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Una relación contradictoria: ,

Elites y control social en Lima durante los inicios de la república

Pablo Whipple Morán

El seis de marzo de 1840, un mes después de entrar en vigencia el nuevo Reglamento de Policía para la ciudad de Lima, Joaquín Torrico asumió como Intendente de Policía para la capital del Perú. Torrico tenía por ese entonces 36 años y contaba con una vasta experiencia militar. La nueva autoridad había participado en las luchas por la Independencia y, posteriormente, en la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana que permitió al General Agustín Gamarra llegar por segunda vez a la presidencia del Perú en 1839. Fue el mismo Gamarra quien confió a Torrico la responsabilidad de llevar a la práctica el nuevo Reglamento de Policía, cumpliendo así con lo estipulado por la constitución promulgada por el gobierno gamarrista el mismo año.

Pocos días después de asumido el cargo, Torrico publicó una carta en El Comercio 1,

donde pedía la colaboración de los habitantes de la ciudad para cumplir con sus obligaciones "invitando a todas las personas ilustradas é interesadas en el bien general lo ayuden con sus conocimientos y le indiquen bien sea de palabra ó por escrito, las mejoras de que sea

El Comercio fue fundado en mayo de 1839 y durante sus primeros años en circulación era vendido principahhente a través de suscripciones. Según Basadre, desde sus inicios se caracterizó por carecer de una filiación política y por su imparcialidad en estas materias, dando espacio en sus páginas a todo tipo de opiniones que abarcaban los más diversos temas, especialmente en la sección "Comunicados", donde "pagando una pequeña cantidad, cualquiera podía dar a la publicidad su opinión sobre cualquier asunto" ( 1963: 11 , 650-651 ).

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Artículos, notas y documentos

susceptible este interesante ramo que contribuye a la moralidad y engrandecimiento de esta ciudad" (El Comercio, 10/03/1840).

Dos días más tarde, una carta firmada por "Los Limeños" fue publicada en el mismo periódico. La carta aplaudía el "celo del Intendente" y "deseaba ardientemente" que éste pudiese cumplir sus promesas. Sin embargo, a pesar del beneplácito con que acogían la actitud de la nueva autoridad, "Los Limeños" se mostraban reacios a creer en las palabras de Torrico, dados los "vicios incorregibles" -especialmente las apuestas- de muchos habitantes de la ciudad. Peor aún , los firmantes argumentaban que las casas de juego funcionaban no sólo a escondidas de la autoridad -lo que hasta cierto punto era aceptable para ellossino que "a la sombra de ésta" y "a la luz del sol", ante lo cual pedían el cumplimiento de la ley, o por el contrario, que sencillamente ésta no se promulgara (El Comercio, 12/03/1840).

La tarea que Torrico tenía por delante no era fácil. Algunos habitantes de la ciudad, como "Los Limeños", desconfiaban de las autoridades, aunque en su carta reconocían la necesidad de moralizar a la población. Otros, en cambio, veían en las nuevas regulaciones una amenaza a sus intereses particulares. De hecho, pocos días antes que el nuevo Reglamento entrara en vigencia, varias opiniones contrarias a las nuevas disposiciones aparecieron en la prensa, y diversos grupos de comerciantes pidieron la revocación de algunos de sus artículos2•

A pesar de la resistencia que algunos sectores mostraron frente al nuevo Reglamento y a las desconfianzas de algunos vecinos ante la labor de la autoridad, a pocas semanas de asumir el cargo, Joaquín Torrico comenzó a recibir elogios de parte de algunos ciudadanos que veían en él al responsable de las mejoras que la ciudad experimentaba en materia de orden público. Pero contrario a lo que se pudiese pensar ante los aparentes buenos resultados, tres meses después de asumido el cargo, Torrico fue abruptamnete removido del mismo, dejando tras de sí un intenso debate acerca de la figura del Intendente y del papel que éste jugaba en el ordenamiento de Lima.

Este debate y las propias acciones que Torrico llevó a cabo mientras estuvo al frente de la Intendencia, nos sugieren una serie de interrogantes en cuanto a la relación existente entre la población de Lima y los proyectos de control social propuestos por las autoridades. En la opinión de muchos limeños, se necesitaba con urgencia, por esa época, una autoridad que fuera capaz de imponer orden tanto sobre la ciudad como sobre los individuos, especialmente la plebe, que aparecía como culpable del desorden social. Ante esta situación es posible preguntarse: ¿qué había en el nuevo Reglamento para causar el inmediato rechazo a varios de sus artículos, incluso antes de entrar en vigor? Si Lima vivía ante la constante amenaza de la delincuencia y era comunmente descrita como una ciudad sucia y desorganizada, ¿por qué las nuevas regulaciones no eran vistas como una solución a esos problemas? Tal vez las regulaciones no eran el problema, pero sí Tarrico o la manera en que él intentó imponer el nuevo Reglamento.

2 Los bodegueros y pulperos, por ejemplo, presentaron una petición para suprimir el artículo 136 que prohibía las juntas al interior de sus establecimientos. La petición fue rechazada el 11 de febrero de 1840. Sin embargo, otras peticiones fueron aceptadas. El 24 de febrero de 1840 el artículo 146 fue revocado, permitiendo a las personas bañar animales en las acequias de la capital, siempre que no mojaran a la gente (El Comercio, 12 y 24/02/ 1840).

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Pablo Whipple: Élites y control social en Lima durante los inicios de la república

La vida cotidiana en Lima, durante la primera mitad del siglo XIX, estaba inmersa en un complejo escenario político-social, marcado por el fin del régimen colonial y el proceso de fonnación del estado nacional. Este período de "inestabilidad caudillista" -como comunmente ha sido caracterizado por la historiografía- ha llevado a algunos historiadores a sostener que los "esporádicos" esfuerzos de las autoridades tendientes a controlar los comportamientos sociales durante los inicios de la república -si es que existieron del todo- no tuvieron mayor significancia debido a su limitado impacto sobre el comportamiento de los sectores populares. Siguiendo esta idea, Gabriel Ramón sostiene que "la quiebra del régimen colonial y el relajamiento temporal de los sistemas de control afinados con los borbones, pennitieron que este heterogéneo conglomerado humano [la plebe] recuperase parcial y temporalmente el espacio perdido, impregnando al medio urbano con sus costumbres, ocupando calles y plazas, reconstituyendo los mercados ambulantes, etc. Los encargados del gobierno, poco se preocupaban por el ornato y el orden urbano y los sobrevivientes de la élite tradicional casi nada podían hacer en este sentido" (Ramón 1999: 26). De acuerdo al autor, esta situación también ayuda a explicar el creciente sentimiento de inseguridad y el rechazo de la élite hacia las manifestaciones populares durante el período entre 1825 y 1859.

Sin embargo, a través del estudio del Reglamento de Policía de 1839 y de la labor de Joaquín Torrico como Intendente de Lima, este artículo plantea que los planes de control social durante los inicios de la república peruana, si bien fueron afectados por las circunstancias políticas, de hecho existieron. Si estos planes no lograron su propósito fue porque, bajo ciertas circunstancias, enfrentaron el rechazo de aquellas mismas personas que demandaban una mayor intervención de la autoridad en el control de la población. En otras palabras, fue la misma élite la que se opuso a estos proyectos. En este sentido, más que la incapacidad o la falta de preocupación de las autoridades bajo lo que entendemos como "inestabilidad post colonial", creemos que esa inestabilidad puede ser entendida como conflictos de intereses que vinculan los proyectos de control social con las prácticas políticas, económicas y sociales de la época, las que dado su escaso estudio, han sido generalmente descritas superficialmente como la inestabilidad de inicios de la república.

Desde esta perspectiva, este artículo también plantea que el control social no fue ejercido solamente sobre los pobres de la ciudad, quienes aparecían como los causantes del desorden urbano, sino que también sobre ciertos sectores de la ciudad que las autoridades trataban de proteger. Esta protección, por lo tanto, también significó el intento por regular el propio comportamiento de la gente decente cuando ésta transgredía los dictümenes de las "buenas costumbres". De esta forma, actividades como el consumo de alcohol, el juego o sencillamente contribuir a la suciedad de las calles no son entendidas en este artículo como características propias de los sectores populares, dado que éstas eran compartidas por amplios sectores de la población, aunque generalmente la letra de los Reglamentos de policía y el discurso de la gente decente asumían lo contrario.

Por otra parte, estos comportamientos tampoco fueron exclusivos de principios del siglo XIX. Por el contrario, pueden ser entendidos como problemas endémicos que sobrevivieron numerosos intentos de control y que estuvieron presentes, en mayor o menor medida, en el debate público durante gran parte de la época colonial. Por lo tanto, las actividades perseguidas y denunciadas, bajo la vigencia del Reglamento de 1839, examinadas en este artículo, poseen una larga duración que excede el período comprendido entre la Independencia y los inicios de la era del guano.



La atmósfera de Lima

En su Estadística General de lima, Manuel Atanasio Fuentes describía la atmósfera de Lima como cargada de elementos nocivos debido, entre muchas razof'l\(!s, a "la mala disposición y construcción de las acequias de la capital" ( 1858: 65). Para ilustrar su impresión, Fuentes citaba la opinión de Francisco Rosas, un "instruído profesor de medicina", quien argumentaba que:

"Nada es mas desagradable á la vista, mas repugnante al olfato, y mas perjudicial a la salud que esas grietas irregulares, que conduciendo en mas ó ménos abundancia un líquido semi-espeso, tan variado en sus matices como en sus olores, recorren todos los puntos de la capital con el nombre de acequias[ ... ] de donde se levantan en gran cantidad miasmas fetidísimos, que muchas veces obligan á los transeuntes á cambiar de camino, á suspender el ejercicio de la respiracion ó á cubrirse las narices con algún lienzo. Este inconveniente se siente con mas fuerza, cuando retardado el curso de las aguas, ó interrumpido completamente, permanecen las materias orgánicas arrojadas á las acequias, el tiempo necesario para recorrer los diferentes períodos de la putrefacción (65)" .

La pestilencia era un problema común en Lima, pero éste no era el único elemento nocivo que contaminaba la atmósfera de la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XIX, las descripciones negativas de Lima eran comunes e incluían una amplia gama de problemas como la suciedad, la desorganización generalizada y la inseguridad. En agosto de 1840, un vecino de la ciudad escribió al editor de El Comercio, detallando los que en su opinión eran los problemas que afectaban a la capital del Perú:

"Los malhechores atacan de continuo impunemente casas y transeuntes porque los encargados de la custodia de la ciudad, no cumplen con las funciones de su cargo [ ... ] Los licitadores de la baja policía, viendo que nadie les reconviene, tienen en el mayor desaseo la población: las calles inmundas, llenas del lodo que orijinan las lluvias, cuando no se cuida de quitar con tiempo las basuras que forman estos fangales, no solo se encuentran intransitables, también ofrecen un olor pestilencia!, esponiendo a los habitantes a una epidemia" (El Comercio, 17/08/1840).

Según las palabras de este vecino, la delincuencia era un problema tan común como la suciedad, y la policía tampoco era capaz de afrontarlo. Como sostiene Carlos Aguirre, el tema de la inseguridad, si bien tiene larga data, se transformó en un problema clave para los habitantes de Lima después de la Independencia, no sólo debido al creciente número de delitos sino también a causa de la cada vez más notoria presencia de bandoleros , tanto en la ciudad como en sus inmediaciones :

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"En medio del torbellino de conflictos políticos y sociales en que se vio inmerso el Perú republicano, el bandolerismo en la región de Lima no fue meramente

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una molestia transitoria y soportable, o un estallido momentáneo producto de determinadas condiciones propicias. Más bien representó una fuente permanente de conflictos y temores, fue un tema central de los debates políticos y sociales, y se convirtió en un medio de vida estable para ciertas porciones de las clases populares urbanas y rurales de Lima" ( 1990: 156).

Dada esta inseguridad y desorganización, los esfuerzos de las autoridades por resolver los problemas de la ciudad se concentraron en políticas que buscaban controlar el comportamiento de los sectores populares, quienes aparecían como la principal causa de los problemas de la ciudad, no sólo para las autoridades, sino para todo aquel que se considerara a sí mismo como persona decente3. Pocos días antes de iniciarse en Lima las celebraciones del carnaval de 1840, una editorial de El Comercio llamó la atención a las autoridades sobre las prácticas y hábitos de la plebe durante las celebraciones, exhortando a quienes correspondía evitaran su libre desarrollo:

"Una de las costumbres que quisiéramos ver desaparecer cuanto antes, es la del juego torpe de carnaval. Lajente decente acostumbra retirarse al campo en este tiempo, para no tomar parte en él, pero los que no pueden pasar fuera estos dias se ven precisados a sujetarse a una prision, para no ser victimas del desenfreno de la plebe, que se cree autorizada a divertirse con todo el que tiene la necesidad de transitar por las calles; y en fuerza de la costumbre cesa todo respeto á las personas. [ ... ]Toca á la policía el minorarlos [los desórde-

3 Con relación a las distinciones socio-raciales en Lima, seguimos las ideas que Alberto Flores Gal indo propuso en Aristocracia y plebe. Citando a E. P. Thompson, Flores Gal indo sostiene que una "clase social es , por encima de todo, una realidad temporal 'definida por los hombres al vivir su propia historia ' . El análisis de clase deriva en una aproximación a la estructura social por la vía de la praxis, donde la definición no es el punto de partida sino el resultado". Según estos parámetros, para Flores Gal indo la sociedad estaba principalmente dividida en dos grupos -aristocracia y plebe- entendiendo plebe como una "población numerosa y heterogénea, confundida frecuentemente con los esclavos de la ciudad", siendo "evidente, por ejemplo, que un negro esclavo que salía todas las mañanas a las plazas y calles en busca de amo y jornal, vivía bajo una condición semejante a la de cualquier trabajador eventual" ( 1991: 20 y 126). Aunque criticada por su supuesta vaguedad, esta dualidad entre gente decente Y. plebe, como entrada al análisis social urbano, ha sido ampliamente utilizada por la historiografía y ha ganado aún mayor fuerza después que algunos estudios han planteado que las distinciones raciales impuestas durante la colonia eran raramente utilizadas por la población "al vivir su propia historia". Al respecto ver Cahill (1994). En cuanto al origen de la dualidad gente decenteplebe, Cope ( 1994) sostiene para el caso mexicano que esta dicotomía ya era parte de la sociedad urbana desde inicios del siglo XVII. Esta idea es compartida por William Beezly quien describe esta distinción como la división básica al interior de la cultura mexicana. "Desde el siglo dieciséis hasta el presente, esta sociedad, aunque acomodada en diferentes clases, estratos ocupacionales y profesionales , grupos regionales y divisiones étnicas, ha reconocido esencialmente la existencia de dos partes" ( 1987: 5).\David Parker entrega un argumento similar en su estudio de los sectores medios limeños, sosteniendo que según la visión dominante de la sociedad, los limeños "se distribuían sólo entre dos clases o -para ser más exactos- en dos estamentos: la gente decente y la gente de pueblo. La gente decente consistía de aquellas personas que reunían ciertas cualidades 'superiores' de raza, apellido, educación, profesión y estilo de vida" ( 1995: 165)



nes] en cuanto sea posible tomando medidas para hacer entender al pueblo su deber, evitando la embriaguez, causa de todos sus desórdenes , y á las personas de educacion corresponde no autorizar con su ejemplo, una diversion que da idea muy poco ventajosa de nuestro estado de civilización" (El Co17?-ercio, 2910211840).

Dado el carácter liberador de los carnavales, donde muchas veces los roles sociales eran invertidos en las representaciones populares, era ésta una época del año que causaba especial preocupación entre la gente decente y las autoridades . El consumo de alcohol era particularmente alto y la tradición de arrojar agua a la gente sin importar el estatus social de la víctima, causaba reacciones que muchas veces terminaban en violentas disputas, o incluso hechos de sangre dada la exaltación de los espíritus. El mismo día en que El Comercio publicó su editorial en contra de esta celebración, un grupo de limeños envió una carta al mismo periódico advirtiendo a las autoridades que "apesar de que el Reglamento del ramo prohibe llevar estoques y armas de fuego, estamos resueltos a rechazar con ellas cualquier ataque que se nos haga; y desde ahora hacemos responsable á dicha autoridad por las averias que en nuestra propia defensa podamos hacer". (El Comercio, 29/02/1840).

Según Carlos Aguirre ( 1990), este rechazo a la plebe puede ser entendido como el resultado de un creciente sentimiento de inseguridad desatado desde el momento en el que Perú obtuvo su independencia de España, sentimiento que enfatizó el tradicional rechazo que las élites tenían hacia los sectores populares. Concordante con esta idea, en su estudio de la criminalidad en el Perú durante el siglo XIX, Charles Walker ha argumentado que "el discurso racista fue una parte importante de los esfuerzos de las debilitadas clases altas por reconstituir las bases de su poder después de la Independencia" ( 1990: 113). Este discurso racial no sólo se limitó a defender el sistema esclavista sino que también "enfatizaba la peligrosidad de las clases bajas en el Perú, reclamando así un control social que se extendía desde la hacienda hasta la ciudad. Aunque gran parte de la represión estuviera en manos de hacendados, panaderos y otros representantes del ' sector privado', pedía la participación de un Estado fuerte" ( 114).

Sin embargo, a pesar de la coyuntura post Independencia descrita en las páginas anteriores, tanto el sentimiento de inseguridad como también el rechazo a la plebe y las continuas demandas por un mayor control social eran parte de las constantes preocupaciones de la élite limeña, lo que nos lleva necesariamente a posicionar el Reglamento de Policía de 1839 y la labor de Joaquín Torrico al frente de la Intendencia de Lima, en un contexto temporal más amplio. De esta manera, es necesario resaltar ciertas características que estaban presentes en Lima desde, por lo menos, el siglo XVIII, como eran los problemas urbanos, la distribución socio-espacial de la población y la coexistencia interracial al interior de la muralla que rodeaba la ciudad.

Continuidades del discurso controlador

A pesar de la inestabilidad política post Independencia, ninguno de los problemas que enfrentaba Lima, hacia fines de 1839, ni los proyectos que por ese entonces desarrollaban las autoridades para fortalecer el control social, eran nuevos. Desde la época de las

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reformas borbonas, en la segunda mitad del siglo XVIII, la población de Lima estaba familiarizada con los discursos y prácticas ilustradas relacionadas al orden, el control social y la higiene. En aquella época, se llevaron a cabo proyectos corno la creación de fuerzas y Reglamentos policiales, la construcción de obras públicas tendientes a mejorar las condiciones higiénicas de la ciudad e incluso una nueva división administrativa de la ciudad que aún estaba vigente en 1850.

Estos cambios eran parte de un amplio proyecto reformador que, desde la segunda mitad del siglo XVIII, trató de reforzar y centralizar el poder económico y político de la corona española sobre el poder local de las élites y la iglesia católica. Junto a las dimensiones políticas y económicas del reformismo borbón, su dimensión social se hizo evidente en el intento por controlar los espacios públicos y privados, así corno también en la creciente intolerancia para con algunas conductas individuales y colectivas de la población.

Ningún aspecto de la vida urbana escapó de los ímpetus reformistas borbones. Sus planes reflejaban no sólo el reordenarniento del poder al interior del imperio, sino que también enfatizaron gradualmente el interés de la corona por cambiar el comportamiento de algunos sectores sociales, vistos corno el principal problema que afectaba a ciudades como Lima. Como señala Gabriel Ramón, el discurso relativo al orden social pasó de centrarse en condiciones higiénicas a focal izarse en las condiciones sociales, hacia fines del siglo XVIII: "Las críticas a la suciedad, al mal olor, a los espacios cerrados, oscuros, etc ., inicialmente genéricas, pasaron entonces a especificarse. Comenzaron las alusiones a la fetidez de los humildes[ .. . ]" ( 1999: 31 ).

El temor de la élite hacia los sectores populares también se dejó sentir con fuerza durante el siglo XVIII. Las reformas borbonas estaban inspiradas por ideales ilustrados, pero también fueron influenciadas por los temores de la élite hacia la plebe, en una sociedad marcada desde la conquista por las distinciones raciales, las cuales posteriormente se reforzaron con la introducción de la esclavitud negra en la costa peruana. De esta manera, las reformas llevadas a cabo, promediando el siglo, fueron claramente influenciadas por aquel temor y menosprecio hacia la plebe, incluso a veces limitando los proyectos de las autoridades, como fue el caso de los intentos reformistas posteriores al terremoto de 1746 (Walker 2003).

Paralelo al desarrollo del discurso reformador, los problemas que afectaban a Lima, durante la primera mitad del siglo XIX, también se remontaban al menos a la época del reformismo borbón, y su presencia perduró más allá del período que abarca este estudio. Los procesos reformistas que han tratado de revertir estos problemas han llamado fuertemente la atención de los historiadores en el último tiempo. Muchos de sus trabajos se han concentrado precisamente en los proyectos llevados adelante por el gobierno colonial, durante la segunda mitad del siglo XVlll, y también en el estudio del proceso modernizador que los gobiernos republicanos propiciaron durante la segunda mitad del siglo XIX.

Para el caso de las reformas borbonas, los historiadores han centrado recientemente sus análisis en la dimensión social de las reformas, y no sólo en el impacto económico y político que éstas tuvieron4

. Con relación al proceso de modernización republicano, los \

4 Algunos de estos trabajos son Rosas Lauro ( 1999), Cosamalón ( 1999), Walker (2003), Ramón ( 1999b).



estudios históricos se han centrado en el análisis del ordenamiento, tanto de la población como de la estructura urbana, a través de la promulgación de nuevos Reglamentos y códigos legales, la redefinición de los espacios públicos y la reforma de los sistemas de exclusión como prisiones y hospitales psiquiátricos5. \

Entre estos dos períodos, los historiadores han establecido la existencia de una especie de "período oscuro" , con respecto a los intentos de control social y de organización del estado. Las disputas internas en los países latinoamericanos después de terminados los procesos de independencia -en muchos casos marcados por el caudillismo- han sido explicadas, sino como un paso atrás en la organización interna, al menos como un período de estancamiento. Gabriel Ramón ha resumido esta visión siguiendo a historiadores como Halperin, Romero y Mellafe, y presentando este período como un momento histórico en el que los logros de las reformas borbonas se diluyeron y los sectores populares recuperaron los espacios urbanos . Para el caso de Lima, Ramón afirma que "el ordenamiento urbano perdió rigidez, tanto por la desaparición de los encargados específicos de gobierno, como por la incursión de las tropas militares con caudillos prioritariamente preocupados en consolidar el orden en todo el país. La inquietud del momento estaba centrada en la definición de los límites territoriales y las jerarquías legales, antes que en los asuntos de organización estrictamente urbana" ( 1999: 39).

Esta visión de la primera mitad del siglo XIX, centrada principalmente en la imagen de los caudillos, como individuos poderosos y omnipresentes, que entiende los procesos históricos a través de sus disputas personales, está cambiando6

. Este vuelco interpretativo no subestima el alto grado de inestabilidad que se presenta en el período, pero ve esa inestabilidad como consecuencia de las confrontaciones entre distintos grupos que trataban de imponer su visión tanto política como social, y en ellas el orden social jugaba un papel de vital importancia.

Coexistencia y segregación racial en la Lima del siglo XIX

Como la mayoría de las ciudades latinoamericanas, Lima ha sido siempre una ciudad de contrastes. Aunque muchas veces descrita como sucia, pestilente e insegura, el antiguo esplendor de la más importante ciudad del imperio español en Sudamérica estaba aun visible en muchos aspectos hacia mediados del siglo XIX, especialmente en la mentalidad y el comportamiento de la élite limeña. Una buena reseña de esta dicotomía se encuentra en una de las descripciones que Flora Tristán hizo de Lima. Hija de un aristócrata peruano pero nacida en Francia, viajó a Perú por primera vez en 1833. En su mente estaban las imágenes virreinales transmitidas por su familia, pero encontrándose cara a cara con la capital peruana, escribió:

"Lima, tan grandiosa vista de lejos, cuando se entra en ella no mantiene sus promesas, ni responde a la imagen que uno se había forjado. Las fachadas de

5 Para el estudio del proceso modernizador peruano en la segunda mitad del siglo diecinueve, ver Ramón (1999), Ruiz Zevallos ( 1994), Oliart (1995), Aguirre, ( 1996), Majluf ( 1994).

6 Entre los trabajos que han entregado una nueva visión del perído caudillista se encuentran Gootenberg, ( 1989), Walker ( 1999), Aljovín (2000).

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las casas son mezquinas, sus ventanas sin vidrios y las barras de hierro con que están enrejadas recuerdan las ideas de desconfianza y de opresión" (Tristán 1946: 369).

Las barras de hierro que protegían las ventanas no I lamaron la atención de José Victorino Lastarria, el intelectual y político liberal chileno exiliado en Perú en 1850, seguramente acostumbrado a ellas dado que,su utilización era común en la arquitectura colonial. Lo que sí llamó su atención en cambio fue la "monumentalidad" de Lima comparada con Santiago de Chile. Describiendo la capital del Perú, Lastarria escribió que "a cada paso se encuentran en ella vestigios claros de una corte que fue rica y altanera en otro tiempo" (Latarria 1967: 78), incluyendo en aquella descripción a aquellos que aun usaban sus títulos de nobleza, algo que para Lastarria era una clara demostración de la supervivencia de las costumbres coloniales.

De hecho, en muchos aspectos la Lima del siglo XIX no era muy diferente de lo que había sido la Lima colonial. En cuanto al trazado urbano, la ciudad no había crecido desde mediados del siglo XVI y seguía estando rodeada por las murallas que se habían construido con propósitos defensivos en 168?7. Sólo unos pocos sectores baldíos al interior de las murallas, como Cocharcas y Los Naranjos, cerca de la parroquia de Santa Ana y El Cercado, fueron urbanizados desde esa época (Ramon 1999b: 302).

La distribución social de la población, al interior de la ciudad, fue determinada por la cuadrícula que caracterizaba a las ciudades coloniales_ españolas, existiendo una directa relación entre el estatus social de los individuos y que tan cerca de la plaza central vivían. De acuerdo a esa distribución, las autoridades coloniales situaron el pueblo de indios de El Cercado hacia el este, fuera de los límites de la ciudad de aquel tiempo. Sin embargo, esta segregación espacial basada en el concepto de las dos repúblicas no fue del todo realizable, en especial luego de que parte de El Cercado fuera integrado a la traza urbana después de la construcción de la muralla.

En la mayoría de ciudades latinoamericanas, la segregación racial no era absoluta, aunque en cada ciudad existían barrios tradicionalmente reconocidos como pertenecientes a un determinado grupo racial. En Lima, tanto El Cercado como la parroquia contigua de Santa Ana eran reconocidos como barrios indígenas. De la misma manera, el barrio de San Lázaro, en la rivera norte del Rimac , era reconocido como el lugar donde mayoritariamente vivía la población negra. La coexistencia interracial en Lima es un tema que recientemente ha sido estudiado con mayor profundidad. Sin embargo, existen aún variados aspectos no abordados que son necesarios para tener una completa visión y entendimiento de las relaciones raciales y la segregación social en una ciudad como Lima, donde existía una gran diversidad racial en un espacio urbano reducidoK.

7 Para una visión general del desarrollo urbano de Lima, ver Lohmann Vi llena y Doering, ( 1992) y Panfichi ( 1995).

8 La poblaclón de Lima en 1840 había disminuído en comparación con los últimos años del período colonial , debido a los conflictos políticos y militares ocun-idos durante la Independencia. Se estima que la población de Lima en 1791 alcanzaba los 62.910 habitantes, disminuyendo a 55 .627 en 1836. De ellos, 24.126 eran negros libres y de diferentes castas (43%), 20.418 eran blancos (36,7%), 5.791 eran esclavos (sobre un I 0%) y 5.292 eran indígenas (menos de un 10%). Cifras tomadas de Córdova y Unutia (1839).



Jesús Cosamalón ha estudiado la composición racial de los barrios de Santa Ana y El Cercado, a través del análisis de los registros parroquiales entre 1836 y 1840. Cosamalón concluye en su estudio que sólo un 25% de la población de Santa Ana (3 .140 habitantes) y un 32% ( 1.269 habitantes) de los habitantes de El Cercado eran indios ( 1999: 5~). De acuerdo al autor, estas cifras confirman la coexistencia entre indios, negros y mestizos en aquellas partes de la ciudad que tradicionalmente han sido descritas como barrios indígenas. Esto también confirmaría lo que otros historiadores han argumentado acerca de la presencia indígena en distintos sectores de la ciudad, en especial en aquellas áreas cercanas a la plaza principal, donde vivían y trabajaban como sirvientes de la élite o asistentes de artesanos (Panfichi 1995: 19).

Sin embargo, la suma de la población indígena, que Cosamalón argumenta vivía en El Cercado y Santa Ana, revela que un 83% del total de la población indígena de Lima vi vía en el Cuartel III (ver mapa 1) y que sólo un 17% lo hacía en otros sectores. Esto significa que aunque es verdad que los indígenas en El Cercado y Santa Ana vivían junto a otros grupos raciales, no es menos cierto que aquellos barrios eran efectivamente donde la mayoría de la población indígena de la ciudad habitaba, y que su presencia en otros sectores de la ciudad era menor.

La misma información nos permite establecer que la coexistencia interracial era una realidad principalmente entre los sectores populares de la sociedad limeña, y que daba a esos barrios un carácter distintivamente popular. Como Aldo Panchifi ha sostenido, estos sectores de la ciudad nunca fueron lugar de residencia de la "gente bien" ( 1995 : 33). Es también necesario tener en mente que la mayoría de los indios que vivían fuera de estos sectores populares, eran empleados domésticos o aprendices de artesanos . Esto implica que ellos eran habitantes circunstanciales o temporales de aquellos lugares en los que vivían, y que probablemente en su tiempo libre volvían a aquellos barrios donde sus pares o familiares residían .

La movilidad espacial de los sectores populares en la Lima de la primera mitad del siglo XIX es aún un tema poco claro para la historia social , donde se necesita mayor investigación acerca de los comportamientos espaciales y los circuitos urbanos que acostumbraban a recorrer los grupos populares, siendo éste un tema de especial interés para poder distinguir con claridad sobre quiénes el control social se daba efectivamente9

.

Pero a pesar de esta segregación habitacional, la convivencia cotidiana en las calles de Lima nos muestra otro aspecto. La capital del Perú era una ciudad pequeña en extensión, en donde la mayoría de las actividades económicas de los sectores populares se realizaban en las calles y se dirigían a cubrir las necesidades de las personas con mejor situación económica. La variedad de servicios existentes para la élite requería del constante ir y venir de indígenas , negros y mestizos, quienes eran sirvientes o vendedores callejeros. Aunque Lima contaba con espacios específicos destinados al comercio, muchos vendedores como panaderos, lecheros, aguadores, fruteros, y mantequeros ofrecían sus productos recorrien-

9 En un libro de reciente publicación, Alicia del Águila (2003) aborda el estudio del orden social en Lima durante los primeros cincuenta años de la república. entregando detalles de los circuitos urbanos que recon-ían diariamente hombres y mujeres, sin embago su trabajo se centra en el estudio del comportamiento de la élite durante esta época.

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do la ciudad, actividades que requerían por lo tanto del permanente tránsito de la plebe por las calles donde la gente decente vivía, dando a la ciudad una imagen muy dinámica.

Si el trabajo era una de las principales razones para que la plebe recorriera la ciudad, ¿qué hacían cuando se trataba de pasar tiempo libre con amigos o parientes? Obviamente las posibilidades eran muchas. Podían dejarse llevar por el tumulto cotidiano en las zonas céntricas, aunque los domingos y días festivos por lo general se prohibía la apertura de locales comerciales. Podían también distraerse paseando por la Alameda o compartir un vaso de aguardiente en alguna de las muchas pulperías y chinganas que existían en Lima. Es posible que la plebe prefiriese asistir a este tipo de lugares en sus propios barrios, dada la significancia de ellos como espacios de sociabilidad. De hecho, existía un gran número de pulperías y chinganas en barrios como Santa Ana donde "negros, indios, castas e incluso españoles pobres se relacionan" (Cosamalon 1999b: 359). Es bien sabido que la élite limeña construyó sus espacios de socialización al interior de sus casas, mientras la plebe lo hizo hacia fuera, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por impedir estas prácticas. El punto importante es que, teniendo espacios accesibles para desarrollar relaciones sociales en sus propios barrios, la plebe no siempre necesitó deambular por la ciudad en busca de esparcimiento.

En resumen, la coexistencia interracial entre miembros de la plebe y la élite parece haber estado determinada por las actividades económicas de los sectores populares, o por una coexistencia callejera, pero no por lo que podríamos llamar una coexistencia habitacional entre estos dos grupos. Si bien investigaciones recientes han demostrado que ciertos barrios de Lima se caracterizaban por la convivencia de distintos grupos raciales, esto se daba entre personas pertenecientes a grupos sociales equivalentes. Es cierto que en aquellos barrios intermedios, ubicados entre la Plaza de Armas y los sectores habitados preferentemente por indígenas y negros, las diferencias se hacían menos nítidas, pero en aquellos casos era la arquitectura la que mantenía las distancias entre los vecinos más pudientes y el resto de la población. La presencia de la plebe en las calles era algo que la aristocracia no podía evitar, al contrario, era algo que en cierta medida promovía para cubrir sus necesidades. Por esta razón es que llevaban una vida recluída en sus grandes casas, caracterizadas, como describía Flora Tristán, por sus barras de hierro, además de las altas paredes. Como argumenta Flores Gal indo, el estilo arquitectónico hacía explícitas las diferencias y separaba "con nitidez a la aristocracia, cuya vida familiar transcurría con más frecuencia en las salas y comedores interiores, de la plebe, que invadía las plazas y calles de la ciudad" ( 1991: 65).

Controlando el espacio urbano. El Reglamento de Policía de 1839

Después de presentar este panorama, podemos volver a Joaquín Tarrico y al Reglamento de Policía de 1839, y preguntar si estas disposiciooes eran una novedad para Lima. En su forma, al menos, no lo eran. El Reglamento de 1839 no contenía artículos que lo diferenciaran radicalmente de anteriores códigos, tanto coloniales como republicanos. Las nuevas disposiciones 1se ocupaban de aquellas situaciones que habían hecho de Lima una ciudad sucia, peligrosa y desorganizada, según la opinión de las autoridades. Era sin duda un Reglamento bastante más detallado que sus antesesores republicanos, pero muy similar a aquellos del siglo XVIII. De hecho, el concepto de "policía", en la nueva regulación, era una



herencia colonial'º. Este era un concepto amplio que hacía referencia a todos los aspectos del orden urbano, incluyendo no sólo la seguridad, sino también aspectos como la salud, la limpieza de las calles, obras públicas, moralidad, buenas costumbres y el control de pesos y medidas 11• 1

Si comparamos el Reglamento de 1839 con el de 1786, podemos ver la similitud en las preocupaciones de las autoridades 12• A pesar de los más de cincuenta años que separan a estos códigos, un aspecto crucial para ambos era el control de vicios populares como el juego, la vagancia y el consumo de bebidas alcohólicas en lugares tales como los populares bodegones, bodegas, pulperías, alogerías, y hospederías 13• Según las regulaciones de 1786, "era lógico se impusiesen reiteradas visitas de comprobación para averiguar su buen o mal manejo, y la calidad de las personas que se congregaban allí'' (Moreno Cebrian 1981 : 106). Las casas de juego eran una preocupación especial, sin aparente solución, para las autoridades . El problema se remontaba en el tiempo incluso antes de las regulaciones de 1786, cuyos artículos referidos a apuestas y casas de juego fueron tomados de la Real Pragmática de 1771 . En aquel tiempo, la reglamentación establecía que la persecución de los jugadores quedaba en manos de los alcaldes, quienes debían "cortar este desorden persiguiendo a los jugadores, tomando razón de los que sólo tienen este ejercicio, y rondando las casas destinadas a estas funciones, o las que resultaren sospechosas" (Moreno Cebrian 1981: 107).

Estas similitudes demuestran la persistencia de los problemas que afectaban a la ciudad y la incapacidad de las autoridades para controlar aquellas situaciones. Un último ejemplo está relacionado con las acequias y la suciedad de las calles, ambos asuntos de vital importancia en ambos Reglamentos y que nos recuerdan las palabras de Manuel A. Fuentes, citadas al inicio de este artículo. Según Alfredo Moreno Cebrian, fue precisamente la "inmundicia" de las calles lo que llevó a las autoridades a elaborar el Reglamento de 1786, para asegurar que los vecinos "de cualquier estado o condición limpiasen o mandasen limpiar sus puertas y alrededores hasta la mitad de la calle" y restringir el tránsito de animales al interior de la ciudad, así como su aseo en las acequias ( 1981: 108).

Aunque similares en sus artículos, el Reglamento de 1839 fue puesto en práctica en un contexto muy diferente al de las reformas borbonas. En enero de 1839, Agustín Gamarra asumió la presidencia del Perú por segunda vez y dio al país un nuevo ordenamiento institucional, sustentado por una nueva Constitución dictada pocos meses después de

1 O Con relación a la idea de salubridad pública y de pulicía en el siglo dieciocho en Latinoamérica, ver Ciernen! (1983). Para el caso de Lima en el siglo XIX, ver Lossio (2003).

1 1 El Reglamento de Policía de 1839 tenía 279 artículos divididos en siete partes: l. De los empleados del ramo de policia; 11. De la demarcacion territorial y del empadronamiento; 111. De la seguridad pública; IV. De la moral y del orden público; V. De la salubridad, ornato y aseo público; VI. De los esclavos y de la policía de los valles en la comprehencion de la provincia; VII. De los fondos de policía y de los juicios sobre las infracciones de este Reglamento (Reglamento de Policía [1839) 1842: VI, 425-450).

12 No es mi intención hacer una comparación artículo por artículo. Lo importante es establecer la similitud de los problemas que afectaban a la ciudad y las formas semejantes en que eran abordados en ambos períodos. Para un análisis detallado de los artículos en ambos reglamentos, ver Moreno Cebrian (1981) y López Martínez (1998).

1 3 Éstos eran lugares donde se vendían variados productos y servicios, pero con la característica en común de poder beber en ellos. Era precisamente ésto lo que la autoridad pretendía evitar: la ebriedad y la reunión de personas indeseables.

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asumido el poder. En su intento por reorganizar el país, la nueva Constitución establecía en su artículo 143 la creación de un nuevo Reglamento de Policía para la ciudad de Lima, lo que demuestra que para Gamarra y su gobierno, el orden urbano era materia de vital importancia:

"Considerando: Que el arreglo de la policia asegura la vida y propiedades de los individuos de la sociedad, previniendo los delitos y moralizando los pueblos; siendo por consiguiente uno de los ramos que llaman mas la atencion del Gobierno para proporcionar a la Capital de la República y su provincia los goces de su tranquilidad, salubridad, comodidad, ornato y recreo, he venido a decretar el siguiente Reglamento de Po licia" ("Reglamento de Policía" 1842: VI,425).

La Constitución de 1839 tenía un marcado corte autoritario, entregando amplios poderes al presidente. Esto, unido al débil apoyo que Gamarra tenía en la costa central del Perú, creó obvias suspicacias entre la élite limeña frente al nuevo gobierno, en el momento de ser puesto en práctica el nuevo Reglamento, lo que los llevó a pensar que estas disposiciones eran un instrumento del sistema opresivo del nuevo régimen para perseguir a sus opositores (López Martínez 1998: 255).

En defensa de las nuevas disposiciones, aquellos que apoyaban la labor de Gamarra eliminaban la posible existencia de cualquier doble intención en el nuevo Reglamento, argumentando que la nueva policía "perseguirá los vicios escandalosos que ofenden y transtornan la moral; ayudará a sostener el orden y la quietud, evitando, más bien que castigando" (El Peruano, 22/01/1840). Los partidarios de Gamarra identificaban plenamente a aquellos responsables de los desórdenes, reforzando la dimensión social del nuevo Reglamento más que una posible dimensión política al decir que la policía "trabajará por la salubridad, desplegando un tesón incansable contra el desaseo, y escarmentándolo con penas moderadas, pero suficientes para inclinar a las clases ínfimas de la sociedad a adquirir el hábito de la limpieza, que tanto contribuye a mejorar su condición y hacerla más laboriosa" (El Peruano, 22/0 I / 1840).

Más allá de la crítica o el apoyo, tanto el Reglamento como el trabajo de Joaquín Torrico enfrentaron también una gran variedad de problemas, digamos, "administrativos". Las labores policiales se dividían en dos ramas, la baja y la alta policía. La baja policía se encargaba de la limpieza de la ciudad, supervisando tanto a los individuos, como la tarea-de aquellos que asumían a través de remates- del aseo público. La alta policía, en cambio, se encargaba del orden público. Estaba compuesta por un comandante, dos compañías de guardias montados y ocho secciones de serenos a cargo de la vigilancia. El pago a los serenos era asumido por los propios vecinos y no por la Intendencia, siendo un sistema bajo el cual existían muchas irregularidades. Muchas veces los serenos estaban impagos por meses, y aunque esto no explica por si sólo las irregularidades que ellos cometían, sin duda debe haber tenido incidencia en sus constantes "malas prácticas". Era común que los serenos multaran personas sin hacer el debido reporte a la Intendencia o participaran de robos a las mismas casas que ellos vigilaban, razón por la cual la Intendencia, periódicamente, ponía de sobre aviso a la población acerca de estas prácticas.

A pesar de estos problemas, el gobierno buscaba la restauración del orden interno y el Reglamento de Policía de 1839 respondía a esas intenciones. Como hemos visto, el Regla-



mento provocó la reacción de ciertos sectores, ya fuese por intereses políticos o personales . De cualquier modo, el rechazo a las regulaciones , antes de que asumiera la Intendencia Joaquín Torrico. fue menor en comparación con el rechazo surgido después que él asumiera el cargo. Estas disputas nos mostrarán hasta qué punto algunos limeños esta~an dispuestos a aceptar las regulaciones en favor del orden público y sobre quiénes efectivamente las regulaciones eran impuestas.

Joaquín Torrico, el nuevo Intendente

Joaquín Torrico no pasó desapercibido, para el resto de los limeños, al asumir como nuevo Intendente de Lima. El día después de tomar posesión del cargo, Torrico anunció su intención de terminar con las casas de juego, un asunto muy sensible para muchos habitantes de la ciudad. Para algunos limeños, éstos eran lugares de corrupción, pero para otros eran lugares tradicionales de entretención 14

• Como se acostumbraba, el Intendente utilizó la prensa para anunciar sus intenciones, enfatizando su obligación de "conservar la moral pública y evitar que los jóvenes y demás clases de la sociedad se corrompan frecuentando reuniones donde se pierden honor, crédito y fortuna" y llamando la atención sobre el hecho de que esta vez la Intendencia sería "inecsorable en perseguir las casas de juego prohibidas, dentro y fuera de la Ciudad, sea cual fuere el rango de las personas", remarcando nuevamente al final de su misiva que "no usará indulgencia con ninguna clase de personas" (El Comercio, 11/ 03/ 1840). En las palabras de Torrico se ve con nitidez la idea de corrupción social que comunmente se relacionaba con el comportamiento de la plebe, aunque en este caso sus palabras iban un poco más allá. Torrico hacía referencia al juego en sí mismo, como fuente de corrupción, y llama la atención el reconocimiento público de la participación de la élite en estas actividades. Más interesante aún es su implícito reconocimiento de que en el pasado la policía hacía excepciones a la hora de aplicar la ley, dependiendo del estatus social del infractor, algo que no ocurriría estando él en el cargo.

El mayor problema para Torrico eran las casas de juego ubicadas en Chorrillos, dados los intereses involucrados en aquel lugar. Chorrillos era, en esa época, un pueblo costero cercano a Lima, donde las familias acomodadas acudían para escapar de la ciudad. En aquel pueblo existían algunas casas de juego que, según la opinión de algunos, se encontraban fuera de la jurisdicción del Intendente de Lima. Para otros limeños, sin embargo, aunque la autoridad del Intendente no alcanzara al balneario de Chorrillos, "vergonzoso sería para el Gobierno, que dos leguas distante de la capital, en un lugar donde concurren en crecido número los habitantes de esta, se tolerase con el mayor escándalo lo que aqui se prohibe" (El Comercio, 13/03/1840).

La gente que apoyaba el cierre de las casas de juego alegaba que los apostadores se valían "de medios reprobados, puestos mil veces en práctica" para evitar la acción de la justicia, pero ahora estaban ansiosos ante las promesas de Torrico y la posibilidad de un mejor resultado, dado que estaban "persuadidos de la honradez del Señor Tarrico y de la

14 En efecto, las apuestas eran una actividad muy popular entre los limeños, desde la época colonial , y su práctica iba más allá de las barreras sociales. Muchos diarios de viajeros hacen referencia a esta predilección de los limeños por el juego. Entre otros, ver Humboldt ( 1991 ).

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firmeza de su carácter" (El Comercio, 13/03/1840). Sin embargo, una semana después que el Intendente anunciara sus intenciones, comenzaron a aparecer artículos en la prensa que ya hablaban del fracaso de Torrico. Los mismos limeños que habían aplaudido el celo del Intendente, ahora se preguntaban porqué las casas de juego seguían abiertas y "si habrá derecho para exijir multas por los demas artículos del Reglamento, cuando se autoriza la infraccion del mas importante de todos" (El Comercio, 18/03/1840).

Para muchos limeños el peligro de las casas de juego radicaba en que éstas eran lugares donde los hijos de la élite eran corrompidos, donde muchas veces despilfarraban la fortuna familiar y de ahí la urgencia con que se debía tratar el problema. Casi un mes después de que Torrico asumiera la Intendencia, una nueva carta dirigida al Intendente fue publicada en El Comercio, esta vez firmada por "Los Hombres de Familia". Alegaban que "de nada han servido las prevenciones que ha hecho U. [Torrico] a los jugadores, y sus establecimientos, pues cada día se reunen en las muy conocidas casas con más libertad y sosiego que nunca" , e ilustraban su preocupación con el caso de un joven de "familia bien" que "hace pocos dias por poco perdió en Chorrillos toda la fortuna de su familia, sucediendo frecuentemente lo mismo en esta ciudad" (El Comercio, 17/03/1840).

En vista de las críticas, Torrico respondió con hechos y, como era costumbre, también con palabras a través de la prensa. El 21 de abril de 1840, Torrico concurrió a Chorrillos acompañado de 20 hombres de infantería con la intención de atrapar por sorpresa tanto a los asistentes como a los dueños de las casas de juego. El detalle de lo ocurrido fue publicado al día siguiente en una nota de prensa firmada por el propio Intendente.

Torrico justificó su demora ya que necesitaba actuar con cautela ante personas que no eran fáciles de sorprender y debido a que ésta era "gente de viso". Se refería el Intendente, entre otras, a la casa de juego propiedad de Doña Ignacia Palacios - "una amable y buena dama de respetable familia" según la describiera Heinrich Witt-donde solían reunirse a jugar distinguidos miembros de la sociedad limeña (Witt, 1987: 11, 183). Sin embargo, la autoridad no fue recibida en aquel lugar con la amabilidad que, según Witt, caracterizaba a su dueña. En su relato, Torrico cuenta que su presencia fue rechazada por Doña Ignacia, quien reclamaba que la presencia policial era deshonrosa a su persona y exigía se le mostrara la orden que permitía su acción. Acto seguido, el Intendente fue encarado por José María Palacios -considerado en 1846 como un hombre de cierta fortuna según Witt ( 1987: 11, 183)- hijo de Doña Ignacia, quien quiso "usar la fuerza para arrojarme fuera, lo que le fue impedido, tanto por la madre de este como por sus hijas" (El Comercio, 22/041 1840). Sin embargo, el hijo de Doña lgnacia siguió desafiando a Torrico, insultándolo en repetidas oportunidades, hasta que "se retiró a su cuarto, de donde regresó con un puñal en la mano, seguramente para descargarlo sobre mí, lo cual visto por el Oficial que me acompañaba, desenvainó su espada y con la punta de ella lo contuvo" (El Comercio, 22/04/1840).

A pesar de la resistencia que Tarrico encontró, la acción policial se llevó a cabo según lo planeado y aquella noche se cursaron infracciones a las casas de juego propiedad de Doña lgnacia Palacios, Don Antonio Chacón y Mr. Dominiconi, cada una de las cuales fue multada en 5Üpesos (El Comercio, 22/04/1840). Las acciones de Torrico sobre las casas de juego no terminaron ahí y otros sitios ubicados en Lima fueron también multados en los días siguientes . Estas acciones dejaron satisfechos a aquellos que habían criticado la pasividad de Torico, pero como suele ocurrir en materias de interés público, el Intendente era criticado



tanto por no hacer, como por hacer. El 29 de mayo de 1840, un "hombre curioso" escribió a El Comercio preguntando si existía algún tipo de favoritismo en las acciones de Torrico contra las casas de juego. Su preocupación estaba fundamentada en el hecho de que las casas de juego de Salgado y Recabarren, "donde unicamente se consentían personas o;onocidas y de clase" eran perseguidas, mientras no ocurría lo mismo con otras como la de la Señora Calero, "garito pernicioso" donde acudían "vagos y ociosos" y donde "repetidas veces se levanta un sin número de gritos mezclados de palabras obscenas y groseras, consecuencia precisa de pendencias que entre ellos se forman, [lo] que testifica la inmoralidad ó libertinaje de estos sujetos que aterran los oídos de familias respetables que viven contiguas" (29/05/1840) .

Un aspecto importante, relativo al Regl amento de Policía y a su aplicación en una ciudad como Lima, era sobre quiénes las regulaciones eran efectivamente impuestas y sobre qué actividades se ejercía el control. Como hemos visto, para algunos vecinos, como "Los Limeños" o "Los Hombres de Familia", el problema de las casas de juego era e l juego en sí mismo, como fuente corruptora de las buenas costumbres. Por e l contrario, otros pensaban que el problema era a quiénes se les permitía apostar. Para estos vecinos , era abso lutamente aceptable que la gente decente apostara, pero no la plebe, posición sostenida no sólo con respecto a las casas de juego, sino que también, como veremos más adelante, con relación a la aplicación del Reglamento de Policía en su integridad.

Al caso de las casas de juego, debemos agregar el celo con que Torrico aplicó el Reglamento de Policía, lo que sin duda le trajo nuevos problemas con los habitantes de la ciudad. A través del análisis de las multas impuestas diariamente durante la pennanencia de Torrico al frente de la Intendencia, podemos apreciar que el Reglamento fue efectivamente puesto en práctica, tal como el Intendente había prometido al asumir el cargo. El número de multas impuestas sobre la población, durante la administración de Torrico, sobrepasa ampliamente las cursadas por los intendentes que ocuparon el cargo antes y después de él (ver tabla 1 )15.

El celo de Torrico en la imposición del nuevo Reglamento de Policía y la consecuente alza en las multas impuestas sobre los habitantes de Lima, causaron negativas reacciones en muchos de los afectados. Algunos reclamaban sobre la injusticia de la autoridad, argumentando la falsedad de los cargos; otros en cambio, dudaban de la correcta utili zación de los dineros recaudados a través de las multas. El 28 de marzo de 1840, Doña Cannen Castilla fue enviada a la cárcel por haber concurrido a la Intendencia a reclamar por una multa que se Je había impuesto y declarar que el Gobierno "estaba ideando el modo de sacarle al público la plata, y que daba los dos pesos para que con ellos se llenasen la barriga los emp leados" (El Comercio, 9/05/1840). Muchos limeños compartían esta opinión y consideraban el creciente número de multas como una fonna de corrupción o como la manera que el gobierno tenía para alimentar las alicaídas arcas fiscales. En una carta a El Comercio, firmada por "un amigo del Intendente", el autor recomendaba a la autoridad, dado "que los periódicos están llenos de multas", se hiciera pública la utilización de los dineros para que así "quede tranquila la gran conciencia de la Intendencia, y no digan lo que dicen [ .. .]" (30/05/1840).

15 El listado de las multas impuestas por la Intendencia ha sido tomado de El Comercio. Este periódico publicaba diariamente el detalle de las multas en la sección "Ocurrencias de la Capital", basándose en los registros de la propia Intendencia.

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Tabla 1: Multas mensuales en Lima, febrero 1840 - enero 1841

Multas %

Febrero de 1840 14 2.4

Marzo 94 16

Abril 147 25

Mayo 110 18.8

Junio 60 10.2

Julio 24 4.1

Agosto 27 4.6

Septiembre 38 6.5

Octubre 28 4.8

Noviembre 22 3.7

Diciembre 16 2.7

Enero de 1841 7 l.2

Total 587 100 Fuente: El Comercio, 1 de febrero de 1840 - 31 de enero de 1841.

Las acciones de Torrico fueron el comentario obligado de los habitantes de Lima mientras estuvo al frente de la Intendencia, pero no todos eran negativos. Para otros limeños, todo aquello que hacía de Lima una ciudad desorganizada, sucia e insegura comenzó a cambiar con la llegada de Torrico y apoyaron públicamente al Intendente en su lucha contra la embriaguez, las apuestas y la insalubridad. Dos meses después que Torrico asumiera su cargo, su trabajo recibió los elogios de un vecino que después de estar tres meses encerrado en su casa debido a una enfermedad, salió a la calle y quedó asombrado:

" ... observando cuan distinta está Lima de lo que estaba. Loor eterno al Señor Intendente, que poco á poco ha sabido llevar a cabo el cumplimiento de Reglamento de Policía. Las calles barridas, las pulperías con los mostradores á fuera, para evitar la reunión de vagos y mal entretenidos, el alumbrado, el aseo y el orden de la plaza del mercado; ha detenido la \icenciosidad y prostitución en cierta clase de jentes [ ... ] Ya no se oyen robos, puñaladas ni de asesinatos, todo, todo va cada día mejorando" (El Comercio, 11/05/1840).

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A pesar de los elogios y los buenos resultados obtenidos por el Intendente según la opinión de algunos, Joaquín Torrico fue repentinamente removido del cargo el 11 de junio de 1840, sólo tres meses después de haber asumido. Inmediatamente comenzó un debate en la



prensa sobre la remoción del Intendente y la labor que Torrico había realizado. El mismo, ahora ex Intendente, escribió a El Comercio para aclarar que se alejaba del cargo por haber sido promovido al cargo de Prefecto de El Callao, precisamente debido a sus méritos como Intendente de Lima y no, como decía la gente, por los conflictos que generó su, labor al frente de la Intendencia (El Comercio, 16/06/1840).

Los que criticaban a Torrico usaron argumentos similares a los sostenidos durante el debate sobre las casas de juego. El 15 de junio de 1840, una carta publicada en la prensa agradecía al gobierno por liberar a la gente del "arbitrario Señor Torrico, que como tan ignorante que es, creyó que el Reglamento de Policía y su autoridad se estendian sobre la gente decente" (El Comercio, 15/06/1840). Una idea similar tenía "un amante del orden" , quien opinaba que con la salida de Torrico, "ya no llevarán amarrado a la cárcel a ningún ciudadano honrado", y que la llegada del nuevo Intendente aseguraba el respeto por el hombre, por ser éste "un limeño honrado, amable, recto, bondadoso, desinteresado y lleno de maneras finas, como que es todo un caballero" (El Comercio, 12/06/1840). En vista de la opinión de estos vecinos, no cabe duda de que la forma en que Torrico puso en práctica el Reglamento de Policía de 1839 afectó a los habitantes de la ciudad sin importar su condición social, tal como lo había anunciado para el caso de la persecución de las casas de juego. Sin embargo, como resultado, cierta gente decente que creía ser inmune al control de la autoridad, dada su condición social, se sintió perseguida por el Intendente, y sus reclamos ponían el estatus social por encima del bien común en materia de ordenamiento urbano.

Una mirada más detenida a las multas impuestas, ubicando en un plano de Lima el lugar de la ciudad donde fueron cursadas, nos da una perspectiva más precisa de la acción de Torrico. De un total de 111 multas para las que tenemos información exacta del lugar donde fueron cursadas durante la administración de Torrico, un 88,2% de ellas se sitúan en los cuarteles I y II, precisamente los sectores de la ciudad donde la gente decente vivía mayoritariamente. Durante el mismo período, sólo una multa fue cursada en El Cercado, y sólo tres en San Lázaro al interior del cuartel V. (Ver tabla 2 y mapa 1 ).

Es interesante hacer notar que las multas publicadas diariamente en El Comercio, no siempre fueron el resultado de la permanente vigilancia de las calles, sino de acciones planeadas por la Intendencia sobre objetivos específicos. Por ejemplo, el 21 de abril de 1840, el mismo día en que el Intendente concurrió a multar las casas de juego ubicadas en Chorrillos, 24 pulperías fueron multadas en los cuarteles I y II, todas por la misma razón: estaban abiertas después de las diez de la noche. Lo mismo ocurrió con otro tipo de multas, como las cursadas a los zapateros por abrir domingos o festivos: de las quince multas impuestas por este motivo durante la administración de Torrico , diez fueron cursadas el mismo día, el 23 de marzo de 1840, y todas fueron impuestas en los cuarteles I y II .

La imposición del Reglamento de Policía, casi exclusivamente sobre los cuarteles I y II, no sólo afectó a la población de Lima en general, desde vendedores ambulantes, hasta artesanos y comerciantes establecidos en el centro de la ciudad; sino también a la élite de la ciudad. De la información revisada, no es posible desprender que las acciones del Intendente se dirigieran hacia un solo grupo social, como alegaban algunos vecinos, pero sí es posible concluir la selectividad espacial en las acciones de la policía, dirigiéndolas casi exclusivamente hacia el centro de la ciudad, es decir, donde la gente decente residía mayoritariamente. Como resultado, mientras la plebe fue afectada principalmente en sus

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actividades económicas, la élite fue afectada por las nuevas reglamentaciones, tanto en sus actividades económicas -si es que poseían algún tipo de negocio en dichos cuarteles- como también en su vida cotidiana, como habitantes de aquellos vecindarios y como clientes de los establecimientos que se encontraban en aquellos barrios.

Tabla 2: Multas impuestas en Lima, divididas por cuartel. 6 de febrero de 1840 - 11 de junio de 1840

Multas %

Cuartel 1 48 43.2

Cuartel 2 50 45

Cuartel 3 1 0.9

Cuartel 4 9 8.1

Cuartel 5 3 2.7

Total 111 100 Fuente: El Comercio, 7 de febrero de 1840 - 12 de jumo de 1841 .

N2 39, segundo semestre del 2004 143

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Figura 1: Multas impuestas en la ciudad de Lima entre el 6 de febrero y el 11 de junio de 1840, según cuartel.

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1 Cuartel Primero, 11 Cuartel Segundo, 111 Cuartel Tercero, IV Cuartel Cuarto, V Cuartel Quinto

Fuente : El Comercio, 7 de febrero de 1840 - 12 de junio de 1840.

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Como demuestra el problema de las casas de juego, amplios sectores de la sociedad limeña compartían ciertas prácticas que el discurso controlador atribuía, exclusivamente, a los sectores populares. Como resultado, la gente decente se vio también afectada por el control que la autoridad impuso sobre estas prácticas, aunque la élite pensara que su condición social los excluía de ser blancos del control social, visión que ciertamente Joaquín Torrico no compartía.

Tal como ocurrió al sumir la Intendencia de Lima, Joaquín Torrico no pasó desapercibido al dejar el cargo. Una vez alejado de la Intendencia, el número de multas diarias cursadas en Lima bajó drásticamente. Mientras 14 7 personas fueron multadas en mayo de 1840, 24 recibieron amonestaciones en julio del mismo año y sólo 7 en enero de 1841. El cambio obviamente fue notorio para los limeños y, a pocos días de haber Torrico dejado la Intendencia, comenzaron a aparecer artículos en la prensa que daban cuenta de aquel cambio. Ya no se hablaba del celo del Intendente, sino de la pasividad de Don Juan Elizalde, el nuevo Intendente de Policía limeño, nombrado tras el traslado de Torrico. El 25 de junio de 1840, un vecino de la ciudad escribió a El Comercio para notificar a los demás vecinos que desde la remoción de Torrico "la policía de Lima se está descomponiendo á toda prisa" (17/08/1840). Dos meses después, otro vecino escribió al mismo periódico diciendo que "el miserable estado á que se vé reducida la población por el descuido que se advierte en la policía, nos obliga a quejarnos[ ... ] Los malhechores atacan de continuo impunemente casas y transeuntes porque los encargados de la custodia de la ciudad no cumplen con las funciones de su cargo" (25/06/1840).

Las disputas entre Joaquín Torrico y la gente decente terminaron con la remoción del Intendente y, a partir del 11 de junio de 1840, la élite limeña pudo continuar sus actividades cotidianas sin temor a ser molestada por la autoridad. Al contrario, cada cierto tiempo sería ésta la que reclamaría a la autoridad por el incumplimiento de sus funciones en el control de los "elementos nocivos de la sociedad".

Conclusión

A través del análisis del Reglamento de Policía de 1839 y su puesta en práctica por el Intendente Joaquín Torrico durante los primeros meses de 1840, hemos visto que los intentos de control social, durante el período post Independencia, efectivamente existieron. De hecho, este Reglamento estuvo vigente hasta 1877, aunque ciertamente sufrió modificaciones a través de los años y fue impuesto con distintos grados de intensidad.

Los inicios de la república en el Perú fueron tiempos que se caracterizaron por los limitados presupuestos públicos, lo que explica que éste no haya sido un tiempo de grandes inversiones en obras públicas o de reforma de la estructura urbana de Lima, como fue posteriormente la era del guano. El fracaso de los proyectos de control social, sin embargo, estuvo también relacionado con la resistencia que ciertos sectores de la sociedad presentaron frente a estos proyectos y no a una supuesta inestabilidad genérica con que se ha descrito este período o a la incapacidad de las autoridades de la época. Es precisamente esta relación entre las prácticas de los grupos de poder, frente a una situación política y social particular, la que es necesario analizar con mayor detalle, relacionando el conocimiento que tenemos de la historia política con los procesos sociales.



La hi stori a soc ial, en los últimos años , ha definido las di sputas por el contro l soc ial como una relac ión dual, donde las autoridades, en concordancia con las é lites, intentaron imponer conductas sobre e l resto de la población. Sin embargo, creemos que es ta visión es li mitada al negar la diversidad de intereses que pudiesen existir entre la pobla~ ión, en contrapos ic ión con el orden social propuesto por las autoridades. En un artículo donde aborda la impos ic ión de una soc iedad di sciplinari a en Améri ca Latina, Mi guel Ange l Centeno se pregunta qué era más importante, la existencia de una é lite di sc iplinada o el disc iplinamiento de los sectores populares (2001 : 296). Histori adores que ven los procesos soc iales como di sputas duales, no acostumbran abordar interrogantes de este tipo. De hecho, su foca li zac ión está d irigida, cas i exclusivamente, hac ia la impos ición de conductas sobre los sectores popul ares, asumiendo por una parte que la élite es un grupo di sciplinado de por sí, y por otra, que los comportamientos e ideas político-soc iales de la élite estuvieron en constante comunión con aque ll as de las autoridades de turno, como si éstas fueran un so lo cuerpo. Por e l contrari o, durante e l período que abarca este estudio, hemos visto que la supuesta concordancia entre las autoridades y la élite, en materi a de control social, no era tal, ex istiendo una relación que escapa a la dualidad ari stocracia-plebe y que al menos reconoce tres grupos que se confrontan: la autoridad, la gente decente y los sectores populares .

De esta forma, más que los comportamientos de la plebe, a veces son las propias actitudes de la gente decente la fu ente que nos permite entender la persistenc ia en el ti empo de conductas que la autoridad intentaba controlar, al menos desde e l siglo XVIII. Es por es ta razón que es te artículo ha presentado un episodio de la hi stori a soc ial de Lima, como fue la labor de Joaquín Torrico al frente de la Intendencia, en un contexto hi stórico amplio. La labor de Torri co, y en especial la res istencia a su labor, sólo puede ser entendida con re lac ión a la persistenc ia de comportamientos soc iales rechazados por el pensamiento ilustrado, pero que tenían una pro fund a raigambre entre la gente decente.

Es posible argumentar que esta resistencia haya estado ligada al excesivo autoritarismo que caracteri zó algunos proyectos políticos, como lo fue e l liderado por Ag ustín Gamarra y que personifi có Joaquín Torrico en el ámbito local limeño. Sin embargo, creemos que las razones que explican estos comportamientos son más profundas y más cercanas , a la vez, a las des igualdades soc iales que caracteri zan a soc iedades como la limeña. Más que obedecer a di sputas políticas, el problema parece estar li gado al hecho de tener que someterse a una leg islación que supuestamente sólo estaba diri gida a un sector de la soc iedad, como queda claro en las palabras que el "amante del orden" diri gió a Gamarra a través de El Comercio, fe li citándolo por la salida de Torrico y la elección de E li zalde como nuevo Intendente:

" ¡ Ojalá se practicaran todos los dias tales nombramientos, que sin duda seríamos menos desgraciados! ¡Quiera el cielo concederle la luz necesaria para que expulse á otros vichos, que aun nos estan molestando, y que ya que, por la escaces de nuestra hacienda, no se nos satisfaga lo que se nos audeda, á lo menos no se nos trate mal, ni se mande á la caree!, ni se dé de culatazos , mamparazos, ni insul te a quien va a cobrar lo que es suyo !" (El Comercio, 12/06/1 840).

Los comportamientos sociales no son siempre exclusivos de un determinado grupo o sector soc ial, como el di scurso controlador y los Reglamentos de Policía a veces nos hacen

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pensar, especialmente en una ciudad como Lima, donde a pesar de la segregación habitacional urbana, el contacto diario entre una población social y racialmente diversa era estrecho, producto de actividades comerciales y laborales. Muchas veces estos comportamientos proscritos por la autoridad eran compartidos por los distintos grupos sociales, aunque la gente decente los cubría con un velo de dignidad propio de su clase. Ante esta realidad, es claro que algunos miembros de la élite pensaban merecer un trato especial por parte de las autoridades y no estaban dispuestos a aceptar la regulación de actividades que ellos consideraban benignas, cuando eran practicadas por la gente decente, aunque a veces éstas fueran las mismas actividades practicadas por los sectores populares.

Pablo Whipple Morán Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile


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