente en el ámbito de aplicación
y consecuencias jurídicas que conlleva esta garantía, de esta forma delimitar y ubicar la
causa de la inobservancia del principio de especialidad para contribuir y contrarrestar
este problema.
2.10.2. Técnicas e instrumentos
2.10.2.1. Técnicas
La observación.- de tipo sistemática, realizada de la administración de justicia
constitucional y específicamente de la acción extraordinaria de protección interpuesta
por los profesionales del derecho, para estructurar y aplicar adecuadamente la encuesta
y la entrevista.
La encuesta.- es en el presente trabajo el instrumento más importante, por cuanto es de
aplicación directa a los ciudadanos si han optado por recurrir a esta acción. La encuesta
estará dirigida a los profesionales del derecho que puedan aportar al desarrollo del
presente trabajo.
La entrevista. - en este trabajo ayudará a conocer diferentes criterios sobre el ámbito de
aplicación y consecuencias jurídicas de la acción extraordinaria de protección; saber
cuál es su criterio y visión general respecto de la problemática y las posibles soluciones.
La entrevista estará dirigida a los operadores de justicia.
2.10.2.2. Instrumentos
El instrumento que se utiliza en la elaboración de la encuesta, es el cuestionario. La
elaboración del cuestionario en el presente trabajo es esencial, con la correcta
elaboración de las preguntas y su fácil comprensión se obtendrá información importante
con relación al tema de estudio.
El instrumento que se utiliza en la realización de la entrevista, es la guía. Los criterios
de diferentes juristas conocedores del tema de investigación son valiosos para validar el
trabajo realizado, por lo cual es importante utilizar una guía que nos permita recordar
hasta los mínimos detalles que deseamos obtener del jurista.
2.11. ESQUEMA DE CONTENIDOS
2.11.1. Ámbito y Antecedentes de la acción extraordinaria de protección
2.11.1.1. Contexto constitucional y de derecho Internacional en que se crea la acción
Extraordinaria de protección
2.11.1.2. Fundamento jurídico constitucional
2.11.1.3. La situación previa a la constitución vigente
2.11.1.4. El control de decisiones judiciales en el derecho Comparado
2.11.2. Naturaleza de la acción extraordinaria de protección
2.11.2.1. Naturaleza de la acción extraordinaria de protección en el Ecuador
2.11.2.2. Función de la acción
2.11.2.3. Especialidad del órgano competente
2.11.2.4. Caducidad de la acción
2.11.3. Aspectos procesales de la acción extraordinaria de protección
2.11.3.1. Legitimación
2.11.3.2. Requisitos de procedibilidad
2.11.3.3. Actos impugnables
2.11.3.4. Derechos protegidos
2.11.4. Análisis de casos
Sentencia Nro.0010-08-SEP-CC
Sentencia Nro.0024 -09-SEP-CC
Sentencia Nro. 170-14-SEP-CC
Sentencia Nro. 069-15-SEP-CC
2.12.- APORTE TEÓRICO, SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA Y NOVEDAD
2.12.1. Aporte teórico
La presente investigación será de gran ayuda, para estudiantes y profesionales del
Derecho, por cuanto en relación a este tema específico no se ha hecho el análisis
correspondiente, para garantizar la debida aplicación de la acción extraordinaria de
protección.
La inobservancia de principios básicos y la errónea interpretación de la ley es lo que ha
traído como consecuencia que se aplique injustificadamente la acción extraordinaria de
protección y sin cumplir con los correspondientes requisitos para su procedibilidad, y es
además un gasto innecesario de recursos de la administración de justicia.
2.12.2. Significación práctica
Con relación a la significación práctica es importante mencionar que dicho trabajo
investigativo, será utilizado en beneficio de la ciudadanía en general en especial a las
personas que podrían necesitar de esta acción para la vigencia de sus derechos. Ya que
se identificarán las principales, causas del problema y el impacto que genera en la
administración de justicia.
2.12.3. Novedad
La novedad de este trabajo de investigación se basa en que actualmente no se ha
profundizado dentro del estudio de este tema, sobre el ámbito de aplicación y efectos
jurídicos de la acción extraordinaria de protección, por cuanto el derecho constitucional
es muy amplio y es pertinente enfatizar y minuciosamente analizar un problema y
determinar su origen y posible solución, es además de fácil comprensión y de urgente
aplicación ya que ha sido en muchas ocasiones erróneamente interpuesta la acción
extraordinaria de protección.
3. BIBLIOGRAFÍA
ALEXY ROBERT(1993). Teoría de los Derechos Fundamentales
ATIENZA MANUEL (2010). Constitución y argumentación
BURNEO RAMON EDUARDO (2010). Derecho Constitucional
CARBONEL MIGUEL (2008). El neoconstitucionalismo
COMANDUCCI PAOLO (2010). Modelos e interpretación de la Constitución
DOMÍNGUEZ ANDRES GIL (2005). Neoconstitucionalismo y derechos colectivos
FERRAJOLI LUIGI (1995). Derecho y Razón, Teoría del garantismo pena
GARCÍA JOSÉ CARLOS (2012). La Corte Constitucional y la acción extraordinaria de
protección en la nueva Constitución Política del Ecuador
LARREA HOLGUIN JUAN (2000). Derecho Constitucional
LEON QUINDE FERNANDO EDUARDO (2014). Manual Teórico Practico de
Derecho Constitucional Ecuatoriano
PORRRAS VELASCO ANDREA (2010). La nueva Constitución del Ecuador
PRIETO SANCHÍS LUIS (2010). Justicia Constitucional y derechos fundamentales
ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO (2010). Proceso penal y garantías
constitucionales
ZAVALA EGAS JORGE (2009). Apuntes sobre neoconstitucionalismo, Acciones de
Protección y Ponderación, Acción de Inconstitucionalidad
DICCIONARIOS
CABANELLAS Guillermo, 2010, Diccionario Jurídico Elemental, editorial Heliasta
CUERPOS LEGALES
Constitución de la República del Ecuador (2008)
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (2008)
LINKOGRAFÍA
es.wikipedia.org.
aulavirtual.afige.es/webafige/visordoc.aspx?doc=169320
cepal.org/celade/noticias/constitucionalismo/5/43685/Modulo__3.pdf.
repositorio.uasb.edu.ec
zabalaegas.blogspot.com
derechoecuador.com
ANEXO 2. ENCUESTA
ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES DEL DERECHO DE IBARRA
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
EL OBJETIVO DE LA PRESENTE ENCUESTA. - Es realizar un análisis cualitativo y
cuantitativo sobre el nivel de conocimiento que existe sobre el ámbito de aplicación y
efectos jurídicos de la acción extraordinaria de protección.
Marque con una X la respuesta que considere sea correcta.
1.- ¿Conoce usted que es la acción extraordinaria de protección?
SI ( ) NO ( )
2.- ¿Considera usted a la acción extraordinaria de protección, como un recurso
ordinario?
SI ( ) NO ( )
3.- ¿Conoce usted en qué casos se puede interponer la acción extraordinaria de
protección?
SI ( ) NO ( )
4.- ¿Conoce usted los requisitos para que proceda la acción extraordinaria de
protección?
SI ( ) NO ( )
5.- ¿Ante qué autoridad considera usted que debe interponerse la acción
extraordinaria de protección?
a.- Corte Provincial de Justicia ( )
b.- Consejo de la Judicatura ( )
c.- Corte Constitucional ( )
d.- Corte Nacional de Justicia ( )
6.- ¿Conoce usted cuáles son los efectos jurídicos de la acción Extraordinaria de
Protección?
SI ( ) NO ( )
7.- ¿Quién considera usted, que puede interponer la acción extraordinaria de
protección?
a.- Profesionales del Derecho ( )
b.- Cualquier persona ( )
c.- La persona afectada ( )
d.- Juez que dictó la sentencia de 1era instancia ( )
8.- ¿Ha interpuesto usted alguna vez una acción extraordinaria de protección?
SI ( ) NO ( )
9.- ¿Considera usted que procede impugnación de las sentencias de acción
extraordinaria de protección?
SI ( ) NO ( )
10.- ¿Está usted de acuerdo con los requisitos y el trámite que se la da a la acción
extraordinaria de protección?
SI ( ) NO ( )
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, SU APORTE SERÁ DE GRAN
IMPORTANCIA EN ESTA INVESTIGACIÓN
