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Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencia Política “EL PROCESO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1999 Y LOS ACTORES POLITICOS EN GUATEMALA” JORGE RAFAEL ARAGÓN GONZÁLEZ GUATEMALA, ABRIL 2002
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Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencia Política
“EL PROCESO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE
1999 Y LOS ACTORES POLITICOS EN GUATEMALA”
JORGE RAFAEL ARAGÓN GONZÁLEZ
GUATEMALA, ABRIL 2002
Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencia Política
“EL PROCESO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE
1999 Y LOS ACTORES POLITICOS EN GUATEMALA”
TESIS
JORGE RAFAEL ARAGÓN GONZÁLEZ
Al conferírsele el Grado Académico de
LICENCIADO EN CIENCIA POLÍTICA
Y el título profesional de
POLITICÓLOGO
GUATEMALA, ABRIL 2002
Presentada al Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política
Por
Dedicatoria y agradecimientos
Este trabajo tiene una especial dedicatoria a Maria Regina y Ana Jimena, cuya presencia ha sido fundamental para seguir adelante en esta difícil e interesante etapa personal. También quiero mencionar el apoyo incondicional de mi madre Blanca Rosa González y de mi hermana Ligia Aragón de Rodas, cuyas enseñanzas me han abierto las puertas a nuevas posibilidades de conocimiento. También a mi padre, Jorge Aragón Hernández, con admiración y respeto A mis amigos Carlos López Chávez, José Talé Rosales, Julio Dávila Castillo y Mariano Aiello, agradezco su amistad y cariño A Gloria Paiz, siempre ajena a las preocupaciones del tiempo y la muerte. A mis colegas y profesores Francisco Rodas, Brenda Díaz Ayala, Mara Luz Polanco, Raúl Zepeda López y Fernando Molina, actual director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales IIPS, quien fungió como asesor en este trabajo de investigación que hoy se presenta. Por último, agradezco la gentileza y tiempo brindado a esta investigación a los informantes consultados.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
1
CAPÍTULO 1
CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 1.1 Instrumentos teóricos 1.2 Fuentes y técnicas de investigación
6
8
11
CAPITULO 2
PROCESO POLÍTICO Y NEGOCIACIONES DE PAZ EN GUATEMALA 2.1 Límites históricos de la transición a la democracia 2.2 El proceso de paz en Guatemala y el fin del conflicto armado 2.3 El debate sobre la legitimidad jurídica de los Acuerdos de Paz
14
16
20
26
CAPÍTULO 3 ETAPAS DEL PROCESO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES 3.1 El partido oficial, el Congreso y la propuesta de reformas constitucionales 3.2 Contenido ideológico de los argumentos a favor y en contra de la propuesta de reformas constitucionales 3.3 Los números de la Consulta Popular 3.4 Heterogeneidad del voto
28
29
33
36
39
CAPÍTULO 4 ESCENARIOS Y ACTORES POLÍTICOS A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PAZ 4.1 ¿A quién pertenece el proyecto de paz? 4.2 Sujetos políticos y búsqueda de la postguerra
41
42
45
CONCLUSIÓN 47 ANEXO 1
Informantes consultados
50
ANEXO 2
Posiciones asumidas en torno a la Consulta Popular
51
ANEXO 3
Etapas y actores del proceso de paz
56
ANEXO 4
Mapa de ubicación de los Polos de Desarrollo (1984)
57
Mapa de agrupaciones militares para ofensivas entre 1986 y 1996
58
Mapa de resultados de la Consulta Popular (1999)
59 BIBLIOGRAFÍA
60
1
INTRODUCCIÓN
¿Qué lecturas teóricas e históricas se coligen del fin de la guerra interna en el país? ¿Es posible, en
ese sentido, hablar de una recomposición de las capacidades organizativas de la sociedad civil y de
las fuerzas políticas en Guatemala dentro del escenario de “posguerra”? ¿en qué términos se realiza
la actividad política en una sociedad posbélica y qué significados históricos y políticos adquieren los
procesos sociales que se desarrollan tras la suscripción de los Acuerdos de Paz (como las reformas
constitucionales, el pacto fiscal, los derechos de la niñez y juventud o las demandas en torno al
reconocimiento estatal de los derechos de los pueblos indígenas)?
Si se intenta dar respuesta a estas preguntas es necesario averiguar la naturaleza, significado y
resultados parciales de los procesos políticos que condujeron a la firma de la paz en 1996, cuyo
referente histórico de mayor envergadura es el proceso de democratización iniciado en el país hacia
los años 80. Desde esa perspectiva, las "transiciones" (democracia, modelo económico y paz) que
se gestaron en varios países de Centroamérica y particularmente en Guatemala a finales de los
años 70, y que se pusieron en marcha hacia la década del 80 y 90, han determinado
significativamente la dirección de los proyectos históricos de los actores políticos y sociales.
Al revisar la historia política reciente del país, se logra constatar que los retos que planteó para
inicios de los 80 la llamada "segunda gran crisis" partían de la continuidad del Estado burocrático
autoritario, caracterizado así por Guillermo O´donell, respecto de la estabilidad del sistema político
como condición para lograr un nivel de gobernabilidad tal que asegurara la vigencia y sostenibilidad
del modelo de mercado abierto que se buscaba impulsar, a través de los Programas de Ajuste
Estructural PAE, como opción negadora del autoritarismo de estado. Por ende, la respuesta
histórica de la clase política del país fue la reconversión del sistema político autoritario por uno de
corte democrático liberal. Democrático, en la medida que posibilitaba la representación a través del
sufragio y aseguraba la competencia electoral de los partidos políticos.
Por supuesto que el valor intrínseco del nuevo modelo político descansaba sobre el paradigma
neoliberal. Esto llevó el debate sobre el Estado al extremo de desnudar el evidente desencuentro
de los postulados del libre mercado con los del estatismo, lo cual, aunado al inicio de lo que Samuel
Huntington y la Trilateral caracterizaran como la “tercera ola de la democratización mundial", lo que
llevó a los actores políticos a concluir en la necesidad del montaje de un nuevo escenario de
relaciones, un nuevo régimen político, capaz de asegurar el funcionamiento de la democracia
basada en el juego electoral, la existencia de un parlamento y la consolidación del Estado de
2
Derecho. Tras esas experiencias, lo que queda claro es que si bien las "transiciones" siguieron una
línea de desarrollo individual, cada proceso se articuló a partir de objetivos comunes: En el caso de
la paz (que se relaciona directamente con nuestro objeto de estudio) se hizo necesario el concierto
de numerosos actores y fuerzas que acompañaron el proceso de su constitución, así como otros
acontecimientos que matizaron en su momento los escenarios políticos. Estos acontecimientos se
relacionan con el agotamiento de la estrategia insurgente como forma de acceder al aparato de
Estado, el cambio estratégico en la visión militar que asumió la transición guerra-paz como una
posibilidad para dar continuidad a las políticas de control social a través de los planes de
“pacificación y reconciliación”1 y por supuesto la preocupación manifiesta de varios países
latinoamericanos por la prevalencia de guerras civiles en Centroamérica, principalmente en
Nicaragua, Guatemala y El Salvador2.
Consecuentemente esto incidió en la reforma de los sistemas político, electoral y de partidos,
estructuras cuya necesidad histórica radicaba en asegurar el rumbo y continuidad de la transición a
la democracia, bajo los condicionamientos de los tradicionales factores de poder3. Desde la clase
política, esto puso en evidencia su falta de capacidad y visión histórica para dar respuesta a las
contradicciones y el ensanchamiento de las brechas sociales provocados por el modelo político y
económico que se estaba impulsando desde los factores de poder, con el aval de la comunidad
internacional4, lo cual redundó en el aumento de la conflictividad social en el plano nacional, toda
vez que las demandas en torno a la "apertura política" generadas en la sociedad civil como
consecuencia del autoritarismo, no encontraron en la transición a la democracia una respuesta
efectiva. Similar experiencia se vivió con el modelo neoliberal.
En ese marco, la transición de la guerra a la paz se da como resultado de un ciclo histórico donde
la línea entre lo político y lo militar no estuvo definida con suficiente claridad, en medio de las
contradicciones de la guerra fría, las cuales contribuyeron a justificar la polarización ideológica y el
radicalismo político. Todo ello derivó en la fragmentación política y social del país y la confrontación
1 Schirmer , J (1999): Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala. P 52 2 Gálvez, V (1987): Contadora: El desafío de la paz en Centroamérica. P. 16 3 La teoría política define tres componentes para la constitución del poder. En Guatemala estos se configuraron a partir de la llamada contrarrevolución de 1954, más o menos de la siguiente forma: poder económico, compuesto por las burguesías comercial, financiera y agroexportadora, la cual es hegemónica en el bloque; poder ideológico, conformado por sectores religiosos y partidos políticos: poder político, donde se encuentra el ejército. En ese marco, la comunidad internacional también tiene un importante papel con fines de asegurar la dependencia, donde Estados Unidos es el actor de mayor peso. Debe recordarse que en cada sector se manifiestan luchas internas, que se definen como luchas por la hegemonía. Véase López, C. (1996): El ejército como principal factor del actual Estado Burgués Oligárquico guatemalteco. P. 6 4 Particularmente los Estados Unidos y las llamadas Nuevas Potencias Emergentes de Latinoamérica: México, Venezuela, Brasil y Argentina. Gálvez, 1987 Op. Cit. Algunos de estos países conformaron más tarde lo que se conoció como los amigos del proceso de paz guatemalteco
3
de amplios sectores, en medio de la precaria consolidación de las instituciones político-
administrativas introducidas a partir del proceso de democratización de los años 80.
A su vez, los partidos políticos (que tuvieron mayor espacio de maniobra política) inclinaron sus
objetivos institucionales hacia tendencias mayormente moderadas de centro, aunque el estilo
privilegiado de su actividad política siempre se concentró en encontrar el mayor nivel de consenso
entre el ejército en sus vertientes "institucionales"5 y los grupos empresariales, particularmente
relacionados con los sectores financiero e industrial, dando más adelante como resultado el
desplazamiento de los tradicionales partidos políticos radicales (PID, MLN), desde luego que las
exigencias del mercado requerían organizaciones políticas que manifestaran un cierto nivel de
apertura, tolerancia y flexibilidad política y que al mismo tiempo se proyectaran como instituciones
que defendían la paz, la democracia y la estabilidad política (gobernabilidad), así como disposición
a crear condiciones para dar vida a proyectos de mercado abierto6, dentro de la línea del ajuste
estructural.
Desde los movimientos sociales la transición guerra-paz significó un proceso de recomposiciones
derivadas de factores como la represión política, la fragmentación interna y las dificultades en la
construcción de consensos interinstitucionales, con vistas a desarrollar procesos políticos integrales
y autónomos.
Como uno de los primeros pasos hacia la construcción de la paz en el país, el proceso de reformas
constitucionales de 1999 y su posterior desenlace se constituyó como un acontecimiento político
que permitió extraer ciertas conclusiones en torno a la viabilidad histórica del proceso de paz. Vale
aclarar que tras el enfrentamiento armado el espíritu de época en el país parecer estar dominado
por un escepticismo en torno a la firma de la paz como situación potenciadora de cambios
históricos, en la medida que los acontecimientos políticos se encuentran influenciados por una
racionalidad en extremo conservadora: “¿Hasta dónde se podrá avanzar en la construcción de una
sociedad basada en el respeto mutuo, la convivencia fraternal y la justicia social, cuando no es
posible concretar una revolución mental en dos sectores hegemónicos del país: Los militares y los
empresarios?”, se preguntaba uno de los informantes clave al ser consultado al respecto7. Pero al
mismo tiempo que se manifiestan distintas fuerzas políticas que rechazan la paz como nuevo
5 López, C (1996): Op. Cit. Cfr. Iglesia Guatemalteca en el Exilio (1989): Guatemala: Seguridad y Desarrollo P. 61 6 Esa es la explicación del triunfo electoral de la DC en 1985 en Guatemala y en otros países de la región centroamericana, suceso que a su vez se vio potenciado por las demandas en torno a separar la función militar de la función política. Figueroa, C. (1995): Dictadura militar y transición democrática en Centroamérica. P 55. Es importante tomar en cuenta que las demandas por la apertura política, derechos humanos y democratización del Estado, formuladas por una variedad de actores en la década del 70, poco tuvieron que ver con el desenlace de la transición de la década siguiente. 7 Informante 1-B. Véase Anexo I
4
paradigma, también hay otras que ven en la paz un proyecto político que puede llegar a ser de
largo aliento, favorable para la democracia social y la estabilidad en el sistema político. Sobre estos
aspectos destaca una diversidad de producciones de instituciones sociales que tienen que ver con
la acción para la “resolución de conflictos”, manuales para la construcción de la paz y programas de
ayuda comunitaria en aquellas áreas donde el conflicto armado fue más intenso. Además hay una
serie de tesis científicas y reflexiones dedicadas a explicar las causas del conflicto armado, los retos
de la paz y las fuerzas políticas en el país.
En tal sentido, es propósito de este trabajo hacer una lectura política e histórica del “proyecto de
paz” a partir del proceso que condujo a las reformas constitucionales y su posterior conclusión con
la consulta popular de mayo 1999, cuando la ciudadanía se pronunció en contra de modificar la
Carta Magna, desde la perspectiva de la sociología política. Para ello, se estructura una exposición
de la siguiente manera: En el Capítulo 1 quedan consignados los parámetros teórico-metodológicos.
Esto se hizo con el objetivo de que el lector interesado en conocer los ejes temáticos que se
contruyeron en el diseño de investigación, recurra a la lectura de este capítulo. Por esa razón no
se incluye en el presente informe el plan de tesis.
El Capítulo 2 se refiere al proceso político guatemalteco a partir de la transición democrática de
mitad de los años 80. Se tomó conciencia de que cada vez se hace más que evidente la necesidad
de revisar de manera crítica la historia de la transición a la democracia en los años 80 y por esa
razón en este capítulo se enfatiza en los rasgos de la escena política amplia que han prevalecido o
se han modificado a partir de la "apertura democrática" impulsada en el país durante esos años.
Por razones obvias no se hizo una descripción de sucesos alrededor de la transición a la
democracia, sino que se buscó establecer los rasgos que configuran la escena política actual, que
son resultado de un proceso histórico amplio, hilvanado desde la transición política y democrática
de los años 80. Esto condujo a asumir que la historia se desarrolla con base en la “actualidad”,
idea que en los términos de Braudel “reúne movimientos de origen y de ritmo diferente: el tiempo
de hoy data a la vez de ayer; de anteayer y de antaño”8. Esto eventualmente permitió comprender
el proceso de paz como parte de un proyecto histórico estructural, que en ocasiones se vio frenado,
limitado o potenciado por la variedad de actores que participaron en el mismo. Todo lo cual implicó
valorar los acontecimientos que caracterizan a la coyuntura de la democracia de los años 80, sin
dejar de tomar en cuenta aquellos factores que tienen una duración mayor en el tiempo, tangibles
teóricamente más allá del pasado reciente del país9.
8 Braudel, F. (1974): La historia y las ciencias sociales. P. 76 9 El pasado reciente ubica la transición a la democracia en su dimensión de coyuntura política, sin que ello implique que el análisis ofrecido se vea limitado en el tiempo por esa posición teórica, desde luego que se privilegian aspectos de la cultura política del país que han estado vigentes quizá desde el siglo XIX, siguiendo el sentido de lo que Braudel caracteriza como
5
El Capítulo 3 tiene como objetivo determinar los rasgos que caracterizaron las orientaciones
políticas y prácticas de los actores que participaron en cada etapa del proceso de las reformas
constitucionales. El problema fundamental que se presentó tuvo que ver con la necesidad de
efectuar una reflexión cualitativa, a manera de lectura histórica, más que una descripción de
acontecimientos relacionados con la consulta, toda vez que su resultado permite hacer una nueva
lectura del proceso político guatemalteco y de los actores. Se parte del análisis su estrategia y
táctica, tomando en cuenta el conjunto de mediaciones ideológicas e intereses institucionales, así
como las prácticas políticas privilegiadas.
En el Capítulo 4 se trató de recrear teóricamente las hipótesis que relacionan el cumplimiento de los
acuerdos de paz con la gobernabilidad en el país. En este capítulo se buscó definir teóricamente la
posibilidad de la posguerra y el desmantelamiento del "poder contrainsurgente" como discursos
científicos, que en el momento actual poseen amplia aceptación entre diversos sectores sociales y
académicos.
la “larga duración” y sus “recitativos” a partir de ciclos, interciclos y coyunturas. Se retorna más adelante a este punto. Braudel, Op. Cit. P. 68
6
CAPÍTULO 1
CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS
Desde el diseño de investigación se enfatiza en que el objeto de estudio está referido a dos nudos
problemáticos:
a) Por una parte, el significado político e histórico de la consulta popular de mayo de 1999,
donde la ciudadanía rechazó la propuesta de reforma constitucional elaborada por el Congreso de
la República. Como se verá más adelante este rechazo tuvo que ver con una variedad de factores
que vistos a la luz del proceso de transición a la democracia rebasan las explicaciones
coyunturalistas10.
b) Por otra parte, los actores que a través del planteamiento de distintas prácticas configuran los
estilos de lucha por el poder dentro de los escenarios de postguerra en Guatemala. La recreación
teórica de los problemas planteados nos permitió definir algunos de los rasgos políticos que
caracterizan la posguerra en Guatemala, como un proyecto político cuya viabilidad depende en gran
medida de los agentes de poder y las negociaciones interinstitucionaes.
Lo anterior demandó efectuar un recorte del objeto en tres niveles de análisis: El primero se
refiere a la consideración de las reformas constitucionales como proceso político11, dentro de un
escenario de relaciones de mayor amplitud (la postguerra guatemalteca), animado por diversos
actores nacionales e internacionales. Esto implica que el análisis político se vería limitado si se
recurriera como fuente exclusiva a la propuesta de reformas constitucionales elaborada por el
Congreso de la República, sin tomar en cuenta las fuerzas y actores que animaron el proceso de
1997 a 1999, año de la consulta popular.
10 Se refiere a aspectos que explican el resultado de la consulta popular a partir del bajo impulso del proceso de cumplimiento de los acuerdos de paz; los mensajes negativos que lanzó la clase política a lo largo del proceso de las reformas en cuanto a la falta de certidumbre por reformar la Constitución; las dificultades en la construcción de consensos interinstitucionales al interior de la URNG y sus organizaciones de base; y la precariedad de la cultura política en el país, aspecto que involucra dos componentes: la clase política en el país y la composición del tejido social como estructura creada alrededor del interés por ejercer el control social. Para la comprensión del resultado de la consulta popular es necesario pensar históricamente el problema, todo lo cual conduce a identificar ciertos rasgos que intervinieron en el resultado de la consulta popular cuyo ámbito de manifestación se encuentra en el pasado. 11 Pese a la preocupación por rescatar el significado coyuntural del resultado de la consulta popular, este trabajo no está basado en un enfoque de coyuntura, en la medida que ese tipo de análisis tiene siempre un carácter prospectivo, con vistas a enriquecer la decisión política del presente. El análisis considerado para el caso de las reformas constitucionales de 1999 en Guatemala se ubica en los términos del cambio estructural y del proceso político como secuencia de elementos capaces de activar los distintos niveles de la totalidad, a partir de los actores, aspectos documentados teóricamente en los trabajos de Braudel y Zemelman
7
Por consiguiente, el segundo nivel de análisis se refiere a los actores políticos que participaron en
dicho proceso, poniendo de manifiesto una serie de prácticas con vistas a impulsar o frenar la
aprobación de la propuesta de reformas constitucionales, de acuerdo a sus propios objetivos
institucionales, o para decirlo en términos operativos, a partir de su propio plan estratégico
institucional y sus tácticas políticas privilegiadas.
En el tercer nivel de análisis se trataron de establecer los ejes de una lectura crítica del proceso de
paz y de democratización en el país. En consecuencia, queda claro que un estudio jurídico sobre la
propuesta de reformas constitucionales no sería suficiente para responder a las inquietudes en
torno al significado político e histórico de esa etapa en la vida política nacional. Se enfatizó en
averiguar qué significado tiene, para el análisis politológico prospectivo, el proceso político de las
reformas constitucionales que condujo a la consulta popular.
Otro de los temas que se abordó en este trabajo se refiere a la definición de la práctica política en
la posguerra y el sujeto político en Guatemala. La principal preocupación en ese sentido, dentro de
los términos teóricos, parte de las interrogantes sobre su ubicación histórica y mediaciones
ideológicas. En definitiva, se trató de determinar si la postguerra constituye un nuevo espacio de
relaciones políticas entre los actores vigentes que plantean prácticas políticas y qué características
poseen dichas prácticas, o por el contrario no existen suficientes evidencias teóricas para
caracterizar el "momento actual" como postguerra.
Esto eventualmente condujo a abundar en el debate sobre los estilos de la actividad política en el
país y el planteamiento sobre las opciones de futuro. Para ello, se tiene la certeza de que el tema
de las reformas constitucionales brinda una excelente oportunidad epistemológica, aunque la
caracterización del escenario actual pasa por la identificación de sus rasgos culturales, sociales,
psicológicos y económicos, si se pretende hacer una lectura integral. En una palabra, se requiere
hacer una lectura histórica del significado de postguerra a partir del pensamiento de las ciencias
sociales, en referencia a la paz y a las hipótesis trazadas antes de la firma de los acuerdos, siendo
la de mayor envergadura aquella que relaciona la viabilidad política e histórica de los acuerdos con
la gobernabilidad, como estrategia para dirigir los procesos de paz y democratización en el país12.
En ese sentido, se hace referencia referencia al conjunto de interrogantes abiertas en torno a la
capacidad política del Estado y los actores vigentes de transformar los acuerdos en políticas
sociales y de esa forma contribuir a profundizar el proceso de democratización. El problema
fundamental está referido a lo que se entiende por gobernabilidad, en la medida que este punto
12 Salvadó, L. R. (1997): El proceso de paz en Guatemala: Notas para contribuir a su estudio. Cfr. Zepeda, R. Andreu, R. y J. Ruano (1998): Los desafíos de la construcción de la paz en Guatemala.
8
representa el eje a partir del cual se articula el proceso político del país, y en términos generales se
puede afirmar que las respuestas planteadas desde la diversidad de actores políticos y académicos
(ciencias sociales) en cuanto a la paz y la democracia han estado estrechamente vinculadas a esas
visiones, a todas luces, susceptibles de ser refutadas.
1.1 Instrumentos teóricos
La consideración de las ciencias sociales como manifestación de poder tiene dos ámbitos de
influencia: El de la reproducción y el de la creación. Este trabajo se ocupa de indagar sobre el
significado de la política que se realiza en el momento actual, asumiendo para el caso el problema
de las reformas constitucionales, experiencia relacionada con los procesos de transición a la
democracia y la paz como manifestaciones superficiales pero complejas de la cuestión del modelo
económico que reconstruye todos los ámbitos de relaciones sociales y políticas. Sin embargo, la
objetivación de este análisis no se refiere a los espacios de la micropolítica o la microsociología,
sino que se inscribe en las explicaciones de la totalidad como estructura histórica, en los términos
del cambio estructural de Braudel. Esto en pocas palabras implica que las inferencias sobre el
pasado-presente no tienen sentido de no tener claro a qué se quiere llegar con ellas en términos de
la construcción del futuro posible.
Con esto queda constancia de que el eje a partir del cual se trata de articular los postulados de la
presente exposición, está referido a la categoría de "tiempo", o mejor, los tiempos que tienen
sentido político en función de la actuación y articulación interinstitucional de los actores. De esta
manera, se caracteriza el tiempo como el espacio que únicamente es válido en tanto los actores
tienen presencia en él, por medio de sus estrategias, en el orden de transformar o mantener el
orden estructural. En los términos de Zemelman, esto equivale a imaginar que el tiempo político es
posible y verificable en la medida que active los distintos niveles de la totalidad estructural13
(estrategia y táctica).
De acuerdo al significado específico del tiempo y la ubicación del acontecimiento como categorías
necesarias de la historia14, conviene hacer hincapié en que la reflexión que tratamos de estructurar
se ubica, aunque no exclusivamente, en el 16.05.1999, día en que se lleva a cabo la consulta
popular. Lo que interesa es determinar el proceso político durante el cual se construyó y validó la
propuesta de reformas constitucionales, en función de construir una nueva lectura del proceso de
paz en el país.
13 Zemelman, H (1991): Los horizontes de la razón Tomo I P 27.
9
La sociología política, bajo cuyo amparo epistémico se desarrolla la presente reflexión, brinda un
conjunto más o menos variado de herramientas teóricas y metodológicas para analizar el tema. En
cuanto a los actores, sus mediaciones, tiempo e historicidad, vale la pena rescatar las categorías
como sector-sujeto, evolución política de los sujetos sociales, ámbitos de relaciones, solidaridades y
proyecto histórico, documentadas en los trabajos de Melucci, Braudel y Zemelman, antecedidos de
las reflexiones formuladas desde el marxismo estructural, particularmente en los trabajos de
Antonio Gramsci. Consecuentemente su actuación, independientemente si tiene presencia en las
estructuras políticas o no, posee elementos que al ser considerados se posibilita un nivel mayor de
comprensión de la política y lo político. Estas son las conclusiones que se han elaborado desde la
teoría politológica del conductismo15, que asigna un papel de relieve a los individuos (actores)
frente a las macro estructuras estudiadas por la Ciencia Política tradicional (instituciones políticas
tradicionales y mecanismos jurídico-formales)
Aunque en la actualidad se toma como válido que la discusión sobre los actores sociales y los
escenarios sociopolíticos tiene su origen en la teoría sociológica del estructural funcionalismo, es
imprescindible asumir que los estudios sobre el comportamiento político de los actores y fuerzas
políticas tienen referentes más antiguos. No es cierto que el tema de los actores sea tan reciente.
Ya en los trabajos de Karl Marx aparecen análisis sobre la actuación y movilización de actores16, así
como la consideración de acontecimientos, si no específicamente como coyunturas, sí como
situaciones donde se manifiestan categorías como correlación de fuerzas, sectores políticos y
movimientos sociales. Estas mismas categorías se encuentran revalorizadas en los estudios de
coyuntura política y prácticamente en todo el pensamiento marxista latinoamericano (Matus, 1979;
Zemelman, 1992)
La dinámica desarrollada por los actores sociales se define al menos a partir de dos momentos
políticos: cuando actúan o cuando dejan de hacerlo. En ese sentido, el análisis politológico se
propone indagar en la diversidad de factores que condicionan al actor. Así se plantea la necesidad
de ubicarlo en situaciones específicas, construyendo los escenarios dentro de los cuales
desarrolla su lucha, sus prácticas, sus discursos o sus posiciones con miras a transformar o
defender un orden político prevaleciente. El sentido que se trata de rescatar en este trabajo se
refiere al significado político e histórico de la postguerra en el país, a partir de una lectura de la
consulta popular como acontecimiento.
14 Véase Skvortsov, L. V. (1974; 1981): El tiempo y la necesidad en la historia. 15 Para una referencia sobre el conductismo como teoría política vid. Bobbio, N; Mateucci, N. y G. Pasquino (1997): Diccionario de política. P. 286 16 Ver Marx, Karl y Friedich Engels: El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Biblioteca de autores socialistas. (Obras Completas). Recurso Electrónico http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/index.htm
10
En este trabajo interesa dimensionar las reformas constitucionales como "proceso" y no como
"coyuntura", porque dicho análisis se propone el estudio de un objeto cuya delimitación se hace a
partir del presente-sincrónico, pero asumiendo el compromiso de enriquecer la decisión política. El
análisis de "proceso", da la posibilidad de adentrarse en el examen de acontecimientos
diacrónicos, que rebasan las categorías presente-pasado y se propone teorizar sobre la estructura
histórica17. En ese sentido cobra vigencia la categoría de "situación" que implica el reconocimiento
del espacio físico y temporal dentro del cual el actor pone de manifiesto una dinámica
determinada18.
Otras categorías a considerar en cuanto a los actores socio-políticos que intervinieron en el proceso
de las reformas constitucionales son las de estrategia y táctica. Aunque su origen se encuentra en
el lenguaje militar, particularmente en las consideraciones del general prusiano Clausewitz19, la
politología y la sociología, especialmente la teoría de juegos, el análisis de coyuntura y más tarde
las escuelas francesa y norteamericana de la Ciencia Política, han incorporado a sus enfoques la
visión de estos dos componentes como parte fundamental en el análisis de los actores
sociopolíticos y los escenarios de lucha por el poder. La estrategia tiene que ver con un cuerpo
más o menos articulado de objetivos institucionales que pertenecen al actor y que pone en juego
en una situación determinada a través de sus tácticas, asumidas como el instrumental propio de la
actividad política20, es decir, el conjunto de fuerzas políticas que se ponen de manifiesto para
orientar la dirección de una situación histórica determinada en el presente.
Al analizar los términos dentro de los cuales se manifiestan las estrategias y tácticas, Duverger los
escenarios políticos y “escenarios de simulación”, refiriéndose a dos condiciones distintas, dentro de
una misma estructura histórica. La revisión y el estudio de los actores y acontecimientos que se
manifestaron con ocasión de las reformas constitucionales de 1999, ha permitido identificar estos
dos tipos de escenarios: el escenario sociopolítico oficial, donde los actores comprometidos con el
proceso de las reformas cumplieron los requisitos formales de trámite, y el escenario político real,
cuya interpretación sólo es posible a partir del estudio histórico de los actores, sus posiciones y
discursos.
17 Ver cita 9 18 Matus, C (1979): Planificación de situaciones. P. 55, 56 19 Thesing, J (1970): La política. P. 142 20 Duverger, M (1964): Introducción a la política. P. 176. Cfr Thesing, J. (1970) Op. Cit. P. 143. Una metodología para el análisis de los actores con base en la racionalidad de las decisiones se puede encontrar en Elster, J. (1996): Tuercas y tornillos.
11
En ambos casos el gobierno, el partido oficial, el Congreso de la República, la cooperación
internacional (especialmente MINUGUA), la URNG y diversas organizaciones religiosas y sociales se
constituyen como protagonistas de la trama política desarrollada en torno al proceso de reformar la
Constitución. Algunos de estos actores tuvieron mayor incidencia que otros, pero en definitiva el
estudio de sus orientaciones permite determinar su nivel de compromiso con los Acuerdos, así
como los alcances efectivos de su práctica política.
Una revisión a las producciones teóricas relacionadas con la sociología y la ciencia política permitió
identificar los usos metodológicos privilegiados para entender los procesos de paz y
democratización en el país. En la mayoría de los casos, el factor técnico privilegiado fue la
entrevista y la revisión hemerográfica. Para la presente investigación, también se han privilegiado
estos factores, aportando el análisis del contenido y las implicaciones políticas de las sentencias de
la Corte de Constitucionalidad relativas a los Acuerdos de Paz y la inconstitucionalidad presentada
por el Centro para la Defensa de la Constitución CEDECON (29.12.1998), que por sus importantes
consecuencias políticas, intervino en la direccionalidad que más adelante tomó el proceso de
reforma.
1.2 Fuentes y técnicas de investigación
Con el objetivo de detectar los discursos y posiciones privilegiadas desde cada actor fundamental,
dos tipos de fuentes sirvieron de auxilio para hacer las inferencias pertinentes: En una primera
fase se elaboró un recorrido hemerográfico general desde enero de 1997 hasta octubre de 1998,
donde se privilegiaron los comunicados de prensa emitidos por una diversidad de actores políticos y
sociales, las columnas de opinión y las páginas editoriales.
En una segunda fase se seleccionaron y desarrollaron entrevistas a informantes clave,
representativos de los sectores considerados, tomando en cuenta factores como calidad en el
discurso, nivel de incidencia en los medios de comunicación escrita escogidos, posición en la escena
política amplia, así como homogeneidad y conciencia política. Se asumió la necesidad de tomar en
cuenta estos criterios para alejarse de la arbitrariedad en la selección de informantes y enfocar el
estudio de los actores políticos vigentes.
En términos específicos, la correspondencia entre objetivos y fuentes/técnicas se desarrolló de la
siguiente manera:
12
Cuadro 1
OBJETIVOS MÉTODO RECURSO/FUENTE 1 Determinar y caracterizar a los actores
socio políticos relevantes en el proceso de reformas constitucionales de 1999
Análisis hemerográfico y documental
Prensa Escrita; comunicados de prensa; estudios relacionados
2 Caracterizar el escenario y situaciones específicas relacionadas con el proceso de reformas constitucionales de 1999, así como la escena política amplia
Análisis documental Entrevista
Producciones científicas relacionadas Informantes clave
3 Caracterizar la dinámica de los actores político sociales relevantes en el proceso de reformas constitucionales y establecer sus estilos de lucha política a partir del análisis de su estrategia y táctica
Análisis hemerográfico y de contenido
Prensa Escrita Producciones científicas relacionadas
4 Establecer las posiciones y discursos de los actores relevantes
Análisis de contenido
Prensa escrita Informantes clave
Los actores considerados para la fase de entrevistas se dividieron en tres sectores:
1. Partes involucradas en las negociaciones de paz (URNG/Gobierno/Ejército)
2. Sociedad Civil (Movimientos sociales e instituciones académicas)
3. Cooperación internacional
La etapa de entrevistas comenzó el 1 de diciembre de 1999 y finalizó en abril 2001, logrando
entrevistar a 16 informantes pertenecientes a distintos sectores nacionales e internacionales. Al
final de la etapa de entrevistas se contó con las opiniones de sectores de la sociedad civil,
cooperación internacional, partes involucradas en el proceso de negociación de los AP y sector
académico. Los informantes fueron seleccionados tomando en cuenta su nivel de liderazgo y
representatividad política y social.
Los temas privilegiados en esta etapa de entrevistas se dividieron de acuerdo a los contenidos de
fondo de los Acuerdos de Paz, mismos que se pusieron bajo la consideración de la ciudadanía en la
propuesta de reformas constitucionales, la de manera que se construyó y validó un cuestionario
de tipo semiestructurado a partir de los siguientes ejes:
a) Consideraciones sobre los procesos de paz y democratización
b) Situación de los Derechos Humanos
c) Aspectos socioeconómicos y situación agraria
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d) Desmilitarización y participación ciudadana
e) Identidad y derechos de los pueblos indígenas
f) Poblaciones desarraigadas
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CAPÍTULO 2
PROCESO POLÍTICO Y NEGOCIACIONES DE PAZ EN GUATEMALA
Hay coincidencia entre algunos analistas en señalar que la firma de la paz en Guatemala supone
una suerte de coyuntura. Esto es parcialmente cierto desde el punto de vista político, porque la
firma de la paz es el resultado de un proceso de negociación que se extendió durante más de 10
años, donde participaron diversos actores nacionales e internacionales.
Desde el punto de vista de las capacidades de organización política de la sociedad civil, como
plataforma para la constitución de la democracia participativa, años antes de la firma de la paz se
comienza a experimentar un crecimiento de instituciones y actores sociales que adoptaron los
postulados de los acuerdos de paz a sus propios objetivos y demandas. Este proceso de
organización y recomposición de los movimientos sociales experimentado a lo largo de la década
del 90 acompañó la negociación de paz entre el gobierno/ejército y la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca y de cierta manera influyó en su orientación y desenlace posterior.
En cuanto a la viabilidad política de los Acuerdos de Paz, la variedad de producciones teóricas
relacionadas concluye en que de los niveles de gobernabilidad vigentes en el país, depende en gran
medida su cumplimiento sustantivo. En ese sentido, Salvadó nos habla de tres sectores
sociopolíticos, cuya articulación práctica ha de ser determinante para el futuro político de los
acuerdos21: gobierno, sociedad civil y órganos de representación.
Nos parece que la validez de esa propuesta es relativa, desde luego que no toma en cuenta el
escaso desarrollo político del país al asignar la responsabilidad de cumplir de manera sustantiva los
Acuerdos a instancias como el Estado y los actores sociales, en un país donde el consenso
interinstitucional es, hasta años recientes, bastante precario cuando no inexistente.
Dicho en otros términos, el problema del cumplimiento de los acuerdos y la gobernabilidad política
en el país supone el contraste entre el desarrollo democrático y el desarrollo político, asumiendo
que desde luego lo segundo no implica necesariamente lo primero. De hecho, algunas
producciones científicas concluyen que Guatemala no ha completado el ciclo de la transición a la
democracia en la medida que las prácticas en los distintos niveles de la cultura política revelan la
21 Salvadó, L. R. (1997): El proceso de Paz en Guatemala: Notas para contribuir a su estudio. P. 51-52
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persistencia del autoritarismo y la violencia22, en parte por la percepción ciudadana de la
incapacidad político-administrativa del Estado.
Por nuestra parte nos parece más acertado caracterizar la firma de la paz como el inicio de un ciclo
histórico que conlleva la posibilidad de abrir el debate sobre el tipo de Estado que se desea
construir, partiendo de las propuestas de los actores políticos vigentes y de los mismos Acuerdos de
Paz. Esto eventualmente nos lleva a la reflexión sobre la política, o mejor, sobre la actividad
política que se formula desde los distintos actores, con el fin de averiguar el aprovechamiento e
interés por asumir la firma de la paz y de los Acuerdos como ejes potenciadores de procesos
políticos y sociales de nación. Pero en todo caso, la direccionalidad de los Acuerdos reside tanto en
los actores como en las instancias decisoras de turno.
El problema que se plantea desde las producciones en ciencias sociales en torno a la paz y la
posguerra está referido al desafío que implica la implementación de los acuerdos en una sociedad
donde la cultura política se encuentra permeada por un pasado autoritario y violento, como efectos
históricos del estilo preferente de gobierno que ha prevalecido en el país. Por ello mismo, quizá la
coyuntura de mayor importancia fue la consulta popular de mayo de 1999. Sin embargo, lo que se
hace evidente cada vez con mayor fuerza es la falta de incorporación efectiva de los objetivos de la
paz a los programas institucionales de los actores políticos y sociales23.
Sin entrar a mayores detalles sobre ese tema, diremos que hay al menos tres posiciones que
valoran histórica y políticamente la posguerra guatemalteca como nuevo escenario de relaciones:
La primera argumenta que el período de posguerra comenzó entre 1983 y 1985, con ocasión del
golpe de Estado de 1983, el relativo éxito de las campañas militares que suponía una eventual
derrota militar de la URNG y el proceso que posibilitó la transición a la democracia (Asamblea
Nacional Constituyente en 1984 y elecciones generales en 1985, así como la entrada en vigencia de
un nuevo orden constitucional) (Solórzano Martínez, 1987; Torres-Rivas, 1998)
La segunda afirmación sostiene que la posguerra quedó inaugurada en 1987, luego de los
consensos alcanzados en el marco de los Acuerdos de Esquipulas, los primeros acercamientos entre
funcionarios del gobierno de Cerezo con la URNG y la inviabilidad del proyecto revolucionario
guatemalteco tras la caída del bloque soviético en 1989. (Rosada, 2000)
22 Gálvez V (1995): La gobernabilidad en Centroamérica. Sectores populares y gobernabilidad precaria en Guatemala. ASIES (1995): La cultura política de los guatemaltecos. Tercer Estudio. 23 Informante 1-B. Anexo I
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Una tercera tendencia se inclina por promover la idea de que la posguerra comienza con la firma de
la paz en 1996. (Álvarez, 1997; Jonas, 2000; y prácticamente todas las producciones del
pensamiento social y político de la izquierda oficial)
Quizá una cuarta posición que no se manifiesta claramente se encuentre sustentada en que la
posguerra no puede comenzar sin antes cumplir con los Acuerdos de Paz de carácter sustantivo,
asumiendo como garantías de la irreversibilidad del proceso de paz, la consolidación democrática a
partir de una sólida institucionalidad, la prevalencia del Estado de Derecho y la disminución de la
influencia de los poderes fácticos (López, 1996), de acuerdo con el espíritu de los mismos
Acuerdos.
En este capítulo nos trazamos como meta revisar el proceso político de Guatemala a partir de los
años que siguieron a la transición a la democracia y determinar de qué manera el proceso de paz
contribuyó a profundizar los avances democráticos. Al mismo tiempo se realiza una interpretación,
no exhaustiva, de los procesos de paz y democratización y su relación con el modelo económico
que se impulsa en el país, dentro de lo que se ha dado en llamar la "triple transición"24, con el
objetivo de descubrir sus alcances y significado político. Por último, en este capítulo se ofrece un
análisis de las posiciones de los distintos actores sobre la legitimidad de los acuerdos de paz. Se
trata de determinar las posiciones y argumentos de los actores que sostuvieron discursos en cuanto
al estatus jurídico y político de los Acuerdos y las mismas negociaciones de paz, con el objetivo de
caracterizar la direccionalidad de las fuerzas políticas en el país.
2.1 Limites históricos de la transición a la democracia
La tradición teórica que se sigue en el país en atención a los estudios sobre la transición a la
democracia se dirige a privilegiar ese momento histórico como el inicio de la reforma política en el
país. No hay mayor dicusión en cuanto a ello. Sin embargo, en términos de su temporalidad y
vigencia, existen tres posiciones25:
• La que considera que la transición a la democracia comienza en 1983 con el golpe de
Estado, donde se valora la creación de instrumentos jurídicos en el orden de transformar
políticamente el aparato de Estado.
24 IDEA International (1998): Democracia en Guatemala. La misión de un pueblo entero. P. 3 25 Solórzano, M (1998): Reflexiones sobre la transición democrática, en Guatemala: Democracia, Seguridad y Desarrollo P. 10
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• La que considera que la transición a la democracia inicia en 1986, tras la sanción de un
nuevo orden constitucional y otros instrumentos jurídicos, la celebración de elecciones
libres y la elección de autoridades civiles en la dirección estatal
• La que considera que la transición concluye con la firma de la paz en 1996 y que en
consecuencia Guatemala está inserta en la denominada "triple transición"26 que tiene
como referentes el cambio del sistema político, la paz y las acciones de los actores locales
con vistas a privilegiar el libre mercado como estrategia para la inserción definitiva del país
en la economía mundial.
Independientemente de la posición que adoptemos en este trabajo, vale la pena hacer un recorrido
teórico del término, desde luego que nos vamos a referir a la llamada "triple transición", eje
explicativo que pretende articular teóricamente el conjunto de transformaciones en lo político y
económico que se desarrollaron en el país durante los últimos 20 años. Veamos:
La transición, dentro de la explicación politológica, se refiere al momento histórico que media
entre un régimen político y otro27. Su característica fundamental consiste en la desarticulación y
recomposición de los elementos tradicionales de poder, para dar paso a un sistema de intercambios
y consensos entre nuevos actores políticos, con cierto nivel de liderazgo al interior de la sociedad
civil y capacidad política de articulación con los agentes sociales, con vistas a lograr un nuevo
balance en las relaciones de poder.
En ese momento político, se hace necesario el concurso de todas las fuerzas políticas del país,
capaces de sustentar transformaciones en términos de un nuevo proyecto político nacional.
Asímismo, las estructuras jurídico-políticas (Constitución, leyes y cuadros medios y altos
administrativos y decisores en el aparato de Estado) deben ser el resultado de un proceso político
que les otorgue la legitimidad suficiente para que sus decisiones sean obedecidas y respetadas por
los actores políticos y sociales y la ciudadanía en su conjunto, con el fin de asegurar la
irreversibilidad y el carácter vinculante de los consensos logrados por las mismas fuerzas.
Normalmente este proceso inicia con la redacción de un nuevo orden constitucional.
En términos de los factores de poder, se entiende que la transición implica la negación de, al
menos, su práctica política tradicional y eventualmente su recomposición como actores dentro de
un nuevo escenario, que aunque no redistribuye las cuotas de poder, puede generar nuevas
26 IDEA International (1998): Ibid
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opciones políticas y restringir la influencia de aquellos actores que no tengan la capacidad de
desenvolverse dentro del nuevo escenario, claro está de acuerdo a la funcionalidad del modelo que
se está impulsando.
Otro elemento intrínseco en el análisis del término está referido a la vigencia de una transición
política. Puesto que se trata del momento que separa históricamente la continuidad de un modelo
político de otro, la transición implica una suerte de temporalidad, entendida como el tiempo
necesario y suficiente para que se diseñen los mecanismos que le den sostenibilidad al nuevo
proyecto político que se desea impulsar.
Algunos teóricos sencillamente señalan que la transición es el momento que ocupa una sociedad
para aprender las reglas del juego democrático, lo cual sugiere que ese período no puede
extenderse más de lo necesario, porque de lo contrario se corre el riesgo de retornar a la utilización
de prácticas características del período anterior, que, se asume, están tratando de ser negadas.
También es pertinente establecer la diferencia entre una transición y la constitución del bloque
histórico: Una transición responde a la necesidad de introducir ajustes e innovaciones a un
régimen político, con el fin de lograr la transformación de las visiones del gobierno (ejercicio del
poder público); lo cual posibilita a los agentes tradicionales del poder (esto es, aquellos sectores
desde los cuales se realizaba la articulación política en el período anterior) a adaptarse al nuevo
modelo político que se desea impulsar o bien resistirse al cambio y verse paulatinamente
marginados de la escena política.
En cambio, la constitución de un nuevo bloque histórico implica la (re) distribución de las cuotas de
poder y la articulación de las instancias de poder alrededor de nuevos intereses nacionales y
político-doctrinarios. Esto en pocas palabras implica que en tanto la transición puede resultar de
una visión reformista de la historia, el bloque histórico puede ser producto de una revolución, en los
términos generales de la palabra (re-evolución).
En ese sentido, la transición a la democracia en Guatemala se concibió como la suplantación del
régimen autoritario en el estilo de gobierno, por uno de corte democrático, capaz de asegurar el
uso de los mecanismos jurídico-políticos reconocidos constitucionalmente para resolver las
controversias entre los agentes de poder.
27 O´donell y Shmitter (1988): Transiciones desde un gobierno autoritario: Conclusiones tentativas sobre democracias inciertas. Tomo IV; Huntington, S. (1968): El orden político en las sociedades en cambio
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En Guatemala, tras un largo período de autoritarismo como estilo privilegiado de gobierno y en
general de la actividad política, en la década de los 80 da inicio un ciclo de transformaciones
conducentes a dar respuesta a la difícil situación política y social del país, la cual se desarrollaba en
el marco de la confrontación este-oeste.
En lo político, la prevalencia del autoritarismo como estilo de gobierno condujo a la sustentación de
un sistema político cerrado y excluyente, donde la violencia política era el principal recurso de
legitimación (y no el último). Las organizaciones partidarias solo eran posibles de acuerdo a los
parámetros impuestos por el mismo sistema. Y el sistema jurídico tampoco favorecía la
organización política y social
En el plano socioeconómico se privilegiaba el modelo de agroexportación, fundamentalmente de
café, como principal fuente de divisas para Guatemala, pese al impulso de los programas de
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) hacia los años 60, período durante el cual
se fomentó la exportación de productos no tradicionales y se fortaleció el mercado interno, aunque
no con los efectos esperados en el mediano plazo. El comportamiento de los indicadores
macroeconómicos tampoco favoreció la sustentación del modelo de ISI.
Para inicio de los años 80 la así llamada "segunda gran crisis" se caracterizó por el ensanchamiento
de la brecha entre ricos y pobres, el agotamiento del autoritarismo como forma de gobierno, el
crecimiento de los déficits sociales y en general el descontento generalizado por la deficiente
administración pública. En su conjunto, el problema que se presentó para la gobernabilidad política
en el país puso al autoritarismo como estilo de gobierno agotado que no daba respuesta a la
coyuntura internacional del libre mercado.
Los puntos centrales de la transición se pueden resumir en:
• El cambio del sistema político en términos de sus estructuras jurídico-formales. Como se sabe,
esta transformación del sistema político se efectuó mediante la creación de una serie de
estructuras político-administrativas capaces de asegurar que la transición a la democracia se
convirtiera en un proyecto sostenido. Dentro de esa dinámica se consideró como factor
estratégico la creación del Tribunal Supremo Electoral TSE y otros instrumentos jurídico-
políticos como las leyes electorales, de ciudadanía y de organizaciones políticas28
28 Es importante reconocer que durante el período 1982-1983 se crearon tres instrumentos jurídicos con vistas a dar viabilidad política al proyecto de transición a la democracia, los cuales regirían el proceso electoral mediante el que se retornaría a un régimen constitucional. Véase Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales IIPS (1984): Cronología de los principales sucesos políticos a partir del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 a la elección de la Constituyente. P 89
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• El agotamiento de la visión revolucionaria como estrategia para acceder al aparato de Estado y
la derrota militar y doctrinaria de la URNG29
• La recomposición de los actores políticos y sociales, que tuvo dos efectos colaterales al
proyecto de transición:
• La constitución de nuevos actores político sociales que veían en la coyuntura una
posibilidad de revertir los efectos políticos causados por la guerra civil, definidos en
términos de una re-adecuación doctrinaria de los postulados por la paz, democracia y
derechos humanos a sus propios objetivos institucionales (movimiento popular y sindical,
de derechos humanos y paz principalmente)
• La marginación parcial o total de otros actores de la escena política que no tuvieron la
capacidad de comprender el rumbo y significado de la coyuntura histórica que presentaba
la transición (desde algunos grupos empresariales, especialmente los sectores agro
exportadores, hasta algunas modalidades del movimiento estudiantil, pasando por algunos
partidos políticos de tendencia ultraderechista), o en su caso no fueron agentes
potenciadores de dinámicas alternativas
2.2 El proceso de paz en Guatemala y el fin del conflicto armado
El siguiente paso hacia la constitución de las condiciones mínimas para dar viabilidad al nuevo
modelo económico fue la paz. Aunque la transición a la democracia había facilitado nuevos
espacios de acción política y participación de amplios sectores sociales, el ejército mantenía la
dirección del modelo contrainsurgente, con el objetivo de derrotar militarmente a la URNG y seguir
ejerciendo control sobre el país. En ese contexto se crea la Tesis de la Estabilidad Nacional que
buscaba extender la influencia militar a los ámbitos político, económico, jurídico, social, cultural y
psicológico30, contexto que contemplaba la posibilidad de buscar la paz por medios políticos. El
proceso de paz donde participaron URNG, representantes de Gobierno, el ejército, sectores
religiosos y en especial la Iglesia Católica, la comunidad internacional, una parte del empresariado y
organizaciones sociales, fue una salida al conflicto armado por la vía de la negociación, dado el
desgaste militar y político de ambas partes beligerantes.
Como producto de esa dinámica, los escenarios de la paz condujeron a los factores de poder hacia
nuevas formas de actuación: para la sociedad civil esto significó la organización social y el
29 Un análisis detallado del asunto se encuentra en Rosada, H. (2000): El lado oculto de las negociaciones de paz 30 López Chávez, C (1996) Op. Cit. P. 11
21
reaparecimiento de algunos actores sociales. Los movimientos indígena, campesino, sindical,
estudiantil y de derechos humanos, algunos muy estrechamente vinculados a la URNG, intensifican
su actividad y de esa forma crecen las demandas a favor de iniciar el diálogo de paz. En el caso de
la insurgencia, ya agotada por la guerra y frente a un impulso mundial favorable a la democracia, la
dinámica política iniciada en 1985 podía desembocar en la resolución del conflicto armado interno,
sin que su imagen política resultara deteriorada como sí había ocurrido en el caso del ejército,
especialmente al nivel internacional. A diferencia del ejército, la URNG pronto dio muestras de
interesarse por abrir el diálogo de paz; de hecho, en 1986 la URNG invita al recientemente
instalado gobierno de Vinicio Cerezo, a iniciar el diálogo de paz31, desde luego que comenzó a ver
en el fin de la guerra una posibilidad de mantenerse como actor fundamental en el escenario
político. Del lado del empresariado, las negociaciones de paz implicaban poner en discusión
aspectos que estructuralmente habían favorecido sus prerrogativas, en especial a los sectores que
se sintieron amenazados con el proyecto de reforma agraria de 1953 (burguesía agroexportadora).
La generalidad de partidos políticos se mostraba proclive a la negociación URNG - Gobierno, salvo
los partidos de ultra-derecha.
Tras las experiencias de Contadora y Esquipulas, el gobierno de Cerezo Arévalo se reúne con
representantes de URNG en El Escorial, España, con la intención de negociar los términos de la paz.
Producto de esa experiencia queda instalada más tarde la Comisión Nacional de Reconciliación CNR
que representaría los intereses estatales. Pero la posibilidad de la paz no tuvo buena acogida entre
los sectores que se habían beneficiado con la guerra. Por ejemplo, el ejército se opuso
sistemáticamente a la negociación, pues en reiteradas ocasiones había manifestado un eventual
triunfo en el plano militar sobre la insurgencia; triunfo que nunca se concretó. Al mismo tiempo,
concebía la negociación con la insurgencia en términos de la rendición de la URNG32, misma que
buscaría concretar por distintos medios. Por ello más tarde el ejército aceptó iniciar las
conversaciones de paz, en tanto la guerrilla entregara las armas.
En ese marco, el Congreso de la República emite el Decreto de Amnistía 71-87, en consonancia con
los Acuerdos de Esquipulas I y II. Con esta acción se pretendía que los insurgentes se fueran
incorporando a la vida pública en los años subsiguientes. Sin embargo, es bien sabido que el
decreto 71-87 tenía el objetivo de frenar el impulso de una eventual negociación de paz; incluso el
gral. Héctor Alejandro Gramajo, reconocido ideólogo castrense y quien para ese entonces fungiera
como Ministro de Defensa, llegó a asegurar que "sólo se conversará con guerrilleros desarmados y
31 Alvarez, E. (1998): El proceso de negociación para la construcción de la paz en Guatemala. S/P 32 Ibid.
22
que se hayan acogido a la amnistía del ejército"33, descuidando el hecho que el decreto 71-87
había sido promulgado por la Asamblea Legislativa; sin duda alguna, una actitud que evidenciaba el
control militar sobre el proyecto democrático que se buscaba implantar.
Una de las recomendaciones del Acuerdo de Esquipulas II para los procesos de paz en
Centroamérica fue que las partes buscaran una figura que mediara en las negociaciones, sugiriendo
que ésta podía recaer en la Iglesia Católica. Fue así como en 1987 queda instalada la Comisión
Nacional de Reconciliación CNR con monseñor Rodolfo Quezada Toruño, de la Conferencia
Episcopal de Guatemala CEG, en el papel de "conciliador".
El llamado "proceso de Oslo" (1990-1991) señaló los rumbos que más adelante condujeron a las
partes a lograr los consensos de mayor envergadura, no sólo por los temas debatidos, sino también
porque en su discusión estuvieron presentes partidos políticos, movimientos sociales y sectores
empresariales, que le dieron cierta consistencia y legitimidad al joven proceso de paz guatemalteco.
Los primeros acercamientos entre la URNG y la CNR se produjeron en marzo de 1990. De ahí en
adelante se entró a un amplio proceso de discusión entre la URNG y las siguientes instancias
político - sociales que citamos en orden cronológico: los partidos políticos (San Lorenzo de El
Escorial, España); el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
CACIF (Ottawa, Canadá); la Comunidad Ecuménica de religiosos (Quito, Ecuador); organizaciones
sociales (Metepec, México); con académicos, miembros de los Colegios Profesionales, empresarios
(no CACIF), cooperativistas y asociaciones de vecinos (Atlixco México).
33 Inforpress Centroamericana 1986-94. Pág. 23
Estas reuniones tuvieron como marco el proceso electoral que culminara con el triunfo de Jorge
Serrano Elías del Movimiento de Acción solidaria MAS, el proceso de paz de El Salvador, la derrota
electoral del sandinismo en Nicaragua y la caída del bloque socialista; por ello algunos analistas
señalaron a la URNG de buscar la vía de la negociación ante una derrota política, militar y
doctrinaria34. Independientemente de ello, el proceso de Oslo dio como producto un acuerdo sobre
el contenido de las negociaciones (Acuerdo de procedimiento para la búsqueda de la paz por
medios políticos, abril de 1991) que señaló como ejes del debate los siguientes temas:
• Democratización y derechos humanos
• Fortalecimiento del poder civil y desmilitarización
• Identidad y derechos de los pueblos indígenas
• Reformas constitucionales y régimen electoral
• Aspectos socioeconómicos
• Situación agraria
• Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas
• Bases para la incorporación de la URNG a la legalidad
• Cese al fuego
• Cronograma para el cumplimiento de los AP
• Acuerdo de paz firme y duradera
Pero frente al impulso positivo y dinámico que los sectores sociales le habían ido imprimiendo al
proceso de paz y las movilizaciones desarrolladas a su favor, en 1993 las conversaciones de paz
quedan suspendidas por el presidente Jorge Serrano. Es presumible que esta decisión estuviera
influenciada por el ejército y algunos partidos de derecha, ya que debe recordarse que Serrano
Elías, al asumir la presidencia en 1991, se encontraba políticamente escaso de respaldo en el
legislativo y con un partido con bajo nivel de base social, por lo que se había venido apoyado en
fracciones del ejército nacional vinculadas con los sectores "duros" o de línea institucional opuesto
a encontrar una salida negociada al conflicto armado, así como los partidos Democracia Cristiana
Guatemalteca DCG y el desaparecido Unión del Centro Nacional UCN, a través de la idea del
"gobierno de la unidad", cuyo proyecto político fuera conocido como la "trinca infernal". Sin
embargo este proyecto en su momento no fue capaz de articular a su favor al empresariado
nacional. Otro aspecto que sin duda incidió en la direccionalidad del proceso de paz fue la
designación del Dr. Héctor Rosada como parte de una estrategia política por desvincular de la
negociación de paz a factores presumiblemente vinculados con la URNG, como monseñor Rodolfo
34 Rosada, H. Op. Cit
24
Quezada Toruño. Ante ello, monseñor Quezada Toruño presenta su propuesta "Procedimiento
preliminar para reanudar las negociaciones de paz", en un intento por rescatar el proceso de paz.
La suspensión de las conversaciones de paz se sumó al conjunto de yerros políticos que
caracterizaron el gobierno de Serrano Elías, que inclusive unos meses más tarde lo condujeran a
intentar un "autogolpe" de Estado, al desconocer los poderes legislativo y judicial, suspender la
vigencia de algunos artículos constitucionales, la Ley de Amparo, Ley de Emisión del Pensamiento y
Ley de Partidos Políticos, muy al estilo del reciente "fujimorazo" en Perú. Esta crisis, derivada del
distanciamiento entre el ejecutivo y un legislativo dominado por Democracia Cristiana y Unión del
Centro Nacional, puso en riesgo la continuidad del proceso de paz y señaló que el ejército aún
mantenía fuerte influencia sobre los procesos de toma de decisiones, pues según estimaciones de
la URNG "el movimiento golpista de Jorge Serrano fue ejecutado como parte de la fase 4 del "Plan
estratégico de operaciones Victoria ´93", del Alto Mando del ejército, para darle una salida
represiva y militar a la crisis del país"35. Contribuyó de manera decisiva al agravamiento de la crisis
la tensión entre el ejecutivo, la prensa nacional y otros sectores civiles.
Ante la crisis desatada por Serrano Elías y el vacío de poder que implicó su expulsión del ejecutivo,
el movimiento social logra consolidar un frente común a través de la Asamblea de la Sociedad Civil
ASC, que oportunamente presentó una propuesta al Congreso de la República, que recayó en la
figura del entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, quien asumiría la
dirección del ejecutivo meses más tarde, con un apoyo social considerable.
En tanto de León va perdiendo legitimidad, la ASC se convierte en fuerza política importante a tal
punto que le fue concedido un espacio dentro del proceso de negociación, reanudado en 1994, año
en el que las Naciones Unidas entran a mediar en el proceso de paz, dejando atrás su antiguo
papel de observador. De manera que la dinámica de "conciliación" que caracterizó el rol de la
Comisión Nacional de Reconciliación quedó sustituida por la de "mediación" de la ONU, a través del
sistema pendular, que consistió en la elaboración de borradores sobre los temas a discutir, previo a
su aprobación por las partes. Esto marcó un giro importante para el empantanado proceso de paz,
el cual, a raíz de la crisis del 93 y la oposición inicial de la URNG a la designación de Rosada, no
encontró un rumbo preciso hasta ese momento. Para 1994 era evidente que los sectores
relacionados con la llamada "línea institucional" del ejército estaban perdiendo terreno político,
frente a los aciertos de la corriente estratégica y su efectivo trabajo político de cooptación. En ese
sentido vale resaltar que la dinámica política desatada a partir de la crisis de gobernabilidad de
1993 expuso la fragilidad del proceso democrático iniciado formalmente en 1984 con la elección a
25
Asamblea Nacional Constituyente, la redacción y sanción de un nuevo el texto constitucional en
1985 y la celebración de elecciones generales meses después, al tiempo que fortaleció la idea del
predominio militar sobre las decisiones de Estado. A este respecto, llama la atención que una de
las primeras acciones de Ramiro de León fue asegurar el éxito de un proceso de "depuración" del
legislativo a través de una consulta popular, cuyo objetivo real fue introducir modificaciones a la
Constitución para beneficiar a la burguesía financiera, particularmente el empresariado de la banca
privada. Tras una abstención del 89% se logra el éxito de la consulta y se ordena la elección de
una nueva cámara parlamentaria, que diera como resultado la instalación de una nueva mayoría,
esta vez en manos del Frente Republicano Guatemalteco FRG, el partido del ex golpista Efraín Ríos
Montt, fundado en 1988.
A partir de 1994, el proceso de paz toma un rumbo de mayor celeridad, ya que se logró la firma de
los acuerdos sobre Derechos Humanos36, Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas y
Esclarecimiento Histórico. De igual forma da inicio el debate sobre los acuerdos de Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas (1995) y Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (1996).
Este último acuerdo generó reacciones en sectores empresariales del país, pues estaba en juego el
tema de la propiedad privada; incluso condujo al Comité Nacional del Agro CONAGRO a presentar
impugnaciones jurídicas ante la Corte de Constitucionalidad sobre la legitimidad de los consensos
logrados en el marco de ese acuerdo. Por ello se estimó conveniente esperar el resultado electoral
de 1995 para que las nuevas autoridades pudieran tomar las decisiones pertinentes, sobre todo
asumiendo que el candidato con mayores posibilidades de triunfar en la contienda electoral era
Álvaro Arzú del Partido de Avanzada Nacional PAN, visiblemente proclive a los intereses del
empresariado, quien finalmente llegara a la presidencia en 1996.
Durante el gobierno de Álvaro Arzú se firman los acuerdos políticos restantes, entre ellos aquel que
contenía el tema agrario. A lo largo de la campaña electoral, Arzú había manifestado que la meta
prioritaria del gobierno sería la firma de la paz, que efectivamente se logró a finales de 1996; "pero
luego se conoció que Arzú, siendo candidato a la presidencia, había entrado en conversaciones con
la URNG mediante delegados que más adelante formaron parte de su gabinete de gobierno"37, por
lo que, sin mayores dificultades, pudieron reanudarse de inmediato las pláticas de paz, recién
instalado el gobierno panista en enero de 1996. Meses más tarde la URNG anunció, mediante un
comunicado de prensa, que suspendería temporalmente las acciones guerrilleras, a lo cual el
gobierno de Arzú "ordenó" al ejército cesar las operaciones militares.
35 Torres-Rivas, E. y Aguilera, G. Op. Cit. P. 198. 36 El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos que finalmente entró en vigencia en 1994 fue elaborado con base en el borrador presentado por Monseñor Quezada Toruño antes de la desintegración de la CNR. 37 Historia Popular de Guatemala; tomo IV, fascículo 13; Guerra interna y proceso de paz. P. 828-829
26
El pacto tácito entre la URNG y el gobierno del PAN permitió que a lo largo de 1996 se firmaran dos
acuerdos sustantivos: Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (6.05) y Fortalecimiento del
Poder Civil (19.09). De ahí en adelante se fijan las fechas para firmar los acuerdos sobre el
definitivo cese al fuego, reformas constitucionales y régimen electoral, incorporación de URNG a la
legalidad y el Acuerdo de Paz firme y duradera (29.12)
2.3 El debate sobre la legitimidad política y jurídica de los Acuerdos de Paz
El problema inicial de los Acuerdos de Paz tuvo que ver con su legitimidad jurídica y política. Tanto
la Constitución como la Ley del Organismo Legislativo plantean que los tratados y convenidos
adquiridos por el Estado de Guatemala sólo pueden ser reconocidos como tales en tanto el
Congreso de la República los ratifique. En ese sentido, los Acuerdos de Paz se enfrentaban a su
primer reto.
Si bien es cierto al interior del Congreso no se gestó un proceso de tal naturaleza, en la medida que
los Acuerdos fueron suscritos por el Gobierno de la República, hubo un entendimiento tácito de que
ese proceso no era políticamente necesario, incluso poco conveniente. Sin embargo, a la postre
ese vacío jurídico incidió en la visión de los Acuerdos como documentos sin importancia. Así lo
entendieron diversos sectores del país, los cuales se valieron de su falta de certeza jurídica para
presentar los respectivos recursos a la Corte de Constitucionalidad.
Por supuesto que en vista de la importancia de los temas debatidos en las negociaciones y por el
carácter del proceso de paz, las acciones legales en contra de los Acuerdos pretendían incidir en la
coyuntura sociopolítica, en función de reorientar las prácticas de las partes involucradas en las
negociaciones. Por ello la mayoría de acciones planteadas en ese sentido apelaron a la
descalificación política de los Acuerdos, por medio del reconocimiento de jure del vacío dejado por
el Congreso. Por lo general, las argumentaciones de los actores se sustentaron en posiciones
superficiales sobre la legalidad de la Comisión Nacional de Reconciliación y las comisiones
presidenciales de paz.
Un ejemplo de ello lo constituye la sentencia del Corte de Constitucionalidad de fecha 20 de febrero
de 1996, en la que los ciudadanos Jorge Eduardo Ortega Sierra, José Fernando Fidelis Guirola
Gauggel y Carlos Larrieu Ordóñez, con el auxilio de los abogados Luis Beltranena Valladares,
Eduardo Mayora Alvarado y José Luis González Dubón, integrantes del cuerpo docente de la
Universidad Francisco Marroquín y miembros del Centro para la Defensa de la Constitución
(CEDECON), platean la ilegitimidad de los Acuerdos, basados en la calidad de tratado internacional
27
del Acuerdo de Esquipulas II, el cual no fue ratificado por el Congreso como tal38. Sin embargo, no
debe perderse de vista que a inicios de 1995 se estaba entrando en la última fase de
negociaciones, únicamente quedando pendiente la discusión y suscripción de los acuerdos sobre
pueblos indígenas, desmilitarización, aspectos socioeconómicos y reformas constitucionales. A
pesar de que el recurso presentado fue declarado sin lugar por la Corte, esta dinámica incidió en el
retraso para su firma, la cual se concretaría en el transcurso del año 1996.
Similar experiencia se vivió con la inconstitucionalidad planteada por el CEDECON, con ocasión de
las reformas constitucionales. En el siguiente capítulo, ofrecemos un análisis más detallado.
38 Corte de Constitucionalidad (1996): Gaceta Jurisprudencial No. 39. Expediente No. 848-95
28
CAPÍTULO 3
ETAPAS DEL PROCESO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES
Hay varias lecturas posibles para interpretar el proceso de las reformas constitucionales, la consulta
popular y su resultado. En principio, vale la pena considerar sus dimensiones sociológicas,
antropológicas y etnográficas. Esto se hace interesante en la medida que la reforma a la
Constitución originó un debate público sin par en la historia política de Guatemala, tanto de la
realidad étnica como de la coherencia del modelo de nación actual. Quizá el último intento de tal
naturaleza al nivel estatal lo constituyó la fundación del Instituto Indigenista Nacional, en 194539,
cuya visión paternalista de "lo indígena" influyó decisivamente en la orientación del Estado sobre
ese tema durante la segunda mitad del siglo XX40.
Con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera del 29 de diciembre de 1996 se suponía que
entraba en vigencia el conjunto de compromisos previamente suscritos entre el Gobierno de
Guatemala, el Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, salvo el Acuerdo
Global sobre Derechos Humanos, cuyo período de vigencia inició en 1994 con la creación de la
Misión de Verificación de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala MINUGUA.
Para el caso seleccionado, esto es el proceso de las reformas constitucionales, algunos de los
factores que se tomaron en cuenta fueron: la cantidad y calidad de argumentos en torno a la
necesidad de una reforma constitucional en el país; las fuerzas políticas y actores sociales
participantes en dicho proceso; la pertinencia y vigencia política de los Acuerdos de Paz; el
desarrollo de nuevas experiencias políticas en los actuales contextos, desde luego, asumiendo que
la sociedad guatemalteca experimenta el inicio del período de posguerra.
Los planteamientos centrales en cuanto a la necesidad de cumplir con los Acuerdos de Paz se
sustentan en el modelo político instaurado en el país a partir de la contrarrevolución de 1954, el
cual se caracterizó por la violencia y exclusión políticas como formas de la relación entre el Estado y
los agentes sociales. Sobre esa base, es posible identificar algunas líneas básicas que desde las
ciencias sociales han tratado de explicar la aparición de las contradicciones que dieron origen al
conflicto armado y su relación con el proceso de negociaciones de paz, este último acontecimiento,
como el final del ciclo contrainsurgente41.
39 Pinto Soria, J. C. (2000): El debate sobre la cuestión étnica en Guatemala. P. 17 40 Criterio compartido por los informantes 5-B 41 Estos aspectos se encuentran desarrollados en el capítulo IV
29
3.1 El partido oficial, el Congreso y la propuesta de reformas constitucionales
De acuerdo al ordenamiento jurídico-político vigente en el país, la Constitución Política de la
República admite dos procedimientos para su reforma:
1) Convocatoria a elección de representantes de Asamblea Nacional Constituyente, para reformar
las disposiciones del Capítulo I del Título II, relacionado con los derechos individuales (poder
constituyente)
2) Aprobación de la propuesta de reforma mediante el voto de las dos terceras partes de los
diputados que integran el Congreso de la República y su ratificación a través del mecanismo de
consulta popular, en tanto las modificaciones en cuestión no tengan que ver con los derechos
individuales (poder constituido)
Según la naturaleza política de las reformas a la Constitución mandatadas por los Acuerdos de Paz,
se consideró de mayor viabilidad elaborar una propuesta de reformas que no siguiera el trámite de
convocar una Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que se abría la posibilidad de introducir
modificaciones constitucionales que siguieran el curso de la coyuntura política y no necesariamente
se apegaran al espíritu de los Acuerdos.
Según el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, la responsabilidad de
conducir el proceso de reforma constitucional recayó inicialmente en los organismos ejecutivo y
legislativo. Luego de la entrada en vigencia del conjunto de Acuerdos, se suponía que el ejecutivo
se encargaría de presentar una propuesta de reformas en un período de 60 días después del
1.1.1997. Sin embargo, el ejecutivo retrasó inexplicablemente el compromiso de presentar la
propuesta de reformas, pues el Congresó de la República no conoció el documento del ejecutivo
sino hasta 5 meses después de asumido dicho compromiso, con lo cual se perdió un tiempo político
importante.
Al mismo tiempo, el gobierno dio señales de propiciar niveles aceptables de gobernabilidad, tanto
por la estabilidad política propiciada por el mismo gobierno -que logró una articulación efectiva de
su proyecto político a partir de la reproducción de consensos entre la comunidad internacional
(países amigos del proceso de paz), el sector militar, las instancias sociales y la misma URNG- como
la dinámica a favor del desarme y reinserción de la URNG a la legalidad, así como la relativa solidez
de las instancias político-administrativas del aparato estatal. En ese sentido, se crearon las
respectivas comisiones paritarias con representación de diversos sectores sociales relacionados con
las temáticas a tratar, así como el importante trabajo que venían desarrollando los fondos sociales,
30
donde cabe destacar los Fondos de Invesión Social FIS y el Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ.
Esta "institucionalidad de la paz" posibilitó un cierto nivel de apertura política que favoreció las
tareas de gobierno para el PAN42. Al mismo tiempo, una vez concluidas las conversaciones de paz
en 1996 los “actores fundamentales” en la guerra interna (Gobierno/Ejército – URNG) proyectaron
la imagen de que “con la paz no había ningún derrotado”.
Las líneas de comunicación entre la alta dirigencia del PAN y la URNG estuvieron abiertas antes de
la segunda vuelta electoral de 199543, siendo determinantes dos acontecimientos: La visita de
Álvaro Arzú como candidato presidencial en 1995 a la comandancia de la URNG radicada en México,
lo cual causó un efecto positivo en la comunidad internacional y especialmente en los países
amigos del proceso de paz. Este acontecimiento fue determinante no sólo para la victoria electoral
del PAN a finales de ese año, sino para lograr la firma de la paz un año después. Otro de los
efectos que tuvo la reunión Arzú-URNG en 1995 fue la negociación de algunos puestos clave en el
gabinete de gobierno, dando como resultado la designación de algunas personalidades vinculadas
durante algún tiempo a las organizaciones de la URNG, como el caso de Eduardo Stein en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Gustavo Porras Castejón como Secretario Privado de la
Presidencia. Resulta de particular importancia reconocer que ese mismo estilo de negociación
política se puso de manifiesto con ocasión de las elecciones de 1999, donde la URNG también
involucró en el gabinete de gobierno a miembros de esa organización.
En definitiva, el gobierno mostró señales de apertura y diálogo con los distintos sectores político-
sociales, todo lo cual fue interpretado por la cooperación internacional como una buena señal de
parte del gobierno, en el orden de cumplir con los acuerdos. Por otro lado, esto se interpretó como
una muestra de la "flexibilidad" de los círculos empresariales, representados en buena medida por
el Partido de Avanzada Nacional PAN.
Por su parte el Congreso de la República, que ya había tenido bajo su responsabilidad la
conducción de importantes procesos político-legislativos sin ningún éxito al interior de la sociedad
civil organizada, como en el caso de las reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI, el
Código de la Niñez y la Juventud y la aprobación del Convenio 169, decide por mandato de su
presidenta Arabella Castro constituir la Instancia Multipartidaria IM con representantes de los
distintos partidos políticos propietarios en el legislativo, tal como quedó sugerido en el Acuerdo
sobre Desmilitarización. La idea que sustentó el montaje de la IM se hallaba en los procesos
42 Informante 3-B 43 "Guerra interna y proceso de paz", en Historia Popular de Guatemala; (Guatemala: FUNCEDE); tomo IV, fascículo 13. 1999.
31
legislativos conducidos en Europa con ocasión de transformaciones a sus respectivas leyes
constitucionales. Entre esas experiencias destaca mencionar la italiana, donde a finales de los años
70 se invitó a importantes personalidades de ese país a participar en el proceso de discusión de las
eventuales reformas a la Carta Magna. España también vivió una experiencia política similar con
ocasión de la transición política de los años 70.
Desde esa perspectiva la creación de la IM se pensó como un foro político que interpretaría las
aspiraciones sociales de la población en cuanto a reformar la Constitución. Sin embargo, falta de
compromiso, voluntad política y poca transparencia en la conducción del proceso de reformas
constitucionales de parte de los participantes a aquel foro político coincidieron en el
desaprovechamiento de esa oportunidad histórica.
A pesar de las reservas mantenidas en el proceso de las reformas constitucionales, la posibilidad de
presentación de propuestas abierta por la presidencia del legislativo se tradujo en una respuesta
muy positiva de las organizaciones de la sociedad civil. En total se presentaron 27 propuestas,
incluidas las de organizaciones de la sociedad civil (COPMAGUA, Fundación Mirna Mack, Asamblea
de la Sociedad Civil, Universidad de San Carlos, Universidad Rafael Landívar), las ya existentes
propuestas de instituciones estatales autónomas y semiautónomas (Ejecutivo, diputados al
Congreso, Corte de Constitucionalidad) y partidos políticos.
Frente a esa respuesta social, las acciones concretas de la IM se tradujeron en la división de las
propuestas de reforma en tres portafolios: El primero incluyó la propuesta de reforma
constitucional enviada por el ejecutivo, que pretendía reformar 12 artículos de la Constitución; el
segundo con las propuestas derivadas estrictamente de los acuerdos de paz; y un tercer portafolio,
con propuestas relacionadas con el fortalecimiento democrático del gobierno. Las propuestas
contenidas en este último, no se derivaban de ninguno de los acuerdos de paz, y aunque
importantes por su contenido social, desataron críticas válidas en los medios de comunicación, pues
se introdujeron modificaciones que, aunque correspondían en parte al espíritu de los acuerdos de
paz, no devenían directamente de ellos. La Instancia Multipartidaria, durante los 8 meses de
existencia (agosto 97-abril 98), logra importantes consensos aprobando 50 reformas repartidas
entre el primero y segundo portafolio, de las cuales 39 eran artículos sustantivos, 3 de reforma y 8
sobre artículos transitorios, no así sobre el tercer portafolio, donde el partido de Ríos Montt FRG no
pudo introducir algunas reformas; en todo caso, no hubo modificación en artículos que
políticamente convenían a ese partido. En las discusiones de la IM se pudo apreciar el poco interés
que los representantes de los partidos políticos manifestaron en torno a los acuerdos de paz, sobre
todo al tratar de orientar la reforma constitucional hacia objetivos individuales, como la insistencia
32
del FRG por reformar los artículos 186 y 281 que imposibilitaban al máximo líder de esa
organización política, Efraín Ríos Montt, a participar como candidato presidencial.
Mediante el Acuerdo Legislativo 41-98 se aprueban las reformas constitucionales y se ordena al
Tribunal Supremo Electoral TSE preparar la actividad de consulta. A pesar de las deficiencias en la
propuesta final de reformas, que sería sometida a la consideración de la ciudadanía, varias
expresiones del movimiento social se inclinaron por apoyarla, incluyendo la URNG. Paulatinamente
otros grupos fueron expresando su oposición a que se aprobaran las reformas constitucionales; tal
fue el caso del Centro para la Defensa de la Constitución CEDECON, institución ligada a los
intereses de la derecha guatemalteca, cuya reacción al Acuerdo Legislativo 41-98 fue negativa. Dos
años después de la firma de la paz, el 29.12.98, el CEDECON presenta a la Corte de
Constitucionalidad un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que los artículos
constitucionales 136 inciso b), relativo a los deberes y derechos políticos y 173 con respecto al
procedimiento consultivo eran inconstitucionales. Las organizaciones civiles que desde sus inicios
apoyaron el proceso, se manifestaron en contra del CEDECON argumentando que la derecha
guatemalteca no deseaba perder sus posiciones tradicionales en el poder. En el transcurso del mes
de enero de 1999 la Liga Pro-Patria y la Asociación de Dignatarios de la Nación presentan otros
recursos en contra del Acuerdo Legislativo 41-98, con argumentos débiles en búsqueda de
protagonismo, que más tarde la Corte de Constitucionalidad calificó de no procedentes. Sin
embargo, la Corte de Constitucionalidad emite una sentencia el 8 de febrero de 1999, favorable
para el CEDECON, declarando la inconstitucionalidad parcial del Acuerdo Legislativo 41-98. Días
más tarde el Congreso promulga el decreto 15-99 estructurando el procedimiento consultivo en 4
preguntas distribuidas así: 1. Nación y Derechos Sociales. 2. Organismo Legislativo. 3.
Organismo Ejecutivo. 4. Organismo Judicial y Administración de Justicia.
El primer semestre de 1999 tuvo a las reformas constitucionales como uno de los ejes de debate en
los círculos políticos, periodísticos e intelectuales del país y aunque el balance sobre el
cumplimiento de los acuerdos de paz ya se había perfilado desfavorable para diciembre de 1999,
los compromisos cumplidos hasta febrero de 1999 (incluyendo el informe "Guatemala: Memoria del
Silencio" sobre la violación a los derechos humanos durante el conflicto armado) le otorgaron un
impulso favorable a la aprobación de las reformas constitucionales. Esto fortaleció la idea de que la
aprobación de las reformas sería un trámite expedito, asumiendo que éstas aparentemente
"beneficiaban" a la población indígena (mayoritaria en el país), restaban poder político al ejército al
despojarlo de sus funciones tradicionales dentro del Estado y en general contribuirían a la
democratización y fortalecimiento del Estado de derecho. Mientras tanto, diversas organizaciones
33
civiles y académicas se pronunciaron a favor de la aprobación de las reformas constitucionales y
algunas de ellas iniciaron, aunque de manera tardía, labores de divulgación de sus contenidos.
Pero el hecho de haber incurrido en formalismos jurídicos dentro del trámite, la discusión a puertas
cerradas que hizo la instancia multipartidaria sobre tan importante temática nacional, la lucha
política en el hemiciclo parlamentario por adelantar las elecciones y una campaña de prensa donde
columnistas y páginas editoriales de distintos medios de comunicación apoyaban las tendencias a
favor del SI o del NO, desgastó al final el proceso de consulta e incidió negativamente en su
resultado, pues de alguna manera la imagen que la dinámica política animada por diversos actores
proyectó hacia la sociedad civil relacionada con las reformas, no sólo contribuyó a confundir a los
votantes, sino que al final dejó una imagen negativa sobre el conjunto de acuerdos y su legitimidad
jurídica. A ello se sumó que algunas organizaciones sociales iniciaron muy tarde el complicado
trabajo de divulgación de los contenidos de la reforma, especialmente en el área rural del país.
3.2 Contenido ideológico de los argumentos a favor y en contra de la propuesta de
reformas constitucionales
Como ha quedado expuesto, el proceso de las reformas constitucionales tuvo en su primera etapa
un cumplimiento formal de parte del ejecutivo y el Congreso, tomando en cuenta que los retrasos
en los que incurrieron dichos organismos hicieron perder un tiempo político muy importante.
Independientemente de lo anterior, el Congreso elaboró una propuesta para ser sometida a la
consideración de la ciudadanía, quedando pendiente fijar la fecha y otras condiciones técnicas para
la organización de la actividad de consulta, ya bajo la responsabilidad del Tribunal Supremo
Electoral.
Más adelante la organización de la actividad de consulta se enfrentó a la limitante de un Acuerdo
Gubernativo emitido en octubre de 1998, con ocasión de los devastadores efectos del huracán
Mitch. Sin embargo, resulta inexplicable que la vigencia del Estado de Calamidad declarado por el
Ejecutivo se extendiera hasta 1999, cuando en países centroamericanos mucho más afectadas ni
siquiera se planteó un recurso de tal naturaleza44. En medio de la confusión, el Centro para la
Defensa de la Constitución CEDECON presenta un recurso de inconstitucionalidad del Acuerdo
Legislativo 41-98 el 29 de diciembre de 1998, segundo aniversario de la firma de la paz.
A pesar de que en anteriores oportunidades algunos actores habían manifestado su desaprobación
al proyecto, la iniciativa de CEDECON fue determinante porque supuso un cambio significativo en la
dirección del proceso de reformas. A la iniciativa de CEDECON se sumaron otras impugnaciones
34
presentadas por la Liga Pro Patria y la Asociación de Dignatarios de la Nación, las cuales no
encontraron la misma respuesta en la Corte de Constitucionalidad.
El trabajo de CEDECON puso el acento en el procedimiento consultivo, pero tenía el objetivo de que
la Corte declarara inconstitucional todo el paquete, lo que derivó más adelante en que dicho
organismo suspendiera provisionalmente la actividad de consulta. Más tarde la Corte emitió un
fallo declarando la inconstitucionalidad parcial de la propuesta de reformas y recomendando al
Congreso de la República organizar el proceso consultivo a partir de 6 preguntas: "El Estudio
prefactorial de las reformas a la Constitución aprobadas por el Congreso permite suponer que, no
obstante su extensión, podrían agruparse por temas o títulos diferenciados, cuya aprobación
particularizada no sería susceptible de producir incompatibilidad normativa y, como consecuencia,
tendría validez intrínseca. Por ejemplo, y dicho esto de manera puramente indicativa y no
vinculante, los artículos reformados podrían ser agrupados bajo los siguientes temas:
Tema Uno (1): Nación guatemalteca y derechos sociales y políticos. Artículos 1, 66, 70, 94, 110,
135, inciso g), 143; y 13, 30 y 32 transitorios
Tema Dos (2): Organismo Legislativo. Artículos 157, 164, penúltimo párrafo, 166, 167, 171, inciso
n), 173, 176, 251; y 28 transitorio.
Tema Tres (3): Organismo Ejecutivo. Artículos 182, 183 suprime literal r) y reforma literal t); y 33
transitorio.
Tema Cuatro (4): Organismo Judicial. Artículos 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214,
215, 216, 217, 219, 222; y 29, 31 y 34 transitorios.
Tema Cinco (5): Sistemas de Consejos de Desarrollo. Artículo 225
Tema Seis (6): Ejército de Guatemala y Fuerzas de Seguridad Civil. Artículos 244, 245, 246, 248,
249, 250; y la denominación del Capítulo V del Título V, la adición de la sección primera (Del
Ejéricto de Guatemala) y de la sección segunda (Fuerzas de Seguridad Estado)" 45
44 Jonas, S (2000): De centauros y palomas: El proceso de paz guatemalteco. P. 366 45 Corte de Constitucionalidad (1998): Gaceta Jurisprudencial No. 51. Expediente 931-98
35
Cabe destacar que la Corte de Constitucionalidad que analizó las reformas aprobadas por el
Congreso estaba conformada por algunos miembros-fundadores del CEDECON46, lo cual evidencia
las posibles líneas de comunicación entre la Corte y aquella institución.
Luego del fallo de la Corte y las iniciativas del CEDECON y de otros grupos calificados como
“organizaciones constitucionalistas conservadoras”47, se fueron posicionando algunos sectores y
personajes que rechazaban la aprobación de las reformas. En esta dinámica participaron desde
partidos políticos (ARDE) hasta medios de comunicación social, a través sus columnistas y páginas
editoriales. La cantidad de argumentos sostenidos por los sectores que adversaban la propuesta de
reformas, contrastaba con la calidad de sus declaraciones, que en muchos casos carecían de
fundamento.
La pobreza argumentativa (que merece todo un examen desde la lingüística estructural y la
retórica) sustituyó al discurso bien fundamentado que cuestionaba la legitimidad del proceso de
negociación de paz y la representatividad de las partes negociadoras. Más allá de aquellas
posiciones que “satanizaban” la religiosidad e idiosincrasia de los indígenas o que afirmaban que los
votantes serían “marcados con el signo de la bestia”, hubo campañas dirigidas a infundir cierto tipo
de preocupaciones relativas a la propiedad privada, el derecho a la igualdad e incluso la soberanía
del país, desde luego que se llegó a asegurar que “las reformas constitucionales eran de la
comunidad internacional –de MINUGUA- y no del pueblo de Guatemala”48. Esas posiciones se
fundieron con las demandas en torno al mejoramiento del sistema político y de la actividad de la
clase política, que ya para ese momento revelaba un importante desgaste, producto de la continua
confrontación y actitud electorera del PAN y el FRG, en medio de las preocupaciones por averiguar
quiénes serían los candidatos presidenciales más fuertes para las elecciones generales de final de
año.
Por el lado de los sectores que apoyaban el SÍ, cabe destacar que se lograron detectar al menos 17
argumentos que abogaban por la aprobación de las reformas (ver Anexo 2). Sin superar el marco
de los Acuerdo de Paz, la mayoría de discursos no fueron más allá de hablar de las “bondades” de
la paz, sin tener la capacidad de profundizar en la explicación de los complicados contenidos de la
propuesta de reformas.
46 Jonas, S (2000) Op Cit. P. 368 47 Ibid P. 367 48 Informante 1-C
36
En tal sentido, es posible que el “free rider”49 haya funcionado mejor en el caso de quienes
apoyaban el SÍ, que en sus contrarios del NO, estos últimos desarrollando un importante trabajo
(de desinformación si se quiere) en el interior de la República, buscando activar la conciencia
colectiva en contra del proceso de aprobación de las reformas a la Constitución.
Ilustrativo es el ejemplo relativo a la “balkanización” del país, que suponía que con las reformas se
propiciaría un enfrentamiento (incluso físico) entre “indígenas y no indígenas”. Un volante de la
Liga Pro Patria, fechado el 14.05.1999, dos días antes de la actividad de consulta, señalaba:
“¿Cuál es el origen de las reformas constitucionales? Una negociación
ilegal entre funcionarios públicos y guerrilleros. ¿Cuál es el propósito de
las reformas? Convertir a Guatemala en un Estado Indígena, del cual
quedarían marginados los no indígenas? ¿Cuál es la parte más
importante? Es la que divide a los ciudadanos en indígenas y no
indígenas, y le otorga a los indígenas más derechos que a los otros
ciudadanos. Vote NO”50
Como se ve, los argumentos basados en la falta de legitimidad jurídica y política de los Acuerdos de
Paz vuelven a aparecer en la escena política del país, esta vez en función de cuestionar el
contenido de la propuesta de reformas constitucionales. Retórica discursiva y argumentos sencillos
coincidieron para determinar la tendencia de los ciudadanos que no habían decidido cómo votar.
Sin embargo, en otros casos también se hizo alusión al abstencionismo, como se refleja en el
siguiente ejemplo:
“Si no sabe cómo votar, o está pensando en abstenerse, mejor vote NO”
(Francisco Bianchi/ARDE)
3.3 Los números de la Consulta Popular Los resultados de la consulta popular superaron las previsiones, incluso las más pesimistas, que
pese a señalar que la abstención sería significativa, dados los niveles registrados con ocasión de
anteriores eventos cívico-electorales (ver cuadro 3), la tendencia triunfadora podría ser el SÍ51. Sin
embargo, el NO daba muestras de aumentar a medida que se acercaba el día de la consulta, en
49 Dentro de la teoría de juegos, Elster define el Free Rider como “la capacidad de una clase de comportarse como actor colectivo”, lo que contempla la posibilidad de que "un individuo obtenga beneficios de las acciones de otros individuos, sin participar de esas acciones". Elster, 1982: 322 50 Volante de la Liga Pro Patria. Citado en Jonas, S. Op. Cit. P. 371
37
tanto que el SÍ no crecía dentro de las preferencias de la ciudadanía, pero mantenía cierta ventaja
respecto de la otra tendencia.
El 16 de mayo poco menos de 758,000 personas acudieron a las urnas, de un total de 4,085,000
empadronados, es decir el 18.55%, dejando un margen de abstencionismo de 81.45%, similar a la
experiencia de 1994. El SÍ obtuvo un 7.5% mientras que el NO fue de 9.4% con un 1.65% de
votos nulos o en blanco, estableciendo una relación SÍ 45% / NO 55%
Cuadro 2
Participación ciudadana en procesos cívico-electorales
a partir de la transición a la democracia 100 - 50 - 0 84 85 90 94 95 99 99 Fuente: Elaboración propia con base en datos del Tribunal Supremo Electoral
En cuanto a la geografía del voto vale señalar que en departamentos donde la población tiene
mayor acceso a los medios de prensa, radio y televisión hubo preferencia por el NO. El NO ganó
en los siguientes departamentos: Guatemala (70.30%), El Progreso (62.03%), Zacapa (62.24),
Sacatepéquez (61.49%), Santa Rosa (59.26%), Jutiapa (55.48%), Escuintla (53.79%),
Suchitepéquez (52.15%), Quetzaltenango (51.50%), Retalhuleu (51.31%), Chiquimula (49.68%),
Izabal (47.91%) y Jalapa (45.62%).
Mientras que el SÍ fue la tendencia más votada en: Petén (71.16%), Sololá (67.03%), Quiché
(66.86%), Alta Verapaz (62.64%), Huehuetenango (55.64%), Chimaltenango (48.84%),
Totonicapán (48.67%), Baja Verapaz (47.77%) y San Marcos (47.14%)
Aunque ya se preveía una abstención significativa, dada la tendencia mostrada en anteriores
eventos cívico-electorales (Ver cuadro 4), fue la opción predominante, sobre todo en
departamentos como: Jutiapa (99%), Jalapa (89%), Santa Rosa (87%), Petén (86%), Chiquimula
(85%), Escuintla (84%), Izabal, El Progreso y San Macos (83%)
51 Op. Cit. P. 374
38
Cuadro 3
Estadística de votantes de la Consulta Popular 1999. (Por organización política y alfabetismo)
Organización
Política Cantidad de votantes Cantidad de
Afiliados %
Alfabetos Analfabetas Total
FRG 10,191 2,713 12,904 36,918 35.0
PLP 2,555 957 3,512 9,058 38.8
UCN 6,115 1,451 7,566 23,853 31.7
URNG 2,987 1,309 4,296 4,964 86.6
MLN 3,164 1,228 4,392 13,992 31.4
FDNG 4,990 1,172 6,162 12,500 49.3
DCG 22,715 6,010 28,725 83,778 34.3
ARDE 3,282 589 3,871 10,603 37.5
PAN 10,202 1,567 11,769 28,674 40.8
Total general 66,201 16,996 83,197 224,340 37.3 Fuente: Zepeda, R. et. al. (2000): La coyuntura de 1999. Situaciones y procesos políticos relevantes. P. 50.
Con base en datos del TSE. Diario Siglo XXI 27.08.99 En ese sentido, vale agregar que la campaña por el NO desplegada en los medios de comunicación
escrita tuvo tres tipos de argumentos, quizá sugeridos de tal manera que transmitieran el mismo
mensaje (contra la reforma) a diferentes personas, según su nivel de escolaridad, preparación
académica o información respecto de la propuesta de reformas (Ver Anexo 2):
1. En el primer nivel, se ubican los juicios que apelan a la religión
“Los votantes serán marcados con el signo de la bestia”
“La religión de los indígenas es satánica”
2. En el siguiente, aquellos que suponen la confrontación racial
“Otorgan privilegios a grupos étnicos”
“Dividen el Estado-Nación”
“Crean dos sistemas jurídicos”
Obligan a aprender idiomas”
39
3. Por último, los relativos al desgaste de la clase política y la legitimidad de los Acuerdos de Paz
“Los Acuerdos de Paz son ilegítimos”
“Las reformas son un acuerdo entre elites sin representatividad”
“Los diputados son incapaces”
Debe recordarse que la campaña por el NO, no se redujo a los medios de comunicación, sino que
se desarrolló (especialmente en el interior del país) a partir de la figura de los líderes religiosos,
algunas ONG´s y redes no desarticuladas de las PAC y de la Asociación de Veteranos del Ejército52,
en especial en aquellas áreas donde el enfrentamiento armado fue más intenso en la década del 80
(Ver Anexo 3).
Lo anterior contribuye a validar los supuestos que relacionan el resultado de la consulta con la base
social del ejército. A ello vale agregar que las iglesias evangélicas fundamentalistas, asentadas en
el interior del país, también realizaron campaña a favor del NO, a pesar de que la Conferencia de
Iglesias Evangélicas de Guatemala CIEDEG se había manifestado a favor de su aprobación. Por su
parte, la Iglesia Católica no se pronunció oportunamente, lo cual se pudo haber interpretado como
una invitación a la abstención53.
3.4 Heterogeneidad del voto
Visto el resultado de la consulta popular desde otra perspectiva de análisis, la heterogeneidad del
voto reveló posiciones encontradas del lado de las preferencias ciudadanas. Esto porque algunas
personas que se oponían a cambios en la estructura del Estado, se vinculaban por reconocer los
derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, resultó decisiva la confusa presentación de los
temas consultados a la ciudadanía. Por ejemplo, en la primera boleta se mezclaban, al menos, tres
temas distintos: 1) opción para escoger entre el servicio militar o civil; 2) financiamiento para
políticas sociales, especialmente en salud y alfabetización; 3) definición del carácter multicultural de
la Nación y el Estado. En la segunda boleta, referida al Organismo Legislativo, se mezclaban
aspectos como el número de funcionarios sujetos a procesos de interpelación con las funciones de
supervisión del Congreso a los cuerpos de inteligencia del Estado, de manera que pronunciarse
respecto a dichas materias podía resultar contradictorio para los votantes. La tercera boleta se
refirió al Organismo Ejecutivo, donde se encontraban temas como el ejército y la Policía Nacional
Civil a la par de la prohibición constitucional de grupos armados, ampliación de la participación civil
52 IPES, 1999, citado en Jonas, S. Op. Cit. P 380. Criterio compartido por los informantes 1-A; 1-B; 4-B. Ver Anexo 1 53 Zepeda, R et. al. (2000): La coyuntura de 1999. Situaciones y procesos políticos relevantes. P. 46
40
en las decisiones de alto nivel y limitaciones a poderes del Presidente y Vicepresidente de la
República. Por último, en el tema de Administración de Justicia y Organismo Judicial se hacía
mención del carácter sociocultural que debe tener el sistema de justicia del país, especialmente en
términos de acceso equitativo de esos servicios, al tiempo que se aludía al derecho consuetudinario
de los pueblos indígenas, todo lo anterior incluido en la misma boleta relacionada con el sistema de
la carrera judicial, la oralidad de los procesos judiciales, la estabilidad laboral de los jueces y el
reconocimiento del fuero del ejército exclusivo para faltas de carácter militar.
Esto repercutió en que el resultado de la Consulta se tradujera en una variedad de posiciones que
dieron como resultado la no aprobación de la propuesta de reformas a la Constitución, las cuales se
diversificaron de acuerdo con la intensidad ideológica del discurso y la posición geográfica y de
influencia política o social de los grupos que apoyaban o adversaban las reformas constitucionales
(ver anexos).
Cuadro 4
Resultados de la Consulta Popular por pregunta
PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 NO 366.5 miles NO 402.5 miles NO 392.2 miles NO 373.2 miles SI 327.5 miles SI 284.4 miles SI 294.6 miles SI 316.6 miles
Fuente: Zepeda, R. et. al (2000) La coyuntura de 1999. Situaciones y procesos políticos relevantes. P. 49
41
CAPÍTULO 4
ESCENARIOS Y ACTORES POLÍTICOS A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PAZ
En las páginas anteriores se enfatizó en que el resultado de la consulta popular permitió hacer una
nueva lectura del proceso político guatemalteco, definida en dos sentidos: Por una parte, una
interpretación política de la coyuntura abierta a partir de las reformas constitucionales, es decir, la
reflexión respecto de los acontecimientos que desembocaron en el 16 de mayo de 1999, cuando la
ciudadanía decidió no hacer modificaciones al texto constitucional, vigente en el país desde 1985,
esto es, el nivel inmediato de lectura de los acontecimientos. Por otra parte un análisis histórico,
que de manera crítica, enfatiza en la viabilidad histórica de “la paz” como proyecto54, limitado o
potenciado por una variedad de circunstancias y contradicciones políticas y culturales. En otras
palabras, el resultado de la consulta popular nos puso en presencia del tiempo corto y la larga
duración de Braudel, en términos de los factores, fuerzas y escenarios del proceso político
guatemalteco desarrollado a partir de la transición a la democracia.
En consecuencia, el propósito de este capítulo es establecer algunos rasgos característicos
del nuevo escenario de relaciones políticas que se abre a partir de la firma de la paz. La
mayoría de producciones relativas al tema concluyen que la "postguerra" guatemalteca supone una
coyuntura larga que, de acuerdo a la orientación política de las organizaciones sociales y la
"flexibilidad" de los grupos de poder, se busca encontrar en los Acuerdos de Paz marcos de
referencia para la formulación de políticas públicas. En otras palabras, hay una tendencia a referir
el cumplimiento de los Acuerdos a la gobernabilidad política, como si el conjunto de contradicciones
vigentes en el país tuvieran que ver con un problema de estabilidad en el sistema político; ¿o es
que la guerra interna fue la catársis de la estabilidad, compensada con la firma de la paz?
Por ello la pregunta básica está referida a las lecturas que tiene el proyecto de la paz, algunas de
ellas sugeridas en la introducción de este trabajo, con el fin de determinar si la firma de la paz, de
los acuerdos y la conclusión del enfrentamiento armado, nos pone en presencia de un ciclo, ya sea
54 Al aludir al término "proyecto de paz" se enfatiza en el carácter estratégico que le fueron imprimiendo los diferentes sectores políticos, sociales y empresariales a la paz como dos cosas: 1) La consolidación de la transición a la democracia y la negación del autoritarismo; 2) la derrota del proyecto revolucionario como alternativa histórica. En tal sentido, el proyecto de paz que comienza a ser hilvanado desde los años 80 es la respuesta al desgaste de un sistema político debilitado en su legitimidad por la persistencia del autoritarismo en la gestión pública, dentro de un sistema mundial que comenzaba a privilegiar la instalación de regímenes democráticos, tras los acontecimientos de Portugal en 1978. Véase Huntigton, S. (1991): The third wave. Democratization in the Late Twentieth Century. Al referirse al tema, Torres-Rivas reconoce que: "la implantación democrática reforzó la búsqueda de la paz y ésta se proyectó como garantía de la estabilidad democrática" y además agrega que "en los ejemplos de Guatemala y El Salvador, el inicial desarrollo democrático no ocurrió por las presiones y el fortalecimiento de fuerzas y procesos claramente democráticos, sino como parte de una estrategia bien diseñada en el marco de una guerra que debilitó a las fuerzas militares y que se quiso ganar por otros medios". Citado en Torres-Rivas, E. Y G. Aguilera Op. Cit. P. 79 y 83
42
de transformaciones sustanciales vía el “cumplimiento sustantivo” de los Acuerdos de Paz, o bien se
trata de la agudización de la crisis y del pensamiento conservador.
Se trata de determinar los intercambios entre los escenarios políticos amplios y la ubicación del
proyecto de paz dentro de los mismos, con el objetivo de establecer sus alcances y limitaciones
sociohistóricas, a partir del análisis de los proyectos políticos e históricos de los actores que
intervinieron en las fases de negociación y cumplimiento de los Acuerdos. Una variable a
considerar seriamente es la representatividad de las fuerzas y actores políticos en el país y su
capacidad de convocatoria en la dirección de procesos políticos.
Como contribución final, abordamos el tema de los actores políticos y los supuestos en torno a la
posguerra en Guatemala. Se advierte que el factor de evaluación técnico – operativa del
cumplimiento de los Acuerdos de Paz es una variable poco considerada en la siguiente exposición,
en la medida que no interesa saber qué se cumplió, sino qué significado histórico tiene la paz como
proyecto.
4.1 ¿A quién pertenece el proyecto de paz?
Las fases que antecedieron a la firma de la paz se caracterizaron por reducir las negociaciones a
esos dos actores fundamentales, relacionados con la idea del cambio político: el Gobierno/Ejército y
la URNG. Esta idea de cambio estuvo asociada a los proyectos históricos defendidos por cada actor
beligerante, cuyo punto de coincidencia fue la demanda por una apertura de los espacios de
representación del sistema político, que ciertamente ocurrió, quizá no bajo los parámetros
deseados por esos mismos grupos, en los años 80. Por ello la apertura de los 80 como forma
material del cambio político, quedó desprovista de la significación que tuvo durante los años del
proyecto de revolución armada, cuando ésta era viable política e históricamente.
Precisamente la transición a la democracia se diseñó de manera tal que la revolución armada
dejara de ser una opción en el futuro inmediato. Por ello, la lectura de la transición tiene mucho
contenido en términos de la estabilidad de un sistema político que no sólo sustrajera del campo de
lo posible la opción revolucionaria (armada), sino que la aniquilara totalmente.
De esa forma, la lectura histórica de la transición a la democracia permite determinar que a
mediados de los años 80 operó en el país, más que la respuesta a la crisis, una reconversión del
sistema político, donde quedó fijado el rumbo del futuro político del país, con base en un modelo
democrático de tendencia liberal, como opción para acceder a la modernidad política. El
instrumento del discurso neoconservador resultó ser Contadora, como factor contingente de la
43
crisis, misma que se resolvería hasta 1996. Por ello, el nuevo modelo democrático liberal no estaría
completo sino hasta la firma de la paz, en la medida que la opción regional belicista se encontró
atrapada en un mundo que demandaba la negación del régimen autoritario. Parte de esa
tendencia la constituye la reiteración de que la firma de la paz condujo al fin de la transición, para
pasar a la vida democrática55. Por supuesto que una variedad de interrogantes se relacionan con
esa supuesta negación del autoritarismo: ¿Se propició también una negación del autoritarismo
social?
Para el cumplimiento sustantivo de los Acuerdos de Paz, la tendencia dominante de interpretación
del proyecto de paz, señala tres fuerzas determinantes: en primer plano ubica al Gobierno, donde
hace alusión a las capacidades estatales y la orientación de las políticas públicas. Acá se teoriza en
torno a un Estado que, desprovisto de recursos materiales y financieros como resultado del triunfo
de la visión del "Estado Mínimo" que ha prevalecido en la década del 90, carece de los de
instrumentos administrativos adecuados a las necesidades de la paz. A ello se suma el problema
de la adjudicación y uso racional de los recursos humanos y financieros disponibles.
Esta precariedad estatal se hace acompañar de la voluntad política de las autoridades de turno. En
el trasfondo de la discusión se ubica la urgencia por trasformar los Acuerdos de Paz en objetivos de
Estado, de manera que no sean solamente documentos coyunturales, sino insumos vinculantes
para la constitución de proyectos políticos de largo plazo.
Desde esa perspectiva, el papel de las organizaciones sociales ha de ser determinante y por ello el
segundo plano lo constituye la sociedad civil, que no se constituya solamente como beneficiaria del
proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, sino como parte integrante y responsable
históricamente frente al mismo, es decir, su depositaria. Las variables utilizadas en este nivel de
análisis involucran el avance institucional del país y la composición del tejido social
El segundo nivel de análisis se refiere a la sociedad civil y las capacidades políticas con vistas a
apropiarse del espíritu de los Acuerdos. La principal interrogante se orienta a averiguar si el
proceso de recomposición organizativa de la sociedad civil a lo largo del período de transición
democrática ha sido suficiente para permitir la rearticulación política y la búsqueda de consensos
interinstitucionales.
55 Solórzano Martínez, M. Op. Cit.
44
El otro nivel de análisis supone un desafío para los dos sectores mencionados, por cuanto trata de
analizar su liderazgo y representatividad. Lo que se pretende es determinar y caracterizar a los
actores que animan la vida política nacional, cuál es su nivel de compromiso con los acuerdos y
cuáles son los estilos privilegiados de lucha, en el entendido de que el debate sobre los acuerdos de
paz se desarrolla dentro de un escenario complejo y contradictorio, permeado por nudos
problemáticos diversos. Se trata de indagar sobre las posibilidades de relacionar el cumplimiento
de los acuerdos con la diversidad de temáticas vigentes que configuran la conflictividad social
actual, que ciertamente la transición democrática no pudo solucionar antes de la firma de la paz
(seguridad ciudadana, democratización, estabilidad política y económica, gobernabilidad)
En las negociaciones de paz, los actores fundamentales fueron, por un lado, el Gobierno/Ejército,
que se manifestaba como la continuidad en el rumbo de la historia que supuso la
"contrarrevolución" de 1954. Es muy importante señalar que la “contrarrevolución” es un concepto
que define un cierto tipo de cambios propiciados por las fuerzas sociopolíticas que actúan en
determinada coyuntura histórica. Esos cambios normalmente tratan de suplantar un modelo
histórico de dominación por otro. Lo que en Guatemala se conoce por contrarrevolución es la
respuesta conservadora de sectores tradicionales de poder, que privilegiaron durante cierto tiempo
el uso de prácticas autoritarias como recurso para su legitimación, valiéndose para ello del aparato
de Estado, y que tuvo su espíritu e instrumentos en el anticomunismo y las políticas
contrainsurgentes56. Nuestra propuesta (y compromiso científico) es determinar si tras la firma de
la paz es viable construir un proyecto histórico capaz de cuestionar el conservadurismo que
prevalece en el país desde 1954, o por el contrario, debemos vivir un interciclo de cansancio
histórico, que nos siga alejando de ese “golpe de estado mental” y nos imposibilite la toma de
conciencia en torno a las fronteras del espíritu de época57.
En sus estudios sobre la revolución - contrarrevolución, Decouflé58 nos recuerda que la identidad
revolucionaria se encuentra en la oposición de “lo establecido”, pero que ambas propuestas sólo
tienen, políticamente, un punto de coincidencia: la colectividad, esto es, el espacio donde se
materializan, se reproducen y se confrontan las bases de los proyectos políticos e históricos de los
actores. Eso precisamente es lo que se debe evitar con el proyecto de paz; no debemos permitir
que los acuerdos, en la medida que fortalezcan nuestras expectativas respecto de la política como
solución negadora de la violencia, ahoguen las esperanzas por la convivencia fraternal. Ahora bien,
56 Véase Torres-Rivas, E. Y G. Aguilera. Op. Cit. P. 19 57 La introducción del término “golpe de estado mental” se debe al venezolano Alberto Arvelo Ramos, que en su libro En defensa de los insurrectos sugiere que “sin mentalidad democrática no puede haber democracia. Ésta sólo puede lograrse, a mediano plazo, con una subversión radical de la conciencia”. Citado en Ichikawa Morin, E. (1996): El pensamiento agónico. P. 24 58 Decouflé, A. (1968): Sociología de las revoluciones. P. 23 y 112
45
si por colectividad entendemos un conjunto de percepciones culturales y simbólicas compartidas
socialmente, ese hacer la revolución sólo puede posibilitarse (o imposibilitarse) desde lo que
creemos como sociedad. Una exigencia apremiante consiste en averiguar si siempre es necesario
estar en oposición a lo establecido, o debemos optar por la inmovilidad como proyecto. Quizá la
respuesta, que puede ser bastante más amplia, se encuentre en las contradicciones entre
inmutabilidad – cambio, estabilidad – caos, o en un solo término, conservadurismo – revolución.
Ese debe ser el espíritu de época.
El sentido de la paz, en los términos planteados el 29.12.1996, no agota la necesidad de la
revolución, en la medida que aquélla implica una cuestión de conciencias mas que de armas. En
ese sentido, tenemos dos estrategias: apropiarnos del espíritu que envuelve está época para
hacerlo nuestro y buscar en la imposibilidad, en lo que no fue históricamente, las bases de la
siguiente utopía.
4.2 Sujetos políticos y búsqueda de la posguerra
“La gente está sedienta de planes, si les ofreces uno se arrojan sobre él como una manada de
lobos. Tú inventas y ellos creen. No hay que crear más imaginario del que hay”. Esta sugerencia
de Umberto Eco nos plantea que la búsqueda del futuro es una condición que no está agotada en
el imaginario social, pero que ante la falta de propuestas (y respuestas que revelen un compromiso
histórico) las contradicciones no resueltas nuevamente aparecen en los momentos de crisis. Ahora
bien, si por crisis entendemos, como decía Gramsci, el momento en virtud del cual lo viejo está
muriendo y lo nuevo no puede nacer, quizá valga la pena hacer el esfuerzo de buscar la utopía
fuera de los umbrales de la política.
Y precisamente una de las limitaciones de ese proyecto de paz se constata en el hecho de que
nunca se propició un sentido de apertura, definido a partir de la tendencia a la “oficialización” de
los acuerdos de paz. Esto nos aleja de la idea de la paz como componente de la utopía, porque es
una tendencia que enfatiza en que la convivencia pacífica está escrita en un documento.
Lo que caracterizamos como espíritu de época no se remite exclusivamente a los acuerdos de
paz, sino a la posibilidad y necesidad de propiciar transformaciones; una sensación parecida a la
que queda tras el fracaso. En un artículo revelador, la politóloga norteamericana S. Jonas ha
llegado a aseverar que el ciclo vivido en Guatemala es comparable (quizá de manera muy noble)
con la Revolución Francesa59. Palabras que, aunque asfixiadas por una atmósfera de romanticismo
59 Jonas, S (1997): Democratization of Guatemala trough the peace process
46
y optimismo desbordado, nos recuerdan que la posguerra no existe por el hecho de que se haya
acabado el enfrentamiento armado; también nos trae a la mente el costo histórico de las
decisiones: recuérdese que la Revolución Francesa inauguró, además de ciertas libertades jurídico-
formales, nuevas formas de represión, ¡quizá hasta en la forma material de libertades! ¿Significa
que la posguerra guatemalteca también implica un costo pretérito? Ciertamente, pero el problema
central consiste en no perder el horizonte de la utopía como factor que condicione al individuo.
De esa forma, la búsqueda de la posguerra consiste en negar el carácter oficial de la paz y utilizar
el pensamiento como potencialidad para transformar. No se puede concebir un país que no tenga
la capacidad de resolver una crisis histórica, siempre y cuando no se quiera volver al ciclo de las
armas.
47
CONCLUSIÓN
1. La firma de la paz en el país ha abierto un ciclo caracterizado por una diversidad de
interrogantes en cuanto a la viabilidad de la democracia y la posguerra en el país, como
proyectos históricos. Consideramos que el núcleo vinculante encuentra su articulación en torno
a la posibilidad de los proyectos de los actores, haciendo la salvedad que a partir de las
negociaciones de paz la URNG, como la alternativa viable durante los años del conflicto
armado, se desentendió de adquirir cualquier tipo de compromiso con la historia. Por supuesto
que lo anterior no agotó la necesidad de repensar la crisis.
2. Las producciones en torno a los sujetos sociales y la política en la historia reciente del país nos
ofrecen una variedad de visiones, desde las "radicales" que caracterizan a los actores políticos
como parte de un proceso de alineamiento conducido por el ejército años antes de la transición
a la democracia (López, 1996), hasta las más moderadas, donde se rescata su papel y
responsabilidades históricas como constructores de una nueva sociedad (Reyes, 1996).
Consideramos que el problema fundamental no consiste solamente en la caracterización de los
actores, sino del escenario político dentro del cual se desenvuelven y sobre todo su grado de
representatividad y el peso histórico o coyuntural de sus propuestas.
3. La expresión más genuina de lo anterior se encuentra en el valor de nuevas prácticas políticas
formuladas desde las instancias sociales, que ha quedado reflejado en la reorientación de
algunos movimientos sociales que se han incorporado al escenario político nacional en la última
década. Ese es el caso de los movimientos maya, derechos humanos y de mujeres. En el caso
de la consulta popular de 1999 estos actores tuvieron una participación importante, en función
de promover la aprobación de la propuesta.
4. El resultado de la consulta popular permitió hacer dos tipos de lecturas: La primera tiene que
ver con la vigencia del proyecto conservador que se implanta en el país a partir de 1954,
mientras que la segunda se refiere a las potencialidades del proyecto de paz y del proyecto de
posguerra.
5. Este acercamiento a la historia política del país permitió realizar una conclusión sobre el
"momento actual" en dos direcciones: Por una parte, la falta de evidencias teóricas, políticas e
históricas para caracterizar lo que con grandes niveles de aceptación se ha calificado como el
desmontaje del "poder contrainsurgente" en Guatemala, desde luego que, a pesar de la firma
de la paz en 1996 como resultado de un importante proceso desarrollado a lo largo de 10 años,
48
no se han registrado modificaciones en términos de las instancias que participan en el proceso
de toma de decisiones (factores de poder), las estructuras de poder político y económico y en
definitiva la cultura política y democrática. La segunda conclusión se dirige a identificar los
rasgos que determinan la composición del tejido social en Guatemala, de donde se distinguen
dos tipos: El que es resultado de la evolución social (del cual no nos ocupamos en este trabajo
por no tener mayor relación con nuestro objeto) y aquel que es "artificial", creado como
objetivo de Estado para el ejercicio del control social. Esto se hizo necesario en la medida que
el caso de la consulta popular evidenció la prevalencia de estructuras políticas y sociales
montadas durante el enfrentamiento armado interno60.
6. Por supuesto que los acontecimientos de mayo de 1999 también se relacionan con los
problemas del cumplimiento de los acuerdos, siendo apremiante la falta de un diálogo
sostenido entre las instituciones de gobierno (como entes decisores) y los agentes sociales. La
forma de resolver ese precario relacionamiento fue la administración de los fondos de la paz
desde instituciones intermediadoras, como los FIS. Por otro lado, las comisiones paritarias
también jugaron, en su momento, un importante rol en ese sentido. En general, tanto los FIS
como las distintas comisiones paritarias no tuvieron la capacidad de mantenerse alejadas de la
coyuntura electoral de 1999, en función de "institucionalizar" los esfuerzos por cumplir los
acuerdos, siquiera en sus componentes formales. De esa forma, el debate sobre qué se debía
implementar por lo general, quizá con las excepciones de la consulta popular (donde en el
fondo ningún actor asumió la responsabilidad histórica de ese resultado) y el pacto fiscal, ha
sido puramente fenoménico, en el sentido de que la discusión sobre las contradicciones
históricas del país quedó relegado por la cantidad de leyes y dineros destinados a dar
cumplimiento a los ejes que se plantearon en el primer cronograma.
7. Desde la perspectiva de las instituciones sociales, consideradas como los potenciales "grupos
de presión", los Acuerdos no tuvieron el efecto esperado en función de establecer un diálogo
interinstitucional que propiciara un nivel de gobernabilidad democrática tal que permitiera dos
cosas: Una demanda efectiva desde los actores sociales (verificable desde lo que no se
cumplió); y la estabilidad política suficiente para gobernar.
8. Tanto la administración del FRG como del PAN no tuvieron la capacidad de conducir con éxito
procesos que apuntaban (aunque mínimamente) hacia el abordaje de algunas contradicciones
60 La denominación de conflicto armado en Guatemala está sustentada en los Convenios de Ginebra de 1949, que contempla en el Protocolo Adicional II los llamados "Conflictos Armados sin carácter internacional". A juicio de G. Aguilera la intención de otorgar esa categoría a la guerra civil en Guatemala se acordó para evitar consecuencias de derecho internacional. Torres-Rivas, E y G. Aguilera (1998): Del autoritarismo a la paz P. 115
49
vigentes en la estructura económica y política del país (reformas a la Constitución, al sistema
político y al sistema tributario, ya no digamos cuestiones referidas a la apertura de espacios de
participación social o la tolerancia como opción para superar el racismo). De esa cuenta, el
espíritu del llamado "relanzamiento" de los Acuerdos y del proceso de paz apunta hacia el
cumplimiento de los aspectos operativos y no de temas de fondo. También es importante
destacar que los AP incluían objetivos que, aunque muy deseables, ciertamente era imposible
cumplir, de acuerdo con la organización y alcances del aparato de Estado, sin mencionar
aspectos como los intereses y voluntad política de los grupos de poder61. Por otro lado, la
sugerencia en virtud de la cual la paz se constituye como el inicio de la democratización es
cuestionable, debido a la serie de contradicciones que un armisticio no resuelve en términos de
la historia y las contradicciones sociales.
9. En tal virtud, puede decirse que hay tres tipos de escenario en el futuro inmediato: El posible
es el de deterioro o desgaste de los Acuerdos, derechización de la izquierda y en general la
constitución de un clima conservador, que está fortalecido por el retiro gradual de la
cooperación internacional en términos de programas específicos de desarrollo, la precariedad
en la propuesta de los sectores sociales derivada de su crisis de representatividad y sobre todo
la incuestionabilidad del proyecto de los sectores tradicionales y conservadores. El escenario
medianamente posible consiste en la estabilidad del sistema político a partir del cumplimiento
de ciertos objetivos de los Acuerdos de Paz, como por ejemplo aquéllos que no se lograron
concretar en el proyecto de reformas constitucionales de 1999, los relativos a la estabilidad
macroeconómica, combate a la pobreza y rediseño y eficientización de los sistemas impositivos,
a la par de un aumento gradual de la inversión pública social, frente a una disminución de los
costos operativos del Estado. La variable determinante en este escenario la constituye el papel
de las organizaciones sociales en la construcción de consensos, el incremento de su capacidad
de propuesta y el fortalecimiento de su representatividad y liderazgo social. El escenario
imposible supone el logro de consensos entre las organizaciones sociales, sectores de gobierno
y el empresariado para la construcción de un proyecto nacional de largo plazo, donde los
Acuerdos de Paz sean la plataforma común.
61 A ese respecto ver, p. e. Flores Alvarado, H. (1997): Comentarios críticos de interpretación sobre el significado político-social de los Acuerdos de Paz.
50
ANEXO 1
INFORMANTES CONSULTADOS
A B C
NEGOCIACIONES DE PAZ
MOVIMIENTO SOCIAL
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL 1
Consideraciones sobre los procesos de paz y democratización
Raquel Zelaya Gustavo Porras Castejón Miguel Angel Reyes
Manfredo Marroquín Dolores Marroquín Eddy Armas René Poitevin Raúl Zepeda Marco Tulio Alvarez
Lars Franklin James Lemoyne Leonel Figueredo Ara
2
Situación de los Derechos Humanos
Rigoberta Menchú Tum
Rosalina Tuyuc Frank La Rue
3
Aspectos socioeconómicos y situación agraria
Pablo Ceto
Enrique Cuxil Máximo Ba Tul
4
Desmilitarización y participación ciudadana
Héctor López Bonilla
Helen Mack Carlos López Chávez Bernardo Arevalo Manolo Vela
5
Identidad y derechos de los pueblos indígenas
Alfonso Bauer Páiz
Ramón Pérez Ramírez Laura Hurtado
6
Poblaciones desarraigadas
Rosario Pu Otto Peralta
Daniel Pascual Carlos Barreda
ANEXO 2
POSICIONES ASUMIDAS EN TORNO A LA CONSULTA POPULAR (MEDIOS DE PRENSA: SIGLO XXI, EL PERIÓDICO, PRENSA LIBRE Y NOTI 7)
PRINCIPALES ARGUMENTOS EN FAVOR DEL NO
I N S T I T U C I Ó N / P E R S O N A J E A R G U M E N T O T I P O D E P R O P A G A N D A A P O L O 1 0
A R D E / F r a n c i s c o B i a n c h i 1 , 4 , 1 8 C a m p o p a g a d o e n p r e n s a e s c r i t a
A s o c i a c i ó n d e D i g n a t a r i o s d e l a N a c i ó n 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 C a m p o p a g a d o e n p r e n s a e s c r i t a
C A C I F / R i c a r d o V i l l a n u e v a 1 , 2 , 1 9 , 2 4 E n t r e v i s t a / C a m p o p a g a d o e n p r e n s a e s c r i t a
C E D E C O N 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 ,
2 3 , 2 4
E n t r e v i s t a / C a m p o p a g a d o e n p r e n s a e s c r i t a / F o r o s t e l e v i s a d o s
C r u z a d a C í v i c a p o r e l N O D a n i l o R o c a
1 , 1 7 , 2 3 F o r o t e l e v i s a d o
F E P Y M E 2 0 , 2 1 , 2 2
C a m p o p a g a d o e n p r e n s a e s c r i t a F r e n t e p o r e l N O 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 ,
2 2 , 2 3 , 2 4
L i g a P r o P a t r i a 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 C a m p o p a g a d o e n p r e n s a e s c r i t a / F o r o
M a n u e l A y a u C o r d ó n 1 5 , 1 6 , 1 9
O s c a r R e c i n o s / G u a r d i a n e s d e l V e c i n d a r i o 4 , 1 5 , 1 6
C a m p o p a g a d o e n p r e n s a e s c r i t a O s c a r N a j a r r o P o n c e / O r g a n i s m o J u d i c i a l 1 8 , 1 9
D e c l a r a c i o n e s d e p r e n s a R o b e r t o C a r p i o 7
C a m p o p a g a d o e n p r e n s a e s c r i t a H u m b e r t o P r e t i 1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 3 ,
52
COLUMNISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
C O L U M N I S T A / M E D I O A R G U M E N T O T I P O D E P R O P A G A N D A A n t o n i o A r e n a l e s F o r n o ( E l P e r i ó d i c o ) 1 , 2 , 3 , 4 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 7 , 2 3 F o r o
A r m a n d o d e l a T o r r e ( S i g l o X X I ) 1 , 4 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 5 , 1 9 , 2 3 F o r o C a r r o l l R í o s ( S i g l o X X I ) 1 , 2 , 4 , 7 , 1 9 , 2 3
E s t u a r d o Z a p e t a ( S i g l o X X I ) 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 F e r n a n d o L i n a r e s B e l t r a n e n a ( P r e n s a L i b r e ) 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 ,
2 1 , 2 2 , 2 3 J o r g e P a l m i e r i ( E l P e r i ó d i c o ) 1 7
L u i s E n r i q u e P é r e z ( S i g l o X X I ) 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 M a r i n a M a r r o q u í n M i l l a ( E l P e r i ó d i c o ) 7 , 9 , 1 0 , 1 3
R i g o b e r t o J u á r e z - P a z 3 , 4 , 1 2 R e v i s t a C r ó n i c a 1 , 2 , 4 , 7 , 9 , E d i t o r i a l
S i g l o X X I 7 , 1 2 E d i t o r i a l J o s é E d u a r d o Z a r c o ( P r e n s a L i b r e ) 4 , 7 , 1 2 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9
“LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES NO DEBEN SER APROBADAS PORQUE... 1. DIVIDEN EL ESTADO-NACIÓN 2. VIOLAN EL DERECHO A LA IGUALDAD 3. OTORGAN PRIVILEGIOS A GRUPOS ÉTNICOS 4. LOS ACUERDOS DE PAZ SON ILEGÍTIMOS/DEBIERON APROBARSE MEDIANTE UNA CONSULTA POPULAR 5. SON UN IRRESPETO A LA SOBERANÍA 6. SATANIZAN UNA RELIGIÓN 7. LOS VOTANTES SERÁN MARCADOS CON EL SIGNO DE LA BESTIA 8. ES MEJOR/PREFERIBLE QUE LAS LLEVE A CABO UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 9. ATENTAN CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA 10. VIOLAN LA LIBERTAD DE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO 11. VIOLAN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 12. OBLIGAN A APRENDER IDIOMAS 13. LOS DIPUTADOS SON INCAPACES/NO CONOCEN LA NORMATIVA JURÍDICA GUATEMALTECA/ACTUARON ARBITRARIAMENTE 14. CREAN DOS SISTEMAS JURÍDICOS
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15. ATENTAN CONTRA EL REGIMEN DE PERSONERÍA JURÍDICA 16. LA POBLACIÓN DESCONOCE SU CONTENIDO 17. SON UN ACUERDO ENTRE ÉLITES SIN REPRESENTATIVIDAD (DESPRESTIGIO DE LA CLASE POLÍTICA)/SON UN ENGAÑO 18. CONTIENEN VICIOS DE FONDO Y FORMA 19. NO IMPLICAN CAMBIO ALGUNO 20. SON PERJUDICIALES 21. VIOLAN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ACCIÓN 22. VIOLAN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 23. VIOLAN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE INDUSTRIA 24. NO SE DEBE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN CADA CUATRO AÑOS
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II. PRINCIPALES ARGUMENTOS EN FAVOR DEL SÍ INSTITUCIÓN/PERSONAJE ARGUMENTO TIPO DE PROPAGANDAAcademia de Lenguas 2, 4,
Alvaro Pop 6 Foro/EntrevistaAVANCSO 3, 5, 6, Campo pagado
Centro Evangélico de Estudios Pastorales deCentroamérica CEDEPCA 1, 4
Entrevista
Catalina Soberanis 2, 3, 4, 5, 8, 9,Consejo Superior Universitario 3, 5, 6, Campo pagado
COPMAGUA 1, 2, 4, 6, 8, Campo pagadoDCG 8
Fundación Rigoberta Menchú Tum 3, 4, 6 Campo pagadoFundación Mirna Mack Campo pagado
FLACSO 3, 5, 6, 8 Campo pagadoGrupo de Ciudadanos por el SI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15 Campo pagadoComisión de Acompañamiento 8 Campo pagado
Julio Arango 2, 4, 5, 8 EntrevistaJulio Balconi 11
PAN 16 Campo pagadoFRG 8UCN 2, 4ANN 1, 3,9, 17 Foro
Ramiro de León 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 ForoMauricio López Bonilla 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16
IPES 3, 5, 6, 8, 16, 17IIES 3, 5, 6, 8
Oscar Berger 3
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COLUMNISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
C O L U M N I S T A / M E D I O A R G U M E N T O T I P O D E P R O P A G A N D A A l e x a n d e r S e q u é n M o c h e z ( E l P e r i ó d i c o ) 1 , 3 , 5 , 9 , 1 1 , 1 7 F o r o
C a r o l i n a E s c o b a r S a r t i ( P r e n s a L i b r e ) 1 , 2 , 3 , 4 , 8 , 1 4 , 1 5 F o r o D i n a F e r n á n d e z ( P r e n s a L i b r e ) 1 , 2 , 4 , 5 , 1 3 F o r o E d g a r G u t i e r r e z ( E l P e r i ó d i c o ) 6 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1
L i z a r d o S o s a ( S i g l o X X I ) 2 , 3 , 4 , 1 2 F o r o M a r g a r i t a C a r r e r a ( P r e n s a L i b r e ) 1 , 2 , 3 , 4 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 3 M a r i e l o s M o n z ó n ( E l P e r i ó d i c o ) 1 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 1 5 , 1 6
M i g u e l A n g e l A l v i z u r e z ( E l P e r i ó d i c o ) 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 1 0 , 1 3 , 1 5 , 1 6 F o r o P a b l o R o d a s M a r t i n i 1 , 6
S e r g i o M o r a l e s 1 , 2 , 4 , 5 , 1 3 V í c t o r F e r r i g n o 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 1 5 F o r o
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES SI DEBEN SER APROBADAS PORQUE... 1. SIENTAN LAS BASES DE LA DEMOCRACIA, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN 2. ELIMINAN LA INJUSTICIA 3. SE OTORGA ESTATUS LEGAL A LOS ACUERDOS DE PAZ 4. REPRESENTAN UN BENEFICIO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 5. SUPRIMEN LOS PODERES DEL EJÉRCITO 6. SE TRADUCEN EN LA REDEFINICIÓN DEL ESTADO 7. SON DE BENEFICIO PARA LOS TRABAJADORES 8. SON CAMBIOS POSITIVOS PARA LA NACIÓN 9. SON LA ESTRUCTURA JURÍDICA QUE COADYUVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 10. SON UN INSTRUMENTO DE UNIDAD NACIONAL 11. CONTIENEN MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 12. HUBIERA SIDO MEJOR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 13. SE RATIFICA EL PRINCIPIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL GRATUITA 14. FORTALECEN LA SEGURIDAD CIUDADANA 15. SE ELIMINA EL AUTORITARISMO 16. PRESENTAN UN MEJOR FUTURO PARA GUATEMALA SON LA INCLUSIÓN DE LA IZQUIERDA EN EL PACTO SOCIAL DE 1985
Cuadro 2
Etapas y actores del proceso de paz
Escenarios Actores relevantes Consenso logrados Fase 1 Iniciativas
regionales (Esquipulas I y II)
Mandatarios Centroamericanos; DC; Ejército; Comisión Nacional de Reconciliación (CNR); Conferencia Episcopal (CEG); comunidad internacional y Grupo de Contadora
• Procedimiento para establecer la paz firme y duradera (Acuerdo de Esquipulas II) • Acta de Instalación de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento • Acuerdo de creación de la CNR
Fase 2 Proceso de Oslo URNG (Comisión Político-diplomática); Gobierno (CNR); Sector Institucional del Ejército; CEG
• Acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos (Acuerdo de Oslo)
• Acuerdo de procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos (Acuerdo de México)
• Acuerdo Marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos
Fase 3 Mediación de NU URNG; Gobierno/Ejército; Asamblea
Sociedad Civil ASC; Naciones Unidas NU • Acuerdo para la Reanudación del proceso de negociación entre el gobierno de
Guatemala y la URNG • Acuerdo de calendario de las negociaciones para una paz firme y duradera • Acuerdo Global sobre Derechos Humanos • Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas • Acuerdo para el establecimiento de la CEH • Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas • Declaración de Contadora (IV Conferencia Centroamericana de Partidos Políticos) • Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria • Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil • Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego • Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral • Acuerdo sobre bases para la incorporación de URNG a la legalidad • Acuerdo sobre cronograma para la implementación de los AP • Acuerdo de paz firme y duradera
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conciliation Resourses
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BIBLIOGRAFÍA
Libros y documentos 1. Acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca URNG 2. Bobbio, Norberto, Mateucci, Nicola y Gianfranco Pasquino et. al. (1997): Diccionario de
Política. (México: Siglo XXI) 3. Braudel, Fernand (1974): La Historia y las Ciencias Sociales. (Madrid: Alianza Editorial) 4. Corte de Constitucionalidad (1998): Gaceta Jurisprudencial No. 51. Expediente No. 931-98.
Sentencia de la Corte de Constitucionalidad relativa a la impugnación al Acuerdo Legislativo 41-98 que aprueba las reformas constitucionales, presentada por el Centro para la Defensa de la Constitución CEDECON
5. Corte de Constitucionalidad (1997): Gaceta Jurisprudencial No. 46. Expedientes 8-97 y 20-97 6. Corte de Constitucionalidad (1996): Gaceta Jurisprudencial No. 39. Expediente No. 848-95.
Sentencia de la Corte de Constitucionalidad relativa a la impugnación al Acuerdo de Esquipulas II
7. Decouflé, André (1968): Sociología de las revoluciones (Madrid: Proteo) 8. Drod, Yehezkel (1994): La capacidad de gobernar. Informe al Club de Roma. (México: Fondo
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individualismo metodológico; en Torres-Rivas, Edelberto, et. al (1990): Política. Teoría y métodos (San José: EDUCA)
11. Enríquez, Carlos Alberto (1998): ¿Por qué se negoció la paz en Guatemala? (Guatemala:
Dirección General de Investigación/Universidad de San Carlos) 12. Ichikawa Morin, Emilio (1996): El pensamiento agónico. (La Habana: Pinos Nuevos) 13. Iglesia Guatemalteca en el Exilio (1989): Guatemala: Seguridad y Desarrollo. (México) 14. Jonas, Sussane (2000): De centauros y palomas: El proceso de paz guatemalteco.
(Guatemala: FLACSO) 15. López Chávez, Carlos (1996): El ejército como principal factor de poder del actual Estado
burgués oligárquico guatemalteco. (Guatemala: Dirección General de Investigación/Universidad de San Carlos)
16. Matus, Carlos (1979): Planificación de Situaciones. (México: FCE) 17. O´Donell, Guillermo y Philippe C. Schmitter (1988): Transiciones desde un gobierno
autoritario: Conclusiones tentativas sobre democracias inciertas. (Buenos Aires: Paidós)
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19. Pinto Soria, Julio César (2000): El debate sobre la cuestión étnica en Guatemala (1944-1970)
(Guatemala: Centro de Estudios Urbanos y Regionales/Universidad de San Carlos) 20. Skvortsov, L. V. (1974; 1981): El tiempo y la necesidad en la historia. Trad. Félix de la Uz
(México: Editorial Nuestro Tiempo) 21. Solórzano Martínez, Mario (1987): Guatemala: Autoritarismo y Democracia. (San José:
FLACSO/EDUCA) 22. Zemelman, Hugo (1991): Los horizontes de la razón. Tomos I y II (Barcelona:
Antropos/Colegio de México) 23. Zepeda, Raúl et. al. (2000) La coyuntura de 1999. Situaciones y procesos políticos relevantes.
(Guatemala: Dirección General de Investigación/Universidad de San Carlos) 24. Zepeda, Raúl et. al. (2001): ¿Ruptura o continuidad en el estilo de gobierno? (Guatemala:
Dirección General de Investigación/Universidad de San Carlos)
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en Revista Política y Sociedad (Guatemala: Escuela de Ciencia Política/Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales/Universidad de San Carlos) No. 33
5. Flores Alvarado, Humberto (1997): “Comentarios críticos de interpretación sobre el significado
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tomo IV, fascículo 13. 1999. 7. Jonas, Sussane (1998): "Democratization of Guatemala through the peace process"
(Guatemala: UVG) Ponencia presentada al seminario Desarrollo y Democratización 8. Marx, Karl y Fredrich Engels (S/F): "Biblioteca de Autores Socialistas" (Obras Completas).
Recurso Electrónico. http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/index.htm (Madrid: Universidad Complutense)
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9. Salvadó, Luis Raúl (1997): "El proceso de paz en Guatemala. Notas para contribuir a su estudio" en Revista Política y Sociedad (Guatemala: Escuela de Ciencia Política/Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales/Universidad de San Carlos) No. 35
10. Vilas, Carlos (1996): "Actores y desarrollo. Los intercambios entre política y economía". En
Revista Política y Sociedad (Guatemala: Escuela de Ciencia Política/Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales/Universidad de San Carlos) No. 34
11. Vilas, Carlos (1995): "Democratización y gobernabilidad en un escenario postrrevolucionario:
Centroamérica" en Revista Política y Sociedad (Guatemala: Escuela de Ciencia Política/Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales/Universidad de San Carlos) No. 33
12. Zepeda, Raúl, Andreu, Roberto y Jorge Ruano (1998): "Los desafíos de la construcción de la
paz en Guatemala" en Revista Política y Sociedad (Guatemala: Escuela de Ciencia Política/Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales/Universidad de San Carlos) No. 36
