UNIDAD 4 DERECHOS DEBERES LEGALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la condición humana en la sociedad tecnológica.

La relevancia de la ética para el análisis de la tecnología

La necesidad de continuar pensando nuestra condición humana para que al ser reconocida como tal, pueda ser respetada, abre la oportunidad de un discurso ético sobre los derechos humanos en una era en la que la tecnología aparece como condición esencial de posibilidad y como característica definidora de nuestra sociedad. Como afirma Graciano González en su introducción a Derechos humanos: la condición humana en la sociedad tecnológica(1), una consideración filosófica de los valores de razón, dignidad, libertad, igualdad, solidaridad y paz, que expresan dicha condición, debe realizarse a través de un discurso que considere los derechos humanos como exigencias morales de realización tanto en el nivel personal como en el comunitario. Introducir la tecnología en este contexto significa atender a la necesidad de traducir dicho discurso en términos que puedan también a abarcar a la ciencia y a la tecnología como elementos que modifican el concepto de espacio o ámbito en el que se manifiestan, profundizan, y desarrollan los derechos humanos. Este nuevo ámbito está abriendo nuevas perspectivas para entender, de una forma sustancialmente más amplia, la declaración universal de los derechos humanos de 1948. Toda una serie de problemas éticos y jurídicos que tienen que ver con dichos derechos, y que están pidiendo urgente respuesta, están a la espera de ser reformulados. De dicha reformulación, que nos encamina hacia una cuarta generación de los derechos humanos, es el tema de este artículo.

La necesidad de una cuarta generación de Derechos Humanos

El desarrollo social y moral del ser humano no ha sido nunca opaco al desarrollo de las realidades técnicas científicas. Dichas realidades se constituyen en condición de posibilidad para el cambio social, la emergencia de nuevos valores, la aparición de nuevos paradigmas éticos y, en definitiva, el advenimiento de nuevas formas de organización social. Es por esa razón que resulta necesario reflexionar constantemente y sobre el sentido de la relación entre los desarrollos técnicos y el entorno humano. Resulta evidente constatar que la tecnociencia está presente como uno de los hechos configuradores de la realidad actual, y que el mundo ha cambiado de forma sustancial a partir de ese impulso. Pero también debemos entenderlo como un fenómeno multidimensional que proyecta su influencia de una manera directa sobre las realidades morales, psicológicas y sociales. Es por esta razón que según el profesor Manuel Maceiras es necesario considerar dos programas de acción distintos pero convergentes. El primero, de carácter teórico, estudia la forma en que la tecnociencia está modelando la identidad y la conciencia humanas. Los nuevos medios técnicos extienden el ámbito de la expresión y la comunicación a otros espacios hasta ahora vedados a los individuos. El segundo objetivo es de carácter político pragmático, y nos previene frente a la necesidad de elaborar políticas coherentes que reconozcan las nuevas necesidades humanas para aprovechar dichos medios, y los nuevos derechos que son inherentes al hecho mismo del vivir en una sociedad tecnológica, las llamadas exigencias políticas de la tecnociencia.(2)

Analizar este nuevo marco social nos obliga a hacer algo historia sobre la evolución de los derechos humanos. Los derechos civiles y políticos de primera generación, aquellos que inciden sobre la expresión de libertad de los individuos, proceden de la tradición constitucionalista liberal. Estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966, a saber, el de los

Derechos Civiles y Políticos, y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la dignidad de la persona, y a su autonomía y libertad frente al estado, su integridad física, las garantías procesales, son derechos que tienen como soporte la filosofía de la ilustración y las teorías del contrato social. Fue el constitucionalismo y el liberalismo progresista quienes impulsaron la inclusión de dichos derechos en las constituciones de los estados nacionales europeos durante siglo XIX, favoreciendo así la universalización de los derechos civiles y políticos básicos. Se limita así el poder del estado frente los individuos, estableciendo un equilibrio entre institución y ciudadano.

Los derechos de segunda generación se incorporan a partir de una tradición de pensamiento humanista y socialista; son de naturaleza económica y social, e inciden sobre la expresión de igualdad de los individuos. Los derechos de primera generación defendían a los ciudadanos frente al poder del estado, pero ahora se exige cierta intervención del estado para garantizar una acceso igualitario a los derechos anteriormente citados, es decir, para compensar las desigualdades naturales creadas por las ventajas y desventajas de clases, etnia y religión que caracterizan las diferencias sociales de los individuos desde su propio nacimiento. Se pedía así que el estado que garantice el acceso a la educación, el trabajo, la salud, la protección social, etc., creando las condiciones sociales que posibiliten un ejercicio real de las libertades en una sociedad donde no todos los hombres nacen iguales. La universalización del sufragio y el reformismo social permitieron que las constituciones liberales del siglo XIX pudieran encajar estos derechos. El movimiento obrero y las ideologías de corte internacionalista impulsaron definitivamente la consciencia de la necesidad de extender a todos los ciudadanos, y de forma progresiva, el derecho de educación, al trabajo, a una salud garantizada por el estado, etc.

Los llamados derechos de la solidaridad constituyen una tercera generación que se concretiza en la segunda mitad del siglo XX. Esta vez, su motor impulsor será la acción de determinados colectivos que reclaman legítimos derechos. Se comienzan a configurar en forma de declaraciones sectoriales que protegen los derechos de colectivos discriminados grupos de edad, minorías étnicas o religiosas, países del Tercer Mundo, que se afectados por alguna de las múltiples manifestaciones que cobra la discriminación económico social. En las dos últimas décadas del siglo que ya hemos abandonado, estos derechos han ido cobrando un papel cada vez más importante, y gracias a ellos se ha desarrollado concepto de diálogo Norte Sur, el respeto y la conservación de la diversidad cultural, la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural del humanidad, etc. Estas políticas radicales, en el sentido italiano del término radical, son el reconocimiento de un contexto en el que surgen nuevas necesidades humanas y donde estas exigencias obligan a desarrollar nuevos derechos que garanticen el acceso universal a formas más avanzadas de ciudadanía y civilidad, de libertad y de calidad de vida. La globalización económica, así como la ideológica y simbólica, la transición de la sociedad de información a la sociedad del conocimiento, la integración del mundo a través de la extensión universal de los medios de comunicación de masas, así como los fenómenos de multiculturalismo provocado por los flujos migratorios, son claros síntomas de que algo sustancial está cambiando.

Comienzan a reivindicarse con fuerza los derechos a la paz y a una justicia internacional, a poder intervenir desde instituciones de carácter supranacional en los conflictos armados locales, imponiendo a la paz desde una fuerza legítima. La persecución sin fronteras de los dictadores, la limitación del derecho a la inmunidad diplomática para determinados delitos, y el derecho a crear un tribunal internacional que actúe de oficio en los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad. El derecho a escoger modelos de desarrollo sostenible que garanticen la vía diversidad y que permitan preservar el medio ambiente natural, así como el patrimonio cultural del humanidad. El derecho a un entorno multicultural que supere el concepto de tolerancia, haciendo de la diferencia una ventaja y no un inconveniente.

Estas nuevas condiciones permiten que vayan cristalizando nuevos derechos que aspiran a concretarse en Declaraciones como las anteriores de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Se reivindica el derecho a

la paz y a la intervención desde un poder legítimo internacional en los conflictos armados; el derecho a crear un Tribunal Internacional que actúe en los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad; el derecho a un desarrollo sostenible que permita preservar el medio ambiente natural y el patrimonio cultural de la humanidad; el derecho a un mundo multicultural en el que se respeten las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas; el derecho a la libre circulación de las personas, no sólo de capitales y bienes, que permita condiciones de vida dignas a los trabajadores inmigrantes.(3) Este conjunto de derechos va tomando forma en las últimas décadas, y abre el camino para un gran reto añadido en el siglo XXI: las nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación en el entorno del ciberespacio, es decir, la cuarta generación de los derechos humanos.

La histórica alianza de la tecnología con el poder

No podemos separar las potencialidades de la tecnología de las voluntades de las personas que la promueven. Por esta razón, las expectativas una mayor democratización de la sociedad requieren una inteligente utilización de los medios a nuestro alcance. Por otro lado, una utilización perversa de dicha tecnología tendría una traducción directa en el menoscabo de las libertades públicas civiles, en la disminución de los estándares de vida, y en un desequilibrio cada vez mayor entre poder personal y poder institucional. Por tanto, debemos observar que, al lado de dinámicas positivas, también surgen mecanismos de dominación y ataques a los derechos humanos en este ciberespacio que tienen que ver con la limitación del acceso a las condiciones técnicas, económicas o culturales que permitirían el desarrollo de formas más avanzadas de participación pública y de intercambio y libre expresión de las ideas y creencias. En el mundo real, los ataques a los derechos humanos en forma de acciones políticas tienen una traducción casi inmediata en términos de hambre, tortura, discriminación, flujos migratorios o de refugiados, recorte de libertades civiles, etc. En el ciberespacio, dichas acciones cobran un cierto carácter de invisibilidad frente al escrutinio público y, por tanto, la aparente inmaterialidad e invisibilidad de los ataques precisa nuevas formas de análisis.

Si analizamos la historia de la tecnología, es probable que veamos cómo habitualmente en su evolución ha jugado a favor de los poderes constituidos. Como encarnación de los intereses de aquellos que la promueven, se podría decir que la tecnología ha sido siempre, al igual que la guerra, una prolongación de la política por otros medios. Sin embargo, la democratización de la tecnología informática y el constante descenso del coste de acceso la misma han permitido que la tecnología se encuentre por una vez más cerca del individuo. Aunque no le guste al poder, el ciudadano de la nueva telépolis se beneficia tanto como las instituciones del avance tecnológico. Por primera vez contamos con vías de acceso a la información que con una inversión mínima permiten un alcance máximo. Esto no supone de manera automática un elemento democratizador, pero no cabe duda de que es una dinámica que cambia la orientación concentrada y centralizadora que ha caracterizado hasta el momento a gran parte del desarrollo tecnológico. Ahora es posible establecer prácticas comunicativas que derrumban los muros de la antigua polis. Este cambio cualitativo trae consigo nuevas oportunidades de autogestión social, control social horizontal y de participación ciudadana, en pro de una mayor transparencia social. La Red aparece así como uno de los escenarios donde se dirime una de las más decisivas batallas por la libertad de expresión y, por ende, por los derechos humanos en general.

Las redes telemáticas tienen además una notable capacidad metafórica, una fuerza basada en su carácter sugerente, en su capacidad de actuar como modelo de formas y comportamientos sociales. Internet es, por una parte, un mosaico de oportunidades y riesgos para la ética civil y para los derechos humanos, una propuesta que reclama respuestas jurídicas y políticas. Por otro lado, establece también unas expectativas de calidad de vida y de disfrute de la existencia no contempladas por las generaciones anteriores. Dichas expectativas se convierten en parte de nuestro presente, en el patrón por el que juzgamos el carácter fructífero o estéril de nuestra existencia. Y esto que es cierto para una parte relativamente reducida del humanidad, reclama por su propia

esencia una extensión a aquellas bolsas de pobreza que no gozan todavía de estos derechos. Las posibilidades que se abren a partir de esta omnipresencia de la tecnología en la vida social son tantas que una nueva ética reclama una protección más global e imaginativa de los derechos de los individuos. Dichos derechos se englobarían en lo que podría ser considerada una cuarta generación de derechos humanos, en los que la universalización del acceso a la tecnología, la libertad de expresión en la Red y la libre distribución de la información juegan un papel fundamental.

Derechos humanos en el ciberespacio

En un artículo anterior defendía que probablemente Internet es la estructura social más democrática y participativa que las nuevas tecnologías de la comunicación hayan traído a un mundo que contempla a cincuenta años de distancia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora que acabamos de dar la vuelta a la esquina la llegada de un nuevo siglo, no será el mundo físico el único escenario bélico donde se libren en las guerras del futuro, donde se diriman las disputas de poder en todas las esferas. Ni el concepto de invasión ni el de esclavitud seguirán siendo los mismos. No será necesario invadir un país, ni tampoco poner grilletes en muñecas y tobillos atar las manos a sus ciudadanos, si podemos reeducar el deseo, convertirlos en consumidores, colonizar las conciencias a través de valores implícitos en los productos audiovisuales. Los nuevos colonialismos no obligan a sus provincias al pago de onerosos impuestos, sino que se invaden sus mercados de productos y servicios de todo tipo. En esencia, los mecanismos de dominación y de limitación de los derechos humanos en este nuevo espacio de información o ciberespacio tienen más que ver con la limitación del acceso a las condiciones necesarias (ya sean técnicas, económicas o culturales) que permitirían el desarrollo de formas más avanzadas de participación pública y de intercambio y libre expresión de ideas y creencias. Las fronteras dejan de ser barreras impermeables cuando los llamados flujos transfronterizos de información (TDF - transborder data flow) las atraviesan a través de cables y satélites de la misma forma en que los fantasmas atraviesan los muros de los castillos ingleses. En este entorno técnico y político a la vez, que definimos como una nueva esfera de comunicación y realidad, se está librando probablemente una de las batallas fundamentales por la libertad de expresión. Por ello se hace especialmente relevante hablar de la condición de los derechos contenidos en Declaración del 48 en el nuevo entorno del ciberespacio, y de los ataques que pueden sufrir a través de las tecnologías de la comunicación y la información.(4)

El gran atractivo de Internet es su naturaleza abierta. Los intentos de restringir el libre flujo de información en Internet, así como los intentos de restringir lo que puede decirse por el teléfono, supondrían una limitación onerosa y nada razonable de los bien establecidos principios de privacidad y libertad de expresión. La aparente inmaterialidad de los ataques precisa otras formas de análisis. En el mundo real, los ataques a los derechos humanos en forma de acciones políticas tienen una traducción casi inmediata en términos de hambre, discriminación, flujos migratorios o de refugiados, recorte de libertades civiles, etc. En el ciberespacio, dichas acciones cobran un cierto carácter de invisibilidad frente al escrutinio público. La polución del aire, de la tierra o del agua puede ser mensurada de forma objetiva a través de dispositivos y aparatos diseñados a tal efecto, y los datos así obtenidos pueden constituirse en infraestructura de políticas de regeneración del medio ambiente. Por el contrario, no resulta tan sencillo medir el grado de contaminación en una información, o detectar en un producto audiovisual el modelo de sociedad o los valores que se transmiten de forma soterrada. No resulta sencillo, por ejemplo, evaluar el impacto discriminatorio que pueda tener una política educativa que puede tener como efecto la creación de distientos niveles de capacidad de acceso y uso de los medios informáticos y telemáticos por parte de estudiantes de diferentes clases sociales.

La influencia de la tecnología informática y el mundo de la cultura presentó diferentes dimensiones, y puede además dotar de significado a un conjunto de principios que sin ella acabarían siendo poco más que una voluntariosa declaración de intenciones. Si se ha defendido tradicionalmente que las ideas caminan mundo, también debemos tener en cuenta que los gobiernos y las empresas que definan los estándares de comunicación

de Internet, la telefonía móvil global y la televisión vía satélite, tendrán en su poder una de las claves fundamentales del poder futuro. La importancia de esta pugna explica el ahínco con que las grandes empresas emprenden iniciativas arriesgadas para conseguir y mantener posiciones de privilegio. Por ejemplo, hemos asistido hace apenas algunos meses al que sin duda no será el último episodio de la demanda legal contra Microsoft, empresa paradigmática de este nuevo orden mundial, por querer imponer el estándar mundial de navegación por Internet con su programa Explorer. De hecho, esta empresa se arriesga a su fragmentación por la aplicación de la ley americana anti-monopolios, y no se explicaría tan audacia si no fuera de importancia estratégica lo que está en juego. Por otra parte, es una constante en países donde las libertades fundamentales se encuentran recortadas la existencia de una creciente preocupación por controlar y limitar el libre flujo de información a través de Internet. Los regímenes dictatoriales hacen frecuentemente una bandera del carácter perverso de la Red al ser, según ellos, un agujero por el que se cuelan valores propios de sociedades decadentes, amenazadores para la soberanía nacional y transgresores de las costumbres y tradiciones nacionales.

Por otro lado, los regímenes democráticos también han percibido que Internet aparece como uno de los foros públicos donde los ciudadanos tienen una mayor capacidad de organización horizontal, donde pueden quedar en entredicho los tradicionales intereses de los actores sociales que han monopolizado habitualmente el acceso a los medios de comunicación, e intentan actuar en consecuencia para mantener su influencia social. En este caso no nos encontramos con medidas empresariales o gubernamentales abiertamente contrarias al derecho a la libre expresión de las ideas, pero sí con campañas de sensibilización social sobre una serie de conductas delictivas llevadas a cabo a través de Interne –pornografía infantil, propaganda racista, apología del terrorismo y la violencia, etc– que parecen pedir a gritos la censura previa y la catalogación de los contenidos de las páginas Web en supuesta defensa de los valores morales.

La libertad de expresión como derecho de cuarta generación

Quizá uno de los aspectos más relevantes de la tecnología telemática en relación a los derechos humanos hace referencia a la libertad de expresión. En este contexto no sería sólo uno de los derechos humanos fundamentales, sino también una condición de posibilidad para la defensa y el desarrollo de los demás derechos. En un nuevo orden en el que la información se convierte en el recurso estratégico por excelencia, la falta de libertad de expresión hace que la vida humana pierda una de sus características más sustantivas. También surgen otras libertades esencialmente relacionadas con la anterior, a saber, la libertad de pensamiento en todas sus manifestaciones, y la libertad de buscar y recibir información. Esto ya aparece reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde cobra un papel fundamental el reconocimiento de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de investigar y de recibir información (art. 19), y la libertad de opinión y de difundirla sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (art. 19).

El hecho de que Internet se haya democratizado y convertido en una infraestructura técnica orientada a proporcionar una cobertura de comunicación barata, horizontal y de ámbito global, hace que la libertad de expresión y el resto de las libertades asociadas a ella no sólo deban aplicarse en toda su extensión a las actividades personales que se llevan a cabo en la red. Se produce un salto cualitativo, y cobran aquí una relevancia que no poseen en los medios tradicionales de comunicación. Teóricamente cualquiera puede exponer sus opiniones a través de estos medios. En la práctica, sólo los grandes grupos de la comunicación y aquellos que componen los variados mecanismos del poder social tienen la posibilidad real de hacer oír su voz. Por el contrario, en Internet muy pocos medios son suficientes para comunicar una información mensaje, para hacerla llegar a todos los rincones del globo. Cualquiera puede crear sus páginas Web y difundir sus ideas a través de ella, participar activamente en foros de discusión, enviar y recibir mensajes de correo electrónico a un número extraordinariamente alto de usuarios con un coste prácticamente nulo. En la red, cualquier ciudadano se convierte en emisor y receptor a un tiempo, y la interactividad y la participación se revelan como las reglas

básicas del juego. Con la llegada de Internet, los métodos de acceso y difusión de información han cambiado radicalmente, con grandes consecuencias para las personas, la sociedad civil y los gobiernos.

Comienzan a surgir comunidades de intercambio basadas en fenómenos socio-tecnológicos como Napster y Gnutella que transforman el concepto de negocio y de intercambio de bienes, poniendo en jaque el sistema de mercado y la separación de roles entre productor y consumidor. Estas características son ajenas a la forma tradicional de hacer negocios. Los medios tradicionales que son interactivos no tienen un gran alcance, y los que poseen este alcance son de uno a muchos, es decir asimétricos y escasamente interactivos. No permiten tampoco una relación P2P (peer to peer, esto es, negocios entre usuarios sin intervención una empresa que venda o preste un servicio a un consumidor), lo que resulta técnicamente sencillo y hasta natural en Internet. Los nuevos medios reúnen las características de alcance, anonimato, interactividad y reproductibilidad. Dichas características crean la necesidad del desarrollo de una ética on-line que dé razón de los intercambios humanos que se producirán sin mediación de una presencia física, en el contexto del ciberespacio. Sin una pluralidad de fuentes no podríamos hablar con propiedad de libertad de pensamiento, conciencia o religión. Sin acceso a medios de alcance internacional no tiene sentido hablar de libertad de opinión y de difusión de las mismas sin limitación de fronteras. Sin el desarrollo de una nueva ética, no se podrá profundizar en los usos solidarios del poder que las nuevas tecnologías ponen en las manos de los individuos.

Se juntan, en este sentido tanto las características técnicas de la red, como la voluntad de aquéllos que la han popularizado y democratizado, colocándola al alcance de un número cada vez mayor de individuos, a un ritmo muy superior al de otras tecnologías tradicionales. Por una parte, todo lo que es digital puede existir la red: la propia naturaleza de la digitalización, que homogeneiza todo tipo de datos e información, ya sea audiovisual, textual o de cualquier otro tipo, y el progresivo desarrollo y abaratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, hacen que su uso se extienda cada vez más y sea más difícil restringir su disfrute a sectores habitualmente desfavorecidos de la sociedad. Por otra parte, la Red tiene un diseño, una topología y una estructura que responden a una voluntad conscientemente orientada a la promoción de un medio democrático de libre expresión, voluntad que ha caracterizado la acción de muchas personas que han intervenido en su desarrollo y en la progresiva expansión de sus aplicaciones. No defiendo que la propia esencia de la red pueda ser por sí sola un elemento desencadenante de cambio social. Sin embargo, la intersección de pericia técnica con una voluntad solidaria de desarrollo y profundización de los derechos humanos, puede convertirse en uno de los elementos definidores de los nuevos patrones de calidad de vida en la sociedad futura. Es por ello que el ciberespacio aparece así como uno de los escenarios donde se dirime una de las más decisivas batallas por la libertad de expresión y, por ende, por los derechos humanos en general. Veremos cómo se llevan a cabo políticas restrictivas de las libertades mencionadas que inciden directamente sobre Internet y los derechos de proveedores y usuarios.

Ataques a los derechos de cuarta generación a través de Internet

En mi artículo ya citado exponía un catálogo de situaciones de peligro para los derechos de cuarta generación donde la tecnología aparecía como el elemento clave, ya sea como vehículo o como modelo, para ejercer una acción limitadora o conculcadora de la libertad de expresión. Muestro los puntos principales a continuación:

Cercenando el acceso y libre uso de la tecnología se apunta directamente a la libertad de opinión y expresión. Algunos antecedentes son anteriores a los tiempos de Internet. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética era preceptivo enviar al ministerio correspondiente una prueba de impresión de las máquinas de escribir e impresoras que se utilizaran en el país. De esta forma el Estado podía identificar fácilmente el origen de un texto subversivo mecanografiado, o el de un texto fotocopiado. Esta “huella digital” de estas máquinas componía un fichero tan infame como una nómina de presos políticos.

La prohibición de antenas parabólicas para la recepción de emisiones extranjeras de televisión vía satélite en algunos países islámicos integristas también son muestra del miedo a que la tecnología sea vehículo de transmisión de ideas que pueden hacer tambalear las conciencias, que pueden poner en cuestión el credo y las opiniones oficiales.

En los últimos años se ha podido ver cómo el interés regulador de la libertad de expresión por parte de los gobiernos se ha centrado también en Internet. En regímenes dictatoriales o en los que los derechos civiles no están plenamente reconocidos se intenta frecuentemente censurar el acceso a la Red con la excusa de la defensa de los valores culturales autóctonos frente a modelos de vida extranjeros. En muchos casos, el envío de correo electrónico al extranjero o la consulta de páginas Web no autorizadas trae consigo fuertes penas o cárcel.

El caso de China es especialmente importante, entre otras razones porque afecta a un significativo porcentaje de la población mundial. Las acciones del gobierno de la nación contra los movimientos en pro de la defensa de los derechos humanos y las libertades civiles, materializadas en la matanza de Tiananmen contra la protesta de estudiantes desarmados, dieron la vuelta al mundo por su crueldad e implacabilidad. Sin embargo, han pasado más desapercibidas otras iniciativas que inciden en un plano menos visible de la acción política. Actualmente, la represión se lleva a cabo a través de las regulaciones que limitan la libertad de expresión y de acceso a la información. Una de estas medidas es la implantación de cortafuegos (firewalls), barreras informáticas que impiden la consulta y la visualización de cualquier tipo de páginas Web de dominios extranjeros no autorizados por el gobierno. Antes de entrar por primera vez en Internet todo ciudadano chino está obligado a rellenar un exhaustivo formulario, de tal manera que se garantiza la plena identificación del usuario en la red, el control gubernamental de cualquier tipo de acceso o intercambio de información. Por si dicho control no fuera suficiente, se hace responsables a los proveedores de acceso a Internet de las actividades que los usuarios lleven a cabo a través de los mismos, y están obligados a colaborar con las autoridades en la delación y persecución de dichas actividades subversivas. Se parte de un principio de presunción de culpabilidad del internauta, considerándole un enemigo potencial del Estado, y se institucionaliza una nueva forma de censura aún más sofisticada que aquellas que tradicionalmente han caracterizado a los regímenes dictatoriales. En una de las sentencias que han levantado más controversia en la comunidad internacional, el hacker Hao Jingwen fue condenado a muerte por la corte suprema china por desviar 87.000 dólares del banco estatal Industrial and Commercial Bank of China. Otros hackers han sufrido igualmente graves condenas por actividades de carácter delictivo o político realizadas a través de Internet, como pasar direcciones de correo electrónico de asociaciones en defensa de los derechos civiles a sitios Internet extranjeros, muchas de las cuales entran dentro de la consideración de delitos contra la seguridad del estado.

Otros países han adoptado también medidas legislativas que limitan el ejercicio de los derechos civiles a través de las autopistas de la información. Los estados miembros de la ASEAN (Asociación de países del Sudeste Asiático) formada por Brunei, Indonesia, Vietnam, Singapur, Filipinas, Tailandia y Malasia, firmaron en 1996 un protocolo por el que establecían un marco de cooperación para limitar el acceso a Internet a sus ciudadanos. El argumento utilizado fue la necesidad de defender las tradiciones culturales y morales de dichos países frente a la decadencia moral de Occidente, evitando así la exposición de sus ciudadanos a contenidos informativos que podían generar dudas con respecto a la legitimidad de sus regímenes y gobernantes. Los propios proveedores de acceso a Internet aparecen como responsables de las acciones que los usuarios puedan desarrollar en Internet, con lo que se les De este convierte en nuevos policías de la red.

El gobierno de Vietnam también tomó medidas legislativas conducentes a implantar la censura previa de cualquier página Web proveniente del extranjero. Todos los proveedores nacionales se conectan a través de una pasarela dotada de un sistema de filtrado que depura el acceso a cualquier contenido que no resulta del agrado del

gobierno. Las autoridades de Hong Kong han llegado a un acuerdo con la asociación que agrupa a casi la totalidad de los proveedores de acceso Internet en dicho territorio, llamada HKISPA, con el objeto de impedir que sus usuarios puedan colocar en la red materiales obscenos o de carácter indecente. También en otros países de otras regiones del globo se están implantando sistemas de cortafuegos y filtrado que suponen un serio riesgo para la libertad de expresión, y que sirven además para crear una cortina de secretismo sobre las acciones de dichos gobiernos, en contra del espíritu de transparencia que rige, al menos en teoría, el espíritu de la vida social y política en las sociedades democráticas(5).

Sistemas de clasificación y filtrado: libertad de expresión en la Red(6)

Uno de los problemas que enfrenta la libertad de expresión en los regímenes democráticos nace de la preocupación de los gobiernos por el control de los contenidos que circulan a través de Internet. Y una de las claves que articula la acción de los gobiernos en ese sentido es la indistinción entre contenidos ilegales y contenidos inadecuados. En nombre de la protección, por ejemplo, de la infancia, se propugnan mecanismos que restringe el acceso a ciertas páginas Web de contenido inadecuado (pornografía, material para adultos, etc.) El problema está en que esta operación precisa un sistema de clasificación de contenidos, lo que en la práctica resulta inviable dado el enorme crecimiento del número de páginas Web y la diversidad de categorías que presentan. Al final, los filtros de clasificación acaban prohibiendo el acceso a sitios Internet que no tienen nada que ver con información sensible.

Los sistemas de clasificación y filtrado de los contenidos que se pueden encontrar en Internet no parecen ser soluciones adecuadas. La pre-censura inspirada e impuesta por el gobierno no es muy diferente de la censura La introducción y el desarrollo de sistemas de clasificación y filtrado del contenido de Internet que es legal pero a la vez considerado nocivo u ofensivo para ciertos grupos de personas ha estado precedido por la popularización de planteamientos autorreguladores favorecidos por los gobiernos europeos. Estas nuevas tecnologías se han presentado e introducido como un medio para evitar una omnipresente regulación pública del contenido de Internet por parte de los gobiernos, pero, sin embargo, existen numerosos problemas asociados con la utilidad y uso de los sistemas de clasificación y filtrado.

La utilidad de estos sistemas está limitada a ciertas partes de Internet. Estos sistemas han sido diseñados para la World Wide Web, pero resultan inútiles para otros sistemas de comunicaciones de Internet, tales como los entornos de charla virtual (chat), los servidores de transferencia de ficheros (FTP), los grupos de discusión de Usenet, los sistemas de real-audio y real-video, que pueden incluir transmisiones de sonido e imágenes en directo, la telefonía Internet, y, finalmente, los sistemas de correo electrónico. Estos sistemas no pueden ser clasificados, por consiguiente, la presunción de que los sistemas de clasificación pueden hacer de Internet un entorno más seguro para los menores es errónea, pues el contenido de la WWW representa sólo una fracción de todo el contenido de Internet. Incluso cuando la tecnología de clasificación sea aplicable, no está claro qué tienen en la cabeza los reguladores respecto a qué tipo de contenido debe ser clasificado. Por ejemplo, según la Internet Watch Foundation, existe “toda una categoría de asuntos peligrosos” que requiere clasificaciones y existe información relacionada con las drogas, el sexo, la violencia, información sobre deportes peligrosos como el “puenting” y materiales con ideologías que fomentan el odio. Por lo tanto, los sistemas de clasificación no serán, de ninguna forma, una solución completa al contenido considerado nocivo para los menores.

Aparte de los problemas técnicos, existe el contexto moral. Cada sociedad tiene valores diferentes, y formas diferentes de aplicar dichos valores. También tiene criterios acerca de lo que es permisible y lo que no lo es. En algunos países existe una exacerbada sensibilidad sobre contenidos de carácter erótico o sexual, mientras que se permite la exhibición no clasificada de imágenes de extrema violencia o violencia psicológica. Otros países son más restrictivos en relación a contenidos violentos, pero más permisivos en

cuanto a contenidos eróticos. El reto será establecer formas de armonizar las diferentes sensibilidades nacionales con el carácter global del fenómeno de las autopistas de la información. Los sistemas de clasificación privados plantean serios problemas de libertad de expresión, y además acrecientan los riesgos de una censura arbitraria por parte de gobiernos o de instituciones privadas que se arrogan un papel protector de sectores sociales que requieren especial cuidado. Estos sistemas de clasificación y filtrado se pueden llegar a utilizar para excluir puntos de vista minoritarios y sitios reivindicativos más que para proteger a los menores. Internet es un maravilloso recurso para los usuarios en línea, incluidos los menores, y es responsabilidad de los padres decidir a qué pueden aquellos acceder. Por consiguiente, los padres deben ser informados y capacitados para aprovechar los recursos de Internet en lugar de crear un “pánico moral” que disuada del acceso a la red.

Por último, dichos sistemas son fabricados en los Estados Unidos, y por tanto no representa en los criterios morales más extendidos en la sociedad europea. Lo mismo podríamos decir al respecto de otras áreas geográficas, que poseen sus propios criterios éticos. Parece pues, que la tarea de educar a nuestros menores corresponde a los padres, y no a compañías privadas norteamericanas. Por otro lado, sólo en los países dictatoriales la tutela de los menores es un asunto de gobierno, y no de las familias. Para defender los derechos humanos de los menores parece mejor responsabilizar a los padres, no a los censores.

De la racionalidad instrumental a la racionalidad tecnológica

Al entrar en juego un nuevo elemento definidor de la ciudadanía, asistimos a la aparición de nuevas estructuras sociales que se encuentran actualmente en un período de incubación, nuevas formas de interrelación humana que se manifiestan amplificadas por mor del avance de la tecnología, nuevas comunidades virtuales cuyo patrón de adscripción no es el territorio, ni la lengua compartida, sino un nuevo modelo visionario de la sociedad que encuentra en la comunicación no-presencial un elemento de unión entre individuos. Quizá una de las consecuencias más importantes de dicho avance tecnológico consiste en la promoción de una nueva ecología del conocimiento caracterizada por la primacía del conocimiento científico, el poder universalizante de la técnica, y el desarrollo y extensión a prácticamente todos los ámbitos de la actividad vital humana de una forma de pensamiento llamada racionalidad tecnológica. Este tipo racionalidad ya fue anticipado por los autores de la escuela de Frankfurt, quienes destacaron la primacía de una llamada racionalidad instrumental, que consistía en una inversión entre fines y medios. Según esta inversión, eran los medios los que movían a la actividad humana en nuestra sociedad, dejando en un papel secundario a los fines, que tradicionalmente cumplían dicha función. La racionalidad tecnológica supone un nuevo paso en la evolución de dicha racionalidad instrumental, y se caracteriza por el hecho de que la funcionalidad como característica fundamental impone valor en hechos y acciones. No es preciso conocer la estructura si se conoce la función, y el carácter práctico obtiene una posición privilegiada frente a la fundamentación teórica. La llegada de las nuevas tecnologías de información supone la extensión a todos los puntos del planeta de dicha racionalidad tecnológica.

Los autores de la escuela de Frankfurt señalaron que la dominación de unos hombres sobre otros no termina con la lucha de clases, ya que dicha dominación puede cobrar formas más sutiles y oscuras, más difíciles de identificar, algunas de las cuales están esencialmente relacionadas con la naturaleza de la ciencia y la tecnología. La más importante de dichas dominaciones tendría que ver con dicha racionalidad científica tecnológica, que cobraría un papel de metáfora y modelo para la sociedad. Uno de los ejemplos paradigmáticos del dominio de esta razón instrumental configuradora es la llegada de la sociedad de información o sociedad post-industrial, en la que el positivismo científico se convierte en ideología. Es una sociedad cuyos fines aparecen definidos por los medios (competencia, optimización, controlabilidad), y el instrumento se convierte en un fin en sí mismo, en el modelo como en el caso de la informatización de la sociedad, o el de la cibernética como modelo de organización social.

La crítica de la razón instrumental de Marcuse y Horkheimer denunció en su momento los mecanismos de dominación que operan en la tecnología moderna, que se extiende hasta la pérdida de la independencia del pensamiento moral con respecto al pensamiento científico. Marcuse afirmaba que la tecnología podía haber sido un poderoso instrumento de cambio histórico, ya que la acción humana podría haber liberado a la naturaleza de su insuficiencia. La historia es la negación de la naturaleza, solía repetir Marcuse. Sin embargo, ese proceso de cambio y liberación se ha distorsionado por una ciencia y una tecnología que se han transformado frecuentemente en formas específicas de control y dominación, trabajando no ya en la consecución de una transformación del hombre o de la historia, sino en aras de un proyecto específico: el control técnico de la naturaleza. Si la tecnología ofrecía hasta ahora un mayor control del hombre sobre su vida cotidiana, al mismo tiempo impedía que el hombre se encontrara asimismo más allá de la alienación de un mundo artificializado.

No obstante, este análisis no se puede extender de una forma homogénea a todo desarrollo científico y técnico, y quizá la tecnología telemática aporta elementos que permitiría la promoción de una sociedad más libre, más humana, que necesitará no sólo de un nuevo sistema tecnocientífico, sino de un conjunto de metáforas de identidad y acción que no estén tan sólo incardinadas en formas tradicionales entender la ciencia y la tecnología. El desarrollo de un nuevo conocimiento, de una nueva consciencia, de una nueva valoración del ser humano, nacería de la experiencia de la naturaleza como la totalidad de la vida por proteger y cultivar, y la tecnología podría aplicar este conocimiento a la reconstrucción del entorno vital en el que se desarrolla la vida humana. A partir de aquí podría buscarse una teoría de la autoemancipación, de reconocimiento de los valores humanos, que permita buscar alternativas a la relación de los hombres entre sí, y a la relación del ser humano con la naturaleza mediatizada por el desarrollo y la extensión de las formas tecnocientíficas actuales.

El proyecto de Habermas también podría tener una clara aplicación al problema de la extensión y profundización de los derechos humanos. Según él, estamos dirigiéndonos hacia una sociedad racional, que presenta como características fundamentales una profunda interdependencia de ciencia, tecnología e industria, y la extensión del imperio de la racionalidad tecnológica a un número cada vez mayor de áreas de la vida humana. los asuntos humanos son definidos en muchas ocasiones como problemas técnicos. La política se convierte así en la eliminación técnica de las disfunciones sociales, evitando cualquier tipo de riesgo que pueda afectar al sistema. En un nivel más cercano al individuo, una praxis primordialmente formada por relaciones estratégico-instrumentales provoca una distancia insalvable entre sujetos, distancia que no puede ser eliminada por meras relaciones de dominio y control. La propuesta de Habermas irá orientada a poner en evidencia las limitaciones intrínsecas de unas relaciones asimétricas, no respetuosas de los derechos del hombre, y a reconocer por otro lado, las potencialidades democratizadoras que están inscritas de la propia tecnología. Como infraestructura que nos permitiría edificar un sentido más global y sólido de los derechos humanos, se propone sustituir la racionalidad instrumental por una racionalidad o coordinación comunicativa. Estas nuevas pautas de coordinación de la acción humana se podrían interpretar como una nueva generación de derechos humanos basados en nuevos canales y códigos no reduccionistas que, empleados al servicio del hombre, podrían ayudar a restituir el rol de la interacción respetuosa entre seres humanos, devolviendo a la técnica su papel instrumental en un mundo más humanizado. Por otro lado, la tecnología ya no puede concebirse más como una simple infraestructura. Tiene además un papel superestructural como parte integrante de la ideología dominante en la cultura occidental. Pero también es una herramienta fundamental en la lucha por la justicia social, puesto que quienes controlan el poder tecnocientífico definen a partir de éste la naturaleza y el uso adecuado de los medios técnicos, que se definen a su vez como lenguaje de poder.

La llegada de Internet ha alterado la gramática de este lenguaje de poder, y ha supuesto la democratización y popularización de los métodos de acceso y distribución de información. Las reglas de su producción y difusión han cambiado radicalmente, con profundas consecuencias tanto para la sociedad civil como para instituciones y

gobiernos. Su carácter global marca una distancia fundamental con respecto a los medios de comunicación de masas. Dichos medios de comunicación tradicionales pueden llegar a tener un carácter global, pero su expansión se realiza siempre a través de fuertes inversiones y grandes costes financieros y de infraestructura. Sin embargo, Internet es global por naturaleza, y difícilmente podría cobrar un carácter localista sin perder sus propias características definitorias. Las redes temáticas transcienden las fronteras nacionales de una manera única y novedosa, que no puede ser igualada por ninguna de las tecnologías anteriormente implantadas, abriendo una nueva vía para el debilitamiento de las barreras a la libertad de expresión y a la libre circulación de ideas. De una manera distinta a la de cualquier medio precedente, Internet permite a cualquier persona con un ordenador y una conexión a la Red comunicarse instantáneamente con otras personas en cualquier parte del mundo. Estas características únicas son las que nos ofrecen una esperanzada de promoción de las libertades relacionadas con la información, esencial para el desarrollo tanto de la democracia como de la sociedad civil, en un grado antes impensable.

Me uno así a aquellos que no ven en la tecnología un elemento salvífico, pero que reconocen la imposibilidad de separar la condición tecnológica de la condición humana. Esta concepción tecno-realista tiene también su refrendo en el pensamiento de Javier Echeverría en varias de sus obras. Concretamente, en Cosmopolitas domésticos manifiesta que "desde el punto de vista del fomento de las libertades individuales y de la creación de una ciudad igualitaria, el cambio más profundo y más esperanzador que se está produciendo en las casas proviene de las redes temáticas". más adelante afirma también que Aristóteles señala la pluralidad como una característica constitutiva de la polis y que este pluralismo es también constitutivo de la actual Internet: "(...) En esta red de redes se prefigura una estructura civil de nuevo cuño en la que múltiples individuos, grupos e instituciones actuarán como contrapeso los unos de los otros. Así como en una estancia anterior afirmábamos que había que democratizar la televisión, en esta instancia conviene hacer otra propuesta: hay que defender los principios la democracia civil que están vigentes en Internet, y en todo caso difundirlos y profundizar en ellos".(7)

Estrategias para aceptación global de los derechos humanos

Internet es global de por sí. A diferencia de otros medios de comunicación de masas, no necesita transformaciones estructurales para ampliar su radio de acción. Supera con facilidad las barreras impuestas por las fronteras nacionales, y a ello une inmediatez e interactividad, características que se unen a su naturaleza abierta. Los intentos de reducir el libre flujo de información a través de las redes temáticas se traducen automáticamente en intentos por limitar el alcance de los derechos de cuarta generación. Por tanto, la defensa del derecho de libertad de expresión en Internet cobra un papel fundamental en una sociedad que tiene en el conocimiento la base de su riqueza. El problema se plantea ahora de la siguiente forma: ¿Cómo podemos promocionar los derechos de cuarta generación, en un mundo donde el poder aparece cada vez más concentrado y más apartado de las instancias políticas tradicionales? En una sociedad donde el valor del eficiencia y la funcionalidad es máximo, y se constituye como rasero para juzgar la mayoría de las acciones humanas, ¿Cómo podemos introducir la necesidad de universalizar el acceso a los medios de comunicación y la libre expresión a través de los mismos?

En una conferencia pronunciada en el Primer Congreso Internacional sobre Tecnociencia y Ética(8), sugerí la posibilidad de utilizar para responder a estas preguntas un interesante argumento del profesor Ramón Queraltó,(9) una tesis de corte aparentemente pragmático que busca el mejor camino de introducción de nuevos valores en una sociedad dominada por la racionalidad tecnológica. Según Queraltó, La ética occidental se ha presentado con demasiada frecuencia como un enfrentamiento entre poder y deber, es decir entre poder hacer y deber hacer, creando una sospecha de coerción a la libertad personal, cuando ésta es vivida como una de las conquistas irrenunciables del hombre contemporáneo. En el caso de la tecnología, la ética aparece como un elemento extrínseco de control, enfrentado con el sistema tecnológico, que denuncia sus excesos y limita los caminos por los que su desarrollo debe transcurrir. Por

otro lado, el concepto de deber se encuentra francamente disociado del concepto de felicidad humana, mientras que la tecnología ha ido ocupando con mayor fuerza dicho espacio hedonista, principalmente a través del proyecto de la Ilustración, según el cual la ciencia y la tecnología eran claves en la promoción de la felicidad humana, estado que se conseguía a través del dominio racional del mundo y de la superación de las carencias que la naturaleza había impuesto al hombre.

El argumento de Queraltó afirma que la mejor forma de introducir vectores éticos en la sociedad es demostrando su adecuación a una racionalidad tecnológica, paradigma de la sociedad del conocimiento. Según esta racionalidad, la pregunta primordial es el “para qué” y no el “porqué”, y el criterio fundamental de validez es la utilidad, la eficacia, la contribución a una eficiencia que se extiende a todas las facetas de la actividad humana. Si aplicamos esa estrategia a la promoción y defensa de los derechos humanos de cuarta generación, veríamos cómo una sociedad que no está dispuesta a aceptar de buen grado limitaciones a su poder, podría aceptar valores que no se introducen simplemente por la bondad de sus postulados, sino por su contribución a la eficacia y su propio equilibrio interno. Se destacaría, por tanto, la dimensión del criterio de eficacia operativa como instrumento de metodología ética. En otras palabras, se trataría de presentar a la libertad de acción y expresión que caracteriza a Internet como un elemento que contribuye esencialmente a la eficacia y al equilibrio de una sociedad tecnológica. De esta forma el sistema no mirará con recelo a los vectores éticos que estos derechos vayan introduciendo, pues no se presentarán como enfrentados a él, sino como coadyuvantes a su desarrollo. Una vez aceptados inicialmente, comenzarían a funcionar y a producir efectos beneficiosos dentro del sistema desde el punto de vista ético. En otras palabras, se tratará de justificar la libertad de expresión en las redes telemáticas y la universalidad de acceso a las mismas porque es eficaz para el criterio social de eficacia operativa, porque va a aumentar el volumen de intercambios a través del comercio electrónico, porque va a abrir nuevos mercados de distribución de bienes y servicios, porque va a dar al ciudadano una mayor sensación de proximidad con respecto al Estado, y por tanto de participación democrática, etc.

Esta estrategia es la que se denomina el Caballo de Troya al revés, dado que la introducción de esta cuarta generación de valores se lleva a cabo porque el sistema lo percibe como un bien, como un elemento que aumentará su funcionalidad, y es al revés porque su finalidad no es destructiva sino constructiva. Podría objetarse el carácter práctico de esta estrategia, y el hecho de que presenta un riesgo notable, a saber, el de la instrumentalización de los derechos humanos en función de un criterio pragmático de eficacia operativa, desnaturalizando su dimensión ética y antropológica fundamental. Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de un riesgo calculado. Al defender la conveniencia de la libertad de expresión y otras libertades afines en el ciberespacio no se pretende un reduccionismo ético, sino introducir vectores éticos que operarían desde dentro del sistema sin enfrentarse en un momento inicial a los criterios mercantilistas que definen nuestra sociedad. En segundo lugar, la justificación filosófica de dichos derechos al modo tradicional no quedaría en ningún caso excluida, sino que sería desarrollada en una fase posterior, cuando la receptividad institucional fuera mayor una vez demostrada su contribución a los fines de la eficacia. Cuando estos derechos formen parte de las exigencias de los ciudadanos, cuando estén integrados en nuestra vida cotidiana, será muy difícil cercenarlos. Un derecho solo llega a ser verdad cuando se universaliza y se conquista de forma efectiva por todos los individuos en un momento histórico determinado, y a la naturaleza de este momento histórico le corresponde la democratización de la tecnología como un nuevo norte en el camino hacia un concepto de ciudadanía que englobe a todos los seres humanos y garantice su calidad de vida. Lo que puede parecer un engaño, resulta ser, a fin de cuentas, todo lo contrario. Una ética que permita fundamentar la necesidad y la oportunidad de la extensión de los derechos humanos de cuarta generación sin distinciones entre pueblos e individuos, es una de las condiciones esenciales para la supervivencia del género humano. Y no debemos olvidar que sin vida pocos negocios se pueden hacer.

Son tiempos en los que aún se mantiene una falsa dicotomía entre lo teórico y lo pragmático. En esta división de las dos culturas: la de humanistas, que considera que la

tecnología es un simple instrumento, y que no constituye un objeto digno de reflexión filosófica; y la de los tecnólogos, que olvidan las dimensiones sociales, históricas y éticas que están esencialmente imbricadas en su trabajo. Como ya defendiera Norberto Bobbio(10), la cuestión de los derechos humanos en nuestro tiempo no es la de su fundamentación, sino la de su protección. No es un problema filosófico, sino político. Y diciendo político decimos también técnico, puesto que como ya demostró Langdon Winner en su famoso artículo “¿Hacen política los artefactos?”, la tecnología, a pesar de mostrarse como una instancia neutral, encarna formas de poder y autoridad, y aún en su diseño se encuentran pautas que van a ordenar la vida social de muy diferentes maneras. Cuando se intenta imponer una ideología que cambia nuestras vidas reaccionamos ante dicha amenaza, pero la tecnología puede hacer esa misma labor presentándose como si fuese apolítica. De ahí que las tecnologías sean como las leyes: una vez promulgadas, tienden a perdurar. Una vez implementada una tecnología, también obedece a una inercia que la hace permanecer, ordenando nuestra forma de producir, de vivir, de relacionarnos. Quizá no es el momento de elaborar listas de derechos humanos y de definir su naturaleza y fundamento, de saber si son derechos absolutos, relativos, sujetos o no al devenir histórico. Es el momento de identificar cuál es la forma más segura de garantizarlos, de utilizar la tecnología como motor de democratización y promoción de estos derechos, para impedir que las declaraciones solemnes se queden en un simple flatus vocis.

Hablar de derechos humanos supone hablar de calidad de vida y de acceso a mejores condiciones para diseñar y realizar nuestra propias vidas, reconociendo en ellas algo mucho más digno que la simple existencia biológica. Hablar de calidad de vida y no mencionar a la tecnología es como hablar del desierto sin mencionar la arena. Si la información es poder, la tecnología puede ser una poderosísima infraestructura de liberación para el hombre. Liberación no de las insuficiencias de su naturaleza, sino de sus propios miedos: de su miedo a la diferencia y a reconocer en los otros la misma apelación a la dignidad. Quizá la clave para el desarrollo de estos derechos humanos de cuarta generación esté en un concepto simple pero paradójico: el concepto de archipiélago. Por definición, un archipiélago es un conjunto de islas unidas por aquello que las separa. También, los seres humanos estamos profundamente unidos por aquello que nos diferencia los unos de los otros. En el valor de esta diferencia, y en el reconocimiento de la misma, se encuentra el principio de unidad que permitirá extender universalmente los estándares de calidad de vida de los que hoy en día sólo unos pocos gozan, y con los que muchos sueñan. Siguiendo con la metáfora, la tecnología será ese conjunto de instrumentos que nos permita otear el océano, viajar de una isla a otra –ya sea un cuerpo o en alma– , y también contemplar las lejanas estrellas en el cielo de la noche.

El Salvador: Cuáles son los derechos del trabajador

Los trabajadores salvadoreños poseen derechos que deben ser respetados por los

empleadores de acuerdo con el Código de Trabajo y el Ministerio de Trabajo del país.

DERECHOS DE LA MUJER.    Casi la mitad de la población salvadoreña --48.2 por ciento-- no conoce los derechos de las mujeres, según revela un sondeo nacional realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), coordinado por el Movimiento de Mujeres y auspiciado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas). El sondeo, llevado a cabo entre los días 16 y 24 de octubre de 1999, con una muestra nacional de 1,251 entrevistas a mujeres y hombres de zonas urbanas y rurales de los catorce departamentos de la República, tenía por objetivo, en términos generales, conocer la opinión de los y las salvadoreñas sobre la problemática de la mujer en El Salvador.          Al 51.8 por ciento de personas que dijeron conocer los derechos de las mujeres se les pidió que mencionaran uno. Una cuarta parte de la población señaló el derecho de "no ser maltratada", un 19.8 por ciento dijo "derecho a ser respetada", el 14.8 por ciento hizo referencia a la libertad e independencia de las mujeres y un 10.2 por ciento mencionó "la igualdad". Otros derechos

En El Salvador, el trabajador debe conocer cuáles son sus derechos para hacerlos respetar; la igualdad de salarios es uno de ellos. Los trabajadores que se desempeñan en la misma empresa con iguales tareas deben percibir la misma remuneración.

El monto del salario depende de lo que considere el empleador pero nunca podrá ser inferior al mínimo vigente. En relación a la jornada laboral, el horario diurno no debe exceder las 8 horas y la semana las 44 horas.

En tanto, la jornada nocturna y la que involucra a tareas consideradas de riesgo debe ser de hasta 7 horas. En caso de trabajar horas extras, por la noche o en días feriados nacionales, recibirán un monto aparte.

A su vez, por cada 6 días semanales trabajados corresponde 1 de descanso. Además, corresponden 15 días de vacaciones remuneradas más una prima del 30 por ciento del salario de esos 15 días luego de un año de trabajo continuo en la misma empresa.

Para gozar de vacaciones, el trabajador debe acreditar un mínimo de 200 días trabajados. Las vacaciones no se pueden recompensar con dinero. En caso de maternidad, se reconoce el derecho a un descanso remunerado antes y después del parto como la conservación del empleo.

Llegado el 12 de diciembre, si el trabajador tiene una antigüedad de 3 años tendrá derecho a un aguinaldo equivalente a 10 días de salario; si está en la compañía por un período de 3 a 10 años le corresponde una cifra equivalente al de 15 días; y si permanece hace más de 10 años, 18 días de salario. Los trabajadores que no tengan un año trabajado deberán recibir un proporcional.

El trabajador puede perder el aguinaldo si en 2 meses, consecutivos o no, se ausentaron más de 2 veces sin justificación. Los trabajadores tienen derecho a una indemnización en el caso de despido sin causa justa, equivalente al salario básico de 30 días por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año hasta un límite de 5 salarios mínimos. En ningún caso la indemnización puede ser menor al salario de 15 días.

El salario mínimo es inembargable, excepto por cuota alimentaria. En lo que exceda el salario mínimo, la remuneración se podrá embargar hasta en un 20 por ciento. Otro derecho corresponde a la seguridad social que es un servicio público de carácter obligatorio.

citados en menor porcentaje fueron: el derecho a trabajar, derecho a servicios sociales y a participar en política.

          Por otro lado, el 21.7 por ciento de la población femenina considera que es el maltrato o la violencia intrafamiliar el problema que más afecta a las mujeres en el país; el 9.4 por ciento señala la situación económica, un 7.6 por ciento dijo que era el acoso sexual y las violaciones, un 7.4 por ciento indicó la infidelidad y un 17.2 por ciento no supo identificar un problema. Otras respuestas proporcionadas en menor cantidad fueron: falta de educación, el desempleo, la discriminación de la mujer, el machismo, el libertinaje de las mujeres y la paternidad irresponsable. Los resultados generales muestran una variedad de respuestas en torno a este tema, pero todas ellas centradas en el machismo, la infidelidad y problemas familiares y la economía. Entre las causas de los problemas anteriores las mujeres entrevistadas mencionaron más comúnmente: el machismo (16 por ciento), la infidelidad por parte del hombre (12.5 por ciento), la falta de educación (10.6 por ciento), el desempleo (9.2 por ciento) y un 7.4 por ciento no pudo mencionar la causa del problema.

          La encuesta también mostró el escaso conocimiento

que tiene la población salvadoreña sobre las acciones o servicios del gobierno dirigidos a mujeres, después de tres años de haberse firmado el compromiso de aplicar la Política Nacional de la Mujer. El 84.2 por ciento dijo no conocer servicio o acción alguna y solamente un 15.8 por ciento de las y los entrevistados afirmó conocer alguno. De estos últimos, casi una tercera parte; es decir, el 31.3 por ciento señaló como acción o servicio del gobierno a la Procuraduría General de la República, una cuarta parte citó a la Secretaría Nacional de la Familia e ISDEMU, un 10.1 por ciento dijo CEMUJER o Casa Morada y un 9.1 por ciento nombró a la PDDH. Con menor frecuencia fueron citadas las siguientes: la FGR, los Juzgados de Familia, el Código de Familia, la PNC y el proporcionar protección y consejería para mujeres. Lo anterior pone de manifiesto cierto grado de confusión que existe en la población, al mencionar como gubernamental a una organización de mujeres como lo es CEMUJER. También se les consultó sobre la efectividad de dicho servicio o acción para mejorar la situación de las mujeres, a lo que el 65.2 por ciento dijo haber sido algo o muy efectivo, el 29.3 por ciento consideró que ha sido poco o nada

efectivo y un 5.6 por ciento no supo dar respuesta.

          En la misma línea, menos de la mitad de los y las entrevistadas --46.2 por ciento-- manifestó haber escuchado sobre la existencia del ISDEMU. Este dato aunado con el poco conocimiento de las acciones y servicios del

 

          Dentro del mismo contexto, se encontró que porco más de dos terceras partes de las mujeres salvadoreñas (67.2 por ciento) se sienten poco o nada apoyadas en su vida diaria por los servicios que le ofrece el gobierno; como por ejemplo: asesoría legal en caso de violencia intrafamiliar, paternidad irresponsable, salud sexual y reproductiva, etc. Y prácticamente sólo tres de cada diez mujeres (29.9 por ciento) manifestaron sentirse mucho o algo apoyadas por los servicios que brinda el Estado.          En otro ámbito, se pidió la opinión de los y las salvadoreñas respecto al avance en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: el 60.9 por ciento considera que ha habido algunos o muchos avances, un 37 por ciento opina que los avances han sido pocos o ninguno y un 2.1 por ciento dijo no saber. Por otro lado, y en porcentajes similares a los anteriores, el 61.3 por ciento de las personas abordadas cree que durante los últimos años han aumentado algo o mucho los servicios para informar, asesorar y ayudar a la mujer, mientras un 36.3 por ciento considera que han habido pocos o ningún cambio al respecto y un 2.5 por ciento no respondió. En estas respuestas se encontraron algunas diferencias entre hombres y mujeres, ya que los hombres dieron con más frecuencia valoraciones positivas, en contraposición a las mujeres que respondieron en un porcentaje mayor que no habían visto muchos avances al respecto.

Violencia contra la mujer

          En general, el 32 por ciento de la población consideró que "los malos tratos" es el tipo de agresión que más afecta a las mujeres de su vecindario; el 28.5 por ciento dijo que no existe ninguna agresión en contra de las mujeres; el 19.9 por ciento cree que es la violación sexual; un 11.1 por ciento opina que es la agresión física y un 6.4 por ciento señaló el acoso sexual como la principal agresión que sufren las mujeres de su comunidad.

          Además, se preguntó sólo a las mujeres, si sabían dónde acudir para hacer una demanda en caso de que le hayan violado algún derecho como mujer, a lo que el 41.8 por ciento declaró no saber adónde acudir en esos casos y el 58.2 por ciento de las mujeres respondieron de forma afirmativa. La proporción de entrevistadas que desconocen dónde acudir a emitir una demanda es considerable, y ese desconocimiento se evidencia más entre aquellas que poseen menos educación formal y que pertenecen a los estratos más bajos de la población (obrero y rural).Actitudes hacia el machismo

          El sondeo también trató de recoger opiniones que registraran en cierta medida las actitudes de la población hacia el machismo. Así, los datos revelan que el 63.6 por ciento de los y las abordadas estaban algo o muy de acurdo con la afirmación de que "la mujer debe conformarse con lo que el compañero le da", el 29.6 por ciento declaró estar algo o muy en desacuerdo con la frase y un 6.7 por ciento se mostró indeciso.

          Además, 7 de cada 10 entrevistados/as estuvieron de acuerdo o algo de acuerdo en que "la mujer debe estar siempre dispuesta a complacer a su marido"; en cambio, sólo el 22.2 por ciento dijo estar algo o muy en desacuerdo con dicha frase.

          En general, las mujeres se mostraron menos de acuerdo que los hombres ante estas afirmaciones. Sin embargo, el alto apoyo a estas ideas por parte de las personas es una expresión de las actitudes machistas existentes en la sociedad. En el caso específico de las mujeres, esto se relaciona con sus menores expectativas tanto en el ámbito público (acceso a educación, empleo, etc.)

Personas que están de acuerdo con..."La mujer debe estar dispuesta siempre a complacer a su marido", 70.4%"La mujer debe conformarse con lo que el compañero le da", 63.6%"La violencia en la casa es un asunto en el que nadie debe meterse", 53.7%

como en el privado (toma de decisiones, falta de autoestima, etc.). Finalmente, poco más de la mitad de las y los salvadoreños --53.7 por ciento-- creen que "la violencia en la casa es un asunto en el que nadie debe meterse"; por el contrario, un 37.7 por ciento manifestó estar algo o totalmente en desacuerdo con esa afirmación, el resto no supo dar su opinión. Esta tendencia puede sugerir, no sólo el desconocimiento de la población acerca de las leyes en contra de la violencia intrafamiliar, sino la fuerte creencia de que la violencia es un asunto privado. Esta concepción no sólo mantiene el problema dentro del hogar, sino que dificulta la posibilidad de denuncia por parte de sus víctimas más frecuentes --las mujeres y los niños--.

Situación laboral

          Las mujeres que no poseen un trabajo remunerado alegan como principal razón para no trabajar fuera del hogar el cuidado de hijos e hijas en un 43.4 por ciento de los casos, un 11.2 por ciento indicó que no necesitaba hacerlo, el 9.9 por ciento sostuvo que su pareja no se lo permitía, un 8.9 por ciento señaló que no encontraban trabajo, entre otras respuestas. Al mismo tiempo casi una tercera parte de ellas reclama apoyo institucional en el cuidado de sus hijos/as para posibilitar su inserción en el mercado laboral, un 18.3 por ciento dijo que le hace falta experiencia, un 16.6 por ciento necesita formación y un 11.8 por ciento considera que hacen falta más ofertas de empleo, entre otros.

Participación ciudadana

          La encuesta reveló que, en términos generales, las mujeres participan menos que los hombres enlas organizaciones de la sociedad salvadoreña. Un 77.6 por ciento de la población salvadoreña no participa de ninguna organización o asociación. Del 22.4 por ciento de las personas que participan, pertenecen en mayor medida a una organización religiosa (15.1 por ciento) y sólo pequeños porcentajes afirmaron participar de alguna política, comunitaria o gremial entre otras. Las mujeres participan en organizaciones religiosas en un porcentaje un poco mayor que los hombres, pero éstos a su vez

pertenecen en mayor medida que la población femenina a asociaciones políticas, comunitarias o gremiales.

 Comunicación

          El sondeo trató de recoger la opinión sobre la imagen que los medios de comunicación dan de la mujer. En este sentido, casi dos terceras partes de la población entrevistada; es decir, el 63.4 por ciento cree que la imagen que dan de la mujer es muy buena o buena y una cuarta parte (25.5 por ciento) considera que es mala o muy mala. El resto no supo dar una opinión. De acuerdo a los datos los hombres poseen una valoración más positiva sobre la imagen de la mujer en los medios, ya que un 68.9 por ciento de la población masculina la califica como buena o muy buena frente a un 58.1 por ciento de las mujeres.

          Desde las organizaciones de mujeres se han llevado a cabo investigaciones que explican la falta de concientización que las mujeres tienen con respecto a su imagen. La baja autoestima, el maltrato sistemático y la inexistencia de otros modelos alternativos de referencia, permiten entre ellas la aceptación de su imagen como objeto sexual, frecuentemente explotada en los medios.

          En general, los resultados del sondeo revelan la diversidad de problemáticas que enfrentan las mujeres salvadoreñas producto, muchas veces, de una sociedad patriarcal y una cultura predominantemente machista. A esto se suma el desconocimiento que muchas mujeres poseen no sólo de sus derechos sino de las entidades encargadas de velar por ellos; en donde la falta de educación formal y el nivel socioeconómico juegan un papel determinante.

          Aunque hay una percepción, por parte de los salvadoreños, de un aumento en las oportunidades y servicios brindados a las mujeres, estos no parecen estar incidiendo y favoreciendo lo suficiente a esta población de mujeres en su vida cotidiana y mucho menos propiciando su desarrollo.

DERECHOS A LA SEGURIDAD SOCIAL.

La justiciabilidad del derecho a la seguridad social en el ámbito nacional y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos

La seguridad social desde una perspectiva general

La seguridad social es definida como un derecho humano fundamental y, al mismo tiempo, como un instrumento de justicia social. Para cumplir con estas finalidades, ésta debe basarse en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad, igualdad, suficiencia, participación y transparencia.

En su concepción moderna, la seguridad social es considerada un componente insoslayable del sistema de protección social integral de la persona humana. Implica asegurar los ingresos indispensables para que las personas puedan vivir con dignidad y decoro. Desde esta perspectiva, tanto los aspectos institucionales como administrativos de la seguridad social deben estar al servicio del fin superior que constituye el bienestar general de la población. Esta condición es, al mismo tiempo, un pilar esencial de los derechos humanos primordiales.1

Para atender a los objetivos que le son propios, la seguridad social se ha perfilado históricamente con una vocación universalista dirigida a abarcar, de la manera más global posible, el conjunto de riesgos sociales a los que está expuesta normalmente la totalidad de la población. Con ese afán, los modernos sistemas de seguridad social se organizan, en lo básico, alrededor de tres ejes ineludibles: la liberación de la necesidad, como objetivo general; la garantía de seguridad económica a todos los miembros de la comunidad para el acceso a una vida digna, y la amplitud de instrumentos aplicables a este fin, con preferencia por los seguros sociales y la asistencia social.2

1 Jorge Bernedo Alvarado, Informe Regional sobre la Situación de la Seguridad Social como un Derecho Humano en América Latina, Lima, Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PSDHDD), julio de 2000, párrafo 1.

2 Ver Recomendación núm. 67 de la OIT sobre "La Seguridad Social de los Medios de Vida".

Desde esta perspectiva, el Convenio núm. 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1952, conocido también como "Norma Mínima en Seguridad Social", refiere que la seguridad social ha de comprender, como mínimo, los siguientes aspectos:

Asistencia médica preventiva o curativa.

Prestaciones monetarias de enfermedad. Prestaciones de desempleo. Prestaciones de vejez. Prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. Prestaciones familiares. Prestaciones de maternidad. Prestaciones de invalidez. Prestaciones de sobrevivientes.

Estas normas mínimas, así como otros instrumentos de protección de la OIT, contemplados entre los antecedentes del Convenio N° 102, especialmente la Recomendación 67 "Sobre la Seguridad de los Medios de Vida" (1944), permiten reconocer una completa definición respecto a los alcances de la seguridad social desde la perspectiva de su ámbito de protección. Así, la seguridad social puede ser definida como:

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de la enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez o muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.3

3 OIT, Introducción a la Seguridad Social, Ginebra, 1984, p. 3.

La seguridad social desde la perspectiva de los derechos humanos

Como derecho humano fundamental, la seguridad social fue reconocida, en primer lugar, por el Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)4 y luego por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), que estableció, en su Artículo 9, que "Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social".5

En nuestro ámbito regional, es decir, en América, se refieren al derecho a la seguridad social tanto el Artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948),6 como el Artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Este último indica que la seguridad social debe contribuir a que los/as no capacitados/as obtengan los "medios para llevar una vida digna y decorosa", así como que "cuando se trate de personas que se encuentren trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto".

Es importante subrayar que el derecho a la seguridad social guarda una íntima conexión con los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de las personas, haciendo por ello un todo indisoluble que, tal como sostiene el preámbulo del Protocolo de San Salvador al referirse a la naturaleza interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos, "encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana".

4 Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), Artículo 22: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".

5 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Artículo 2.1: "[...] Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos por él reconocidos".

6 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), Artículo XVI: "Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia".

Esta relación se confirma cuando los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) hacen coherente referencia a que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida y a que [...] se respete su integridad física, psíquica y moral; o a no "ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".

El marco de protección del derecho humano a la seguridad social es, sin embargo, más amplio de lo descrito, ya que ha sido consagrado, adicionalmente, en varios otros instrumentos internacionales de defensa y promoción de los derechos de la persona. Tal es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Convención de la Mujer), o el del amplio abanico de convenios y recomendaciones de la OIT, en particular, el ya mentado Convenio núm. 102. Todos estos elementos permiten definir, de manera más precisa y completa, el contorno contemporáneo de la seguridad social y sus objetivos. Así:

La Seguridad Social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales. [...] La Seguridad Social tiene como objetivo proteger a todos los miembros de la sociedad frente a todas las contingencias a que se exponen a lo largo de la vida. Por ejemplo, la salud, vejez, cargas familiares, accidentes de trabajo, invalidez, muerte o desempleo, tienen que ser garantizados obligatoriamente por el Estado, siendo este responsable de su cumplimiento, asegurando el carácter redistributivo de la riqueza con justicia social.7

La mayor parte de países de América Latina ha ratificado e integrado, en su derecho interno, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que se refieren a la seguridad social como un derecho fundamental. Asimismo han incorporado, en la mayor parte de sus constituciones, el derecho a la seguridad social como un derecho fundamental de todas las personas sometidas a su jurisdicción.8

7 OIT, Seguridad Social, Guía de Educación Obrera, Ginebra, 1995, p. 6.

8 Así, por ejemplo, la Constitución colombiana define, en su Artículo 48, la Seguridad Social como "[...] un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad [...]". La del Ecuador señala, en su Artículo 55, que "la seguridad social será deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes. Se prestará con la participación de los sectores público y privado, de conformidad con la ley". La Constitución venezolana refiere, en su Artículo 86, que "toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines [...]".

Neoliberalismo y seguridad social

La reforma de los sistemas de seguridad social constituye hoy uno de los temas centrales de la agenda política de la mayoría de países del mundo, así como de los organismos multilaterales de ámbito mundial y regional. La razón de ello se

debe, más que nada, al notorio impacto que estos sistemas tienen en el ámbito de las economías locales, dada la magnitud del patrimonio y recursos financieros que administran, así como las severas dificultades que confrontan, en cuanto a sus aspectos de gestión, cobertura y desempeño. Esta preocupación guarda relación, a la vez, con el énfasis manifiestamente privatizador impuesto para tratar estas problemáticas en los países en los que la ideología neoliberal orienta el gobierno de las políticas públicas.

En este contexto, la mayor parte de las reformas que han tenido lugar se han producido en América Latina y, más recientemente, en algunos países de Europa Central y del Este. Las mismas se han concentrado en el ámbito de los sistemas de jubilación y han sido generadas, en gran medida, a partir del modelo impulsado por el Banco Mundial, cuyas premisas esenciales fueron definidas en el informe "Envejecimiento sin crisis" (1994), en el que se propuso el desmantelamiento de los regímenes públicos para sustituirlos por otros, basados en los siguientes tres pilares:

Un primer pilar administrado por el sector público y financiado por impuestos y con una pensión mínima.

Un segundo pilar de ahorro personal u ocupacional obligatorio, administrado por el sector privado.

Un tercer pilar, similar al segundo, pero opcional.

Teniendo como telón de fondo los Programas de Ajuste Estructural, impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a los países altamente endeudados, ambas entidades presionaron intensamente a los gobiernos para que efectuaran reformas que permitieran reemplazar los tradicionales esquemas de financiamiento, basados en sistemas de reparto o prima media escalonada (el caso de Perú), por sistemas de capitalización individual, organizados de modo que cada individuo, a partir de su particular capacidad de ahorro, sustentara su jubilación.

Formalmente, los regímenes basados en la capitalización individual y la administración de sociedades anónimas con fin lucrativo reposan en el concepto de propiedad individual sobre los aportes, difiriendo cada trabajador una parte de su salario actual para su consumo en el futuro, con sus respectivos intereses. Empero, este esquema no asegura una cobertura de protección acorde con los estándares exigidos en el campo del derecho a la seguridad social, tal como lo ha señalado en su oportunidad la OIT:

[...] la evolución hacia regímenes de pensión basados en el aporte de contribuciones aumenta la inseguridad. En Europa oriental, en particular, los problemas consisten en la falta de reglamentación de los mercados de pensiones privados y de las reglas para el cálculo de las anualidades.

Las repercusiones generales sobre el nivel de las pensiones serán más evidentes dentro de 20 o 30 años, pero la introducción de cuentas de ahorros individuales ya ha puesto de relieve las importantes desventajas del sistema.9

La reforma ha sido parte de los drásticos cambios ocurridos durante las décadas pasadas en los paradigmas de desarrollo tradicionalmente implementados en la región y han erosionado gravemente el rol del Estado como garante de los

sistemas de seguridad social, en particular en lo que se refiere a las condiciones de acceso y disfrute por los ciudadanos de lo que las normas internacionales previamente citadas reconocen como derechos humanos universales.

Como fue dicho antes, más allá de su función inmediata, relacionada con el objetivo de proteger a todas las personas de la necesidad, los sistemas de seguridad social constituyen mecanismos de justicia social. Por encima de todo, por su función de vías de redistribución de la renta nacional. Gracias a ello, operan como instrumentos de legitimación política y social de los sistemas económicos en los que se desarrollan. Y debido a esto, la proliferación creciente de reformas privatizadoras de la seguridad social en Latinoamérica ha significado enormes impactos en las políticas económicas y sociales de los países implicados.

Las reformas económicas de sello neoliberal implementadas en los años noventa han reducido radicalmente el papel del Estado en la financiación y cobertura de las prestaciones de la seguridad social, limitando su condición de garante primario del carácter universal de estas prestaciones.

9 Ver http://www.ilo.org/public/spanish/protection/ses/download/docs/2003_1.pdf (p. 4).

Las experiencias más espectaculares se han producido, primordialmente, en los sistemas de jubilación, lo que ha implicado una expansión creciente de la función desempeñada por los fondos de pensiones privados en las prestaciones de jubilación y seguros por accidente o enfermedad profesional.10 Con la privatización de éstos y, en menor grado, con la de los sistemas de salud, los gobiernos de la región no sólo han procurado resolver los problemas financieros de tales sistemas en el largo plazo, sino que —en consonancia con el interés de grupos de interés transnacional— han procurado ampliar las tasas de ahorro interno para otorgar mayor solidez a los mercados nacionales de capitales y asegurar(se), con ello, una fuente cautiva y segura de financiación, que minimice su dependencia de capitales extranjeros, no siempre accesibles, inestables o caros.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR"

  Preámbulo

Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San

José de Costa Rica",

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las

instituciones

democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los

derechos humanos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de

determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana,

razón

por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o

complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos,

sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías

de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la

dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el

objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras

de la realización de otros;

Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación entre los

Estados y de las relaciones internacionales;

Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser

humano

libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona

gozar

de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y

políticos;

Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales

han

sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como

regional, resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados,

perfeccionados y

protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los

derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así como el

derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus

riquezas y recursos naturales, y considerando que la Convención Americana sobre Derechos

Humanos establece que pueden someterse a la consideración de los Estados partes reunidos

con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos proyectos

de protocolos adicionales a esa

Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma

otros derechos y libertades,

Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos "Protocolo de San Salvador":

Artículo 1

Obligación de Adoptar Medidas

Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre

Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno

como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el

máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr

progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los

derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

Artículo 2

Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las

disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren

necesarias para hacer efectivos tales derechos.

Artículo 3

Obligación de no Discriminación

Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los

derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,

idioma,

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 4

No Admisión de Restricciones

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un

Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que

el

presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Artículo 5

Alcance de las Restricciones y Limitaciones

Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los

derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de

preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no

contradigan el propósito y razón de los mismos.

Artículo 6

Derecho al Trabajo

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios

para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente

escogida o aceptada.

2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad

al

derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación

vocacional y

al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos

destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a

fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la

mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

Artículo 7

Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se

refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas,

equitativas y

satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de

manera

particular:

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones

de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual

por trabajo igual, sin ninguna distinción;

b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que

mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la

reglamentación nacional respectiva;

c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo

cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de

servicio;

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características

de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de

despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la

readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación

nacional;

e. la seguridad e higiene en el trabajo;

f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores

de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud,

seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo

deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso

podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para

beneficiarse de la instrucción recibida;

g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las

jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o

nocturnos;

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la

remuneración de los días feriados nacionales.

Artículo 8

Derechos Sindicales

1. Los Estados partes garantizarán:

a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección,

para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho,

los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones

nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales

internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán

que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;

b. el derecho a la huelga.

2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las

limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad

democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral

públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas

armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a

las limitaciones y restricciones que imponga la ley.

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.

Artículo 9

Derecho a la Seguridad Social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de

la

vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para

llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de

seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social

cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo

o

de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad

antes y después del parto.

Artículo 10

Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de

bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a

reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas

para garantizar este derecho:

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial

puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos

a la jurisdicción del Estado;

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de

otra índole;

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de

salud, y

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que

por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

Artículo 11

Derecho a un Medio Ambiente Sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios

públicos

básicos.

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio

ambiente.

Artículo 12

Derecho a la Alimentación

1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar

del

más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados partes

se

comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de

alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en

apoyo de las políticas nacionales sobre la materia.

Artículo 13

Derecho a la Educación

1. Toda persona tiene derecho a la educación.

2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá

orientarse

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá

fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades

fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a

todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista,

lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas

las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en

favor del mantenimiento de la paz.

3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno

ejercicio del derecho a la educación:

a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria

técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios

sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la

capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la

implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para

aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;

e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de

proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o

deficiencias mentales.

4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a

escoger

el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios

enunciados precedentemente.

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de

los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo

con la legislación interna de los Estados partes.

Artículo 14

Derecho a los Beneficios de la Cultura

1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:

a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;

b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;

c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por

razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para

asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el

desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.

3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable

libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del

fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones

científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor

cooperación internacional sobre la materia.

Artículo 15

Derecho a la Constitución y Protección de la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el

Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material.

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las

disposiciones de la correspondiente legislación interna.

3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada

protección al grupo familiar y en especial a:

a. conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable

después del parto;

b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como

durante la edad escolar;

c. adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena

maduración de sus capacidades física, intelectual y moral;

d. ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un

ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de

comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.

Artículo 16

Derecho de la Niñez

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su

condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño

tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo

circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser

separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos

en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema

educativo.

Artículo 17

Protección de los Ancianos

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los

Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin

de llevar este derecho a la práctica y en particular a:

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica

especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en

condiciones de proporcionársela por sí mismas;

b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad

de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o

deseos;

c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de

los ancianos.

Artículo 18

Protección de los Minusválidos

Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene

derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su

personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que sean

necesarias para ese propósito y en especial a:

a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y

el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a

sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes

legales, en su caso;

b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a

resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico,

mental y emocional de éstos;

c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de

soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo;

d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan

desarrollar una vida plena.

Artículo 19

Medios de Protección

1. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de conformidad

con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá

elaborar la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes

periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido

respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo.

2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los

Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al

Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen

conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales

informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a

los organismos especializados del sistema interamericano, de los cuales sean miembros los

Estados partes en el presente Protocolo, copias de los informes enviados o de las partes

pertinentes de éstos, en la medida en que tengan relación con materias que sean de la

competencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.

4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y

la

Cultura informes relativos al cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el

campo de sus actividades.

5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano

Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura

contendrán un resumen de la información recibida de los Estados partes en el presente

Protocolo y

de los organismos especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de

asegurar el

respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter

general que al respecto se estimen pertinentes.

6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13

fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente

Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los

artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes

sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el

presente Protocolo en todos o en algunos de los Estados partes, las que podrá incluir en el

Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más

apropiado.

8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de las

funciones

que se les confieren en el presente artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la

vigencia

de los derechos objeto de protección por este Protocolo.

Artículo 20

Reservas

Los Estados partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas del

presente Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o adherir a él, siempre que no

sean incompatibles con el objeto y el fin del Protocolo.

Artículo 21

Firma, Ratificación o Adhesión.

Entrada en Vigor

1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado

parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de

un

instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los

Estados Americanos.

3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado sus

respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión.

4. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la

entrada en vigor del Protocolo.

Artículo 22

Incorporación de otros Derechos y Ampliación de los Reconocidos

1. Cualquier Estado parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán someter

a la consideración de los Estados partes, reunidos con ocasión de la Asamblea General,

propuestas de enmienda con el fin de incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, o

bien otras destinadas a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en este

Protocolo.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en

que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de

los dos tercios de los Estados partes en este Protocolo. En cuanto al resto de los Estados

partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de

ratificación.   

Las nuevas ideologías: pacifismo, ecologismo, feminismo, postmodernismo y otros.

Pacifismo

Mahatma Gandhi, representante ilustre del Pacifismo moderno.

El pacifismo es el conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre las naciones.1 Se opone a la guerra y a otras formas de violencia a través de un movimiento político, religioso, o como una ideología específica. Algunos de los medios de los que se vale el pacifismo en la búsqueda de sus fines son: La no violencia activa, la diplomacia, la desobediencia civil, el boicot, la objeción de conciencia, las campañas de divulgación y la educación por la paz.

Generalmente se reconocen dos tipos de pacifismos:[cita requerida]

El pacifismo absoluto o radical: rechaza la violencia en cualquiera de sus formas, considerando que todo acto violento genera más violencia, siendo contraproducente su uso.

El pacifismo relativo o moderado: rechaza en principio el uso de la fuerza, pero la admite para defenderse de amenazas extremas.

Historia

La aparición del pacifismo se remontará a cuando los primeros cristianos se negaron a tomar armas y ejercer la violencia, para lo que utilizaron una frase del Sermón de la montaña: "No resistáis al mal con la fuerza".2 3 4

El pacifismo comenzó a ser definido a partir del siglo XVIII por numerosas personalidades:

Un símbolo de la paz. Leibniz, aparte de filósofo fue matemático, historiador, teólogo y diplomático. Recorrió

toda Europa estableciendo contactos con mucha gente distinta. Esto lo hizo para intentar conseguir el entendimiento y la comprensión, ya que su propósito era crear una lengua exacta y universal.

Rousseau (1712-1778), filósofo y escritor francés, destacó por atacar al gobierno, al sistema de enseñanza y a la iglesia católica. Durante la Revolución Francesa pretendió conseguir libertades individuales y derechos humanos.

Bentham (1748-1832), jurista y economista inglés, ideó que el bien era placer y el mal era dolor. Intentó crear un sistema moral en el que cada persona escogiese el placer que más felicidad le diese, según su interés, consiguiendo así el beneficio de los demás.

Saint-Simon (1760-1825) era un sociólogo francés que creó un sistema industrial en el que los cristianos intentaban mejorar la situación de los pobres a través de métodos no violentos.

El pacifismo moderno

Pero los impulsos al pacifismo más fuertes e importantes fueron los de algunos sus defensores, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Óscar Romero. Estas personas, aparte de escribir sobre el pacifismo, lo llevaron a la práctica:

Gandhi (1869-1948) fue un abogado y político hindú que luchó en el Movimiento de Independencia indio por sus propios métodos, como el ayuno limitado y la intercepción de trenes por una multitud sin armas que se tendía a lo largo de las vías. Como adalid del nacionalismo indio, predicó la paz de diversas maneras, y fue encarcelado por ello varias veces. Una vez puesto en libertad, sufrió varios atentados y lo asesinó un fanático hindú en Delhi (India). Sus cenizas fueron lanzadas al río Ganges.

Martin Luther King (1929-1968) fue un dirigente estadounidense, principal lider del Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Óscar Romero (1917-1980) fue un arzobispo de El Salvador enemigo de la violencia que ejercían la extrema derecha nacionalista y el ejército. Defendió a los oprimidos y fue asesinado durante una misa.

También fueron importantes las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y Movimiento antinuclear durante la guerra fría.

Siglo XXI

La Guerra de Iraq ha servido como detonante para revitalizar un movimiento que llevaba tiempo fuera de las portadas. Las manifestaciones contra la invasión de Iraq de 2003 fueron convocadas simultáneamente en todo el mundo, siendo las primeras convocatorias de carácter realmente global de la historia. Las manifestaciones fueron especialmente relevantes en los países comprometidos con la invasión (Australia, Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Portugal, Polonia, Italia). Éstas fueron las

primera manifestaciones convocadas por internet y SMS, y se mostró la efectividad de los nuevos medios, ya que la protesta mundial (o marcha por la paz) se comenzó a organizar sólo un mes antes de su realización. Las circunstancias locales permitieron su perduración en el tiempo, sobre todo en Gran Bretaña, Estados Unidos, España e Italia, donde pudieron servir de bandera de enganche contra los Gobiernos en el poder, contribuyendo así al vuelco electoral en España e Italia.

El lema universalmente adoptado fue No a la guerra.

El 15 de febrero de 2003 tuvo lugar la mayor de las manifestaciones, consiguiéndose la mayor movilización mundial en la Historia. Millones de personas salieron a las calles en muchas ciudades, encabezadas por Roma con 2 millones de manifestantes. Cabe destacar el baile de cifras, en cuanto al número de manifestantes en las principales ciudades de los países cuyos gobiernos apoyaron la invasión. Fue muy grande la diferencia entre los datos oficiales dados por las administraciones y las dadas por los convocantes; cada uno defendiendo sus intereses. Un claro ejemplo es Madrid, donde el número de manifestantes fue muy superior a los 660.000 oficiales, aunque es muy posible que no llegaran a los 2 millones de personas según los convocantes, siendo una cifra intermedia el dato real.

De forma concomitante al gran movimiento creado al calor de la guerra contra el terrorismo, en el movimiento pacifista actual existen dos grandes corrientes:

Grupos de pacifismo reformista que tratan de ignorar las contradicciones sociales y predican la paz entre todos por sobre todas las cosas de manera muy poco crítica. Aquí se ubican grupos llamados pacifismo conservacionista, pacifistas ciudadanos, movilizaciones por el civismo, etc.

Por otro lado están los grupos que creen en la acción no violenta para el realizar cambios radicales (incluso revoluciones) y para enfrentar los conflictos han tomado los términos activista no violento, pacifista militante, etc, para recalcar la necesidad de la acción, la realidad de los conflictos sociales y la postura de enfrentamiento contra estructuras autoritarias de una manera radical, llevando a cabo acciones que pueden incluir el boicot y el sabotaje pero no la agresión a personas, menos aún de manera mortal. Entre estos se ubican los anti-militaristas y los anarcopacifistas por ejemplo

Ecologismo

El ecologismo es la ideología más reciente en incorporarse a las preocupaciones de la sociedad, y por lo mismo es la que más impulso y arraigo tiene en la actualidad. Apenas se pueden encontrar antecedentes históricos del ecologismo, como no sean las actitudes higienistas del siglo XIX, puesto que el deterioro del medio natural está ligado directamente al aumento de la industrialización en todos los países de Occidente, y a la utilización de combustibles fósiles y recursos no renovables, así como a la sobreexplotación de los mismos.

Esto implica que el ecologismo, no sólo tiene una dimensión ideológica, sino también una magnitud económica de primer orden. Las implicaciones económicas permiten que hagan bandera del ecologismo todas las ideologías políticas y económicas. No obstante, donde primero prenden las ideas del ecologismo es en los grupos de izquierda desencantados del socialismo soviético y maoísta, y en el anarquismo radical.

El ecologismo comienza a tomar cuerpo en los años 60 del siglo XX, en movimientos extraparlamentarios que reaccionan contra la política de bloques de la guerra fría, y no se identifican ni con el capitalismo ni con el socialismo existente.

Los primeros grupos ecologistas surgen junto con los pacifistas antinucleares, que ponen de relieve los peligros de la radiactividad y las centrales nucleares: son el primer paradigma de la defensa del medio natural. Pero pronto se analizarán los efectos negativos para la vida, de toda la contaminación industrial y urbana, sobre todo después del accidente, y desastre ecológico, del Gran Londres en 1952, en que una niebla de smog asfixia a la ciudad y las autoridades británicas se ven obligadas a promulgar, en 1956, una ley sobre limpieza del aire.

En 1965 Murray Bookchin escribe un texto en el que resume el pensamiento ecológico: Ecología y pensamiento revolucionario. En él se describen las bases teóricas del ecologismo y su implantación, y sus consecuencias económicas, como la descentralización del poder económico y la formación de circuitos locales de comercio. También advierte sobre la desvirtuación interesada de los principios ecológicos, que pueden convertir en una farsa la preocupación por la mejora del medio.

En la Alemania de los años 70 los grupos ecologistas se organizan políticamente, y optan por la no violencia y el pacifismo, sin necesidad de dejar de ser contundentes en sus reivindicaciones.

El grupo más importante se forma en 1977, es Greenpeace, de carácter internacional. Se funda en un congreso en Estocolmo. Adena se crea en España 1968 y se adhiere al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) la otra gran asociación ecologista mundial.

El ecologismo supone una nueva forma de hacer política, lo que implica un choque teórico con los economistas, un debate entre el desarrollo sostenible y el beneficio rápido. En multitud de ocasiones se ha presentado a la ecología como un freno al desarrollo, sin tener en cuenta que la existencia de materia prima en buenas condiciones, en la naturaleza, es una condición fundamental para la actividad económica. La ecología influye en todos los aspectos de la actividad económica, particularmente en la generación y fabricación de bienes. En realidad, abarca todo el ciclo del producto, desde la extracción de materias primas, a la fabricación, transporte, venta, consumo y hasta el fin de su vida útil y su gestión como residuo. En todo ello, y en todo el proceso, se pueden encontrar mejoras, que sin menoscabo de la obtención de beneficios, e incluso minimizando las pérdidas y los gastos, impliquen una mejora de la calidad ambiental. Se puede utilizar la materia prima con mayor eficacia, reduciendo los residuos, con menor consumo de energía, sin que haya pérdidas en el transporte, y que no genere basura no biodegradable.

Este intento de resolver los problemas que genera el capitalismo consumista le acerca ideológicamente al socialismo, por eso se considera como una ideología de izquierda. Pero no es una izquierda clásica, marxista, sino de una nueva izquierda aún por definir.

Como quiera que la calidad ambiental ha ido entrando en las conciencias de la gente, muchas veces con mensajes catastrofistas, los Estados se han visto en la obligación de legislar, y a asumir estos puntos de vista. En principio sólo se trata de normas e informes técnicos. Se obliga a que cada obra nueva tenga una evaluación de impacto ambiental, y que las empresas hagan auditorías ambientales. Sin embargo, los grupos ecologistas pretenden, para conseguir sus objetivos, apelar a la conciencia de la gente; descubriendo en el entorno inmediato las señales de la degradación del medio, y explicando sus consecuencias. Esta actitud ha llevado a muchos grupos ecologistas a lanzar mensajes catastrofistas y alarmantes, sin muchas bases científicas.

El lema emblemático de los ecologistas es: actuar localmente y pensar globalmente. Esto supone implicar a todas y cada una de las personas en la defensa del medio natural, pero también derivar una cadena de consecuencias, desde lo local a lo global, que no tiene en cuenta el cambio de escala y, por tanto, el cambio de naturaleza del problema. En ocasiones, tampoco están suficientemente probadas desde le punto de vista científico. Esta actitud sugiere que la defensa comprometida de una especie o lugar concreto implica la mejora del medio natural en todo el mundo.

La necesidad de mejorar y conservar el medio natural ha supuesto el avance de los estudios sobre ecología y climatología. Uno de los temas recurrentes es el del cambio climático y el agujero de la capa de ozono, en los que se trata de demostrar cómo la influencia del hombre puede alterar las condiciones del medio natural; así como la deforestación.

Otro de los problemas centrales del discurso ecologista es el del consumo de energía. Cómo ahorrar energía, cómo producirla con medios renovables, etc. Esto ha supuesto un avance tecnológico de importancia, tanto en los medios de producción de energía como en los aparatos de bajo consumo.

El tercer problema central es el de la generación de residuos y la costumbre consumista, del usar y tirar, que implica una actitud positiva de la gente, ya que debe comenzar al separar los residuos, y de la industria. La clave es reducir, reciclar y reutilizar. El gran mérito del ecologismo es que ha sido capaz de implicar en la defensa del medio a cada persona.

La pujanza del ecologismo en todo el mundo ha provocado multitud de reuniones diferentes, de carácter internacional, con los gobiernos de por medio. Una de las más importantes ha sido la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1993, y el Protocolo de Kioto, en 1998. Este protocolo no entró en vigor hasta el 16 de febrero del 2005, y además sin que lo hayan ratificado EE UU, India ni China, lo que es posible que lo haga ineficaz.

Nadie discute la necesidad de conservar el medio natural para sobre vivir como especie, pero sí para crecer económicamente. Por eso, los gobiernos han llegado a unos acuerdos para reducir la contaminación que produce la industria de su país, sin perjudicar el crecimiento económico. También se han comprometido a no reducir la biodiversidad, que es la condición indispensable para el buen funcionamiento de los ecosistemas. Pero muchos gobiernos, sobre todo de los países en vías de desarrollo, incumplen sus compromisos en favor de un mayor crecimiento económico. Incluso los países más ricos como, Estados Unidos, que tiene asignadas unas determinadas emisiones a la atmósfera, compran los derechos de emisión de los países más pobres, para sostener su economía.

El feminismo.

El feminismo es un conjunto de teorías sociales y prácticas políticas en abierta crítica de relaciones sociales históricas, pasadas y presentes, motivadas principalmente por la experiencia femenina. En general, los feminismos realizan una crítica a la desigualdad social entre mujeres y hombres, y proclaman la promoción de los derechos de las mujeres. Las teorías feministas cuestionan la relación entre sexo, sexualidad y el poder social, político y económico.

A pesar de que muchas personas líderes feministas han sido mujeres, no todas las mujeres son feministas y no todas las personas feministas son mujeres. Algunas feministas consideran que los hombres no deberían tomar posiciones de liderazgo dentro del movimiento, pero la mayoría aceptan el apoyo de los varones.

El feminismo como movimiento social ha sido principalmente visibilizado como un movimiento de las sociedades occidentales en el siglo XX. No se encuentra asociado a ningún grupo, práctica o evento histórico en particular. Se crea a partir de la conciencia acerca de las desigualdades causadas por los géneros y de la búsqueda de la justicia social. Existen diversas formas del feminismo, como teoría, como práctica, como conciencia, como movimiento social internacional, nacional y local.

Algunos de los distintos feminismos son el feminismo cultural, el feminismo radical, el ecofeminismo, el anarcofeminismo, el feminismo de la diferencia, el feminismo marxista, el feminismo separatista, el feminismo filosófico, el feminismo cristiano, el feminismo islámico, el feminismo pro-vida y el feminismo crítico.

Historia

La historiadora Gerda Lerner ubica el nacimiento del patriarcado como un suceso histórico en el que se documenta el principio de la subordinación de las mujeres a través de los sistemas políticos, legales, culturales, religiosos y sociales. También documenta las diversas evidencias de la existencia de una conciencia feminista a través de milenios en distintas sociedades del mundo y de la historia. Al recopilar estos escritos llega a la conclusión de que el proceso histórico documentado y transmitido como la historia universal no afecta de igual manera a los varones y a las mujeres. El conocimiento desarrollado a través de siglos por mujeres con conciencia feminista fue truncado una y otra vez[cita requerida]. Las mujeres que reclamaban la subordinación o que se comportaban fuera de los esquemas de asignados a su sexo, eran y fueron marginalizadas [cita requerida]. La falta de enseñanza a las mujeres sobre los logros de aquellas que fueron exitosas a través de la historia, es uno de los factores que han contribuido a la opresión de las mismas[cita requerida]. Así, fue en el siglo XIX cuando la conciencia feminista se empezó a transmitir a otras mujeres y, se inicia el feminismo como movimiento social y político.

Portada de la obra de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer

Los primeros ensayos sobre 'la cuestión de la mujer' criticaban el rol restrictivo de la mujer, pero no señalaban culpables de las desventajas de la mujer ni sobre los hombres. El trabajo de Mary Wollstonecraft Vindicación de los derechos de la mujer, es uno de los pocos escritos antes del siglo XIX que puede ser llamado feminista sin temor a una ambigüedad. Bajo estándares modernos, su metáfora de la mujer como nobleza, élite de la sociedad, mimada, frágil y tendiente a la pereza intelectual y moral, suena como un argumento masculino. Wollstonecraft creía que ambos sexos contribuyeron a esta situación y tomaba por sentado que la mujer tenía poder considerable sobre el hombre. En 1791 Olympe de Gouges hizo la "Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana" ,como contra partida a los "Derechos del Hombre y el Ciudadano" creados tras la Revolución Francesa.

A menudo se afirma que el feminismo nació a fines del siglo XVIII y principios del XIX, cuando la gente comenzó a percibir que la mujer es oprimida en una sociedad machista (ver patriarquía). El movimiento feminista tiene sus raíces en Occidente y especialmente en el movimiento de reforma del siglo XIX. El movimiento organizado data de la fecha de la primera convención por los derechos de la mujer, en Nueva York en el año 1848. Más de un siglo y medio más tarde, el movimiento ha crecido y ha adoptado diversas perspectivas en cuanto a lo que constituye la discriminación contra la mujer. Los primeros feministas son a menudo llamados 'la primera ola' y, luego de 1960, 'la segunda ola'. También es destacada la Declaración de Seneca.1

Relación con otros movimientos

Logotipo donde se mezcla un símbolo feminista con el puño en alto contestatario.

Las feministas en general tienen un acercamiento holístico hacia la política, creyendo en las palabras de Martin Luther King, "una amenaza a la justicia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todo lugar". Siguiendo dicha creencia, las feministas usualmente apoyan otros movimientos como el movimiento por los derechos civiles, el movimiento pacifista y el movimiento por los derechos de los y las homosexuales. Al mismo tiempo muchas feministas negras, como Angela Davis, critican que el movimiento feminista es dominado por mujeres blancas.

Algunos feminismos muestran su preocupación por el movimiento transexual, ya que desafía las distinciones entre el hombre y la mujer. La transexualidad es rechazada por el feminismo radical, que considera que la masculinidad y la feminidad son construcciones socio-culturales, y por tanto, sentirse hombre o mujer carece de sentido y contribuye al sexismo. Otras corrientes de feminismo reconocen, promocionan y reivindican los derechos humanos de las mujeres transexuales.

También se da una fuerte relación de algunas corrientes del socialismo o anticapitalistas con este, dando a entender que la "liberación femenina" debe ir a la par de la liberación general de la sociedad del yugo del capitalismo.

Impacto del feminismo en occidente

Manifestación de sufragistas en Nueva York el 6 de mayo de 1912.

El feminismo ha producido muchos cambios en algunas sociedades occidentales, incluyendo el sufragio femenino, el empleo igualitario, el derecho de pedir el divorcio, el derecho de la mujer de controlar sus propios cuerpos y decisiones médicas (incluyendo el aborto, tema sobre el cual no hay consenso), y muchos otros. Muchos de estos cambios han sido el lograr en el discurso que algunos de los derechos de las mujeres se consideren como derechos humanos.

Sin embargo, el movimiento feminista reivindica que todavía hay muchos cambios por hacer. En ningún país del mundo se ha logrado igual salario por igual trabajo, entre hombres y mujeres aunque muchos estudios demuestran lo contrario , ya que las declaraciones tributarias muestran que a igual trabajo en la misma empresa igual salario. El aborto inseguro sigue siendo causa prevenible de muertes de muchas mujeres en el mundo (tercera causa de mortalidad materna en el mundo). Muchas creencias consideradas radicales en el pasado forman ahora parte del pensamiento político común. A pesar de que casi nadie en las llamadas sociedades occidentales de hoy cuestiona el derecho de la mujer al voto o la propiedad, conceptos que eran vistos con gran extrañeza hace 200 años, las mujeres no siempre tienen acceso a estos derechos. Por ejemplo en Estados Unidos las mujeres adultas mayores se enfrentan a menudo con el problema de no contar con la propiedad legal y por tanto efectiva del hogar donde han pasado su vida y formado su familia.

En cuestiones políticas si bien el derecho al voto se fue ganando durante el siglo veinte por los distintos movimientos sufragistas nacionales, a principos del siglo XXI solo en Venezuela se ha logrado establecer normativas que apunten a la paridad de participación politica en cuanto a postulaciones, el Consejo Nacional Electoral de este país informó por medio de resolución que las candidaturas a las Elecciones Regionales de 2008 debían ser 50% masculinas y 50% femeninas.

POSTMODERNISMO

　　　　　　　　　Primero veremos el concepto de “Modernidad”. Dejando de lado algunos datos esporádicos que se remontan hasta la Edad Media, el término va adoptando sucesivamente la acepción de “renovación”, “norma de cambio”, “actividad vanguardista” –J.J. Rousseau (1712-1778)-. En el ámbito artístico-literario, Ch. Baudelaire (1821-1867) asignará a “moderno” el sentido de efímero, pasajero, transitorio y mundano, sometido a la prueba de la moda y contrapuesto a lo eterno. K. Marx (1818-1867) amplía el campo de aplicaciones y con ello también el horizonte de significación; así, en un primer estadio de su análisis crítico que incide ante todo sobre el ámbito socioeconómico, lo “moderno” equivale a una categoría más bien negativa que viene a identificarse con la abstracción y dualismo que alienan al hombre y de cuya superación depende la realización del hombre; posteriormente, al hacer extensivo su análisis al ámbito político y tocado él mismo por la visión optimista de la época ante el progreso, atribuye a la modernidad una noción más positiva: la transición de una sociedad menos desarrollada a otra más desarrollada en la que se hacen presentes los nuevos elementos progresivos –si bien, el progreso no ha de entenderse aquí necesariamente en su vertiente moral de mejoramiento, sino en el sentido histórico de incremento y acumulación, con el que se da paso a la liberación del hombre en el nuevo tipo de sociedad (socialista) que surge-“ (Rubio M., El contexto de la Modernidad y de la Postmodernidad. En: Vidal M., Conceptos fundamentales de ética teológica. Trotta. Madrid 1992, págs. 111-112). Resumiendo en un cuadro:

Condicionamiento dialéctico de las funciones epistemológicas de la razón

Tesis (Fase afirmativa) MODERNIDAD:

Apego y exaltación de la razón; optimismo racionalista, fe en la razón; tiempo de teorías y sistemas;

Antítesis (fase negativa) POST-MODERNIDAD:

(como “negación” de la modernidad) crisis y acabamiento –muerte- de la razón; pesimismo, desconfianza en la razón;

tiempo de praxis y escepticismo;

Síntesis (fase negativa/positiva) POSTMODERNIDAD:

(como “superación” de la modernidad) superación –en la discontinuidad- de las contradicciones de la

modernidad; nuevo conocer (nuevos paradigmas): + distinción entre uso-abuso de la razón; + incorporación de la experiencia y el sentimiento; tiempo de sin-razones e irracionalidad; transformación (como hipótesis o como posibilidad real) (Rubio M., op. cit.,

pág. 137).

I. ¿QUE ES LA POSTMODERNIDAD?

+ Explicación del “post”: no se trata de una mera sucesión, sino de un “ajuste de cuentas” con el proyecto emancipador de la Modernidad. + La Postmodernidad, más que un sistema racional es una sensibilidad. + Sus teóricos vienen del Sur: Lyotard, Baudrillard, Vattimo, Lipovetzky...

Rasgos de la Postmodernidad

1) El desencanto de la razón

+ La razón se ha convertido en “razón instrumental”, tecnoburocrática: tecnifica las conciencias y deshumaniza la sociedad.+ La razón ha dejado de ser transparente. Ya no puede ser totalizante, fundamentadora, omnicomprensiva.+ Seamos consecuentes: renunciemos a los saberes y respuestas últimas. Quedémonos con un pensamiento débil.

2) El entierro de las utopías

+ Constatación de que el soñado “campo total” es imposible.+ ¡Muera Prometeo! ¡Viva Diónisos!+ Desenmarascamiento de las “divinas palabras”: Progreso, Justicia, Igualdad, Fraternidad... El “proyecto emancipador” de la Modernidad es pura retórica.+ Hay que ser incrédulo ante los “metarrelatos” (cosmovisiones globales portadoras de sentido).+ Sólo existen relatos, pequeños y fragmentarios.

3) Crítica del cristianismo como “metarrelato”

+ Hay que ser consecuentes con el grito de Nietzche, “!Dios ha muerto!”: hay que borrar su sombra.

+ La “sombra de Dios” son esas palabras tan mayúsculas y tan absolutas como “Libertad”, “Hombre”, “Justicia”, “Igualdad”...

+ La ”muerte de Dios” significa, simplemente, que nos hemos quedado sin valores últimos, absolutos.

+ Esto es un “nihilismo positivo”: abre al hombre la posibilidad de ir dando valor, creativamente, a las cosas.

+ Además, el cristianismo se presenta como un “metarrelato” (un proyecto que pretende dar un sentido único y totalizante a la vida). Tiene, pues, funciones manipuladoras y totalitarias.

4.- El fin de la Historia

+ Vivimos en un tiempo sin horizonte histórico, sin orientación ni visión de la totalidad. + Esto se debe a que los “mass-media” nos saturan de información, sin permitir a la noticia durar ni al destinatario reflexionar sobre ella. + Con este continuo presentismo de los acontecimientos que nos ofrecen los “mass-media”, hemos perdido el marco de referencia de la Historia. + Vivimos en la inmediatez, en el presente. Nos movemos en un espacio sin horizonte. + No hay una Historia conjunta que se dirija a una meta.

5. Esteticismo presentista y micropolítica + No hay que escapar del presente, sino disfrutarlo: “carpe diem”. + Frente a la “razón instrumental”, que se acerca a la vida buscando lo que sirve para otra cosa, hay que tener el “pensamiento de la intuición”, es decir, disfrutar los momentos de la vida por sí mismos. + Hay que abrirse, a cada momento, a la “inagotable riqueza de la vida” y aceptar la discontinuidad, el disenso, la heterogenedidad, la diferencia... que la vida nos ofrece. + Así podremos arribar a una sociedad en la que el ideal no sería ya la eficacia y el rendimiento, sino la capacidad de vivir lo bello. + Sólo mediante esta “estetización general” de la vida podremos ofrecer resistencia a esta sociedad y a esta cultura tecnocráticas. + También podremos resistir a nuestras sociedades desarrollistas, dominadas por la “razón instrumental”, practicando la “micropolítica”, es decir, por la vía de las acciones no integrables en el sistema y en estrecha conexión con los nuevos movimientos sociales.

6. “Politeísmo” de valores y consensos “blandos”

+ No hay valores absolutos.+ Vivamos “bajo el signo de Diónisos”: exaltación de la vida en su finitud, de los valores múltiples, menguados y parciales, de las realizaciones nunca plenas.+ Al reconocimiento de estos valores y criterios de validez sólo se puede llegar mediante acuerdos o consensos.+ Pero los consensos han de ser “blandos”: ni fuertes ni definitivos ni universales.+ Sólo caben consensos temporales, locales y, por tanto, rescindibles.+ Esta “ética débil y provisional” es la única que respeta al hombre en lo que tiene de particular, de imprevisible y, en el fondo, de infinito.+ Vivimos en una sociedad bajo el “síndrome del billete de vuelta”.

7. Hiperindividualismo hedonista

+ La Postmodernidad significa la “segunda revolución del individualismo” (Lipovetzky).+ La sociedad consumista e informatizada posibilita el “vivir a la carta”.+ El lema de este individualismo es: “el mínimo de coacciones y el máximo de elecciones privadas posibles; el mínimo de austeridad y el máximo de deseo”.+ Sus valores son: hedonismo, respeto por las diferencias, culto a la liberación personal, psicologismo, culto a lo natural, sentido del humor.+ Es una cultura narcisista y “psi”: el individuo está centrado en la propia realización emocional, da prioridad a la esfera privada y reduce la inversión de carga emocional en el espacio público (abandono de lo político e ideológico).+ La sociedad postmoderna no tiene ni ídolos ni tabúes; ni imagen gloriosas de sí misma ni proyecto movilizador alguno. Esta regida por el vacío; un vacío que no comporta ni tragedia ni apocalipsis. (El encanto de estar desencantados).

+ Genera un “narcicismo colectivo”: la solidaridad del “microgrupo de idénticos”.+ Valora lo comunicativo por encima de lo productivo; pero busca una comunicación narcicista: oírse uno a sí mismo.

Código básico para “circular” por la postmodernidad

1. Frente a la razón totalizante, el pensamiento débil.2. Frente a los “metarrelatos”, los relatos.3. Frente a los compromisos definitivos, los “consensos blandos”.4. Frente a los valores absolutos, el “politeísmo” de valores.5. Frente a la Historia unitaria, las historias parciales.6. Frente a un mejor Futuro colectivo, el esteticismo presentista.7. Frente a la Universalidad, el fragmento.8. Frente a Prometeo, Diónisos y Narciso.9. Frente a la militancia, el microgrupo.10. Frente a lo productivo, lo comunicativo.11. Frente a la uniformidad, la diferencia.

II. REPERCUSIÓN EN LA VIDA RELIGIOSA

+ Desconcierto ante el diálogo con una “cultura del fragmento”. + Necesidad de entender (“intus-legere”) la matriz sociocultural en que vivimos (”formación permanente”). + Discernimiento: “es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio” (Gaudium et Spes, n. 4). + Hemos de ser “contemporáneos críticos”.

¿Cómo está influyendo en nosotros?

1. Dimensión de la Fe

La matriz sociocultural genera indiferencia religiosa o increencia ambiental y proclama el entierro de las utopías. Nos afecta en nuestra “espiritualidad de ida y vuelta”: + En la “ida”: debilita el sentido de trascendencia; dificulta la experiencia profunda del Dios vivo. + En la “vuelta”: espiritualismo desencarnado (“comunidades emocionales”).

2. Dimensión de la Misión

La matriz socio-cultural genera el “politeísmo de valores”, la vivencia del “ahora”, el presentismo inmediatista, los “consensos blandos”, el hedonismo narcicista. Nos afecta en la búsqueda de un apostolado autogratificante o de gratificación inmediata que rehuye el “ad extra” y la cruz.

3. Dimensión de la Afectividad-sexualidad

La matriz socio-cultural proclama la revolución sexual, la desmoralización del sexo, el “vivir a la carta” a través de proceos de “seducción/sex-ducción”. Nos afecta haciendo difícil la autotrascendencia; favoreciendo el narcisismo inmaduro; obstaculizando la abnegación; haciéndonos más vulnerables.

4. Dimensión de la “Pertenencia”

La matriz socio-cultural es profundamente individualista y tiende a subrayar fuertemente la diferencia y la disidencia. A lo más que induce es a identificaciones grupales, no a grandes pertenencias.

Nos afecta en nuestra “inserción fuerte y creativa” en la Iglesia, en la pérdida del sentido del cuerpo, en el escepticismo ante los proyectos apostólicos coordinadores.

Posibilidades y exigencias

La postmodernidad nos posibilita y nos exige:

1. Una fe experiencial y “narrativa”

+ La Postmodernidad concede primacía a la experiencia y valora, frente al “metarrelato” (concepciones globales, abstractas y globalizantes), el relato (una narración que transmite experiencias). + Para la sociedad postmoderna, la “ortopraxis” es más importante que la “ortodoxia”. + La fe ha de brotar hoy de una experiencia profunda del Dios vivo, y sólo podremos contagiarla, no a base de argumentos, sino “narrándola como experiencia propia”.

2. Una fe inculturada

+ La Postmodernidad subraya el pluralismo cultural, la fragmentariedad en que nos encontramos. También acentúa el derecho a la diferencia y exige el reconocimiento del otro ensu ser otro. + Vivimos en un policentrismo cultural. Esto plantea a la Iglesia una tarea ineludible: la inculturación de la fe. + En la vida diaria, nos exige “bajar al fragmento”, “pegarnos a lo concreto”, “amar los realtos individuales”.

3. Una fe dialogante y modesta + Ante el pluralismo cultural en que vivimos, no podemos presentar el cristianismo como una receta barata para solucionar todos los problemas. + La modestia habrá de basarse en una “pacífica pasión por la verdad”, lo cual no significa la actitud fanática de quien se cree “poseedor de la verdad”. + Se trata de reconocer que la riqueza insondable de la Verdad permite otros acercamientos sin fin; de estar serenamente convencidos de que –incluso a través de conflictos- toda verdad parcial será finalmente armonizable.

4. Una fe “fruitiva”

+ Nuestra fe deberá abrirse hoy, fruitiva y gozosamente, a las “inagotables riquezas de la vida”.

+ Deberemos mosgtrar, en la praxis, que nuestro monoteísmo (creemos en un solo Dios que es amor) es compatible con la aceptación de todo lo bueno y bello de la vida.

+ Esto nos conduce a un “humanismo de talante ecuménico”: a gozarnos, sin celos ni recelos, en todo valor humano, venga de donde venga.

Lo irrenunciable

+ “La vida religiosa es una forma institucionlizada de recuerdos peligrosos para el mundo“ (J.-B. Metz). + ¿Qué recuerdos son esos que, en esta época postmoderna, debemos recordar peligrosamente con nuestros votos vividos auténticamente y con “nuestro modo de proceder”?

1. “Memoria Passionis” (función profética)

+ Ante la tendencia postmoderna al individualismo insolidario y hedonista, y frente a su tenue “micropolítica” de resistencia a los sistemas deshumanizadores, debemos ser “el recuerdo de los sufrimientos de Jesús en los sufrimientos de los hombres”. + Y proclamar que no hay otro más “otro”, más diferente y más desigual que el pobre, el desamparado, el marginado... + El reconocimiento del otro sólo es posible mediante el amor gratuito y solidario.

2. “Memoria Resurrectionis” (función escatológica)

+ Ante la Postmodernidad, instalada en la finitud y en lo privado, que ha sustituido el mito del futuro por el mito del presente y ha taponado y roto el sentido de la Historia, hemos de recordar que caminanos hacia el cielo nuevo y una tierra nueva, garantizados en la Resurrección de Jesús. + Y proclamar con nuestra vida que esa “ciudad celeste”, en la que Dios será todo en todos, es al mismo tiempo don de Dios y tarea humana solidaria. + Es posible, ya en la tierra, sembrar Resurrección. Com-padecimiento (“Memoria Passionis”) y Esperanza (“Memoria Resurrectionis”): éstos deberían ser, en el hoy postmoderno, nuestros “recuerdos peligrosos”.

(Tomado de Colomer J., S.J., Postmodernidad, fe cristiana y vida religiosa. En: Sal Terrae, Tomo 79, Mayo 1991/5, págs. 413-420, Santander.)

III. ESPIRITUALIDAD ZEN PARA UNA SOCIEDAD POSTMODERNA

Quienes vivimos en sociedades influidas por la cultura europea occidental (independientemente del hemisferio en que se encuentren) hemos venido albergando desde hace tiempo la idea de que con la “modernización” hemos alcanzado la cima de nuestro desarrollo histórico. La sociedad occidental moderna ha sido considerada la norma a seguir y a alcanzar por todas las demás. Sin embargo, una mirada más extensa a la historia de la tierra y a la historia humana nos ofrece ahora una mejor perspectiva para ver que, de hecho, la así llamada sociedad moderna, con las actitudes y estructuras que ha traído consigo, ha introducido muchos de los factores que están detrás de nuestra crisis actual como comunidad de la tierra.

Son muchos los que han señalado en la sociedad moderna, entre otros, los siguientes rasgos característicos: 1) individualismo, 2) una visión dualista de la realidad basada en las dicotomías de sujeto-objeto y cuerpo-mente, 3) una visión mecanicista de la naturaleza que percibe a esta como un objeto susceptible de dominio y control humanos, 4) una visión idealizada de la historia basada en el mito del progreso, y 5) una estructura de relaciones interhumanas y entre los seres humanos y la naturaleza de tipo patriarcal, con un sesgo predominantemente masculino.

Al examinar esas características de la modernidad con más detenimiento, podemos verificar que todas ellas son manifestaciones concretas que tienen por origen un modo de conciencia que opera por igual en los niveles individual y corporativo de nuestro ser. Por decirlo de otra manera, “la sociedad moderna” es la manifestación histórica y colectiva de nuestra conciencia egocéntrica.

Hemos llegado a un punto de nuestra historia en el que podemos desentrañar la naturaleza aberrante de la sociedad moderna, con sus mitos y las actitudes hacia la realidad que subyacen a estos. Estamos, por tanto, en condiciones de apreciar la necesidad de forjar direcciones alternativas hacia nuestro futuro común, hacia una sociedad postmoderna, como prerrequisito para nuestra supervivencia como comunidad de la tierrra.

Así pues, ¿cómo concebiremos un futuro común que sea viable, una sociedad postmoderna que nos movilice para curar la tierra herida y llevar una existencia común que nos permita celebrar la vida juntos en lugar de destruirnos unos a otros y cada cual a sí mismo?

Quienes han abordado los problemas que plantea la modernidad han presentado diferentes escenarios desde las perspectivas literaria, filosófica, sociológica y otras. Sin entrar en excesivos detalles de los argumentos procedentes de diferentes grupos y disciplinas que han contribuido al debate de la modernidad, mantenemos que la sociedad postmoderna, lejos de ser un hecho establecido, continúa siendo un mero ideal en la mente de muchos individuos y que necesitamos tomar decisiones y dar pasos concretos para convertirla en una realidad viable. Tomemos las características de la modernidad arriba señaladas como un punto de partida para examinar las características de una sociedad postmoderna, y así trazar un mapa con trayectorias alternativas para configurar nuestro futuro.

+ En primer lugar, una sociedad postmoderna habrá de ir más alla del individualismo. Podremos apreciar, entonces, el hecho de que no somos entidades aisladas sino que cada uno de nosotros tiene su existencia en el contexto de una red de interrelaciones con todos cuantos comparten esta vida con nosotros. El reconocimiento de que son nuestras interrelaciones las que nos hacen ser lo que somos nos permitirá superar las tendencias separatistas y divisorias que ha traído consigo el individualismo moderno. No será necesario, sin embargo, negar o renunciar a los avances modernos de nuestra conciencia humana en torno al respeto a los derechos humanos, la dignidad personal y otras nociones afines, sino que éstas se situarán en el contexto de nuestra interconexión e interdependencia como comunidad de la tierra.

+ En segundo lugar, la postmodernidad avanzará hasta la superación del dualismo que caracteriza nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo, y que influye en el modo de vivir nuestra corporeidad. Ello implica caminar hacia un sentido renovado de conexión con el mundo, entendiendo la polaridad sujeto-objeto implícita en nuestro pensamiento y actividad no como una forma de ser dicotómica, sino como una condición relacional interactiva y mutuamente participativa. Ésta se traducirá en una forma de conciencia que supere la dicotomía cuerpo-mente, permitiendo una reapropiación de nuestro modo corporal de estar-en-en-mundo en las diversas dimensiones que eso entraña. (Véase Cap. 6 “Este es mi cuerpo”, del Habito R., El aliento curativo. –Espiritualidad Zen para una tierra herida-. San Pablo. Madrid 1994, 151-176, para una descripción de los elementos que comprende esta forma de conciencia).

+ En tercer lugar, la sociedad postmoderna podrá superar una concepción mecanicista de la naturaleza. Verá una relación orgánica entre todos los elementos que comprende la naturaleza, a la par que admitirá que nosotros somos una parte íntima de la propia naturaleza. Este modo de ver nos liberará del deseo de dominar o controlar la naturaleza, capacitándonos para participar en el proceso de su continua creatividad, con los dones de racionalidad y previsión propios de los seres humanos. Al contemplar la naturaleza como un organismo vivo, aprenderemos a reconocer los aspectos impredecibles, misteriosos, la cara caótica de la naturaleza en definitiva, sin sentirnos por ello amenazados, sino aceptándola y abrazándola como parte del funcionamiento de las cosas.

+ En cuarto lugar, una sociedad postmoderna ya no será presa de mito del progreso. En contraste con una sociedad moderna, que se considera a sí misma la vanguardia de la historia avanzando hacia grados cada vez mayores de progreso gracias a las destrezas tecnológicas, la sociedad postmoderna estará mejor equipada para apreciar y apropiarse de los tesoros de la antigüedad, aprendiendo de las sociedades que antaño fueron denominadas primitivas, pero que realmente presentan estilos de vida llenos de sabiduría y sensibilidad hacia nuestra interconexión con la tierra. Ya no estará tentada de rendir culto al ídolo del progreso por sí mismo, siempre a la búsqueda de un futuro mejor, sino que podrá celebrar la vida en su presente “novedad”, esto es, en su “no-edad”.

+ Finalmente, la postmodernidad será una sociedad postpatriarcal que pondrá el acento sobre la dimensión femenina de nuestro ser para equilibrar los efectos indeseables del carácter predominantemente masculino de nuestras vidas e instituciones. Esa recuperación nos permitirá avanzar hacia estructuras renovadas de relaciones y modos de comportamiento

caracterizados por la cooperación, el cuidado y el apoyo mutuos, en lugar de la competencia, la explotación y la destrucción. Sin embargo, como antes se indicaba, esta era postmoderna no irrumpirá de una forma determinista, es decir, como un movimiento inevitable de la historia. Si ha de venir, lo hará en la medida en que haya más personas que tomen conciencia de la situación crítica de nuestra condición presente como comunidad de la tierra, y en tanto estas sientan la necesidad de dar un paso más allá de la mentalidad y estructuras de la modernidad en la sociedad que han dado pie a esa condición, y adopten decisiones concretas al respecto.

Dicho de otro modo, se requiere por nuestra parte una participación intencional para el alumbramiento de un mundo postmoderno. Ello exigirá una transformación de nuestra conciencia, que consecuentemente dejará sentir sus efectos en nuestra propia autocomprensión, en nuestras relaciones con los demás y en las estructuras de la sociedad que son manifestaciones visibles de esas relaciones. Esa transformación afectará por igual a las diversas formas de nuestra vida personal y comunitaria, a las manifestaciones culturales, a las expresiones religiosas y a los ámbitos económico, político, educativo, académico, etc.

Estamos llamados a jugar un papel en la construcción de una era postmoderna si consentimos ser transformados en nuestra conciencia, aprendiendo a superar el hechizo que la actitud moderna ejerce en nuestro interior. Se ha repetido a menudo que es necesaria una nueva cosmología para reemplazar a la anterior, asociada con la modernidad. Esa nueva cosmología irá de la mano, y será el cimiento, de una nueva espiritualidad para un mundo postmoderno.

La espiritualidad postmoderna no proporcionará una vía de escape del mundo real, a partir de ese ideal de desapego malinterpretado que deposita las esperanzas en una dimensión ultraterrena y se basa en una concepción dualista de la realidad. En lugar de eso, será una espiritualidad que, a la vez que lleva al individuo a un desprendimiento radical de la conciencia egocéntrica y de sus deseos ilusorios, le invita a un compromiso total con sus tareas históricas, enraizadas en una visión de conexión con todos los seres que sufren y de compasión por todos ellos. En otras palabras, será una espiritualidad de compromiso que se pone al servicio de la curación de la comunidad de la tierra.

En un contexto cultural y religiosamente plural, lo que nos hará alcanzar una edad postmoderna no es sino una espiritualidad global. Con esa expresión queremos dar a entender una forma de vida en contacto con lo espiritual, esa energía dinámica y creativa que reside en lo hondo de nuestro ser, dispuesta a recibir inspiración de diferentes tradiciones religiosas sin perder por ello su raigambre en una u otra en particular. Tras el uso del término global subyace la visión de la tierra como una totalidad, de la misma forma en que los astronautas, desde el espacio, pudieron verla y después mostrárnosla en esas sorprendentes fotografías: una visión sin marca alguna de fronteras nacionales, políticas, religiosas, o cualesquiera otras. (Cf. E.H. Cousins, Global Spirituality: Towards the Meeting of Mystical Paths, Radhakrishnan Institute For Advanced Study in Philosophy, Madras 1985; R. Habito, Towards a Global Spirituality: Buddhist and Christian Contributions, en Zen Buddhism Today: Annual Report of the Kyoto Zen Symposium 8 (1990) 112-123. Cita de Habito R., El aliento, op.cit., 220).

Una espiritualidad global, por su propia definición, no será el monopolio de ningún grupo o tradición religiosa particulares, sino el fruto de un proceso creativo mediante encuentros y diálogos entre miembros de las distintas tradiciones. Se manifestará tanto en un movimiento horizontal como vertical: el primero implica el enri quecimiento mu- tuo procedente del encuentro de las tradiciones religiosas del orbe planetario, tal como se indicó; el segundo supone el movimiento descendente de la conciencia humana excavando y descubriendo sus raíces en el corazón de la tierra.

Esa espiritualidad manifiesta una conciencia profunda de nuestra participación en la red de vida entrelazada que llamamos tierra, y comparte por tanto características básicas con lo que se ha dado en llamar una espiritualidad ecológica. Esta última es una forma de vida que honra y reverencia a la tierra como hogar (del griego oikos, la raíz del término ecología). Entre sus rasgos, concede un merecido reconocimiento y atiende cuidadosamente al lugar en que esa vida se sutenta, es sensible y está dispuesta a celebrar nuestra naturaleza corporal, y está impregnada de un sentido de misterio cósmico ante la interdependencia de todo cuanto existe. Manifiesta una sensibilidad y una capacidad para escuchar los sonidos de la tierra, incluyendo

todo el dolor que proviene de una condición herida, y está dispuesta a responder de modo que conduzca a su curación.

En breve, una espiritualidad comprometida, que es a su vez global y ecológica, habrá de tomar forma a partir de una visión común de muchas de las personas que, quizá de modos diferentes, compartimos el malestar de la tierra y sentimos la necesidad urgente de forjar nuevos caminos en nuestra conciencia y estilos de vida. Las contribuciones a esa visión común pueden proceder de quienes sean capaces de beber en las fuentes de las ricas tradiciones espirituales que los predecesores de nuestra vida sobre la tierra nos han dejado como herencia.

En el corazón del Zen se encuentra la experiencia del despertar a la realidad de nuestra interconexión con todo el universo, una realidad accesible a nosotros cuando escuchamos y nos rendimos a la fuerza del aliento. Este despertar tiene como fruto un modo de vida que informa las dimensiones persona, social y ecológica de nuestro ser. Cuando escucha al aliento, la persona despierta está en condiciones de abrir su ser y oír los sonidos de una tierra herida en sus manifestaciones tangibles. Al hacerlo así, toma su fuerza del mismo aliento curativo para transformarse en agente de sanación de esas heridas, de la forma particular en que esté llamada a responder y llevar a cabo tareas concretas, según sus propios dones, talentos y circunstancias vitales.

En otras palabras, la espiritualidad vivida es la base para la transformación de las actitudes e instituciones que configuran nuestra manera de estar en el mundo.

Esto introduce a la estructura básica de la espiritualidad Zen, que, si bien procede de la tradición budista, muestra resonancias profundas con una vida iluminada por el mensaje cristiano. Se trata de una espiritualidad que puede aportarnos luz y fuerza para poner los cimientos de una sociedad postmoderna viable y verdadera, si nos entregamos a ese empeño y asumimos las enormes tareas de curación personal y global que nos aguardan. (R. Habito, El aliento, op.cit, pág. 223, nota 10, nos dice: “Aquí quisiera agradecer la sugerencia para mis exploraciones en torno a una espiritualidad global comprometida al doctor Chandra Muzaffar, un destacado intelectual y crítico social musulmán de Malasia. En 1987 fuimos invitados a un encuentro interreligioso de activistas sociales en Bangkok, Tailandia, auspiciado por el Foro Cultural Asiático para el Desarrollo, por entonces bajo la dirección de Sulak Sivaraksa. Entre los participantes se contaba con miembros de las tradiciones budistas, hindú, musulmana, cristiana, y también maorí (indígenas de Nueva Zelanda). En nuestras conversaciones, el Dr. Muzaffar señaló cómo todos estamos unidos en un lazo de espiritualidad común, caracterizada por una postura de solidaridad con los seres de nuestras sociedades que sufren y están oprimidos, y por un compromiso en las múltiples tareas de liberación en nuestros contextos respectivos. Esa postura, compartida por los participantes, trasciende nuestras diferentes tradiciones religiosas, pero encuentra su sostén y expresión en cada una de ellas.)

EL USO DE LA NATURALEZA y su degradación

La forma de utilización de la naturaleza en la extracción de los productos que el hombre necesita para su subsistencia o para satisfacer aquellos deseos que va creando el desarrollo, está indisolublemente ligada a la actividad humana en su relación con el sistema natural. En esta utilización el hombre no siempre ha actuado en forma racional o eficiente vis à vis el sistema natural, aun cuando su acción pudo parecer racional de acuerdo con los principios vigentes y aceptados del sistema económico-social en un momento histórico dado.

La acción humana ha producido efectos y alteraciones en los sistemas naturales, algunos positivos, otros negativos; unos reversibles, otros irreversibles; algunos temporales, otros de carácter más permanente; unos inmediatos, otros de larga gestación y maduración; visibles a veces, no fácilmente perceptibles en la mayoría de los casos, y a menudo despreciables, pero muchas veces catastróficos.

El sistema social siempre ha hecho uso del sistema natural, ya sea en la explotación misma de los recursos naturales, o mediante el aprovechamiento de la capacidad de adaptación y asimilación del medio natural. Lo nuevo es la escala en que éste se utiliza a través de una explotación de los recursos naturales cada vez más intensiva y de mayor magnitud, y de la presión creciente sobre las capacidades de asimilación y la resiliencia del sistema natural.

La sociedad contemporánea se sustenta en una base que exige una cantidad cada vez mayor de recursos materiales, utilizados bajo formas innumerables y crecientemente diversificadas en la mayoría de las ocasiones de manera ineficiente.

Este uso masivo y acelerado de los recursos naturales, y la presión sobre los mecanismos naturales de asimilación y resiliencia, se lleva a cabo a un ritmo y en una forma tal, que supera los tiempos normales de regeneración y asimilación del sistema natural, resultado en un agotamiento acelerado de recursos y degradación del medio.

No tiene sentido el argumento de que la sociedad ha vivido antes con menos y más simple recursos materiales. No es posible volver al pasado; tampoco tiene validez, ni es aceptable una posición conservacionista que frene el desarrollo e impida superar la situación de miseria en que vive la gran mayoría de la población mundial.

El rechazo de una posición conservacionista de este tipo no implica, obviamente, la aceptación de una política de explotación irrestricta del medio natural. Ni los conceptos de explotación ni los de conservación responden a los requerimientos de un proceso de desarrollo racional visto desde el ángulo del medio ambiente. Por lo tanto, los argumentos relativos al menor consumo de recursos naturales en periodos anteriores y la idea de que su creciente uso lleva inevitablemente, con su agotamiento, al colapso de la civilización, deben ser vistos desde otro punto de vista. Hay que tratar de descubrir en qué forma deben usarse tales recursos a fin de aumentar su eficiencia y cómo incorporar nuevos recursos que no alteren negativamente el funcionamiento de los sistemas naturales.

Ello implica explorar en qué medida el problema ambiental y de utilización de recursos va a contribuir y obligar al sistema social a cambiar sus estilos de vida y patrones de desarrollo. Y esto a su vez supone reconocer que el consumo masivo y la creciente diversificación de recursos por un lado responde y por otro requiere una específica institucionalidad social. Así pues, el problema de la utilización de los recursos naturales, de su agotamiento y del deterioro del medio deben examinarse desde una doble perspectiva: por una parte, la de la existencia de recursos naturales conocidos y de las leyes naturales que gobiernan y regulan su proceso de reproducción, así como la capacidad del medio para regenerarse y absorber el impacto de la actividad humana, y, por otra, por la forma en que el sistema social lleva a cabo sus actividades, que se traducen en formas específicas de gestión ambiental.

Ello requiere definir un patrón de desarrollo y un estilo de vida que considere explícitamente la dimensión ambiental, tanto en relación con sus escalas de valores, posiciones culturales y procesos de decisión como en la estructuración del sistema institucional. Pero, además, requiere un sistema social capaz de reconocer las leyes que gobiernan los procesos naturales y de tomarlas debidamente en cuenta en sus actividades. En otras palabras, la disponibilidad física de recursos naturales está supeditada a una definida institucionalidad social, un estilo de vida y patrón del desarrollo.

El concepto de recursos naturales ha sido objeto de múltiples intentos de definición que difieren según los fines del estudio o la óptica de la disciplina específica con que se enfrenta el problema. Las Naciones Unidas los han definido como todos aquellos que encuentra el hombre en su ambiente natural y que puede en alguna forma utilizar en beneficio propio.1 Esta definición, un tanto amplia, contiene sin embargo tres elementos más o menos comunes a todas las que es habitual encontrar en los textos: a) el hecho

de que son parte o se obtienen a partir de un sistema natural; b) que satisfacen necesidades, y c) que enfatizan el carácter pasivo de la disponibilidad de recursos naturales, ignorando el proceso activo de apropiación y transformación de tales recursos a través de la aplicación del conocimiento científico-tecnológico.

Los recursos se definen, entonces, en función de la capacidad de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas, lo que puede lograrse por utilización directa de elementos que forman parte del sistema natural o por transformación de algunos de esos elementos en materiales que pueden a su vez utilizarse directamente o emplearse como materias primas para la producción de otros bienes.

En el primer caso, el hombre usa recursos naturales que simplemente coge o colecta. Algunas de estas formas de utilización se llevan a cabo inconscientemente; por ejemplo el aire, que es un elemento esencial, la energía solar, etc. Otra forma de utilización es consciente: se recogen frutas y alimentos para satisfacer necesidades. Una situación de este tipo es la de una sociedad primitiva en la cual la utilización de la naturaleza se lleva a cabo por simple ocupación de la misma. Los procesos de transformación son mínimos y, por lo general, no conscientes. Otros elementos de la naturaleza --o combinaciones de ellos-- empiezan a ser utilizados cuando se descubren las formas de transformación para aprovechar algunas de sus propiedades individuales o conjuntas.

En este segundo caso las sustancias existentes en la tierra, o combinaciones de ellas, son utilizadas cuando la sociedad ha desarrollado el conocimiento básico acerca de cómo extraerlas, transformarlas y procesarlas para beneficiarse de sus propiedades. Este aspecto es importante porque implica un acceso diferencial a ellas basado en el conocimiento y la tecnología; acceso que depende de la posibilidad y capacidad para adquirir dicho conocimiento y la capacidad técnica y económica para utilizarlos. Estas capacidades están a su vez asociadas con una determinada organización social para su apropiación. Finalmente, la disponibilidad de conocimientos científico-tecnológicos, la capacidad de utilización de los mismos y la organización social son función del patrón y nivel de desarrollo.

El funcionamiento de la sociedad moderna se sustenta en la utilización masiva de los elementos naturales existentes en forma directa o a través de complejos procesos de transformación. Ello lleva a establecer una distinción entre lo que puede considerarse como recursos intrínsecamente naturales2 y aquellos que, siguiendo la terminología utilizada en el comercio internacional, se agrupan como productos básicos. Este último grupo incluye elementos que son esencialmente materias primas y aquellos otros que incorporan un proceso de transformación más o menos complejo y que pueden clasificarse como materias procesadas. Tanto las materias primas como las procesadas tienen como característica común --aparte de que se obtienen de la naturaleza-- dos aspectos: a) que su importancia radica más en su función de satisfacer ciertas necesidades que en su especificidad como cosas o elementos, y b) que son productos del ingenio y la capacidad humana, pues en cierto sentido son creados por el hombre a partir de la naturaleza. En el cuadro de la siguiente página se presenta en forma gráfica la distinción señalada entre los recursos naturales.

El enfoque que ha orientado históricamente la utilización de los recursos naturales se ha caracterizado por su reduccionismo. Esto se ha puesto de manifiesto en dos hechos precisos: la consideración del producto per se, desligado de su relación con el sistema del cual es parte, y la forma en que se han valorado los recursos.

Es claro que ambos aspectos se relacionan. Así, los recursos naturales están valorados exclusivamente en función de su posibilidad de apropiación y de su valor de cambio; en otros términos, por la capacidad de generar rentas y la existencia de un precio que permita su transacción en el mercado. Hay una serie de recursos naturales que no son susceptibles de apropiación ni se transan en el mercado y que, sin embargo, se utilizan por el hombre directa o indirectamente. El argumento tradicional y conocido es que dichos recursos son inagotables y constituyen un don de la naturaleza. El agua y el aire

son los ejemplos típicos que se mencionan, y la teoría económica los considera como bienes libres, es decir, bienes tan abundantes que su valor marginal para cualquier usuario real o potencial es cero.

Sin embargo, la expansión mundial ha exigido una utilización creciente de ambos elementos, utilización que se tiene que considerar en términos cualitativos y no sólo cuantitativos. El agua es sin duda abundante en la tierra, si se considera que su volumen es estimado en 1 500 millones de kilómetros cúbicos.3 Pero sus usos dependen de su calidad. Esa calidad se ha ido deteriorando hasta tal punto, que los problemas asociados con los recursos hídricos han constituido el tema de una de las grandes conferencias mundiales en los últimos años y uno de los mayores problemas actuales.

A su vez, la preocupación creciente por la contaminación del aire, y la fijación de normas, impuestos y controles orientados a mantener su calidad, representa de hecho un intento de valoración de dicho recurso y la exigencia de un pago por su uso. La no valoración económica de estos recursos ha promovido su uso predatorio. Ello se manifiesta en un costo social que escapa a los mecanismos tradicionales del sistema de mercado. Al fijar un precio (impuesto) de hecho se define un mecanismo de apropiación del recurso en función del mercado.

Los elementos que se extraen de la naturaleza para su utilización no se encuentran aislados. En realidad son parte de un sistema dinámico y abierto en que cada uno interacciona con los otros y desempeña un papel específico en su funcionamiento. De ahí que las alteraciones en uno de ellos --alteraciones de orden tanto cualitativo como cuantitativo-- repercutan necesariamente sobre el resto del sistema y lo afecten en su totalidad. Es así como la disponibilidad de ciertos recursos está condicionada por la existencia y forma de utilización de otros con los que interactúan en el mismo sistema, y a los que a su vez condiciona y determina.

La existencia y posibilidad de utilización de los elementos existentes en la corteza terrestre responde a una doble dinámica: la de los fenómenos naturales y la de los sistemas sociales. Ello implica considerar en su análisis dos dimensiones temporales: la inherente a los fenómenos naturales y la regida por la acción humana. Los recursos naturales existentes hoy son el resultado de procesos de transformación que se han gestado hace millones de años y que se pueden interpretar como un flujo que se va generando y transformando a lo largo del tiempo. Este proceso natural de generación y

regeneración de recursos puede alterarse por la forma en que la acción humana interfiere en él. La forma, la magnitud y el ritmo de utilización de los recursos afectan el funcionamiento del sistema natural, muchas veces en algunos de sus procesos básicos. Por otra parte, la capacidad de asimilación del sistema natural es utilizada de un modo cada vez más intensivo, tanto debido al crecimiento de la población y del consumo como a la mayor magnitud y diversificación de los procesos de transformación que generan volúmenes crecientes de residuos. Siguiendo la tradición, tal capacidad asimiladora se considera como un bien libre y no se valora por el mercado: no tiene un precio.

El concepto de recurso está definido además en función de las posibilidades de aprovechamiento por parte del hombre, posibilidad que está supeditada a factores diversos: conocimiento de sus cualidades intrínsecas y de sus facultades para satisfacer necesidades específicas; de su existencia y capacidad científica y tecnológica para extraer y transformarlos, posibilidades económicas, conveniencia política, etcétera.

Por lo tanto, los recursos son definidos en términos de los conocimientos y tecnologías disponibles. Como ambos cambian constantemente, lo que es considerado como recurso en un determinado momento y lugar puede no serlo en otro. A ello se añade el hecho de que las necesidades mismas cambian y aparecen otras nuevas, que requieren productos distintos para ser satisfechas.

Los recursos se originan siempre a partir de los denominados recursos naturales intrínsecos, pero su valoración económica es consecuencia de la aceptación social y del desarrollo tecnológico. El proceso actúa en ambos sentidos. En efecto, la dinámica social y el desarrollo científico-tecnológico, tan pronto descubren nuevas propiedades en los recursos naturales y nuevas tecnologías para emplearlos, provocan también la obsolescencia de otros productos.

Por lo tanto, el concepto de lo que constituye un recurso es un concepto dinámico. Dos factores básicos dan cuenta de este dinamismo: el desarrollo científico-tecnológico a través del descubrimiento de nuevas características de los elementos existentes en el sistema natural, del descubrimiento de nuevos elementos existentes, y la invención y aceptación de nuevos procesos para su extracción y procesamiento. El segundo factor es la adopción de nuevos hábitos de consumo y necesidades sociales que determinan nuevas demandas sobre los elementos naturales.

Algunos ejemplos ilustran lo anterior. A mediados del siglo XIX se inició la explotación masiva de un árbol de la floresta amazónica para la producción de caucho. La explotación masiva de ese recurso forestal se redujo frente a la competencia de especies de alto rendimiento, que se desarrollaron científicamente en Malasia. El recurso malayo vio limitado su uso y, por lo tanto, su valoración económica cuando se desarrolló una técnica que permitía la obtención del producto en forma sintética, con ventajas económicas y cualidades que satisfacían mejor las necesidades del mercado. Un caso aún más claro se tiene con el nitrato natural. A fines de la primera guerra mundial se desarrollaron a escala industrial los procesos para la producción de fertilizantes nitrogenados, que deberían desplazar rápidamente a los nitratos naturales del norte de Chile. Hasta ese periodo el producto chileno abastecía más de 90% de la producción y el consumo mundial. Hoy la producción de nitrato natural se mantiene en Chile más por motivos sociales que por razones económicas o técnicas. Ambos ejemplos ilustran un caso claro de obsolescencia tecnológica, con lo que elementos naturales útiles al hombre pierden valor económico en cuanto recursos, al aparecer sustitutos naturales o artificiales.

Las enormes cantidades de bauxita de Australia, Jamaica y Surinam sólo se consideraron como recurso cuando se inventaron y desarrollaron los procesos para la obtención de alúmina y aluminio. Otros productos adquieren una valoración mayor como recursos cuando se descubre que alguna de sus propiedades permite su uso en actividades más rentables. Un ejemplo se tiene en la casabé, el maíz, el sorgo y la caña. Los problemas de energía y el desarrollo a escala industrial de procesos para obtener

alcohol de los productos citados, que permite reemplazar al petróleo en el uso de corriente, se ha traducido en el desarrollo de grandes plantaciones en Brasil, Australia y Estados Unidos. Estos recursos se han revalorado, determinando la asignación de otros recursos, tanto naturales como financieros (tierra, capitales, etc.) a su producción en escala industrial. Los recursos naturales por definición --aquellos que en el esquema anterior (véase de nuevo el cuadro anterior) han sido denominados «intrínsecos»--, aun cuando tienen su valor en sí mismos, también pueden verse afectados por la aplicación de tecnología orientada a mejorar su rendimiento y capacidad para satisfacer necesidades. Así, por ejemplo, nuevas tierras pueden ser incorporadas al cultivo y su fertilidad puede verse aumentada. En tal caso, la existencia de recursos aumenta, pero también puede ocurrir que se vea reducida a consecuencia de una descarga excesiva de residuos o por una utilización predatoria de recursos a un ritmo superior al que permite su normal recuperación.

La tecnología incorpora el sistema natural y sus recursos al sistema económico en la medida que permite su utilización y, por lo tanto, la asignación de un valor. La concepción de los recursos naturales como existencia es discutible. Su valor depende de la situación científica-tecnológica en un determinado momento, más que de su existencia física en sí. De hecho, lo que se da es un flujo de recursos regulado por la dinámica de los fenómenos naturales --que determina el tiempo de reproducción y formación de ciertos elementos necesarios al consumo-- y por la dinámica del sistema social, su capacidad de «crear» nuevos recursos, de originar la obsolescencia de otros y de buscar el sustituto adecuado cuando la existencia de algún producto o de algún material enfrente situaciones críticas de abastecimiento.

El concepto de recurso es así un concepto social y económico: los elementos del sistema natural son considerados recursos sólo en relación con una sociedad específica y en determinado momento histórico, que define un marco económico, una capacidad tecnológica una forma institucional y organizativa, y que permite su explotación, distribución y consumo.

Un segundo aspecto cabe destacar es que el flujo de materiales originado en el sistema natural, en cierta medida vuelve a él bajo la forma de residuos, contaminantes, desechos, etc. En el esquema desarrollado por Kneese y sus colegas es posible visualizar este flujo.4

Tal esquema proporciona una visión más exacta y completa de la realidad económica de los recursos naturales que la habitualmente examinada en los textos de teoría económica. Como bien señalaban sus autores, el enfoque tradicional llega hasta los productos de consumo final, los cuales según el esquema tradicional en alguna forma desaparecen en el vacío. Del mismo modo, dicho enfoque induce una práctica aparentemente tan inofensiva como la de considerar algunos elementos --por ejemplo, el agua y el aire-- bienes libres.5

Lo real es que tanto el proceso de producción como el de consumo dan origen a una cantidad de residuos que quedan en el ambiente y que, de no ser adecuadamente manejados y tratados, son causa --tanto en lo económico como en lo social-- reducción de fertilidad, efectos nocivos a la salud, destrucción de flora y fauna; costos por deterioro de equipos, maquinarias e instalaciones por la contaminación ambiental, etc. Estos residuos negativos fluyen --quiéranlo o no-- hacia consumidores y productores, que generalmente no tienen control sobre tales fenómenos.

Un enfoque integral de los recursos, y de los materiales a que dan origen no puede detenerse en el proceso de consumo, pues sus elementos materiales siguen existiendo y se pueden reutilizar o descargar en el ambiente natural. En un sistema cerrado en el que no hay acumulación neta de inventarios en términos de bienes y equipos, bienes duraderos e instalaciones, al volumen de residuos descargados en el sistema natural debería ser aproximadamente igual al volumen de los combustibles, minerales, alimentos y oxígeno utilizados en el proceso de producción, menos aquella parte de los mismos incorporada a los bienes producidos. Si se considera un sistema económico abierto, los volúmenes mencionados se ven modificados por los flujos de importaciones y exportaciones. Finalmente, el proceso se completa con la consideración de la obsolescencia de equipos y bienes de consumo durable.

Viendo el flujo recursos naturales-materiales en la forma expuesta, cabe destacar diversos aspectos: en primer lugar, las posibilidades y la conveniencia de aumentar la eficiencia en el uso de recursos y materiales, lo que tiene dos resultados positivos: reduce la cantidad de recursos y materiales por unidad final de producción, y reduce la cantidad de residuos descargados en el ambiente natural; en segundo lugar --e interesa destacarlo--, los residuos son de hecho materiales que pueden usarse para otros fines del proceso productivo, o simplemente reutilizarse en procesos similares. Esto lleva a la consideración de los procesos de reciclaje y reutilización. Y de nuevo el reciclaje y la reutilización significan menores requerimientos de recursos naturales y materiales vírgenes, al tiempo que son menores las descargas de residuos en el ambiente natural y, por consiguiente, es menor presión sobre su normal funcionamiento y su capacidad de asimilación y degradación.

Un aspecto adicional en el reciclaje es que implica utilización de materiales que requieren menores cantidades de energía para su transformación que los materiales vírgenes, lo cual nuevamente tiene un doble impacto positivo: en tanto reduce, por una parte, los requerimientos de energía por unidad de producto final, y por otra, reduce el impacto sobre el ambiente natural.

Hay dos consideraciones adicionales que hacer: la relación demanda-oferta y el aspecto distributivo. Se ha señalado que aquellos elementos que tienen características para satisfacer ciertas necesidades pueden considerarse como recurso. Sin embargo, es claro que las decisiones sociales, y sobre todo, económicas se orientan a la satisfacción de aquellas necesidades que se reflejan en una demanda efectiva, reflejo a su vez de una determinada distribución de la riqueza que define un poder de compra. Por lo general, los estudios y proyecciones sobre recursos naturales se refieren a sus respectivas demandas y no a las necesidades. En otras palabras, los recursos están valorados más en función de su demanda efectiva que de las necesidades. Más aún, la gran mayoría de las discusiones sobre recursos naturales tiende a un examen global, ignorando que constituyen la riqueza natural de países en regiones geográficas específicas y ecosistemas con características propias. Este enfoque ignora el aspecto

distributivo, lo que es importante cuando se quiere examinar cómo y dónde son conservados los recursos, cómo son extraídos y transformados y dónde se consumen. La propiedad de los recursos y las formas de extracción y transformación están definidas por un patrón de desarrollo y una determinada división internacional del trabajo.

Finalmente, es claro que los recursos deben ser examinados en relación con la población, pero no en términos globales y simplemente aritméticos. Dicho enfoque oculta el hecho de que la relación población-recursos difiere de una región a otra, no sólo por una distribución geográfica irregular de los cursos naturales, sino también porque los patrones de consumo son diferentes y las poblaciones han alcanzado diversos niveles en la satisfacción de sus necesidades.

Nombre: LEY DEL FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR

DECRETO Nº 23.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.- Que es necesario la aplicación de una política coherente para la utilización de recursos financieros en el campo ambiental, a fin de que su efecto no se atomice, sino que sea acumulativo y conduzca a un desarrollo sostenible;

II.- Que es indispensable la utilización racional de los recursos financieros destinados a proyectos ambientales y su canalización hacia áreas prioritarias, lo que requiere crear mecanismos legales que faciliten el manejo de los recursos financieros procedentes de convenios , tratados o acuerdos celebrados por el gobierno de El Salvador con otros Estados u Organismos Nacionales o Internacionales, destinados a la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y el medio ambiente;

III.- Que por medio de Decreto Legislativo Nº 585, de fecha 30 de junio de 1993, publicado en el Diario Oficial Nº 199, Tomo 321, del 26 de octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa ratificó el Acuerdo relativo al establecimiento del Fondo y del Consejo Administrativo de la Iniciativa para las Américas, suscrito entre nuestro país y los Estados Unidos de América, que tiene por objeto promover las actividades destinadas a preservar, proteger y manejar los recursos naturales y biológico de El Salvador de manera sostenible y ecológicamente acertada, al mismo tiempo que se fomenta la supervivencia y el progreso de los niños en El Salvador;

IV.- Que por medio de Decreto Legislativo Nº 584 de fecha 30 de junio de 1993, publicado en el Diario Oficial Nº 149, Tomo 320, del 13 del mismo año, la Asamblea

Legislativa ratificó el memorando de entendimiento respecto a la iniciativa de conversión de deuda por medio ambiente suscrito por el Gobierno de Canadá, que tiene por objeto mejorar la capacidad de El Salvador en el manejo sostenible de los recursos sostenible de los recursos naturales, protección del medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones socio-económicas de El Salvador.

POR TANTO,

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de de los Ministros de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social y de Agricultura y Ganadería.

DECRETA la siguiente:

LEY DEL FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR.

CAPITULO I

OBJETO Y FUNCIONES

Creación

Art. 1.- Créase el Fondo Ambiental de El Salvador, como una entidad de derecho público descentralizada, con autonomía en la administración de su patrimonio y en el ejercicio de sus funciones con personalidad jurídica propia y duración indefinida adscrita a la Secretaría de Estado que el Presidente de la República determine.

En el texto de la presente Ley y Reglamento podrá denominarse FONAES o EL FONDO. (1)inc. 1

Domicilio

Art. 2.- EL FONAES tendrá su domicilio en la ciudad de San Salvador, y podrá establecer agencias o dependencias en cualquier parte del territorio nacional. si lo considera conveniente.

Objeto

Art. 3.- El objeto del FONAES será la captación de recursos financieros y la administración de los mismos, para el financiamiento de planes, programa, proyectos y cualquier actividad tendiente a la protección, conservación, mejoramiento, restauración y el uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente, de conformidad con las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional del Medio Ambiente.

Funciones

Art. 4.- Son funciones de FONAES:

a) Negociar y contratar cooperación financiera nacional e internacional en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República;

b) Captar recursos nacionales e internacionales provenientes del canje de deuda, préstamos, donaciones, aportes específicos del Gobierno o de cualquier otra fuente, destinada a incentivar, promover y financiar actividades de protección, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República;

c) Financiar proyectos específicos de Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales, dirigidos a ejecutar lo establecido en los convenios y en marcados en la Estrategia Nacional del Medio Ambiente;

d) Apoyar el desarrollo de la gestión ambiental en El Salvador, a través del financiamiento de programas de fortalecimiento Institucional; y

e) Administrar los fondos provenientes de diversas fuentes, de conformidad a los acuerdos a que se llegue con los aportantes y respetando la autonomía de de las cuentas específicas.

CAPITULO II

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Órganos de Administración

Art. 5.- Para el Cumplimiento de sus funciones, FONAES contará con los siguientes organismos de dirección y administración:

a) Junta Directiva;

b) Juntas de Administración de las Cuentas;

c) Director Ejecutivo; y

d) Unidades Operativas que sean necesarias.

Juntas Directivas

Art. 6.- La Junta Directiva estará integrada por ocho miembros, denominados así:

a) Un Presidente, nombrado por el Presidente de la República;

b) Un miembro designado por la Secretaría de Estado a la que se encuentre adscrito el FONAES;(1)

c) El Secretario General del Consejo Nacional del Medio Ambiente;

d) Un Miembro designado por el Ministro de Agricultura y Ganadería;

e) Un Miembro designado por el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social;

f) Un Miembro designado por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal;

g) Un representando de las entidades gremiales de la Empresa Privada, con personalidad jurídica; y

h) Un representante de las Organizaciones no Gubernamentales, con personalidad jurídica que no pertenezca a las Juntas Administración de las cuentas específicas.

Los Miembros durarán en sus funciones tres años.

Por cada Director nombrado, habrá un suplente designado de la misma forma que el propietario, al que sustituirá en caso de ausencia, impedimento, renuncia o muerte del titular.

Atribuciones de la Junta Directiva

Art. 7.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

a) Determinar la política general de operación del FONAES, dentro de los lineamientos generales establecidos en la Estrategia Nacional del Medio Ambiente;

b) Evaluar y coordinar los planes de inversión de las cuentas que integran el FONAES;

c) Aprobar los Estados Financieros y la Memoria Anual de Labores;

d) Nombrar al Director Ejecutivo;

e) Aprobar la estructura organizativa y operativa y el Reglamento Interno;

f) Velar por el cumpliemto de los reglamentos operativos y financieros de las cuentas del Fondo;

g) Proponer y aprobar el Proyecto de su Presupuesto Especial de Funcionamiento e Inversión, que deberá ser presentado al Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social y será aprobado por la Asamblea Legislativa;

h) Nombrar el Auditor Externo; e

i) Las demás que esta Ley y su Reglamento le señale.

Atribuciones del Presidente

Art. 8.- Son Atribuciones del Presidente:

a) Ejercer la representación legal del Fondo pudiendo delegar su representación en otro u otros funcionarios del Fondo y otorgar poderes a nombre de ésta, previa autorización de Junta Directiva;

b) Convocar y presidir als sesiones de Junta Directiva; y

c) Las demás que esta Ley y su Reglamento le señale.

Atribuciones de las Juntas de Administración de las Cuentas

Art. 9.- Las Atribuciones de las Juntas de Administración de las cuentas específicas dentro del FONAES son variadas según los convenio con los aportantes.

Reuniones y quórum de la Junta Directiva

Art. 10.- La Junta Directiva ser reunirá ordinariamente cada treinta días y extraordinariamente, cada vez que sea convocada al efecto por su Presidente o petición de dos de sus miembros.

La Junta Directiva sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y tomará decisiones con el voto favorable de la mayoría de los presentes.

En ausencia del Presidente las sesiones de la Junta Directiva serán presididas por el Secretario de la Junta Directiva. ambos no pudieran concurrir a las sesiones, la Junta Directiva designará entre sus miembros al que deba presidir la sesión.

Prohibiciones y responsabilidad

Art. 11.- Los Directores no podrán participar ni votar en la deliberación de asuntos en lo que tuvieren interés personal, así como sus cónyuges, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y sus asociados en todo tipo de empresas mercantiles o profesionales.

Los Directores son responsables en forma solidaria de las decisiones aprobadas en su sesiones, salvo que alguno de ellos haga constar en el acto de la votación su desacuerdo con la resolución tomada.

Atribuciones al Director Ejecutivo

Art. 12.- Son atribuciones del Director Ejecutivo:

a) Ejecutar las decisiones emanadas de la Junta Directiva;

b) Dirigir y ejecutar las acciones conducentes al cumplimiento de los acuerdos y convenios celebrados con las entidades que proporcionen fondos al FONAES;

c) Elaborar el Proyecto Anual;

d) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Institución;

e) Nombrar, contratar, aprender, despedir, destituir, ascender, trasladar, conceder licencias y remover al personal de FONAES conforme la Ley;

f) Elaborar el Reglamento Interno y presentarlo a la Junta Directiva;

g) Actuar como Secretario en las reuniones de Junta Directiva, con voz pero sin voto;

h) Presentar los informes técnicos y financieros a la Junta Directiva; e

i) Las demás atribuciones que esta Ley y su Reglamento le señale, así como, otras que le asigne la Junta Directiva y el Presidente.

Consultorías

Art. 13.- FONAES podrá contratar los servicios de consultorías con entidades gubernamentales, privadas y personas naturales que sean necesarios para cumplir con sus fines.

CAPITULOS III

REGIMEN FINANCIERO

Recursos del Fondo

Art. 14.- Los recursos de FONAES estarán integrados por:

a) Los fondos de reconversión de deuda resultantes de acuerdos internacionales pactados con los países acreedores, lo mismo que de otros convenios o acuerdos que se pacten con Gobiernos u Organismos Internacionales,

b) Las asignaciones que le otorgue el Gobierno de la República,

c) Los fondos que en calidad de donación, herencia, legado o cualquier otro concepto reciba FONAES;

d) Los ingresos que perciba en concepto de intereses o a cualquier otro título, de las inversiones que haga el Fondo;

e) Los ingresos productos de cualesquiera servicios que brinde o actividades productivas que realice; y

f) Cualquier ingreso o adquisición a cualquier título que incremente los recursos.

Reserva Técnica

Art. 15.- Con el objeto de garantizar la continuidad de FONAES, de cada aporte que reciba, salvo que los aportantes estipulen otra cosa, se destinará un porcentaje de dichos fondos, con el que se creará una reserva técnica.

Los recursos que constituyan la reserva técnica se colocarán en el mercado financiero, conforme el programa de inversión anual que apruebe la Junta Directiva, a fin de percibir rendimientos que sean invertidos en el objeto del fondo.

Cuentas de Fondo

Art. 16.- Los fondos provenientes de las cuentas específicas de la reconversión de deuda como consecuencia de acuerdos internacionales, pactados con los países acreedores o los ingresos provenientes de cualquier otra fuente, serán depositados en cuentas a favor de FONAES, en el Banco Central de Reserva de El Salvador o en los bancos del sistema financiero nacional, de los cuales hará las asignaciones correspondientes de conformidad a los convenios respectivos. (1)

Del Presupuesto

Art. 17.- EL FONAES contará con un Presupuesto Especial.

Gastos de Funcionamiento

Art. 18.- Los gastos para la adecuada y eficiente administración de FONAES, será cubiertos con fondos provenientes de las diversas cuentas y no podrá asignarse a dichos costos operativos un porcentaje mayor del siete por ciento de la totalidad.

Auditoria

Art. 19.- EL FONAES implantará los controles financieros que sean necesarios, para garantizar el adecuado uso de los recursos que le sean asignados, para cuyo efecto contará con una auditoria interna y con las auditorias Externas que sean necesarias.

Fiscalización por la Corte de Cuentas de la República

Art. 20.- FONAES estará sujeto a la fiscalización a posteriori de la Corte de Cuentas de la República.

Régimen de exenciones y beneficios

Art. 21.- La Junta Directiva regulará las operaciones del FONAES, por medio de su Reglamento y demás disposiciones pertinentes que para tal efecto emita respetando la autonomía de las diferentes cuentas.

Con base a lo anterior, la gestión financiera y administrativa del FONAES no estará sujeta a la aplicación de la Ley Orgánica de Presupuestos, las Disposiciones Generales de Presupuestos, la Ley de Tesorería y la Ley de Suministros y su Reglamento.

Art. 22.- FONAES estará exento del pago de toda clase de impuesto o gravámenes de tipo fiscal establecidos o por establecerse.

CAPITULO IV

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS

Criterios de elegibilidad de los proyectos

Art. 23.- Los criterios de elegibilidad y de concesión de financiamiento de planes, programas, proyectos y actividades se definirán en el Reglamento de esta Ley y los Reglamentos e instructivos operativos correspondientes a las diferentes cuentas.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Reglamento

Art. 24.- El Presidente de la República emitirá el Reglamento de la presente Ley, en un plazo que no excederá a sesenta días contados a partir de la vigencia de este decreto.

Art. 25.- La presente Ley tiene carácter especial y sus disposiciones prevalecerán sobre cualesquiera otras que se opongan, salvo los términos contenidos en los tratados ratificados por El Salvador.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES ESPECIALES

Fuentes de Financiamiento

Art. 26.- Dentro del FONAES, se establecen como fuentes de financiamiento:

a) El Fondo de las Américas, con base al acuerdo sucrito el 18 de junio de 1993 entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativo al establecimiento del Fondo y del Consejo Administrativo de la Iniciativa para las Américas, ratificado por Decreto Legislativo Nº 585 de fecha 30 de junio de 1993, publicado en el Diario Oficial Nº 199, Tomo 321 del 26 de octubre del mismo año;

b) El Fondo Canadiense para el Medio Ambiente (FCMA), con base al memorando de entendimiento suscrito el 5 de junio de 1993 con el Gobierno de Canadá, respecto a la iniciativa para la conversión de la deuda por Medio Ambiente, aprobado por Decreto Legislativo Nº 584 de fecha 30 de junio de 1993, publicado en el Diario Oficial Nº 149, Tomo 320 del 13 de agosto del mismo año;

c) Los recursos financieros provenientes del los fondos anteriores que hubieren sido depositados, así como los que se depositen en la Banca privada a disposición del FONAES de conformidad con la Ley; y

d) Las demás que en el futuro se capten provenientes de la cooperación externa de otras entidades nacionales o internacionales o de personas naturales o jurídicas.

Vigencia

Art. 27.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS.PRESIDENTA.

ANA GUADALUPE MARTINEZ,VICEPRESIDENTA.

ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA.VICEPRESIDENTE.

JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYAVICEPRESIDENTE

JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLAVICEPRESIDENTE

JOSE EDUARDO SANCHO CASTAÑEDASECRETARIO

GUSTAVO ROGELIO SALINAS,SECRETARIO

CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALONSECRETARIA

WALTER RENE ARAUJO MORALES,SECRETARIO

RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Globalización de la economía.

Para poder dar comienzo con el desarrollo del tema se tienen que aclarar, o más que aclarar, hacer una breve introducción del actual modelo globalizador neoliberal, pues de allí es que se derivan las actuales políticas de globalización de la profesión contable.

El proceso de globalización integra, al menos, tres grandes mercados:

1. El mercado de las empresas transnacionales, en donde al listar las naciones de acuerdo a su producto interno bruto, el país numero 15 se llama General Motors, en 1994 el PIB de El Salvador era de 8.070 millones de dólares, en el mismo año, la facturación de Mitsubitshi era de 175.800 millones de dólares.

2. El mercado financiero, este mercado moviliza diariamente 1,2 trillones de dólares, para llevarlo en forma mucho mas grafica, equivale a decir que en 4 días de transferencias bancarias internacionales, se manipula más dinero que toda la producción creada por la economía de Estados Unidos en un año, o por la economía mundial en un mes.

3. Los medios de comunicación social, los cuales sirven a la globalización, transmitiendo hechos, sucesos e interpretaciones, creando una nueva cultura para producir, ganar y consumir.

Estos tres grandes mercados son interdependientes, interactúan entre ellos, permitiendo que se lleve a cabo el proceso de globalización, un proceso que no solo abarca o significa la homogeneización del modo de producción en el mundo, sino también uniformidad cultural.

Este proceso globalizador este definido en unos parámetros, los cuales son la base de la globalización, es lo que le da forma a la globalización, sobre la cual se cimienta todo el sistema político y económico del mundo postmoderno:

1. Se coloca en lugar privilegiado la "Hipertrofia" de las finanzas internacionales y la creación global del crédito.

2. Internacionalización del capital a través de corporaciones globales. 3. El creciente poder de las agencias internacionales del capital, como el FMI, BM, OMC. 4. Los rápidos movimientos del capital financiero acelerados por las nuevas tecnologías

de la información. 5. Crecimiento del comercio mundial.

Como ya se dijo, estos parámetros son importantísimos, pero se necesita algo mas, algo que permita o facilite un manejo de la información mucho mas confiable y oportuno, y es allí donde entra la Contaduría.

Se necesita que la información contable – financiera en los diferentes países sea uniforme, y esto se está dando por medio de la estandarización de la practica contable.

Para entrar ya en el tema central del trabajo, vamos a partir de dos supuestos interrelacionados:

1. Que el mundo va, a pasos agigantados, hacia una globalización de la economía, tema que se trato en la parte introductoria.

2. Que sería deseable que la información que se ofrece a través de los estados contables se base en normas de razonable uniformidad.

Se considera que la primera premisa, para mejorar la calidad de la información contable, en su relación con la globalización de la economía, es tratar en lo posible de buscar una razonable uniformidad en las normas de presentación y de evaluación. Realmente, con criterio pragmático, es casi imposible sostener que, a nivel mundial, todos los países acepten ceñirse a un modelo único, con diferentes realidades políticas y marcos constitucionales, convierte una idea de este tipo en casi utópica.

Sin embargo, se piensa que si se toma algún modelo bien fundamentado a nivel teórico, es posible introducirle variantes y aliviar rigideces que posibiliten, paso a paso, avanzar en un crecimiento a la uniformidad.

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS CONTABLES

Servir como guía para la política de dirección y de los inversionistas en materia de distribución de utilidades.

Servir de base para la solicitud y concesión de créditos financieros y comerciales. Servir de guía a los inversionistas interesados en comprar y vender.

Parece evidente, pensando en la contabilidad para los entes de negocios, que la información mas conveniente para la toma de decisiones debe ser aquella que ofrece rubros y cifras con significación económica. O sea aquella información que permita al usuario transformarla en conocimiento acerca de los temas sobre los que tiene que decidir.

La información ofrecida debe girar fundamentalmente alrededor de un concepto de ganancia aceptado.

LOS MODELOS CONTABLES

De acuerdo con Millar y Starr los modelos son representaciones de la realidad que intentan describir, explicar o predecir como se comporta algún aspecto de ella.

Es opinión de estos autores que los informes contables serían modelos cuantitativos y cualitativos que se clasificarán de conformidad con el grado en que cumplen su objetivo de los modelos que proporcionan información.

Naturalmente, pueden diseñarse muchos modelos contables, que son construcciones de esquemas que no son idénticos a la realidad, pero que intentarán aproximarse a ella por simplificación partiendo de supuestos y buscando ofrecer información útil que, de acuerdo con lo dicho en el punto anterior, será empleada no sólo por el ente que la prepara sino también por terceros que puedan estar vinculados con él o interesados en estarlo.

Por ello ha nacido la necesidad de que, en el caso en que la información pueda dirigirse a terceros, haya normas especiales que sistematicen la presentación y fijan la valuación de los rubros o cuentas que integran esa información.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD AL SERVICIO DEL CAPITAL FINANCIERO

En el actual proceso de globalización de la economía, la contaduría es la profesión de mayor relevancia, es el pilar y eje fundamental para que este proceso se pueda llevar a cabo.

Pero este proceso no se puede llevar a cabo si no se estandarizan las practicas contables de los países que pretenden introducirse en este proceso de globalización; es por ello que las normas internacionales de contabilidad son de tanta importancia.

Hay que señalar que en el proceso de elaboración de las normas internacionales de contabilidad, únicamente se ha tomado como consideración la protección del capital financiero y de los intereses de las multinacionales, sin darle mayor importancia a temas tan transcendentales como lo social, además de que no toma en cuenta las características propias de cada país, condiciones socio-económicas que en ningún caso pueden llegar a estandarizarse y es allí donde se encuentra la gran falencia de las normas internacionales de contabilidad; en primer lugar porque no se puede pretender que un conjunto único de normas contables abarque a un gran número de países, sobre todo cuando se intenta poner en un mismo plano o se intenta medir con un mismo rasero a una superpotencia económica como los Estados Unidos con un economía endeble e insipiente, prácticamente con un sistema productivo de subsistencia como lo es el Colombiano.

Y en segundo lugar, ni siquiera ha existido un verdadero proceso de elaboración de las normas internacionales de contabilidad donde participen de igual a igual los países interesados en implantarlas.

Como dije anteriormente las normas internacionales de contabilidad buscan proteger el capital financiero, mas no las economías de los países subdesarrollados.

Las normas internacionales de contabilidad hacen parte de todo un conjunto de medidas que los países desarrollados y dueños del capital financiero han ido implantando poco a poco en nuestros países para permitir entre otras cosas, pero principalmente el libre movimiento del capital financiero o lo que se conoce como capital "golondrina", denominado así debido a su característica de estar brincando constantemente de país en país. Dicho capital ha sido unos de los principales causantes entre otros de crisis como la de México que genero el efecto tequila, y la mas reciente la de la Argentina.

Todo esto está reflejado en un articulo escrito por George Soros, llamado "hacia una sociedad abierta global" a las pocas semanas de estallar la crisis financiera de 1997. George Soros lleva trabajando 40 años en este mercado financiero y conoce sus entrañas. George Soros dice:

"hay cinco tipos de deficiencias en el sistema capitalista global"

1. Los beneficios del capitalismo global están desigualmente distribuidos. El capital está en una posición mucho mejor que el trabajo porque tiene mayor movilidad. Además, el capital financiero está mejor situado en el sistema global que el capital industrial.

2. Los mercados financieros son inestables por naturaleza, y más todavía los mercados financieros internacionales. Los riesgos de colapso aumentan porque nuestra comprensión teórica de cómo funcionan los mercados financieros es básicamente defectuosa.

3. ¿A quién corresponde evitar una concentración de poder indebida y salvaguardar la estabilidad? Esto nos llevaría al papel del Estado. Pero la capacidad del estado para ocuparse del bienestar de sus ciudadanos se ha visto gravemente afectada por la globalización, debido a que el capital puede escapar a la fiscalización mucho más fácilmente que el trabajo.

4. Esto nos lleva la problema mas confuso: el de los valores y la cohesión social. Toda sociedad necesita tener valores compartidos. Los valores del mercado no sirven para este propósito porque sólo reflejan lo que un participante en el mercado está dispuesto a pagar a otro dentro de un libro intercambio. Los mercados reducen todo, incluidos los seres humanos (mano de obra) y naturaleza (tierra) a mercancía. Podemos tener una economía de mercado, pero no podemos tener una sociedad de mercado.

CONCLUSIÓN

Es por todo esto que consideramos que la contaduría debe de cambiar radicalmente la forma como ha venido trabajando, o sea, al servicio del capital financiero y de la globalización, que por cierto, ha demostrado ser incapaz de resolver problemas socioeconómicos (desempleo, pobreza).

La contaduría debe de ser enfocada de otra manera, que le sirva o que este en función de todos y no de unos pocos, o sea, al servicio de la sociedad, en búsqueda de un desarrollo económico y humano sostenible y armónico, que se dé en términos de igualdad y justicia social, donde todos seamos los beneficiados, mas no unos cuantos.

Impacto de la Urbanización

Indistintamente de la historia, particularidades y cultura, el nuevo tipo de globalización que hoy vivimos, acelera los procesos de urbanización en casi todas las sociedades. De los años 40´ a los 80´, los países industrializados diseñaron un plan de crecimiento urbano para Latinoamérica consistente en la generación  de empleo, especialmente en la rama industrial, ahora, parece que tal diseño de urbanización ha sido substituido por el antiguo concepto de la sociología alemana  de "continuum folk-urbano" [1]de Robert  Redfield quien coloca la actividad urbana latinoamericana como simple expresión de las conductas y caracteres propios de individuos y no de la historia misma de estos individuos, dicho de otra manera, para el siglo XXI los países occidentales se empeñan en imponer modelos urbanísticos de ciudad-mercado en Latinoamérica, de los cuales El Salvador es un ejemplo.

En San Salvador, el espacio (y no necesariamente su cultura urbana) se amplía casi sin límites. La industria de la construcción se impone de manera inapropiada y la ciudad crece amorfa y desordenadamente sin diseño propio. Esto que llaman ciudad, apenas cumple con  los requisitos básicos para la administración de los servicios que provee.

En realidad todo diseño urbanístico pasa por la incorporación de su población a una cultura urbana, condición que desde luego no se cumple en este caso. La ciudad muestra fuertes rasgos de la cultura agrícola Colonial y la ilusión de lo urbano, aún con todo el montaje de su infraestructura no hace más que profundizar la brecha entre lo humano y su espacio. En su sentido estricto, la cultura urbana es un complejo sistema de lenguaje, organización social, étnica y económica que se expresa en la cotidianidad de los individuos de manera articulada y vinculante, casi interdependiente. Sus códigos, sistema de señales, nomenclaturas, conductas y cosmovisión los une e identifica, aunque esto mismo signifique distinguir sus particularidades y heterogeneidad [2]. 

En realidad pensar la "ciudad de San Salvador" implica reconocer las conductas semiurbanas en la mayoría de sus habitantes. Agresividad, lenguaje precario en políticos, funcionarios, universitarios, empresarios, sectores económicos  medios y altos, etc. (posiblemente con un vocabulario de no más de 15 conceptos), desinterés por el conocimiento académico, desinterés por el arte y la cultura, malos hábitos de higiene (meterse los dedos a la nariz, estornudar sin  cubrirse y escupir en la calle), son algunos ejemplos que confirman el espacio urbano como  un extenso paraje verde con incrustaciones simbólicas de urbe con tendencia comercial. En estas circunstancias,  a diferencia de los jóvenes rurales en donde su identidad se manifiesta claramente con su propio devenir y cosmovisión, los jóvenes urbanos se confunden en sus propias formas de pertenencia étnica y cultural, precisamente por ello, buena parte de jóvenes

se integran a grupos contestatarios o de resistencia local[3]. En realidad no es para menos, los espacios juveniles para la expresión sociocultural apenas surgen como destellos imaginarios.

Ciertamente, los jóvenes difícilmente encuentran su función en una ciudad carente de alternativas culturales, económicas y sociales, por el contrario, les exige compromisos civiles, morales y éticos que realmente la misma ciudad no les proporciona, aunado a esto, la construcción de nuevas carreteras (indispensables para el comercio) aceleran el rompimiento de los intervínculos sociales y de pertenencia étnica, dividiendo territorios que obligan a los individuos a la creación de micromundos con ínfima proyección hacia el futuro, por ello, sin lugar a dudas, el mismo proceso de urbanización tiende a desaparecer u ocultar a grupos emergentes tales como las Maras.

Acciones para el desarrollo sostenible y los movimientos ecologistas.

La comunidad internacional está convencida de que la capacidad de un país para avanzar hacia el desarrollo sostenible depende de la capacidad de sus habitantes e instituciones para comprender la interdependencia entre las actividades humanas y el medio ambiente. Disponer de información confiable y oportuna resulta entonces crucial para la toma de decisiones en materia de políticas de desarrollo. Así como también es clave la toma de conciencia de la población y su participación para armonizar los tres procesos complementarios de desarrollo: el económico, el social y el ambiental.

Los recursos naturales (características bio-físicas) están ubicados en determinados territorios, a diferencia de los recursos humanos y financieros, cuya localización es variable. El ser humano no puede destruir el espacio que ocupa la naturaleza y pretender continuar viviendo en dicho lugar. Por consiguiente, poner en práctica el desarrollo sostenible conlleva a considerar las condiciones ecogeográficas de cada localidad, facilitando con ello la identificación y solución de problemas del ámbito municipal y regional. Esto posibilita que elEstado central promueva una mayor participación tanto de las instancias públicas municipales, departamentales y regionales como de las organizaciones de la sociedad civil (sectores empresarial y laboral, círculo académico-científico, gremios y organizaciones de mujeres, ambientalistas y de desarrollo).

El enfoque actual de desarrollo se mide principalmente por agregados macroeconómicos (balanza comercial, déficit fiscal, inflación, producto interno bruto, etc.), asumiendo que la realidad socio-económica de todas las localidades de El Salvador coincide con dichos indicadores nacionales. Nada más alejado a la realidad de las comunidades rurales y urbano-marginales (la mayoría de la gente vive en situación de pobreza, el 90% de los ríos están contaminados y arriba del 66% de la población utiliza leña como combustible).

Algunas localidades de la cuenca del río Lempa tienen índices de desarrollo humano similares al de países africanos que cruzan el río Volta. Para el caso y de acuerdo a datos disponibles, Ghana tiene un analfabetismo del 40%, ingreso per cápita de US$ 400, el sistema de agua potable sólo cubre al 55% del área rural y el daño del suelo es un problema muy extendido. En las regiones Norte y Oriente deEl Salvador cerca del 25% de las familias rurales tienen agua potable, el ingreso per cápita es inferior a los US$ 600, arriba del 60% de los hogares son pobres, la población analfabeta supera el 35% y el deterioro de los suelos es crítico y el río Lempa recibe entre 10 y 25 millones de toneladas de sedimento al año.

Guardando la distancia y respetando la historia de cada país, tanto ghaneses como salvadoreños tienen problemas de inmigraciones. Los residentes en las regiones Norte y Oriental del país siguen abandonando sus lugares de origen y dirigiéndose hacia las principales ciudades de El Salvador y EUA en busca de oportunidades socio-económicas.

La pobreza es causa y efecto del deterioro ambiental. El desafío está en promover un proceso de desarrollo que enfrente el empobrecimiento de la gente y del medio ambiente. Se requiere que el desarrollo económico esté a favor del bienestar humano de las presentes y futuras generaciones, y en armonía con la naturaleza.

En este sentido, alcanzar la sostenibilidad debe constituir un compromiso entre el Estado y la sociedad civil. Una acción decisiva para lograr un cambio de actitud a favor de la sostenibilidad, sería que los poderes públicos locales promovieran una visión común de desarrollo, incluyendo acuerdos y compromisos con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Los municipios más pobres y deteriorados ambientalmente tienen a su vez las menores capacidades técnicas e institucionales de desarrollo. En consecuencia, de promoverse la descentralización y el desarrollo local, el Estado deberá potenciar las capacidades de la población y sus organizaciones, de modo que participen en el proceso de desarrollo y se beneficien de él. Para lograr lo anterior, quizá sea necesario cambiar la forma en la que el Estado se organiza para la consecución del bien común.

Por ejemplo, la formación de recursos humanos locales es un elemento estratégico para viabilizar un proceso de reconversión económica. Sin embargo, la inversión en el recurso humano demanda esfuerzos de largo plazo, especialmente si la formación y capacitación se basan en las características productivas locales.

Bajo esta lógica, la formación técnica y profesional debe realizarse de manera concertada entre los sectores público y privado de un territorio específico. Por lo tanto, el Estado debería evitar la creación de una oferta burocrática derivada de agregados económicos nacionales que distan mucho de la realidad social, empresarial e institucional del nivel local. Lo determinante es que el Estado central cumpla con sus responsabilidades (sistemas de educación y salud, infraestructura básica, marco institucional-legal, etc.) en atención a los planes de acción promovidos desde las localidades. Si el programa nacional de desarrollo concilia su oferta de recursos con las necesidades y aportes de los municipios desde una perspectiva territorial (sistemas de cuencas hidrográficas, áreas protegidas, etc.), los lugareños se convertirían en los principales promotores del desarrollo sostenible, ya que lo que la gente busca es que sus familias vivan en comunidades más sanas, seguras y prósperas.

Los Estados están cada vez más atentos a la opinión pública y su respuesta depende del enfoque de desarrollo que utilizan para interpretar la realidad nacional. Una acción decisiva en esta dirección es facilitar el acercamiento entre gobernados y gobernantes. El desarrollo sostenible conduce a una sociedad mejor informada y más participativa, y a un Estado con capacidad de reaccionar responsablemente a las demandas ciudadanas. Para lograrlo, es recomendable estimular la organización y movilización social local alrededor de temas de interés común (problemas específicos de ámbito territorial), a fin de constituir dichos temas o problemas en un punto prioritario de la agenda nacional de desarrollo.

En conclusión, la implementación de una estrategia nacional de desarrollo sostenible podría contar con un amplio respaldo social y lograr los compromisos políticos necesarios para alcanzar la armonía entre las metas económicas, sociales y ambientales de El Salvador.