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1o de sept5iembre de 2010 A 200 años... UN PAÍS FRACTURADO ADEMÁS: Especial: Trata de personas Las ciudades de origen de los insurgentes, rezago e inequidad México, el país más peligroso para los periodistas Baja California Sur, en la mira
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1o de sept5iembre de 2010
A 200
años...
UN PAÍS FRACTURADO
ADEMÁS:
Especial: Trata de personas
Las ciudades de origen de los insurgentes, rezago e inequidad
México, el país más peligroso para los periodistas
Baja California Sur, en la mira
Somos un espacio especializado en la generación de
propuestas sobre política social del país que incidan en
las políticas públicas y privadas en materia de derechos
sociales; el Maestro Mario Luis Fuentes, uno de los ma-
yores referentes en temas de lo social en México, presi-
de nuestro consejo editorial.
MÉXICO SOCIAL
www.mexicosocial.org
CONSEJO EDITORIAL
Mtro. Mario Luis Fuentes
Dr. Jesús Kumate Rodríguez
Dr. Fernando Cortés
Mtro. Rolando Cordera
Lic. Dulce María Sauri
Dr. Miguel Concha
Ing. Carlos Rojas Gutiérrez
Mtra. Irasema Terrazas
Dirección Editorial
Saúl Arellano Almanza
Coordinadoras de Sección
Laura Ilarraza Gálvez
Fabiola Juárez Herrera
Cristina Hernández Engrandes
México Social, publicación mensual,
Todos los Derechos Reservados
Número 0, Julio de 2010
Jardín Centenario no. 18-1, Col.: Villa Coyoacán, Coyoacán, México 04000
Número de certificado de reserva:
04-2010-031111510100-20
Número de Reserva en Internet en trámite
ISSN: En trámite.
Índice Mexicano sobre la
vulnerabilidad ante la Trata
de Personas
Encuéntralo en:Encuéntralo en:
mexicosocial.orgmexicosocial.org
informació[email protected]
Informe de Seguimiento de
la EPT en el Mundo-
“Llegar a los marginados”
Publicación independiente en-
comendada por la UNESCO y
elaborada por el Equipo del
Informe con la colaboración
de personas y organizaciones
de todo el mundo, en la cual
se examinan los factores rela-
cionados con la protección del
derecho a la educación, sector
prioritario del desarrollo
humano y el gasto público.
En este informe se analiza el
impacto de la crisis financiera
de 2009 en materia educativa
a nivel mundial, así como los
progresos e incumplimiento
de los objetivos y compromi-
sos para 2015 de la Educación
Para Todos adoptados por
164 gobiernos desde 2000;
entre ellos, el de la ampliación
de oportunidades de aprendi-
zaje ofrecidas a jóvenes, adul-
tos y niños.
DISPONIBLE EN:
http://www.unesco.org/es/efareport/reports/2010-
marginalization/
Desde 1946 uno de los principales mandatos de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) es la alfabe-
tización de la población mundial. En función de dicho propósito, proclamó cada día 08
de septiembre, a partir de 1967, como el Día Internacional de la Alfabetización. El objeti-
vo principal de conmemorar este día es crear conciencia entre los gobiernos del mundo
sobre la importancia que tiene el acceso a la lectura y la escritura.
Así, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la UNESCO llevan a cabo distintas
acciones como foros, conferencias, iniciativas y programas para la alfabetización, desta-
cando el proyecto global titulado Educación Para Todos (ETP).
De acuerdo con cifras del Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo 2006, uno de
cada cinco adultos alrededor del planeta no han sido alfabetizados y de ellos dos terce-
ras partes son De acuerdo con las tendencias identificadas, se prevé que para 2015
habrá todavía 56 millones de niños sin escuela.
Pese a los esfuerzos realizados, los datos del Informe de Seguimiento de la EPT, señalan
que la cifra de analfabetas alrededor del mundo es de 759 millones de personas que ca-
recen de las competencias básicas de lectura y escritura.
Para luchar contra el analfabetismo, una de las acciones más importantes que ha impul-
sado la ONU es el Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización (DNUA) que se in-
auguró en el año de 2003 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y cuyo lema
es: “La alfabetización como libertad”.
Este Decenio, coordinado por la UNESCO, propone aumentar los índices de alfabetiza-
ción además de que la comunidad internacional reconoció que el fomento a la alfabeti-
zación sirve al interés general y forma parte de los esfuerzos en pro de la paz, el respeto
CEIDAS/Fabiola Juárez
y los intercambios en un planeta en vías
de mundialización. En 2005, con el fin de
fortalecer las acciones para la erradica-
ción del analfabetismo, la UNESCO im-
pulsó la Iniciativa de Alfabetización Saber
para Poder (LIFE por sus siglas en inglés.
Una de las metas más importantes que se
han planteado es la de ampliar las tasas
de alfabetización en un 50% para 2015,
que es también el propósito general de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODM, en el marco de los esfuerzos para
reducir la pobreza mundial.
De acuerdo con las Naciones Unidas y la
comunidad internacional el Decenio trata
de fomentar un contexto alfabetizado pa-
ra todos en el que se incluya a las niñas,
niños, mujeres y hombres, tanto de paí-
ses desarrollados como las naciones en
vía de desarrollo.
Uno de los principales cometidos de la
UNESCO, como coordinadora del Decenio,
fue elaborar un Plan de Acción Internacio-
nal para el DNUA. Dicho plan consta de
seis puntos para aplicar la alfabetización
para todos:
Cambiar las políticas con el fin de cre-
ar un marco de referencia para la
participación local en las tareas de
alfabetización
Crear programas flexibles
Dar capacitación a los alfabetizadores
Desarrollo de Investigación en la mate-
ria
Participación comunitaria, y
Seguimiento y evaluación con el fin de
medir los progresos de las regio-
nes respectivas.
De acuerdo con el documento Informe de
Seguimiento de la EPT en el Mundo, 2010,
en América Latina y el Caribe hay todavía
“36 millones de adultos que carecen de
los instrumentos de aprendizaje básicos
para adoptar decisiones con pleno conoci-
miento de causa y participar de lleno en el
desarrollo de sus sociedades.” De modo
que el reto principal para estos países es
afrontar los desafíos que plantea la alfa-
betización, así como realizar esfuerzos
para ampliar la educación y mejorar su
calidad para ofrecer a los jóvenes y adul-
tos mayores posibilidades de aprendizaje.
Debe decirse que el ritmo de alfabetiza-
ción en nuestra región es lento, ya que
desde 2006 sólo se ha logrado alfabetizar
a 4 millones de personas en América Lati-
na y el Caribe, un millón por año; de se-
guir así tomaría 36 años más terminar
con el analfabetismo en la región y no un
decenio como lo planteó Naciones Unidas.
El Informe de la EPT 2010, revela que en
México el 40% de la población escolar de
15 años está en un nivel inferior en lo que
se refiere a la adecuada comprensión y
aprendizaje de las matemáticas –Nivel 1-
o incluso por debajo de éste. Señala asi-
mismo que las mujeres que sólo hablan
una lengua indígena tienen 15 veces más
probabilidades de ser analfabetas que las
que tienen como único idioma el español,
por lo que la tasa de alfabetización alcan-
za sólo el 5% de las mujeres que no saben
español.
De acuerdo con el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA) hasta
el pasado mes de julio de 2010 había en
México 251,914 personas inscritas para
recibir alfabetización, registradas en la
etapa inicial de la educación básica en el
Modelo Educación para la Vida y el Traba-
jo (MEVyT).
VISOR INTERNACIONAL
En CEIDAS, preocupados por el bienestar de los niños creamos a los “Chatos”, una colección de muñecos creados para fomentar el fortalecimiento de las capacidades de AFECTO, SOCIALIZACIÓN, y EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES en niñas, niños y adolescentes.
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VISOR INTERNACIONAL
Además había 278,991 recibiendo instrucción primaria y 654,743 en secundaria; en to-
tal 1,185,648 había alumnos atendidos por el INEA a lo largo de la República. Las cifras
del INEA señalan que alrededor de 104,274 personas se inscriben al mes para ser alfabe-
tizadas.
Por otra parte las Estimaciones del Rezago Educativo, generadas por el propio INEA indi-
can que hasta el 31 de diciembre de 2009, había en México un total de 45,837,224 per-
sonas de entre 15 y 39 años de edad, de los cuales 1,504,168 eran analfabetas (3.3%);
además de que 3,208,431
(7%) no habían concluido los
estudios de primaria y
9,993,664 (21.8%) no hab-
ían terminado la secundaria.
Lo que mues- tra que hay
14,706,26 personas en
rezago educa- tivo, cifra que
equivale al 32.1 por ciento
del total de la población de
15 a 39 años.
Los estados que presentan
el mayor reza- go en el ámbito
educativo en personas de
entre 15 y 39 años son: Chia-
pas con 221,097 perso-
nas analfabe- tas y 51.1% de
rezago educa- tivo en ense-
ñanza básica; Veracruz con
230,429 anal- fabetas y 38.8%
de rezago educativo; Pue-
bla con 132,027 analfabetas y 40.6% de rezago educativo; Guerrero con 111,574 analfa-
betas y 39.8% de rezago educativo y el Estado de México con 103,875 y 27% de rezago
educativo.
En términos generales, las cifras oficiales indican que hasta el año 2009 había en México
77,276,855 personas mayores de 15 años, de las cuales 5,841,869 eran analfabetas;
además de que había 33,403,374 personas en rezago educativo –en el que se incluye a
las personas de 15 años y más con educación básica inconclusa- equivalente a un 43.2%
del total de personas en ese grupo de edad; así, en diez años sólo se ha logrado dismi-
nuir el analfabetismo en un 8.7% con respecto a la situación que prevalecía en el año
2002, es decir, una reducción de menos de 1% por año.
Asimismo, el Informe de Seguimiento de la EPT 2010, con base en las pruebas PISA,
muestra que más del 40% de los estudiantes evaluados obtuvieron puntuaciones que los
situaban en los más bajos niveles de competencia en lectura. En contraste, en Cuba los
alumnos de primaria obtuvieron “excelentes resultados”, pues el 40% de los estudiantes
de tercer grado alcanzaron el nivel más alto en lectura establecido por la evaluación,
rendimiento dos veces superior al registrado en México y Chile.
El Informe sostiene que en México el Programa Oportunidades ha conseguido mejoras
considerables en materia de educación. Además reconoce que: esas medidas han reduci-
do las disparidades en las puntuaciones obtenidas en matemáticas en la escuela prima-
ria, pero han tenido poco impacto en los resultados en español.
Hay alrededor del mundo 774 millones de adultos que no tienen un nivel míni-mo de alfabetización
75 millones de niños no asisten a la es-cuela
el promedio de estudio varía entre 5.7 años para las mujeres en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz
Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero y Guerrero tienen un gran rezago educa-tivo en personas de 15 a 39 años
De acuerdo con datos del Informe; el promedio de estudio varía entre 5.7
años para las mujeres en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxa-
ca y Veracruz mismos que forman, según UNICEF, un “cinturón de pobreza”; a
diferencia del Distrito Federal en donde el promedio es de 10 años de instruc-
ción escolar.
Han pasado siete años desde el inicio del Decenio de las Naciones Unidas de
la Alfabetización y al ritmo que hemos avanzado, en México no se cumplirán
los objetivos asumidos; esto implica un enorme rezago pues el analfabetismo
está poderosamente relacionado con indicadores síntesis de desigualdad, ta-
les como la mortalidad materna y la desigualdad.
Es deseable que en el Bicentenario de nuestra Independencia, una de las Me-
tas que el Gobierno Federal y los de los estados debieran asumir como com-
promiso ético e histórico, es erradicar el analfabetismo de aquí al año 2012.
Apoyando a la Fundación CEIDAS usted contribuye a la generación de investigaciones y estudios en materia de desarrollo social y protección de los derechos humanos
Fo
togra
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Inte
rnet
Para realizar un donativo a la FUNDACIÓN CEIDAS, usted puede hacerlo
a la cuenta 1424709-7 de IXE Banco.
Sus donativos son deducibles de impuestos. fundació[email protected]
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Vitrina de la Inflación
CEIDAS/Investigación
En efecto, la mayor inflación registrada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor,
desagregado por sus componentes, se ubica en el ámbito de alimentos con un 3.98%
anualizado, considerando los meses de julio de 2009 y julio de 2010. Este indicador su-
pera al índice general el cual se situó, en el periodo de referencia, en un 3.64% de creci-
miento anualizado.
Por otro lado, en lo relativo al INPC en el componente de servicios, lo que se observa es un creci-
miento general de 3.88%, valor que contrasta con la inflación registarda en el rubro de la Educa-
ción, en el cual se tuvo una inflación de 4.13%, mientras que en la categoría de “otros servicios”
se observa un crecimiento anualizado de 5%.
Los esperable, de acuerdo con el análisis de los expertos, es que durante los meses de agosto y
septiembre haya un nuevo repunte en la inflación debido al regreso a clases y a la consecuente
demanda de bienes y mercancías relacionadas con la educación, así como por el propio costo de
las colegiaturas.
Asimismo, hay proyecciones que muestran un posible impacto negativo que los huracanes y tor-
mentas tropicales que se esperan durante los meses de septiembre y octubre, producirán en la
agricultura, lo cual puede generar importantes pérdidas en el sector agropecuario, y detonar una
Uno de los mayores problemas que ha enfrentado el país desde hace casi
dos décadas es el relativo a la constante y progresiva pérdida del poder
adquisitivo del ingreso de los trabajadores. Esta pérdida está relacionada,
entre otros factores, con el impacto que tiene la inflación en el ingreso, so-
bre todo considerando que el mayor crecimiento inflacionario se sitúa en
los productos básicos.
Vitrina de la Inflación
CEIDAS/Investigación
nueva tendencia a la alza en los precios de los alimentos.
Visto por objeto de gasto, la tendencia del INPC muestra un severo impacto en el costo del trans-
porte, el cual está vinculado sin duda al constante incremento en los precios de la gasolina y el
diesel; en segundo lugar se ubican los gastos en educación y esparcimiento, seguido de los gas-
tos en medicinas y gasto en salud, así como el gasto en ropa, calzado y accesorios.
Lo esperable con estos resultados, combinados con la expectativa de un probable nuevo estanca-
miento económico, como producto de la ralentización de la economía norteamericana, es que el
efecto en la capacidad adquisitiva de las personas agudice las condiciones de pobreza que ya se
viven en el país.
Vitrina del desempleo
CEIDAS/Investigación
El estancamiento en la generación de empleos continúa y la si-
tuación amenaza con agravarse debido a las señales de una nue-
va temporada de turbulencia económica en los Estados Unidos
de América. La crisis no ha terminado y al parecer nadie tiene
plena certidumbre de que el mundo esté avanzando realmente a
un proceso de revitalización de la economía planetaria.
Así las cosas, nuestra economía sigue siendo incapaz de dar un viraje para fortalecer el
mercado interno, potenciar las capacidades productivas de las pequeñas y medianas em-
presas, así como detonar un nuevo proceso de generación y distribución de la riqueza
que permita crecer sostenidamente para la equidad.
En este contexto, lo que se encuentra es que el número absoluto de personas desocupa-
das creció entre el primer trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2010, en un total
de 705,561 personas, lo que representa un incremento de 28.42% con respecto a la cifra
registrada hace ya poco más de dos años.
Lo anterior implica un reto mayúsculo en términos sociales, pues llevamos ya un año y
medio con una cifra superior a los dos millones de personas en condiciones de desocu-
pación, y junto con ello, un proceso creciente de precarización del trabajo y como se
puede leer en nuestra Vitrina de la Inflación, también un proceso inflacionario que si
bien se mantiene en niveles controlados, sigue siendo sumamente alto si se compara
con lo que ocurre en otras economías.
Lo anterior está vinculado también a la pérdida de las capacidades adquisitivas de las
personas, lo cual, a la luz de los nuevos indicadores que ha diseñado CONEVAL para la
medición de las tendencias económicas de corto plazo, se refleja de manera directa en
el crecimiento del llamado Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, el cual mide el
porcentaje de trabajadores que no obtienen los recursos requeridos para la adquisición
de una canasta básica.
Al respecto, vale la pena destacar que de acuerdo con la información disponible, hay una
aparente vinculación a la pérdida de los empleos y la precarización de los que logran
mantenerse pues a medida que la tasa de desocupación nacional se ha incrementado o
ha mantenido en altos niveles, se ha incrementado simultáneamente el índice de la ten-
dencia laboral de la pobreza (ITLP). Asimismo, el análisis de los datos arroja una fuerte
correlación entre ambos indicadores, lo cual puede considerarse como la ratificación de
que están determinados por una estrecha vinculación.
Lo anterior es reflejo de la caída en los ingresos de las personas: en efecto, entre 2008 y
2010 ha crecido significativamente el número de personas que tuvieron salarios por de-
bajo de un salario mínimo mensual, pasando de 5.27 millones en el primer trimestre de
2008 a 5.99 millones de personas en el segundo trimestre de 2010.
En el mismo periodo, el número de personas que perciben entre uno y dos salarios míni-
mos mensuales creció también de manera significativa al pasar de 8.84 millones a 10.35
millones de personas.
Una tendencia a la inversa se registra entre las personas que tienen ingresos más altos.
Así, el grupo de trabajadores que perciben entre dos y tres salarios mínimos se redujo
considerablemente al pasar de 10.13 millones en el primer trimestre del 2008, a 9.32
millones en el segundo trimestre de 2008.
El grupo que se sitúa en el segmento de ingresos de tres a cinco salarios mínimos se
mantuvo relativamente sin cambios, al situarse en 7.32 millones en el primer trimestre
de 2008 y en 7.53 millones en el segundo trimestre de 2010.
La caída más fuerte se registra en el grupo de ingresos de más de cinco salarios míni-
mos el cual se contrajo de 5.045 millones de personas a inicios de 2008, para llegar a
3.91 millones en el segundo trimestre de 2010.
La creciente precarización del ingreso
se expresa también en el crecimiento
del número de personas que están
ocupadas en el sector informal de la
economía, el cual ha alcanzado ya ni-
veles que evidencian una verdadera
fractura en el mundo del trabajo en el
país.
Así, para el segundo trimestre de
2010, los datos de la ENOE muestran
que el porcentaje de personas que tra-
bajan en la informalidad equivale al
28.8% del total de las personas ocupa-
das en el país, es decir, poco más de
uno de cada cuatro trabajadores en el
país lo hace en condiciones inacepta-
bles pues la informalidad implica, des-
de luego, falta de cobertura de la se-
guridad social así como la carencia de
otras prestaciones laborales.
En síntesis, es una mentira que México se
esté recuperando y que haya “buenas se-
ñales” de recuperación del empleo, como
reza el catecismo de la propaganda ofi-
cial. Según los datos de INEGI, la Tasa de
Desocupación Nacional se ha mantenido
al mismo nivel en los últimos 9 meses, lo
que implica, en números absolutos, más
de 2.45 millones de personas que no
cuentan con la oportunidad de acceder a
un empleo, aún estando buscándolo.
En la mira...
La política social
en
Baja California Sur A un año de finalizar el periodo de la administración que enca-
beza el gobernador Narciso Agúndez Montaño, continúan sin
cumplirse algunos de los retos que se plantearon al inicio de
su gobierno, como lo son la generación de las tecnologías ins-
titucionales para enfrentar los principales riesgo sociales y el
diseño de una política pública que incluya un discurso público
sustentado en el enfoque de los derechos humanos.
La cuestión social en Baja California Sur
De acuerdo con estimaciones del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
la población total de Baja California Sur a
la mitad de este año ascendía a 579,189
habitantes, 303,851 eran mujeres y
275,338 hombres. El 85% de su población
es urbana mientras que sólo el 15% es ru-
ral, a nivel nacional esta proporción es de
76% y 24%; En el 2009, el 42% de la pobla-
ción radicaba en su capital: La Paz, y se
ubicaba como la Entidad menos poblada
del país.
Está integrado políticamente por cinco mu-
nicipios: Comondú, Mulegé, La Paz, Los
Cabos y Loreto. Es territorialmente hablan-
do, el noveno estado más grande del país,
con una longitud litoral de 1,400 km en el
Pacífico y de 800 km en el Golfo de Califor-
nia, lo que lo sitúa como el estado con ma-
yor extensión de litorales del país.
Creado por Decreto Presidencial el 8 de
octubre de 1974, es el tercer estado más
joven del Pacto Federal y tiene en Los Ca-
uno de los más importantes destinos turísticos a nivel nacional.
No obstante que Baja California Sur es la sexta entidad con más alto Índice de Desarrollo
Humano (IDH) a nivel nacional (0.8300) persiste una importante desigualdad en el grado
de desarrollo alcanzado por sus municipios, tal como puede verse en el siguiente cua-
dro.
Pobreza
De acuerdo con los datos de CONEVAL, en 2008, el porcentaje de la población vulnera-
ble por carencias sociales era mayor al porcentaje nacional que era de 45.6% y 33%, res-
pectivamente; más de la mitad de su población carecía de acceso a la seguridad social
lo que equivalía a cerca de 280 mil personas, mientras que 80 mil no tenían acceso a
una alimentación adecuada.
Casi el 40% de su población mayor de 15 años no terminó la secundaria, lo que significa
que de las 310 mil personas mayores de 15 años que hay en la entidad, más de 120 mil
no cuentan con la educación básica completa.
Educación
Los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica levantada por el INE-
GI en el 2009, muestran que de los 520,176 habitantes de 5 años y más con los que
cuenta la Entidad, el 21.5% había alcanzado el nivel educativo medio superior, mayor al
16.3% logrado a nivel nacional.
El grado promedio de escolaridad en el 2008 fue de 9.2 años, ubicándose por arriba del
promedio nacional (8.7) pero muy por debajo del promedio alcanzado por el Distrito Fe-
deral (10.3).
Por otro lado, aún cuando se ha reducido en términos porcentuales, el número de perso-
nas mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir se ha incrementado de 10,654 en
el año 2000, a 12,297 en el 2005, y a 13,181 en el 2009.
Cabe destacar que Baja California Sur es una de las ocho entidades del país que no ofre-
cen servicios de educación indígena tanto en primaria como en secundaria, a pesar de
que en el 2005 se contabilizaron más de 7,100 hablantes de alguna lengua indígena de
5 años y más, por lo que sería importante determinar cuántos de ellos están en edad es-
colar y diseñar servicios especializados.
Salud
Baja California Sur ocupa el 1er lugar a nivel nacional en cuanto al número de hospitales
por cada 100 mil habitantes y el 2º en cuanto al número de médicos especialistas por
cada mil.
A pesar de ello, hay problemas de salud pública que requieren focalizar acciones. Por
ejemplo, en el 2008 los tumores malignos y las enfermedades del corazón fueron las
dos principales causas muerte registradas durante ese año con una proporción de 18.2%
y 16.8%, con respecto al total de defunciones, porcentajes mayores a los registrados a
nivel nacional que fueron de 17.2% y 12.4% respectivamente. Los accidentes es la cuarta
causa de muerte de la Entidad, pues se situó en 11.9%, con respecto al total de defuncio-
nes en la entidad, superior al promedio nacional que en el mismo año fue de 15.9%.
Los decesos en niños menores de 5 años son otro importante problema de salud pública
pues superan la media nacional: en el 2007, mientras que en el país la tasa de muerte
en menores de 5 años fue de 37.05 por cada 100 mil nacidos vivos, en la entidad fue de
39.38.
Asimismo, resulta paradójico que teniendo un alto nivel de desarrollo humano, Baja Cali-
fornia Sur mantenga indicadores de muertes infantiles por deficiencias nutricionales, por
arriba de la media nacional. Así, la tasa de mortalidad de menores de 5 años por defi-
ciencias nutricionales fue en 2009 de 6.2 por cada 100 mil niños, frente a una tasa na-
cional de 5.3.
En Baja California Sur se registra también un significativo incremento en la tasa de mor-
talidad por VIH-SIDA. De acuerdo con los datos disponibles de la Secretaría de Salud, en-
tre 2001 y 2005 la tasa estatal creció en casi cinco puntos, de 8.68 muertes a 13.46 por
cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional la tasa se mantuvo estable.
De este modo, las defunciones por VIH-SIDA se incrementaron entre 2007 y 2008 en un
50%, pasando de 23 a 44. Con ello se ubicó como la entidad con mayor crecimiento por-
centual en cuanto a muertes por esta causa, ocupando en 2007, el sexto lugar nacional
en este indicador.
Desocupación y desempleo
La tasa de desocupación de la Entidad registrada al primer trimes-
tre de este año, 6.5, es casi un punto porcentual mayor a la tasa
nacional, 5.3. Siendo así el noveno estado con mayor tasa de ocu-
pación parcial y desocupación, el quinto con mayor subocupación,
y el tercero con mayor tasa de presión general.
Lo anterior implica que, de los 274,677 personas que forman par-
te de la Población Económicamente Activa (PEA), 14,317 están
desocupados; de este total el 39% son mujeres y el 61% hombres.
Se estima que la tasa de ocupación también disminuirá de un
94.5% registrado en el 2009 a un 93.5% en el 2010.
Con un 2.5%, Baja California Sur es la segunda entidad con menor
proporción de la población ocupada que no recibe ingresos, sólo
por debajo de Baja California, mientras que a nivel nacional la pro-
porción es de 7.8%.
La escolaridad promedio de la PEA es de 9.2 grados, indicador in-
ferior a la media nacional la cual asciende a 9.9 grados. Sin em-
bargo, el ingreso promedio por hora trabajada es de 42.7 pesos,
lo que casi duplica al ingreso promedio nacional que por hora
apenas es de 29.2 pesos.
Vulnerabilidades y Trata de
Personas en la Entidad
De acuerdo con el Índice Mexicano de
Vulnerabilidad ante la Trata de Per-
sonas, realizado por CEIDAS, se pue-
de identificar el grado de vulnerabili-
dad de los habitantes de la entidad
ante este crimen a partir de cinco di-
mensiones sociales que expresan el
incumplimiento de sus Derechos
Humanos.
Es de destacarse que el estado ocupa
el quinto lugar nacional en cuanto un
sistema de justicia y seguridad de-
ficiente, sin embargo, es uno de los
que registran menor precariedad
económica y en condiciones labora-
les de explotación.
ESPECIAL
El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional
contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, por
lo que México Social y el Centro de Estudios e Investiga-
ción en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. hemos elabo-
rado este suplemento relativo al tema. en el marco de
nuestro combate contra este delito.
CEIDAS y la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) desarrollaron el Seminario Interdisciplinario so-
bre Trata de Personas, en el cual participaron represen-
tantes de medios de comunicación de Excélsior, La Cróni-
ca de Hoy y Milenio, así como catedráticos de la UNAM y
miembros de las Organizaciones No Gubernamentales
CEIDAS, el Colectivo contra la Trata de Personas, Servi-
cios a la Juventud, A.C., el Centro de Derechos Humanos y
Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C. de Oaxaca, y el Centro
Fray Julián de Garcés de Tlaxcala .
A través de este esfuerzo académico por hacer visible la
trata de personas, se construyeron propuestas que tie-
nen como objetivo incidir en el diseño e implementación
de políticas públicas y privadas de prevención, erradica-
ción y sanción.
Este suplemento está compuesto por tres trabajos reali-
zados durante el Seminario, los cuales son un ejemplo
del esfuerzo, compromiso y dedicación de sus integran-
tes en la lucha por erradicar la trata de personas.
Lineamientos básicos para la cobertura
periodística de trata de personas
(Difusión, seguimiento
y presión institucional)
Daniel Blancas Madrigal
—¿Qué se requiere para ser periodista? —se pre-
guntó poco antes de su muerte al polaco Ryszard Ka-
puscinski, considerado el mejor reportero del mundo.
—Hay que ser, ante todo, un buen ser humano; si se
es una buena persona será posible comprender a los
demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus difi-
cultades y tragedias —dijo.
Aunque su visión es aplicable al ámbito periodístico en
todas sus facetas, resulta primordial cuando se abor-
dan asuntos relacionados con la violación de derechos
humanos y más aún cuando la fuente directa es quien
lo ha padecido.
¿Cómo acercarse, por ejemplo, a una víctima de trata
de personas?, ¿cómo convencerla de que vale la pena
contar su historia, de que puede ser útil para ayudar a
otros, para avanzar en la atención de un delito cada
vez con mayores ecos en nuestro país?
Sin duda, el principio de Kapuscinski abriría puertas y
corazones. Significaría un largo trecho recorrido. Sin
embargo, desde el enfoque de la técnica reporteril
habría otras cuestiones por responder…
¿Cómo acceder a casos?, ¿a qué fuentes recurrir?,
¿qué errores evitar durante el reporteo?, ¿cómo per-
suadir al editor o jefe de información del interés social
de trabajos con esta temática?
Con base en la experiencia propia y en la de otros
nueve reporteros designados por sus medios —
nacionales y locales, escritos y audiovisuales—para
cubrir la trata, se intenta aquí presentar un compendio
elemental de recomendaciones en la materia, así co-
mo detectar los principales desaciertos durante cobertu-
ras de este tipo.
El objetivo es, en esencia, encadenar voces y así apor-
tar lineamientos de trabajo para aquellos interesados en
reportear el tema, a la espera de que nuevas ideas y
propuestas logren complementar este ejercicio básico,
pero optimista.
CUATRO HISTORIAS, CUATRO EQUÍVOCOS
Olvido
De Lucy, de cuatro años de edad, se difundió que tras
el extraño asesinato de su madre había sido enviada de
Guatemala a Cancún por un tío: la vendió a una red de
pornografía infantil, aunque dos años después fue res-
catada por una asociación civil y resguardada en un
albergue… Pese a los elementos disponibles, pruebas
y testimonios, nada se supo de las investigaciones de
autoridades mexicanas y guatemaltecas para ubicar al
responsable de su venta ni para desarticular o perse-
guir a la organización criminal de Quintana Roo. Su ca-
so se olvidó…
Delación
De Sandra, de 23, se conoció que todos los días era
obligada a emborracharse y a prostituirse en un bar de
Chiapas. No veía un centavo del dinero obtenido. Era
su cotidianeidad hasta que, en secreto, pidió auxilio en
la comisión estatal de derechos humanos, el lugar a
donde también había acudido otra mujer abusada,
quien días antes había escapado. Sandra fue ubica-
da en un refugio temporal, donde accedió a compartir
su vivencia a un medio periodístico… La publicación
de su nombre y del lugar donde había sido
“enganchada” provocó que fuera identificada por sus
captores: recibió amenazas, fue perseguida y, de
manera misteriosa, uno de sus hermanos murió acri-
billado.
Insuficiencia
De Jonás, de 15, se detalló que el director de una
casa-hogar en el Distrito Federal —a donde fue invi-
tado por otros menores quienes, como él, vivían en la
calle— lo forzaba a vender en la vía pública encen-
dedores, plumas y otros artículos donados. Si no en-
tregaba 800 pesos diarios, se le negaba la comida o
se le ordenaba limpiar el patio o las escaleras con un
cepillo dental… En un buzón periodístico, el remiten-
te escribió: “Sé de otras historias como la de Jonás,
¿dónde acudo?, ¿qué instancia puede apoyar a otros
jóvenes en situación similar? ¿por qué nunca publi-
can teléfonos o nombres de centros de ayuda?”.
Imputación
Ruth y Elvira, de 14 y 16 años, fueron rescatadas de
una casa de seguridad en el Estado de México. Ahí,
habían sido incorporadas a una red de comercio
sexual durante casi dos años. La Agencia de Seguri-
dad Estatal (ASE) invitó a un grupo de comunicado-
res al operativo de liberación, en el cual también fue-
ron capturados un par de sujetos. Al siguiente día, un
diario nacional cabeceó: “Caen padrotes de niñas
prostitutas”… El encabezado derivó en quejas por
parte de grupos defensores de derechos humanos y
de organizaciones civiles, que reprocharon el uso del
término “niñas prostitutas”, por considerar que no
contempló la condición de víctimas de las adolescen-
tes.
LA REALIDAD: PRIMERAS HUELLAS
Falta de seguimiento a casos específicos; descuido
en el empleo de términos, de acepciones delictivas o
calificativos; escasa o nula protección a la identidad
de las víctimas y a datos personales o familiares, y
exigua difusión de referencias sobre organizaciones,
centros e instituciones especializadas en la atención y
estudio de la trata están entre los rezagos comunes del
quehacer periodístico.
Pero el menú de carencias, de acuerdo con los testimo-
nios, aún es más vasto…
¿Trata de qué?
Hay, entre reporteros, reconocimiento a la falta de infor-
mación sobre el tópico: su concepción delincuencial; su
marco normativo; sus diferencias con otros delitos o
prácticas como lenocinio, pornografía, explotación sexual
comercial, turismo sexual y tráfico de personas, así como
sus fórmulas esenciales de cobertura.
Esto, pese a la coincidencia unánime del impacto cada
vez mayor de la trata en la vida social, de su trascenden-
cia en la escena pública, y de los progresos en conoci-
miento que se han derivado de la organización de tálle-
res, seminarios o diplomados con esta temática.
El déficit informativo alcanza y quizá se acentúa entre
editores, coordinadores de sección y jefes editoriales.
De voz en voz
“La cobertura de la trata no se compara con la que se le
da, por ejemplo, al narcotráfico, que hoy marca la agen-
da en México… Cuando propones un trabajo sobre el
tema, la respuesta casi siempre es: pero si ya hicimos un
reportaje de eso”, dice Silvia Garduño, del periódico Re-
forma.
En general, refrenda, hay desconocimiento entre directi-
vos y jefes de los periódicos: “Recientemente la ONU
organizó un taller sobre trata, en el cual invitaron como
panelista a quien era director de un periódico nacional:
sólo habló de drogas y cuando se refirió a la esencia del
curso, lo hizo como trata de blancas, un término ya reba-
sado, ahí me di cuenta que aún quienes dirigen diarios
importantes no tienen idea del asunto”.
Ni idea de cómo trabajar con víctimas…
“He tenido casos en que los afectados, por seguridad,
me han pedido ocultar rostros, nombres, lugares, pero
los editores reprochan: ¿cómo vamos a omitir la foto?,
¿cómo me pides publicar esto si faltan detalles?... Es
difícil convencerlos de la protección… A veces en los
medios importa más el morbo que la aportación social,
publicar que a una niña la violaban doce veces al día en
vez de ir al fondo de la problemática”.
Señala que la ignorancia se extiende a las oficinas de
comunicación social de las dependencias involucradas, “porque he solicitado datos sobre la trata y me
dan información de otros delitos”.
Juan Omar Fierro, de MVS Radio, comparte su experiencia: “Tener 70 ejecutados al día ha minimizado
temas como la trata, a la que seguimos de manera tangencial: no hay seguimiento mayor y todo se limita a
las notas que son difundidas por instancias oficiales, porque no hay un programa de investigación ni órde-
nes específicas para dar a conocer nuevos casos, nuevos enfoques o análisis”.
Liliana Alcántara, de El Universal, admite desencuentros con jefes de información y correctores, “porque
quieren cabecear las notas con expresiones erróneas o confusas, sin claridad sobre el ámbito delictivo, lo
que provoca que el texto contradiga la legislación o dañe a las víctimas: han llegado a poner niñas prostitu-
tas”.
En medios audiovisuales, detalla Carolina Rivera, de Radio 13, “los auditorios son distintos, como diferen-
tes son las visiones de los conductores de noticieros: la cobertura de un tema depende de la línea del pro-
grama. He tenido buenas notas sobre trata a las que se les da mucho juego en la mañana, pero en la tarde
pasan desapercibidas”.
La falta de espacio es una de las dificultades con las que ha tenido que lidiar Lidiette Carrión, colaboradora
de News en Español y la revista Replicante: “Las notas se publican muy chiquitas, a menos que explotes la
trata desde un ángulo morboso, jodido; se da prioridad a lo político o al periodismo de entretenimiento: a
las Hummers o las tangas”.
En provincia, el panorama es similar…
Lisbeth Díaz, reportera de El Mexicano, de Tijuana, Baja California y corresponsal de Radio Formula y de
la Agencia Reuters: “La cobertura de trata solo es atractiva por periodos cortos de tiempo, porque vienen
las campañas políticas o las balas y se olvida todo. Los editores, más que por ignorancia, relegan la infor-
mación con la idea de que otros temas venden más, dicen que impactan más las noticias de decapitados
que las de los inmigrantes que son obligados a pasar droga en mochilitas”.
Y Carlos Avendaño, de la Jornada de Oriente, de Tlaxcala: “Sabemos de la importancia de dar espacio a
un tema como el de la trata, más en una entidad considerada como exportadora, pero es casi imposible
penetrar a la zona sur del estado, donde se da la mayor incidencia, porque los padrotes están bien organi-
zados. De manera paradójica, en Tlaxcala no hay reporteo: por el miedo de víctimas y periodistas los datos
se manejan por vía de la organización Fray Julián Garcés y otros estudios académicos”.
¡Se salvaron!
Ese, el temor, es otro de los factores que limitan la cobertura; quizá, el más lacerante…
El propio Avendaño profundiza: “Los municipios dedicados por completo a la trata son pequeños, de entre
5 mil y 8 mil habitantes, se identifica con facilidad a quién viene de fuera, se ubican los coches… Los re-
porteros que hemos intentado investigar, por ejemplo en Tenancingo, hemos sido perseguidos, somos
blanco automático del crimen… La historia más sonada es la de un reportero de TV Azteca y su camaró-
grafo, a quienes acosaron hasta la salida del pueblo, donde un señor los alertó… ¡Se salvaron, porque la
mafia es la que controla esto, a mi hija se la llevaron hace dos meses y no he podido hacer nada, me tie-
nen amenazado”.
LAS VALLAS
Como parte del mosaico de obstáculos por derribar, se suman la limitada información sobre la actualidad
del problema en nuestro país, el disimulo por parte de autoridades competentes, la duplicidad de funciones en el tra-bajo civil y los aprietos para acceder a las víctimas. “Las dependencias no cuentan con referencias claras de la trata ni con estadísticas fiables, las que tienen no están
sistematizadas, por eso hay una reiterada negación de entrevistas por parte de funcionarios de las áreas vinculadas,
no tienen nada qué decir”, expresa Maria Eugenia Jiménez, del periódico Milenio.
“Oficinas oficiales y organizaciones siempre salen con la misma cantaleta: según la ONU hay tantas víctimas en el
mundo, en México se calculan tantas, se cree que las zonas con mayor incidencia son tales, pero hay una cifra negra
de la gente que no denuncia… Y si no tenemos datos fidedignos, quiere decir que la autoridad no hace su chamba”,
opina Lizbeth Díaz.
“En el marasmo informativo —advierte Carlos Avendaño—, el riesgo es que los esfuerzos reporteriles se conviertan en
palos de ciego, porque además procuradurías y comisiones ocultan cifras o las tergiversan”.
Para Omar Fierro, los reporteros de la fuente nos equivocamos “al ver a las oficinas de gobierno como aliadas; confiar
en que proporcionarán lo que necesitamos es una quimera, simplemente porque no investigan, porque no trabajan”.
Y aunque hay sincronía en valorar la labor de organizaciones no gubernamentales, Liliana Alcántara repara en un es-
collo que las implica: “Me ha tocado cubrir la trata en Estados Unidos y allá las ONG´s tienen tareas bien delimitadas:
unas se concentran en las víctimas, otras en la cuestión legislativa e incluso han comenzado a trabajar en el perfil de
explotadores y clientes; aquí se duplican funciones, no existe coordinación y el ruido es más bien coyuntural, depende
de cómo está el trabajo en el Congreso; algunas han tirado ya la toalla en investigación sobre las mafias”.
Frente a ellas: las víctimas
En el quehacer periodístico en torno a la trata de personas, uno de los retos primordiales es contar historias, llegar a
las víctimas. Sin embargo, representa la traba más común; un peñasco en el camino.
Y cada cual con su roca…
Carolina Rivera: “No quieren hablar porque piensan que serán revictimizadas, señaladas y juzgadas, que volverán a
sufrir de nuevo el delito; además les es casi imposible sacudirse el temor a represalias”.
Lidiette Carrión: “Mi táctica es enseñarles lo que he escrito, porque les preocupa cómo se maneja la información, el
respeto a su identidad, las notas amarillistas o voladas”.
Carlos Avendaño: “En un caso tuve la oportunidad de estar ante tres mujeres que habían sido tratadas, cuando intenté
charlar, me pararon en seco: no hablaremos, no hay nada qué decir, porque estamos enamoradas de nuestros due-
ños”.
Juan Omar Fierro: “¿Cómo te acercas a ellas? No puedes llegar y decirles: soy reportero, cuéntame tu historia; des-
pués del abuso que han sufrido no es fácil que confíen en las personas”.
Liliana Alcántara: “Mis experiencias han sido desalentadoras, porque me he percatado de la influencia que llegan a
tener los tratantes con las víctimas: ellas creen que nacieron para ser explotadas, lo asumen como destino fatal… En
uno de los casos me enteré que una mujer rescatada sólo estuvo dos meses en un albergue y se escapó para ingre-
sar de nuevo a la red”.
Apunta que la dificultad se duplica si además de rescatar una historia, la orden es cumplir las exigencias audiovisua-
les: la voz, el rostro… “Aunque en mi medio el código de ética permite resguardar la identidad de las personas cuyos
derechos humanos fueron violados, la exigencia es mucha para que al menos aparezca la silueta o se difundan los
sonidos de la entrevista, entonces el reto es doble, porque hay que buscar testimonios en función de las peticiones
editoriales y encontrar alguien que acepte ser fotografiada o filmada, con la promesa de que se realizarán trucos en la
edición”.
Tácticas
Frente al panorama de inconvenientes para re-
tratar casos reales, los reporteros comparten
sus fórmulas, sus atajos rumbo al corazón de
las víctimas…
Lizbeth Díaz: “Hay que verlas como lo que son:
seres humanos; si lloran, no preguntes cómo se
sienten, es necesario cubrirse de sensibilidad,
una pregunta mal enfocada es carpetazo al ca-
so”.
Carolina Rivera: “No vayamos por entrevistas
sino por conversaciones, puede funcionar arran-
car la plática con temas cotidianos y dejarlas
hablar, aunque es obligado marcar la pauta con
sutileza, poner orden… Nunca anunciemos que
habrá grabación: si es indispensable grabar,
pidámoslo después de ganarle un poco de terre-
no a la confianza; el integrante de la ONG que
sirvió de contacto puede servir de intermedia-
rio… Procuremos no aceptar charlas telefóni-
cas, porque aporta más una mirada, un gesto,
una expresión “.
Carlos Avendaño: “Usemos la descripción de la
persona y del ambiente como una herramienta
para brindar un plus a los lectores”.
Silvia Garduño: “Pidamos siempre los antece-
dentes del caso… Si se trata de menores, sue-
le funcionar un juguete para darles mayor segu-
ridad, para que se sientan bien… Si dicen: me
tocaba, me acariciaba, no hace falta ir más allá”.
Liliana Alcántara: “Las víctimas no deben sentir-
se utilizadas, no ayuda decir: estoy haciendo un
trabajo sobre el tema y necesito carne… Hay
que informarse sobre qué temas desea hablar y
cuáles no… No interesa saber cuántas horas la
obligaban a trabajar al día, sino quién era antes
de ser enganchada, cuáles eran sus oportunida-
des… Clima, música y objetos personales son
tópicos que ayudan a romper el hielo… En cier-
ta ocasión una niña me explicó cómo la maltra-
taban utilizando una muñeca; a ellos, los peque-
ños, invitémoslos a hacer dibujos, basta uno
para que conozcamos su vida, por eso hay que llegar preparados con hojas, crayolas y pinturas… No basta una sola sesión, es bueno tener una plática circuns-tancial la primera vez y regresar dos, tres o cuatro ve-ces, las que sean necesarias para dar certidumbre”.
10 ERRORES EN LA COBERTURA
Olvidar el seguimiento de casos.
“El seguimiento se queda corto, es un tema que va y
viene, se agota muy rápido, muchas veces se aborda
en fechas representativas: el día de la violencia contra
las mujeres o el día del niño”. Lizbeth Díaz.
No proteger la identidad de víctimas.
“El resguardo de la identidad es primero, porque no se
puede calcular el poder de un artículo, no sabes quién
te va a leer, no encuentro nada malo en cambiar nom-
bres o lugares”: Silvia Garduño.
Juzgar a las víctimas o desconfiar de ellas.
“Adiós al estigma, no se vale llegar predispuesto y de-
cir: le pasó esto porque se dejó, porque es pobre,
¿cómo no se dio cuenta del engaño?, ¿cómo se fue
con el chavo si tenía dos meses de conocerlo”: Caroli-
na Rivera.
Dramatizar las historias.
“Procuro no hacer un drama, no quiero que los lecto-
res lloren y sí que sepan que hay gente capaz de
hacerle daño a un niño, que es un delito grave y que
alguien debería estar pagando por eso, las notas la-
crimógenas distorsionan la realidad”: Silvia Garduño.
Exaltar al victimario.
“Suele exaltarse al delincuente sobre la víctima, por-
que a veces es más fascinante el monstruo, todos co-
nocemos detalles de Luis Alfredo Garavito, pero nada
de la vida de los más de 140 niños que asesinó”: Li-
diette Carrión.
Pensar que es indispensable acceder a la víctima para con-
tar su historia; es posible reconstruirla con datos reco-
lectados previamente por organizaciones, albergues,
refugios o comisiones de derechos humanos.
“A veces no es necesario hablar con la victima para contar
la historia, algunos se empeñan en eso y es cuando se co-
meten abusos”: Liliana Alcántara.
Ignorar los casos ventilados en otros medios; se pueden
explotar desde ángulos distintos.
“Si desterráramos el egoísmo reporteril y aprendiéramos a
darle juego a lo que genera un compañero, los medios con-
tribuiríamos más a resolver los grandes problemas del
país”: Carolina Rivera.
Dar por hecho que lectores, radioescuchas o televidentes
conocen el delito, alcances, términos y normatividad.
“A veces pensamos que quienes nos van a leer lo saben
todo, que no es necesario describir contextos, recordar an-
tecedentes, aludir leyes, es un error que limita nuestra fun-
ción e impacto”: Maria Eugenia Jiménez.
Omitir datos de instituciones o centros de ayuda, como
nombres, direcciones, teléfonos o contactos.
“Alguna vez una chava refugiada me dijo que había conoci-
do del lugar por una nota que yo había difundido, fue una
gran satisfacción y pensé que mi trabajo había servido de
algo”: Carolina Rivera.
Limitarse a reproducir información o denuncias de organiza-
ciones civiles, sin confrontar cifras o testimonios.
“Hay que saber evaluar las fuentes, no todas son confia-
bles, conocí el trabajo de una organización que trabajaba
con niños de la calle, decía estar preocupaba porque abu-
saban de ellos en hoteles y sí, los sacaba de la red, pero
los ponía a trabajar con el argumento de que se necesitaba
dinero para seguir con su labor”: Liliana Alcántara.
10 SUGERENCIAS PARA LA COBERTURA
Informarse sobre el tema a fin de no incurrir en el uso de
términos erróneos o descuidos en el lenguaje (inscribirse
en talleres, seminarios, cursos o diplomados).
“Peleo porque en las notas no se usen los términos trata
de blancas o prostituta, se perjudica a las chicas, algu-
nas me han comentado que les es difícil encontrar pare-
ja si se les tacha de esa forma”: Silvia Garduño.
Clasificar a las organizaciones de acuerdo con sus áreas
u objetivos de trabajo.
“Es de gran valía para poner en marcha cualquier pro-
yecto hacer un listado de las fuentes de información dis-
ponibles, principalmente de las ONG´s y registrarlas con-
forme a las metas que persiguen y el dominio temático
de sus dirigentes”: Carolina Rivera.
Explorar la utilidad informativa de organismos internacio-
nales.
“Que no sorprenda encontrar mayor apertura en organis-
mos internacionales, tienen más conocimiento del tema e
incluso de lo que pasa en México, ¿por qué no aprove-
charlo?”: María Eugenia Jiménez.
Agotar todas las fuentes disponibles: además de las
habituales, las familias de víctimas, anuncios pe-
riodísticos y especialistas o académicos.
“La información no llega del cielo ni se compra en la tien-
da de la esquina, hay que tocar puertas, leer, preguntar,
seguir pistas y en esa búsqueda, nadie sobra”: Lizbeth
Díaz.
Cotejar los datos o referencias disponibles con paráme-
tros internacionales, para detectar rezagos o retos.
“Una herramienta es comparar qué pasaría en otros paí-
ses si se da un caso como el que investigamos, conocer
las penas aplicables. Es prioritario leer las leyes y trata-
dos internacionales para saber qué tendrían que estar
haciendo las autoridades”: Lidiette Carrión.
Apostar por la investigación y el trabajo de calle, más
que por las cifras oficiales.
“El reporteo empieza desde abajo, desde cuánto le cobran los policías a las mujeres para dejarlas trabajar.
Se necesita más talacha en las calles, en los tables, en las fábricas y menos labor de escritorio, a la espe-
ra de un informe oficial”: Juan Omar Fierro.
Informar a la víctima sobre el alcance de su testimonio.
“Si no se le dice para qué van a ser utilizados los datos, la ponemos en riesgo, las victimas no tienen la
obligación de conocer el perfil y el alcance de los medios, quiénes lo van a leer y en qué circulo se mueve”:
Liliana Alcántara.
Trabajar de manera conjunta con ONG´s en la obtención de casos y con compañeros de otras fuentes pa-
ra complementar las visiones.
“Algo importante es que los medios logremos generar confianza entre organizaciones, enviar el mensaje
de que en realidad queremos ayudar, que somos aliados y no enemigos y eso sólo lo podemos lograr sien-
do responsables con el tratamiento de la información y, en las redacciones, trabajando en equipo”: Carlos
Avendaño.
Realizar una planeación bimestral, trimestral o semestral de reportajes, con el objetivo de escudriñar los
distintos enfoques del tema.
“En radio y en la televisión los espacios son muy cortos, y cada vez lo son más en la prensa escrita, pero si
se programan trabajos con anticipación, con diferente temática: ley, presupuesto, atención psicológica,
Internet…, la cobertura será exitosa”: Juan Omar Fierro.
Revisar a detalle los documentos disponibles.
“La mayoría no lee los documentos o expedientes completos, toman dos o tres párrafos, pero si se leen a
detalle se encuentran perlas”: Lidiette Carrión.
10 TIPS PARA COSECHAR HISTORIAS
Conversar, más que entrevistar.
Iniciar la charla con temas cotidianos como clima, música, películas, juguetes, objetos o gustos personales.
Conocer los antecedentes del caso.
Elegir como intermediarios y acompañantes a quienes han tenido contacto previo con la víctima.
Privilegiar la historia de vida
Evitar, en la medida de lo posible, el uso de grabadora.
Mostrar un genuino interés por el relato para que la víctima no se sienta utilizada.
Programar más de una sesión o encuentro; que se den las que sean necesarias para resaltar el mensaje.
Evitar entrevistas telefónicas.
Emplear la técnica del dibujo, en especial con menores de edad.
FUENTES MÁS CITADAS POR REPORTEROS
Organizaciones civiles (Coalición regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina, Grupo
Anti Trata, Casa Alianza, Fray Julián Garcés, Sin Fronteras)
Clero
Procuradurías
Comisiones de derechos humanos
CEIDAS
Especialistas o académicos
Legisladores
Organización Internacional para las Migraciones
Organización Internacional del Trabajo
ONU Instituto Nacional de las Mujeres
Albergues, refugios y casas de inmigrantes
Centros de asesoría o asociaciones de sexoservidoras
Consulados
Asociaciones de ayuda a extranjeros
DENUNCIAS Y PROYECCIONES
En el entorno de la trata de personas, tanto en divulgación como en labor institucional, predominan los indicado-
res negativos.
¿Cuál es la percepción del trabajo desarrollado por la PGR y las procuradurías estatales, por la CNDH y las co-
misiones de derechos humanos locales, por las organizaciones no gubernamentales y el resto de las dependen-
cias implicadas en la atención del delito?
Silvia Garduño: “Los ministerios públicos y jueces no están capacitados para identificar el delito; la falta de pre-
supuesto es una burla, cuando para combatir el narco, por ejemplo, se incrementa cada año. La publicación del
Reglamento de la Ley para Prevenir la Trata se retrasó dos años por falta de voluntad y la comisión intersecre-
tarial, que debería diseñar un programa nacional, todavía no se conforma… Las comisiones de derechos huma-
nos están descoordinadas y faltan ONG´s especializadas en el tema”.
Lidiette Carrión: “La CNDH debería alzar más la voz y las organizaciones ser menos selectivas con los casos,
retoman los que les convienen”.
Carlos Avendaño: “En la Procuraduría de Tlaxcala hay simulación en el combate; el año pasado, previo a las
elecciones, se anunció la creación de un grupo especializado para luchar contra el problema, pero no funciona,
se ha quedado en el discurso y el uso mediático; tampoco el consejo estatal ha dado resultados: se formó des-
de diciembre pasado y apenas el 1 de julio sesionó por primera vez. En este escenario, los niños tlaxcaltecas no
quieres ser doctores o abogados, sino padrotes”.
Carolina Rivera: “La Fiscalía Especial de la PGR
es un fantasma que no tiene datos, que no investi-
ga, que no hace consignaciones; la CNDH centra-
liza su acción y las comisiones estatales se han
convertido en tapaderas de ejecutivos locales…
No es suficiente que las organizaciones saquen
casos a la luz, deben presentar denuncias forma-
les”.
De acuerdo con la percepción reporteril, una de
las oportunidades máximas de investigación es
explorar el papel del Instituto Nacional de Migra-
ción y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Juan Omar Fierro: “Quienes cubrimos la fuente
sabemos que la Fiscalía de la PGR y la SIEDO se
han enfrascado en un juego de deslindes: se
echan la bolita, pero ¿qué hay del INM?... Parece
más bien fuente de corrupción y promotor de re-
des, ahí está el caso de Cancún, donde hay seña-
les de que funcionarios encabezan los negocios
con chinos y cubanos”.
Liliana Alcántara: “El INM tiene mucho contacto
con víctimas, pero no realiza ningún trabajo pre-
ventivo, habría que investigar cuál es el nivel de
colusión de su personal con las redes de tratantes
y extender el ojo hacia la SRE, encargada de en-
tregar visas a los extranjeros para estancias lega-
les en el país, una función que está paralizada…
La CNDH no le entra a los casos de explotación
sexual; una de sus facultades es impulsar iniciati-
vas, pero no lo hace, se ha concentrado en dia-
gnósticos que no pasan del papel”.
A la cartera periodística se añade un reto: explorar
las modalidades de trata más allá del aspecto
sexual y algunos temas coincidentes: el levanta-
miento de jornaleros o migrantes para obligarlos a
realizar trabajos relacionados con el narco, como
la cosecha de marihuana; las redadas en zonas
rojas; los procesos de reclutamiento; el
“enganche” de personas por medio de anuncios
periodísticos, avisos de ocasión o agencias de
modelos… Sólo algunos.
“Hay referencias de que a las chavas las atraen
con la promesa de ser modelos o artistas, y a los
chavos con el gancho de que se convertirán en grandes atletas”, dice María Eugenia Jiménez.
RETOS
¿Hacia dónde avanzar?
Dos son los principales desafíos enumerados por
los reporteros encargados de cubrir la trata: presio-
nar a funcionarios e instituciones y crear conciencia
entre la población sobre la seriedad del problema.
“Nos toca a nosotros, los reporteros —enfatiza Lilia-
na Alcántara—, presionar a gobernantes, líderes de
organizaciones, legisladores y defensores de dere-
chos humanos, recordarles todos los días el interés
y la trascendencia de la trata; en Estados Unidos el
tema adquirió relevancia cuando los medios se in-
volucraron y dejaron de ser reproductores de histo-
rias incompletas”.
“Y nos corresponde también la labor de instruir —
sostiene Silvia Garduño—, porque el mensaje aún
no le ha llegado a la gente, el mensaje de cómo se
tolera la trata en nuestro país, de cómo se comete
el delito a veces sin reparar en él, por ejemplo, en el
caso de las trabajadoras domésticas a las que sólo
se les paga con comida o techo… Hay que dejar en
claro los alcances de esta práctica, para que la po-
blación adquiera conciencia de la conducta delicti-
va, de los derechos de las víctimas y de la urgencia
por castigar a los responsables”…
Esfuerzo compartido
De reflexión en reflexión, de piedra en piedra, de
anhelo en anhelo, brotó la idea: abordar la trata
desde un enfoque grupal; se ha comenzado ya a
bosquejar la conformación de un colectivo periodís-
tico especializado en el tema y con alcances nacio-
nal e internacional, cuyo objetivo será compartir
datos o historias, planear investigaciones conjuntas,
intercambiar contactos, referencias bibliográficas o
fuentes de información. En suma: avanzar de mane-
ra coordinada, lo mismo en municipios olvidados
que en metrópolis caóticas, lo mismo en ciudades
exportadoras de víctimas que en receptoras. La
idea es, juntos, hacer posible aquí y allá lo que de-
cía Kapuscinski: comprender a los demás, sus difi-
cultades y tragedias.
Víctimas de trata de personas en el
Distrito Federal
Carmina Lucía Jasso López
UNAM
La trata de personas es uno de los delitos contra la libertad y la dignidad de las personas que se ha vuelto ca-
da más recurrente en las grandes ciudades, no siendo la excepción el Distrito Federal.
Se ha dicho que las ciudades turísticas y fronterizas, son los lugares donde con mayor frecuencia se
encuentran casos de trata de personas. En México se hace referencia a las ciudades de Cancún y Acapulco,
así como Tijuana, Ciudad Juárez, Tapachula, etc. El Distrito Federal, aún y cuando no se encuentra dentro de
las multicitadas ciudades, ha tenido casos de trata de personas: Tlalpan, Sullivan, la Merced, la Central de
Abasto, entre otros lugares, son focos donde este delito ha sido latente.
En fechas recientes se han registrado casos que han causado conmoción a nivel local y nacional, los
cuales serán analizados en esta investigación, con el fin de conocer las condiciones de vulnerabilidad de las
víctimas de este delito.
Asimismo, de manera paralela se revisarán las acciones que el Gobierno del Distrito Federal ha reali-
zado en la materia, para hacer un balance de la situación a nivel local.
Víctimas del Delito de trata de personas
El número total de víctimas de estos delitos es difícil de determinar, pues como se analiza en los casos cita-
dos en esta investigación, hay una divergencia importante entre el número referido por los diversos medios
de comunicación y los presentados por el Gobierno del Distrito Federal.
Además, existe un alto número de casos que nunca llegan a ser conocidos por la autoridad y permane-
cen dentro de la llamada cifra negra, es decir, se mantienen ocultos en la completa y total impunidad.
A pesar de la falta de información sobre la víctima y la baja denuncia del delito de trata de personas,
esta línea de investigación debe continuarse, pues como lo señala el Manual para la Elaboración de un Siste-
ma de Estadísticas Sobre Justicia Penal de Naciones Unidas, “Las series estadísticas sobre las víctimas se uti-
lizan para rastrear y evaluar la incidencia del delito en la seguridad relativa de los diversos sectores de la co-
munidad. En consecuencia, tales series se clasifican con arreglo a las características de las víctimas y el tipo y
la gravedad de sus lesiones y pérdidas. El interés en las estadísticas sobre las víctimas es relativamente re-
ciente y por consiguiente es posible que los datos que contienen sean los más débiles y variables de las es-
tadísticas sobre justicia penal. En algunos países, los funcionarios policiales reúnen rutinariamente algunos
datos sobre las víctimas y están examinando posibles formas de perfeccionar tales series. En una
cantidad Cada vez mayor de países, los estudios sobre victimización han pasado a ser una activi-
dad periódica encaminada a reunir más información general sobre las víctimas, los sucesos crimi-
nales y las percepciones públicas del sistema de justicia penal”.
La información sobre las víctimas del delito es difícil de integrar, y por ende, de conocer;
no obstante, es una condición necesaria para orientar la toma de decisiones hacia la implementa-
ción de las políticas públicas que prevengan en un futuro cercano la trata de personas.
Si bien es cierto que con la información sobre las condiciones de vulnerabilidad de las
víctimas de trata de personas se puede articular una política preventiva integral; también lo es que
no podemos caer en generalizaciones, pues las condiciones de vulnerabilidad pueden cambiar de
un lugar a otro; al mismo tiempo que la posición y empoderamiento de los victimarios puede ser
distinta, dependiendo del contexto social y el marco jurídico, entre otros aspectos.
Con este antecedente y con miras a conocer la condición de vulnerabilidad de las víctimas
del delito en el Distrito Federal, se debe mencionar que a nivel nacional existen ejemplos concre-
tos en los cuales se tiene un diagnostico sobre las víctimas de trata de personas en determinado
espacio; como es el caso de Luis Eduardo Flores Álvarez, de la Oficina de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) en Tapachula, Chiapas, quien sostiene que:
En Tapachula la mayoría de las víctimas son migrantes extranjeros. Sin embargo, los flujos
de migración no son el único factor asociado a este problema (…) la mayoría de las vícti-
mas son niños guatemaltecos explotados laboralmente en el comercio informal.
Asimismo, con la intención de conocer el perfil de las personas que están siendo víctimas
de este delito en el Distrito Federal (para articular una política focalizada de prevención de la trata
de personas), se tiene que comprender también la naturaleza de los tratantes; en este sentido, Tra-
cey A. Bandorf, Fiscal del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América,
considera que:
(…)los tratantes son personas que se han acostumbrado a tener el control, son manipulado-
res profesionales, ya sea en el ámbito sexual o en el laboral. Ejercen mucha violencia, pero
más que nada manejan el control psicológico, buscan personas económica, psicológica o
emocionalmente vulnerables.
Así pues, partiendo de la importancia de la estadística sobre las víctimas y del conocimien-
to mínimo de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas, a continuación
se hace una revisión de los casos que han sido registrados y seguidos por los medios de comunica-
ción y las dependencias del Gobierno del Distrito Federal. Se presenta un esfuerzo por sistematizar
la información correspondiente a las víctimas de trata de personas en el Distrito Federal en los primeros 6
meses del 2010.
Trata. Explotación Sexual
La explotación sexual se menciona explícitamente en el delito de trata de personas (citado en el Código Penal
del Distrito Federal); asimismo, se refiere en el artículo 189 relativo al delito de Lenocinio, el cual se señala
que: Se sancionará con prisión de dos a diez años y de quinientos a cinco mil días multa, al que: Habitual u
ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio
sexual; Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los medios para
que se prostituya; o Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia de-
dicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.
En el Distrito Federal los casos de explotación sexual son recurrentes en zonas como la Merced, San
Pablo, Zona Rosa, y otros muchos lugares donde cientos de mujeres, e incluso menores de edad son explota-
dos.
En el periodo de análisis se encuentran los casos de diversos hoteles, que serían identificados a partir
de denuncias y en los que se realizaron operativos y se rescató a las víctimas. Al respecto, el Gobierno del
Distrito Federal reporta un total de 61 víctimas rescatadas en cuatro operativos en los hoteles de la Ciudad de
México.
Los hoteles de la Ciudad de México
En la Ciudad de México existen diferentes zonas en las que se ejerce la prostitución y en las que probable-
mente existe trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Para revertir este problema se han im-
plementado operativos, a partir de los cuales, se ha podido constatar que en algunos de estos lugares efectiva-
mente existe un problema de trata de personas que requiere de atención inmediata.
En cuanto a los operativos, se informa que 4 han sido llevados a cabo en hoteles de distintas zonas del
Distrito Federal, “con el objetivo de rescatar a mujeres y menores de edad víctimas de trata de personas y ex-
plotación sexual comercial infantil. En total 61 víctimas derivadas de estos operativos han recibido atención
integral y multidisciplinaria por parte del Sistema de Auxilio a Víctimas”.
El caso del hotel Oviedo, es tan sólo uno de los ejemplos que se replicó en los medios de comunicación, en el
que se registró la explotación sexual a mujeres. En el lugar “fueron liberadas 11 mujeres que ejercían el sexo-
servicio, e incluso al realizarse el operativo en el hotel, algunas estaban con sus clientes. De ellas tres son me-
nores de edad, de 12, 15 y 17 años.” En el caso destaca que “Sólo una de ellas ha referido ser obligada a
prostituirse, tras ser enganchada por uno de los detenidos. Su dicho se suma al de otra joven, de 18 años, que
consiguió escapar del lugar y denunció lo que sucedía al interior del hotel Oviedo. La de 15 años dijo que su
madre es una de las detenidas y que sólo estaba allí acompañándola; la otra de 17 dijo que por su voluntad
ejercía ese oficio.” En cuanto a la atención a las víctimas, se debe señalar que las menores han sido entrega-
das a sus familiares, mientras que las adultas se negaron a declarar en contra de los explotadores; lo cual sig-
nifica que probablemente vuelvan a insertarse en las redes de prostitución y continúen siendo vícti-
mas de explotación sexual.
Trata de personas en penales.
La prostitución obligada de internas de los penales de Santa Martha Acatitla y Tepepan fue un
hecho denunciado en mayo de 2010. Se trata de internas del Centro Femenil de Readaptación So-
cial, quienes aseguran que fueron llevadas a reclusorios varoniles para tener contacto con reos. Es-
ta información fue dada a conocer por el ombudsman capitalino al término de la presentación del
Informe de avances en materia de prevención y repercusión de la Trata de Personas, de la Procura-
duría General de Justicia del Distrito Federal y del Instituto de las Mujeres del DF.
Las quejas se presentaron desde el segundo semestre del 2009. Al respecto, el ombudsman
señaló:
Ellas lo dicen, ellas dicen: Fuimos obligadas a prostituirnos. Nosotros estamos obligados a
establecer si eso ocurrió así. Estamos frente a un tema del que debemos indagar si sistemá-
ticamente las llevan a ofrecer con los varones, si hay un tipo de pago a cambio. Estamos
investigando
Un punto relevante en el tratamiento de este caso tiene que ver con la protección de los nombres
de las víctimas, con el fin de generar las condiciones para que su identidad e integridad estén res-
guardadas. Este aspecto es importante para mantener la seguridad y al mismo tiempo, para propi-
ciar las condiciones necesarias para que las víctimas se sientan resguardadas, no se rompan los
vínculos de confianza y eventualmente puedan obtenerse más testimonios.
Explotación Sexual y el Comercio Infantil
La explotación sexual y el comercio infantil es un hecho que cada vez se vuelve más común en
diferentes puntos de la Ciudad de México y lamentablemente es un fenómeno que va en aumento.
Prostitución y pornografía infantil se encuentran cada vez con mayor facilidad en el Distrito Fede-
ral.
De acuerdo con Loreto García Muriel, directora de Atención a Grupos Vulnerables del DIF
nacional, “en México existen cerca de 16 mil niñas y niños involucrados en la prostitución (…) la
explotación sexual comercial infantil ha crecido a pasos agigantados en los últimos años. La elimi-
nación de la prostitución infantil es muy difícil, ya que existe la demanda por parte de la población
mexicana.”
En relación al Distrito Federal, “según las estadísticas oficiales, en 1995 había 13, 370 niñas y ni-
ños en situación de calle (…) y se estimaba que alrededor de 90% de ellos eran víctimas de
abusos sexuales”
Según información de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hay cuando
menos 28 puntos donde se ha detectado que se practica alguna modalidad de explotación sexual
comercial infantil. “Tal es el caso de la Alameda Central, la Central de Abasto, La Merced, Tlal-
pan, la Zona Rosa, la Central Camionera del Norte, Sullivan, Garibaldi y avenidas como Insurgen-
tes y Reforma. Asimismo, el interior y las inmediaciones de estaciones del Metro como Pino Suá-
rez, Chapultepec, Centro Médico, Miguel Hidalgo, Indios Verdes y La Villa. También en loncher-
ías y centros nocturnos de las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco y Alvaro Obregón. La explotación
sexual de menores se practica de manera encubierta en muchas loncherías, estéticas y spas, y va en
aumento en negocios de masajes.”
Lamentablemente, a pesar de la creciente visibilidad de estos casos, es difícil la denuncia
por parte de las víctimas; cuestión por la cual, la comisión este delito continúa teniendo amplios
márgenes de impunidad.
Trata. Explotación Laboral
La explotación laboral se refiere a la acción de despojar o retener (todo o en parte) el pro-
ducto del trabajo, contra la voluntad de quien labora. El Código Penal del Distrito Federal, en su
artículo 190 bis, refiere que comete este delito el que por cualquier medio, regentee, administre,
induzca u obtenga un beneficio económico, a través de la explotación laboral de un menor o de
una persona con discapacidad física o mental, poniéndolo a trabajar en las calles, avenidas, ejes
viales, espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación; asimismo, el ordena-
miento prevé como sanciones, la imposición de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos
días multa.
El trabajo de menores y discapacitados es un hecho que se puede constatar día con día en
las calles de la Ciudad de México; en los cruceros, en los semáforos en las estaciones del metro;
entre otros tantos lugares en los que se puede ver a centenas de personas pidiendo dinero, o ven-
diendo artículos a cambio de unas monedas. Desafortunadamente, muchos de estos casos no son
denunciados y durante años las víctimas quedan condenadas a vivir bajo el yugo de la explotación
laboral.
Asimismo, se presenta el fenómeno de las trabajadoras domésticas que son explotadas laboralmen-
te durante años, trabajando en casas donde no reciben ninguna paga o prestación a cambio de su
labor, y que en algunos casos, sufren agresiones físicas y/o psicológicas. Sobre este último tema,
es complicado que exista una denuncia fehaciente sobre el hecho, además de que existen
casos que incluso tienen cierta aceptación en la sociedad, normalizando el abuso.
Lamentablemente, son pocos los casos que llegan a ser conocidos sobre la explotación laboral de
menores o de trabajadoras domésticas; razón por la cual, únicamente se registra un caso de explo-
tación laboral que fue ampliamente difundido y cuyo impacto en la opinión pública se debió en
gran medida al número de afectados; con un total de 104 víctimas rescatadas, el caso del Centro
de Rehabilitación “Los Elegidos de Dios”, es el ejemplo más claro de la proliferación de prácticas
de explotación en el Distrito Federal.
Los Elegidos de Dios
En diferentes fuentes se encuentra que el número de víctimas rescatadas de este centro suman entre
104 y 107 personas. En el Informe de Avances en Materia de Prevención y Persecución de la trata
de personas se reporta que la Fiscalía Especial para Secuestros “El 3 de diciembre del 2009, efect-
úo un operativo en el Centro de Rehabilitación Los Elegidos de Dios, en donde se rescataron 104
víctimas que vivían en condiciones infrahumanas, insalubres, hacinadas, violentadas y en situación
de trata. Asimismo, 19 personas fueron consignadas.”
El rescate de las personas que eran esclavizadas y explotadas laboralmente en el Instituto
de Rehabilitación de Alcohol y Drogadicción Hospital Santo Tomás los Elegidos de Dios, ocurrió
en un inmueble localizado en Avenida Cuauhtémoc 157 (Colonia Jardines de San Lorenzo, Iztapa-
lapa), muy cerca de la Central de Abastos (lugar donde fueron enganchados).
La forma de enganchar a las víctimas se realizaba mediante el uso de una camioneta que
“levantaba adictos” en la Central de Abasto para llevarlos al Instituto de Rehabilitación, varios de
ellos antes de ser enganchados ya habían escuchado de este riesgo, no obstante, fueron tomados
por la fuerza. Tal sería el caso de un hombre de 81 años que refirió:
A mí me agarraron luego de estar cargando de mercancía un camión. Ya iba hacia mi casa,
estaba esperando mi camión y varios hombres me agarraron, y con todas sus fuerzas me
aventaron a un microbús.
Otro testimonio de una de las víctimas enganchadas por los tratantes en la Central de Abas-
to fue:
Iba a enseñar una sandía a mi patrón, eran como las cuatro de la tarde cuando ocho sujetos
me agarraron y me subieron a golpes a una camioneta de color rojo. Hubo varios testigos.
(Él ya sabía que era buscado por gente de Los elegidos de Dios pues otro trabajador de la
Central de Abasto se lo había advertido tiempo atrás) Yo tenía miedo y me iba a esconder a
los sótanos de las bodegas para que no me encontraran. (El Águila, un vigilante de la Cen-
tral de Abasto, fue quien lo señaló con la gente del mencionado anexo.)
El argumento bajo el cual este grupo de personas se encontraba en este centro, era la rehabilita-
ción por el consumo de alcohol y drogas. No obstante, "La Policía de Investigación, tras aplicarles exá-
menes médicos a las 105 víctimas, presentó los resultados siendo que sólo 30% de ellas eran adictas a
alguna sustancia. El resto, 73 personas dieron negativo a los exámenes de adicción”
Las personas que se encontraban en este centro, eran explotadas laboral y sexualmente. En
cuanto a la explotación laboral, las víctimas refirieron que eran obligadas a hacer pinzas para ropa y
bolsas.
Sobre las condiciones de vulnerabilidad presentes en este caso de explotación laboral, se en-
cuentra que “La mayoría son indígenas de Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Michoacán y
Chiapas, aunque también había personas del Distrito Federal. Muchos de ellos no hablan español”
Una vez rescatados, la Procuraduría les aplicó exámenes toxicológicos y revisiones médicas,
encontrando como resultado condiciones generalizadas de desnutrición y falta de higiene. La mayoría
regresó a sus domicilios, mientras que algunos continuaron en los centros de atención a víctimas y
otros fueron canalizados a albergues del Distrito Federal.
Trabajadoras domésticas
El trabajo doméstico es una actividad que continúa siendo importante numéricamente, “El conteo ofi-
cial dice que hay un millón 558 mil mujeres que se dedican al trabajo doméstico en México. Las orga-
nizaciones que agrupan a algunas de estas trabajadoras del hogar —como exigen que se les llame—
aseguran que nueve de cada 10 comparten historias de explotación y de esclavitud”; esto significa que,
aproximadamente en México hay un total de un millón 402 mil mujeres que son trabajadoras domésti-
cas y son explotadas laboralmente.
Lamentablemente, el trabajo doméstico no se encuentra regulado por la Ley, lo que propicia que
este tipo de labores se tornen fácilmente hacia prácticas de explotación, en las que las víctimas llegan
a ser retenidas y sufren de continuos abusos por parte sus victimarios.
Saúl Arellano, Director de Investigación del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y
Asistencia Social (CEIDAS), comenta que hay niñas que desde los seis u ocho años de edad son contra-
tadas en el servicio doméstico y los padres lo aceptan, justificándose con argumentos como: “pues aquí
(en el pueblo) no tenemos ni para que coma, mejor que se vaya.” Esta situación se replica en el Distrito
Federal, gracias a la persistencia de carencias estructurales en los lugares de origen de las víctimas.
Las condiciones de vida en sus lugares de origen son tan deplorables que las familias de esas
niñas y quienes las contratan consideran que el menor de los males es preferible, pero cuando
se trata de los derechos humanos de las personas, eso no es aplicable porque como empleadas
domésticas están privadas de la educación, la salud, de tener una vivienda justa y una vida fami-
liar.
No obstante, a pesar de que existen muchas mujeres que (debido a la necesidad y preca-
riedad que viven en sus familias) deciden ofrecer sus servicios como trabajadoras domésticas,
también hay un gran número de mujeres que son enganchadas en sus lugares de origen.
Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), refie-
re que el trabajo doméstico es una forma de esclavitud:
En el instituto recibimos denuncias anónimas que me gustaría que fueran con nombre y
apellido, en las que me dicen que las mujeres de un estrato social alto van a Oaxaca o a
Guerrero a comprar mujeres para el trabajo doméstico y entonces las tratan como si les
pertenecieran. Eso es abominable.
La explotación laboral de las trabajadoras domésticas es un problema que en principio
debe regularse para evitar que las mujeres sean enganchadas y paradójicamente no tengan un
marco jurídico ante el cual puedan amparar su situación laboral. Asimismo, debe sensibilizarse a
la sociedad para generar una actitud de rechazo hacia el trabajo doméstico en condiciones de
desventaja y abuso.
Atención a Víctimas de trata de personas en el Distrito Federal.
La atención a víctimas ha sido un tema latente, no sólo en México, sino en muchos países donde
(derivado del incremento de la violencia y la incidencia delictiva) el número de víctimas ha cre-
cido exponencialmente. En el Distrito Federal esto no ha sido la excepción, pues cada vez son
más las víctimas que requieren atención psicológica y jurídica.
En principio, conviene señalar que las víctimas del delito tienen el derecho de recibir la
debida atención; para ello, en el Distrito Federal se creó la Ley de Atención y Apoyo a las Vícti-
mas del Delito, en la que se incorporan los derechos de las víctimas que han sido reconocidos en
protocolos internacionales. Así pues, el Gobierno del Distrito Federal en la respectiva Ley
“entiende por víctima a la persona que haya sufrido daño, como consecuencia de acciones u
omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal
(…)La calidad de víctima o de ofendido, es independiente de que se identifique, aprehenda, en-
juicie o condene al responsable del delito y de cualquier relación de parentesco que exista con
él; por tanto, la víctima o el ofendido gozarán sin distinción alguna, de las mismas garantías,
derechos, protección, asistencia, atención y demás que esta ley señale”
A continuación se revisan los avances que el Gobierno del Distrito Federal ha encauzado
para dar atención al cada vez mayor número de víctimas de trata de personas. Por una parte, se
revisará el marco jurídico que fue creado para este efecto, para posteriormente analizar los esfuerzos
institucionales qu se han implementado en la materia.
Marco Jurídico de trata de personas en el Distrito Federal
En el Distrito Federal, se cuenta con la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso
Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal, que fue publicada en la Gace-
ta Oficial el 24 de octubre de 2008.
Entre los componentes más relevantes de la citada Ley, se encuentran establecidos los derechos
de las víctimas. De manera general, las víctimas del delito de trata de personas tienen el derecho a ser
tratados con respeto en su integridad y al ejercicio de sus plenos derechos; además de contar con la pro-
tección inmediata y efectiva por parte de la Administración Pública (en la que se incluye el derecho a
recibir atención médica y psicológica). Asimismo, tienen el derecho de recibir información veraz y sufi-
ciente que les permita conocer la problemática y a contar con asesoría jurídica gratuita y expedita.
Un tema de gran relevancia consiste en la protección a la identidad de la víctima y a la de su fa-
milia; es importante ya que muchas de las víctimas se niegan a continuar con el proceso por el temor a
represalias por parte de los victimarios, asimismo, guarda relevancia en virtud de que su reincorporación
social requiere de la protección de su identidad (para evitar que se publicite su caso).
En cuanto a la explotación sexual, de manera general se establece el derecho a ser protegido y a
no ser explotado sexualmente, y específicamente se abordan los temas relativos a la explotación sexual
comercial infantil.
Un año después que se publicara la Ley, se expide el Reglamento (el día 10 de agosto de 2009).
En relación a la atención a las víctimas del delito, se establecen los mecanismos a través de los cuales se
logrará la articulación de la Ley.
En cuanto a la atención a víctimas de explotación infantil, destaca la disposición que establece
que para el tratamiento de las mismas se tomarán en consideración los patrones socioculturales que
han favorecido y legitimado la violencia; para que la atención y tratamiento integral garanticen la liber-
tad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual de los niños y niñas víctimas de los delitos.
Además, la Ley refiere que la protección que se proporcione se realizará de acuerdo a las necesi-
dades de las víctimas, o posibles víctimas; y señala que la organización de la atención se realizará to-
mando en consideración los siguientes niveles: primer contacto e inmediata, básica y general, y especia-
lizada.
Partiendo de la integralidad de la atención de víctimas de trata de personas, se articula a otras de-
pendencias para que coordinadamente enfoquen sus acciones a combatir este delito. Por su parte, a la
Secretaría de Gobierno le corresponderá, a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y para los
efectos de la reinserción social, desarrollar cursos y talleres respecto de la prevención del delito de trata
de personas.
A la Procuraduría General de Justicia, específicamente le corresponde la atención persona-
lizada de las víctimas directas e indirectas. Se señala que debe ser a través de personal especializa-
do, en espacios adecuados que brinden seguridad y confianza, o por medio de la línea telefónica,
creada de manera exclusiva para tal fin. Para ello señalan como relevante la capacitación perma-
nente al personal encargado de la atención a víctimas.
Además se establece que se deberán establecer mecanismos de verificación, monitoreo y
evaluación de los Centros de Atención a víctimas.
Continuando con los temas relacionados a la atención a las víctimas de este delito, la Pro-
curaduría General de Justicia se compromete a proporcionar a las instancias encargadas de realizar
estadísticas, las referencias sobre el número de víctimas atendidas. De igual manera, se prevé la
integración de la información resultante de las investigaciones realizadas sobre el origen, carac-
terísticas y consecuencias de los delitos en la materia; así como, la evaluación de los ejes de acción
y la difusión de los resultados para la creación de una base de datos cualitativos y cuantitativos de
los factores que los vinculan.
La importancia de reunir la información radica en que, como señala el Reglamento, deriva-
do de los estudios e investigaciones que se realicen, se podrán integrar los programas, medidas y
estrategias en torno a la trata de personas. De igual manera se podrá impulsar la investigación
científica, que permita la difusión e información, acerca de los riesgos y alcances de este delito.
Otro tema relevante que se establece en el Reglamento es que la Procuraduría General de
Justicia debe iniciar las averiguaciones previas correspondientes, cuando sean denunciadas por un
niño o niña víctima o por cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión del delito.
Enfáticamente refiere, que en el caso de los menores, se deberán implementar las medidas necesa-
rias para atender con la debida diligencia las denuncias realizadas por éstos.
El Código Penal del Distrito Federal en su artículo 188bis, señala que comete el delito de
trata de personas quien promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un
tercero, a una persona para someterla a cualquier forma de explotación sexual, trabajos o servicios
impuestos de manera coercitiva, o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o
sus componentes, dentro del territorio del Distrito Federal; igualmente menciona que de cometerse
tal delito, como sentencia se impondrá prisión de diez a quince años y de diez mil a quince mil
días de multa.
Atención a víctimas de trata de personas. Análisis institucional.
Como consecuencia del marco jurídico de atención y apoyo a las víctimas, se han articulado acciones concretas
en el Gobierno del Distrito Federal para brindar atención a las víctimas de la trata de personas. A continuación se
revisan algunas de ellas con el objetivo de conocer el andamiaje institucional que sustenta la atención a víctimas
en la Ciudad de México.
En el Distrito Federal se ha implementado la Línea de Atención a Víctimas de Trata de Personas, que se
puso en funcionamiento a partir del 28 de enero de 2009, como una medida derivada del Acuerdo A/001/2009
del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Esta Línea (con el número telefónico 5346 8800) tiene
como objetivo principal “proporcionar a las víctimas y posibles víctimas orientación, asesoría, intervención en
crisis y recibir denuncias”.
Con respecto al funcionamiento de la línea, cabe mencionar que se trata de la Unidad de Atención Tele-
fónica confidencial y gratuita a cargo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad, que brinda información, orientación, auxilio y apoyo en la denuncia; de acuerdo a la información
publicada, los principios que rigen esta línea son: la perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos y
el interés superior de las niñas y los niños. Asimismo, el servicio se caracteriza por: ser confidencial, anónimo si
así se desea, sin carácter jurisdiccional, no representar ningún riesgo, y proporcionar atención de calidad y con
calidez.
Asimismo, en la página web de la Procuraduría General de Justicia, se diseño un micrositio donde se pro-
porciona información básica sobre los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial
infantil. Además se integra un listado de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con estas temáticas.
Paralelamente al trabajo que el Gobierno del Distrito Federal ha realizado, debe destacarse el trabajo de
las organizaciones de la sociedad civil. En la página de la Procuraduría se mencionan algunas como la Asocia-
ción de Mujeres Sobrevivientes al Abuso Sexual, A. C., (MUSAS), la Asociación para el Desarrollo Integral de
las Personas Violadas, A. C., (ADIVAC), Centro Terapéutico de Apoyo a la Mujer, A.C., (CETAM), Fortaleza
Centro de Atención a la Mujer I.A.P. y Armonía Familiar I.A.P. En su conjunto, estas organizaciones se han da-
do a la tarea de brindar atención médica, jurídica y psicológica, de prevención y tratamiento para la violencia
familiar y sexual.
Sobre la atención integral a las víctimas de este delito se debe señalar, que no existe un centro específico
para la atención de víctimas de trata de personas; razón por la cual, el Centro de Terapia y Apoyo a Víctimas de
Delitos Sexuales, se ha enfocado a dar esta atención a las víctimas de explotación sexual; y el Centro de Aten-
ción Sociojurídica a Víctimas de Delito Violento (ADEVI) a las víctimas de explotación laboral.
También debe mencionarse que se encuentra en proceso de elaboración el Protocolo de
Atención a Víctimas de Trata de Personas, Abuso Sexual y Explotación Sexual Comercial Infantil,
“el cual contendrá modelos terapéuticos especializados de estos delitos y las rutas críticas a seguir
para proporcionar una atención integral y multidisciplinaria a las víctimas y posibles víctimas de
estos delitos” este protocolo será seguido tanto por la Secretaría de Salud, como por la Procuradur-
ía General de Justicia.
Acompañando estas acciones, el Gobierno del Distrito Federal ha realizado operativos en
los que se han rescatado a mujeres, niños e indígenas, y ha puesto a disposición del Ministerio
Público a los presuntos responsables.
La Procuraduría General de Justicia refiere que “Del año pasado a este, se han iniciado 15
averiguaciones previas por el delito de trata de personas. En dichas indagatorias se relaciona a 87
acusados que han sido consignados por ese ilícito y/o lenocinio, corrupción de menores y delin-
cuencia organizada. Se han rescatado 61 víctimas en cuatro operativos registrados en nueve hote-
les de ciudad”.
Asimismo, se tiene noticia de la existencia de un Informe de avances en materia de preven-
ción y repercusión de la Trata de Personas, elaborado por la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF) en colaboración con el Instituto de las Mujeres del DF (InmujeresDF).
En la página de internet de la Procuraduría, se ha incorporado información sobre “algunas
señales” para identificar si alguien está siendo víctima del delito de trata de personas. Entre otros
aspectos, la información alerta sobre los castigos físicos o psicológicos para intimidar, atemorizar
y obligar a realizar alguna actividad en especial; si existe la obligación para realizar cualquier ac-
tividad en contra de su voluntad, si hay amenazas directas o a familiares en caso de no realizar una
actividad, si son vigilados de manera constante y si se les permite salir solos, si existe una oferta
de trabajo con grandes ingresos y con muchas “prestaciones” (sin importar la edad, grado de estu-
dios, situación económica, discapacidad física, etc.), si retienen sus documentos personales (como
acta de nacimiento, credenciales de identificación, etc.) para obligarles a hacer algo, o si en el tra-
bajo controlan los ingresos o retienen los pagos por una supuesta deuda con el patrón.
Informe de avances en materia de prevención y persecución de la trata de personas.
En el mes de abril de 2010, el Gobierno del Distrito Federal presentó el Informe de avances en ma-
teria de prevención y persecución de la trata de personas, en la cual se integran las acciones del
Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría General de Justicia y del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México. En principio, debe reconocerse el esfuerzo del Gobierno del Distrito Federal por articular un informe
de esta naturaleza; sin embargo, también debe decirse que el informe resulta un tanto breve para la compleji-
dad del problema que pretende explicar (sólo se integra por una decena de hojas).
En el citado informe se destaca la relevancia del delito de trata de personas en el Distrito
Federal, señalando que “El Gobierno del Distrito Federal (GDF), consciente de la relevancia e impacto social
del delito de trata de personas en su territorio, ha priorizado dentro de su agenda pública su combate, así co-
mo la intervención eficaz con calidez y de calidad para las víctimas de ésta.”
En relación al Tribunal Superior de Justicia, el informe únicamente incluye un párrafo en donde se
señala que el Poder Judicial sólo ha dictado dos sentencias condenatorias por los delitos de lenocinio y trata
de personas; la primera de ellas con fecha 30 de noviembre del año 2009 y la segunda el 19 de enero de 2010,
ambas del juzgado 24º Penal.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia (específicamente, la Fiscalía de Investigación para
los Delitos Sexuales), refiere que “del 2008 a la fecha, se han iniciado y determinado 15 averiguaciones pre-
vias por los delitos de trata de personas, lenocinio, corrupción de menores y delincuencia organizada, dando
como resultado un total de 87 personas consignadas”
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia reporta, que a partir de la publicación de la Ley de Ex-
tinción de Dominio (el 8 de diciembre de 2008), se han tramitado 9 juicios por el delito de trata de personas
ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 2 en el Juzgado Primero, 3 en el Juzgado Segundo,
1 en el Juzgado Séptimo, 1 en el Juzgado Octavo, 1 en el Juzgado Noveno, y 1 en el Juzgado Décimo; todos
en materia Civil.
En relación a la capacitación a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia, el Gobierno del
Distrito Federal señala que el Instituto de Formación Profesional “ha implementado 7 talleres y cursos rela-
cionados con trata de personas y violencia de género, beneficiando a 1469 servidoras y servidores públicos
en las áreas ministerial, pericial, y policial”
Si bien el Gobierno del Distrito Federal manifiesta su interés por el delito de trata de personas y ha
articulado una serie de acciones para combatirlo; aún falta mucho por hacer en la Ciudad de México, donde
el delito persiste y en muchas ocasiones no existen los mecanismos que amparen a las víctimas para atreverse
a denunciar sin temor a represalias.
Conclusiones.
La trata de personas en el Distrito Federal es un problema que durante muchos años ha afectado a la socie-
dad, llegando a ser un fenómeno que ha encontrado expresiones cada vez más cotidianas, de forma que se
pueden encontrar actividades relacionadas con éste delito en cada vez más puntos dentro de la ciudad como
jardines, mercados, estaciones de metro, y avenidas. Asimismo, existen otros lugares donde aun
cuando no son visibles estas prácticas, el delito se replica recurrentemente.
Sin tratar de establecer generalidades sobre las condiciones de vulnerabilidad en la Ciudad
de México, y partiendo de los casos analizados en esta investigación, podemos decir que muchas
de las personas que fueron víctimas, radicaban en el Distrito Federal; por ejemplo, en el caso de
“Los elegidos de Dios”, se trataba de carretilleros que trabajaban en la Central de Abasto y fueron
reclutados (mediante el uso de violencia) por el supuesto “centro de rehabilitación”.
La suma de las víctimas de trata rescatadas de las que se tiene conocimiento, de acuerdo a las ci-
fras oficiales del Gobierno del Distrito Federal, se integra por: 61 personas, resultado de los res-
cates llevados a cabo en los operativos en los hoteles y 104 víctimas del centro de rehabilitación
“Los elegidos de Dios”. Es decir, se tiene conocimiento de 165 víctimas de trata rescatadas (las
cuales debieron ser atendidas como determinan las leyes en la materia).
En cuanto al despliegue institucional para atender a las víctimas de estos delitos, se reconoce por
una parte que el Gobierno del Distrito Federal ha colocado al delito de trata de personas como una
prioridad y paralelamente ha desplegado acciones para combatir el mismo. No obstante, aún faltan
labores por concretar para optimizar la atención a las víctimas de trata. A continuación se presen-
tan algunos de los pendientes en la materia:
No existe la integración de la estadística de víctimas de trata de personas atendidas, aun cuan-
do así lo establece el Reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas,
el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal.
Las cifras reportadas oficialmente en el Informe de avances en materia de prevención y perse-
cución de la trata de personas, difiere de las cifras presentadas por los medios de comunica-
ción que dan cobertura a estos casos. Además, en ningún portal oficial del gobierno es po-
sible encontrar estadística sobre las averiguaciones previas iniciadas por el delito de trata
de personas.
Los casos de víctimas de trata de personas que han sido identificados por el Gobierno del Dis-
trito Federal, son apenas una pequeña muestra del total de casos que deben existir en la
Ciudad de México.
La mayor parte de los grupos de tratantes llevan años operando y cometiendo sistemáticamente
el ilícito, sin haber sido sujetos a algún proceso penal.
A diferencia de otros lugares del país, el modus operandi de los tratantes varía en diversos as-
pectos. Por ejemplo, en el caso de la explotación sexual comercial infantil, muchos de los
menores sujetos de la explotación se encuentran en situación de calle; y en el caso de la
explotación laboral, se trata de migrantes que llegan a la Ciudad de México en busca de
mejores oportunidades de trabajo y son enganchados por los grupos de tratantes.
Encuéntralo en:
http://www.ceidas.org/documentos/maribelt.pdf
Por: Maribel Téllez Altamirano, de Seraj, A.C.
El BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,
la FUNDACIÓN RICKY MARTIN (RMF),
el GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO y
el CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
en DESARROLLO y ASISTENCIA SOCIAL (CEIDAS)
han implementado la
“CAMPAÑA LLAMA Y VIVE”
contra la trata de personas
en el Estado de México
Marca al número 01 800 832 47 45 y denuncia cualquier posible caso
de trata de personas.
PARTICIPA DANDO DIFUSIÓN A ESTE MENSAJE
OPINIÓN
La emergencia económica no ha
terminado: apenas empieza Rolando Cordera Campos
OPINIÓN
Ahora que según los banqueros instalados en
México nos sobran dólares, tal vez llegó la hora
de insistir en que lo que nos falta es crecimiento
económico y empleo y que esta carencia no tie-
ne justificación económica alguna. Si a esto aña-
dimos las cifras de la reserva intencional de que
da cuenta el Banco de México, podríamos inclu-
so decir que atrás quedó, por lo pronto, la fatídi-
ca maldición que ha acompañado a nuestro de-
sarrollo, resumida en el desequilibrio externo.
¿Será verdad tanta belleza? No, si atendemos a
los actos de heroísmo financiero a que se ha da-
do en estos días el secretario de Hacienda, segu-
ramente como astuta puesta en escena de la in-
minente presentación del proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación ante el ple-
no de la Cámara de Diputados. Para el responsa-
ble de las finanzas públicas nacionales, lo que
está por delante es un sendero estrecho de aus-
teridad fiscal que se vería agravada si la audaz
iniciativa priista de reducir la tasa del IVA pros-
pera. El panorama así, queda lejos de lo que la
abundancia de dólares parecía prometer.
No obstante las varias señales provenientes del
exterior y debidamente incorporadas a sus con-
jeturas y proyecciones por los analistas del sec-
tor privado, en el sentido de que enfrentamos
un alentamiento de la recuperación americana,
que no se verá compensada por otras dinámi-
cas, el Vaticano hacendario no toma nota e in-
siste en su lema de sangre, sudor y lágrimas,
pero sin Churchill ni invasión nazi a la vista. Un
estancamiento estabilizador redivivo pero sin
auge exportador. Más de lo mismo pero peor.
La política económica es la única política a la
que no se le asesta el adjetivo de “pública”. O
bien se acepta que esta práctica del Estado debe
quedar encerrada en las bóvedas de Banxico o
los comederos de Hacienda, en una tácita resig-
nación ante sus inextricables arcanos, o de pla-
no se reconoce, sin admitirlo del todo, que en
esta campo la democracia tiene poco o nada qué
hacer: como dijera Stiglitz en su prefacio a “La
Gran Transformación” de Karl Polanyi, lo que se
les da a las naciones emergentes con la izquier-
da (la democracia), se les quita con la derecha
ILU
ST
RA
CIÓ
N:
INT
ER
NE
T
con las autonomías y encapsulamientos de
los bancos centrales, con su “metas de infla-
ción” y demás divertimentos monetaristas.
En nuestro caso, no fue suficiente con esa
autonomía, y, con los bárbaros populistas a
las puertas de palacio, se inventó lo de la
“responsabilidad hacendaria” traducida como
“déficit cero” en una ley cuyo mandato sólo
ha servido para sumir al país en la más brutal
recesión económica de su historia moderna.
Para 2011 la política debería cambiar y este
cambio debería empezar por el presupuesto
y las políticas financieras que lo acompañan.
El gasto debe aumentar en términos reales y
privilegiar la educación superior, la investiga-
ción científica y tecnológica, la infraestructura
y desde luego la salud, cuyos servicios e in-
fraestructura deben expandirse y no conte-
nerse en aras del seguro popular, como pare-
ce sugerirlo el secretario de Salud (La Jorna-
da, 02/09/10). Y junto a esto, es indispensa-
ble recuperar para el país y su Estado la ban-
ca de desarrollo, ponerla a trabajar en pro-
yectos productivos de rehabilitación de capa-
cidades y creación de nuevas, poniendo espe-
cial atención a las pequeñas y medianas em-
presas donde se crea el grueso del empleo y
se sostienen, siempre precariamente, impor-
tantes camadas de las clases medias.
La política monetaria y financiera debe adqui-
rir una mínima congruencia con estos propó-
sitos anticíclicos y de crecimiento y no permi-
tir sobrevaluaciones cambiarias nocivas a las
exportaciones, el crecimiento económico ge-
neral y la creación de empleos.
Para gastar más desde el Estado hay espacio
fiscal y asignaturas recaudatorias que cubrir
sin poner en peligro ningún sacrosanto equi-
librio. Un déficit mayor que el acostumbrado
por los abogados de Hacienda es factible, y
un impuesto mínimo a las transacciones finan-
cieras no asustaría a nadie y daría buenos in-
gresos adicionales.
Un ejercicio sensato, ahora que la sensatez
quiere volverse política de Estado según el se-
cretario de Marina, en materia de progresividad
del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas introduciría algunos signos de solidaridad
social que redundaría en el reforzamiento de la
convocatoria a quedarse y dar la lucha en el
país a que se abocaras en estos días terribles
nuestros dos grandes capitanes del capital, Lo-
renzo Zambrano y Carlos Slim.
De poner en estos términos la discusión consti-
tucional sobre la política económica para 2011,
podría avanzarse en la configuración de un nue-
vo curso de desarrollo que tuviera como derro-
tero maestro la construcción progresiva de un
auténtico Estado de bienestar que contribuyera
a dejar atrás la circunstancia de desprotección
integral y salvaje que hoy define a México. Pue-
de y tiene que cambiarse el ritmo y el rumbo y
entrar en una ruta de “gradualismo acelerado”
que sin precipitaciones pero sin pausas nos ale-
je del abismo de terror y barbarie que se vive
en el Norte de México, y se anuncia para todos,
en el Sur, el Golfo o el Pacífico.
De esto y más se habla en el “Memorándum de
política económica para el 2011” presentado el
martes pasado en la UNAM por quienes el año
pasado exhortamos a actuar pronto y con fir-
meza contra la crisis y a abrir un nuevo curso
de desarrollo. Esta es una cordial invitación a
leerlo y discutirlo. Si se coronara esta discusión
con la creación por el Congreso de un Consejo
Económico y Social, la política económica empe-
zaría a ser pública y la democracia a dejar de
s e r l a i n v i t a d a m o l e s t a .
(www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx)
ROLANDO CORDERA CAMPOS
CEIDAS/Laura Ilarraza
De 2000 a 2010 fueron
asesinados 69 periodistas
De 2003 a 2010 12 han desaparecido En lo que va del presente
sexenio 38 han sido asesinados
Agresión e impunidad:
México,
el país más peligroso
para el periodismo
“Desde el año 2000 México es el país más
peligroso para ejercer el periodismo en las
Américas”, concluyeron en su informe preli-
minar las Relatorías de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) y de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) tras
su visita conjunta al país del 9 al 24 de
agosto, encabezada por la Relatora Especial
para la Libertad de Expresión de la OEA, la
Dra. Catalina Botero, y el Dr. Frank La Rue,
Relator Especial de las Naciones Unidas pa-
ra la Libertad de Opinión y Expresión.
Las Relatorías muestran que las personas
que ejercen actividades periodísticas en
México enfrentan graves circunstancias de
represión e impunidad, por lo que califica-
ron como “urgente” la necesidad de que el
Estado mexicano instaure una política inte-
gral de prevención, protección y seguridad
jurídica que salvaguarde la libertad de ex-
presión.
El país más peligroso
México ocupa en distintas mediciones los
primeros lugares mundiales en agresiones
y asesinatos contra periodistas. Entre 2008
y 2009 hubo un incremento de 5% en el
número de ataques, llegando a 140 casos
en los que se vieron afectados 19 medios y
183 periodistas. En 2009 se registra-
ron 13 asesinatos contra comunicado-
res y en lo que va de 2010 se han per-
petrado cinco.
De acuerdo con el informe de las men-
cionadas Relatorías “la violencia contra
periodistas en México es alarmante y
tiende a intensificarse”; además, en el
documento se afirma que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) “es la única institución estatal
que cuenta con un registro público y
documentado de crímenes contra pe-
riodistas”.
México ocupa en distintas mediciones los
primeros lugares mundiales en agresiones y
asesinatos contra periodistas:
Entre 2008 y 2009 hubo un incremento de
5% en el número de ataques
En 140 casos se vieron afectados 19
medios y 183 periodistas.
En 2009 se registraron 13 asesinatos
contra ellos y en lo que va de 2010 se han
perpetrado cinco.
De 2000 a 2010 fueron
asesinados 69 periodistas
De 2003 a 2010 12 han desaparecido En lo que va del presente
sexenio 38 han sido asesinados
En este sentido, el informe indica que la
CNDH reportó a los Relatores Especiales
que desde el año 2000 al mes de julio de
2010 han sido asesinados 64 periodistas,
mientras que de 2006 a julio de este año
11 han desaparecido. Además, tan sólo
desde 2008 han ocurrido 29 asesinatos y 5
desapariciones; esto, aunado a los secues-
tros de comunicadores y atentados con
explosivos en contra
de medios de comuni-
cación que se han re-
gistrado durante los
últimos meses.
Para el año 2009, el
Centro de Periodismo y
Ética Pública (Cepet)
contabilizó en México
13 asesinatos de perio-
distas, de los cuales,
aclara, en seis casos
“no cuenta con ele-
mentos suficientes pa-
ra concluir que el cri-
men estuvo vinculado
con su trabajo”.
Por otra parte, en su
informe 2009, la Fisca-
ía Especial para la Atención de delitos Co-
metidos contra Periodistas (FEADP) coinci-
de en que en el año referido hubo 13 ase-
sinatos, aunque cuatro de ellos fueron
clasificados como homicidios no relacio-
nados con el ejercicio periodístico.
Estos datos coinciden con los presentados
por el International Press Institute (IPI),
ZONAS DE PELIGRO
Agresiones Registradas por entidad federativa
De acuerdo con el Cepet, durante 2009 fueron asesinados a nivel mundial
110 periodistas, la cifra más elevada de la década.
Según la organización Reporteros sin fronteras en lo que va de 2010
alrededor del mundo se ha asesinado a 22 periodistas y un colaborador,
156 periodistas y 9 colaboradores han sido encarcelados, así como 115
ciberdisidentes encarcelados.
cuyo reporte 2009 destaca que hubo en todo el mundo 110 homicidios de comunicado-
res, de los cuales 11 fueron en México. A pesar de que esta cifra es menor a la reporta-
da por el Cepet y la FEADP, el Informe del IPI sitúa a México en el segundo lugar mun-
dial, sólo por debajo de Filipinas, en donde se registraron 38 casos.
Desde esta perspectiva, vale la pena destacar que la cantidad de asesinatos de periodis-
tas en México durante 2009 es mayor a la cifra total registrada en toda Europa.
Y la suma sigue…
Según los datos de International Press Institute, hasta el 10 de abril de 2010 se habían
registrado cinco asesinatos de periodistas en el país, cifra similar a la registrada durante
todo 2008. De seguir la tendencia, este año se rompería el récord de 2009, por lo que
hay una preocupación por la inseguridad y falta de garantías para proteger el derecho a
la información.
De acuerdo con el monitoreo del Cepet, en 2009 se reportaron 140 ataques, cifra 5%
mayor a la reportada en 2008; siendo los medios impresos los que más agresiones han
sufrido, pues representan 75% de los casos.
Asimismo, son los medios locales los que en mayor medida son agredidos, lo que mues-
tra su enorme vulnerabilidad debido a la falta de atención de los gobiernos estatales y
municipales en la materia. De los 140 casos reportados en 2009, 78.5% corresponde a
medios de cobertura estatal o regional.
Según el Cepet, los estados con mayor número de agresiones fueron Oaxaca, con 17 ca-
sos; y Chihuahua y Veracruz con 15 cada uno. Destaca Durango, el cual fue identificado
como la entidad con más asesinatos de periodistas (3 en 2009); y el de Michoacán y Si-
naloa, como las entidades con desapariciones registradas.
Tendencia a la alza
El 10 de febrero de este año se presentó el informe Entre la violencia y la indiferencia:
Informe de agresiones contra la libertad de expresión en México 2009, elaborado por la
representación en México de la organización Artículo 19 y el Centro Nacional de Comu-
nicación Social (Cencos).
Este informe documentó 244 agresiones a la libertad de expresión en el país. Otro
hecho que muestra el estudio es que en lo que va de la presente administración, prácti-
camente ya se alcanzó el número de periodistas asesinados durante el sexenio 2000-
2006. Así, entre 2006 y 2009 fueron asesinados 22 comunicadores, mientras que en la
pasada administración se registró un total de 25, cifra que en sí misma era ya alarman-
te.
La sombra de la impunidad
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP) informa que
en el lapso del 16 de febrero de 2006 al 30 de noviembre de 2009 se abrieron 108 ca-
sos de investigación, de los cuales sólo en cuatro ha habido consignaciones.
Las Relatorías reconocieron que la creación de la FEADP en la estructura de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) es una reacción del Estado mexicano ante las agresio-
nes infligidas a periodistas; sin embargo, advirtieron que la Fiscalía “no ha contribuido a
reducir la impunidad generalizada que existe en los casos de violencia contra periodis-
Centro de Estudios
e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C.
EN CEIDAS CONTAMOS CON LA CAPACIDAD
PARA BRINDAR ASESORÍA EN:
Estudios de Opinión
Elaboración de planes estatales
y municipales de desarrollo
Bases de datos
Evaluación de proyectos y programas
Estudios especiales
tas, toda vez que, de acuerdo con la informa-
ción disponible, desde su creación en 2006
no ha logrado la sanción penal de un solo
responsable y únicamente ha consignado
cuatro casos”.
Debe destacarse que del total de casos de
investigación de asuntos radicados, tramita-
dos y determinados en averiguaciones pre-
vias y actas circunstanciadas de la FEADP,
más de la mitad (56) fueron por amenazas;
20 fueron bajo la categoría de “lo que resul-
te”; ocho fueron reportados como abusos de
autoridad, y seis como homicidios.
De acuerdo con el informe de las Relatorías,
en 39 de los casos investigados en la FEADP
se determinó incompetencia y otros 25 per-
manecieron en archivo; además, la Fiscalía
dio seguimiento a 235 asuntos del fuero fe-
deral radicados en otras áreas de la PGR.
El delito con mayor incidencia es el de las
amenazas, con 74 casos; le sigue el abuso de
autoridad con 29, mientras que los relativos
a la privación ilegal de la libertad y los homi-
cidios sumaron 23 cada uno. En cuanto a la
determinación de la autoría de los crímenes,
según el Informe de Artículo 19 y el Cencos,
la mayoría de las agresiones ocurrieron du-
rante los primeros seis meses de 2009 y fue-
ron relativas a diversos procesos electorales
llevados a cabo a mediados de ese año.
En su informe los Relatores Especiales seña-
lan que antes de la designación del nuevo
fiscal especializado existía por parte de la
FEADP “una falta de voluntad política” para la
atracción de los casos y la implementación
de un programa de trabajo adecuado, lo cual
atribuyeron a una deficiente definición de su
competencia, así como a la falta de auto-
nomía y recursos de la Fiscalía.
En este sentido, las Relatorías hicieron un
llamado urgente al Estado mexicano para
fortalecer a la FEADP mediante la adopción
de las reformas necesarias para permitir el
ejercicio de la jurisdicción federal sobre los
delitos contra la libertad de expresión; así
como la designación de un presupuesto
propio y mayor autonomía.
Los represores
El informe de las Relatorías indica que en
el país existen regiones en las que los
periodistas son violentados e intimida-
dos por grupos armados que presunta-
mente están relacionados con facciones
políticas, y hacen referencia al caso del
ataque a una caravana humanitaria que
se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, la
cual fue agredida el pasado mes de abril
2010, y en donde fueron asesinados dos
activistas, mientras que dos periodistas
fueron secuestrados durante dos días.
Según las cifras del Cepet, el 65.57% de
los presuntos responsables de agresio-
nes a periodistas fueron funcionarios
públicos (59.38% de ellos, miembros de
fuerzas de seguridad del Estado); mien-
tras que 7.79% fue identificado como
simpatizantes o militantes de algún par-
tido político.
Además, en uno de cada tres ataques
contra periodistas estuvieron involucra-
dos elementos con placa o uniformados
que realizaron detenciones ilegales, des-
pojaron de su equipo a camarógrafos y
reporteros gráficos, y se valieron de
amenazas y violencia física para repri-
mirles.
Las Relatorías recibieron información so-
bre casos en que las leyes mexicanas
han permitido iniciar procesos penales
contra periodistas por expresarse sobre
asuntos de interés público, así como
procesos penales que la PGR inició con-
tra periodistas que trabajan en radios
comunitarias, además de casos en que
se han interpuesto acciones civiles en
contra de periodistas y medios de comu-
nicación con la finalidad de hostigarlos.
La FEADP “no ha contribuido a reducir la impunidad generalizada que existe en los casos de violencia contra periodistas, toda vez que, de acuerdo con la información disponible, desde su creación en 2006 no ha logrado la sanción penal de un solo responsable y únicamente ha consignado cuatro casos”, aseveraron los Relatores Especiales de la ONU y la OEA
Crimen organizado, intimidación y censura
Según el documento de Cepet, 6.15% de las agresiones contra acciones vinculadas
al ejercicio periodístico se imputaron a miembros del crimen organizado, aunque
de acuerdo con la información disponible, a partir del segundo trimestre de 2009
se incrementaron las acciones intimidatorias del narcotráfico contra periodistas y
medios.
En este sentido, las Relatorías indicaron que el crimen organizado ha provocado
que existan zonas en las que la intimidación de periodistas ha provocado que se
autocensuren, además de en estos lugares “resulta extremadamente difícil que se
hagan investigaciones y publicaciones sobre temas como el crimen organizado, co-
rrupción, seguridad pública y asuntos similares, por la vulnerabilidad y el alto ries-
go en que se colocarían”.
“La mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros recientes de perio-
distas se concentran en entidades federativas que padecen fuerte presencia del cri-
men organizado, incluyendo entre otros, a los Estados de Chihuahua, Guerrero y
Sinaloa”, señalaron las Relatorías en su informe, afirmando que la prensa local de
otros estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas -los
cuales también tienen una fuerte presencia del narcotráfico- han dejado de regis-
trar siquiera la existencia de actos de suma violencia, los cuales son reportados so-
lamente por la prensa nacional o internacional”.
En el documento las Relatorías formulan una grave conclusión: “A pesar de que la
ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide de-
terminar con exactitud las causas y responsables de estos crímenes, la información
recibida por las Relatorías permite afirmar que en estos lugares el crimen organiza-
do representa la mayor amenaza a la vida e integridad física de los y las periodis-
tas, especialmente de aquellos/as que cubren noticias locales sobre corrupción,
narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados”.
Mapa elaborado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, AC (CEIDAS), con base en el informe preliminar de las Relatorías de la Organización de los
Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas sobre el estado de la libertad de expresión en México. México, 2010
Periodistas asesinados y desaparecidos
Nombre
Medio Lugar y fecha de la agresión
Raúl Marcial Pérez Columnista de El Gráfico
Oaxaca (08/12/2006)
Saúl Noé Martínez Reportero de Interdiario Sonora (16/04/2007)
Amado Ramírez Corresponsal de Televisa Acapulco, Guerrero (06/04/2007)
Gerardo Israel García Pimentel La Opinión de Michoacán (a investigar) Morelia, Michoacán (08/12/2007)
Francisco Ortiz Monroy Corresponsal periódico Diario de Méxi-co
Ciudad Camargo, Tamaulipas (05/02/2008)
Alfonso Cruz Cruz Periódico El Real Chimalhuacán.
Estado de México (07/02/2008)
Bonifacio Cruz Santiago Periódico El Real Chimalhuacán. Estado de México (07/02/2008)
José Luís Villanueva El Gráfico Tamaulipas (27/02/2008)
Teresa Bautista Merino La Voz que Rompe el Silencio San Juan Copala, Oaxaca (07/04/2008)
Felicitas Martínez Sánchez La Voz que Rompe el Silencio San Juan Copala, Oaxaca (07/04/2008)
Candelario Pérez Rodríguez Revista Sucesos Ciudad Juárez, Chihuahua (23/06/2008)
Alejandro Fonseca Estrada Radio EXA FM Conductor. Programa El Padrino Fonseca
Villahermosa, Tabasco (24/09/2008)
Miguel Ángel Villagómez La Noticia de Michoacán Lázaro Cárdenas, Michoacán (9/10/2008)
José Armando Rodríguez Carreón Reportero El Diario Cd. Juárez Chihuahua (13/11/2008)
Raúl Martínez López Periódico Noroeste Poza Rica, Veracruz (14/12/2008)
David García Monrroy El Diario de Chihuahua Ciudad Juárez, Chihuahua (09/10/2008)
Luís Daniel Méndez Hernández Radio La Poderosa Tuxpan, Veracruz (24/02/2009)
Jean Paul Ibarra Correo Iguala, Guerrero (13/02/2009)
Juan Carlos Hernández Semanario El Quijote Taxco, Guerrero (27/02/2009)
Carlos Ortega Melosamper Tiempo de Durango Santa María del Oro, Durango (3/05/2009)
Eliseo Barrón Hernández La Opinión Milenio Torreón Coahuila (25/5/2009)
Martín Javier Miranda Periódico Panorama Zitácuaro, Michoacán (12/07/2009)
Ernesto Montañez Valdivia Enfoque del Sol de Chihuahua Ciudad Juárez, Chihuahua (14/07/2009)
Juan Daniel Martínez Gil Conductor del Noticiero W Guerrero, Grupo Radiorama
Acapulco, Guerrero (28/07/2009)
Norberto Miranda Radio Visión digital Columna El Gallito Nuevo Casas Grandes Chihuahua (23/09/2009)
Fabián Ramírez López Locutor de radio La Magia 97.1 Mazatlán, Sinaloa (11/10/2009)
Bladimir Antuna García Periódico Tiempo de Durango Durango (2/11/2009)
José Emilio Galindo Robles Director de Radio U de G Jalisco (24/11/2009)
Jose Alberto Velásquez López Diario Expresión de Tulum y Canal 30 Tulum Quintana Roo (22/12/2009)
Valentín Valdés Zocalo de Saltillo Saltillo Coahuila (8/01/2010)
José Luís Romero Línea Directa Noticiero Los Mochis, Sinaloa (16/01/2010)
Jorge Ochoa Martínez El Sol de la Costa y Semanario El Oportuno
Ayutla de los Libres, Guerrero (30/01/2010)
Evaristo Pacheco Solís Semanario El Vocero, Visión Informati-va y el portal de RTV-Chilpo
Chilpancingo, Guerrero (12/03/2010)
Jorge Rábago Reportero de Radio Rey Reynosa, Tamaulipas (03/2010)
Enrique Villicaña Palomares
Columnista de La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán (10/04/2010)
Juan Francisco Rodríguez Ríos Maria Elvira Hernández Galeana
Corresponsal de El Sol de Acapulco Coyuca de Benitez (28/06/2010)
Hugo Alfredo Olivera Cartas Corresponsal de La Voz de Michoacán y Agencia ADN y Quadratin
Apatzingán, Mich.(06/07/2010)
Marco Aurelio Martínez Tijerina XEDD Radio La Tremenda en Monte-rrey
Montemorelos, Nuevo León (9/07/2010)
Guillermo Alcaráz Trejo Camarógrafo Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Colabora-ba con el periódico digital Omnia
Chihuahua (10/07/2010)
Información del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet)
Legislación que no se aplica
El 6 de abril de 2009 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la
tipificación de los delitos contra la libertad de expresión en el Código Pe-
nal Federal. Esta reforma modificó el título XXVIII, denominado “De los
delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida mediante la
actividad periodística”.
Se estableció además la protección para quienes ejercen el periodismo,
incluso de manera independiente, al reconocer que las agresiones a pe-
riodistas con motivo de silenciarlos violan el derecho humano a la liber-
tad de expresión. Asimismo, se imponen nuevas y más severas sancio-
nes para los agresores.
En el informe presentado por las multicitadas Relatorías se reconocieron
los avances en la legislación mexicana, como la despenalización a nivel
federal y en varias entidades federativas de los delitos contra el honor y
la protección de la reserva de la fuente en 2 el Código Federal de Proce-
dimientos Penales; sin embargo, recomendaron a las Procuradurías
adoptar protocolos de investigación especiales para los crímenes que se
cometan contra periodistas, con la finalidad de comprobar o descartar la
hipótesis de que el crimen haya sido cometido con motivo de su activi-
dad profesional.
Por otra parte, la CNDH informó a las Relatorías que sólo seis recomen-
daciones de las 19 emitidas desde 2005 por la Comisión en materia de
libertad de expresión fueron cumplidas en su totalidad, ante lo cual in-
cluyeron en el informe la necesidad de que la Cámara de Diputados
apruebe la reforma constitucional en derechos humanos para dotar a las
Procuradurías de mayor transparencia, autonomía y capacidad técnica.
La Doctora Botero y el Doctor La Rue consideraron la posibilidad de crear
en las entidades en que la violencia contra periodistas es más alarmante,
una comisión en el Senado equivalente a la Comisión Especial para el Se-
guimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la
Cámara de Diputados, mediante un comité oficial e interinstitucional con
recursos propios y suficientes, el cual garantice la participación en su di-
seño y funcionamiento, de periodistas y organizaciones de la sociedad
civil, y que sea liderado por una autoridad federal con la capacidad de
coordinarse con diversas autoridades y órdenes de gobierno.
1. Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a los órganos locales de procuración y administración de justicia. 2. Adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la juris-dicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión. 3. Dotar a la Fiscalía Especial y a las procuradurías locales de mayor au-tonomía y mayores recursos, así como adoptar protocolos especiales de in-vestigación para crímenes cometidos contra periodistas en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen habría sido cometido con moti-vo de su actividad profesional sea necesariamente agotada. 4. Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. Dicho me-canismo debe ser implementado a través de un comité oficial e interinsti-tucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de go-bierno; tener recursos propios y suficientes; y garantizar la participa-ción de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación.
RECOMENDACIONES* DE LAS RELATORÍAS ESPECIALES DE LA OEA Y LA ONU EN SU VISITA A MÉXICO DEL 9
AL 24 DE AGOSTO
Sobre violencia, impunidad y autocensura:
Sobre acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión:
1. Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre ellos los con-tenidos en la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y en los códigos penales estatales. 2. Abstenerse de recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. 3. Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, establecien-do estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior e incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores.
*Información extraída del informe preliminar de las Relatorías de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
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El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, AC, la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la Cáma-
ra de Diputados, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, la Comisión de Atención a Grupos Vul-
nerables y el Seminario de la Cuestión Social (UNAM) convocan al
FORO REGIONAL EN GUANAJUATO
SOBRE TRATA DE PERSONAS
23 y 24 de septiembre
Sede: Edificio Lascuráin de Retana de la
Universidad de Guanajuato
II Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas:
Migración, Género y Derechos Humanos
La Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de
Montesinos A.C., el Centro Fray Julián Garcés “Derechos Humanos y Desarrollo Local” A.C., Infancia Común A.C. convocan a este
Congreso,
cuyos objetivos son:
Compartir conocimientos e investigaciones relacionadas con la situación de las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes
en situaciones de riesgo y vulnerabilidad en la migración, particularmente alrededor del fenómeno de la trata y el tráfico de
personas.
Desarrollar Agendas de Incidencia Pública de las organizaciones y redes sociales y civiles de México y América Latina y com-
partir experiencias exitosas de prevención, atención y acceso a la justicia de víctimas de trata.
Del 21 al 24 de septiembre de 2010
EVENTOS
Se dice en lo social que…
RECOMENDACIONES
En el marco del Bicentenario: En el marco del Bicentenario: En el marco del Bicentenario:
Exposición fotográfica
“El México de los mexicanos”
Del 27 de agosto al 27 de
septiembre, en el sótano de
Galerías Insurgentes
Exposición Fotográfica de la Obra
de Gabriel Figueroa en el cine
nacional
“México a través de su lente”
En la Galería de Arte Carlos Olachea
Contacto : Av. Ignacio Manuel Alta-
mirano entre 5 de Mayo y Consti-
tución, Col. Centro
Se dice en lo social que…
El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) continuará aportando valiosos textos relativos
a la historia de la asistencia social y la filantropía en nuestro país. Recientemente ya se pre-
sentó el primer libro sobre el tema, y al parecer habrá más. Estas iniciativas demuestran que
cada vez más la sociedad civil da la muestra de lo que podemos lograr como país.
Hay una extrañeza generalizada en torno a por qué no se suscitó una discusión mayor en torno
a las desafortunadas declaraciones del Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, quien
en su participación durante la Cumbre Mundial de la Juventud sostuvo que la solución para los
problemas de los jóvenes estaba en “el mercado, mercado y más mercado”, reduciendo a los
jóvenes a meros entes económicos.
Se ha dado a conocer que la nueva medición de la pobreza multidimensional la podremos co-
nocer hasta mediados del 2011. La cuestión de fondo es que mientras tanto, los nuevos go-
biernos estatales difícilmente podrán tomar decisiones adecuadas sin tener información opor-
tuna y de calidad a la mano sobre sus estados.
Numerosas organizaciones de la sociedad civil se preguntan qué dirá el Presidente Calderón en
su Informe de Gobierno en torno a las políticas de fomento y apoyo a la participación social,
cuando se sabe en prácticamente todas partes, que INDESOL ha desaparecido prácticamente de
la agenda prioritaria del gobierno.
Que en el mismo sentido, académicos, analistas, expertos y numerosas organizaciones de la
sociedad civil se cuestionan sobre qué va a Informar el Gobierno Federal en torno a los pobres
resultados que ha tenido este gobierno en el combate a la pobreza.
Se han incrementado recursos, coberturas y apoyos, y el número de pobres sigue creciendo,
por ello la cuestión que ronda en el aire es si no será tiempo de replantear las políticas econó-
micas y sociales de este país.
