Una Agenda Digital para el desarrollo de México

Política digitalUna publicación deInnovación gubernamental

UNA AGENDA DIGITAL PARA EL DESARROLLO DE MEXICO

20 abril 2008

ISSN

1665

-166

9

Nú

mer

o 42

• fe

brer

o - m

arzo

200

8

$45.

00

Ejem

plar d

e ob

sequ

io Los gobiernos ganadores de los premios

Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo 2007

2 < Política digital

> EDITORIALPolítica digitalUna publicación de nexos

Las estrategias digitales –la nacional y las estatales–

que no existen

México no cuenta con una Agenda Digital que contribuya al desarrollo del país. Lo que México sí tiene, y bastante, son una serie de “programas digitales”, por así llamarlos, que están diseminados de manera azarosa en un montón de secretarías y sectores

gubernamentales. Estos programas no están articulados transversalmente entre ellos. Por otra parte, estos “programas digitales” están empotrados desordenadamente en el Plan Nacional de Desarrollo, en sus correspondientes Planes Sectoriales, y en los Planes Estatales de De-sarrollo. Por estos motivos, no existe en México un inventario de estos “programas digitales” que nos permita conocer el rumbo que ha emprendido el Estado para conducir al país hacia una sociedad digitalmente desarrollada.

¿Qué es un país digitalmente desarrollado?• Acceso universal: Es un país con una sólida y segura infraestructura de información

de banda ancha, disponible en todo el territorio, accesible para todos los mexicanos y mexicanas, sea desde sus hogares, lugares de trabajo, o desde una red de centros comunitarios digitales, escuelas o los llamados cibercafés.

• Educación y capacitación: Es un país con una población alfabetizada digitalmente, y con una fuerza de trabajo mayoritariamente calificada en el manejo de las TIC e Internet.

• Estado electrónico: Es un país con un Estado-en-línea al servicio de la sociedad. Esto incluye a los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– en los ámbitos municipales, estatales y federal.

• Desarrollo digital de las empresas y de la industria TIC: Es un país donde la inmensa mayoría de las empresas utilizan las TIC e Internet para la realización de sus negocios; donde el comercio electrónico se ha vuelto lugar común; y donde existe una masa crítica de empresas TIC, capaces de competir internacionalmente.

• Marco jurídico: Es un país con un marco jurídico-normativo moderno que impulsa el desarrollo digital de la sociedad. Esto significa implantar la convergencia digital y regular la competencia entre las empresas participantes; asegurar la libertad de expresión, espe-cialmente de los sectores más desposeídos; la transparencia; el acceso al conocimiento y la cultura; la protección de los datos personales y de los derechos tanto de creadores e innovadores, como de empresarios, trabajadores y consumidores.

Un país digitalmente desarrollado en los términos expuestos contribuye de manera decisiva al bienestar de los mexicanos: incrementa la productividad de las empresas y la competitividad del país; genera empleos; fomenta entre la juventud el acceso a la igualdad de oportunidades, y mejora las capacidades profesionales de la ciudadanía; despliega el potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas; mejora la eficiencia de las políticas públicas, especialmente las sociales y de seguridad pública; disminuye la disparidad socioeconómica entre regiones, y fortalece la diversidad cultural del país. En otros términos, para que México sea el país próspero, justo y equitativo que todos necesitamos, resulta indispensable conducirlo hacia una sociedad digitalmente desarrollada, como aquí se sugiere.

Somos muchos los que estamos convencidos que México necesita crear, cuanto antes, una Agenda o Estrategia Digital que guíe, vincule, y alinee los “esfuerzos digitales” que desde los más diversos ámbitos hacen muchos millones de mexicanos.

¿A qué viene tanta urgencia? A que México no se ha subido al tren del siglo XXI; a que estamos –en este mismo instante– dejando pasar una buenísima oportunidad para romper con la reproducción, generación tras generación, de la pobreza, del atraso, de la impunidad y la injusticia que azota al país.

AÑO 7 • NÚMERO 42 • FEBRERO / MARZO 2008

[email protected]

Suscripcioneswww.politicadigital.com.mx

Información [email protected]

Teléfonos:

5241-6930 • 5241-693501 800 904 22 22

Circulación certificada por el Instituto Verificador de MediosRegistro No. 235 / 01

n DIRECTOR GENERAL

Andrés Hofmann [email protected]

n EDITOR

José Luis Becerra Pozas [email protected]

n INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN

Mariano Garza-Cantú Chávez [email protected]

n VENTAS DE PUBLICIDAD

Carmen Fernández Corro [email protected]

Malú Cascajares [email protected]

n DISEÑO

Angélica Musalem Achcar

n ILUSTRACIONES

Estudio la fe ciega

n DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Luis Emilio Giménez Cacho

n PRODUCCIÓN

Leonel Trejo

Oficinas: Cuautla 10, Col. Condesa, delegación Cuauh-témoc, C.P. 06140. México, D.F. Teléfonos: 5241-6930, 5241-6935, y fax: 5241-6946, 01 800 904 22 22. Suscripciones: www.politicadigital.com.mx Política digital en Internet: www.politicadigital.com.mx Correo electrónico: [email protected]ón y color: Perspectiva Digital S.A. de C.V., tel.: 56 87 56 16 Impresión y encuadernación: Gráficas Monte Albán, S.A. de C.V., Fraccionamiento Agroindustrial La Cruz, Lote 37-39, El Marqués, Querétaro. No se responde por materiales no solicitados. Política digital es una publicación bimestral de Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura S. A. de C. V. Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Tiro: 30,000 ejemplares. Editor responsable Andrés Hofmann. Título registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, certificado 04-2001-103017153700-102. Registro en la Dirección General de Correos PP09-0883. Certificado de licitud de título número 11819 del 11 de diciembre de 2001. Certificado de licitud de contenido número 8422 del 11 de diciembre de 2001.

edición cuarenta y dos > 3

Además, ante los nubarrones recesivos que vienen del norte y que amenazan nuestro aún escuálido crecimiento, levantar el perfil y visibilidad del desarrollo digital mexicano contribuirá, invariablemente, a fortalecer el mercado interno –ahora mismo– y a recoger en el mediano y largo plazos, retornos en calidad de vida para la gente.

Es cosa de mirar a nuestro alrededor: países que hace 15 años se encontraban empare-jados con México desde el punto de vista socioeconómico, han dado brincos extraordinarios en su desarrollo. Todos ellos, sin excepción, han contado con un Agenda o Estrategia Digital de cobertura nacional.

Esta edición pretende ser un alegato a favor de la creación de una Agenda Digital para el Desarrollo de México. Arrancamos con la opinión de tres reconocidos estudiosos y analistas (Rubio, Pisanty y Rodarte); seguimos con un texto hecho especialmente para nosotros por un investigador de la CEPAL (Martin Hilbert) que ha analizado las Estrategias Digitales en América Latina y el Caribe. Y terminamos entregando una visión panorámica de cada uno de los cinco pilares que, desde nuestra óptica, podrían integrar esta Agenda Digital que el futuro del México reclama.

Pretendemos seguir dándole duro y tupido a este tema. Por tal motivo, me parece necesario convocar a nuestros lectores a opinar –contradecir, aclarar, mejorar, sugerir, etc.– sobre este tema o nuestra manera de enfocarlo. Nos comprometemos a publicar sus textos. Favor de escribir a [email protected] n

Andrés Hofmann

> CONTENIDO

Premios IMDA6 Los ganadores José Luis Becerra Pozas

Alegatos10 Transformar a México en una sola generación Luis Rubio12 ¿Qué se debe articular en una “agenda digital” para México? Alejandro Pisanty16 La productividad de las empresas: ¿un sueño guajiro? Mario Rodarte E.

Estrategias para transitar a la SIC18 Estrategias nacionales para el desarrollo digital Martin Hilbert

De la experiencia latinoamericana: factores a considerar28 Estrategia Digital: Una política nacional Alejandro Barros30 Bolivia: una estrategia de TIC en tiempos de convulsión política Sergio Toro Tejada y Gonzalo Aramayo Careaga

Los 5 pilares de la SIC34 Acceso universal a las TIC,

los retos de México Alejandro Hernández Pulido36 Acceso Universal Efectivo,

primer pilar de toda Agenda Digital

Judith Mariscal y Armando Aldama

38 Alfabetización tecnológica, el punto de partida

Mariano Garza-Cantú42 Las TIC en el Sector Laboral Luis Banck Serrato

46 e-Gobierno, una estrategia por definir

48 Quintana Roo y su agenda de gobierno electrónico

Mariano Garza-Cantú

50 Acciones para la innovación y el desarrollo tecnológico

Luis Miguel Pando54 Una economía más competitiva Mariano Garza-Cantú

56 Una ley para la Agenda Digital Carlos Torres Torres58 Cerrar la brecha digital:

La Cofetel en el 2008 Héctor Osuna Jaime60 Regulación efectiva y a tiempo:

algunos puntos a considerar Ernesto Piedras63 Consideraciones para

una política digital en México Alejandro Navarrete Torres


> PREMIOS IMDA

La primera entrega de los Premios y Reco-nocimientos Nacionales a la Innovación,

Modernización y Desarrollo Administrativo (IMDA) se llevó a cabo en enero pasado en Hermosillo, Sonora. Correspondió al gober-nador del estado, Eduardo Bours Castelo, en su calidad de Presidente del Comité de Eva-luación y Premiación IMDA 2007, entregar 11 Premios, 26 Reconocimientos y dos Men-ciones Especiales a las prácticas que fomen-tan la mejora continua, la innovación y el trabajo en equipo de los servidores públicos a nivel estatal y municipal.

De esta forma, los Premios y Recono-cimientos IMDA inician una nueva etapa, en sustitución de los Reconocimientos In-nova Estatales que entregaba el Gobierno

Federal a través la Oficina de Innovación Gubernamental y la de Premios Naciona-les (de 2004 a 2006).

El Comité de Informática de la Admi-nistración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), en colaboración con otras ins-tituciones, diseñaron el Reglamento para convocar y calificar cada categoría de los Premios IMDA, aunque se conserva el or-den de las sedes que se habían designado en los Reconocimientos Innova Estatal (para la edición 2007 fue Sonora y para la 2008 será Chihuahua).

Las prácticas inscritas se sometieron al Modelo IMDA, que ahora toma en cuenta ocho atributos: 1. Combate a la discrecionalidad, facili-

dad de acceso a la información y trans-parencia.

2. Profesionalización 3. Enfoque hacia la calidad. 4. Modernización y aplicación de tecnología. 5. Mejora regulatoria. 6. Disminución de costos y gastos. 7. Grado de innovación. 8. Factor de transferencia de la práctica.

Por acuerdo del Comité de Evaluación y Premiación, se concedieron menciones especiales a dos prácticas “porque ame-ritan ser estimuladas y tomadas como referencia para replicarse en entidades federativas distintas a las que correspon-den”. En seguida se enlistan las prácticas que fueron galardonadas. n

Los ganadores Por José Luis Becerra Pozas

Las mejores prácticas desarrolladas por las administraciones públicas del gobierno estatal y municipal recibieron los premios y reconocimientos IMDA 2007

Premios Nacionales a la Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo

GobiernoAguascalientes

Aguascalientes

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Coahuila

San Luis Potosí

Sonora

Sonora

Práctica ganadoraInnovación en la Administración de la Información para el Desa-rrollo Estratégico del Estado

Innovación en la Administración del Desarrollo Urbano

Tercera Generación de Pagos Electrónicos

Modernización del Sistema de Adquisiciones

Sistema de la Dirección de Atención Ciudadana

Administrador de Contenidos Web

Programa Integral de Modernización Catastral

Modernización Integral del Registro Público

Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado

En mi futuro yo decido

Programa Itinerante de Capacitación Policial

ContactoMDU Ricardo de Alba Obregón

MDU Ricardo de Alba Obregón

Edgard García Prieto

Lic. Guillermo Sauza BrindisLic. Fernando Ribé Varela

Felipe Manuel Salasplata Mendoza

Ing. Adolfo Dittrich Nevárez

Ing. José Ramón Robles Stringel

Lic. Marco Antonio Dávila Montesinos

Ing. Rodolfo Oliva Pue

Sra. Alma Rosa Lizárraga Espinoza

Lic. Rafael Ramírez Leyva

CargoSecretario de Planeación y Desarrollo Regional

Secretario de Planeación y Desarrollo Regional

Director de Modernización y Seguimiento de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Mexicali, B.C.

Secretario de AdministraciónSubsecretario de Recursos Materiales y Servicios

Director de Atención Ciudadana

Director de Desarrollo Municipal

Director de Catastro

Subsecretario de Modernización y Desarrollo Administrativo

Coordinador General del SIFIDE

Vocal Titular de la Coordinación de Acción Comunitaria, Servicios de Salud de Sonora

Director General del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

Teléfono(449) 9102045 ext. 2043

(449) 9102045 ext. 2043

(686) 558-1000 ext. 1589

(961) 617-2101(961) 617-2108

(614) 429-9362

(614) 439-7720 ext. 20243

(614) 412-0031

(844) 986-9800

(444) 102-7700

(662) 213-5658

(662) 254-0401, 250-2371


> PREMIOS IMDA

Reconocimientos Nacionales a la Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo

GobiernoAguascalientes

Chiapas

Chiapas

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Coahuila

Michoacán

Nuevo León

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Sonora

Sonora

Sonora

Sonora

Sonora

Práctica ganadoraInnovación en el Fortalecimiento y Desarrollo Integral de los Municipios

Coordinación de Relaciones Internacionales

Sistema de Alertamiento ante Fenómenos Naturales

Modernización de Seguridad Penitenciaria y Control Procesal

Sistema Integral de Registro de Nacimiento en Hospitales

Infomex Chihuahua

Programa de Desarrollo Municipal

Modernización Integral de la Junta de Conciliación y Arbitraje

Sistema Integral de Control de Riesgos

Programa de Atención al Adulto Mayor

Modelo Innovador de Política Social, Unidos para Progresar

Integr@, Modelo de Atención al Ciudadano

Sistema Estatal de Becas

Servicios Compartidos en Administración del Capítulo de Servicios Personales

Habilidades para la Vida

Transferencia de Funciones Catastrales del Estado a Municipios

Sistema Automatizado para la Evaluación del Aprendizaje, CECYTES

Programa de Nómina Electrónica, SEC

Programa Estatal de Prevención del Delito

Digitalización de Certificados, COBACH

ContactoMDU Ricardo de Alba Obregón

C.P. Taro Takeuchi Antonio

Ing. Navor Francisco Ballinas Morales

Lic. César Martínez Acosta

Lic. Gloria GuadalupeDomínguez Domínguez

Lic. Fernando Lino Bencomo Chávez

C.P. Héctor Humberto Hernández Morales

Lic. Marco Antonio Dávila Montesinos

Luis Alejandro Tabla Moya

Lic. Asdrubal López Villalobos

Mto. Alejandro Armenta MierÁngel Rivera Palestina

ISC Pablo Gutiérrez Lara

Ing. Miguel Ángel Martínez Cordero

C.P. Juan José Cristerna Molina

Dr. Félix Higuera Romero

Ing. Edmundo Chávez Méndez

Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas

Mtra. Cristina M. Real Villalba

Lic. Francisco Figueroa Souquet

Dr. Jorge Ángel Gastélum Islas

CargoSecretario de Planeación y Desarrollo Regional

Jefe de la Unidad de Coordinación de Relaciones Internacionales

Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Director de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Directora de Registro Civil

Consejero Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Jefe del Departamento de Programas de Impacto Social

Subsecretario de Modernización y Desarrollo Administrativo

Director de Atención a Usuarios del Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Coordinador del Programa de Atención al Adulto Mayor

Secretario de Desarrollo Social

Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo

Director de Informática de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro

Director de Sistemas, Proyectos Informáticos y Telecomunicaciones de Servicios Educativos

Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas

Director General del Servicio Estatal de Salud Mental

Titular del ICRESON

Director General

Directora General de Recursos Humanos

Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública

Director de Planeación

Teléfono(449) 910-2045 ext. 2043

(961) 615-0364

(961) 617-2100 ext. 34143

(614) 429-7300 ext. 15862

(614) 429-3300 ext. 14801

(614) 201-3300 ext. 204

(614) 439-7720 ext. 20250

(844) 986-9800

(443) 113-4400 ext. 111

(81) 2020-2142

(222) 229-7172 ext. 5101

(444) 238-7600 ext. 1024

(983) 835-0770 ext. 4551

(667) 758-7195

(662) 218-3213(662) 260-3390 ext. 110 y 111

(662) 108 4215

(662) 213-8378

(662) 289-7684 y 24

(662) 259-5700

(662) 259-2910


> PREMIOS IMDA

GobiernoSonora

Sonora

Veracruz

Veracruz

Municipio de Cajeme, Sonora

Municipio de Hermosillo, Sonora

Práctica ganadoraEvaluación al Desempeño Municipal, ISAF

Casas Saludables

Oficina Virtual de Hacienda

Portal Telefónico 01800 VERATUR

Educación y Entrenamiento para Resistir Pandillas

Auditor Ciudadano

ContactoCPC Eugenio Pablos Antillón

Dr. José Ramón Núñez Soto

José David González Barradas

José David González Barradas

Lic. Gabriel Parra Gil

Lic. Ariel Z. De la Puente Aguilar

CargoAuditor Mayor

Director General de Servicios de Salud a la Persona, Servicios de Salud de Sonora

Subdirector de Gobierno Electrónico

Subdirector de Gobierno Electrónico

Subdirector de Programas Socia-les de Seguridad Pública Municipal

Contralor Municipal

Teléfono(662) 236-6504 al 08

(662) 216-9201 ext. 100

(228) 842-2906 y 3906

(228) 842-2906 y 3906

(644) 410-0600 ext. 3210 y 3211

(662) 289-3025

Menciones Especiales a la Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo

GobiernoSonora

Zacatecas

Práctica ganadoraProfesionalización se Servidores Públicos con Base en Competencias Laborales

Kioscos de Servicios Electrónicos

ContactoLic. Edmundo Arvizu Valenzuela

M. en A. Norma Julieta del Río Venegas

CargoDirector General de Recursos Humanos

Contralora Interna

Teléfono(662) 217-0165

(492) 925-6540


Estrategias nacionales para el desarrollo digitalPor Martin Hilbert1

Todos los países de la región han formu-

lado algún tipo de ins-trumentos de política pública para fomentar su desarrollo digital. En el caso de que la políti-ca implique una coor-dinación a nivel nacio-nal, es posible hablar de estrategias nacionales. Éstas se constituyen en procesos que se dan en diferentes etapas, y están sujetas a factores exógenos y endógenos, los cuales definen distintos modelos de im-plementación de una estrategia nacional.

Este artículo está enfocando en el diseño de las instituciones que los países han creado para coordinar los esfuerzos tendientes a la creación e implementación de una agenda digital nacional.

La necesidad de una estrategia nacional en TIC La institucionalización de una estrategia de política pública para un tema transversal y multisectorial, como es el caso de las TIC, es un proceso de gran complejidad. Al tratarse de una tecnología de propó-sito general, las políticas tienen efectos en diversos ámbitos y niveles, involucrando autoridades del sector público y privado, desde el nivel estratégico, hasta el nivel operativo: autoridades técnicas y regulato-rias, autoridades de servicios y consumo, ciencia y tecnología, uni-versidades e institutos de investigación, autoridades sectoriales para industrias y negocios, modernización del Estado y administración pública, capacitación y educación, salud, el poder legislativo y auto-ridades legales, autoridades financieras y bancarias, entre otros.

La idea de una estrategia nacional para la Sociedad de la Infor-mación, también llamada agenda digital, estrategia e-país o agenda de conectividad, tiene como objetivo la coordinación de las actividades relacionados a las TIC entre todos estos agentes y autoridades. La idea central apunta a crear una visión común de una Sociedad de la Información y de aprovechar de sinergias provenientes del conoci-miento y de las capacidades de cada una de las autoridades y agentes activos en el campo digital.

Las TIC son herramientas neutrales, que por su naturaleza son independientes de cualquier principio de valor. Son las estrategias públicas que determinan el uso y el contenido de las redes y máqui-nas y esta visión debe reconocer todos los sectores del país. Cada autoridad que participa en la coordinación persigue sus intereses

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la ONU, ha estudiado durante varios años las diferentes políticas públicas y estrategias nacionales que conducen hacia la Sociedad de la Información en todos los países de la región. Presentamos a continuación un primer balance de estas investigaciones, y tres recomendaciones básicas y elementales

Martin Hilbert investigador en el Programa Sociedad de la Información, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas, [email protected]

1 El autor agradece el apoyo financiero del proyecto @LIS de la Comisión Europea. Para más información acerca del tema, por favor visita www.cepal.org/SocInfo

> ESTRATEGIAS PARA TRANSITAR A LA SIC



propios según su enfoque particular, tal como antes de la llegada de la revolución digital. Sin embargo, la escasez de recursos y el costo alto de la transición hacia el paradigma digital son los motivos centrales para la colaboración entre las participantes de la estrategia nacional. Por ello, la necesidad de un direccio-namiento normativo y la escasez de recursos hacen imperante la colaboración entre los participantes de TIC a través de una estrategia nacional.

Puesto que la revolución digital toca a todos los aspectos del proceso de desarrollo económi-co y social, una agenda digital nacional es un esfuerzo de coordinación no menor y requiere una voluntad y entendimiento político básico. En resumen, las estrategias nacionales existentes viven gracias al simple convencimiento de todos los participantes de que la acción conjunta logra obtener más impacto para todos, sin ne-cesidad de renunciar a los intereses de cada uno.

Tres etapas de una estrategia La institucionalización de la estrategia nacional, abstrayendo una regularidad observada en los estudios de caso, sigue un proceso evolutivo que se puede descomponer en tres etapas. La primera es una visión estratégica a nivel nacional. Esta etapa consiste en la elaboración de una “Agenda estratégica”, donde se definen los principios rectores que deben guiar la estrategia nacional.

La segunda etapa es la de formulación de políticas. En ésta se define la funcionalidad interna y la estructura institucional de la estrategia nacional, lo cual implica la definición de metas, recursos, responsabilidades y atribuciones en áreas temáticas, como en ámbitos institucionales, y la coordinación entre los di-ferentes participantes de la estrategia nacional.

La tercera etapa es la de implementación y seguimiento, la cual se caracteriza por la gestión operativa de los proyectos desti-nados a la transición hacia la Sociedad de la Información. El segui-miento y el monitoreo constante del desempeño de la estrategia es un paso indispensable en esta etapa para asegurar la funcionalidad eficiente de la etapa operativa de la estrategia nacional.

En términos abstractos, éste es un proceso evolutivo, donde las etapas posteriores han sido formuladas sobre la base de las etapas anteriores. Sin embargo, no existe un periodo estándar de tiempo para llegar desde la primera hasta la tercera etapa.

Etapa 1: La visión estratégica El resultado de esta fase debe ser una guía general, abarcando los temas y principios fundamentales para el desarrollo de la So-ciedad de la Información, reconociendo las particularidades del país. En muchos casos se elabora una declaración estratégica en forma escrita, alimentándose de acuerdos internacionales existentes, tal como los documentos de la Cumbre Mundial so-bre la Sociedad de la Información (CMSI) y sus declaraciones de América Latina y el Caribe (Florianópolis 2000, Bávaro 2003 y Río de Janeiro 2005), y el Plan de Acción Regional eLAC20072.

Los casos donde este trabajo es coordinado a través de una red descentralizada puede tomar la forma de Comités Presidenciales o Grupos de Trabajo entre el sector público, privado, académico y la sociedad civil, en los cuales los actores involucrados buscan posicio-nes consensuadas. En los casos de una red centrali-zada, una autoridad específica o un grupo reducido de autoridades son designados para elaborar una visión estratégica nacional. Los agentes participantes han sido identificados como las autoridades más adecua-das por su conocimiento acerca de la Sociedad de la Información. El peligro de una red centralizada es que algunos sectores de la sociedad no ven sus aspiraciones reflejadas en la estrategia final, y por ello desarrollan agendas paralelas, contradiciendo el espíritu de una estrategia de país.

Los factores endógenos más influyentes en la pri-mera etapa son el nivel jerárquico y la temática propuesta por la(s) autoridad(es) involucrada(s). En general, cuando se asigna a una autoridad de alto nivel jerárquico y con responsabilidades genéricas, como por ejemplo la Presidencia, Vicepresidencia o un Ministerio de Planificación o Gestión Pública, la participación de las demás autoridades tiende a ser más fluida.

Por el contrario, cuando la tarea es asignada a una autoridad de menor nivel jerárquico o especializada en una temática específica, como por ejemplo el ente regu-lador de telecomunicaciones o el Ministerio de Comu-nicaciones, aumenta la probabilidad de que la visión estratégica sea elaborada bajo una perspectiva restrin-gida, con una mayor importancia relativa a los asuntos relacionados con el área de interés de esta agencia.

Mientras más alto es el nivel jerárquico de la auto-ridad que patrocina la elaboración de la declaración estratégica, y mientras más transversal sea la consulta, más probable es que se implemente una red de coor-dinación descentralizada para la fase operativa de la agenda. Al contrario, mientras más bajo sea el nivel jerárquico y mientras más especifica el área temática de la autoridad protagónica, más probable es que la estrategia nacional evolucione hacia una red de co-ordinación centralizada. En este caso, es probable que la instancia esté obligada a elaborar la mayoría de las

2 Para las diferentes declaraciones regionales vea “Antecedentes de eLAC”: www.cepal.org/SocInfo/eLAC

La institucionalización de la estrategia nacional sigue un proceso evolutivo que se puede descomponer en tres etapas. La primera consiste en la construcción de una visión estratégica a nivel nacional; la segunda es la formulación de políticas; y la tercera es la de implementación y seguimiento.



políticas en solitario, dado que carece de las atribuciones deseables para movilizar las fuerzas institucionales requeridas para un modelo de participación colectivo.

Como método de trabajo, en algunos casos la visión estratégi-ca es elaborada bajo conceptos generales, parcialmente replicando estrategias ya existentes en otros países o en deseos que están gene-rados por la dinámica grupal durante las se-siones de discusión, basándose en situaciones más anhelados que realistas. La baja relación con la realidad del país que se proyecta en la declaración estratégica, contribuye a una pér-dida en el grado de importancia y compromiso que los participantes atribuyen a la misma.

Como resultado, algunos participantes prefieren seguir sus pro-pias agendas sectoriales, de acuerdo con las necesidades e intereses específicos que ellos identifican. Por eso, algunos países han comen-zado el proceso realizando un inventario de la situación actual de su país, haciendo una comparación detallada con desarrollos simi-lares en otros países, y evaluando sus proyectos existentes. Según ésta información sobre las particularidades nacionales, se elaboran sus principios rectores a los que también se adicionan iniciativas provenientes de estrategias de “libros de texto” o experiencias de otros países. Un esfuerzo de este alcance requiere una participación colectiva de muchas autoridades.

Siendo una red descentralizada y con un método de trabajo que considera las particularidades del país, el caso de ETIC en Bolivia es una mejor práctica en cuanto a diseño participativo3. Patrocinada por la Vicepresidencia, el proceso de desarrollo de la visión estra-tégica duró 14 meses en el trabajo de consulta y recopilación de necesidades e incluyó la contribución de tres mil 176 personas de más de 700 organizaciones, con una participación activa de todos los sectores del país. El resultado de un proceso tan amplio es bas-tante estable, e incluso si cambiara el gobierno, no es posible para las nuevas autoridades ignorar el consenso anteriormente elaborado. Este factor no es de subestimar, dado que incluso en las agendas digitales más exitosas, como es el caso de Chile, se ha mostrado que un cambio de gobierno puede congelar las actividades de la coordi-nación nacional por varios meses, e incluso años.

Etapa 2: La formulación de políticas En la segunda etapa se determinan responsables, se asignan atri-buciones y recursos, se define la manera de coordinación entre di-ferentes participantes, y se busca mediar entre los intereses de los mismos. Esta etapa es decisiva para establecer los fundamentos que determinarán la continuidad de las estrategias a largo plazo. Se de-fine el “modus operandi” del funcionamiento interno con carácter operativo de la estrategia nacional.

En los casos donde la formulación de políticas es coordinada por una red descentralizada, es de esperar que su institucionaliza-ción cuente con un alto grado de libertad para los participantes de la estrategia. La entidad coordinadora tiene la responsabilidad de procesar la información de los participantes de la red, quienes son los verdaderos responsables de las diferentes partes de la agenda, y

la implementan con fondos propios. Por el contrario, en una red centralizada, la autoridad protagónica es la fuerza motriz de la formulación de políticas, y los participantes “satélites” alrededor de este nodo central de la red cumplen el rol de participantes que no nece-sariamente los convierte en responsables.

Si la primera etapa estuvo caracterizada por una coordinación centralizada, la segunda etapa también tiende hacia una red centralizada, en ambos casos con la misma autoridad dominante. Siguiendo este mode-lo, existen casos en los cuales la visón estratégica “na-cional” resulta demasiado limitada, dado el enfoque centralizado de su elaboración. Dada la frustración de las demás autoridades, se pueden desarrollar progra-mas e iniciativas paralelas a las iniciativas de la autori-dad dominante, resultando en una estrategia nacional digital fragmentada.

El área temática del ente coordinador se vuelve especialmente importante en la segunda etapa. En algunos países el ente líder viene del sector de las te-lecomunicaciones. En estos casos, los proyectos que están descritos en la agenda nacional tienden a tener un fuerte componente tecnológico, con una orienta-ción natural hacia temas de acceso y conectividad. Los temas relacionados al uso y el contenido de las redes, las aplicaciones como gobierno-e, comercio-e y educación-e, la capacitación, y las legislaciones para procesos digitales (como firma digital, privacidad, etc.) son normalmente reconocidos en las agendas, y cabe destacar el gran esfuerzo que las agencias líderes es-tán haciendo en intentar integrar estos aspectos. Sin embargo, dichos entes, al ser una entidad temática con un poder jerárquico limitado, requieren el apoyo de una Comisión multisectorial de un alcance más am-plio, para asegurar la plena inclusión de los intereses de los demás actores. El caso de la eDominicana4 es una mejor práctica en este sentido. Liderado por el regula-dor de telecomunicaciones, un Decreto Presidencial (212-05) crea una Comisión Nacional para la Socie-dad de la Información y el Conocimiento que cuenta

3 Estrategia Boliviana de Tecnología de la Información y la Comunicación para el Desarrollo, ETIC, www.etic.bo/

4 Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información, e-Domi-nicana, www.edominicana.gov.do

Cuando la tarea es asignada a una autoridad de menor nivel jerárquico o especializada en un tema específico, como el ente regulador de telecomunicaciones o una Secretaría de Comunicaciones, aumenta la probabilidad de que la visión estratégica tenga una perspectiva restringida.



con la participación de todos los actores relevantes, sean estos Ministerios y agencias públicas, autoridades privadas y organismos de la sociedad civil.

También existen casos donde el ente coordinador viene del campo del gobierno electrónico, como en Bra-sil y Argentina. Dado que esta entidad tiene la tarea innata de coordinar las actividades de las diferentes autoridades públicas, por lo menos en materia de mo-dernización del Estado, parece provechoso encargar también a esta entidad, la coordinación de la agenda digital nacional. Sin embargo, vale destacar que la di-gitalización de procesos gubernamentales es más res-tringida que la tarea de modernizar toda la sociedad y economía en el sentido que implica una agenda digital nacional. Es necesario precisar que, en algunos de es-tos casos, el liderazgo de las entidades del gobierno-e está siendo cuestionado por las autoridades de la in-dustria y economía, que no ven sus intereses reflejados. Parece que también aquí, la creación de una Comisión Nacional más amplia es indispensable.

La disponibilidad de recursos humanos y finan-cieros de una fuente específica también es un factor endógeno relevante. Por ejemplo, si existe la posibilidad de obtener recursos de un fondo común (Fideicomiso) o del extranjero, como por ejemplo préstamos de agencias financieras, estos fondos normalmente son asignados a una entidad o a un proyecto con un fin específico. Esto está dado por la obligación que el receptor tiene de entregar informes sobre el proyecto a quien otorgó el apoyo financiero. En este modelo, se tiende a evo-lucionar hacia una red centralizada donde domina la temática de quien tiene el control sobre los recursos. En el caso de que cada autoridad involucrada tenga poder de decisión sobre la gestión de los mismos, se podría esperar la evolución hacia una red descentralizada.

También existen métodos de trabajo específicos para la formulación de políticas. Cabe destacar la im-portancia del momento en que se asignan responsa-bilidades temáticas. En algunos países, las responsa-bilidades temáticas han sido asignadas al comienzo de la segunda etapa, es decir antes de concretarse el funcionamiento interno de la estrategia y antes de la deliberación sobre la elaboración de un plan de acción

Algunos países han comenzado el proceso realizando un inventario de la situación actual y evaluando sus proyectos existentes. Luego elaboran sus principios rectores a los que se adicionan iniciativas de otros países.



operativo. Éste procedimiento es comprensible dado que diferen-tes áreas temáticas están asociadas a diferentes autoridades del gobierno. Naturalmente, la autoridad pública del sector de las telecomunicaciones es la instancia más frecuente para elabo-rar el capítulo sobre los temas de infraestructura. De la misma manera, los Ministerios de Educación, Salud, Economía e Inno-vación Tecnológica están predestinados a sus capítulos en la agenda digital nacional.

Sin embargo, hay países en que la asignación de res-ponsabilidades ha sido realizada sólo cuando la etapa de formulación de políticas ya ha finalizado. En estos casos, los participantes realizan todo el planteamiento de la segunda etapa en forma conjunta. Por supuesto hay un liderazgo natural de agencias especializadas en algunos temas específicos.

Finalizar la elaboración de un plan de acción operativo antes de la asignación oficial de responsabilidades tiende a resultar en una red descentralizada con alta neutralidad temática. Con este método de trabajo cada una de las autoridades participan-tes tiene la posibilidad de contribuir al planteamiento operativo de los diferentes aspectos del plan de acción. Cada participante debe estar bien informado sobre las acciones y proyectos que se pretenden llevar a cabo en cada área temática, incluso fuera de su radio de acción, de manera de hacerse sentir como parte de cada una de las distintas iniciativas.

El desafío consiste en encontrar un mecanismo de consulta en el cual cada participante se siente propietario y responsable de la agenda en su conjunto, mientras que el expertise de las autoridades temáticas no debe dejarse de lado.

Etapa 3: Implementación y seguimiento Basándose en la visión estratégica y en las políticas formuladas en las etapas anteriores, se entra a la fase operativa. En esta etapa, el enfoque es en la coordinación operativa entre los diferentes pro-yectos que se encuentran en sus procesos de implementación. Un mecanismo de seguimiento y monitoreo continuo es vital para la evaluación periódica de la estrategia nacional. En un tema que evoluciona al ritmo de las tecnologías digitales, son indispensa-bles los ajustes y reorientaciones del rumbo de la agenda.

La disponibilidad y la distribución de recursos son muy influ-yentes en la etapa de implementación. Una red descentralizada tiende a mantener un equipo coordinador con pocos recursos humanos y financieros. En algunos casos, son una o dos las personas quienes sirven como punto de referencia, dedicándose exclusivamente a tareas de coordinación y la operación de los proyectos es de responsabilidad de los diferentes participantes de la red. Al contrario, en una Red centralizada, la Secretaría Técnica tiende a contar con un gran equipo de trabajo que cuen-ta con recursos financieros propios. Este equipo opera muchos proyectos por cuenta propia, incorporando a las demás autori-dades en caso de que un proyecto así lo requiera. La Agenda de Conectividad de Colombia es un ejemplo de este último caso, que cuenta con un equipo propio de más de 20 profesionales.

Existen diferentes modelos para gestionar recursos. Por ejemplo, pueden existir fondos propios de la Secretaría Técni-ca, destinados a proyectos pequeños de corto plazo y trabajos de coordinación. En la mayoría de los casos, éstos provienen de

préstamos de los bancos del desarrollo (como el BID, CAF o el Banco Mundial) o de los fondos del acceso universal. En algunos países, existe un fondo especial a través del cual se pueden recibir recursos de otras autoridades públicas, donaciones y créditos de insti-tuciones y organismos privados, nacionales e inter-nacionales, asegura el financiamiento de proyectos de más largo plazo. En algunos otros casos, los demás participantes quedan involucrados en la gestión de los fondos, mientras que en otros, el control sobre los fondos destinados a diferentes proyectos es responsa-bilidad de la Secretaría Técnica. Independientemente del mecanismo especifico, una necesidad sine qua non para el éxito de la etapa operativa de la estrategia, es saber quién cuenta con cuáles recursos y para qué fines. Este mecanismo puede asegurar el mejor uso de escasos recursos, minimizando dobles esfuerzos y creando sinergias. Lamentablemente, el presupues-to nacional y la asignación de recursos públicos no cuentan con un rubro que distinga los gastos en TIC. Normalmente estos recursos están escondidos dentro de un rubro grande llamado “servicios”, juntos con gastos en aseo y otros.

Confrontado este desafío, algunos países, como Co-lombia y Ecuador, han tomado inventario de los pro-yectos relacionados a TIC que están ejecutados por las diferentes autoridades del país. Este inventario incluye los gastos de proyectos de computadores en escuelas, las inversiones en bases de datos de salud, los salarios del personal informático del gobierno, tal como tam-bién debería registrar los gastos de grandes proyectos sociales e iniciativas del sector privado.

El Ministerio de Hacienda de Chile dio un paso más allá y separó los gastos para TIC en el presupuesto del gasto gubernamental. Esto obligó a todas las autoridades públicas a especificar sus gastos en TIC dentro de su pre-puesto anual. Como resultado de este ejercicio, se puede generalizar que alrededor de 2.3 % del gasto público está destinado a las TIC. Sin contar el gasto de gobiernos re-gionales y locales, el gobierno central Chileno gastó unos 205 millones de dólares durante el 2004.

Resulta que los programas de desarrollo de acceso universal y de infraestructura TIC en la sociedad, que

La integración de las máximas autoridades en la agenda digital en el país es un factor de éxito crucial. Se ha mostrado que, para lograr esto, se requiere el trabajo de propagadores, líderes de opinión que logran explicar el valor de las TIC para el desarrollo socioeconómico y político.



normalmente capturan la gran mayoría de la visibilidad de las actividades digitales del gobierno (programas de implementa-ción y desarrollo informático, tal como los fondos del acceso uni-versal, etc., sólo representan un porcentaje pequeño del gasto total en el caso Chileno).

La gran mayoría de los recursos públicos que están destina-dos a políticas digitales están escondidos entre los rubros de los diferentes agentes. Cabe recordar que hoy en día cada agencia pública esta dedicando parte de su presupuesto a las TIC. Sin embargo, sólo una pequeña parte de ellos esta manejando este presupuesto conscientemente.

Considerando que una empresa privada gasta alrededor de 10-15% de su presupuesto en TIC, los 2.3% que el gobierno de Chile dedica al desarrollo digital todavía dejan mucho de desear con respecto al desarrollo digital. Sin embargo, utilizando los datos sobre el consumo del gobierno central de los países de la región del Anuario Estadístico de la CEPAL5, y tomando como referencia los 2.3% que gasta el gobierno de Chile en TIC, se puede estimar que América Latina en su conjunto debe estar gastando unos seis mil 800 millones por año en TIC (2.3% de 296 mil millones de dólares en 2004).

Según este método de estimación, el gobierno de Brasil debe gastar alrededor de unos dos mil 900 millones de dólares en TIC anualmente, el gobierno de México unos mil 500 millones de dólares, e incluso gobiernos como Bolivia y Ecuador deben estar gastando más de 35 millones por año. En contrario a la conocida lamentación sobre la carencia de recursos en los países en desa-rrollo para armar una estrategia digital fuerte, estos recursos ya están disponibles en la región, pero de manera invisible, siendo escondidos dentro de los presupuestos nacionales.

Como consecuencia, muchas agencias empeñan esfuerzos paralelos y descoordinados, que no sólo resultan en el desapro-vechamiento de sinergias, sino que también generan una per-cepción equivocada de que los gobiernos no están haciendo un gran esfuerzo en materia digital.

Por ejemplo, en el caso de México, el Sistema Nacional e-México declara ser “un proyecto de Estado y no de gobierno [que] integra los esfuerzos que realizan diversos actores públicos y pri-vados en la eliminación de la brecha digital”6. La discusión pú-blica apunta a los 3.5 millones de dólares que están oficialmen-te asignados a la Secretaría de Transporte y Comunicaciones para este propósito durante 2007. Aunque estos recursos son considerables, e indudablemente llaman la atención de muchos actores, estos fondos sólo representan la punta del iceberg de los estimados mil 500 millones de dólares que el gobierno central de México debe estar gastando en TIC anualmente (menos de ¼ de uno por ciento). Estos números muestran el potencial de una verdadera agenda digital nacional. La coordinación y el aprove-chamiento de sinergias del monto completo de recursos públicos destinados a las TIC serían una herramienta mucho más podero-sa para facilitar la transición hacia un verdadero e-país.

El esfuerzo del registro contable del aspecto econó-mico de las TIC no termina en el sector público, pero requiere dar seguimiento a la perspectiva digital tam-bién en el sistema de estadística nacional. Muchos paí-ses de la región han empezado a integrar indicadores sobre acceso y uso de las TIC en encuestas de hogares y empresas7.

Por otro lado, el reconocimiento del componente TIC en las cuentas nacionales todavía es esporádico. Nuevamente destaca el caso de la Agenda Digital Chilena, que presentó una cuenta satélite de TIC que identifica y cuantifica el tamaño de la dimensión TIC en el país, así como las fuentes de oferta y demanda de estas tecnologías, además de interesantes conclusiones acerca de la evolución de la industria TIC entre 1999 y 2004. Entre otros resultados, la cuenta específica muestra que las TIC representan el 3.4% del PIB na-cional, similar a sectores de electricidad, gas y agua, y que el 40% de la demanda TIC corresponde al gasto que realizan las empresas y el gobierno en productos TIC para producir otros bienes y servicios (consumo intermedio). Directamente ligado a este esfuerzo, está la medición del impacto de las TIC. Existen esfuerzos incipientes en algunos países, y recientemente la CE-PAL ha juntado un grupo de líderes mundiales para medir el impacto económico de las TIC en los países de la región8.

Recomendaciones para la política pública desde la CEPAL Después de haber estudiado por varios años las dife-rentes políticas públicas y estrategias nacionales en todos los países de la región, establecer la combinación adecuada de todos los factores endógenos y exógenos presentados en este artículo, es una tarea de cada país en particular. Los caminos hacia las Sociedades de la Información son múltiples. Sin embargo, es posible cristalizar tres recomendaciones generales de política pública digital, que parecen afectar el éxito o fracaso de una agenda digital nacional. Las tres recomenda-ciones responden a las tres etapas del desarrollo de una estrategia nacional.

1- Fomentar propagadores. Una agenda digital no puede ser independiente de las prioridades políticas y de la visión de desarrollo del país en general. Esto no es difícil, ni artificial, dado que la mayoría de los proyectos públicos integran algún componente digi-tal. La integración de las autoridades máximas en la agenda digital en el país es un factor de éxito crucial de la misma. Se ha mostrado que para lograr esto, se re-

5 CEPAL (2006), Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2006, www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/28063/P28063.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/deype/tpl/top-bottom.xsl6 Resumen ejecutivo del Sistema Nacional de e-México,www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Resumen_ejecutivo_del_Sistema_Nacional_eMexic

7 Vea Observatorio para la Sociedad de la Información en Latino-américa y el Caribe (OSILAC), www.cepal.org/SocInfo/OSILAC 8 Seminario Crecimiento, Productividad y TIC, 29-30 Marzo, CEPAL, Presentaciones y documentos: www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/socinfo/noticias/noticias/0/27970/P27970.xml&xsl=/socinfo/tpl/p1f.xsl&base=/socinfo/tpl/top-bottom.xslt



quiere el trabajo de propagadores, líderes de opinión que logran explicar el valor de las TIC para el desarrollo socioeconómico y político. Estos campeones tienen la capacidad de traducir un tema que parece tecnológico a mensajes básicos, que son en-tendibles y convincentes para la élite intelectual y política del país. En algunos casos, estos personajes vienen de la academia o de la sociedad civil, en otros, de rangos in-feriores o también de rangos más elevados de la jerarquía pública. Es importante que estos campeones puedan cumplir su rol, y no que-den marginados por intereses particulares de diferentes agentes en búsqueda de liderazgo, poder, ganancias o simple visibilidad. Todos los interesados en el desarrollo digital, sean los diferentes actores del sector de las telecomunicaciones o de otras industrias, la gente de gobierno-e, del desarrollo educacional o actores del poder legislativo, pueden beneficiarse del indispensable trabajo que éstos creadores de opi-nión están cumpliendo. Es natural que en un tema nuevo existan nuevos funciones y nunca falten los interesados para liderar un nuevo proyecto. Sin embargo, es lamentable para todos cuando la pelea por el liderazgo impide que el mensaje central llegue a establecerse en la agenda del desarrollo del país.

2- Aprovechar la inteligencia colectiva. Los propa-gadores tienen su rol, pero el colectivo también juega un rol indispensable. Para entender su importancia cabe destacar el carácter transversal, novedoso y dinámico de las TIC. En primer lugar, no existe un sector que podría proclamar ser el dueño de este tema. En algunos países existen sentimientos muy fuertes de algún sector particular de que este tema sea suyo, y que solamente complica cuando nuevos actores y opiniones entran al debate. Esto puede llevar a una situación extraña donde, por ejemplo, la autoridad de telecomunicaciones o de la industria software determina la estrategia de modernización de Estado o el contenido y el método pedagógico para la educación-e en escuelas. Las experiencias de las personas que trabajan hace tiempo con diferentes TIC son decisivas, tal como los conoci-mientos de personas que vienen de los sectores donde la tec-nología está aplicada,son indispensable para la digitalización de la organización productiva y social. En segundo lugar, el paradigma digital es nuevo y no es automáticamente parte de la agenda pública. Se ha mostrado que incluso en los casos más exitosos, un cambio de gobierno puede postergar el avan-ce de la coordinación nacional. En este sentido, la búsqueda constante del consenso nacional y la integración de todos los sectores apunta a acercar la agenda nacional a una estrategia de Estado, y no sólo de gobierno. En tercer lugar, el carácter eminentemente dinámico de las TIC imposibilita la determina-ción de un camino ideal. Cada vez que el supuesto óptimo sea encontrado, la tecnología y el entorno avanzan y dejan la es-trategia en una nueva combinación sub-óptima de iniciativas. Se ha mostrado que la inteligencia colectiva es de las mejores condiciones de enfrentar la incertidumbre resultante de algún otro factor particular.

3- Coordinar los recursos. Esto empieza con la identifica-ción de los recursos que el país invierta en las TIC. En las cuentas nacionales del sistema estadístico, el tema todavía no está con-

siderado adecuadamente. Más preocupante aún es la falta de identificación del presupuesto público dedicado al desarrollo digital del país. Mientras las empresas de software o telecomunicaciones saben exactamente qué y cuánto venden a las diferentes agencias estatales, en la mayoría de los casos el sector público no registra esta información. Esto resulta en una falta de coordi-nación con la inherente pérdida de sinergias. Ambos aspectos necesarios en países con escasez de recursos. La declaración de esta información conlleva inevita-blemente a la coordinación de actividades en el país. La transparencia de la contabilidad pública evidencia los dobles esfuerzos, y la clase política tiene que re-conocer que se requiere una entidad particular para hacer recomendaciones como optimizar la gestión de esta gran cantidad de recursos. Sin embargo, no es re-comendable centralizar los fondos que están dedicados a las TIC. Las TIC son medio y no un fin. Es esencial que las autoridades específicas sigan siendo las instancias que deciden sobre el destino final de los recursos. El Ministerio de Educación debe continuar siendo la en-tidad para pensar y decidir cómo incorporar las TIC en el currículo nacional y la autoridad de telecomunica-ciones debe continuar evaluando y decidiendo la tec-nología para conectar áreas remotas. Sin embargo, a fin de evitar doble esfuerzos y para habilitar la creación de sinergias, ambos deben saber qué está haciendo el otro y con cuáles recursos. Una entidad que evalúe y haga recomendaciones sobre el gasto nacional en TIC resulta un logro de lo más practico de una estrategia nacional digital operativa.

En resumen, una política exitosa para la Sociedad de la Información se derrumba o triunfa con su arqui-tectura de organización y mecanismos de información y comunicación. Ésta tiene que establecer y operar canales de comunicación con todos los sectores, y al mismo tiempo asegurar que las voces de los impulsores nacionales sean escuchadas. La disponibilidad de in-formación sobre los recursos involucrados es la condi-ción sine qua non para la coordinación durante la etapa operativa de la estrategia. Parece obvio, pero todavía falta mucho para que todos los países de la región in-tegren el componente digital como parte explícita en su agenda del desarrollo nacional. n

No existe un sector que podría proclamar ser el dueño de este tema. En algunos países existen sentimientos muy fuertes de algún sector particular de que este tema sea suyo, y que solamente complica cuando nuevos actores y opiniones entran al debate.


> DE LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA: FACTORES A CONSIDERAR

Los países latinoamericanos han tenido un desempeño irregular en su desarrollo digital,

entendiendo esto último como la adopción de tec-nologías de información y comunicaciones (TIC) en los diferentes ámbitos claves de avance social, económico y gubernamental.

Chile presentó en enero su Estrategia Digital, que plasma la política nacional con la cual el país quiere dar un nuevo impulso a su desarrollo de las TIC en un amplio espectro.

El documento, que será la carta de navegación durante los próximos cinco años, es fruto de una amplia discusión y consenso de todos los sectores, la evaluación de las necesidades reales tras el cami-no avanzado anteriormente y también del aprendi-zaje que entregan las experiencias internacionales líderes en desarrollo digital.

En la elaboración de una estrategia decidida a llevar al más salto nivel la discusión del desarrollo digital influyen una serie de factores interesantes a considerar.

Tomar claves de los referentes mundialesAl observar los países que son referencia en estas materias, tales como Taiwán, Corea, Singapur, Nueva Zelanda, Estonia, Irlanda o Finlandia, sur-ge la pregunta: ¿que tienen en común estos países? Me atrevería a mencionar dos aspectos:• En primer lugar, los países de referencia cuen-

Durante la primera semana de enero, Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, dio a conocer la Estrategia de Desarrollo Digital 2007 - 2012. Política Digital le pidió al Secretario Ejecutivo de la Estrategia que destacara para nuestros lectores, las principales consideraciones que se deben tomar en cuenta a la hora de elaborar una Agenda Digital con cobertura nacional

tan con una política nacio-nal para el desarrollo digi-tal. El apelativo nacional no es menor, ya que la mirada es de largo plazo, que trasciende a los gobiernos de turno y abarca a todos los sectores: público, pri-vado y sociedad civil, con roles y responsabilidades claros para cada uno de ellos.

• Asimismo, las TIC son un eje central de su desa-rrollo. Este ha sido el caso de Irlanda y Finlandia, que luego de sufrir profundas crisis económicas, re-definieron su modelo de negocios y transformaron su economía agrícola en una basada en el conoci-miento y las tecnologías de información. Probablemente, mientras nuestras economías en

América Latina estén basadas en commodities (y estos tengan buenos precios) será difícil darle una posición prioritaria al desarrollo digital.

Diseño participativoEl diseño de una política pública nacional debe estar sustentado en la realidad del país.

Para lograr esto, se pueden tomar como referencia algunas de las evaluaciones internacionales de presti-gio (Foro Económico Mundial, The Economist, CEPAL, Banco Mundial u otra), que no son “palabra divina”, pero dan luces sobre nuestra situación.

Sin perjuicio de las mediciones mundiales, la estra-tegia digital debe estar alienada con las prioridades de desarrollo del país y los aprendizajes de iniciativas an-teriores. En nuestro caso, tomamos la Agenda Digital del gobierno del ex presidente Ricardo Lagos para tener una clara evaluación de nuestro estado de avance y de la factibilidad abordar nuevos ámbitos de acción.

Sumado a estos elementos, se debe desarrollar un trabajo amplio y participativo de diseño, a través de la discusión pública en mesas de trabajo y utilizando las herramientas que para estos efectos ofrece la red, tales como los wiki, foros de discusión y blogs para recoger las opiniones de todos los sectores involucrados.

En Chile, además de las mesas de discusión, utiliza-mos un blog en el cual se publicó el documento borra-dor de la Estrategia Digital para recibir comentarios de la ciudadanía.

El proceso de diseño puede durar varios meses (de seis a ocho en el caso chileno) cuyo producto final debiera

Alejandro Barros es Secretario Ejecutivo de la Estrategia Digital de Chile, [email protected]

Estrategia Digital: Una política nacionalPor Alejandro Barros



ser una política de desarrollo digital idealmente con un horizonte a largo plazo, o al menos que vaya más allá del gobierno actual (de cinco a diez años).

Dicha política deberá plasmarse en iniciativas concretas con objetivos, alcances y resultados, que deben contar con equipos de trabajo, responsabili-dades y presupuestos definidos.

InstitucionalidadEl diseño y ejecución de la política pública debe contar con una institucionalidad adecuada, de-pendiendo de la realidad de cada país y su estruc-tura de Estado.

En el caso chileno, esto se definió a través de un instructivo presidencial (equivalente a un decreto

Quizás por eso sorprende cómo en otras latitudes sectores públi-cos y privados trabajan mancomunadamente. Debemos hacer es-fuerzos para lograr dichas alianzas y asignar los roles a cada uno.

Instalar el temaProbablemente el mayor desafío consiste en poner el tema del desarrollo digital en la agenda pública, así como buscar aliados, referentes y líderes que ayuden en esta labor. Para lograrlo, hay que sacar el tema de las esferas de discusión tecnológica y llevarlo a los espacios de discusión política y económica como un tema fundamental en el desarrollo de nuestros países.

Si queremos entrar en el mundo global y el siglo XXI y tomarnos en serio el desarrollo digital de nuestros países, podemos partir por identificar por qué nos resulta difícil instalar los temas TIC como una prioridad. Aquí algunos ejemplos de ello en diferentes ámbitos:

La Estrategia Digital de Chile fue presentada en enero por la presidenta Michelle Bache-let. Está planteada con un horizonte a cinco años y focaliza su acción en cuatro líneas:

Política Pública: Generar una política de Estado en áreas relevantes del desarrollo digital, tales como privacidad, seguridad, propiedad intelectual y el uso de software con código libre. Incluye actualizar la normativa para nivelarla con los estándares de vanguardia internacional.

Programas y proyectos: Iniciativas concretas de intervención de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en e-gobierno, salud, educación, justicia, participación, entre otras áreas.

Diseño institucional: Consolidar una institucionalidad que asegure la continuidad de desarrollo digital como prioridad país.

Desarrollo de la industria TIC: La promoción e innovación de esta industria bus-ca transformar a Chile en una plataforma de servicios tecnológicos internacional.

en México, N. del E.), el cual nombró un Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, presidido por el ministro de Economía y que cuenta con una Secretaría Ejecutiva para la articulación y coordi-nación de la estrategia nacional.

Quien conduzca el diseño y ejecución más ope-rativa de la política debe tener un perfil técnico y contar con el reconocimiento por parte de los prin-cipales stakeholders del tema.

La institucionalidad que se defina debe con-templar la participación efectiva y continua de todos los sectores, sea esto a través de mesas de trabajo público-privadas o bien a través de algún consejo asesor.

Alianzas público-privadasOtro elemento en común que tienen los países de referencia en esta materia son las fuertes alianzas entre el sector público y los privados, sean estos representados por la academia, empresas u otras organizaciones. Al menos en mi experiencia, di-chas relaciones en nuestros países son débiles y con altos niveles de desconfianza.

• El Mundo político. Salvo contadas excepciones, relega el desarro-llo digital a lugares de menor importancia, esperando se resuel-van antes otras prioridades (vivienda, salud, educación). En el discurso, queda la sensación que mientras no se resuelvan las “prioridades”, las TIC resultan un suntuario.

• En el Mundo empresarial las tasas de inversión TIC (inversión TIC/Facturación) están muy por debajo de lo requerido (3% a 4%, por lo menos). Rara vez perciben las TIC como un ele-mento diferenciador del negocio y una herramienta clave en el mejoramiento de su competitividad.

• En la Sociedad Civil no se aprecia que las herramientas digita-les puedan mejorarnos efectivamente la calidad de vida. Esto probablemente difiere en los nativos digitales (menores a 25 años con acceso a las TIC), en cuyo caso las TIC son parte de su vida cotidiana.

Ya nos perdimos el desarrollo industrial; que no nos ocurra lo mismo con el nuevo mundo al que estamos entrando: el de la globalización, las tecnologías, los mercados transfronterizos, etc. Debemos comprender que, en la medida que nuestros países logren mejores niveles de desarrollo digital, se mejorarán otros ámbitos como la educación o la salud para que nuestros compatriotas ten-gan mejores niveles de vida. n

Las 4 líneas de acción en Chile



Bolivia: una estrategia de TIC en tiempos de convulsión políticaPor Sergio Toro Tejada y Gonzalo Aramayo Careaga

Esta es la historia, la saga de acontecimientos que condujeron hacia una estrategia digital que cuenta con un fuerte énfasis en el desarrollo social y económico del país. En su creación, destaca la importante participación que tuvo la sociedad civil y las ONG’s

Una demanda generalizada por mejores condicio-nes de vida, reprimida desde la revolución frustra-

da de 1952, y una guerrilla importada que culmina con la muerte del legendario “Che” Guevara, hacen que Bolivia viva sucesivamente una serie golpes de Estado y dictaduras totalitarias, que parecían haber encontrado su cause en 1982, cuando se retornó a la democracia. Sin embargo, la cantidad de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI´s) ante los sucesivos errores de los gobernantes iniciaron en 2002 con la conocida “guerra del agua”, seguida de conflictos sociales y cam-bios sucesivos de gobernantes que de alguna manera, encuentran una salida democrática con las elecciones del 2005, cuando por primera vez en la historia de este país se elije a un ciudadano originario o de extracción indígena: Evo Morales.

En el 2002 nace la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), no por un convencimiento nacional, sino más bien por un “snobismo” internacional o una especie de moda que se empieza a popularizar en los países de la región a partir de un discurso en muchos casos importado que mencionaba con intensidad el hasta entonces descono-cido “desarrollo de la Sociedad de la Información”.

La ADSIB, precisamente por los conflictos sociales, no encuentra un cause ni una respuesta dentro de las prioridades políticas de los gobernantes, quienes tenían otras urgencias, derivadas de la situación que vivía el país. Fue hasta 2004 cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Su-perintendencia de Telecomunicaciones y el entonces Viceministerio de Telecomunicaciones se imponen la importante tarea de coordinar y elaborar la Estrategia Boliviana de Tecnologías de Información y Comunicación para el Desarrollo (ETIC). De esta forma se daba respues-ta a las demandas de diversos sectores.

Sergio Toro Tejada es Director Ejecutivo ADSIB 2003-2007

Gonzalo Aramayo Careaga fue Coordinador Nacional de la ETIC en el periodo 2004-2006



Condiciones iniciales En la década de los noventas, siguiendo las tendencias regio-nales, Bolivia privatizó (capitalizó) las telecomunicaciones. El monopolio estatal dio paso a una libre competencia mediante una exclusividad regulada, un proceso similar al de México, Ve-nezuela o Argentina.

La ley de telecomunicaciones –pese a ser considerada como buena por las autoridades políticas– demostró en los resulta-dos que la penetración de las telecomunicaciones sólo llegó a las ciudades principales con un 32%, mientras que en el área rural no alcanzó ni el 0.2%. Esto marcó una brecha digital in-terna con casi cinco puntos de diferencia. El mensaje parecía ser que es más importante hacer legar las TIC a las ciudades que al área rural. Sin embargo, el boom mundial de las TIC y la joven generación boliviana demandaban acciones estratégicas y resultados concretos.

Objetivo central de la ETICAnte una realidad excluyente y con políticas públicas no muy efectivas para el área rural, era necesario desarrollar una es-trategia que contemplara políticas, programas, iniciativas y propuestas de uso de las TIC, así como promover capacidades humanas mediante un proceso participativo e incluyente con énfasis en los grupos humanos con bajos ingresos de las zonas periurbanas y rurales, para mostrar que las TIC podrían ser la luz al final del túnel.

El diseño de la ETIC se apoyó en un enfoque de intervenciones transversales y verticales para alcanzar las metas de desarrollo, y coadyuvar así a los objetivos establecidos por la Estrategia Bo-liviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG’s). Asimismo, se tomaron en cuenta los mensajes de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), respecto a las metas de un plan de acción regional.

La metodología de este trabajo debía ser cuidadosamente planteada por la Coordinación, que contaba con representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la sociedad civil y de la cooperación internacional. Las primeras acciones consis-tieron en organizar:

• Convocatorias de prensa a nivel regional. • Concurso de proyectos.• Contactos con organizaciones de bases y actores clave

(stake holders).• Identificar e involucrar a los “campeones” locales en cada

taller y en la estrategia en sí.El proceso de consulta realizado en las nueve capitales de de-

partamento tuvo algunas características relevantes como, por ejemplo, el hecho de que se aprovecharon los recursos humanos, las experiencias, los aprendizajes y las redes e instituciones loca-les para la planificación, organización y ejecución de cada semi-nario-taller. En cada ciudad y región ya se tenía un inventario de algún personaje exitoso, “campeón” en temas TIC. El problema



estaba en identificarlo e in-volucrarlo, es por ello que el proceso de consulta se realizó a través de la identificación y desig-nación de un Coordinador Regional (Departamental), quien trabajó en la organización del seminario-taller lo-cal, quien debía trabajar en contacto estrecho con el equipo nacional de coordinación.

Dentro del proceso de consulta de la ETIC existieron dos tipos de mesas presenciales y consultivas: las de consulta sectorial y las de consulta nacional. Adicional-mente, se efectuarán consultas a distancia a través de una línea telefónica directa, fax, correo tradicional, correo electrónico y la pagina web http://www.etic.bo.

El desarrollo de las mesas de consulta contó con la presencia de los actores más representativos de cada región que debían estar involucrados en la redacción de la estrategia. Sin embargo, había que ser cuidadosos para no servir de excusa o trampolín para el logro de objetivos personales o de intereses partidistas. Era necesario contar con una herramienta estratégica que deli-neara el futuro nacional.

La participación articulada entre todos los actores mencio-nados y el equipo nacional de coordinación y organización de la ETIC permitió que se realizaran de manera exitosa las activi-dades programadas y se obtuvieran los resultados esperados. Se contó con casi tres mil 600 participantes y más de 700 organi-zaciones entre los que se cuentan a miembros de la cooperación internacional, ONG´s, organizaciones sociales y académicas, entre otras (se debe considerar que Bolivia tiene ocho millones de habitantes).

Los procesos de consulta delinearon una serie de objetivos estructurados por macrotemas y sectores, que posteriormente fueron asentados en el documento final de la ETIC, a saber:

Objetivos específicos por macrotema• Capacidad humana. Lograr niveles adecuados de forma-

ción que habiliten a las personas en el uso e intercambio de información y conocimiento a través de las TIC.

• Contenidos y aplicaciones. Desarrollar procesos par-ticipativos de generación e intercambio de información y conocimiento, posibilitando la empoderamiento de los sectores sociales.

• Conectividad e infraestructura. Establecer las con-diciones técnicas y materiales necesarias para el acceso, generación, emisión, recepción de la información y cono-cimiento.

• Sostenibilidad y financiamiento. Desarrollar y forta-lecer los mecanismos de captación, administración y asig-nación de recursos públicos y privados y de otro carácter con criterios de sostenibilidad.

• Normativa y regulación. Actualizar y adecuar la nor-mativa y regulación de las TIC, acorde con las condiciones dinámicas del desarrollo social y tecnológico, de tal forma que impulsen la infraestructura y capacidades para el uso e intercambio de información y conocimiento.

Objetivos específicos por sector• Educación. Sistematizar, compartir y difundir conoci-

miento científico, tecnológico y cultural en pos de alcanzar una sociedad del conocimiento.

• Desarrollo rural. Fortalecer e introducir el uso de las TIC tradicionales y nuevas como mecanismos que posibiliten el crecimiento de la productividad agropecuaria, forestal, minera y turística.

• Gobierno (nacional, regional y local). Impulsar el desarrollo pleno de los sistemas de información que per-mitan transparentar la información pública, realizar trámites, compras, licitaciones, firma digital y gobierno electrónico.

• Empresarial. Impulsar a través del uso de las TIC la com-petitividad en el sector empresarial orientando su partici-pación en una economía global, ampliando las oportuni-dades para el desarrollo de la industria TIC.

• Salud. Fortalecer a través de las TIC al Sistema Nacional de Salud para la actualización y difusión de sus servicios de prevención-educación y atención medica.

Como conclusión debemos considerar que es importante de-sarrollar programas que ayuden a los países en vías de desarrollo a mejorar el acceso, uso y adopción de las aplicaciones basadas en las TIC, de manera que puedan promover el crecimiento eco-nómico y su desarrollo.

Al mismo tiempo se deben considerar a las TIC como herra-mientas estratégicas para el desarrollo del país, al constituirse en plataforma para crear, transformar y difundir información y encontrar formas de generar el conocimiento y acceder a un nuevo tipo de Sociedad. Los objetivos nacionales deben orientar-se a alcanzar satisfacer requerimientos de infraestructura de las TIC, considerando a que a mayor grado de acceso a la informa-ción (difusión de las TIC), mayor el impacto y la contribución, sin dejar a un lado a la apropiación social y el concepto central de todo desarrollo “el ser humano”. n

El proceso consultivo y participativo de la ETIC en Bolivia dio como resultado una estrategia para el desarrollo del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones que refleja tanto la situación del país como las necesidades

de cada uno de los sectores y regiones.


> LOS 5 PILARES DE LA SIC


Acceso universal a las TIC, los retos de MéxicoPor Alejandro Hernández Pulido

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han generado, desde media-dos del siglo pasado y cada vez con mayor velocidad, transformaciones estructu-

rales de tipo económico y social en todo el mundo.En términos generales, los cambios han sido positivos, porque el uso de las TIC se

traduce en beneficios, al hacer las tareas más fáciles, rápidas, menos costosas o am-pliando la cobertura de servicios a públicos que de otra forma no sería posible llegar.

Sin embargo, la proliferación de nuevas tecnologías, aunque benéfica, conlleva una problemática de consecuencias severas en términos de desarrollo social, denominada por los expertos como brecha tecnológica o brecha digital. Esto es así porque quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías se benefician de su uso casi inmediatamente, pero quienes no las tienen a su alcance se mantienen en desventaja.

TIC: brecha digital y acceso universalEl fenómeno de la brecha tecnológica es una preocupación mundial y países como el nuestro, comprometidos con el desarrollo de la Sociedad de la Infor-mación y el Conocimiento (SIC), han desarrollado políticas públicas, progra-mas y proyectos destinados a reducir la brecha y contribuir al desarrollo de una cultura digital que democratice los beneficios de las TIC.

Es así como surge el concepto de “ac-ceso universal a las TIC”, el cual consis-te, como su nombre lo indica, en hacer disponibles las nuevas tecnologías a todos los sectores de la población, al garantizar la conectividad como pun-to inicial de acceso, al ampliar la co-bertura de los servicios y al reducir las diferentes barreras de uso que pudiesen impedirle a ciertas personas estar en condiciones de igualdad de oportunida-des con otras, como es el caso de barre-ras de lenguaje, geográficas e inclusive económicas o de capacitación.

El reto es complejo, como se puede ver. En el pasado, la aparición de servi-cios apoyados en la tecnología generó brechas similares a las actuales, pero el peso e importancia de éstas no era tan relevante como lo es en la actualidad. Pensemos en el teléfono, por ejemplo, cuyo apropiamiento por los usuarios es más fácil, en comparación con el que re-quieren las nuevas tecnologías, no sólo por la cantidad de ellas, sino por su espe-cialización para usos y tipos de público.

Para que este acceso sea realmente universal, tiene que ser comunitario. Con esta convicción, el Coordinador del Sistema Nacional e-México señala aquí la estrategia que se seguirá para ampliar la adopción y el uso correcto de las herramientas informáticas entre la población



México, comprometido con el acceso universalEn el caso de nuestro país, la adopción del “acceso universal” como una prio-ridad del gobierno en la materia no es nueva. De hecho, el Sistema Nacional e-México, desde su creación en 2001, fue concebido y desarrollado como el instrumento de política pública del gobierno mexicano para conducir y propiciar la transición del país hacia la SIC. Con este objetivo en mente, se impulsó el despliegue de un conjunto de sitios de acceso público comunitario a Internet, mejor conocidos como Cen-tros Comunitarios Digitales (CCD).

Los CCD tienen por objetivo que un mayor número de mexicanos pueda te-ner más y mejor acceso a los beneficios de la sociedad de la información y el co-nocimiento, sin importar su condición social o económica.

Al día de hoy, el Sistema Nacional e-México, a través del Programa de Conectividad Satelital ha creado, ins-talado y puesto en operación ocho mil 790 CCD de banda angosta, los cuales abarcan cinco mil 691 localidades del territorio nacional, con al menos 500 habitantes cada una.

Por medio de esta política de acceso universal, los CCD e-México proporcio-nan a los diversos sectores de la pobla-ción facilidades a servicios telemáticos y digitales en materia de intercomuni-cación, educación, salud, comercio, turismo, trámites gubernamentales e información diversa. Es decir, infor-mación y servicios acordes a las nece-sidades de la población y para propiciar una mejor calidad de vida.

Centros Comunitarios, la experiencia mexicanaA cuatro años de distancia, la experien-cia mexicana derivada de la operación de CCD confirma que el acceso univer-sal a las TIC requiere, además del apro-visionamiento tecnológico o de infra-estructura, la existencia de un tipo de “ecosistema” más robusto, conformado por recursos humanos, materiales y tecnológicos, actualizados permanen-temente para su soporte y acceso.

Además, sabemos que las redes de conectividad e-México atienden en su

mayoría a usuarios pertenecientes a los sistemas de Educación y Salud. Es de-cir, los CCD provistos por e-México en instituciones educativas y de salud son aprovechados para apoyar la conectivi-dad operativa de dichas instituciones, así como la evolución de programas como Enciclomedia, Red Escolar, Ex-pediente Electrónico, Telemedicina y Cita Médica, entre otros.

En todos ellos, la infraestructura se presenta como un elemento de carác-ter crítico para el logro de sus objetivos, pero requieren adicionalmente –para el aprovechamiento y rentabilidad social de los mismos– el acceso a una conectividad eficiente y que permita al gobierno contar con las economías de escala suficientes para garantizar su accesibilidad financiera.

CCD: acceso universal, acceso comunitarioEl Estado mexicano no ha perdido de vista que, en la medida en que se trata de beneficiar a todos los ciudadanos con las oportunidades que ofrece el ac-ceso universal a las TIC, es indispensa-ble considerar particularidades geográ-ficas, económicas y sociales, tales como la diversidad lingüística o cultural.

Es por ello que en el Sistema Nacio-nal e-México estamos convencidos que con centros comunitarios de banda an-cha será posible acceder más fácilmen-te a contenidos y servicios digitales de nueva generación. Es por ello que nos hemos propuesto en la presente admi-nistración ampliar de manera impor-tante la cobertura de CCD en el país.

Por ejemplo, tenemos proyectado adicionar 15 mil centros nuevos en los próximos cinco años a la Red de CCD e-México, haciendo un énfasis signifi-cativo en su carácter comunitario. La convicción que tenemos es la siguien-te: para que el acceso sea realmente universal, necesariamente tiene que ser comunitario.

La implantación de nuevos CCD con

banda ancha, por ejemplo a través de servicios inalámbricos como WiFi o WiMax, permitirá a la gente acceder a servicios multimedia de una manera cada vez más sencilla. Con estas tecno-logías, además, la expansión de Internet será cada día más económica e incorpo-rará a nuevos usuarios de los servicios con costos cada vez menores.

La cultura digital, una oportunidadNo hay que olvidar que el acceso uni-versal supone la proximidad, la dispo-nibilidad de redes digitales, así como su interoperabilidad y el uso real de los ser-vicios por toda la población. Esto obliga al Estado a implantar diversas acciones que involucren la formación o capaci-tación de la ciudadanía, para lograr el correcto uso de estas herramientas, permitiendo su rápida adopción.

Por último, hay que enfatizar que una política pública encaminada a reducir la brecha digital de manera efectiva, requiere la construcción de múltiples estrategias que acerquen a la población a servicios de TIC que pon-gan a los mexicanos en contacto entre sí y con el resto del mundo.

Si logramos reducir la brecha digital en México mediante estas estrategias, estaremos proporcionando a todos los mexicanos en paralelo acceso a nuevas herramientas que los ayudarán en su vida diaria y estaremos contribuyendo al apropiamiento tecnológico y a brin-dar mejores oportunidades de desarro-llo, acordes con los nuevos tiempos. n

Alejandro Hernández Pulido es Coordinador del Sistema Nacional e-México

El acceso universal a las TIC requiere, además del aprovisionamiento tecnológico o de infraestructura, la existencia de un tipo de “ecosistema”

más robusto, conformado por recursos humanos, materiales y tecnológicos, actualizados para su soporte y acceso.

Una política pública encaminada a reducir la brecha digital

requiere de la construcción de múltiples estrategias que acerquen

a la población a servicios de TIC que pongan a los mexicanos

en contacto entre sí y con el resto del mundo.




Acceso Universal Efectivo, primer pilar de toda Agenda DigitalJudith Mariscal y Armando Aldama

Judith Mariscal es profesora-investigadora en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), [email protected]

Armando Aldama es Administrador de la Plataforma “Observatorio sobre Regulación en Telecomunicaciones” del Programa de Investigación Telecom CIDE, [email protected]

Desde diversos ámbitos de la sociedad se insiste en la necesidad de crear una agenda digital que cohesione y dirija los esfuerzos de los diferentes actores de la comuni-

dad de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) en México hacia la Sociedad del Conocimiento. Representantes de empresas, funcionarios de gobierno, académicos y miembros de la sociedad civil organizada desde muy diversas posturas indican su interés en el diseño e implementación de una política pública que integre las diferentes visiones y esfuerzos que buscan que nuestro país se inserte en el mundo globalizado con una economía moderna y competitiva.

México se encuentra al final de una era en la que el desarrollo económico del país tuvo como base mano de obra barata, entrada de capitales y petróleo. No hemos sido capaces de transformar nuestra economía hacia procesos más productivos y modernos. Cualquier medición de competitividad nos marca un atraso en la posición de México en los últimos años; ello apunta a la urgencia de transformar la estrategia de desarrollo a una que desarrolle el capital humano, social y cree instituciones sólidas, de lo contrario tendremos que conformarnos con una economía pequeña e insuficiente.

Para ello, las TICs deben ocupar un lugar importante como habilitadoras de la competitividad y del desarrollo social.

La economía del conocimiento no es una promesa, sino una realidad que se ha hecho posible en países como Irlanda, España y China, que han saltado a ser países desarrollados. En México, el desarrollo de una economía basada en el conocimiento todavía no se convierte en una prioridad de la agenda pública.

El primer pilar de toda agenda digital debe ser el “Acceso Universal Efectivo”. Sin la disponibilidad de una infraestructura de TICs, de computadoras a precios accesibles, de banda ancha y de capacitación del grueso de la población, la Sociedad del Cono-cimiento será sólo una conversación. En nuestro país persiste una brecha digital que divide a los hogares, a las empresas y a las regiones de diferentes niveles socioeconó-micos respecto a sus oportunidades de acceso a las TICs.

Esta brecha puede entenderse en dos dimensiones analíticas que responden a dos causas fundamentales: por un lado, la brecha de eficiencia de mercado que se refiere al funcionamiento pleno y eficiente de la oferta y la demanda de estos servicios, que por medio de una sana competencia logra aumentar el acceso gracias a precios compe-titivos. En México, el primer paso para disminuir la brecha de mercado es fortalecer las instituciones reguladoras.

Por otro lado, la brecha de acceso se refiere a los grupos de la población que, debido a ingresos bajos y aún con condiciones de mercado eficientes, no representan un mercado rentable para la provisión del servicio.

La situación actualLa brecha de acceso en México es aún mayor que en países similares al nuestro; el porcentaje de la población con acceso a Internet en 2005 fue de 18%, mientras que en Argentina y Chile es de 26% y 36%, respectivamente. A nivel interno, las disparidades también son notorias: mientras que en las zonas urbanas el 32 % de la población tiene acceso a Internet, en la zona del país con menor desarrollo –la región Sureste– sólo 6% de la población tiene acceso a este servicio.



Las políticas implementadas hasta ahora por las autoridades mexicanas para enfrentar esta brecha continúan siendo pensadas desde una perspectiva de subsidio y con tecnologías tradicio-nales. El Fondo de Cobertura Social sólo presta servicios de telefonía fija, cuando es claro que los segmentos de bajo ingreso utilizan telefonía mó-vil; existen tecnologías y aplicaciones emergentes más eficientes. Los Centros Comunitarios Digitales de e-México siguen siendo pensados únicamente como centros de conectividad. Una agenda digital moderna debe pensar más allá de los esquemas tradicionales implementados en la década de los no-venta, considerar evidencias recientes y mejores prácticas internacionales.

Una opción, aún incipiente en nues-tro país, son las aplicaciones móviles de gobierno, comercio y banca. A través de la banca móvil es posible ofrecer micro créditos y enviar remesas a personas que nunca han tenido acceso bancario. Con recursos del programa Oportunida-des, Bansefi ha llevado el acceso a servi-

cios bancarios a zonas remotas mediante PDAs. Sin embargo, éste es todavía un ejemplo aislado. En regiones muy pobres de África y Asia se han implementado programas exitosos que han demostrado que las TICs son una herramienta útil para promover el desarrollo.

El hecho de que la telefonía móvil ha logrado en México una penetración del 58.6% en lo que va del 2007 y que los sectores de bajos ingreso destinan hasta 10% de su ingreso en TICs, es evidencia de que existe un mercado –la llamada base de la pirámide– para el cual es posible diseñar productos y servicios asequibles y que por su gran volumen sean una fuente de ingresos para las empresas oferentes.

Una agenda digital a la medidaEs aquí donde el sector privado debe co-operar estratégicamente en el desarrollo del sector y del país. Una agenda digital debe desarrollar estrategias que incenti-ven las aplicaciones móviles a sectores de bajo ingreso, crear las condiciones de competencia, eliminar barreras de

entrada al sector para facilitar el desa-rrollo del mercado dirigido a la base de la pirámide. Esto impactaría más que un esquema de subsidios al acceso.

En México existen instancias guber-namentales, privadas y organismos no gubernamentales que ofrecen diversos servicios y capacitación de TICs sin que exista una coordinación, ni un conoci-miento del otro. La agenda digital pro-puesta debe ofrecer una articulación en-tre los actores involucrados para generar sinergias creadas por la acción, hasta ahora dispersa, de los diferentes actores; es importante contar con un mapa más o menos preciso de las organizaciones que ya operan en el país. Los progra-mas más exitosos en la disminución de la brecha de acceso son aquellos que logran involucrar a las organizaciones civiles presentes en la comunidad que conocen las necesidades y prioridades de su desarrollo. Una agenda digital debe crear redes de gente para generar redes de conocimiento y dar a México un em-puje de largo aliento hacia la Sociedad del Conocimiento. n



Alfabetización tecnológica, el punto de

partidaPor Mariano Garza-Cantú

El gobierno federal mexicano tiene claro que el país debe caminar hacia una sociedad del conocimiento y para ello debe fortalecer el uso de tecnología. El punto de partida son los niños y jóvenes, tal como explica en entrevista el titular de Planeación y Evaluación de Política Educativa de la SEP, Jorge Santibáñez

Según un estudio de la situación actual del sistema educativo nacional que reali-zó la Secretaría de Educación Pública (SEP) para definir sus líneas de acción en

este sexenio, la mayoría de las escuelas públicas en México no tienen computadoras, programas informáticos ni están conectadas a Internet. En 2005, de casi 81 mil es-cuelas primarias públicas menos de 40% tenía computadoras –con un total de casi 211 mil equipos en las que sí tenían. Pero de esas máquinas, sólo 37 mil contaban con acceso a Internet.

El panorama en secundaria es un poco mejor, ya que el 89% de las 27 mil 413 escuelas contaba con computadoras, aunque sólo 72 mil equipos –de 309 mil 435– es-taban conectados a Internet.

Jorge Santibáñez, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Política Edu-cativa de la SEP explicó a Política Digital que uno de los grandes ejes del programa sectorial es la intensificación en el uso de las Tecnologías de Información (TI) en el sector educativo. Es tan importante, remarcó, que incluso se ubica en el mismo nivel que objetivos como la calidad de la educación.

Las estrategias para impulsar esta alfabetización tecnológica descansan en cuatro puntos básicos: equipamiento, contenidos, capacitación y conectividad.

Después de EnciclomediaEnciclomedia es hasta el momento el primer paso para resolver el acceso a la tecno-logía. Se trata de un esfuerzo desde la administración anterior para usar las TI en las aulas de quinto y sexto de primaria. Sin embargo, Santibáñez apuntó que Enciclo-media es un esquema limitado porque el niño, aunque interactúa con tecnología, sólo lo hace de forma indirecta, pues está integrada en el pizarrón; todavía los niños



no trabajan sobre una computadora de forma cotidiana.

El funcionario explicó que ya se están probando nuevos modelos para fortale-cer el aula de Enciclomedia, de los cuales el más interesante es uno en que se crea una pequeña red local con varias islas de PCs y en la que cinco niños comparten una computadora –cada uno utilizándo-la un día de la semana. Con este forma-to, todos interactúan de manera directa con la computadora y se incrementan las posibilidades de hacer una diferencia en la alfabetización digital.

Santibáñez apuntó la necesidad de resolver el problema de la conectividad, porque hasta ahora con Enciclomedia sólo se usa para actualizar el sistema, no para navegar y utilizar contenidos en línea.

Tres modelos para el nivel secundariaSegún el Programa Sectorial de Edu-cación 2007-2012, existen 156 mil 596 aulas de medios equipadas con telemática educativa para primarias y secundarias generales y técnicas, que representan el 51.9% del total. La meta para el final del sexenio es tener equi-padas la totalidad de aulas, que suman 301 mil 593.

Aunque es un primer paso impor-tante, el funcionario aseguró que es fundamental no interrumpir la alfa-betización tecnológica de los niños al pasar a la educación media superior y superior.

En el nivel de secundaria, la SEP probará al menos tres modelos. El pri-mero es un aula de medios; el segundo es también un aula de medios, pero con mayor participación del profesor y con un modelo educativo más enfocado. Tampoco se descarta un esquema con acceso individualizado de los alumnos a computadoras –en la línea de One Laptop Per Child– aunque no es un tema que entusiasme mucho a la institución. Enciclomedia es un cuarto modelo que

se mantendrá porque existen contratos firmados que deben cumplirse.

Durante 2008 se probarán y experi-mentarán estos modelos en 400 o 500 centros educativos, incluido el sistema de telesecundaria, para evaluar su fun-cionamiento.

También para los profesoresOtro punto central es acercar las TI a los maestros. Lo que se busca, dijo Santibáñez, es equipar a los profeso-res con un objetivo muy claro que es contribuir a su práctica profesional, mediante capacitaciones y contenidos que les ayudarán a convertir la PC en una herramienta de trabajo.

Para cumplir con esta meta existe un fideicomiso entre la SEP y el Sin-dicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de mil 700 millones de pesos, destinados a equipar a los maestros. Pero no está operando aún, aseguró Santibáñez, por cuestiones burocráticas y de organización, por-que en realidad ambas partes están de acuerdo en el programa.

El funcionario aceptó que algunas empresas –como Intel y Microsoft– tie-nen programas dirigidos a la capacita-ción de los maestros, pero opinó que

son entrenamientos “muy básicos” y señaló que se debe trabajar en darles conocimientos más profundos.

Los datos que se presentan en el Programa Sectorial dicen que se ha capacitado en el uso educativo de las TI en el aula al 24.2% (220 mil) de do-centes de primaria y secundaria. Se es-tableció como meta para el 2012 tener a 682 mil 175 profesores capacitados, que representarían el 75%.

Un punto que de alguna manera está muy vinculado con esta parte es una estrategia para transformar y automatizar la gestión de las escuelas. No se busca sólo tener una administra-ción eficiente, sino que un valor extra relacionado con la educación abriría la

puerta para que muchos maestros que abandonaron los salones de clase por escritorios administrativos regresen a desempeñarse como profesores.

Conectividad con fines educativosAdemás de llevar equipamiento de cóm-puto a las escuelas –con fines educati-vos y no administrativos–, existe la idea de transformar algunas instituciones educativas en centros de convergencia tecnológica de carácter comunitario.

Es cierto que esta era la función que pretendían cumplir los Centros Comu-nitarios Digitales (CCD) que funcionan en escuelas bajo el esquema de conec-tividad del Sistema Nacional e-México. Desafortunadamente no han cumplido con esta función, en principio porque sólo están abiertos en horarios de clase y es poco el provecho real que puede sacarle la comunidad.

Sin embargo, no se debe perder de vista que el énfasis está en llevar co-nectividad con fines educativos. Según el Programa Sectorial, existen 18.2 alumnos por computadora con acceso a Internet en la media superior y la me-ta del sexenio es pasar a un promedio de 10 alumnos por PC.

Actualmente el 85% de las insti-tuciones públicas de educación supe-rior tienen conectividad a Internet en computadoras y el objetivo es lograr el 100%. n

En el Programa Sectorial de Educación se estableció como meta para el 2012 tener a 682 mil 175 profesores capacitados, que representarían el 75%.

La meta para el final del sexenio es tener equipadas la totalidad de aulas de primaria y secundaria, que suman 301 mil 593.



Las TIC en el Sector LaboralPor Luis Banck Serrato

Los gobiernos han encontrado en el uso de las tecnologías de información comunicaciones (TIC) una herramienta

poderosa para comunicarse con la ciudadanía, agilizar trá-mites y combatir la corrupción, al tiempo que se promueve la transparencia de las acciones públicas y la participación ciudadana.

El Secretario Javier Lozano Alarcón ha impulsado acciones significativas al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en materia de utilización de TIC durante el pri-mer año de la administración del Presidente Calderón. El pro-pósito es hacer más eficiente y transparente la gestión pública, pero sobre todo, acercar al quehacer público del sector a los

trabajadores, los empresarios, la ciudadanía y los medios de comunicación. Al respecto se han fijado cuatro objetivos fundamentales: vincular de manera más

eficiente el mercado laboral de empleadores y buscadores de empleo; promover la transparencia y la libertad sindical; mejorar la oferta de crédito a los trabajadores; y proponer que se eleve a rango de ley la obligación de hacer del conocimiento públi-co los documentos que están en poder de las autoridades laborales. Veamos en qué

consiste cada uno.Vincular el mercado laboral de empleadores y buscadores de empleo.

El Servicio Nacional de Empleo (SNE), coordinado por la STPS en conjunto con las entidades federativas del país, tiene el objetivo de incrementar las posibilidades de colocación de quién busca un trabajo, mediante la orientación vocacional, la

asistencia técnica, la provisión de información y, en su caso, de apoyos para la capacitación laboral y la búsqueda de ocupaciones. Tan sólo en el 2007, el SNE atendió a dos millones 264 mil 018 buscadores de empleo y logró colocar en un trabajo a 636 mil 774 de ellos. Estas cifras de personas colocadas y atendidas representan el mejor resultado del SNE desde su creación en 1973.

Sin duda, este logro ha sido apoyado por el uso creciente de las TIC. Es importante mencionar que mientras que en el 2000 los principales servicios de vinculación se ofrecían a la población por métodos presenciales, para el 2007 más del 40% de estos servicios de vinculación se ofrecen a la población por métodos

electrónicos (Internet y teléfono). Lo anterior permitió al SNE incrementar en más del 90% la cifra de población atendida por los programas de vinculación laboral, en los últimos siete años.

Por otra parte, por instrucciones del Presidente Calderón, la STPS ha diseñado un Portal del Empleo en el que, a través de Internet, se concentrará toda la información en materia labo-ral. Será éste un instrumento permanente, único y virtual que

facilitará el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo a nivel nacional. Se dará a los usuarios el acceso a la información de los servicios y apoyos en materia de vinculación, capacitación y orientación ocupacional para el empleo, que promueven los sectores público, privado y académico.

También se facilitará a los especialistas y estudiosos, analistas y medios del mer-cado laboral, el acceso a la información sobre el mercado de trabajo. Finalmente, se analizará la prospectiva y evolución del mercado laboral para apoyar tanto la toma de

Luis Banck Serrato es Coordinador de Asesores del Secretario del Trabajo y Previsión Social, [email protected]

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con programas y ha establecido cuatro objetivos para volver más eficiente y transparente su gestión pública. ¿En qué consisten tales objetivos y que alcances tendrán?



decisiones de orientación vocacional de jóvenes como la apertura de nego-cios, de acuerdo con la oferta regional de profesionistas.

Adicionalmente, el Portal ofrecerá a los buscadores de trabajo opciones novedosas para la consulta de ofertas de empleo por medio de dispositivos móviles (celulares y PDA)1. Los con-tenidos que ofrecerá el Portal del Em-pleo a la ciudadanía en capacitación a distancia, orientación ocupacional, información sobre el mercado laboral y asesoría para el trabajo, también for-man parte de los esfuerzos que reali-za el gobierno federal, con el de fin de disminuir la brecha, tanto de conecti-vidad como de contenidos, dos de los componentes esenciales de la Sociedad de la Información

Promover la transparencia y la libertad sindical. Por primera vez en la historia del país, de conformidad con los criterios establecidos por el Institu-to Federal de Acceso a la Información Pública, y con la finalidad de evitar la simulación, propiciar la transparencia, y facilitar la libertad sindical, la STPS inició el proceso de actualización, digi-talización y apertura de los documentos de carácter público que obran en poder de las autoridades federales del trabajo.

De este modo, la información en formato electrónico de los registros sindicales (dirigencia, padrón y es-tatutos) y los contratos colectivos de competencia federal, ha sido puesta a disposición del público por medio de la página de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A partir de su publicación en abril del 2007, y hasta diciembre de ese mismo año, se llevaron a cabo 28 mil 427 consultas electrónicas al registro de asociaciones sindicales y 48 mil 492 consultas elec-trónicas a contratos colectivos, a través de la página de Internet de la STPS: www.stps.gob.mx

Mejorar la oferta de crédito a los trabajadores. A finales del año 2000, el FONACOT se encontraba inmerso en una grave crisis, estaba descapitalizado, con deudas que parecían impagables y con una muy deteriorada imagen ante el sector empresarial, laboral y público. Partiendo de un diagnóstico amplio y de un plan estratégico completo, el FONACOT reestructuró el aspecto fi-nanciero y organizacional; rediseñó la totalidad de sus procesos operativos e incluso su marco jurídico, al tiempo que incorporó como parte medular de su proceso de negocio, el uso intensivo de las TIC.

Los procesos de afiliación tanto de empresas como de trabajadores y los trámites de autorización de créditos y pago a establecimientos comerciales, además de estar certificados bajo la norma ISO 9001-2000, se encuentran totalmente automatizados y operan basados en tecnologías de información y comunicaciones como los portales en

Internet del propio FONACOT, de los bancos con los que opera, incluyendo el portal de cadenas productivas de NA-FIN, la tarjeta FONACOT con la que es posible adquirir productos y servicios a nivel nacional, en las mismas termi-nales punto de venta con las que ope-ran todos los bancos en nuestro país y, además de los importantes ahorros en tiempo y flexibilidad para gestionar los servicios del FONACOT.

Gracias a estas medidas, se han trans-parentado y agilizado los trámites para

la obtención de un crédito FONACOT evitando la discrecionalidad. Con ello, se han abatido en forma muy importante los niveles de corrupción y se ha elevado en más de 10 veces el volumen de ope-raciones de este Instituto en beneficio de los trabajadores y sus familias.

Proponer que se eleve a rango de ley la obligación de hacer del cono-cimiento público los documentos que están en poder de las autorida-des laborales. La STPS ha identificado como un tema prioritario impulsar la modernización del marco normativo del sector laboral e incluir en la le-gislación disposiciones expresas para considerar como información pública la relacionada con los registros de las organizaciones sindicales, los contra-tos colectivos y reglamentos interiores de trabajo.

De este modo, la STPS contribuye de manera decidida en la construcción de la Agenda Digital Mexicana, en tres de los pilares considerados por la revista Política Digital: el de Gobierno Elec-trónico, por medio del Servicio Nacio-nal de Empleo y el Portal del Empleo; el de Educación y Capacitación, a través de la actualización y apertura de registros sindicales y contratos colecti-vos de trabajo; y el de Marco Jurídico, mediante el impulso a reformas legales que hagan obligatoria la publicación de los documentos que promuevan la transparencia y la libertad sindical.

Finalmente, la posibilidad de po-tenciar el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las co-municaciones en el sector laboral, de-penderá de la rapidez con la que avance la sociedad y el gobierno para abatir la desigualdad de oportunidades, de modo que la reducción de la brecha digital que persiste sea el reflejo de la construcción de un país más justo y equitativo, en el que el esfuerzo de cada trabajador se refleje en el mejoramien-to de su calidad de vida. n

En el 2000, los principales servicios de vinculación se ofrecían a la población por métodos presenciales; para el 2007 más del 40% de estos servicios se ofrecen la población por métodos electrónicos (Internet y teléfono).

1 Según datos de la COFETEL, a junio de 2007 se estima que la penetración de telefonía móvil es de 58.6 usuarios por cada 100 habitantes, mientras que para el mismo año, se registró un estimado de apenas 22.8 millones de usua-rios de Internet (de 105 millones de habitantes en todo el país).

La información en formato electrónico de los registros sindicales (dirigencia, padrón y estatutos) y los contratos colectivos de competencia federal, ha sido puesta a disposición del público por medio de la página de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (www.stps.gob.mx).



e-Gobierno, una estrategia por definir

Que sepamos, no existe en el gobierno federal ni en los estatales –salvo Quintana Roo– una estrategia de gobierno electrónico que sea de conocimiento público. Lo que sí hay, y bastante, son programas específicos que cada dependencia inventa y desarrolla por cuenta propia sin articulación entre ellos. Ante esta situación, Política Digital recogió en diversas conversaciones, ideas que podrían converger en la estrategia que estamos esperando

Una de las atribuciones de la Secre-taría de la Función Pública (SFP)

es hacer política informática y desarro-llar el gobierno electrónico en la Admi-nistración Pública Federal (APF).

Al cierre de esta edición todavía no se daba a conocer el Programa de la SFP, como lo han hecho ya la gran mayoría de las secretarías. A ello hay que agregar que los muy recientes cambios en la cúpula de la secretaría tampoco ayudan a fijar una Estrategia de Gobierno Electrónico para la APF, que es, a fin de cuentas, lo que muchos quisiéramos conocer a la brevedad.

Esta situación impide examinar con la profundidad deseada los alcances y metas que se ha planteado la Función Pública respecto a su Agenda para el Go-bierno Electrónico en la APF. Con todo, podemos suponer, sin temor a equívo-cos, que estará articulada alrededor de los cinco ejes que integran el Plan Na-cional de Desarrollo, en lo que se refiere a mejorar la calidad y la productividad del desempeño gubernamental. De esos cinco ejes, tres parecen centrales.

Estado de Derecho y SeguridadDesarrollar una arquitectura gubernamental que estandarice los sistemas informá-ticos y bases de datos de las dependencias que corresponda para estos fines, con el objeto de promover la colaboración interinstitucional y garantizar la interoperabili-dad de la información. Así, quienes procuran justicia o persiguen a los delincuentes tendrán herramientas que les permita ser más eficaces. Para facilitar la participación ciudadana –aspecto central en temas de seguridad– se podrían fortalecer los canales de interacción con la sociedad como portales, kioscos, servicios móviles y sistemas electrónicos para hacer denuncias. Por otra parte, los trámites y servicios electrónicos relacionados con el Estado de Derecho y la Seguridad Pública tienden a transformarse con rapidez en interacciones electrónicas, por lo que se trata de un tema prioritario. Aquí, los programas son necesariamente nacionales, por lo que habrán de abordar la bien o mal entendida soberanía de los gobiernos estatales y municipales.

Economía competitiva y generación de empleosEn este eje, resulta central que aquellas oficinas gubernamentales que trabajan con la misma información estén en condiciones de compartirla. Esto prácticamente no existe, por lo que la APF encarece y demora la realización de trámites afectando de manera importante la productividad de las empresas y la paciencia ciudadana. La Clave Única de Registro de Población (CURP) es vista por muchos como la llave única para identificar a las personas, consolidar sus documentos oficiales y facilitar sus transacciones con las oficinas gubernamentales, sean éstas federales estatales o municipales. Otra acción fun-damental es acelerar los trabajos conducentes a la homologación de registros públicos.

Son varios los pendientes que rondan el Decreto de Austeridad: estandarizar las excepciones; ajustar la Ley de Adquisiciones y el Presupuesto de Egresos; y acomodar la normatividad interna de las organizaciones, entre otras. Destaca en este apartado la necesidad de hacer un balance respecto a la centralización de las áreas de Tecnologías



de la Información y Comunicaciones (TIC), los contratos de servicios y la consolidación de las compras.

La promoción de la productividad de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, así como la creación de una industria nacional basada en TIC (Prosoft) son absolutamente centrales para el país y están bajo la responsabilidad direc-ta de la Secretaría de Economía. La SFP podría, en el marco de sus atribu-ciones, habilitar el despliegue de tales desarrollos.

Igualdad de oportunidades y superación de la pobrezaMejorar la salud y la educación de los mexicanos son los principales compo-nentes de este eje. Desarrollar modelos de telemedicina para aumentar la co-bertura de la atención médica; avan-zar con el expediente clínico electróni-co, con la buena y sobre todo rápida atención al paciente, así como con el surtido de medicinas para que estén al alcance de los enfermos. La Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE están tra-bajando hacia esta dirección.

En cuanto a la educación, la SEP tiene claro que de lo que se trata es de equipar todas las aulas de educación básica y media con TIC para que estén al alcance de todos los estudiantes. Pero tan o más importante que eso es alfabe-tizar digitalmente a los maestros.

El tamaño de las tareas en estos dos frentes, y de los recursos involucra-dos, han de llamar a la SFP para que, al igual que en el eje anterior, habilite –desde su ámbito de atribuciones– el despliegue de estos programas tan ne-cesarios para el país.

Trabajar para los tres niveles de gobiernoPor otra parte, los servidores públicos de los estados y municipios que atien-den asuntos de gobierno electrónico tienen la expectativa de que la SFP se acerque más y mejor a los gobiernos estatales y municipales para establecer más y mejores convenios de colabora-ción. El principal esfuerzo para vincu-lar servicios en los tres niveles de go-bierno ha sido el portal www.gob.mx,

que lo administra la SFP, y en el que se ofrecen trámites estatales.

Si al personal que trabaja en Política Digital nos preguntaran cuáles son los 10 asuntos generales a los que se debe-ría abocar el gobierno electrónico en la APF, nuestra respuesta sería:

1. Relación gobierno sociedad: Fi-jar estándares para definir qué es proveer un trámite o servicio de calidad. Aplicar-los y exhibir avances y resultados.

2. Relación intragubernamental: • 2.1. Fijar criterios para medir la ca-

lidad del Control de Gestión (la mar-cha hacia la oficina sin papel). Hacer públicos sus avances y resultados;

• 2.2. Promover y desarrollar unos cuantos –pocos– proyectos de cola-boración intergubernamental que sean vitales para las metas de esta administración, y que además sean demandadas por el sector empresa-rial y/o ciudadano. Lo anterior no será posible sin un estándar de in-teroperabilidad.

• 2.3. Bueno sería que la SFP junto con la directores de TIC de la APF gene-ren un criterio para medir el retorno de la inversión en las adquisiciones y en la contratación de servicios.

• 2.4. Fijar un estándar para la eva-

luación del desempeño en materia de gobierno electrónico. Vincularlo con el Programa de Mejora de la Gestión (PMG). Hacer públicos sus avances y resultados.3. Decreto de Austeridad: Eva-

luar la marcha de la centralización de las áreas TIC, de la contratación de servicios, y de las compras y/o contra-tación de servicios consolidados. Pro-mover las adecuaciones regulatorias que correspondan.

4. Transparencia y rendición de cuentas: Desarrollar un programa ejemplar en la APF. Informar a la socie-dad del avance de los diferentes pro-yectos de gobierno electrónico en cada secretaría u órgano descentralizado.

5. Publicidad: Si no se da a co-nocer –agresivamente– lo que se está

haciendo en términos de gobierno elec-trónico, la percepción ciudadana será “no se hace nada” y, peor aún, no se estará fomentando su participación.

6. El SARE: En colaboración con la Comisión Federal de Mejora Regu-latoria, COFEMER, resulta vital crear ventanillas universales (presenciales y virtuales) para la apertura rápida de empresas de riesgo bajo, medio y alto en los que se involucran los gobiernos municipales, estatales y el federal. La relevancia de este requerimiento es vi-tal para capear el temporal económico que se aproxima.

7. Otros poderes del Estado y ámbitos gubernamentales: En tér-minos de gobierno electrónico, la SFP tiene mucho que aportar a los poderes legislativos y judiciales tanto federales como estatales; lo mismo con los go-biernos estatales y municipales para ir transformando los e-gobiernos mexica-nos en un solo e-Estado.

8. La institucionalización del gobierno electrónico: Ojalá se sitúe en el más alto nivel político posible, para que sea visible, y para que esté en boca –y en la mente– de la clase políti-ca y de quienes nos gobiernan.

9. Promover la creación de una

Agenda Digital para el Desarrollo de México. No se trata de un capricho de Política Digital como se alegó en la nota editorial de esta edición.

10. Se lo dejamos a usted, lector, porque seguramente este listado es incompleto…

Estos nueve asuntos, más el suyo, estimado lector, están, puntos más o puntos menos, en boca de los direc-tores generales de TIC en todo el país. En todo caso, para tener un panorama puntual de las líneas de acción que se-guirá la Secretaría de la Función Públi-ca respecto al gobierno electrónico, se-rá necesario esperar a que se publique su programa, o hasta que las nuevas autoridades en esta materia terminen por agarrar el volante de este tremendo camión. n (Redacción PD)

Son varios los pendientes que rondan el Decreto de Austeridad: estandarizar las excepciones; ajustar la Ley de Adquisiciones y el Presupuesto de Egresos; y

acomodar la normatividad interna de las organizaciones, entre otros.



Quintana Roo y su agenda de

gobierno electrónico Por Mariano Garza-Cantú

La actual administración del gobierno de Quintana Roo reconoció que se ubicaba en los últimos lugares del país en términos de gobierno electrónico. Por eso esta-

blecieron una alianza con el Centro de Cooperación en Tecnologías de la Información México-Corea –ahora Centro de Cooperación y Tecnologías Iberoamericana– para efectuar un análisis en 2006 de su administración pública para determinar tanto el nivel de madurez de sus procesos como el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información (TI).

Se detectaron varios factores críticos que se concentraban en la poca capacidad para generar, administrar, integrar y explotar la información para la toma de decisiones, y en la falta de visión estratégica para alinear las TI con los procesos sustantivos del gobierno.

Como resultado, en 2007 se hizo una Planeación Estratégica Tecnológica –con la asesoría del Centro de Cooperación– para evolucionar hacia un modelo de ciudades digitales. Se plantearon cinco objetivos a mejorar: la madurez del gobierno; la capacidad de respuesta; el nivel de acceso y penetración de las TI; el apropiamiento tecnológico; y el aprovechamiento de los datos gubernamentales.

En la planeación participaron todas las dependen-cias del Poder Ejecutivo, con la intención de retomar los proyectos ya existentes, crear otros más y redi-reccionarlos para resolver las cuestiones pequeñas al interior de las dependencias, y atender demandas del estado y sus municipios.

Al frente del esfuerzo está el Consejo Estatal para la Modernización de la Administración Pública (CE-MAP), que es el responsable de llevar el proceso de modernización administrativa y que se integra por las secretarías de Hacienda, de Planeación y Desarrollo Regional, la Secretaría Técnica de Gabinente, la Con-traloría y la Oficialía Mayor, que es la que preside.

Luego de analizar el grado de madurez en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en Quintana Roo, el gobierno estatal ha conformado una Agenda de Gobierno Digital, primera en su tipo, pero que podría replicarse en otras entidades

El consejo se reúne cada trimestre para revisar los avances de moderni-zación y tomar las medidas necesarias para redirigir los esfuerzos. Debido a que el Consejo está en la ley orgánica, todas las dependencias estatales tienen la obligación de alinearse. Además, sus decisiones se discuten en la junta de ga-binete y tras su autorización se bajan a operación. La directora general del CEMAP es Dulce Basto.

La Comisión IntersecretarialPara tratar en específico los temas tecnológicos se formó en marzo de 2007, dentro del CEMAP, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Digital (CIDGD). En ésta sólo participan las secretarías de Hacien-da, Planeación y Desarrollo Regional,

RECUADRO 1. La estrategia quintanarroense

La Agenda de Gobierno Digital agrupa 11 iniciativas estratégicas en cuatro temas centrales:

I. Infraestructura tecnológica1. Desarrollo de Infraestructura Tecnológica2. Incremento del parque tecnológico

II. Función Informática3. Estandarización de porcesos informáticos4. Consolidación de la información5. Recursos humanos capacitados

III. Aplicación tecnológica: operación y administración6. Reforma del marco jurídico y normativo7. Estandarización de procesos operativos8. Innovación y modernización administrativa

IV. Aplicación tecnológica: desarrollo, servicios y atención ciudadana

9. Evaluación y fomento del desarrollo10. Implementar servcios en línea11. Fortalecer la atención ciudadana



Desarrollo Económico y la Oficialía Mayor. Su función es establecer las es-trategias para que las TI se utilicen en todo el gobierno estatal.

Para la planeación se formaron seis subcomisiones (Administración y Finanzas; Administración Territorial; Desarrollo; Calidad de Vida; Servicios y Atención Ciudadana; Desarrollo Estra-tégico y Tecnológico), que establecie-ron diversos grupos de trabajo confor-mado por funcionarios públicos de las distintas instituciones de gobierno.

Para garantizar una correcta pla-neación, los titulares de las depen-dencias nombraron a personas de su confianza, quienes, además de contar con jerarquía suficiente para solicitar información, conocen a fondo los ob-jetivos y planes de la institución.

Estos funcionarios reunieron la in-formación de sus programas a corto, mediano y largo plazo. En total se revisa-ron más de 250 iniciativas de gobierno para determinar cuáles eran repetitivas y cómo podían unificarse para el uso de todas las dependencias y en algunos ca-sos, incluso, de los municipios.

Los 25 programas de la agenda estatalEl análisis y la planeación dieron como resultado la Agenda de Gobierno Digital del Estado de Quintana Roo, que se con-forma de cuatro temas centrales: Infra-estructura Tecnológica, Función Infor-

mática –la operación de los sistemas, la capacitación de los recursos humanos, normatividad y seguridad–, y Aplicación Tecnológica, que está separada por los sistemas al interior del gobierno y los sistemas para atención ciudadana.

Entre los cuatro temas suman 11 iniciativas estratégicas para fortalecer el concepto de Ciudad Digital (ver Re-cuadro 1).

En un plano más práctico, las 11 iniciativas están integradas por 25 proyectos centrales que deberán im-plementarse en los cuatro años que le restan a la administración en turno (ver Recuadro 2). En papel todos los proyectos tienen la misma importan-cia, pero se determinaron diferentes prioridades –que no están relaciona-das con el número con que se enlis-tan– para ser atendidas, como la red de telecomunicaciones estatal y el equipamiento tecnológico que están al frente de la lista.

Dentro de la CIDGD se creó un comi-té técnico integrado por los responsa-bles de TI, y dirigido por el coordinador de Informática del estado.

Para ayudar, a través del CEMAP se creó una Oficina Administradora de Proyectos, cuya función es dar segui-miento a los 25 programas y asegurar que se cumplan con los objetivos dentro de los tiempos y costos estipulados.

La principal labor de esta ofici-na –que entró en operaciones en

2008– se centra en la planeación y administración de los proyectos para controlar el tiempo, costo y recursos, así como lograr los objetivos propues-tos. Sin embargo, la responsabilidad de los programas recae en las propias dependencias.

Los recursos económicosEl presupuesto estimado para el progra-ma Quintana Roo Digital es de 228 mi-llones de pesos que se ejercerán en los cuatro años previstos y el dinero se ob-tendrá del gasto corriente actual, más los ahorros que se generen de compras consolidadas, unificación de procesos y ahorros en telefonía. También podrá financiarse por medio de instituciones como el Banco Interamericano de De-sarrollo (BID) y fondos de inversión.

Además del apoyo del Centro de Co-operación en Tecnologías de la Infor-mación, que formaba parte del Sistema Nacional e-México, está el apoyo del BID, pues se considera que el proyecto podría replicarse en otras entidades.

El beneficio de una Agenda Digital es un foco más claro de programas que se agregan para atender diversas necesidades y en su conjunto mejorar la calidad de vida de la población. La alternativa es permanecer con progra-mas individuales que son benéficos y positivos, pero que son más suscepti-bles a perderse en la amplitud del que-hacer gubernamental. n

RECUADRO 2. Los 25 programas de la Agenda de Gobierno Digital

Infraestructura tecnológica1. Consolidación de la red estatal

de telecomunicaciones2. Implmentar adecuado equipamiento

tecnológico por compras consolidadas3. Desarrollo y consolidación del centro de datos

Función Informática4. Establecimiento de la arquitectura

institucional y estándares tecnológicos, de desarrollo y seguridad

5. Implementar una política digital para la operación y adquisición

6. Integración aplicativa de sistemas estratégicos, administrativos y gestión

7. Desarrollo de modelos de almacenes de datos8. Programa de formación y capacitación

de recursos para gobierno digital

Aplicación Tecnológica: Operación y Administración9. Actualización del marco jurídico

del estado10. Modificar reglamentos y esquemas

normativos internos11. Programa de evaluación y adecuación

gradual de procesos estratégicos12. Réplica y homologación de sistemas

y aplicaciones13. Sistema de control de inventarios14. Sistema de control presupuestal15. Sistema de control de requerimientos16. Sistema de compras

gubernamentales17. Sistema homologado de nómina18. Sistema de gestión y colabroación

(intranet, vpn y tablero de control)

Aplicación Tecnológica: Desarrollo, Servicios y AtenciónCiudadana19. Sistema integral de

información georreferenciada20. Sistema de registro

y apertura de empresas21. Programa de reestructuración

de portales de gobierno y servicios web

22. Programa de kioscos de servi-cios turísticos y de gobierno

23. Sistema de servicios de gobierno móviles

24. Sistema de servicios turísticos móviles

25. Sistema de administración de atención ciudadana (CRM)



Acciones para la innovación y el desarrollo

tecnológicoPor Luis Miguel Pando

En el presente artículo, el Director General del Consejo Coordinador Empresarial hace un recuento de las propuestas que ha presentado este sector al Poder Ejecutivo y Legislativo para incrementar la competitividad de México

Luis Miguel Pando Leyva es Director General del Consejo Coordinador Empresarial, [email protected]

De la capacidad que tenga cada país para participar con empresas competitivas en la economía mundial, dependerá su expansión o su estancamiento. La globali-

zación es un hecho incontrovertible. Para diferenciarse competitivamente, los países pueden producir y vender más ba-

rato que los otros; basar su actividad productiva en procesos de mayor valor agregado o concentrarse en la oferta de servicios especializados. Cualquiera de estos caminos requerirá de una buena dosis de innovación y desarrollo tecnológico.

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) han sido denominadas “las grandes habilitadoras de la competitividad”, por constituirse como una herramienta muy eficiente para detonar la productividad de las empresas y revertir la pérdida de competitividad al mejorar la eficiencia de todos los mercados de producción.

La adopción de TICs impacta la vida de los ciudadanos mejorando el acceso, la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos. También transforman la comunicación entre la ciudadanía y los gobiernos, haciéndola directa, personal e inmediata. Además, no requiere reformas legislativas complicadas.

En su más reciente estudio sobre las políticas públicas que impulsarán la competiti-vidad del sector, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de Información (AMITI), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y la Fundación México Digital (FMD) plan-tean que las acciones para mejorar la competitividad deben: (1) eficientar los servicios y el uso de los recursos públicos; (2) incrementar el comercio exterior, potenciando sectores con ventajas competitivas; (3) dar confiabilidad al sistema de derecho me-diante la correcta aplicación de la ley dentro de un marco jurídico adecuado a las nuevas necesidades; y (4) aumentar y mejorar las capacidades de los mexicanos, especialmente en materia de educación y salud.



Para propiciar actividades coordi-nadas entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil, el estudio plantea algunas recomendaciones:• Impulsar un acuerdo de Estado que

establezca una agenda nacional pa-ra la competitividad, la innovación y la adopción de TICs, para promover la transición de México hacia una sociedad enfocada al conocimiento.

• Adopción y desarrollo de TICs por parte del gobierno, para que se con-viertan en motor de crecimiento en la economía y eleven la calidad de los servicios públicos del país.

• Implementar un marco regulatorio que, en un contexto de libre merca-do, fomente el desarrollo y la inver-sión del sector TIC, garantizando la inclusión digital de la población.El sector empresarial ha presentado

diversas propuestas para incrementar la competitividad de México, tanto al Ejecutivo Federal como al legislativo. De entre las propuestas resaltan las siguientes:

Propuestas para el Ejecutivo Federal1. Desarrollar una industria competitiva de TICs y servicios.• Atraer inversión competitiva al sec-

tor, considerando las tendencias in-ternacionales.

• El sector de mayor crecimiento a nivel mundial es el de servicios. En los países miembros de la OCDE re-presentan casi el 70% de PIB y la creación de empleos en este sector es mayor que el promedio general de crecimiento: 65% de los trabaja-dores realizan actividades relacio-nadas a servicios.

• Las industrias de software y de TIC generan más de mil 500 billones de dólares en el mercado mundial y crecen a tasas de 7% anual. Las ex-pectativas de crecimiento de expor-taciones mundiales de servicios de TIC y subcontratación representan más de 54 mil millones de dólares entre 2004 y 2008.

• México tiene la oportunidad de

incursionar en este sector a través de áreas como procesos de negocio (nómina, inventarios, etc.), Call Centers y servicios de administra-ción, subcontratación y procesa-miento de datos.

2. Promover un sistema nacional de innovación.• La innovación es la base para el

desarrollo económico y el principal motor de las ventajas competitivas, la productividad y el crecimiento económico.

• México requiere establecer la innova-ción como una prioridad estratégica en la agenda económica nacional.

• Para evolucionar a una economía de servicios y conocimiento, se requiere un avance sistemático de las condi-ciones del mercado actual. La com-petencia en esta nueva economía exige la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y organiza-cionales al desarrollo productivo, es decir, un proceso de innovación.



• Empleos de alto valor se desarro-llarán en países con un ambiente fértil para la innovación, por lo que México debe promoverla, así como la investigación y el desarrollo tec-nológico con fines empresariales.

3. Diseñar una Agenda Digital y abatir la brecha tecnológica.• El impacto del uso y apropiación de

las TICs como habilitador estratégico de modelos de innovación y competi-tividad ha sido demostrado en otros países. Sin embargo, esto sólo ha fun-cionado cuando ha sido producto de una estrategia nacional que impulsa una política pública integral desde el más alto nivel de los distintos actores sociales, económicos y políticos.

• Por lo anterior, para el sector em-presarial mexicano, es de especial interés trabajar en conjunto con el Ejecutivo Federal en la generación de una política pública vanguardis-ta, que permita la inserción del país en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

4. Estrategia de promoción de TICs en empresas nacionales.• Análisis relacionados con el im-

pulso de la competitividad (WEF, IMCO), coinciden en que uno de los elementos fundamentales para cre-cer en esta materia está relacionado con la capacidad que tiene una eco-nomía para adoptar tecnologías en sus procesos productivos.

• Existe evidencia de cómo la adop-ción de TICs está altamente correla-cionada con la productividad y por ende, con la competitividad de un país. La promoción del conocimien-to y el uso de TICs explica en buena medida la variación en la producti-vidad de los países.

• Dado el efecto transversal que tiene la tecnología en toda la economía, al impactar la fuerza laboral, el sis-tema educativo, la infraestructura, la eficacia del gobierno y los servi-

El impacto del uso y apropiación de las TICs como habilitador estratégico de modelos de innovación y competitividad ha sido demostrado en otros países.

cios que presta, así como la necesi-dad de un país para aprovechar los conocimientos del exterior y apli-carlos a sus procesos productivos, las empresas mexicanas y el sec-tor público deben desarrollar una agenda que permita aprovechar las ventajas de estas herramientas en la economía nacional.

5. Incrementar la eficiencia del Gobierno a través del uso de TICs.• Los gobiernos de las economías más

desarrolladas del mundo son los principales usuarios de las TICs. El impacto que provocan en el sector de TIC al adoptar estrategias activas de modernización basadas en la tec-nología es sorprendente, lo que les

ubica como un gran detonante de competitividad en estos países.

• El uso y aprovechamiento de TICs por parte del gobierno es el paso más importante para acercarlo a la ciudadanía y volver más eficientes y transparentes los servicios que pres-ta. Por ello, se sugiere que México de-je atrás los esquemas tradicionales de otorgamiento de servicios públicos y se vuelque hacia la transformación tecnológica de procesos y trámites, de cara a una ciudadanía ávida de ac-ceder, de manera más simple, eficaz y oportuna, a los servicios de educa-ción, salud, seguridad, infraestructu-ra pública y combate a la pobreza.

Propuestas para el Poder Legislativo1. Ley de Innovación.• El sector productivo requiere estra-

tegias de política pública que permi-tan, en el corto plazo, incrementar su nivel competitivo. Sabemos que

México no es una economía inten-siva en conocimiento, por lo que debemos generar las condiciones para que este tipo de prácticas se desarrollen exitosamente.

• Lo anterior sentaría las bases para un gran esfuerzo nacional orienta-do a incrementar significativamen-te las capacidades nacionales de innovación, especialmente las de origen tecnológico-productivo.

• Necesitamos otorgar seguridad y certeza a los actores económicos y políticos sobre la continuidad de la política, organizar y generar los instrumentos de manera efectiva y enviar un mensaje al mundo sobre el compromiso de México con la innovación y la tecnología como política de Estado.

• La 59 Legislatura aprobó en la Cá-mara de Diputados la Ley para el Fomento a la Innovación y al De-sarrollo de Empresas y Actividades

de Base Tecnológica. Ésta fue envia-da al Senado en abril de 2006, en donde actualmente es analizada. Recomendamos evaluar la eventual aprobación de esta iniciativa.

2. Diseñar una Agenda Digital• Si bien es real el impacto que ha

tenido el uso y apropiación de TICs en otros países, únicamente ha fun-cionado cuando ha sido producto de una estrategia nacional, donde se impulsa una política pública in-tegral desde el más alto nivel de los distintos actores, sociales, económi-cos y políticos.

• Por ende, el sector empresarial re-quiere trabajar, además de con el Ejecutivo Federal, de manera espe-cial con el poder Legislativo, en el diseño de una iniciativa que permi-ta llevar a la práctica políticas pú-blicas que permitan la transición hacia una sociedad de información y conocimiento. n

Para el sector empresarial mexicano, es de especial interés trabajar en conjunto con el Ejecutivo Federal en la generación de una política pública vanguardista, que permita la inserción del país en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.



Una economía más competitivaPor Mariano Garza-Cantú

Uno de los ejes que se plantea la Secretaría de Economía en su Programa Sectorial para el periodo 2007-2012

es detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de cinco estrategias: financia-miento, comercialización, capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo tecnológico.

En concreto, la SE contempla tres programas nacionales que integran todos estos componentes en un modelo de mo-dernización comercial e innovación tecnológica: Mi Tienda, Mi Taller y Mi Tortilla. También planea llevar la innovación

a las empresas Gacela –aquellas que tienen una mayor velocidad y potencial de creci-miento, mediante apoyo integral, sistematización y acercamiento a mercados. Para lograrlo, constituirá parques tecnológicos.

El segundo eje, y sin duda el más amplio por la cantidad de estrategias que consi-dera, es lograr un avance significativo en la competitividad para generar empleos.

Por un marco regulatorio promotorLa SE tiene marcada como tarea prioritaria eliminar las barreras a la entrada y de-sarrollo de un marco regulatorio que promueva la competencia y libre concurrencia en el sector de telecomunicaciones.

Para lograrlo la dependencia se propuso tres tareas:• Impulsar la implementación de las recomendaciones de la Comisión Federal de

Competencia para la convergencia tecnológica entre redes de telefonía, televisión restringida y banda ancha.

• Pugnar por la licitación de un paquete nacional de concesiones regionales de TV abierta.

• Promover reformas a la Ley de Radio y Televisión para garantizar neutralidad en la regulación de redes de TV y telecomunicaciones, y para evitar eficazmente con-centraciones anticompetitivas de espectro radioeléctrico.Con respecto a la protección de los derechos de los consumidores, la SE pondrá

en marcha un sistema de análisis de información para identificar probables desvia-ciones en el comportamiento de proveedores y situaciones que pudieran repercutir en perjuicio de los consumidores. También prevé apoyar a los proveedores para que cumplan con las normas y respeten los derechos de los consumidores. Se promoverá que el Registro Público de Contratos de Adhesión sea un procedimiento electrónico, seguro y eficiente, para garantizar el cumplimiento de la obligación de brindar equidad y seguridad jurídica en las relaciones de consumo.

En el panorama global, se debe mejorar la eficiencia y competitividad de los ser-vicios logísticos del país. Para ello, mediante un acuerdo de colaboración con la Se-

El Programa Sectorial de la Secretaría de Economía es uno de los más amplios en cuanto a las estrategias que involucran a las Tecnologías de la Información, quizá porque su objetivo en el gran panorama nacional es que México se transforme en un país competitivo en el mundo global



cretaría de Comunicaciones y Trans-portes y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la SE espera promo-ver a México como un hub logístico y establecer el sistema de información e-Logística México para mostrar las capacidades, la infraestructura y los servicios de los operadores nacionales e internacionales.

Quizá una de las estrategias más importantes es la de elevar la compe-titividad de las empresas con el uso de las TI, la innovación y el desarrollo tec-nológico en sus productos y servicios.

Con este objetivo, la SE busca apoyar el proceso de desarrollo de empresas basadas en conocimiento científico y/o tecnológico con enfoque a la genera-

ción de productos y servicios de alto va-lor agregado y mejorar la vinculación entre la industria nacional con las ca-pacidades científicas y tecnológicas.

Asimismo, se fortalecerán las em-presas de base tecnológica para que alcancen estándares internacionales de desempeño y puedan incursionar en el mercado global, mediante una red de centros de aceleración empre-sarial nacionales e internacionales. Para ello se fomentará la adopción de las TIC mediante el impulso al comer-cio electrónico, el equipamiento y el desarrollo de soluciones informáticas y de comunicaciones que atiendan las necesidades de las empresas.

Otro componente es apoyarlas con información tecnológica para la mejora de sus procesos y productos y promover la transferencia y adopción de tecnolo-gía como un factor de competitividad.

Según los datos que incluye la SE en su Programa Sectorial, en 2006 habían mil 572 empresas de base tec-nológica que se habían beneficiado con sus programas. La meta para el año 2012 es llegar a ocho mil 967.

Un componente integral de esta estrategia es mejorar e incrementar los programas de financiamiento, en particular aquellos que incentiven la investigación tecnológica, con políticas

a favor del financiamiento de capital de riesgo y por medio del Fondo de Inno-vación Tecnológica.

Apertura de empresasOtro punto central en el que la SE se concentrará es adecuar el marco jurí-dico y modernizar los procesos de aper-tura de empresas.

Para ello, la secretaría se ha plantea-do varios objetivos. Uno es establecer el Sistema de Apertura Rápida de Em-presas (SARE) en municipios del país. En 2006, el porcentaje de la actividad económica nacional en municipios y delegaciones políticas con SARE era de 36.6% y para el término del sexenio se espera elevarla hasta 65%.

Otro es consolidar la moderniza-ción del Registro Público de Comercio (RPC) y de los Registros Públicos de la Propiedad (RPP). Este paso es esencial para reducir los costos de transaccio-nes comerciales, además de dotar cer-tidumbre jurídica. Hasta el 2007, sólo diez entidades federativas utilizaban el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) para la operación de sus regis-tros públicos; la meta de la SE es tener a 20 entidades federativas utilizándolo para el 2012.

Como parte de este esfuerzo, la secre-taría busca consolidar la infraestructura de cómputo a su cargo para prestar este servicio, además de suscribir convenios de coordinación específicos para apoyar con recursos tecnológicos, asistencia técnica, capacitación y equipamiento a las entidades que lo requieran.

e-Comercio y firma electrónicaOtra estrategia del segundo eje del Pro-grama Sectorial es promover el comer-cio electrónico y el uso de la firma elec-trónica. En este sentido, la SE pretende acreditar a un mayor número de Pres-tadores de Servicios de Certificación de firma electrónica y que los certificados de Firma Electrónica Avanzada (FEA) en la Administración Pública Federal y

las administraciones locales sean inte-roperables. También regulará los nue-vos servicios de firma e identificación electrónica, incluyendo una regulación técnica para que armonice con los es-tándares internacionales.

De igual manera, prevé impulsar cambios legislativos y reglamentarios para que la regulación del comercio electrónico sea ágil y pueda actuali-zarse de forma constante, según se den los avances tecnológicos y las tendencias globales.

Una meta adicional es buscar que los servicios de firma electrónica avan-zada sean accesibles al mayor número de personas por su costo y facilidad de uso. La dependencia hará una labor de difusión para dar a conocer entre parti-culares y autoridades, principalmente las jurisdiccionales, los mecanismos de seguridad que ofrece la firma elec-trónica avanzada y los servicios rela-cionados para fomentar su uso y su pleno reconocimiento en el ámbito jurisdiccional y así abatir costos aso-ciados a litigios sobre la autenticidad de mensajes de datos.

Comercio exterior e inversión extranjeraEl Eje 3 del Programa Sectorial se en-foca en fomentar el comercio exterior y la inversión extranjera directa. Co-mo parte del esfuerzo por integrar a México en la economía mundial, la SE quiere fomentar el uso de las TI en las operaciones de comercio exterior.

Además de promover el uso de las TI en los procesos internos de las empre-sas, la SE coordinará el establecimiento de una ventanilla electrónica universal en materia de comercio exterior, com-puesta por interconectividad de la Ad-ministración Pública Federal, trámites vía Internet y el Sistema Integral de Información de Comercio Exterior.

Finalmente, la SE continuará con sus esfuerzos para impulsar el desa-rrollo de la industria de servicios de TI, tales como el diseño e ingeniería de productos de software, soporte y seguridad de sistemas, implantación y prueba de base de datos, procesamien-to de datos, análisis y gestión de riesgos de sistemas, entre otros. n

La Secretaría de Economía busca apoyar el desarrollo de las empresas basadas en conocimiento científico y/o tecnológico que genere productos y servicios de alto valor agregado.



Una ley para la Agenda DigitalPor Carlos Torres Torres

Impulsar desde el Estado la creación de una agenda digital es una cues-

tión vital para el país. Hasta ahora la sociedad mexicana ha respondido con lentitud y de manera desigual al avan-ce de las nuevas tecnologías de la infor-mación y la comunicación (TIC).

Si bien contamos con un sector muy reducido de la población que se encuentra al mismo nivel de equi-pamiento y de conocimiento que los países del primer mundo, la inmensa mayoría de los mexicanos no ha tenido todavía la oportunidad de asomarse a la realidad de la computadora y el In-ternet. Podemos decir que en la actua-lidad hay un México que vive inmerso en la digitalización y al mismo tiempo hay otro México hundido en el más ab-soluto analfabetismo digital.

En vista de los estudios y encuestas más recientes no resulta exagerado afirmar que esta tendencia tiene efectos muy negativos en la cohesión social y la competitividad económica del país.

En términos de política pública una agenda digital significa ante todo pla-neación y compromiso. Significa com-prometer al poder público y a los dife-rentes sectores de la sociedad involucra-dos en el tema para darle rumbo al país en materia de renovación tecnológica. Una agenda digital implica, por lo tan-to, un ejercicio de evaluación del sec-tor que nos permita saber en qué lugar estamos parados y cómo está México en términos de enlace o conexión tec-nológica con el mundo, pero también cómo está impactando ese cambio en la configuración de la sociedad.

Carlos Torres Torres es Diputado federal de la LX Legislatura, Presidente de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos. “En un mundo en el que las ideas cada día adquieren un mayor valor, dedico estas líneas al creador de muchos de los conceptos que a continuación escribo. Con aprecio para Andrés Hofmann”.

La Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos de la Cámara de Diputados ha elaborado un proyecto de ley para crear una agenda digital. El presidente de la Comisión Especial expone aquí los objetivos y alcances de la propuesta



Los diputados integrantes de la Comisión Especial

consideran que la agenda digital no puede quedarse en una simple lista de buenos propósitos y que por eso es necesario darle un estatus de ley que obligue a todos los actores involucrados a

atenderla.

Primeras accionesTenemos que construir –a partir de una convocatoria amplia– una estra-tegia nacional en la que la tecnología sirva por igual al combate a la margi-nación, al fortalecimiento del aparato productivo, al perfeccionamiento de las prácticas de gobierno y a la defensa de nuestra diversidad cultural.

Pero todo esto no es algo que con-venga dejar al libre albedrío de las fuer-zas del mercado, ni tampoco sujeto a las rupturas sexenales o a la generosi-dad de las organizaciones altruistas o a los caprichos o visiones personales de los funcionarios en turno.

A diferencia del proceso de expan-sión de la red de energía eléctrica o del sistema de educación pública, que fueron en gran medida financiados y dirigidos por el Estado, el crecimiento de las nuevas redes de información di-gitales ha sido menos centralizado, con una intervención decisiva por parte de la sociedad. Sin embargo, el avance que hemos tenido ha sido muy desequili-

brado y hace falta generar un lideraz-go social y una acción coordinada que articule esfuerzos y evite el desperdicio de recursos. Y esta tarea le corresponde precisamente al Estado que está facul-tado por la Constitución para asumir la rectoría del desarrollo nacional.

El proyecto de leySe requiere de una política pública es-pecífica en la materia que contemple el enorme universo de la utilización de las TIC, que distribuya tareas, que fije rum-bo, que señale metas y que plantee una visión de lo que debe ser en el futuro un país digitalizado, insertado en la globa-lización. Por ello, la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos, creada por la actual LX Legislatura de la Cámara de Diputados, ha enfocado su trabajo hacia la elabora-ción de un proyecto de ley que permita la creación de una agenda digital.

Esta ley, que en los hechos estaría buscando impulsar el desarrollo de la sociedad de la información y el conoci-



Cerrar la brecha digital: La Cofetel en el 2008Por Héctor Osuna Jaime

La información se ha convertido en el insumo básico para la generación de

conocimiento. Todo aquel que tiene acceso a información tiene una ventaja sobre aqué-llos que no la tienen. La nueva revolución, denominada “era digital”, es comparable con aquellas grandes transformaciones de la so-ciedad; aquellas revoluciones que han hecho que se modifiquen los modos de producción y las relaciones sociales.

En este sentido, resulta alarmante que la brecha digital sea tan amplia en el mundo. Esta situación advierte un nuevo detonador de desigualdad y de pobreza, pero al mismo tiempo, ofrece un área de oportunidad para que las naciones con un menor grado de desarrollo puedan dar un “gran salto” y mejorar sus condiciones económicas, políticas y sociales.

También es de gran aliento ver cómo se han extendido a lo largo del planeta las iniciativas, públicas, privadas y mixtas, para cerrar la brecha digital. Con la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en dos fases (Ginebra 2003 y Túnez 2005), la comunidad internacional identificó los retos y oportunidades que la Sociedad de la Información implica para el desarrollo económico y humano.

Transformar la información en conocimientoNo obstante, el verdadero reto ahora es el de transformar la información en conocimien-to. Si bien la información es considerada un recurso esencial de nuestros tiempos, por sí misma no es suficiente para incrementar el bienestar de las personas. La instalación de la infraestructura de acceso es sólo la “punta del iceberg”. Llevar Internet a todos los rincones del plantea es sólo el primer paso. Después habría que pensar en llevar infor-mación por esa gran carretera. Pero no cualquier información, sino aquélla que puede ser creada, entendida y difuminada por todos y cada uno de los que explotan esa red.

En este sentido, la siguiente cumbre mundial debería denominarse “Sociedad del Conocimiento”, y allí debería evaluarse el progreso del despliegue de infraestructura de acceso y establecerse acciones por parte de la demanda de información. También se deberían incluir iniciativas para despertar el interés y potencial de las tecnologías de la información y comunicaciones en beneficio de las diversas actividades de ocio, cultura, entretenimiento, servicios públicos y de negocios. Es necesario analizar la forma en que las personas puedan, en verdad, transformar esa información en conocimiento.

La tarea no es sencilla. Requiere de esfuerzos de todos los sectores y estratos de la sociedad. Sector Privado, sociedad civil y gobiernos deben trabajar coordinadamente para cerrar la brecha digital.

Algunas acciones para este añoEn la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) hemos entendido cuál debe ser nuestra contribución al desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. Nos vislumbramos como un ente facilitador para que la inversión de los particulares

miento en México, tiene como objetivo facilitar la inclusión de todos los ciuda-danos en la red y darle mayor competi-tividad al país en un marco internacio-nal cada vez más interesado en apostar por la inversión en tecnología como una senda para generar un desarrollo humano sustentable y responsable con el medio ambiente.

En este sentido, los diputados inte-grantes de la Comisión Especial conside-ran que la agenda digital no puede que-darse en una simple lista de buenos pro-pósitos y que por eso es necesario darle un estatus de ley que obligue a todos los actores involucrados a atenderla.

De esta manera correspondería al Poder Ejecutivo Federal formular en un plazo de tiempo determinado una Agenda Rectora con una visión a largo plazo y crear los órganos públicos en-cargados de implementar esta ley y de evaluar sus avances y resultados.

En esta ley se establecería que el go-bierno federal sería el principal promo-tor y coordinador de la política pública para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC). Los actores con los que se coordinaría para el desplie-gue de ésta, incluirían al sector acadé-mico, empresarial, social y los actores internacionales que sean autoridades o líderes en los temas de la agenda.

La implementación de esta ley de-bería buscar la coordinación con el resto de las políticas públicas para lo-grar coherencia, economías de escala y sinergia, además de considerar las iniciativas de la sociedad civil.

Finalmente se buscaría que el gobier-no federal estuviera obligado a presentar un reporte del progreso y de las medidas de políticas tomadas en materia de SIC cada año ante el Congreso y la opinión pública. También tendría que someterse a las obligaciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-ción Pública Gubernamental, someterse a la rendición de cuentas y permitir la participación ciudadana en todo el pro-ceso de la aplicación de esta ley.

Agradezco la generosidad y colabo-ración en el proyecto de Ley a mis com-pañeros de la Comisión y, en especial, a Lourdes Baltazar, Marco Paz, Sergio Carrera, y Jesús de la Rosa. n

El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones afirma que este año habrá una mayor y mejor oferta de servicios de comuni-caciones a menores precios. También se consolidará la com-petencia y la conver-gencia tecnológica en este sector



encuentre oportunidades de negocio, al tiempo que contribuya a cerrar la bre-cha digital. Asimismo, la Cofetel tiene el mandato de velar por la cobertura so-cial amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, en donde reconoce la disparidad en el número de accesos y analiza alternativas para que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lleguen a aquellas zo-nas que por su nivel de ingreso o ubica-ción geográfica no resultan atractivas para la inversión privada.

El 2008 será un año de consolida-ción de la competencia y de la conver-gencia. Habrá nuevos jugadores, habrá nuevas condiciones para que los ope-radores actuales puedan fortalecerse y lo más importante habrá una mayor y mejor oferta de servicios de comunica-ciones a menores precios, en beneficio de los usuarios.

En el primer semestre del 2008, iniciará la portabilidad de números fi-jos y móviles. Los usuarios tendrán la posibilidad de cambiar de operador del servicio local fijo o móvil, orientando

su decisión únicamente a factores de calidad y precio. El estímulo competitivo que dará la portabilidad, beneficiará no sólo a los usuarios que decidan portar su número sino también a quienes sean beneficiados por la mejora en calidad y precio que ofrecerán los operadores para atraer o conservar clientes.

En breve se iniciará el proceso de mejora regulatoria para el Plan Técni-co Fundamental de Interconexión, que sienta las bases para la interconexión de las redes de siguiente generación, al coadyuvar a un proceso más equitativo y eficiente entre los operadores. Esperamos que en los próximos meses, el instrumen-to ya esté en vigor y otorgue certidumbre en la interoperabilidad e interconexión entre redes de telecomunicaciones.

A su vez, durante este año se llevarán a cabo diversas licitaciones de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que han sido identificadas para ampliar la oferta y calidad de redes móviles, in-troducir nuevos servicios e incrementar la competencia en el servicio de acceso a banda ancha.

Con estas acciones, la Cofetel refren-da su obligación para concretar el com-promiso del Presidente Felipe Calderón Hinojosa respecto de las tres “C” que regirán al sector en su administración: la de cobertura, que representa la po-sibilidad de que en cualquier rincón del país se tenga la posibilidad de acceso a los servicios, en especial la telefonía, pero también a la televisión por cable y a Internet; la de convergencia, re-presentada por el aprovechamiento de todas las tecnologías, para que un usuario tenga acceso a todo tipo de servicios; y finalmente, la “C” de com-petencia, para que sean la calidad y el precio los que determinen quién presta el servicio a cada usuario.

El reto es grande, pero conside-ramos que el rumbo es adecuado. Si seguimos por este camino, la Cofetel estará cumpliendo con la parte que le toca para insertar a México en la sociedad del conocimiento y cerrar la brecha digital. n

Héctor Osuna Jaime es Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, [email protected]



Regulación efectiva y a tiempo: algunos puntos a considerarPor Ernesto Piedras

Mientras escribo el presente artículo, el Grupo Plural pa-

ra la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Cámara de Se-nadores todavía se encuentra ana-lizando los términos en los cuales operará este importante sector de las comunicaciones convergentes en los siguientes años.

Y aunque el entorno competitivo es una condición necesaria, no es suficiente para el desarrollo de los sectores económicos. En el caso de las empresas que integran la industria de las telecomunicaciones –que compiten en nuestro mercado–, han logrado incrementar la oferta de sus servicios, reducir sus costos e incrementar su cobertura para mantener una tendencia creciente de sus ingresos.

Sin embargo, esto contrasta con un marco regulatorio que en nuestro país se ha caracterizado en años recientes por un marcado rezago respecto de los avances de la industria y la tecnología, pero sobre todo, de las necesidades e intereses de la población que utilizamos esos servicios o de la que aún no goza de sus beneficios.

Si bien es cierto que hoy tenemos un amplio debate sobre diversos temas funda-mentales para el desempeño futuro del sector, también debe reconocerse que aún no se logran las condiciones regulatorias óptimas que necesita nuestro país.

Actualmente las redes de telecomunicaciones se encuentran en una gradual e irreversible migración hacia nuevas arquitecturas que permiten cursar cualquier tipo de servicio de manera simultánea. A este proceso de integración de múltiples servicios en una sola red se le conoce como convergencia y ésta puede ser clasificada en tres categorías fundamentales:

1. Convergencia de Redes (capacidad de ofrecer acceso a la Internet a través de distintas redes).

2. Convergencia de Servicios (capacidad de ofrecer múltiples servicios a través de una sola red).

3. Convergencia de Dispositivos (capacidad de acceder al mismo servicio a través de diversas redes, sean fijas, móviles, alámbricas o inalámbricas).

La Convergencia es un proceso dinámico, continuo y sus efectos trascenderán más allá de la infraestructura; asimismo, provocan profundos cambios en la economía. Para que sus beneficios se materialicen a favor del usuario –mediante nuevos procesos de producción e innovadores servicios disponibles por parte del sector privado–, el nuevo marco regulatorio debe ser consistente con las características tecnológicas y económicas de estos.

Para que surja una regulación efectiva, debe incluírsele un sentido de prontitud y hasta de urgencia en el diseño e instrumentación regulatoria, es decir, que sea una regulación oportuna.

Lo que no debe quedar fueraLos puntos que deben ser contemplados durante la discusión acerca de la nueva Ley son los siguientes:

Ernesto Piedras es Director General de The Competitive Intelligence Unit y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), [email protected]

En este texto, el analista del sector de telecomunicaciones recoge y expone algunas sugerencias para poner al día la regulación en México



• Política de convergencia. Ac-tualmente, esta evolución nos ha brindado la capacidad de transmi-tir voz, datos y video por un mismo medio. Esto ha reducido significa-tivamente los costos operacionales de la redes y, por lo tanto, la oportu-nidad de ofrecer mayores beneficios a los usuarios.

• Aprovechamiento y adminis-tración eficiente del espectro. Necesitamos una definición clara de las bandas de frecuencias que requerirán licencias y de las que serán de uso libre, de manera que todos los agentes puedan sacar el máximo provecho de las tecnolo-gías actuales y sobre todo de las de nueva generación.

• Promoción de nuevas tecnolo-gías. La agenda regulatoria debe asegurar que las tecnologías utiliza-das en México sean las más avanza-das a nivel internacional a través de plazos coherentes y de reglas claras que incentiven la inversión y adop-ción de éstas. Entre las tecnologías a considerar se encuentran la de TV Móvil, IPTV, WiMax y las contem-pladas en las 3G y 4G, pero sobre todo debe ser un esquema abierto y flexible para la incorporación opor-tuna de tecnologías por venir.

• Políticas de interconexión y ac-ceso competitivo internacional. En una estructura de mercado co-mo la mexicana y considerando las economías de red características del sector de telecomunicaciones, nin-guna política o modificación en la regulación tendrá un efecto óptimo si no se asegura la interconexión entre cualquier tipo de redes bajo un esquema que promueva la com-petencia tanto al interior del país como con nuestros vecinos y socios comerciales más importantes.

• Políticas públicas directas y Fondo de Cobertura Social. La acción de un mercado que opera sobre la base de una legislación y regulación eficiente tiene aún mucho por brindar al grueso de la población. Sin embargo, algunos segmentos y grupos de la sociedad que no logran dichos beneficios por

la vía del mercado, requieren de políticas públicas directas, como el Fondo de Cobertura Universal, que permita garantizar el acceso univer-sal a estas nuevas tecnologías, así como sus beneficios, fomentando la equidad en México.

• Revisión recurrente de paquete de servicios básicos. Se debe es-tablecer una nueva definición de lo que son los servicios básicos de ac-ceso universal para incluir el Inter-net de banda ancha y los servicios móviles, con el fin de democratizar el acceso a la información como motor de desarrollo individual.

• Clara delimitación de atribucio-nes y responsabilidades de las diversas autoridades. Es funda-mental la participación del comple-jo de autoridades del sector, como las de regulación (Cofetel), política sectorial (SCT), competencia (Cofe-co), consumidor (Profeco), procesos gubernamentales (Cofemer), entre otras. Es importante que todas las instancias tengan una clara deli-mitación de sus respectivas atri-buciones y responsabilidades, para así garantizar la maximización del bienestar del consumidor.

• Urgencia de la migración a la TV digital. Con las experiencias inter-nacionales, sabemos que es posible acelerar el proceso de migración de la TV analógica a la TV digital. Esto significa beneficios variados como mejor calidad de la transmisión, liberación de espectro escaso y de gran utilidad para servicios de te-lecomunicaciones, mayor número de canales posibles en menor espec-tro y mayor competencia en la TV abierta, por ejemplo.

• Medios públicos y radios comu-nitarias. Un elemento vital de la operación del sector de las comuni-caciones, por sus contenidos educa-tivos y culturales (alejados de la ope-ración del mercado), son los permi-sionarios que tienen la importante función de operar la comunicación de contenido social, educativo, cul-tural y comunitario, cuyas carac-terísticas de operación no brindan a los medios públicos la viabilidad

económica para su desarrollo. Al respecto, el Estado debe proveer los elementos y recursos necesarios para su operación equilibrada. Ca-be reiterar que es responsabilidad del Estado financiar y asegurar las políticas públicas adecuadas que incentiven la innovación de los medios públicos, de las industrias culturales no comerciales y de las auténticas estaciones comunitarias que, en su conjunto, generan y di-vulgan bienes y servicios culturales, informativos y educativos, que son socialmente imprescindibles.

• Permisos y concesiones. Se debe asegurar y garantizar el acceso li-bre y democrático para todas aque-llas personas físicas y morales de la sociedad que justifiquen contar con las condiciones establecidas en los títulos de concesión de los distintos servicios de telecomunicaciones, a fin de brindar a los usuarios con servicios de mayor calidad y a me-jores precios.

• Regulación pro-competitiva. El nuevo marco legal y regulatorio debe garantizar un entorno competitivo para el sector a través de la regula-ción con el fin de, cuando se alcance este entorno, poder desregular co-mo se ha hecho en otros países. Por ejemplo, continuar con la reducción de Áreas de Servicio Locales para terminar con una sola, eliminando la larga distancia y el roaming, lo cual aumentaría el tráfico.Es claro que el crecimiento econó-

mico, el desarrollo social y la competi-tividad del país son asuntos demasiado importantes, pero también demasiado complejos, para dejarlos solamente a la deriva de la operación del mercado. Está hoy en manos de la industria y de las autoridades del sector aprovechar efectivamente el potencial de las teleco-municaciones como el sector líder.

Es por ello que está en poder de los senadores del Grupo Plural sentar las bases para el aprovechamiento efecti-vo del potencial de las telecomunica-ciones y la radiodifusión como el sec-tor líder necesario para acceder a un estadio superior de desarrollo integral del país. n



Consideraciones para una política digital

en MéxicoPor Alejandro Navarrete Torres

El crecimiento que México ha presentado en el uso de las tecnologías de la informa-ción y las comunicaciones en los últimos seis años es notable, pero insuficiente.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el número de hogares mexicanos con computadora pasó de un 11.7% en 2001 a un 22.1% en 2007, en tanto que los hogares con acceso a Internet pasaron del 6.1% al 12.3% en el mismo periodo1.

Resulta interesante observar, sin embargo, que la principal razón que los encuesta-dos siguen dándole al INEGI del porqué no cuentan con computadora en sus hogares o porqué no cuentan con acceso a Internet –a pesar de tener computadora– es “la falta de recursos económicos” y que el porcentaje de hogares donde se ha respondido “no sabe cómo funciona una computadora” tiene una tendencia creciente y es ya superior al 11%.

Por otra parte, la penetración de banda ancha ha aumentado de 0.23 suscriptores por cada 100 habitantes en 2002 a 2.94 en 20062, pero se estima que no superará el 3.5% a fines del 2007. Esta tasa de crecimiento nos ha colocado en el último lugar de penetración entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).3

Asimismo, a pesar de que el español o castellano es la segunda lengua materna más hablada del mundo (después del chino mandarín) con cerca de 400 millones de hispa-nohablantes, el porcentaje de páginas en español en Internet apenas ronda el 5%.

El diagnóstico es claro y ha sido indicado en un sinnúmero de ocasiones: los precios de los servicios de telecomunicaciones y equipos de cómputo son aún muy altos; la infraestructura de banda ancha en el país es limitada y selectiva; los contenidos y aplicaciones en español son escasos, y no hemos hecho lo suficiente para abatir el analfabetismo digital.

¿Cómo podremos entonces tener una penetración de banda ancha en México del 22% en 2012, junto con más de 70 millones de mexicanos accediendo cotidianamen-te a Internet? Es claro que la falta de una política pública integral y de largo plazo en la materia nos aleja del logro de este objetivo.

¿Por dónde empezar?Más allá de las claras distorsiones provocadas por la existencia de un agente mono-pólico en la provisión de servicios de telecomunicaciones y por su capacidad indis-cutible de imponer sus condiciones en la contratación de servicios y uso de recursos esenciales por parte del resto de sus competidores, los distintos retos a los que nos enfrentamos pudieran agruparse, en su mayoría, dentro de tres grandes categorías que, aunque no exhaustivas, comprenden aspectos relevantes de la problemática:

1) Disponibilidad de infraestructura de banda ancha; 2) Disponibilidad de contenidos y aplicaciones relevantes en español; y 3) Capacidad de asimilación y uso estratégico de los contenidos y aplicaciones.

En opinión del directivo de la Canitec, sólo el trabajo coordinado del sector gubernamental, de la iniciativa privada, de la academia y de la sociedad civil hará posible un cambio significativo para lograr la agenda digital que requiere el país

Alejandro Navarrete Torres es Director del Centro de Investigación e Innovación en Telecomunicaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), [email protected]

1 INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.2 Cofetel. Informe de actividades 2006 – 2007.3 OCDE. Communications Outlook 2007.



La analogía es clara. Necesitamos la autopista, los productos y servicios para que, a través de ella, se puedan llevar a todos los rincones del país. Asimismo, se requiere la capacidad –entendida ésta tanto como posibilidad técnica y económica como el conocimiento y la habilidad necesarias– para que dichos productos y servicios puedan ser debida-mente utilizados por los destinatarios.

Aunque la discusión se centra en el primero de los puntos anteriores, los dos últimos resultan indispensables para que puedan lograrse los benefi-cios de la banda ancha.

La elaboración de contenidos y apli-caciones relevantes no es un problema exclusivo de los gobiernos, aunque és-tos juegan un papel importante en su promoción a través de esquemas de apoyo para que la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil tam-bién los generen. Dependencias como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo debieran hacer una apor-tación importante en la formulación de la agenda digital para México en este sentido. La agenda digital debería contemplar un programa de acciones concertadas y coordinadas entre ellas y no sólo el establecimiento de acciones aisladas de cada dependencia.

La capacidad de asimilación y uso estratégico de contenidos y aplicacio-nes es vital y trascendente. De poco sirve contar con una infraestructura de telecomunicaciones adecuada y con contenidos y aplicaciones relevantes si no existe una población capaz de apro-piarse de la tecnología, de asimilar los conocimientos y de desarrollar habi-lidades que incidan directamente en mejorar su bienestar y potenciar sus posibilidades de desarrollo personal y comunitario. Los retos en esta área son tal vez los mayores y los que demandan más tiempo para lograrse.

Disponibilidad de infraestructura de banda anchaPara que los beneficios de las tecnolo-gías de la información y las comunica-ciones puedan llegar a toda la pobla-ción es indispensable que exista una

infraestructura de comunicaciones con la capacidad y cobertura adecuadas.

En materia de infraestructura, se requiere de dos componentes funda-mentales para la provisión de servi-cios de banda ancha. Por una parte, deben existir proveedores locales de estos servicios que tengan acceso a los usuarios finales. Las tecnologías de acceso incluyen al cable, a x-DSL, a WiMax y a las satelitales. En las dos primeras descansa más del 90% de los cerca de cuatro millones de accesos de banda ancha del país que existen hacia finales del 2007.

El segundo componente lo repre-senta la infraestructura de transporte interurbano para la conexión de las redes locales a la columna dorsal de Internet. Los proveedores de este servi-cio son, en su enorme mayoría, opera-

dores de “larga distancia”, en adición a la reciente inclusión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Actualmente, la mayor compe-tencia en la provisión de servicios de transporte interurbano se realiza en la zona del triángulo México- Guada-lajara-Monterrey, junto con la región del Bajío. Sin embargo, las regiones del noroeste y del sureste del país cuentan con escasa competencia –con los altos precios asociados a ello – y es práctica-mente provista por el proveedor domi-nante en los estados del sur.

La política pública en materia de infraestructura de telecomunicaciones debería dirigirse hacia el despliegue de una red de transporte interurbano de gran capacidad que no sólo cubra a las grandes poblaciones, sino que esté disponible en el mayor número de po-blaciones posible y a costos que permi-

tan a los operadores locales proveer los servicios de banda ancha en términos de una competencia sustentable.

Además de la participación de los propios operadores de telecomuni-caciones en la construcción de estos enlaces, el Gobierno Federal tiene a su alcance distintos mecanismos de los que puede echar mano para crear esta red nacional de transporte inter-urbano. Por una parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuen-ta con un Fondo de Cobertura Social y, por el otro, con la red de fibra óptica de la CFE.

El Fondo de Cobertura Social podría destinarse a lograr que la red llegue a poblaciones en las que la labor de los operadores de telecomunicaciones, derivada de las condiciones simples del mercado, tardaría demasiado tiem-po en hacerse presente. En todo caso, deberá hacerse un análisis profundo de las mejores estrategias para aplicar este fondo a la promoción de la banda ancha en esas localidades.

La red de la CFE, una alternativaLa otra herramienta gubernamental es la red de fibra óptica de la CFE. Re-sulta contradictorio que se diga que el gobierno federal no invertirá direc-tamente en infraestructura de tele-comunicaciones cuando ya lo hace y continúa haciendo a través de la red de la CFE, con una capacidad ociosa muy amplia.

En algunos de sus tramos, la red de fibra óptica de CFE cuenta con hasta 36 hilos, lo que permitiría arrendar su fi-bra oscura disponible hasta a ocho pro-veedores de telecomunicaciones, quie-nes competirían entre sí en la provisión de servicios de transporte interurbano, además de satisfacer sus propios reque-rimientos. Es claro que donde existe competencia, los precios pueden redu-cirse hasta la cuarta parte.

De esta forma, la agenda digital para México debe ser el resultado de un esfuerzo colectivo y coordinado de todos los actores, con la promoción de-cidida de los tres órdenes de gobierno. El tiempo apremia y no hemos comen-zado a hacer la tarea. n

La agenda digital debería contemplar un programa

de acciones concertadas y coordinadas entre ellas y no sólo el establecimiento de acciones aisladas de cada

dependencia.

Una Agenda Digital para el desarrollo de México

Documents

Transcript of Una Agenda Digital para el desarrollo de México